BOGOTÁ SE RESPETA
ALIANZA
BOGOTÁ
MARZO 2015
EDICIÓN
03
Claudia López - Angélica Lozano - María Fernanda Rojas
La comida chatarra nos está matando La concejala María Fernanda Rojas propone regular alimentos poco saludables en los colegios y parques públicos. 880 mil estudiantes a merced de este enemigo silencioso. Los colombianos cada vez sufren mayores problemas de salud asociados a la mala alimentación. La cifras son contundentes y las acciones del gobierno muy tímidas. Promover una alimentación saludable, prioridad de trabajo en 2015. Pág. 2
Un “combo” de hamburguesa doble queso con papas, gaseosa y postre puede contener hasta 2.500 calorías, 500 más de las recomendadas.
Por fin: Jóvenes a graduarse sin cuartel
Somos una bancada
Una iniciativa de Angélica Lozano permite a los hombres que no tienen este documento Pág. 3 graduarse de la educación superior.
Fin a los negocios con las Universidades El debate sobre educación de Claudia López y Antonio Navarro en el Senado desencadenó la acción de las autoridades en contra los negociantes de la educacion. Pág. 5
Trabajamos para usted en el Concejo, el Senado y la Cámara
Estos estudiantes podrán obtener su título gracias a la Ley 1738 de 2014 aprobada en el Congreso.
¡Conozca nuestra gestión!
La San Martín, institución intervenida por el gobierno nacional.
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BOGOTÁ SE RESPETA
BOGOTÁ SE RESPETA
¡A soltar ese pedazo de pollo frito! Los niños y niñas bogotanos están a merced de la peor dieta posible en pleno ciclo de desarrollo. Por eso proponemos la regulación de la comida chatarra en colegios y parques públicos. Por María Fernanda Rojas
Preferencias alimenticias de los colombianos:
Concejal de Bogotá @MaFeRojas
- 33%
NO consume frutas diariamente.
En un proyecto de acuerdo que presenté al Concejo, propuse prohibir la venta de gaseosas y restringir la comida chatarra en las tiendas de los colegios y parques públicos de Bogotá. No es un capricho: buscamos que los bogotanos gocen de una mejor salud y calidad de vida. La primera causa de muerte en Colombia es la enfermedad cardiovascular (OMS) y la mitad de los colombianos padece de sobrepeso, uno de los principales antecedentes relacionados con esa enfermedad. El panorama no es alentador: 1 de cada 3 personas no consume frutas y 5 de cada 7 no comen verduras diariamente; en contraste 1 de cada 4 escoge comidas rápidas semanalmente y 1 de cada 5 toma gaseosas cada día. Las comidas favoritas de los colombianos, según la última encuesta de preferencia de alimentos de Ibope Colombia, tienen altos contenido de calorías, grasas, azúcares y sal y su consumo en exceso es un factor que pone en riesgo la salud. Un “combo” de hamburguesa doble queso con papas fritas, gaseosa y postre puede contener hasta 2.500 calorías, 500 más de la cantidad de ingesta diaria recomendada. El año pasado gastamos 13 billones de pesos en gaseosas y bebidas azucaradas. Aunque ese consumo genera empleos, los impactos para la salud pública son contraproducentes. La combinación de inactividad física
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- 71% NO consume hortalizas o verduras al día.
- 7% consume embutidos todos los días.
- 24%
consume comidas rápidas semanalmente.
- 22%
consume gaseosas o refrescos diariamente.
Con esta dieta, las enfermedades cardiovasculares, hipertensión, cuadros glicémicos, lipídicos y diabetes serán inevitables.
y el consumo recurrente de comida chatarra es fatal. Por desconocimiento o por desinterés, los ciudadanos no son conscientes de los daños irreversibles que generarán mañana sus malos hábitos alimenticios de hoy. Con esta dieta, las enfermedades cardiovasculares, hipertensión, cuadros glicémicos, lipídicos y diabetes serán inevitables. Los esfuerzos por promover hábitos de nutrición saludable no servirán, mientras en las cafeterías de los colegios los niños solo encuentren empanadas con ají, papas rellenas, perros calientes, hamburguesas, salchipapas, gaseosas y paquetes. Otros países ya regulan e incluso prohíben la publicidad y el consumo de alimentos con alto contenido de grasas, sales y azúcares; o restringen el tamaño de las porciones y presentaciones
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de algunos alimentos que afectan la salud. En Colombia debemos avanzar en la misma dirección. Ya está vigente la ley 1355 de 2009 para controlar, atender y prevenir la obesidad, pero sus resultados son decepcionantes. En mayor riesgo están los niños.
Tiendas escolares de colegios publicos deben ofrecer comida saludable para los niños y niñas Algunos colegios privados de Bogotá ya restringen la venta de gaseosa y los “paquetes” están prohibidos para los niños de primaria. Pero los 880 mil niños y niñas de los colegios públicos están a merced de este enemigo
silencioso en pleno ciclo de desarrollo físico e intelectual. En cualquiera de los 360 colegios distritales visitar la cafetería es constatar que la única oferta disponible es la más alta en calorías, grasas, azúcares y sal. En los parques públicos la historia es la misma. Puede que esos productos sean los más rentables para quienes usufructúan esos negocios, pero no para la salud de niños y niñas, la mayoría de los cuales serán pacientes crónicos del inoperante sistema público de salud cuando sean adultos. Para prevenir y mejorar la salud insistiré en restringir el consumo de comida chatarra. Angélica Lozano y Claudia López regularán también el tema por ley en el Congreso.
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Por fin: Grado sin Libreta militar En la mira cobro injusto por ‘compra’ de la libreta y barrera para trabajar. Angélica Lozano Representante a la Cámara @AngelicaLozanoC
Desde el 18 de diciembre, entró en vigencia la ley 1738. Gracias a ella, el sueño de ser profesionales no es truncado por falta de libreta militar. Necesitamos jóvenes trabajando y no varados en un andén esperando a tener el dinero para ‘comprar’ la libreta. Con esta iniciativa, a partir de este año la Dirección de reclutamiento del Ejército debe expedir en forma ágil este documento a los estudiantes, sin absurdos como la exigencia de presentaciones periódicas durante la carrera o la obligación de costear un documento provisional. ¡Pilas!: en el sector privado tampoco la pueden exigir. La ley 2150 de 1995, artículo 111, eliminó el requisito. Por eso, hemos pedido al Ministerio de Trabajo sancionar a las empresas que insisten en este abuso que afecta el derecho al trabajo. Nuestro reto ahora es impedir los negocios turbios alrededor de la compra de la libreta. Hoy, la cruda realidad para muchos jóvenes consiste en madrugadas y filas extenuantes, maltratos, pérdida de documentos, retrasos, sobrecostos, excesivas multas y desconocimiento de los derechos de los objetores de conciencia. Además de la posibilidad de caer en cualquier momento en redadas o batidas ilegales. En el trámite priman las “palancas” y las víctimas son jóvenes pobres y sus familias, que deben sacrificar sus escasos recursos para pagar multas de hasta $5 millones. O pagar mordidas de corrupción hasta por $2 millones. ¿Qué hace el Ejército con la plata que cobra por la libreta? Nadie sabe. Las autoridades no rinden cuentas al respecto. Por eso convocamos a un debate de control político este semestre: vamos a probar que este negocito es injusto y que se debe terminar.
+ “Lo único que necesito para ejercer mi profesión es la consciencia, no la libreta militar” - Alejandro Parra, Profesor @aledesobediente
Algunos de los beneficiarios de grado sin libreta militar. En el cartel, la carrera y año en que terminaron materias.
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BOGOTÁ SE RESPETA
Impulsamos agenda por la bici en el Plan Nacional de Desarrollo En 2014 la agenda ciudadana por la bici se movió a rápidos pedalazos: las congresistas Claudia López y Angélica Lozano se posesionaron a lomo de caballito de acero e impulsaron los colectivos de ciclistas urbanos en Bogotá, Barranquilla, Pereira y Chía. Esta causa fue respaldada por María Fernanda Rojas en el Concejo de la capital de la República. ¿Pero qué significa una agenda por la bicicleta en el siglo XXI? y ¿por qué la promueve la Alianza Verde? En 1997 solo el 0,5% de los viajes de Bogotá se realizaba por este medio; hoy son el 5%. Es decir, más de los que se hacen en moto, taxi e incluso en la futura línea del Metro. El tiempo promedio de un viaje en bici es de 25 minutos, mientras que el de un carro particular alcanza los 33 y el del transporte público tradicional, 56 minutos (Encuesta de Movilidad 2005 y 2011). Los beneficios del uso de la bicicleta van más allá de la movilidad. No contamina, ocupa menos espacio, es más económica y mejora la salud a través de la actividad física. En la próxima década, las ciudades colombianas deberían multiplicar el número de viajes en bicicleta y lograr que representen por lo menos un 10% del total. Para alcanzarlo proponemos beneficios como descuentos del 5% a las empresas que promuevan el uso de la bicicleta entre sus empleados. Los ciudadanos que validen treinta veces su ingreso al SITP, previo uso
Nuestras denuncias avanzaron en la justicia y sacamos adelante la Ley de Inspección y Vigilancia de la Educación Superior Senadora de la República @CLOPEZanalista
de la bicicleta, accederán a un viaje gratis mensual. Por su parte, los funcionarios públicos que lleguen a su sitio de trabajo 20 veces al mes en bici, tendrán derecho a una jornada laboral libre. Esta política ya está consignada en un proyecto que María Fernanda Rojas presentó al Concejo de Bogotá. Nuestra bancada en el Congreso promoverá en el nuevo Plan de Desarrollo que los Sistemas Integrados de Transporte Masivo, Sistemas Estratégicos de
Transporte Público y los Sistemas Integrados de Transporte Regional incluyan la financiación de modos no motorizados de transporte y un plan
Proponemos descuentos tributarios, en costo de pasajes y tiempo libre para ciclistas urbanos
para ofrecer un sistema de bicicletas públicas a los ciudadanos. También resulta clave la creación de oficinas o direcciones de medios no motorizados de transporte en las autoridades de tránsito y transporte de las entidades territoriales y los municipios con más de 100.000 habitantes. El mejor incentivo será la mayor seguridad por lo que debemos reducir anualmente en 10% los accidentes, lesiones y muertes de peatones y ciclistas.
Ciudadanos se quejan de parques vecinales La ciudad tiene 4950 parques vecinales y de bolsillo: unos 18 millones de metros cuadrados de espacio público para la recreación y el deporte. Naturalmente, estos parques requieren mantenimiento para garantizar su disfrute cómodo y pleno. Hasta 2012 esta labor la realizó el Instituto Distrital de Recreación y Deporte -IDRD- pero desde 2013 la responsabilidad recae en las Alcaldías Locales. El mantenimiento incluye el estado óptimo de mallas, zonas duras, prados, infraestructura y mobiliario. Un proceso que requiere atención y monitoreo permanente con las comunidades para constatar su estado. Entre 2009 y 2011 el IDRD invirtió en el cuidado del 61% de estos parques (3.039) unos $23.800 millones. En cambio el año pasado, las Alcaldías Locales asignaron un presupuesto de $32 mil millones para atender apenas 350 parques en toda la ciudad. Es decir más recursos y menos cobertura.
¡La era de los negociantes de la educación se acabó! Por Claudia López
Promovemos la bicicleta como una alternativa de movilidad que contribuye a la sostenibilidad de las ciudades
El resultado de esta ineficiencia es su deterioro y así lo evidencia la ciudadanía en sus barrios. Las percepciones negativas coinciden con la disminución de mantenimiento por parte de las administraciones locales. Este abandono potencia los problemas de inseguridad. En vez de niños jugando y jóvenes practicando deporte, el espacio público vecinal es cooptado por pandillas como plazas de expendio y consumo de cigarrillo, alcohol y sustancias ilícitas. Desde el Concejo de la Ciudad, Maria Fernanda Rojas vigilará que en el tiempo que le queda a la Bogotá Humana, priorice el cuidado y mantenimiento de los parques locales. Estos invaluables espacios hacen sostenible la vida urbana, cumplen funciones ambientales irremplazables y deben ser territorios para la recreación y la convivencia.
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Aunque la matrícula en educación superior se duplicó en las últimas décadas, unos dos millones de bachilleres, especialmente de zonas rurales de familias de bajos ingresos, no acceden a la universidad. Y de los dos millones de jóvenes que sí acceden a un cupo, unos 500.000 estudian en universidades de muy baja calidad, la mayoría privadas, porque no hay cupos suficientes y de calidad en la universidad pública. Los negociantes de la educación superior privada se enriquecen ilegalmente explotando la necesidad de esos jóvenes y con la complicidad del gobierno, que no los vigila y en cambio sí les financia su bajo desempeño. Vía ICETEX, el gobierno les desembolsa $2,94 billones (cifras a junio de 2014) a universidades y programas privados de pésima calidad mientras que desfinancia la universidad pública. ¡Estamos decididos a acabar con la educación como un negocio y fortalecer la educación pública! Desde nuestra campaña y en debates de control político de la Alianza Verde en el Senado, denuncié a los negociantes de la educación superior. Entregamos al Ministerio de Educación y a la Fiscalía las pruebas que demostraban cómo la familia Alvear se enriquecía desfalcando a los 23.000 estudiantes de la Universidad San Martín, las maniobras de la familia Contti para desfalcar a alumnos de la Universidad Incca, y el nepotismo y corrupción
en universidades públicas como la Distrital, la UNAD y la Tecnológica de Pereira, entre otras. Para evitar que casos como esos sigan ocurriendo con total impunidad, apoyamos en el Congreso las medidas tomadas por la Ministra de Educación para intervenir la Universidad San Martín. También votamos a favor de la Ley de Inspección y Vigilancia Educativa, que le da al Ministerio de Educación herramientas preventivas para evitar que la autonomía universitaria se use como excusa para estafar jóvenes y enriquecer avivatos. La ley respeta y protege la autonomía universitaria para lo que es: la libertad de cátedra, de creación y la administración autónoma de los recursos para cumplir los fines de la educación con calidad, pero también
El 55% de los créditos del ICETEX van a universidades privadas no acreditadas y a programas no certificados como de buena calidad. le da facultades al Ministerio para intervenir cuando esos fines de la autonomía y la educación se violen. Esas facultades seguramente serán de corto plazo, dado que el gobierno presentará al Congreso este año una Ley que crea la Superintendencia de Educación, con lo cual se espera crear un órgano técnico y autónomo que pueda encargarse de la inspección y vigilancia de toda la educación, para que el Ministerio pueda concentrarse en la planeación, apoyo e inversión en
Universidades Públicas en problemas: la UNAD está en la mira de las autoridades
la educación de calidad. De nuestra parte, presentaremos una propuesta de reforma integral a la Ley 30 para asegurar un sistema equitativo de financiación y fortalecimiento de la universidad pública en todas las regiones.
Por eso en nuestra rendición de cuentas en diciembre de 2014 afirmamos que el “2015 será el año en el que con una estrategia clara, fuentes de financiación, instituciones adecuadas y nuestra vigilancia meteremos en cintura a los negociantes de la educación y empezaremos a garantizar una educación superior de calidad para todos”.
$1.756 millones
$80 mil millones
de la Nación desviaron las directivas de la UNAD para mantener una sede en Miami (Florida, EU)
es el monto del patrimonio de las empresas satélite de los directivos de la Universidad San Martin
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BOGOTÁ SE RESPETA
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Comité editorial Constanza Gómez, Felipe Jiménez, Ángela Pinzón, Rodrigo Sandoval, Felipe Morales y Rafael Molano Coordinación editorial Rodrigo Hurtado Fotografía: Juan Carlos Pachón. @arttesano Diseño y Diagramación: Iván Toscano Trujillo- Brújula Comunicaciones Producción: Sebastián Arias. La presente publicación se realiza en ejercicio del artículo 23 de la ley 130 de 1994, sobre divulgación política. Todos los contenidos son de libre reproducción, siempre y cuando se mencione la fuente.
Boquitas pintadas Por Catalina Ruiz-Navarro Bloguera y Columnista @catalinapordios
Hasta 1988 las mujeres no ocuparon más del 2% del Congreso. Aunque la Constitución de 1991 contribuyó a algún cambio en esta situación, no fue sino hasta 2000, con la ley de cuotas, que aumentó la participación de las mujeres en política. Con la ley, la representación mejoró: en las elecciones de 2006, al Senado llegaron 12 mujeres y a la Cámara, 14. En 2014, aunque el 51% de los votos fueron depositados por mujeres y había 514 candidatas (20% del total de los candidatos), solo 38 salieron elegidas: 20 en la Cámara y 18 en el Senado de la República.
Las colombianas tienen un mayor espacio en la vida pública, lo cual implica nuevos retos. Los medios, por ejemplo, las evalúan de acuerdo a con quien están relacionadas o casadas, el estilo de peinado o qué tan hermosas lucen. Las políticas no sólo enfrentan descalificaciones verbales hacia ellas o sus propuestas, sino a un sistema que les exige equilibrar su vida pública con el cuidado de los hijos, las tareas domésticas y su relación amorosa. Todo ello en un entorno donde los tiempos son imprevisibles y de cuando en cuando, deben lidiar con expresiones como “seguramente es que está con el período, concejala”. Aunque somos el 52% de la población, hoy tenemos apenas el 14% de los puestos públicos de elección popular. Es decir, que nuestros intereses y experiencias no están representados de
manera justa. Sin embargo, nuestro Congreso se resiste a evolucionar. El proyecto que busca que el 50% de las listas esté conformado por mujeres y que haya alternancia en su distribución (hombre-mujer) fue aprobado en cuatro de ocho debates pero con una dilación hasta 2022, en especial con oposición de los partidos de Unidad Nacional. ¡Gracias por nada! Los cambios en este ámbito no ocurrirán solos. Quienes siempre han tenido el poder no lo van a compartir tan fácil. Por eso, la responsabilidad de apoyar una acción afirmativa es ineludible e inexcusable. Las colombianas necesitan un apoyo real del Congreso que se traduzca en políticas, leyes y votos. No basta con pintarse la boca de rojo para la foto.
Tomada de la cuenta de @matadoreltiempo
Nuestros proyectos en 2015
La hora de las definiciones
Transparencia Legislativa
Por Por Ariel Ávila
Todas las gestiones de los congresistas serían públicas y deben quedar documentadas. Además deberán rendir cuentas a la ciudadanía.
Coordinador del observatorio fundación paz y reconciliación @ArielAnalista
En su primera alocución presidencial Santos manifestó que el 2015 es el año de la paz. Muchos entendieron que este año se firmarían y refrendarían los acuerdos. Pero el mensaje es mucho más profundo. De hecho, en el mejor de los casos los acuerdos de paz se firmarían a finales de 2015 y la refrendación, en 2016. El mensaje de Santos hacía referencia a un tema diferente. Básicamente, será el año de la paz, porque el pueblo colombiano tendrá que asumir definiciones frente al proceso de paz. En los meses que vienen, en La Habana se discutirán aspectos como verdad, justicia y reparación. Todos temas complejos y donde habrá que ceder más de parte y parte para que esta negociación llegue a feliz término. Apoyar a fondo el proceso de paz, implica definiciones dificiles en dos frentes. El primero, la cárcel. En sentido estricto si queremos un país en paz, habrá muy poca cárcel para los guerrilleros y militares que cometieron delitos en el conflicto. La justicia aplicará para ambos sectores y se tendrán que buscar alternativas de justicia más allá de la penitenciaria, como fórmulas de verdad y reparación. El segundo es el mecanismo de dejación de armas que se escoja para finalizar el proceso. Al finalizar, las tropas de las FARC se concentrarán en varios puntos para dejar las armas. Entonces el Estado debe crear un aparato de seguridad, que tal vez incluya militares y ex guerrilleros, y que sirva para cuidar las zonas donde se realizará la reinserción. Tendrán que tomarse medidas eficaces para evitar que se repita lo que ocurrió en la década de los ochentas con la masacre de la Unión Patriótica, un partido que surgió en medio de una negociación con las FARC y fue exterminado por la extrema derecha. De esa magnitud son los retos de la paz en 2015.
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Adiós a la “mermelada”
La inversión regional del gobierno nacional debe discutirse y priorizarse en audiencias públicas con la ciudadanía en las regiones, no con partidas de “mermelada” acordadas por debajo de la mesa con los congresistas.
Presupuestos Participativos
Audiencias públicas para que ciudadanos decidan la priorización de un porcentaje de la inversión propios de su municipio.
Consulta Ambiental
Para que las comunidades decidan si aceptan o no los planes de mitigación social y ambiental de los proyectos minero-energéticos que se van a desarrollar en sus territorios. Foto: Alvaro Arguello
Regalías Ambientales
Girar recursos que compensen a los municipios el predial que dejan de recibir por poseer áreas protegidas de conservación ambiental para que los inviertan en su cuidado.
A marchar por la vida
El domingo 8 de marzo los colombianos tenemos un compromiso con la vida. Antanas Mockus invita ese día a dejar huella por una idea concreta: renunciar a la violencia para resolver diferencias y sumarnos a la paz en la cotidianidad de nuestras acciones. Más información del recorrido y los puntos de concentración pueden ser consultados en: https://www.facebook.com/a.mockus
Trabajo doméstico con prima de servicios
De aprobarse esta iniciativa, tendrán prima de servicios quienes asean, cocinan, lavan y planchan, prestan servicios de jardinería y conducción, cuidado de miembros de la familia o de animales domésticos a particulares. Ponemos fin así a una discriminación injustificable.
En defensa de los cerros de Bogotá
Aunque parece una obviedad, para algunos constructores inescrupulosos respetar los derechos colectivos no es una prioridad. Buscan desde hace décadas cualquier resquicio legal para urbanizarlos. ¡No lo vamos a permitir!
En 2015 Seguiremos transformando a Colombia #SomoslaGeneracionDeLaPaz
Claudia López, Senadora de la República Cra 7º Nº 8-68. Oficina 228 Bogotá, Colombia. (571) 382 3451 / 3441
Angélica Lozano, Representante a la Cámara Cra 7ma No. 8 – 38. Oficina 333B Bogotá, Colombia. (571) 382 3382- 83
María Fernanda Rojas, Concejala de Bogotá Calle 36 # 28ª- 41 Of 212 Bogotá, Colombia. (571) 208 8238
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