Plan de gobierno

#EsConAcciones 10 pilares con acciones

El nuevo pacto social Los violentos y los corruptos nos retrasaron la construcción de la Colombia que nos merecemos 27 años.

Pero ninguna de las dificultades, amenazas o frustraciones de estos años nos quitaron nunca la sonrisa, la fe y la decisión de que somos la generación que terminaría la guerra y con decencia e inclusión construiría el país igualitario, transparente, moderno y justo que nos merecemos. Por eso seguimos trabajando con decencia y disciplina para hacer realidad la Colombia que queremos. Con el fin de fortalecer la unidad de la Nación, vamos a asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz dentro de un Estado Social de Derecho, democrático y participativo, que garantice un orden político, económico y social justo para todos.

Ese fue el juramento que hicimos hace 27 años en nuestra Constitución. Y ese es el mismo juramento que vamos a hacer realidad. A quienes lograron construir un consenso nacional para deslegitimar y excluir el uso de la violencia con fines políticos, ¡gracias! A los humildes jóvenes de Colombia que son el corazón de nuestra Policía y nuestra Fuerza Pública, gracias por recuperar la seguridad y terminar esta guerra. A los padres y madres que sacrificaron su tranquilidad para que lo hicieran, ¡gracias! A los miles de campesinos, líderes sociales y defensores de derechos humanos que nunca se rindieron, ¡gracias! A los jóvenes de ayer y a los de hoy, que son el aire fresco que inspira y moviliza lo mejor de Colombia, ¡gracias!

Cuatro factores que se retroalimentan nos han retrasado la Colombia que juramos construir. La violencia, la corrupción, el centralismo y la exclusión son los componentes del círculo vicioso que ha desestabilizado nuestra democracia, arrasado con tantas vidas e impedido nuestra calidad de vida. Solo ahora, en pleno siglo XXI, estamos llegando al pacto apenas elemental de decir nunca más a la violencia en la política.

Pero no hemos sobrevivido a estos 100 años de soledad y 50 de violencia para quedarnos en sueños cortos y ambiciones básicas. Hoy quiero invitar a todas las mujeres y hombres, a los jóvenes y a los mayores, a que juntos demos el siguiente paso, a que nos propongamos un nuevo pacto generacional, porque ninguno de los cambios necesarios para tener el país que queremos y la calidad de vida que nos merecemos tomará menos de una generación. No proponemos un simple plan de gobierno, proponemos un plan de vida para los próximos 25 años.

En el país del pasado nos guiábamos por los indicadores de la supervivencia: que cómo va la tasa de homicidios, de secuestros, de desplazados, de caídos en combate, que cuántas hectáreas de coca hay o no hay, que cómo va la erradicación, que cómo va la inflación y el PIB. En el país de hoy tenemos que guiarnos y obsesionarnos por cumplir los indicadores de la vida, no de la supervivencia; del bienestar, no del mero crecimiento; de la felicidad construida, no de la resignación pasiva. Estos nuevos indicadores son la base del pacto generacional, del nuevo contrato ciudadano, del nuevo contrato social y del nuevo contrato laboral que invitamos a todos los colombianos a firmar y votar.

Este es un compromiso no sólo con los hombres y mujeres que nos elegirán para ser el próximo Gobierno, sino con los niños y jóvenes que serán la próxima generación. Nos comprometemos a liderar y hacer realidad el nuevo pacto generacional y el decálogo de la Colombia que queremos construir.

clopezsenado10@gmail.com

¿QUÉ PROPONEMOS? Hijos amados y deseados: nuestro primer pacto generacional Nuestro primer pacto generacional será comprometernos a tener, única y exclusivamente, hijos amados y deseados. ¡Nunca más! una Colombia en la que el 20% de nuestros niños y niñas nace de embarazos adolescentes o indeseados, y en la que el 20% o más de nuestros niños y niñas no sabe quién es su papá.

Nuestra Colombia, la Colombia que vamos a construir y a hacer realidad, es una Colombia fundada en el amor y en el respeto.

Nuestra meta es construir una Colombia en la que la tasa de embarazo adolescente e indeseado pase del 17% a menos de 8%.

Para nosotros es fundamental que los y las adolescentes cumplan un proyecto de vida que garantice el mejor futuro para ellos y sus familias, que cuiden de sus cuerpos y accedan a más y mejores oportunidades.

Para cumplir con este reto vamos a poner en marcha cinco grandes estrategias: Vamos a formarnos todos. El éxito de nuestros hijos depende de todos nosotros, vamos a formar a nuestros docentes, a los padres de familia y los estudiantes en el reconocimiento, aceptación y valoración de su propio cuerpo.

El futuro de nuestros niños no debe ser definido por la suerte sino por sus decisiones responsables. Fortaleceremos los programas de educación para la sexualidad y construcción ciudadana en todos los colegios del país.

La prevención primero. El acceso a los diferentes métodos de protección será fácil, rápido y sin tramitología. Nuestros jóvenes deben contar con información y con los métodos suficientes para decidir sobre su cuerpo.

Vamos a crear la campaña más grande que ha hecho el país en prevención de embarazo en la adolescencia. Las redes sociales, los medios digitales y los aplicativos online serán nuestros aliados como estrategia de reducción de embarazo en la adolescencia.

Vamos a construir la ruta de las oportunidades. Graduarse del colegio, acceder a educación superior de calidad, emplearse y luego tener hijos amados como parte de su proyecto de vida si así los desean.

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¡La niñez se respeta!

No hay mejor inversión que la que hacemos en nuestros niños y niñas.

Los niños y niñas están por encima de todo. Todos los niños y niñas de Colombia menores de cinco años tendrán salud y protección, no importa en qué región nazcan, si es en una gran ciudad o en una pequeña vereda, en un resguardo o en un palenque. Todos nuestros niños y niñas recibirán los 8 servicios integrales de primera infancia. ebemos atender integralmente a todos los niños menores de 5 años teniendo claro quiénes son, dónde están y qué necesitan. Sabemos dónde hay coca pero no dónde hay niños y niñas enfermos o desnutridos, ¡es inaceptable! ¡Nunca más una Colombia en la que unos niños y niñas nacen con futuro y otros crecen sin él!

La inversión en primera infancia es la más rentable para un país, no sólo por el retorno en el futuro, sino porque es en la niñez en donde podemos cerrar laseste brechas de desigualdad Para cumplir con reto vamos a poner de forma más efectiva.

Nuestra política de niñez tendrá 10 ejes: en marcha cinco grandes estrategias: Gobernaremos con la regla social. Los recursos para la primera infancia no serán negociables. Vamos a garantizar la financiación de los programas de atención integral en la primera infancia, la inversión en nuestros niños nunca podrá caer de un año a otro.

La cobertura universal será nuestra obsesión. En la actualidad hay 1,4 millones de niñas y niños menores de 5 años que no los estamos atendiendo, están a su suerte. Vamos a aumentar la cobertura integral y hacer todos los esfuerzos financieros para llegar a la meta e invertir muchos más recursos en nuestros niños.

La atención tiene que ser integral. El Estado no hace favores, garantiza derechos, nos centraremos en ofrecer 8 servicios integrales: (i) todos los niños serán identificados y harán parte activa de nuestra sociedad; (ii) desde el nacimiento garantizaremos el acceso a un servicio de salud de calidad, periódico y preventivo; (iii) brindaremos un esquema de vacunación completo; (iv) los niños y niñas tendrán acceso a una educación inicial pertinente; (v) habrá seguimiento constante al crecimiento y al desarrollo cognitivo de los menores; (vi) se tendrá una estrategia uno a uno para garantizar el acceso a toda la carga nutricional; (vii) desde pequeños tendrán acceso a libros, colecciones y revistas para fortalecer sus habilidades cognitivas y socio-emocionales y (viii) formaremos a las familias y cuidadores con las mejores herramientas de crianza y cuidado.

Avanzaremos en el preescolar integral. En nuestro gobierno nos comprometemos a ampliar progresivamente la cobertura en el grado de transición hasta alcanzar 80 % en 2021, e iniciar la apertura de jardín en 2022 y prejardín en 2024 con recursos provenientes del SGP.

clopezsenado10@gmail.com

El Estado debe ir a los niños y niñas rurales, no los niños y niñas ir al Estado. En las zonas rurales brindaremos servicios de hogares comunitarios y modelos flexibles de atención móvil. Priorizaremos a los 200 municipios con menor atención en primera infancia.

Nuestra intervención se realizará de una manera integral.

Haremos seguimiento a todos los niños y niñas y a todos los operadores. Avanzaremos en la construcción de un sistema de seguimiento niño a niño que nos permita identificar de forma rápida y precisa el estado de todos los niños atendidos. Vamos a certificar a los prestadores de servicios, de ahora en adelante todos los operadores deberán estar certificados en calidad para atender a nuestros niños. Para evitar el robo y corrupción, aumentaremos los recursos de seguimiento y control y desplegaremos una estrategia ciudadana de veeduría a la prestación de los servicios.

Vamos a cualificar a nuestras madres comunitarias. Cualificaremos el 80% restante de las madres comunitarias y vincularemos a más de 10 mil nuevos agentes educativos que permitirían avanzar hacia la cobertura universal en atención en primera infancia.

Reformaremos el ICBF. Será una entidad que se enfocará en la defensa de los derechos de los niños y niñas en Colombia. En nuestro gobierno vamos a despolitizar, a tecnificar y potenciar las acciones realizadas por el ICBF. El ICBF debe encargarse de atender a nuestros niños de forma integral y garantizar y proteger sus derechos en todo el territorio nacional.

Crearemos la Superintendencia de Educación. La SuperEducación será la encargada del control y vigilancia de la educación inicia, básica, media, secundaria y terciaria. En el marco de la primera infancia, la SuperEducación realizará la interventoría para la prestación de los servicios en primera infancia.

El trabajo no debe reñir con el cuidado de nuestros niñas y niños. La atención de nuestros niños y niñas debe complementarse con garantías para que las mamás y papás puedan estar con ellos los primeros años de su vida. Garantizaremos el cumplimiento de las licencias de maternidad y paternidad, promoveremos el teletrabajo para los hogares con niños recién nacidos. Haremos convenios con todos los sectores para adecuar los sitios de trabajo y crear salas de lactancia.

Todos son pilos, ser maestro paga Todos, absolutamente todos, los jóvenes de Colombia son pilos y lo que paga es ser Maestro.

Nuestra visión es que todos los jóvenes son pilos. Van a estudiar en un colegio de calidad, no habrá deserción escolar y tendrán maestros bien preparados, motivados y remunerados.

Nunca más una Colombia en la que 300 mil niños desertan cada año de los colegios, nunca más jóvenes excluidos de la educación superior por supuestamente no ser pilos, nunca más maestros inconformes.

clopezsenado10@gmail.com

Este pilar es uno de los más prioritarios en nuestro gobierno.

Creemos en una educación universal, de calidad, pertinente y con recursos suficientes. Creemos en una educación para la vida, con ciclos completos y con infraestructura y docentes de calidad.

Para lograrlo proponemos las siguientes acciones: ¡Todos son pilos! Será nuestro sello de gobierno. Con todos los jóvenes de Colombia haremos un pacto de vida: cuando ingresan a sexto grado les vamos a asegurar 6 años de educación básica y media y dos años de educación superior. A cambio de esto, los jóvenes y sus familias se comprometerán con: No desertar del colegio ni de la vida: los estudiantes deben permanecer en el colegio y cumplir con sus obligaciones escolares y del hogar.

Ser buenos estudiantes en el colegio: los estudiantes deben cumplir satisfactoriamente con su rendimiento escolar, pero también con su formación extracurricular en la música, el arte, las ciencias, la cultura o el liderazgo.

Conocer y respetar el cuerpo: los estudiantes deberán conocer y respetar su cuerpo y el de los demás para evitar el embarazo adolescente e indeseado.

En educación básica y media: Avanzaremos decididamente en consolidar la jornada única. Para que nuestros niños reciban 8 horas de educación nos concentraremos en tres grandes estrategias: (I) construiremos mejores colegios y haremos el mantenimiento de miles de instituciones educativas; (II) aseguraremos alimentación escolar completa y (III) vincularemos más docentes de calidad. Nuestra meta es duplicar el número de niños que asisten a jornada única en la actualidad.

La deserción no será una opción. 300 mil jóvenes abandonan el colegio cada año. La principal razón por la cual los jóvenes entre 14 y 18 años deciden no asistir a un establecimiento educativo es el desinterés. Por esto vamos a ofrecer educación pertinente y complementaria para que nuestros jóvenes tengan la motivación para atender la escuela y vean esta como una oportunidad para desarrollar su proyecto de vida.

Las horas adicionales en la jornada única se concentrarán en fortalecer las capacidades de cada estudiante. Vamos a enfocarnos en el desarrollo de nuevas habilidades STEM+EA (ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas, inglés y artes) y de acciones de aprendizaje que promuevan la creatividad, la comunicación asertiva, el liderazgo, la atención al detalle, la gestión por resultados y la inteligencia emocional.

clopezsenado10@gmail.com

Vamos a aumentar la oferta de los docentes orientadores en las instituciones educativas.

Estos actúan y ejercen una labor de acompañamiento escolar fundamental. Actualmente los docentes orientadores sólo cubren el 12% de las sedes educativas oficiales del país. Nuestra meta es instaurar al menos 3 mil docentes orientadores a nivel nacional.

Ser Maestro Paga. Nuestros docentes van a ser de calidad. Impulsaremos el progreso de los programas de licenciatura en el país para que los niños y jóvenes exploten al máximo su potencial con los mejores docentes. Seguiremos implementando los acuerdos con los maestros y garantizaremos condiciones dignas de trabajo. Crearemos estrategias para el fortalecimiento de los programas de licenciatura en las universidades del país y en el 2022 nuestra meta es contar con al menos el 60% de los programas acreditados en alta calidad.

Generamos incentivos para que los mejores estudiantes escojan la licenciatura como su proyecto de vida.

Tendremos cupos prioritarios para los estudiantes con las mejores notas que quieran adelantar programas de licenciatura. Crearemos un programa de becas amplias para que los mejores docentes adelanten estudios de posgrado en las universidades acreditadas en alta calidad del país. La calidad docente pasará a primer plano.

Les cumpliremos a los maestros y garantizaremos los acuerdos de años anteriores.

Currículo único nacional. Vamos a establecer un currículo nacional adaptable a los establecimientos educativos y a los diferentes contextos nacionales que se presentan en el país. Esto lo haremos con base en los Derechos Básicos de Aprendizaje y lo construiremos con todos los rectores de instituciones educativas a nivel nacional.

Vamos a establecer un modelo pedagógico que se encuentre a la vanguardia de las tendencias internacionales, pero siempre adaptado a nuestro contexto y pertinente para cada región del país.

Vamos a trabajar para ser una sociedad incluyente y no discriminatoria. Fortaleceremos e impulsaremos la inclusión de programas de construcción para la ciudadanía y educación para la paz, enfocados en la no discriminación y convivencia escolar.

Le daremos continuidad al Plan Nacional del Bilingüismo como una bandera para que nuestros jóvenes sean competitivos no sólo a nivel nacional, sino a nivel global. Buscaremos que los estudiantes entiendan y empaticen con otras culturas por medio del conocimiento lingüístico.

La educación rural. Nuestra prioridad aumentar la cobertura en educación básica en los municipios rurales. En la actualidad la brecha en cobertura neta de educación secundaria es de más de 20 puntos porcentuales frente a establecimientos urbanos. Queremos que los jóvenes rurales tengan como mínimo 9 años de escolaridad obligatoria en 2022.

clopezsenado10@gmail.com

La infraestructura pertinente y los modelos flexibles serán nuestras banderas.

Vamos a mejorar en el desarrollo de modelos flexibles de educación rural para así garantizar una oferta pertinente de acuerdo con las demandas educativas locales.

Vamos a fortalecer las escuelas normales en las zonas rurales como una herramienta para formar a los mejores docentes rurales. Estos recibirán incentivos para incorporarse a un programa de licenciatura.

Programa de Alimentación Escolar (PAE). El PAE ya no será dolor de cabeza para las entidades territoriales ni para las familias. La contratación de la alimentación escolar será realizada por cada colegio y de la mano de las asociaciones de padres y madres. Cada colegio contratará el servicio con organizaciones locales que ofrecerán productos de la región.

Autonomía escolar. De manera progresiva y con indicadores de calidad identificaremos recursos que pueden llegar a manos directamente de los rectores y no de los alcaldes.

Queremos evitar la intermediación y hacer más eficiente el gasto.

Educación con enfoque étnico y cultural. La diversidad cultural y étnica en nuestro país es fundamental para nuestra identidad. En nuestro gobierno fortaleceremos la educación con enfoque étnico y cultural haciendo énfasis en la creación de oportunidades y la posibilidad de tránsito a la educación superior.

En educación superior nuestras apuestas son las siguientes: Le vamos a cumplir a las universidades públicas. Debemos invertir 500 mil millones adicionales en las universidades públicas para aumentar la cobertura y reducir el déficit financiero histórico. Las transferencias a las universidades deben incrementarse como mínimo el IPC más unos puntos reales que se materializarán por compromisos y resultados de calidad. Con estos cambios podríamos vincular 50 mil estudiantes adicionales cada año a las universidades públicas.

Acreditación de calidad. No descuidaremos la acreditación de alta calidad y en lo posible la haremos más rigurosa. Apenas el 15% de los programas de pregrado de educación superior y el 14% de las instituciones de educación superior cuentan con acreditación de alta calidad.

No descuidaremos la acreditación de alta calidad y en lo posible la haremos más rigurosa. Apenas el 15% de los programas de pregrado de educación superior y el 14% de las instituciones de educación superior cuentan con acreditación de alta calidad.

clopezsenado10@gmail.com

Crearemos consorcios educativos para una educación superior rural de calidad. La cobertura en educación superior en la zona rural es apenas del 8%. Nuestros consorcios educativos estarán conformados por instituciones públicas de educación superior de calidad y sectores productivos, serán pertinentes y adecuados a las necesidades económicas, agropecuarias y empresariales de la región en donde se están instaurando. La creación de los consorcios se realizarán por medio de lineamiento estratégicos y rigurosos adaptados para cada contexto.

Vamos a fortalecer las escuelas normales en las zonas rurales como una herramienta para formar a los mejores docentes rurales. Estos recibirán incentivos para incorporarse a un programa de licenciatura.

Programa de Alimentación Escolar (PAE). El PAE ya no será dolor de cabeza para las entidades territoriales ni para las familias. La contratación de la alimentación escolar será realizada por cada colegio y de la mano de las asociaciones de padres y madres. Cada colegio contratará el servicio con organizaciones locales que ofrecerán productos de la región.

Autonomía escolar. De manera progresiva y con indicadores de calidad identificaremos recursos que pueden llegar a manos directamente de los rectores y no de los alcaldes.

Queremos evitar la intermediación y hacer más eficiente el gasto.

Educación con enfoque étnico y cultural. La diversidad cultural y étnica en nuestro país es fundamental para nuestra identidad. En nuestro gobierno fortaleceremos la educación con enfoque étnico y cultural haciendo énfasis en la creación de oportunidades y la posibilidad de tránsito a la educación superior.

En educación superior nuestras apuestas son las siguientes: Le vamos a cumplir a las universidades públicas. Debemos invertir 500 mil millones adicionales en las universidades públicas para aumentar la cobertura y reducir el déficit financiero histórico. Las transferencias a las universidades deben incrementarse como mínimo el IPC más unos puntos reales que se materializarán por compromisos y resultados de calidad. Con estos cambios podríamos vincular 50 mil estudiantes adicionales cada año a las universidades públicas.

Acreditación de calidad. No descuidaremos la acreditación de alta calidad y en lo posible la haremos más rigurosa. Apenas el 15% de los programas de pregrado de educación superior y el 14% de las instituciones de educación superior cuentan con acreditación de alta calidad.

Vamos a instaurar herramientas de calidad para que en nuestro Gobierno el 50% de las universidades públicas del país sean acreditadas. La educación terciaria, aparte de ser pertinente, será desarrollada con estándares de calidad más altos.

clopezsenado10@gmail.com

Crearemos consorcios educativos para una educación superior rural de calidad. La cobertura en educación superior en la zona rural es apenas del 8%. Nuestros consorcios educativos estarán conformados por instituciones públicas de educación superior de calidad y sectores productivos, serán pertinentes y adecuados a las necesidades económicas, agropecuarias y empresariales de la región en donde se están instaurando. La creación de los consorcios se realizarán por medio de lineamiento estratégicos y rigurosos adaptados para cada contexto.

El ICETEX no puede ser un enemigo de los estudiantes. Creemos en un esquema donde los créditos se sigan prestando sólo a las universidades acreditadas. Vamos a eliminar la capitalización de intereses. Las personas pertenecientes a estrato 1 y 2 se les eliminará el requisito del deudor solidario. Construiremos un esquema de crédito basado en el ingreso.

Las cuotas mensuales de los créditos del ICETEX no deben superar el 10% del salario de los beneficiarios.

Vamos a incorporar las siguientes reformas a Ser Pilo Paga. Mantendremos el subsidio de alimentación y transporte, pero habrá corresponsabilidad en la financiación de cada estudiante. La financiación no sólo será responsabilidad del Estado, las universidades también garantizarán un porcentaje de la matrícula. Habrá un valor máximo que subsidiará el Estado.

Vamos a eliminar las barreras de entrada a la educación pública: los estudiantes que son seleccionados dentro del programa no deberán presentar los exámenes de admisión a las universidades públicas. Estos generan un costo adicional, por eso, los estudiantes serán elegidos por su puntaje en las Pruebas Saber 11. Las universidades que cuenten con estudiantes del programa tendrán una corresponsabilidad en caso de deserción.

Educación terciaria. En primer lugar vamos a crear una estrategia de orientación profesional de la mano del sector empresarial, para que los estudiantes en edades tempranas descubran y desarrollen las habilidades y destrezas acorde con su contexto.

Vamos a implementar el Sistema Nacional de Educación Terciaria (SNET). EL SNET estará conformado por dos pilares: educación universitaria y educación técnica y dos sistemas: uno de aseguramiento de la calidad y otro de acumulación y transferencia de crédito.

Implementaremos el marco nacional de cualificaciones. ¡El SENA se respeta! En 2017 el presupuesto es de 3,3 billones de pesos y nos vamos a asegurar en nuestro gobierno que ni un sólo peso se vaya para favores políticos o corrupción.

Vamos a despolitizar, a tecnificar y a financiar al SENA. Lo vamos a despolitizar por medio de un concurso de méritos para todos los funcionarios de niveles directivos que ingresen en la institución.

El SENA debe ser un aliado de la competitividad, tecnología y del sector privado.

Crearemos un plan de pertinencia de los programas a nivel regional para cerrar las brechas del capital humano que hoy se presencian en el sector productivo. Los programas ofrecidos por el SENA tendrán un diseño curricular con suficiente anticipación, la flexibilización de los procesos de aprendizaje estarán orientados para que las empresas puedan combinar las diversas formas de aprendizaje que sus trabajadores requieren y ampliar la cobertura de la formación técnica con calidad.

clopezsenado10@gmail.com

La Salud es un derecho NO un negocio Agruparemos a los municipios rurales e intermedios en subregiones que tendrán un sistema de salud pública y básica de calidad con la infraestructura no sólo en cabeceras sino con brigadas rotantes de medicina familiar que aseguren el acceso a la prevención y tratamiento básico en salud pública de manera universal.

Serán los usuarios, a través de ese sistema público, los que contratarán y pagarán contra la prestación de un servicio oportuno y de calidad los servicios de medicina especializada necesarios para proteger su vida y recuperar su salud.

Nunca más hospitales cerrados y robados. Nunca más pagar hoy para rogar después. Nunca más la explotación laboral de médicos y prestadores de servicios de salud.

Malgastamos $24 billones de pesos al año en enfermedades perfectamente prevenibles con acceso a agua potable y alcantarillado, una dieta más saludable, más ejercicio físico y con una vida más sana. El sistema de salud pública debe concentrarse en prevenir más que en curar.

Cuéstenos lo que nos cueste vamos a asegurar la salud como un derecho fundamental en prevención y no como un negocio para curar lo prevenible.

Nuestras acciones para lograrlo son las siguientes: Consolidar un sistema de salud público en los municipios pequeños. Agruparemos a los municipios rurales e intermedios en subregiones, en ellas construiremos un verdadero sistema de salud pública, con infraestructura de calidad en las cabeceras y con brigadas móviles de medicina familiar. Estas brigadas irán de vereda en vereda llevando servicio de calidad y salud preventiva a todo el núcleo familiar. Las EPS que conocemos se concentrarán en los municipios grandes, donde hay mercado y capacidad de pago, en el resto del país, el servicio público y subregional será la apuesta.

Los usuarios, a través de ese sistema público, serán los que contratarán y pagarán contra la prestación de un servicio oportuno y de calidad los servicios de medicina especializada necesarios para proteger su vida y recuperar su salud.

Con este sistema lograremos reducir los tiempos de espera para consultas generales y especializadas, la distancia o la tramitología para acceder a estas citas dejará de ser barreras para acceder a la salud.

Si no hay calidad, no hay pago. La calidad y el acceso oportuno serán parte del sistema. La remuneración actual de las EPS está dada por la Unidad de Pago por Capitación, valor anual que paga el Estado por cada uno de los afiliados al sistema de salud. Este pago no incluye consideraciones de calidad o desempeño. Es por eso que proponemos que la UPC tenga dos componentes: una parte fija por usuario y otra por desempeño de calidad. La calidad en los servicios será obligatoria. Las EPS deberán demostrar mejoras en la calidad y atención de cada paciente si quieren recibir el pago total por usuario.

clopezsenado10@gmail.com

Sostenibilidad del servicio. La salud es un derecho y como tal debemos respetarlo y asegurarlo financieramente. Las restricciones fiscales del gobierno exigen una política que tenga como prioridad la reasignación de gasto al interior del presupuesto. Adicionalmente tenemos tres estrategias para mejorar las finanzas de la salud. Para disminuir el déficit del sector, las deudas del pasado y revertir los patrimonios negativos de las EPS I) seguiremos construyendo reglas claras para funcionar y para prestar los servicios.

Estableceremos un tiempo prudencial para la recuperación de las entidades y construiremos un plan orientado a darle mayor liquidez a las instituciones públicas.

II) Seguiremos fortaleciendo el control de precios de los medicamentos, fomentaremos compras centralizadas para reducir los precios y estableceremos una regulación de precios de entrada.

III) Seremos más eficientes con los recursos de la salud. Por eso proponemos eliminar al máximo todos los intermediarios que hacen que los dineros de la salud se queden en el camino y no vayan a la atención de los ciudadanos. En el sistema de salud debe haber pocos administradores y cero intermediarios.

Salud pública preventiva como eje del sistema. El sistema de salud pública debe concentrarse en prevenir más que en curar. Malgastamos $24 billones de pesos al año en cuatro enfermedades perfectamente prevenibles.

Nuestras cinco prioridades para mejorar nuestra salud serán: (I) asegurar esquemas de vacunación completos; (II) aumentar la cobertura y el acceso a agua potable y alcantarillado en las zonas rurales y aisladas del país; (III) los colombianos debemos comer mejor, vamos a crear una política orientada a consolidar una dieta más saludable, los niños hasta los abuelos van comprender la importancia de la nutrición; (IV) promoveremos hábitos de vida saludable, el ejercicio físico rutinario, como caminar y los cambios en el uso de transporte, como el uso de la bicicleta, serán fundamentales en nuestro gobierno. Si nos movemos un poco más tendremos mucha y mejor salud; y (V) nos concentraremos en eliminar el consumo de sustancias psicoactivas. Los colegios, los parques, las universidades y los hogares deben ser espacios libres de drogas. Una política integral de atención que elimine el consumo, haga acompañamiento social y reduzca los daños será una de nuestras primeras acciones de gobierno.

El embarazo no puede ser un riesgo. La tasa de mortalidad materna en algunos departamentos es inaceptable. El 98% de la mortalidad materna es prevenible. Por eso proponemos que el 100% de las mujeres embarazadas hagan efectivo su derecho a diagnósticos médicos periódicos y a tratamientos oportunos. Vamos a definir unas estrategias claras para la atención a la mujer embarazada con enfoque de derechos humanos, que haya prioridad en la consulta y en la atención del especialista, que los hospitales de los municipios focalizados en alto riesgo cuenten con unidades obstétricas y que jamás se les niegue la atención.

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Licencia de maternidad paga en el régimen subsidiado. A las 330 mil madres del régimen subsidiado que dan a luz cada año, les pagaremos su licencia de maternidad por un periodo de dos meses. En Colombia nacen 650 mil niños por año, de los cuales 330 mil son del régimen subsidiado y sus madres quedan desamparadas después del parto. Vamos a invertir $500 mil millones de pesos en este programa.

No más hospitales cerrados por politiquería o malos manejos. 4 de cada 10 hospitales o centros de salud públicos tienen riesgo de quebrarse. Por eso proponemos cero intermediación y giros directos a los hospitales, control en tiempo real, elecciones meritocráticas de directivos y políticas de información pública sobre la situación fiscal de cada entidad.

Telesalud para cerrar brechas de acceso a la salud. Vamos a solucionar barreras de acceso en municipios semirurales y en algunos rurales con la provisión de servicios de salud a distancia a través del uso de nuevas tecnologías. Con esto lograremos evitar desplazamientos costosos y acceso rápido a personal médico. Estableceremos centros de Telesalud regionales de la mano con las facultades de medicina para ofrecer: I) consultas con médicos especializados, II) capacitación continuada de los profesionales de la salud y III) educación en el autocuidado a la población.

Controlar el abuso de poder y fortalecer el control. La integración vertical está prohibida si una EPS contrata más del 30% de sus servicios con su IPS. Hoy es imposible verificar esto. La información de los agentes de la salud deberá estar disponible para los órganos de control.

Fortaleceremos la Superintendencia de Salud, se reforzarán sus funciones de inspección, se despolitizará y tendrá los recursos humanos y financieros adecuados para ejercer una vigilancia constante.

La vida es sagrada ¡La vida de nuestros niños, jóvenes y mujeres es sagrada! Nunca más una Colombia en la que cada 28 minutos una mujer es víctima de violencia y cada día hay 28 niños y adolescentes víctimas de violencia intrafamiliar y todo queda en la más absurda impunidad. ¡Ni una más, nunca más!

Haremos la reforma a la justicia necesaria para asegurar que en todos los rincones de Colombia haya justicia oportuna e imparcial, que proteja a los más abusados, que hoy son nuestros niños, niñas, jóvenes y mujeres.

Nunca más una Colombia en la que la casa y los familiares son los referentes de peligro y violencia para mujeres, niños y niñas. La casa, debe ser sitio de amor y apoyo compartido, no el refugio del machismo y del abuso.

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Para garantizar la vida de nuestras mujeres y de nuestros niños y niñas proponemos: Vamos a tener entidades y funcionarios que van a responder por la violencia que se ejerce contra la mujer y contra los niños y niñas. El Ministerio de Justicia es el rector de política pública de violencia contra la mujer. Este Ministerio estará encargado de los lineamientos, la coordinación y funcionamiento de las comisarías de familia y las brigadas de justicia móviles.

La Fiscalía y la Defensoría del Pueblo se encargarán de crear estrategias para reducir la impunidad y la revictimización en los casos de violencia contra la mujer. Son los encargados de investigar, judicializar y sancionar a los responsables. El Ministerio de Salud y el Instituto de Medicina Legal serán competentes de financiar y garantizar que IPS presten los servicios oportunos y de calidad en urgencias y de brindar la atención de medicina forense necesario.

Las entidades territoriales ejecutarán las medidas de prevención, harán campañas de orientación e intervención escolar y ofrecerán medidas de protección como las casas de protección. Esto lo harán en cofinanciación con el Ministerio de Salud y el Ministerio de Justicia.

Garantía de salud para víctimas de violencia. En nuestro gobierno vamos a contar con un Sistema de Información de Violencias Basada en Género. Daremos cumplimiento a las medidas de protección establecidas en la ley 1257. Las mujeres víctimas de violencia tendrán acceso a las herramientas necesarias para no estar en peligro. Las víctimas de violencia tendrán acceso a las medidas de transporte, alojamiento y alimentación y acceso a casas de protección.

Construcción de una red de urgencias capacitada. Proponemos que los médicos y profesionales de la salud de la red de urgencias estén capacitados en un 100% en la atención de mujeres y niños víctimas de violencia. Lograremos que en el 100% de hospitales haya los equipos básicos de certificación de violencia sexual: el kit para recolección de evidencia forense y el kit de profilaxis post exposición.

Casas de protección para las víctimas de violencia intrafamiliar y sexual. Las casas de protección serán financiadas por el Ministerio de Salud (bajo el mandado de medidas de protección de la ley 1257) y serán ejecutadas por las entidades territoriales. Cada casa de protección contará con servicios de alojamiento, alimentación, seguridad, transporte y atención psicosocial. Se focalizarán en los municipios con mayor número de casos de violencia reportados y sin capacidad presupuestal para la realización de los hogares de protección Justicia para las mujeres y para los niños y niñas. Capacitaremos y fortaleceremos las fiscalías seccionales y priorizaremos los 200 municipios con mayor incidencia de casos de violencia para desarrollar un programa de acceso a la justicia con resultados eficientes.

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Vamos a crear las primeras brigadas móviles de atención, prevención y acceso a la justicia en municipios rurales. Estas brigadas móviles se desplazarán hacia los 150 municipios rurales más afectados por la violencia de género y violencia contra menores de edad. Las brigadas estarán conformadas por: Comisario de Familia, defensores de familia especializados, Policía, médico forense, fiscal, jueces promiscuos y civiles y representante de un centro zonal del ICBF. Las brigadas permanecerán en cada municipio 10 días y harán visitas de forma periódica.

Crearemos comisarías de familia subregionales. Vamos a crear 90 comisarías móviles subregionales, es decir 1 comisaría por cada 240 mil habitantes para suplir el déficit de comisarías que se encuentra especialmente a nivel rural y suburbano. Cada comisaría contará con personal capacitado y se centrará en la atención de violencia intrafamiliar.

Vamos a duplicar la planta de defensores de víctimas de mujeres, niños y adolescentes.

Actualmente hay 365 defensores de Representación Judicial de Víctimas de niños, niñas, adolescentes y mujeres que están sobrecargados. Mientras que tenemos a 760 Procuradores judiciales con baja carga. Proponemos convertir a 380 de esos procuradores judiciales en defensores de Representación Judicial de Víctimas de niños, niñas, adolescentes y mujeres.

Esto aumentaría el total de defensores a 745, disminuyendo su carga a 45 casos para cada defensor

Adicionalmente nuestras propuestas dirigidas a las mujeres y jóvenes son las siguientes: Vamos a garantizarle oportunidades a nuestras mujeres y jóvenes. Las mujeres tienen 0,23 años más de educación que los hombres. Sin embargo, el desempleo de las mujeres es 5% superior a la de los hombres y ganan 20% menos que ellos. Construiremos políticas específicas de largo plazo que reduzcan la informalidad laboral que enfrentan las mujeres y los jóvenes. Por medio de formación e incentivos para la búsqueda de empleo estamos seguros que lo lograremos. Vamos a trabajar para que los jóvenes no tengan el primer empleo, sino el mejor empleo.

Vincularemos laboralmente a las mujeres cabeza de familia por medio de subsidios atados a la empleabilidad. Vamos a instaurar y poner en funcionamiento el Sistema Nacional de Cuidado. Este sistema organiza y presta los servicios de cuidado para menores de edad, ancianos, personas en situación de discapacidad y enfermos. Empezaremos las acciones para que la Economía del Cuidado sea protagonista en el sector productivo de nuestra economía.

Vamos a garantizar una licencia de maternidad paga en el régimen subsidiado. A las 330 mil madres del régimen subsidiado que dan a luz cada año, les pagaremos su licencia de maternidad por un periodo de dos meses. En Colombia nacen 650 mil niños por año, de los cuales 330 mil son del régimen subsidiado y sus madres quedan desamparadas después del parto.

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Modificaremos y ampliaremos Familias en Acción. Mantendremos el programa de Familias en Acción, pero de ahora en adelante los subsidios estarán atados a la empleabilidad de los titulares del programa. Proponemos que el programa incorpore dentro de su oferta la formación educativa y para el trabajo y la empleabilidad de las mujeres. Para tal fin, las mujeres titulares del programa tendrán: Acceso preferente a programas de educación y programas de formación para el trabajo. Estos programas estarán orientados a garantizar de forma progresiva el acceso a la educación, al financiamiento de proyectos de emprendimiento laboral y a la búsqueda de la estabilidad laboral A las madres que consigan empleo les seguiremos financiado la salud hasta por dos años con el fin de garantizar su estabilización laboral. En el marco del programa se implementará un programa de bienestar comunitario basado en un conjunto de actividades para impulsar las capacidades individuales y colectivas de las familias beneficiarias. Estos programas se enfocarán principalmente en educación sexual y reproductiva, educación nutricional y formación financiera.

Educación de los jóvenes. Garantizaremos de forma progresiva a los jóvenes beneficiarios del programa Más Familias en Acción que culminan el bachillerato, acceso preferente a programas de educación superior. El programa será apoyado y acompañado por instituciones educativas del Gobierno.

Educación para las mujeres. Uno de los factores que más afecta la movilidad social de un país son los años de escolaridad de la madre, esto define el futuro de su familia y sus hijos.

Vamos a fortalecer políticas educativas con enfoque de género: Vamos a construir programas en donde los estudiantes tendrán acceso a información para evitar la prevención del embarazo en las adolescentes.

Vamos a cuidar y proteger a las mujeres en estado de embarazo. Les vamos a garantizar una atención prenatal adecuada y completa en los centros de salud pública a nivel nacional.

Paridad, alternancia y universalidad. La mitad de los ministerios estarán en cabeza de una mujer y la participación de la mujer en los altos cargos del gobierno será equitativa.

Promoveremos la participación política de las mujeres en los partidos políticos y en los cargos de elección popular.

Mujer rural. Priorizaremos a las mujeres cabeza de familia en condiciones de vulnerabilidad, pobreza o víctimas del desplazamiento en la formalización de la propiedad. Vamos a poner en funcionamiento el Fondo para las Mujeres Rurales y se instaurará una cultura de horarios flexibles para poder generar mayores posibilidades de empleo a las mujeres rurales.

Justicia, seguridad y cierre de brechas ¡Tener Estado, seguridad, justicia e inversión pública, es un derecho de obligatorio cumplimiento! 15 millones de colombianos en la mitad de nuestro territorio sobreviven sin Estado, sujetos a los vejámenes de ilegales y corruptos que imponen su ley.

Aseguraremos que la Colombia urbana y rural tenga al fin la Policía y Fuerza Pública que garantice su seguridad; los inspectores, comisarios y jueces que garanticen oportunas medidas de protección y justicia; y un sistema de inversión pública transparente e incluyente que sustituya el clientelismo, la corrupción y la mermelada que hoy reina.

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A nuestra Colombia afro, indígena, raizal y palenquera, y a nuestros campesinos, nuestra palabra y decisión de poner fin a la inmoral oferta de plomo, despojo, exclusión y glifosato que es lo único que les han dado hasta hoy.

Nuestro gobierno le dará al fin un plan de inversiones regionales para asegurar su inclusión, respeto, tierra, desarrollo rural integral y competitividad. Desactivado el conflicto armado no podemos bajar la guardia. Tenemos que reemplazar la seguridad y economía ilegal de los grupos armados por seguridad y justicia pública en los campos, y una eficiente seguridad urbana. ¡Vamos a construir Estado, ciudadanía y mercado!

En materia de justicia vamos a construir un sistema universal, eficiente y oportuno: Financiación adecuada. La justicia es un bien público prioritario que debemos financiar con todo el músculo estatal. Vamos a incrementar el presupuesto en justicia para garantizar más acceso, mejorar los tiempos de los procesos, garantizar justicia en las zonas rurales, reducir la impunidad y avanzar en las políticas de descongestión judicial.

Justicia para los poderosos. Se debe crear un Tribunal Aforados que investigue y juzgue a los magistrados de la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, la Corte Suprema de Justicia, la Jurisdicción Especial para la Paz, la Comisión de Disciplina Judicial y el Fiscal General de la Nación. El Tribunal estará conformado por magistrados de las más altas calidades. La justicia es para todos.

Gobierno judicial. Nuestra firme intención es modificar la estructura administrativa de la rama judicial. Queremos que la administración y el gobierno de la Rama Judicial estén en cabeza de órganos técnicos y no de magistrados.

Acceso a justicia. Para superar las barreras geográficas que impiden acceder a la justicia por el limitado uso de las TIC y las asimetrías e impertinencia de la oferta institucional, es necesario: Implementar herramientas tecnológicas, es clave facilitar la interacción de los ciudadanos en el marco de los procesos judiciales. El litigio en línea podría comenzar a implementarse en la tutela y en algunos de los procesos que se adelantan ante la sección segunda del Consejo de Estado. Vamos a poner en marcha soluciones TIC para desarrollar los métodos alternativos de solución de conflictos. Queremos construir el expediente digital y de esta forma cumplir con el Plan Estratégico Tecnológico de la Rama Judicial.

Para superar las barreras económicas que impiden el acceso a la justicia proponemos: brindar apoyo económico a los usuarios de escasos recursos a través de auxilios para el transporte para acceder físicamente a los despachos a las víctimas y a las partes que demuestren insuficiencia económica. Crearemos incentivos para que los abogados presten sus servicios en zonas apartadas a la población vulnerable. Reduciremos las acciones judiciales que requieren representación de abogado y fortalecer el control disciplinario de los abogados.

clopezsenado10@gmail.com

Para superar las barreras culturales que se manifiestan principalmente en el desconocimiento de derechos y deberes, en la ausencia de orientación y asistencia jurídica y en la complejidad normativa vamos a avanzar en: la formación de líderes comunitarios en resolución de conflictos, crearemos puntos de orientación ciudadana en justicia en los palacios de justicia, casas de justicia y en las oficinas de los principales operadores de justicia, promoveremos comportamientos que mejoren la convivencia ciudadana y fortaleceremos la formación de los abogados.

Justicia Rural Nuestra firme intención es garantizarle acceso oportuno y justicia eficiente a los colombianos de la zona rural. En este sentido vamos a desplegar una política de justicia conformada por el siguiente paquete de acciones: Vamos a aumentar los jueces rurales. Vamos a asegurar que haya un juez/juzgado por cada cincuenta mil habitantes que tenga competencias generales como las de un juez promiscuo, con sistemas de selección que garanticen la asignación de los mejores y les dé un incentivo mayor de remuneración.

Crearemos un fiscalía rurales. Habrá una fiscalía por cada 150 mil habitantes rurales compuesta por un fiscal, investigadores, técnicos y peritos de medicina legal.

Debemos crear brigadas móviles que vayan a todos los municipios rurales. Dependiendo de las necesidades territoriales se definirá la composición de la brigada, en general tendrá: juez, fiscalía, policía judicial, medicina legal, comisaria de familia, inspector de policía, ICBF, notarías, alcaldías, juntas de acción comunal, y personerías.

Las brigadas brindarán servicios de: atención en demandas por reconocimiento de paternidad, denuncias por inasistencia alimentaria, asesoría en conflictos vecinales por linderos, orientación en formas de adquisición de propiedad inmueble, asesoría jurídica a víctimas del conflicto, apoyo psicosocial a víctimas, empleo efectivo de tutelas para reclamo a derechos fundamentales como la salud, asistencia preventiva en salud pública, entre muchos otros. Para financiar las brigadas móviles proponemos modificar Fonsecon: Destinar el 60% de esos recursos por 10 años a financiar los sistemas locales móviles de justicia, recaudando así $1.3 billones en 10 años.

Proponemos fortalecer los mecanismos de justicia comunitaria y la formación de agentes ciudadanos en mecanismos alternativos de resolución de conflictos como los conciliadores en equidad y los jueces de paz, con las Juntas de Acción Comunal veredales, los cuales podrían incluso cumplir algunas funciones de inspección de policía a escala veredal rural, en coordinación y supervisión de la Inspección de Policía de la Alcaldía.

El Sistema Local de Justicia puede tener como epicentro de coordinación los llamados Centros de Convivencia que ha venido instalando el Ministerio de Justicia, y el Ministerio debe encargarse de proveerles un coordinador y los sistemas de información y evaluación para apoyar y asegurar su buen desempeño.

clopezsenado10@gmail.com

Nuestro paquete de justicia rural se complementará con una mayor de inspectores de policía, comisarios de familia y la construcción de centros de convivencia municipales

La seguridad será fortalecida: No reducción del presupuesto. No vamos a reducir el presupuesto destinado a defensa y seguridad. Colombia no puede reducir el gasto de defensa y justicia en los próximos 10 años.

Se debe mantener la inversión entre 3% y 4% del PIB. Comandos conjuntos. Para copar el territorio integralmente, combatir de forma eficaz a los grupos ilegales y desplegar e instalar esquemas de seguridad y justicia proponemos la creación de Comandos Conjuntos de Seguridad y Defensa.

Serán grupos élites con inteligencia unificada, unidad de mando, operación descentralizada, objetivos y metas medibles y con operaciones conjuntas entre las diferentes fuerzas.

La seguridad rural debe ser una obsesión. Las brigadas móviles y los comandos conjuntos deberán asegurar: I) La protección a nuestros líderes sociales, II) el copamiento integral de los municipios donde tenía presencia las FARC, III) la protección ciudadana en zonas rurales y IV) el enfrentamiento decidido de las amenazas ilegales provenientes del ELN, las BACRIM y las disidencias de las FARC Duplicar el esquema de policía rural. El actual es deficitario. Solo el 9% de la policía está fuera de las cabeceras municipales.

Le vamos a cumplir a nuestras fuerzas. Vamos a cumplir los compromisos salariales y sociales que merecen nuestros héroes. Revisaremos toda la política salarial y haremos los ajustes necesarios para cumplir las obligaciones adquiridas en el pasado.

Seguridad fronteriza. Consolidar la protección fronteriza, fortalecer las capacidades en inteligencia y lucha contra fenómenos ilegales y amenazas externas será una de las nuevas prioridades de las fuerzas militares.

Creación de los Batallones Verdes, los cuales tendrían el objetivo principal de la protección de Páramos y otros activos ambientales.

Seguridad urbana. Avanzaremos en mejorar la eficacia en la atención de las contravenciones y reducción de los hechos de intolerancia entre los vecinos y en los barrios.

Para enfrentar al crimen organizado y sus transformaciones es necesario hacer micro gestión de seguridad. Trabajaremos por desarticular los mercados ilegales y no solo dedicarse a la captura de los miembros de las organizaciones criminales. Tendremos una estrategia que nos permita reducir el número de delitos, aumentar el número de personas judicializadas y condenadas y a su vez incrementar la percepción de seguridad en los municipios.

De la mano con la policía vamos a trabajar por reducir los delitos de alto impacto y hacer de nuestros parques y nuestras calles espacios tranquilos

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Para superar las barreras culturales que se manifiestan principalmente en el desconocimiento de derechos y deberes, en la ausencia de orientación y asistencia jurídica y en la complejidad normativa vamos a avanzar en: la formación de líderes comunitarios en resolución de conflictos, crearemos puntos de orientación ciudadana en justicia en los palacios de justicia, casas de justicia y en las oficinas de los principales operadores de justicia, promoveremos comportamientos que mejoren la convivencia ciudadana y fortaleceremos la formación de los abogados.

Justicia Rural Nuestra firme intención es garantizarle acceso oportuno y justicia eficiente a los colombianos de la zona rural. En este sentido vamos a desplegar una política de justicia conformada por el siguiente paquete de acciones: Vamos a aumentar los jueces rurales. Vamos a asegurar que haya un juez/juzgado por cada cincuenta mil habitantes que tenga competencias generales como las de un juez promiscuo, con sistemas de selección que garanticen la asignación de los mejores y les dé un incentivo mayor de remuneración.

Crearemos un fiscalía rurales. Habrá una fiscalía por cada 150 mil habitantes rurales compuesta por un fiscal, investigadores, técnicos y peritos de medicina legal.

Debemos crear brigadas móviles que vayan a todos los municipios rurales. Dependiendo de las necesidades territoriales se definirá la composición de la brigada, en general tendrá: juez, fiscalía, policía judicial, medicina legal, comisaria de familia, inspector de policía, ICBF, notarías, alcaldías, juntas de acción comunal, y personerías.

Las brigadas brindarán servicios de: atención en demandas por reconocimiento de paternidad, denuncias por inasistencia alimentaria, asesoría en conflictos vecinales por linderos, orientación en formas de adquisición de propiedad inmueble, asesoría jurídica a víctimas del conflicto, apoyo psicosocial a víctimas, empleo efectivo de tutelas para reclamo a derechos fundamentales como la salud, asistencia preventiva en salud pública, entre muchos otros. Para financiar las brigadas móviles proponemos modificar Fonsecon: Destinar el 60% de esos recursos por 10 años a financiar los sistemas locales móviles de justicia, recaudando así $1.3 billones en 10 años.

Proponemos fortalecer los mecanismos de justicia comunitaria y la formación de agentes ciudadanos en mecanismos alternativos de resolución de conflictos como los conciliadores en equidad y los jueces de paz, con las Juntas de Acción Comunal veredales, los cuales podrían incluso cumplir algunas funciones de inspección de policía a escala veredal rural, en coordinación y supervisión de la Inspección de Policía de la Alcaldía.

El Sistema Local de Justicia puede tener como epicentro de coordinación los llamados Centros de Convivencia que ha venido instalando el Ministerio de Justicia, y el Ministerio debe encargarse de proveerles un coordinador y los sistemas de información y evaluación para apoyar y asegurar su buen desempeño.

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Nuestro paquete de justicia rural se complementará con una mayor de inspectores de policía, comisarios de familia y la construcción de centros de convivencia municipales

La seguridad será fortalecida: No reducción del presupuesto. No vamos a reducir el presupuesto destinado a defensa y seguridad. Colombia no puede reducir el gasto de defensa y justicia en los próximos 10 años.

Se debe mantener la inversión entre 3% y 4% del PIB. omandos conjuntos. Para copar el territorio integralmente, combatir de forma eficaz a los grupos ilegales y desplegar e instalar esquemas de seguridad y justicia proponemos la creación de Comandos Conjuntos de Seguridad y Defensa.

Serán grupos élites con inteligencia unificada, unidad de mando, operación descentralizada, objetivos y metas medibles y con operaciones conjuntas entre las diferentes fuerzas.

La seguridad rural debe ser una obsesión. Las brigadas móviles y los comandos conjuntos deberán asegurar: I) La protección a nuestros líderes sociales, II) el copamiento integral de los municipios donde tenía presencia las FARC, III) la protección ciudadana en zonas rurales y iv) el enfrentamiento decidido de las amenazas ilegales provenientes del ELN, las BACRIM y las disidencias de las FARC Duplicar el esquema de policía rural. El actual es deficitario. Solo el 9% de la policía está fuera de las cabeceras municipales.

Le vamos a cumplir a nuestras fuerzas. Vamos a cumplir los compromisos salariales y sociales que merecen nuestros héroes. Revisaremos toda la política salarial y haremos los ajustes necesarios para cumplir las obligaciones adquiridas en el pasado.

Seguridad fronteriza. Consolidar la protección fronteriza, fortalecer las capacidades en inteligencia y lucha contra fenómenos ilegales y amenazas externas será una de las nuevas prioridades de las fuerzas militares.

Creación de los Batallones Verdes, los cuales tendrían el objetivo principal de la protección de Páramos y otros activos ambientales.

Seguridad urbana. Avanzaremos en mejorar la eficacia en la atención de las contravenciones y reducción de los hechos de intolerancia entre los vecinos y en los barrios.

Para enfrentar al crimen organizado y sus transformaciones es necesario hacer micro gestión de seguridad. Trabajaremos por desarticular los mercados ilegales y no solo dedicarse a la captura de los miembros de las organizaciones criminales. Tendremos una estrategia que nos permita reducir el número de delitos, aumentar el número de personas judicializadas y condenadas y a su vez incrementar la percepción de seguridad en los municipios.

De la mano con la policía vamos a trabajar por reducir los delitos de alto impacto y hacer de nuestros parques y nuestras calles espacios tranquilos

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Delincuencia juvenil: Un problema estructural a ser combatido, con el cual las políticas gubernamentales han estado en deuda, es la protección, prevención y control de niños, niñas y adolescentes en su utilización por los grupos armados ilegales y como participantes activos de la delincuencia común. Por lo tanto, es necesario que los esquemas de seguridad permitan realizar labores de prevención de reclutamiento y utilización, tanto en el escenario rural como urbano.

Reduciremos los cultivos ilícitos: Sustituir eficazmente y de forma sostenible, mínimo 50 mil hectáreas de coca al año.

Sustitución de cultivos. Fomentaremos un desarrollo agrícola y competitivo en las áreas con presencia de cultivos ilícitos. De forma consensuada adelantaremos procesos de recambio de cultivos en donde se apoyará al campesino y se le garantizará una cadena productiva que incluirá un seguro de compra. El gobierno podrá comprar la mata erradicada y la pasta. Se harán inversiones para el desarrollo integral rural a través de la provisión eficaz de bienes públicos y acompañamiento en la sustitución de cultivos.

Enfocar los esfuerzos de investigación en las cadenas de valor más altas. Tendremos tres objetivos concretos: i) Incrementar la destrucción de cristalizaderos, ii) duplicar la tasa de imputaciones en materia de lavado de activos y iii) aumentar la interdicción aérea.

Microtráfico en las ciudades. Vamos a construir 50 Redes subregionales de inteligencia en ciudades intermedias y grandes cuyos objetivos de alto valor sean los miembros de estas organizaciones de narcomenudeo

Nuestras propuestas para tener una inversión pública transparente y coherente: El sello del gobierno. Si queremos cambiar las regiones tenemos que empezar por cambiar el centro y su forma de configurarse como epicentro del poder político y económico, así como las formas con las que se relacionan con las regiones. Domesticar el centrismo represivo, fortalecer las ciudadanías y sus formas de acción colectiva, y reducir la presencia diferenciada del Estado y el mercado nos permitirá cerrar las profundas brechas socioeconómicas e institucionales entre las regiones de manera que dejemos de ser tres Colombias y podamos tener un máximo común denominador como Nación Vamos a cambiar la forma de hacer política, no basta con sólo reformar la Constitución y las leyes, el objetivo es modificar sustantivamente las prácticas perversas que han fundamentado el centrismo represivo, clientelista y delegatario del régimen político colombiano.

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¿Cómo lo vamos a hacer?

En materia de financiera nuestro sello será el siguiente: Gobierno sin mermelada. No hay ninguna posibilidad de mejorar la democracia colombiana y construir Estado en las regiones si el presupuesto de inversión regional de la Nación se sigue repartiendo al famoso estilo de la mermelada. El presupuesto de inversión de la Nación se discutirá en audiencias públicas regionales. En esas audiencias los ciudadanos, organizaciones, autoridades locales y congresistas discutirán de forma amplia, transparente y pública la priorización de cada uno de los proyectos que se ejecutarán en las regiones. No más reuniones a puerta cerrada, no más tratos por debajo de la mesa, la presidencia no comprará congresistas para que estos aprueben proyectos del gobierno. El presupuesto será público, se discutirá en las regiones y la ciudadanía podrá participar en la priorización de los proyectos.

Construiremos un sistema de planeación y presupuesto participativo local. Vamos a hacer obligatorio que en todos los municipios y departamentos del país hayan presupuestos participativos, de ahora en adelante la ciudadanía podrá priorizar y decidir en qué y cómo gastarse los recursos públicos. Utilizando los recursos de inversión local, los mandatarios tendrán la obligación de hacer audiencias públicas de priorización de proyectos.

Construiremos un sistema de planeación y presupuesto participativo local. Vamos a hacer obligatorio que en todos los municipios y departamentos del país hayan presupuestos participativos, de ahora en adelante la ciudadanía podrá priorizar y decidir en qué y cómo gastarse los recursos públicos. Utilizando los recursos de inversión local, los mandatarios tendrán la obligación de hacer audiencias públicas de priorización de proyectos.

El gasto público tendrá mejor calidad. Cuatro prioridades tenemos: I) Vamos a sacar adelante un estatuto de subsidios que propenda por la buena focalización de recursos públicos. El país no puede seguir desperdiciando sus recursos en subsidios destinados a las personas de los estratos más altos. Es inaceptable.

II) Vamos a crear un sistema de información para hogares vulnerables que recoja todos los beneficiarios de los subsidios. El sistema permitirá hacer seguimiento al hogar y saber en qué ciclo de vida están sus miembros y qué clase de programas necesitan para continuar hacia la movilidad social.

III) Vamos a consolidar el sistema de presupuesto por resultados. Se acabó la falta de planeación en la ejecución de los recursos públicos. No más partidas globales en el presupuesto. La asignación de los recursos para las regiones se debe hacer con criterios claros y con enfoque de cierre brechas. Los recursos son para las regiones que más los necesitan y no para los políticos que los gestionan en Bogotá.

IV) Construiremos un sistema de seguimiento presupuestal donde se muestre municipio por municipio, lo que se está haciendo con los impuestos que pagan todos los colombianos.

Se sabrá quién lo está haciendo, dónde, cuánto cuesta y el estado de avance.

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Contratación electrónica obligatoria. La contratación electrónica y transparente será obligatoria en todos los entes del gobierno nacional y local. El Sistema de contratación pública no será optativo será la regla. Todos los contratistas y todas las administraciones públicas deberán hacer los trámites contractuales vía electrónica, cada ciudadano podrá hacerle seguimiento y verificar el estado del proceso.

Cofinanciación estatal objetiva. Toda la cofinanciación estatal hacia los entes territoriales será objetiva. No más contratos a dedo. Vamos a publicar en línea, las entidades territoriales beneficiadas, los criterios de evaluación, los puntajes obtenidos y las razones de escogencia.

Findeter, Fonade y demás entidades nacionales no serán fortines políticos sino agencias independientes garantes de inversión social Seguimiento y evaluación de la gestión pública. Vamos a crear una entidad independiente del gobierno que evalúe los principales programas de gobierno, para así poder verificar que se están obteniendo los resultados buscados. Vamos a tomar decisiones basados en la evidencia.

Los programas deberán ser modificados según los resultados de las evaluaciones.

Para cerrar las brechas entre los municipios y departamentos más vulnerables proponemos: Si queremos dejar de ser tres Colombias es urgente invertir estratégica y eficazmente para construir equidad horizontal entre entidades territoriales, para lo cual es indispensable disminuir las brechas y equiparar capacidades institucionales, administrativas y fiscales entre municipios y departamentos.

Vamos a modificar el Sistema General de Participaciones (SGP). Las transferencias de la Nación hacia las entidades territoriales deben incrementarse. El SGP representa en la actualidad el 26% de los ingresos corrientes del país, lo incrementaremos hasta el 33%. El crecimiento anual nunca podrá ser menor a la inflación causada. Hoy el SGP es de $37 billones y debería llegar a $55 billones en 2022. Vamos a modificar la composición de las bolsas sectoriales y vamos a incluir la atención a la primera infancia como un sector autónomo dentro del SGP. Los criterios de distribución de recursos deben modificarse, en la actualidad las transferencias están mal repartidas. Incluiremos criterios de cierre de brechas, pobreza y debilidad institucional como factores preponderantes en la distribución de recursos.

Consolidaremos un sistema de competencias diferenciadas entre municipios y departamentos

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Fondo de Inversiones Estratégicas en Equidad y Desarrollo. La mermelada no puede ser el criterio para repartir los recursos en las regiones. El Fondo de Inversiones Estratégicas en Equidad y Desarrollo tendría como objetivo hacer inversiones exclusivamente de escala subregional (más de 6 municipios en promedio) y regional (más de dos departamentos) con metas específicas para disminuir las brechas socioeconómicas entre el sector rural y rural disperso y entre éstos y la Colombia urbana.

En ese fondo se priorizaría la cofinanciación de proyectos en áreas como: atención integral a la primera infancia, adolescencia y juventud, aumento de cobertura y mejoramiento de calidad en la educación básica, media y superior, incremento en la cobertura de salud y proyectos de salud pública, construcción y mantenimiento de la malla vial terciaria y secundaria, reducir el déficit cuantitativo y cualitativo de las viviendas rurales, aumentar la cobertura en agua potable y saneamiento básico, electrificación rural y desarrollo económico y rural. Para esto se priorizarán los 300 municipios más rezagados.

Fortalecimiento de la tecnocracia local. Implementaremos una política universal de capacitación y fortalecimiento institucional tributaria en los departamentos y municipios con mayores debilidades institucionales. Es necesario construir mejores secretarías de hacienda, de gobierno, mejores secretarías de planeación, fortalecer la planeación participativa, hacer más eficaz y transparente el sistema de contratación local y fortalecer la capacidad de inspección y vigilancia de las entidades territoriales en pro del fortalecimiento de la institucionalidad local.

Gobernanza del suelo. Vamos a proveer el catastro a todos los entes territoriales como bien público desde el Gobierno nacional. Sin ingresos territoriales suficientes es muy difícil proveer la inversión que los ciudadanos necesitan. Aseguraremos inversiones de 2,6 billones de pesos para hacer realidad que en todos los municipios del país haya un sistema catastral actualizado y formado.

La actualización catastral no será un capricho. La cofinanciación nacional estará atada a la existencia de un sistema tributario sólido y eficiente en lo local. El suelo debe ser una de las principales fuentes de ingresos para los municipios. Se debe fortalecer el cobro de predial, plusvalía y valorización.

Nuevo ordenamiento territorial subregional. Construiremos 15 subregiones que agruparán a todos los municipios del país y tendrán como objetivo diseñar y gestionar proyectos de movilidad, servicios públicos, usos del suelo, vivienda y seguridad.

La inversión nacional en el territorio se hará teniendo en cuenta estas subregiones, el DNP dejará de estar anclado en Bogotá y se desplegará en estas subregiones para atender y coordinar la planeación del país desde el territorio. Al interior de esas subregiones se promoverá la asociatividad municipal, la planeación regional, el recaudo tributario y la estructuración de proyectos de inversión de impacto territorial.

Fondo de iniciativas ciudadanas de paz y desarrollo. Recibirá el grueso de los recursos de cooperación internacional. Financiará la formación, educación, empoderamiento, acción, movilización y organización de las comunidades y ciudadanos de los municipios. Permitirá cubrir los procesos de organización y participación ciudadana requeridos para adelantar los procesos de consulta y priorización del presupuesto de inversión regionalizada

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Mandatos anticorrupción ¡Vamos a derrotar a la vieja clase política, su clientelismo, impunidad y corrupción! Gobernaremos cumpliendo los 7 mandatos anticorrupción que hemos exigido con cuatro millones de firmas y haremos realidad con 11 millones de votos el 10 de marzo del año de 2018 Nunca más un voto para un corrupto. Nunca más la quejadera abstencionista. Es con acciones, con el poder de nuestro masivo voto libre que vamos a derrotar la corrupción. Nunca más un voto para reproducir ese círculo vicioso de corrupción, clientelismo e impunidad de los mismos con las mismas que han mal gobernado hasta hoy

Estas son nuestras propuestas: Reducir el salario de congresistas y altos funcionarios. Vamos a reducir el salario de los congresistas de 40 a 25 Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes-SMLV, fijando un tope de 25 SMLV como máxima remuneración mensual de los congresistas y altos funcionarios del Estado.

Reducir el salario de congresistas y altos funcionarios. Vamos a reducir el salario de los congresistas de 40 a 25 Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes-SMLV, fijando un tope de 25 SMLV como máxima remuneración mensual de los congresistas y altos funcionarios del Estado.

Cárcel a corruptos y prohibirles contratar con el Estado. Las personas condenadas por corrupción y delitos contra la administración pública deberán cumplir la totalidad de las penas en la cárcel, sin posibilidades de reclusión especial, y el Estado unilateralmente podrá dar por terminados los contratos con ellas y con las personas jurídicas de las que hagan parte, sin que haya lugar a indemnización alguna para el contratista ni posibilidad de volver a contratar con el Estado.

Contratación transparente en todo el país. Establecer la obligación a todas las entidades públicas y territoriales de usar pliegos tipo, en todo tipo de contrato, que reduzcan la manipulación de requisitos habilitantes y ponderables y la contratación a dedo con un número anormalmente bajo de proponentes.

Inversión pública transparente. Establecer la obligación de realizar audiencias públicas para que la ciudadanía decidan el desglose y priorización del presupuesto de inversión de la Nación, los departamentos y los municipios, así como en la rendición de cuentas sobre su contratación y ejecución.

Rendición cuentas transparente. Obligar a congresistas y demás corporados a rendir cuentas anualmente sobre su asistencia, iniciativas presentadas, votaciones, debates, gestión de intereses particulares o de ‘lobbistas’, proyectos, partidas e inversiones públicas que haya gestionado y cargos públicos para los cuales hayan presentado candidatos.

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Declaración de renta pública. Obligar a todos los electos mediante voto popular a hacer público a escrutinio de la ciudadanía sus declaraciones de bienes, patrimonio, rentas, pago de impuestos y conflictos de interés, como requisito para posesionarse y ejercer el cargo.

No más atornillados en el poder. Límite de máximo tres periodos para ser elegido y ejercer en una misma corporación de elección popular como el Senado de la República, la Cámara de Representantes, las Asambleas Departamentales, los Concejos Municipales y las Juntas Administradoras Locales

Adicional a los siete mandatos anticorrupción, nuestro gobierno se va a caracterizar por: Vamos a ser un gobierno abierto. La ciudadanía podrá revisar los contratos, las ejecuciones presupuestales, el avance de las obras y la ejecución de las metas de forma digital. Nuestro gobierno le va a dar la cara a todos.

Enfocaremos nuestros esfuerzos por construir una cultura de la legalidad no solo en el gobierno sino en toda la sociedad.

Identificaremos los mil cargos directivos clave y serán puestos a concurso de méritos. El clientelismo es la elección de los peores.

Proponemos avanzar en crear un código para lobistas. El cabildeo se hará de forma pública y con reglas claras.

Vamos a crear un programa de recompensas que otorgue beneficios a quienes denuncien actos de corrupción en el sector.

Todas las entidades del Estado deberán tener una ventanilla ciudadana para recibir las denuncias de corrupción provenientes de la ciudadanía.

Crecimiento verde y medio ambiente ¡Todos protegemos y crecemos sosteniblemente en nuestra casa común! En el siglo XXI no será desmovilizar grupos armados sino cambiar la manera de vivir sobre nuestro planeta lo que asegurará nuestra supervivencia y determinará nuestra calidad de vida.

Vamos a construir una Colombia en la que conocemos nuestras riquezas, nuestros ecosistemas, nuestros páramos, en la que les pagamos a nuestros campesinos colombianos por los servicios ambientales que nos prestan; en la que consagramos el agua como un derecho fundamental; en la que organizamos el territorio para vivir sosteniblemente y no para destruir temporalmente.

clopezsenado10@gmail.com

Vamos a construir una Colombia en la que conocemos nuestras riquezas, nuestros ecosistemas, nuestros páramos, en la que les pagamos a nuestros campesinos colombianos por los servicios ambientales que nos prestan; en la que consagramos el agua como un derecho fundamental; en la que organizamos el territorio para vivir sosteniblemente y no para destruir temporalmente.

Lo crucial para prevenir el cambio climático es modificar nuestros hábitos de vida. El crecimiento verde no es un slogan, debe ser un nuevo modelo de desarrollo, que sea el fundamento de la política macroeconómica, territorial, social y productiva del país.

Nuestro gobierno dejará de imponer de manera arrogante, como si fuera un colonizador, su visión de desarrollo a las regiones.

¿Cómo lo vamos a hacer?

En materia de protección ambiental. Vamos a elevar a norma constitucional el derecho fundamental al agua. Avanzaremos en la delimitación y protección de todas las áreas con patrimonio ambiental por eso crearemos un registro unificado para conocer y proteger nuestros páramos y ecosistemas estratégicos. Avanzaremos en la delimitación de los 20 páramos restantes identificados por el Instituto Humboldt. Se Incorporarán mínimo 5 millones de hectáreas al Sistema Nacional de Áreas Protegidas SINAP. Se fortalecerán las alianzas entre los actores del Sistema Nacional Ambiental para para la protección y uso sostenible de los manglares colombianos en ambas costas. En cuanto a los ecosistemas de arrecifes de coral se fortalecerá la protección y recuperación.

De acuerdo al Instituto Humboldt, el 26% de nuestro territorio representa un ecosistema de humedales, por tal motivo es indispensable continuar el reconocimiento de estos sistemas bajo el marco para declararlos de importancia internacional a través del Convenio de Ramsar.

Implementaremos un sistema de incentivos verdes relacionados con el pago por servicios ambientales. Este programa buscará garantizar, en primer lugar, la protección y sostenimiento de ecosistemas estratégicos y en segundo lugar la sostenibilidad de los habitantes en estas zonas. El gobierno colombiano les pagará a las personas que se comprometan con actividades concretas tales como reforestación y mantenimiento de cuencas hídricas.

Para 2022 esperamos haber integrado completamente a 500.000 campesinos que se dediquen al cuidado, mantenimiento y sostenimiento de ecosistemas estratégicos y que esto represente un ingreso digno para ellos.

Implementaremos la metodología de identificación, valoración y gestión de pasivos ambientales regionales en dos subsectores piloto como el del oro y minería de carbón.

Nuestra meta es identificar el 100% las zonas amenazadas por erosión costera y vulnerabilidad de las zonas urbanas.

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Ordenamiento ambiental del territorio. El ordenamiento integral del territorio debe ser realizado desde lo ambiental, determinando las áreas donde sería aceptable desarrollar proyectos de alto impacto. Vamos a instaurar la licencia social en la cual las comunidades tendrán voz y voto para decidir sobre el desarrollo de proyectos de impacto ambiental en su territorio.

Implementaremos los Planes estratégicos de macrocuenca, POMCA, y PMA acuíferos y de esta forma podemos primer un ordenamiento territorial basado en las 326 cuencas que tenemos en el país. Nuestra meta es que el 100% de estas tengan un Plan de Ordenamiento.

Política Nacional de Cambio Climático. El objetivo que tenemos es cumplir las metas relacionadas con las emisiones de gases efecto invernadero: reducir en un 20% con respecto a las emisiones proyectadas para el año 2030. Vamos a formular el 100% de los Planes de Cambio Climático Departamentales.

Con el sector productivo haremos convenios para promover sistemas de producción agropecuaria, forestal y pesquera más adaptados a a las altas temperaturas, sequías o inundaciones. La competitividad va de la mano con la adaptación.

Gestión y prevención de riesgos. Vamos a fortalecer los procesos de la gestión del riesgo, mejoraremos las estaciones de monitoreo del IDEAM y promoveremos procesos de conocimiento, investigación e innovación para la reducción del riesgo. La prevención para por conocer el territorio y tener información suficiente del mismo.

Es fundamental actuar en prevención en las zonas de alto riesgo no mitigable, consolidar los inventarios de viviendas en zonas de riesgo y liderar acciones de reasentamiento o reubicación según sea el caso. Nuestra meta es que el 100% de los POT tengan áreas de prevención identificadas y medidas de mitigación.

Disminución de conflictos ambientales. A través de la participación de los distintos actores sociales en los procesos que generan impactos queremos disminuir los conflictos sociales.

Queremos que haya participación de actores (empresas, ciudadanos, autoridades) en la toma de decisiones en materia ambiental. Vamos a reglamentar un genuino proceso de concertación para el licenciamiento social y ambiental de los proyectos de infraestructura y minero energéticos que permita el balance necesario entre democracia local, sostenibilidad regional y desarrollo nacional.

Deforestación. El reto inicial es que en más de 100 municipios hayan programas de reforestación con especial detalle. Nos enfocaremos en los departamentos de Amazonas, Guaviare, Caquetá, Meta y Putumayo.

Vamos a reducir la tasa de deforestación anual, con el fin de disminuir la pérdida de biodiversidad y conservar la capacidad de los bosques de actuar como sumideros de carbono y proveedores de otros servicios ecosistémicos. Pondremos en marcha un proyecto que permita potencializar actividades productivas sostenibles y el mejoramiento de los medios de vida locales, buscando convergencia entre el bienestar social, económico y ambiental.

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Incentivar el uso de economías verdes. Brindaremos incentivos financieros y tributarios para impulsar empresas que generen beneficios ambientales como la reforestación, restauración, ecoturismo y biotecnología. Aumentaremos la productividad y competitividad de la economía colombiana, a través de cambios en las materias primas empleadas para la producción, el avance de las energías renovables y la cultura de consumo verde.

Hay que seguir avanzando en garantizar fuentes de energía limpias para lograr un crecimiento sostenible. Desde el gobierno promoveremos las compras verdes e implementaremos el Programa Nacional de Biocomercio Sostenible. El sector privado, los hogares y el gobierno deben ser más eficientes en el uso de los recursos no renovales.

Tenemos que ser más productivos, incrementar las energías renovables no convencionales y la eficiencia energética.

Renovación y modernización de la institucionalidad ambiental. Vamos a tomar el toro por los cuernos y hacer la reformar a las CAR. Vamos a modificar sus funciones y sus fuentes de financiación. Las autoridades de Sistema Ambiental serán por fin un actor importante de un gobierno, en el de nosotros.

Desarrollo Sostenible. Se debe avanzar en la reglamentación e implementación de la Ley 1715 de 2014 sobre fuentes no convencionales de energía renovable y gestión eficiente de la energía. Se requiere impulsar la masificación de nuevas fuentes de energía en el sector transporte, como son la electricidad y la ampliación del gas natural vehicular, entre otras.

Se incentivará el transporte multimodal en vías férreas y fluviales (menos de carbón) con el fin de reducir los costos logísticos y de transporte, disminuir tiempos de viaje y mejorar la competitividad y conectividad del sector.

Se implementarán políticas de construcción y urbanismo sostenible que sean compatibles y favorables para el medio ambiente.

Queremos posicionar la bioeconomía como un sector competitivo y que diversifique la oferta exportadora del país.

Todos ponen Estableceremos un sistema tributario progresivo donde los que más tienen más ponen, un presupuesto transparente y una inversión pública incluyente para reducir la vergonzosa desigualdad que nos divide.

Sólo así podremos dar los incentivos para tener una economía diversificada y competitiva que crezca a tasas superiores al 5%. Vamos a reducir los impuestos de las empresas, pero a eliminar todas las exenciones y prebendas que hoy suman $72 billones de pesos y se quedan en los bolsillos de unos pocos suertudos, bien conectados con los poderosos y la Presidencia.

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El Estado por su parte se concentrará en multiplicar la inversión en mejor innovación, ciencia y tecnología pertinente para el conocimiento y desarrollo del siglo XXI, en mejorar la infraestructura, reducir los costos de la energía y la logística, garantizar la profundización del crédito y el mercado de capitales, y eliminar la cantidad de trámites, sellos, permisos que nada controlan realmente y solo son costos de oportunidad y costos de corrupción perfectamente evitables.

Nuestra visión: Nuestros indicadores de éxito. Crecer por encima del 4% es una obligación. La inflación se debe mantener por debajo del 4%. La tasa de desempleo se debe mantener en menos 9% durante los próximos cuatro años. El recaudo de impuestos como porcentaje del PIB debe incrementarse del actual 14% al 18% en 2022.

Cumplir con la regla fiscal debe ser nuestra prioridad. La política fiscal debe ser responsable, no puede haber un desbalance entre los ingresos del Gobierno y los gastos.

La balanza comercial debe volver a terreno positivo, a través de la promoción de nuevas exportaciones.

La ciencia y tecnología pesará cada año u porcentaje más en el PIB del país

Política industrial: Política industria moderna. Vamos a transformar la economía colombiana de una rentista con baja capacidad exportadora a una economía diversificada, basada en nuestras ventajas ambientales, rurales, de conocimiento e innovación, con alta capacidad de integrar nuestras regiones y áreas metropolitanas y de diversificar y duplicar la capacidad exportadora.

La industria debe crecer por encima del promedio del PIB y recuperar participación en la producción nacional. En los últimos años pasó del 16% al 12%. Debemos impulsar nuevamente la industria como un sector clave para la economía colombiana.

Modificar la matriz de exportaciones de Colombia. Hay 30 cadenas productivas que requieren urgente un impulso. Vamos a apoyar de las industrias de: textiles, madera, industria gráfica, agroquímicos, petroquímicos, cosméticos, farmacéutico, cemento, vidrio, metalmecánica, autopartes.

Es prioritario apoyar cadenas productivas con valor agregado que nos permita diversificar la oferta exportadora y crecer de forma constante en productos nuevos exportables.

Construiremos una política que vinculará a productores nacionales con oferentes internacionales. Las barreras técnicas, la falta de información y el exceso de trámites no debe ser trabas para nuestros empresarios

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Industria manufacturera con valor agregado. Vamos a impulsar una política que tenga como objetivo generar valor a la industria manufacturera y de este modo poder dinamizar el mercado local. Llevaremos a cabo acciones que permitan vincular empresas colombianas entre sí para generar valor agregado y lograr su inserción en el mercado local e internacional.

Diversificar el sector productivo. El reto no solo es invertir una balanza comercial que todos los años es más deficitaria, sino que se necesita robustecer y diversificar. La ciencia y tecnología debe ser un aliado del sector productivo. La diversificación pasa por la innovación.

Es por eso que vamos a crear una gran línea de investigación de la mano con Colciencias que tenga por objetivo aumentar la productividad empresarial.

Política para Pymes. Vamos a fomentar las Pymes, darles incentivos necesarios y conectarlas a los mercados nacionales e internacionales. Las Pymes innovadoras tendrán una tasa de renta preferencial por un periodo de tiempo corto.

Acuerdos comerciales. Los acuerdos comerciales que se han firmado en el pasado abren posibilidades inmensas de nuevos mercados y generan unos desafíos enormes al interior del país. La inserción en el mercado global pasar por apoyar decididamente a la industria nacional. Proveer bienes públicos, apostarle a la innovación, mejorar la competitividad y aumentar la productividad serán nuestras prioridades.

Información para las empresas. Toda empresa que quiera exportar o dinamizar su negocio va a encontrar información adecuada, análisis de mercados, trayectorias de consumo y datos sobre preferencias.

Compras públicas y apoyo a proveedores locales. En los procesos de alimentación escolar, transporte escolar, provisión de bienes públicos rurales, entre otros, la prioridad será contratar con los proveedores locales.

Reducción trámites y racionalización normativa. La tramitología puede superarse si usamos la tecnología como aliada para lograr un gobierno eficiente. Podemos eliminar trámites presenciales y volverlos simples actuaciones digitales para mejorar y acelerar la productividad privada.

La racionalización normativa es urgente, el exceso de acuerdos, normas, resoluciones, circulares hacen muy difícil saber qué reglas de juego seguir. Cada sector contará con un programa de racionalización normativa que integre y deseche la normativa inocua.

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Política agropecuaria: Le vamos a cumplir al campo colombiano. El campo será el motor de crecimiento de la Colombia rural. La innovación, la producción, el acceso a mercados y la consolidación de cadenas productivas y la ampliación de áreas sembradas serán nuestros ejes de inversión.

Agro para todos: el pequeño, mediano y gran productor no deben reñir en Colombia. Hay espacio suficiente y habrá políticas diferenciadas orientadas a fortalecer cada sector y promover los productos de cada uno.

Vamos a llevar bienes públicos de calidad a la zona rural, inversión social rápida y pertinente. Nuestros campesinos dejarán de estar arrinconados y olvidados, serán sujetos de derechos y de inversiones.

Infraestructura para la competitividad. Colombia necesita invertir como mínimo 14 billones en los próximos 10 años para transformación e innovación agropecuaria. Necesitamos seguir avanzar en la provisión de los bienes públicos claves: Vamos a estructurar un plan de competitividad agropecuaria que tenga como fin mejorar y construir sistemas de riego, centros de acopio y sistemas de drenaje.

Acompañamiento a las familias campesinas. Vamos a acompañar a las familias campesinas en todo el proceso productivo. Vamos a crear un paquete técnico en tecnificación, producción, comercialización, formalización de la propiedad, crédito y organización y gestión. Cada paquete técnico estará dirigido un equipo de técnicos que acompañarán periódicamente a 50 familias campesinas. Los equipos deben estar conformados por personas que vivan o hayan nacido en los municipios a intervenir.

Hacer realidad las cadenas productivas. Apoyar la inclusión productiva será prioridad en nuestro gobierno. Por eso implementaremos un programa de desarrollo productivo diferenciado y focalizado por región centrado en la asistencia técnica, innovación, formación empresarial, competitividad, asociatividad e inclusión en el mercado a través de alianzas productivas.

Los empresarios y campesinos tendrán información actualizada sobre mercados, tendencias de consumo, acceso a clientes. Vamos a avanzar en la supresión de toda barrera informativa que impida el crecimiento agrícola del país.

Innovación agropecuaria. El campo colombiano tiene enormes oportunidades de crecimiento para eso debemos trabajar incansablemente en derrumbar todas las barreras que nos impiden crecer. En este sentido, vamos a crear un programa dirigido a superar las brechas de productividad en el campo centrado en romper las brechas de productividad existentes. Vamos a sacar adelante el Sistema de Innovación Agropecuaria.

Agro-Verde. Crearemos una línea destina a créditos verdes con el fin de aumentar el área de plantaciones forestales y proyectos verdes sostenibles. Vamos a construir un sistema de información que le brinde a los campesinos alertas tempranas sobre los diferentes riesgos y de esta forma se puedan poner en marcha diferentes estrategias de mitigación o adaptación.

La industria agropecuaria debe poner su granito de arena para la adaptación al cambio climático. Trabajaremos en un plan acorde con los retos que demanda el cambio climático a nivel mundial.

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Capital humano para el campo colombiano. En coordinación con el SENA reforzaremos la formación de técnicos agropecuarios. La tecnificación del capital humano es necesaria si queremos aumentar la productividad y competitividad de nuestros cultivos. En el mediano plazo necesitamos 15 mil técnicos que se encargarán de acompañar al mediano y pequeño campesino en su proceso productivo desde el inicio hasta el final.

Crearemos consorcios universitarios que desarrollarán para la Colombia rural, programas pertinentes enfocados en temas agropecuarios, agroindustriales y de sostenibilidad medioambiental.

Menos conflictos de uso del suelo. Implementaremos una política de ordenamiento del uso del suelo rural que disminuya conflictos, permita aprovechar más eficientemente el suelo y que garantice un incremento en la productividad.

La apuesta de nuestro gobierno en Ciencia y Tecnología: Inversión adecuada y sostenible. Invertir el 1,5% del PIB en CTeI en 2022. Hoy es el 0,3% y se habla que una medición más precisa hace que llegue a apenas el 0,1%. Las regalías son una fuente importante para el sector y los cambios recientes introducidos mejorarán las inversiones. Pero la inversión en CTeI no debe depender de una fuente incierta de recursos que se acabará en unos cuantos años.

Declarar la ciencia y la tecnología como política de Estado. Se debe crear el Conpes de CTel y la política de estado en cuatro ejes: (I) garantizar sostenibilidad y fuentes claros en financiación. La financiación en Ctel no puede bajar de un año a otro; (II) articular las acciones entre el sector privado, público, centros de investigación y universidades; (III) definir las líneas estratégicas de investigación; y (iv) definir mecanismos de transferencia de tecnología entre empresas, universidades y Gobierno.

Darle el lugar a Colciencias. Vamos a incrementar el presupuesto de Colciencias. Debemos invertir en capital humano y también en proyectos de investigación. Colciencias no puede ser un ICETEX. Colciencias debe concentrarse en fomentar y financiar proyectos de investigación y el ICETEX debe financiar programas de posgrado con alto contenido investigativo.

Incentivos tributarios. Los descuentos tributarios a las empresas que inviertan en CTeI estarán vinculados a mejoras verificables en productividad. Los recursos son escasos y debemos destinarlos a mejorar el sector productivo del país.

Más personas vinculado con la Ciencia. Nuestro reto es llegar a 30 PHD por millón de habitantes. Hoy tenemos 7. Alcanzar el 10% de personas con doctorados vinculados a empresas. Hoy es el 0,4%. 400 investigadores por millón de habitantes. Hoy son 189.

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Proyectos pertinentes y priorización de proyectos de investigación. Nunca más proyectos de investigación de 200 o 300 millones atomizados por todo el país. Debemos crear grandes líneas de investigación en los temas que nos interesan como sociedad y que deben ser impulsados desde lo público. Vamos a crear y potencializar fondos sectoriales que financien las siguientes áreas estratégicas: Salud; energías renovables; construcción de paz, movilidad, construcción sostenible y temas urbanos; bioeconomía; medio ambiente y productividad empresarial.

Cofinanciación de proyectos de desarrollo tecnológico e innovación empresarial. A través de Innpulsa, articulado con universidades y centros de investigación, financiaremos proyectos estratégicos empresariales, avalados por Colciencias.

Transparencia en la ejecución de recursos. Vamos a centralizar y hacer público los beneficiarios de los recursos para investigación y haremos un monitoreo constante a la inversión departamental.

Ciencia desde la niñez. La formación en áreas como ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas es una condición necesaria para el desarrollo de capital humano calificado para procesos de investigación e innovación. El programa Ondas de Colciencias o Clubes de Ciencia son un primer paso en la dirección correcta, pero es necesario fortalecerlo y ampliarlo.

Las acciones en infraestructura: Financiación. Para cerrar la brecha en transporte, Colombia debería invertir en los próximos 10 años, el 3% del PIB en transporte. Hoy está en 1,8%.

Garantizar los cierres financieros y la ejecución de los proyectos en marcha. En los últimos años el país ha identificado varios proyectos de trascendencia nacional. El reto para los próximos años radica en garantizar una estructura financiera que haga realidad la construcción y terminación de las obras de infraestructura que el país necesita. En los próximos 10 años se invertirán más de 100 billones de pesos en una multiplicidad de proyectos viales de gran escala.

Como primera medida vamos a continuar con los proyectos en curso y garantizar su ejecución transparente, eficaz y satisfactoria. En segundo lugar, nuestro Gobierno va a centrarse en estructurar modelos financieros que garanticen los cierres financieros de los proyectos que hoy se encuentran en incertidumbre.

Vías 4G. Continuaremos con la puesta en marcha de las vías 4G. Vamos a asegurar que el 100% de los proyectos de la primera ola se hagan realidad. Vamos a trabajar de la mano con las comunidades para avanzar y concretar los proyectos que se encuentran en etapa de consulta previa. Hay que ponerle el acelerador a estos proyectos, asegurar sus cierres financieros y concretar las consultas previas de forma exitosa.

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El país debe seguir en la senda de modernizar su infraestructura vial. Hay más de 15 proyectos que son vitales concretar en el corto plazo, las inversiones requeridas ascienden a más de 30 billones de pesos, de la mano con el sector financiero y de transporte vamos a presentarle al país un programa tendiente a concretar los cierres financieros de esos programas. El sector público y privado serán socios y aliados estratégicos en la modernización vial de Colombia.

El reto en el corto plazo es asegurar mediante fondos de inversión de origen mixto, la construcción de la segunda y tercera ola de las vías 4g. El rol del Estado debe ser mayor, es necesario que una parte del recaudo tributario adicional se destine a financiar las inversiones de infraestructura que el país necesita.

Poner en marcha una verdadera política de transporte multimodal. El país ya cuenta con un Plan Maestro de Transporte Intermodal (PMTI) pero sigue centrando todos sus esfuerzos en el modo vial. 8 de cada 10 pesos del sector transporte se va para las carreteras. Para cumplir con los proyectos priorizados en el PMTI hay que garantizar como mínimo 10,4 billones de pesos de forma anual durante 20 años.

Hay que pasar de la identificación a la factibilidad. Debemos avanzar en el 100% de los estudios de factibilidad de todos los proyectos de la primera década del PMTI y estructurar un modelo financiero mixto que permita iniciar las obras.

En vías terciarias. Colombia debe invertir $48 billones en 30 años. Cada año debemos asegurar un modelo de cofinanciación Nación- entidades territoriales que asegure recursos por 2 billones de pesos. En los próximos 4 años deben mejorarse y adecuarse el 30% de la red terciaria.

En política fluvial. Para el Plan Maestro Fluvial son necesarios $8,8 billones a 2035. Hoy circulan 300 mil toneladas por nuestros ríos, debemos duplicar esto y asegurar que en 20 años lleguemos como mínimo 7 millones de toneladas.

La corrupción no puede hundir el proyecto de navegabilidad del río Magdalena. Vamos a iniciar y garantizar el inicio de las obras con un nuevo socio.

Hoy solo está garantizado la navegabilidad del río Magdalena. Es clave destrabar 13 proyectos identificados, hay que avanzar en la estructuración y factibilidad de al menos el 50% de estos.

Vías férreas. La recuperación de la infraestructura férrea del país no puede durar una eternidad. El PMTI y el Conpes 3882/2017 identificaron algunos proyectos ferroviarios estratégicos, cuyo desarrollo está programado hasta el año 2035.

Nuestra meta es destrabar los proyectos de la primera generación del plan multimodal de transporte: Tren del pacífico, Bogotá – belencito, La dorada – Chiriguaná.

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Planeación a largo plazo. Poner en marcha la Unidad de Planeación de Infraestructura de Transporte creada por el Decreto 946/2014. La Unidad de Planeación llevará cada proyecto hasta la fase de prefactibilidad y emitirá un concepto sobre su esquema de financiación.

Esta unidad será descentralizada en subregiones y fomentará la asociatividad territorial para desarrollar proyectos de red terciaria y secundaria.

Participación ciudadana en la infraestructura nacional. La transparencia y la participación ciudadana en los proyectos de gran impacto nacional dejará de ser un slogan para convertirse en una política de Estado. Implementaremos un programa de audiencias y participación orientado a informar el estado de los proyectos, el monto de las inversiones, el avance de las obras y donde cualquier ciudadano podrá informar cualquier deterioro o falla en las vías.

En materia de logística, carga y transporte: Seguir disminuyendo los costos logísticos. Vamos a Implementar las recomendaciones de la Misión Logística.

Política de equipamiento. Mantener la Política de equipamiento hasta que se equilibre la oferta y la demanda, e implementar la política sobre vida útil en donde los transportadores puedan mantener un ahorro voluntario programado para que los propietarios tengan parte de los recursos para acceder a nuevos vehículos.

El cambio tecnológico y la modernización de la flota no puede ser un lujo. Es necesario crear líneas de crédito para pequeños propietarios de equipos con tasas preferenciales, y realizar un control sobre vehículos con matrículas irregulares para establecer los datos precisos sobre la oferta actual de vehículos de carga.

Sistema de precios. Mantendremos un sistema de referencia de precios el cual no tenga mínimos. Será el mercado y los actores de las diferentes cadenas los que establecerán de forma libre los precios. Será un sistema de libertad vigilada, sin mínimos pero con precios de referencia.

Modelo calidad para la habilitación. Vamos a asegurar que las empresas de carga cuenten con la calidad y la idoneidad para ofrecer sus servicios. Hay más de 3.200 autorizaciones para empresas prestadoras del servicio, pero solo el 51% reportan información regularmente.

Capital humano. Formar a los conductores con competencias laborales acordes con las necesidades del sector bajo estándares empresariales y desarrollar un modelo de seguridad social integral que brinde al sector transporte el acceso a salud.

Trabajo digno. Es prioridad desarrollar un modelo de seguridad social integral que brinde al sector transporte el acceso a salud, pensión y atención de riesgos profesionales.

Peajes electrónicos. En nuestro gobierno los peajes electrónicos en las vías nacionales serán una realidad.

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Política de vivienda:

Nuestro gobierno tendrá tres grandes políticas de vivienda: Construcción de vivienda nueva. La vivienda debe seguir cumpliendo dos funciones: (I) debe ser uno de los sectores que impulse el crecimiento económico, dado que es uno de los que mayores encadenamientos productivos tiene; (II) es determinante en la lucha contra la reducción de la pobreza y la movilidad social.

La política de vivienda estará enfocada en tres frentes: I) Vivienda subsidiada al 50% para las familias pobres, II) vivienda subsidiada al 25% para las familias no pobres pero vulnerables y III) subsidio entre el 5% y 10% según los ingresos de la familia de clase media, a través de: (I) subsidio para la cuota inicial; (II) subsidio a la tasa de interés para reducir las cuotas mensuales.

Haremos una tercera fase de construcción de vivienda por parte del Gobierno. Haremos 200.000 viviendas para la población más pobre y vulnerable. Pero con estos cambios: los recursos públicos son escasos y debemos llegar a la mayor cantidad de familias, por esto el Gobierno pagará la mitad y las familias pagarán la otra mitad a través de un esquema de arriendo con opción de compra. Así la cuota mensual no superará lo que actualmente pagan las familias por arriendo. Las familias beneficiarias deberán ser las más pobres y vulnerables. En las 100 mil viviendas gratis el 57% de la población no era pobre. El Gobierno le dio casas gratis a quienes no la necesitaban.

Mejoramiento de vivienda y de barrios. Impulsar el mejoramiento de barrios y de vivienda.

Los anteriores gobiernos se han enfocado en la construcción de vivienda nueva y han dejado de lado el mejoramiento y el déficit cualitativo. Los dos son muy importantes. Para eso, subsidiaremos el mejoramiento de al menos 100 mil viviendas en todo el país.

Aumentar el espacio público que tenemos alrededor de las viviendas. Hoy tenemos solo 3,4 metros cuadrados de espacio público por habitante y según la OMS este indicador debe ser de 10 metros cuadrados. Para esto debemos: cofinanciar proyectos con las entidades territoriales para la construcción de parques y espacio público de calidad. Impulsar programas de mejoramiento integral de barrios y consolidar ciudades sostenibles, modernas, competitivas y amigables con el medio ambiente.

Vivienda rural. Desarrollaremos un programa de vivienda rural que tenga por objetivo mejorar las condiciones de los hogares rurales. Vamos a diseñar un subsidio de construcción y uno de mejoramiento. Priorizaremos 400 municipios y beneficiaremos como mínimo a 300 mil familias campesinas pobres.

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Nuestras acciones en materia de agua - alcantarillado – acueducto: Agua. La cobertura del servicio de agua potable debe ser superior al 95%. Hoy es 89%. Vamos a construir acueductos veredales para seguir conectado a los más de 3 millones de habitantes de la zona rural que no tienen servicio de agua potable. Hoy la cobertura de la zona rural es del 73%.

El agua es un derecho fundamental y todos los colombianos deben acceder al servicio público en las siguientes condiciones: (I) disponibilidad, el abastecimiento de agua de cada persona debe ser continuo y suficiente para los usos personales y domésticos; (II) calidad, el agua necesaria para cada uso personal o doméstico debe ser salubre, y por lo tanto, no ha de contener microorganismos o sustancias químicas o radioactivas que puedan constituir una amenaza para la salud de las personas; y (III) accesibilidad, el agua y las instalaciones y servicios de agua deben ser accesibles para todos, sin discriminación alguna.

Saneamiento básico. La cobertura de alcantarillado debe estar por encima del 90% para 2020. Hoy es el 85%. Vamos a construir infraestructura para la zona rural, que sea pertinente y tenga en cuenta el contexto geográfico. Para esto la inversión en CTeI es fundamental para identificar nuevas tecnologías para el suministro de estos servicios públicos de forma adecuada.

Debemos impulsar un programa de construcción y puesta en funcionamiento de plantas de tratamiento de aguas residuales en todo el país. No podemos continuar contaminando nuestros ríos, hoy el 63% de las aguas urbanas que se vierten a los ríos no tiene ningún tratamiento.

Reciclaje y manejo de residuos sólidos. Duplicar los residuos reciclados. El país debe tener una política seria de aprovechamiento de residuos sólidos. Hoy solo reciclamos el 17% de los residuos que producimos. Para esto: crearemos un programa piloto en 100 municipios del país, donde se incluyan a todos los actores y se reciclen la mayoría de los residuos generados. Para luego extenderlo a todo el país. La cultura del reciclaje debe ser desde el colegio. Los niños deben formar a sus padres en reciclaje.

Todos los municipios deben cumplir con unos estándares para la disposición y aprovechamiento de los residuos. Hoy hay más de 250 municipios que no tratan adecuadamente los residuos sólidos que producen.

Nuevos Ingresos - Sistema Tributario: Duplicar el recaudo de impuestos en los próximos 10 años. Pasar de recaudar el 14% al 28% del PIB en los próximos 10 años para la inversión pública de calidad en salud, educación, desarrollo regional y rural, ciencia, innovación y exportación y equidad para todos, en especial para nuestros niños, mujeres y jóvenes a quienes vamos a rescatar para que no sean una generación perdida.

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Reducir impuestos a las empresas. El país no puede seguir haciendo una reforma tributaria cada 3 años, genera incertidumbre y desequilibrios en las reglas de juego. Vamos hacer un pacto de largo plazo con los empresarios colombianos. Vamos a crear un impuesto único a las utilidades empresariales del 33% y a eliminar todas las exenciones innecesarias e ineficientes. Las tarifas actuales no son competitivas, para construir un sistema tributario eficiente reduciremos los impuestos de las empresas y quitaremos todas las exenciones que no generen valor agregado.

Exenciones mínimas. Las exenciones nos están saliendo muy caras. Hay 72 billones de pesos que están exentos de cualquier impuesto. Debemos construir un régimen de incentivos tributarios con base en metas verificables en cuatro áreas: I) Innovación, II) empleo, III) productividad e IV) incremento en exportaciones Fiscalización y fortalecimiento de la DIAN. Vamos a fortalecer a la DIAN y concretar un programa real contra los evasores de impuestos. Si tecnificamos a la DIAN y la fortalecemos regionalmente podemos recaudar 5 billones adicionales por medidas de fiscalización.

Vamos a Implementar una política integral de recursos humanos en la DIAN y asegurar la actualización de su infraestructura tecnológica. Es urgente avanzar en la calidad y en los procesos meritocráticos al interior de la DIAN. Vamos a Poner en marcha la Escuela de Altos Estudios de la Administración Tributaria, Aduanera y Cambiaria, creada por la Ley 1819/2016 y a consolidar el sistema de carrera meritocrática Reducir el IVA. Con las medidas que vamos a implementar es totalmente posible, reducir un punto del IVA a partir del 2020. La reforma tributaria de Santos deprimió el consumo y afectó de forma grave a las personas de bajos ingresos. Hay que reducir el IVA de forma progresiva y reactivar el consumo de los colombianos.

Dividendos. El país debe expandir el impuesto a los dividendos, para que los dividendos girados a todas las personas, jurídicas o naturales. Lograríamos recaudar 600 mil millones adicionales por año.

Recaudo local. Las entidades territoriales deben incrementar su recaudo. Podemos aumentar 4 billones de pesos el recaudo local. Al año podría ser 1 billón adicional. Vamos a proveer el catastro a todos los entes territoriales como bien público desde el gobierno nacional.

Sin ingresos territoriales suficientes es muy difícil proveer la inversión que los ciudadanos necesitan. Aseguraremos inversiones de 2,6 billones de pesos para hacer realidad que en todos los municipios del país haya un sistema catastral actualizado y formado. La actualización catastral no será un capricho. La cofinanciación nacional estará atada a la existencia de un sistema tributario sólido y eficiente en lo local.

Vamos a disminuir la discrecionalidad en las tarifas del predial, de acuerdo a las categorías y a los diferentes tipos de uso deben existir tarifas únicas y justas y establecer criterios muy restrictivos para hacer exenciones tributarias.

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Implementaremos una política universal de capacitación y fortalecimiento institucional tributaria en los departamentos y municipios con mayores debilidades institucionales. Es necesario construir mejores secretarías de hacienda, de gobierno, mejores secretarías de planeación, fortalecer la planeación participativa, hacer más eficaz y transparente el sistema de contratación local y fortalecer la capacidad de inspección y vigilancia de las entidades territoriales en pro del fortalecimiento de la institucionalidad local.

Penalizar con cárcel real la evasión y elusión de impuestos. Vamos a reducir el umbral que creó la ley 1819/2016. Solamente serán castigados aquellas personas que evadan impuestos por más de $5.000 millones. El umbral lo vamos a reducir de $5.000 millones a $1.000 millones.

Progresividad en las pensiones. Gravar con impuesto a la renta las pensiones por encima de los 10 millones de pesos.

Política arancelaria. Proponemos construir una política arancelaria única, que elimine la dispersión tarifas y categorías, fomente la competitividad y propenda por tarifas únicas. Un estatuto arancelario nacional será nuestra meta para dinamizar el comercio exterior y eliminar las barreras que dificultan el intercambio comercial

Política de energía:

Cambiar la matriz energética colombiana. Será la apuesta de nuestro gobierno. El petróleo se está acabando, es una realidad. Tenemos que explotar al máximo nuestro patrimonio energético y nuestras ventajas comparativas. Es por eso que: I) La matriz de generación debe basarse en nuestros verdaderos activos: hay que invertir más en energía eólica, solar, térmica y más energía renovable distinta al agua, para así ajustar los mecanismos de manejo del riesgo y los efectos del cambio climático. II) Hay que fomentar la producción de energía termoeléctrica a precios competitivos. Hoy las hidroeléctricas representan el 64% de la matriz. Con el cambio climático, que el 64% de la energía sea producida por el Agua, es un riesgo innecesario.

El cambio energético no es un capricho, es una necesidad, es una obligación, es el reto que tenemos para dejarle a nuestros hijos y nietos un mejor país Invertir en el desarrollo de nuevas tecnologías para explotar más eficientemente el carbón a través de la carboquímica. Es menos contaminante y aprovechamos uno de los recursos no renovables que más tenemos, pero con un balance con el medio ambiente.

Aumentar la generación a través de energías renovables. Representa una oportunidad para crecer en ese sector. Se debe invertir en ciencia y tecnología para desarrollar nuevas tecnologías. Hoy representan menos del 1% de matriz de energía. Podemos llegar a 15%. Si bien ya existe la ley 1715, que incentiva el uso de las energías renovables, no hay una política energética y un marco regulatorio que les permita jugar en igualdad de condiciones con los generadores de energía tradicional.

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Es urgente que consolidemos una economía baja en carbono. Vamos a cumplir y a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero del país 20% con relación a las emisiones proyectadas a 2030.

Garantizar subsidios de energía a los estratos 1,2. Garantizar como mínimo 1,8 billones de pesos para subsidiar a los hogares más vulnerables de Colombia.

Acabaremos con la modalidad page y sufra. Los comercializadores deben cumplir con estándares de calidad verificables en materia de disponibilidad de energía, continuidad en la prestación, y facturación.

Expansión de la cobertura. Para la lograr la universalización del servicio especialmente en el sector rural y en las Zonas No Interconectadas es urgente que sigamos avanzando en la conectividad a 3 millones de personas que en la actualidad no tienen acceso a energía.

Ahorrar paga. Profundizar las políticas para promover la eficiencia y el uso racional de la energía. Podemos reducir hasta un 5% el consumo de energía en los hogares con campañas de promoción y de uso eficiente de los recursos naturales.

Establecer de un cargo por confiabilidad diferenciado. Según el tipo de tecnología de generación de energía, establecer un cargo por confiabilidad diferenciado que fomente el uso de energías alternativas.

Potencializar la internacionalización. Podemos seguir avanzando en la discusión del Sistema de Interconexión Andina, para tener mercados potenciales en Perú y Chile. Se debe hacer viable el proyecto de interconexión con Panamá e incrementar el mercado hacia Ecuador.

Transformar los residuos sólidos en energía. Impulsaremos la economía circular. Los desechos de los rellenos sanitarios pueden ser vistos como materia prima para generar energía.

Política minero-energética: Reglas claras - incertidumbre cero. Vamos a reglamentar un genuino proceso de concertación para el licenciamiento social y ambiental de los proyectos de infraestructura y minero energéticos que permita el balance necesario entre democracia local, sostenibilidad regional y desarrollo nacional. Vamos hacer realidad la licencia social. Colombia no está entre los 25 países más productores de petróleo, pero es el segundo país en el mundo con más conflictos ambientales.

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Fomentar el refinamiento. Seguir a todo vapor con REFICAR: La industria en 2016 creció 3,5%, de estos, 3 puntos los explica el crecimiento de REFICAR. Buscaremos el cierre financiero de la Refinería de Barrancabermeja.

Empujar al máximo a Ecopetrol. El proceso de ajuste en Ecopetrol no fue sencillo: los ingresos y la inversión cayeron. Nos debemos concentrar en diversificar negocios.

Los resultados en petróleo no han sido los mejores, pero los del gas han sido fabulosos. El sector de gas natural en Colombia luce promisorio en los próximos años gracias a los recientes hallazgos en la costa caribe colombiana; y a los nuevos planes de inversión. Es clave mejorar en infraestructura para gas. Vamos a acelerar la construcción de la infraestructura en puertos para lograr aumentar la importación de gas licuado, así mismo acelerar la construcción de la infraestructura de almacenamiento para acumular los excedentes de gas natural logrando así suministrar el combustible cuando la oferta sea inflexible. Hay 8 millones de usuarios de gas en Colombia. La demanda crece 2,2% anual, podemos y tenemos el potencial para duplicar esa cifra en cuatro años.

Plan de modernización de la infraestructura. Vamos a adelantar un plan para mejorar la infraestructura del sector minero-energético.

La minería que se desarrolla en Colombia deberá ser viable de una manera incluyente que garantice la integridad cultural de acuerdo con las prácticas ancestrales de las comunidades locales, y deberá entenderse como una actividad que crea valor compartido con las comunidades y regiones donde opera, y en la que se administra la riqueza proveniente del recurso natural para beneficio de todos los ciudadanos. Esta minería incluyente deberá contar con políticas públicas, una reforma de código de minas y prácticas empresariales basadas en el principio de valor compartido con los habitantes y el territorio, otorgando especial importancia a la sostenibilidad ambiental.

Combatir la minería ilegal y la actividad extractiva criminal a través de una política nacional diferencial a nivel regional, con el objetivo de tener en cuenta la especificidad de las regiones.

Se trabajará en conjunto entre las autoridades nacionales y las regionales, así como de las empresas formales con las comunidades.

Economía digital: El objetivo que tenemos es el mejoramiento de la calidad de vida de los colombianos aprovechando las oportunidades de un mundo digital.

Más y mejores competencias para un mundo digital. Vamos a generar competencias y capacidades para sacar provecho del mundo digital. Necesitamos 100 mil profesionales TIC para suplir la demanda de la economía digital. Los colegios deben estar conectados. La educación en un mundo digital hace incrementar las competencias de nuestros niños y niñas.

La tecnología en las aulas promueve la innovación, el liderazgo y generan un mayor conocimiento.

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Proponemos que una parte del impuesto a los datos móviles debe dirigirse a financiar programas que mejoren las competencias digitales de nuestros jóvenes.

Economía digital. Nos enfocaremos en promover nuevos negocios basados en la economía digital y colaborativa. Hoy hay 83 mil personas que trabajan en la economía de las aplicaciones. El país puede crear 80 mil nuevos empleos en este sector. Vamos a transformar digitalmente diez sectores de la economía.

Construcción de una política pública de emprendimiento y economía digital. Hoy el comercio electrónico en Colombia representa el 2,6% del PIB. En el corto plazo este sector puede crecer fácilmente entre 15% y 20%. Es vital promover una cultura digital al interior de las empresas y avanzar en una política que fomente la inclusión digital del sector privado.

Gobierno digital y eficiente. Nuestra meta es consolidar el desarrollo regional y territorial colombiano basado en la adopción de tecnologías digitales. Vamos a tener servidores públicos digitales. En nuestro gobierno capacitaremos a más de 6 mil servidores públicos en tecnologías de las comunicaciones.

La tramitología puede superarse si usamos la tecnología como aliada para lograr un gobierno eficiente. Podemos eliminar trámites presenciales y volverlos simples actuaciones digitales para mejorar y acelerar la productividad privada.

Vamos a hacer realidad la historia clínica electrónica. La contratación electrónica será una obligación. Avanzaremos en una política que tenga por objetivo hacer más eficaz el control tributario. En ese sentido la factura tributaria será una obsesión y una prioridad desde el día 1 de gobierno Aumento y consolidación de la infraestructura tecnológica del país. Es urgente que aumentemos la velocidad de internet, podemos pasar de 5mbps a 9mbps en el corto plazo

Financiación y emprendimiento empresarial: Apoyo empresarial decidido. Vamos a fomentar un programa de apoyo empresarial orientado a apoyar el crecimiento de empresas de alta productividad, con especial énfasis en empresas jóvenes y en empresas pequeñas.

Potenciar el Fondo Emprender: En 2016 el Fondo Emprender apoyó a 622 empresas. En nuestro gobierno vamos a aumentar el apoyo y a enfocarlo en empresas jóvenes con alto potencial de crecimiento. Debemos apoyar a mínimo 1.000 empresas. El acompañamiento será integral, vamos a estar desde el inicio hasta la maduración de la empresa.

El Estado debe ser socio de los emprendedores. A través del Fondo Nacional de Garantías haremos alianzas estratégicas con emprendimientos regionales para hacerlos posibles y servir como socio estratégico en su desarrollo.

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Fondos de capital privado. Queremos promover la creación de fondos de capital privado orientado a financiar capital semilla de empresas jóvenes.

Promoción del emprendimiento. A través de Innpulsa lograremos establecer una política regional diferenciada de apoyo a los proyectos jóvenes. Dependiendo la región, el riesgo y el impacto esperado crearemos programas diseñados para todo tipo de emprendimiento.

Debemos identificar mil emprendimientos y vincularlos con fondos de emprendimiento privado Continuar con el acceso de las personas más Vulnerables al programa de Banca con Oportunidades. Fortaleceremos la inclusión financiera prioritariamente a nivel rural.

Todos estudiamos, todos trabajamos, todos ahorramos Todos estudiamos, todos trabajamos, todos ahorramos para la vejez, ¡todos! Nunca más una Colombia que produce 600.000 ninis al año, es decir hombres y mujeres jóvenes entre los 16 y 24 años que ni estudian ni trabajan.

Además de nuestro nuevo contrato social, en adelante todos los subsidios de jóvenes y familias en acción serán subsidios condicionados a que esas mujeres, no sólo sus hijos, terminen su ciclo educativo, se formen para el trabajo y obtengan un empleo.

Con jóvenes y mujeres de familias en acción que completen su ciclo educativo, podrán encontrar un empleo o iniciar un emprendimiento. Cuando se empleen, el Estado mantendrá el subsidio como parte del salario y cubrirá su aseguramiento en salud, de manera que para el empleador la carga laboral sea menor, pague el resto del salario y la contribución para pensiones y cesantías.

Vamos a multiplicar y formalizar el ingreso al mercado laboral de jóvenes y mujeres, con salarios dignos para el presente y capacidad de ahorro para la vejez.

Vamos a desactivar la bomba demográfica y pensional y a eliminar la horrorosa inequidad en la que nos gastamos $41 billones de pesos para que menos de 3 millones de colombianos se pensionen.

Construiremos un sistema de seguridad social de pilares con un seguro de salud pública y vejez modesto, pero de calidad y universal, y un adecuado sistema mixto de incentivos para el ahorro individual y colectivo para el retiro y la vejez.

¿Cómo lo vamos a hacer?

En materia de empleo: El empleo crece. Nuestro gobierno impulsará múltiples medidas para reactivar y poner a flote la economía colombiana. Las diversas inversiones y planes que tenemos en materia de educación, salud, infraestructura, política industrial, agropecuaria y energética asegurarán la creación de empleos dignos de calidad.

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Generación de empleos de calidad. Consolidaremos la bolsa de empleo del sector público, donde estarán publicadas todas las vacantes del Gobierno nacional y de los gobiernos locales. El sector privado es un aliado fundamental en la reducción del desempleo. Haremos alianzas con la empresa privada para que vinculen a los beneficiarios de los programas de formación para el trabajo.

Demos garantizar que el salario mínimo sea una realidad. Hoy el 23% de los ocupados reciben hasta medio salario mínimo, y el 25%, entre medio y un salario mínimo. Es decir que cerca de la mitad de los trabajadores gana un salario mínimo o menos. El problema del salario mínimo es que ni siquiera es lo que ganan como mínimo los colombianos.

Acceso a trabajos dignos. El Estado seguirá subsidiando la salud del primer empleo o empleo de mujeres siempre y cuando el empleador asuma la pensión y las cesantías.

Vinculamos capital social al mercado laboral y reducimos costos laborales. El régimen subsidiado en salud se mantendrá por 2 años, mientras la persona estabiliza sus ingresos.

La población beneficiaria de subsidios tendrá acceso preferente a programas de empleabilidad. Mantendremos el programa de familias en acción, pero de ahora en adelante los subsidios estarán atados a la empleabilidad de los titulares del programa. Proponemos que el programa incorpore dentro de su oferta la formación educativa y para el trabajo y la empleabilidad de las mujeres. Para tal fin, las mujeres titulares del programa tendrán: acceso preferente a programas de educación y programas de formación para el trabajo.

Estos programas estarán orientados a garantizar de forma progresiva el acceso a la educación, al financiamiento de proyectos de emprendimiento laboral y a la búsqueda de la estabilidad laboral. A las madres que consigan empleo les seguiremos financiado la salud hasta por dos años con el fin de garantizar su estabilización laboral En el marco del programa se implementará un programa de bienestar comunitario basado en un conjunto de actividades para impulsar las capacidades individuales y colectivas de las familias beneficiarias. Estos programas se enfocarán principalmente en educación sexual y reproductiva, educación nutricional y formación financiera.

Educación de los jóvenes. Garantizaremos de forma progresiva a los jóvenes beneficiarios que culminan el bachillerato acceso preferente a programas de educación superior. El programa será apoyado y acompañado por Instituciones Educativas del Gobierno.

Seguro de desempleo. Con cargo a los intereses de las cesantías se financiará un seguro de desempleo para los trabajadores formales. Esto no implica recursos por parte del Estado, el empleado o los empresarios. Para acceder a este beneficio, el trabajador deberá tener acumuladas, por lo menos, las cesantías de un año. De esta forma, los trabajadores formales contarían con un paquete de protección frente al desempleo conformado por las cesantías, el mecanismo de protección al cesante y el seguro de desempleo.

Servicio público de empleo la prioridad. El clientelismo es la elección de los peores. Entre julio de 2015 y junio de 2016, el Sistema público de empleo registró 761 mil vacantes, de las cuales 356 mil fueron ocupadas (esto equivale al 15,8 % del número de desempleados promedio en 2016), y 1 millón 787 mil hojas de vida. Debemos llegar a 1,5 millones de puestos de trabajo tramitados por el sistema público de empleo.

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Empleo público transparente. No más contratos de prestación de servicios en las entidades públicas. El empleo público debe ser el ejemplo de formalización laboral y calidad del empleo. Vamos a consolidar un empleo público moderno y competitivo. El sector público debe atraer a los mejores. Los concursos serán la regla no la excepción. Vamos a hacer una reforma profunda al Comisión Nacional del Servicio Civil, para que los concursos sean ágiles y eficientes.

Beneficios cajas de compensación. Los beneficios brindados por las cajas de compensación deben ser extendidos para toda la población trabajadora, incluidos los informales. No deben ser solo para la población formal. Las cajas de compensación son la puerta de entrada para mostrar los beneficios de la formalización a los empleados. Se debe crear una oferta de servicios para la población informal, para que acceda a los servicios sociales en las mismas condiciones que accede la población formal.

Cierre de brechas de capital humano. Avanzaremos en las acciones definidas por el CONPES de política de desarrollo productivo para el sector trabajo. Identificaremos las brechas de capital humano en cada sector y estructuraremos un plan de mediano plazo para su cierre y posterior aplicación a nivel territorial Crearemos el Consejo nacional de desarrollo. Estará conformado por los principales actores sociales, sindicatos y empleadores para discutir y concertar políticas de desarrollo económico y social. Tendrá competencia deliberativa en los temas que afecten el mercado de trabajo, la regulación de los negocios y la protección social, la determinación del salario mínimo y medidas que afectan el nivel y el aumento de los subsidios.

Teletrabajo. Vamos a crear un programa que privilegie la innovación y el uso de las tecnologías de la comunicación. El gobierno será un ejemplo de esto, las personas de forma periódica podrán trabajar desde sus casas y atender desde allí todos sus compromisos laborales.

Regularemos los contratos de prestación de servicio. Nuestra decisión es tener empleos dignos, nunca más pagar para que nos paguen. La dignidad laboral será un pilar transversal de nuestro gobierno.

En materia de ahorro y pensiones: Avanzaremos hacia un sistema de pilares. El principal objetivo deber ser la consolidación de un sistema multipilar en el cual no exista competencia entre los diferentes pilares y en el que todos los segmentos poblacionales tengan una opción disponible para la vejez.

Crearemos tres pilares. Primer pilar: Colombia mayor; segundo pilar: Beneficios Económicos Periódicos y el tercer pilar será un sistema complementario entre el régimen de prima media y el de ahorro individual La progresividad de los subsidios y la sostenibilidad del sistema deben ser los principios que guíen este proceso.

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Primer Pilar - Colombia Mayor. Aumentar Colombia mayor (pilar no contributivo) a 2 millones de beneficiarios. Hoy en día el programa Colombia Mayor puede ser expandido a una gran mayoría de adultos mayores en el corto plazo como un beneficio antipobreza extrema o moderada. Alrededor de 1,5 millones de adultos mayores actualmente está recibiendo el subsidio.

Sin embargo, el monto de la transferencia está por debajo de la línea de pobreza (entre 40.000 y 75.000 pesos al mes).

Vamos a duplicar la transferencia en los próximos 4 años para que sea alrededor del 15% del salario mínimo ($100 mil pesos). Esto es $1,1 billones adicionales al costo actual del programa.

Segundo Pilar - BEPS. Ampliar el esquema de protección a la vejez, de manera que los sujetos de devolución de saldos e indemnización sustitutiva sean parte de Beneficios Económicos Periódicos (BEPS) obligatoriamente. Actualmente, el 65 % de la población en el Régimen de Prima Media recibe una indemnización sustitutiva y el 82 % en el RAIS recibe devolución de saldos.

Por lo tanto, esta población debería recibir el subsidio de BEPS (20% sobre el valor ahorrado) y con el valor resultante entre los recursos de devolución de saldos o indemnización sustitutiva y el subsidio, contratar una renta vitalicia. El valor mínimo de este esquema sería el del subsidio entregado por Colombia Mayor.

Lograr establecer los incentivos correctos implica modificar el esquema de BEPS, para que tenga progresividad a partir del ahorro realizado. Es decir, únicamente para este segmento poblacional el subsidio será mayor en la medida que las personas ahorren más o cuenten con un mayor valor de devolución de saldos o indemnización sustitutiva.

Tercer Pilar - Complementariedad Prima media y Ahorro Individual. El Régimen de prima media actuaría como un pilar base de beneficio definido y el régimen de ahorro individual RAIS como complemento de ahorro individual. La gente podría cotizar hasta 2 salarios mínimos en Colpensiones, lo adicional se cotizaría en el régimen de ahorro individual En la parte de desacumulación, Colpensiones otorgaría un beneficio por hasta 2 salarios salarios mínimo y el ahorro en las AFP se convertiría en un complemento sobre estos.

Un sistema de pilares tiene como ventajas que reduce parcialmente los subsidios a los afiliados de ingresos altos, facilita la etapa de des-acumulación en el entorno privado. Sin embargo, dependiendo de los parámetros elegidos, podría trasladar recursos al Estado en el corto plazo con un posible costo fiscal elevado en el largo plazo y podría drenar de recursos al sector financiero.

Fortalecer inspección y vigilancia. Alrededor de 1,3 millones de personas que no cotizan al sistema pensional devengan más de dos SMMLV (GEIH, 2016). Por ende, es necesario identificar las acciones productivas de esta población y hacer vigilancia constante con las diferentes agencias estatales con competencia en esta materia.

Flexibilizar los requisitos para acceder al fondo de garantía de pensión mínima. La cobertura a corto plazo también se podría mejorar con la flexibilización de los requisitos para acceder al fondo de garantía de pensión mínima en combinación con la obligatoriedad del afiliado de obtener una pensión por retiro programado.

Una reducción a 1.000 o 900 semanas como requisito para acceder al FGPM generaría un amento de cobertura de 1,8% y 12,6% puntos porcentuales, respectivamente, para 2050, siempre y cuando se implemente en conjunción con la obligatoriedad de acceder al FGPM.

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