Codhes Informa Boletín informativo de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, No. 49. Bogotá, 21 de abril de 2004 codhes @codhes.org.co www.codhes.org.co
Conflicto y fronteras
Vecinos en el borde de la crisis1 La tendencia de regionalización del conflicto armado, la convocatoria a soluciones militares multilaterales y la internacionalización de la crisis humanitaria irrumpen como nuevos escenarios en el contexto de la prolongada guerra irregular colombiana. Estas y otras razones convierten en diferentes niveles a las fronteras terrestres, fluviales y marítimas de Colombia con Ecuador, Venezuela, Panamá, Brasil y Perú, en el espacio territorial más dinámico de la expansión de la confrontación armada y de sus formas de degradación. La militarización y la seguridad se desarrollan en forma paralela a los procesos de integración económica por vía de tratados de libre comercio o ejercicios binacionales y no contemplan fenómenos migratorios ni, mucho menos, situaciones de desplazamiento forzado y de refugio desde una perspectiva de derechos. Justamente, esta crisis humanitaria en expansión se manifiesta en el hecho de que en 2003 alrededor de 40 mil personas pasaron las fronteras con Ecuador, Venezuela y Panamá para buscar protección y seguridad en esos países por situaciones de amenaza, asesinatos, masacres, fumigaciones de cultivos de uso lícito e ilícito, reclutamiento forzado, secuestro, entre otros motivos. En los departamentos fronterizos de Colombia, a diferencia de la tendencia nacional de disminución, se registró un incremento del desplazamiento forzado que alcanzó una cifra aproximada de 24 mil 1
Informe realizado con apoyo del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados ACNUR y la Consejería en Proyectos y Servicios PCS. Los conceptos y afirmaciones aquí expuestas son responsabilidad exclusiva de CODHES y, en ningún momento, comprometen a las agencias donantes.
2 personas y la constatación de una mayor intensidad del conflicto armado en estas regiones limítrofes. Otros 27 mil desplazados de zonas de fumigaciones complementan este crítico panorama. El Plan Colombia y la Iniciativa Regional Andina operan como un catalizador de la crisis y la región necesita con urgencia construir en común opciones de protección de la población civil, presionar alternativas de diálogo y negociación y formular propuestas de desarrollo alternativo, en el marco de estrategias distintas a la prolongación indefinida de la guerra que se impone. Jugando con candela La regionalización del conflicto armado emerge como la prolongación de la estrategia de seguridad democrática del gobierno de Colombia en la región andina, abre el camino para la militarización de las fronteras y alienta la perspectiva de una hipotética intervención militar en el país. Las fronteras de Colombia son hoy epicentro de la expansión de la guerra irregular interna y en este escenario confluyen la militarización oficial (de Colombia y de los países vecinos en función de la seguridad nacional) y la presencia activa de grupos guerrilleros y paramilitares (que siguen disputando territorios y controlando poblaciones). En esta dinámica del conflicto se atraviesan intereses asociados a la economía de la guerra que en las zonas de frontera tiene relación con tráficos ilegales de drogas, armas, además del contrabando de productos y la disputa por el control de recursos. El Plan Colombia y la Iniciativa proyectos estratégicos que se terrorismo y el narcotráfico” para punta de lanza de una operación región.
Regional Andina se inscriben como sustentan en la “lucha contra el usar el conflicto colombiano como la estadounidense de largo plazo en la
El Acuerdo de Libre Comercio de las Américas marcha paralelo a estos esfuerzos de control militar, político y social y es cada vez más evidente el interés de Estados Unidos por acceder a los recursos hídricos y a la inmensa biodiversidad andino amazónica. En esta confluencia de intereses se inscribe la presencia de asesores, la instalación de radares, el despliegue de tropas y la implementación de recursos de alta tecnología en las zonas fronterizas con Colombia, así como el incremento del armamentismo en la región y mayores controles migratorios.
3
No es precisamente seguridad lo que tienen hoy las poblaciones de las zonas de frontera. Hay migraciones diversas que involucran diferentes sectores y que configuran una situación crítica desde la perspectiva de derechos y dramática desde lo social: Desplazamientos forzados dentro de los departamentos colombianos que limitan con los países vecinos, migraciones económicas, formas de movilidad de campesinos y colonos que huyen de las fumigaciones de cultivos de uso ilícito y refugio de cada vez más personas colombianas en territorios extranjeros. Una corriente de restricción de derechos recorre las políticas públicas de algunos gobiernos de la región y es, cada vez más evidente, un distanciamiento del derecho internacional de los refugiados, del derecho internacional humanitario y de las normas del derecho internacional de los derechos humanos, en una suerte de retroceso que aumenta la situación de vulnerabilidad de las personas obligadas a migrar en medio del conflicto. En la agenda de prioridades están la seguridad (concebida como el preámbulo de la inversión económica) y los tratados de libre comercio (que sustentan modelos de desarrollo aperturistas), pero no los temas migratorios y, mucho menos, los derechos de estas personas. La regionalización del conflicto armado colombiano puede derivar en una progresiva internacionalización de la crisis humanitaria. En estas circunstancias, lo menos que se debe reclamar a quienes promueven esta militarización en la región es que respeten a la población civil y a los gobiernos del área y a la comunidad internacional, la formulación de respuestas humanitarias frente a las consecuencias que ya se empiezan a evidenciar en la región. Este informe de CODHES se refiere a la extensión, tendencias y dinámicas del conflicto armado en las zonas de frontera, a la disputa por recursos legales e ilegales, a la crisis humanitaria que provoca el desplazamiento y los flujos migratorios transnacionales, a las políticas de los países vecinos frente a estas personas y al impacto de las fumigaciones de cultivos de uso ilícito en estas regiones. Tres hipótesis concurren en el análisis:
4
1) La regionalización de conflicto emerge como un componente de la política de seguridad democrática y busca atraer una intervención militar 2) La crisis humanitaria tiende a internacionalizarse 3) Sobre los territorios de frontera se generan disputas por el control de recursos estratégicos y el máximo aprovechamiento de la economía de guerra. El informe sustenta la propuesta de una Conferencia Internacional Humanitaria como una iniciativa para actuar de manera preventiva en función de proteger a la población civil en medio de un eventual recrudecimiento del conflicto armado y de sus efectos en los países vecinos en particular y, en general, en la región andino amazónica ¿Seguridad democrática más intervención militar? “Intervención no, cooperación militar. Ojalá hubiera una intervención militar en Colombia” afirmó el presidente Álvaro Uribe Vélez el 11 de junio de 2003 durante la reunión que sostuvo con una delegación de organizaciones no gubernamentales de derechos humanos y otras asociaciones de sociedad civil. La afirmación respondía a la inquietud sobre sus reiteradas declaraciones alrededor de la necesidad de una intervención militar en Colombia “para enfrentar el terrorismo y el narcotráfico que amenazan las democracias de la región”. Internacionalizar el conflicto armado pareciera un componente de la estrategia de “seguridad democrática” que desarrolla el gobierno de Colombia. El dilema sería: si la política de seguridad democrática no es suficiente para derrotar el terrorismo interno entonces debe haber una intervención militar en el marco de la lucha contra el terrorismo internacional. Por eso la insistencia en comparar la situación colombiana con la situación de Iraq y a las FARC con Al-Qaeda como forma extrema de simplificar un conflicto con raíces históricas y estructurales y en la perspectiva de convocar acciones militares internacionales.
5 En otras oportunidades el jefe de Estado de Colombia y otros altos funcionarios se habían referido a “la cooperación internacional como acción militar efectiva” para enfrentar el terrorismo y el narcotráfico y habían advertido a los países vecinos sobre el riesgo de “contagio” del conflicto colombiano. Ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre de 2002, el presidente Uribe comparó las drogas ilícitas con armas de destrucción masiva y pidió ayuda al mundo para derrotar el terrorismo: “El problema colombiano es un riesgo para la estabilidad democrática de la región. Necesitamos la ayuda del mundo para resolverlo. Pido la ayuda del mundo porque mi Gobierno tiene la decisión de derrotar el terror, de que no pasen estos 4 años como un nuevo triunfo de la delincuencia ni como una nueva prueba de la vacilación del Estado y la sociedad frente a la arrogancia de los violentos. El foro de las Naciones Unidas está preocupado por las armas de destrucción masiva, y nosotros compartimos esa angustia. Por favor, debemos entender que la droga tiene una capacidad de destrucción masiva, como la más temible de las armas químicas. Tenemos la determinación de eliminarla. Pedimos al mundo un compromiso igual. No podemos continuar con decisiones y acciones a medias, tímidas. Mientras se divaga, el terrorismo siembra y trafica con más droga”. Discurso del Presidente Uribe en la Asamblea general de Naciones Unidas. Nueva York 13 de septiembre de 2002
En un discurso pronunciado ante la Conferencia de las Américas convocado por el Miami Herald el presidente insistió en el poder desestabilizador del conflicto armado colombiano: “El conflicto que azota a Colombia tiene el potencial para desestabilizar el conjunto de países vecinos. Nuestros grupos violentos son poderosamente ricos a diferencia de las viejas guerrillas latinoamericanas que pudieron sostenerse por donaciones que llegaban del exterior. Necesitamos ayuda para superar este estado de violencia al cual nos han sometido organizaciones cuyos actos corresponden al terrorismo que se describe en la legislación de los Estados Unidos y de muchos países europeos” Discurso del presidente ante la Conferencia de las Américas, 15 de octubre de 2002
Las advertencias se reafirmaron en otro evento internacional realizado semanas después en Cartagena, en el que el presidente Uribe usa la
6 palabra refugio para referirse a delincuentes en territorio de países vecinos: “Necesitamos la cooperación de todos los países vecinos. Yo le he dicho a representantes de la hermana Venezuela, del hermano Brasil, del hermano Ecuador, del hermano Perú, de la hermana Panamá, de nuestros vecinos, que estas fronteras hay que abrirlas para las personas de bien pero cerrarlas a la delincuencia. El país que se pone a refugiar a la delincuencia, pensando que esta delincuencia no va a ser daño en su territorio, es como aquel que quiere cabalgar en un tigre, pensando que va a amansar el tigre, y termina en su vientre.
Esa delincuencia, cuando logra cruzar una frontera y refugiarse, se maneja muy bien pero después se transforma y aparece de nuevo su ferocidad. Es como intentar domar un carnívoro con hierbitas: el primer día las recibe, el segundo día también, el tercero se reencuentra con su condición de fiera carnívora y le arranca la mano al que generosamente se acerca a ofrecerle una lechuguita o una col. Temo que si esa delincuencia nuestra se alberga en cualquiera de nuestros vecinos, termina causando enormes problemas a la población de ese país, termina secuestrándolo, matándolo y entonces llegan la guerrilla, los paramilitares, el narcotráfico, y ese vecino en lugar de aislarse del conflicto colombiano por el camino de tener una actitud neutra, como algunos la llaman, frente a los actores violentos de Colombia, puede quedar convertido en una sucursal del conflicto colombiano”. Palabras del presidente Álvaro Uribe Vélez en la Asamblea Iberoamericana de Ministerios Públicos, Cartagena, 22 de noviembre de 2002
La canciller Carolina Barco fue más allá en su propuesta para superar o resolver un conflicto interno cuando afirmó ante el Consejo de Seguridad de la ONU que: “El desbordamiento de algunos conflictos internos, o la internacionalización de los mismos en razón de su asociación con actividades criminales, nos indica que no siempre un problema nacional se supera o resuelve con un tratamiento puramente nacional. Se vuelve necesario enfocarlo en el contexto de la responsabilidad compartida, para manejar fenómenos asociados como el problema mundial de las drogas ilícitas. Con mayor razón en tiempos del terrorismo, que es una amenaza global para la comunidad de naciones democráticas” Intervención de la Ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, Carolina Barco, durante el debate adelantado en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre la protección de civiles en conflictos armados. Nueva York, 10 de diciembre de 2002
7 La estrategia de internacionalización del conflicto se hizo evidente, una vez más, en la declaración presidencial con motivo del repudiable atentado terrorista al Club el Nogal, cuando el presidente comparó la situación colombiana con Iraq: “Necesitamos que el mundo democrático venga a Colombia a ayudarnos a derrotar el terrorismo. Necesitamos que así como se está dando en Naciones Unidas una discusión sobre el caso Irak, el mundo tome la decisión de ayudar a Colombia. Necesitamos la tecnología de los países democráticos, sus recursos técnicos, sus recursos financieros, sus sistemas de transporte, para que le ayuden a nuestra Fuerza Pública y a nuestra Fiscalía a derrotar los terroristas”. Declaración del presidente Álvaro Uribe Vélez tras atentado en el Club El Nogal. Bogotá, 8 de febrero de 2003
Al anunciar su apoyo a la coalición que invadió a Iraq el presidente se refirió a la cooperación internacional como algo más que discursos: “Al participar Colombia en esta coalición contra el terrorismo, fortalece su posición internacional para conseguir aliados que nos ayuden a derrotar el terrorismo interno. También hemos aprendido, que la cooperación internacional que requerimos no se puede quedar en el discurso, tiene que basarse en apoyo político, buenos oficios y además en acción militar efectiva”. Decisión del gobierno colombiano sobre Iraq, Bogotá, 20 de marzo de 2003.
En Ecuador el presidente colombiano volvió con amplitud sobre sus tesis: “Lo que hay en Colombia no es un conflicto, es un desafío de un grupo de terroristas contemplados por Estados permisivos contra 44 millones de ciudadanos” Intervención del presidente ante el Congreso de Ecuador comercio, terrorismo y drogas, Quito 22 de agosto de 2003
sobre
Durante esta visita al vecino país del Ecuador el presidente se refirió a la Declaración del Grupo de Río sobre Colombia promovida por el presidente Lucio Gutiérrez en Cuzco: “En el Grupo de Río, tuvo la feliz iniciativa de abrir un camino para que todos los países integrantes de ese grupo produjeran dos decisiones: la decisión de pedir que Naciones Unidas cumpla su tarea de gestor de buenos oficios para conminar a los grupos violentos de Colombia a sentarse en la mesa de diálogo, pero con consecuencias. Aquel día, después de haber conocido su proposición, me permití decir desde Cuzco, donde se reunía el Grupo de Río, que la proposición suya era innovativa y no retórica. Innovativa porque lograba reunir el consenso del Grupo de Río
8 para pedirle a Naciones Unidas una gestión que no había hecho y conminar a los grupos violentos de Colombia a sentarse alrededor de la mesa de diálogo a buscar la paz. Y no retórica porque era una proposición con consecuencias, una proposición llamada a producir resultados. Recuerdo el segundo párrafo, vigente hoy, de su autoría, señor Presidente: ‘Si los grupos violentos de Colombia desatienden el llamado del Grupo de Río y el llamado de Naciones Unidas, entonces el Grupo de Río, con Naciones Unidas y con el Gobierno de Colombia coordinará las acciones subsiguientes. Señor Presidente además eso tuvo mucho valor porque fácilmente los Jefes de Estado, los delegados de las Naciones, apoyan una proposición queriendo la paz. Pero son muy escasos aquellos que le dicen a los grupos terroristas: ‘O hacen la paz o déjennos saber que vamos a buscar alternativas porque, de todas maneras, tiene que haber paz’. Eso fue lo que más me gustó de su valor civil. Usted hizo un llamado democrático al diálogo, pero al mismo tiempo nos advirtió que era necesario una conminación. Y nos ha abierto un gran camino. Yo le decía a Colombia, después de aquella reunión cuando se aprobó su proposición: ‘tenemos compañía’.Tiene que haber paz. Ya no es sí o no. Ahora es sí o sí. Y se consigue a través del diálogo estimulado con las Naciones Unidas o a través de otras alternativas que vamos a buscar con nuestros vecinos, con el liderazgo del pueblo y del Gobierno ecuatoriano y todo el apoyo de los países del Grupo de Río”. Intervención del presidente Uribe en Quito (Ecuador), 22 de agosto de 2003
En su nueva comparecencia ante la Asamblea General de Naciones Unidas en 2003, el presidente dijo: “Nuestro problema es una amenaza internacional. Si Colombia no destruye la droga, la droga destruirá la cuenca amazónica. Si Colombia no frena el terrorismo, este pondrá en dificultades a las democracias de la región. De esta manera lo han entendido el presidente del Ecuador Lucio Gutiérrez y el Grupo de Río que aprobó su proposición para que Naciones Unidas adelante esfuerzos tendientes a la negociación con los terroristas colombianos, o en su defecto se busquen alternativas para superar el problema” Discurso del Presidente Uribe ante la Asamblea General de Naciones Unidas. Nueva York, 30 de septiembre de 2003
Y en su intervención más reciente, el presidente habló sobre “cooperación contra el terrorismo”. En su discurso ante la Organización de Estados Americanos OEA el presidente expresó: “Los terroristas no respetan fronteras, la arrogancia del criminal, derivada de su sed de sangre y de su ambición de dinero, su cinismo, le lleva a tratar cínicamente, no solamente las instituciones de su país de origen sino las instituciones de cualquier país. Para ellos no hay países hermanos, para ellos simplemente hay idiotas útiles. Ellos se aprovechan de la pasividad de algún
9 gobierno para combatirlos y terminan maltratando a los ciudadanos del país de ese gobierno. El problema del terrorismo en Colombia, de la droga en Colombia que lo financia, es hoy un problema de Colombia y entraña un riesgo de contagio para todos los países hermanos. Por eso, yo quiero invitarlos a que fortalezcamos nuestras acciones de cooperación contre el terrorismo. La mayor responsabilidad la tiene Colombia para evitar que estos terroristas extiendan sus actividades a los países hermanos, pero mucho nos ayudará a cumplirla en la medida que haya más y más cooperación”. Discurso del Presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, ante la sesión Protocolar del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), Washington, 25 de marzo de 2004
¿Es el conflicto colombiano, concebido en la lógica de “guerra local” y estructurado alrededor de una situación nacional de crisis no resuelta, una amenaza regional o global? ¿Opera en la dinámica del conflicto una tendencia de desbordar y contagiar la región? Desde luego que hay razones de soberanía, orden público y seguridad nacional de los países limítrofes para prevenir acciones delincuenciales, como ha ocurrido tradicionalmente frente a tráficos ilegales (drogas, armas, contrabando) y para evitar el uso de territorios fronterizos por las partes enfrentadas en el conflicto armado. Sin embargo, habría interés en sobredimensionar los efectos del conflicto colombiano en la región, manejar la idea de la desestabilización y promover la militarización. Estos discursos crean confusión y pueden derivar en una creciente militarización e injerencia extranjera en el conflicto y las consecuencias pueden ser, justamente, la regionalización de una guerra interna y la internacionalización de la crisis humanitaria local. Es importante anotar que en Colombia no hay unanimismo frente a este diagnóstico y frente a las salidas militares que se implementan y es importante que los gobiernos y la opinión nacional de los países vecinos conozcan otras opiniones. En diferentes sectores de la sociedad civil se cuestiona la política de “seguridad democrática” (y la intención manifiesta de internacionalizarla) porque se fundamenta en la militarización de la
10 sociedad y el territorio, restringe los espacios democráticos, prolonga la crisis humanitaria y de derechos humanos y aleja la solución política del conflicto armado. Desde luego que el Estado debe responder al desafío de grupos armados que acuden al terrorismo como forma de acción indiscriminada contra la población civil, pero la lucha contra el terrorismo no pude hacerse desde la arbitrariedad y no se puede confundir autoridad del estado con estado autoritario. Considerar que en Colombia no hay un conflicto armado y vender con insistencia la idea de que el terrorismo y el narcotráfico desestabilizan la región puede ser una mezcla peligrosa que incentive la militarización como única alternativa y aleje las posibilidades de soluciones distintas a la guerra. Hay otros puntos de vista sobre el conflicto armado, el narcotráfico y la crisis colombiana que desde la diversidad y el pluralismo frente a una situación tan compleja y prolongada, proponen salidas diferentes.
Por ejemplo el Informe de Desarrollo Humano de Naciones Unidas: el conflicto, callejón con salida afirma que “El conflicto no se arregla sólo a bala o a diálogo” y critica las simplificaciones que lo reducen. Propone oponer a la guerra remedios inmediatos que disminuyan su crueldad y preparen una solución final. Entre otros proponen un new deal en materia antinarcóticos entre E.U y Colombia que, en lugar de penalizar al pequeño productor con la fumigación, enfatice enfrentar el consumo como tema de salud pública, dé la prioridad a atacar los nuevos carteles y adelante una lucha seria contra el lavado de activos. Y plantea la necesidad de un impuesto a la tierra que presione la venta de millones de hectáreas ociosas y fomente la reubicación de colonos. El informe Andes 2020: una nueva estrategia para los desafíos de Colombia y la región del Consejo de Relaciones Exteriores de Washington sostiene que
11
La región andina está al borde de un colapso de no mediar una drástica reorientación de la política norteamericana, a la que califica de “miope”, por dedicarse sólo a combatir “drogas y bandidos”. Propone balancear la dosis de “cañones y mantequilla”, dando mayor peso a la ayuda al desarrollo y presionando a las élites locales para emprender reformas que ataquen la concentración de la tierra, la desigualdad social y la debilidad endémica de la justicia. Enfatiza (en) la necesidad de políticas regionales, no bilaterales, en especial en materia de combate al narcotráfico y pide una aproximación multilateral, en la que Europa y la ONU jueguen un papel más destacado 2.
El Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional conjuntamente con London Shcool of Economics en un estudio sobre el conflicto colombiano concluye que “El conflicto sigue siendo político y olvidarlo es la mejor manera de equivocarse tanto en su interpretación como en las respuestas de los desafíos que propone a nuestra sociedad. En cambio si implica que el esfuerzo por reducir el asunto a un simple caso de criminalidad común- resultado más o menos directo de la economía del narcotráfico- está fundamentalmente errado”. Sobre la “idea fácil” de activar una alianza internacional antiterrorista, el estudio sostiene que “las trayectorias políticas de los países vecinos y la explosiva situación en las fronteras podrían implicar que la internacionalización del conflicto genere resultados complejos e imprevistos”3. 2
Este resumen de ambos documentos está registrado en el artículo de Álvaro Sierra del diario El Tiempo (Bogotá 29 de marzo de 2004) sobre el Foro “Colombia: dos perspectivas” convocado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el CFR, Fescol, la Universidad Javeriana y El Tiempo. 3 El estudio es publicado por el semanario El Espectador de Bogotá y el resumen que aquí se registra fue tomado de las ediciones correspondientes al 28 de marzo y 4 de abril de 2004 y presentada con los títulos de “las políticas de la guerra” y “la geografía del conflicto”.
12
Son voces diversas que se distancian de la política oficial y que plantean serios interrogantes sobre el camino emprendido tanto en el complejo escenario nacional de la “seguridad democrática” como en la internacionalización del conflicto armado colombiano. Desde mediados de 2000, CODHES llamó la atención sobre las fronteras como “el espacio en el que se hacen más sensibles las tensiones que generan y producen conflictos armados” como el de Colombia y citando a Juan Tokatlian recordó las opciones sobre el papel político que pueden desempeñar los países que comparten frontera con vecinos en situación de conflicto armado interno4. Esta clasificación tiene plena vigencia para la situación aquí descrita: •
Modelo Costa Rica: implica que la nación colindante no identifica al grupo insurgente que allí actúa como su enemigo, preserva su neutralidad y mantiene una autonomía que le permite incidir en algún momento, a favor de la solución pacifica de la disputa en el país afectado.
•
Modelo Tuquía: El país vecino a una nación con un grupo rebelde armado define también a ese actor como su enemigo, tal como lo hizo este país con los kurdos después de la primera guerra del Golfo Pérsico.
•
Modelo Camboya: El país no busca asumir como suyo al enemigo insurgente de su vecino, pero se ve envuelto en un conflicto armado en razón del comportamiento de un tercer país (justamente como ocurrió con Camboya, presionado por Estados Unidos en la guerra del Vietnam
¿A que modelo apunta el conflicto colombiano en la región andinoamazónica y que experiencias se podrían asimilar de estos comportamientos de países vecinos a confrontaciones armadas internas? Guerras globalizadas, guerras locales
Ver Fronteras, conflicto y crisis humanitaria, Boletín de 1 de junio de 2000, en UNICEF-CODHES, Un país que huye, desplazamiento y violencia en una nación fragmentada, Volumen II, Bogotá, marzo de 2003, página 231.
4
13 La formulación y aplicación de las políticas de seguridad hemisférica en la región andina están cada vez más articuladas al desarrollo de estrategias propias de la lucha contra las drogas y contra el terrorismo. Esto se hace más claro a raíz de los atentados del 11 de septiembre del 2000, cuando el gobierno de George W. Bush planteó los términos de la intervención estadounidense en la política mundial, basados y justificados por las percepciones de amenaza para su seguridad nacional. Tras el 9-11 el terrorismo emerge como la principal amenaza para la seguridad mundial, entendido como el modus operandi de las redes ilegales que trafican con armas y con narcóticos. En esta lógica política, la articulación entre narcotráfico y conflicto armado interno en Colombia, ha generado dos procesos: a) Una relación cada vez más estrecha entre la guerra globalizada contra el terrorismo y las guerras locales, que se refleja en la incorporación de la ayuda militar destinada a la lucha contra las drogas (especialmente la norteamericana) a la guerra interna, y b) Una marcada tendencia por parte de los gobiernos cooperantes en estas estrategias, así como de los depositarios y receptores de este tipo de ayuda, a presentar los efectos del conflicto colombiano en la región andina como una forma de internacionalización del mismo.
Estos procesos han justificado una respuesta militarista que se traduce en un incremento de este tipo de ayuda hacia Colombia y los países vecinos incluidos Perú, Ecuador, Panamá, Venezuela, Brasil, Bolivia (casi todos presentaron un incremento del 100% o más de la ayuda recibida en el 2003 respecto del 20025). De otro lado, han contribuido al cierre de los espacios humanitarios en las fronteras, con efectos negativos para los migrantes económicos y para las garantías en el ejercicio de derechos de quienes salen de Colombia buscando protección para sus vidas en los Estados vecinos. En el ámbito internacional, para el gobierno norteamericano la principal razón para introducir políticas de regulación en materia migratoria y de vigilancia e interdicción, es el suministro de drogas desde Sur América hacia Estados Unidos. 5
ISACSON, Adam del Centro para las Políticas Internacionales, ponencia presentada al Foro Social Mundial Temático que se llevó a cabo en Cartagena, Colombia en junio de 2003.
14
El gobierno norteamericano en los noventa definió este hecho como una amenaza a la seguridad nacional, argumentando que el 75% de heroína que se consume en la costa este de Estados Unidos proviene de Colombia y que el 90% de la cocaína disponible en el mundo es cultivada, procesada o transportada a través de Colombia6. En suma, a finales de los noventa se pueden identificar cambios en los énfasis de la ayuda norteamericana a Colombia que se reflejan en un incremento del componente militar a partir de 1998, tras la visita del presidente Andrés Pastrana (1998-2002) en octubre de ese año a Washington7. De acuerdo con el Center for Internacional Policy este componente representa aproximadamente el 80% del total de la ayuda norteamericana para Colombia, frente a un 20% de ayuda social y económica.
Posteriormente, estos cambios se traducen en la autorización para utilizar los recursos del Plan Colombia para la lucha contra el terrorismo, a partir de agosto del 20028 tras los hechos del 11 de septiembre que diluyeron los límites entre lucha contrainsurgente y lucha antinarcóticos, previamente establecidos por varios congresistas norteamericanos9 e incluso por el presidente Clinton en su visita a Colombia durante el 2000. 6
Ver: Memorando de justificación en conexión con las excepciones bajo la sección 3201 (a)(4) de la Emergency Supplemental Act como quedó establecida en la Military Construction Apropiations Act, 2001. 7 La elección del Presidente Andrés Pastrana (1998-2002) generó expectativas sobre el incremento en la ayuda norteamericana para Colombia, tras el deterioro de las relaciones del ex-presidente Ernesto Samper (1994-1998) con Estados Unidos, acusado de financiar su campaña con dineros del narcotráfico. La ayuda militar superó los 200 millones de dólares en 1999 y entre el 2000 y el 2001 sobrepasó los 700 millones de dólares, en los años en que se implementó el Plan Colombia. 8 Para esta fecha el Congreso de Estados Unidos aprobó en un paquete suplementario de emergencia, el uso de la ayuda militar de es país por parte de las Fuerzas Armadas de Colombia para fines anti-terroristas además de los objetivos establecidos de lucha anti-narcóticos. 9 Varios congresistas mencionaron que el propósito del Plan Colombia no era involucrarse en una guerra civil, por ejemplo el representante C.W Hill Young, (Acción Permanente, Putumayo Report, 2003).
15 En este contexto, Colombia es presentada como una amenaza para la seguridad doméstica de Estados Unidos y para la estabilidad de la región andina. Este planteamiento quedó consignado en la formulación del paquete de ayuda norteamericana del Plan Colombia: “La mala economía provoca el alto desempleo y crea una agrupación de personas descontentas de donde las guerrillas, los cabecillas de la droga y los grupos paramilitares pueden reclutar […] El tráfico de narcóticos alimenta el cofre de las guerrillas y grupos paramilitares, fortaleciéndolos para su asalto a las instituciones democráticas. El conflicto en Colombia representa también una amenaza significativa de violencia e inestabilidad en las regiones fronterizas de sus vecinos inmediatos como la región del Darién en Panamá, el norte de Ecuador y el oeste de Venezuela. Más aún, el aumento reciente del cultivo de ilícitos y del narcotráfico en Colombia, relacionados con el control de la guerrilla en el sur, es una amenaza mucho mayor para la región entera que el hecho de que la violencia de Colombia, ya sea que se la resista o no se la resista, se extienda a través de las fronteras” (Pickering, 2000). En el ámbito nacional, desde comienzos de la década de los noventa, el sentido de la cooperación internacional se redefine a través de un discurso que, en Colombia resalta problemas de estabilidad política interna, y en Estados Unidos identifica nuevas amenazas a la seguridad hemisférica.
En 1998, el entonces candidato a la presidencia Andrés Pastrana afirmó durante su campaña que el tráfico de drogas más que un problema judicial era un problema social, argumentando que la inversión con ayuda externa en infraestructura social, agricultura y desarrollo, ofrecería a los campesinos una alternativa al cultivo de ilícitos y contribuiría así a disminuir las causas de la inestabilidad política10. Posteriormente, al iniciar su periodo gubernamental, el presidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2006) planteó la política de seguridad democrática como principal estrategia para recuperar la autoridad del Estado y el control del territorio, cuyo énfasis está puesto en la lucha 10
Ver discurso campaña presidencial de Pastrana, junio 8 de 1998 citado por Fajardo (2003:27).
16 contra el terrorismo y contra el tráfico de drogas, armas, explosivos, precursores químicos y de personas. Dicha estrategia subraya, entre otras, la importancia de la cooperación de la comunidad internacional, así como la participación activa de todos los sectores de la sociedad civil en los esfuerzos del gobierno por garantizar la seguridad de los ciudadanos (Presidencia-Departamento Nacional de Planeación, 2002: 16). Las directrices del Plan Nacional de Desarrollo 2002-2006 están planteadas en los mismos términos que la política de seguridad hemisférica de Estados Unidos, ya que el terrorismo y el tráfico de drogas aparecen como la principal amenaza para la seguridad nacional: “La sucesión de homicidios y secuestros, la repetición de actos terroristas y la profusión de negocios ilícitos se han convertido no sólo en un obstáculo para el crecimiento económico, sino también en una amenaza para la viabilidad de la Nación”. (Presidencia-DNP, 2002:7). La cooperación entre los distintos gobiernos para desarrollar estrategias antinarcóticos y reforzar los mecanismos de regulación característicos de la lucha contra el terrorismo, se han concretado en operaciones militares transnacionales como: Púrpura y Topacio, Proyecto Prisma y Operación Seis Fronteras en las cuales participan distintos países de la región andina coordinados por las agencias de inteligencia de Estados Unidos.
Sin embargo, estas operaciones y la aspersión aérea intensa no han significado la reducción en el área cultivada de coca en Colombia. De acuerdo con el departamento de Estado en 1998 -dos años antes de iniciado el plan Colombia- el área cultivada de coca alcanzaba 101 mil hectáreas y a diciembre del 2003 el área sembrada era de 113 mil hectáreas, es decir, contrario a lo que se esperaba aumentó y con ella la violencia asociada al negocio para mantener los mismos niveles de producción. Con la solicitud por parte del presidente Uribe al gobierno de Estados Unidos para prologar el Plan Colombia hasta el 2009, se prevé una prolongación del conflicto armado en regiones apartadas y una regionalización de la crisis humanitaria con mayores alcances hacia los países vecinos. En ese orden de ideas, la tendencia a la articulación
17 entre guerra globalizada contra las drogas y contra el terrorismo con el conflicto armado colombiano, tiene efectos concretos en dos escenarios: a) El ámbito nacional, a través de la re-configuración del conflicto armado interno y sus consecuencias sobre la crisis humanitaria (principalmente el desplazamiento forzado). La ayuda militar se concentra en zonas donde hay mayor presencia de cultivos de uso ilícito y donde los actores armados irregulares mantienen un control territorial y económico más o menos estable y permanente. Esto ha resultado en la intensificación del conflicto y ha convertido estas regiones en zonas de confrontación o disputa, con consecuencias graves para la protección de la población civil que se encuentra bajo un cerco militar proveniente de todas las partes en pugna por el control territorial y la regulación económica y de circulación. Las estrategias de erradicación forzada de cultivos de uso ilícito también afectan a la población que depende de estas economías de la coca o la amapola. Esta situación es grave en la medida en que no hay una decisión política del gobierno ni administrativa de la Red de Solidaridad Social para reconocer en el marco de la Ley 387 de 1997 la condición de desplazados de las personas que migran por fumigaciones. b) El ámbito regional (países andinos), a través de las dimensiones internacionales del conflicto y de la crisis humanitaria, incluidas las respuestas institucionales de los Estados vecinos al mismo. Al respecto, es importante mencionar que las formas de enfrentar esta crisis humanitaria y de responder al conflicto tienden cada vez más a una respuesta de militarización por parte de la comunidad internacional para evitar su expansión. En este sentido, las estrategias de control migratorio en las fronteras y de regulación de ingreso y salida de mercancías, víveres e insumos están afectando a la población que sale del país para huir de la violencia y hace más difícil las condiciones de vida para zonas deprimidas económicamente. En la región andina se observa un cierre de fronteras y la superposición de la agenda de seguridad a la agenda humanitaria. La migración forzada tiende a incrementarse en las regiones donde se concentran las estrategias de seguridad del Plan Colombia, zonas que además están ubicadas en las fronteras. Durante el año 2003 una población aproximada de 207.607 personas fue obligada a desplazarse dentro del territorio nacional por acciones directas o indirectas de las
18 partes contendientes, guerrilleros11.
especialmente
de
grupos
paramilitares
y
Aunque se registró una reducción del 50% en el desplazamiento forzado respecto al año anterior, ocho departamentos registraron un incremento en el desplazamiento respecto al año anterior, el resto mostró una disminución, en casi todos se concentran las fumigaciones. Caquetá aparece con el mayor incremento respecto al 2002 y presenta la tasa de expulsión más alta en todo el país. Los departamentos que registraron un incremento del desplazamiento durante el 2003 frente al 2002 fueron Caquetá con una tasa de 3.165 personas desplazadas por cada 100 mil habitantes, Putumayo con una tasa de 2.33012, Guaviare con 2.302, Cundinamarca con 588, Guainía con 395, Valle con 260, Amazonas con 78, Vaupés con 82, mientras la tasa nacional fue de 466 por cada 100 mil habitantes. En 2003 se produjo la expulsión de por lo menos 27. 000 personas de las zonas en donde se adelantaron estas fumigaciones, lo que contribuye a agravar la crisis humanitaria. Aproximadamente el 80 por ciento de los desplazamientos ocurridos en zonas de fumigación se produjo en los departamentos de Putumayo, Caquetá, Guaviare, Norte de Santander y Cesar que son regiones donde se han implementado los operativos militares más grandes (“Holocausto” en Catatumbo y “Libertad” en Caquetá).
Baja el desplazamiento interno, crece el éxodo al exterior En 2003, mientras se redujo el número de personas desplazadas internamente, se incremento el éxodo de población colombiana en busca de protección y seguridad en otros países del mundo. Sólo hacia los países vecinos de Ecuador, Panamá y Venezuela aproximadamente 40.017 personas salieron forzadamente del territorio nacional por amenazas de muerte, atentados, asesinatos, masacres, 11
Ver Desplazamiento en Colombia: la dimensión de una crisis no resuelta. Ponencia presentada por CODHES en el Seminario sobre Desplazamiento Interno en América,Ciudad de México, 18 de febrero de 2004-02-18, Jorge Rojas R. En http://www.codhes.org.co 12
Estos dos departamentos concentraban en el 2000 más del 50% de los cultivos de coca en Colombia, cerca de la frontera con Ecuador.
19 fumigaciones de cultivos lícitos e ilícitos, intentos de secuestro y reclutamiento forzado o voluntario por parte quienes hacen la guerra en Colombia13. Éxodo de colombianos en zona de frontera (2003) Ecuador 24.571 Venezuela 11.571 Panamá 1.692 Total 40.017 Fuente: Sistema de Información sobre desplazamiento forzado y derechos humanos SISDHES-CODHES
De estas personas, un total de 11.612 han tramitado oficialmente el refugio pero esta condición ha sido otorgada sólo a 2.528. Es decir, de cada diez colombianos que solicitaron status de refugiado sólo dos lo han obtenido de manera efectiva. Y de cada diez colombianos que salen forzadamente hacia Ecuador, Venezuela o Panamá, siete ni siquiera hacen el trámite, por miedo, desconfianza o desinformación y prefieren permanecer en calidad de indocumentados o ilegales.
Tendencia anual migraciones forzadas trans-fronterizas 1995-2003 País/Año Ecuador Venezuela Panamá
1995 900 1,500 300
1996 1,200 2,000 1,000
1997 3,500 3,000 2,300
TOTAL
2,700
4,200
8,800
1998 4,000 7,000 1,500 12,500
1999 3,100 5,800 2,800 11,700
2000 9,698 3,080 1,440 14,218
2001 10,280 5,570 533
2002 12,000 9,500 300
2003 24,751 11,571 1,692
16,383
21,800
40,017
Total 69,429 49,021 11,865 130,315
Fuente: Sistema de Información sobre desplazamiento forzado y derechos humanos SISDHES-CODHES 13
La cifra es una estimación que se obtiene de datos ofrecidos por organizaciones humanitarias, sociales y no gubernamentales, de jurisdicciones de la Iglesia católica y de autoridades locales en las zonas de frontera de Colombia con Ecuador, Venezuela y Panamá y obtenida en el trabajo en terreno realizado por CODHES durante 2003. Es imposible una información precisa porque estas formas migratorias son difusas, no se registran legalmente, están sometidas a presiones de autoridades y sólo se pueden constatar por datos fragmentados. Por ejemplo, de las ayudas de instituciones humanitarias, de información de lideres que conocen la región y a las personas y que dan cuenta de la salida forzada hacia territorios de países vecinos. Es muy probable que la cifra sea muy inferior a la realidad, pero permite reflejar una tendencia. Un ejemplo de las dificultades para construir una cifra confiable es el informe del Consejo de Estados Unidos para los Refugiados, la Guardia Nacional de Venezuela admitió haber devuelto en 2003 alrededor de 10 mil colombianos en calidad de indocumentados e ilegales, desconociendo o negando casos de persecución y amenazas susceptibles de acceder a la condición de refugiados.
20
Tendencia anual de colombianos desplazados a los paises vecinos 1995-2003
30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Ecuador
Venezuela
Panamá
En países como Estados Unidos, Canadá y España ACNUR ha constatado que 13.179 nacionales colombianos solicitaron asilo en 2002, mientras que en Costa Rica durante el primer trimestre de 2003 lo hicieron 498. A este importante crecimiento de las solicitudes de asilo se suman los trámites de organizaciones humanitarias de europeas y canadienses de por lo menos 153 solicitudes similares el año pasado para líderes políticos de oposición, jueces y trabajadores de la justicia, periodistas y defensores de derechos humanos perseguidos y amenazados que se suman a la diáspora de colombianos en el exterior. No. de Refugiados Colombianos (Acumulativo) 2.000 Ecuador Panamá Venezuela Costa Rica Estados Unidos Total
2.001
2.002
Al 31 de Marzo de 2003
362 711 50 515
1.614 881 21 3.093
3.304 989 21 7.326
4.003 989 21 7.783
2.614 1.638
6.663 5.609
11.135 11.640
n/a 12.796
Fuente: Population Data Unit, UNHCR- Elaboración CODHES
Nuevas aplicaciones 2000 Ecuador Panamá Venezuela
323 75 95
2001 1.872 74 205
2002 6.244 29 803
2003 10.179 88* 1.345
21 Costa Rica Total
954 1.447
5.018 7.169
3.613 498** 10.689 12-110
Nuevas aplicaciones País Estados Unidos Canadá España Total
2001
2002
7.144 9.356 1.831 2.718 2.532 1.105 11.507 13.179
Fuente: Population Data Unit, UNHCR- elaboración CODHES *Dato Acumulado hasta Agosto de 2003, se refiere a “protegidos humanitarios” según legislación panameña **Acumulado en Costa Rica hasta Marzo de 2003
Según el ACNUR, •
Durante el primer trimestre de 2003, Colombia es el tercer país "productor" de solicitantes de asilo en España, después de Nigeria y Algeria
• •
Durante el primer trimestre de 2003, Colombia es el cuarto país "productor" de solicitantes de asilo en Canadá, después de Pakistán, México y Costa Rica.
•
Durante el primer trimestre de 2003, Colombia es el segundo país "productor" de solicitantes de asilo en Estados Unidos, después de China.
•
Colombia ocupa el puesto No. 14 en el número de solicitudes de asilo en países industrializados (a 31 de Marzo de 2003)14
Entre 1995 y 2003, un total estimado en 130.315 colombianos y colombianas cruzaron las fronteras con Ecuador, Venezuela y Panamá por razones de inseguridad y violencia y la tendencia sigue siendo creciente. Sin cruzar la frontera
El desplazamiento interno en zonas de frontera permite una comprensión acerca de la intensidad de la crisis humanitaria y su incidencia en países vecinos. Durante 2003 se registró desplazamiento 14
Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, Panel sobre Migraciones y Derechos Humanos, Refugiados en las Fronteras, Bogotá, septiembre de 2003
22 forzado de aproximadamente 23.920 personas en 46 de los 62 municipios y corregimientos departamentales que limitan con países vecinos, es decir en el 74% del territorio fronterizo15. Sin bien se registró una disminución del desplazamiento en Colombia en 2003 frente al año inmediatamente anterior, en los departamentos fronterizos esa tendencia fue diferente. Amazonas, Arauca, Cesar, Chocó, Guainía, Guajira, Nariño, Norte de Santander, Putumayo y Vaupés, registraron incremento en las tasas de expulsión de población como consecuencia del conflicto armado. En Vichada se registró una disminución con respecto a 2002. En cuanto a tasas de recepción de población desplazada en departamentos fronterizos la tendencia es similar: Todos los departamentos, menos Vichada, registraron incremento de personas que llegaron desplazadas durante 2003. En los municipios de los departamentos de frontera la intensidad del conflicto es más alta que en el resto del país a juzgar por el número de personas expulsadas de estos territorios limítrofes. Según la Encuesta Nacional de Desplazamiento aplicada por CODHES en 2003, el porcentaje de población expulsada con relación a población en zonas de llegada es en el nivel nacional del 59%, mientras que en los municipios fronterizos es del 83%. Es decir, hay más confrontación, más disputa y se afecta más a la población civil en las zonas de frontera que en otras regiones del país. Los países vecinos están en el borde de una crisis humanitaria signada por los flujos migratorios que se derivan del conflicto, de la reconfiguración de las economías asociadas a la guerra, de la intensidad y degradación de las hostilidades y esta crisis persiste en todo el territorio nacional pero tiende a ampliarse, a profundizarse y a agravarse en las zonas de frontera. Fronteras en el punto de mira
15
Son 62 municipios (que incluyen cuatro corregimientos espaciales en el departamento del Amazonas) de siete departamentos que comparten frontera con Venezuela (Arauca, Norte de Santander, Guajira, Boyacá, Vichada, Cesar) Brasil (Amazonas, Vaupes, Guainía), Ecuador (Putumayo y Nariño), Perú )Amazonas y Putumayo) y Panamá (Chocó)
23 En los últimos dos años la militarización en las zonas de frontera ha aumentado considerablemente. Brasil desde septiembre del 2002 desplegó 28.000 hombres a lo largo de la frontera norte con Colombia. En Venezuela hay 20 mil soldados desde agosto del 2002 (3000 soldados en los límites de Arauca y más de 4000 en Norte de Santander, esto sumado al aumento en cuatro mil hombres en la llamada Vía de la Libertad que va desde Caracas hasta Arauca16), Ecuador por su parte tiene un contingente permanente de 15.000 hombres a los largo de la frontera. (3 veces mas arriba que en la guerra con Perú.) La cooperación de Estados Unidos en las fronteras de Ecuador, Brasil y Perú se traduce en militarización en el marco de la lucha antinarcóticos. En el 2003 se inauguró una base antinarcóticos destinada a la policía de Sucumbíos (Ecuador) que estaría en los próximos dos años acompañada por 4 nuevas construcciones en otras zonas de la frontera. Este anuncio fue hecho después de que la embajadora de Estados Unidos en ese país destacara la importancia de trabajar juntos en la protección de la frontera. Llegaron como aporte a la lucha antidroga 130 jeeps, 30 camiones y 18 helicópteros y aviones. De la misma manera Estados Unidos instalo en la Amazonía peruana un centro de coordinación Antinarcóticos, en esta nueva base tiene como objetivo reanudar vuelos de interdicción. (2 aviones espías C26, Aeronaves Cessna-Ciatation). Tan sólo meses antes de la aprobación del primer paquete de ayuda, en el marco del Plan Colombia, Estados Unidos retiraba sus tropas y bases militares en Panamá y con ello, finalizaba su hegemonía sobre el Canal. Desde entonces, Estados Unidos busca configurar un nuevo escenario militar en la región para proteger sus intereses y, según su discurso, impedir que las amenazas regionales, como el narcotráfico y la guerrilla, se difundan en el resto del continente. Consecuentemente, Estados Unidos negoció con diversos países en la región para la instalación de las FOL’s o Bases de Operaciones de Avanzada en Aruba, Curazao, El Salvador y en Manta (Ecuador). Fue la Base en Manta lo que despertó mayor temor en los países andinos, porque se creía que además de ser parte de la estrategia militar norteamericana, era también parte del Plan Colombia.
16
Información suministrada por representante de Pastoral Social de Arauca.
24 Esto generó que Brasil, Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela empezaran a cuidar sus fronteras con Colombia con un doble propósito: impedir la infiltración guerrillera o del narcotráfico y evitar una eventual expansión de la militarización en suelo sudamericano17. Del lado Colombiano la militarización aumenta en el marco de la política de seguridad Democrática: el gobierno ha puesto todas sus energías en aumentar a ritmo acelerado en número de efectivos de las fuerzas militares y de policía en todo el país para copar los 1.098 municipios del país. Además del programa de la Red de informantes y soldados campesinos. Además de la adecuación del marco jurídico que implica reformas constitucionales y legales orientadas a restringir derechos básicos, la política de Seguridad Democrática18 se centra en la militarización del territorio nacional. Para tal fin desarrolla, entre otras, las siguientes acciones: •
El restablecimiento de la Policía Nacional en los 1098 municipios del país
•
Refuerzo de las cabeceras municipales con la conformación de 455 pelotones de soldados campesinos (llamados soldados de mi pueblo)
•
Incremento del numero de policías en 10.000 patrulleros que conformaron 37 escuadrones móviles para cubrir áreas específicas
•
Creación de tres Batallones de Alta Montaña con el objetivo de cerrar corredores estratégicos de los actores armados irregulares.
¿Quién controla las zonas de frontera?
17
Intervención de Elaine Ford ante la Comisión de Desarrollo Alternativo, Lucha Contra las Drogas y Lavado de Dinero del Congreso del Perú, Lima 14 de marzo de 2004). 18
En este enfoque de seguridad no se contemplan puntos de vista integrales tales como los que sugiere el informe del PNUD (1994) “Nuevas dimensiones de la Seguridad Humana”en el que se priorizo la Seguridad de las personas sobre la seguridad territorial y el desarrollo sostenible sobre el armamentismo. Los criterios que garantizan la seguridad humana vincula dos aspectos. 1. Una población libre de temor y una 2. Población libre de carencias. Este concepto posee un carácter integral que lo aleja de las concepciones tradicionales de seguridad limitadas a la defensa del territorio, el poder militar y al carácter defensivo
25
En las zonas de frontera hay situaciones específicas, dinámicas tendencias del conflicto que son características en esas regiones elementos adicionales frente a la crisis humanitaria, que obligan pensar acciones diferenciadas en función de la protección de población civil.
y y a la
En primer lugar, son zonas estratégicas para los actores del conflicto en el marco de la disputa por el control de territorios, poblaciones y recursos. El control territorial está asociado a estrategias de guerra de grupos irregulares que, según denuncias de las autoridades de varios países, usan las zonas fronterizas como retaguardia y como zona de abastecimiento y descanso. La disputa entre paramilitares y guerrillas por el cordón fronterizo del Darien en la frontera con Panamá, la presencia de paramilitares en cabeceras municipales fronterizas del Putumayo y Nariño y el control de las Fuerza Pública en la Frontera con Venezuela indican que estas fronteras son espacios de disputa territorial y que su control es clave para acceder a recursos importantes para la guerra. En control de poblaciones tiene relación con formas de homogeneización de lealtades políticas (Reyes:1998) a través del el uso cada vez más arbitrario de la fuerza y con mecanismos que trascienden el desplazamiento forzado y consolidan formas de confinamiento y bloqueos que convierten a los civiles en recurso de la guerra. Frente a los recursos, se intenta controlar el circuito de la producción, procesamiento y comercialización de drogas ilícitas, las regalías y ganancias de la economía extractiva (petróleo en Putumayo, Arauca Y norte de Santander, carbón en la Guajira y madera en el Putumayo) las rutas del tráfico de armas y municiones, el contrabando de gasolina y otros productos, entre otras modalidades criminales asociadas a las zonas fronterizas. También incide en la disputa por el control de las zonas de frontera el abandono histórico del Estado, la corrupción, la marginalidad y el empobrecimiento dramático de la población, especialmente afrodescendientes e indígenas, cuyos territorios colectivos y resguardos presentan una vulnerabilidad sólo comparable con la de las propias comunidades. La crisis del campo y las zonas de frontera
26
Hay una presión demográfica sobre las zonas de frontera muy ligada a la crisis múltiple del campo colombiano. La violencia, la concentración de la tenencia, la monopolización del uso de la tierra y la consiguiente restricción de oportunidades inciden en proceso migratorios forzados en los que la frontera, la montaña y la selva se convierten en los últimos espacios de sobrevivencia dentro del territorio nacional. Si bien el conflicto se desarrolla tanto en las zonas rurales como en las urbanas (con expresiones diferentes en las dos), son las zonas rurales las que se han visto más afectadas directamente por la violencia y las distintas estrategias de guerra de los actores en disputa. Fenómenos como la alta concentración de tierras, la presencia de cultivos de uso ilícito y de megaproyectos de distinto tipo se han insertado y mezclado dentro de la lógica del conflicto armado interno, generando con mayor intensidad fenómenos tan graves como el desplazamiento forzado de población, que luego repercuten e impactan las zonas urbanas. Cada vez es más difícil vivir en el campo. La violencia sistemática contra la población rural, la estructura injusta en la tenencia y el uso de la tierra y los modelos económicos de apertura indiscriminada de mercados, atentan contra este sector primario de la economía. El proceso de concentración de la propiedad rural en manos de grandes productores se ha acelerado en los últimos diez años. Actualmente en Colombia •
El 57.5% de los propietarios poseen el 1.7% del área predial rural registrada, representada en menos de tres hectáreas
•
El 39,7% de los propietarios poseen el 22.5% en predios de entre 3 y 100 hectáreas
•
El 2.6% poseen el 14.6% en predios de entre 100 y 500 hectáreas y
27 •
El 0,4% de los propietarios poseen el 61.2% del área predial rural registrada representada en predios de más de 500 hectáreas19.
En el mundo rural confluyen elementos dinamizadores del conflicto armado que se asientan en situaciones de inequidad, exclusión, ilegalidad y violencia aún no resueltos: la concentración histórica de la tenencia de la tierra, el lavado de activos provenientes del narcotráfico a través de la acumulación legal o ilegal de tierras, la persistencia del latifundio y la ganadería extensiva, los modelos de justicia y seguridad privada desde la ilegalidad y el apoyo y financiación de grupos paramilitares que desbordaron la violencia en las zonas rurales20. Esta concentración de la propiedad disminuye cada vez más las posibilidades dignas de subsistencia del campesinado, que si aún no ha sido desplazado por el conflicto (cerca del 55% de los desplazados tenía tierra), no encuentra otra opción distinta que los cultivos de uso ilícito (casi siempre en zonas de frontera), el narcotráfico o la vinculación como combatiente de un conflicto que se convirtió también en modus vivendi en medio de la crisis social. El recurso humano es impresionante: De 12.4 millones de personas que viven en el sector rural, el 82.6% está bajo la línea de pobreza21. A esto se le suman las políticas estatales de desmonte de entidades que prestaban servicios a los campesinos, como el ICA (Instituto de Crédito Agrario) con el que se transfería tecnología en forma continua al sector rural, el desmonte de créditos de fomento rural con la liquidación de la caja agraria, la falta de efectividad regional del Incora por los intereses políticos locales. Se explica así el crecimiento de los cultivos ilegales, presentes en la cuarta parte de los municipios del país y que a la vez son pretexto para más ataques a los campesinos y más desplazamientos con las fumigaciones aéreas, que lejos de contener esos cultivos, les han hecho proliferar al causar su dispersión, aumentando la destrucción de los bosques y selvas, porque 200 mil familias campesinas sin mercados ni tierras, no tienen otra salida que sembrar más coca y amapola para compensar el costo de la fumigación y de la lejanía de las nueva parcelas.22 19
Foros universitarios preparatorios al congreso nacional agrario. Universidad Nacional, 21 de febrero de 2003 20 La tierra, comienzo y fin del conflicto. El tiempo octubre 12 de 2003 21 Ibid 22 los campesinos después de la constitución del 91. Hector Mondragón, junio de 2001
28
Según los resultados de la Encuesta Nacional de Desplazamiento (ENADE) aplicada a hogares en situación de desplazamiento entre 2002 y 2003, con relación a la tenencia de la tierra, el abandono de tierras no sólo afecta al interior del país, sino que empieza a irrumpir con fuerza en las zonas de frontera: A. Los departamentos con mayor número de hogares con predios abandonados por personas desplazadas son Tolima, Putumayo, Chocó, Antioquia, Caquetá, Cauca, Norte de Santander, Guaviare, Cesar y Bolívar. B. El 74%) de los predios abandonados corresponden a inmuebles rurales. El 69% contenían casa y parcela, y el 5% sólo los terrenos. C. El 5.6% fueron expulsados de propiedades colectivas (resguardos o territorios afrocolombianos) Las zonas de mayor presión por el control y uso de tierras a través de la expulsión de pobladores ancestrales corresponden a los territorios colectivos de pueblos indígenas y afrocolombianos. Las zonas de colonización y de aplicación de políticas de fumigación presentan igualmente elevados índices de expulsión referidos a conflictos por el uso y dominio de la tierra.23 El Plan Colombia en la frontera de Colombia con Ecuador Contraproductos del Plan Colombia El Plan Colombia en su formulación inicial, se plantea como una estrategia para desarticular las redes de producción y comercialización de drogas en la región, así como para debilitar la presencia y acciones violentas de grupos armados al margen de la ley que se financian con actividades del narcotráfico. De otro lado, el gobierno norteamericano planteó la importancia de defender la estabilidad de las instituciones democráticas en Colombia, propósito que además estaba relacionado con la necesidad de garantizar la inversión económica internacional en el país24. El gobierno nacional por su parte, señala en la presentación del Plan que “dentro del marco de una política de construcción de paz, liga las estrategias de negociación con la insurgencia, la protección de los derechos humanos, el fortalecimiento del Estado, la recuperación de la 23
Boletín 47 de CODHES: Desplazados: Ni Seguridad, Ni Democracia. Discurso del Subsecretario de Estado para asuntos políticos de Estados Unidos, Thomas Pickering ante la Corporación Andina de Fomento, durante el Seminario de Comercio en las Américas, 8 de septiembre del 2000 (traducción extraoficial). 24
29 economía, el control a la expansión de los cultivos ilícitos, y la protección del ambiente”25.
De forma más detallada, el logro de estos objetivos, se enfoca en las siguientes estrategias: eliminación del 50% de la extensión de cultivos de uso ilícito por aspersión aérea en el plazo de 5 años (a octubre del 2005), apoyo al desarrollo alternativo y erradicación voluntaria de cultivos ilegales, protección de la infraestructura petrolera, ayuda para las personas internamente desplazadas, ayuda para programas de protección ambiental, recursos para gobierno local y mejoramiento de la capacidad de gobernar, programas para ayudar a mejorar la administración de la justicia, protección de los derechos humanos. Transcurridos más de 2 años de su implementación, diversos estudios y evaluaciones realizadas por instituciones del Estado, comunidades, organizaciones sociales y no gubernamentales, muestran que estas estrategias no han permitido el logro de los propósitos generales del Plan Colombia. Adicionalmente, que han tenido efectos contraproducentes y un impacto negativo en las condiciones de vida y la protección de la población civil ubicada en las zonas donde se concentra la ayuda del Plan26. Al respecto, las comunidades y organizaciones sociales afirman que: “El Plan Colombia se constituye en un instrumento de lucha contrainseurgente el cual contribuirá de manera negativa al 25
Plan Colombia. Fortalecimiento Institucional y Desarrollo Social, 2000 a 2002. Citado por la Defensoria en la Resolución Defensorial No. 26, Bogota, Octubre 9 de 2002. 26 Resoluciones Defensoriales No. 4 del 12 de febrero de 2001, No. 26 del 9 de octubre de 2002, No. 28 de mayo de 2003, así como los informes defensoriales de seguimiento, la Amicus Curiae Derecho Humanos y Fumigaciones presentado a la Corte Constitucional dentro de la revisión de tutela interpuesta por la Organización de Pueblos Indígenas de la Amazonia = OPIAC en abril del 2002. Tres Informes de la Contraloría General de la Republica; II Foro el SUR EVALUA EL PLAN COLOMBIA realizado en Puerto Asís el 10 y 11 de diciembre de 1001; III Congreso de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos =ANUC= Organizaciones Sociales del Putumayo, llevada a cabo en Puerto Asis del 7 al 9 de septiembre del 2002. Estudio de DASALUD Putumayo de Octubre del 2002, y de distintas organizaciones ecuatorianas y colombianas como Acción Ecológica, Colectivo de Abogados y el estudio Impactos en Ecuador de las fumigaciones realizadas en el Putumayo dentro del Plan Colombia, de marzo del 2003, realizada por varias organizaciones ecuatorianas como ALDHU, CEDHU, Accion Ecológica, INREDH, RAPAL, Serpaj, Comité Andino de Servicios.
30 escalamiento y expansión de la guerra que se libra en Colombia desde hace 30 años”…”La erradicación forzada contra los cultivos ilícitos no toca las grandes ganancias del negocio, y por el contrario implica el traslado de los cultivos con e l consecuente impacto ambiental”27.
Con respecto al control de la expansión de cultivos de uso ilícito y a su reducción, el informe de la oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito presentado en junio de este año, muestra que las áreas de cultivos de uso ilícito descendieron el 30 por ciento del 2001 al 2002, pasando de 144.807 a 102 mil hectáreas, la primera reducción significativa en muchos años. Sin embargo, esta reducción aparece acompañada de un incremento en otras zonas vecinas a los departamentos de Putumayo y Caquetá, los cuales concentraban más del 50 por ciento de los cultivos en 1999. Este traslado también se presenta hacia los países vecinos, específicamente Bolivia y Perú. Según los datos de la UNODC (oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito), los narcocultivos aumentaron en Bolivia de 14.600 hectáreas en 2001 a 19.900 en el 2002 y en Perú de 43.405 a 46.232, respectivamente. El gráfico 1 muestra el número de hectáreas de coca sembradas a diciembre de 1999 (antes del inicio de las fumigaciones en Putumayo y Caquetá) y a diciembre del 2002, después de haberse fumigado 400.000 hectáreas en todo el país. El gráfico ilustra como la reducción de los cultivos de uso ilícito registrada para el 2002 respecto a 1999 en regiones como Putumayo, Guaviare, Caquetá, Norte de Santander, Meta y Cauca; ocurre paralela a la aparición y crecimiento de cultivos en departamentos vecinos a Putumayo como Amazonas y Nariño, y a los departamentos que limitan con Caquetá al oriente así como hacia zonas de influencia de la antigua zona de distensión como Vichada, Vaupes, Guainia y Arauca principalmente. A pesar de la reducción registrada, es importante mencionar que los datos de medición satelital no incluyen zonas montañosas ni nuevas áreas, lo cual, sumado a las imprecisiones en la resolución de las áreas fotografiadas, constituye un margen de error del 10 por ciento en la medición del SIMCI, Proyecto Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos ilícitos. Por ejemplo, en la zona cafetera se cree que hay 18 mil 27
Declaración de Puerto Asís del 8 y 9 de septiembre del 2000, suscrita por 325 participantes al I Foro El SUR EVALUA ELPLAN COLOMBIA
31 hectáreas de coca cultivada, de acuerdo con declaraciones de la Federación Nacional de Cafeteros, aunque reconocen que esto es difícil de corroborar precisamente por los obstáculos que hay al hacer la medición28.
Gráfico 1. Número de hectáreas cultivadas de coca por departamento,1999 y 2002 60.000 57.000 54.000 51.000 48.000 45.000 42.000 No. Hectáreas
39.000 36.000 1999 2002
33.000 30.000 27.000 24.000 21.000 18.000 15.000 12.000 9.000 6.000
GUAVIARE
PUTUMAYO
CAQUETA
META
CAUCA
NARIÑO
BOLIVAR
ANTIOQUIA
Nte SANTANDER
Departamento
CORDOBA
VAUPES
MAGDALENA
VICHADA
VALLE DEL CAUCA
SANTANDER
GUAJIRA
CHOCO
CUNDINAMARCA
CESAR
BOYACA
ARAUCA
AMAZONAS
0
GUAINIA
3.000
Fuente: Sistema de información de Drogas de Colombia, SIDCO y DNE.
De otro lado, se observa que con el traslado de cultivos, hay una distribución de los mismos que muestran una mayor dispersión geográfica de las siembras. Esta dinámica se refleja en el aumento en el número de municipios en donde hay cultivos, aunque estos considerados en su totalidad representen un área menor. El gráfico 2 muestra como desde 1999 cada vez más municipios están involucrados en la siembra, 28
“La coca viajera”en El Tiempo, domingo 13 de octubre de 2002, p 1=4.
32 sobre todo en los departamentos vecinos al Putumayo y al Caquetá, en el primero tienen cultivos 10 de sus 13 municipios. La mayoría de los cultivos de coca del Putumayo se han trasladado hacia Nariño (municipios de Llorente, Barbacoas y zona rural de Tumaco, principalmente en el río Chagüí), donde simultáneamente se registra la llegada de actores armados que están utilizando como estrategia para la apropiación de terrenos aptos para el cultivo, las incursiones, la intimidación, las amenazas, los asesinatos selectivos, el despojo y el desplazamiento de las comunidades. Según testimonios de la comunidad recogidos durante visitas al terreno, en Tumaco“el desplazamiento hacia el casco urbano se ha incrementado y las zonas abandonadas son utilizadas por los actores armados para cultivar grandes extensiones de coca o para ubicarse allí con sus familiares, amigos y otros miembros de los grupos armados”29. De otro lado, el diario El Colombiano en artículo publicado el 3 de septiembre de este año, denuncia las amenazas contra el obispo de Ipiales, tras haber sido presionado por presuntos miembros de las FARC (Fuerzas Armadas revolucionarias de Colombia) para entregar unos predios que pertenecen a la Iglesia. El caso de Nariño llama la atención porque a raíz de la intensificación de las fumigaciones30, se tiene conocimiento del desplazamiento de cultivos hacia el Ecuador, desde Llorente y Sabaleta hacia San Lorenzo en la provincia de Esmeraldas31. Gráfico 2.
29
Entrevista realizada por CODHES en abril de 2002. Entre el 2001 y el 2002 el número de hectáreas fumigadas en el departamento se incrementó en más del 100 por ciento, pasando de 7.494 a15.131 respectivamente, según datos del SIDCO. 31 Información recogida en reuniones con las comunidades y organizaciones de Tumaco durante visita a la zona fronteriza con Ecuador en marzo del 2003. 30
33
Número de municipios con cultivo de uso ilícito por año en Departamentos vecinos al Putumayo** y al Caqueta 1999 y 2002. 20 18 18 16 16
15
No. de municipios
14 12 10 10
9
8
1999 2002
9
7 6
6
6
5
5 4
4
4 2
2
2 0
0
0
0 Amazonas**
Caquetá**
Cauca**
Guainía
Guaviare
Nariño**
Putumayo
Vaupés
Vichada
Departamento
Fuente: SIMCI Proyecto Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos ilícitos www.cultivosilicitoscolombia.gov.co –Estadísticas-
Además de lo mencionado anteriormente, la coca es una planta particularmente resistente a las fumigaciones, sufriendo mayores daños los cultivos lícitos por el efecto deriva (viento) y por la aspersión aérea que se ha venido realizando indiscriminadamente. Durante varias reuniones con campesinos del Putumayo, estos afirmaron que la aspersión aérea está afectando principalmente los pequeños cultivos de 2 y 3 hectáreas de coca y muy poco a los cultivos grandes de mas de 15 mil plantas. Los municipios de Putumayo donde se han concentrado las fumigaciones son Puerto Asís, Orito, La Dorada y La hormiga (es el departamento donde más hectáreas se han fumigado, 66 mil en el 2000, 47 mil en el 2001 y 13 mil en el 2002). En Puerto Asís, por ejemplo, las veredas en donde ocurrieron fumigaciones indiscriminadas con efectos graves en cultivos de pancoger de plátano, maíz y yuca, son: El Paraíso, La Danta y Danubio. Los
34 testimonios de los afectados por la erradicación forzosa en sus cultivos lícitos mencionan que “se fumiga el triple de cultivos de pancoger por fumigar un círculo pequeño de coca” y que “las fumigaciones indiscriminadas se han hecho en Orito, La Dorada, Puerto Asís y Puerto Leguizamo”32. Los casos conocidos así como las entrevistas realizadas muestran que el número de hectáreas de cultivos acabadas por las fumigaciones oscila entre 6 y 35. Los campesinos e indígenas del departamento han mostrado que tienen voluntad de erradicar, no sólo porque la iniciativa surgió de las organizaciones campesinas en el año 2000, sino por el número de firmantes de los pactos de erradicación voluntaria ante el Gobierno nacional. De acuerdo con información de la ANUC, se firmaron 31 pactos entre diciembre del 2000 y junio del 2001 que comprometían a 37.775 familias en la erradicación de 37.728 hectáreas de coca. Otras 7 mil familias indígenas firmaron aparte. A principios del 2002, Usaid lanzó una modalidad de pactos de erradicación temprana (Pildaet) en los cuales las comunidades se comprometieron a erradicar toda la coca antes de recibir los recursos. Estas ayudas están canalizadas a través de Chemonics. Según datos proporcionados por esta entidad, en el país se han erradicado manualmente 19.08333 hectáreas, lo cual equivale al 44 por ciento de la reducción registrada entre el 2001 y el 2002. De estas, aproximadamente 15 mil corresponden al departamento del Putumayo. Las comunidades igualmente han expresado su decisión de erradicar. Sobre la decisión de seguir o no cultivando coca “ya nos dimos al dolor, por la coca mataron al marido, hijo, esposo, la gente que la trabaja es porque está obligada, ojalá se acabe esa porquería” (mujer desplazada a quien le mataron su hija en el municipio de San Miguel). Además, resaltan la necesidad de “apoyar una propuesta de desarrollo alternativo para generar ingresos y no para disminuir cultivos”34. Al respecto, la Contraloría General de la República concluye que del 60 al 70 por ciento de los recursos del componente social del Plan Colombia, se han gastado en reducción de la demanda y menos del 10 por ciento en soluciones alternativas de cultivos (desarrollo alternativo)35.
32
Entrevistas realizadas a campesinos de varias veredas del municipio de Puerto asís, durante el II Encuentro de ANUC - Organizaciones sociales del Putumayo, septiembre 2002. 33 www.fundacad.org.co 34 II Encuentro ANUC-Organizaciones sociales del Putumayo, septiembre 2002. 35 Informe evaluación del Plan Colombia. Contraloría General de la República, agosto 2002.
35 Impacto del Plan Colombia: incremento de la crisis humanitaria y de derechos humanos. Violencia El traslado de cultivos va acompañado de la apropiación de territorios por parte de los actores armados. Es así como la violencia ligada al narcotráfico se expande a nuevas zonas donde la llegada y permanencia de grupos paramilitares y guerrilleros resulta en una disputa por los territorios aptos para el cultivo, con la consecuente desprotección y agresiones para los habitantes de estas zonas y para la población civil que se debate en medio del conflicto. Un reciente estudio de la Contraloría general de la República revela que el 48% de las tierras cultivables del país están en manos de los narcotraficantes y que las que han sido incautadas por el Estado mediante extinción de dominio, no han podido ser distribuidas debido a las dificultades para identificar los verdaderos dueños, su ubicación y actual estado36. Los gráficos 3, 4, 5 y 6 muestran la relación directa entre el número de hectáreas sembradas y la tasa de homicidios en los departamentos de Putumayo y Nariño para los años 1999 y 2002. La información refleja como la violencia aumenta con la llegada de los cultivos, principalmente en el departamento de Nariño para el 2002, la tasa de homicidios aumentó en donde se presentó un aumento del área sembrada: municipios de Tumaco (registró una tasa de homicidios de 86 en 1999 y de 99 en el 2002), Barbacoas (con una tasa de 0 en el año 1999 y una de 39 en el 2002), Ipiales (una tasa de 14 para 1999 y de 67 para el 2002) y El Charco (con una tasa de 7 en 1999 y de 61 en el 2002). Gráfico 3
36
El estudio está disponible en la página web www.cgr.gov.co
PASTO
PUERRES
Municipio
Fuente: Hectáreas sembradas según datos del SIDCO –DNE y tasa de homicidios según Policía Nacional - Dijín. YACUANQUER
TUMACO
T A M IN A N G O
SANTACRUZ
SAN PABLO
SAN BERNARDO
S A M A N IE G O
R IC A U R T E
140
1999 tasa homicidios 1999 has sembradas
80 600
60
40 400
20 200
0 0
Has sem bradas
120
POTOSI
P IZ A R R O
OLAYA HERRERA
MALLAMA
LOS ANDES
L E IV A
LA LLANADA
LA CRUZ
IM U E S
GUALMATAN
G U A IT A R IL L A
FUNES
EL TABLON
EL CHARCO
C U M B IT A R A
CUASPUD
CONTADERO
C O L O N (G E N O V A )
BELEN
ARBOLEDA
ALDAÑA
T a s a h o m ic id io s x 1 0 0 m il h a b
36
Comparativo Tasa de homicidios por 100 mil habitantes vs hectáreas sembradas NARIÑO, Año 1999 1200
1000
100 800
37
Gráfico 4 Comparativo de Hectáreas sembradas y tasa de homicidios por 100 mil habitantes en Putumayo, Año 1999 300
16000
14000
1999 tasa homicidios 1999 has sembradas
200
10000
8000
150
6000 100 4000 50 2000
0 VILLAGARZON
SANTIAGO
SAN MIGUEL1
VALLE DEL GUAMUEZ
Municipio
S A N F R A N C ISCO
SIBUNDOY
PUERTO LEGUIZAMO
PUERTO GUZMAN
P U E R T O C A IC E D O
P U E R T O A S IS
O R IT O
COLON
0
Fuente: Hectáreas sembradas según datos del SIDCO –DNE y tasa de homicidios según Policía Nacional - Dijín.
N o . has sem b radas
12000
MOCOA
T a s a d e h o m icidios x 100 m il h a b s
250
38
Gráfico 5
120 Tasa homicidios por 100 mil habs
6000 5700 5400 5100 4800 4500 4200 3900 3600 3300 3000 2700 2400 2100 1800 1500 1200 900 600 300 0
Hectáreas Sembradas
Tasas Homicidio por 100 mil Habs
100
80
60
40
20
TUQUERRES
TANGUA
SAPUYES
STA BARBARA
SANDONA
SAN PABLO
SAMANIEGO
SAN BERNARDO
PUERRES
RICAURTE
PASTO
POTOSI
MALLAMA
OLAYA HERRERA
LOS ANDES
LEYVA
LA TOLA
LA FLORIDA
ILES
IPIALES
FUNES
GUALMATAN
EL PEÑOL
EL TABLON GOMEZ
CUMBAL
EL CHARCO
CONSACA
CORDOBA
BUESACO
CHACHAGUI
BARBACOAS
ALBAN
ANCUYA
0
Municipios
Fuente: Hectáreas sembradas según datos del SIDCO –DNE y tasa de homicidios según Policía Nacional - Dijín.
En Putumayo, se observa una disminución del área sembrada en la mayoría de los municipios con un aumento en el número de hectáreas sembradas en Puerto Leguízamo y se mantiene la tendencia: donde más coca hay, más violencia. Los municipios que presentan la tasa más alta de homicidios en Putumayo son Puerto Asís, Mocoa y La Hormiga. Estos coinciden en gran parte con los que concentran la mayoría de los cultivos de coca que son Puerto Asís, Puerto Guzmán, Orito, san Miguel y la Hormiga. Se observa una disminución en la tasa de homicidios para la mayoría de los municipios así: Mocoa pasó de 104 por cada 100 mil habitantes en 1999 a 122 en el 2002, Orito de 90 a 2 en el año 2002, La
Hectáreas sembradas
Comparativo Tasa de Homicidios por 100 mil Habs vs Hectáreas sembradas. Nariño, año 2002
39 Hormiga de 248 a 81, Puerto Asís de 278 a 120 y Puerto Leguízamo de 93 a 21, respectivamente.
Gráfico 6 Comparativo Tasa Homicidios por 100 mil Habt vs Hectáreas sembradas. PUTUMAYO 2002. 140,00
3600 Tasa Homicidios por 100 mil Habs Hectáreas Sembradas
3300 3000 2700
100,00 2400 2100
80,00
1800 60,00
1500 1200
40,00 900 600
20,00
300
VILLA GARZON
PUERTO CAICEDO
SIBUNDOY
SANTIAGO
SAN MIGUEL
VALLE DEL GUAMUEZ
Municipios
SAN FRANCISCO
PTO GUZMAN
PTO LEGUIZAMO
PTO ASIS
ORITO
MOCOA
LA TAGUA
LA HORMIGA
0 COLON
0,00
Fuente: Hectáreas sembradas según datos del SIDCO –DNE y tasa de homicidios según Policía Nacional - Dijín.
A pesar de esta disminución, es importante señalar que existe subregistro de las muertes violentas en los sistemas de información nivel nacional. Sólo para citar un ejemplo, el Departamento de Salud Putumayo registró para el 2001 un total de homicidios de 216 y enero a julio del 2002 un total de 307.
un del del de
Hectareas Sembradas
Tasa Homicidios por 100 mil Habt
120,00
40 Esta información no coincide con los datos suministrados por la Policía Nacional, ya que para los años considerados esta institución no tiene información para los municipios de Puerto Guzmán y Puerto Caicedo. Varias personas de la comunidad putumayense que habitan en la frontera con Caquetá (Solano, Solita y Curillo), afirmaron que muchas muertes no se registran porque las entidades responsables no pueden llegar al lugar para hacer el levantamiento de cadáveres o porque no se hacen las denuncias correspondientes, ya que hay amenazas e intimidación por parte de actores armados hacia los habitantes para evitarlo. Sólo en Puerto Asís, según información recogida por la Defensoría, son asesinadas en promedio de 1 a dos personas diarias y sus cuerpos son echados al río Putumayo o abandonados a las afueras del pueblo37. Este subregistro refleja las estrategias utilizadas por los actores armados, para fortalecer su control en la zona, principalmente los bloqueos a la información, a la movilización de personas, a los recursos de las comunidades y a la ayuda humanitaria. Adicionalmente se identificaron hechos que debilitan el tejido social y la capacidad organizativa de la población como la estigmatización y asesinato de líderes sociales y comunitarios, el asesinato de líderes indígenas, asesinatos selectivos y la ocupación del departamento por parte de los distintos actores armados, el desplazamiento forzado. Presencia de actores armados En la zona del Putumayo se ha podido identificar claramente esta dinámica durante visitas al terreno y entrevistas con las comunidades y agentes-organismos humanitarios. Las regiones más afectadas por la violencia y el conflicto son el medio y el bajo Putumayo, siendo los municipios de Puerto Asís, Puerto Guzmán, La Hormiga y Puerto Caicedo los que presentan una situación más crítica. En el departamento hay presencia de las Autodefensa Unidas de Colombia en los cascos urbanos (este grupo llegó al Valle del Sibundoy en el Alto Putumayo en febrero del 2002 y hacia Puerto Leguízamo desde el Caquetá, este grupo hace presencia en el departamento desde hace dos años aproximadamente)38 y de las FARC en las zonas rurales (este grupo ha tenido presencia permanente en el departamento). 37
Resolución Defensorial No. 26, p8. Esta era la única zona donde no había presencia permanente de un determinado actor armado, tampoco del Ejército hasta el 2002. a pesar de hacer presencia en esa zona después de las denuncias hechas por la comunidad, las AUC mantuvieron
38
41
En el departamento de Nariño hay presencia de las FARC desde hace más de 10 años, actualmente su principal zona de influencia es la región andina en los municipios de la Victoria, Carlosama, Ipiales, Guachucal. Los grupos paramilitares hacen presencia en el departamento desde hace un año aproximadamente y con mayor fuerza en la costa pacífica. Las zonas más críticas de confrontación armada y disputa territorial entre estos grupos y las FARC son la costa pacífica, área rural de Tumaco y frontera con el departamento del Cauca. Agresiones y bloqueos Putumayo Ambos grupos hacen retenes permanentes en las vías y controlan la entrada y salida de personas y de alimentos al casco urbano y a las veredas. Esta estrategia tiene como fin debilitar el supuesto apoyo social del adversario y ha resultado en el señalamiento y amenazas de quienes se mueven de zona rural al casco urbano y viceversa, pues son acusados de ser colaboradores o informantes del bando contrario. A raíz del rompimiento de los diálogos entre gobierno y FARC en febrero del 2002 y con la finalización de la zona de distensión, la disputa territorial en la frontera con Caquetá se ha incrementado. Diversos líderes mencionan la incursión de las AUC el año pasado en la zona de José María próxima al municipio del Caguán, durante la cual fueron quemadas viviendas y varios locales. De otro lado, los paros armados organizados por las FARC en el 2001 y en octubre del 2002 (bloqueo permanente de la vía que conduce de Putumayo al Amazonas), así como el reclutamiento forzado y la expropiación violenta de terrenos; han generado desplazamientos masivos al casco urbano y hacia el departamento del Amazonas (Leticia), Neiva, Caldas y Bogotá39. Las FARC secuestraron en el 2002 a la hija del alcalde de Colón en el Ato Putumayo y la Defensoría constató que funcionarios de alcaldías, bloqueos de alimentos en la zona tres meses después de la llegada del Ejército al Valle del Sibundoy (Ver Reporte Putumayo realizado por Witness for Peace, 2003 en www.witnessforpeace.org). La Resolución Defensorial No. 26 recoge testimonios que muestran como las AUC interrogan a los líderes a la luz pública en Villa Garzón y Puerto Caicedo, y señala que son zonas de control de la fuerza pública. 39 La Defensoría recoge denuncias que muestran el desplazamiento de 200 familias al casco urbano por estas razones, Ibid, p8.
42 inspecciones y corregimientos de municipios de Puerto Guzmán, Puerto Caicedo, Villa Garzón y Puerto Asís, han recibido amenazas de las FARC. El primero estaba despachando desde la capital hasta octubre del año pasado. Los combates entre grupos de las AUC y las FARC en la vereda El Tigre, municipio de La Hormiga, generó el desplazamiento masivo de 1000 personas aproximadamente hacia los municipios de Puerto Asís y Mocoa. La Fuerza Pública sólo ingresó al municipio después de varios días de intensos combates, argumentando dificultad para acceder a la zona. Durante este tiempo, (más de una semana) aproximadamente 50 personas fueron muertas en los enfrentamientos y permanecían sin ser sepultados. Algunas de las personas que se desplazaron retornaron, pero otros se quedaron en el casco urbano. En esta zona de frontera entre Putumayo y Caquetá, los líderes de la Junta de Acción Comunal de Mayuyoque fueron declarados objetivo militar el año pasado por parte de ambos grupos armados (FARC Y AUC) porque su labor, que ha consistido en la construcción de obras de mejora para las veredas así como en el fortalecimiento de los vínculos al interior de la comunidad, dificulta el control por parte de los actores armados sobre los habitantes del sector. Como consecuencia de lo descrito, estos grupos no pueden salir de los lugares donde viven y están en una situación de restricción absoluta de la movilización. A raíz de la avanzada paramilitar hacia Puerto Leguízamo, las FARC han restringido la movilización de la población como mecanismo para mantener el control sobre la zona. En Sibundoy, alto Putumayo, también se presentan restricciones a la movilización. Después de las 6 de la tarde el Ejército hace requisas y retenes y exige de todos la cédula de ciudadanía como requisito para movilizarse de un lugar a otro. Otro ejemplo de bloqueo a la ayuda humanitaria lo constituye el municipio de la Hormiga, a las comunidades afrodescendientes desplazadas y asentadas en Villa Arboleda. Durante el 2002 recibieron amenazas concretas de no recibir ninguna ayuda proveniente de la red de Solidaridad Social, ante lo cual se vieron obligados a salir de la zona y abandonar sus tierras. Nariño
43 En este departamento se ha empeorado la crisis humanitaria a raíz del incremento de los cultivos de coca provenientes del Putumayo. Es importante señalar el temor de la población a denunciar los hechos violentos y la desconfianza frente a las autoridades, sobre todo en la zona de Tumaco, que es uno de los municipios más afectados40. En este municipio varias personas mencionan la presencia de “Casas de Tortura” instaladas por parte de los grupos paramilitares.
Barbacoas, El Charco, Satinga, El Tablón, Ricaurte y El Bordo también presentan una situación crítica. El incremento en los cultivos de coca dentro de zonas de comunidades indígenas ha empeorado su situación de derechos humanos. Por ejemplo, se tiene conocimiento de la venta de resguardos por parte de líderes indígenas que han denunciado presiones de los grupos armados41. Una de las principales dificultades es la falta de documentación de las comunidades, ya que los retenes legales e ilegales a los que se ve sometida la población civil constantemente, hacen aún más complicada su movilización cuando no tienen identificación42 El reclutamiento forzado, la desaparición, las amenazas, las presiones para compra y venta forzada de terrenos, el desalojo, las masacres, torturas y asesinatos selectivos por parte de los grupos armados a líderes de la comunidad han sido causa de desplazamientos internos y transfronterizos hacia el Ecuador. En la zona de Tulcán se han denunciado abusos por parte de las autoridades migratorias hacia los colombianos que llegan en busca de protección. El municipio de Ricaurte presenta una de las situaciones más críticas. Este año, entre enero y marzo habían desaparecido 6 indígenas y tres habían sido heridos43. En febrero de este año, se desplazaron 97 familias del Tablón hacia Tumaco por enfrentamientos entre los grupos armados. En Llorente recientemente se han desplazado varias familias por afecciones en la salud y afectación de los cultivos de pancoger 40
Según estudio de la Vicepresidencia de la República, Tumaco es la cuarta ciudad más violenta del país, Ver El conflicto armado en las ciudades, Vicepresidencia de la República, Bogotá, 28 de noviembre de 2002. 41 Entrevistas realizadas en marzo del 2003. 42 Según la Pastoral Social, entre el 20 y el 30 por ciento no tiene cédula de ciudadanía. 43
Entrevistas realizadas en marzo del 2003.
44 después de las fumigaciones en la zona. En el municipio de El Tablón de acuerdo con información no oficial, han sido desaparecidos 5 indígenas por parte de miembros de grupos armados. En los municipios de El Charco y Satinga, se presenta una desprotección total de la población civil. Después de que los habitantes de El Charco en un acto de resistencia civil lograron sacar a los paramilitares que se encontraban allí, no hay presencia de Fuerza Pública a pesar de las repetidas solicitudes que ha realizado la comunidad.Varias personas identificaron la presencia de fosas comunes en Satinga.
Grupos vulnerables, humanitarios.
comunidades
en
riesgo
y
agentes
De otro lado, los docentes y las autoridades tradicionales así como el personal salud son quienes se encuentran en una situación de riesgo más alta. Estos reciben amenazas por parte de ambos grupos armados. Los primeros, por ser el eje de la organización comunitaria y del liderazgo y los segundos por la extrema polarización de la guerra que exige de estos funcionarios una postura a favor de uno u otro actor armado, pasando por encima de los principios humanitarios. En septiembre del 2002 las comunidades mencionaban que sólo en Puerto Guzmán aproximadamente 250 docentes estaban amenazados y 20 habían tenido que salir hacia otros lugares44. Este municipio es escenario de fuerte disputa territorial. Según información recogida en el departamento, en el hospital de Puerto Asís hacen presencia miembros de los grupos paramilitares y de acuerdo con la Defensoría, este centro no atiende a todos los que llegan y “no ofrece condiciones de seguridad para sus pacientes”45. Los jóvenes hijos de campesinos e indígenas también son una población particularmente vulnerable ya que están expuestos al reclutamiento forzado o son susceptibles de ingresar a las filas de los actores armados, lo cual ha causado deserción escolar y desplazamiento forzado de las familias que se ven expuestas a las amenazas por parte de uno u otro grupo. En la Hormiga se ha registrado la desaparición de varios jóvenes y en Sibundoy está ocurriendo la incorporación de jóvenes entre los 18 y 44 45
Reuniones con los líderes del departamento, septiembre 2002. Resolución Defensorial No.26, p8.
45 los 24 años al grupo de soldados campesinos, componente específico de la estrategia de seguridad democrática del actual gobierno. Por ejemplo en Puerto Asís se presentó un caso de reclutamiento forzado del hijo de un campesino para integrarlo a la red de soldados campesinos, que ya cuenta con 50 en este municipio, también están en Villa Garzón y Puerto Caicedo. Se ha registrado el asesinato de tres autoridades tradicionales indígenas en el departamento este año y de tres líderes indígenas en el municipio de Puerto Caicedo. Las comunidades indígenas enfrentan serias dificultades porque la titulación de los resguardos es difícil dada la situación de derechos humanos en la zona. Esto dificulta la defensa de estos territorios y el retorno de las comunidades desplazadas.
Las personas, familias, grupos, organizaciones y comunidades en situación de desplazamiento son una población particularmente vulnerable, sufren de persecución, señalamientos, discriminación, amenazas y la mayoría no vive en condiciones de vida digna. La última semana de agosto de este año, fueron asesinadas 5 desplazados en Puerto Asís. La mayoría de estos hechos no se registra. De acuerdo con información de los habitantes de la zona, no es la primera vez que ocurre esto y si alguien hace algo para evitar estos asesinatos, sufre retaliaciones. Uno de los entrevistados subraya que “ya le llamaron la atención porque ayudo a salir a personas que iban a matar” “esos eran nuestros”, le dijeron. En Nariño la población más afectada por el conflicto y la violencia son los líderes sociales y comunitarios, los agentes humanitarios y las comunidades indígenas, específicamente Awas que son los más afectados por las fumigaciones y por las presiones de los grupos armados. La Pastoral Social de Tumaco por ejemplo, ha sido objeto de repetidas amenazas por parte de los grupos armados y tras el asesinato de su directora en el 2001 debido a las denuncias que ella realizaba, esta entidad estuvo sin Director hasta hace pocos meses. Siguen recibiendo amenazas continuas e intimidación. Militarización Del lado colombiano se observa una creciente militarización de las fronteras que refleja la estrategia de seguridad del actual gobierno y las tendencias a establecer controles migratorios y restringir el flujo de personas desde Colombia hacia los países vecinos. Putumayo cuenta
46 con 5 batallones adscritos a la Brigada XXIV, el batallón de Policía Antinarcóticos, el comando de Policía del departamento y la unidad naval en Puerto Leguízamo. Estos últimos reciben apoyo de militares estadounidenses agrupados en la fuerza de Tarea Conjunta del Sur ubicados en la base Tres Esquinas en el departamento del Caquetá46. Esta estrategia se basa en: a) El envío de efectivos militares a las zonas apartadas donde la presencia del Estado es débil. Aproximadamente 150 soldados en municipios tan pequeños como Cumbal, departamento de Nariño, y 300 soldados en Puerto Asís para proteger el oleoducto del Bloque San Juan en el departamento del Putumayo. En Tulcán, del lado ecuatoriano se conoce la instalación de cuatro nuevos puestos cada uno con cien soldados, con perspectiva de incrementarse a mil el total de efectivos militares. Las Brigadas Fronterizas pretenden extenderse hacia todas las zonas limítrofes con países vecinos (ya hay 4000 soldados en la zona de Tibú en el departamento de Norte de Santander en la frontera con Venezuela y se instalaron otros tantos en la frontera de Putumayo con Ecuador). Esta situación es contraproducente en tanto que en las zonas de disputa territorial, la presencia del Ejército como otro actor armado más convierte en objetivo militar a la población civil y atenta contra el principio de distinción positiva. De otro lado, los múltiples controles agravan la situación de bloqueo que se registra principalmente en estas zonas, con efectos negativos para la integridad de las comunidades. b) Con la llegada del Ejército se implementa “el soporte” con la promoción e implementación de las redes de soldados campesinos, lo cual puede contribuir a la “legalización” de miembros de grupos armados al margen de la ley. Además, esta estrategia involucra a la población civil en el conflicto armado, principalmente los jóvenes como se describió anteriormente. En los países del área andina que tiene frontera con Colombia, la expansión de la estrategia militarista del Plan Colombia hacia Aruba, Curazao y Manta (Ecuador), muestra cambios en el papel de las Fuerzas Armadas de la región Andina. Asistimos a la especialización de las funciones militares que se concentran en torno a 46
Documento inédito elaborado durante el 2003 por trabajadora comunitaria de la zona.
47 a) Lucha antidrogas, b) Controles migratorios, c) Monitoreo y patrullaje de las fronteras. El propósito es encargar misiones de seguridad hemisférica a las Fuerzas Armadas latinoamericanas sin intervenir directamente con pie de fuerza norteamericano. Esto se refleja en Brasil, con el desarrollo del sistema de vigilancia amazónica, en Perú con el control fluvial de la Guardia Nacional sobre 16 puertos, en Venezuela con la implementación del Teatro de Operaciones 2, en Guasdualito, y en Ecuador con el entrenamiento para enfrentar posibles combates en el mar. El 20 de junio del presente año la ministra de Defensa, Marta Lucía Ramírez de Rincón y El Ministro de Defensa del Brasil, José Viegas Filho suscribieron un convenio de cooperación que facilitará desarrollar las relaciones bilaterales entre los dos países, básicamente sus propósitos son: Investigación y desarrollo científico y tecnológico de la industria de defensa, entrenamiento y capacitación de recursos humanos, apoyo logístico, organización y legislación institucional, informaciones operacionales, intercambio de información e inteligencia militar, medidas de confianza mutua y seguridad hemisférica. La frontera con Brasil tenía el año pasado aproximadamente 23 mil hombres, en Perú este número era de 5 mil, en Panamá 1500 guardias controlan la frontera y en Ecuador, cerca de 8 mil soldados distribuidos en sus mil kilómetros de frontera. Venezuela que tiene la frontera más extensa tuvo cerca de 27 mil hombres, número que descendió a 21 mil. Fumigaciones, Plan Colombia y desplazamiento.
Su m ad eM ax Ac um Va ula P lle do UT de I s UM lG em AY ua es O m ue tre z( La Mu Ho nic rm ipio iga ) Pu Mo er coa to Vi As lla is ga r Pu Si zon er bu Sa to nd n Gu oy M zm igu an el (L a Co Do lo ra n da Pu ) er to Le O Pu gu rit er iza o to m Sa Sa Cai o n ntia ce d Fr an go o cis (Pu co t) (P ut )
HABS
48
Comparativo Número de hectáreas fumigadas 2002 vs tasa desplazamiento (expulsión y recepción) 2002 PUTUMAYO
20000
15000
10000
5000
0
MUNICIPIOS Tasa Recep Codhes 02
Tasa Exp. COD 02
Has.fumigadas 2002
Tumaco
Sandona
Pizarro (Salahonda)
San Lorenzo
Chachagui
Contadero
Guaitarilla
Tuquerres
8000
Gualmatan
El Tambo (Nar)
La Union (Nar)
Potosi
Providencia (Nar)
Taminango
TASA DESPLAZAMIENTO 100000 HAB. Y HAS FUMIGADAS
9000
San Juanito (Nar) (PEND)
Municipios
Santa Cruz
El Peñol (Nar)
Consaca
Colon (Genova)
8.000
Funes
9.000
Santa Barbara (Nar)
10.000
Tangua
Roberto Payan
Iles
La Florida
San Pablo (Nar)
Cumbal
Cumbitara
Belen (Nar)
Ricaurte (Nar) Taminango Los Andes Cordoba (Nar) Pasto San Lorenzo Samaniego Mosquera (Nar) Barbacoas Consaca Contadero Tumaco Tangua Puerres Chachagui Policarpa Linares Ipiales Buesaco La Florida Cumbitara Providencia (Nar) La Union (Nar) Tuquerres La Cruz Sandona Cumbal Mallama El Rosario Imues Yaquanquer San Pablo (Nar) Leiva Alban (Nar) Ancuya Arboleda Belen (Nar) Colon (Genova) Cuaspud El Charco El Peñol (Nar) El Tablon El Tambo (Nar) Funes Guachucal (Nar) Guaitarilla Gualmatan Iles La Llanada La Tola Magui Nariño (Nar) Olaya Herrera Ospina Pizarro (Salahonda) Pupiales Roberto Payan San Bernardo (Nar) San Pedro De Cartago Santa Barbara (Nar) Santa Cruz Sapuyes
0
Magui
Policarpa
Arboleda
El Tablon
No de has y tasa de desplazamiento x 100 mil hab
49
CUADRO COMPARATIVO DESPLAZAMIENTO ( RECEPCION Y EXPULSION ) VS HAS FUMIGADAS 2002 Nariño
10000
Tasa Exp. COD 02 Tasa Recep Codhes 02 Has fumigadas
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
MUNICIPIOS
Comparativo Número de hectáreas fumigadas de enero-julio 2003 vs tasa desplazamiento (expulsión y recepción) enero-junio 2003 NARIÑO
14.000
13.000
12.000
11.000
hectáreas fumigadas enero a julio del 2003
Tasa desplazamiento expulsión enero a junio 2003
Tasa desplazamiento recepción enero a junio 2003
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0
50
Comparativo Número de hectáreas fumigadas de enero-julio 2003 vs tasa desplazamiento (expulsión y recepción) enero-junio 2003 PUTUMAYO
No hectáreas y tasa desplazamiento x100 mil hab
14.000,00
tasa desplazamiento recepción 2003
12.000,00
tasa desplazamiento expulsión 2003 Hectáreas fumigadas enero a julio 2003
10.000,00
7.480,25
8.000,00
6.000,00
4.000,00
1.126,06 1.361,74
1.629,89 2.571,31
2.745,83 2.182,95
2.000,00 1.051,23
808,49
716,88
536,61 VILLAGARZON
VILLA GUAMEZ (LA HORMIGA)
SIBUNDOY
SANTIAGO
SAN MIGUEL
SAN FRANCISCO
PUERTO LEGUIZAMO
PUERTO GUZMAN
PUERTO CAICEDO
PUERTO ASIS
12,23 ORITO
COLON
MOCOA
426,67
0,00
Municipio
La Defensoria por su parte, en la Resolución No. 26 del 9 de octubre del 2002 señala que la erradicación forzosa esta afectando seriamente el derecho a gozar de una vida digna en las comunidades del Putumayo, incluso las suscriptoras de los pactos de erradicación voluntaria están sufriendo las consecuencias: “…los daños en los cultivos de pancoger de los campesinos e indígenas ponen en riesgo su seguridad alimentaria, puesto que, con la destrucción de sus cultivos de yuca, plátano, maíz y árboles frutales, no se asegura a la población el suministro de alimentos que cubran sus necesidades nutricionales. Igualmente, los quejosos han denunciado la muerte de animales de consumo humano…entregados en el marco de los proyectos productivos”47. Las fumigaciones afectan el Derecho a la vida, el principio de solidaridad con los pueblos indígenas. Se ha fumigado en zonas de parques naturales y reservas y resguardos indígenas, aunque el Plan de Manejo Ambiental establece que no se puede fumigar en estas zonas aunque se
47
Op. Cit., numeral 3.9.1, p 25.
51 está haciendo (esto intenta legalizarlo el Estado mediante el decreto 013). La Defensoría ha pedido suspender las fumigaciones y que se descriminalice al pequeño cultivador. No se están atendiendo las quejas de los afectados por fumigaciones (de 2 mil se han indemnizado sólo 2 casos, de empresarios de Palma de Aceite en Nariño y Norte de Santander pero no pequeños propietarios). De estas 2 mil, 994 han sido archivadas por la Policía Nacional porque no son competentes (errores al llenar el formato en fechas u otros detalles). La EPA (agencia ambiental de Estados Unidos) en un reporte reciente afirmó que las fumigaciones si afectan irritación en ojos y vías respiratoria, pero mucho tiempo después de que el daño estaba hecho. Una Conferencia Internacional Humanitaria La perspectiva real para el futuro inmediato es: más guerra interna, más regionalización del conflicto, continuidad de la crisis humanitaria y de derechos humanos, desconocimiento de los humanitario y alejamiento de la solución política del conflicto armado. Es urgente recuperar el espacio humanitario, concebido desde: •
El Derecho Internacional Humanitario que regula los conflictos armados de carácter no internacional y reafirma principios básicos como el de distinción entre combatientes y no combatientes y el principio de proporcionalidad en el uso de la fuerza y que obliga a los Estados Partes del Protocolo II Adicional a los Convenios de Ginebra y a los grupos armados irregulares a respetar, aún en medio de la confrontación, a la población civil que no participa en las hostilidades.
•
El Derecho Internacional de los Refugiados, que se funda en el reconocimiento y respeto por las personas obligadas a salir del país en busca de protección y asilo, con garantía de no devolución y atención en territorios de Estados Parte de la Convención de 1951 y del Protocolo de 1967.
•
El Derecho Internacional de los Derechos Humanos que obliga a los Estados a cumplir con el conjunto de normas que garantizan la dignidad humana, la protección de poblaciones en situación de vulnerabilidad y las libertades democráticas fundamentales.
52 •
Los Principios Rectores sobre Desplazamiento Forzado que ofrecen un marco normativo para la protección de la población obligada a migrar dentro del territorio de un mismo país por razones asociadas a conflictos armados internos.
La sociedad civil colombiana está en la obligación de convocar a los gobiernos de los países que integran el Grupo de los 24 en el marco de la Declaración de Londres suscrita en el verano de 2003, al sistema de Naciones Unidas que adelanta diversos esfuerzos a favor de la paz y los derechos humanos, a los gobiernos de los países vecinos y de la región, a los agentes humanitarios y a las expresiones organizadas de la sociedad local de los países andino amazónicos, a un esfuerzo de identificación de las crisis humanitaria, articulación de esfuerzos y definición de mecanismos reales y urgentes de protección y atención a las poblaciones atrapadas en medio de la guerra. Una Conferencia Humanitaria que visibilice la crisis de Colombia y su impacto en la región en un escenario internacional que contribuya a disminuir la intensidad del conflicto y, sobre todo, a evitar más sufrimiento de civiles inocentes. No se puede esperar pasivamente una incierta derrota militar de una de las partes, porque el conflicto colombiano, como lo advierten muchas voces diversas dentro y fuera del país, no tiene solución por esa vía y, en cambio, es necesario reconstruir confianzas e intentar un nuevo proceso de negociación política verificable en sus avances y seguro en sus resultados. La experiencia indica que los derechos humanos y el derecho internacional humanitario constituyen un camino viable, seguro y sostenible en esa dirección, pero también un compromiso ético con la población cada vez más vulnerable y menos protegido en campos y ciudades de Colombia y en diáspora por diversos países del mundo. Una Conferencia Internacional Humanitaria que inicie en el primer semestre del próximo año un camino para reconstruir esperanzas de vida en medio del fuego cruzado que no cesa.
Consultoria para los Derechos Humanos y el Desplazamiento Tasas de Recepción y Expulsión de 2002 y 2003 Departamentos de Frontera 2002
Departamento
Población Dane
Recep
2003 Tasa Recep 2002
Expul
Tasa Expulsión 2002
PobDane
Recep
Expul
Tasa Recep 2003
Tasa Expulsión 2003
Amazonas
58.257
46
13
79
22
59.806
136
72
1.158
1.101
Arauca
175.011
2.023
1.954
1.156
1.117
180.618
1.908
1.003
3.605
2.323
Boyaca
6.646
-
60
6.620
6
5
91
76
Cesar
232.580
9.011
4.454
3.874
1.915
236.546
1.771
3.282
6.830
10.419
Choco
57.003
382
4.338
670
7.610
57.168
548
551
2.085
2.445
Guainia
32.702
120
76
367
232
33.701
161
18
1.331
314
La Guajira
318.592
2.266
2.596
711
815
324.165
2.666
2.612
9.006
8.487
Nariño
334.163
2.481
2.241
742
671
339.773
2.389
1.848
4.593
6.125
Norte de Sder
900.327
28.218
15.343
3.134
1.704
923.521
9.169
4.774
10.735
14.332
Putumayo
156.444
2.584
6.426
1.652
4.108
160.586
5.030
5.538
10.198
13.679
Vaupes
24.816
-
145
25.324
26
51
119
234
Vichada Total general (Mpios Frontera)
30.359
244
225
804
741
31.199
110
68
657
427
2.326.900
47.375
37.706
2.036
1.620
Nota: Agrupados Municipios de Frontera
- 4
- 36
2.379.027
23.920
19.822 1.005
833
Comparativo Tasa de Recepción por Departamentos de Frontera Años 2002 y 2003 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000
Vi ch ad a
Va up es
No rte
Na riñ o de Sd er Pu tum ay o
Gu aji ra
La
Tasa Recep 2002 Tasa Recep 2003
Ch oc o Gu ain ia
Ce sa r
Bo ya ca
Ar au ca
Am az on as
-
Comparativo Tasa de Expulsión por Departamentos de Frontera Años 2002 y 2003 16.000 14.000 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 Vi ch ad a
Va up es
Pu tum ay o
No rte de Sd er
Na riñ o
G ua jira La
Tasa Expulsión 2002 Tasa Expulsión 2003
Gu ain ia
Ch oc o
Ce sa r
Bo ya ca
Ar au ca
Am az on as
-
55
56
57
58