Continuidades de la Desprotección: Migraciones forzadas y satisfacción de derechos sociales (...)

Continuidades de la desprotecciรณn: migraciones forzadas y satisfacciรณn de derechos sociales en la frontera entre Colombia y Ecuador

© Codhes - Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento Bogotá Dirección: Carrera 6 No. 34 - 62. Oficina 302 Teléfono (57 1) 2325666 ISBN No. 978-958-8881-04-1 Director Marco Romero Silva

Continuidades de la desprotección: migraciones forzadas y satisfacción de derechos sociales en la frontera entre Colombia y Ecuador Coordinación Gabriel Rojas Andrade Camila Espitia Fonseca Investigadores de caracterización Walleska Pareja Díaz Camilo Molina Investigadora de registro Andrea González Asistente de investigación Jenny Moreno Socha Auxiliares de investigación Daniela Rosero Contreras María Cristina Aguirre Katherine Velástegui Víctor Cabezas Corrección de estilo Nathalia Salamanca Sarmiento Fotografías Portada: Gabriel Rojas Páginas interiores: Gabriel Rojas y Camila Espitia Diagramación Reves Diseño Ltda. | contacto@revesdiseno.com Impreso en Colombia E-mail: codhes@codhes.org Fecha de publicación: 2015 Esta publicación es posible gracias al apoyo del Proyecto Prodem (Protección de Derechos de Personas en Movilidad Humana), una iniciativa financiada por la Unión Europea, ejecutada por la Cooperación Alemana al Desarrollo -GIZ, en consorcio con la Fundación Esperanza, Servicio Jesuita a Refugiados y la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, en cofinanciamiento con el BMZ. La presente publicación ha sido elaborada con la asistencia de la Unión Europea. El contenido de la misma es responsabilidad de los autores, y en ningún caso debe considerarse que refleja los puntos de vista de la Unión Europea.

Continuidades de la desprotecciรณn: migraciones forzadas y satisfacciรณn de derechos sociales en la

frontera entre Colombia y Ecuador

Contenido Listado de gráficas 6 Siglas 7 Agradecimientos 9 Presentación 11 Introducción 13 1. Migraciones forzadas, derechos económicos, sociales y culturales (DESC) y la frontera colombo-ecuatoriana 25 1.1. El concepto de frontera desde una perspectiva sistémica: hacia una mirada de la frontera como región 28 1.2. Excombatientes, grupos posdesmovilización y las prácticas de reclutamiento y control territorial 31 1.3. Aproximación cuantitativa al desplazamiento forzado interno y el desplazamiento forzado transnacional 35 1.4. Abandono de tierras y despojo 45 1.5. Masacres en Nariño y Putumayo 45

2. Aproximación cualitativa a la vivienda, la generación de ingresos y la seguridad en las poblaciones objeto de estudio 47 2.1. Tumaco y San Lorenzo 48 2.1.1. Análisis comparado vivienda 53 2.1.2. Análisis comparado generación de ingresos 58 2.1.3. Generación de ingresos en San Lorenzo 60 2.1.4. Análisis comparado seguridad 62

2.2. Ipiales y Tulcán 66 2.2.1. Ipiales 67 2.2.2. Tulcán 68 2.2.3. Análisis comparado vivienda 69 2.2.4. Análisis comparado de generación de ingresos 72 2.2.5. Análisis comparado seguridad 76

2.3. Puerto Asís y Lago Agrio 81 2.3.1. Puerto Asís 84 2.3.2. Lago Agrio 85 2.3.3. Análisis comparado vivienda 87 2.3.4. Análisis comparado generación de ingresos 94 2.3.5. Análisis comparado seguridad 98

2.4. Organizaciones comunitarias y alternativas de protección 2.4.1. Tumaco - San Lorenzo 2.4.2. Ipiales-Tulcán 2.4.3. Puerto Asís-Lago Agrio

2.5. Continuidades de la desprotección con enfoque diferencial 2.6. Enfoque de género con perspectiva de mujeres

103 103 105 106

107 109

2.6.1. Las mujeres de Puerto Colón 111 2.6.2. Las mujeres de El Placer 113 2.6.3. Las mujeres colombianas en territorio ecuatoriano 113 2.6.4. Vivienda 115 2.6.5. Generación de ingresos 115 2.6.6. Tráfico de drogas 116

2.6.7. Las mujeres colombianas en las cárceles de Ecuador 117 2.6.8. Trabajo sexual 118 2.6.9. Seguridad 120

2.7. Enfoque étnico 121 2.7.1. Pueblos binacionales 121 2.7.2. Pueblos indígenas de la frontera en territorio colombiano 127 2.7.3. Pueblos indígenas en territorio ecuatoriano 128 2.7.4. Mujeres indígenas y mujeres afrodescendientes 130 2.7.5. Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) aplicable para la situación de pueblos indígenas en la frontera colombo-ecuatoriana 131 2.7.6. Población afrodescendiente 132

2.8. Enfoque de niñez y adolescencia 137 2.8.1. Explotación sexual de personas menores de edad 139 2.8.2. Menores no acompañados 139 140 2.8.3. Discriminación 2.8.4. Problemas relacionados con la documentación 141

3. Respuesta Institucional Estatal 143 3.1. Ecuador: el país que más reconoce refugiados colombianos 144 3.1.1. Marco normativo constitucional aplicable a la protección de las personas en situación de movilidad 144 3.1.2. Efectos de los instrumentos de regulación migratorios 146 3.1.3. Sentencia de la Corte Constitucional de Ecuador sobre la Demanda de Inconstitucionalidad del Decreto Ejecutivo Nro. 1182 que afecta el Derecho de los Refugiados 149 3.1.4. Derechos exigibles –avances concretos del Estado ecuatoriano– 152 3.1.5. Sobre el proyecto de Ley de Movilidad Humana 153 3.1.6. Estado actual del Anteproyecto de Ley 155 3.1.7. Marco para políticas públicas 155 3.1.8. Respuestas estatales y no estatales según las dimensiones de estudio 158

3.2. La frontera y las iniciativas binacionales 165 3.2.1. Encuentros Presidenciales Binacionales y Plan Binacional de Integración Fronteriza 166 3.2.2. Centros Binacionales de Atención Frontera (Cebaf) – Reporte de la Comunidad Andina de Naciones al Público 169 170 3.2.3. Declaraciones de Quito (2013) y de San Lorenzo (2014)

3.3. El Estado colombiano y las víctimas en el exterior 171 3.3.1. Ley de Víctimas en la frontera colombo-ecuatoriana 171 3.3.2. Cantón de San Lorenzo 174 3.3.3. Ipiales-Tulcán 174 3.3.4. Puerto Asís-Lago Agrio 174

4. Relevancia de la región fronteriza en la construcción de paz en Colombia 177 Conclusiones 181 Bibliografía 183

Listado de gráficas

6

Gráfica 1.

Número de personas desplazadas 1985-2014

13

Gráfica 2.

Población colombiana en necesidad y en condición de protección internacional en Ecuador

14

Gráfica 3.

Población colombiana en necesidad y en condición de protección i nternacional en Ecuador 2014

15

Gráfica 4.

Países con mayor desplazamiento relacionado con conflicto y violencia

15

Gráfica 5.

Población expulsada y recibida en los depar tamentos de la frontera colombo-ecuatoriana entre 1985 y 2015

36

Gráfica 6.

Dinámica de la población expulsada en los depar tamentos de frontera entre 1985 y 2015

36

Gráfica 7.

Flujos del desplazamiento forzado interno y transfronterizo

39

Gráfica 8.

Personas en situación de desplazamiento en Ipiales, Puer to Asís y Tumaco del 2010 al 2014

40

Gráfica 9.

Solicitudes de refugio y refugiados reconocidos en las provincias ecuatorianas de Esmeraldas, Carchi y Sucumbíos de 1983 a 2013

41

Gráfica 10.

Solicitudes de refugio y refugiados reconocidos en Lago Agrio, San Lorenzo y Tulcán en 2014

42

Gráfica 11.

Densidad poblacional y NBI de Tumaco y San Lorenzo

49

Gráfica 12.

Indicadores de vivienda: comparado Tumaco 2005 - San Lorenzo 2010

57

Gráfica 13.

Población económicamente activa y tasa de desempleo: comparado Tumaco - San Lorenzo

61

Gráfica 14.

Hechos victimizantes en Tumaco

63

Gráfica 15.

Tasa de homicidios por cada cien mil habitantes en T umaco y San Lorenzo, 2010

65

Gráfica 16.

Densidad poblacional y NBI de Ipiales y Tulcán

67

Gráfica 17.

Viviendas en Carchi y Tulcán

71

Gráfica 18.

Indicadores de Vivienda: comparado Ipiales 2005, Tulcán 2010

71

Gráfica 19.

Población económicamente activa y tasa de desempleo Ipiales y Tulcán

75

Gráfica 20.

Hechos victimizantes en Ipiales

78

Gráfica 21.

Tasa de homicidios en Ipiales y Tulcán, 2010

80

Gráfica 22.

Densidad poblacional y NBI de Puerto Asís y Lago Agrio

82

Gráfica 23.

Comparado condiciones de vivienda Puer to Asís 2005 y Lago Agrio 2010

93

Gráfica 24.

Hechos victimizantes Puerto Asís

100

Gráfica 25.

Tasa de homicidios Puer to Asís y Lago Agrio, 2010

102

Gráfica 26.

Tráfico de drogas

116

Gráfica 27.

Razón de la migración de mujeres trabajadoras sexuales en Carchi, Esmeraldas y Sucumbíos

119

Gráfica 28.

Población nacida en Colombia que reside habitualmente en los cantones: Tulcán, San Lorenzo y Lago Agrio (por auto-identificación según sexo)

128

Gráfica 29.

Población autodefinida como indígena nacida en Colombia que reside habitualmente en los cantones: Tulcán, San Lorenzo y Lago Agrio, según Nacionalidad o Pueblo Indígena al que pertenece

129

Gráfica 30.

Delitos en contra de niños, niñas y adolescentes en Sucumbíos

139

Gráfica 31.

Otorgamiento Visa Temporal Mercosur

147

CODHES

Siglas AME Andes AUC Cebaf Cerac CNMH Codhes Corpoamazonia DANE DESC DIH ELN Flacso GAD GIZ GPD Iasfm IDMC INEC NBI NNA NRC Oacnudh OCHA OEA OIM ONIC PCS PEA PNUD RNI RUPD RUV SAT SENA Sisdhes Uariv Undcp URT

Asociación de Municipalidades Ecuatorianas Agencia Pública de Noticias de Ecuador y Suramérica Autodefensas Unidas de Colombia Centro Binacional de Atención en Frontera Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos Centro Nacional de Memoria Histórica Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia Departamento Administrativo Nacional de Estadística Derechos económicos, sociales y culturales Derecho Internacional Humanitario Ejército de Liberación Nacional Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Gobiernos autónomos descentralizados Cooperación Alemana al Desarrollo (siglas en alemán) Grupos posdesmovilización Asociación Internacional para el Estudio de las Migraciones Forzadas (siglas en inglés) Internal Displacement Monitoring Centre Instituto Nacional de Estadística y Censos - Ecuador Necesidad Básicas Insatisfechas Niños, niñas y adolescentes Consejo Noruego para Refugiados (siglas en inglés) Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas Organización de Estados Americanos Organización Internacional para las Migraciones Organización Nacional Indígena de Colombia Proceso de Comunidades Negras Población económicamente activa Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo Red Nacional de Información para la Atención y Reparación a las Víctimas Registro Único de Población Desplazada Registro Único de Víctimas Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo Servicio Nacional de Aprendizaje Sistema institucional de Información sobre desplazamiento, conflicto armado y derechos humanos Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas Programa de las Naciones Unidad para la Fiscalización de Drogas (siglas en inglés) Unidad de Restitución de Tierras

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7

Agradecimientos La Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento –Codhes– agradece a todas las personas y organizaciones que compartieron su conocimiento de la frontera colombo-ecuatoriana y permitieron que esta investigación fuera posible. De manera especial, Codhes reconoce la colaboración de líderes, lideresas y personas integrantes de las organizaciones sociales y de base en Tumaco, Ipiales y Puerto Asís (Colombia) y San Lorenzo, Tulcán y Lago Agrio (Ecuador), en especial a las mujeres de la Alianza Departamental de Mujeres de Putumayo, a la Red Fronteriza de Paz y a la Asociación Caminos de Vida.

Asimismo, la organización expresa su profundo agradecimiento a las autoridades locales que compartieron su conocimiento y perspectivas territoriales frente al goce efectivo de los derechos económicos, sociales y culturales en la región de frontera. De manera particular a los servidores públicos de las alcaldías, de los gobiernos autónomos descentralizados municipales y de los consulados de Colombia en Ecuador; así como al Ministerio Público de los entes territoriales, a las instituciones académicas, a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas y a la Unidad de Restitución de Tierras.

Codhes reconoce el aporte del Parlamento Andino, las organizaciones defensoras de los derechos de las víctimas y los derechos de la población refugiada y los organismos de cooperación internacional con trabajo en la frontera colombo-ecuatoriana. Estas instituciones apoyaron, de manera cordial, la realización de grupos focales y aportaron elementos fundamentales para la compresión de la frontera.

De igual forma, Codhes agradece el apoyo de la Unión Europea, a través del Proyecto Protección de Derechos de Personas en Movilidad Humana (Prodem), con el cual fue posible producir el presente informe.

Se resalta y agradece de manera particular el apoyo y diálogo con los socios de Prodem: Fundación Esperanza, Servicio Jesuita para Refugiados y la Cooperación Alemana al Desarrollo -GIZ-; agradecemos de manera especial a Ralf Oetzel, Director del Proyecto Prodem, quien ha trabajado incansablemente por los derechos de los refugiados en América Latina. También se destaca la labor del equipo Codhes en Nariño, que aportó significativamente en el enfoque diferencial para la construcción del informe.

Por último, este informe está dedicado a las víctimas del conflicto armado en Colombia que residen en la frontera colombo-ecuatoriana, y a los líderes y lideresas que trabajan por la integración local de quienes han sido víctimas del desplazamiento forzado interno y el desplazamiento forzado trasfronterizo.

Presentación La presente publicación es producto de una investigación sobre la satisfacción de los derechos sociales en la región fronteriza entre Colombia y Ecuador, bajo la perspectiva de migraciones forzadas. El estudio se realizó en seis ciudades, tres colombianas (Tumaco, Ipiales y Puerto Asís) y tres ecuatorianas (San Lorenzo, Tulcán y Lago Agrio), con el fin de identificar, en ciudades espejo, las continuidades en términos de desprotección de los derechos económicos, sociales y culturales (DESC), en el contexto del conflicto armado colombiano y una violencia generalizada en la frontera.

El informe Continuidades de la Desprotección es producto del trabajo que Codhes ha realizado por más de diez años en las fronteras de Colombia y de los procesos de seguimiento e incidencia que ha liderado en torno a la defensa de los derechos de la población colombiana refugiada en América Latina y el mundo. En trabajo conjunto con un colectivo de organizaciones de la sociedad civil hemos realizado dos Conferencias Regionales Humanitarias para el seguimiento del estado de las migraciones forzadas en la región a partir de los compromisos adquiridos por los Estados, con base en la Declaración de Cartagena (1984) y el Plan de Acción de México (2004). En el año 2014 participamos activamente en las consultas a las organizaciones de la sociedad civil en el marco del proceso Cartagena +30, contribuyendo a la Declaración y Plan de Acción de Brasil, en donde los gobiernos de la región adoptaron una ruta común en materia de refugio, desplazamiento y apatridia.

A partir de la lectura de la frontera como una región –que trasciende la representación de la separación de dos Estados-Nación completamente diferenciados y cuyo centro de poder y toma de decisiones es la ciudad capital– este informe desarrolla un análisis con un enfoque territorial de las condiciones sociales que fuerzan a las personas a migrar desde Colombia hacia Ecuador, pero que persisten o se transforman en los lugares de recepción.

Las múltiples problemáticas en la frontera colombo-ecuatoriana requieren aproximaciones analíticas desde la población refugiada que ha huido de sus países porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por la violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público. Ecuador es el país que históricamente ha otorgado el estatus de refugiado a más personas colombianas en busca de protección en su territorio, es así como para el 2014 habitaban por lo menos 121.317 colombianos en condición o necesidad de protección internacional, de los cuales 57.060 tenían el estatus de refugiado.

Los problemas estructurales derivados del histórico abandono de ambos Estados en estos territorios se constituyen en la principal barrera para la realización de los derechos sociales en la frontera. Las crisis en estos sectores, como la de 2008 debido al bombardeo del Gobierno colombiano al campamento del guerrillero de las FARC Raúl Reyes en Angostura –territorio ecuatoriano–, centran temporalmente la atención de los gobiernos nacionales y llaman la atención frente a la ausencia de políticas de desarrollo incluyentes en los territorios. Sin embargo, las respuestas a las crisis son paliativas y con un enfoque securitista. Las garantías para la plena satisfacción de los derechos humanos y los DESC en los territorios de frontera son ubicados en un segundo plano.

El análisis de la frontera colombo-ecuatoriana, desde la perspectiva de territorio-región, permitió además de visibilizar las dificultades para el goce efectivo de los derechos de la población que migra forzadamente a Ecuador, identificar las múltiples formas de violencia que no se limitan al conflicto armado colombiano.

Actualmente Colombia se encuentra en la fase final del proceso de paz entre el Gobierno y la guerrilla de las FARC, y se prepara para un escenario de posacuerdo y construcción de paz, en el que la frontera demanda un tratamiento especial.

Además de la implementación de los acuerdos de paz en la frontera, el Estado colombiano tiene el gran desafío de garantizar los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas del conflicto armado, entre estos, de los desplazados internos y los desplazados transfronterizos que buscan refugio en Ecuador. Como lo desarrolla este libro, la reconfiguración de la violencia y la articulación entre actores armados, grupos posdesmovilización, crimen organizado y delincuencia común en la frontera, le exigen al Estado colombiano poner en marcha medidas institucionales y reformas sociales que garanticen la no repetición de actos violentos.

La frontera colombo-ecuatoriana necesita fomentar el diálogo binacional y la implementación de acuerdos fronterizos, con enfoque de derechos humanos, para contribuir a la construcción de paz y posibilitar las garantías plenas de ciudadanía en la región de frontera. Esto será especialmente ineludible para la materialización de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación integral de la población víctima del desplazamiento transfronterizo, en condición o necesidad de protección internacional en Ecuador.

En un contexto de posacuerdo y construcción de paz, los territorios de frontera deben prever un eventual retorno de la población refugiada -que esperamos sea voluntario, digno y seguro-; sin embargo, es necesario también que los Estados que han brindado protección internacional a la población colombiana se comprometan con la integración local y el reasentamiento definitivo para las víctimas que desean realizar su proyecto de vida en el país de acogida. Para ello, un grupo de organizaciones que integramos la Comisión de Incidencia Exilio y Reconciliación (CIER) estamos liderando la iniciativa de una Conferencia Internacional que tiene como fin buscar soluciones duraderas para las víctimas colombianas en el exterior, de modo que se aseguren condiciones de dignidad en los procesos de integración local, reubicación o retorno, así como un compromiso político de entendimiento para acuerdos de frontera.

Finalmente, vale la pena resaltar que en un escenario de posacuerdo es imprescindible una intervención de los Estados con enfoque de soluciones duraderas, en la que se garantice el cumplimiento del Plan de acción de Brasil; todo esto articulado a las iniciativas locales y a los escenarios y procesos de construcción de paz territorial en la frontera colombo-ecuatoriana.

Introducción Hacia una perspectiva de continuidad en las migraciones forzadas en la frontera colombo-ecuatoriana De acuerdo con las cifras de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento –Codhes–, desde enero de 1985 hasta diciembre de 2014, al menos 6’126.054 personas se desplazaron forzosamente en Colombia. Codhes estima que solamente en el año 2014, 183.778 personas se vieron obligadas a abandonar sus hogares por causa del conflicto armado. Entre tanto, según el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador, en este país residían por lo menos 121.317 colombianos en condición o necesidad de protección internacional, de los cuales 57.060 tenían el estatus de refugiado.1 Estas cifras no solo convierten a Colombia en el segundo país del mundo con más desplazados internos a causa de un conflicto armado o violencia generalizada,2 sino que también hacen de Ecuador el país que históricamente ha otorgado el estatus de refugiado a más personas colombianas en busca de protección en su territorio.3 Gráfica 1.

344.319

549.269

357.458

261.440

183.329

179.648

145.254

93.817

115.638

69.209

50.375

29.149

17.683

1.000.000

8.166

2.000.000

741.283

6.597.962

6.399.041

6.162.415

5.935.583

5.706.966

5.262.130

4.836.294

3.948.102

3.142.084

2.067.204

3.000.000

1.471.507

4.000.000

2.741.161

5.000.000

3.518.127

6.000.000

4.377.586

7.000.000

5.516.484

Número de personas desplazadas 1985-20143

ACUMULADO CODHES

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

1989

1988

1987

1986

1985

0

ACUMULADO UARIV RECEPCIÓN

Comparativo datos Codhes – Uariv.

Fuente: Codhes - Sisdhes, Uariv (2015).

1 Acnur (2014). Global Trends 2014: Table of Contents for the Excel Annex tables.

2 NRC y IMDC (2014). Global Overview 2014. People internally displaced by conflict and violence. Disponible en http://bit.ly/1ldAq3n.

Recuperado el 14 de mayo de 2014. p. 11.

3 La Gráfica 1 ilustra la magnitud del desplazamiento forzado desde 1985 a 2014 en Colombia. Los datos históricos que ha producido Codhes son similares a los que la Uariv registra actualmente con el Registro Único de Víctimas, luego de la Ley 1448 de 2011. Se evidencia una diferencia en los datos, debido a que Codhes realiza un estimado por año de la población desplazada, que es estático, mientras que la Uariv realiza un registro de la población, que se actualiza permanentemente.

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13

Gráfica 2.

264.255

Población colombiana en necesidad y en condición de protección internacional en Ecuador

300.000

250.000

8.270 8.270

9.851 9.851

11.526 11.526

2004

2005

2006

57.060

121.317

123.133 54.015

122.964 54.620

4.438

6.248 6.248 2003

18.337

3.122 3.122

1.614 1.614 2001

2002

1.374 1.374 2000

50.000

14.251

52.059

100.000

54.243

120.403

115.745

100.637

150.000

122.587

200.000

Refugiados reconocidos

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

0

Total refugiados (reconocidos y de hecho)

Fuente: Elaboración Codhes con datos de Acnur.

Para 2014, Dirección de Refugio, Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador.

En el año 2014, mensualmente, el número de solicitudes de protección internacional osciló entre 400 y 1000 personas, un promedio de doce solicitudes diarias, con la excepción de diciembre, mes en el que se presentó un total de 312 solicitudes.4 De las 8200 personas solicitantes de refugio en el año 2014, se otorgaron únicamente 335 estatus, es decir, hubo un reconocimiento de solo el 4,06 por ciento.

Acnur, en cooperación con el Gobierno de Ecuador y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), ha llevado a cabo desde 2013 un programa de reasentamiento –una de las soluciones duraderas para los refugiados–, en el que aproximadamente cinco mil personas han sido reasentadas en un tercer país como Canadá, Nueva Zelanda, Suecia, Países Bajos, Dinamarca, Brasil, Argentina, Uruguay y Chile.

El programa de reasentamiento en Ecuador es una de las variables que permiten explicar por qué el total de la población refugiada y solicitante ha disminuido en Ecuador.

4 La disminución de las solicitudes de refugio en diciembre puede estar asociada al cese al fuego unilateral indefinido por parte de la guerrilla de las FARC en la tercera semana de ese mes del año 2014.

14

CODHES

Gráfica 3.

464

600

521

700

632

720

800

678

724

900

640

820

849

921

1.000

952

Población colombiana en necesidad y en condición de protección internacional en Ecuador 2014

312

500 400 300

20 1

6

6

7

16

36

53

57

18

19

100

96

200

NÚMERO DE SOLICITUDES

br m

vie

cie Di

m

br

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No

iem

Oc

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pt Se

Ag

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er

o

0

REFUGIADOS

Fuente: Elaboración Codhes con datos de Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador, 2015.

Gráfica 4.

Países con mayor desplazamiento relacionado con conflicto y violencia

DR Congo Pakistan

2.756.600 7,22%

1.900.000 4,98%

Sudan

3.100.000 8,12%

Turkey 953.700 2,50%

South Sudan 1.498.200 3,92%

Nigeria

Somalia 1.106.800 2,90%

Iraq

3.376.000 8,58%

1.075.300 2,82%

Colombia 6.044.200 15,83%

Syria

7.600.000 19,90%

Fuente: IDMC – 2015.

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15

Las gráficas 1, 2, 3 y 4 representan la afectación masiva a la población civil ocasionada por el conflicto armado y la violencia generalizada en Colombia, y que se manifiesta además en sus fronteras. La magnitud de la crisis ha generado un interés especial sobre la frontera colombo-ecuatoriana en la comunidad internacional, la sociedad civil y la academia. Durante la última década estos actores han llevado a cabo una rica producción bibliográfica sobre las vulneraciones constantes a los derechos humanos y la ausencia de una respuesta institucional efectiva para proteger a personas en situación de desplazamiento, refugio y en necesidad de protección internacional.

No obstante lo abundante de la literatura sobre la frontera entre Colombia y Ecuador, esta se ocupa únicamente de tres aspectos: 1) La caracterización de la situación sociodemográfica con un enfoque de política exterior y una atención al espacio binacional en frontera. Estos estudios pretenden que los gobiernos locales y nacionales diseñen y ejecuten planes que atiendan a las poblaciones fronterizas de los dos Estados (Lauret, 2009; Rivera, 2007; Ramírez, 2007).

2) La crítica a la descripción y definición del espacio de frontera como ámbito leído tradicionalmente desde discursos hegemónicos de desarrollo y seguridad. Esta aproximación se desarrolla a partir de la dicotomía civilización/barbarie (Carrión 2013; Espinosa, 2008).

3) El examen de la noción de frontera como espacio heterogéneo de tránsito y permanente reacomodo.

Las hipótesis en este sentido indican que la frontera es entendida desde los proyectos políticos y económicos del gobierno de turno en medio del prolongado conflicto armado colombiano (Piña, 2012; Laverde, 2012).

Tales aproximaciones al espacio fronterizo se ocupan principalmente de las categorías de desplazamiento, refugiados, migración económica y desarrollo, pero no desde una perspectiva precisa de migraciones forzadas.5 Es decir, investigadores ecuatorianos y colombianos han diseñado estudios cualitativos y cuantitativos que hacen referencia a las condiciones de vida de su lado respectivo de la frontera con base en las agendas particulares de los gobiernos nacionales o la cooperación internacional.

Términos como desplazamiento interno6 en el lado colombiano y movilidad humana7 en el ecuatoriano, responden a debates específicos bien sea desde el ámbito constitucional o legal de cada país, o bien con 5 De acuerdo con la Asociación Internacional para el Estudio de las Migraciones Forzadas (Iasfm, por sus siglas en inglés), la migración forzada es un término general que se refiere a los movimientos de refugiados y personas desplazadas internamente (aquellas desplazadas por conflictos armados) como también personas desplazadas por desastres naturales, desastres químicos o nucleares, hambrunas o proyectos de desarrollo. Disponible en Forced Migration Online: http://bit.ly/1ph8UHI. Recuperado el 15 de marzo de 2014.

6 La Ley 387 de 1997 promulgada por el Congreso de Colombia contribuyó a la definición de desplazamiento interno, la cual es recogida en 1998 en los Principios Guía para los Desplazados Internos de la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA): “Se entiende por desplazados internos las personas o grupos de personas que se han visto forzadas u obligadas a escapar o huir de su hogar o de su lugar de residencia habitual, en particular como resultado o para evitar los efectos de un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, de violaciones de los derechos humanos o de catástrofes naturales o provocadas por el ser humano, y que no han cruzado una frontera estatal internacionalmente reconocida”. Disponible en OCHA online: http://bit.ly/1hwoFmu. Recuperado el 15 de marzo de 2014. La Ley 1448 de 2011 se vale de la definición de los principios rectores, aunque establece limitaciones en cuanto a actores que generan el desplazamiento con base en la relación con el conflicto armado.

7 El concepto de movilidad humana ha sido adoptado por el Gobierno ecuatoriano desde 2008, como una propuesta amplia de interpretación que incluye varios fenómenos de migración. La apropiación del término como discurso en el diseño institucional se ve reflejada tanto en sus iniciativas legislativas y de políticas públicas, como en la distribución misma de las tareas del ejecutivo. El Viceministerio de Movilidad Humana en Ecuador se ocupa de “asuntos relacionados con la emigración, inmigración, tránsito, retorno y refugio, para así contribuir a proteger y promover los derechos de los ecuatorianos en el exterior y de los extranjeros en Ecuador”.

Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. Disponible en: http://bit.ly/1tkKgU0. Recuperado el 15 de marzo de 2014.

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base en las políticas públicas y la incidencia o activismo específico que cada organización quiere fomentar.

Pero un estudio que describa las continuidades en términos de desprotección de derechos sociales en el contexto de un conflicto armado cambiante y una violencia generalizada asociada a rentas legales e ilegales en la frontera, todavía está pendiente.

Hace falta una lectura desde las migraciones forzadas que no se limite al contexto interno, como en el caso del desplazamiento forzado en Colombia, o a las generalidades de la movilidad humana, como en el caso ecuatoriano. El objetivo que debe plantearse una investigación, para no repetir la caracterización de las graves condiciones sociales de los habitantes de frontera que ya se ha efectuado numerosas veces, es la descripción de las condiciones que fuerzan a las personas a moverse desde Colombia, pero que permanecen al llegar a Ecuador.8 Al momento de sugerir un enfoque transfronterizo, los estudios mencionan de manera general las circunstancias del conflicto armado en el lado colombiano y las repercusiones para el contexto ecuatoriano (PNUD, 2009; Flacso, 2008). El enfoque principal reside o bien en las recomendaciones de políticas públicas y los marcos normativos que debe adoptar o ajustar Ecuador para mejorar la seguridad y condiciones de vida en la frontera, o bien en recomendaciones generales para establecer planes binacionales para atender a refugiados y desplazados en espacios de frontera.

Entre tanto, investigadores del norte global dirigen su mirada a la frontera entre Colombia y Ecuador en cuatro sentidos: 1) Para señalar la crisis diplomática de 2008 entre los gobiernos de Rafael Correa y Álvaro Uribe desde un enfoque de seguridad.

2) Para inscribir la descripción en un estudio más amplio sobre migraciones económicas en América Latina (Harms, 2013).

3) Como parte de estudios sobre el conflicto armado en Colombia que carecen de un enfoque transfronterizo (Kyle, 2000; Pellegrino, 2000).

4) Para describir una sola dimensión de la crisis humanitaria, como las deficiencias en los servicios de salud o educación del lado ecuatoriano. En estos casos, las conclusiones no indican con precisión las relaciones entre las carencias estructurales de las poblaciones fronterizas para entender las similitudes entre los contextos de expulsión y los de recepción (Shedlin, 2014).

Como se ve, dadas las limitaciones encontradas en las aproximaciones a la migración forzada en la frontera entre Colombia y Ecuador, se hace necesario un enfoque de continuidad en la investigación sobre las poblaciones. El eje de análisis de dicho enfoque debe partir de una perspectiva comparativa entre contextos de expulsión y recepción con base en dimensiones específicas en cuanto a la satisfacción efectiva de derechos sociales y a la construcción de ciudadanías (Sabates-Feldman, 2011). Tal perspectiva puede valerse tanto de la categoría de frontera, entendida como espacio de continuidad y discontinuidad en las condiciones de vida (Luhmann, 1998), como del ámbito de las migraciones forzadas interpretada como la conjunción de factores sociales, económicos y de seguridad que incluyen flujos interrelacionados de desplazamiento interno, refugio y migración económica, pero que no desconocen el aspecto forzoso de la movilidad.

8 Esta hipótesis fue construida con el apoyo del profesor Camilo Molina, quien participó en la fase inicial de la presente investigación.

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Para dar inicio al propósito de consolidar investigaciones sobre la actual continuidad en la desprotección de derechos sociales de personas que migran forzadamente entre Colombia y Ecuador, el presente trabajo ofrece los resultados de tres estudios de caso que corresponden a las poblaciones de Tumaco (Colombia) - San Lorenzo (Ecuador), Ipiales (Colombia) - Tulcán (Ecuador) y Puerto Asís (Colombia) - Lago Agrio (Ecuador). Las dimensiones sobre las cuales se llevó a cabo la aproximación comparativa al espacio de frontera fueron vivienda, generación de ingresos y seguridad, interpretados como los derechos sociales9 que más preocupan a los habitantes de la región y que se consideran condiciones para una vida digna en ambos lados de la frontera.

Mapa 1.

Ciudades y cantones estudiados

Elaboración: Codhes.

El estudio concluye que el espacio de frontera es leído como una periferia en la que las acciones de los Estados ecuatoriano y colombiano no son efectivas en términos de protección de derechos sociales.

Además, observa que los motivos para moverse no se limitan a las presiones ejercida por la violencia de los grupos armados y las redes criminales sobre la población en las seis ciudades de análisis. El

9 El Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales no señala la seguridad como un derecho que deba ser satisfecho dentro de sus artículos. Sin embargo, en las entrevistas realizadas en el trabajo de campo fue mencionado recurrentemente que la condición de posibilidad para satisfacer todos los derechos sociales era una vida digna y tranquila, lejos de la violencia, que permitiera llevar a cabo proyectos de vida personales. De allí que se decidiera incluir la seguridad como una dimensión a analizar en las dos poblaciones.

Por otro lado, aquí se entiende la seguridad no solo como la mejoría en los índices de homicidio o criminalidad en general (que constituye el enfoque excluyente y simple de una versión securitista de las relaciones internacionales en frontera), sino también como seguridad humana. Esto es, como la posibilidad de ejercer los derechos fundamentales sin estar sujeto a ningún tipo de coerción o temor. En el primer capítulo del presente documento se explican los fundamentos de esta conceptualización.

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flujo constante entre la frontera responde además a mecanismos de protección fortalecidos por los lazos familiares y sociales que las organizaciones de base y funcionarios de gobiernos locales emplean cotidianamente. Tales mecanismos se basan en la visibilización, denuncia y participación comunitaria de escenarios en los que la vivienda, el empleo y la seguridad son la prioridad.

La concepción de seguridad a la que se refiere el presente estudio está basada en un sentido relacionado con la seguridad humana (y no ciudadana). Para esto, ha sido necesario considerar la normativa internacional de Derecho Internacional Humanitario (DIH), así como del Derecho internacional de los derechos humanos.

Por ejemplo, el Artículo 22, numeral 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José) de 1969 establece que “toda persona tiene el derecho de buscar y recibir asilo en territorio extranjero en caso de persecución por delitos políticos o comunes conexos con los políticos y de acuerdo con la legislación de cada Estado y los convenios internacionales”. En consecuencia, la búsqueda de asilo y la protección de las personas que se encuentran en esta situación obliga a los Estados a establecer condiciones abiertas y humanas de recepción, incluyendo el tratamiento digno seguro y compatible con los derechos humanos (Acnur, 2002).

Por otro lado, el Artículo 31, numeral 1 de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 (Convención de 1951) establece que no se impondrán penas a los refugiados por causa de su entrada o presencia ilegales a condición de que se presenten sin demora (en el contexto de un plazo razonable) ante las autoridades competentes. En consecuencia, privar a las personas refugiadas o solicitantes de asilo de su libertad conllevaría a una sanción de conformidad con lo establecido en el Artículo 31 numeral 1 del mismo instrumento internacional y es “contrario al derecho a la libertad y a la seguridad personal” (Edwards, 2011).

Además, el derecho a la seguridad y libertad personales es un derecho fundamental consagrado en múltiples instrumentos internacionales, tales como el Artículo 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Por otro lado, el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos consagra este derecho en el Artículo 7 del Pacto de San José.

En este sentido, el derecho a la seguridad humana o personal que se ha abordado en el informe, se refiere a la protección del individuo contra la adopción de medidas arbitrarias o ilegales que restrinjan o amenacen la libertad de la persona.10 La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha señalado que “la seguridad también debe entenderse como la protección contra toda interferencia ilegal o arbitraria de la libertad física”.11 Asimismo, el Comité de Derechos Humanos ha establecido que el derecho a la seguridad personal conlleva la obligación del Estado de adoptar medidas razonables y apropiadas para proteger a las personas, especialmente en relación a quienes son objeto de amenazas que afectan su seguridad personal.12 El derecho a la seguridad personal contempla no solo la implementación de medidas judiciales, sino que incluye además la implementación de medidas que garanticen a los individuos el ejercicio de este derecho (Gaitán, 2005; Morsink, 2000).

10 Más información: Sentencia del Tribunal Constitucional Español 15/1986, de 31 de enero, fund. Jur. 2º.

11 Más información: Corte IDH. Caso Cabrera García y Montiel Flores vs. México. nota 32 supra. Párr. 80.

12 Más información: Naciones Unidas, Comité de Derechos Humanos, Dictamen sobre la Comunicación Nro. 195/1985, Caso William Eduardo Delgado Páez vs. Colombia, UN Doc. CCPR/C/39/D/195/1985 (1990); Naciones Unidas, Comité de Derechos Humanos, Dictamen sobre la Comunicación Nro. 314/1988, Peter Chiiko Bwalya c Zambia, 27 de julio de 1993 (CCPR/C/48/D/314/1988.); Naciones Unidas, Comité de Derechos Humanos, Dictamen sobre la Comunicación N º 468/1991, Angel N. Oló Bahamonde v Guinea Ecuatorial, 10 de noviembre de 1993 (CCPR/C/49/D/468/1991), entre otros.

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Con base en el marco normativo señalado y en los resultados de la investigación en campo, se ha visto la necesidad de abordar el derecho a la seguridad de las personas que migran forzosamente, en específico, de la población desplazada y refugiada, como una categoría de análisis que toma en cuenta las disposiciones mencionadas en párrafos precedentes sobre la protección que les brindan los instrumentos internacionales en materia de refugio y en concordancia con los instrumentos de derechos humanos, tanto universales como regionales.

A partir de las dimensiones de análisis de vivienda y generación de ingresos –prioridades que manifiestan las personas en necesidad de protección internacional en la frontera–, y la categoría analítica de los derechos económicos, sociales y culturales, en la presente investigación se tomó como marco de referencia el derecho a una vivienda adecuada en el que: La vivienda debería ser accesible a todas las personas que, además, deberían tener cierta garantía de tenencia que los proteja de desalojos forzados, hostigamiento y otras amenazas. Entre los servicios disponibles deberían encontrarse el agua limpia potable, saneamiento y energía. De conformidad con las normas internacionales, los Estados deberían tomar medidas para garantizar que las viviendas están ubicadas en zonas seguras y que respetan los derechos culturales (Amnistía Internacional, s.f.).

Para el análisis de la generación de ingresos en la frontera, se usa como referencia el derecho al trabajo: (…) que va más allá del derecho a tener un puesto de trabajo y a la obligación de garantizar el pleno empleo. Abarca, al menos, el acceso a un trabajo sin discriminación, la libertad de elección del empleo y una estructura de apoyo que facilite el acceso al trabajo, incluida una formación profesional adecuada. Una violación particularmente atroz del derecho a la libre elección del empleo es el trabajo forzoso: trabajo exigido mediante amenaza de algún tipo de castigo, ya sea penal o la pérdida de derechos o privilegios (Amnistía Internacional, s.f.).

Tanto el derecho a la vivienda digna como el derecho al trabajo son una base para analizar el contexto socioeconómico de la población en la frontera. Estos derechos sirven, además, para contrastar con la implementación de políticas públicas de los Estados colombiano y ecuatoriano, dirigidas a cumplir con la obligación de “adoptar medidas” hasta el máximo de los recursos de los que dispongan para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos económicos, sociales y culturales, tal y como lo dispone el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales.13 Para finalizar la presente sección, cabe indicar que para llegar a las conclusiones sobre cada una de las dimensiones (seguridad, vivienda y generación de ingresos), el informe se ha dividido en tres momentos: la primera parte hace un breve recorrido por las categorías de frontera, migraciones forzadas y derechos sociales, como dispositivos de análisis de las dimensiones cualitativas propuestas. La segunda parte se dedica a una caracterización focalizada de las poblaciones objeto de estudio con base en las entrevistas, la observación de campo y la revisión documental. En esta sección se plantea una aproximación complementaria entre las iniciativas locales y binacionales de asociación comunitaria y se realiza una aproximación con enfoque diferencial a las mujeres, los pueblos indígenas, la población afrodescendiente y a los niños, niñas y adolescentes (NNA) en la región fronteriza. En la tercera parte se hace un análisis de 13 Ecuador ratificó el Pacto el 6 de marzo de 1969 y Colombia lo hizo el 29 de octubre del mismo año.

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la respuesta institucional y los mecanismos legales de protección de personas que migran forzadamente en la frontera por parte de los gobiernos de Ecuador y de Colombia. sobre migraciones forzadas en la frontera colombo-ecuatoriana. Finalmente se enuncian algunos aspectos clave de la frontera de cara a un escenario de posacuerdo y construcción de paz en Colombia.

Consideraciones sobre el método Los estudios de caso planteados no pretenden dar cuenta de un campo social completo, ni medir el capital social de un grupo de actores en la frontera. Tampoco buscan hacer una descripción detallada de las comunidades en Colombia y Ecuador con base en sus prácticas culturales. Esta investigación pretende describir la situación, en términos de derechos sociales, de las personas que migraron forzosamente en seis poblaciones urbanas de la frontera colombo-ecuatoriana entre los años 2013 y 2014.

El propósito del método seleccionado era el de determinar qué era lo que todavía no estaba satisfecho en términos de derechos sociales para los habitantes de ambos lados de la frontera. Ello supuso una investigación limitada cuyo fin es explicativo. Es decir, la actividad de investigación consistió en consolidar datos empíricos para identificar relaciones de continuidad y discontinuidad entre dos espacios geográficos complejos que comparten un fenómeno similar: la presencia de colombianos en necesidad de protección internacional.14 La investigación integró métodos cualitativos y cuantitativos a través de entrevistas, grupos focales, reuniones de trabajo, participación en encuentros locales, análisis de documentos (como investigaciones, ensayos, prensa, declaraciones políticas, documentos de política pública, etc.) y estadística descriptiva a partir de fuentes secundarias y oficiales.

Bajo este enfoque se tomaron como estudios de caso seis ciudades, tres colombianas (Tumaco, Ipiales y Puerto Asís) y tres ecuatorianas (San Lorenzo, Tulcán y Lago Agrio). En el curso de la investigación se realizaron entrevistas semiestructuradas enfocadas en tres dimensiones: vivienda, generación de ingresos y seguridad humana. De igual forma, se coordinaron grupos focales, algunos organizados por Codhes y otros por el Parlamento Andino; el equipo de investigación participó en 25 grupos focales, la mayoría en las ciudades estudiadas, pero también en otros municipios estratégicos para comprender la multiplicidad de dinámicas propias de frontera.

14 En la presente publicación se usarán indistintamente las categorías migrante forzoso (que incluye desplazados internos y refugiados) y personas en necesidad de protección internacional. Tal asimilación se efectúa con base en la carencia de la satisfacción efectiva de derechos económicos, sociales y culturales que suponen ambas definiciones en el contexto de la frontera colombo-ecuatoriana. De acuerdo con Acnur: “La protección internacional puede ser definida como el conjunto de las actividades destinadas a asegurar el acceso igualitario y el disfrute de los derechos de mujeres, hombres, niñas y niños bajo la competencia del Acnur, de acuerdo con los instrumentos legales pertinentes, incluyendo el derecho internacional humanitario, el derecho de los derechos humanos y el derecho internacional de los refugiados. La protección internacional de los refugiados comienza por garantizar su admisión en un país de asilo seguro, garantizar el reconocimiento del asilo y asegurar el respeto de sus derechos fundamentales, incluyendo el derecho a no ser regresado forzosamente a un país donde su seguridad o supervivencia estén amenazadas (principio de no devolución, o nonrefoulement). La protección termina solo con la obtención de una solución duradera, como la repatriación voluntaria y en condiciones dignas y seguras al país de origen, la integración local en el país de acogida o el reasentamiento a un tercer país de asilo. Acnur (s.f.).

Protección. Disponible en http://bit.ly/1nyJ3Zs. Recuperado el 10 de marzo de 2014.

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En las entrevistas y los grupos focales participaron: mujeres y hombres mestizos; indígenas; afrodescendientes; jóvenes, adultos y personas mayores; líderes y lideresas de organizaciones de base (organizaciones de campesinos, de migrantes, de desplazados, de mujeres, de frontera, de periodistas); ONG; iglesias; organizaciones internacionales; organismos multilaterales; autoridades locales y funcionarios públicos de las ciudades fronterizas de Colombia y Ecuador; personerías y defensorías del pueblo, y parlamentarios andinos.

La investigación se fortaleció con análisis de documentos y observación de campo en ambos lados de la frontera teniendo en cuenta las condiciones de seguridad, el acceso a vivienda y las oportunidades de generación de ingresos. Se eligieron aspectos que tuvieran suficiente información para dar cuenta de un marco analítico delimitado: las migraciones forzadas en frontera desde un enfoque de continuidad y discontinuidad de acuerdo con el discurso de los derechos sociales.

Dada la riqueza del fenómeno de la migración forzada y la extensión del contexto en la frontera colomboecuatoriana, el método de estudio de seis casos particulares resultó el más indicado para el propósito de la investigación porque permitió explorar un espacio en el que existen muchas dimensiones de interés pero pocos puntos de información para contrastar, esto es: escasos ejercicios previos que den cuenta de poblaciones en ambos lados de la frontera bajo la perspectiva de un espacio interrelacionado de carencias en cuanto a derechos sociales. Es por ello que se usan fuentes múltiples de evidencia (funcionarios públicos, testimonios de afectados, organizaciones sociales, cooperación internacional, informes de sociedad civil e institucionales y prensa).

El ejercicio de interpretación con base en la recolección de datos que obtiene este estudio de caso permite formular una aproximación a la migración forzada en la frontera colombo-ecuatoriana que cuestiona lugares comunes acerca de las razones por las cuales los colombianos buscan protección en ese territorio vecino.

La descripción precisa de las dimensiones cualitativas mencionadas arroja información que no se limita a las presuposiciones sobre los contextos de expulsión y recepción y pretende ofrecer una interpretación más compleja de la relación entre las circunstancias que afectan a las dos poblaciones. El contenido de dichas dimensiones proviene de un trabajo de campo realizado en el territorio, es decir, de las mismas comunidades que presentaron sus puntos de vista sobre la materia en cuestión.

Bajo un enfoque de derechos económicos, sociales y culturales, la investigación partió de las siguientes preguntas: 1) ¿Cuáles son las afectaciones a los derechos económicos, sociales y culturales de personas víctimas del conflicto armado o en necesidad de protección internacional que permanecen y cuáles se superan en los municipios de Tumaco, Ipiales y Puerto Asís en Colombia y San Lorenzo, Tulcán y Lago Agrio en Ecuador?

2) ¿En qué consisten las continuidades y discontinuidades en materia de protección de derechos sociales en los municipios Tumaco, Ipiales y Puerto Asís en Colombia y San Lorenzo, Tulcán y Lago Agrio en Ecuador de personas víctimas del conflicto armado y en necesidad de protección internacional?

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3) ¿En qué consisten las continuidades y discontinuidades en materia de protección de derechos fundamentales en la frontera colombo-ecuatoriana de mujeres, indígenas, afrodescendientes y niños, niñas y adolescentes, particularmente de quienes han sido víctimas del conflicto armado y están en necesidad de protección internacional?

4) ¿Qué escenario les espera a las víctimas del conflicto armado y a las personas en necesidad de protección internacional en la frontera colombo-ecuatoriana (particularmente en las poblaciones de Tumaco, Ipiales y Puerto Asís en Colombia y San Lorenzo, Tulcán y Lago Agrio en Ecuador) con respecto a la satisfacción de sus derechos fundamentales, teniendo en cuenta los marcos normativos sobre migraciones forzadas en ambos países?

5) ¿Cuáles han sido las respuestas del Estado nacional y local ante las necesidades de las víctimas del conflicto armado y a las personas en necesidad de protección internacional en la frontera colomboecuatoriana (particularmente en las poblaciones de Tumaco, Ipiales y Puerto Asís en Colombia y San Lorenzo, Tulcán y Lago Agrio en Ecuador)?

6) ¿Qué medidas de política pública deben ser adoptadas por los gobiernos locales de Tumaco, Ipiales y Puerto Asís en Colombia y San Lorenzo, Tulcán y Lago Agrio en Ecuador para superar la desprotección de los derechos fundamentales de las víctimas del conflicto y las personas en necesidad de protección internacional en ambos lados de la frontera?

7) ¿Cómo pueden los estudios de frontera aportar a la comprensión de la migración forzada con base en las continuidades y discontinuidades en la salvaguardia de derechos sociales de las víctimas del conflicto armado y las personas en necesidad de protección internacional en las poblaciones de Tumaco, Ipiales y Puerto Asís en Colombia y San Lorenzo, Tulcán y Lago Agrio en Ecuador?

8) ¿Cómo puede aportar una perspectiva de análisis de la “frontera como región” en los estudios de caracterización y recomendaciones de política pública en la frontera colombo-ecuatoriana?

9) ¿Cómo han sido los procesos organizativos comunitarios en la región fronteriza (particularmente en las poblaciones de Tumaco, Ipiales y Puerto Asís en Colombia y San Lorenzo, Tulcán y Lago Agrio en Ecuador?

10) ¿Cuáles son las alternativas de protección y acciones de resistencia de la población víctima del conflicto armado en la frontera colombo-ecuatoriana?

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1.

Migraciones forzadas, derechos econรณmicos, sociales y culturales (DESC) y la frontera colombo-ecuatoriana

Lo derechos económicos, sociales y culturales (DESC) son una categoría de análisis pertinente para indagar acerca de las condiciones de vida de personas que se ven obligadas a migrar forzadamente en regiones fronterizas. Esto se debe a que la evaluación sobre la satisfacción de dichos derechos permite identificar escenarios institucionales y locales en los cuales las personas en necesidad de protección internacional no encuentran garantías para superar sus condiciones impuestas de vulnerabilidad.

Recientemente los estudios de migraciones forzadas se han ocupado de las relaciones fluidas que se presentan entre los habitantes de países expulsores y de acogida (Sabates-Feldman, 2011). Tales relaciones se presentan en términos de las posibilidades que encuentran los migrantes para establecer nexos familiares, comerciales y culturales, así como reconocimientos en su agencia por medio de organizaciones de base que demandan satisfacción de derechos y mejoras en sus condiciones de vida a instituciones locales y nacionales.

Sin embargo, cada vez resulta más difícil para las personas que se ven obligadas a abandonar sus hogares, el enfrentarse a políticas de migración y asilo que incrementan restricciones y responden a tendencias políticas que rechazan a los extranjeros con base en discriminación, estigmatización, temores acerca de la presión sobre el sistema social, el mercado laboral o discursos de carácter nacionalista.15 Esta paradoja genera que las crecientes expectativas de migrantes en cuanto a oportunidades de comunicación e intercambio, permanencia y estabilización en los lugares donde buscan protección, contrasten con las dificultades para la integración local, pese a que el número de personas moviéndose transfronterizamente siga en aumento.16 Tales dificultades se ven representadas en el acceso a la salud, la educación y la vivienda, en la generación de ingresos e incluso en la recreación y el uso del espacio público. Tanto migrantes por causas económicas como a causa de conflictos armados o violencia generalizada no encuentran escenarios de acogida favorables para iniciar nuevos proyectos de vida en los que sean reconocidos sin ser sometidos a rechazo, discriminación y estigmatización. De este modo, las inequidades en acceso a seguridad social se convierten en estrategias de prevención de la inmigración, control de los migrantes y, finalmente, de expulsión (Sabates-Feldman, 2011).

El agotamiento y presión por falta de satisfacción de derechos sociales convierte las pretensiones de protección de las personas que migran forzosamente en empresas inalcanzables.

En una perspectiva de desarrollo en la que la movilidad humana en general es vista como un camino hacia el fortalecimiento de redes comerciales e intercambio de mano de obra para favorecer el crecimiento económico, el hecho de que las personas en necesidad de protección internacional no encuentren escenarios equitativos en los cuales desarrollar su proyectos de vida, es contradictorio. No obstante,

15 En Europa esta tendencia se ve reflejada en países como Alemania y su posición frente a migrantes rumanos y búlgaros. Véase: Deutsche Welle (2013). Experts reject German migration fears. Disponible en: http://bit.ly/1fpov0J. Recuperado el 12 de diciembre de 2013. En el caso ecuatoriano, la situación es muy similar con respecto a los colombianos. Véase: Diario Hoy. Los colombianos se sienten discriminados en La Florida. Disponible en http://bit.ly/1kmkvCs. Recuperado el 12 de enero de 2014.

16 Uno de los reportes recientes de desarrollo humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) titulado “Movilidad y Desarrollo Humano” (2009) indica que al menos un tres por ciento de la población mundial es migrante, es decir, alrededor de 215 millones de personas.

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esta es la realidad en Tumaco (Colombia), San Lorenzo (Ecuador), Ipiales (Colombia), Tulcán (Ecuador), Puerto Asís (Colombia) y Lago Agrio (Ecuador). Ninguno de los dos lados de la frontera presenta fuentes de empleo estable, condiciones dignas de vivienda o un acceso continuo y confiable a la seguridad social.

En otras palabras, la no satisfacción de los DESC en estas poblaciones constituye un impedimento para la protección de migrantes forzosos en ambos lados de la frontera.

Como se podrá observar más adelante, de acuerdo con la caracterización cualitativa efectuada para la elaboración de este documento, en sentido estricto, los artículos del 6 al 15 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales17 no están siendo protegidos ni garantizados por los Estados de Colombia y Ecuador en la frontera que los separa. Ello ocurre pese a que ambos países firmaron y ratificaron el pacto en la década de 1960. Los habitantes de ambas poblaciones no reconocen el goce efectivo de estos derechos y encuentran en esta carencia la principal causa que evita la superación de su vulnerabilidad.

Las políticas regresivas en materia de migraciones forzadas que se registran en el mundo tienen consecuencias preocupantes en espacios de frontera como el colombo-ecuatoriano. Tradicionalmente, los límites entre Colombia y Ecuador han sido tratados como escenarios periféricos de poca importancia y alta conflictividad. La perspectiva centralizada del desarrollo en ambos países latinoamericanos, en una lógica civilizatoria, no ha permitido una aproximación a las fronteras que supere un discurso modernizador y securitista (Carrión, 2013; Rivera, 2012). En este sentido, resulta evidente que los derechos sociales no han formulado el enfoque de las políticas públicas en frontera, o que al menos los programas nacionales, locales o binacionales no han sido efectivos para la satisfacción de tales derechos. Una postura en la que el conflicto colombiano –y el tráfico de drogas que lo acompaña– es el principal enemigo, ha obviado las demandas por mejores condiciones de vida de los pobladores de Tumaco (Colombia), San Lorenzo (Ecuador), Ipiales (Colombia), Tulcán (Ecuador), Puerto Asís (Colombia) y Lago Agrio (Ecuador) por mejores condiciones de vida.

El hecho de no hallar protección, ni garantía de DESC, es lo que hace de la frontera colombo-ecuatoriana un caso evidente de continuidad en sentido negativo. Solo los fuertes lazos familiares, comerciales y culturales entre los pobladores de la región fronteriza consiguen suplir aquello que los Estados no han podido satisfacer históricamente.

Los contextos de expulsión y recepción son tan similares que, a los ojos de los habitantes de la frontera, lo único que genera la institucionalidad es división y obstáculos para la realización de proyectos de vida conjuntos. El problema es entonces que las expectativas que todavía llevan a los colombianos a asumir la última opción de migrar forzadamente a territorio ecuatoriano no son completamente satisfechas. Como se verá en este documento, cada vez más aquello que parecía la garantía al otro lado de la frontera, a saber, la seguridad lejos de los grupos armados, se ve amenazada por la incidencia de redes criminales de carácter transnacional.

17 Los artículos mencionados exigen la satisfacción de derechos laborales, a la seguridad social, a la vida familiar, a un nivel de vida adecuado, a la salud, a la educación y a la participación en la vida cultural.

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1.1. El concepto de frontera desde una perspectiva sistémica: hacia una mirada de la frontera como región Bajo una perspectiva de migraciones forzadas y de continuidad de la desprotección de los DESC, debe adoptarse la noción de frontera que la entiende no como un “quiebre de contextos” separados por límites previamente fijados políticamente, sino como un espacio continuo interrelacionado “que deja fluir efectos causales” (Luhman, 1998, citado por Rivera, 2012, p. 200).

La aproximación al concepto de frontera desde la teoría sistémica permite comprender la existencia de las continuidades entre dos sistemas políticos y, por tanto, resulta pertinente para un análisis de la migración forzada que tenga en cuenta los DESC en los bordes colombo-ecuatorianos. La frontera entendida en un primer momento como línea divisoria internacional de soberanías establece límites de sentido pero no divorcia completamente los contextos de expulsión y recepción. Esta interpretación indica que a través de la frontera no solo fluyen personas sino también condiciones de vida y tradiciones culturales. Dichas condiciones están marcadas por las carencias en satisfacción de derechos económicos, sociales y culturales que, en conjunción con condiciones generalizadas de violencia, obligan al desplazamiento en contextos transfronterizos.

Desde la lectura de sistema de Luhman (1998), la frontera es un límite de sentido que indica una separación de Estados que es apenas nominal. Entre tanto, los efectos causales de la desprotección que continúan en Ecuador para un colombiano, tienen que ver con la permanencia en la vulneración de sus derechos. Esta perspectiva rechaza la posibilidad de contemplar la frontera como una línea fija que diferencia dos sistemas, pues es precisamente la continuidad la que posibilita el tránsito de múltiples factores. Rasgos culturales y condiciones de vida atraviesan la línea divisoria de soberanías de los Estados-nación y se constituyen como un espacio complejo de interacción de factores económicos, sociales, culturales y políticos.

El espacio de interacción complejo alrededor de una línea divisoria de soberanías es, a su vez, una región de frontera. La frontera, pensada como región, está conformada por múltiples relaciones (económicas, sociales, políticas, culturales, laborales, personales, etc.) entre actores de diversa naturaleza, que configuran un espacio transnacional (Fogel, 2006).18 De esta manera, a diferencia de las regiones internas de los Estados, la región fronteriza está conformada por más de una nación.

La frontera colombo-ecuatoriana, entendida como una región, permite comprender la multiplicidad de estas relaciones y la estructura de varias de las problemáticas que allí se presentan, así como las posibles soluciones a las mismas por parte de los habitantes de frontera. La frontera como región trasciende la imagen de la separación de dos Estado-nación, completamente diferenciados, cuyo centro de poder y toma de decisiones es la ciudad capital. Por el contrario, motiva el conocimiento del territorio con énfasis 18 Para la comprensión de la diferencia entre la línea divisoria y la zona de frontera, la lengua inglesa tiene dos conceptos diferentes boundary: línea fronteriza y frontier: zona fronteriza, siendo la segunda concepción sobre la que nos interesa profundizar (Jeanneret, 1984, p. 64). La frontera etimológicamente hace referencia a la tierra que está en frente de otra, y su origen es básicamente militar, derivado de la noción de defensa de los límites del territorio Estatal.

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en lo local, a través del estudio de las relaciones y las capacidades de los actores en la frontera. Tal aproximación permite visualizar la región fronteriza como un espacio de oportunidades y no de barreras, como se le ve tradicionalmente.

La noción de territorio es fundamental para concebir la frontera como región, ya que a partir de la acción y la percepción de la población sobre el espacio físico se identifica la frontera como una zona con identidad regional, en la que circulan cotidianamente la población y un sinnúmero de relaciones que desempeñan una función específica.

En el caso puntual de la frontera colombo-ecuatoriana, las migraciones fronterizas siguen flujos diversos que no se asocian exclusivamente al conflicto armado colombiano. Algunas son migraciones mixtas (relacionadas a necesidades económicas originadas en la falta de oportunidades en un contexto violento), y otras obedecen a la existencia de familias transfronterizas o pequeños negocios binacionales.

Cuando las migraciones se dan muy cerca de la línea política divisoria es difícil encontrar que la población colombiana se autodenomine desplazada o refugiada. Esto se explica por el tránsito permanente de actores armados a través de pasos informales. Un auto reconocimiento como víctima en tal escenario, ya sea desplazado o refugiado, puede provocar señalamientos y revictimizaciones. Fenómenos como estos ejemplifican las razones por las que una frontera es, en sí misma, una región, cuyos espacios de diferenciación son más difíciles de identificar sin acudir a una perspectiva comparada de continuidad.

La región fronteriza se conforma, además, a partir de cierto grado de homogeneidad en el territorio, en el que si bien es cierto que hay unos rasgos jurídicos, fiscales y de control militar determinados por cada Estado, se identifica algún tipo de semejanza en los espacios físico y cultural. De este modo, se constituye una franja gris de continuidades que, en el caso concreto de la presente investigación, se refiere a las continuidades de la desprotección en materia de derechos económicos, sociales y culturales.

Analizar la frontera como región no implica ignorar los límites administrativos, jurídicos y militares que establece la línea divisoria de soberanías. Por el contrario, hacerlo de esta manera contribuye a comprender su interacción en un territorio complejo y medianamente homogéneo, y a explorar las posibilidades de comunicación y la capacidad de armonizar directrices de ambos Estados para el bienestar de la población de frontera.

Bajo esta perspectiva, la frontera no se circunscribe a la separación, sino a la integración de territorios complejos y heterogéneos que constituyen una identidad en constante transformación para los habitantes de frontera. Esta identidad es producto de condiciones que los afectan, tanto externas (conflicto armado, condiciones sociales y económicas) como internas (relaciones culturales e intercambios locales). La frontera como región permite el reconocimiento de identidades que trascienden las nacionalidades y reafirman las semejanzas históricas en el territorio fronterizo.

El estudio de la frontera como región implica realizar un análisis comparado entre ciudades de un mismo eje que comparten condiciones geográficas, sociales, económicas y culturales, y no un estudio tradicional de frontera que compare ciudades (con acentuadas diferencias) de un mismo Estado, con base en límites político-administrativos establecidos contingentemente.

Continuidades de la desprotección: migraciones forzadas y satisfacción de derechos sociales en la frontera entre Colombia y Ecuador

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La región fronteriza colombo-ecuatoriana posee espacios geográficos muy distintos que van desde la Costa Pacífica hasta la Amazonía. Estas características espaciales determinan en gran parte las actividades sociales, económicas y culturales de cada paso fronterizo. Es por esta razón que el presente estudio, a través de cada uno de los tres ejes seleccionados, indaga por las interacciones, flujos de población y factores económicos específicos de cada uno con base en las condiciones espaciales propias de cada geografía.

Se pretende, de este modo, un análisis diferenciado de los contextos que comprenden la región fronteriza.

Finalmente, la frontera, entendida como región, exige observar las tensiones producto de las rupturas en la fluidez de las relaciones sociales, económicas y políticas que han impuesto las regulaciones limítrofes de los Estados en el ejercicio de su soberanía. Estas circunstancias impiden, por ejemplo, la continuidad en factores como la actividad mercantil. Con respecto a las relaciones económicas, una frontera en tensión será aquella en la que divergen modelos económicos (George, 1966) o, como en el caso de la frontera colombo-ecuatoriana, en la que chocan diferentes tipos de intervención estatal.

En síntesis, con el propósito de superar las insuficiencias conceptuales de la perspectiva de los límites territoriales del Estado Liberal (Zapata, 2012), la complejidad real de la región fronteriza demanda una revisión crítica de categorías como homogeneidad, continuidad y tensión. La aproximación a la frontera que lleva a cabo el presente informe se cuestiona por las causas, consecuencias y potencialidades de la movilidad humana y, de manera especial, por las migraciones forzadas, teniendo en cuenta las categorías de seguridad humana, vivienda y generación de ingresos. Se busca, de este modo, dar cuenta de las necesidades de la población bajo un enfoque de derechos y responsabilidades compartidas, que transcienden los límites soberanos.

Como se verá a lo largo de este texto, fenómenos como las migraciones forzadas hacen de la región fronteriza un espacio que demanda de manera especial un fortalecimiento institucional enfocado en la protección de los derechos humanos, no solo en relación con la situación de migración e inmigración, sino, sobre todo, con la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales.

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1.2. Excombatientes, grupos posdesmovilización y las prácticas de reclutamiento y control territorial Mapa 2.

Presencia de actores armados en la frontera colombo-ecuatoriana

Fuente: Elaboración Codhes con datos del IX Informe sobre presencia de grupos narcoparamilitares (Indepaz, 2013) y Los Mapas del Conflicto (Fundación Paz y Reconciliación, 2015).

A continuación se presenta una breve descripción de los grupos posdesmovilización (GPD)19 y su expansión en el territorio colombiano después de la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Esta reseña permite entender mejor los seis estudios de caso en la perspectiva de continuidades de la desprotección.

19 Para efectos del presente documento se entiende por grupos posdesmovilización (GPD) aquellas estructuras macrocriminales de grupos paramilitares que se desmovilizaron en 2005 y retomaron las armas o nunca se desmovilizaron. También comprende aquellos grupos que aparecieron después del proceso de desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y que están conformados por exparamilitares, narcotraficantes y grupos de delincuencia local. El término bacrim, o “bandas criminales emergentes”, instaurado en el segundo gobierno del presidente Álvaro Uribe (2006-2010), no se considera adecuado, dado que limita la comprensión del fenómeno de estos actores armados a su carácter criminal, ignorando la continuidad entre los líderes y estructuras de las AUC que articularon y soportaron el accionar de los grupos armados que se disputaron el control territorial y las rentas legales e ilegales desde 2006.

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Después del año 2006, los GPD se han articulado en Colombia a partir de las estructuras y líderes paramilitares que permanecieron tras la desmovilización de las AUC y que cooptaron a elementos de las guerrillas y miembros de organizaciones narcotraficantes. Esto quiere decir que tanto los espacios de control territorial y los corredores de narcotráfico, como las prácticas de coacción sobre la población civil en función de rentas legales e ilegales se adaptaron a las nuevas circunstancias que dejaron los vacíos de poder de los jefes paramilitares. De este modo, redes criminales sin una línea vertical y jerarquizada de mando, pero sí articuladas a partir de un modelo de franquicia –que permite subcontratar nodos locales relativamente independientes–, tienen control social y territorial por medio de oficinas de cobro, combos y pandillas, pero además relaciones con redes transnacionales de narcotráfico con asiento en países como México, Perú, Ecuador, Bolivia, Brasil, Argentina y España.20 El proceso de ajuste de los grupos posdesmovilización para consolidar su presencia en zonas estratégicas se vale además de nuevas dinámicas urbanas del conflicto armado en el país. Junto con el procesamiento de base de coca, su trasporte y la comercialización de la cocaína, los GPD han encontrado en la minería artesanal e institucional del oro una importante renta basada en el control de las zonas de explotación, las vacunas y la extorsión sobre pequeños y grandes mineros en zonas rurales. Los espacios urbanos se han convertido, de igual forma, en medios no solo de subsistencia sino también de consolidación del poder social, territorial y económico.

La diversidad de los GPD se debió, en un principio, a la pugna de diferentes remanentes de las autodefensas que pretendían apoderarse del negocio del narcotráfico y apoyar su enriquecimiento en el microtráfico, la extorsión, el hurto y el despojo en las ciudades. En la medida en que dos de las fuerzas con más influencia, a saber, Los Rastrojos y Los Urabeños, se articularon en redes de acción más eficaces, la multiplicad de rentas legales e ilegales se hizo complementaria. Así, la influencia sobre el narcotráfico y la minería se complementó con el contrabando, el tráfico de armas, la extorsión, la trata de personas y la prostitución.

Estas prácticas no podían sostenerse sin una presencia activa tanto en las ciudades como en el campo, de allí que el crecimiento exponencial de estos grupos no se haya limitado a las zonas rurales tradicionales del conflicto armado. Su accionar se ha posicionado con extrema violencia en poblaciones del Pacífico y del Caribe, en las regiones de frontera, e incluso en las grandes urbes. Las actividades de oficinas de cobro, combos y pandillas que prestan sus servicios a las redes de los grupos posdesmovilización tienen gran impacto, pero operan camuflados en los barrios, lo que hace difícil su detección.21 Pese a los frecuentes golpes de la fuerza pública a supuestos miembros de los GPD (según cifras del Ministerio de Defensa Nacional, entre 2009 y 2012 se “neutralizaron” a 4536 miembros de estos grupos y se capturaron a 4493),22 las llamadas “bandas criminales” siguen extendiendo su presencia en todo el territorio nacional.

20 McDermott, Jeremy. La victoria de los Urabeños. La nueva cara del crimen organizado en Colombia. InSightCrime en http://bit. ly/1jeQhk8. Consultado 10 de mayo de 2014. pp. 10-15.

21 Para una explicación detallada de la composición y distribución de roles de los GPD, ver: McDermott (2014). La victoria de los Urabeños. La nueva cara del crimen organizado en Colombia. InSightCrime, disponible en: http://bit.ly/1jeQhk8. Consultado el 10 de mayo de 2014. El autor emplea la jerga de “banda criminal” asumida por el Gobierno colombiano para referirse a lo que en este texto se ha llamado grupo posdesmovilización.

22 Ministerio de Defensa Nacional (2014). Avance en la Política de Seguridad Nacional. Disponible en: http://bit.ly/1gpAD6g. Consultado el 15 de marzo de 2014.

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Si las cifras del Ministerio de Defensa son correctas, y los capturados no son los mismos neutralizados, al menos 9029 personas hicieron parte de los GPD durante cuatro años (de 2009 a 2012). Semejante cifra superaría el número de combatientes que el mismo Ministerio alega hacen parte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC): 7200.23 Esto haría de los GPD el actor armado con mayor presencia en el país. Las cifras reflejarían, además, que el número de integrantes de los GPD representa aproximadamente a una tercera parte del total de desmovilizados durante el proceso llevado a cabo con las autodefensas entre 2005 y 2006: 29079, de acuerdo con el monitoreo de Codhes. En otras palabras, desde un punto de vista meramente cuantitativo, los GPD podrían estar compuestos por al menos un tercio de los miembros de las AUC desmovilizados.

Las interpretaciones derivadas de las cifras más recientes sobre GPD del Ministerio de Defensa merecen un estudio más cuidadoso. Sin embargo, cabe resaltar por ahora que los grupos posdesmovilización no se componen exclusivamente de personas que reincidieron en las armas o que nunca se desmovilizaron, sino también de nuevos reclutas. De acuerdo con el trabajo de campo realizado en seis municipios del país (Bogotá, Soacha, Cúcuta, Quibdó, Buenaventura y Tumaco), Codhes encontró que la mayoría de estos nuevos integrantes son niños, niñas y adolescentes de lugares con carencias estructurales en cuanto a acceso a servicios y satisfacción efectiva de derechos fundamentales.

En las seis poblaciones, incluido el distrito capital, las pandillas, combos u oficinas de cobro cooptan NNA del lugar para garantizar la operación de la franquicia del grupo que representan. Si bien una de las principales tareas de estos GPD es asegurar un corredor para la movilización de la droga, otras prácticas como el secuestro, el hurto, la extorsión, las vacunas, el homicidio selectivo, el microtráfico y la prostitución son comunes y requieren de “mano de obra” para ser ejecutadas.

De este modo, el reclutamiento forzado o inducido es una práctica común en espacios donde el aprovechamiento del tiempo libre es limitado y donde no hay oportunidades de empleo o recreación que no involucren la violencia. Una de las principales causas del desplazamiento intraurbano detectada por Codhes es la resistencia a ser reclutado y los riesgos que ello ocasiona para la persona implicada y su familia.

Como ocurre, por ejemplo, en Tumaco, la afectación de niñas y mujeres es diferenciada. Muchas veces el acceso del grupo armado a un barrio o vereda es a través de la presión sobre una mujer. El líder de una pandilla, banda o combo que trabaja para un GPD busca seducir a una niña o adolescente para ingresar a su hogar y luego traer a nuevos integrantes del grupo a ocupar y despojar las casas que tienen una ubicación estratégica para vigilar el barrio. El control territorial empieza entonces por las personas más jóvenes y luego se extiende al resto de la comunidad a través del terror, la zozobra y las líneas invisibles que no permiten el libre tránsito de la población. Si esta dinámica es prolongada, los mismos jóvenes de los barrios terminan siendo “los duros” de los actores armados que generan desplazamiento forzado.

La guerra se convierte así en un asunto de personas menores de edad que asesinan y son asesinados; que cometen y son víctimas de los delitos que garantizan el funcionamiento de la red criminal, sin que la justicia pueda protegerlos ni juzgarlos con efectividad y garantizando sus derechos.

23 El Colombiano (2013, 24 de septiembre). Las FARC solo tienen 7200 guerrilleros: Mindefensa. Disponible en: http://bit.ly/1sPX8mM. Consultado el 25 de septiembre de 2013.

Continuidades de la desprotección: migraciones forzadas y satisfacción de derechos sociales en la frontera entre Colombia y Ecuador

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El desplazamiento forzado causado por GPD en Colombia se ha configurado entonces como una consecuencia del control social y territorial que demandan las prácticas violentas de las cuales se lucran las redes criminales, pero también como una estrategia para garantizar corredores estratégicos para el contrabando, el tráfico de armas y el narcotráfico en las fronteras. Esto ha generado que las rutas previas que eran controladas por grupos paramilitares se hayan adaptado con base en nuevas presiones de la fuerza pública y que, en tal sentido, hayan generado nuevos flujos de migraciones forzadas.

Del usual itinerario de contextos rurales a urbanos, se ha transitado a un fuerte movimiento dentro de espacios netamente urbanos que la población busca como medida individual de protección para activar redes familiares y de amigos mientras se evita un nuevo desplazamiento y se conservan las fuentes de ingresos informales. Sin embargo, dicha protección en la mayoría de los casos es insuficiente y la persecución, desgaste de las redes, falta de acompañamiento institucional, los enfrentamientos entre grupos o el despojo como estrategia de consolidación territorial, terminan por expulsar de nuevo a individuos y a sus familias. De un desplazamiento intraurbano se pasa así a uno interurbano o incluso transnacional en las zonas de frontera. El alcance de las redes criminales llega a cualquiera de estos ámbitos, causando una peregrinación constante de las víctimas de desplazamiento forzado.

Tal movimiento no es monitoreado claramente por el Registro Único de Víctimas (RUV) del Estado, pues el sistema no incluye, por el momento, un mecanismo de medición para identificar los contextos de expulsión y recepción de personas víctimas de desplazamiento intraurbano. Las cifras reflejan un alto subregistro asociado a la falta de denuncia, la desconfianza en las instituciones y la carencia de estrategias rigurosas para detectar casos de desplazamiento intraurbano que no sean masivos. Sumado a ello, solo hasta 2013 fue posible garantizar la inclusión de víctimas de GPD en el RUV a través de pronunciamientos de la Corte Constitucional colombiana. Con base en el Artículo 3 de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (Ley 1448 de 2011), los encargados de la valoración de las declaraciones de las víctimas de desplazamiento forzado negaban la inclusión en la ruta de reparación integral que supone la ley, aduciendo que las GPD no causaban victimizaciones “con ocasión del conflicto armado”, sino que actuaban como delincuencia común.

Es evidente que estas redes criminales, tal como han sido descritas, no están compuestas por simples delincuentes, sino que su alcance y operación pueden generar igual o mayor coacción que un grupo paramilitar o guerrillero. Estas características las incluye en una “zona gris” del conflicto armado en Colombia, que no es estrictamente político, pero sí supone graves afectaciones a los derechos fundamentales de la población civil. Estos argumentos quedaron consignados en las sentencias C-253 y C-781 de 2012 y en el Auto119 de 2013, en donde la Corte Constitucional obligó a la Dirección de Valoración de la Unidad de Víctimas a que incluyera en sus registros a los afectados por GPD.

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Finalmente, cabe resaltar que las acciones de los GPD no pueden ser categorizadas exclusivamente como criminales a la manera de los carteles del narcotráfico y grupos delincuenciales, como los que se observan en Centroamérica. La continuidad con los grupos paramilitares que les precedieron supone que las prácticas anti-insurgentes y los señalamientos y estigmatización de los líderes sociales, sindicales y de izquierda permanecen, así como las prácticas crueles para generar terror (como los descuartizamientos de personas en los puertos de Buenaventura y Tumaco y las amenazas, panfletos y asesinatos contra líderes locales). Si bien no es posible identificar en los GPD un proyecto político claro, sí es evidente que sus prácticas de carácter paramilitar son funcionales a los negocios que conducen y al tipo de intimidación que tradicionalmente ha recibido la movilización social en Colombia. Las migraciones forzadas son un síntoma de este tipo de coacción.

1.3. Aproximación cuantitativa al desplazamiento forzado interno y el desplazamiento forzado transnacional Si bien el conflicto armado no es el único causante de la migración forzada en la frontera, vale la pena observar las altas dimensiones del desplazamiento forzado interno y los datos de la población con necesidad y en condición de protección internacional en la frontera, la mayoría de la población víctima del desplazamiento forzado transnacional a causa del conflicto armado colombiano.24 En el país, la legislación y jurisprudencia en materia de migraciones forzadas solo reconoce el desplazamiento forzado interno como hecho victimizante, mientras que la migración forzada fuera del territorio nacional o desplazamiento transnacional no está tipificada, ni es reconocida de manera explícita como un hecho victimizante en el marco de la Ley 1448 de 2011. Históricamente, el seguimiento de quienes han abandonado el país a causa del conflicto armado ha sido realizado por los países de acogida, por Acnur, por las ONG y por algunas organizaciones sociales colombianas cuyos integrantes han tenido que abandonar el país. Solo hasta la Ley 1448, el Estado colombiano asumió responsabilidades con las víctimas que residen en el exterior, en el marco de la reparación integral a las víctimas del conflicto armado (en el capítulo de respuesta institucional se presentará un análisis más detallado de este tema).

A continuación, algunas gráficas que permiten evidenciar el desplazamiento forzado interno en los departamentos de frontera y en los municipios de Colombia estudiados en la presente investigación.

24 De acuerdo con la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados, un refugiado es una persona que “debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de su país; o que careciendo de nacionalidad y hallándose, a consecuencia de tales acontecimientos fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos temores no quiera regresar a él”. A partir de la Declaración de Cartagena, se considera también como refugiados a las personas que han huido de sus países porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por la violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público. Así pues, son múltiples las razones para que una persona sea considerada refugiada y no únicamente por ser víctima del conflicto armado.

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Gráfica 5.

Población expulsada y recibida en los departamentos de la frontera colombo-ecuatoriana entre 1985 y 2015

400.000

360.777

350.000

319.106

300.000 250.000

215.363

200.000 150.000

121.214

100.000 50.000 0 Putumayo

Nariño

Personas expulsadas

Personas recibidas

Fuente: Elaboración Codhes con datos de la Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas (Septiembre, 2015).

Gráfica 6.

Dinámica de la población expulsada en los departamentos de frontera entre 1985 y 2015

60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000

14

12

20

10

20

08

20

06

20

04

20

02

20

00

20

98

20

96

19

94

19

92

19

90

19

88

19

86

19

19

An tes

de

19

85

0

NARIÑO

PUTUMAYO

Fuente: Elaboración de Codhes con datos de la Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas (Diciembre, 2014).

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En la Gráfica 5, de los departamentos colombianos de Putumayo y Nariño, se evidencia que ambos son expulsores y receptores de población desplazada, aunque sobre todo son expulsores. Siguiendo el índice de intensidad25 del desplazamiento forzado, que muestra el número de individuos expulsados por un municipio o departamento sobre su población por cada mil habitantes, en 2014, Putumayo fue el tercer departamento con el indicador más alto de 19,18 y Nariño el cuarto, con 16,25. El desplazamiento forzado en estos dos departamentos es multicausal, donde las principales causas identificadas son amenazas contra la vida, homicidios selectivos, combates por erradicación de coca, amenazas de reclutamiento y control de los grupos armados ilegales para la minería.

Históricamente ambos departamentos han padecido el conflicto y el desplazamiento forzado, entre otros hechos victimizantes. Sin embargo, la Gráfica 6 de la dinámica comparada de la expulsión de población de ambos departamentos permite evidenciar que entre el periodo de 1999 y 2004 el desplazamiento forzado fue mayor en el departamento de Putumayo. En el periodo posterior, en este departamento hay una tendencia a la disminución, caso que no ocurre con Nariño.

En Nariño la presencia de actores armados se remonta a 1985, de manera particular con las FARC. En principio hace presencia el Frente 29 “Alonso Arteaga” de este grupo guerrillero, y luego los frentes 2 “Mariscal Antonio José de Sucre”; 29 con las columnas móviles “Mariscal Antonio José de Sucre”, la “Daniel Aldana” y la “Omar Quintero”, y 64 “Arturo Medina”. En 2002 se conforma la columna móvil “Jacinto Matallana”. En cuanto al Frente 48 de las FARC, a pesar de que este se ubica principalmente en el Putumayo, luego retoman parte del oriente del departamento de Nariño. En el caso de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), su presencia data de finales de la década de 1980 (Ávila, 2014).

La entrada del paramilitarismo a Nariño se produjo en 1999 con las AUC, a través del Bloque Libertadores del Sur. A partir de este año, como se evidencia en la Gráfica 6, hubo un incremento en la dinámica del desplazamiento forzado, producto de la confrontación armada entre la insurgencia y el paramilitarismo por el control territorial y el dominio de las tierras entre los actores armados. El peor periodo para el departamento fue posterior a la desmovilización de los paramilitares, después de 2005, en el que surgieron diversos grupos paramilitares posdesmovilización, y las guerrillas de las FARC y el ELN incrementaron la confrontación para dominar los territorios y rutas de narcotráfico que habían perdido con los paramilitares.

Según la base de datos del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac), en Nariño se pasó de 121 eventos de conflicto armado en 2005 a 179 en 2006 y luego a 259 eventos en 2007 (Ávila, 2014), año en el que se presentaron 48290 desplazamientos forzados en el departamento, la mayor cifra registrada.

La continuidad del desplazamiento forzado en estos departamentos se explica por la presencia de múltiples actores armados ilegales, quienes además del desplazamiento forzado y el despojo que afectan de manera particular a comunidades indígenas y afrodescendientes, han incrementado las extorsiones y amenazas, dirigidas al control de rutas de tráfico ilegal y no precisamente para imponer el discurso contrainsurgente propio del paramilitarismo.

25 “Índice de intensidad: La intensidad del desplazamiento forzado muestra el número de individuos expulsados por un municipio/ departamento sobre la población del municipio/departamento expulsor por cada mil habitantes en cada vigencia, teniendo en cuenta las proyecciones de población del DANE [Departamento Administrativo Nacional de Estadística] de acuerdo con el censo de 2005.

Esta tasa permite una mejor descripción del impacto del desplazamiento sobre las entidades territoriales que expulsan población desplazada, con el fin de poder llevar a cabo la implementación de medidas de prevención que mitiguen dicho impacto en el territorio.

La medición del índice se realiza con base en la información del municipio/departamento de expulsión o de ocurrencia del hecho declarado por la persona para su inclusión en el Registro Único de Víctimas (RUV), para cada vigencia. Esto implica que una persona pudo reportar varias declaraciones a lo largo de los años si sufrió varios desplazamientos” (Uariv, 2015).

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En el departamento del Putumayo, la presencia de actores armados ilegales inició en la década de 1980, con el Frente 32 de las FARC. Posteriormente llegaron los frentes 2, 13, 14, 15, 48, 49 y el Amazonas (Codhes, 2009). A finales de la década, llegaron también las Autodefensas con Gonzalo Rodríguez Gacha, “el Mejicano”, a partir del boom cocalero. Posteriormente, se establecieron en el departamento el Bloque Sur de los Andaquíes del Bloque Central Bolívar (BCB) (desmovilizado en 2006 en Valparaíso) y el Bloque Sur del Putumayo del BCB (desmovilizado en 2006 en Puerto Asís), con la excusa de combatir a las FARC, controlar el narcotráfico en la frontera y lograr dominio territorial. Tiempo después, incursionaron los paramilitares posdesmovilización, a través de Los Rastrojos o Macheteros y, parcialmente, de Los Urabeños.26 En el caso del Putumayo, el aumento de desplazamiento forzado se presentó especialmente después de la desmovilización de los paramilitares. Esta dinámica se asocia a la confrontación armada entre la insurgencia y las autodefensas para el control territorial y, de manera particular, de las rutas de tráfico ilegal. Tanto en Nariño como Putumayo, en 2002 se presentó el mayor desplazamiento forzado correspondiente al incremento del conflicto armado en el país producto de la inestabilidad en el poder de los paramilitares, posterior a su expansión, y a la militarización de la política de Seguridad Democrática del presidente Álvaro Uribe.

La diferencia sustancial en términos de desplazamiento entre Nariño y Putumayo luego de la desmovilización de los paramilitares puede explicarse por la posibilidad de acuerdos entre la guerrilla y los GPD en la división del dominio territorial y la presencia relativamente dominante de uno solo de estos grupos.

Adicionalmente, según testimonios recogidos en el trabajo de campo, hay rutas de narcotráfico y fases del desarrollo de los actos delictivos que están coordinadas entre FARC, Los Rastrojos y organizaciones de crimen organizado como La Constru.27 Dicha articulación, si bien sigue provocando temor generalizado en el departamento y ocasión a múltiples hechos victimizantes, permite comprender en cierta medida la reducción de la confrontación armada y de los desplazamientos forzados.

Según analistas del conflicto armado en Putumayo y la afectación a sus habitantes, en este departamento la población campesina ha sido especialmente favorable para los cultivos de uso ilícito, de manera que a pesar de los altos niveles de abandono de las tierras, las directrices dominantes de los actores armados no han sido las de desplazar y despojar para la apropiación de latifundios sin uso o megaproyectos, como en otros lugares del país. En el Putumayo, la acción coercitiva de los actores armados está dirigida a lograr el dominio territorial para fomentar y controlar la producción y comercialización de los cultivos de uso ilícito, así como para mantener el control estratégico de las rutas para el tráfico ilegal. En el caso del Bajo Putumayo, “los paramilitares sometieron a los campesinos dedicados al cultivo de coca para garantizar su dominio del negocio en la zona. Para cumplir con dicho propósito, era indispensable romper con la lealtad histórica de los raspachines y sus familias hacia la guerrilla, y la mejor forma de hacerlo era mediante el terror con fines de destrucción del tejido social, la presencia permanente en la región y la ordenación de la vida social” (Codhes, 2009, p.31).

26 “En 2011 las dos bandas criminales más importantes del país (Los Urabeños y Los Rastrojos) pactaron un acuerdo de distribución y control territorial en el cual Los Rastrojos se quedaron con la tutela exclusiva sobre la costa pacífica y el sur del país, incluyendo Putumayo” (FIP, 2014, p. 44).

27 Según el Departamento de Policía del Putumayo, La Constru es una estructura de crimen organizado que delinque en el departamento.

A esta se le atribuyen homicidios, tráfico de armas, producción y comercialización de narcóticos, cobro de “impuestos” y extorsiones a los habitantes.

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CODHES

Gráfica 7.

Flujos del desplazamiento forzado interno y transfronterizo

Fuente: Tensión en las fronteras (Codhes, 2009).

En el análisis que ha realizado Codhes en los últimos diez años, se ha podido evidenciar que el conflicto armado colombiano en la frontera colombo-ecuatoriana ha provocado desplazamiento forzado interno y transnacional. A su vez, existen fenómenos en el desplazamiento forzado interno como el intraurbano y el intraveredal. Es tal la dimensión y la presencia del conflicto armado en diferentes regiones del país y las deficiencias del Estado colombiano para garantizar el goce efectivo de los derechos de la población desplazada, que esta puede sufrir múltiples de los desplazamientos mencionados.

En el caso de la población que migra a la frontera con Ecuador, esta proviene especialmente de los departamentos limítrofes, pero también de otros de Colombia. De igual forma, parte de la población que migra de manera forzada al Ecuador manifiesta haber sido víctima de desplazamiento forzado interno en Colombia y algunas personas aseguran haber sido incluidas en el Registro Único de Población Desplazada (RUPD) o en el RUV. En los registros hay reportes de desplazamientos forzados en varios municipios de Colombia y los testimonios señalan que las redes de los actores armados ilegales lograban mantener las amenazas en diferentes lugares, razón por la cual la única solución posible para sobrevivir era salir del país.

Continuidades de la desprotección: migraciones forzadas y satisfacción de derechos sociales en la frontera entre Colombia y Ecuador

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En el departamento de Nariño, Pasto funciona como una zona receptora de habitantes municipios de la costa pacífica nariñense y del piedemonte costero, así como de población desplazada perteneciente al vecino departamento de Putumayo (Codhes, 2012). De igual manera, la capital de Putumayo, Mocoa, es también receptora de naturales de municipios del Putumayo, así como de otras regiones del país.

Con relación a los flujos del desplazamiento forzado transfronterizo, estos se presentan en su mayoría a través de tres ejes: 1) Eje Pacífico. La provincia ecuatoriana de Esmeraldas recibe población en protección internacional proveniente del eje pacífico colombiano, a saber: Nariño (principalmente de Tumaco, de la cabecera municipal, de zonas rurales/corregimientos, como los cercanos al río Mira, Mataje, Tangarial, Chilvicito, Candelilla, y de la costa pacífica nariñense) y de Valle del Cauca (Agua Blanca en Cali y Buenaventura).

2) Eje Andino. La provincia ecuatoriana de Carchi recibe especialmente población del departamento de Nariño (Tumaco, Samaniego, El Cumbal, La Victoria –corregimiento de Ipiales– e Ipiales), seguido en menores proporciones por el Valle del Cauca.

3) Eje Amazónico. La provincia de Sucumbíos, en Ecuador, recibe población del Putumayo, sobre todo de Orito, Valle del Guamuez, La Dorada, La Hormiga, San Miguel, El Palmar, Puerto Nuevo, Puerto Asís, Piñuña Negro, Puerto Leguízamo y Villa Garzón (Codhes, 2012).

Gráfica 8.

14.000

12.275

12.899

16.000

14.667

18.000

13.775

15.765

Personas en situación de desplazamiento en Ipiales, Puerto Asís y Tumaco del 2010 al 2014

12.000 10.000 8.000

1.012

503

708

1.823

2.259 711

1.694

774

2.000

574

4.000

1.903

6.000

0 2010

2011 Ipiales

2012 Puerto Asís

2013

2014

Tumaco

Elaboración Codhes con datos de Red Nacional de Información [Corte 01/Feb/2015 00:00, Datos preliminares sin publicar].

40

CODHES

El municipio colombiano con el mayor número de personas desplazadas es Tumaco. Este presenta un dinámica variable sin una tendencia clara, y para 2014 tuvo en total 12275 personas en situación de desplazamiento. Por su parte, Puerto Asís municipio putumayense presenta menos desplazados, y con Ipiales, en el vecino departamento de Nariño, muestran una tendencia a disminuir desde el año 2012.

Como se puede observar en el mapa de actores armados (Mapa 2), la concentración de estos en la frontera se presenta en el Pacífico colombiano, como reflejo de la violencia, los conflictos y la crisis humanitaria en este sector, acentuada desde hace quince años. A diferencia de Ipiales y Puerto Asís, Tumaco padece la violencia de manera desbordada por la fuerte presencia de grupos posdesmovilización, que junto con las guerrillas se disputan el control territorial, como se señaló anteriormente. En 2015, según el indicador de intensidad del desplazamiento forzado, en este municipio nariñense se presentaron 76,08 desplazamientos forzados por cada 10 mil habitantes.

Con el fin se observar la relación entre conflicto armado en los departamentos de frontera y las solicitudes de refugio en Ecuador, desde una perspectiva geográfica, es posible observar que a partir de 1983 la población colombiana en necesidad de protección internacional ha solicitado refugio en el eje amazónico de la frontera (en la provincia de Sucumbíos), que limita a su vez con el departamento del Putumayo.

Gráfica 9.

Solicitudes de refugio y refugiados reconocidos en las provincias ecuatorianas de Esmeraldas, Carchi y Sucumbíos de 1983 a 2013

35.000 29.259

30.000 25.000 20.000

18.215 13.636

15.000 10.000

6.042

5.000

13.061

4.903

0 Esmeraldas Solicitudes de refugio

Carchi

Sucumbíos Refugiados reconocidos

Fuente: Elaboración Codhes con datos de Acnur (2014).

Continuidades de la desprotección: migraciones forzadas y satisfacción de derechos sociales en la frontera entre Colombia y Ecuador

41

Para finales de 2013, residían en Ecuador aproximadamente 123133 personas en condición o en necesidad de protección internacional. De estas, el 69,56 por ciento vivía en las provincias de la frontera norte.

Gráfica 10.

Solicitudes de refugio y refugiados reconocidos en Lago Agrio, San Lorenzo y Tulcán en 2014

1.800 1.594

1.600 1.400 1.200 1.000 800 600

581 447

400 200

81

67

83

0 San Lorenzo Solicitudes de refugio

Tulcán

Lago Agrío Refugiados reconocidos

Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, 2015.

En relación con la protección internacional en la frontera norte, en 2014 se radicaron 3885 solicitudes de refugio y se reconocieron 260 estatus en todo el año. Es decir, tan solo el 6,69 por ciento de las solicitudes fue reconocido. En Lago Agrio, ese mismo año, se otorgó el estatus de refugiado únicamente al cinco por ciento del total de los solicitantes, número muy bajo comparado con el 14 por ciento otorgado en San Lorenzo y Tulcán.

En la frontera colombo-ecuatoriana, tanto Nariño como Putumayo tienen fuerte presencia de conflicto armado, sin embargo, como lo evidencian el mapa de actores armados (Mapa 2) y las dimensiones del desplazamiento forzado, el primero presenta una mayor intensidad del conflicto que el segundo. A pesar de que el eje del Pacífico colombiano es el más afectado en la última década por el conflicto armado, la población solicita refugio especialmente en el amazónico. La población que proviene del departamento de Nariño y solicita protección internacional en la frontera norte de Ecuador, suele hacerlo principalmente en la provincia de Esmeraldas, y luego le siguen las provincias de Carchi, Imbabura y Sucumbíos. Esta población argumenta que existe incertidumbre de encontrarse con su victimario luego cruzar la frontera, por lo que algunos prefieren refugiarse en un lugar de Ecuador lejano del que fueron desplazados.

42

CODHES

Según un estudio realizado por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) en Ibarra, Lago Agrio y Esmeraldas, en esta última provincia existe un 65,7 por ciento de habitantes procedente del departamento de Nariño, en su mayoría población afrocolombiana de Tumaco. En Lago Agrio, por su parte, el principal departamento de procedencia es Putumayo, 54,3 por ciento, seguido de Nariño con el 12,1 por ciento y Caquetá con el 9,3 por ciento. Vale la pena aclarar que los departamentos de origen de la población solicitante son varios y no solo fronterizos, y en cuanto al flujo migratorio, este no necesariamente se presenta en el tránsito de la frontera en el mismo eje (pacífico, andino o amazónico), sino que la población transita también por distintas provincias no fronterizas de Ecuador. El 57 por ciento de la población encuestada en el estudio de la Flacso provenía de los departamentos fronterizos de Nariño y Putumayo, seguidos por el Valle del Cauca con un 17 por ciento (Benavidez, 2013).

Como lo evidencia el Mapa 3, elaborado por Acnur, el 36 por ciento de la población solicitante de asilo reside en las tres provincias fronterizas. Esto se debe a que allí la población puede ejercer actividades laborales similares a las desempeñadas en Colombia, y el permanecer en la región transfronteriza puede disminuir la brecha entre las diferencias de las nacionalidades y facilitar la continuidad en las relaciones familiares. Así mismo, para la población colombiana en situación irregular, permanecer en esta región evita las detenciones por parte de las autoridades ecuatorianas y las deportaciones, gracias al Convenio de Esmeraldas28 en el que “los residentes en la Zona de Integración Fronteriza de una parte tendrán derecho a múltiples ingresos en la Zona de Integración Fronteriza de la otra parte, portando únicamente su documento de identidad o pasaporte, salvo en los casos que se requiera visado”.

Sin embargo, dicho convenio no se cumple a cabalidad, la población de la frontera señala que se pueden movilizar libremente hasta ciertos puntos en territorio ecuatoriano en donde el Convenio ya no se cumple y hay controles de la policía ecuatoriana aún en la Zona de Integración Fronteriza.29 Por otro lado, al tratarse de población y regiones en condiciones socioeconómicas precarias, en muchos casos no se cuenta con los recursos suficientes para continuar la migración al centro o sur de Ecuador.

28 El Convenio de Esmeraldas, suscrito por Colombia y Ecuador desde 1990, tiene como finalidad regular el tránsito y transporte de personas, vehículos, embarcaciones fluviales y marítimas, aeronaves y carga entre los dos países, en el ámbito transfronterizo y binacional.

29 En lo que refiere a la zona de integración fronteriza, en Colombia comprende a las siguientes agrupaciones: 1. Área estratégica de desarrollo región andina: en el departamento de Nariño, los municipios de Ipiales, Cumbal, Cuaspud, Aldana, Contadero, Córdova, Funes, Guachucal, Guaitarilla, Gualmatán, IIes, Imués, Mallama, Ospina, Pasto, Potosí, Providencia, Puerres, Pupiales, Santa Cruz, Sapuyes, Tangua y Túquerres. 2. Área estratégica de desarrollo región amazónica: en el departamento de Putumayo, los municipios de Orito, Valle del Guamuez, San Miguel, Puerto Asís, Puerto Guzmán, Puerto Caicedo, Villagarzón, Mocoa, Santiago, San Francisco, Colón, Sibundoy y Puerto Leguízamo. 3. Área estratégica de desarrollo región pacífica: en el departamento de Nariño, los municipios de Barbacoas, Ricaurte y Tumaco. La zona de integración, en el lado de Ecuador, comprende: 1. Área estratégica de desarrollo región andina: en la provincia del Carchi, los cantones de Tulcán, Espejo, Montúfar, Mira, Bolívar y San Pedro de Huaca. 2. Área estratégica de desarrollo región amazónica: en la provincia de Sucumbíos, los cantones de Lago Agrio, Shushufindi, Cascales, Gonzalo Pizarro, Putumayo, Sucumbíos y Cuyabeno. 3. Área estratégica de desarrollo región pacífica: en la provincia de Esmeraldas, los cantones de Atacames, San Lorenzo, Esmeraldas, Río Verde, Eloy Alfaro, Muisne y Quinindé. Decisión 501, establecida mediante Nota Reversal DM/DDF 44552 del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, y Nota Reversal 5467/02 GM/DGAF del Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador. Estas fueron publicadas en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nro. 888, del 21 de enero de 2003.

Continuidades de la desprotección: migraciones forzadas y satisfacción de derechos sociales en la frontera entre Colombia y Ecuador

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Mapa 3.

Solicitantes de asilo que viven en la frontera norte

Fuente: Acnur Ecuador, 2014.

Vale la pena señalar que algunos testimonios de población refugiada recogidos en San Lorenzo y en Lago Agrio afirman que ante la continuidad de la inseguridad en estos cantones, algunas personas se han desplazado forzadamente dentro de Ecuador. Un estudio de la Flacso30 afirma la existencia de este fenómeno –desplazamiento forzado interno en Ecuador– en las tres provincias fronterizas por dos razones: 1.

Existencia de dinámicas como el sicariato, la extorsión y la amenaza, que indican la presencia tanto de delincuencia común organizada como de grupos armados colombianos en la provincia y 2. Penetración de las empresas palmicultoras en la zona norte de la provincia, y que son forzadas a desplazarse de sus territorios mediante la utilización de medidas coercitivas ejercidas por dichas empresas, que desplazan especialmente a comunidades afroecuatorianas.

En las tres provincias, la población más afectada por el desplazamiento por megaproyectos pertenece a pueblos étnicos. En el caso de Esmeraldas se trata de la población afrodescendiente, y en el de Carchi y Sucumbíos, pueblos indígenas binacionales quienes han abandonado sus territorios a causa del conflicto armado colombiano (reclutamiento y asesinatos selectivos) y las fumigaciones indiscriminadas (Moncayo, 2010).

30 Según la investigación de Flacso, los testaferros al servicio de las palmicultoras son de origen ecuatoriano, casi siempre gente local que tiene acceso a las comunidades. Sin embargo, algunos capitales de las empresas presentes en la zona provienen de Colombia (Moncayo, 2010).

44

CODHES

1.4. Abandono de tierras y despojo Los departamentos colombianos ubicados en la frontera colombo-ecuatoriana han padecido también el abandono y el despojo de tierras como consecuencia del conflicto armado. Según el mapa de densidad de predios abandonados o despojados de la Unidad de Restitución de Tierras,31 el departamento de Nariño tiene zonas con alta densidad de predios, especialmente en el municipio de Tumaco. Desde 2011 se han presentado 4674 solicitudes de restitución de predios en ese departamento, de las cuales 997 corresponden al municipio de Tumaco.

En el caso de Putumayo, la mayoría del departamento tiene alta densidad de predios abandonados y despojados. Allí se han presentado 3575 solicitudes de restitución de predios, de las cuales 376 corresponden al municipio de Puerto Asís. De las sentencias de restitución en la frontera, 60 son de Pasto y 24 de Tangua (Nariño) y 7 de San Miguel y 108 del Valle del Guamuez (Putumayo).

A partir de la Ruta de Reparación Integral de Víctimas en el exterior, que contempla la restitución de tierras de la población que reside fuera del país sin necesidad de que regresen a territorio colombiano, la Unidad de Restitución de Tierras (URT) ha recibido 71 solicitudes de población colombiana que reside en Ecuador, según información con fecha de corte a agosto de 2015 (URT, 2015).

1.5. Masacres en Nariño y Putumayo En el departamento de Nariño, entre el año 1980 y 2012, según el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) y el Proyecto Rutas del Conflicto, se presentaron 38 masacres, especialmente en el municipio de Tumaco. En 32 años fueron perpetradas doce masacres, en su mayoría por parte de los paramilitares del Bloque Libertadores del Sur y luego de 2005 se atribuye la responsabilidad a los GPD. Algunas de las masacres más graves en el departamento son: • Tumaco, 24 de marzo de 2001, con la muerte de 31 campesinos que fueron torturados y amenazados con motosierras. En esta masacre hubo un enfrentamiento que duró casi doce horas entre las FARC y las autodefensas.

• Ricaurte, 4 de febrero de 2009, la cual dejó ocho muertes en el Resguardo indígena TortugañaTelembí. Las víctimas hacían parte de la comunidad indígena Awá. Tras estos sucesos se produjo el desplazamiento de más de 400 indígenas Awá.

• Samaniego, 9 de septiembre de 2001, la cual dejó la muerte de cuatro personas y la desaparición de quince campesinos más. La masacre fue perpetuada por los paramilitares del Bloque Libertadores del Sur.

31 La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (1448 de 2011), en su título IV capítulo II, crea un procedimiento legal para restituir y formalizar la tierra de las víctimas del despojo y abandono forzoso que se hubieren presentado desde el 1 de enero de 1991 con ocasión del conflicto armado interno. El procedimiento es mixto en cuanto se compone de una etapa administrativa (inscripción en el registro de tierras despojadas) y de un recurso judicial (acción de restitución). La entidad encargada de diseñar y administrar el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas, en donde además del predio, se inscribirán las personas sujeto de restitución, su relación jurídica con la tierra y su núcleo familiar es la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas.

Continuidades de la desprotección: migraciones forzadas y satisfacción de derechos sociales en la frontera entre Colombia y Ecuador

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En el departamento de Putumayo, desde 1980 hasta 2012 se presentaron 25 masacres, mayoritariamente en el municipio del Valle del Guamuez (La Hormiga) con siete de las 25 masacres, seguido por Puerto Asís con cinco masacres (especialmente por parte de los paramilitares Bloque Sur del Putumayo) y San Miguel con cuatro.

En Putumayo sucedieron dos masacres que marcaron la historia de este departamento, ambas en el Valle del Guamuez: • El Placer, 7 de noviembre de 1999. Paramilitares del Bloque Sur de Putumayo crearon terror en este municipio y asesinaron a once personas.

• El Tigre, en el Valle del Guamuez. El 9 de enero de 1999, un grupo de 150 paramilitares se apoderó del caserío. La masacre es particularmente grave ya que además de los 42 asesinatos cometidos, hubo violencia sexual a algunas mujeres y un número desconocido de desaparecidos.

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CODHES

2.

Aproximaciรณn cualitativa a la vivienda, la generaciรณn de ingresos y la seguridad en las poblaciones objeto de estudio

Los derechos sociales que preocupan explícitamente a los actores con quienes se hizo el trabajo de campo se pueden sintetizar a través de tres dimensiones: vivienda, generación de ingresos y seguridad.1 Estas se consideran fundamentales a la hora de construir proyectos de vida lejos de la violencia y la persecución, y por esta razón se seleccionaron para llevar a cabo el ejercicio de comparación.

A continuación se presentan las tres dimensiones para cada población y se hace una breve exploración de los mecanismos e instrumentos legales con los que cuenta cada país para la protección de quienes migran forzosamente, así como los planes locales de atención o reparación de víctimas del conflicto armado colombiano.

Las siguientes secciones pretenden analizar de manera comparada las garantías de los derechos económicos, sociales y políticos de las y los colombianos en ambos lados de la frontera, comprendiendo las complejidades derivadas de las migraciones mixtas, a partir de un enfoque diferencial que, de manera transversal, valore especialmente las diversidades y las poblaciones más vulnerables en el marco de las migraciones forzadas.

2.1. Tumaco y San Lorenzo Existen amplias caracterizaciones del departamento de Nariño en Colombia y de la provincia de Esmeraldas en Ecuador,2 por lo tanto el informe no se detiene en detalle en las condiciones geográficas, ni en los indicadores sociales de las poblaciones con las que se trabajó, sino que se enfoca en los hallazgos cualitativos fruto del diálogo con los actores entrevistados y los grupos focales realizados.

Vale la pena aclarar que al ser Tumaco un municipio mucho más grande que San Lorenzo y a que el accionar de los grupos armados es más complejo, se dedica más espacio a su descripción. De esta forma, en una lógica de continuidad, la caracterización cualitativa de San Lorenzo se presenta en contraste con la información ya expuesta del lado colombiano.

1 De acuerdo con el Pacto sobre DESC, los derechos comprendidos en estas dimensiones son: Derecho a trabajar y libre elección de empleo (art. 6), Derecho a condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias (art. 7), Libertad sindical y derecho de huelga (art. 8), Derecho a la seguridad social (art. 9), Protección de la familia y los menores [de edad] (art. 10), Derecho a un nivel de vida adecuado y a la mejora continúa de las condiciones de existencia (art. 11), Derecho a la salud (art. 12), Derecho a la educación (arts. 13 y 14), Derecho a participar en la vida cultural (art. 15). United Nations Treaty Collection. Disponible en: http://bit.ly/1wjg148. Recuperado el 10 de mayo de 2014.

2 Para un estudio cualitativo extenso y cuidadoso sobre las fronteras entre Colombia y Ecuador, véase: Espinosa, R. (2008). Las fronteras con Colombia. Quito: Universidad Andina Simón Bolívar. Corporación Editora Nacional. El estudio de Codhes que hace una “actualización de información de país de origen para incidir en el reconocimiento de personas refugiadas en Ecuador” constituye el antecedente del presente documento, dado que es un intento por dar cuenta de las condiciones de vida en ambos lados de la frontera con base en un trabajo de campo amplio y riguroso. El texto es por ahora una consultoría inédita realizada para el Consejo Noruego para Refugiados (NRC, por sus siglas en inglés) en marzo de 2012.

48

CODHES

Gráfica 11.

Densidad poblacional y NBI de Tumaco y San Lorenzo

90%

80,84%

80% 70% 60% 50%

48,70%

47,61%

40% 30% 20%

13,92%

10% 0% Densidad poblacional Tumaco

NBI San Lorenzo

Fuente: censo general DANE, 2005. Censo de Población y Vivienda INEC, 2010.

La densidad poblacional en Tumaco es de aproximadamente 47,61 habitantes por kilómetro cuadrado, mientras que en San Lorenzo es menor de 13,92. En cuanto al indicador de Necesidad Básicas Insatisfechas (NBI),3 San Lorenzo cuenta con un 80,84 por ciento de NBI, un indicador muy alto comparado con el 48,70 por ciento de Tumaco.

Tumaco4 El municipio de San Andrés de Tumaco, más conocido solo como Tumaco, se encuentra ubicado en el suroccidente colombiano, en la costa pacífica nariñense. Tumaco cuenta con una extensión territorial de 360172 hectáreas, de las cuales 358797 pertenecen a zona rural y 1375 a la urbana. El municipio limita al norte con Francisco Pizarro, Roberto Payán y Mosquera sobre la zona de San Juan de la Costa; al oriente con el municipio de Barbacoas; al occidente con el océano Pacífico y al sur con la república de Ecuador (Alcaldía Municipal de Tumaco, 2010).

3 La metodología de NBI busca determinar, con ayuda de algunos indicadores simples, si las necesidades básicas de la población se encuentran cubiertas. Los grupos que no alcanzan un umbral mínimo fijado, son clasificados como pobres. Los indicadores simples seleccionados son: viviendas inadecuadas, viviendas con hacinamiento crítico, viviendas con servicios inadecuados, viviendas con alta dependencia económica, viviendas con niños en edad escolar que no asisten a la escuela (DANE, Insatisfechas-NBI).

4 La información de este apartado es una copia del informe Codhes (2013) Desplazamiento forzado intraurbano y soluciones duraderas.

Una aproximación desde los casos de Buenaventura, Tumaco y Soacha. Bogotá: Editorial Anthropos, pp. 73-74.

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Según las proyecciones del DANE para 2012, Tumaco contaba con una población total de 187084 habitantes, de los cuales 103025 (55 por ciento) se ubicaba en la zona urbana. Aproximadamente el 50,2 por ciento de la población estaba compuesta, entonces, por hombres y el 49,8 por ciento por mujeres.

Históricamente, las poblaciones que han habitado y construido el territorio de Tumaco son comunidades étnicas, fundamentalmente afrodescendientes e indígenas pertenecientes a los pueblos Awá y Epedara Siapidara.

Tumaco es un territorio sumamente rico en recursos naturales y biodiversidad, de importancia estratégica para las dinámicas del desarrollo económico nacional, pero con una situación social y económica precaria.

El municipio es el principal puerto petrolero sobre el Pacífico, y el segundo en importancia en Colombia después de Coveñas. Además, es considerado el segundo puerto más importante sobre la costa Pacífica, después de Buenaventura. A pesar de esto, se puede afirmar que su población está enfrentada a una crisis humanitaria alarmante.

Las cifras enunciadas en el Plan Integral Único de Atención a Población Desplazada (PIU) de 2010 revelan que solamente el 5,7 por ciento de la población tiene acceso a alcantarillado y solo el 29 por ciento tiene acceso al servicio de acueducto.

El 18 por ciento de la población no posee ningún tipo de educación y solo el 26,1 por ciento de sus habitantes logra ingresar a la educación secundaria. Sin embargo, la tragedia que viven los habitantes de Tumaco se refleja con toda su crudeza en las cifras de desempleo, NBI, pobreza y miseria.

Según el Departamento Nacional de Planeación, el porcentaje de población desempleada en el municipio llegó al 72,1 por ciento para 2011. Además, el índice de población con NBI es del 48,7 por ciento (casi el doble del resto de Colombia). La pobreza afecta al 84,3 por ciento de la población y la miseria al 16 por ciento.5 Adicionalmente, según datos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la desnutrición crónica entre los niños y niñas cuyas edades están entre los 5 y los 17 años llega al 16,1 por ciento.

San Lorenzo6 El cantón San Lorenzo está ubicado en la frontera norte de la provincia de Esmeraldas. Al norte limita con Colombia, al sur con el cantón Eloy Alfaro, al oriente con las provincias del Carchi e Imbabura, y hacia el occidente con el Océano Pacífico. Tiene un territorio aproximado de 305310 hectáreas.

Su división política está conformada por una cabecera cantonal y 12 parroquias rurales, así: Ancón de Sardinas, San Javier, Tululbí, Mataje, Tambillo, Calderón, Santa Rita, Urbina, Alto tambo, Cinco de Junio, Concepción y Carondelet.

5 Los datos sobre NBI y porcentaje de la población por debajo de la línea de miseria son tomados de las proyecciones del DANE para 2011. La cifra sobre personas por debajo de la línea de pobreza fue tomada del acuerdo Nro. 012 del 30 de mayo de 2012, por el cual se aprobó el Plan de Desarrollo para Tumaco para el período 2012-2015.

6 La información geográfica, superficie y proyección de la población de San Lorenzo que se usa en este apartado es extraída en su integridad de la página oficial de la Alcaldía de San Lorenzo. Disponible en: http://bit.ly/1mDKaWE. Recuperado el 12 de abril de 2014.

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CODHES

Su población total según el censo ecuatoriano de 2001 indica que el cantón tiene alrededor de 28180 habitantes (14600 población urbana, 13580 población rural). En el año 2014, San Lorenzo cuenta con aproximadamente 42000 habitantes. Se calcula que un 35 por ciento de los pobladores actuales no son originarios del cantón.

San Lorenzo tiene un carácter pluricultural, multiétnico y multilingüístico. Allí se asientan las comunidades ancestrales afroecuatorianas que son los de mayor presencia (70 por ciento), Chachis, Awá y Éperas y una importante presencia de la población mestiza (Alcaldía de San Lorenzo, 2014).

De acuerdo con cifras de Acnur, al menos 12000 colombianos habían ingresado al cantón de San Lorenzo hasta junio de 2012.7 Esta cifra representa casi una cuarta parte de los habitantes de la población. La llegada de las personas colombianas se hace principalmente por el río Mataje, partiendo desde Tumaco.

San Lorenzo es la ciudad ecuatoriana con mayor explosión demográfica, debido al ingreso de personas que huyen del conflicto armado:8 de 2001 a 2010 ha crecido en un 51 por ciento, pasando de 28180 a 42486 habitantes.9 En San Lorenzo, por ejemplo, hay barrios completos que han tomado el nombre de sectores de Tumaco debido a la llegada de numerosas personas de ese municipio colombiano (ej. Barrio Panamá) (Codhes, 2012).

El recorrido que llevan a cabo quienes visitan o migran forzosamente hacia San Lorenzo –realizado también durante esta investigación–, consiste en desplazamientos terrestres y fluviales que, en suma, toman entre dos horas y media y tres horas. El trayecto inicia desde Tumaco con un camino en camioneta de media hora hasta el corregimiento de Imbilí. De allí, se toma una canoa que cruza el río Mira. En este trayecto es usual ver a familias con todas sus pertenencias en pequeños bultos, que fungen como equipaje, y que son ayudados a cargar por niños y jóvenes que esperan ansiosamente en las orillas de los afluentes. Una vez se atraviesa el río, es necesario tomar un mototaxi durante media hora por carretera destapada hasta Puerto Palma (Tumaco). Allí se paga una lancha rápida de aproximadamente diez dólares, que toma el río Mataje hasta el puerto de San Lorenzo. En el camino es posible encontrarse con el Ejército ecuatoriano, que puede solicitar cédulas a los pasajeros o cartas de solicitud de refugio.

En el recorrido realizado en el trabajo de campo, una patrulla del Ejército ecuatoriano detuvo la lancha en el que viajaba el equipo de investigación. Había varias personas indocumentadas en la embarcación, quienes deliberadamente omitieron sus datos. Ante eso, el oficial al mando de la patrulla reaccionó dando la indicación que los refugiados necesitaban un carnet de la Acnur para transitar en territorio ecuatoriano, y “que si no lo tenían la próxima vez serían deportados”, dijo uno de ellos. Las imprecisiones en la intervención del efectivo del ejército ecuatoriano10 no causaron ninguna reacción entre los tripulantes. Durante la 7 Véase: Hoy.com.ec. “Doce mil colombianos están refugiados en San Lorenzo”. Disponible en: http://bit.ly/RAxMLF. Recuperado el 9 de febrero de 2014.

8 Entrevista a Luis Varese, representante del Acnur en Ecuador (1990-2011). “La comunidad internacional está en deuda con el país en materia de refugio”. Revista Cooperamos, Nro. 3, Diciembre, 2011, pp. 15-18.

9 Fuente INEC, Censo 2010.

10 De acuerdo con la Constitución de la República de Ecuador, la movilidad humana es un derecho y no se requiere un documento que acredite o permita el movimiento transfronterizo. La solicitud de refugio la tramita el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana y no Acnur. No obstante, la normatividad sobre migraciones todavía está desactualizada y no está armonizada con la Constitución de 2008 en Ecuador. Actualmente, existe información sobre la construcción de una nueva normativa sobre la materia que sería objeto de discusión en la Asamblea Nacional desde diciembre de 2014. Sin embargo, el anteproyecto de Ley de Movilidad Humana no ha llegado al Legislativo como se había anunciado.

Continuidades de la desprotección: migraciones forzadas y satisfacción de derechos sociales en la frontera entre Colombia y Ecuador

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revisión a la embarcación, uno de los soldados descubrió unas pipetas de gas vacías que una tripulante colombiana llevaba hacia San Lorenzo (probablemente para volver a Tumaco con gas más económico).11 El asunto se resolvió con un discreto soborno, que pareció muy habitual en las circunstancias, y nadie comentó ni se alarmó. A la llegada al puerto, los ayudantes informales, que se ganan la vida subiendo y bajando el copioso equipaje de quienes llegan en las lanchas rápidas, movieron rutinariamente las pipetas y ayudaron a descender a la señora.

Existe una economía informal alrededor de los desplazamientos diarios y constantes entre Tumaco y San Lorenzo. No es fácil distinguir si los portadores de equipaje son colombianos o ecuatorianos, pero sí es claro que en ambos lados de la frontera son abundantes las personas que pretenden generar algún ingreso con el transporte de pasajeros y mercancía. De la misma manera, se hace evidente que no todos los movimientos en la frontera responden a una búsqueda de protección, en muchos casos se hacen para visitar familiares o amigos, asistir a eventos sociales o simplemente comerciar.

Esta movilidad, sin embargo, puede ser engañosa. La fluidez de cualquier frontera está marcada por relaciones comerciales más flexibles entre los habitantes de las poblaciones aledañas. Sin embargo, en el caso de Tumaco y San Lorenzo, predomina un silencio e incomodidad durante los viajes que está permeado por una alerta constante. En muchos casos, personas con estatus de refugiado viajan a territorio colombiano corriendo el riesgo de perder el asilo. La fuerte presencia militar enrarece el ambiente y la posibilidad de encontrar un retén guerrillero en el regreso a Colombia es bastante alta. Esto quiere decir que la movilidad humana por cuestiones familiares o comerciales también está sometida al contexto generalizado de sospecha, zozobra e ilegalidad que reina en Tumaco y que terminan por imponer las migraciones forzadas transfronterizas.

Esta breve descripción del desplazamiento que realizan colombianos y ecuatorianos desde y hacia San Lorenzo es el primer hallazgo cualitativo con respecto de las continuidades de la desprotección en la frontera. No hay ninguna diferencia entre la calidad de ambos puertos: las condiciones de salubridad son igual de precarias, las casas palafíticas rodean los mercados y numerosos comercios informales. Los puertos rebosan de vendedores ambulantes y el desempleo y percepción de inseguridad es una denuncia que fue reiterativa en las entrevistas realizadas en la zona.

11 En Ecuador el gas propano es un servicio subsidiado solo para ciudadanos de ese país y constituye un delito el contrabando del combustible.

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CODHES

Puerto Palma, Nariño. Lancha rápida por el Río Mataje hacia San Lorenzo. Abril de 2014.

Crédito: Gabriel Rojas, Codhes.

2.1.1. Análisis comparado vivienda Vivienda en Tumaco La mayoría de las personas en situación de desplazamiento en Tumaco vive en barrios marginales de la ciudad, en arriendo, en casas palafíticas que no tienen acceso a servicios y en donde hay control social y territorial de un actor armado. En los últimos dos años, la guerrilla ha recuperado el control que desde 2010 venía disputando con el GPD de Los Rastrojos.

Tumaco se divide en cinco comunas y cada una representa un espacio estratégico para los grupos armados. Mientras que la zona nororiental de la isla de Tumaco y la isla de El Morro son usadas como corredor para el tráfico de armas y municiones y la salida de la pasta de coca, también constituyen un espacio de interés para el desarrollo de proyectos económicos relacionados con turismo y negocios (zona franca y puerto pesquero).

La isla de El Morro es también una zona importante para el Batallón Militar de la Infantería de Marina y la zona aeroportuaria. Allí, en barrios como La Florida, El Morrito y Brisas del Aeropuerto, han ocurrido atentados con artefactos explosivos desde 2012 y son espacios en los que las comunidades carecen de acceso a servicios básicos como agua, energía y alcantarillado.

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Actualmente, la Comuna 2 es un corredor estratégico en tanto que barrios como La Libertad, El Triunfo y Las Américas poseen salidas al océano Pacífico donde se puede sacar la cocaína hacia Centroamérica.

La Comuna 3 es la zona que agrupa el mayor volumen de actividad comercial en el municipio (Codhes, 2013). Hasta finales de 2013, esta área fue usada por Los Rastrojos como fuente para extorsiones y vacunas a pequeños y medianos comerciantes. Durante el primer semestre de 2014, estas presiones disminuyeron pese a que el control social de la guerrilla había cobrado fuerza en el sector.

La Comuna 4 posee barrios que están compuestos mayoritariamente de viviendas palafíticas ubicadas en zonas de bajamar con salida hacia el océano, la que les permite un fácil acceso a la bahía interna de Tumaco. Estas características la hacen un territorio sumamente estratégico que hasta finales de 2013 fue fuertemente disputado por los actores armados. Los barrios más afectados por el conflicto armado han sido La Floresta, Panamá, El Esfuerzo y Olaya Herrera (Codhes, 2013).

La Comuna 5 se divide en dos sectores: el occidental de la isla Tumaco y el continental de la cabecera municipal. Ambas zonas se encuentran conectadas por el puente El Pindo. Los barrios ubicados en la zona occidental de la isla Tumaco poseen construcciones palafíticas ubicadas en áreas de bajamar que garantizan fácil acceso al océano y que son fundamentales para las rentas del narcotráfico del grupo armado que posea al control de los barrios.

La zona continental del municipio es motivo de interés por parte de los actores armados por al menos cuatro razones: 1. Barrios como Los Ángeles, 11 de Noviembre, Nuevo Milenio y Familias en Acción poseen salidas directas al mar, 2. Los barrios Unión Victoria y Obrero, ubicados al occidente de la comuna, tienen salida al estero Victoria, 3. Los barrios del suroriente de la comuna facilitan el acceso al estero El Pajal,12 4. El control de barrios como La Ciudadela, Nuevo Horizonte 2 y El Jardín garantiza, a su vez, el poder sobre la vía de acceso al municipio, que además se comunica con la región de Llorente, con Pasto y con la zona de frontera (Codhes, 2013, p. 82).

El que el puerto pueda ser entendido geográficamente a partir del sentido estratégico del espacio para los actores armados, exhibe la instrumentalización que ha sufrido el derecho a la vivienda de sus habitantes.

Es decir que las precarias casas palafíticas en las que residen muchos de los pobladores de Tumaco se configuran como espacios para esconder actividades ilegales, presionar a la comunidad y establecer control social y territorial; estos son espacios de aprovisionamiento de víveres y tránsito de armas, pasta de coca y cocaína. En el imaginario de los tumaqueños que ya han sido víctimas de desplazamiento forzado en el departamento de Nariño, es difícil concebir la adquisición de un predio propio en donde asentarse de manera permanente. Las constantes amenazas y las dificultades para pagar un arriendo o una cuota, hacen que la perspectiva de estadía sea usualmente temporal.

Los principales afectados por las pésimas condiciones de habitabilidad son los NNA. No solo no cuentan con espacios para la recreación, dado que el espacio público en Tumaco es limitado y de poca calidad, sino que además se ven expuestos al reclutamiento por parte de los grupos armados que los esperan a las afueras de los colegios o en las entradas de los barrios. Particularmente, las niñas y las adolescentes son afectadas de manera diferencial en tanto son vistas como un “recurso” por medio del cual se puede ingresar a los barrios y las familias para despojar casas y tomar control de predios estratégicos para el control territorial.

12 En Tumaco, los esteros comunican con las bocanas de los ríos y posibilitan el acceso a la zona rural del municipio y a la frontera con Ecuador.

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La vivienda es entonces un espacio limitado, precario y en el que las tradiciones culturales afrodescendientes se coartan. La vida de las comunidades afro, caracterizada por la socialización al aire libre y la convivencia con un gran número de familiares, se transforma en una vida en espacios cerrados, temerosa y en muchos casos sometida al hacinamiento de familiares y amigos que se esconden de la persecución de grupos armados. Esta protección se busca o bien para no ser reclutados o para no alejarse de los predios después de un desplazamiento intraurbano.

Pese a la política de casas gratis del gobierno de Juan Manuel Santos (2010-actual),13 en el municipio no se ha encontrado una solución culturalmente viable para sus habitantes, la cual les permita estar cerca al agua (donde se encuentra su sustento y espacio vital de recreación) y que además les garantice el acceso a servicios y salubridad.

El Pindo, Tumaco. Abril de 2014.

Crédito: Gabriel Rojas, Codhes.

13 Solo hasta enero de 2014, el Presidente Santos prometió 200 nuevas casas e inversiones en infraestructura eléctrica. Los habitantes del puerto se quejan en las entrevistas que solo después de cuatro años de gobierno y en una coyuntura de reelección presidencial surjan las propuestas concretas en cuanto a vivienda y servicios en el municipio. Véase: El Colombiano. “Se invertirán siete mil millones para servicio de energía en Tumaco”. Disponible en http://bit.ly/1keijaU. Recuperado el 15 de abril de 2014.

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Vivienda en San Lorenzo Los colombianos en necesidad de protección internacional en San Lorenzo también viven en casas palafíticas. La mayoría vive en arriendo y algunos tienen promesas de venta sobre pequeños terrenos ilegales. La ocupación de propiedades privadas les ha generado grandes inconvenientes a los colombianos que buscan refugio.

Las familias afrodescendientes que viven en San Lorenzo enfrentan las mismas carencias en cuanto a agua potable, energía eléctrica y alcantarillado. La mayoría de viviendas ha sido construida por los propios migrantes, con materiales que no son adecuados para enfrentar la lluvia, el calor o para evitar la proliferación de insectos y plagas.

La comunicación entre casas se hace por caminos construidos con tablas que resultan bastante peligrosas en cada desplazamiento. Niños y niñas transitan por estos lugares en la oscuridad, exponiéndose a accidentes.

El hacinamiento también es una constante entre las familias colombianas que habitan San Lorenzo. En tanto que los desplazamientos en su mayoría se hacen gota a gota, la primera alternativa de protección familiar es llegar a casas de amigos y familiares, que no tienen necesariamente espacio para recibir al huésped, pero que lo hacen respondiendo a una tradición afrodescendiente de hospitalidad y solidaridad familiar.

A la fecha de escritura de este documento, el desalojo del barrio Luis Cevallos, ubicado en un manglar protegido por el Gobierno ecuatoriano, es un riesgo constante para las personas en necesidad de protección internacional pese a los diálogos que se han efectuado con la alcaldía local. Los líderes comunitarios de los refugiados en la zona se han unido para comprar un nuevo predio con sus propios recursos, donde se puedan reubicar todas las familias. Por ahora, la noticia de desalojo sigue colgada en las puertas de las casas y el alcalde enfrenta una multa del Ministerio de Medio Ambiente por desacato.

Como lo corroboran los indicadores de vivienda que se presentan a continuación, en San Lorenzo y en Tumaco el nivel de satisfacción del derecho a la vivienda es similar. El índice de hacinamiento, condición que suele experimentar la población desplazada, es parecido en ambos municipios. Hay, sin embargo, cierta diferencia en la cobertura de alcantarillado, aunque esta no es muy alta. Según la investigación cualitativa, la población proveniente de Colombia suele estar ubicada en barrios sin este servicio.

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Gráfica 12.

Indicadores de vivienda: comparado Tumaco 2005 - San Lorenzo 2010

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Déficit de vivienda

Índice de hacinamiento

Vivienda propia

Vivienda arrendada

Tumaco

Cobertura de energía eléctrica

Cobertura de alcantarillado

San Lorenzo

Fuente: Elaboración Codhes con datos de censo general DANE, 2005 y Censo de Población y Vivienda, INEC, 2010.14

14

En Ecuador, la respuesta institucional contradictoria demuestra una ruptura entre el lenguaje del gobierno central y el local con respecto a las necesidades de los refugiados en la frontera. Para el Gobierno central de Ecuador, la vivienda no parece una prioridad ni en San Lorenzo, ni en Esmeraldas. De este modo, la primera expectativa de los colombianos de mejoramiento de condiciones de vida en Ecuador no se ve satisfecha. Por el contrario, representa una continuidad en la desprotección del derecho social a una vivienda digna y a una permanencia de los riesgos para la vida, la salud y el bienestar de los colombianos que habitan en San Lorenzo.

14 Algunas gráficas que se presentan en este documento comparan información de años diferentes, ya que son los últimos datos disponibles en cada Estado.

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Barrio Luis Cevallos, San Lorenzo. Abril de 2014.

Crédito: Gabriel Rojas, Codhes.

2.1.2. Análisis comparado generación de ingresos Generación de ingresos en Tumaco En Tumaco no hay fuentes de empleo formal más allá de la alcaldía municipal. De allí que los desplazados busquen alternativas de generación de ingresos asociadas a las ventas informales, el servicio doméstico, la pesca artesanal, el mototaxismo (entre los jóvenes) y el comercio minorista.

Las opciones ilegales se vuelven entonces una alternativa que incluye el microtráfico, el hurto y la pertenencia a grupos armados –que trae, con ella, el sicariato, la extorsión, las vacunas y la prostitución–.

Las razones económicas de la migración forzada están íntimamente ligadas a la falta de condiciones de seguridad y a los problemas en el acceso a la vivienda. De acuerdo con las entrevistas realizadas, resulta muy difícil para una persona de Tumaco, que se ve obligada a cruzar la frontera hacia Ecuador precisar si las razones económicas por las cuales huyó estaban o no vinculadas con sus condiciones de seguridad. La imposibilidad de conseguir un empleo estable se asocia con la cooptación del comercio pequeño y mediano por parte de grupos armados y la extorsión generalizada en el casco urbano. Muchas personas se ven obligadas a abandonar sus negocios informales por miedo a ser amenazadas o porque sencillamente no pueden pagar las vacunas.

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Las personas jóvenes que terminan la secundaria se ven enfrentados a un escenario desolador que también los presiona a dejar la ciudad. No existen posibilidades estables para un empleo digno y una de las opciones es partir hacia la capital de Nariño, Pasto, o hacia ciudades más alejadas como Cali o Bogotá.

De este modo, la migración forzada se liga fuertemente a la falta de empleo y al ambiente de zozobra en el municipio.

Como alternativa más sencilla para los jóvenes aparece el mototaxismo. La proliferación de motos en las calles ha generado caos en la movilidad y afectación ambiental, que todavía es difícil de calcular. Los mismos jóvenes que buscan este oficio como medio de sustento deben lidiar con las presiones y amenazas de los grupos armados para ser mensajeros o “campaneros” (informantes) de las estructuras criminales.

Los pescadores encuentran cada vez más difícil un horario de labores que no se cruce con las limitaciones que imponen los grupos armados con base en sus corredores estratégicos. Además, sufren las consecuencias de la contaminación en las aguas que rodean al puerto, por lo cual es necesario ir más lejos para encontrar peces.

Entre tanto, la zona turística y aeroportuaria no se perfila como un empleador con suficiente capacidad de contratación y los propietarios de los negocios no son oriundos de Tumaco. Lo que es viable en la zona turística de El Morro, es la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Es frecuente ver a personas menores de dieciocho años paseándose por las playas y buscando contratistas extranjeros que se hospedan en los hoteles para vender sus cuerpos. Asimismo, es clara la proliferación de casas de lenocinio en la vía que conduce a la zona aeroportuaria. El trabajo de campo no permitió precisar si estas actividades se vinculan con redes de trata de personas y prostitución que se extienden a San Lorenzo en Ecuador.

En tal escenario de falta de oportunidades, las fuerzas armadas del Estado colombiano y las empresas de seguridad privada tienen un amplio espectro de incorporación de nuevos efectivos en el municipio.

La Policía y la Infantería de Marina reciben a diario solicitudes de reclutamiento. Una nueva empresa de seguridad privada, por ejemplo, vende cursos de capacitación que han tenido mucha acogida entre la población joven. Las sesiones de entrenamiento se hacen al caer la tarde, cuando los habitantes de Tumaco pueden verlos pasar y cantar tonadas de carácter militar. Esta estrategia de mercadeo le ha garantizado a la empresa una alta afluencia de estudiantes que esperan conseguir un trabajo en algún servicio de seguridad en el departamento.

En las zonas rurales, una importante fuente de ingresos proviene de los cultivos de palma africana. A pesar de la epidemia de la Pudrición de Cogollo de 2006, en 2014 ya habían resembradas 17000 hectáreas de palma. En Tumaco, estos cultivos tienen una tradición de desplazamiento poblacional forzado, debido a la compra (muchas veces a la fuerza) o apropiación de tierras fértiles de pequeños agricultores. La palma, al requerir altas sumas de capital para la tecnificación, excluye a los locales y pertenece, en su mayoría, a grandes empresarios que contratan a población local (en su mayoría afrodescendiente) para las labores más fuertes (denominadas no calificada) con salarios bajos o con pagos de jornal.

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2.1.3. Generación de ingresos en San Lorenzo Una de las razones fundamentales que tienen los habitantes de Tumaco para migrar a Ecuador es la posibilidad de trabajar en las palmicultoras y obtener beneficios mayores por el cambio de dólares ecuatorianos a pesos colombianos. La dinámica es contradictoria, pues mientras es más fácil ser contratados, los derechos laborales consagrados para los ciudadanos ecuatorianos no son satisfechos en los trabajadores colombianos.

Para un dueño de una palmicultora en una región de frontera resulta más económico contratar mano de obra no regularizada –a la que no le debe seguridad social–, que a un ecuatoriano con iguales necesidades pero a quien debe garantizar sus derechos. Sin embargo, la generación de ingresos es tan ínfima en el lado colombiano, que las personas prefieren trabajar sin prestaciones por temporadas cortas en Ecuador y regresar con dinero a sus hogares en Tumaco.

La discontinuidad en la desprotección de derechos laborales no se ve satisfecha entonces para los colombianos, porque en términos efectivos, el trabajo conseguido tampoco es digno, ni estable. La explotación de migrantes indocumentados es una constante. Por otro lado, las ventas informales, el pequeño comercio, la pesca y el trabajo en el campo por días siguen siendo estrategias de supervivencia tanto para ecuatorianos como para colombianos. El mototaxismo, aunque no tan extendido como en Tumaco, también es una alternativa de trabajo subcontratado en San Lorenzo, pero sujeto a una competencia incluso mayor.

Parte del problema más apremiante con respecto al empleo de personas en necesidad de protección internacional en la frontera colombo-ecuatoriana es la falta de documentos de aquellos que no han regularizado su situación porque les parece inconveniente, peligroso, engorroso, inútil, o porque no saben cómo hacerlo. Los continuos retenes de la Policía en la carretera entre San Lorenzo y Esmeraldas (donde se lleva a cabo el trámite ante la Dirección de Registro para la provincia) hacen que el recorrido sea impensable para algunos. El mismo fenómeno de problemas de documentación se reproduce en la salud y la educación, pues a raíz de un asunto técnico en cuanto a la cantidad de números que tiene un documento para acceder al sistema de seguridad social un ecuatoriano y un colombiano, hay una diferencia que hace que el segundo se tope con trabas burocráticas que terminan por discriminarlo e impedir el acceso a derechos fundamentales.

Por su parte, las mujeres se ocupan en servicios domésticos, sastrería y ventas informales de comidas o textiles. Pese a que hay algunas que optan por ejercer la prostitución para garantizar su sustento, en las entrevistas se denunció la presencia de actores armados que controlan el negocio y promueven la trata y el tráfico de personas en la frontera, tanto desde el tránsito de mujeres como para que permanezcan en lugares específicos de la ciudad. El ejercicio de la prostitución ha terminado por estigmatizar a la mayoría de mujeres colombianas que usualmente recibe comentarios incómodos sobre su trabajo y su modo de vida.

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Gráfica 13.

Población económicamente activa y tasa de desempleo: comparado Tumaco - San Lorenzo

70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% PEA Tumaco

Tasa de desempleo San Lorenzo

* PEA Tumaco a 2005. Tasa de desempleo Tumaco a 2011. Indicadores San Lorenzo a 2010.

Fuente: Elaboración Codhes con datos de Plan Integral Único Municipio de Tumaco, 2010.

Censo de Población y Vivienda, INEC, 2010.

La Gráfica 13 muestra cómo la tasa de desempleo en Tumaco en 2011 es superior a la de San Lorenzo en 2010, lo que refleja la crítica situación laboral y socioeconómica de la población en Tumaco pues aun cuando la población económicamente activa de San Lorenzo es superior a la de Tumaco, este tiene más oferta de trabajadores que demanda. Vale la pena señalar que los indicadores en San Lorenzo proporcionan información de la población en general, y no necesariamente toman en cuenta a los colombianos en situación irregular, ya que se trata de una población que no aparece en los registros oficiales, pero que es significativa según se pudo constatar en el trabajo de campo. Así las cosas, es esperable que la tasa de desempleo de la población colombiana en San Lorenzo sea mayor al promedio indicado en la tabla.

En síntesis, la estigmatización, la discriminación, la indocumentación y la necesidad constituyen elementos que dificultan la satisfacción de los derechos laborales de los colombianos en San Lorenzo. En este sentido, el desempleo y las NBI son muy similares en términos estadísticos tanto en Tumaco como en San Lorenzo. Ni los habitantes ecuatorianos, ni la gran cantidad de colombianos encuentran fuentes de ingreso estables y dignas en el cantón.

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2.1.4. Análisis comparado seguridad Seguridad en Tumaco Como ya se señaló, el ambiente de zozobra es constante en Tumaco. No hay libertad de expresión de líderes comunitarios que no esté coaccionada o bajo amenaza.15 Niñas, niños y adolescentes están en constante riesgo de reclutamiento. El comercio está sometido al grupo armado de turno que controla los barrios. El municipio está fuertemente militarizado y los atentados con granadas son la modalidad reciente de terrorismo de la insurgencia contra la fuerza pública.

Codhes (2013) realizó un recuento histórico detallado del accionar de los grupos armados en Tumaco.

Para no repetir los hechos que han configurado la violencia generalizada en el puerto, se señalarán los cambios más recientes en las dinámicas del conflicto armado en la región, particularmente la operación de la banda criminal de Los Rastrojos, su caída y el nuevo ascenso urbano de la columna móvil Daniel Aldana de la guerrilla de las FARC. En Nariño, después de la desmovilización de las AUC, entre 2004 y 2005 durante el gobierno de Álvaro Uribe, la reconfiguración de los actores armados en estructuras criminales herederas del paramilitarismo y el narcotráfico tuvo lugar en dos niveles: primero se intentó una retoma de los espacios geográficos en los que nuevos actores armados identificaron vacíos de poder. Segundo, se presentó un enfrentamiento por el control de la zona urbana entre GPD. Durante 2012 el desplazamiento forzado intraurbano, las desapariciones forzadas, los reclutamientos, las extorsiones, las vacunas y los homicidios fueron denunciados fuertemente por la comunidad mientras se ejercía la disputa por el control del puerto y de los cultivos de coca en el departamento.

Durante 2013, los fuertes golpes dados a los cabecillas de Los Rastrojos por parte de las fuerza pública colombiana, sumados a la unión de la comunidad para expulsar a los violentos por medios pacíficos, debilitaron a la red criminal y a las franquicias que controlaban el negocio de la droga en el puerto. La expulsión de Los Rastrojos devolvió la hegemonía a la guerrilla de las FARC. En el año 2014 se registraron acciones violentas especialmente por parte de la guerrilla, inclusive en el casco urbano. En Tumaco está latente la posibilidad de que la red criminal de Los Urabeños (hoy Clan Úsuga) descienda desde Buenaventura y se haga al control de la ciudad, tal y como lo hizo en el puerto vallecaucano durante 2012.

Desde 2013 se registran incursiones en el departamento de Nariño de esta red criminal.

Con base en las entrevistas realizadas en el curso de la investigación, es evidente que la seguridad ciudadana para los habitantes de Tumaco no ha podido ser garantizada por la fuerza pública. La presencia constate de efectivos en todo el municipio, en vez de contribuir a un ambiente de tranquilidad genera tensión y recelo en los barrios más afectados por la pobreza en la ciudad. Entre tanto, la guerrilla ha conseguido cooptar a los miembros de Los Rastrojos que decidieron quedarse en el puerto y a quienes se les obligó a unirse al grupo so pena de muerte o exilio.

15 Tanto líderes de las mesas de participación de víctimas en el marco de la Ley 1448 de 2011, como representantes de concejos comunitarios que buscan la restitución de sus tierras han sido amenazados, desplazados o asesinados.

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Los atentados terroristas con granadas han representado la manera más reciente de operar de la guerrilla de las FARC, a la que se le acusa de reclutar y usar NNA para sus actividades delictivas.16 Esta manera de actuar implica que, si bien han disminuido los desplazamientos intraurbanos y los homicidios en la ciudad por la presencia de un único actor armado que no está disputando el control territorial, ocurren desplazamientos forzadas desde los lugares en los que se presentan los atentados.

Sin embargo, la resistencia pacífica de los pobladores y las redes de apoyo comunitario locales respaldadas por la iglesia han conseguido que en barrios como Buenos Aires y Panamá se logren treguas y eventuales retiradas de los actores armados. Esto no quiere decir que en dichos barrios se haya superado el control tanto territorial como social, sino que han disminuido los niveles de violencia mientras se mantienen acuerdos e interlocución con un solo actor armado, en este caso las FARC. En San Andrés de Tumaco son múltiples los hechos victimizantes a causa del conflicto armado. Según la Uariv, de 1985 a 2014, 109167 personas han sufrido desplazamientos forzados; 1439, actos terroristas, atentados, combates y hostigamientos; 3564, amenazas; 1157, desaparición forzada; 9065, homicidios; 219, minas antipersonal; 175, secuestros; 137, delitos contra la libertad y la integridad sexual, y 57, vinculación de NNA al conflicto, entre otros.

Gráfica 14.

Hechos victimizantes en Tumaco

TERRITORIAL NARIÑO - SAN ANDRÉS DE TUMACO

Acto terrorista / Atentados Combates / Hostigamientos Amenaza

7,2%

Desaparición forzada Desplazamiento Homicidio Minas antipersonal / Munición sin explotar / Artefacto explosivo

86,3%

Pérdida de bienes, muebles o inmuebles Otro

Fuente: Uariv. Consulta: 7 de octubre de 2015.

16 Véase: Semana (2014, 15 de mayo). Las FARC usaron ‘niños bomba’ en Tumaco. Disponible en http://bit.ly/1jjpzrE. Recuperado el 15 de mayo de 2014.

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A manera de conclusión preliminar, resulta claro que ni la vivienda, ni el empleo, ni la seguridad son garantías para los habitantes de Tumaco. Por el contrario, los derechos sociales asociados a estas dimensiones se ven vulnerados sistemáticamente en el municipio, sin que todavía sea efectiva una respuesta por parte de las autoridades colombianas. Esto implica que las migraciones forzadas en la frontera siguen ocurriendo pero no solamente para huir del actor armado, sino también para buscar fuentes temporales de empleo, ensayar una vivienda más digna o simplemente vivir en un ambiente más tranquilo, en el que la presencia de actores armados sea esporádica y no permanente. Tal migración se presenta en movimientos gota a gota, intermitentes y difíciles de diferenciar de las visitas familiares o las incursiones comerciales o turísticas de tumaqueños a San Lorenzo.

Seguridad en San Lorenzo La discontinuidad de la desprotección que se encontró con mayor frecuencia en las entrevistas y grupos focales llevados a cabo durante la investigación fue la seguridad. Las personas se sienten en general relativamente más tranquilas en sus nuevos barrios en San Lorenzo que en Tumaco, pese a las graves falencias en cuanto a vivienda y empleo.

Como se observó en el acápite de seguridad de Tumaco, el prolongado conflicto armado en Colombia ha generado que municipios de frontera enfrenten ciclos de violencia generalizada, control social y territorial que superan el poder de coacción que la criminalidad o la delincuencia común pueden generar por ahora en San Lorenzo. La presencia de las FARC en San Lorenzo es esporádica y Los Rastrojos han incursionado en el país en función del narcotráfico o como excombatientes huyendo de la persecución de sus antiguos jefes o socios (ver Mapa 2 sobre presencia de actores armados en la frontera).

Esta es la razón por la cual muchas personas solicitantes de refugio alegan haberse encontrado con sus victimarios en la Dirección de Refugio del Ministerio de Relaciones Exteriores de Esmeraldas, solicitando asilo y haciendo la misma fila. Tanto víctimas como perpetradores huyen de la persecución que supone la violencia criminal o el conflicto armado (o la conjunción de ambas) y terminan buscando una vida distinta en Ecuador.

Esto quiere decir que aunque los grupos armados tienen poder de coacción en San Lorenzo, y es evidente que pueden llevar a cabo amenazas, homicidios y desapariciones selectivas en territorio ecuatoriano, no lo hacen con la misma sistematicidad e intensidad que en Tumaco. No obstante, el sicariato es una amenaza constante y el “ajuste de cuentas” se ha normalizado en la ciudad. Las redes criminales se mueven libremente en el río Mataje, pese a los controles que el Ejército ecuatoriano hace a la población refugiada, y el contrabando y el narcotráfico siguen siendo un negocio próspero en la frontera.

Lo que se debe tener en cuenta frente a este panorama es que ni la guerrilla ni los GPD han logrado consolidar su presencia en territorio ecuatoriano. Ello puede responder a tres hipótesis que se concluyen de las entrevistas: 1. No encuentran apoyo en las bases sociales, 2. La fuerza pública ecuatoriana está en mayor capacidad de responder oportunamente a algunas de las acciones de los grupos, 3. No ven la necesidad de generar el mismo control presencial sobre las poblaciones más grandes de frontera, tal y como lo hacen en los pequeños pueblos que están en las orillas de los ríos y por donde circulan las mercancías y las drogas.

La continuidad de la inseguridad en San Lorenzo, ya sea por coacción de grupos armados ilegales de Colombia o por las redes criminales de la frontera (integradas tanto por colombianos como ecuatorianos), se corrobora con la alta tasa de homicidios.

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Gráfica 15.

Tasa de homicidios por cada cien mil habitantes en Tumaco y San Lorenzo, 2010

138

136,9

136 134 132 130 127,1

128 126 124 122 Tumaco

San Lorenzo

Fuente: Elaboración Codhes con datos de Instituto Nacional de Medicina Legal de Colombia y Fiscalía General del Estado Ecuador, Política Criminal Delitoscopio.

La tasa de homicidios de Tumaco en 2010 fue de 137 personas por cada cien mil habitantes (más alta que la tasa de Colombia de 38,36 para ese año), y la de San Lorenzo fue de 127 personas por cada cien mil habitantes (más alta que la tasa promedio de Ecuador de 17,59 para ese año).17 En ambas poblaciones la situación de inseguridad es muy grave y no existe diferencia estadística que permita identificar alguna de las dos como la más violenta.

De las comparaciones llevadas a cabo hasta este punto se puede concluir que la única discontinuidad evidente en la desprotección de los derechos sociales, económicos y culturales entre Tumaco y San Lorenzo es la seguridad, entendida como presencia y control social y territorial de los grupos armados, mas no como ausencia de hechos victimizantes y persecución en el espacio de frontera.

Como se expuso anteriormente, ni la guerrilla ni los GPD han logrado consolidar su presencia en San Lorenzo. Sin embargo, los homicidios y los índices de delincuencia son muy altos, y esto solo se puede comprender como una reconfiguración de la violencia a través de la naturaleza de los grupos criminales, pues de su capacidad de cambio en función de fines económicos y “políticos” (entendidos como el control de las elites locales de poder), dependen las acciones de violencia en la frontera colombo-ecuatoriana y los nuevos flujos de desplazamiento forzado, incluso entre provincias de Ecuador. En los grupos focales desarrollados en la investigación se hizo evidente la preocupación de varios actores sobre la necesidad de muchos colombianos de seguirse desplazando en la frontera norte para protegerse de la persecución de redes criminales que todavía los podían localizar.

17 Desde 2011 Ecuador ha bajado progresivamente la tasa de homicidios. Para 2014 alcanzó una tasa de 7,2 homicidios por cada cien mil habitantes, la más baja de los últimos 20 años.

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Casa de la Memoria, Tumaco. Marzo, 2014.

Crédito: Gabriel Rojas, Codhes.

2.2. Ipiales y Tulcán El referente más conocido de la frontera colombo-ecuatoriana es el Puente Internacional de Rumichaca.

Este se ubica a tres kilómetros de Ipiales en el departamento de Nariño, y a siete kilómetros de Tulcán en la provincia del Carchi. En la dinámica de las migraciones forzadas de personas colombianas hacia Ecuador, el puente es el eje central para los diálogos, estudios, programas y proyectos implementados por ambos Estados, así como por la academia y la sociedad civil.

Esta sección realiza un análisis comparativo de la continuidad de la desprotección de DESC entre Ipiales (Colombia) y Tulcán (Ecuador), dos municipios fronterizos muy cercanos, caracterizados por los altos flujos migratorios, en calidad de receptores y expulsores de población. Entre ambos municipios se presume habitan más de 210000 personas.18

18 A partir de la suma de poblaciones de ambos municipios, según la información oficial obtenida de censo general DANE, 2005. Censo de Población y Vivienda, INEC, 2010.

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CODHES

A Tulcán no solo llega población de Ipiales, sino del resto del departamento de Nariño, así como de la totalidad del país. Además, este cantón no es necesariamente el destino final ni el punto de integración local de la población colombiana, ya que, en algunos casos, la migración continúa hacia Ibarra, Quito u otras ciudades ecuatorianas. Esta dinámica es, justamente, una de las preocupaciones centrales de la investigación.

Según Acnur, las personas colombianas en la provincia del Carchi, provienen mayoritariamente del departamento de Nariño y Putumayo. El conflicto armado colombiano es la razón principal para las migraciones. Sin embargo, en Carchi se evidencian de manera especial las migraciones mixtas, situación que complejiza la problemática migratoria, en tanto pueden existir de manera simultánea migrantes económicos; trata y tráfico de personas; menores no acompañados; personas particularmente vulnerables en situación irregular, entre otras poblaciones.

Gráfica 16.

Densidad poblacional y NBI de Ipiales y Tulcán

80%

72,25%

70% 60% 50%

47,31%

40%

42,20% 30,66%

30% 20% 10% 0 Densidad poblacional Ipiales

NBI Tulcán

Fuente: Elaboración Codhes con datos de censo general DANE, 2005. Censo de Población y Vivienda, INEC, 2010.

Ambos municipios son relativamente iguales en tamaño, sin embargo, en Ipiales hay una mayor densidad poblacional que en Tulcán. El NBI de Tulcán es superior al de Ipiales, indicador que revela las bajas condiciones socioeconómicas del cantón ecuatoriano.

2.2.1. Ipiales Ipiales se encuentra en el departamento de Nariño y tiene una extensión de 1707 kilómetros cuadrados. La ciudad limita al norte con Pupiales, Gualmatán, Contadero y Potosí; al sur con los cantones ecuatorianos de Cascales y Sucumbíos; por el oriente con Potosí, Córdoba, Puerres, y el departamento del Putumayo, y por el occidente con Aldana, Cuaspud (Carlosama) y Tulcán de Ecuador.

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En Ipiales más del 70 por ciento de la población se encuentra en el área urbana. El municipio está compuesto por los corregimientos La Victoria, Las Lajas, San Juan, Yamaral y Cofanía, Jardines de Sucumbíos, y la cabecera municipal cuenta con aproximadamente 120 barrios (Ávila, 2014). En Ipiales hay 53 veredas, agrupadas de la siguiente manera: • Corregimiento San Juan: Lomas de Suras, Camellones, Laguna de Bacca y Boquerón.

• Corregimiento Las Lajas: El Placer, Tola de Las Lajas y Cofradía.

• Corregimiento Yaramal: Santafé, Puente Nuevo, El Rosario, Tequez, La Floresta, Llano Grande y El Mirador.

• Corregimiento La Victoria: El Salado, El Cultún, San Antonio, Villamoreno, El Teliz, Arrayán, Villaflor, San José Alto, San José Bajo, Exfloría, Anzuay, San Jorge, La Estrella, Brisas, Santa Lucía y El Diviso.

• Corregimiento Las Cruces: La Soledad, Guacuán, Chaguaipe, Chiranquer, Inagán, Loma de Chaguas, Cangual, Yanala Centro, Yanala Alto, El Rosal, Saguarán, El Placer y Chacuas.

• Corregimiento Jardines de Sucumbíos: El Empalme (Ávila, 2014, p. 74).

Según las proyecciones del DANE, Ipiales para 2014 tendría 135542 habitantes, con una composición etnográfica de personas blancas y mestizas del 72 por ciento, 27,7 por ciento de indígenas, 0,2 por ciento de afrocolombianos y 0,1 por ciento de pueblos gitanos (DANE, 2005). El 51 por ciento de la población está compuesta por mujeres y el 49 por hombres.

En Ipiales habitan los pueblos indígenas de los Pastos, Quillacingas, Cofanes, Awá e Inga. Los primeros son pueblos indígenas binacionales que se ubican especialmente en el altiplano de Túquerres, Ipiales y Carchi; no obstante, también habitan desde el Pacífico hasta la Amazonía (Instituto Colombiano de Cultura Hispánica, 2000). Según el censo de 2005, la población indígena representaba aproximadamente el 27,7 por ciento de la población total del municipio, y allí se ubican tres consejos comunitarios: La Nueva Esperanza, Liberación y Futuro y Nuevo Renacer.

Ipiales se caracteriza por ser un municipio agrícola, ganadero y comercial, que por su ubicación estratégica tiene un flujo importante de intercambio y tránsito de productos. En 2001 fue declarado por el Gobierno nacional como Zona Económica Espacial de Exportación (ZEEE), con el fin de mejorar el desarrollo económico, social e institucional de la frontera (Semipiales, 2012).

Según el indicador de NBI para la medición del bienestar socioeconómico, en Ipiales este índice es de 30,66; en la cabecera municipal de 17,29 por ciento y el resto del municipio, 57,09 por ciento (DANE, 2005).

2.2.2. Tulcán El cantón de Tulcán se encuentra en la provincia del Carchi, al norte de Ecuador. Limita al oriente con Sucumbíos, al occidente con San Lorenzo, al sur con los cantones Huaca, Montufar, Espejo y Mira y al norte con Ipiales (Colombia). Tiene un territorio de 244,5 kilómetros cuadrados y se encuentra conformado por parroquias urbanas (González Suárez y Tulcán) y rurales (Julio Andrade, La Orejuela; El Carmelo, Pun; Maldonado, Pioter, Tobar Donoso, Tufiño, Urbina, Santa Martha de Cuba y Chical).

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Conforme al Censo de Población y Vivienda de 2010, la población de Tulcán es de 86498 habitantes, 27 por ciento de los cuales se ubican en la zona urbana. De este total, además, un 52,5 por ciento está compuesto por hombres y un 52,7 por mujeres. Según las cifras presentadas por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), la composición etnográfica del cantón Tulcán es 87,4 por ciento de mestizos, 5,3 por ciento de indígenas y 3,6 por ciento de afro ecuatorianos.

En Tulcán habitan los grupos indígenas Awá y los Pastos. La comunidad Awá, que reside en la provincia del Carchí, está conformada por cerca de tres mil indígenas, que se distribuyen en centros distanciados entre sí. Según la Federación de Centros Awá de Ecuador, son 14 los pueblos de esta comunidad en la provincia del Carchí (Espinosa, 2008). En el grupo indígena se registra un 5,5 por ciento de analfabetismo (Asociación de municipalidades ecuatorianas, 2014).

Tulcán, al ser la puerta de entrada principal hacia Ecuador desde Colombia (a través del Puente Rumichaca), recibe gran parte de la población colombiana migrante. Según el censo de Ecuador de 2010, en Tulcán habitaban 7486 personas de nacionalidad colombiana. En el caso puntual de las víctimas del conflicto armado colombiano que se desplazan forzosamente hacia ese país, la ciudad de asentamiento no es usualmente Tulcán debido a la cercanía con la línea fronteriza y a la continuidad de la desprotección en materia de seguridad humana. Según manifiesta la población entrevistada en el curso de la investigación, en Tulcán la amenaza todavía está latente.

2.2.3. Análisis comparado vivienda Vivienda en Ipiales En el casco urbano de Ipiales, la estructura física puede catalogarse como arquitectura popular urbana, en la que predominan casas de dos o tres pisos y algunos edificios tiene cinco pisos en promedio. En la zona urbana la mayoría de las construcciones está construida en ladrillo y bloque, las calles están pavimentadas y cuentan con alumbrado público.

En cuanto a la cobertura de los servicios públicos se puede considerar que es relativamente favorable: Hay una cobertura casi universal de energía eléctrica, la cual en 2005 llegaba al 97 por ciento de las viviendas.

El único pequeño rezago que se presenta en Ipiales es a nivel (sic) del acueducto y el alcantarillado en las zonas rurales, ya que esta llegaba al 83,1 por ciento y el alcantarillado a 71,8 por ciento. Adicionalmente, cerca de la mitad de viviendas, un 43,6 por ciento, contaba con servicio telefónico (Ávila, 2014, p. 75).

En el caso de la población desplazada por el conflicto armado, el acceso a la vivienda es un problema central. La mayoría de la población víctima vive en arriendo y para poder acceder a este se ve obligada a mentir frente a su condición de desplazados, debido a actitudes discriminatorias de la población receptora.

Adicionalmente, la población indica que de acuerdo a su capacidad adquisitiva, los arriendos son muy caros, por lo que se ve obligada a vivir en inquilinatos y, en algunas ocasiones, en condiciones de hacinamiento.

A pesar de la numerosa población desplazada que habita en Ipiales, no existen barrios de invasión ni concentración de la población víctima en alguno en particular. Las personas víctimas del conflicto tienden a ubicarse en los suburbios de la ciudad, donde los precios de los arriendos son más asequibles.

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Como se ha venido señalando en este documento, la población indígena es significativa en el departamento, de manera especial en el municipio de Ipiales. Los grupos étnicos en su condición territorial de binacionalidad han sido afectados no solo por la presencia del conflicto armado, sino también por la ausencia de una doble nacionalidad que les permita circular con facilidad por su territorio y acceder a los servicios de ambos Estados (lo que posiblemente contribuiría a la protección de los DESC de los grupos étnicos).

Los territorios compartidos entre grupos étnicos y campesinos han provocado diferencias que, en consecuencia, generan fenómenos de exclusión de los grupos indígenas, los cuales aseguran que los intereses productivos y mercantilistas de los campesinos afectan la forma de vida indígena.

Asimismo, para las comunidades indígenas, el Ejército colombiano es un grupo armado aparte del insurgente que afecta la estabilidad de la comunidad e invade sus territorios. Según expresaron los indígenas en un grupo focal, la presencia de las Fuerzas Armadas del Estado es una angustia para su integridad como pueblo étnico.

Vivienda en Tulcán La población colombiana que llega a Tulcán tiende a asentarse en los barrios del sur de la ciudad, como El Bosque, Ciudadela Nuevo Tulcán, Tajamar Regalado, Tajamar, Padre Carlos de la Vega, Vivienda Popular, Taques, La Habana y en general, alrededor de toda la ciudad. Pillajo (2014) indica que una buena parte de las personas que se desplazan desde Colombia hacia Ecuador, toman a Tulcán como una parada temporal, antes de seguir hacia el interior del país, ya sea por temor o por mejores oportunidades en la capital.

Se sabe que una las problemáticas centrales de los colombianos en esta ciudad es la situación de salud. Se conoce que existe un acuerdo entre los gobiernos locales (Tulcán-Ipiales) para la prestación del servicio, y para conocer el sistema de afiliación y las condiciones de la población en el registro médico. Aunque este acuerdo no es público, algunas organizaciones sociales que trabajan en la zona han identificado estas operaciones. En cuanto a la prestación de salud, se entiende que en caso de urgencia y cuando se requiere un tratamiento especial, la población colombiana es enviada de Tulcán a Ipiales. En el caso de la población refugiada, esto conlleva a que el principio de no devolución sea violado, y que la familia que regresa a territorio colombiano para recibir atención médica se exponga a perder la protección internacional.

Otro de los inconvenientes de un acuerdo de salud sin enfoque de derechos humanos consiste en que al compartir información del sistema de salud, si el centro de atención ecuatoriano identifica que la persona fue atendida en un centro colombiano recientemente o que se encuentra afiliada en Colombia, puede negarle el acceso a la salud.

Por su condición de “indocumentada” y por los numerosos casos de rechazo social, a gran parte de la población colombiana en Carchi se le dificulta el acceso a servicios como gas, educación y salud.

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Gráfica 17.

Viviendas en Carchi y Tulcán

60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 Viviendas particulares y colectivas

Particulares

Carchi

Particulares ocupadas con personas presentes Tulcán

Fuente: Elaboración Codhes con datos de INEC, 2010.

Gráfica 18.

Indicadores de Vivienda: comparado Ipiales 2005, Tulcán 2010

120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% Déficit de vivienda

Índice de hacinamiento

Vivienda propia

Ipiales

Vivienda arrendada

Cobertura de energía eléctrica

Cobertura de alcantarillado

Tulcán

Fuente: elaboración Codhes con datos de INEC, 2010.

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Como se puede observar en la Gráfica 18, en ambos municipios las condiciones de vivienda son similares: tanto en Ipiales como en Tulcán la población cuenta con los servicios básicos. Sin embargo, la situación es crítica para quienes son víctimas del conflicto armado y desplazados forzados internos en el caso de Ipiales, y desplazados forzados transfronterizos en el de Tulcán. La población entrevistada en las dos ciudades expresa preocupación por obtener un arriendo, pues aseguran que aunque algunas familias tienen la capacidad de pagar, los propietarios se niegan a dar su vivienda en arriendo cuando se enteran que son desplazados. En el caso de Tulcán, la estigmatización del colombiano como delincuente es cada vez mayor, razón por la cual a la población refugiada le es difícil obtener vivienda digna y, en ocasiones, varias familias viven en una misma vivienda, bajo la modalidad de subarriendo.

2.2.4. Análisis comparado de generación de ingresos Generación de ingresos en Ipiales Para 2011, de la población económicamente activa tan solo el 51 por ciento de las personas se encontraba empleada; el 70 por ciento de los trabajadores vivía con un salario por debajo de un millón de pesos y un 50 por ciento percibía ingresos iguales o inferiores a quinientos mil pesos (Semipiales, 2012).

La desprotección a la población campesina y la falta de incentivos económicos para la labor del campo hacen que la población se vea en la necesidad de incurrir en cultivos de uso ilícito (como la coca). Un caso puntual es la disminución en la rentabilidad de la panela.

Los cultivos de coca y amapola se intensificaron en Ipiales a partir de la década de 1990, producto de los programas de aspersión aérea que se presentaron en el vecino departamento de Putumayo. Con estos se configuró una alternativa para la generación de ingresos que, ante la inminente demanda de mano de obra campesina, contribuyó a que el municipio abandonara parcialmente las formas tradicionales de producción.

Ipiales también es poseedora de petróleo; sus pozos de explotación se ubican en Jardines de Sucumbíos y de allí se transporta el crudo hacia el mar pacífico a través del Oleoducto Transandino (Ávila, 2014, p. 17).

Los pueblos indígenas viven principalmente de dos fuentes: de las mingas y de la comercialización de la mora. Ante la crisis económica y la falta de inversión social, se han visto obligados a comercializar y, en ese sentido, se hacen necesarios la infraestructura física y el cumplimiento de convenios comerciales, como el de Esmeraldas. Parte de los inconvenientes en materia comercial se derivan del incumplimiento de dicho Convenio, ya que se presentan incautaciones indebidas en la aduana de los productos de campesinos e indígenas. Incluso, existen cobros ilegales por parte de las autoridades para transportar algunos productos por la frontera.

En relación con el nivel educativo de Ipiales, La mayoría de la población tiene mínimo el nivel de básica primaria en un 46,7 por ciento y otro 29,5 por ciento ha llegado hasta secundaria. Se resalta también que un 8,6 por ciento tiene estudios superiores o posgrados, lo cual es significativamente alto y refleja una situación positiva en el sector educativo de Ipiales.

La ciudad cuenta con una sede de la Universidad de Nariño y con centros de formación superior privados (Ávila, 2014, p. 74).

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Es oportuno señalar que los choques culturales y los problemas de convivencia en los colegios donde estudian niñas y niños víctimas del conflicto armado con sus pares originarios de la zona son recurrentes en Ipiales. Desafortunadamente, la mayoría de la población desplazada ha sufrido los efectos sicosociales del conflicto, situación que ha afectado de manera especial la integridad emocional de NNA. En reuniones con grupos focales, los padres señalan que de manera frecuente sus hijos son muy rebeldes y agresivos.

De manera similar a como ocurre en las otras ciudades de Colombia receptoras de población desplazada, en Ipiales la población víctima es estigmatizada y le cuesta mucho emplearse. La alternativa real para generar ingresos es la economía informal, especialmente a través de la venta ambulante. Algunas personas señalan que los pocos mecanismos creados por el Estado para la estabilización socioeconómica (como los programas de unidades productivas que ofrece el Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA–), resultan poco o nada efectivos en la mayoría de los casos, ya que no tienen seguimiento ni están acompañados de capacitación.

Generación de ingresos en Tulcán La generación de ingresos en Tulcán tiene múltiples dificultades: las autoridades locales señalan un abandono histórico del Estado ecuatoriano y una débil estructura productiva que permita crear empresas y desarrollar empleo tanto para la población nativa como para los migrantes.

La principal fuente de generación de ingresos en este cantón es el comercio y, en este, el mercado objetivo es el colombiano. En ese sentido, para la población de Tulcán es fundamental mantener las relaciones comerciales con su vecino, ya que históricamente los colombianos son sus compradores principales. Sin embargo, esta situación se ha modificado en los últimos años por la devaluación del peso. En términos comerciales, entonces, hay dos problemáticas fundamentales: 1. La infraestructura de las carreteras colombianas, consideradas un “cuello de botella”, y 2. La cultura del contrabando.

La diversidad geográfica del cantón es determinante para comprender la diversidad de actividades económicas que se desarrollan allí. Asimismo, es importante señalar que hay una clara diferenciación entre las actividades de las parroquias rurales y de las urbanas. Existen estudios que señalan que en Tulcán hay territorios que no están integrados a la economía ecuatoriana. Tal es el caso de la parroquia Tobar Donoso,19 donde predomina el peso colombiano y la población trabaja en las plantaciones de coca y extracción de oro (Espinosa, 2008, p. 139).

En lo que respecta a la generación de ingresos de los colombianos en Tulcán, la mayoría de la población se ocupa en las zonas rurales como mano de obra barata. La situación de irregularidad es la razón principal por la que los migrantes colombianos trabajan sin contrato laboral, lo que a su vez dificulta el acceso a los sistemas de seguridad social y jurídico, en caso de violación a los derechos del trabajador.

19 “El noroccidente de Carchi, donde están ubicadas tres de las nueve parroquias de Tulcán (Maldonado, El Chical y Tobar Donoso), sigue soportando los efectos del conflicto armado interno de Colombia y de la presencia de cultivos ilícitos y narcotráfico”. El Universo (2010, 10 de agosto). En Tobar Donoso sí hay tensión por grupos irregulares. Disponible en: http://www.eluniverso. com/2010/08/10/1/1447/tobar-donoso-hay-tension-grupos-irregulares.html Recuperado el 3 de noviembre de 2015.

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Los jornaleros colombianos se pueden clasificar en tres categorías: 1. Trabajadores históricos que han vivido más de seis años en Ecuador, 2. Trabajadores recientes, o a partir de la dolarización, y 3.

Trabajadores temporarios, llevados a Ecuador por los denominados “cuadrilleros”20 a través de cruces fronterizos no oficiales como El Carmelo, Tufiño y Urbina (Espinosa, 2008, p. 164). Estas situaciones en ocasiones derivan en trata y tráfico de colombianos, obligados a trabajar en condiciones cercanas a la esclavitud en grandes plantaciones del vecino país, particularmente en palmicultoras, zonas mineras y centros madereros.

Los colombianos que trabajan en el sector agrario se dedican en gran medida a la floricultura, aunque en menor medida que en la provincia de Imbabura, pues las condiciones de seguridad industrial son precarias. Se han presentado casos de infecciones cutáneas por el uso de químicos sin equipos de protección.

Sin embargo, el trabajo en las floricultoras solo se da por temporadas y fechas especiales (Ceballos, 2012).

Otro grupo de colombianos se dedica a trabajar en el mercado informal y en la creación de restaurantes y comidas rápidas.

Parte de las dificultades que enfrentan los migrantes para acceder a fuentes de empleo en la provincia del Carchi radican en los numerosos casos de estigmatización y rechazo social. Debido a esto, los colombianos se ven obligados a generar ingresos por cuenta propia a través del mercado informal.

Producto de la situación de irregularidad en la que habitan algunos de los migrantes, y además de las ya mencionadas dificultades para acceder a salud, vivienda y empleo, la población colombiana señala que para que sus hijos puedan acceder a educación deben ser inscritos en los colegios por amigos ecuatorianos, o de lo contrario, sus hijos se quedarían sin estudio.

Si bien existen personas que se han acoplado a las dinámicas comerciales en Tulcán, y tienen hasta comercios más prósperos que los mismos ecuatorianos, también hay casos de mendicidad de colombianos o personas que trabajan por jornales mal pagos, desplazando la mano de obra ecuatoriana; esta situación es una las causantes de la xenofobia hacia los colombianos.

20 El cuadrillero es un personaje de la frontera con Carchi que se dedica a “pasar” trabajadores para desarrollar actividades específicas, en tiempos determinados, y es contratado por los terratenientes.

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Gráfica 19.

Población económicamente activa y tasa de desempleo Ipiales y Tulcán

70% 60%

61,37% 50,24%

48,20%

50% 40% 30% 20% 10%

3,87%

0% PEA

Tasa de desempleo Ipiales

Tulcán

* PEA Ipiales a 2005. Tasa de desempleo Ipiales, 2011. Indicadores Tulcán a 2010.

Fuente: Elaboración Codhes con datos de Plan local de empleo para Ipiales. Censo de Población y Vivienda, INEC, 2010.

El indicador del desempleo en Tulcán es favorable pues ante la gran cantidad de personas económicamente activas, solo un cinco por ciento de ellas se encuentra desempleada. Caso contrario ocurre en Ipiales, en donde la tasa de desempleo es muy alta (48,20 por ciento), mostrando así las deficiencias laborales con las que cuenta el municipio.

En el caso de la población colombiana que ha migrado forzadamente al Ecuador, el único mecanismo de subsistencia es la posibilidad de emplearse en Tulcán, especialmente en el comercio, pues el autoconsumo del que vivían algunos de los migrantes ya no es posible ante la ausencia de territorio propio.

Si bien en este cantón existen más posibilidades de empleo que en Ipiales, las condiciones de generación de ingresos para la población colombiana son particularmente precarias, ya que no siempre cuenta con garantía para el pleno goce de los derechos laborales. Tal y como lo indica Burneo (2014), el acceso al trabajo es una condición indispensable para un nuevo proyecto de vida. En este sentido, Tulcán todavía está lejos de garantizar el derecho al trabajo y en ese sentido, evitar labores precarias o mal remuneradas.

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2.2.5. Análisis comparado seguridad Seguridad en Ipiales Como se ha venido señalando, el lugar geográfico de frontera del municipio de Ipiales ha permitido establecer múltiples dinámicas de violencia en donde se articula el conflicto armado colombiano, el narcotráfico, el contrabando, la delincuencia común y la trata y tráfico de personas.

En Ipiales la sensación de seguridad varía sustancialmente de la zona urbana a la rural. Aunque es un municipio expulsor de población por el conflicto armado, también es receptor de población proveniente de distintos lugares del país. La violencia es latente en la zona rural de algunos corregimientos, mientras que en el casco urbano las persecuciones y amenazas no son muy visibles para la población en general, ya que están dirigidas principalmente a líderes comunitarios y grandes comerciantes.

Ipiales ha vivido el conflicto armado tras la presencia y disputa entre grupos insurgentes como las guerrillas del ELN y FARC; grupos paramilitares como el Frente Libertadores del Sur (Verdad Abierta, 2008), y GPD como Los Rastrojos y Águilas Negras.

Las FARC ingresaron en la zona desde la década de 1980 con el Frente 2, proveniente del departamento del Caquetá. En la década siguiente se posicionó el Frente 48, a través del cual el grupo insurgente pretendía establecer un orden social y económico con el fin de controlar el suroriente colombiano y facilitar el tráfico ilícito hacia el pacífico colombiano y la frontera con Ecuador.

La presencia de más de veinte años de las FARC en el municipio de Ipiales –especialmente en la zona rural y en el corregimiento de la Victoria y sus alrededores– ha dominado de manera particular algunos pasos fronterizos irregulares, por donde no solo circulan drogas ilícitas, sino también armas provenientes de Ecuador. Para 2014, los frentes 2 y 28 estaban presentes, con mayor fuerza el segundo, que se extiende desde el Putumayo.

La presencia de las FARC en la zona frenó por algún tiempo la explotación del petróleo, sin embargo, esta se reactivó en el año 2000 con el Batallón Especial Vial y Energético Nro. 9 en Jardines de Sucumbíos (Ávila, 2014, p. 78). El establecimiento de este batallón, así como los puestos de policía en el centro poblado de la Victoria, en vez de proporcionarle seguridad a la población, ocasionaron mayores hostigamientos y atentados, que le afectaron directamente. De manera similar a lo que ocurre en el departamento de Putumayo, la presencia del Estado en algunas zonas rurales solo se manifiesta a través del cuidado de los pozos petroleros.

Otra de las estrategias de guerra de las FARC ha sido el uso de minas antipersonal, en las que han caído integrantes de las fuerzas armadas. Sin embargo, esta estrategia se desarrolla en menores proporciones en comparación con Putumayo.

En cuanto a los GPD, luego de la desmovilización de los paramilitares en 2005, se reconoció la presencia de algunos grupos como Los Rastrojos y las Águilas Negras, especialmente en el corregimiento La Victoria. “A finales del año 2007, se identifica el accionar de la ‘Organización Nueva Generación’ u ONG, secuestrando a comerciantes de productos agrícolas y manejando cocinas de producción de alcaloides

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en viviendas del casco urbano” (Ávila, 2014, p. 83). En el casco urbano, se sabe de la presencia de Los Urabeños y Los Rastrojos, dedicados especialmente al narcotráfico, la extorsión y el homicidio de comerciantes. Es claro que no existe un control territorial de estos grupos, sin embargo se reconocen amenazas, extorsiones y asesinatos selectivos dirigidos especialmente, como se mencionó anteriormente, a comerciantes y líderes comunitarios.

En 2014 se identificaba la presencia de Los Rastrojos en Ipiales, tanto en la zona rural como urbana. Esto se deduce a partir de las capturas que el Ejército nacional ha realizado en el municipio, así como de la persecución y amenazas que recibe la población a nombre de este grupo.

En términos generales, a partir de 2006, la fuerza pública ha incrementado sus operativos militares para frenar la acción de la guerrilla y atacar las fuentes de financiación derivadas de los cultivos de uso ilícito.

Como consecuencia de ello, se ha desplegado un mayor enfrentamiento en donde la sociedad civil ha sido víctima de desplazamientos forzados, masacres, homicidios, hurtos, torturas, retenciones ilegales, intimidaciones, extorsiones y falsos positivos.

La Victoria es el corregimiento de Ipiales en el que se evidencia mayor presencia de actores armados y, por lo tanto, el territorio de mayor confrontación armada (especialmente en la vereda La Estrella). En La Victoria hay cultivos ilícitos, sobretodo de marihuana, así como laboratorios (“ollas”) para la transformación de las hojas de coca a cocaína. Este corregimiento es estratégico para el tránsito de la cocaína hacia Ecuador a través de pasos informales a la parroquia El Carmelo, a tan solo 12 kilómetros del país vecino.21 Por La Victoria y sus alrededores circulan panfletos amenazantes y de control social, más que todo de la guerrilla de las FARC. La población denuncia casos de reclutamiento a personas menores de edad, siendo esta una de las causas principales para el desplazamiento forzado de las familias. Aunque los enfrentamientos no son permanentes en el corregimiento, este se caracteriza por ser un territorio donde reina una tensa calma debido a que diferentes dinámicas del conflicto están presentes y generan de manera regular desplazamientos forzados intra-rurales y de la vereda al casco urbano.

Dentro del casco urbano de La Victoria se presentan asesinatos selectivos que con dificultad pueden ser atribuidos a un actor armado ilegal. Estos asesinatos no están asociados solo a los grupos armados ilegales, sino que también están ligados a las redes de narcotráfico. No sobra señalar que el municipio de Ipiales históricamente ha tenido presencia de narcotráfico por su proximidad con la frontera, de manera que algunas expresiones de violencia obedecen también a ajustes de cuentas por este fenómeno.

Otra de las problemáticas que sufren Ipiales, en particular, y el departamento de Nariño, en general, son la trata y tráfico de personas, especialmente de mujeres mestizas e indígenas. A pesar de los esfuerzos institucionales, como los del Comité Departamental de Lucha contra la Trata de Personas de la Gobernación de Nariño, el Protocolo de Trata y Tráfico22 y el Memorando de Trata de 2012, aún falta mayor empeño desde el Estado, la academia y la sociedad civil para hacer seguimiento a esta problemática y superar el subregistro.

21 En la parroquia de El Carmelo se identifican 80 pasos no controlados o “picas”, como los llama el Ejército ecuatoriano (Espinosa, 2008).

22 El Protocolo Binacional Colombo-Ecuatoriano de Atención a Víctimas y Sobrevivientes de Trata de Personas, del año 2011, fue un proceso fronterizo democrático e incluyente, que no fue válido para el Gobierno colombiano porque la Cancillería no participó durante el proceso. La negación del protocolo solo por la ausencia de esa entidad es una muestra más para la población de cómo el nivel central desprecia el trabajo local.

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En el eje Ipiales-Tulcán, el tráfico humano consiste más que todo en el de personas originarias de Cuba y de países africanos, que buscan llegar a Estados Unidos pasando por Nariño y Buenaventura.

En este aspecto, los pueblos indígenas, especialmente los Awá, han sido uno de los grupos más afectados.

En 2010, se identificaron en Ecuador mafias de captación de indígenas, con fines de explotación laboral, obligando a la población a vivir en condiciones cercanas a la esclavitud. Además, la libertad de expresión y capacidad de gestión de los líderes indígenas es cada vez más amenazada. Según señalan representantes de diversos resguardos, a 2014 había más de 22 líderes de sus pueblos desaparecidos de la región.

A las situaciones mencionadas, se suma que los grupos étnicos deben sobrevivir con la presencia de minas antipersonal en sus territorios y fumigaciones con glifosato a sus cultivos.

Otra de las problemáticas identificadas en la zona es la desaparición forzada de personas colombianas, que en algunos casos son llevadas al Ecuador. La prevención y el seguimiento de este delito en la región fronteriza son más complejos, ya que requiere de comités de búsqueda binacionales.

Según la Uariv, en Ipiales 5162 personas han sufrido desplazamiento; 1287, homicidio; 1163, amenazas; 385, acto terrorista, atentados, combates u hostigamientos; 183, desaparición forzada; 50, secuestro; 41, minas antipersonal, munición sin explotar o artefacto explosivo, entre otros.

Gráfica 20.

Hechos victimizantes en Ipiales

TERRITORIAL NARIÑO - IPIALES

Acto terrorista / Atentados Combates / Hostigamientos Amenaza

8,6%

12,8%

14,2%

Delitos contra la libertad y la integridad sexual Desaparición forzada Desplazamiento Homicidio

56,9%

Minas antipersonal / Munición sin explotar / Artefacto explosivo Pérdida de bienes, muebles o inmuebles Secuestro Otro

Fuente: Uariv. Consulta: 7 de octubre de 2015.

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Seguridad en Tulcán Ante la cercanía geográfica entre Ipiales y Tulcán, el paso fronterizo no es garantía para encontrar tranquilidad en el territorio ecuatoriano. Tanto las víctimas como los victimarios cruzan la frontera para alejarse del conflicto armado, lo que propicia reencuentros entre algunos de ellos en Tulcán, forzando la continuación de la huida hacia Ibarra e, incluso, hacia Quito.

El desbordamiento del conflicto armado colombiano en la provincia del Carchi se debe al entrecruzamiento de varios fenómenos. Allí, por ejemplo, hay poblaciones abandonadas por el Gobierno ecuatoriano donde son pocas las alternativas de empleo lícito y digno. Además, los victimarios pasan la frontera desde Colombia y residen temporalmente en Tulcán después de haber cometido crímenes graves, y varias de las actividades ilícitas que se dan en frontera hacen parte de una red transnacional en la que algunos ecuatorianos también están implicados.

Los actos delictivos en Tulcán no están conectados, necesariamente, con el conflicto armado colombiano.

Sin embargo, en hechos como extorsiones, robos, asaltos en carreteras y asesinatos suelen estar implicadas personas de nacionalidad colombiana vinculadas con grupos armados ilegales. Según Pillajo (2014), el tema de las vacunas es todavía preocupante: personas oriundas de Tulcán y queridas por la comunidad han sido amenazadas y hasta asesinadas sin explicación.

El histórico abandono de algunas parroquias fronterizas, así como la proximidad comercial y familiar a través de los pasos fronterizos no formales generan que a diario la población haga parte de unas dinámicas ilegales de las que desconoce la institucionalidad central. Estudios previos como el de Espinosa (2008) han constatado que algunos pobladores de parroquias de Tulcán reconocen la presencia de integrantes de las FARC y el ELN en territorio ecuatoriano desde hace más de 20 años. Afirman que los integrantes de grupos guerrilleros les compran productos, participan en algunos escenarios comunitarios (como las fiestas populares), en algunas ocasiones “administran justicia” y realizan secuestros extorsivos y cobros de vacunas (Espinosa, 2008, p. 187).

Otra de las razones por las que Tulcán no siempre es el lugar de destino de la población colombiana, se debe a que ante la situación de irregularidad migratoria, las personas temen ser capturadas por las autoridades ecuatorianas y ser devueltas a Colombia.

En el caso del eje andino, a pesar de la violencia en Tulcán, la inseguridad humana es menor a la que se vive en Colombia. Como muestra la Gráfica 21, la tasa de homicidios es considerablemente mayor en Ipiales. En Tulcán se presentan 10 homicidios por cada cien mil personas mientras en Ipiales se presentan 44 en la misma proporción de personas, lo que indica que la incidencia de la violencia en Ipiales es superior a la de Tulcán, y supera la tasa promedio de Colombia en 2010.

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Gráfica 21.

Tasa de homicidios en Ipiales y Tulcán, 2010

50 45

43,8

40 35 30 25 20 15

10,4

10 5 0 Ipiales

Tulcán

Fuente: Elaboración Codhes con datos de Instituto Nacional de Medicina Legal y Fiscalía General del Estado, Política Criminal, Delitoscopio.

La trata de personas –sobre todo la trata de mujeres para la explotación sexual– es una de las actividades que va en contravía con la seguridad humana en la Provincia de Carchi y, específicamente en la ciudad de Tulcán. La continuidad de la desprotección en materia de generación de ingresos y la situación de vulnerabilidad por la condición del refugio o la situación migratoria irregular exponen a algunas mujeres colombianas a la revictimización provocada por las redes de explotación sexual. Según Ceballos (2012): “Es necesario resaltar que la provincia de Carchi funciona como un lugar de encuentro de las mujeres reclutadas para este oficio, cuya característica principal es que se iniciaron en este oficio hasta su llegada al Ecuador, cuyo porcentaje en la provincia alcanza un 29 por ciento”.

Entre las iniciativas gubernamentales en este aspecto, en agosto de 2014 se inauguró el Centro Integrado de Seguridad ECU 911. Se hizo una inversión de casi 10 millones de dólares en la provincia de Carchi para dar seguridad a los 178228 habitantes de Bolívar, Espejo, Mira, Montúfar, Huaca y Tulcán. Este centro tendrá un trabajo coordinado con los de Esmeraldas y Nueva Loja y la matriz, localizada en Ibarra. El objetivo es articular todos los centros para el control de frontera (Andes, 2014).

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2.3. Puerto Asís y Lago Agrio De los tres principales ejes geográficos que se han identificado a lo largo de los 586 kilómetros de frontera terrestre (Nariño-Esmeraldas, Nariño Carchi y Putumayo-Sucumbíos), el último ha sido históricamente abandonado por la mayoría de los agentes que trabaja y estudia la situación fronteriza.

Los estudios de la frontera colombo-ecuatoriana han tenido como eje central el corredor Nariño-Carchi, dejando de lado el eje amazónico en donde se configura una serie de problemáticas derivadas tanto de las complejidades propias como punto fronterizo, así como por las problemáticas estructurales de la región amazónica.

La dinámica de este eje fronterizo es diferente a las de los otros ejes analizados. En primera instancia hay que señalar que la población difiere en términos culturales y productivos de los otros dos. Este aspecto es clave para comprender la situación de garantías para los DESC. Para la caracterización del eje fronterizo Putumayo-Sucumbíos se estudió la ciudad de Puerto Asís, del lado colombiano, y el cantón de Lago Agrio, del ecuatoriano. Ambas son pequeñas ciudades que limitan con el río San Miguel; la primera de ellas es receptora y expulsora de población desplazada, que migra generalmente hacia el cantón de Lago Agrio.

Este eje, determinado por su ubicación en la región amazónica, se caracteriza por ser un territorio rico en biodiversidad y por la extracción masiva de gas, petróleo y oro, con las consecuencias sociales y medioambientales que esto genera. De igual forma, este eje ha sido históricamente un punto de producción y comercialización de droga, así como de presencia de actores armados ilegales.

En segunda instancia se encuentra que los pueblos indígenas, como los Cofán y los Siona, están divididos administrativamente y parte de su territorio pertenece a Colombia y la otra parte a Ecuador. Sin embargo, cada uno de ellos se autodenomina como un mismo pueblo. En 2005, la población Cofán estaba compuesta por aproximadamente 1250 miembros ubicados en Nariño y Putumayo (Rivera, 2012, p. 52), y los Siona 1.829, según el Censo de 2005.

Ambos lados de la línea de frontera son un reflejo del histórico abandono de cada uno de sus respectivos Estados. Allí se evidencia el tradicional trato de periferia de la frontera colombo-ecuatoriana, en el que la institucionalidad estatal suele ser mínima y débil, e incluso inexistente en los algunos ámbitos, lo que dificulta las garantías para la protección y satisfacción de los DESC.

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Gráfica 22.

Densidad poblacional y NBI de Puerto Asís y Lago Agrio

90%

83,29%

80% 70% 60% 50% 40% 29,18%

30%

30,70%

20% 10%

2,20%

0 Densidad poblacional Puerto Asís

NBI Lago Agrío

Fuente: Elaboración Codhes con datos de censo general DANE, 2005 y Censo de Población y Vivienda, INEC, 2010.

El NBI de Lago Agrio es muy alto, lo que indica que casi el 90 por ciento de las necesidades básicas de sus ciudadanos se encuentran insatisfechas. Y aun cuando el indicador de Puerto Asís es menor al de Lago Agrio, este sigue siendo un indicador desfavorable pues el 30 por ciento de su población presenta necesidades básicas insatisfechas.

En términos de presencia estatal, Ecuador manifiesta un relativo avance en capacidad institucional, ligado a la descentralización política, administrativa y fiscal del Estado que permite mayor autonomía a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD).23 El Estado ecuatoriano es, en general, visto como garantista en la prestación de servicios básicos considerados universales como la salud y la educación.

Sin embargo, el indicador de NBI revela los altos índices de pobreza de la población en Lago Agrio. Cabe señalar, sin embargo, que existe una notable sensación de presencia del Estado ecuatoriano a partir de la infraestructura vial, que sin duda contribuye al desarrollo comercial de este eje de la zona fronteriza.

23 Los GAD son instituciones descentralizadas con autonomía política, administrativa y financiera. Estos gobiernos se encuentran regidos por los principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad, interterritorial, integración y participación ciudadana. Los GAD se organizan en gobiernos regionales, provinciales, cantonales y parroquiales (CNC y Senplades, 2012).

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A pesar de algunos avances en la institucionalidad del Estado ecuatoriano frente al colombiano, ambos lados de la frontera expresan el descuido de los gobiernos centrales en la región. Desde lo local, se manifiesta especial preocupación por las complejidades fronterizas, en las que se reclama un estatus especial provincial y departamental por pertenecer a una zona fronteriza.24 Complejas realidades como las del Putumayo ecuatoriano o colombiano, con sus rígidas y a la vez porosas fronteras, según se vean desde las capitales (Quito o Bogotá), se tornan evanescentes en esta perspectiva. La particularidad fronteriza pierde rigor y solidez, con la misma lógica como se difumina la frontera entre lo civilizado y lo salvaje, lo lícito y lo ilícito, lo normal-deseable y lo díscolo, y por tanto peligroso (Rivera, 2012, p. 269).

Por otro lado, las relaciones familiares, culturales y económicas en el eje fronterizo Putumayo-Sucumbíos requieren mecanismos de coordinación interinstitucional entre ambos lados de la frontera a través de políticas públicas de frontera o programas binacionales que garanticen los instrumentos financieros y administrativos. Hasta el momento las acciones coordinadas han sido escasas e incumplidas, como es el caso de varios convenios. Así pues, la frontera desde una perspectiva geográfica solamente impone limitaciones administrativas para el desarrollo económico y social de una región que tiene formas de vida similares a ambos lados de los límites políticos.

Río San Miguel. Paso Teteyé (Colombia) - Puerto Nuevo (Ecuador). Junio, 2014.

Crédito: Camila Espitia, Codhes.

24 Los departamentos o provincias de frontera presentan unas problemáticas y necesidades diferentes del resto, que demandan una particular capacidad financiera y administrativa para responder a las complejidades de una zona fronteriza. La administración pública de territorios fronterizos requiere de manera especial mecanismos de coordinación en todos los sectores de ambos países.

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2.3.1. Puerto Asís El municipio de Puerto Asís se encuentra en el suroccidente de Colombia, sobre la margen izquierda del río Putumayo. La extensión territorial es de 66385 kilómetros cuadrados, de los cuales 27922 son área urbana y 38463, área rural. Limita en el norte con Puerto Caicedo; en el noroccidente con Orito; en el suroccidente con el Valle del Guamuez y San Miguel; en el Sur con Lago Agrio (Ecuador); en el suroccidente con Putumayo (Ecuador), y en el oriente con Puerto Guzmán y Puerto Leguízamo. Puerto Asís dista 88 kilómetros por carretera al sur de Mocoa, capital del departamento.

Según las proyecciones del DANE, Puerto Asís es el municipio de mayor población de Putumayo, a 2014 tenía 59523 habitantes, de los cuales cerca del 72 por ciento se ubicaba en la zona urbana. El 48,5 por ciento de su población estaba compuesta por hombres y el 51,4, por mujeres (DANE, 2005). En el municipio, el 12,5 por ciento de la población está compuesta en mayor parte por pueblos indígenas de las etnias Siona, Cofán, Embera Chami, Páez, Embera, Nasa, Inga y Awá. El 7,6 por ciento restante se trata de mulatos y afrodescendientes (Corpoamazonia, 2012).

En cuanto a la productividad, el territorio de Puerto Asís se ha caracterizado por su riqueza hídrica y la capacidad productiva de sus tierras. Según informes de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario de Putumayo, este municipio es el primer productor de arroz, caña panelera y piña. El indicador de NBI en Puerto Asís es de 30,7, afectando el 21,18 por ciento de los habitantes en la cabecera municipal y el 41,91 por ciento del municipio (DANE, 2005).

Sin embargo, para la comprensión socioeconómica del territorio es necesario conocer las consecuencias colaterales de dos actividades económicas: extracción petrolera y cultivos ilícitos.

La primera ha sido determinante en el desarrollo económico y en el crecimiento poblacional del municipio.

La población reconoce que la economía petrolera ha creado algunos empleos, especialmente en el sector transporte; sin embargo, la misma comunidad señala que los efectos negativos son mayores que los positivos, ya que el producto de la explotación no es proporcional a la riqueza que se extrae. En 2011, Putumayo fue declarado distrito minero, y desde entonces la extracción petrolera ha generado, con intensidad, más despojos de los territorios, contaminación del medio ambiente por derramamiento del crudo y transporte de carga pesada, militarización y bombardeos entre los grupos armados legales e ilegales.

Ahora, respecto a la segunda actividad económica, ante el abandono Estatal y las difíciles condiciones para la generación de ingresos, en las últimas décadas el departamento de Putumayo, el municipio de Puerto Asís incluido, ha sido productor de cultivos ilícitos. La dinámica histórica de los cultivos ilícitos es determinante para comprender la estructura socioeconómica del municipio, en ese sentido, a pesar de que los cultivos ilícitos han disminuido notablemente frente a los primeros años del siglo XXI, hoy siguen siendo fuente importante de su economía, especialmente en las áreas rurales.25 A 2014, el municipio de Puerto Asís ocupaba el segundo puesto en el país con las mayores áreas cultivadas con 2150 hectáreas, después del municipio de Tumaco en Nariño, que ocupa el primer lugar con 6611 hectáreas (ODC, 2014).

25 En el municipio de Puerto Asís los mecanismos de cultivo, producción y tráfico son muy diferentes a los de hace una década. A 2015 se presentan aún, aunque en menor cantidad y visibilidad. Los cultivos ya no se ubican junto a la carretera y son camuflados a partir de los otros cultivos de pancoger.

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Del departamento, la región del Bajo Putumayo es las más afectada por el desplazamiento forzado, siendo Puerto Asís el municipio con los mayores registros de población víctima de este delito. En las últimas dos décadas ha sido un municipio receptor y, sobretodo, expulsor de población desplazada víctima del conflicto armado colombiano (Uariv, 2013).

A Puerto Asís llegan familias de todo el país, aunque particularmente de Mocoa, la capital del departamento (la cual, a su vez, es receptora de población desplazada de toda la región). La expulsión de población se presenta tanto en el casco urbano como en las zonas rurales, ya que en ambos espacios existe una pugna permanente entre actores armados por el control territorial.

La caracterización del estado de la vivienda, la generación de ingresos y la seguridad en Puerto Asís estará determinada por la superposición de distintas problemáticas propias del Bajo Putumayo. Como explica Piña, “la particularidad fronteriza del Bajo Putumayo lo define como escenario de desarrollo o espacio de ampliación del proyecto civilizador occidental, y, a la vez, como escenario de resistencia y productor de discursos contramodernos, como la oportunidad para confrontar el discurso hegemónico de occidente” (Rivera, 2012, p. 37).

2.3.2. Lago Agrio El cantón de Lago Agrio está ubicado en la provincia de Sucumbíos. Este limita al norte con Puerto Asís y La Hormiga (Colombia); al este con la provincia de Putumayo (Ecuador); al oeste con el cantón Cascales, y al sur con la provincia de Orellana. Lago Agrio está conformado por la cabecera cantonal (la ciudad de Nueva Loja) y por siete parroquias rurales (Dureno, El Eno, General Farfán, Jambelí, Pacayacu, Santa Cecilia y 10 de Agosto).

Según el censo de 2010, la población de Lago Agrio es de 91744 habitantes, de los cuales el 52,9 por ciento habita en la zona urbana y el 47,1, la zona rural. Allí se encuentran las comunidades indígenas Kichwas, Shuar, Cofán, Secoya y Siona (AME, 2014). El 48, 8 por ciento se trata de mujeres y el 51,2, hombres (INEC, 2010).

La pobreza por NBI en Lago Agrio afecta al 83,29 por ciento, de manera que gran parte de la población recibe apoyos de los programas Bono de Desarrollo Humano, Crédito de Desarrollo Humano e Institutito de la Niñez y la Familia.

Cerca del 24 por ciento de la población del municipio de Lago Agrio, tanto en áreas urbanas como rurales, consta de personas refugiadas colombianas (Acnur, 2010). De acuerdo con Acnur, en 2010 se recibían aproximadamente 14 solicitudes cada día; cuatro años después 1594 colombianos solicitaron refugio en ese municipio.

El tránsito formal a Lago Agrio desde Colombia se realiza a través del Puente Internacional de San Miguel, ubicado a 20 minutos del municipio ecuatoriano. Allí se encuentra un Centro Binacional de Atención en Frontera (Cebaf), en el que se ubican en un mismo espacio autoridades aduaneras, migratorias y sanitarias de Ecuador y Colombia, facilitando y agilizando así los trámites fronterizos.

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El tránsito informal se realiza cruzando el río San Miguel (límite natural que divide la frontera colomboecuatoriana en el eje Putumayo-Cantón de Lago Agrio-Sucumbíos). Uno de los pasos no oficial más utilizado es Puerto Nuevo (Ecuador), al que se llega en lancha a cinco minutos desde Teteyé (en Puerto Asís). Otro paso que funciona de manera similar al anterior es el de la Punta, a 18 kilómetros de Lago Agrio, que se encuentra en la parroquia General Farfán y es considerado un corredor estratégico y zona de conflicto entre paramilitares y guerrilla (Espinosa, 2008, p. 240).

El Cebaf, ubicado en territorio ecuatoriano, es un espacio admirable frente a la prestación de otros servicios e infraestructura en la zona fronteriza; además de tener una construcción adecuada, el hecho de que las autoridades de ambos Estados estén ubicadas en un mismo espacio es un ejemplo de las acciones coordinadas para la prestación de servicios ideal en una región fronteriza.

Las diferencias en la infraestructura vial son evidentes una vez se está de un lado del Puente Internacional de San Miguel (ubicado a pocos kilómetros del Cebaf): mientras por el lado ecuatoriano se siente la inversión en infraestructura, a pocos pasos, en el lado colombiano, la carretera está desgastada, la señalización es borrosa y hay barricadas, que dan la sensación de entrar a un lugar peligroso.

A pesar de ser un paso fronterizo oficial, las autoridades de las fuerzas armadas de ambos Estados cobran coimas de manera ilegal a la población para pasar mercancías. Los habitantes señalan que la forma de legalizar una mercancía, ya sea desde un kilo de queso hasta un cargamento de droga, es pagando un monto de dinero a todas las autoridades que allí se encuentren.

Por otro lado, en el paso fronterizo desde Teteyé hasta Puerto Nuevo no hay diferencias sustanciales en la infraestructura,26 ni en el entorno socioeconómico. En ambas partes, las calles son desordenadas, sucias, las condiciones de salubridad son críticas, las casas son palafíticas, de madera y con techos de zinc oxidado. En Puerto Nuevo predomina el comercio informal, allí se encuentra un mercado que abastece a gran parte de los habitantes del corredor Puerto Vega-Teteyé de Puerto Asís. A pesar de que Puerto Nuevo es territorio ecuatoriano, allí el intercambio comercial se realiza tanto en dólares como en pesos, dinámica común en zonas de frontera.

Si bien el intercambio comercial es uno de los elementos más obvios que dificultan la identificación de Puerto Nuevo como territorio ecuatoriano, son las relaciones socioeconómicas y el ambiente de incertidumbre y desconfianza los aspectos que evidencian la continuidad de la inseguridad y pobreza que se vive en el corredor Puerto Vega-Teteyé.

En el casco urbano de Lago Agrio, si bien es cierto que hay construcciones organizadas y modernas, se identifican en gran proporción barrios marginales, bares y prostíbulos. A partir de las visitas de campo realizadas, en el cantón se percibe una cierta sensación de angustia; en el caso de la población que reside cerca de la frontera, esta se manifiesta particularmente prevenida.

26 Puerto Nuevo, a diferencia de Teteyé, sí cuenta con servicio de energía.

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2.3.3. Análisis comparado vivienda Vivienda en Puerto Asís Debido a las migraciones forzadas y económicas, el municipio de Puerto Asís ha crecido de manera acelerada y desordenada en la última década; desde el año 2012 se han creado más de doce barrios en los suburbios de la ciudad, con altos índices de pobreza.

Las condiciones de vivienda en el casco urbano de Puerto Asís se diferencian sustancialmente de las de las zonas rurales. En el área urbana la mayoría de las construcciones puede catalogarse como arquitectura popular, con casas sencillas de dos o tres pisos, los materiales de construcción son predominantemente ladrillo y bloque, aunque hay barrios en donde predomina la madera y la teja de zinc.

En relación con las condiciones de vida en el casco urbano de Puerto Asís, el crecimiento de la ciudad se ha llevado a cabo a partir de la construcción de barrios de invasión. La población víctima del desplazamiento forzado que ha llegado a la ciudad construye sus viviendas en los suburbios, algunos en zonas de alto riesgo (como son los barrios Londres, Villa Rosa, La Montañita, Metropolitano y Tres de Mayo).

Las condiciones de vivienda en el contexto rural son radicalmente diferentes. Casi todas las viviendas son de estructura palafítica y no cuentan con servicios públicos.27 En las zonas rurales no hay sistema de acueducto, muy pocas casas cuentan con electricidad y acueducto, y la mayoría carece de sistemas sanitarios.

Según la información del censo 2005 del DANE, el municipio cuenta con una cobertura del 64,9 por ciento en el servicio de energía a través de la línea de trasmisión Mocoa. La cobertura de acueducto es del 19,5 por ciento de la población, y Puerto Asís no cuenta con un sistema de potabilización de aguas para el suministro a la comunidad. En las comunidades rurales el abastecimiento de este líquido se realiza por medio de la captación directa de fuentes de agua cercanas a las viviendas o por mecanismos, como la acumulación de aguas lluvias o acueductos veredales. Según Corpoamazonia, “el servicio de alcantarillado tiene una cobertura del 53 por ciento y las aguas servidas son descargadas directamente sobre las quebradas Singuiya y San Nicolás, y sobre el río Putumayo, pues no se cuenta con planta de tratamiento de aguas residuales” (Corpoamazonia, 2012).

El municipio de Puerto Asís, a pesar de contar con una población significativa de personas víctimas del conflicto armado, no hizo parte del programa nacional de viviendas gratis del presidente Santos. Esto obedece a que el municipio declaró no contar con los recursos suficientes para el aporte mínimo que debía realizar para acceder a este programa.

La calidad de la vivienda y, por tanto, de vida en las zonas rurales ha venido en retroceso. En el campo, la calidad de vida depende en mayor parte de la naturaleza y de las condiciones ambientales del entorno.

En ese sentido, la actividad desordenada, extractiva e irresponsable de las petroleras ha generado una contaminación exacerbada del medio ambiente, afectando las fuentes de agua, infectando el aire y los alimentos cultivados y consumidos por los habitantes del municipio, provocando graves afectaciones en

27 Según el alcalde de Puerto Asís tan solo el tres por ciento de las veredas cuentan con energía eléctrica.

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la vida humana.28 Las petroleras en Puerto Asís tienen un manejo paupérrimo de los residuos y fluidos petroleros, pues estos son desechados sin control alguno en parcelas de la zona rural de Puerto Asís.

La presencia petrolera, dicho sea de paso, se convierte en blanco para los atentados de los grupos armados, lo que genera, a su vez, contaminación ambiental. De manera recurrente ocurren voladuras a los oleoductos de Puerto Asís con destino a Lago Agrio y al centro del país. Según un reporte de la Revista Semana, en el sector se realizaron aproximadamente 60 ataques contra la infraestructura petrolera en 2013 (Revista Semana, 2014).

Además de los ya mencionados impactos, la presencia de las petroleras contribuye directamente al despojo de los territorios. Según la población, la Ley de Licencias ambientales indica que alrededor de cinco kilómetros a la redonda de un pozo de extracción no debe haber población; situación que conlleva a que los campesinos se vean forzados a abandonar sus tierras y a migrar. Así pues, los efectos de la explotación de este recurso han reconfigurado el territorio de Puerto Asís, generando despojo, desplazamiento forzado e impactando irremediablemente en la baja calidad de vida.

En lo que respecta ahora al conflicto armado, el municipio de Puerto Asís y, en general, el departamento de Putumayo tienen unas condiciones geoestratégicas que los predispone a la presencia de grupos armados.

Las condiciones naturales de la región amazónica, como la espesura selva, sirven de resguardo para los actores armados, así como para el desarrollo de actividades ilegales como la siembra, transformación y el transporte de coca. Como si no fuera suficiente, la región cuenta con los ríos Putumayo, San Miguel y Guamuez, que facilitan el tránsito de los insumos para los grupos armados y la salida de la coca.

Desde la década de 1980 hasta la actualidad, el grupo armado que ha predominado en Puerto Asís es la guerrilla de las FARC. Inicialmente, en la bonanza cocalera de los años ochenta, se ubicó en la región el Frente 32 y, posteriormente, en la década de 1990, surgió el Frente 48, producto del crecimiento de los cultivos ilícitos en los municipios colindantes de Orito (Valle del Guamuez –La Hormiga–, San Miguel y Puerto Caicedo), con el fin de expulsar a los primeros paramilitares de la zona y tener el dominio estratégico del Bajo Putumayo. En la actualidad, los frentes 32 y 48 de las FARC se ubican en Puerto Asís.

Las FARC han ejercido el control territorial especialmente en las zonas rurales. El corredor fronterizo Puerto Vega-Teteyé, al que se llega atravesando el río Putumayo, es zona de control de este grupo insurgente ya que por ahí se llega a uno de los pasos fronterizos con Ecuador, por Puerto Nuevo. Este punto fronterizo es no formal, y por allí se moviliza gran parte de la coca.

Por otro lado, las AUC también se ubicaron en el Bajo Putumayo a finales de la década de 1980, con Gonzalo Rodríguez Gacha, “el Mejicano”, a partir del boom cocalero (Rivera, 2012, p. 47). A finales de la década siguiente, como efecto de las marchas cocaleras de 1996 en contra de las fumigaciones aéreas, nacieron los bloques Sur del Putumayo (liderado por los hermanos Castaño, quienes mantenían el control territorial en el casco urbano principalmente) y Central Bolívar (a manos de Carlos Mario Jiménez, alias

28 Ante un derrame o desastre ecológico, las petroleras pagan indemnizaciones. Sin embargo, este valor se limita a un pago puntual a la familia directamente afectada. De esta manera, las petroleras ignoran los daños a las otras familias y la contaminación colateral a partir de la circulación del agua y los vientos. La población es consciente de que los beneficios de la extracción no se comparan con la perdida invaluable del ecosistema.

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“Macaco”), que operaban en las zonas rurales de Puerto Asís (DIH, 2010). El Bloque Sur del Putumayo, con la excusa de combatir a las FARC y controlar el narcotráfico en la frontera, logró un importante dominio territorial y fue el autor de varias masacres en el departamento.

El Valle del Guamuez fue de los municipios más afectados por la presencia paramilitar, y allí se registraron las masacres en los centros urbanos de El Tigre y El Placer. Las más impactantes se produjeron en 1999, año en el que entraron los paramilitares para permanecer en la zona hasta el 2006 (fecha de su desmovilización). Durante esos siete años, su presencia fue permanente en El Placer, y tuvieron un dominio territorial con el que intentaron controlar todos los ámbitos de vida de la población.

Luego de la desmovilización de 2006 en la vereda La Esperanza, corregimiento de Santa Ana en el municipio de Puerto Asís, se asentaron GPD como Los Rastrojos. Ocho años después, este grupo se mantiene y se disputa el poder, particularmente en la zona urbana, con Los Urabeños y un grupo que se hace llamar La Constru (con conexiones con los grupos posdesmovilización y el crimen organizado). Tanto en el casco urbano como en las zonas rurales de Puerto Asís circulan de vez en cuando manuales de convivencia y panfletos que restringen el acceso de visitantes a algunas zonas o después de una hora determinada.

A pesar de que existe una lucha constante por el control territorial, simultáneamente se establecen alianzas entre los grupos armados insurgentes y los GPD, más que todo para la distribución de las zonas de control territorial y la producción y el tráfico de estupefacientes. En dichas alianzas, los grupos insurgentes tienen una relativa jefatura, mientras que los GPD se ocupan de contactar y contratar las redes de delincuencia común para operar en función de los grupos armados.

Una de las estrategias con las que operan los grupos armados, sobre todo en zonas rurales, es controlando las viviendas y los habitantes de las veredas. Ejemplo de ello es que estos grupos no permiten la llegada de personas no originarias a las veredas que encuentran bajo su control.

Otra de sus prácticas es la de sembrar minas antipersonal en el municipio, reduciendo así los terrenos para vivir, caminar y cultivar. Según el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo (SAT), los artefactos son ubicados de forma indiscriminada en caminos verdales, cultivos de pancoger, zonas de llegada de pangas y botes, áreas colindantes a escuelas, sectores de resguardo y lugares de habitación de las comunidades. Una vez se identifican las minas antipersonal, los campos quedan abandonados ya que parte de la población se desplaza, y la que permanece en el territorio se ve sometida al confinamiento.29 La presencia del Ejército en procesos de erradicación manual y en campamentos ubicados en las escuelas, a pesar de estar protegidas por el DIH, pone en riesgo la vida de los campesinos, en especial las de las niñas y niños. En Puerto Asís y municipios vecinos han explotado minas y otro tipo de artefactos en las escuelas rurales, asesinando a niños y niñas, y ocasionándoles problemas sicológicos a sus compañeros, los que les impide regresar a estudiar.

29 La población señala que además de sufrir las afectaciones físicas y sicosociales de las explosiones de las minas, debe pagar al grupo armado de la zona entre $700.000 y $1.000.000 de pesos por cada mina detonada accidentalmente.

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Otra práctica que conduce al confinamiento de la población es la fumigación de los cultivos con glifosato.

La fumigación aérea con este herbicida hace parte de la estrategia antidroga que ha desarrollado el país desde hace más de treinta años. En la década de 1980, las fumigaciones se enmarcaban en un plan de desarrollo alternativo de dos programas de las Naciones Unidas: el PNUD y el Undcp. En 1999, la estrategia de cooperación bilateral entre el Estado colombiano y Estados Unidos, denominada Plan Colombia (también conocido como Plan para la paz, la prosperidad y el fortalecimiento del Estado), se desarrollaron programas de erradicación forzada de cultivos ilícitos con presupuesto estadounidense.

Quince años después, a 2014, la efectividad de las fumigaciones seguía siendo baja y la población se mantenía afectada por las graves consecuencias del glifosato.

En mayo de 2015, el presidente Juan Manuel Santos anunció que el país suspendería la aspersión con glifosato, siguiendo las recomendaciones del Ministerio de Salud basadas en un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que clasificó ese herbicida como primero en la lista de los cinco plaguicidas probablemente carcinogénicos para los humanos. En algunos casos, las afectaciones en la salud son tan graves, que la población se ve obligada a abandonar sus territorios; es decir, en términos reales las fumigaciones fueron causantes de desplazamiento forzado interno y transfronterizo por varias décadas.30 Según datos recopilados entre población de Putumayo, en 2015 han continuado las fumigaciones a pesar del pronunciamiento del Gobierno nacional. Para ellos las fumigaciones se presentan en zonas petroleras con el fin de que las empresas puedan ingresar al territorio, ya que las aspersiones producen el desplazamiento forzado de la población. La población entrevistada en el curso de la investigación indicó que a las fumigaciones les siguen los desplazamientos, luego la militarización del sector y finalmente la extracción de las petroleras.

Una pregunta latente entre la población putumayense, particularmente la de las zonas rurales, es cuál es el modelo de desarrollo que el Estado está diseñando e implementando en el departamento, y si este, en el escenario de construcción de paz, responde a los intereses de la población campesina del departamento, o se fundamenta en economías extractivas que se favorecen del desplazamiento forzado, el despojo y la militarización.

En los últimos años, las fumigaciones se realizan en el municipio al menos dos o tres veces por año, acabando tanto con cultivos ilícitos como lícitos, matando animales y obligando a la población a encerrarse en sus casas. Las fumigaciones no son selectivas y los campesinos denuncian que ha habido casos en donde fumigan sobre hectáreas de cultivos de pancoger.31 En octubre de 2014, las fumigaciones fueron permanentes y provocaron el desplazamiento forzado de más de 300 familias hacia Ecuador. Este es apenas un ejemplo de cómo las acciones emprendidas para erradicar los cultivos ilícitos en Colombia constituyen un problema central no solo para los putumayenses sino también para los nacionales del vecino país, Ecuador.

30 Las personas desplazadas como resultado de las fumigaciones de cultivos ilícitos con glifosato tienen dificultades para la inclusión en el Registro Único de Víctimas. “Es necesario señalar que con la transición al Registro Único de Víctimas, fumigaciones dejó de ser una de las causas de desplazamiento en el Formulario Único de Declaración; sin embargo, hay una categoría abierta denominada ‘otra’ en la que se supone señalan esta como causa. En muchas ocasiones, los funcionarios del Ministerio Público al no encontrar la categoría en el formulario desestiman la declaración, las personas víctimas aducen la ‘causa más cercana’ de las disponibles en el FUD ante el temor de la no inclusión. En todo caso no existe información pública que dé cuenta de la frecuencia de esta situación como causa del desplazamiento” (Codhes, 2015).

31 La precisión en la fumigación es complicada, si se tiene en cuenta que la estrategia reciente del cultivo de uso ilícito ha sido sembrar entre las plantaciones de pancoger.

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A la situación de conflicto armado y las fumigaciones, se suma otra circunstancia que pone en riesgo la vida de los habitantes de Puerto Asís: la acumulación de pimpinas de gasolina provenientes de Ecuador en las casas de los colombianos. Como se explicó anteriormente, el gas, al ser subsidiado, se consigue más económico al otro lado de la frontera. Sin embargo, al ser almacenado en malas condiciones ha ocasionado, en repetidas oportunidades, explosiones de viviendas y la muerte de sus habitantes.

Otra característica que impacta la calidad de vida del municipio se relaciona con las precarias condiciones de las carreteras en las zonas rurales. Producto del abandono estatal, de manera similar a lo que sucede en la periferia del país, esta condición impiden el acceso rápido de la población a los centros de salud y la fluida comercialización de los productos. El mal estado de las carreteras aísla a la población y la somete a vivir en condiciones críticas. En cuanto al acceso a salud, no cuentan con centros médicos y los más próximos están ubicados a horas de distancia, por lo que muchos enfermos fallecen por el camino.

La convivencia de grupos indígenas y campesinos es compleja en la región, pues mientras los campesinos requieren de carreteras y titulación de las tierras, los pueblos indígenas abogan por el aislamiento, que evita el acceso de grupos armados a sus territorios y contribuye a la conservación de sus territorios colectivos.32

Teteyé, Puerto Asís. Junio de 2014.

Crédito: Camila Espitia, Codhes.

32 En Puerto Asís hay territorios indígenas que aún no están definidos como resguardos, y aunque históricamente las comunidades han habitado estas áreas, en estos viven también campesinos que requieren de la titulación para acceder a créditos o para vender las tierras que han trabajado por años.

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Vivienda en Lago Agrio Las condiciones de la vivienda de la población en Lago Agrio son muy similares a las de Puerto Asís.

Las construcciones de la cabecera municipal son en ladrillo y bloque, y se encuentran varios edificios e infraestructuras destinadas a la recreación y al deporte.

La ciudad de Nueva Loja (cabecera municipal de Lago Agrio) cuenta con todos los servicios básicos, como electricidad, acueducto, recolección de basuras y alcantarillado.33 Sin embargo, uno de sus problemas más graves es el acceso a agua potable. “Sectores como Carigán, en el noroccidente de esa urbe, tienen pozos sépticos y reciben agua únicamente por lapsos de entre seis y ocho horas diarias. Solo el 25 por ciento de habitantes de Loja recibe agua potable las 24 horas” (Andes, 2013).

La mayoría de la población colombiana que ha migrado forzosamente a Lago Agrio se ubica en las zonas periféricas, en donde se presentan algunos de los problemas descritos anteriormente. Sin embargo, como la migración de colombianos se registra desde los años noventa, varias de las familias colombianas ya han construido una vida socioeconómica estable, de manera tal que para 2004, según la notaria del Cantón, el 40 por ciento de las propiedades pertenecían a colombianos (Diario HOY Ecuador, 2004). Ahora bien, es necesario aclarar que no todos los colombianos en Lago Agrio son víctimas del conflicto armado. Algunos de ellos son migrantes económicos y otros son actores de los grupos armados, vinculados con actos delictivos estratégicos de Ecuador.

Un 86 por ciento de población colombiana vive en arriendo en Lago Agrio (Benavides, 2013), la mayoría se ubica en barrios periféricos y lo hace en condiciones de hacinamiento. Por la importancia territorial del río San Miguel, buena parte de los colombianos que migran tiende a ubicarse cerca de este. No obstante, si la migración fue forzosa producto del conflicto armado, las personas tienden a ubicarse en zonas más distantes para no reencontrarse con los victimarios. Los colombianos en el cantón de Lago Agrio se ubican especialmente en Puerto Nuevo y las parroquias General Farfán y Nueva Loja. Sin embargo, por cuestiones de seguridad, la población se desplaza hasta los cantones de Shushufindi, Cascales, Sucumbíos (especialmente en el Playón) y Gonzalo Pizarro.

Mientras que las condiciones de vivienda en Nueva Loja son relativamente aceptables, las de los contextos rurales son muy similares a las de la vivienda rural de Puerto Asís: la población habita en casas palafíticas, con acceso limitado a algunos servicios básicos. La diferencia fundamental radica, sin embargo, en que en la mayoría del territorio de Lago Agrio se tiene acceso a electricidad, caso que no ocurre en Puerto Asís.

La Gráfica 23 sobre indicadores de vivienda muestra cómo en Lago Agrio la vivienda tiende a ser mejor que en Puerto Asís, y si bien el déficit de vivienda y de hacinamiento es alto en la primera ciudad, sigue siendo menor que en la segunda.

33 Debido al rápido crecimiento de la ciudad, los rellenos sanitarios presentan múltiples problemas que han deteriorado la estructura vial.

Asimismo, hay zonas de la ciudad de más de 500 habitantes a las que no llega el alcantarillado y solo funcionan pozos sépticos.

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Gráfica 23.

Comparado condiciones de vivienda Puerto Asís 2005 y Lago Agrio 2010

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Déficit de vivienda

Índice de hacinamiento

Vivienda propia

Puerto Asís

Vivienda arrendada

Cobertura de energía eléctrica

Cobertura de alcantarillado

Lago Agrío

Fuente: Elaboración Codhes con datos de censo general DANE, 2005 y Censo de Población y Vivienda, INEC, 2010.

En la medida en que gran parte de los colombianos que migra forzadamente a Lago Agrio se dedica a trabajar las zonas rurales en la agricultura, muchas personas viven en condiciones de extrema pobreza. Allí habitan en arriendo o como peones de las grandes fincas, en donde parte de la remuneración se hace en comida y techo. A pesar de las difíciles condiciones de habitabilidad, la población colombiana en general no se siente excluida en Lago Agrio: según Acnur, el 47 por ciento de la población colombiana que reside allí se ha integrado totalmente en el territorio.

Hay parroquias como General Farfán, también llamada La Punta, en donde predomina la población colombiana; por tratarse de una parroquia junto al río San Miguel, las críticas condiciones provocadas por las fumigaciones con glifosato perjudican directamente la vida de la población. Según relatos de residentes colombianos y ecuatorianos, las fumigaciones alcanzan a llegar a La Punta, situación que evidencia una violación al acuerdo suscrito por los gobiernos de Colombia y Ecuador, en donde queda prohibido fumigar a una distancia menor de los cinco kilómetros de la frontera (Portafolio, 2014).

Vale la pena señalar que hay casos de desplazamiento interno de familias ecuatorianas y colombianas en el territorio ecuatoriano a causa de la presencia de los actores armados en la frontera, las fumigaciones y la difícil situación económica. Según testimonios, desde hace más de diez años la población originaria ha ido dejando sus tierras, algunas las han vendido y otras han sido abandonadas.

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Zona rural de Lago Agrio. Junio de 2014.

Crédito: Camila Espitia, Codhes.

2.3.4. Análisis comparado generación de ingresos Generación de ingresos Puerto Asís En Puerto Asís, la generación de ingresos se da mayoritariamente a través del empleo informal. El municipio se caracteriza por la actividad comercial, en la que un porcentaje importante de los compradores es población ecuatoriana que llega, con frecuencia, los fines de semana. Los hombres jóvenes se dedican al mototaxismo y algunos de ellos al microtráfico a través de este medio de transporte. En el caso de las mujeres, su fuente principal de ingresos es el comercio o la venta ambulante de alimentos.

Las oportunidades de empleo son mínimas. Las petroleras dan algunos de los trabajos formales, más que todo a transportadores, aunque estas crean muy pocas vacantes considerando la riqueza que explotan en el departamento. Las economías sustentadas en la explotación del petróleo o con alta influencia de esta, como el comercio o la vida nocturna, conllevan a que, en el mediano plazo, una vez se termine la explotación, surjan desempleados sin ninguna estructura económica sostenible, como le sucedió al municipio de Orito.34 Adicionalmente, trabajar para las petroleras es considerado objetivo militar por las FARC , razón por la que en los últimos años, el accionar de la guerrilla se ha concentrado en atacar la industria de los hidrocarburos.

34 Según declaran los funcionarios de la alcaldía de Orito, las concesiones petroleras se firman sin contar con la participación o conocimiento del municipio. Esta situación dificulta la presión política o la exigencia local frente a las graves consecuencias que generan. Las petroleras de Puerto Asís no permiten una comunicación directa con la población y su accionar parece estar blindado de la resistencia social del municipio.

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En las zonas rurales la generación de ingresos es aún más difícil. La población expresa que a pesar de que algunos campesinos han intentado hacer la transición a los cultivos lícitos, ha resultado en la mayoría de los casos un fracaso. Por un lado, los insumos agrícolas son muy costosos, no tienen financiación del Estado y el precio de venta de las cosechas no es significativo; así que los alimentos recolectados, en su mayoría, se destinan al autoconsumo y no la comercialización. Por otro lado, las constantes fumigaciones han destruido grandes extensiones de cultivo y ganado, situación que enfrenta al campesino a crisis económicas y alimentarias.35 Así pues, los cultivos de coca siguen siendo el mecanismo de generación de ingresos más rentable para la población rural de Puerto Asís. Para los habitantes del municipio no existen herramientas para llevar a cabo un plan de vida, pues las alternativas de generación de ingresos, en su mayoría, están ligadas a actos delictivos que ponen en riesgo la vida.

Para los hombres jóvenes del municipio, una alternativa de empleo real es pertenecer a grupos armados ilegales; se presume que una persona que se vincula a uno de estos grupos recibe mensualmente un monto fijo que es sustancialmente mayor a los ingresos promedios de un habitante de Puerto Asís. El panorama de los jóvenes es tan desolador, que hay redes dedicadas al tráfico de colombianos a Ecuador, que ofrecen a los jóvenes vínculos para trabajar y vivir en ese país. Lo más crítico de estas redes es que algunas de ellas se dedican a la trata de personas y operan engañando a las personas jóvenes para ser reclutados por los grupos armados.

Por otro lado, la situación de empleo de la mujer es particularmente difícil en los contextos rurales e indígenas. Las circunstancias de crisis económica contribuyen a que algunas mujeres vean en el trabajo sexual y el tráfico de coca por la frontera un camino para la subsistencia. Algunas de las mujeres viajan únicamente los fines de semana a Ecuador para ejercer estas dos labores y obtener así el dinero suficiente para subsistir el resto de la semana en Colombia.

La alta probabilidad de que las mujeres sean capturadas por tráfico de drogas en la frontera profundiza la crisis económica de las familias, ya que usualmente estas mujeres son cabeza de hogar. Si una mujer colombiana es puesta en prisión en Ecuador, una familia queda abandonada o en manos de la abuela, quien debe sostener el hogar a partir de ese momento.36 En el caso de los pueblos indígenas, que en su mayoría vive del autoconsumo, como la población ha sido estigmatizada por pertenecer a los grupos armados, los militares no les permiten el desarrollo de la cacería de la que viven estas comunidades.

35 Si bien es cierto el monocultivo de coca es una manifestación de ruptura con la producción agrícola convencional de los pequeños productores (que se aproxima a las expresiones producción agrícola modernizadora), las “alternativas” de sustitución de cultivos que se plantearon al campesinado en el Putumayo con el Plan Colombia tampoco fueron verdaderas alternativas de generación de ingresos para la población.

36 Una vez las madres son llevadas a las cárceles, los niños y las niñas quedan al cuidado de las abuelas, ya que las mujeres en general no cuentan con la presencia y apoyo de los hombres en el hogar. Tanto las abuelas como las hijas han sido madres cabeza de hogar que trabajan y cuidan a sus hijos de manera simultánea. Las abuelas viven en situaciones económicas muy difíciles, pues deben trabajar para mantenerse ellas y sus nietos, para obtener el dinero que necesitan sus hijas para sobrevivir en la cárcel, y para pagar abogados privados. Un abogado privado en Ecuador puede llegar a cobrar entre 800 y 1000 dólares.

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La estigmatización de la población colombiana como traficante de droga es también un impedimento para la comercialización en la frontera. Varios habitantes de Puerto Asís mantienen relaciones permanentes comerciales y familiares con Ecuador, por lo que deben cruzar productos con regularidad. La población denuncia que el Convenio de Esmeraldas no se cumple37 y los funcionarios de control fronterizo, junto con los agentes militares de ambos lados del Puente Internacional de San Miguel, cobran dinero de manera ilegal, coimas, para pasar la mercancía. De esta manera, la rentabilidad del comercio disminuye por los pagos extras que deben realizarse.

Ante las críticas condiciones económicas y las pocas opciones para la generación de ingresos, la población, en especial las mujeres, ha creado organizaciones de economía solidaria en la que construyen no solamente redes de apoyo económico, sino también tejido social. En estas asociaciones de tipo comunitario, además de realizar intercambios de alimentos y comercializar artesanías, se trabaja con un enfoque sicosocial para superar las funestas experiencias del conflicto armado.

Contaminación petrolera. Puerto Asís. Junio, 2014.

Crédito: Camila Espitia, Codhes.

37 El Convenio de Esmeraldas, suscrito por Colombia y Ecuador desde 1990, tiene como finalidad regular el tránsito y transporte de personas, vehículos, embarcaciones fluviales y marítimas, aeronaves y carga entre los dos países, en el ámbito transfronterizo y binacional.

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Generación de ingresos en Lago Agrio Los colombianos en Lago Agrio se dedican más que todo a dos actividades: comercio y agricultura. En general, los nacionales son considerados muy buenos trabajadores y son reconocidos por su dedicación, eficiencia y emprendimiento; así pues, son requeridos para todo tipo de trabajos intensivos en mano de obra, como lo es la agricultura.

En Sucumbíos se concentra la población colombiana más pobre, ocupada principalmente en la agricultura, mientras que en Guayas y Pichincha se encuentra la población con índices más altos de instrucción y predomina la inserción en el comercio formal e informal (Cepal, 2009). Según la Federación de Mujeres de Sucumbíos, la población refugiada más pobre sienta su residencia en Lago Agrio por falta de recursos para movilizarse a otra provincia de Ecuador (Codhes, 2012).

En las actividades comerciales, la población colombiana se dedica a las ventas informales, abre negocios y es contratada para trabajar en restaurantes de comida. Los colombianos se ubican en los espacios de mercado, feria y comercio callejero, que les permiten además de generar ingresos, integrarse localmente haciendo menos visible, de cierta manera, la condición de refugiados.

Un ejemplo del impacto de la labor comercial de los colombianos en el sector de la alimentación, es el aporte a la dieta de los ecuatorianos con algunos de sus productos típicos, como lo son las arepas o los locales de panaderías.

Otra de las actividades que son fuente de ingresos para los migrantes es el sistema de prestamistas, denominado en Colombia “el gota a gota”. Con este sistema, se presta un monto de dinero, cuyo cobro de intereses es diario y puede alcanzar el cinco por ciento. Lo más crítico de este sistema radica en las amenazas, extorsiones, chantajes e incluso asesinatos que sufren quienes piden los préstamos al no realizar los pagos a tiempo.

En el sector comercial, a pesar de las dificultades que existen para contratar colombianos debido a la estigmatización, tanto las mujeres como los hombres son considerados hábiles para las ventas. Por esta razón, existe cierta sensación de que los ecuatorianos son reemplazados en este sector por los colombianos. Esto también ocurre debido a que la población migrante trabaja por salarios menores, situación ‘favorable’ para los dueños de las empresas.

En el asunto de la contratación es importante señalar que la falta de documentación conduce a que los empleadores no realicen un contrato en el sentido formal, y paguen remuneraciones menores que a los ecuatorianos y sometan a los colombianos a jornadas laborales extenuantes.

En la medida en que la mayoría de los colombianos que llega a Ecuador tiene experiencia en la agricultura y la pesca, tiende a desempeñar labores similares en ese país, especialmente en palmicultoras y cultivos de mora, café, coca y marihuana.

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Ahora bien, no todos los colombianos se dedican a labores legales. Algunos de ellos, incluso reconocidos bajo el estatuto de refugiado, hacen parte de redes criminales que operan solo en Lago Agrio o que se conectan con redes transnacionales. Es así como se han identificado colombianos involucrados en trata y tráfico de personas, narcotráfico y tráfico de armamentos para los grupos armados de Colombia.

En el eje amazónico, al sur de la región amazónica de Ecuador, específicamente en la provincia de Zamora Chinchipe, se han asentado más de mil colombianos para ejercer la minería. La gran mayoría de ellos ha llegado a Ecuador no por el eje Putumayo-Sucumbíos, sino por el paso Tumaco-San Lorenzo, y de allí se han dirigido hacia Tulcán, luego hasta Nueva Loja y finalmente a la ciudad de Yantzaza. La mayoría de los migrantes que llega a esta ciudad está compuesta por afrocolombianos con experiencia en la explotación minera de oro. Una vez llegan a la ciudad, a los colombianos se les permite trabajar en sus oficios y se encuentran con un entorno de minería ilegal, articulada al narcotráfico y respaldada por paramilitarismo que domina estas actividades en la zona.

En la actualidad, Lago Agrio le apuesta a la industria del turismo como una alternativa para generar ingresos en la ciudad, a través de inversión en espacios para el ecoturismo. Una de las propuestas transfronterizas más novedosas es la creación de la ruta del agua.

La diferencia entre del promedio de desempleo de la población originaria en la provincia de Sucumbíos de 1,6 por ciento es sustancialmente diferente frente a la tasa de desempleo de los colombianos en Lago Agrio de 9,5 por ciento (Benavides, 2013). Esto se debe a que en momentos de recesión económica quienes primero son despedidos de las empresas son los colombianos, sobre todo los indocumentados.

Así las cosas, se puede afirmar que si bien hay rasgos de integración local de la población colombiana migrante forzada por el conflicto armado, las difíciles condiciones para la generación de ingresos evidencian la continuidad

en la desprotección del derecho al empleo en la ciudad de Lago Agrio.

2.3.5. Análisis comparado seguridad Seguridad en Puerto Asís Las condiciones de inseguridad son múltiples en el municipio de Puerto Asís. La población vive, en su mayoría, con zozobra e intranquilidad y se percibe en la ciudadanía una sensación generalizada de desconfianza.

La inseguridad se produce a partir de la acción de los actores armados legales e ilegales, así como por la presencia de redes criminales de tráfico de drogas, microtráfico y trata y tráfico de personas. Uno de los elementos de intimidación empleados por los grupos armados en Puerto Asís son los panfletos de limpieza social o manuales de convivencia, mencionados anteriormente, que circulan en las zonas rural y urbana.

La utilización de minas antipersonal como estrategia de guerra ha provocado que la población esté insegura al circular por los campos, especialmente por aquellas zonas donde se tiene conocimiento que años atrás fueron sembradas las minas. Es recurrente la explosión accidental de minas en zonas cercanas a casas e incluso a escuelas. La angustia frente a estos artefactos es tal, que los habitantes aseguran que niños y niñas ya no pueden salir a jugar libremente.

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Por otro lado, tanto en la zona rural como en la urbana los grupos armados continúan reclutando forzosamente a personas menores de edad y a adultos. En el caso de los NNA, las familias se ven obligadas a dejar que sus hijos inicien la vida armada o, de lo contrario, deben abandonar sus tierras. En cuanto a los adultos, se conocen casos de hombres que aún teniendo fuentes de ingresos suficientes para vivir, son reclutados mediante amenazas por los grupos armados.

La labor de las Fuerzas Armadas en Puerto Asís no ha conseguido la protección de la población. Al contrario, ciertas acciones, como los bombardeos indiscriminados, han provocado que la ciudadanía exprese cierta desconfianza hacia los policías y militares. La ubicación de puestos del Ejército en las comunidades y carreteras genera sensación de angustia en la población, de tal manera que consideran, en algunos casos, que este solo hace presencia para cuidar a las petroleras y no a la población. En las zonas donde predomina la presencia de los grupos armados, la entrada de las fuerzas armadas genera mayor afectación a la población, pues según denuncian los habitantes, algunos integrantes del Ejército cometen abusos contra la población y sus prácticas la someten al confinamiento.

Debido a la estigmatización que sufren los colombianos por el tráfico de drogas, habitantes de Puerto Asís y municipios cercanos señalan que hay inseguridad al cruzar la frontera, pues en varias ocasiones la población inocente es acusada injustamente de este delito.

Asimismo, la población colombiana que habita en la frontera asegura ser perseguida y atacada por miembros del Ejército ecuatoriano en territorio colombiano, bajo el argumento de incautar la gasolina ecuatoriana de contrabando.

La crisis económica, el estado de desprotección y la ubicación fronteriza han facilitado la trata de mujeres al Ecuador, y de allí a otros países del mundo. Este ha sido uno de los principales problemas no solo del municipio de Puerto Asís sino de la mayoría de los municipios fronterizos, cuya vigilancia y seguimiento es un reto para ambos Estados.

Es así como la inseguridad se dirige a dos de los actores que trabajan por la población más vulnerable: líderes comunitarios y profesores. La denuncia, la protesta y las propuestas de cambio son anuladas por los grupos armados; la libertad de expresión es una utopía en Puerto Asís, los líderes son permanentemente amenazados, víctimas de desplazamiento forzado e incluso, algunos de ellos, asesinados.

Según la Uariv, en Puerto Asís a causa del conflicto armado 41833 personas han padecido desplazamiento; 7383, homicidio; 1613, amenaza; 1514, desaparición forzada; 500, actos terrorista, atentados, combates, hostigamientos; 232, secuestro; 63, delitos contra la libertad y la integridad sexual; 70 vinculación y reclutamiento forzado de NNA; 182, explosiones de minas antipersonal, munición sin explotar, artefacto explosivo; 49, tortura, y 457, perdida de bienes muebles o inmuebles.

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Gráfica 24.

Hechos victimizantes Puerto Asís

TERRITORIAL PUTUMAYO - PUERTO ASIS

Acto terrorista / Atentados Combates / Hostigamientos Amenaza

13,7%

Desaparición forzada Desplazamiento Homicidio

77,6%

Minas antipersonal / Munición sin explotar / Artefacto explosivo Pérdida de bienes, muebles o inmuebles Secuestro Otro

Fuente: Uariv. Consulta: 7 de octubre de 2015.

Así pues, para pensar en una satisfacción efectiva de los derechos económicos, sociales y culturales en Puerto Asís se requiere de una transformación territorial estructural de las economías ilegales y extractivistas encaminada hacia un modelo de desarrollo rural fronterizo incluyente que no dé lugar a la perpetuación de los grupos armados ilegales.

Seguridad en Lago Agrio La población colombiana en Lago Agrio expresa que la razón principal por la que se encuentra allí y no desea retornar a Colombia es la seguridad que encuentra frente a la amenaza directa que provocó su migración forzada. Sin embargo, durante el trabajo de campo a través de relatos de la población colombiana, se confirmó que en la ciudad ecuatoriana sí hay presencia de actores armados y que, a pesar de que no ejercen un control total en el territorio, allí realizan algunos actos delictivos, entre ellos, la persecución de sus víctimas provenientes de Colombia. En parroquias como General Farfán se denuncian manifestaciones permanentes de inseguridad, como limpieza social, arreglo de cuentas, riñas frecuentes en cantinas, violencia de venganzas y delincuencia.

Las razones por las que los actores armados ilegales hacen presencia en Lago Agrio son múltiples: 1.

Continuar con las acciones delictivas enunciadas, 2. Buscar un sitio de descanso, abastecimiento y 3. Como estrategia para evadir la acción de las Fuerzas Militares o el ajuste de cuentas con otros actores armados.

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Según algunos estudios acerca de la presencia de grupos armados en Ecuador, desde la década de los años noventa hasta la actualidad, las FARC provenientes de Putumayo circulan por Sucumbíos. El accionar de este grupo armado en territorio ecuatoriano estuvo vinculado al principio con las redes de tránsito de armamentos e insumos. Sin embargo, con el paso de los años, la guerrilla instaló campamentos en territorio ecuatoriano y se articuló con el tráfico de drogas y otros delitos.

En Lago Agrio, a finales de la década de 1990, también llegaron los paramilitares desde Colombia, dando paso a enfrentamientos y asesinatos entre los integrantes de las AUC y el Frente 48 de las FARC ubicados en ese país (La Hora, 2002). Este conflicto ha disminuido desde la desmovilización paramilitar del año 2005, sin embargo, actualmente continúan los actos delictivos de GPD, y las capturas de algunos de ellos por parte del Ejército ecuatoriano (El Tiempo, 2013).

La complejidad de la inseguridad en Lago Agrio radica en la articulación de los grupos armados con los narcotraficantes, el crimen organizado nacional y trasnacional y la delincuencia común que operan en la ciudad. A través de estas redes se presentan robos, delincuencia, sicariato, secuestros, vacunas a pequeños comerciantes, bombardeos, trata de adultos y de niñas y niños para la explotación sexual, el reclutamiento forzoso y la mendicidad forzosa.

En el caso de trata, las principales víctimas son los colombianos que habitan allí, por su condición de vulnerabilidad. Lago Agrio se identifica como lugar de origen, tránsito y destino de la trata de personas. En el caso de explotación sexual, llegan víctimas desde Colombia y son enviadas a otras ciudades de Ecuador y luego a otros países. En el caso de reclutamiento forzado de niñas y niños, incluso de nacionalidad ecuatoriana, las capturas se realizan en Lago Agrio y son transportados hasta Colombia (OIM, 2012, p. 3).

Parte de los retos de la institucionalidad estatal consiste en realizar políticas públicas regionales de prevención y protección integral, ya que en el cantón operan redes criminales transnacionales, cuyo accionar no se limita a la frontera colombo-ecuatoriana.

La población más afectada en Lago Agrio por las acciones armadas es aquella que se ubica en las zonas rurales fronterizas cercanas al río San Miguel. Los grupos indígenas binacionales Secoyas, Cofanes y Siona han sido víctimas de bombardeos y desplazamiento forzados; parte de la población de estos pueblos étnicos ha tenido que desplazarse al casco urbano y vivir en condiciones de vulnerabilidad.

La presencia de actores armados ilegales en territorio ecuatoriano, especialmente en las zonas rurales o puertos, ha provocado una situación de inseguridad y temor generalizado en la población, que se profundiza con la militarización de los territorios. La presencia de numerosos militares ecuatorianos en la zona fronteriza no necesariamente se traduce en sensación de tranquilidad y garantías de seguridad. En los últimos veinte años se han presentado algunos casos de falsos positivos por parte del ejército ecuatoriano en donde se acusa colombianos inocentes (incluso se asesinan), asumiendo que son integrantes de actores armados ilegales (Espinosa, 2008, p. 338).

Por otro lado, vale la pena señalar el número significativo de colombianos que habita en las cárceles ecuatorianas. En el caso de Lago Agrio, para el mes de diciembre de 2014 había cerca de 140 colombianos detenidos; según el cónsul de Nueva Loja, mensualmente ingresan entre 15 a 20 ciudadanos de nacionalidad

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colombiana a la cárcel de Lago Agrio. Adicionalmente, parte de los asesinatos que se presentan en Lago Agrio también afectan a colombianos. Por ejemplo, en un solo mes se registraron 20 colombianos asesinados.

Las razones de estos hechos delictivos no son muy claros, sin embargo, se intuye que están relacionados con la presencia de actores armados ilegales y/o articulados a delincuencia común.

Gráfica 25.

Tasa de homicidios Puerto Asís y Lago Agrio, 2010

200

184,4

180 160 140 120 100 80 60

40,3

40 20 0 Puerto Asís

Lago Agrío

Fuente: Elaboración Codhes con datos del Instituto Nacional de Medicina Legal, Fiscalía General del Estado - Política Criminal, Delitoscopio.

La Gráfica 25 refleja los altos niveles de violencia en Puerto Asís, su tasa de homicidios es de 184 personas por cada cien mil habitantes (superior a la de Tumaco), mientras que la de Lago Agrio es de 40 personas por el mismo número de personas. Ambas tasas superan la tasa de homicidios de cada país en 2010, situación que refleja los índices de violencia en la región fronteriza colombo-ecuatoriana del eje amazónico.

Los estudios de caso en Puerto Asís y Lago Agrio permiten observar la responsabilidad compartida de los Estados ecuatoriano y colombiano en lo local, nacional, binacional y regional en la frontera colomboecuatoriana. La caracterización de las condiciones de vivienda, empleo y seguridad reflejan cómo los problemas coyunturales se articulan con el abandono estructural de ambos lados de la frontera dejando en la desprotección los DESC. El estudio cualitativo arroja que a pesar de la existencia de delincuencia común, grupos armado ilegales y organizaciones criminales transnacionales en Lago Agrio, hay cierto grado de tranquilidad en Nueva Loja en comparación con Puerto Asís. La coacción y persecución es menos directa, lo que permite que la población lleve a cabo, dentro de sus posibilidades, un plan de vida.

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En cuanto al goce efectivo de los derechos a la vivienda y el empleo, se identifican varias limitaciones que permiten afirmar la continuidad de la desprotección. En Lago Agrio, a pesar de que las condiciones de inseguridad disminuyen y hay cierto grado de libertad para desarrollar actividades productivas, la pobreza estructural, así como los rasgos de estigmatización y rechazo hacen que finalmente la población colombiana en ese país, de manera general, tenga una calidad de vida precaria.

El desarrollo económico, social y cultural de la ciudad de Puerto Asís y el cantón de Lago Agrio, al estar determinado por la Amazonía, tiene trayectorias similares en donde ha predominado la economía de enclave y el abandono estatal. Una amazonia, pensada desde la explotación que le sirve al centro de un Estado y sobre todo a economías extranjeras, ha dado paso a diferentes formas de violencias en este eje fronterizo. Aunque el conflicto armado Colombia es causante de múltiples formas de violencia en Lago Agrio, han sido las difíciles condiciones sociales, económicas y políticas las que de alguna manera han permitido la reconfiguración de la violencia en el lado ecuatoriano.

Si bien es cierto que la ciudad de Lago Agrio ha permitido que algunos colombianos migrantes forzados se hayan integrado localmente, durante la investigación se evidenció que por distintos factores resulta muy difícil que la población colombiana goce efectivamente de los derechos económicos, sociales y civiles en el lado ecuatoriano del eje amazónico. La discontinuidad en la desprotección es parcial en términos de seguridad pues, como se mencionó anteriormente, hay una reconfiguración de la violencia. En ese sentido, la posibilidad de encontrar paz en el territorio vecino sigue siendo el motivo central por el cual los colombianos continúan migrando forzosamente al Ecuador.

Ante la continuidad de la desprotección de los migrantes forzados en la frontera, dadas las pocas diferencias sociales y económicas entre lado y lado del río San Miguel, se requiere la implementación de políticas públicas integrales que partan de una transformación en la concepción de la frontera como una zona periférica hacia una concepción de región fronteriza. La noción de región fronteriza podría facilitar la integración territorial, sin ignorar la división político-administrativa estatal, y promover el desarrollo alternativo y planes de vida originados desde lo local.

2.4. Organizaciones comunitarias y alternativas de protección 2.4.1. Tumaco - San Lorenzo Ante las graves falencias en implementación de políticas públicas que garanticen vivienda, seguridad y empleo en Tumaco y San Lorenzo, las organizaciones comunitarias han asumido el papel de protección que los Estados son incapaces de ofrecer y se han apropiado del discurso de los derechos sociales para reclamar garantías.

En Tumaco, los consejos comunitarios y organizaciones de base como el Proceso de Comunidades Negras (PCS) se han aliado con la Diócesis de Tumaco y los representantes de las mesas de participación de víctimas, contempladas en la Ley 1448 de 2011, para llevar acabo iniciativas de paz, reconciliación, memoria y apoyo en redes locales para las víctimas de desplazamiento forzado.

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El ya mencionado acuerdo de paz para expulsar a los violentos de los barrios Panamá y Buenos Aires fue gestado desde los jóvenes de la comunidad. La iniciativa se extendió de tal forma en las casas, que los peligros de denunciar se combatieron a partir de compartir la responsabilidad conjunta de configurar territorios de paz en la ciudad. Los miembros de Los Rastrojos tuvieron que partir cuando los habitantes de los barrios mencionados, Panamá y Buenos Aires, no los dejaron regresar después de que se enteraron que se estaban escondiendo en los esteros del puerto.

Asimismo, la diócesis tuvo la iniciativa de construir una casa de la memoria para recordar la vida del puerto antes de la llegada del conflicto armado, en la década de 1990 a Nariño. La casa estaba destinada a ser un homenaje a quienes han sido víctimas de la violencia en la actualidad y para proponer vías de construcción de paz hacia el futuro. Fue así como este lugar comenzó autofinanciándose con la participación de personas de la comunidad que habían sufrido alguna victimización, quienes la decoraron, atendían a los visitantes y llevaron fotografías de sus seres queridos afectados por el conflicto armado. Eventualmente, el Centro de Memoria Histórica en Colombia, entidad creada también a partir de la Ley de Víctimas, hizo un aporte a la casa para garantizar su sostenimiento.

La comunidad de Tumaco se resiste a desfallecer frente a la guerra y la violencia y así mismo se comunica con las redes de colombianos en necesidad de protección internacional en San Lorenzo. La Red Fronteriza de Paz, la Organización Internacional de Colombianos Migrantes, la Asociación Caminos de Vida y la Plataforma de Movilidad Humana trabajan desde las bases para mejorar las condiciones de vida de los colombianos residentes en este cantón.

De manera similar a las organizaciones en Tumaco, en el cantón ecuatoriano las redes mencionadas se encargan de asesorar a los solicitantes de refugio en los trámites de documentación, en ubicar a las personas en proyectos productivos locales que involucran a la comunidad y en gestionar terrenos para construir viviendas por fuera de las zonas de riesgo. Los líderes de las organizaciones tienen interlocución con autoridades locales y nacionales y cada vez ganan más espacio en las discusiones de políticas públicas de la provincia de Esmeraldas.

Si bien el trabajo silencioso de las organizaciones sociales –que cada vez se encuentran en más espacios binacionales– no es suficiente para garantizar el goce efectivo de los derechos sociales de las dos poblaciones, ni las aleja de manera contundente del riesgo tradicional de ser líder en Colombia, su ejemplo cuestiona e invita actuar a los Estados. Un modelo de continuidad de la protección de derechos en la frontera debe incluir las iniciativas locales y de base en un diálogo directo con gobiernos locales y planes nacionales. De otro modo es imposible una superación de la vulnerabilidad.

La movilidad en la frontera entre San Lorenzo y Tumaco no describe a personas indefensas que huyen y no construyen nuevos proyectos y diálogos en el flujo de la migración. Por el contrario, la participación comunitaria muestra que aquello que el gobierno ecuatoriano llama movilidad humana cobra sentido en las propuestas de satisfacción de derechos sociales que las víctimas de migración forzada formulan en redes dinámicas en contextos de frontera.

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2.4.2. Ipiales-Tulcán El municipio de Ipiales tiene una capacidad organizativa y de movilización impulsada, en los últimos años, por la población de la vereda de Jardines en Sucumbíos. Como reacción al abandono Estatal y a las graves afectaciones ocasionadas por la explotación petrolera y la fumigación con glifosato de los cultivos ilícitos, la población se ha movilizado, logrando reactivar la atención tanto del departamento de Nariño como del de Putumayo. Esto ha derivado en algunos cambios en términos de infraestructura vial y en la planta de profesores de las escuelas (Ávila, 2014, p. 88).

Los pueblos indígenas de Ipiales, asimismo, se han movilizado históricamente en diferentes oportunidades.

De ellos, se destaca el movimiento de resistencia frente a la firma de los tratados de libre comercio. En Ipiales, además, los transportadores de carga también han sido protagonistas de la movilización social frente a las restricciones en el comercio.

En relación con la capacidad organizativa de la población víctima del conflicto armado, se evidencia cierto grado de conflictividad entre las víctimas y, por lo tanto, la asociación es relativamente débil. La población señala que la participación a través de las mesas municipal y departamental les ha ocasionado ciertas diferencias entre ellos, y que hay una cierta rivalidad por obtener mayor información o ser representante en algunos escenarios.

En Ipiales la población víctima manifiesta su inconformidad con algunos líderes y con sus experiencias de asociación. La población indica que “las asociaciones se llevan los papeles y las firmas para beneficio propio” y hay una sensación generalizada acerca de los beneficios particulares que estas agrupaciones generan a los líderes y no a sus asociados. Por estas razones hay población víctima en Ipiales que afirma que “asociarse es una pérdida de tiempo y plata”.

En ese contexto, vale la pena destacar algunas asociaciones que se han dedicado a gestionar proyectos productivos y expresiones colectivas de construcción de memoria histórica a través de la colaboración y el acompañamiento permanente que desempeña la Pastoral Social en el municipio nariñense. De igual forma está el papel de las organizaciones de mujeres víctimas del conflicto armado en Ipiales en temas de acogida y reconstrucción del tejido social. A través de estas organizaciones, las mujeres se capacitan y se dedican a la reconstrucción colectiva de los proyectos de vida, así como a la gestión de proyectos productivos. Según testimonios de varios de sus integrantes, el pertenecer a este tipo de organizaciones ha incidido positivamente en su capacidad de resistencia.

En Tulcán, gran parte de la población colombiana afirma que su interés y capacidad de asociación no parte de su condición de refugiada, sino que se enfoca en la generación de ingresos para la integración local.

Las organizaciones son mixtas, entre colombianos y ecuatorianos, y tienen como fin generar proyectos productivos y participar para incidir en el territorio de acogida.

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2.4.3. Puerto Asís-Lago Agrio La población de la frontera colombo-ecuatoriana de Putumayo y Sucumbíos ha encontrado en la acción colectiva un mecanismo de resistencia y construcción de plan de vida. A través de organizaciones comunitarias, colectivos, federaciones y alianzas se han desarrollado procesos de coordinación para enfrentar las múltiples problemáticas de la región fronteriza y solventar los vacíos de la ausencia del Estado.

Es preciso destacar el fortalecimiento y la labor de las organizaciones de mujeres en el departamento de Putumayo, como las organizaciones de mayor incidencia en la frontera. Entre las más reconocidas nacional e internacionalmente están la Alianza Departamental de Mujeres de Putumayo “Tejedoras de Vida” y las mujeres de la Ruta Pacífica de Putumayo (quienes han realizado varios encuentros binacionales con la Federación de Mujeres de Sucumbíos). Estas organizaciones con un enfoque feminista, pacifista y antimilitarista han gestado actos de resistencia y trasformación social a partir del empoderamiento de sus pares indígenas, afros, campesinas, víctimas y desplazadas de la frontera.

Por otro lado, la población de la región ha reaccionado especialmente frente a las petroleras y sus impactos negativos al ecosistema. Tanto en Lago Agrio como en Puerto Asís se han llevado a cabo paros cívicos para frenar la explotación de pozos petroleros y la contaminación indiscriminada de la Amazonia. Sin embargo, a varias organizaciones, como a la Asociación Campesina del Sur Oriente del Putumayo (Acsomayo), les han asesinado a sus líderes, intentando así anular todo tipo de expresión y trabajo comunitario.

Uno de los espacios más consolidados por sus más de 15 años de trayectoria es la Red de Emisoras Comunitarias del Putumayo (Cantoyaco). Esta se dedica a fomentar la participación comunitaria, la inclusión social y la construcción de paz en el departamento. La red tiene diez emisoras en todo el departamento que trabajan de manera articulada con las organizaciones sociales de base e iniciativas que surgen en cada uno de los municipios (Cantoyaco, 2014).

Vale la pena destacar la acción comunitaria de los pueblos indígenas a partir de su participación activa en las Juntas de Acción Comunal de las veredas y en las reuniones de los cabildos. Si bien es cierta que su labor está limitada por la falta de capacitación y recursos, estas comunidades cumplen un papel clave en asuntos de información para la población y en el fortalecimiento de usos y costumbres. En el caso del pueblo Cofán, en 2010 se formuló un Plan de Salvaguarda Indígena de manera coordinada con el Ministerio del Interior, la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) y los Consejos Regionales Indígenas.

El Plan Salvaguarda identificó como principal problema, desde el punto de vista del territorio, la intervención económica, en su espacio vital, de empresas petroleras y agentes privados, estatales y gubernamentales (Piña, 2012, p. 65). Dentro de las posibilidades de acción frente a las múltiples problemáticas existentes, los pueblos indígenas le apuestan a la construcción y al fortalecimiento de sus planes de vida como mecanismo de resistencia frente a las lógicas externas que los afectan. Esto lo consiguen a través de la formulación de unas directrices encaminadas a una vida sostenible en su territorio y a la exigibilidad de sus derechos.

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En Lago Agrio, vale la pena resaltar que las asociaciones de población migrante colombiana son pieza clave en la reconstrucción del tejido social luego de los actos violentos del conflicto armado. Además de contribuir a encontrar rutas para acceder a oportunidades de empleo, son parte importante en el proceso sicosocial de la construcción de un nuevo plan de vida.

El trabajo comunitario de los colombianos en este cantón ha sido fundamental no solo para la acogida a los otros colombianos sino para la integración local con los ecuatorianos. Estas organizaciones además de ayudar con alimentos y vivienda a otros colombianos, en algunos casos han redistribuido de los auxilios que han recibido como refugiados para entregar parte de estos a ecuatorianos que viven en condiciones similares de pobreza y exclusión social.

Así las cosas, las organizaciones sociales fronterizas de base se han posicionado no solo como un espacio de ayuda inmediata, sino como escenarios de diálogo y construcción social, política y económica de largo plazo, cuyo fin es tener incidencia en órganos de decisión Estatal para lograr la integración local de la población colombiana.

2.5. Continuidades de la desprotección con enfoque diferencial La presente sección pretende visibilizar ciertas formas de discriminación38 que se pueden presentar en el contexto de las migraciones forzadas de Colombia hacia Ecuador. De manera particular se dará una mirada a los impactos diferenciados a distintos grupos humanos en la región fronteriza. En las siguientes páginas, por lo tanto, se desarrollará un breve análisis de la satisfacción de los derechos de la frontera colombo-ecuatoriana a partir de un enfoque diferencial teniendo como objetivo conocer la continuidad o discontinuidad de la desprotección de mujeres, grupos étnicos (pueblos indígenas y afrodescendientes) y niñas, niños y adolescentes.

A partir de la trayectoria de las políticas públicas y el desarrollo de las sentencias de la Corte Constitucional39 colombiana en materia de desplazamiento forzado interno a causa del conflicto armado, el enfoque diferencial se ha consolidado como método de análisis y como principio en la formulación, implementación y evaluación de las políticas públicas de población desplazada y víctima del conflicto armado colombiano.

El concepto enfoque diferencial permite, en primer lugar, caracterizar a la población en situación de desplazamiento desde especificidades de género, edad, etnias, discapacidad y orientación sexual, en segundo lugar, identificar los derechos específicos de cada uno de estos grupos, las situaciones de vulnerabilidad y desventaja frente al conjunto de la sociedad y, por último, implementar acciones afirmativas para prevenir, proteger y restablecer sus derechos (Codhes, 2008, p. 8).

38 El presente capítulo no intenta ser exhaustivo. No obstante, sí se toman en consideración algunas problemáticas importantes, dignas de exponer.

39 En la Sentencia T-025 de 2004 de la Corte Constitucional colombiana y en otras sentencias relacionadas con el tema del desplazamiento forzado, la Corte se ha referido a enfoques diferenciales. En la sentencia T-602 de 2013, la Corte ordenó que “la atención a la población desplazada debe basarse en acciones afirmativas y en enfoques diferenciales sensibles al género, la generación, al etnia, la discapacidad y la opción sexual” (Codhes, 2008).

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La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) se ha referido a esta temática justamente con respecto a Colombia señalando el concepto de enfoque diferencial de la siguiente manera: El enfoque diferencial tiene un doble significado: es a la vez un método de análisis y una guía para la acción.

En el primer caso, emplea una lectura de la realidad que pretende hacer visibles las formas de discriminación contra aquellos grupos o pobladores considerados diferentes por una mayoría o por un grupo hegemónico.

En el segundo caso, toma en cuenta dicho análisis para brindar adecuada atención y protección de los derechos de la población (Oacnudh, s.f.).

El enfoque diferencial es un concepto dual que permite, según el Alto Comisionado (2014): • Visibilizar el recrudecimiento de la violencia y violación de los derechos humanos en forma sistemática a poblaciones y grupos considerados histórica y culturalmente con criterios discriminatorios.

• Evidenciar la ausencia de políticas públicas con enfoque de derechos.

• Señalar las dificultades y resistencias para reconocer las asimetrías, desigualdades, vulnerabilidad y necesidades de las poblaciones consideradas como diferentes.

• Mostrar la invisibilización y visión limitada sobre las características de dichas poblaciones.

Cuando se aplica el enfoque diferencial en las políticas públicas, se: • Actúa sobre el efecto y despropósito que la violencia y la desigualdad tiene entre algunos grupos, puesto que permite dar una respuesta integral que consulte sus necesidades particulares.

• Permite reconocer las múltiples vulnerabilidades, discriminaciones que niños y niñas, mujeres, indígenas, afrodescendientes, personas privadas de libertad, personas en ejercicio de la prostitución, personas Lgbti, habitantes de la calle, enfrentan.

• Facilita el desarrollo de programas que permitan entender las características, problemáticas, necesidades, intereses e interpretaciones particulares que tengan las poblaciones y que redunden en una adecuación de las de las modalidades de atención a los mismos permitiendo la integralidad de la respuesta estatal (Oacnudh, 2014).

Además, cabe mencionar, como indican Montealegre y Urrego (2011) que el enfoque de género y etnia son el resultado de reflexiones teóricas y prácticas políticas de los últimos 20 años. Los autores indican que dichos enfoques son el fruto de corrientes de pensamiento constructivistas, postcoloniales y feministas, y de movimientos sociales de mujeres; Lesbianas, Gais, Bisexuales, Transexuales e Intersexuales (Lgbti40); indígenas; afrodescendientes, entre otros:

40 En algunos casos se hará referencia a la población Lgbtti (personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgéneros, intersex y aquellas que no se categorizan como ninguno de estos grupos). Si bien, tanto en Ecuador como en Colombia existen avances normativos relativos con esta comunidad, según Sevilla (2013) las personas con diversa orientación sexual e identidad de género en contextos de migración forzada (ya sea que se hayan desplazado justamente por su condición o por otros motivos), resulta común que pierdan su seguridad y protección también en el país de destino, donde las personas migrantes forzadas Lgbti se sienten incomprendidos o son tratados de manera inaceptable.

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Surge en respuesta a la necesidad de visibilizar y reivindicar la diversidad cultural, social e histórica que fundan especialmente las relaciones de género y etnicidad; proviene también del análisis de las formas de subordinación y exclusión, y de la transformación de las dinámicas de estas relaciones (Montealegre y Urrego, 2010).

El contenido del presente capítulo se muestra como necesario puesto que el abordar las distintas realidades de la diversidad de personas en migración forzada, contribuye a generar políticas públicas y normativas (incluyendo acciones afirmativas) basadas en la inclusión, la diversidad y el respeto al principio de igualdad y no discriminación consagrado en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Por tanto, se ha estimado trascendental que el estudio de las continuidades de la desprotección en relación a las migraciones forzadas y satisfacción de derechos sociales en la frontera entre Colombia y Ecuador, cuente con un breve análisis de la situación de las mujeres, la diversidad étnica y la niñez y adolescencia.

La metodología empleada para el presente capítulo se basó en análisis cualitativo de la información obtenida en entrevistas desarrolladas y trabajos focales en trabajo de campo y a partir de fuentes secundarias que han avanzado en la caracterización de la población en la frontera con enfoque diferencial.

2.6. Enfoque de género con perspectiva de mujeres En los departamentos de la frontera colombo-ecuatoriana, la situación de la mujer está asociada a la tragedia de las mujeres a partir del conflicto armado en Colombia; situación similar a otros departamentos en el interior del país con alta intensidad de la guerra. Sin embargo, hay varias particularidades ligadas a la región de frontera que afectan directamente a las mujeres, a saber: la comercialización legal y no legal; la trata y el tráfico; la crisis socioeconómica y el abandono estatal; el desplazamiento forzado transfronterizo, entre otras.

En los municipios estudiados de los departamentos de Nariño y Putumayo, los actores armados han utilizado a las mujeres como instrumentos de control social y arma para dominar a las poblaciones; sus cuerpos han sido usados para manipular al enemigo, obtener información, castigar a las mujeres o como premio de placer para los vencedores de batallas. Sin embargo, son también las organizaciones de mujeres las que más han aportado al restablecimiento del tejido social, son fuente de resistencia y transformación social. Las mujeres son una fuente de ingresos central en la región fronteriza, son madres cabeza de hogar y muchas de ellas son lideresas, ocupando un lugar central en la participación social y política del país.

El conflicto armado ha sido determinante para la vida de las mujeres en las fronteras. Su presencia histórica ha configurado los hogares, las familias, la sociedad y, por tanto, el rol que han desempeñado las mujeres a causa de este. Las niñas y niños generalmente crecen un contexto de conflicto armado, algunos son huérfanos y otros crecen únicamente con la madre como cabeza del hogar. Las parejas de las mujeres pocas veces están en el hogar, muchos de los hombres se van a la guerra. En los grupos focales de mujeres, la mayoría había perdido a su marido (viudas) y era, a la vez, la única fuente de ingresos en sus familias.

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Además de ello, la violencia sexual en Putumayo y Nariño ha sido una expresión de fuerza y poder de los grupos armados ilegales, especialmente de los paramilitares, según se documentó en las entrevistas realizadas. En los periodos de dominación territorial de los actores armados ilegales, se presentan abusos sexuales a niñas, adolescentes y adultas. Las mujeres han sido convertidas en objetos por los actores armados y la relación que se establece con ellas es de posesión. Los integrantes de los grupos armados son quienes escogen a la o las mujeres con quien(es) quieren estar y el tipo de relación –abuso sexual– que desean con ellas.

Ahora bien, definir el tipo de relaciones entre mujeres y actores ilegales en un contexto armado es complejo, ya que se identifican casos en donde las mujeres son también quienes desean tener una relación sentimental y/o sexual con los integrantes de los actores armados. La mayor dificultad radica en las consecuencias de estas relaciones sentimentales, que derivan en graves violaciones a sus derechos. La Corte Constitucional colombiana en el Auto 092 de 2008 señaló que: uno de los principales riesgos que afrontan las mujeres indígenas y afrocolombianas en el marco del conflicto armado se deriva de su utilización por parte de los actores armados mediante el “enamoramiento”, que genera a su vez retaliaciones y señalamientos por parte de los miembros de los bandos contrarios, generalmente acompañados de graves incidentes de violencia sexual (Corte Constitucional, 2008).

La violencia contra las mujeres a causa de la guerra es una realidad que transcurre en estos momentos de violencia.

La relación entre violencia sexual y arreglos de género tiene tres facetas estrechamente relacionadas entre sí: (i) define las relaciones de cercanía o distancia entre mujeres y actores armados; (ii) contribuye a aumentar o disminuir el valor instrumental de la violencia sexual para alcanzar objetivos miliares dentro de las lógicas del conflicto; (iii) y favorece que las mujeres guarden silencio sobre su experiencia como víctimas de violencia sexual (Codhes, 2009).

En los grupos focales realizados en el Putumayo se identificaron casos en los que una mujer que es considerada “atractiva físicamente” es motivo de enfrentamiento entre comandantes de dos grupos armados, hasta tal punto que se materializa la persecución y la amenaza para quedarse con ella. Esta tragedia se transforma ya sea en coacción de la mujer o en la huida, desplazamiento forzado, de la región (ya sea para el interior del país o para Ecuador).

En estos escenarios, el papel de las organizaciones de mujeres es fundamental para la resistencia de sus pares en los territorios. Además de ser una red en la que diseñan y llevan a cabo estrategias de supervivencia (por ejemplo ayudando a las mujeres perseguidas a denunciar o salir de la región), estos se convierten en espacios idóneos para compartir las tragedias, sanar las tristezas y motivarse para transformar su entorno. Las organizaciones de mujeres del Putumayo, por ejemplo, se conciben como “transformadoras de la guerra en expresiones de una vida diferente”, en palabras de una lideresa de la Alianza Departamental de Mujeres de Putumayo, Tejedoras de vida.

En el caso de las mujeres indígenas, ellas aseguran que ante la crisis económica y las dificultades de continuar con sus tradiciones ancestrales para vivir, ellas han sido quienes a través de organizaciones o grupos de mujeres han tomado las riendas de sus hogares, haciendo artesanías y vendiéndolas para el sustento de sus hijos y parejas.

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En los grupos focales, las mujeres expresan su afectación a partir de la trayectoria de sus hijos en medio del conflicto armado. Las mujeres denuncian el reclutamiento de personas menores de edad y mencionan que la cultura armada induce a niños y niñas a participar en la guerra, ya sea como militares o con otro grupo armado. Las mujeres denuncian que sus hijos han sido reclutados, asesinados o que están en la cárcel injustamente. Un testimonio recopilado por el portal periodístico Verdad Abierta con mujeres en Puerto Colón narra: “A mí me han matado los hijos. Solo uno que le ha pasado sabe cómo es eso, porque es muy duro. Uno siempre le duele, en todas partes… Es una cosa muy dura” (Verdad Abierta, 2013).

La Corte Constitucional Colombiana reconoció precisamente en el Auto 092 de 2008 que las mujeres están expuestas a factores de vulnerabilidad por causa de su condición femenina en medio de la confrontación armada interna en Colombia, y que dicha exposición implica, de paso, un impacto desproporcionado del desplazamiento forzado.41 En Colombia el desplazamiento afecta mayoritariamente a las mujeres y, entre estas, a aquellas campesinas y pertenecientes a grupos étnicos, e cuyos contextos existe una división tradicional de roles entre géneros y una naturalización de diferentes manifestaciones de violencias contra las mujeres tanto en la esfera privada como pública (Codhes, 2008).

En el caso de los departamentos de frontera, si bien dicho desplazamiento se presenta dentro del territorio nacional (por ejemplo de Putumayo a Nariño y viceversa), también se presenta hacia Ecuador, configurando un desplazamiento forzado transfronterizo que provoca diferentes rupturas y nuevas violencias por tratarse de un nuevo Estado-nación, con un alto grado de estigmatización hacia las mujeres colombianas.

2.6.1. Las mujeres de Puerto Colón Un caso particular que revela las críticas condiciones socioeconómicas y las consecuencias de la guerra en la vida de las mujeres en territorio de frontera es el caso de Puerto Colón, corregimiento del municipio de San Miguel frontera con Ecuador en Putumayo. Este corregimiento se ha caracterizado por: los continuos episodios de violencia puesto que ha sufrido más de cien hostigamientos o tomas guerrilleras.

Muy diferentes actores del conflicto armado han hecho presencia: desde las FARC y el ELN, pasando por los Combos, los Macetos y los paramilitares, hasta la presencia de la policía, el ejército y la armada (Verdad Abierta, 2013).

41 Según la Corte Constitucional en su Auto 092 de 2008, estos riesgos son: 1. De violencia sexual, explotación sexual o abuso sexual en el marco del conflicto armado; 2. De explotación o esclavización para ejercer labores domésticas y roles considerados femeninos en una sociedad con rasgos patriarcales, por parte de los actores armados ilegales; 3. De reclutamiento forzado de sus hijos e hijas por los actores armados al margen de la ley, o de otro tipo de amenazas contra ellos, que se hace más grave cuando la mujer es cabeza de familia; 4. Los derivados del contacto o de las relaciones familiares o personales –voluntarias, accidentales o presuntas– con los integrantes de alguno de los grupos armados ilegales que operan en el país o con miembros de la Fuerza Pública; 5. Los derivados de su pertenencia a organizaciones sociales, comunitarias o políticas de mujeres, o de sus labores de liderazgo y promoción de los derechos humanos en zonas afectadas por el conflicto armado; 6. De persecución y asesinato por las estrategias de control coercitivo del comportamiento público y privado de las personas que implementan los grupos armados ilegales en extensas áreas del territorio nacional; 7. Por el asesinato o desaparición de su proveedor económico o por la desintegración de sus grupos familiares y de sus redes de apoyo material y social; 8. De ser despojadas de sus tierras y su patrimonio con mayor facilidad por los actores armados ilegales dada su posición histórica ante la propiedad, especialmente las propiedades inmuebles rurales; 9. Los derivados de la condición de discriminación y vulnerabilidad acentuada de las mujeres indígenas y afrodescendientes; y 10. Por la pérdida o ausencia de su compañero o proveedor económico durante el proceso de desplazamiento.

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Una de las problemáticas más graves para este corregimiento es la privación de la libertad de las mujeres en Ecuador, generalmente por tráfico de drogas. Las pocas fuentes de ingreso en la frontera para las mujeres y el papel tendencial a ser madres cabeza de hogar, son factores que influyen para que las mujeres de este corregimiento tomen el riesgo de traficar drogas, aun conociendo las fatales consecuencias en caso de ser descubiertas.

Las críticas condiciones de las mujeres en este contexto son tan solo una parte de la tragedia social del corregimiento, en el que niños, niñas y abuelas quedan totalmente desamparados. Una vez las madres son llevadas a las cárceles, sus hijos quedan al cuidado de las abuelas, ya que las mujeres de Puerto Colón en la mayoría de los casos no ha contado con la presencia y apoyo de los hombres. La mayoría de los hombres de este corregimiento no ve crecer a sus hijos y se dedica a trabajos no formales. Las narrativas de las abuelas de Puerto Colón indican que los hombres nunca están, muchos de ellos se han ido a la guerra. Tanto las abuelas como las hijas han sido madres cabeza de hogar, son mujeres que trabajan y cuidan a sus hijos de manera simultánea.

Niños y niñas de este corregimiento putumayense, hijos algunos de las madres en prisión en Ecuador o Colombia, son cuidados por sus abuelas, quienes, en la mayoría de los casos, son mayores de edad o tienen enfermedades terminales. Es tal el abandono de las personas menores de edad, que varias niñas y niños son puestos a disposición del ICBF para su protección.

Las abuelas de Puerto Colón viven en situaciones económicas precarias: deben trabajar para mantenerse a ellas mismas, a los hijos de sus hijas y para obtener el dinero que necesitan sus hijas para sobrevivir en la cárcel. Una hija en la cárcel implica un sobrecosto muy alto, como se mencionó en la sección Generación de ingresos de Puerto Asís, porque además de tener que enviarle dinero para su sostenimiento, deben pagar abogados privados que les cobran entre 800 y 1000 dólares, con tan mala suerte que muchos de estos abogados nunca terminan un caso y, en varias ocasiones, se roban el dinero. Las mujeres de Puerto Colón solicitan ayuda jurídica que ayude a la reducción de penas por tráfico de drogas. La prisión para ellas, que cumplen un rol central en la crianza de los hijos, conlleva a una ruptura familiar y a una tragedia social del corregimiento.42 “No pedimos que no se les juzgue, pero sí que las dejen estar cerca de sus hijos”, señala una de las abuelas de Puerto Colón.

Las mujeres señalan que antes, con el auge de la coca, ellas vivían muy felices pero que hoy la situación es crítica, más que todo para los jóvenes. La juventud de Puerto Colón es inducida a cometer delitos que no se reducen al tráfico de drogas, sino que también desarrollan actividades como el tráfico de armas o sirven de “cargueros”.

En resumen, Puerto Colón es la revelación de la tragedia comunitaria que crea el conflicto armado colombiano en la frontera, determinado a su vez por los pasos fronterizos de tráfico ilegal, la crisis socioeconómica y la ausencia de un Estado social de derecho. La descomposición de las relaciones de pareja, familias, amistades, la permanente violación de derechos humanos y la violencia sexual recaen de manera particular en las mujeres y niñas y niños.

42 Según indican testimonios de varias mujeres de Puerto Colón, en relación con la repatriación de las colombianas, esta puede llegar a ser una alternativa poco favorable al considerar que las cárceles en Colombia quedan más lejos que las de Ecuador y, adicionalmente, se dañaría el expediente judicial en Colombia.

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2.6.2. Las mujeres de El Placer El Placer es un centro urbano del municipio del Valle del Guamuez en Putumayo que limita con la ciudad de Puerto Asís y Ecuador. Este centro sufrió el dominio territorial paramilitar, por parte del Bloque Sur de Putumayo, desde 1999 hasta 2006, año de su desmovilización colectiva.

Una investigación realizada por el CNMH revela la permanente violencia hacia las mujeres en este casco urbano. Los tipos de violencias, las diferentes trayectorias en la vida de las mujeres y los procesos de resistencia en El Placer son particulares de este escenario.

Las mujeres narran el permanente y sistemático abuso sexual hacia ellas e incluso hacia las personas menores de edad. Algunas niñas eran retenidas al salir de los centros educativos y eran manipuladas por parte de los paramilitares, quienes las amenazaban con asesinar a los familiares si no accedían a los abusos sexuales. Otras mujeres eran secuestradas y esclavizadas en casas, en las que debían aceptar todas las órdenes de los paramilitares o, de lo contrario, sus familias o ellas mismas eran torturadas y asesinadas.

La prostitución en el centro urbano aumentó y las mujeres que se dedicaban a esta labor eran víctimas de castigos, amenazas, desapariciones, humillaciones públicas, torturas y asesinatos, al ser señaladas como portadoras de enfermedades de transmisión sexual.

Las mujeres manifiestan en sus testimonios que ante la presencia permanente de los paramilitares en la región, algunas se sentían atraídas por mantener relaciones interpersonales con algunos de sus integrantes.

Sin embargo, luego estas derivaban en violencia sexual, maltrato físico y psicológico así como en rechazo familiar y social por haber mantenido algún vínculo con el actor armado.

A partir de la reconstrucción de la memoria de El Placer, presentada por el CNMH, se concluye que las mujeres y sus cuerpos fueron instrumentalizados para la guerra por parte de los paramilitares y que, a su vez, fueron protección y resistencia para las familias. En el caso del municipio, las mujeres manifiestan que luego del abuso sexual, varias fueron rechazadas por parte de sus parejas sentimentales, familiares, amigos y entorno social en general. La afectación sicosocial es de los daños más graves que perviven.

2.6.3. Las mujeres colombianas en territorio ecuatoriano La situación de las mujeres colombianas que cruzan la frontera resulta alarmante cuando se evidencia que, en este tipo de desplazamiento, los riesgos que se corren normalmente suelen incrementarse. Las brechas de género en relación al ejercicio de los derechos humanos y las dobles o triples vulnerabilidades que se verifican,43 ponen en evidencia la importancia de considerar las particularidades del sexo femenino, así como desagregar a la diversidad de mujeres para evitar las generalizaciones.

En el caso de las mujeres y las niñas […] hay evidencias de que su condición de género las convierte en personas con una situación de alta vulnerabilidad, tanto en las zonas de conflicto como cuando salen desplazadas y en el nuevo destino donde se han refugiado. En todo este proceso, las mujeres por su condición

43 Aparte de ser mujeres son de diferente etnia, grupo etario, condición sexo-genérica u orientación sexual o sufren de alguna discapacidad.

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de género se exponen y viven más riesgos, discriminaciones y violaciones de sus derechos fundamentales.

Por eso, la guerra ha marcado sus cuerpos y sus vidas: les ha quitado la libertad y la tranquilidad, ha significado violencia contra sus cuerpos, pérdidas afectivas y económicas, ha acentuado la pobreza, ha roto sus vínculos familiares y el tejido social con que contaban y, por último, las ha obligado a abandonar su país y a convertirse en refugiadas o en inmigrantes irregulares expuestas a nuevas amenazas (Camacho, 2005).

Para la mayoría de mujeres, ser jefas de familia parece un común denominador. Ellas no son cabezas de hogar solamente por la dinámica, en algunos casos, desde el sexo masculino de no asumir sus responsabilidades como padres, sino que se agregan aquellas propias del conflicto armado en las que los hombres son parte nuclear de la guerra al ser reclutados, asesinados, secuestrados, amenazados o hacer parte de ajustes de cuentas.

Según Camacho (2005), las mujeres colombianas al ser jefas de hogar o madres solteras con hijos son conducidas a “una difícil situación económica, social y emocional, sobre todo, se les dificulta su acceso al trabajo, a la vivienda, limita su movilidad, a la vez que, de forma más marcada, las expone a los riesgos o amenazas que viven todas las mujeres, como sufrir acoso y violencia sexual”. A su vez, señala que más del 90 por ciento de las mujeres en situación de refugio en Ecuador tiene un promedio de 3,5 hijos y que un 17 por ciento de ellas los tiene aún en Colombia (Camacho, 2005) haciéndoles vivir un calvario al pensar en su integridad.

Es así como la migración no se reduce al hecho de cruzar de un territorio a otro. Anzaldúa (1993) la de un proceso cultural, de género, social, familiar, inclusive de índole idiomática, que da a conocer que las fronteras son muchas más allá de una movilización. La autora las denomina como “identidades fronterizas”, término que se refiere a aquellas mujeres que viven en el cruce de fronteras de aspecto cultural, geográfico, social (género, etnias, de clase y sexuales) (Zeballos, et. al, 2013). El papel que juega la mujer en la frontera va mucho más allá de un convivencia diaria. Muchas tienen un doble rol, de ser madre y cabeza de hogar, además oscilan entre empleos irregulares, bajo salarios económicos, vulnerabilidad a violaciones o tentativa de las mismas, mientras observan cómo las autoridades sin indiferentes. Además, como señalan Gay y del Vecchio (2004), en situaciones de refugio, las mujeres continúan teniendo hijos, la violencia sexual o basada en género aumenta y el VIH prospera.

En relación con la proporción de mujeres y hombres de nacionalidad colombiana en los cantones estudiados, no hay diferencia significativa pues en su mayoría son parejas conformadas por hombre y mujer y su respectiva familia quienes se encuentran en esta situación. Según información proporcionada por la base de datos de 2014 de la Dirección de Refugio del Ecuador, vale la pena señalar que de las mujeres que solicitan asilo en Ecuador, la mayoría está entre los 12 y los 17 años de edad; es decir, la mayoría de las mujeres en necesidad de protección internacional está en la niñez y la juventud, por lo que se requieren políticas, programas y proyectos de integración local diferenciados.

Por otra parte, y en relación con las variables de vivienda, generación de ingresos y seguridad abordadas en este estudio (orientadas a analizar la continuidad o discontinuidad de la desprotección para la realización los DESC), a continuación se describe cómo se materializan estos derechos para las mujeres migrantes en Ecuador.

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2.6.4. Vivienda En 2011, Acnur junto con el Centro de Investigaciones sobre Refugiados de la Universidad de New South Wallis en Sídney indicaron que los problemas de vivienda para mujeres y niñas refugiadas44 se relacionan con la falta de agua, seguridad, saneamiento y salubridad. Además, señalan que la xenofobia está presente al momento de alquilar hogares. Este mismo estudio indica: Las mujeres con discapacidad, las mujeres mayores y las personas Lgbtti desplazadas, reportaron particulares problemas en la búsqueda de vivienda segura. Algunas fueron obligadas a trasladarse varias veces a causa de las actitudes negativas de los propietarios y otras personas desplazadas (Acnur, UNSW y Centre for Refugee Research, 2011).

Según datos del INEC, en los tres cantones la mayoría de mujeres colombianas vive en casa o villa, conectadas a la red pública de alcantarillado o a un pozo séptico. En Tulcán, más de mil residencias de mujeres colombianas reciben agua de una red pública45 y eliminan la basura por carro recolector.46 Para finalizar esta sección cabe mencionar que el derecho a una vivienda segura, asequible y accesible no se cumple a cabalidad puesto que, a pesar de que las mujeres colombianas y sus familias tengan un lugar dónde vivir, situaciones como el hacinamiento provocan problemas de salud, falta de privacidad e intimidad, violencia sexual o de género, etc. (Acnur, UNSW y Centre for Refugee Research, 2011).

2.6.5. Generación de ingresos Ya desde mediados de los años 1990 se analizaba la migración económica y las migraciones mixtas de las mujeres y cómo algunas de ellas se trasladaban, por ejemplo, a la provincia del Carchi, por un tema económico-ocupacional. Entre las causas principales de la migración desde las zonas rurales se daba por falta de trabajo en el sector de la ganadería o industria láctea. En ese tiempo, también se veía una fuerte migración juvenil femenina que iba a Ecuador a trabajar como empleadas domésticas (Guerrero, Rodríguez y Molina, 1995).

Además, señalan Guerrero, Rodríguez y Molina (1995) que había un alto porcentaje de mujeres solas o jefas de hogar que cruzaba la frontera para buscar mejores posibilidades de vida. Según la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, citada en el mismo estudio, en esa década también se trasladaron, en un mayor porcentaje (24,5 por ciento), más personas de Colombia por su situación económica a la provincia de Esmeraldas (especialmente a San Lorenzo), entre estas, un 51 por ciento estaba integrado por mujeres de todas las edades, mayormente entre el uno y los 24 años (Guerrero, Rodríguez y Molina, 1995).

En el caso de las mujeres víctimas del conflicto armado colombiano, un estudio de Flacso-Ecuador y Acnur (2013) mostró datos importantes de las condiciones socio-económicas de refugiados en Ecuador. Así, de 420 familias refugiadas analizadas en Esmeraldas, Ibarra y Lago Agrio, las mujeres para 2012 estaban vinculadas 44 El Centro realizó entrevistas a mujeres y niñas de Colombia, India, Jordania, Uganda, Zambia, Tailandia y Finlandia.

45 La mayor parte del agua recibida en las viviendas de Tulcán viene de la red pública o de un río, vertiente, acequia o canal. En San Lorenzo, esta proviene de la red pública y del pozo. En Lago Agrio viene mayormente del pozo y luego de la red pública.

46 La eliminación de basura en los tres cantones se da, mayormente, por carro recolector o por su quema.

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al comercio informal (24 por ciento), como empleadas domésticas (19 por ciento) o se dedicaban a los quehaceres domésticos (19 por ciento), entre otros. Estos porcentajes distan de las actividades realizadas por las mujeres en Ecuador, donde aproximadamente el 34 por ciento de ellas tiene un empleo.

De los datos provenientes del INEC, vale la pena resaltar que las mujeres colombianas en gran medida son parte de la población económicamente inactiva (PEI) en los tres cantones. En Tulcán, el 45 por ciento es parte de la población económicamente activa (PEA); en San Lorenzo, el 44 por ciento, y en Lago Agrio, el 39 por ciento. En Tulcán y Lago Agrio, las mujeres colombianas se dedican más al comercio al por mayor y al detal, mientras que en San Lorenzo lo hacen a la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca (INEC, 2010).

En Tulcán y Lago Agrio, las mujeres colombianas se dedican más al comercio al por mayor y menor, mientras que en San Lorenzo, a la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. En Tulcán y Lago Agrio hay más mujeres trabajando por cuenta propia y en San Lorenzo lo hacen como empleadas domésticas. Con respecto a la seguridad social de estas personas, resultan alarmantes las cifras en los tres cantones en relación a la no aportación al seguro social (92,2 por ciento), lo que mantiene en una situación precaria a los colombianos, pero en una mayor proporción a las mujeres (54,4 por ciento).

2.6.6. Tráfico de drogas Un tema común al hablar de la generación de ingresos en el país, se refiere a mujeres colombianas ejerciendo de “mulas”. En este sentido, Torres (2008) señala que en la categoría de mulas si bien hay presencia de personas de países norteamericanos y europeos, los grupos más grandes son los de ecuatorianas y colombianas. La autora presenta los siguientes datos: Gráfica 26.

Tráfico de drogas 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Ecuador

Consumo

Colombia

España

Mula

República Dominicana Tráfico nacional

Brasil

México

Tráfico internacional

Fuente: Elaboración Codhes con datos de Encuesta Flacso-DNRS, 2005 (Torres, 2008).

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Es posible observar que, según la encuesta, para 2005 Ecuador era el país que más problemas tenía relacionados con el tráfico de drogas, pues era el principal consumidor y traficante seguido por Colombia.

Como indica Torres, existe una situación de vulnerabilidad de las personas en la frontera colomboecuatoriana por repercusiones de la política antidrogas (los efectos de las fumigaciones, por ejemplo, dice la autora), así como las ventajas que ofrece la opción del tráfico frente a situaciones socio-económicas muy precarias.

2.6.7. Las mujeres colombianas en las cárceles de Ecuador47 La mayoría de las mujeres colombianas que se encuentran en prisión en Ecuador, denominados Centros de Rehabilitación Social, está por asuntos relacionados con drogas (ya sea por narcotráfico, por consumo o posesión de dosis mínima). Sin embargo, otras mujeres señalaron que se encontraban en la cárcel por diferentes argumentos que tienen como fundamento la profunda discriminación y estigmatización de la mujer colombiana. Un ejemplo de ello era una mujer detenida por el delito de “ocultación de cosas robadas”, quien argumentaba haber sido detenida en un allanamiento de su casa, por no tener las facturas de los electrodomésticos.

Las mujeres colombianas señalaban que la estigmatización es permanente en las ciudades ecuatorianas, pero es aún más contundente en las cárceles. Las mujeres colombianas son vistas como consumidoras y traficantes de drogas dentro de los centros de reclusión, situación que se aleja de la realidad, ya que en varios de los casos las mujeres vieron en algún momento el tránsito de droga como una oportunidad que iban a tomar por primera vez en la vida. Así pues, muchas de las mujeres que se encuentran allí dicen no son ser consumidoras de drogas ni traficantes de oficio.

Otra de las particularidades de las mujeres colombianas en las cárceles de Ecuador es la distancia de sus familiares. La sensación de soledad y abandono de estas mujeres es crítico, pues no cuentan con la posibilidad acceder ni siquiera a elementos mínimos de aseo personal. Las mujeres colombianas que no reciben ayudas de familiares realizan algunas manualidades que son vendidas fuera de la cárcel por un intermediario o, en algunos casos, en las prisiones mixtas ven la prostitución dentro de la cárcel como una salida para obtener recursos.

Según las directoras, los presos tienen acceso libre a un abogado, sin embargo, según lo que las mujeres expresaron, para tener acceso a un representante legal hay que pagar más de 10 dólares para poder comunicarse con él, sin tener garantías a la solución del problema.

Un tema importante es el no acceso a una defensa jurídica efectiva. Las mujeres en prisión tienen derecho a un defensor público que en la mayoría de los casos solo conocen el día del juicio. En caso de querer acceder a un abogado efectivo deben pagar más de dos millones de pesos, sin embargo, en varios casos el abogado desaparece. Las mujeres colombianas señalan que han tenido total abandono por los representantes del consulado, que no los conocen y que desconocen los servicios a los que pueden acceder, como es tener un abogado del consulado colombiano.

47 Este acápite se construyó con un trabajo de campo en tres Centros de Rehabilitación Social en Ecuador: Quito, Ibarra y Lago Agrio.

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Según las colombianas, ellas no tienen igual trato que el resto de los presos, señalan que siempre son juzgadas y castigadas por las guardias, lo que conlleva a la restricción del acceso a cursos o a talleres que les permitan la rebaja de penas. De acuerdo con sus testimonios, ellas no tienen acceso a los talleres de la cárcel, ya sea bajo el argumento de mal comportamiento o por falta de capacidad (cupos) de los talleres.

Por otro lado, las mujeres de Ibarra aseguran que el proceso de repatriación es casi imposible en esa cárcel. Si bien varias tienen los requisitos, el proceso no se ha llevado a cabo. Las mujeres colombianas tienen un profundo desconocimiento de los marcos jurídicos a los que pueden acceder y por lo tanto de la posible defensa de sus derechos.

Otra situación que se presenta es la penalidad por comportamiento que les suma un año más de prisión.

En un grupo focal se identificó el caso de una colombiana que era adicta al consumo de drogas y que había sido condenada por dosis personal. Esta mujer ya había cumplido su pena pero por ser adicta a las drogas los castigos la obligaban a permanecer aún en la cárcel.

Otra de las problemáticas que se evidencian alrededor de las prisioneras colombianas en Ecuador es que ante la ausencia de familiares, ellas dejan a sus hijos en el abandono. Según las normas del sistema penitenciario, ellas tienen derecho de tener a sus hijos en la cárcel hasta los tres años y luego tienen que salir del Centro.

Una de las ventajas con las que cuenta el centro penitenciario en Quito es la guardería para niños y niñas, hijos de las presas. Allí los niños son cuidados hasta que la madre sale de prisión. Según la directora de la guardería, hay una situación paradójica pues a pesar de que es deseable que las madres salgan de prisión, el futuro de los niños y las niñas es incierto después de que la madre cumple su pena, ya que existe alta probabilidad de que habiten en entornos de pobreza, conflicto y delincuencia.

La situación jurídica de los presos en Ecuador se modificó a partir de la tabla de cargamento de droga y las correspondientes penas, que entraron en vigencia en agosto de 2014. El nuevo código incluye parámetros de proporcionalidad, diferente a lo que sucedía antes, donde las penas eran desproporcionadas. En caso del centro penitenciario de Quito, el diez por ciento está compuesto por mujeres colombianas. Hay 738 mujeres en total, de las cuales 74 son colombianas, y, de ellas, el 90 por ciento está detenida por tráfico de estupefacientes. En Ibarra, se encuentran privados de la libertad 75 colombianos, 15 mujeres y 60 hombres. Siete mujeres se encuentran sentenciadas y ocho procesadas, en este universo, diez, que equivale al 66 por ciento, se encuentran por cargos relacionados con tráfico de estupefacientes.

2.6.8. Trabajo sexual La Red de Trabajadoras Sexuales de Ecuador en 2009 y 2011, en un esfuerzo de analizar el motivo del traslado de las mujeres colombianas que están en el trabajo sexual, muestran que en Carchi, Esmeraldas y Sucumbíos la mayoría llegó por causa del conflicto armado y la necesidad de generación de ingresos.

Dicha situación revela las trágicas consecuencias del conflicto armado que afectan de manera diferenciada a las mujeres colombianas y que adquieren diferentes dimensiones a partir de las migraciones forzadas transfronterizas.

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Gráfica 27.

Razón de la migración de mujeres trabajadoras sexuales en Carchi, Esmeraldas y Sucumbíos

45 40 35 30 25 20 15 10 5

CARCHI

ESMERALDAS

Reclutamiento forzado

Fue obligada

Fumigaciones

Amenazas, vacuna,...

Conflicto armado en...

Necesidad económica

Trabajo

Problemas con la familia

Pareja ecuatoriana

Familia vivía en Ecuador

Conflicto armado en...

Amenazas, vacuna,...

Otras

Estudios en Quito

Familias en Ecuador

Problemas con la familia

Maltrato familiar

Necesidad económica

Trabajo

Fumigaciones

Amenazas, vacuna,...

Conflicto armado en...

0

SUCUMBÍOS

Elaboración: Codhes, Sandra Álvarez (2009).

Según el estudio de la Red de Trabajadoras Sexuales, en el eje andino, particularmente en la provincia de Carchi, la razón principal de la migración es el trabajo, mientras que en Esmeraldas (eje Pacífico) y Sucumbíos (eje amazónico) es el conflicto armado colombiano. Lo anterior está directamente asociado a los altos índices de violencia en ambos ejes, de los cuales las mujeres tienen una afectación diferenciada, que las puede conducir al trabajo sexual.

De esta forma, se puede observar que el trabajo sexual48 es una realidad en las vidas de las mujeres colombianas que se trasladan a Ecuador. Aunque existe un grupo importante de damas de compañía o prostitutas VIP, sobretodo en Quito y Guayaquil, las mujeres que están en frontera no viven esa realidad.

Además, las refugiadas que hacen trabajo sexual, como indica la RedTrabSex, tienden a estar más cerca al límite geográfico.

48 Existe además, una fuerte estigmatización hacia las mujeres colombianas en Ecuador, se suscita en la idea preconcebida que la mayoría viene desde su país a ejercer el trabajo sexual. Más allá del alto porcentaje de mujeres de Colombia, que en efecto trabajan en ese sector (un 70 por ciento en 2004), se está frente a un estereotipo y prejuicio que reproduce la discriminación de género.

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El problema que parece manifestarse es que Ecuador se ha vuelto cómplice de un comercio sexual que muestra solo la punta del iceberg y en donde las mujeres colombianas pueden ser las más afectadas. La demanda local es el factor más importante, ya que se constituye en una plataforma que tolera y facilita la explotación a mayor escala, encubierta, en muchos casos, por patrones culturales y condicionamientos de género (González, 2011).

Entre las problemáticas de las mujeres en el trabajo sexual no solo está el peligro en la ruta al venir al Ecuador (si vienen acompañadas o no), sino también las sanciones sociales del trabajo sexual, la violencia e incluso la muerte. Por estos motivos, se indica que en Esmeraldas un 87 por ciento de las trabajadoras sexuales desea dejar esa labor, el 11 por ciento quisiera que se mantenga y el 1,5 restante no tiene respuesta (Álvarez, 2009). Además, en Carchi, se indica que las mujeres colombianas trabajadoras sexuales están en la indefensión ya que no tienen la capacidad de respuesta legal y social frente a la extorsión, fraudes y engaños, ya sea de los dueños de casas de tolerancia, las redes de tráfico y trata, o de las autoridades estatales y hasta sus parejas y clientes. Peor aún si no tienen regularizados sus papeles migratorios (Álvarez, 2009). Por su parte, según la RedTrabSex-Ecuador, en Sucumbíos los ingresos aproximados de las trabajadoras sexuales colombianas van variando pero lo más común es que sean de unos 700 dólares mensuales, mientras que las ecuatorianas devengan cien dólares más, 800 (Álvarez, Ilbay y Zabala, 2011).

De acuerdo con el estudio de Camacho (2005), la explotación laboral de mujeres colombianas se da en razón de la falta de documentos que regularicen su situación en Ecuador. Esta problemática implica el pago de sueldos irrisorios o con cosas viejas, e incluso no dar sueldo alguno sin intervención de las autoridades o hasta la complicidad de la Policía nacional del vecino país.

El trabajo sexual de mujeres colombianas impacta también a las mujeres integrantes de pueblos indígenas, especialmente provenientes del departamento de Putumayo. A través de grupos focales, Codhes identificó una gran preocupación de la población acerca de la migración temporal de niñas y adolescentes de los pueblos indígenas para su explotación sexual en Ecuador. En un grupo focal en La Hormiga (Putumayo), la población argumentó que ante la crisis alimentaria de los pueblos indígenas en municipios de frontera, las niñas y adolescentes a través de este tipo de trabajo en Ecuador aportan ingresos importantes para su familia. La explotación sexual y el sometimiento a distintas formas de violencia de niñas, adolescentes y mujeres de pueblos étnicos es una preocupación central en los municipios fronterizos.

Si bien pareciera que en Ecuador las mujeres colombianas llegan a tener mejores oportunidades de gozar autonomía económica, el trabajo está lejos de ser digno y bien remunerado. Así tengan formación profesional, sus cualificaciones no son reconocidas y viven en la desesperación de no contar con un empleo o medios legales de generación de ingresos (Acnur, UNSW y Centre for Refugee Research, 2011).

2.6.9. Seguridad La situación de las mujeres en relación de su seguridad humana puede llegar a ser aún más compleja de lo que se puede imaginar. Las violencias que sufren son varias (físicas, psicológicas y sexuales) y se pueden dar ya sea como causa del desplazamiento forzado, durante la migración o ya en el lugar de recepción.

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El conflicto armado, en sí mismo, entraña situaciones de violaciones a los derechos humanos que ponen en riesgo y conculcan la seguridad humana de las mujeres. Tales vulneraciones no solo quedan en la impunidad, sino subsisten cuando dichas mujeres se desplazan a Ecuador.

Las mujeres inmigrantes mantienen un estado de doble discriminación porque han sido víctimas de abusos y vejaciones comparativamente peores que las que sufren los hombres. Son vulnerables al acoso sexual que favorece embarazos no deseados, ITS y VIH/Sida, y en muchos casos son extorsionadas para lograr favores de agentes de autoridad. Por lo tanto, al hablar de una doble discriminación se trata de visualizar cómo el hecho de ser mujer, además de poseer escasos recursos económicos y reducido grado de instrucción, añadido al hecho de ser inmigrante, magnifica no solo la discriminación, sino las posibilidades de violencia de género (Rivera, 2007).

Camacho indica que existen indicadores que pueden señalar que “el contexto de crisis y conflicto tendería a aumentar la violencia dentro del hogar” así como que “las mujeres sufren (o están expuestas) a una triple violencia: la proveniente del Plan Colombia, la inseguridad económica y la violencia intrafamiliar (Camacho, 2005).

En general, se señala que la violencia en Nariño y Putumayo hace que las personas busquen una “situación de paz” que ofrece Ecuador y esto no excluye a las mujeres colombianas.

2.7. Enfoque étnico Los departamentos de la frontera colombo-ecuatoriana, Nariño y Putumayo, están constituidos por una población significativa de pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes. En Nariño el 30,84 por ciento de la población total hace parte de alguna etnia (18,83 por ciento, afrodescendientes y 12 por ciento, indígenas y 0,01 por ciento, gitanos), y en Putumayo, el 23,73 por ciento (un 17,97 por ciento, indígenas y un 5,76 por ciento, afrocolombianos).

2.7.1. Pueblos binacionales La región de frontera colombo-ecuatoriana se caracteriza por una alta presencia de pueblos indígenas, en la que predominan pueblos binacionales, los cuales se han visto afectados por las barreras administrativas que suponen los límites fronterizos, ya que una parte de su territorio hace parte del Estado colombiano y la otra parte del ecuatoriano.

Esta fragmentación ha significado la dispersión de tensiones en los ámbitos institucional, étnico y de género: 1. Interestatal, en el sentido de fragmentar continuidades históricas y de relaciones tradicionales incluso dentro de una misma etnia a uno y otro lado de la frontera; 2. Las vividas entre grupos indígenas y mestizos que se acentúan con la llegada de nuevos actores a la región; y 3. La tensión de género masculino-femenino ya existente y profundizada por la violencia basada en género, propia de conflictos armados y generada por formas sutiles de discriminación (Barajas, 2014).

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En los últimos tres años, en el marco del Comité Técnico Binacional de Asuntos Indígenas y Comunidades Negras Plurinacionalidad e Interculturalidad Ecuatoriano-Colombiano (comité que integra a la Comisión de Vecindad de Ecuador y Colombia –Coviec–), representantes de ambos Estados (representantes de pueblos y nacionalidades e instituciones públicas) han propuesto a sus ministerios, a través de la Mesa Indígena, construir un acuerdo de doble nacionalidad con el propósito de fortalecer la unidad de sus miembros y el desarrollo cultural organizativo de ellos y la integración armónica en el seno de los dos Estados para los pueblos y nacionalidades (Defensoría del Pueblo de Ecuador, 2014).

En la frontera habitan los siguientes pueblos binacionales:

Awá Son un pueblo amerindio que habita a ambos lados de la frontera entre Colombia y Ecuador, en los bosques tropicales húmedos y sub-tropicales muy húmedos de la vertiente occidental de los Andes. En Colombia están al suroccidente del departamento de Nariño (principalmente en los municipios de Tumaco, Barbacoas, Roberto Payán, Ricaurte y Samaniego) y en Putumayo en la parte occidental del macizo de Los Andes. En Ecuador se ubican en las provincias de Esmeraldas (cantón San Lorenzo, parroquias Tululbí, Mataje, Alto Tambo y Santa Rita), Carchi (cantón Tulcán, parroquias Tobar Donoso, El Chical y Jacinto Jijón y Caamaño) e Imbabura (cantón Urcuquí e Ibarra, parroquias Lita y Buenos Aires) (Ullauri, 2003).

Se estima que el pueblo Awá cuenta con una población de 30000 habitantes en ambos lados de la frontera, y se sabe que no existen fronteras dentro de su cosmovisión en relación a su territorio (Acnur, 2012).

En territorio colombiano, este pueblo ha sido sujeto de graves violaciones a los derechos individuales y colectivos, producto de graves violaciones del DIH por los actores del conflicto armado colombiano. Ante la desproporción de las afectaciones al pueblo Awá y el riesgo inminente de su exterminio, en atención a las órdenes impartidas en el Auto 004 de la Corte Constitucional, el pueblo indígena Awá allegó, en abril de 2010, a la Sala Especial de Seguimiento a la sentencia T-025 de 2004 y sus autos complementarios, el Plan de Salvaguarda Étnica, en lo que ellos denominaron una “revisión colectiva de nuestra memoria sobre las violaciones a nuestra integridad como pueblo, así como el conjunto de nuestras decisiones, que hemos definido para garantizar futuras y ojalá abundantes generaciones de nosotros los Awá”.

En 2009 la Corte emitió también el Auto174 en el que ordena se adopte, como medida cautelar un Plan Provisional Urgente de Reacción y Contingencia que atienda de manera inmediata e integral las necesidades más apremiantes de seguridad física –incluida la relativa al desminado humanitario–, de atención humanitaria en salud, educación, refugio o alojamiento temporal y cualquier otra medida urgente requerida para asegurar la pervivencia del pueblo Awá, de tal manera que ofrezca una respuesta de atención continua, temporal y congruente con la crisis humanitaria que padece esta etnia, tendiente a garantizar su vida física y cultural, su integridad, seguridad y dignidad, mientras se avanza de manera acelerada en el cumplimiento de las órdenes impartidas en el Auto 004 de 2009.

La CIDH también se ha pronunciado en relación con los miembros del pueblo indígena Awá de los departamentos de Nariño y Putumayo. El 16 de marzo de 2011, la CIDH otorgó medidas cautelares indicando que el pueblo Awá había sido blanco de numerosos atentados, asesinatos y amenazas en el contexto del conflicto armado colombiano.

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La Comisión Interamericana solicitó al Estado de Colombia adoptar medidas consensuadas con los beneficiarios con el fin de garantizar la vida y la integridad personal de los miembros del pueblo indígena Awá de los departamentos de Nariño y Putumayo, que incluyan acciones de desminado del territorio ancestral y de educación en el riesgo de las minas antipersonal para los miembros del pueblo. (CIDH, 2011)

En cuanto a la población Awá del Ecuador, la Federación de Centros Awá de ese país indica que es pueblo que vino bajando desde Panamá y se cree que su idioma (Awap+t) tiene raíces del Chibcha, lengua del gran imperio Maya. Además, señalan que a fines del siglo XV, eran parte de los subgrupos del grupo indígena Barbacoas (que incluía a los Pastos, Kwaikeres –Awá–, Mallamucces y Colimas).

Indican que las presiones que sufre esta comunidad provienen de primordialmente tres actores: 1. Los palmicultores, 2. Intermediarios madereros, 3. Asociación de Afroecuatorianos y Campesinos a su territorio (Ullauri, 2003). A pesar de la tradicional movilidad de este pueblo, se ha identificado una migración de sus territorios hacia la montaña como consecuencia de la explotación maderera, la colonización y los efectos que ha causado el glifosato en el suelo (Inredh, 2008).

Entre los Awá y los Pastos indica la Federación, siempre hubo una relación de comercio y de unirse para enfrentar a los enemigos. A su vez, indican que a principios del siglo pasado, cuando se formaron las comunidades de Carchi, Esmeraldas e Imbabura, muchos de sus fundadores llegaron de Colombia.

Los Awá han diseñado un plan de vida con el fin de hacerle frente a los problemas de descomposición social y cultural así como a los riesgos de perder el conocimiento y el manejo ancestral tanto del territorio como de los caminos que tradicionalmente articulaban a su comunidad pero que se han visto interferidos por grupos irregulares o por la débil presencia de los Estados. La Gran Familia Awá está conformada por la Unidad Indígena del Pueblo Awá, Camawari e Inkal Awá de Colombia, y por la Federación de Centros Awá de Ecuador (Portal Web Territorio Indígena y Gobernanza).

Kofán - Cofán Se estiman aproximadamente mil cofanes en Ecuador y 1475 en Colombia. (González, 2011) . Los indígenas de esta etnia se han asentado tradicionalmente tanto en la provincia de Sucumbíos, como en el departamento del Putumayo.

En Colombia, estas comunidades se ubican en los municipios del Valle del Guamuez, Orito y San Miguel, en las cercanías de los afluentes del río Putumayo, en el departamento del mismo nombre en la frontera colombo-ecuatoriana.

En los procesos históricos y sociales que presenta este pueblo se ha mostrado como un actor vulnerable a diferentes tipos de amenazas, como son las compañías petroleras, procesos de colonización, enfermedades, reducciones de territorio, entre otros factores. De acuerdo con el informe de la Misión de Observación a la Situación de Derechos Humanos en el Bajo Putumayo, las comunidades indígenas de la zona se enfrentan a la: ausencia de garantías para la seguridad jurídica, para la vida digna, para el ejercicio de libertades individuales y defensa de los derechos humanos. Los impedimentos a la permanencia de las comunidades en el territorio.

Persecución directa a los pobladores y líderes comunitarios, e invisibilización de las víctimas del conflicto armado (Misión, 2008).

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El pueblo Cofán ha sufrido especialmente en los últimos 15 años producto de la presencia de cultivos de uso ilícito en el territorio y el accionar de actores armados al margen de la ley. Además de ello, ha sobrevivido la explotación petrolera, la apertura de carreteras y la apropiación de tierras ancestrales, viéndose obligados a replegarse a zonas de colonización y poco a poco ir viendo cómo se debilitan sus tradiciones e historia indígena (Ministerio de Cultura, s.f.). Tal es así, que sus integrantes manifiestan preocupación de la debilidad para transmitir sus tradiciones y fortalecer su cultura; confiesan que hay un debilitamiento en la lengua nativa y un desinterés de los jóvenes por sus tradiciones.

Las autoridades Cofán han denunciado que son cuatro las principales afectaciones: 1. Grave contacto con el conflicto armado que afecta al departamento del Putumayo, 2. Presencia de cultivos ilícitos y fumigaciones con efectos indiscriminados, 3. Realización de actividades petroleras sin consulta previa y 4. Instalación del Centro Nacional de Atención Fronteriza, sin consulta previa, en su territorio. Ante estas amenazas, la Corte Constitucional ordenó en el Auto 004 de 2009 un el Plan de Salvaguarda Étnica del Pueblo Cofán.

En Ecuador, este pueblo se ha organizado para evitar su extinción. De esta forma, en 1992 nació la Organización de Indígenas de Nacionalidad Cofán de Ecuador y tiempo después fue reemplazada por la Federación de Indígenas de la Nacionalidad Cofán de Ecuador, integrada por 14 comunidades ecuatorianas.

De esta federación se encuentran, en la línea fronteriza, pueblos como Zukie, Alta Bermeja, Chandiana´en y Avié. En el lado colombiano se encuentran asentamientos cofanes en los ríos Guamuez y Putumayo, los cuales están amenazados por el conflicto y esto provoca la movilización hacia nuevos escenarios dentro del país o abrirse espacio hacia Ecuador (Inredh, 2008).

Las comunidades Cofán cuentan con un plan de vida y de ordenamiento ambiental en el que asumen su condición transfronteriza amazónica y, en este contexto, trabajan para conformar una Organización Binacional A’i Kofán en el que por parte de Ecuador, son representados por la Federación Indígena de la Nacionalidad Cofán y, por parte de Colombia, por la Asociación de Autoridades Tradicionales Mesa Permanente y los Cabildos Indígenas del Valle del Guamuez y San Miguel.

Los Pastos Esta comunidad se encuentra en el altiplano de Túquerres e Ipiales en Nariño, y en la provincia de Carchi en Ecuador.49 Su organización social se centra en clanes y compadrazgo, por lo que la comunidad tiene fuertes lazos en ambos lados de la frontera.

Los Pastos han luchado por que se les conceda el reconocimiento de pueblo binacional con el fin que las restricciones impuestas por la defensa de las fronteras nacionales no afecten el mantenimiento de sus tradiciones y poder así dar inicio a un proceso de saneamiento de su territorio a través del reconocimiento de cierto tipo de autonomía (Carrión, 2013).

49 Los Pastos son un pueblo aborigen que los españoles encontraron habitando junto con los Quillacingas, la franja andina de lo que actualmente es el departamento de Nariño, al sur de Colombia, y la provincia del Carchi, al norte de Ecuador (Osborn, 1991). Esa zona andina está enmarcada por dos ramales montañosos en un eje suroeste-noreste. Sobresale en este territorio el altiplano de Túquerres e Ipiales, de tierras muy fértiles, a más de 3.000 metros de altitud, limitada por el cañón del río Guáitara y sus afluentes.

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(…) nosotros queremos el reconocimiento como pueblo binacional para no tener problemas. Sólo debemos ponernos de acuerdo entre los pueblos de aquí y de allá. Los beneficios que traería son un acercamiento más directo entre los pueblos, ya no tendríamos tanto problema por la frontera. Incluso nuestros productos ya no pagarían impuestos y podríamos jalonar proyectos a nivel internacional (Carrión, 2013).

Estas reivindicaciones las han plasmado en el Plan Estratégico Binacional del pueblo de Los Pastos, el cual está enfocado en la recuperación cultural, la conservación ecológica y ancestral del territorio, el desarrollo de proyectos de sostenimiento ambiental y el reconocimiento de un territorio que cuente con autonomía indígena. Dicho plan cuenta con cuatro ejes: 1. Territorio ancestral y ambiente natural, 2. Cultura ancestral y educación propias, 3. Soberanía alimentaria, medicina natural y desarrollo económico, y 4. Gobierno, administración y justicia propias.50

Siona - katucha pai Los Siona se caracterizan por ser comunidades sedentarias, ubicadas en el departamento de Putumayo (en los municipios de Puerto Asís y Puerto Leguízamo y a orillas de los ríos Putumayo, Piñuña Blanco y Cuehembí) y en la frontera con Sucumbíos, Ecuador. La comunidad ocupa cuatro resguardos en Puerto Asís, cuatro en Puerto Leguízamo y dos en proceso de constitución; en total son 395 familias, unas 1960 personas.

Según la Corte Constitucional, el pueblo Siona está en alto riesgo de desaparición. Los principales problemas que los afectan son: conflicto armado (especialmente han padecido desplazamiento forzado interno y fronterizo); explotación de recursos maderables, de pieles, de hidrocarburos, minera; construcción de vías; colonización de sus territorios e inseguridad alimentaria. En Puerto Asís, los pueblos indígenas son de los grupos poblacionales más afectados por el conflicto armado, según el SAT en 2013 se encontraban en riesgo 1480 indígenas de la etnia Siona, particularmente los habitantes de los resguardos Buenavista, Santa Elena, Piñuña Blanco y Sitara. En el Auto 004 de 2009 la Corte Constitucional declaró que los pueblos Siona se encontraban en un estado de alto riesgo de exterminio cultural y físico y también ordenó el Plan de Salvaguarda Étnica del Pueblo Siona.

El pueblo Siona está fragmentado como consecuencia de la percepción de amenaza que se tiene frente a la llegada de los colombianos. Los recursos que antes el Estado destinaba para los Siona ecuatorianos, ahora los reparte entre los colombianos. Esta visión ha impedido la integración local de los Sionas colombianos en territorio ecuatoriano (Inredh, 2008).

50 “A partir del año 2005, se formula el Plan Binacional para el Fortalecimiento Cultural, Natural y Ambiental del Nudo de los Pastos, que establece cuatro ejes temáticos relacionados así: Territorio y Ambiente Natural, Soberanía Alimentaria Medicina Natural y Desarrollo Económico, Cultura ancestral y Educación Propia, Gobierno Administración y Justicia Propia. Es así que el Gobierno Nacional, a través del Departamento Nacional de Planeación –DNP–, acoge el plan binacional como una política regional desde la perspectiva como pueblo indígena, la cual se convierte en una estructura de gestión interinstitucional para el bienestar del territorio y de todos quienes lo habitamos. En este marco, dicho Plan Binacional busca fortalecer las bases conceptuales desde una planeación participativa, que permita reorientar y reordenar la eco región del Nudo de los Pastos, en los aspectos como: territorio, cultura, salud, educación, ambiente, economía, y gobernabilidad, por lo cual cada eje temático establece planes, programas y proyectos los cuales están propuestos a desarrollarse por actividades, fases o etapas, partiendo de los mecanismos de gestión y coordinación entre las comunidades de base y las instituciones quienes aportaran con recursos técnicos y financieros para su implementación. De esta manera, dando cumplimiento a los objetivos del Plan Binacional, la Asociación de Cabildos y/o Autoridades Indígenas del Nudo de los Pastos “Shaquiñán”, viene adelantando la ejecución de proyectos en los resguardos del Pueblo de Los Pastos, incluido algunas comunas indígenas en el lado ecuatoriano. Las iniciativas han permitido avanzar hacia el fortalecimiento de la identidad, la autonomía y la visión desde nuestra propia concepción natural y cultural” (Ministerio del Medio Ambiente).

Continuidades de la desprotección: migraciones forzadas y satisfacción de derechos sociales en la frontera entre Colombia y Ecuador

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Shuar Esta comunidad indígena se encuentra asentada en Sucumbíos y proviene del sur de Ecuador, de las provincias de Morona Santiago, Pastaza y Zamora Chinchipe que luego migraron al norte por la falta de tierras. Las comunidades Shuar que comparten territorio con las fronteras de Colombia y Perú son: Mayancha, Iwia, Charip, Yamaran Nankays, San Antonio y Charup.

Los principales problemas identificados por la comunidad, y que han sido las causas de su fragmentación, son las fumigaciones y la inseguridad por las amenazas de los paramilitares, por considerarles aliados de las FARC.

Kichwas Dividida en dos grandes grupos étnicos: los Canelos Kichwas y los Napo runas (Quijos Kichwas), esta comunidad se encuentra ubicada a lo largo del río Putumayo. La recolección de la coca era su sustento hasta que se iniciaron las fumigaciones y la erradicación manual de la planta, lo que generó grandes cambios en la economía de la zona por la reducción de las fuentes de trabajo y la posibilidad de sustento de los hogares. Por esta y otras razones, los Kichwas han optado por hacer uso de la estructura de la “familia ampliada” para palear estos problemas y darles acogida a los colombianos que han migrado y necesitan ayuda (Inredh, 2008).

Vale la pena señalar que ha habido una importante migración económica de miembros del pueblo Kichwa del Ecuador hacia Colombia, desde 1970; la población proviene especialmente de la provincia de Imbabura y se establece en su mayoría en la ciudad de Bogotá.

Secoya Ubicados principalmente en la provincia de Sucumbíos (Ecuador) y en el departamento de Putumayo (Colombia), su subsistencia económica se basa en la siembra de plátano, maíz y yuca, y en la pesca y la caza. Sin embargo, debido a los procesos de colonización e intromisión de empresas transnacionales, esta comunidad ha optado por la plantación de palma africana.

Tradicionalmente los indígenas se dedicaban a la caza, la pesca y a la recolección, manteniendo una relación armónica con la biodiversidad de la amazonia. Los territorios de los pueblos indígenas se han desintegrado y la población ha perdido la capacidad de ejercer las actividades tradicionales por el auge colonizador en el que hay presencia de cultivos ilícitos y foráneos, así como tala indiscriminada y pastos para ganadería. Hoy las comunidades viven de los cultivos de pancoger y del comercio de sus cosechas.

Las comunidades indígenas han transformado la construcción de sus viviendas sustituyendo materiales como yaripa y chonta por madera y zinc. En cuanto a servicios domiciliarios básicos, la mayoría de las comunidades en territorio colombiano de frontera aún no cuenta con acueducto, ni alcantarillado; tampoco con interconexión eléctrica y cubre estas necesidades de manera parcial con plantas eléctricas comunales (Rivera, 2012, p. 55).

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CODHES

2.7.2. Pueblos indígenas de la frontera en territorio colombiano Inga El pueblo Inga, proveniente de Los Ingas de Perú, habita en el municipio de Tablón de Gómez y hace parte del resguardo de Aponte. También se ubica en la zona de Villa Garzón, Puerto Caicedo, Puerto Asís y Orito.

Su principal actividad económica es la agricultura, la cual junto con la explotación forestal, se convierte en su fuente principal de ingresos. Muchos indígenas trabajan como jornaleros y su actividad comunitaria es la minga, de la cual existen dos tipos: la minga como trabajo comunal de ayuda recíproca y la minga para obras públicas (Gobernación de Nariño, 2012).

La Corte Constitucional también ordenó el Plan de Salvaguarda Étnica del pueblo Inga en el Auto 004 de 2009.

Eperara siapidara El pueblo Eperara Siapidara constituye el 2,63 por ciento de la población total indígena, asentada en los municipios de El Charco, La Tola, Olaya Herrera y Tumaco. Esta comunidad indígena está localizada en el Parque Natural Sanquianga, donde se presentan confrontaciones armadas y hay cultivos de coca. Estas plantaciones han trasgredido el entorno e incidido en el deterioro de las condiciones y la calidad de vida de sus habitantes, entre ellos los Eperara Siapidara.

Este pueblo indígena es especialmente agricultor de plátano, yuca, frijol, maíz y caña de azúcar y en menor proporción se dedica a la caza, actividades mineras y corte de madera (Gobernación de Nariño, 2012).

La Corte Constitucional también ordenó el Plan de Salvaguarda Étnica del pueblo Eperara-Siapidaara en el Auto 004 de 2009.

Quillasinga El pueblo Quillasinga representa el 2,35 por ciento de la población total indígena, y está conformado por los cabildos El Refugio del Sol, La Laguna y Genoy, ubicados en el municipio de Pasto.

En la región central del actual departamento de Nariño, en la época precolombina, moraban los Quillacingas que, junto con los pastos, ubicados al sur, constituían las culturas más avanzadas de la zona andina nariñense. (…) Los Quillacingas practicaron la agricultura en forma organizada, ya que pudieron sostener una población muy numerosa, también son reconocidos por los trabajos en cerámica, piedra, alfarería, orfebrería y manufacturas. Por lo tanto se catalogan como Agro-Alfareros (Sinic, 2014).

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127

2.7.3. Pueblos indígenas en territorio ecuatoriano Gráfica 28.

Población nacida en Colombia que reside habitualmente en los cantones: Tulcán, San Lorenzo y Lago Agrio (por auto-identificación según sexo)

4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500

Tulcán

San Lorenzo Hombre

Otro

Blanco

Mestizo

Montubio

Afrodescendiente

Indígena

Otro

Blanco

Mestizo

Montubio

Afrodescendiente

Indígena

Otro

Blanco

Mestizo

Montubio

Afrodescendiente

Indígena

0

Lago Agrío Mujer

Fuente: INEC, 2010.

Según la Gráfica 28, la población colombiana afrodescendiente tiende a emigrar a San Lorenzo, respondiendo a la migración a través del eje pacífico; la población colombiana indígena, por su parte, tiende a ubicarse en Tulcán (eje andino) y Lago Agrio (eje amazónico).

Ahora, de acuerdo con la Gráfica 29, es posible evidenciar una mayor población de indígenas colombianos Awá y Los Pastos en Tulcán. En lo que respecta al pueblo Awá, y como lo demuestra la histórica afectación del conflicto armado que ha sufrido, algunos de sus integrantes han padecido el desplazamiento forzado transfronterizo y se ubican en los tres cantones analizados.

Además de los pueblos indígenas binacionales anteriormente mencionados, en la frontera norte se ubican también los Chachi y los Epera.

128

CODHES

Gráfica 29.

Población autodefinida como indígena nacida en Colombia que reside habitualmente en los cantones: Tulcán, San Lorenzo y Lago Agrio, según Nacionalidad o Pueblo Indígena al que pertenece

250

200

86

Chachi

Cofán

Shuar

Kichwa de la sierra

1

3

7

1

10

1

2

5

1

Pastos

Achuar

1

Puruhá

1

Tsáchila

1

20

Secoya

1

42

39

28

Chachi

3

Otras nacionalidades

1

30

27

Achuar

38

50

Chachi

100

154

148

150

San Lorenzo

Otras nacionalidades

Kichwa de la sierra

Siona

Cofán

Awa

Se ignora

Awa

Se ignora

Puruhá

Tulcán

Otras nacionalidades

Pastos

Awa

0

Lago Agrío

Fuente: Elaboración Codhes con datos de INEC, 2010.

Chachi (significa “hombre”) De acuerdo al censo de población y vivienda (CPV) de 2010, los Chachis tienen presencia en los cantones de Lago Agrio, San Lorenzo y Tulcán. Hay un interés por los recursos naturales con los que cuenta su territorio, por lo que hay una evidente presión por parte de empresas madereras para sacar estos recursos.

Además, en esas áreas hay inseguridad y violencia a causa del desbordamiento del conflicto armado colombiano y la falta de presencia estatal (Inredh, 2008).

La Federación Provincial Chachis de Esmeraldas (Fecche) y el Proyecto de Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Negros del Ecuador (Prodepine) exponen que el origen de esta comunidad es amazónico y que se fue desplazando por el río Napo hacia Ibarra. Posteriormente, dada la invasión Inca y española, los Chachis llegaron a la selva de Esmeraldas por el río Santiago, estableciéndose en el Pueblo Viejo de los Cayapas. Su lengua es el Cha`palaa y también hablan castellano para vincularse con el exterior. A 2003 eran alrededor de ocho mil personas de la etnia (Ullauri, 2003). Actualmente, la comunidad sufre las amenazas y el despojo a manos de las empresas madereras, así como el deterioro de la fauna y la contaminación de su territorio.

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Epera (significa “persona” “gente” o “ser humano” sin mezcla con otro tipo de sangre) La Organización de la Nacionalidad Epera de Ecuador (Onaee) indica que este grupo proviene históricamente del departamento de Chocó en Colombia y que su territorio ancestral está ubicado en el Bajo San Juan (Ullauri, 2003). Según la organización, los Epera migran por trabajo, para conocer el país vecino o huyendo de la “Guerra de los Mil Días”. Los Epera llegan en la década de 1940 para trabajar como jornaleros en la provincia de Esmeraldas.

Ubicados en el área costera del norte de Ecuador, el desplazamiento de esta comunidad se da principalmente por dos modalidades, el gota a gota y de manera individual. La recepción de colombianos en su territorio se da por relaciones de parentesco. De acuerdo con la Onaee, este pueblo, no muy grande (264 personas a 2003), ha perdido su vestimenta y casi la totalidad de su idioma (Sia Pedee) al hablar castellano. Entre los problemas que le afectan está que pocas personas saben escribir y que sus ríos se están contaminando de basura.

2.7.4. Mujeres indígenas y mujeres afrodescendientes En este acápite, sin tratarse de un análisis exhaustivo, se pretende llamar la atención frente a las múltiples vulneraciones en la región de frontera, y a la vez sobre los requerimientos en materia de protección y acción estatal de manera diferenciada y las posibilidades de transformación de la región fronteriza desde los liderazgos de mujeres indígenas y afrodescendientes. La vulnerabilidad histórica de los pueblos indígenas nacionales y binacionales, así como el racismo estructural hacia la población afrodescendiente se acentúa cuando se trata de las mujeres, que en escenarios de conflicto armado, son víctimas de desplazamientos forzados internos o transfronterizos en los que se agudiza la desprotección de sus derechos.

La situación de las mujeres indígenas y afrodescendientes que habitan la frontera colombo-ecuatoriana se encuentra enmarcada en una triple vulneración: por ser mujeres, por ser indígenas o afrodescendientes y por habitar en una región de frontera con incidencia del conflicto armado y otros fenómenos violatorios de los derechos humanos.

Históricamente el machismo ha limitado la posibilidad de participación activa de las mujeres en la toma de decisiones en los ámbitos familiar e institucional, ya que ha coartado su posibilidad de escucha y participación activa. Sin embargo, cada vez son más las mujeres indígenas y mujeres afrodescendientes que se han organizado con el fin de fortalecerse como agrupación e introducir cambios en sus formas tradicionales de gobierno, conocer y defender sus derechos y ser promotoras de acciones de resistencia y transformación social.

La Corte Constitucional de Colombia, en el Auto 092 de 2008, señaló que: Las condiciones históricas y estructurales de discriminación, exclusión, marginación y vulnerabilidad de las mujeres pertenecientes a los grupos indígenas o las comunidades afrodescendientes, que en sí mismas resultan manifiestamente acentuadas y más graves incluso que la situación de la generalidad de las mujeres del país, también son exacerbadas a su vez por el conflicto armado, generando para las mujeres indígenas o afrocolombianas un nivel todavía mayor de exposición a los riesgos de género que se han reseñado. En esta medida, ha sido demostrado por diversas fuentes ante la Sala que las mujeres indígenas y afrodescendientes

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CODHES

son, entre el grupo de mujeres desplazadas, el segmento poblacional que ha sido afectado con mayor dureza por los crímenes, las injusticias e inequidades que forman parte constitutiva tanto de la violencia armada como del desplazamiento forzado.

A su vez, en el Auto 098 de 2013, la Corte Constitucional de Colombia constató el riesgo derivado del liderazgo y el trabajo cívico, comunitario y social impulsado por mujeres en situación de desplazamiento e integrantes de organizaciones que trabajan a favor de la población desplazada por el conflicto armado interno. Al respecto, indicó que: la política pública integral de promoción del derecho a la defensa de los derechos humanos en el marco del conflicto armado interno y el desplazamiento forzado con perspectiva de género, deberá contar con un enfoque diferencial étnico que promueva el derecho a la defensa de los derechos humanos de las mujeres líderes indígenas y afrocolombianas según sus necesidades y requerimientos particulares.

La intervención del conflicto armado y los múltiples fenómenos que se presentan en la frontera han provocado rupturas en los modelos tradicionales de vida, de familia y relaciones interpersonales, generando también una restructuración en algunas comunidades, en donde las mujeres indígenas y afrodescendientes se han apropiado poco a poco de los procesos organizativos, de resistencia, de generación de ingresos, entre otros. En los grupos focales en los que participaron mujeres afrodescendientes e indígenas en el curso de esta investigación, se identifica una trasformación en las actividades que desempeñaban estas mujeres veinte años atrás. Las indígenas han empezado a desarrollar actividades más comerciales y tener una participación determinante para el sostenimiento de sus familias.

En el año 2011, las mujeres de los pueblos Inga, Pasto, Quillasinga, Awá y Eperara Siapidaara construyeron el Mandato de Vida para las Mujeres Indígenas del departamento de Nariño como una forma de reivindicación en la que reafirman su pertenencia a lo femenino, a lo indígena y buscan afianzar sus derechos y desdibujar la rigidez de la frontera (Barajas, 2014). En dicho mandato, las mujeres se manifiestan en torno al territorio, la salud, la autonomía económica, la educación, el conflicto armado, las instituciones, lo espiritual, la autonomía política, las autoridades tradicionales, la organización y las violencias, especialmente la violencia sexual hacia las mujeres.

2.7.5. Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) aplicable para la situación de pueblos indígenas en la frontera colombo-ecuatoriana Debido a la situación en la que se encuentran los pueblos indígenas de la frontera, es pertinente retomar los principales aportes del Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales (Nro. 169 de la OIT)51 con el fin de tenerlos en cuenta para analizar y buscar soluciones que comprometan a los Estados; tanto Colombia como Ecuador ratificaron este convenio.52 51 “Al ratificar un convenio de la OIT, un Estado miembro se compromete a adecuar la legislación nacional y a desarrollar las acciones pertinentes de acuerdo a las disposiciones contenidas en el Convenio. Asimismo, se compromete a informar periódicamente a los órganos de control de la OIT sobre la aplicación en la práctica y en la legislación de las disposiciones del Convenio y a responder a las preguntas, observaciones o sugerencias de esos órganos de control” (Cinep, 2010).

52 El Convenio entró en vigor en Colombia el 7 de agosto de 1991 (Ley Nro. 21) y en Ecuador, el 15 de mayo de 1998.

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El mismo establece, entre otras disposiciones, lo siguiente: 1. Los pueblos indígenas y tribales deberán gozar plenamente de los derechos humanos y libertades fundamentales, sin obstáculos ni discriminación. Las disposiciones de este Convenio se aplicarán sin discriminación a los hombres y mujeres de esos pueblos.

2. No deberá emplearse ninguna forma de fuerza o de coerción que viole los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos interesados, incluidos los derechos contenidos en el presente Convenio (OIT, 1989).

La situación de los pueblos indígenas de frontera se ve afectada principalmente por la política de defensa territorial de ambos países, desconociendo las singularidades étnicas y culturales de estas poblaciones, y configurando así una amenaza a la desaparición de estas comunidades. A su vez, la presencia de grupos armados, las limitaciones presentadas en cuanto al acceso a la alimentación y salud, la poca presencia estatal en la zona más allá de la militarización y la falta de control ambiental frente al accionar de empresas transnacionales, han reforzado la amenaza de su extinción.

Así las cosas, es necesario que el Estado ecuatoriano y colombiano desarrollen políticas de frontera con un enfoque de derechos de los pueblos indígenas, que no estén limitadas por las barreras de las fronteras Estado-nación, sino que permitan una integración regional y la consolidación de modelos de desarrollo fronterizo acordes a las demandas de estos pueblos. Ambos países tienen la obligación de desarrollar normativas y políticas públicas que consideren la vigencia real de los derechos de los grupos indígenas mencionados. Además, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, establece al principio de igualdad y no discriminación en diferentes instrumentos internacionales haciendo hincapié en la pertenencia étnica como una condición que no se puede invocar en casos de discriminación o menoscabo de derechos.

La ratificación del Convenio 169 de la OIT por parte de Colombia y Ecuador es un avance significativo, sin embargo, la realidad fronteriza se enfrenta a varias limitaciones que permiten inferir el incumplimiento de dicho acuerdo. Ante este panorama, se requiere un mayor compromiso por parte de los Estados en la garantía de su ejecución, por lo cual es necesario un cambio sustancial en las leyes nacionales y en los acuerdos binacionales con el fin de que sean acordes a las necesidades de los pueblos fronterizos.

2.7.6. Población afrodescendiente La población afrodescendiente en Colombia ha padecido una crisis estructural y humanitaria que se ha prolongado y agudizado por la presencia del conflicto armado en los territorios ancestrales de sus comunidades. Esta población ubicada en los departamentos de frontera, especialmente Nariño, padece el despojo de sus tierras; el desplazamiento forzado interno y transfronterizo; confinamiento, así como otros hechos victimizantes que violan sus derechos individuales y colectivos como sujetos de especial protección constitucional y merecedores de atención y protección prioritaria y diferenciada.

132

CODHES

El Estado colombiano ha reconocido los derechos de las comunidades negras a partir de los principios fundamentales de la Constitución Política de Colombia53 y la Ley 70 de 1993 que reglamentó el artículo transitorio 55 de la Constitución en la que se reconoce la diversidad étnica, cultural, regional e individual a las comunidades negras y una serie de derechos como la propiedad colectiva.

Además de los decretos reglamentarios, acuerdos, convenios, pactos, tratados internacionales y normativas nacionales, la Corte Constitucional emitió en enero de 2009 el Auto 005, en el marco del seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004 que declaró el estado de cosas inconstitucionales en materia de desplazamiento forzado, en el que señaló que “todas la autoridades colombianas en todos los niveles están en la obligación constitucional e internacional de incorporar un enfoque integral diferencial de prevención, protección y atención que responda a la realidad de las comunidades afrocolombianas” (Codhes, 2013, p.

19). A partir del Auto 005, la costa pacífica nariñense es un área priorizada para la formulación de planes de protección a comunidades en riesgo de desplazamiento o desplazamiento forzado.

En el departamento de Nariño, las comunidades afrodescendientes habitan en la región de la Costa Pacífica.

Algunas están ubicadas en municipios con salida al océano Pacífico y otros colindantes con el piedemonte de la cordillera Occidental. Territorialmente, la comunidad afro se organiza en Consejos Comunitarios, algunos con territorios titulados y otros no, agremiados en tres organizaciones de base con arraigo en las distintas subregiones del Pacífico nariñense, a saber: la Asociación de Consejos Comunitarios y Organizaciones Etnicoterritoriales de Nariño (Asocoetnar), el Consejo Mayor para el Desarrollo Integral de Comunidades Negras de la cordillera Occidental de Nariño (Copdiconc) y la Red de Consejos Comunitarios del Pacífico Sur (Recompas) (Gobernación de Nariño, 2012).

Las comunidades afrodescendientes se dedican, en su mayoría, a los cultivos extensivos de palma aceitera; la pesca; el uso y aprovechamiento forestal; la agricultura a pequeña escala y el cacao, y el turismo. También hacen parte de la minería de oro (barequeo y aluvión), que en su mayoría es ilegal. En la costa pacífica nariñense los únicos municipios que tienen planta de tratamiento de agua potable son Olaya Herrera, Santa Bárbara y Tumaco. Con excepción de Tumaco, ningún municipio tiene tratamiento de aguas residuales a través de lagunas de oxidación y en algunos de ellos la cobertura de acueducto es inferior al diez por ciento (Gobernación de Nariño, 2012).

Uno de los principales problemas para las comunidades afrodescendientes es la presencia de actores armados en sus territorios, que provocan daños en la infraestructura eléctrica, atentados indiscriminados con artefactos explosivos, bombardeos, desplazamiento forzados, confinamiento, asesinatos selectivos, amenazas colectivas e individuales, entre otras acciones que se constituyen en violaciones a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de la población, en particular en ciudades como Tumaco, Barbacoas, Magüi Payán (Nariño).

La expansión de los cultivos de coca ha puesto en riesgo a las comunidades, provocando un deterioro tanto ambiental como en la salud de sus habitantes debido a las aspersiones con glifosato. Los cultivos de uso ilícito, promovidos o impuestos por los grupos armados ilegales entran en contradicción con los

53 El artículo 7 reconoce y obliga a proteger la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana, y el 8 establece como obligación del Estado y de las personas a proteger las riquezas culturales y naturales de la nación.

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derechos territoriales y culturales de las comunidades étnicas, configurándose una amenaza para la vida e integridad de los afrodescendientes en la frontera, especialmente de los líderes o representantes legales de los consejos comunitarios.

Para los actores armados, los territorios de Nariño donde reside la población afrodescendiente son de importancia geoestratégica para obtener riqueza de los cultivos de uso ilícito, la extracción minera y la extorsión a las labores de pesca, agricultura y la agroindustria de la palma aceitera y el cacao. La Costa Pacífica de la frontera es estratégica para el control de paso de personas y bienes, así como de economías ilegales, tanto en la región fronteriza terrestre como en la salida al océano.

La presión de los grupos armados con el objetivo de despojarlos de sus territorios para su utilización como recurso de poder también es una variable constante que impulsa el fenómeno de desplazamiento en la zona.

Bajo esta dinámica, los actores armados intentan aniquilar los procesos de reivindicación de la pertenencia étnica del territorio (Codhes, 2012, p. 33).

Por el conflicto armado, comunidades afrodescendientes han migrado forzadamente a Ecuador. Según investigaciones de Codhes, el desplazamiento se realiza en su mayoría desde el casco urbano de Tumaco y de los territorios de los Consejos Comunitarios del Alto y Bajo Mira y frontera. Algunos poblados que presentan transito fronterizo del Consejo Comunitario de Bajo Mira y Frontera son Candelilla de la Mar, Biguaral, Puerto Palma, Las Cargas, Chontal y San Jacinto; y del Consejo Comunitario de Alto Mira y Frontera están Pusbí, Bajo Pusbí, Mataje, Tiestería, La Balsa, Mata de Plátano, Las Brisas, Vuelta de Candelilla, Saundé, La Vega, Pambilar y Pital (Codhes, 2012).

De igual forma, la población afrodescendiente ha padecido graves crisis humanitarias tras los bombardeos al oleoducto trasandino que pasa por Tumaco, donde el derrame de crudo ocasiona un fuerte impacto medioambiental. El 24 de junio de 2015, un bombardeo provocó el derrame de 13000 barriles de crudo en el río Mira, afectando la vida de cerca de 200 mil personas. Se estima que el derrame afectó además a 156 familias del pueblo indígena Awá, al igual que a 1340 familias de 21 comunidades del Consejo Comunitario del Alto Mira y La Frontera y 3000 familias en 53 veredas del Bajo Mira (El Tiempo, 2015).

En territorio ecuatoriano Existen diferentes versiones sobre la llegada de la población afrodescendiente al continente americano.

En relación a la provincia de Esmeraldas, se señala que se relaciona con naufragios ocurridos frente a sus costas o también con respecto de migración de esclavos (esclavizados) procedentes de Barbacoas, Colombia, en el siglo XVII (Ullauri, 2003).

Los derechos económicos, sociales y culturales en el territorio ecuatoriano de la frontera norte de la población afrodescendiente también están restringidos. Los Dinamizadores Culturales Comunitarios AFRO y la Unión de Organizaciones Campesinas de Esmeraldas (UOCE) indican que su hábitat se ha deteriorado en un gran porcentaje dada la extracción de madera y que una gran parte de la población no está dotada de servicios básicos, ni letrinización (Ullauri, 2003).

134

CODHES

En la provincia de Sucumbíos, los primeros grupos inmigrantes llegaron a partir de la oferta laboral de las explotaciones petroleras en 1967 y la construcción de la carretera de Lago Agrio en 1970. Posteriormente se conformó la Asociación de Esmeralderos residentes en Lago Agrio y fundaron varios barrios, como Guayaquil, Esmeralda Libre y Virgen del Cisne (Celi, 2009, p. 76).

De acuerdo con González (2008), los problemas que sufre particularmente la población afrodescendiente en la región fronteriza –además de los estructurales de la región ya señalados–, son las fumigaciones; la presencia de paramilitares y guerrilla en sus territorios; el despojo de sus tierras no reconocidas por parte de los palmicultores o constructores de carreteras, y el estigma de creer que son criminales.

Esmeraldas La dinámica en Esmeraldas y particularmente en San Lorenzo está dotada de una particularidad especial.

Al parecer, su etnia hace más fácil la integración de mujeres y hombres afrocolombianos por su pertenencia al mismo pueblo ancestral.

El movimiento de población de hogares afro es mucho menor: uno de cada cinco. Sin embargo, la presencia de población extranjera en estos hogares es más importante con respecto de los hogares no afro: el dos por ciento de los habitantes que viven en un hogar afro-descendiente en la provincia [de Esmeraldas] es extranjero. En este caso la vecindad con Colombia explicaría esta tendencia pues del otro lado de la frontera ecuatoriana existe una importante presencia de población afro-colombiana viviendo en esos territorios, muchos de ellos y ellas, parientes de los pobladores afro ecuatorianos de la zona (Escobar y Velasco, 2009).

Esta dinámica resulta interesante puesto que la pertenencia a la población afrodescendiente va más allá de las nacionalidades. El ser afro se impone y estrecha los lazos entre la población que vive en Esmeraldas.

Las cifras del INEC reportan que la población afrodescendiente en San Lorenzo corresponde al 66,4 por ciento de la totalidad de sus habitantes. En los otros dos cantones, predominan los mestizos.

Sucumbíos En la provincia de Sucumbíos, la población afrodescendiente es la más pobre de la Amazonia Norte, la tercera con la mayor cantidad de afroecuatorianos en situación de pobreza y con el mayor porcentaje de esta población en situación de extrema pobreza (37,4 por ciento) (Celi, 2009).

El acceso de empleo y la posibilidad de obtener ingresos para la población afrodescendiente en la provincia de Sucumbíos revela la histórica discriminación y segregación a los pueblos afrodescendientes y el racismo estructural en la región. Siguiendo el estudio de Los afroecuatorianos en cifras de 2004, la tasa de desempleo de afrodescendientes en Sucumbíos era la más alta de la Amazonia Norte y este era el grupo poblacional con mayor tasa de subocupación. Según los indicadores de vivienda, más de la mitad de sus lugares de residencia no contaban con los servicios de agua, alcantarillado y eliminación de excretas (Sispae, 2004).

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La población afrodescendiente en Sucumbíos señala que sus principales problemáticas son “las bajas y limitadas condiciones de ingreso, producción y empleo, el bajo nivel educativo y la pérdida paulatina de valores culturales, el débil nivel organizativo, el deficiente estado de salud y los servicios básicos deficientes y deficitarios” (Celi, 2009, p. 83).

En Ecuador ha habido un claro avance en materia de derechos y garantías constitucionales que reconocen al país como pluriétnico y multicultural: En el 2008 se aprueba una nueva Constitución ecuatoriana que ratifica el carácter multicultural del país, los derechos colectivos, e incluye el derecho a no ser objetos de racismo, establece las acciones afirmativas, el principio de igualdad y la posibilidad de constituir circunscripciones territoriales para la preservación de su cultura. Dichos derechos han promovido la generación de leyes secundarias, decretos ejecutivos y ordenanzas locales que se plasman concretamente en la conformación de una nueva institucionalidad destinada a garantizar la información y acceso a los derechos mencionados (Defensoría del Pueblo de Ecuador, 2012).

Como indica la Defensoría del Pueblo, en el ámbito de derechos humanos se aplican los siguientes instrumentos internacionales (se indica año de ratificación): • Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial (1966).

• Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1969).

• Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1969).

• Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (1981).

• Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (1988).

• Convenio Nro. 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes (1989).

• Convención sobre los Derechos del Niño (1990).

• Declaración y el Programa de Acción de Durban (2001).

• Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares (2002).

• Carta Andina para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos (2002).

• Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (2008).

• Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas (2009).

Las particularidades de cada una de las etnias de personas colombianas viviendo en el país, presentan, sin duda, formas de vida diferente, así como maneras distintas de entender y vivir la migración forzada. Es más, habría que pensar en cómo el Estado ecuatoriano aborda la idea de la identidad para prestar sus servicios y atender las necesidades de personas de diferentes grupos étnicos. Por otra parte, vale la pena mencionar cómo la misma denominación de “blanco” supone, al parecer, una idea tergiversada de auto-identificación.

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Sin duda, la cosmovisión y las formas de vida de cada uno de estos pueblos, amerita un estudio pormenorizado que implique ver sus propias necesidades y analizar si los pueblos étnicos ven el tema de la migración tan diferente a las y los mestizos, ya que al parecer, en sus orígenes no había una la línea limítrofe imaginaria. Además, es necesario considerar sus condiciones socioeconómicas, así como la situación humanitaria de estos pueblos indígenas y afrodescendientes, puesto que sus territorios han sido afectados de manera particular por el conflicto armado.54 A su vez, las fumigaciones aéreas de cultivos de uso ilícito, el contrabando de armas y drogas han causado un desplazamiento continuo55 que afecta con especial dureza a estas comunidades (Codhes, 2007).

2.8. Enfoque de niñez y adolescencia Las etapas del ciclo de vida de la población residente o migrante forzada en la región fronteriza marcan una diferenciada forma de vida, en donde el acceso a los derechos es dispar entre niñas, niños y adolescentes, adultos y adultos mayores.56 En Colombia, en los departamentos fronterizos, los NNA además de padecer los hechos victimizantes que han impactado a los adultos familiares a causa del conflicto armado, son víctimas también de manera particular del reclutamiento forzado, la vinculación a los diferentes grupos armados, estatales y no estatales, de minas antipersonal (MAP), municiones abandonadas sin explotar (MUSE) y de violencia sexual. Además de ello, en Nariño y Putumayo, los dos departamentos con mayores áreas cultivadas de coca en el país, se ha identificado que una gran proporción los trabajadores en las plantaciones son justamente NNA. Esto aumenta el riesgo en la frontera de los NNA a ser incorporados a los comercios ilícitos que sustentan a los grupos armados ilegales: tráfico de drogas y trata de personas menores de edad.

En relación con el reclutamiento por parte de actores armados ilegales, la población denuncia que sus hijos y familias son amenazados y padecen de persecución cuando los primeros no quieren vincularse al grupo armado, siendo esta una de las varias estrategias de control coercitivo del comportamiento público y privado de las personas implementadas por los grupos armados ilegales en extensas áreas del territorio nacional (Corte Constitucional, 2008). Los testimonios recogidos durante el trabajo de campo indican que las amenazas producidas a partir del reclutamiento forzado son de las causas principales que generan el desplazamiento forzado interno y transfronterizo en los departamentos de frontera.

54 Laverde y Tapia ya en 2009 indicaron que la Defensoría del Pueblo a través de la Resolución Nro. 53 del 5 de junio de 2008, los informes de riesgo y alertas tempranas dieron alarma de la situación de los derechos humanos del pueblo indígena Awá. A pesar de eso, en febrero 2009 ocurrió una masacre en la cual murieron 17 indígenas, incluidas dos mujeres visiblemente embarazadas, ya que las FARC aducían que eran informantes del Ejército nacional.

55 El 18 de septiembre de 2007, 1200 indígenas del grupo étnico Awá fueron desplazados por enfrentamientos del Ejército nacional y la guerrilla de las FARC (Codhes, 2007).

56 El enfoque diferencial desde el análisis generacional también toma considera a las personas adultas mayores. Si bien en el presente estudio no se aborda este enfoque de manera explícita, resulta relevante indicar que en Ecuador esta población es parte de los grupos de atención prioritaria y especializada (arts. 36, 37 y 38 de la Constitución de la República de Ecuador), haciendo hincapié en la atención preferente en casos de conflicto armado. Las serias vulnerabilidades que afrontan se pueden evidenciar desde su núcleo familiar (se los ve como una carga), peor aún, en su condición de desplazados, pueden sufrir un completo abandono y precariedad.

Es más, su poca o nula agilidad, les hace más frágiles puesto que no se pueden defender, ni escapar rápidamente de los peligros.

Según datos del Censo de Población y Vivienda (CPV) de 2010 en los cantones de Tulcán, Lago Agrio y San Lorenzo se calculan unas 1110 personas adultas mayores.

Continuidades de la desprotección: migraciones forzadas y satisfacción de derechos sociales en la frontera entre Colombia y Ecuador

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La Corte Constitucional de Colombia emitió en 2008 el Auto 251 en el que resaltó que las personas menores de edad en situación de desplazamiento no son tratadas en la práctica como sujetos de derechos en sí mismos, ni mucho menos como sujetos de especial protección constitucional, titulares de derechos prevalecientes y de aplicación inmediata. Los testimonios de la población residente en frontera revelan que la situación de los NNA sigue siendo de profunda preocupación, ya que el Estado colombiano no ha implementado en los municipios fronterizos políticas diferenciales eficaces para prevenir los impactos del conflicto armado en esta población. Sobre esta situación, la población que habita en territorio ecuatoriano manifiesta conocer casos de reclutamiento a jóvenes ecuatorianos, que salen de sus territorios y no regresan jamás.

Aunque en los años noventa, la población migrante colombiana (en Carchi) estaba compuesta por personas entre los 20 y 40 años que representaban familias recién constituidas (Guerrero et al., 1995, p. 46), hoy se pueden encontrar incluso niñas, niños y adolescentes que llegan solos hasta Ecuador.

Si bien los NNA gozan los derechos humanos por su sola condición de pertenecer al género humano, tienen a su vez, ciertas garantías por su condición de vulnerabilidad especial. Los derechos de la infancia y adolescencia en relación a su situación de refugiados, por ejemplo, les hace titulares de los derechos al refugio, a la familia, a una vida digna, a la salud, a la educación, a la recreación y a la protección (Escobar, 2010). Lamentablemente, en la mayoría de casos estos derechos no se ejercen y, por ejemplo, la calidad de las viviendas, el hacinamiento y la falta de servicios básicos, no hacen de estos espacios adecuados para ser habitados, menos aún por personas menores de edad.57 En relación al tipo de vivienda, se ha podido encontrar que, en San Lorenzo, la mayor parte de hogares de NNA en 2010 no tenían alcantarillado.

Por su parte, si bien las condiciones económicas de las familias desplazadas, muchas veces fuerzan a las niñas, niños y adolescentes a abandonar sus estudios e insertarse en el mercado laboral, las condiciones de informalidad y clandestinidad ponen en peligro su integridad. Y en lo que respecta a su seguridad humana, esta población está más expuesta a riesgos en contra de su integridad física, psicológica y sexual. La Gráfica 30 presenta algunos de los delitos en contra de NNA en Sucumbíos en 2012, mostrando que la violación es la más frecuente:

57 Escobar (2010) indica que en Lago Agrio, los porcentajes de viviendas con cocina o duchas exclusivas no llegan a la mitad de las mismas y en un porcentaje alto (37 por ciento) tienen pisos degradables.

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Gráfica 30.

Delitos en contra de niños, niñas y adolescentes en Sucumbíos

25

20

15

10

5

0 Violación

Tentativa de violación

Atentado al pudor

Rapto

Estupor

Fuente: Elaboración Codhes con datos de Libro de Ingreso y Estado de Causas, 2012. Unidad de Delitos Sexuales y Violencia Intrafamiliar de Sucumbíos (Abad y Solís Carrera).

2.8.1. Explotación sexual de personas menores de edad A principios de la década pasada, se señalaba que la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en la zona de frontera, particularmente en Sucumbíos y en Esmeraldas, se daba por la presencia de trabajadores petroleros, madereros, palmicultores y militares. Esto además con el agravante de un incremento considerable en los embarazos adolescentes (Camacho, 2005). Además, indica Camacho, el trabajo de mujeres jóvenes y adolescentes en bares, restaurantes y prostíbulos las expone a actos de violencia, acoso sexual y actitudes morbosas de los clientes.

2.8.2. Menores no acompañados Sobre menores no acompañados o separados se puede indicar que, a pesar de que entidades como Acnur hayan contribuido a generar proyectos en esta temática, aún la falta de infraestructura de acogida pone en riesgo la integridad de las niñas, niños y adolescentes que han llegado solos a Ecuador. Unicef indica que un número importante de menores colombianos separados o no acompañados se han desplazado o han buscado refugio en Ecuador ya sea para evitar el reclutamiento forzoso por parte de grupos irregulares armados, huir de ataques armados o por haber presenciado la muerte de sus familias (Unicef, 2011).

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2.8.3. Discriminación La niñez y adolescencia son un blanco más fácil para los temas de discriminación, prejuicios y estereotipos.

A pesar de que entre los dos países existen grandes similitudes, las diferencias culturales y la falta de conocimiento y respeto a los derechos, ocasionan rupturas o conflictos entre personas menores de edad que conviven en un mismo lugar, pero que provienen de distintas. Según las entrevistas realizadas, hay casos de discriminación por parte de los mismos niños y niñas en las instituciones educativas.

Escobar (2010) sugiere algunas conclusiones en lo que se refiere a la discriminación de los NNA: • El 64 por ciento de los hogares colombianos de Lago Agrio en situación de refugio no contó con suficiente comida para alimentar a todos los miembros del hogar.

• Niños y niñas ecuatorianos de hogares colombianos en situación de refugio no pueden reclamar sus derechos ciudadanos porque sus padres no tienen documentos o porque sus padres son colombianos.

• El 60 por ciento de los niños y las niñas que viven en hogares colombianos en situación de refugio y que enfermaron de diarrea o problemas respiratorios, no accedieron a los servicios de salud.

• El 51 por ciento de las viviendas que habitan los niños y niñas de hogares colombianos en situación de refugio es descrita como transitoria (covachas, cuartos de inquilinato o mediaguas).

• El 82 por ciento de los niños y niñas de hogares colombianos en situación de refugio no asiste a centros de cuidado diario, a pesar de ser ecuatorianos y calificar como hogares pobres.

• Algunos niños, niñas y adolescentes colombianos no pueden ejercer el derecho a la educación.

• La mayoría de niños y niñas colombianos que estudian cuenta que no se respeta con frecuencia su voz en la escuela. El acceso a programas sociales estatales debe ser garantizado para todos los niños y niñas.

• Solo el 30 por ciento de las madres colombianas recibió complementos nutricionales y 27 por ciento fue beneficiaria de la maternidad gratuita, a pesar de que el porcentaje que usa el servicio público de salud es más alto que el de las madres ecuatorianas (61 por ciento en Lago Agrio, por ejemplo).

• La gran mayoría de los niños y niñas presenta graves cicatrices emocionales.

El interés superior de las niñas y niños hace aún más importante el tomar en consideración el tipo de condiciones en las que ejerce el derecho a la vivienda y a la seguridad humana, así como en relación a la no explotación laboral.

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2.8.4. Problemas relacionados con la documentación En Ecuador se presentan muy pocos casos de apatridia, es decir, muy pocas personas no tienen reconocimiento de ningún país como ciudadano. Sin embargo, hay personas con limbos jurídicos migratorios, similares a la apatridia, que restringen el acceso mínimo a la protección legal y a derechos básicos tales como salud y educación.

Aunque la Constitución de Ecuador otorga automáticamente a los hijos de los no nacionales nacidos en su territorio la nacionalidad ecuatoriana a través del jus solis, en los últimos años los no nacionales que han procreado hijos en Ecuador se han topado con varias trabas para registrarlos.58 Como resultado, varios niños y niñas ecuatorianos están siendo perjudicados sin poder ejercer sus derechos a la identidad y a la nacionalidad (Cadena, 2011). Vale la pena señalar que Ecuador en 2012 ratificó la Convención para Reducir los Casos de Apatridia de 1961, en la que los Estados se comprometen a tomar las medidas necesarias para prevenir y reducir la apatridia y proteger los derechos de las personas apátridas, por ejemplo reformando sus leyes de nacionalidad.

En las entrevistas realizadas por Codhes a diferentes mujeres en la frontera se evidencia que hay personas menores de edad que, a pesar de haber nacido en Ecuador, sus padres no los han registrado por temor a revelar el estado de irregularidad con el que viven en ese país. Sin embargo, los casos que más se identifican son de niñas y niños que han nacido en territorio colombiano pero que sus padres no cuentan con registros de nacimiento, por lo que algunos de ellos llegan a la mayoría de edad sin documentos de ciudadanía. Esta situación es recurrente y no resulta una barrera para acceder a la educación básica, sin embargo, sí es un impedimento para la obtención de certificados.

Según una investigación de la Universidad Simón Bolívar, en la provincia de Esmeraldas, en 2004, existían cerca de doce mil niños sin registrarse, y lo más problemático de estos casos era que, en varias ocasiones, los mismos padres no contaban con documentos, lo que complicaba la inscripción de sus hijos y, por lo tanto, el derecho a la nacionalidad (Cadena, 2011).

Situaciones como estas son recurrentes en zonas de frontera, en donde el abandono estatal hace que las niñas, niños y joven sean más vulnerables a ser víctimas de tráfico y trata de personas, así como de explotación laboral. Los NNA se convierten entonces en residentes de las fronteras pero inexistentes para los Estados, en donde las garantías para el goce efectivo de sus derechos quedan al azar.

58 “En el 2010 se emiten a través del Registro Civil resoluciones demandado documentos adicionales a los no nacionales no regularizados para registrar a sus hijos. Estos documentos requieren a los no nacionales el movimiento migratorio actualizado con el objetivo de cotejar la época de concepción. Asimismo, en junio de 2011 se emitió la resolución Nro. 0014, la cual continúa exigiendo que se presente el movimiento migratorio para el registro de los hijos de los no nacionales, pero que adicionalmente establece que este tipo de registro se llevará a cabo únicamente en las Jefaturas de Registro Civil en Quito y en Guayaquil. Estos requerimientos adicionales que demandan las resoluciones causan varias complicaciones para los no nacionales al momento de inscribir a sus hijos. Primero, el registro migratorio ecuatoriano es deficiente y en muchos casos, los migrantes que ingresan al país no son registrados. Por otro lado, muchos migrantes llegan al Ecuador por pasos irregulares, es decir que su llegada no es registrada. Dada esta situación, al momento en que los no nacionales solicitan el movimiento migratorio, muchas veces sus papeles no están en orden y como consecuencia no pueden inscribir a sus hijos”. (Cadena, 2011).

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CODHES

3.

Respuesta Institucional Estatal

Continuidades de la desprotecciรณn: migraciones forzadas y satisfacciรณn de derechos sociales en la frontera entre Colombia y Ecuador

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3.1. Ecuador: el país que más reconoce refugiados colombianos Ecuador es un Estado cuya situación política y geográfica le ha hecho uno de los mayores receptores de ciudadanos colombianos en situación de movilidad humana.1 En la región, Ecuador concentra gran parte de población refugiada y es el país latinoamericano que ha brindado mayor protección internacional. A pesar de que existe voluntad política por parte de las autoridades de ecuatorianas y colombianas –en aras de mejorar la situación de las víctimas de migración forzada–, el Estado ecuatoriano aún tiene una cantidad importante de retos por delante para hacer efectivos los mecanismos procesales, administrativos y legislativos que otorguen las garantías debidas a los derechos humanos de las personas en situación de movilidad humana.

La presente sección presenta información sobre legislación vigente, algunos mecanismos administrativos disponibles, iniciativas binacionales y un breve tratamiento a las variables de generación de ingresos, vivienda y condiciones de seguridad. Asimismo, expone el estado actual del Proyecto de Ley de Movilidad Humana, considerando que, como se indicó anteriormente, la legislación secundaria no se encuentra armonizada con la Constitución de la República. La Ley de Extranjería y su reglamento son muy antiguas, inclusive en esta Ley, la persona en condición de refugio es considerada como “no migrante”. Además, se exponen datos importantes sobre la sentencia de la Corte Constitucional Ecuatoriana sobre el tema de refugiados y un análisis de la implementación de la Ley de Víctimas y Restitución de Colombia.

3.1.1. Marco normativo constitucional aplicable a la protección de las personas en situación de movilidad Resulta de gran trascendencia recalcar que la Constitución de la República de Ecuador aprobada en referéndum en 2008 tiene un importante desarrollo del tema de movilidad humana. Es más, lo toma como grupo de atención prioritaria:

Movilidad humana Art. 40.- Se reconoce a las personas el derecho a migrar. No se identificará ni se considerará a ningún ser humano como ilegal por su condición migratoria. El Estado, a través de las entidades correspondientes, desarrollará entre otras las siguientes acciones para el ejercicio de los derechos de las personas ecuatorianas en el exterior, cualquiera sea su condición migratoria:

1 Según John Fredrikson, representante de Acnur en Ecuador, en ese país fluctúan, de mes a mes, entre 900 a 1000 personas en situación de refugio. Además, indica que desde el año 2000 existen 176 mil solicitudes de refugio acumulativas de las cuales el Gobierno ecuatoriano ha aprobado 60500, de ellos quedan en Ecuador 55 mil porque salieron del país luego del reasentamiento desde 2013 a 2014 (Diario El Universo, 2014).

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1. Ofrecerá asistencia a ellas y a sus familias, ya sea que éstas residan en el exterior o en el país.

2. Ofrecerá atención, servicios de asesoría y protección integral para que puedan ejercer libremente sus derechos.

3. Precautelará sus derechos cuando, por cualquier razón, hayan sido privadas de su libertad en el exterior.

4. Promoverá sus vínculos con Ecuador, facilitará la reunificación familiar y estimulará el retorno voluntario.

5. Mantendrá la confidencialidad de los datos de carácter personal que se encuentren en los archivos de las instituciones de Ecuador en el exterior.

6. Protegerá las familias transnacionales y los derechos de sus miembros.

Art. 41.- Se reconocen los derechos de asilo y refugio, de acuerdo con la ley y los instrumentos internacionales de derechos humanos. Las personas que se encuentren en condición de asilo o refugio gozarán de protección especial que garantice el pleno ejercicio de sus derechos. El Estado respetará y garantizará el principio de no devolución, además de la asistencia humanitaria y jurídica de emergencia. No se aplicará a las personas solicitantes de asilo o refugio sanciones penales por el hecho de su ingreso o de su permanencia en situación de irregularidad. El Estado, de manera excepcional y cuando las circunstancias lo ameriten, reconocerá a un colectivo el estatuto de refugiado, de acuerdo con la ley.

Art. 42.- Se prohíbe todo desplazamiento arbitrario. Las personas que hayan sido desplazadas tendrán derecho a recibir protección y asistencia humanitaria emergente de las autoridades, que asegure el acceso a alimentos, alojamiento, vivienda y servicios médicos y sanitarios. Las niñas, niños, adolescentes, mujeres embarazadas, madres con hijas o hijos menores, personas adultas mayores y personas con discapacidad recibirán asistencia humanitaria preferente y especializada. Todas las personas y grupos desplazados tienen derecho a retornar a su lugar de origen de forma voluntaria, segura y digna.

Población y movilidad humana Art. 391.- El Estado generará y aplicará políticas demográficas que contribuyan a un desarrollo territorial e intergeneracional equilibrado y garanticen la protección del ambiente y la seguridad de la población, en el marco del respeto a la autodeterminación de las personas y a la diversidad.

Art. 392.- El Estado velará por los derechos de las personas en movilidad humana y ejercerá la rectoría de la política migratoria a través del órgano competente en coordinación con los distintos niveles de gobierno.

El Estado diseñará, adoptará, ejecutará y evaluará políticas, planes, programas y proyectos, y coordinará la acción de sus organismos con la de otros Estados y organizaciones de la sociedad civil que trabajen en movilidad humana a nivel nacional e internacional.

Asimismo, se establecen la igualdad real y no discriminación (arts. 11 –numerales 2 y 4– y 66 –numeral 4–) y la ciudadanía universal (art. 416). Se estipula la igualdad de derechos tanto para ecuatorianos como para extranjeros (art. 9). Además, se dispone la creación de los Consejos Nacionales para la Igualdad donde se incluye uno de la Movilidad Humana, todavía pendiente de crear (arts. 156 y 157).

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Entre los derechos y obligaciones de las personas refugiadas se encuentran los siguientes:

Derechos • • • • • •

Permanecer legalmente en Ecuador No ser deportado por ningún motivo Transitar libremente por Ecuador No ser discriminado por ningún motivo Trabajar por cuenta propia, o contratado Tener acceso a la justicia, educación y salud

Obligaciones

• • • •

Respetar las leyes de Ecuador Acatar las medidas decretadas para mantener el orden público No intervenir en los asuntos políticos del país de refugio No afectar las relaciones entre su país de origen y el país de asilo

Elaboración: Codhes.

Más adelante se hará referencia a la propuesta que la Función Ejecutiva ha venido trabajando sobre la temática, aunque se conoce que el Proyecto de Ley de Movilidad Humana aún se encuentra en proceso y su aprobación parece lejana.

3.1.2. Efectos de los instrumentos de regulación migratorios En relación con la normatividad de regularización migratoria, se ha podido evidenciar que son tres tipos de calidades migratorias a las que la población colombiana generalmente accede: Estatus de refugiado, Visa de Residencia Temporal Mercosur y Visa 9-VI de amparo. En el último año, la solicitud de estas calidades ha tenido un cambio notable, generando efectos reales en las condiciones de vida de la población migrante.

• Estatus de refugiado: Al hacer la solicitud se otorga un Certificado Provisional de Solicitante de Refugio (validez 90 días, prorrogables) para luego de ser aprobada, entregar el Carné de identificación con la Visa 12-IV de Asilo y Refugio que da la acreditación como refugiado en el país (carácter indefinido, debe ser renovada cada año).2 • Visa de Residencia Temporal Mercosur: Autorización de ingreso y permanencia en el país que se otorgará al extranjero nacional de los Estados Parte de Mercosur que desee ingresar al territorio nacional sin el ánimo de establecerse en él. Tiene una vigencia de dos años.

• Visa 9-VI: Visa de amparo por matrimonio, parentesco o reunificación familiar y matrimonio ecuatorianoextranjero. Tiene una duración indefinida con entradas múltiples.

2 En una sección posterior se expondrá la Sentencia de la Corte Constitucional de Ecuador (del 15 de septiembre de 2014), en la cual se declararon inconstitucionales varias de las disposiciones del Decreto Ejecutivo Nro. 1182 denominado “Reglamento para la aplicación en Ecuador del Derecho al Refugio establecido en el artículo 41 de la Constitución de la República, las normas contenidas en la Convención de las Naciones Unidas de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados y en su Protocolo de 1967”. El mencionado Decreto Ejecutivo Nro. 1182 de 2012 ha recibido serias críticas por organizaciones nacionales e internacionales, que han expresado su preocupación por los efectos negativos de esta norma. Más información en “Sentencia de Corte Constitucional se refiere al derecho al refugio en Ecuador”. Disponible en: http://www.larepublica.ec/blog/sociedad/2014/09/17/sentencia-de-corte-constitucional-serefiere-al-derecho-al-refugio-en-ecuador/

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Dinámica de los instrumentos de regularización migratoria y sus implicaciones en la satisfacción de los DESC A partir de entrevistas y del trabajo con grupos focales se ha podido corroborar que el estatus de refugiado, como mecanismo de protección internacional, otorgado por Ecuador a los colombianos que han sido víctimas del conflicto armado, no constituye una garantía para el goce efectivo de los DESC. El obtener el estatus de refugiado le permite a la población formalizar su situación migratoria, situación que indudablemente contribuye a su bienestar. Sin embargo, en las ciudades fronterizas el tener estatus de refugiado es para muchos un señalamiento que pone en evidencia una afectación en el pasado por el conflicto armado en Colombia. La nominación, que para algunos de por sí es incómoda, resulta inconveniente cuando hay altos grados de estigmatización y xenofobia.

En 2014 ha ocurrido una transición en la solicitud de las calidades migratorias, en donde una proporción significativa de la población colombiana ha optado por solicitar la Visa de Residencia Temporal de Mercosur en vez del estatus de refugiado o, incluso, han abandonado la protección internacional que les otorga el estatus de refugiado para acceder a la visa de residencia de Mercosur (Gráfica 31).3

Gráfica 31.

Otorgamiento Visa Temporal Mercosur

2.500 2.183 1.827

2.000

1.797

1.754

1.444

1.500

1.359

1.365

1.128 910

1.000

500 36

2014

Enero

Diciembre

Noviembre

Octubre

Septiembre

Agosto

Julio

Junio

Mayo

Abril

0

2015

VISAS MERCOSUR OTORGADAS

Fuente: Elaboración Codhes con datos del Sistema de Gestión del Servicio Exterior (Esigex).

3 El estatus de refugiado y la visa de residencia temporal de Mercosur son consideradas calidades migratorias en Ecuador, y en la medida en que no es permitido contar con dos calidades migratorias de manera simultánea, la población debe optar por solicitar solo una de estas.

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La visa de residencia temporal de Mercosur está diseñada para la integración social y económica de los ciudadanos de la región, mas no para proteger a las personas que han huido de su país porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por los conflictos internos. A pesar de que no es un mecanismo de protección internacional, ha permitido a los colombianos en Ecuador acceder a empleo, vivienda, salud, sistema de bancarización de manera más efectiva que con el estatus de refugiado. Así las cosas, el no contar con la categorización formal de “refugiado” ha resultado más efectivo para la población migrante. Adicionalmente, para las personas a las que se les ha negado el estatus de refugiado o que no lo han solicitado, la visa de residencia temporal de Mercosur les resulta una opción real para regularizar su situación migratoria.

La regularización migratoria a través de la visa temporal de Mercosur y el abandono del estatus de refugiado por adquirir esta visa debe ser estudiada con mucha atención, pues puede tener graves consecuencias en el mediano plazo. Según el acuerdo, la población podrá acceder a la visa de residencia permanente siempre y cuando cuente con la “acreditación de medios de vida lícitos que permitan la subsistencia del solicitante y su grupo familiar conviviente, mediante la presentación de la Declaración del Impuesto a la Renta o Certificado de Aportaciones al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social” (Ministerio de Relaciones Exteriores y de Movilidad Humana, 2014).4 Dado que los dos años de las primeras visas temporales de Mercosur otorgadas se cumplirán hasta 2016, actualmente hay un desconocimiento frente a la especificidad de los requisitos o criterios que se deben instituir para sustentar la subsistencia que permitiría adquirir la visa permanente.

Resulta innegable que la visa de Mercosur para los migrantes de la frontera ha sido herramienta que en el corto plazo ha contribuido a satisfacer derechos económicos y sociales que bajo el estatus de refugiado son más difíciles. Sin embargo, esto no debe traducirse en rechazar dicho estatus ni las otras medidas de protección internacional. Por el contrario, transiciones como las que se están presentando en Ecuador en relación con los migrantes forzados por el conflicto armado colombiano son una alarma frente a la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección internacional y la garantía para el goce efectivo de sus derechos como refugiados.

Independientemente de los eventuales beneficios que obtiene la población refugiada al adquirir la Visa de Mercosur, el rechazo a la protección internacional para adquirir una visa de carácter económico, hace que se oculte la magnitud de la población en necesidad de protección internacional producto del conflicto armado colombiano. Una política efectiva de refugio con garantías en derechos humanos y DESC evitaría la disyuntiva entre solicitar refugio o solicitar Visa de Mercosur.

Por ahora se espera que la futura Ley de Movilidad Humana y su correspondiente regulación contribuyan a mejorar los derechos de la población en situación de refugio en Ecuador, en donde sería ideal se instaurara la posibilidad de tener el estatus de refugiado y la visa de Mercosur de manera simultánea.

4 La ratificación del Acuerdo sobre Residencia para los Nacionales de los Estados Partes del Mercosur y Estados Asociados fue publicada en el Registro Oficial Nro. 209 de 21 de marzo de 2014 y la reglamentación interna dispuesta en el Acuerdo Ministerial Nro. 000031 de 2 de abril de 2014, en el que se determinan como beneficiarios de esta categoría de visa en Ecuador a los nacionales de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay, Bolivia, Colombia y Perú.

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Un indicador de las solicitudes que presentan los colombianos para acceder a la visa de Mercosur es la solicitud del Certificado de antecedentes judiciales, penales o policiales en los consulados. El Cónsul de Nueva Loja indicó que a diciembre de 2014 se han requerido 270 certificados; el Cónsul de Esmeraldas señala que en esta provincia mensualmente se solicitan aproximadamente 900 solicitudes de visa Mercosur.

La no voluntad expresa de los colombianos residentes en Ecuador de retornar al país, así como la sensación generalizada de dejar de lado el pasado del conflicto armado en Colombia, hacen que la población colombiana en Ecuador se preocupe por adquirir todas las herramientas para una integración definitiva. Algunas familias de colombianos, producto de la reconstrucción de tejido social, el nacimiento de integrantes de las familias en Ecuador y la obtención de recursos materiales, desean acceder a un instrumento legal que les permita sentirse ciudadanos allí y de esa manera beneficiarse no solamente de las ayudas por ser refugiados, sino también de los subsidios de vivienda, incentivos para la educación, entre otros.

3.1.3. Sentencia de la Corte Constitucional de Ecuador sobre la Demanda de Inconstitucionalidad del Decreto Ejecutivo Nro. 1182 que afecta el Derecho de los Refugiados Asylum Access Ecuador presentó el 26 de octubre de 2012 una acción de inconstitucionalidad en relación al Decreto Ejecutivo Nro. 1182, que regula el Derecho de Refugio en Ecuador. Esta demanda fue presentada en contra de los artículos 8, 24, 25, 27, 33, 34, 47, 48, 49, 50 y 54 de tal norma.

La demanda fue signada con el número 0056-12-IN. Adicionalmente, la Clínica Jurídica de la Universidad San Francisco de Quito (USFQ) presentó una demanda de inconstitucionalidad sobre el mismo Decreto Ejecutivo y en relación a las mismas disposiciones, el 26 de noviembre de 2012. A esta demanda se le otorgó el número 0003-12-IA. El 30 de octubre del mismo año se dispuso la acumulación de las causas 0056-12-IN y 0003-12-IA, y el 26 de noviembre de 2013 la jueza sustanciadora, Ruth Seni, avocó conocimiento de las mismas.

La motivación de los accionantes para establecer la inconstitucionalidad de las mencionadas normas del Decreto Ejecutivo fue la siguiente: • El Decreto vulnera el principio de reserva de ley pues no cumple con los requisitos formales necesarios para la regulación de un derecho humano, ya que todos los derechos humanos deben ser regulados por vía de una ley orgánica y no por un reglamento.

• Artículo 3: Dispone que las personas refugiadas no pueden intervenir en asuntos políticos internos, lo que contraviene al artículo 2 el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

• Artículo 8: Este artículo contiene la definición de refugiado pero omite la definición ampliada de la Declaración de Cartagena (1984), dejándose de lado el elemento de persecución que permite efectuar una consideración de las situaciones subjetivas del país de origen.

• Artículo 9: Vulnera el derecho a la no devolución pues incluye más motivos para excluir a las personas de la protección de asilo, lo que contraviene los artículos 32 y 33 de la Convención.

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• Artículos 19 y 20: Disminuyen las garantías determinadas en la Convención de 1951 pues prevén un examen de admisibilidad previo a la solicitud lo que constituye un filtro previo a la determinación de la condición de refugiado.

• Artículos 27, 33 y 34: Estos artículos establecen plazos sumamente cortos que vulneran el derecho al debido proceso y la obligatoriedad de procesos singularizados. El artículo 27 establece un plazo de quince (15) días. después de haber entrado al país, para poder solicitar refugio y no prevé el derecho de impugnación en contra de una solicitud inadmitida por haber sido presentada fuera de este plazo.

En el caso de la inadmisión de una solicitud por ser infundada o abusivo se tiene un plazo de tres (3) días para la apelación.

• Artículos 33 y 48: Estos artículos establecen que una solicitud será rechazada por presumirse manifiestamente infundada o abusiva. Se da el plazo de tres (3) días para interponer recurso de apelación y de cinco (5) días en el evento de que el rechazo se efectúe en primera instancia una vez sea la solicitud admitida a trámite. Estos plazos son discriminatorios pues no se condicen con el plazo de quince (15) días establecidos en el Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva (Erjafe) para la presentación de tal recurso.

• Artículo 34: Crea una nueva categoría, solicitantes de asilo, pues solo reconoce derechos para las y los solicitantes que han superado la etapa de admisibilidad del proceso de refugio, eliminado la tutela de derechos fundamentales de los solicitantes previo a una disposición respecto a esta etapa de admisibilidad. Se dispone que solo cuando la solicitud pase por el umbral de determinación de si una solicitud es manifiestamente infundada o abusiva el solicitante está formalmente admitido al proceso de asilo y puede acceder a ciertos derechos fundamentales.

• Artículos 47 y 50: Establece que la presentación de un recurso extraordinario de revisión no es garantía para evitar la deportación pues el recurso de apelación pone fin a la vía administrativa. Luego, la negativa de este último conlleva la obligación de abandonar el país dentro de un término de quince (15) días.

• Artículo 52: Establece que cesará la condición de refugiado si la persona hubiere regresado a su país de origen sin la autorización escrita de la autoridad competente.

Consideraciones y fundamentos de la Corte Constitucional • Alcance del derecho al refugio: Si bien el refugio es un derecho humano, este solo puede ser ejercido por quienes cumplen los requisitos esenciales para gozar de tal calidad; para lo cual se requiere que el solicitante no se encuentre dentro de una de las disposiciones de exclusión contempladas en el artículo 1A (2) de la Convención de 1951 o porque no merezcan protección internacional por haber cometido delitos graves en conformidad con el artículo 1F del mismo instrumento.

150

CODHES

• Reserva de ley: El Decreto fue expedido de conformidad con el artículo 147.13 de la Constitución en concordancia con el artículo 5 del Erjafe. A pesar de esto se ha establecido que este Decreto es formalmente inconstitucional pues no se adecúa a las disposiciones del artículo 133.2 de la Constitución, el cual establece que determinadas materias deben ser reguladas por normas expedidas exclusivamente por el poder legislativo. La Corte establece que no todos los derechos constitucionales deben ser desarrollados por el legislador mediante ley orgánica, pues conforme al artículo 8 de la Carta Magna existe una obligación de desarrollo progresivo del contenido de los derechos “mediante normas” (expresión de carácter general). Si bien los Reglamentos no pueden limitar derechos esto no significa que no puedan pormenorizar la regulación de los mismos. El Decreto 1182 no regula de forma general el contenido y alcance del derecho al refugio sino que coadyuva a asegurar su pleno ejercicio por lo que este Decreto es compatible con el principio de reserva de ley.

• Artículos 27, 33 y 48: Los argumentos de los accionantes se refieren a la vulneración del derecho a la igualdad formal, por lo que se debe comparar los plazos del Decreto con los del Erjafe. El Decreto establece un plazo de 3 y 5 días para la interposición de los recursos administrativos correspondientes y del recurso de apelación respectivamente. El Erjafe contempla en artículos 175 y 177 establece el plazo de 15 días para presentación de un recurso de reposición y apelación. Esta es distinción carece de una justificación objetiva y razonable que constituye discriminación y no considera la protección especial del artículo 41 de la Constitución a favor de las personas refugiadas. En consecuencia el plazo de 15 días para la presentación de la solicitud de refugio es injusto por establecer un período mínimo, que no considera la “forma abrupta y traumática de ruptura espacio-temporal que enfrentan las personas que por fundados temores a ser perseguidos […] no quieren o no pueden acogerse a la protección de su Estado”. Luego, tanto los plazos para la interposición de recursos como para la presentación de la solicitud de refugio vulneran el derecho a la igualdad.

• Artículo 8: Esta definición es una copia íntegra del artículo 2.1 de la Convención de las Naciones Unidas Relacionada con el Estatus de Refugiados (Convención de 1951), en tanto la Declaración de Cartagena, además de los elementos de la mencionada Convención y el Protocolo de 1967, incluye también la noción de “violencia generalizada” como criterio para el reconocimiento de la condición de refugiado; es decir, fortalece la protección y asistencia a las personas refugiadas. Esta situación se vincula al artículo 11.3 de la Constitución que establece la aplicación directa de los derechos y garantías establecidos en instrumentos internacionales de derechos humanos. De conformidad con el principio pro personas la garantía del ejercicio de los derechos implica acudir a la norma más protectora o a la interpretación más extensiva cuando se trata de reconocer derechos protegidos. Dado que la definición de la Declaración de Cartagena es más favorable esta debió ser incluida en el Decreto Ejecutivo Nro. 1182.

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151

Decisión de la Corte (Sentencia Nro. 002-14-SIN-CC de 14 de agosto de 2014) Se aceptaron parcialmente las demandas de inconstitucionalidad por el fondo en los siguientes términos: 1) Los plazos contemplados en los artículos 27, 33 y 48 vulneran el derecho a la igualdad, por lo que se declaran las siguientes inconstitucionalidades sustitutivas: • Se sustituye el plazo de quince (15) días del artículo 27 por el de tres (3) meses.

• Se sustituye el plazo de tres (3) días del artículo 33 por el de quince (15) días.

• Se sustituye el plazo de cinco (5) días del artículo 48 por el de quince (15) días.

2) En conformidad con el artículo 5 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional se modulan los efectos de la sentencia de la siguiente manera: • Se incluye en el artículo 8 del Decreto la noción de “violencia generalizada” de la Declaración de Cartagena.

• Se elimina el segundo inciso del artículo 50 del Decreto (inciso segundo: “Sin embargo, esto no impide que la persona a la cual se le haya negado la solicitud de refugio, sea deportada; salvo en los casos cuando resulta más que evidente un mal obrar por parte de la Comisión en el respectivo trámite”).

Según indican algunas organizaciones de la sociedad civil en Ecuador que trabajan con población en situación de movilidad humana, a pesar de las directrices de la Corte Constitucional Ecuatoriana, aun no se tiene en cuenta la definición ampliada de refugio de la Declaración de Cartagena para reconocer el estatus de refugio. Esta situación se ve reflejada en la baja tasa de reconocimiento de refugiados en el año 2014 de 4,06 por ciento.

3.1.4. Derechos exigibles –avances concretos del Estado ecuatoriano– Derecho a la educación: Según el Ministerio de Educación, a través del Acuerdo Ministerial Nro. 455 del 21 de septiembre de 2006, que regula la permanencia y el acceso a la educación de niños y niñas extranjeros en condición de movilidad, se garantizará el derecho de los mismos a cursar el currículo normal dentro de las instituciones de educación inicial, media y superior (Régimen Escolar). El reglamento en cuestión posee una prohibición expresa de denegación de acceso a la educación a quienes estuviesen en situación de movilidad humana. Quien deseare acceder a este servicio deberá contar con los siguientes documentos: 1) D ocumento que acredite al sujeto como refugiado o un documento que acredite que dicho trámite se encuentra en proceso.

2) Cédula o registro civil del país de origen. En caso de no tener identificación, a través de un proceso ante la Dirección provincial de Educación se otorgará una matrícula provisional.

152

CODHES

Para lo concerniente a la convalidación de estudios, a través de una apostilla la persona interesada podrá convalidar su proceso académico para prevenir la dilatación de dicho proceso. Todo el proceso educativo en el régimen de NNA en situación de movilidad humana deberá ser dispuesto bajo el principio de igualdad material y formal. Además, la educación será gratuita.

Derecho al acceso a seguridad social: El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) ha iniciado la sistematización de datos de personas extranjeras en calidad de refugiadas en Ecuador cuyas actividades laborales deben cotizar en la seguridad social. Para poder afiliar a un refugiado al Instituto se deberá proporcionar: 1) Fotocopia de la visa de refugio.

2) Carné laboral.

3) Fotocopia del pasaporte.

4) Fotocopia del contrato de trabajo legalizado.

Con esta información el IESS generará un número de identificación especial para la afiliación de los ciudadanos en condición de movilidad humana.

Derecho al acceso a educación superior: Quien se encuentre en calidad de refugiado es beneficiario de un proceso de discriminación positiva por parte de la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (conocida como Senescyt) para acceder a centros de educación superior.

Licencia para conducir: Las personas refugiadas podrán acceder a licencias de conducción bajo el régimen común de solicitud de licencias de conducción ante la Agencia Nacional de Tránsito.

Derecho al trabajo: Conforme lo descrito en el Acuerdo Nro. 118 del Ministerio de Relaciones Laborales, quienes se encuentren en situación de movilidad humana ya no tendrán – como sucedía hasta antes de 2010- que solicitar un permiso de esta cartera de Estado para legalizar un contrato de trabajo (Ministerio de Relaciones Laborales de Ecuador, 2012).

3.1.5. Sobre el proyecto de Ley de Movilidad Humana El anteproyecto de Ley de Movilidad Humana es una iniciativa legislativa que se ha promovido en consonancia con lo establecido en el Plan Nacional del Buen Vivir (PNBV) periodo 2013-2017. Esta propuesta es un camino marcado por la Constitución de 2008 y los instrumentos internacionales de derechos humanos.

El proyecto de una legislación en la materia constituye un importante paso en la manera de concebir las relaciones jurídicas no solamente respecto de los ecuatorianos que se encuentran fuera del territorio nacional, sino también con la población no-ecuatoriana que se encuentra en calidad de desplazada o refugiada en el país.

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153

La legislación migratoria vigente data de 1970 y corresponde a la Ley de Extranjería y a su reglamento.

Esta normativa no está armonizada con la Carta Magna, ni con los últimos avances en doctrina así como tratados internacionales suscritos por Ecuador en esta materia. A continuación se presentan los puntos rectores sobre los cuales se plantea la construcción de la ley: 1) Recoger aportes de la participación de la sociedad civil y las organizaciones de personas en situación de movilidad humana.

2) Brindar atención y protección a los migrantes ecuatorianos en el exterior, en coordinación con entidades de la sociedad civil y entidades gubernamentales, mediante la prestación de servicios, acciones diplomáticas y asistencia legal para la protección de sus derechos.

3) Promover la regularización del estatus migratorio de ecuatorianos en el exterior.

4) Fortalecer y articular un sistema de regularización de extranjeros que garantice y proteja sus derechos en Ecuador.

5) Garantizar el debido proceso a las personas que están en situación de deportación.

6) Acompañar los procesos de retorno de los ecuatorianos que lo decidan y fomentar su inclusión económica y social.

7) Promover la implementación de mecanismos supranacionales articulados al Sistema Integral de Protección Especial para garantizar la protección de derechos de las personas en situación movilidad humana, con criterios de corresponsabilidad internacional.

8) Incorporar en el Subsistema Integral de Información de Vulneración de Derechos las particularidades y necesidades de las personas en situación de movilidad humana a fin de facilitar el diseño, la ejecución y la evaluación de programas de atención y protección que garanticen sus derechos.

9) Desarrollar mecanismos de prevención, control y sanción frente a actos de discriminación y violación de derechos de personas en situación de movilidad humana.

10) Fomentar e implementar instrumentos educo-comunicacionales para el respeto a la dignidad de los seres humanos, la erradicación de todas las formas de xenofobia y racismo y la efectiva inclusión de personas en situación de movilidad humana, desde la construcción de patrones culturales que afirmen una ética solidaria.

11) Generar e implementar mecanismos que faciliten la recuperación de capacidades para la inclusión económica de las personas en situación de movilidad humana y sus diversos tipos de familia, con énfasis en el acceso a asistencia técnica, crédito y capacitación y en la vinculación con la economía popular y solidaria.

12) Fomentar iniciativas que afirmen la convivencia intercultural y promuevan la inclusión social y cultural de las personas en situación de movilidad humana, enfatizando en la cohesión social y la sensibilización de la ciudadanía, mediante la comprensión en la convivencia.

13) Promover acciones de atención integral a personas en situación migratoria irregular, refugiadas y otras en necesidad de protección internacional, fomentando el logro de soluciones duraderas, con corresponsabilidad internacional.

14) Crear un Subsistema Integral de Información de Vulneración de Derechos, dentro del Sistema Nacional de Información (SNI), con registro único interinstitucional sobre violencia y discriminación de género, intergeneracional, étnico-racial, por discapacidad y por condición de movilidad humana, para la evaluación, la generación de conocimientos y la formulación de políticas públicas.

154

CODHES

La presente propuesta de normativa se encuentra apoyada por las asambleístas Dora Aguirre5 y Linda Machuca.6 Machuca preside el Grupo Parlamentario por los Derechos de las Personas en Movilidad Humana.

Proceso de socialización Según las autoridades, el proceso de construcción del anteproyecto ha intentado lograr que la sociedad civil se vincule con su redacción. En este sentido se han venido realizando foros destinados a generar debate. La postura de la Defensoría del Pueblo es darle una lógica integral a la movilidad humana por ser una población de atención prioritaria, y plantea una propuesta que sea integral, que establezca derechos y deberes a quienes están considerados como parte de este grupo: emigrantes, inmigrantes, refugiados, solicitantes de refugio, desplazados, transeúntes, apátridas, víctimas de trata de personas y víctimas de tráfico ilícito de personas.

El funcionario comentó que a los ecuatorianos que están en otros países les hace falta fortalecer la ayuda con los consulados de cada país, mientras que a los retornados les falta un mayor apoyo para la reinserción y readaptación de los estilos de vida.

3.1.6. Estado actual del Anteproyecto de Ley El 16 de julio de 2015 se entregó oficialmente el proyecto de Ley de Movilidad Humana a la Asamblea Nacional. Los parlamentarios señalaron que con la ley se busca armonizar la normativa en materia de movilidad humana con el marco constitucional de 2008 en un solo cuerpo legal, recogiendo 12 leyes dispersas y caducas para garantizar la movilidad, defensa de los derechos y el Buen Vivir.

Así las cosas, se espera que con la Ley de Movilidad Humana se superen las contradicciones entre los derechos que reconoce la Constitución de Ecuador a los refugiados y la caduca Ley de Migración y extranjería de 1971.7

3.1.7. Marco para políticas públicas De acuerdo con lo estipulado en el PNBV 2013-2017, documento rector dentro de la política pública ecuatoriana, la inclusión de las minorías, –dentro de ellas las personas en situación de movilidad humana– es un punto neurálgico. En el PNBV se establece, dentro del Objetivo 2 denominado “Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social y territorial, en la diversidad”, lo siguiente:

5 Presidenta de la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social. Actualmente es integrante de la Dirección Nacional del Movimiento Alianza PAIS y responsable de la Comisión de Relaciones Internacionales de dicho movimiento.

6 Actualmente es integrante de la Dirección Nacional del Movimiento Alianza PAIS y responsable de la Comisión de Relaciones Internacionales del mismo movimiento.

7 “Ley de 1971, que define al refugiado como no migrante así de anticuada es la ley vigente (de Extranjería), tienen derecho al trabajo , a la salud pero la ley dice que no son migrantes, eso cambiaría con la nueva ley” (El Universo, 2014).

Continuidades de la desprotección: migraciones forzadas y satisfacción de derechos sociales en la frontera entre Colombia y Ecuador

155

156

2.7

Garantizar la protección y fomentar la inclusión económica y social de personas en situación de movilidad humana, así como de sus diversos tipos de familias

2.7 . a.

Impulsar e implementar un marco normativo para la movilidad humana, recogiendo los aportes de la participación de la sociedad civil y las organizaciones de personas en situación de movilidad humana.

2.7 . b.

Brindar atención y protección a los migrantes ecuatorianos en el exterior, en coordinación con entidades de la sociedad civil y entidades gubernamentales, mediante la prestación de servicios, acciones diplomáticas y asistencia legal para la protección de sus derechos.

2.7 . c.

Promover la regularización del estatus migratorio de ecuatorianos en el exterior.

2.7 . d.

Fortalecer y articular un sistema de regularización de extranjeros que garantice y proteja sus derechos en Ecuador.

2.7 . e.

Garantizar el debido proceso a las personas que están en situación de deportación.

2.7 . f.

Acompañar los procesos de retorno de los ecuatorianos que lo decidan, y fomentar su inclusión económica y social.

2.7 . g.

Promover la implementación de mecanismos supranacionales articulados al Sistema Integral de Protección Especial, para garantizar la protección de derechos de las personas en situación movilidad humana, con criterios de corresponsabilidad internacional.

2.7 . h.

Incorporar en el Subsistema Integral de Información de Vulneración de Derechos las particularidades y necesidades de las personas en situación de movilidad humana a fin de facilitar el diseño, la ejecución y la evaluación de programas de atención y protección que garanticen sus derechos.

2.7 . i.

Desarrollar mecanismos de prevención, control y sanción frente a actos de discriminación y violación de derechos de personas en situación de movilidad humana.

2.7 . j.

Fomentar e implementar instrumentos educomunicacionales para el respeto a la dignidad de los seres humanos, la erradicación de todas las formas de xenofobia y racismo y la efectiva inclusión de personas en situación de movilidad humana, desde la construcción de patrones culturales que afirmen una ética solidaria.

2.7 . k.

Generar e implementar mecanismos que faciliten la recuperación de capacidades para la inclusión económica de las personas en situación de movilidad humana y sus diversos tipos de familia, con énfasis en el acceso a asistencia técnica, crédito y capacitación y en la vinculación con la economía popular y solidaria.

2.7 . l.

Fomentar iniciativas que afirmen la convivencia intercultural y promuevan la inclusión social y cultural de las personas en situación de movilidad humana, enfatizando en la cohesión social y la sensibilización de la ciudadanía, mediante la comprensión en la convivencia.

2.7 . m.

Promover acciones de atención integral a personas en situación migratoria irregular, refugiadas y otras en necesidad de protección internacional, fomentando el logro de soluciones duraderas, con corresponsabilidad internacional.

CODHES

Clasificadores orientadores del gasto en políticas públicas de Ecuador.

En concordancia con el PNBV, el Ministerio de Finanzas debe emitir informes periódicos sobre la incidencia de su asignación dentro del objetivo macro de estado. El siguiente cuadro ilustra la relación entre objetivos macro de política social con la asignación de recursos:

CLASIFICADOR DE ORIENTACIÓN DE GASTO EN POLÍTICAS DE IGUALDAD EN MOVILIDAD HUMANA ORIENTACIÓN DE GASTO

DIRECCIONAMIENTO DE GASTO

CATEGORÍA

01

00

00

POLÍTICAS DE IGUALDAD

01

04

00

MOVILIDAD HUMANA

01

04

01

Garantizar los derechos de las personas ecuatorianas en el exterior independientemente de su condición migratoria

DERECHOS EN EL EXTERIOR

01

04

02

Apoyar a la integración de ecuatorianos/as en sociedades de destino

INTEGRACIÓN EN DESTINO

01

04

03

Promover y reforzar la lucha contra la xenofobia, la discriminación y la intolerancia

XENOFOBIA DISCRIMINACIÓN

01

04

04

Favorecer y fomentar la participación ciudadana de los/as migrantes ecuatorianos/as y sus organizaciones en origen y destino

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

01

04

05

Prevenir y combatir de manera integral la trata y tráfico de personas

TRATA Y TRÁFICO DE PERSONAS

01

04

06

Apoyar el retorno voluntario de los/as migrantes ecuatoriano/as en el exterior

RETORNO VOLUNTARIO

01

04

07

Favorecer la integración social, laboral y económica de los/as migrantes retornados/as

DESCRIPCIÓN DEL CLASIFICADOR

POLÍTICA A LA QUE APORTA

REINTEGRACIÓN EN ECUADOR

01

04

08

Garantizar los derechos de los/as familiares de migrantes ecuatorianos/as y de la familia transnacional, previniendo toda forma de discrimnación

01

04

09

Fortalecer la política migratoria, sus agendas, convenios y acuerdos desde una perspectiva de derechos

POLÍTICA MIGRATORIA

01

04

10

Crear y fortalecer espacios de generación de información y estudio sobre la movilidad humana internacional

INVESTIGACIÓN

01

04

11

Promover y fortalecer la institucionalidad del Estado para transversalizar la atención a la movilidad humana

DERECHOS FAMILIA TRANSNACIONAL

INSTITUCIONALIDAD

Fuente y elaboración: Ministerio de Finanzas, 2014.

Continuidades de la desprotección: migraciones forzadas y satisfacción de derechos sociales en la frontera entre Colombia y Ecuador

157

3.1.8. Respuestas estatales y no estatales según las dimensiones de estudio Generación de ingresos La presente sección expone la respuesta institucional estatal y no estatal frente al estado laboral y la forma de generación de ingresos que tiene la población de refugiados colombianos en territorio ecuatoriano mediante una investigación de datos porcentuales, factores personales y legales, y además exponiendo los cambios que se han venido experimentando en el tiempo, hasta la actualidad.

Al considerar la cantidad de personas refugiadas colombianas en territorio ecuatoriano, es necesario investigar cuáles son las condiciones y a qué se exponen en tema laboral; si existe o no capacidad de trabajo y de qué forma generan ingresos para su supervivencia.

Empezando por el estatus migratorio de los refugiados, es importante destacar que existen grandes dificultades para acceder a un medio de subsistencia debido a la situación legal de los colombianos.

En general, resulta difícil acceder al mercado laboral ecuatoriano y más aún en Quito, la capital, ya que es común que se den casos de explotación laboral, bajos salarios y demás abusos por parte de los empleadores, pero esto también va de la mano con la distinción de género y los prejuicios sociales marcados por la historia del narcotráfico y la violencia en Colombia.

Con base en información del Servicio Jesuita a Refugiados (2006), es más fácil para una mujer colombiana conseguir trabajo realizando quehaceres domésticos –ya que no es necesario poseer un estatus legal acorde–, que para un hombre realizar cualquier tipo de labor. En efecto, el 55 por ciento de los hombres consultados afirma que es sumamente dificultoso conseguir trabajo frente a un 40 por ciento de mujeres que opina lo mismo.

Según el estudio Refugiados Urbanos, presentado por Acnur y Flacso (2011), el 38 por ciento de los refugiados está compuesto por trabajadores de los servicios, peluqueros, y vendedores de comercio y mercado; el 20 por ciento, por trabajadores no calificados (vendedores ambulantes y personal doméstico); el 19 por ciento, por operarios, artesanos, panaderos y de otros oficios; el 17 por ciento, por empleados en trato directo con el público; el 3 por ciento, por técnicos profesionales de nivel medio; y el otro 3 por ciento, pertenece a otras ocupaciones u oficios (SJR, 2006).

La forma más accesible para obtener ingresos que encontró la población de desplazados fue la de acudir al comercio, puesto que, como explica el SJR, se puede desarrollar de manera independiente y autónoma. Sin embargo, esta actividad se realiza desde la informalidad, siendo la calle y los transportes públicos los principales sitios de expendio de productos adquiridos o elaborados por ellos mismos, lo que inmediatamente deviene en formas de exposición personal e inseguridad.

158

CODHES

En comparación, los colombianos que cuentan con un contrato de trabajo estable son solo un 5,1 por ciento. Además, de lo anterior, de este porcentaje, un 2,2 por ciento afirma que tiene beneficios legales por el mismo. Es así como las condiciones laborales que tenían en Colombia para algunos eran mejores, no solo por el salario, sino también por el número de horas que trabajaban, siendo así un total de 56 horas semanales en Quito, cuando el establecido por ley es un máximo de 40. Los ingresos de los hogares de personas en situación de refugio era de aproximadamente 248 dólares mensuales en 2010, lo que les ubicaba entre los estratos de menor ingreso en Ecuador (Codhes, 2010).

Existen también iniciativas gubernamentales que aportan para que la producción de las personas refugiadas crezca. Por ejemplo, “el Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria (IEPS) y el Acnur, firmaron un convenio de cooperación interinstitucional para facilitar la inclusión económica de los refugiados en el mercado laboral” (Acnur, 2014). Este convenio se centra en tres ejes fundamentales: capacitación, asistencia técnica y orientación a servicios financieros de manera que, con mayores conocimientos, sea posible empezar emprendimientos individuales y, a la vez, ser orientados en la obtención de financiamiento para los mismos.

Además, existen instituciones estatales relacionadas con el proceso de integración las cuales realizan actividades que se derivan de los acuerdos binacionales lo que promueve el comercio entre los dos Estados y el crecimiento de ingresos para refugiados que venden productos traídos desde Colombia. Estas son: Asamblea Nacional de la República; Defensoría del Pueblo de Ecuador; Senplades; los GAD y los ministerios de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Justicia, del Interior (Policía Nacional y Proyecto de Migración), de Relaciones Laborales, de Educación y de Defensa y Fuerzas Armadas (OEA, 2012).

En Ecuador existen instituciones no gubernamentales que trabajan brindando asistencia a las personas refugiadas. Estas son el Fondo de las Naciones Unidas para la Niñez (Unicef), la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el Programa Mundial de Alimentos (PMA), el Programa de Voluntarios de las Naciones Unidas (UNV), el Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (ONU Mujeres), Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura (Unesco), la OIM, la Dirección General de Refugiados del Ministerio de Relaciones Exteriores (DGR), Hebrew Immigrant AID Society (HIAS), la Cruz Roja Ecuatoriana (CRE), la Fundación Ambiente y Sociedad (FAS), el Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio (FEPP), la Federación de Artesanos Afro Ecuatorianos Recolectores de Productos del Manglar (Fedarpom), la Unidad de Cooperación para el Desarrollo de las Poblaciones (Ucoped), Cooperazione Internazionale (Coopi), la Federación de Mujeres de Sucumbíos, la Pastoral Social Tulcán, la Pastoral Social Esmeraldas, la Iglesia de San Miguel de Sucumbíos (Isamis) y la Conferencia Episcopal (Acnur, 2014).

Entre estas se resalta en especial el trabajo que Acnur realiza en el país con relación a la población refugiada. Entre sus varias alianzas y convenios encontramos que: • El Banco Pichincha, importante institución financiera en Ecuador, y Acnur firmaron un acuerdo en favor de los refugiados el 26 de junio de 2014. Con el propósito de facilitar la apertura de cuentas bancarias a este sector vulnerable de la población del país, el banco desarrolló el nuevo producto “Cuenta Xperta para Refugiados”, a la que se tendrá fácil acceso presentando únicamente el original y la copia del Documento de Identificación de Refugiado, emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana (Acnur, 2014).

Continuidades de la desprotección: migraciones forzadas y satisfacción de derechos sociales en la frontera entre Colombia y Ecuador

159

• Además, PNUD y Acnur llegaron a una alianza con el fin de promover el desarrollo de la Frontera Norte de Ecuador. El acuerdo quiere favorecer la integración de las personas refugiadas en la zona de frontera, la autosuficiencia sostenible y el desarrollo integral de esas comunidades. Todo esto a través del fortalecimiento institucional y de las redes territoriales del área fronteriza (Acnur, 2014).

La legislación vigente ampara a las personas refugiadas y a su capacidad de realizar actividades económicas que permitan su sustento. Es por esto que muchos colombianos en calidad de refugiados han desarrollado negocios, especialmente de comida, para generar ingresos.

Así, existe el Reglamento para la Aplicación en Ecuador del Derecho de Refugio establecido en el Artículo 41 de la Constitución de la República, las Normas Contenidas en la Convención de las Naciones Unidas de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados y en su Protocolo de 1967.8 Además, existe el programa “Echa pa´lante tu negocio” de la Fundación Ambiente y Sociedad (FAS), organización socia de Acnur. Este es un proceso de capacitación en micro emprendimientos para personas en situación de refugio. El proyecto funciona en Quito y ha conseguido que tres de cada cinco negocios desarrollados por emprendedores participantes en el curso fortalezcan su capacidad comercial y tengan ventas estables hasta llegar a contratar más personal necesario para mejorar el negocio.

Cada 20 de junio se celebra el Día Mundial del Refugiado en Ecuador, marco clave para que se den gran variedad de eventos en las ciudades ecuatorianas donde más refugiados existen como son: Quito, Lago Agrio, Tulcán, Esmeraldas, Ibarra, Guayaquil y Cuenca. Esto permite que existan mayores oportunidades de inserción laboral para refugiados, por ejemplo a través de Ferias de Emprendimientos, actividades artísticas de grupos de refugiados y la presencia de las instituciones para explicar/sensibilizar a la población el tema de refugio. Estos eventos son impulsados en su mayoría por Acnur.

Por otro lado, en ciudades fronterizas como Tulcán, Lago Agrio y San Lorenzo se han llevado a cabo los siguientes programas que contribuyen a la generación de ingresos: En Lago Agrio, a través de Acnur se conoce que existe la posibilidad de hacerse acreedores a pequeños créditos otorgados por la Cooperativa, con calificación de institución financiera, “Codesarrollo”, con el fin de que incursionen en actividades de pequeña escala de producción y comercialización. Al momento existe un fondo de USD 55605 destinado a créditos para refugiados que residen en este cantón de la provincia de Sucumbíos (Acnur, 2013).

Tulcán, al ser la primera ciudad ecuatoriana que recibe a colombianos desde la frontera con Ipiales, cuenta con una oficina de la Organización Hebrea de Ayuda a Inmigrantes y Refugiados (HIAS), la cual ha desarrollado el proyecto “Cinor”, Centro de Información y Orientación, para apoyar de forma totalmente gratuita a la población refugiada e inmigrante con la entrega de información confiable en cuanto a trabajo, servicios a los que tienen acceso, orientación legal, deberes y derechos (HIAS, 2012).

8 Capítulo VI del Documento de Identificación de Refugiado/a: Art. 45.- El documento de Identificación de los Refugiado/a(s) tendrá una vigencia de dos años y poseerá la información que considere pertinente la Comisión. Art. 46.- Mientras el documento de Identificación de los Refugiado/a(s) mantenga su validez, permitirá a su titular realizar actividades económicas lícitas, independientes o bajo relación de dependencia. Está claro que mientras una persona en situación de refugio posea su documento de identificación como tal será relativamente fácil encontrar una forma de sustento tomando en cuenta su estatus, pero, también es importante recalcar que existe una gran cantidad de refugiados que no posee el estatus migratorio adecuado, por lo que los medios de supervivencia se reducen.

160

CODHES

Sobre la población colombiana en Tulcán, el censo realidad por PMA evidenció que suelen asentarse en los barrios El Bosque, Ciudadela Nuevo Tulcán, Tajamar Regalado, Tajamar, Padre Carlos de la Vega, Vivienda Popular, Taques, La Habana y, en general, alrededor de toda la ciudad (Pillajo, 2014). Una buena parte de la población solo toma la ciudad de paso, ya que por temor o por mejores oportunidades en la capital, se moviliza hacia Quito.

Si bien señala que existen personas que se han acoplado perfectamente, y hasta tienen comercios más prósperos que los ecuatorianos, también hay mendicidad colombiana o personas que trabajan por jornales ya que se reclutan cuadrillas de personas en la frontera, desplazando la mano de obra ecuatoriana (produciendo xenofobia).

Además, también se percibe que pasan la frontera personas que vienen a delinquir, “mulas”, sicarios o ladrones.

En Esmeraldas en general, la OIM viene desarrollando desde 2012 un convenio con los gobiernos locales de la provincia y con la Cooperativa de pescadores artesanales de Esmeraldas con el fin de se ofrecer formación y apoyo material a los trabajadores en la industria del pescado y el marisco, tanto para la población local vulnerable como para los migrantes colombianos que llegan al Ecuador en busca de protección internacional, con el propósito de aumentar la producción y las ventas (OIM, 2012).

La situación económica de los refugiados colombianos en Ecuador es precaria, pues a veces es muy difícil acceder al mercado laboral formal. Aún cuando tienen el derecho, muchos empleadores no quieren emplearlos por diversas razones, así que muchos trabajan en el mercado informal. Según el gobierno ecuatoriano se invierten anualmente 60 millones de dólares para atender las necesidades de los refugiados, mientras que la comunidad internacional aporta unos 15 millones de dólares, de acuerdo con la Dirección de Refugio de la Cancillería. A ello se suma un aporte de Acnur, que considera necesario una mayor corresponsabilidad de Colombia para atender a sus connacionales (Colprensa-Xinhua, 2013).

Vivienda El derecho a una vivienda digna y adecuada para los refugiados en Ecuador es todavía un reto. Si bien es clara la responsabilidad que tiene el Estado de precautelar por los derechos de los individuos refugiados, incluido el pleno derecho a la vivienda como lo establece la Constitución de la República, ha sido complicado efectivizarlo, tanto para ecuatorianos como para colombianos.

El Artículo 375 de la Constitución de la República establece una serie de conductas a seguir por parte del Estado con el propósito de una verdadera tutela de este derecho. Así, manifiesta que todos los niveles estatales se comprometerán con la garantía del derecho a la vivienda a través del diseño de estrategias de vivienda dentro del ecosistema urbano; la creación e implementación de políticas con el propósito de dar acceso universal a este derecho; la mejora de la vivienda precaria; la introducción de facilidades de financiamiento de vivienda para los individuos, entre otras obligaciones que tienen como fin último lograr que la vivienda no sea un privilegio sino un derecho básico.

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Además de lo dispuesto en la normativa nacional, es necesario exponer también su tratamiento regional y mundial, dado que estas son arenas dentro de las que los Estados asumen obligaciones en conjunto, como estándares básicos. No obstante, más allá de los instrumentos normativos per se, es importante resaltar el rol que juegan mecanismos no convencionales como las relatorías mismas, que a través de sus mandatos estudian y reportan la situación de diferentes temáticas dentro de los Estados que monitorean.

La ONU ha establecido una Relatoría para una Vivienda Adecuada desde el año 2000, que se encarga de realizar informes periódicos sobre este tema. El primer relator especial fue Miloon Kothari, quien en su informe a la Asamblea General de 2008 afirmó la necesidad de: Insta[r] a los Estados a que adopten indicadores y estadísticas en relación con la vivienda adecuada y establezcan índices nacionales de referencia compatibles con sus obligaciones en materia de derechos humanos, organicen iniciativas de seguimiento a nivel nacional y prosigan la colaboración con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) y con UN-Habitat en relación con los indicadores sobre el derecho a una vivienda adecuada.

Ahora el organismo se encuentra bajo la dirección de Raquel Rolnik. En uno de sus más recientes informes (ONU, 2012), se estudia el derecho a la vivienda como parte del derecho a tener un nivel de vida adecuado.

En este sentido, a manera de contexto se establece que a partir de la década de 1970, “se fue generalizando la opinión de que los gobiernos debían renunciar a su papel de proveedores de viviendas asequibles y convertirse en facilitadores, apoyando la demanda del mercado en lugar de proporcionar productos directamente” (ONU, 2012, p. 3). Además, se estudia este derecho dentro de un contexto económico y político, en el que paulatinamente en el mundo se ha cimentado la idea de la propiedad como forma de asegurar una vivienda digna.

Incluso en los países donde no se produjo una privatización masiva, el hecho de que ideológicamente se haya transferido al mercado la responsabilidad de proporcionar viviendas ha contribuido a difundir la noción de que la propiedad es la mejor opción de tenencia, en la que de paso deben centrarse todas las políticas de vivienda.

Este proceso ha relegado a un segundo plano otros tipos de tenencia alternativos o bien establecidos, como las viviendas de alquiler (públicas y privadas) y diferentes formas de propiedad cooperativa y colectiva.

En consecuencia, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial ha crecido constantemente el porcentaje de viviendas en propiedad que, a mediados de la década de 2000, superaba el 50 por ciento en los Estados miembros de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), excepto Alemania y Suiza (ONU, 2012).

Consiguientemente, el derecho de propiedad viene de la mano con la adquisición de un bien, el mismo que en países como Ecuador y muchos otros no es posible conseguir de contado, por lo que el análisis de los planes de financiamiento y las alternativas que proporciona el Estado resultan extremadamente pertinentes al tema, dado que esta no es “solo un instrumento para promover el acceso a una vivienda adecuada, sino también un elemento esencial para el desarrollo del sector económico” (ONU, 2012, p. 5).

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A lo largo del informe de la Relatoría se analizan distintas iniciativas con el propósito de garantizar el derecho a la vivienda. Una de estas es la chilena, un modelo basado en subsidios, donaciones y sobre todo “el traspaso de proporcionar viviendas al sector privado” (ONU, 2012) con el propósito de lograr mayor eficacia y accesibilidad para parte de los individuos. Este modelo ha sido emulado por Ecuador.

En el ámbito interamericano no fue exitosa la búsqueda de información con relación a la vivienda y las condiciones específicas en que esta se da en el caso de la población refugiada. No obstante, el tema es ocasionalmente tratado en función de las diez relatorías existentes dentro del Sistema Interamericano desde 1990. Especialmente las relatorías de la Mujer (1994), sobre los Derechos de los Migrantes (1996) y la Unidad sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (2012) se refieren periféricamente al derecho de vivienda al realizar informes sobre temáticas como las consecuencias económicas de la migración o el respeto a los derechos humanos de los migrantes, tomando en cuenta que de acuerdo con “Acnur y el Comité Estadounidense para los Refugiados (USCR), en el año 2000 había entre 12 a 14 millones de refugiados y al menos 21 millones de desplazados internos” (Acnur, 2000). Sin embargo, no se localizó documento alguno con referencia específica al estatus del derecho de vivienda para los refugiados en la región, menos aún en Ecuador.

Localmente, es necesario establecer que en Ecuador no existen campamentos de refugiados, como en otros países que dan acogida a poblaciones refugiadas (Acnur, 2000). La investigación realizada en el año 2006 por el SJR establece dos dimensiones al derecho de vivienda: el acceso a esta y las condiciones de vida dentro de ella.

Dentro del estudio se muestra un gráfico titulado “Principal dificultad para encontrar un lugar donde vivir” (SJR, 2006). En el esquema se presentan diferentes opciones que fueron puestas a consideración de refugiados colombianos en Ecuador, entre ellas, “racismo”, “costo de los arriendos”, “muchas personas en la familia” o “falta de dinero”.

A pesar de un sinnúmero de opciones dadas en la encuesta, la respuesta mayoritaria es “por ser colombianos” (46 por ciento) (SJR, 2006). Además “en una pregunta posterior sobre si consideraban que el hecho de ser colombianos incidió en las dificultades para acceder a la vivienda, el 96,6 por ciento percibía que sí fue así” (SJR, 2006).

Otro gráfico dentro del mismo capítulo revela que alrededor del 56 por ciento de colombianos encontró su lugar actual de vivienda a través de otros colombianos que les facilitaron información o medios para vivir (SJR, 2006).

Estos datos evidencian el hecho preocupante que, aún con el estatus de refugiado y una garantizada protección internacional de su situación, la vida de un individuo en estas condiciones presenta un reto constante, no solo cuando deja su país de origen, sino cuando en el país receptor, la sociedad muestra rechazo ante su inclusión. En este sentido, si bien institucionalmente y en las ONG existe iniciativa de proteger a este sector de la población, el desafío radica en crear conciencia en la población ecuatoriana.

En relación a las condiciones de vida una vez encontrada la vivienda, los datos arrojados por la investigación muestran que los refugiados,

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(…) al venir a Ecuador, al menos los primeros años, pasa a vivir en un tipo de vivienda inferior a la habitada previamente. Así vemos que mientras el 65,5 por ciento señala que vivía en una casa en Colombia, en Ecuador sólo lo hace el 26,3 por ciento. Así mismo se encuentra una breca entre el 36,8 por ciento que actualmente vive en un cuarto, frente al 8,3 por ciento que vivía así en su país (…) (SJR, 2006).

Si bien no fue posible encontrar cifras actuales de las personas con estatus de refugiado y su situación con respecto a la vivienda en Ecuador, es evidente que existen muchos prejuicios sociales con respecto a la aceptación de nuevos integrantes en la sociedad. Incluso, aún cuando existan obligaciones internacionales e iniciativa de parte de la sociedad civil, es necesario un compromiso mayor por parte del Estado en relación al derecho a la vivienda y la garantía de los derechos interrelacionados con este.

Condiciones de seguridad Por su parte, la situación de la seguridad humana, especialmente en las zonas fronterizas del norte de Ecuador, constituye una gran problemática en cuanto a las personas en situación de desplazados o refugiados. Aunque el Gobierno ecuatoriano ha reforzado su presencia militar, la agudización del conflicto armado en todas las zonas fronterizas de Colombia, junto con la especial geografía de la frontera norte y la presencia reportada de grupos armados irregulares colombianos en algunos partes de Ecuador, donde se llevan a cabo actividades delictivas (Unhcr, 2011).

Adicionalmente, la DPE ha identificado una serie de transgresiones de derechos por parte de las autoridades ecuatorianas, con las cuales atentan contra la seguridad de las personas en condición de movilidad. Así, la Defensoría ha establecido en cuanto a la normativa que regula el proceso de solicitud de refugio que: los procedimientos de admisibilidad de solicitudes no cumplen con los parámetros fundamentales del debido proceso, tales como: 1. Autoridad, en cuanto las emisiones de rechazo por parte de personal de la dirección con inadecuada motivación cuando las solicitudes debían ser resueltas por la Comisión. 2. Aplicación retroactiva. 3. Documentación. 4. Requisitos. 5. En lo referente a niños, niñas y Adolescentes. 6. Apelación (Defensoría del Pueblo de Ecuador, 2011).

Estas vulneraciones al debido proceso implican una vulneración general de los derechos de los refugiados y tienen como consecuencia práctica el estado de indefensión de las personas que se encuentran en calidad de solicitantes de asilo así como de aquellas a quienes se les ha negado su solicitud de asilo en Ecuador, especialmente en cuanto al trato que reciben por parte de los funcionarios administrativos y los miembros de la Policía nacional.

En este sentido, durante el procedimiento de admisibilidad se dan abusos por parte de las autoridades hacia los solicitantes de refugio. La Defensoría ha informado que “de las entrevistas realizadas a las personas detenidas, existen casos en los que se denuncia un trato despectivo y autoritario por parte de los agentes de policía que son designados al centro de detención” (Defensoría del Pueblo de Ecuador, 2011), es decir, a las personas que les han encarcelado por su situación de refugiado, les dan un trato discriminatorio. De igual forma, no se están respetando garantías básicas establecidas en la Constitución:

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En este sentido existen personas que llevan más de 30 días detenidas en el Hotel Hernán a órdenes del Ministerio del Interior y sus dependencias, siendo que el proceso de deportación ha sido definido como administrativo y que tales situaciones superan el máximo de tiempo que una persona puede estar detenida sin fórmula de juicio, es de gran preocupación que no se haya superado el problema de detenciones ilegítimas y que las detenciones duren más del tiempo permitido por la ley (Defensoría del Pueblo de Ecuador, 2011).

Más aún, la DPE ha informado acerca de detenciones ilegales de solicitantes de refugio por condiciones migratorias, para luego deportarlos a su país de origen. Estas detenciones, realizadas por la Policía en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, contienen varias observaciones realizadas por la Defensoría, en las que se concluye que existen presunciones de serias vulneraciones de garantías al debido proceso. Esto demuestra que existen casos en los que no se está respetando al derecho a la no devolución puesto que las personas a las que se refiere en el informe, están pasando por un proceso judicial con el cual se les deportará a su país de origen.

En Ecuador esta situación se ve agudizada cada vez que se imponen una serie de trabas a las personas colombianas indocumentadas en Ecuador para el goce de sus derechos fundamentales: se les expide un carné de solicitante de refugiado en donde se expresa que está prohibido trabajar, se les solicitan documentos de legalización para ingresar a las escuelas y se les limita el acceso a la seguridad social (Jiménez, 2007).

En conclusión, el derecho a la seguridad de las personas en situación de movilidad se ve vulnerado tanto por las condiciones geográficas dentro de la zona de frontera con Colombia, así como por las disposiciones legales del sistema ecuatoriano en cuanto al derecho de refugio, así como también por la falta de observancia al derecho de no devolución que se evidencia en las detenciones ilegales y posterior deportación de los solicitantes de refugio.

3.2. La frontera y las iniciativas binacionales Históricamente se han llevado a cabo varios encuentros presidenciales para el desarrollo binacional y fronterizo, de los que vale la pena resaltar tres momentos: 1) La creación de la Comisión de Vecindad Colombo-Ecuatoriana en 1989. Consistió en un mecanismo bilateral que impulsaba la integración y el desarrollo, bajo los gobiernos de Rodrigo Borja (Ecuador) y Virgilio Barco (Colombia).

2) Memorando de Entendimiento de 2002, con el fin de asumir nuevos retos de integración binacional y fronteriza, bajo los cancilleres Heinz Moeller (Ecuador) y Carolina Barco (Colombia).

3) Mecanismo Comisión de Vecindad Ecuador y Colombia (Coviec) de 2011, bajo los cancilleres Ricardo Patiño (Ecuador) y María Ángela Holguín (Colombia).

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Resulta importante recalcar que muchos de los actores en movilidad humana han evidenciado la importancia de trabajar desde la binacionalidad, para así tener mejores resultados en la práctica. La necesidad de realizar una labor desde los dos países ha dado como resultado tres ámbitos de acción: 1) Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial tanto a nivel provincial (Provincia de Esmeraldas, Carchi y Sucumbíos), como en el cantonal (San Lorenzo, Tulcán y Lago Agrio) con ejes sociales que toman en consideración la movilidad humana. Estos planes suelen ser la base para el trabajo de las Mesas de Movilidad Humana y las agendas más concretas, como es la del caso de Carchi con su Agenda de Prioridades 1 de 2008 y la Agenda de Prioridades 2 de 2013-2020 y para el trabajo del Comité de Diálogo. Este proceso se aterriza en los cantones y las parroquias a través de proyectos concretos.

2) Mancomunidad del Norte (2010): Esta mancomunidad corresponde a la Zona 1 de la de los niveles de planificación de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades) y corresponde a las provincias de Esmeraldas, Carchi, Imbabura y Sucumbíos. Esta mancomunidad trabaja directamente con los departamentos de Nariño y Putumayo.

Como reacción frente al abandono de los gobiernos centrales, se han construido relaciones de diálogo permanente y cooperación entre los alcaldes locales de ambos lados de frontera. Los agentes locales de la frontera tienen una comprensión global de sus territorios y en ese sentido manifiestan la necesidad de desarrollar políticas públicas fronterizas formuladas desde lo local.

Desde la prefectura de Sucumbíos se han realizado algunos proyectos, sobretodo en el marco de la mancomunidad del norte. Desde la prefectura se han realizado varios talleres acerca de la movilidad humana, sin embargo, estos no son suficientes, ya que deberían ir acompañados de agendas vinculantes y hojas de ruta con trabajo articulado.

Existen ciertas iniciativas que si bien es cierto no están dirigidas a la estabilización local de los migrantes forzados, pueden contribuir al desarrollo de la región fronteriza por este eje amazónico.

Por ejemplo, en el ámbito comercial hay una iniciativa denominada la Ronda del Café y del Cacao que seguramente beneficia a algunas personas.

3) Convenio de Hermandad: Con respecto del ámbito de acción regional, señala que el 9 de diciembre de 2014 se firmó un Convenio de Hermandad que facilite los procesos de descentralización territorial.

Este se daría entre la Mancomunidad del Norte y los Departamentos de Nariño y Putumayo. La idea es que este convenio se plasme en un Plan con Ejes de Descentralización que vaya más allá del Plan Binacional y la Comisión de Vecindad que muchas veces no toman en consideración la realidad del territorio.

3.2.1. Encuentros Presidenciales Binacionales y Plan Binacional de Integración Fronteriza Los presidentes Rafael Correa Delgado y Juan Manuel Santos Calderón han desarrollado un marco de acción binacional a través de cuatro encuentros presidenciales binacionales, que han concluido con declaraciones conjuntas que contribuyen a la consolidación de la cooperación binacional en distintos ámbitos. De estos encuentros presidenciales ha surgido un Plan binacional de Integración fronteriza, cuyo fin es la construcción de una agenda común de Gobiernos Autónomos Descentralizados de frontera para el desarrollo, la paz y la inclusión.

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En los últimos años ha habido tres gabinetes presidenciales binacionales, en donde siempre ha estado en la agenda los asuntos fronterizos: 1) Tulcán: 11 de diciembre de 2012.

2) Ipiales: 25 de noviembre de 2013.

3) Esmeraldas: 15 de diciembre de 2014.

En cada uno de los encuentros presidenciales binacionales, los mandatarios suscribieron una declaración conjunta en la que se comprometieron a partir de temas de diversa índole dentro de los que se encuentran: seguridad, fronteras, pasos de frontera, integración fronteriza, energía, educación, tecnología, desarrollo comunitario, comercio, movilidad humana, apoyo a refugiados, asuntos ambientales y el Plan Binacional.

El Plan Binacional de Integración fronteriza 2014-2022 fue aprobado el 8 de noviembre de 2014 y formalizado en el cuarto encuentro presidencial binacional el 15 de diciembre de 2014 en río VerdeEsmeraldas. El plan fue elaborado conjuntamente con el Departamento Nacional de Planeación (DNP) de Colombia y la Senplades de Ecuador, especialmente, a partir de una reunión técnica binacional que se llevó a cabo en febrero de 2014 en Quito.

El Plan Binacional de Integración fronteriza, con el que se espera favorecer a 2,5 millones de habitantes de la frontera, tiene los siguientes ejes: 1) Equidad, cohesión social y cultural.

2) Seguridad integral y movilidad humana.

3) Complementariedad económica integral sustentable.

4) Conectividad e infraestructura.

5) Sustentabilidad ambiental.

En relación con el segundo eje de Seguridad Integral y Movilidad Humana, se hace especial énfasis en la formalización de los pasos de frontera irregulares, y en proyectos encaminados a combatir el contrabando de hidrocarburos, el comercio ilegal, el narcotráfico, la minería ilegal, el tráfico de tierras y la delincuencia transnacional organizada fortaleciendo la corresponsabilidad binacional. En este aspecto, se priorizan en tres distritos: San Lorenzo, Cuyabeno y Putumayo.

Las políticas binacionales en materia de Seguridad y Movilidad Humana son: • Garantizar los derechos humanos y las libertades de la población fronteriza, como también la reducción, prevención y protección en relación a los distintos tipos de violencia, fomentando una cultura de paz, de seguridad ciudadana y de solución pacífica de conflictos.

• Combatir el contrabando de hidrocarburos, el comercio ilegal, el narcotráfico, la minería ilegal, el tráfico de tierras, actividades ilícitas de pesca, pesca ilegal y la delincuencia transnacional organizada fortaleciendo la corresponsabilidad binacional.

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• Impulsar la protección e inclusión económica y social de las personas en situación de movilidad humana y de sus familias, así como fomentar su retorno al lugar de origen.

• Implementar mecanismos binacionales para la gestión integral de riesgo y la reducción de las vulnerabilidades causadas por eventos de origen natural y antrópico.

• Promover la implementación de mecanismos de gestión migratoria, que faciliten la movilidad humana bajo los preceptos de mantenimiento de la seguridad binacional, el mejoramiento del servicio y el respeto por los derechos humanos.

• Articular el Plan Binacional con mecanismos como el Plan Operativo Anual Binacional de Seguridad y Defensa.

A pesar de que las políticas señaladas parecen tener un enfoque de derechos humanos, los indicadores y metas del eje de Seguridad Integral y Movilidad Humana se limitan a la reducción de la tasa de homicidios.

Esto crea un vacío para el seguimiento de los componentes del eje, especialmente en lo referente a movilidad humana y protección internacional. Uno de los inconvenientes del plan consiste en que: (…) se ha construido al margen de actores locales en la frontera. Hubo algunos talleres preparatorios, pero criterios expresados en estos eventos (por ejemplo sobre la desvinculación del tema de seguridad con la movilidad humana), no se ha considerado…Las dinámicas binacionales de actores locales están completamente desvinculadas del proceso del Plan Binacional de Desarrollo. Así, la provincia de Carchi en Ecuador, junto con el departamento de Nariño en Colombia, han formulado su propio plan de desarrollo binacional (Ralf Oetzel, 2015, p. 7).

Es para destacar del tercer gabinete presidencial de Esmeraldas, la firma de tres memorandos de entendimiento enfocados en la lucha contra la minería ilegal, en el desarrollo de un estatuto migratorio y la implementación de un plan quinquenal de salud.

Otro de los aspectos a señalar dentro de la construcción del plan fue el diseño del aplicativo del sistema de información binacional. Este Sistema Binacional de Información (SBI) surge como iniciativa en el encuentro presidencial 2013, con el objetivo de fortalecer la planificación binacional, nacional y territorial.

El SBI está integrado por la información entregada por el SNI manejado por Senplades de Ecuador y por el Sistema Nacional de Evaluación de Gestión y Resultados (Sinergia), manejado por DNP de Colombia.

De manera alterna al plan, se han definido pasos a seguir en torno a la definición de criterios binacionales de priorización e identificación de proyectos de inversión pública, la implementación de sistema de información binacional, ampliación a las metas e indicadores binacionales y definición de la agenda regulatoria binacional.

Sobre el tema de movilidad humana, se recogen los siguientes puntos importantes de acuerdo consignados en las declaraciones conjuntas: • Punto 4. Destacamos con beneplácito la suscripción el día de hoy, de un Convenio de Seguridad Social que permitirá proteger a los trabajadores de los dos países que cuenten con períodos de seguro social en Ecuador y Colombia, conservando sus derechos adquiridos o en vías de adquisición, sobre la base de principios de igualdad, respeto mutuo de la soberanía y reciprocidad de ventajas, de acuerdo a nuestras respectivas legislaciones nacionales.

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• Punto 5. Valoramos los esfuerzos de nuestros Gobiernos de procurar el acceso universal de nuestros pueblos a los servicios sociales y reconocemos los avances de los proyectos en materia de salud en los corredores Andino, Pacífico y Amazónico de la frontera común.

• Punto 6. Celebramos la suscripción del Memorando de Entendimiento para la prevención e investigación del delito de trata de personas y la asistencia y protección de las víctimas de la misma e instruimos a las instancias competentes realizar todas las acciones necesarias para su ejecución y fiel cumplimiento.

• Punto 8. Enfatizamos la importancia de la suscripción del Memorando de Entendimiento entre el Ministerio de Educación de Colombia, y la Senescyt y el Ceaaces de Ecuador, para establecer una comisión técnica bilateral que trabaje en el desarrollo de un acuerdo de reconocimiento mutuo de los sistemas de aseguramiento de la calidad de educación superior, así como de títulos y grados académicos, que facilite la movilidad de estudiantes, docentes e investigadores de ambos países.

• Punto 9. Celebramos la suscripción del Acuerdo interinstitucional entre el IECE de Ecuador y el Icetex de Colombia con el propósito de promover la movilidad académica y la formación a nivel de posgrado de los dos países, en instituciones de educación superior.

• Punto 10. Celebramos la suscripción del Convenio modificatorio al Convenio de Esmeraldas entre Ecuador y Colombia sobre tránsito y transporte de personas, carga, vehículos, embarcaciones fluviales, marítimas y aeronaves; así como de los Reglamentos sobre Tránsito y Transporte Terrestre Turístico Transfronterizo, y Detección, Recuperación y Devolución de Automotores, Aeronaves y Embarcaciones.

3.2.2. Centros Binacionales de Atención Frontera (Cebaf) – Reporte de la Comunidad Andina de Naciones al Público Los Cebaf9 son el conjunto de instalaciones que se localizan en una porción del territorio de uno o dos países miembros de la Comunidad Andina colindantes, aledaño a un paso de frontera, en donde se presta el servicio de control integrado del flujo de personas, equipajes, mercancías y vehículos, y se brinda servicios complementarios de facilitación y de atención al usuario.

Estos centros están regulados por el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y por disposiciones complementarias y reglamentarias, Acuerdos Específicos y las disposiciones emitidas por la Junta de Administradores.

Esos acuerdos, que formarán parte del ordenamiento jurídico de la CAN, deberán ser notificados a la Secretaría General de la CAN, en un plazo no mayor de diez días siguientes a la fecha de su entrada en vigencia, para su registro y publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Los Cebaf estarán a cargo de una Junta de Administradores compuesta por funcionarias y funcionarios nacionales competentes, debidamente designados por su respectivo país. Corresponde a la Junta identificar las acciones necesarias para dar cumplimiento a los objetivos de la decisión; adoptar el programa de trabajo; homologar los horarios de atención; armonizar procedimientos de trabajo de los

9 Disponible en: http://www.comunidadandina.org/Seccion.aspx?id=123&tipo=TE&title=centros-binacionales-de-atencion-enfrontera-cebaf (párrafos 1-4).

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servicios básicos; resolver sobre las propuestas e iniciativas del sector privado; y adoptar cualquier otra medida que contribuya a eliminar obstáculos.

Los países andinos establecerán de mutuo acuerdo la forma y las alternativas para financiar los estudios, construcción de las instalaciones, adquisición de equipos y mobiliario de estos centros.

Cebaf Nro. 502 La idea es fortalecer la cooperación entre la Zona 1 y los departamentos de Nariño y Putumayo (este le cedió a Nariño la coordinación de la cooperación) a través del compartir conocimientos y saberes, así como el pensar en los corredores turísticos y biológicos de la zona, sin fronteras.

Indica que las relaciones en la mancomunidad de la Zona 1 así como con las Gobernaciones de Nariño y Putumayo son fluidas. La par de Rosemery Pillajo de Carchi en Nariño es la Dra. Liliana Burbano de Nariño, quienes tienen comunicación constante y directa.

Últimos desarrollos en cuestiones bilaterales En la Comisión Binacional, presidida por Claudia Zambrano, directora de América del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia; y el Embajador Gonzalo Andrade, Subsecretario de Asuntos Migratorios, Consulares y Refugio del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador; se felicitaron los progresos de los compromisos previamente adquiridos, entre los cuales se destaca la visita de las autoridades al Corregimiento La Victoria en Nariño, y la oficina de Atención al Migrante colombiano en Ipiales, así como los planes para la integración de las personas refugiadas en Ecuador como son la naturalización y la obtención de visas de amparo.

Asimismo, se recalcó la importancia de generar diálogos directos entre ambas cancillerías, autoridades locales, población refugiada y población de acogida, a fin de conocer in situ las necesidades y requerimientos, para articular esfuerzos de los diferentes agentes sociales y estatales.

También la Comisión Binacional con representantes de Acnur, PMA y OIM se reunieron para conformar la III Reunión del Mecanismo Tripartito en materia de refugio con la idea es coordinar atribuciones en beneficio de la población en necesidad de protección internacional.

3.2.3. Declaraciones de Quito (2013) y de San Lorenzo (2014) Cabe mencionar que ha sido posible la redacción y firma de dos declaraciones en relación a la materia de movilidad humana. En este sentido, en 2013, con la participación activa de Codhes, se firmó la Declaración de Quito sobre la cual, se ha manifestado la intención de realizar un monitoreo de los acuerdos.

Por otra parte, el 21 de noviembre de 2014, en el marco del Encuentro: “Movilidad Humana en la región Transfronteriza del Pacífico entre Ecuador y Colombia: una mirada actual de los retos” se firmó la Declaración de San Lorenzo, que será una referencia de trabajo para las autoridades.

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3.3. El Estado colombiano y las víctimas en el exterior 3.3.1. Ley de Víctimas en la frontera colombo-ecuatoriana El análisis que se presenta a continuación acerca de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras de Colombia (Ley 1448 de 2011) tiene como objetivo identificar la importancia de la ley para la región fronteriza, así como evidenciar las principales limitaciones institucionales para la efectiva implementación de la ley de víctimas en el exterior, con énfasis en el primer componente que hace referencia a la toma de registro e inclusión en el Registro Único de Víctimas.

La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras hace parte de la reformulación de la política pública sobre desplazamiento forzado que Colombia ha venido construyendo desde 1994 a causa del conflicto armado colombiano. Hasta el año 2011, Colombia había avanzado en la atención, asistencia y reparación de las personas víctimas del desplazamiento forzado a partir de leyes y decretos, lineamientos de política en documentos Conpes, inclusión en algunos componentes de Planes Nacionales de Desarrollo y Planes de Ordenamiento Territorial y especialmente, a partir de la trayectoria de sentencias y autos emitidos por la Corte Constitucional. En 2011, con la Ley de Víctimas y Restitución de tierras, se reconoce a las víctimas como sujetos de atención y reparación integral, incluyendo en la agenda pública, además de las personas víctimas del desplazamiento forzado, a todas aquellas personas que han sufrido otros hechos victimizantes en el marco del conflicto armado colombiano.10 La Ley de Víctimas y sus decretos reglamentarios tienen como objetivo central reparar a las víctimas del conflicto armado que se encuentran en el interior y en exterior del país. Para ello, cuenta con los siguientes componentes: registro; asistencia y atención; reparación; prevención, protección y garantías de no repetición; retorno y reubicación; restitución de tierras; y participación. Adicionalmente, la ley contempla la realización de los componentes antes mencionados a partir de un enfoque diferencial de género, etnia e identidad cultural, y de las variables implícitas en el ciclo vital: niñez, juventud, adultez y vejez.

Para las personas que se encuentran en el exterior y acceden a la Ley de Víctimas, en principio esto no debería afectar la protección internacional que le otorga el Estado receptor, debido a que se trata de una ley de asistencia, atención y reparación integral, mas no de protección en sí misma. En Ecuador, en una comunicación directa de la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al ciudadano de Ecuador se ha declarado formalmente que el acceso a la Ley de Víctimas no es motivo para perder el estatus de refugiado. La Ley de Víctimas en el exterior, por razones de soberanía territorial de los Estados receptores y las limitaciones de capacidad institucional del Estado colombiano, no puede llevarse a cabo en su totalidad. Solo los componentes de registro, reparación, retorno y reubicación, restitución de tierras y participación son viables para las víctimas que se encuentran en el exterior (Uariv, 2013).

10 Según la ley, se consideran víctimas aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1 de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al DIH o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno. En ese sentido, pueden declarar las víctimas de homicidio (incluidas víctimas de masacres); secuestro; desaparición forzada; tortura; delitos contra la libertad y la integridad sexual en el marco del conflicto; minas antipersonales; munición sin explotar y artefacto explosivo improvisado; vinculación de niños niñas adolescentes a actividades relacionadas con el conflictos; acto terrorista; atentados; combates; enfrentamientos y hostigamientos; abandono forzado o despojo forzado de tierras, o desplazamiento forzado, entre otras.

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Para la frontera colombo-ecuatoriana, que ha sido históricamente afectada por el conflicto armado colombiano, la implementación efectiva de una ley como esta puede ser determinante no solo para garantizar el bienestar de la población víctima del conflicto que allí habita, sino también para la transformación de la dinámica del desplazamiento forzado a través de la frontera.

Como se ha descrito a lo largo del texto, en la región fronteriza se identifica población colombiana víctima del conflicto armado a lado y lado de la línea de frontera, así como población ecuatoriana que también ha sido víctima del conflicto armado colombiano. En ese sentido, una efectiva implementación de los cinco componentes mencionados contribuiría a un bienestar generalizado de los habitantes de frontera.

En el caso puntual de las ciudades y departamentos colombianos, el hecho de contar con prevención, protección y garantías de no repetición, seguramente contribuiría a disminuir los migraciones forzadas hacia Ecuador; adicionalmente, la efectiva asistencia y reparación de las víctimas aportaría a su vez a la efectiva integración local o al restablecimiento de un plan de vida, que se vería reflejado en la disminución de migraciones por razones económicas o mixtas hacia Ecuador.

En relación a la Ley de Víctimas en el exterior, una efectiva implementación, además de garantizar el derecho al reconocimiento como víctima y a la reparación, contribuiría de manera indirecta a la estabilización socioeconómica de la población que voluntariamente decide retornar y de aquella que decide restablecer su plan de vida en otro Estado.

Es importante señalar que la entidad que encargada de la coordinación de la política de Atención y reparación a las víctimas del conflicto es la Uariv y en el caso de las víctimas en el exterior, esto le corresponde al Equipo de Connacionales; su reto inicial ha sido la interpretación de la ley para su aplicación en el exterior, en tanto la ley 1448 no contempla de manera explícita su ejecución en el ámbito internacional. Es decir, la ley fue diseñada especialmente para reparar a las víctimas en el territorio nacional, ignorando parcialmente las particularidades que implica la implementación de una ley en el extranjero.11 Por lo anterior, la Ley de Víctimas no plantea las vías institucionales para llevar a cabo la reparación de las víctimas en el exterior, de manera que solo puede ser puesta en marcha a través de la Cancillería y sus consulados. Al ser la Cancillería el paso obligado para la ejecución de la Ley de Víctimas surgen varias limitaciones para lograr una reparación deseada. A la fecha, a pesar que de que la Cancillería ha realizado acciones de registro a través del aplicativo Toma en Línea y del Formulario Único de Declaración para realizar la inscripción de los connacionales en el Registro Único de Víctimas, recibiendo 3.068 declaraciones (con corte al 1 de agosto de 2015) desde 30 países, aún hay consulados que no tienen el conocimiento suficiente para la implementación de la Ley, ni la capacidad administrativa. A 30 de julio de 2015, la Uariv contaba con el registro de 5302 personas residentes en el exterior en el RUV, una cifra importante pero aún muy baja.

Ecuador, a pesar de ser el país con mayor población colombiana víctima del conflicto armado, a 31 de julio de 2015 solo había registrado a 401 personas. Esto significa que existe un registro de menos del uno por ciento de la población que se estima debería declarar por ser víctima del conflicto armado. En ese sentido, sin obviar los otros componentes de Ley, el primer problema que el Estado colombiano debe solucionar 11 Tanto la Ley Nro. 1448, como el Decreto Nro. 4800 de 2011 reconocen la existencia de personas connacionales que se han visto obligadas a salir del país por razones vinculadas directamente con el conflicto armado colombiano.

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está en la difusión de la Ley y los mecanismos para el registro. Un paso fundamental para hablar de una política pública exitosa es que la población objetivo conozca sus derechos y a partir de ello, pueda participar con pleno conocimiento en la implementación de la misma.

Producto del trabajo de campo en las provincias de Esmeraldas, Carchi y Sucumbíos, se puede afirmar que el subregistro y por tanto la irrisoria implementación de la Ley para las víctimas del conflicto que residen en las tres provincias de frontera, obedece no expresamente a la incapacidad técnica de los consulados, sino al desconocimiento de la Ley por parte de las víctimas del conflicto armado colombiano que habitan en la frontera. Cuatro años después de la firma de la Ley de Víctimas, la mayoría de la población colombiana en Ecuador ignora el derecho al reconocimiento que tienen como víctimas del conflicto y a la reparación que contempla esta ley.

En ese sentido, el Estado colombiano tiene una obligación prioritaria que consiste en diseñar los mecanismos apropiados para difundir la ley en el exterior y garantizar que los consulados tengan el conocimiento, la capacidad técnica y la sensibilidad necesaria para ejercer las funciones asignadas por el decreto 4800.

Las tres funciones que le son otorgadas al Ministerio de Relaciones Exteriores por parte del Decreto Nro. 4800 son:12 1. Recibir la solicitud de inscripción en el registro, 2. Informar sobre los derechos y los procedimientos para exigir los derechos establecidos en la Ley Nro. 1448 de 2011 y 3. Disponer de los medios para recibir la declaración, así como corregir las inconsistencias en las solicitudes y remitirlas a la Unidad para las Víctimas, entre otras obligaciones.

Si bien es cierto el Ministerio de Relaciones Exteriores es el organismo que tiene el deber de informar sobre los derechos que otorga la Ley a través de los consulados, en la medida en que la dificultad inicial para la implementación de la Ley en la frontera colombo-ecuatoriana corresponde al desconocimiento de la existencia de la ley, el Estado colombiano, y de manera particular la Uariv, debe garantizar mecanismos alternos a los consulados para difundir la normatividad y los procedimientos administrativos correspondientes.

Otra de las razones que contribuyen al subregistro consiste en el escepticismo de la población víctima del conflicto armado que se encuentra en el exterior frente a la institucionalidad colombiana. La poca población que conoce la Ley manifiesta incredulidad frente a la materialización de sus componentes y a las “buenas intenciones del Gobierno”; indica que es muy difícil creer en una reparación de un Estado que no los protegió e indirectamente (o directamente) los obligó a salir de su territorio. Adicionalmente, la población manifiesta desconfianza frente a la confidencialidad de su declaración, y esta se debe no solo por la desconfianza puntual a los consulados, sino por el recelo generalizado a las autoridades colombianas producto de los casos de alianzas con los grupos armados.

Actualmente, la implementación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras en la frontera colomboecuatoriana dista de ser efectiva y tener impactos reales en la región. El breve análisis que se presenta a continuación corresponde a la implementación de dicha ley en tres ciudades fronterizas colombianas (Tumaco, Ipiales y Puerto Asís) y en tres cantones ecuatorianos fronterizos (San Lorenzo-Tulcán-Lago Agrio), a través de los consulados de Esmeraldas, Tulcán y Nueva Loja.

12 Decreto Nro. 4800 de 2011. Capítulo 11, arts. 27, 31 y 34.

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3.3.2. Cantón de San Lorenzo En el cantón de San Lorenzo, a pesar de que existe una población colombiana de aproximadamente 12000 personas, a noviembre de 2014 el desconocimiento acerca de la Ley de Víctimas era generalizado. Esto ha ido cambiando con las jornadas informativas que ha realizado Codhes junto con la Uariv y la Unidad de Restitución de Tierras.

Según el Cónsul de Esmeraldas, la dificultad principal para la implementación de la ley radica en que la población no se dirige al consulado a la toma de la declaración, y la poca población que conoce la existencia de la ley, no lo hace por incredibilidad hacia la institucionalidad colombiana. Al mes de agosto de 2015, en el consulado de Esmeraldas se habían tomado 69 declaraciones.

3.3.3. Ipiales-Tulcán Resulta clave estudiar los mecanismos de protección en el municipio de Ipiales que contribuyan a la integración local de la población desplazada para concebir la dinámica de movilidad entre Colombia y Ecuador en este eje de análisis. En la medida en que la población víctima del conflicto que llega a Ipiales obtenga la satisfacción efectiva de sus derechos, no tendrá incentivos para desplazarse hacia Ecuador.

En ese sentido, es importante señalar la poca efectividad de la política de atención integral a víctimas del conflicto armado en el municipio de Ipiales. La atención de la Unidad de Atención y Orientación a la Población Desplazada (UAO) tiene múltiples dificultades especialmente relacionadas con la atención y la lentitud de los procesos. La población denuncia que una persona que se dirige a la UAO recibe citas para que en dos o tres meses pueda diligenciar su registro, la atención humanitaria la reciben al año de solicitarla y el albergue no siempre está en funcionamiento.

En relación con la implementación de la Ley de Víctimas en el exterior, y puntualmente en la provincia de Carchi, la población colombiana víctima del conflicto armado manifiesta un desconocimiento frente a los derechos de la ley. Aproximarse al Consulado les genera angustia y escepticismo frente a la confidencialidad de la información que allí deben registrar; señalan que ya han sido víctimas de persecución permanente por parte de los actores armados ilegales y que no confían en la institucionalidad colombiana. Al mes de agosto de 2015, el consulado de Tulcán había tomado 23 declaraciones.

3.3.4. Puerto Asís-Lago Agrio En cuanto a la política de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, el Alcalde de Puerto Asís y los funcionarios de la Alcaldía señalan que la aplicación de la Ley es muy difícil, especialmente porque los “abogados de la unidad no se desplazan desde Mocoa hasta Puerto Asís”. Respecto a la aplicación y a las exigencias de la Ley, las alcaldías de las fronteras señalan que no tienen la capacidad técnica ni presupuestal para la atención que se requiere, de manera que los alcaldes gestionan únicamente atención humanitaria con presupuesto limitado. La debilidad de la Uariv es tal, que Puerto Asís a pesar de ser un municipio con numerosa población víctima del conflicto armado, en el año 2014 contaba apenas con un funcionario en la zona.

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Una de la problemáticas institucionales más evidentes es la incapacidad administrativa del municipio para garantizar la protección de los derechos humanos de la población. Pese a que son múltiples las problemáticas, la mayoría de las unidades administrativas están ubicadas en Mocoa y no tienen interlocución con Puerto Asís. Esto además de ser una expresión de abandono del gobierno central, implica limitaciones para la autonomía local y el desarrollo de las iniciativas que surgen desde la frontera.

En relación con la implementación de la Ley de Víctimas en el exterior, el cónsul de Nueva Loja señala que a pesar de su voluntad para facilitar la reparación de las víctimas en el exterior, el proceso de notificaciones de la Uariv es muy demorado.

Parte del retraso en la inclusión del registro de víctimas que se encuentran en Nueva Loja obedece a la falta de voluntad y desinformación de la población con respecto a la ley en el exterior. El Cónsul señala que cada día son menos las personas que se acercan al consulado para declarar. Al primero de agosto de 2015, el consulado de Nueva Loja había recibido 181 declaraciones.

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4.

Relevancia de la regiรณn fronteriza en la construcciรณn de paz en Colombia

El actual proceso de negociaciones de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC se constituye en una gran oportunidad para construir la paz en Colombia y, por lo tanto, en la frontera colombo-ecuatoriana. Las negociaciones de la Habana, la posibilidad de un acuerdo final entre las partes negociadoras y la refrendación correspondiente por parte del pueblo colombiano no significan, de ninguna manera, el fin de la guerra en Colombia, sin embargo, este sería un avance significativo frente los más de cincuenta años de conflicto y las graves violaciones a los derechos humanos en el país.

En la frontera colombo-ecuatoriana el conflicto armado no solo está vigente sino que parece haber aumentado en el año 2014. La población de la frontera señala que se han incrementado las acciones violentas y algunos manifiestan una sensación de inseguridad similar al año 2002, que ha sido el de mayor desplazamiento forzado en el país.

Nariño y Putumayo, los dos departamentos que conforman la frontera con Ecuador, han tenido una presencia histórica de actores armados ilegales. Por parte del grupo guerrillero de las FARC, se encuentran la Columna Mariscal Sucre, Frente 29, y la Columna Daniel Aldana, frentes 48 y 32. En cuanto a los grupos paramilitares y posdesmovilización que hacen presencia en la zona, estos son: Águilas Negras, Los Rastrojos y Los Urabeños. Según el Monitor - Sala de Situación Humanitaria OCHA Colombia, en 2014 se presentaron 176 eventos de violencia armada en Nariño y 156 en Putumayo.

En este contexto de conflicto armado, la posibilidad de desmovilización e integración a la vida civil por parte de las FARC, a partir del escenario de la firma y refrendación de los acuerdos, puede resultar de gran impacto para la frontera colombo-ecuatoriana. Sin embargo, el proceso de construcción de paz en la frontera será largo y complejo, en tanto existen varias dificultades que deberán ser tenidas en cuenta.

Nariño y Putumayo son los departamentos con más hectáreas de cultivos ilícitos en el país, y Tumaco y Puerto Asís son, a su vez, los municipios con mayores hectáreas cultivadas. En ese sentido, la implementación integral de los cinco acuerdos para el fin del conflicto entre el Gobierno y las FARC será determinante en esta zona del país. Vale la pena recordar que los cinco puntos sobre los que se está dialogando son: 1. Política de desarrollo agrario integral, 2. Participación política, 3. Solución al problema de las drogas ilícitas, 4. Víctimas, 5. Fin del conflicto.1 Así pues, el desarrollo de los acuerdos acerca de la política de desarrollo agrario y solución al problema de las drogas ilícitas cobra mayor relevancia en esta zona, donde es evidente la articulación de los grupos armados con la economía de los cultivos ilícitos.

La guerrilla de las FARC, además de financiarse a través del narcotráfico, desarrolla otras actividades ilícitas en ambos departamentos, como lo es el robo de petróleo a Ecopetrol y su posterior destilado. Se estima que esta actividad le deja anualmente a la guerrilla entre 15 y 20 millones de dólares, por los cerca de 198 mil barriles de crudo extraídos ilegalmente del Oleoducto Transandino. En ese sentido, serán necesarios programas alternos que incentiven a los integrantes de la guerrilla para que hagan parte de la vida civil y no retomen actividades ilícitas, como estas, para su sustento económico.

1 Acuerdo general para la terminación del conflicto: https://www.mesadeconversaciones.com.co/sites/default/files/AcuerdoGeneralTerminacionConflicto.pdf

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A partir de las percepciones recogidas en el trabajo de campo, así como de las declaraciones de Rodrigo Londoño, “Timochenko” (uno de sus máximos jefes) a la Delegación de Paz (en donde afirma que la guerrilla de las FARC ha perdido varios ’cuadros’ que entraron de lleno al tráfico de estupefacientes), el país debe estar preparado a que el acuerdo final no se traduzca necesariamente en la desmovilización total de los integrantes del grupo guerrillero de los departamentos de Nariño y Putumayo.

Por otro lado, vale la pena resaltar la ejecución de los compromisos de desescalamiento de las FARC en el marco del proceso de paz. Salvo algunas excepciones, los ceses al fuego y de hostilidades unilaterales por parte de las FARC se han cumplido. Según la Fundación Paz y Reconciliación, esta guerrilla ha cumplido en un 98 por ciento las treguas unilaterales anunciadas en 2014, situación que se puede interpretar como manifestación de la coordinación y comandancia de las FARC, favorable para un proceso de desmovilización (Fundación Paz y Reconciliación, 2015). En 2015, a pesar del periodo de escalamiento del conflicto presentado entre el 22 de mayo y el 20 de julio, se han registrado reducciones drásticas del conflicto armado, como la disminución de la confrontación armada del 42 por ciento entre las FARC y la Fuerza Pública frente al promedio mensual desde 19842 (Cerac, 2015).

Por otro lado, en departamentos donde la vida está tan impregnada de conflicto armado y de presencia de actores armados ilegales, la paz solo es posible en tanto su construcción sea desde lo territorial. Por ahora, en medio de las negociaciones con las FARC, la población de la frontera se muestra escéptica frente a la posibilidad de paz, y esto es comprensible en tanto la población está en medio de una contradicción: mientras se dialoga en La Habana, los territorios están en guerra y la población civil sigue siendo afectada por múltiples hechos victimizantes.

En ese sentido, la construcción de la paz territorial en la frontera con Ecuador será uno de los retos más complejos para el país. Por un lado, la población manifiesta incredulidad de la voluntad de la guerrilla de desmovilizarse y, por el otro, la institucionalidad del Estado colombiano está totalmente deslegitimada. Los habitantes de frontera, además de señalar abandono estatal, denuncian la acción del Gobierno colombiano principalmente por dos asuntos: 1. El Gobierno los fumiga y 2. Las fuerzas armadas solo protegen a las petroleras que tanto daño les provoca.

La afectación diaria por acción u omisión del Estado colombiano en la frontera, genera no un rechazo a la paz sino a creer en la voluntad real de las partes negociadoras. Además, la ‘transfronterización’ del conflicto armado a territorio ecuatoriano, así como ha ocurrido con Panamá y Venezuela, ha permitido una continuidad de la desprotección provocada por la presencia de actores armados ilegales fuera de Colombia, lo que impone mayores retos para la construcción de paz en región fronteriza.

En el escenario de la desmovilización de los frentes de las FARC del departamento de Nariño y Putumayo, es necesario prever una reconfiguración del conflicto armado. Experiencias internacionales e incluso las consecuencias de la desmovilización de los paramilitares en Colombia, demuestran que una vez se desestructuran los mandos medios y bajos de los grupos armados ilegales se crean nuevas redes de actores armados. Por lo anterior, es imprescindible que la frontera esté preparada para el posacuerdo; se garanticen los derechos de las víctimas a la verdad, justicia y reparación integral, y se desarrollen efectivos programas de desarme, desmovilización y reintegración.

2 Desde julio a octubre de 2015 se presentaron cuatro acciones violatorias a los compromisos acordados en la Mesa de Negociaciones por parte de las FARC, una de ellas en Nariño (Cerac, 2015).

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La paz territorial significará la reconfiguración de los territorios en donde conviva población originaria; retornada del desplazamiento interno y del exilio, y desmovilizada; no será inmediata la consecución de la paz, de hecho, el gran reto será que los territorios de frontera, así como el resto del país, tramiten los conflictos y las diferencias por otras vías distintas a la violencia.

En ese sentido, la frontera colombo-ecuatoriana, concebida como una región, requiere de un especial trabajo conjunto entre instituciones estatales, nacionales y locales; organismos internacionales; organizaciones de la sociedad civil acompañantes y de base, empresas privadas, etc., así como un trabajo conjunto binacional de construcción de paz, bajo el respeto y las garantías de los derechos humanos y los derechos de los migrantes, donde prime la integridad de los habitantes de frontera, las familias transfronterizas y los derechos de los NNA sobre una agenda securitista.

Un aspecto fundamental para la construcción de paz en la frontera es incentivar la participación ciudadana y el diálogo crítico pero informado frente a las negociaciones de La Habana; allí será necesario no solo promover los espacios de participación en el territorio nacional, sino también del territorio ecuatoriano, para integrar en el proceso a aquellos colombianos que han sido víctimas del desplazamiento transfronterizo por el conflicto armado.

Codhes, en cooperación con la Agencia Alemana GIZ, ha identificado que uno de los pasos por los que se puede comenzar es informar a la población de frontera acerca de las negociaciones de La Habana, los instrumentos de participación, los avances de la política de reparación y restitución de tierras, la dinámica del conflicto y las relaciones binacionales fronterizas que contribuyan a la protección de los derechos humanos en la región.

Iniciativas como la Pedagogía para la Paz, que tiene como objetivo lograr que la población se informe del proceso, conozca las ventajas de acabar el conflicto, respalde directamente los diálogos y contribuya a la construcción de paz desde lo local puede resultar muy interesante en la frontera colombo-ecuatoriana. Sin embargo, la paz territorial solo será posible si existen las garantías para construir proyectos de vida digna, con alternativas de generación de ingresos lícitos pero sostenibles en el largo plazo.

Entre tanto la sociedad civil que trabaja en la frontera colombo-ecuatoriana ha propuesto convocar una Conferencia Internacional de Apoyo al Proceso de Paz3 para buscar soluciones duraderas para las víctimas colombianas en el interior y exterior del país, de modo que se aseguren condiciones de dignidad en los procesos de integración local, reubicación o retorno, así como un compromiso político de entendimiento para acuerdos de frontera.

Finalmente, es para destacar la importancia de fortalecer la comunicación entre los agentes de Estado, las organizaciones sociales y la sociedad civil del Estado ecuatoriano y colombiano, en donde se reconozca la necesidad de fortalecer los instrumentos de protección internacional, independientemente de la firma de los acuerdos de paz y el acceso a las medidas de reparación que otorga la ley de víctimas y restitución de tierras.

3 La Conferencia Internacional comprende la intervención de víctimas, sociedad civil, Estados, organismos multilaterales y comunidad internacional interesada. Tiene como fin consolidar la ciudadanía latinoamericana como ámbito más amplio de protección regional para las víctimas colombianas que residen en el exterior.

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Conclusiones Los estudios de caso empleados en este documento permiten concluir que es insuficiente atribuir la causa de la migración forzada en la frontera colombo-ecuatoriana únicamente al prolongado conflicto armado colombiano.

Las complejidades de dicho conflicto residen en los problemas estructurales respecto a la satisfacción de los derechos sociales, económicos y culturales en ambos lados de la frontera. Dichos problemas deben ser estudiados como condición para emprender cualquier formulación en políticas públicas o normativas locales o binacionales.

La sobre-caracterización de la frontera entre Ecuador y Colombia ha mostrado que el cambio en la efectividad de los numerosos programas nacionales y locales de protección debe atender a un discurso amplio de satisfacción de derechos, como es el Pacto de los DESC. La propuesta que se ensayó en este documento fue sintetizar tales derechos en tres dimensiones claras que demandan los habitantes de la frontera entrevistados y que se identificaron a partir de un método cualitativo.

Dicho método atendió tanto al contexto de expulsión como al de recepción, sin desligar sus correlaciones.

Ello fue posible al asumir la noción de frontera como una región, en la que las causalidades estructurales que afectan la vida de sus habitantes se presentan en un continuo. El estudio se planteó además desde una crítica a una visión del desarrollo que permite espacios de marginalidad. Se intentó ofrecer una interpretación que no estuviera basada en periferias. Por el contrario, se sugirió que los contextos de frontera no pueden ser excluidos en los planes del gobierno central, los cuales, a su vez, deben construir diálogos con iniciativas locales comunitarias.

De las dimensiones usadas para el análisis de los DESC en el espacio de frontera seleccionado, la seguridad representa la discontinuidad más clara en la desprotección, mientras que la vivienda y el empleo permanecen como tareas pendientes para las comunidades y autoridades de ambos Estados.

No obstante, la creciente influencia de redes criminales en la frontera no garantiza que la tranquilidad continúe en el mediano plazo. Si un posible escenario de posconflicto en Colombia no contempla el accionar cambiante de los grupos posdesmovilización en contextos de frontera, la violencia se puede acrecentar en pequeñas ciudades como San Lorenzo.

En el escenario de un posacuerdo y construcción de paz en Colombia, la forma de intervención estatal será fundamental para la construcción de territorios de paz en la frontera colombo-ecuatoriana. El histórico abandono del Estado colombiano deberá transformarse en modelos de desarrollo incluyentes, que garanticen la plena satisfacción de los derechos humanos y los derechos económicos, sociales y culturales. En el proceso de construcción de paz e implementación de los acuerdos será fundamental que

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toda intervención tenga en cuenta las particularidades de los territorios como parte de una región fronteriza, en la que existen múltiples formas de violencia, que no se limitan al conflicto armado colombiano, y algunas economías legales e ilegales que están en contradicción con el bienestar general de la población.

El estudio abre de nuevo la pregunta sobre la urgencia de precisar conceptualizaciones pertinentes sobre las migraciones forzadas y las fronteras en América Latina que se valgan de interpretaciones cualitativas en terreno y de elaboraciones académicas propias. Las experiencias de pueblos étnicos en la frontera colombo-ecuatoriana son un paso obligado para la comprensión de las dinámicas migratorias de la región y de las posibles alternativas para los problemas difíciles de resolver con la tradicional perspectiva de Estados-nación.

Se propone entonces un enfoque de derechos sociales con enfoque diferencial para investigar el fenómeno de las migraciones forzadas como objeto de estudio de las fronteras en América Latina. Tal enfoque puede consolidarse como una vía para diseñar políticas públicas de atención y reparación transfronterizas que incluyan la valiosa participación de las organizaciones comunitarias y los intereses y necesidades de los gobiernos locales, sin descuidar la apremiante presencia de redes criminales transfronterizas en la región.

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