Codhes informa __________________________________________________________________ Boletín de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento Número 31. Bogotá, Colombia Agosto-2000 Correo electrónico: codhes@codhes.org.co Página electrónica: www.codhes.org.co
A MARCHAS FORZADAS1 Sobrevivir en medio de la intimidación y el terror o huir a marchas forzadas luego de masacres, incursiones y amenazas se convirtió en el dilema de miles de colombianos atrapados en zonas llamadas de “conflicto armado” que bien pudieran definirse como zonas de desprotección civil. El margen de maniobra es cada vez más estrecho. Mientras hay poblaciones que intentan resistir el desalojo violento, miles de colombianos se suman al flujo migratorio que impone la violencia y el miedo. No cesa el desplazamiento de población en Colombia. Asalariados agrícolas, pequeños y medianos propietarios de tierra, maestros, funcionarios públicos, estudiantes universitarios, sacerdotes, líderes sociales y políticos, poblaciones indígenas y comunidades negras, hacen parte de los desplazados por acciones directas o indirectas de los protagonistas de una guerra irregular que sigue afectando principalmente a personas desarmadas y en estado de indefensión. Los desplazados siguen siendo el sector más numeroso y más afectado por la degradación del conflicto. En el primer semestre del presente año, aproximadamente 134.799 colombianos, que integran alrededor de 27.000 familias, fueron obligados a salir de sus regiones, en su mayoría de zonas rurales 1
Para la realización de este informe CODHES contó con el apoyo de la Oficina de Ayuda Humanitaria de la Comisión Europea ECHO en convenio con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia UNICEF, la Embajada de los Países Bajos
Las negociaciones en medio de conflicto entre el gobierno y las FARC y el proceso de diálogo iniciado con el ELN, así como la proximidad de las elecciones regionales y locales, han impuesto nuevas dinámicas en la lucha por el dominio territorial y la homogeneización de lealtades de la población, en las que sobresale la acción paramilitar, aun en zonas de control de la Fuerza Pública y los abusos de las guerrillas contra la población en sus zonas de influencia. El control de áreas estratégicas para el fortalecimiento político o militar de los actores comprometidos en ella, sigue siendo el principal factor del escalamiento de la contienda armada. La guerra crece y se extiende sin referentes humanitarios. Crecen las masacres y los asesinatos selectivos, aumenta la desaparición forzada como causa de desplazamiento, se incrementa el secuestro, se imponen ataques aéreos con efectos indiscriminados, se multiplican las acciones contra militares y policías en estado de indefensión, cada vez más civiles, o bienes civiles, son objeto de ataques en incursiones guerrilleras2. No hay garantías para el ejercicio de la política con motivo de las elecciones de octubre, pero tampoco para la acción sindical y social, convertida en objetivo militar en diversas regiones del país. El desplazamiento forzado es la expresión del desespero de la población frente a la ocurrencia reiterada de estos hechos, pero también es una manifestación de la impotencia frente a la ausencia de protección por parte de las autoridades y a la inexistencia de un sistema de justicia que castigue a los responsables. El país y el mundo deben entender que los desplazados huyen por ausencia de garantías para sus vidas, para su libertad, para sus derechos civiles y políticos. A los desplazados se les arrebata el derecho a elegir y ser elegidos, a participar, a opinar libremente. Pero también se les vulnera sus derechos económicos, sociales y culturales en el momento del desarraigo, multiplicando la pobreza en las zonas urbanas, incrementando el desempleo y la injusticia social. 2
Según la Defensoría del Pueblo durante el primer semestre de 2000 se registraron 235.masacres en 25 departamentos del país que dejaron un saldo trágico de 1.073 civiles muertos. La Fundación País Libre informó sobre 1.532 secuestros en este mismo período. De acuerdo a denuncias de las Fuerzas Militares, las FARC desarrollan un Plan de Pistoleo para la eliminación física de altos oficiales de la Fuerza Pública en retiro o en licencia, mediante atentados que infringen las normas humanitarias. 2
Por los caminos de la guerra El departamento del Magdalena registra el mayor número de personas desplazadas durante el primer semestre del año, lo que confirma advertencias reiteradas sobre el recrudecimiento de las hostilidades en regiones como la zona bananera, la Sierra Nevada, la Serranía del Perijá y el sur del departamento del la Guajira, además de la incidencia que tiene en su territorio la grave situación de orden público en el norte y centro del departamento de Bolívar. El departamento de Bolívar mantiene un éxodo constante de población, especialmente en el sur y en la región de los Montes de María, aun cuando el conflicto tiende a incrementarse en otros municipios del centro del departamento. Cartagena sigue siendo una de las ciudades en donde hay un crecimiento urbano atípico que tiene relación de la violencia generalizada en diferentes regiones de la Costa Caribe colombiana. El departamento de Antioquia registra nuevos flujos migratorios como consecuencia de la imposición de un régimen de terror armado en el suroriente, la intensificación de acciones paramilitares en la vía al mar y los ataques reiterados de la guerrilla en el departamento del Chocó. También el departamento de Antioquia es zona de llegada de desplazados de departamentos de la Costa como Bolívar, Sucre y Córdoba. La presencia paramilitar en el Valle del Cauca incrementó el número de desplazados hacia ciudades como Cali, Palmira, Buenaventura, Buga y Tulúa, mientras que en el Tolima la cruenta lucha entre guerrilleros y paramilitares incorpora a este departamento en la lista de regiones crítica de llegada de población que huye de la violencia.
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Otros casos relevantes durante el primer semestre del año son los departamentos del Atlántico, especialmente Barranquilla, Malambo y Soledad, que mantiene un ritmo crítico de desplazamiento en los últimos cuatros años y Bogotá, que, si bien presenta una reducción frente a flujos de desplazados de otros años, es escenario permanente de llegada de población de diferentes regiones del país que buscan seguridad y protección para sus vidas.
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