Documento CODHES 6 Huyendo de la guerra

Documentos CODHES No. 6

CONSULTORIA PARA LOS DERECHOS HUMANOS Y EL DESPLAZAMIENTO

CODHES

Huyendo de la guerra

Bogotá, diciembre de 2007 •1•

Documentos CODHES No. 6 Huyendo de la guerra

Marco Romero Presidente

© Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento CODHES. Enero-Agosto de 2007.

Jorge Rojas Director Alexis Ariza Coordinación Investigación y Trabajo de campo.

Consultoría Para los Derechos Humanos Y el Desplazamiento CODHES Cra 6ta No 34-62. Oficina 302 Bogotá-Colombia Conmutador: (+571) 571 232 5666 www.codhes.org

Lina González Investigador asistente

Adriana Carrillo Alejandra Romero Hernán Rojas Omar Salazar Colaboradores.

Bibiana Ortiz Diana Rivera Sistema de Información SISDHES

Esta investigación fue desarrollada gracias a los fondos proporcionados por la Agencia Española de Cooperación Internacional AECI.

ISBN: 978-958-44-2482-2 Agradecimientos: Pastoral Social, PCS, Defensoría del Pueblo Arauca, Acción Social UT Arauca, Oficina Justicia y Seguridad Gobernación de Arauca, Equipo Comité Permanente para la Defensa de los DDHH Arauca, Fundación Comité de Derechos Humanos Joel Sierra, CICR Arauca, CHF Colombia.

Caratula: Alejandro Rojas A. alrojas.grafico@gmail.com Diagramación e Impresión: Ediciones Ántropos Ltda.

PBX: 433 7701 • Fax: 433 3590 www.edicionesantropos.com

Impreso en Colombia El Contenido de esta publicación es responsabilidad exclusiva de CODHES y no compromete a la agencia cooperante.

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CONTENIDO

Presentación .............................................................................................. 5 El silencio de Arauca I.

El Conflicto Interno Armado .......................................................... 9 EL ELN .......................................................................................... 10 LAS FARC-EP .................................................................................. 14 LA CONFRONTACIÓN ENTRE LAS FARC Y EL ELN ........... 17 EL PARAMILITARISMO EN ARAUCA ...................................... 31 El proceso de desmovilización ........................................................ 35 TENDENCIAS Y PROYECCIÓN DEL CONFLICTO ................. 38

II.

Economías del Conflicto ............................................................. 40 EL PETRÓLEO ........................................................................... 40 EL NARCOTRÁFICO ................................................................ 49

III.

Crisis Humanitaria y Desplazamiento Forzado ............................. 55 HOMICIDIOS ................................................................................. 56 MASACRES ................................................................................... 59 SECUESTROS .................................................................................. 61 ACTOS DE TERRORISMO ............................................................ 61 DETENCIONES ARBITRARIAS .................................................... 61 LA INTIMIDACIÓN DE LOS ACTORES ARMADOS CONTRA LA LIBERTAD DE PRENSA ......................................................... 65 CIFRAS DEL DESPLAZAMIENTO .............................................. 67 LOS DESPLAZAMIENTOS MASIVOS ......................................... 71 LOS DESPLAZAMIENTOS “PARCIALES” .................................. 72

IV.

Respuesta del Estado: Políticas Públicas para la atención a la Población Desplazada ............................................................ 40 ANEXOS ........................................................................................... 81 •3•

Contenido

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Caquetá: historias de retornos imposibles I.

El Conflicto Interno Armado .......................................................... 87 LAS FARC ...................................................................................... 88 LAS FUERZAS ARMADAS ......................................................... 96 LOS PARAMILITARES EN EL CAQUETÁ .............................. 98 DINÁMICAS, TENDENCIAS Y PROYECCIÓN DEL CONFLICTO ........................................... 102

II.

Economías del Conflicto ............................................................. 105

III.

Crisis Humanitaria y Desplazamiento Forzado ............................. 113 HOMICIDIOS Y SECUESTROS ................................................ 114 MASACRES ................................................................................ 116 MINAS ANTIPERSONA ........................................................... 116 CIFRAS DEL DESPLAZAMIENTO ........................................... 117 DESPLAZAMIENTOS MASIVOS ............................................... 117 la unión peneya y peñas coloradas, DOS ETERNOS RETORNOS ........................................................ 123

IV.

Respuesta del Estado: Políticas Públicas para la atención a la Población Desplazada .............................................................. 128 LOS PROBLEMAS DE LA INVERSIÓN ...................................... 131

V.

Anexos ......................................................................................... 135

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Informe regional sobre conflicto interno armado, crisis humanitaria y desplazamiento forzado 2006.

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El Silencio de Arauca:

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I. El Conflicto Interno Armado “Es verdad, allá en Arauca ELN, FARC y AUC han sido la única ley, pero fue porque el Estado nos abandonó”1 Los conflictos armados en el departamento de Arauca presentan sus primeros reportes al final de la década de los 40s, cuando poco antes de las elecciones presidenciales del 49’, el presidente Ospina Pérez (1946-1950) declaró alterado el orden público e impuso el Estado de Sitio en todo el país, llevando al desarrollo de diferentes acciones armadas por parte del Ejército y la Policía contra los miembros del Partido Liberal en las diferentes regiones del territorio nacional. Estas acciones -en el marco de la violencia bipartidista- abrieron el escenario para la emergencia de varios grupos insurgentes de resistencia armada, particularmente en el oriente del país, donde entre muchos otros dirigentes, Guadalupe Salcedo organizó la Guerrilla Liberal del llano. Aunque el Ejército trató de ser neutral (…) se vio comprometido en el conflicto y cometió excesos con la población. La Policía, que entonces no era un ente institucional, se polarizó en el combate, se puso de parte de quienes la reclutaban, alcaldes y gobernadores sectarios y en esa forma, la resistencia de medio país al otro medio, dueño del poder, fue generalizando el conflicto armado, el enfrentamiento entre uno de los partidos convertido en gobierno contra el otro convertido en oposición armada. (…) La necesidad de apoyar una policía politizada, ante la urgencia de mantener el principio de autoridad, sirvió muchas veces para que el ejército fuera tildado por el país como enemigo directo de la población y como aliado del gobierno2.

Estos hechos que permitieron que los grupos guerrilleros emergentes durante este período, obtuvieran el respaldo de una amplia base social en los campos, aspecto que, guardadas las proporciones, ha permanecido vigente -de manera relativa- durante el desarrollo histórico de los grupos que posteriormente llegarían a la región, en especial con respecto al Ejército de Liberación Nacional ELN. “Décadas después, las finanzas derivadas del petróleo y la ubicación del oleoducto Caño Limón-Coveñas, su situación fronteriza y el hecho de que Arauca sea zona de tránsito obligado de las mercancías y pro-

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1- Medios Para la Paz, Arauca se quedó sin prensa. Abril 4 de 2003.

2- Medios Para la Paz, Los avatares de la Historia. Las Trampas del la Guerra, Periodismo y Conflicto 2001.

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ductos con destino a Venezuela, tanto de origen legal como ilícito, hacen que el departamento se constituya en una zona estratégica en términos militares, financieros y económicos”3.

EL ELN:

3- Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario Vicepresidencia de la República: Panorama de la situación de Violencia en Arauca. 2004.

4- Tal vez uno de los actos más representativos que marcan la presencia del ELN en el departamento es la toma de la población de Beyotes en Septiembre de 1980.

5- En el siguiente capítulo revisaremos el tema de la explotación petrolera con mayor detenimiento, particularmente en lo referente a la presencia de empresas multinacionales en la región y los efectos, tanto positivos como negativos que dicha explotación ha representado en el departamento.

6- Frente que nació en 1979, a partir de una fuerte vinculación con el campesinado del Sarare y paulatinamente se fue expandiendo en la región oriental del país, haciendo de Arauca una de sus zonas fundamentales de operación.

7- Que nace en el departamento para apoyar la confrontación contra las fuerzas armadas en las zonas de llanura en 1986.

8- De acuerdo a varios historiadores sobre el ELN, durante el período de gobierno del presidente López, el ELN estuvo al borde de ser aniquilado por el Ejército nacional en el marco de la operación Cóndor. Interesado en una negociación de paz, que un vocero del grupo planteó al gobierno, el presidente López, ordenó abrir el cerco militar. Lo que quedaba del ELN salió y no negoció su entrega.

9- Semana.com, Especial La Negociación con el ELN.http://www.semana.com/wf_InfoSeccion.aspx?

IdSec=25

En gran parte soportado en el misticismo de la insurgencia guerrillera de la década de los 50s, y a través de la infiltración en los movimientos sindicales y apostolares de la región, el ELN inicia su presencia en el departamento de Arauca a finales de la década de los ochenta4, fijando una fuerte postura de oposición frente a la explotación petrolera que desde entonces venía siendo realizada por la Occidental Petroleum Corporation OXY5, y proponiendo la nacionalización del petróleo a través del desarrollo de una política de recursos energéticos para todo el territorio nacional. Esta postura de oposición, se vio a su vez reflejada en atentados contra las infraestructuras existentes en Caño Limón y Cravo Norte, así como en ataques contra las torres de energía en las zonas rurales del departamento; acciones que paulatinamente tenderían a reducirse por parte de este grupo insurgente -de acuerdo a las entrevistas realizadas en campo- en buena parte gracias al chantaje y boleteo que los miembros que el frente Domingo Laín Sáenz6 y posteriormente de la compañía Simacota7, comenzaron a ejercer contra funcionarios de las empresas de explotación petrolera en la zona.

“El ELN se establece en Arauca. Luego de dos grandes paros cívicos a finales de los años 70, dirigentes campesinos establecen contacto con Francisco Galán del ELN y fundan el Domingo Laín. Este frente le aporta al ELN una nueva visión más cercana al movimiento social, además de una importante cantidad de recursos económicos provenientes de la extorsión a compañías petroleras y, de manera muy particular, a la alemana Manessmann, constructora del oleoducto “Caño Limón-Coveñas”.

Se desconoce la cifra que paga como extorsión esta última al ELN para poder terminar el oleoducto a tiempo, pero se dice que oscila entre 10 millones y 70 millones de dólares entre los años de 1982 y 1986. Estos recursos son muy importantes para los procesos de reestructuración y centralización del ELN, luego de la derrota de Anorí8, la salida de Fabio Vásquez y el debate planteado por Replanteamiento en los años 1975-76”9.

Estas extorsiones, sumadas al desarrollo de una estrategia de infiltración de militantes de la organización en cargos públicos de poder a lo largo del departamento -y en este sentido, en el control de los recursos estatales- se convirtieron durante más de 15 años en dos de sus fuentes fundamentales de financiación, tanto al interior de Arauca, como para el fortalecimiento económico de los demás frentes a lo largo del país.

“Diez personas, entre ellas varios miembros de la dirigencia araucana, fueron condenadas por rebelión, según sentencia del Juzgado Primero

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Promiscuo del Circuito de Arauca. (…)Ese despacho judicial consideró que las pruebas aportadas por la Fiscalía General, permitieron constatar los vínculos entre los procesados y el frente Domingo Laín del ELN. La captura de los hoy condenados la hizo el DAS en 2003. (…) Según las investigaciones adelantadas por la Estructura de Apoyo de Arauca y concluidas por fiscales de la Unidad contra el Terrorismo, el ELN infiltró varias administraciones de Arauca para canalizar recursos estatales con destino a su financiación. (…) fueron condenados como coautores materiales de rebelión Martha Elvira Osorio Caropresse, docente~ Carlos Alfonso Araujo Perdomo, funcionario de la Secretaría de Agricultura~ Otto Fitzgerald Reina Vega, secretario de Gobierno~ Ramón del Carmen Garcés, diputado~ y Héctor Federico Gallardo, exdiputado y exgobernador. (…) A estas personas el despacho judicial les decretó suspensión condicional de ejecución de la pena, por un periodo de prueba igual al de la condena. (…) Otro tanto ocurrió con Gustavo Carmelo Castellanos, exgobernador de Arauca, condenado a 31 meses de prisión y multa de 50 salarios, y a quien también le fue decretada la suspensión condicional de la ejecución de la pena10.

Sobre este aspecto, vale la pena reasaltar que aún desde 1965 cuando el ELN empezó a gestarse, su lógica insurgente se ha movido de manera permanente no solamente desde una postura de pie de fuerza a través de las armas y las dinámicas relacionadas acciones militares, sino también, y especialmente, en la articulación con la política orgánica de sus zonas de influencia y el fortalecimiento de sus redes sociales, aspectos que han hecho posible la supervivencia de este grupo aún a pesar de la entrada de las FARC en la década de los 90s, las pugnas con los grupos paramilitares en la región en los primeros años del siglo XXI, y la fuerte presión ejercida por el Estado en diferentes momentos de la historia del departamento.

“Por eso, los expertos y conocedores de la historia y de la evolución del ELN hablan de una guerrilla que le ha dedicado más tiempo a su capacidad de movilización social que a la de engendrar un poder militar, como sí lo han hecho las FARC. (…)Lo que presenta el Ministerio (con respecto a las cifras relacionadas con miembros actualmente militantes en el ELN y su paulatino debilitamiento) se centra en la relación hombre-fusil, que de todas maneras es muy bajo. Pero por cada hombrefusil, el ELN tiene un hombre de arma corta —miliciano— y, aparte de ellos, otros que hacen una labor a favor de ese grupo.

Adicionalmente, hay que tener en cuenta, (...) que en el caso del ELN se habla más de comunidad que de combatientes, y más en la lógica de partido político, que en la del Ejército. Y eso también cuenta. Puede ser que la relación hombre-arma no sea mucha, pero ¿cuántas personas podría movilizar el ELN para sus propósitos?”11.

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10- Fiscalía general de la Nación, Condenas en Arauca por vínculos con el ELN. Sept 2005 11- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, El ELN: entre la apuesta política y la acción militar. En: Hechos del Callejón No. 24.

Abril 2007.

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Hechos como los paros armados promovidos por este grupo insurgente, donde los de 1988 y 1997 presentan especial relevancia por la cantidad de campesinos movilizados, así como la toma de la embajada de Venezuela en 1991 -que favorecieron el inicio de diálogos de paz entre el gobierno de Cesar Gaviria y la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar (de la que el ELN hacía parte)-, han sido factores de vital incidencia en el marco de los procesos de empoderamiento de la organización en términos políticos, que ya para ese entonces venía mostrando un grado de debilitamiento importante en materia militar pero que en todo caso, a la luz de estos hechos, continuaba acentuando su poderío en el marco de lo político y el fortalecimiento de redes sociales, tanto en el departamento Arauca y la zona de los llanos, como a lo largo del resto de sus áreas de influencia.

“Con paciencia, preparan vereda a vereda y puerta a puerta el Paro, mejoran las comunicaciones, entrenan a la base campesina que los acompaña en acciones armadas y destinan a cientos de sus miembros a promover la salida de miles de campesinos a las marchas. El paro, realizado entre el 7 y el 14 de mayo de 1988, moviliza más de 120.000 campesinos desde remotos sitios hacia Valledupar, Ocaña, Chitagá, Barrancabermeja, Tibú, San Vicente de Chucurí, Saravena, San Pablo, Tame y Arauquita. Aunque sus pretensiones de llegar a Cúcuta y Bucaramanga son bloqueadas por el Ejército, el ELN demuestra que tiene la capacidad de movilizar a los campesinos. Pero las lógicas empiezan a chocar. (…) Los dirigentes de estos movimientos, entre ellos algunos militantes del ELN, quieren hacer énfasis en las reivindicaciones para aliviar la dura pobreza del campo, y los sueños insurreccionales no entran en sus cuentas.

Este choque entre las dos lógicas provocaría, años más tarde, la salida de una parte del ELN, en la Corriente de Renovación Socialista.

Como mencionamos un poco más arriba es, en gran medida a razón de la incursión de las FARC en el departamento en los 90s (en la búsqueda de los recursos favorecidos por el petróleo y el establecimiento de dinámicas alrededor de la generación de cultivos ilícitos que hasta ese entonces no habían sido tocados por los Elenos), así como de los fuertes enfrentamientos armados con las fuerzas armadas del gobierno nacional, particularmente a finales de la década de los 90, y posteriormente de la incursión de las autodefensas, que el debilitamiento armado de este grupo irregular se hizo cada vez más evidente en el departamento y la región.

Este factor a su vez, contando con las desventajas que en materia financiera tenían con respecto a las FARC, particularmente en lo referente a su postura sobre la vinculación directa a los negocios alrededor de las dinámicas del narcotráfico, han afectado representativamente la economía de este grupo guerrillero en los últimos años y en este sentido, diezmado de manera significativa su pié de fuerza armado, permitiendo a su vez que gradualmente tanto FARC como AUC en su momento, empezaran a generar formas de control territorial tanto en el pie de monte como en las zonas de llanura araucanas.

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Sin embargo, gracias al fuerte asentamiento que habían logrado obtener en la base social de las comunidades y a su presencia en los cargos de gobierno en la región (que paulatinamente han venido siendo investigados y judicializados), han logrado mantener su influencia a lo largo del departamento a pesar de no contar con un ejercito realmente significativo en materia armada ni en Arauca12 ni en el resto del país. Es precisamente por la particularidad de estas condiciones que hoy día, en el marco de las negociaciones de paz que se han venido desarrollando entre ELN y gobierno nacional, en todo caso existan posiciones bastante polarizadas frente a esta organización. Por un lado se presume la derrota militar del grupo insurgente como razón fundamental para la búsqueda de un proceso de negociación con el gobierno nacional, por el otro sin embargo, se asume que aún sobre la base de un pie de fuerza relativamente débil con respecto al resto de grupos irregulares, aún persiste una base social significativa que lleva a la insurgencia a un plano de interacción mucho más complejo: el de la política. … “el ELN ha preferido apostarle a la política en vez de mirar cómo actuar militarmente, así ello implique asumir costos. “Uno es dialogar con el Gobierno en medio de las críticas de las FARC y de quienes afirman que están siendo usados.

Otro, preferir estar débiles antes que violar una posición que los ha caracterizado: no vincularse con el narcotráfico así ése sea un instrumento económico para fortalecer el aparato militar, tal y como lo ha sido para las FARC (…) Si la decisión del ELN fuera militar, entraría en una dinámica como la de las FARC: la búsqueda de nuevas fuentes de ingresos. Y más sabiendo que su posición de no entrar en el negocio del narcotráfico le ha costado militarmente.

Por eso, existe la preocupación, ya expresada por muchos, de que este grupo entre en el negocio del tráfico de drogas. Actualmente se ha denunciado que algunos frentes guerrilleros están cobrando contribuciones a los campesinos que cultivan la hoja de coca. Esto, entre otras cosas, cambiaría el panorama. Primero, no es lo mismo un diálogo de paz cuando el narcotráfico está de por medio. (…) Segundo, parte del apoyo de la comunidad internacional al proceso con el ELN es el carácter político de este grupo y su posición frente al narcotráfico. Es el

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12- En los últimos 3 años, el Frente Domingo Laín, con las compañías Compañero Tomás, Simacota y Capitán Pomares, y un pié de fuerza no mayor a 500 combatientes, ha manifestado su presencia en las zonas rurales de la mayoría de los municipios del departamento (a excepción de Cravonorte) a través de la práctica específica de secuestros selectivos (particularmente de funcionarios públicos), la instauración de retenes ocasionales, y en la actualidad, la concentración de sus fuerzas en las confrontación con las FARC en el marco del enfrentamiento que se viene desarrollando entre estas dos agrupaciones insurgentes. Por otra parte, en el resto del país se presume que el pié de fuerza que hoy día posee el ELN no supera a los 2.900 combatientes, razón por la que sus acciones militares, no presentan mayor relevancia en las dinámicas del conflicto interno armado en la región, a diferencia de los efectos que su accionar puede llegar a tener en el ámbito político, no solo a nivel regional, sino en el plano nacional y alrededor de los efectos en materia de cooperación internacional alrededor de la insurgencia armada en Colombia; estos aspectos los revisaremos con mayor atención un poco más adelante.

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único grupo que no tiene un integrante pedido en extradición y que no es investigado internacionalmente por vínculos con el narcotráfico.

En los diálogos entre el Gobierno y el ELN todo entra en juego: la posición del ELN sobre el narcotráfico, su historia y su interés por el contexto nacional e internacional, así como los logros del Ejército en el combate contra este grupo. Pero aunque en un diálogo no hay que desconocer los números —que hablan de pie de fuerza, bajas, capturados y desmovilizados—, tampoco la política, pues ésta también cuenta13.

LAS FARC-EP Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC-EP, presentaron sus primeras operaciones en el departamento luego del ataque a Casa Verde en 1990, e incursionaron en la zona con la toma al resguardo de Betoyes (jurisdicción del municipio de Tame) en 1991, y con ataques a la cabecera municipal de dicho municipio en el mismo año14. Como habíamos mencionado en el apartado anterior, dicha incursión se encontraba mediada por la búsqueda de obtención de recursos financieros alrededor de las dinámicas ilegales alrededor de la explotación petrolera y la intención de apoderarse de la economía cocalera (y en menor medida de la relacionada con la producción de bazuco y marihuana) que se había venido desarrollando desde finales de la década de los 80s sin un control representativo por parte del ELN, así como la búsqueda de rutas de frontera con Venezuela, para el comercio de armas.

A diferencia del ELN, que contaba con estructuras políticas que favorecían su accionar en la región, las FARC entraron sobre la base del poder armado, representado en alrededor de 1000 combatientes en sus filas al interior del departamento y el desarrollo de acciones militares de gran impacto contra la población civil y las fuerzas armadas, llegando de manera inicial, a controlar la parte sur del departamento (particularmente en el municipio de TAME) y posteriormente, en el marco de su estrategia de expansión y consolidación alrededor de las estructuras petroleras, convirtiéndose en el actor predominante en los municipios de Saravena y Arauquita con los frentes 10 y 45, y la columna móvil Alfonso Castellanos15 13- UNDP, Área de Desarrollo Humano, El ELN: Entre lo Político y lo Militar. En: Hechos del Callejón No24, Abril de 2007.

14- Corporación humanidad vigente, Asociación campesina de Arauca, comité regional de DDHH Joel Sierra, Informe de Derechos Humanos Arauca 2002, Abril 2003 15- Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario Vicepresidencia de la República: Panorama de la situación de Violencia en Arauca.

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Esta estrategia de expansión, inicialmente trajo como consecuencia el desarrollo de confrontaciones armadas con el ELN en la competencia por el control de los recursos petroleros a mediados de la década de los 90s, hasta que, en los primeros años del siglo XXI, la incursión de grupos paramilitares, terminó favoreciendo la coordinación de acciones conjuntas entre ambos grupos guerrilleros y el establecimiento de acuerdos en los que básicamente se establecieron límites en el accionar de cada uno de ellos en el departamento con respecto a sus fuentes de financiación: El ELN se queda• 12 •

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ría con el control político de las zonas estratégicas de la región, y en este sentido aprovecharía su presencia en cargos de gobierno para financiarse a través de fondos estatales (adicionales al secuestro), mientras las FARC se ocuparía del control armado de la zona, el acordonamiento de las zonas petroleras y el manejo de las dinámicas cocaleras.

Ambos grupos compartirían los recursos obtenidos de la extorsión a las compañías petroleras y generarían estrategias conjuntas de presión, expresadas en hostigamientos y voladuras del oleoducto, para obligarlas a pagar vacunas permanentes como condición obligada para la operación petrolera en la región16.

En el marco de su operación armada, en el período 2000-2004 este grupo insurgente fue responsable de 90 eventos de minas antipersonales en el departamento, lo que corresponde al 49% del total de eventos registrados por el Observatorio de Minas Antipersonal del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH en este lapso de tiempo. Así mismo, entre otros hechos de violencia efectuados por las FARC y registrados en el departamento por diferentes fuentes (tanto oficiales como de la sociedad civil)17, en los últimos años se destacan: 2002: 14 combates (11 contra las fuerzas militares y 3 contra grupos paramilitares); 11 ataques con cilindros de gas (9 a estaciones de policía y bases militares y 3 contra infraestructuras civiles en Saravena): Una al aeropuerto, una al Banco Ganadero y una contra la sede del Concejo Municipal), el establecimiento de un paro armado en el mes de Marzo; la realización de amenazas colectivas contra la población civil, un grupo de periodistas, y en dos ocasiones contra representantes municipales, alcaldes, diputados y el gobernador a través de la emisión de comunicados donde los declaran como objetivo militar; 4 ataques con explosivos contra torres de energía, uno de ellos contra la subestación eléctrica de Arauca que dejó sin energía a todo el departamento por casi una semana, y 4 más contra el oleoducto Caño Limón-Coveñas; 9 secuestros entre los que cuentan el de un funcionario de la Oxy y el de 5 concejales; 8 homicidios, entre los que cuentan el alcalde de Puerto Rondón Héctor Gutiérrez, el Secretario de Gobierno Sixto Cortina, el entonces presidente de la Cámara de Comercio Carlos Gaona y 2 indígenas de la comunidad macarienos); 4 carros bomba, uno de ellos en el centro del municipio de Arauca y 2 bicicletas bomba donde una de ellas era conducida por un niño (contratado por las FARC) para ser llevada hasta un puesto de control militar en inmediaciones del municipio de Fortul, y estalló antes de llegar al lugar indicado causando la muerte del menor.

2003-2005: 4 carros bomba en los municipios de Arauquita, Fortul y Tame (uno de ellos estalla sólo parcialmente), 2 homicidios en las veredas Pueblo Seco y Pueblo Nuevo, inmediaciones del municipio de Tame; y el se• 13 •

16- Entrevistas recogidas durante el trabajo de campo que hicieron posible la realización del presente informe.

17- Naciones Unidas, Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos, informe de prensa, Misión de observación al departamento de Arauca 2003; Corporación humanidad vigente, Asociación campesina de Arauca, comité regional de DDHH Joel

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cuestro de 5 integrantes de un equipo periodístico del canal RCN en zona rural de Tame y la imposición de un paro armado que duró alrededor de un mes completo en la región en octubre de 2005.

Durante el 2006, se presentaron 2 enfrentamientos entre el Ejército Nacional y las FARC en inmediaciones del municipio de Tame en el mes de Enero, donde resultaron heridos 6 miembros de la fuerza pública y uno muerto. En este mismo mes fueron perpetrados 4 secuestros, dos de ellos contra funcionarios de la OXY. De los dos restantes, uno arrojó como resultado el asesinato de Gabriel Antonio Moreno, quien había sido secuestrado con dos contratistas de ECOPETROL. En el mes de Febrero este grupo insurgente nuevamente impone un paro armado que es extiende hasta el 18 de Marzo y golpea de manera importante la economía de la región; fueron secuestrados y posteriormente liberados 5 encuestadores del Censo; un campesino murió por la detonación de una mina antipersonal, y fue detonada una bicicleta bomba en el municipio de Arauquita, en el marco de múltiples amenazas proferidas por éste grupo contra la población civil del mismo.

En el mes de Marzo, en el marco del paro armado, llevaron acabo un atentado contra el tubo matriz del Acueducto de Saravena, que dejó sin agua potable al casco urbano del municipio durante 3 días; fue asesinado el dirigente social Wilson García, que se desempeñaba como presidente de la Junta de Acción Comunal en el municipio de Tame y que meses antes había sido amenazado por este grupo irregular; y fueron asesinados el ex gobernador indígena del resguardo Caño Claro, de los guahíbos makaguán, Juan Ramírez Villamizar y posteriormente, cuando buscaba reclamar su cadáver, su esposa Luz Myriam Farias. Este hecho generó la promulgación de cartas de repudio por parte del Sistema de Naciones Unidas.

También fueron reportados combates entre miembros de los frentes 10 y 45 de las FARC con el ejército y la Fuerza Pública en inmediaciones del municipio de Saravena, y combates entre efectivos del Batallón de Contraguerrillas No. 30 y Grupo de Caballería Rebéiz Pizarro, adscritos a la XVIII Brigada contra integrantes del frente 45 de las FARC, en los que murieron 2 subversivos.

En el mes de Abril, integrantes de las FARC asesinaron al concejal liberal José Roa en inmediaciones de Arauquita, y al ayudante de bus Daniel Pérez durante un bloqueo a la vía Arauca-Tame; secuestraron a 2 encuestadores del Centro Nacional de Consultoría; amenazaron al alcalde de Fortul y murieron 4 guerrilleros al manipular materiales explosivos.

En el mes de Junio, el líder campesino Pedro Camargo fue retenido por las FARC en la vereda El Oasis, jurisdicción del municipio de Arauquita, y dejado en libertad 3 días después en zona rural del municipio en mención • 14 •

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En el mes de Agosto, se presentaron 2 enfrentamientos armados entre este grupo irregular y las fuerzas armadas en inmediaciones del municipio de Tame. En este mismo lugar se entregó a las autoridades la guerrillera menor de edad y el ejército detonó de manera controlada una moto cargada de explosivos dejada por las FARC. En el mes de Octubre, secuestraron a los contratistas José Bautista y Martín Emilio Restrepo, quienes fueron rescatados horas después por miembros de la Infantería de Marina. Y en el mes de diciembre instalaron un carro bomba en el municipio de Arauca, que fue detonado controladamente por tropas de la XVIII Brigada.

De acuerdo a las fuentes consultadas, a la fecha la presencia de las FARC en el departamento se presenta de la siguiente forma: Frente 10: Arauquita, Saravena Unidades móviles: Arauca Frente 45: Fortul, Saravena, Tame.

LA CONFRONTACIÓN ENTRE LAS FARC Y EL ELN “”Esos grupos terroristas se están matando entre ellos. Voy a procurar ir rápidamente a Arauca porque el Gobierno tiene que proteger la vida de los colombianos y no podemos permitir que en pretexto de que se maten entre guerrillas seamos indiferentes”, dijo Uribe tras el consejo comunal en Cúcuta”18.

Aunque las fuentes oficiales han venido registrando una fuerte confrontación armada entre estos grupos insurgentes desde el mes de Octubre del 2005, la verdad es que el conflicto en el departamento entre estos grupos guerrilleros data de mucho antes. A mediados de la década de los 90s, cuando las FARC comenzaron a expandirse en la región, además del control territorial, también empezaron a disputarle al ELN el control de la administración pública, las contrataciones y las regalías procedentes de la explotación petrolera; en ese sentido, las fricciones, desconfianzas y enfrentamientos armados empezaron a presentarse a lo largo del departamento, sin alcanzar las dimensiones que actualmente vienen siendo reportadas por los medios de comunicación gracias a la intervención del jefe guerrillero de las FARC alias “Che” como mediador entre ambos grupos insurgentes.

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18 El Tiempo, Por gravedad de guerra entre FARC y ELN en Arauca, Uribe anuncia visita a esa región. El Mandatario busca tomar las riendas de la situación y devolverles la seguridad a la población civil y la tranquilidad al departamento. Abril de 2007

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“El ‘Che’ era conocido por tener un temperamento calmado, querido por la población, y por ser hombre de confianza del ‘Mono Jojoy’ y ‘Granobles’. Además, llevaba siete años en la región, y nadie ignoraba sus 25 años de militancia en las filas de ‘Tirofijo’”19.

Durante finales de la década de los 90s, así como durante los primeros años del siglo XXI, fue, en gran medida gracias a su intercesión que las FARC y el ELN lograron establecer algunos acuerdos mínimos sobre su operación en la región, sin que esto, en todo caso, alcanzara para permitir la consolidación del movimiento insurgente en el occidente del país.

A pesar de los acuerdos, las tensiones continuaron, y mientras el ELN, gracias a la intervención de las fuerzas armadas fue perdiendo control en el ámbito político, las FARC, por medio de los recursos obtenidos del narcotráfico en otras regiones, paulatinamente fueron incrementando su poder armado en el departamento, y posteriormente, desplazados por las fumigaciones del plan patriota, incrementando su cooptación de los cultivos de coca en la región.

Aunque lo que ha resultado visible para la opinión pública ha sido el enfrentamiento de estos grupos en el departamento de Arauca, una adecuada comprensión de este conflicto en particular, nos obliga a no perder de vista el carácter nacional de operación de ambas organizaciones guerrilleras, y en este orden de ideas, los diferentes antecedentes que conllevan al desborde de las agresiones armadas entre unos y otros desde hace más de año.

Según versiones de las FARC, en el oriente antioqueño, en 1999 el ELN se quedó con el dinero de un secuestro que habían hecho de manera conjunta; meses después, en uno de los secuestros masivos realizados por el ELN en la carretera Medellín-Bogotá, accidentalmente uno de los secuestrados resultó ser un importante guerrillero de las FARC que iba vestido de civil.

“A pesar de que el hombre dijo mil veces que era de la otra organización, y de que las propias FARC intercedieron para su liberación, el ELN no quiso devolverlo hasta que no pagaran por él. Incidentes de este tipo desataron una guerra sin cuartel en la que las FARC no escatimaron en combates, masacres ni muertes selectivas de importantes líderes. La situación era especialmente grave para el ELN porque el Frente Carlos Alirio Buitrago, que operaba en Antioquia, era el que más secuestros realizaba y aportaba la mayor financiación para el Comando Central de esa organización. Esa guerra, finalmente, la ganaron las FARC.

19- Revista Semana, Enemigos íntimos: Las guerrillas están enfrentadas en Arauca. Abril de 2006.

(…)El ELN, que había estado en el oriente de Antioquia por más de 20 años, tuvo que salir de allí y desplazarse hacia el Eje Cafetero. Lo que no sabían es que allá los estaba esperando ‘Karina’, una especie de Nikita de las FARC, que los persiguió sin piedad. Finalmente tuvieron que replegarse en el norte del Tolima. El golpe final a este frente se lo

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dio la Policía cuando capturó a ‘Byron’, su principal jefe, hoy detenido en Itagüí, y quien asegura con amargura que las FARC “son un ejército de ocupación”. Otro dirigente del ELN detenido en esa prisión describe a sus más recientes enemigos como unos totalitarios que “donde somos fuertes nos piden apoyo. Donde somos iguales nos piden que coordinemos, y cuando nos ven débiles, nos atacan”. (…) La situación se empezó a agudizar entre los dos grupos desde hace cuatro años cuando, a raíz de las fumigaciones de los cultivos de coca en Caquetá y Putumayo, y de las operaciones del Plan Patriota, las FARC se desplazaron en masa hacia Nariño y Cauca e inundaron de coca la región.. En 2005, se logró un acuerdo de no agresión, cuando el ELN, asfixiado económicamente, decidió hundirse hasta el cuello en la economía de la coca. Sus frentes empezaron a cobrarles cuotas a los campesinos cocaleros, a regular los precios y a hacer negocios con los intermediarios de la mafia. Las dos guerrillas competían ferozmente por controlar las zonas más cultivadas, las rutas de transporte de coca y a la población”. 20

Las agresiones entre ambos grupos continuaron. A raíz de las fumigaciones del Plan Colombia, las FARC se desplazaron en masa hacia Nariño y Cauca e inundaron de coca la región, En ese entonces, el ELN, por convicciones revolucionarias, no aprobaba financiarse con dichos cultivos. Hubo varios roces armados y diversas reuniones para intentar frenar el baño de sangre.

Una vez expulsado el ELN de Antioquia y debilitado en sus finanzas, las FARC emprendieron una arremetida militar en los departamentos de Santander y Arauca, y en septiembre de 2002, dinamitaron el centro del municipio de Saravena como muestra de control territorial en otra de las zonas que tradicionalmente había sido Elena, buscando amedrentar y desalojar a los militantes que se encontraban en el municipio. En estos hechos, cuatro personas murieron, y 33 civiles y un soldado resultaron heridos21. (…) La relación era tensa en el Valle, en Cauca y, por supuesto, en Nariño, tanto en la frontera con Ecuador como en la costa Pacífica. La fricción permanente era insostenible. Hasta que el primero de diciembre del (2004), ‘Ramírez’, jefe del Octavo Frente de las FARC, y ‘Óscar’, comandante de uno de los frentes del sur del ELN, se reunieron en lo más recóndito de las selvas de Cauca. La reunión, que debía servir para distensionar el ambiente entre ambos, al parecer terminó en traición. Según denuncia del propio Secretariado de las FARC, después de una larga conversación, los dos hombres se despidieron y acordaron volver a reunirse cuando pasaran los operativos del Ejército sobre la zona. Pero cuando ‘Ramírez’ se retiraba con sus hombres, habría sido asesinado por hombres del ELN que le tendieron una emboscada. (…)

Campesinos de la región aseguran que efectivamente fueron los ‘elenos’ quienes le tendieron una celada. Sin embargo, la Tercera Brigada del Ejército reportó que este había sido dado de baja en combate por sus tropas, en medio de intensas operaciones militares. La venganza de las FARC no se hizo esperar. A finales de diciembre emboscaron a un

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20- Revista Semana, FARC contra ELN: Las dos principales guerrillas están en una guerra a muer te por todo el país, en la que hay traiciones, fusilamientos y centenares de muertos. ¿Por qué se están matando?

21- Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario Vicepresidencia de la República: Panorama de la situación de Violencia en Arauca.

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grupo del ELN en la región del río Mira, Nariño, y mataron a cuatro guerrilleros, incluido ‘José Luis’, uno de los más respetados jefes de ese grupo. “Los cogieron a mansalva porque había un acuerdo de no agresión”, dice un guerrillero del ELN en una comunicación radial interceptada por los organismos de seguridad. “Iban a solucionar el problema de Cauca (la muerte de ‘Ramírez’) pero, como siempre, nos atacaron de manera traicionera, por la espalda... se trenzó un combate que duró casi una hora”(…)

Aún en el marco de estas confrontaciones, con la entrada de los Paramilitares FARC y ELN establecieron una especie de doble vínculo en el que si bien la tensión permanecía, en algunas regiones del país se llevaron a cabo alianzas para la realización de acciones conjuntas para combatir a las AUC. Después de la desmovilización de las Autodefensas, las FARC acusaron al ELN de haber establecido alianzas con el narcotraficante Wilber Varela y en este sentido, con las bandas emergentes de “los Rastrojos” y “las Águilas Negras” en la región, dicha acusación se fundamentaba en la presunción de que el ELN estaba llevando a cabo una estrategia de control de los corredores de coca hacia Venezuela, en razón del desmantelamiento de sus redes políticas en Arauca por parte del gobierno nacional, y como salida a la seria crisis financiera en la que se encontraban.

La tensión en las relaciones y los roces llegaron a su punto crítico en finales del 2004, cuando se acordó una reunión en la que participarían alias “Ché” como mediador de las FARC y alias “la Ñeca” y “el Culebro” como representantes del frente Domingo Laín del ELN. “En la reunión se habló de varios temas. Entre otros, de una disputa que tuvieron guerrilleros de ambos bandos borrachos y que dejó varios muertos. Algunas versiones aseguran que también hubo una discusión por asuntos de dinero, y muchas fricciones políticas. Al finalizar el encuentro entre los guerrilleros, según lo han relatado testigos, ‘La Ñeca’, del ELN, sacó la pistola y mató al ‘Che’, sin que mediara palabra o explicación alguna. Luego se desató una batalla campal entre los escoltas de ambos jefes.

Las FARC le pidieron al Frente Domingo Laín una explicación, so pena de que se desatara una guerra frontal. Poco después, los comandantes del ELN aseguraron que habían fusilado a sus propios hombres, por el

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crimen cometido. Y enviaron un video con un supuesto entierro de los muertos. Pero las FARC no quedaron convencidas. Tenían información de que ‘La Ñeca’, en lugar de haber sido fusilado, había sido trasladado a otra zona”22.

Contactos de las FARC permitieron ubicar a alias “La Ñeca”, primero en Venezuela y luego en la ciudad de Bucaramanga, donde por orden de la secretaría general, fue asesinado a la vez que el enfrentamiento a sangre y fuego entre los dos grupos irregulares se incrementó de manera radical y se dio la orden de erradicar al ELN de las zonas donde aún tenían presencia.

Siendo el departamento de Arauca, por ser una de sus zonas de mayor tradición, uno de los escenarios donde predominantemente se ha dado la confrontación armada.

Ahora bien, precisamente por la tradición que el ELN ha tenido en la región, y por la ya varias veces nombrada presencia de una base social representativa de este grupo insurgente en el departamento, los homicidios selectivos contra funcionarios públicos, desplazamientos masivos y ataques a organizaciones sociales no se han hecho esperar; en muchos de los casos, estas acciones han sido dirigidas contra la sociedad civil de la región acompañados de la acusación, por parte de las FARC, de ser militantes, colaboradores o simpatizantes del ELN y del ELN en la vía contraria. “desde 1999 las FARC desatan una ofensiva de exterminio contra el ELN en todo el territorio nacional, ahora, después de tantos intentos, inician la ofensiva contra el Frente de Guerra Oriental del ELN, a finales de noviembre del 2005 y principios de 2006. Declaran objetivo militar a la estructura guerrillera y dicen que con el pueblo no se van a meter. Entonces, ¿cómo se puede llamar a las acciones que cometieron del 22 al 30 de marzo del 2006, donde saquean cooperativas, droguerías, asociaciones y particulares, en donde sus bienes superan los 1000 millones de pesos?23” “El frente 45 de las FARC masacró el 28 de octubre (del 2006) a una comisión de 15 milicianos del frente nororiental en la región del alto San Joaquín, y tres días después reunió a los indígenas de Alto San Miguel y amenazó con someterlos a juicios sumarios como colaboradores del ELN (…) El 29 de diciembre hubo otra masacre contra sus milicianos en una zona rural de Betoyes. (…) (por su parte) las FARC contraatacaron y acusaron al ELN de estar asesinando sin fórmula de juicio a civiles inermes en las regiones de Delicias, Mordisco y Alto Caranal, denuncia a la cual los emisarios del ELN respondieron en la reunión de diciembre con monseñor Mesa, diciendo que los “civiles inermes” que mencionaban las FARC eran, en realidad, milicianos que robaban, chantajeaban y secuestraban en la carretera Saravena Tame. “Todas nuestras acciones militares se explican dentro de la apelación a la legítima defensa”, dijeron los guerrilleros del ELN.

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22- Revista Semana, Enemigos íntimos: Las guerrillas están enfrentadas en Arauca. Abril de 2006.

23- Ejercito de Liberación Nacional ELN. Respuesta al comunicado Público de las FARC-EP. Mayo de 2006.

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(…)las FARC difundieron la especie de que el presidente del Concejo de Arauquita, José Manuel Roa, asesinado en noviembre pasado, tenía nexos con un sector político del ELN llamado Asociación de Jóvenes Emprendedores Revolucionarios. Y le han puesto el mismo inri a la ONG Joel Sierra de derechos humanos, unas de las organizaciones que en Arauca han pagado una alta cuota de sacrificio. … El ELN ha hecho blanco de sus ataques a la Asociación de Campesinos de Arauca, a la que señala de ser un apéndice de las FARC y les ha puesto a sus miembros el rótulo de “objetivos militares”. Y ante el asesinato de por lo menos cuatro presidentes de juntas de acción comunal, algunas de esas juntas, lo mismo que pequeñas cooperativas de labriegos han tenido que disolverse para proteger la vida de sus afiliados”24.

Adicional a estos hechos, los comunicados de las FARC acusan reiterativamente a la dirigencia del ELN de actuar al servicio del enemigo25, de establecer alianzas con la mafia del norte del valle y coordinaciones con el ejército buscando sacar a las FARC de la Costa Pacífica y así dar vía libre a los proyectos de apropiación que narcotraficantes, trasnacionales y terratenientes tienen con esta zona del país26, y han presentado fuertes críticas al proceso de paz adelantado por esta organización con el gobierno Colombiano: “el ELN mantiene la misma concepción política de los partidos tradicionales, con el agravante de que mantiene diálogos con el gobierno en medio de semejante crisis de gobernabilidad y guerra contra el pueblo, lo que no permite acuerdos de unidad de acción, mucho menos como aliados estratégicos en la lucha contra el sistema. Si sus mandos depuran su organización enemiga, la situación puede que mejore a largo plazo27”

Por su parte, los miembros del ELN acusan a las FARC de haber asumido una actitud prepotente e ideado una concepción hegemónica, que los hace creer dueños únicos de la lucha revolucionaria en Colombia”.

24- Revista Cambio, Exterminio al ELN Febrero de 2007 25- Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC-EP. Comunicado 10 de Junio de 2006.

26- Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC-EP. Comunicado 30 de Enero de 2007.

27- Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC-EP. Comunicado Diciembre de 2006 28- Revista Cambio, Exterminio al ELN Febrero de 2007

(… ) Los jefes del ELN hablan de una “solución sin sometimiento” que comprometa a las partes a respetar la integridad física y moral de la población civil y a responder por los daños y perjuicios económicos causados. Y además se declaran dispuestos a aceptar la presencia de testigos de la comunidad internacional que garanticen los acuerdos.

Sin embargo, Grannobles, de las FARC, ha dicho a los comisionados que no habrá acuerdos posibles mientras el ELN busque apoyo de paramilitares y acepte la “infiltración del Ejército en sus filas” con el propósito de conservar dominio e influencia en zonas donde sus cuadros han sido aniquilados … Pero es un hecho que para consolidar su poder en zonas petroleras y controlar corredores estratégicos para el negocio del narcotráfico, las FARC buscan aniquilar los reductos del ELN no sólo en Arauca, sino en

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Cauca y Nariño. Y esta situación, de abierta desventaja militar para el ELN, permite preguntarse si al grupo no le convendría más acelerar el inicio de un proceso de paz formal del que puedan sacar ventajas políticas.”28

Así las cosas, creemos que existen al menos 2 elementos relevantes que contribuyen a una mejor comprensión de la confrontación entre estos dos grupos irregulares: 1.

El homicidio de alias “ché” por parte de alias “La ñeca”, por un lado funcionó como “florero de Llorente” para catalizar un enfrentamiento que había sido postergado por años en la lucha por el control de los corredores estratégicos del departamento para el tráfico de armas y coca hacia Venezuela29, los recursos alrededor de la economía petrolera y las dinámicas sociales que dicha economía facilita en la región30, pero por el otro, es importante no desconocer el hecho que precisamente alias “Ché” fue quien durante muchos años medió las asperezas entre estos grupos irregulares y en este sentido, su muerte obtiene un peso en términos políticos importantes para ambas organizaciones, en lo referente al rompimiento de los leves lazos de confianza que quedaban entre ambos grupos.

2.

En el trasfondo ideológico de ambas organizaciones31, las fuertes diferencias entre lo político y lo armado cobran un peso particular en lo referente a esta confrontación. Por un lado, las FARC han incrementado su pie de fuerza en la región logrando mayor control territorial, y a través de homicidios selectivos, amedrentado la base social del ELN hasta llevarlo casi a su desaparición. Sin embargo, y como lo mencionamos en el primer apartado de esta sección, el capital político del ELN ha permitido que este, a pesar de su debilitamiento militar, de inicio a los diálogos de paz con el gobierno nacional. De acuerdo a muchos analistas sobre el tema32, dado el caso que estos diálogos lograran llegar a feliz término, no solamente redundarían en la desmovilización de lo que queda de este grupo irregular, sino, que a la vez, colateralmente cuestionarían frente a la opinión pública internacional la validez de la insurgencia en Colombia, y en este orden de ideas, su financiación por parte de las organizaciones que les apoyan. Al quedar solamente las FARC como único movimiento guerrillero vigente, la validez relativa que como ideología de oposición han tenido en algunos sectores, también terminaría desmontándose, y en este orden de ideas, este intento de exterminio por parte de las FARC es de alguna forma la presentación de una cuenta de cobro anticipada.

La encrucijada del ELN es grande. No puede seguir en la guerra sin el apoyo de las FARC, y no puede salirse de ella si las FARC optan por atacarlos una vez desarmados. De todas manera, mientras los diálogos

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29- particularmente, de ser ciertas las acusaciones de las FARC sobre la vinculación del ELN con grupos de narcotraficantes y narcoparamilitares.

30- Este punto será revisado con mayor cuidado en el capítulo siguiente.

31- Dado el caso que sus planteamientos ideológicos continuaran vigentes en el marco actual del conflicto interno armado en Colombia 32- Varios de ellos desmovilizados del ELN en los 80s y 90s y algunos historiadores sobre el tema.

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sigan avanzando, la guerra está declarada.”De aquí hasta que el ELN se desmovilice es difícil que esta confrontación disminuya”, dice Antonio Navarro, secretario general del Polo Democrático33.

El hecho es que en el marco de esta confrontación en el departamento de Arauca, en lo corrido de los 2 últimos años, las cifras señalan que han muerto más de 300 guerrilleros y de 90 personas de la sociedad civil entre las que cuentan dirigentes sindicales, defensores de derechos humanos, funcionarios públicos e indígenas, al haber sido sindicados de ser simpatizantes de alguno de los dos grupos en disputa; y han sido desplazadas más de dos centenares de familias de las veredas circundantes de los municipios del Fortul, Tame y Arauquita34.

“Un centenar de familias reciben asistencia humanitaria del Comité Internacional de la Cruz Roja en albergues que dispuso la Alcaldía de Tame en el coliseo cubierto. (…)Según el alcalde, Alfredo Guzmán, el desplazamiento de campesinos dejó desoladas las veredas Alto Cauca, Botalón, Casa de Zinc y Puente Tabla. En otras, como Liberia y Holanda, las FARC se mantienen al acecho tras los cultivos ilícitos que protege el ELN”35.

“El día 7 de noviembre en el territorio del resguardo Valle del Sol, del Municipio de Saravena, Departamento de Arauca, en donde tiene asentamiento la comunidad Chivaraquía, del pueblo indígena U wa, se enfrentaron en horas de la tarde el ELN y las FARC, poniendo en riesgo la vida de más de 600 indígenas entre adultos y niños. Hecho que causó un desplazamiento desmedido hacia el interior del resguardo, teniendo que abandonar sus casas y cultivos.

33- Revista Semana, FARC contra ELN: Las dos principales guerrillas están en una guerra a muerte por todo el país, en la que hay traiciones, fusilamientos y centenares de muertos. ¿Por qué se están matando?

34- De acuerdo a las entrevistas realizadas en el trabajo de campo, han sido desplazadas más de 1300 personas de las veredas de Puente Tabla, SantoDomingo, Caño Limón, Santa Ana, Brisas del Carnal, Flor Amarillo, Puerto Miranda, Botalón, Panamá de Arauca, El Amparo y San Miguel. Muchas de ellas miembros de comunidades cocaleras de los cultivos ilícitos custodiados por el ELN. 35- El Tiempo, Por gravedad de guerra entre FARC y ELN en Arauca, Uribe anuncia visita a esa región. El Mandatario busca tomar las riendas de la situación y devolverles la seguridad a la población civil y la tranquilidad al departamento. Abril de 2007 36- Comité Ejecutivo- Organización Nacional Indígena de Colombia Onic. U´Was de Arauca Padecen El Rigor del Conflicto Armado, Noviembre de 2006

De igual manera las amenazas de las FARC, al declararnos “objetivo militar”, si no se les colabora con información o si veían movimiento de miembros indígenas de nuestra comunidad por nuestro territorio.

ASCATIDAR, recibió información el 07 de noviembre de 2006, de la comunidad indígena de Iguanitos, ubicada en el municipio de Fortul, acerca de dos miembros de esta comunidad que se encuentran detenidos por el ELN. Dicho Grupo armado informó que tiene voluntad de devolver a estos indígenas, siempre y cuando se haga con presencia de una comisión de derechos humanos, integrada por el Comité Internacional de la Cruz Roja, las Defensoría del Pueblo, la ONIC y demás entes competentes en materia de protección de derechos humanos”36.

A pesar de los intentos de búsqueda de escenarios de negociación a la confrontación por parte de la sociedad civil (que es a la larga quién ha resultado predominantemente damnificada), con un especial trabajo por parte de la iglesia, e incluso de algunos pronunciamientos que buscan establecer un escenario de diálogo por parte de estos dos grupos irregulares, aún a la fecha de publicación del presente documento no parece haber salidas posi• 22 •

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bles al respecto, más aún cuando el gobierno nacional, en términos reales, parece encontrar bastante conveniente que estos grupos guerrilleros se destruyan entre sí. … “El gobernador Acosta, representante de Cambio Radical, lo explica así: “Aquí hubo un día en que el ELN se adueñó de la administración pública y del Partido Liberal, y las FARC le echaron mano al conservatismo, a la frontera agrícola y a la coca.

“No obstante el panorama descrito, el general José Rafael González Villamil, comandante de la XVIII Brigada del Ejército, ve la situación menos dramática. Según él, los frentes de los dos grupos guerrilleros sobre todo el de las FARC buscan mejores posiciones a lo largo de los 420 kilómetros de frontera con Venezuela y esa lucha por el territorio fronterizo es el único lunar en materia de orden público que se presenta en Arauca. Para probarlo apela a cifras y dice que el 31 de enero se cumplieron 636 días sin ningún atentado contra el oleoducto y más de 400 sin voladuras de torres de energía, cuando en el año más crítico que fue 2002, se presentaron 126 atentados contra el oleoducto y 60 contra las torres de energía. Y agrega: “El hecho de que durante 2006 hayan sido abatidos 56 guerrilleros, capturados 258 y se hayan desmovilizado 22, hacen que en Arauca se respire un nuevo clima”.

LAS FUERZAS ARMADAS Para mediados del año 2003, Arauca era el departamento más militarizado del país, con presencia de la Brigada XVIII con sede en el municipio de Arauca; Batallones en el área; bases militares en los siete municipios (Arauca, Arauquita, Saravena. Tame, Fortul, Cravo Norte y Puerto Rondón), una base en Caño limón (Campamento petrolero) y estaciones de policía en los municipios y algunas veredas.

Aunque el incremento de la fuerza pública en la zona hizo parte de los planes Escudo y Consolidación, de acuerdo a las entrevistas de campo y a los documentos aportados por varias de las organizaciones de Derechos Humanos visitadas, la percepción de la sociedad civil al respecto reportaba que su papel principal consistía en el cuidado del oleoducto Caño Limón Coveñas y de los campamentos de exploración petrolera de inversión multinacional, con especial énfasis en las infraestructuras de empresas norteamericanas37 y, contrario a lo que se esperaría, redundando en acciones por parte de las diferentes fuerzas armadas contra la sociedad civil y, particularmente contra los líderes comunitarios y defensores de derechos humanos38.

Iniciamos nuestra intervención recordando como es de público conocimiento que el departamento de Arauca desde el siete de agosto de 2002,

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37- Corporación humanidad vigente, Asociación campesina de Arauca, comité regional de DDHH Joel Sierra, Informe de Derechos Humanos Arauca 2002, Abril 2003 38- Por lo espinoso del tema, dedicaremos un apartado completo al respecto en el capítulo sobre “Crisis Humanitaria y Desplazamiento”.

Sin embargo, nos parece pertinente nombrarlo desde este punto en la medida que tenerlo, aún cuando sea de manera preliminar, como referente, brindará al lector elementos de análisis frente al papel de las fuerzas armadas del Estado en el departamento.

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inicio del gobierno de Álvaro Uribe Vélez fue declarado epicentro para el desarrollo de la política de “Seguridad Democrática” situación esta que generó la agudización y degradación del conflicto y disparó la violación sistemática de los derechos humanos, las libertades ciudadanas y el DIH. A la fecha aun continúan los señalamientos, la estigmatización, las detenciones masivas, selectivas ilegales y arbitrarias, los empadronamientos, los montajes judiciales, ha aumentado la pobreza, el desempleo, el desplazamiento. Sectores o integrantes de la fuerza publica, de los organismos de inteligencia del estado en el afán de mostrar resultados y ganar ascensos, detienen y judicializan a personas inocentes y a dirigentes sociales a quienes reportan a los medios de comunicación como subversivos o terroristas de alta peligrosidad dañando su reputación, imagen, honra, buen nombre y deteriorando la unidad familiar, estas personas en su mayoría, la justicia después de largos días, meses y años deja en libertad al comprobar su inocencia. (…) Recordemos que la limitación de los derechos y garantías, se profundizó con la llamada Zona de Rehabilitación y Consolidación, que cubrió los municipios de Saravena, Arauquita y Arauca por donde pasa el oleoducto Caño Limón-Coveñas, en la que se entregó el control de orden publico al Ejercito Nacional con facultades de realizar empadronamientos, allanar, capturar e interceptar comunicaciones sin orden judicial. Durante el funcionamiento de esta nefasta figura se realizaron entre otras diez capturas masivas, una de ellas de dos mil personas, para un total de 3766. A pesar de la declaratoria de inconstitucionalidad de la zona de rehabilitación, algunos sectores o integrantes de la fuerza publica y los organismos de inteligencia del estado continúan haciendo uso de tales facultades a través de maniobras de intimidación y manipulación. En el 2003 se registraron mas de 97 violaciones a los derechos humanos, en el 2004 más de 152, en el 2005 mas de 146, en lo que va corrido de 2006 se han registrado más de 56”. 39

Desde esta perspectiva, acusaciones aún mas graves han sido formuladas por parte de las organizaciones de Derechos Humanos presentes en la región, donde se presumen posibles de vínculos entre las fuerzas armadas y los grupos paramilitares desde su incursión -primero de las Convivir en la década de los 90s, y luego de las AUC en el 2001- y que han redundado incluso en la ejecución de operaciones conjuntas contra la población civil bajo la acusación de ser colaboradores de los grupos guerrilleros.

39- Comité Permanente por la Defensa de los DDHH Arauca. Informe 2006

“Se ha demostrado en repetidas ocasiones que las Brigadas XVI y XVIII adscritas a la II división del Ejército Nacional, quienes desarrollan operaciones militares tendientes a proteger la estructura petrolera de Arauca. Están seriamente comprometidas en el apoyo y participación directa al desarrollo del paramilitarismo en la región. Claros ejemplos son: la masacre realizada en el corregimiento de La Cabuya ocurrida el 20 de noviembre de 1998: la creación y operatividad de la cooperativa “El Corral” en el municipio de Arauca Capital que claramente desarrolló acciones paramilitares asesinando a más de 45 civiles durante los me-

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ses de Noviembre y Diciembre de 1998~ la participación directa en el bombardeo y posterior saqueo el 13 de diciembre de 1998 al caserío de Santo Domingo en TAME~ el desarrollo de los operativos militares durante 1999 y 2000 conocidos como Arawuac y Huracán, donde tropas de estas brigadas hicieron incursiones a nombre de paramilitares escribiendo letreros en las paredes de los caseríos que amenazaban con la llegada de los “mocha cabezas” como es el caso de Puerto Nariño en Saravena, zona rural de TAME y zona rural de Arauquita. A finales del año 2001”40.

“El 3 de febrero [de 2004], en el municipio de Saravena, fue asesinado por miembros del ejército nacional, el menor de edad, Cristian Alfonso Buitrago.”

“El día 17 de marzo [de 2004], fue asesinado el señor Luís Enrique Suárez Delgado, por miembros de la policía nacional, en Saravena, en momentos en que transitaba a la 9 de la noche, por frente de una de las garitas del cordón de seguridad de la policía.”

“El día 04 de febrero de 2006, fue asesinado en el municipio de Saravena-Arauca, el dirigente comunal Alirio Sepúlveda Jaimes, a la altura de la carrera 13 con diagonal 30, por el sicario Edgar Guiza Gamboa, quien permanentemente andaba con el ejército nacional, grupo de caballería mecanizado No. 18, Gabriel Revéiz Pizarro de Savavena. […]

El compañero Alirio Sepúlveda Jaimes, había sido estigmatizado, perseguido y judicializado, con base en declaraciones de supuestos reinsertados, detenido en la redada masiva tristemente conocida por la comunidad Regional, Nacional e Internacional, del 12 de noviembre del año 2002, junto con 42 compañeros dirigentes sociales más”. Fue dejado en libertad por falta de pruebas, pero continuó siendo señalado y hostigado por la policía y el ejército nacionales, “pues según ellos era un miembro del Ejército de Liberación Nacional ELN.”41

Sin embargo, las fuentes oficiales por su parte, han tendido a desconocer estos pronunciamientos, llegando a atribuir estas denuncias como parte de las estrategias políticas de los brazos políticos en la base social del ELN y en algunos casos de las FARC42, y por lo contrario, presentan un balance bastante positivo de los avances realizados por las fuerzas armadas en materia de recuperación del territorio y el logro de una derrota relativa de los grupos insurgentes en la región.

“El Gobernador Julio Acosta no cree que la situación del departamento sea muy diferente a la del resto del país. Por eso se queja de la estigmatización que, dice, ha caído sobre Arauca. ¿Qué pasa en el departamento?

Arauca es un departamento normal, como es Antioquia, como es Chocó o como es Bolívar. Lo que pasó en Tame es tan sencillo como que estamos en una guerra, y el Ejército se está metiendo en los santuarios de la

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40- Corporación humanidad vigente, Asociación campesina de Arauca, comité regional de DDHH Joel Sierra, Informe de Derechos Humanos Arauca 2002, Abril 2003 41- Fundación Comité Regional de Derechos Humanos Joel Sierra. Informe de Derechos Humanos 2004-Primer semestre de 2006.

42- Ver capítulo III: Crisis Humanitaria y Desplazamiento

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guerrilla. Cuando entra el Ejército, los están esperando; la guerrilla aprovecha estos casos esporádicos que en cualquier momento se pueden dar. ¿Pero usted cree que la situación es normal?

Desde que yo tomé las riendas, el departamento ha cambiado en un 80%. Si tumban una torre, que eso lo hace un solo estúpido de esos, perdido en la selva, pues todo el país se entera de eso. Pero son situaciones esporádicas. En Arauca hemos recuperado, a través de la Seguridad Democrática, el control del territorio. Ese ha sido un trabajo en el que ha colaborado la comunidad. ¿Frente a hechos como el ataque a los militares en Tame, no es necesario plantear un giro en la estrategia de seguridad?

Eso de replantear es lo que dicen desde Bogotá los que casi no conocen Arauca. Qué replantear; acá lo que se necesita es más helicópteros. Es que no hay ni uno. Se necesita más apoyo a las tropas. ¿La guerrilla en Arauca está replegada o de verdad debilitada?

La guerrilla ha perdido muchos espacios. Perdieron el centro de sus finanzas y ha perdido el control político. Antes manejaba la plata del departamento y la política. No creo que puedan recuperarse; la gente está cansada de tanta vagabundería y tanta insensatez. ¿Pero será esto así, viendo hasta dónde llegó la injerencia de la guerrilla en la administración pública de Arauca?

Eso es como todo. Es un mal que tiene 40 años que no se puede cambiar en poco tiempo. En Arauca hay gente que tiene 25 años y que nació en eso, familias completas de guerrilleros. Esto se debe al abandono del Estado, que nunca les puso cuidado a estas regiones. ¿El espacio de la guerrilla lo están ganando los paramilitares?

Esos son comentarios de ONG ‘torcidas’. Acá hay paramilitares sólo en los límites con Casanare. De resto, en ningún otro municipio he oído yo de autodefensas. Esas son informaciones de grupos que no le hablan al país con la verdad sino a hacerle proselitismo a unos grupos terroristas que se han metido en la región (…)43

43- Diario el País (Cali), Con el Petróleo nos Llegaron las 7 Plagas, dice Gobernador de Arauca. Abril 2005.

En este escenario, y en medio de las diferentes voces con respecto al accionar de las fuerzas del Estado en la región, vale decir que de acuerdo al Balance Interinstitucional de Seguridad en Arauca 2006, la Policía nacional realizó 1164 capturas por diferentes delitos en el departamento; recuperaron 51 vehículos hurtados y 43 motocicletas que ascendieron a un valor aproximado de $1.243.000.000 (mil doscientos cuarenta y tres millones de pesos); lograron la reducción de homicidios en un 35% ; recuperaron mercancías por un valor superior a los $1.691.000.000 (mil seiscientos noventa y un millones de pesos) con 1.028 artículos decomisados; lograron la erradicación manual de 362 hectáreas sembradas con más de • 26 •

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un millón de matas de coca; realizaron alrededor de 14 operaciones que permitieron la captura de 144 subversivos de las FARC y el ELN; y desarrollaron dispositivos de seguridad que permitieron la reducción de atentados terroristas como ataques a aeronaves, hostigamientos, emboscadas, retenes ilegales y contactos armados en un 35%.

Por su parte, la Infantería de Marina logró la captura de 37 personas, (24 de las FARC, 11 del ELN y 2 de la delincuencia común); decomisaron motores fuera de borda empleados para el contrabando y varias motocicletas; lograron el rescate de cuatro personas cuando pretendían ser sacadas del País por aguas del río Arauca a través de Puesto Fluvial Avanzado No. 042, entre los rescatados están 3 contratistas y un menor de edad; lograron la incautación de de 2.400 galones de gasolina y 440 más de acetona, combustible que de acuerdo al informe, en su mayoría sería usado como insumo en la producción de coca y pasta básica de coca, y recuperaron más de 1150 cabezas de ganado en operativos conjuntos con la décimo tercera brigada y el DAS. Así mismo, el Departamento Administrativo de Seguridad DAS-Seccional Arauca, reporta colaboraciones en inteligencia que permitieron la captura de alrededor de 200 personas que se presume hacían parte de las milicias de las FARC y el ELN. El trabajo del DAS seccional Arauca fue destacado en todo el País, tanto así que en el mes de octubre la Dirección Nacional de la Institución decidió otorgar el reconocimiento a ésta seccional como la más importante y efectiva del territorio nacional durante 2006 y parte del 2005, muestra de ello son los bajos índices de delincuencia organizada y común que se presentaron y que fueron logrados gracias al trabajo mancomunado entre los entes judiciales y de seguridad44

De igual manera, la Décimo Tercera Brigada, en su informe anual reporta haber dado de baja a 336 terroristas en operaciones en las que murieron 56 miembros de grupos ilegales, fueron capturados 285 y recibidos en desmovilización 22 más. También reportan haber desactivado 10 campos minados, incautado 590 kilos de explosivos y 70 kilos de metralla, haber desactivado 9 carros bomba y una casa bomba, y decomisado 35 armas largas, 42 armas cortas, 130 proveedores, 74 granadas de mano y 7.174 cartuchos de municiones.

Independientemente de las diferentes versiones con respecto al accionar de las fuerzas armadas en la región, el hecho es que, de acuerdo a las fuentes del Estado, en promedio durante el año 2006 fueron encarceladas 3 personas al día45 y judicializadas alrededor de 17 personas al mes bajo acusaciones que las señalaban como militantes de grupos armados irregulares, en un departamento que posee solamente 7 municipios.

Si tenemos en cuenta que según las cifras DANE 2005, en el departamento de Arauca habitan 232.118 personas, eso querría decir que durante el año • 27 •

44- Balance Interinstitucional de Seguridad en Arauca 2006, Enero de 2007.

45- Ibíd., Balance Interinstitucional de Seguridad en Arauca 2006, Enero de 2007

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2006 fue encarcelado el 0.50% de la población por la comisión de crímenes de distinta índole. De acuerdo a las entrevistas realizadas en campo46, desde cualquier perspectiva estas cifras resultan extremadamente altas y preocupantes, e independientemente de las voces de denuncia presentadas por las organizaciones sociales, levantan las alertas sobre la crítica situación que vive el departamento en materia de conflicto interno armado.

Si bien no es posible desconocer la importancia que ha tenido la constitución de una base social relevante por parte de los grupos irregulares en el departamento de Arauca -sin que esto implique que reconozcamos como validas, de ninguna manera, las acusaciones con que reiterativamente varias fuentes del gobierno pretenden señalar vínculos entre grupos armados y organizaciones sociales y defensoras de Derechos Humanos- este hecho histórico no puede convertirse en un a priori de trabajo para reportar cifras que si bien, desde una lectura desprevenida hablan de grandes resultados logrados sobre la base de la política de seguridad democrática en el marco de los planes escudo y consolidación, desde una revisión más cuidadosa, a la vez hablan de una crisis humanitaria extremadamente grave en la región y el departamento, en el marco de las diferentes confrontaciones donde las principales víctimas son los araucanos.

“Denuncia presentada por la señora “X” [presentada en el año 2005] “Mi hijo fue señalado por el ejército como responsable del carro bomba puesto en Tame en el supermercado la 14. Mi hijo se encontraba visitándome en Tame el día 5 de mayo de 2004, un día después de los hechos de la bomba del supermercado, dicho día él y su esposa se dirigían para Cúcuta pues allí residían para entonces, saliendo del municipio de Tame, él y su esposa pasaron por un retén militar y como es costumbre en dichos retenes los miembros del ejército les pidieron los documentos de identidad. Uno de los soldados le empezó a decir que él se parecía a alguien, pero nunca le dijo a quién, empezó a hacerle preguntas sobre su familia en Tame, que en dónde vivía y con quién, él les dio los datos de la casa mía, la describió y dio la dirección, posteriormente el soldado le devolvió sus papeles y lo dejó seguir.

46- Que incluyeron funcionarios de las oficinas encargadas de la atención a población desplazada y de la protección de los derechos humanos en diferentes municipios, así como a algunos funcionarios de la defensoría del pueblo en sus niveles regionales y nacional

Al día siguiente una tropa del ejército nacional llegó a mi casa, allí solo se encontraban 4 menores de edad (el mayor de ellos tenia 11 años para la fecha de los hechos) cuando llegaron los militares diciendo que era la casa del que había puesto la bomba en el supermercado la 14, ellos procedieron a requisar la casa y a buscar cosas dentro de la misma, se llevaron una fotografía de mi hijo, también le hicieron preguntas a los niños sobre lo que su papá hacía y si lo habían visto vestido con camuflado como el que ellos portaban. En esos momentos llegó a la casa la mamá de los niños, les preguntó qué era lo que pasaba y la tropa militar no la dejó entrar a la casa. Solo pudo entrar cuando terminaron el registro de la casa. Hicimos denuncias por los hechos referidos ante la

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personería municipal y la procuraduría departamental, también tuvimos entrevistas con algunos militares del Batallón en Tame, dicha entrevista se realizó el 27 de diciembre de 2004 y les preguntamos si había algún problema con mi hijo, que si lo estaban buscando por algo o qué era lo que pasaba, los miembros del ejército siempre nos dijeron que no había problema alguno, que no tenía orden de captura y que se investigaría lo del registro de la casa. La investigación disciplinaria que estaba dirigiendo la Procuraduría Regional de Arauca, fue archivada, frente a lo cual presentamos una carta ante la personería municipal y otra ante la Procuraduría Regional para evitar que el caso se cerrara.

Con el correr del tiempo y viendo la situación económica de su familia, mi hijo decidió ir a trabajar a Tame, trabajaba vendiendo pescado entre Tame y Saravena. El día 30 de abril de 2005, mi hijo llegó hacia las 12:20 p.m. a la casa con el pescado que iba a vender, yo le brindé un jugo y él se quedó en la puerta, en ese momento llegaron 2 hombres y le preguntaron a él que si era el dueño de la moto, él dijo que si, entonces ellos que estaban armados tomaron sus pistolas, cuando él vio esto, salió a la calle y empezó a correr, los hombres armados le dispararon por la espalda y lo mataron. Dos menores de edad, uno de 11 años y otra niña de 3 años quien era su hija presenciaron los hechos”47.

EL PARAMILITARISMO EN ARAUCA De acuerdo a los documentos presentados las organizaciones sociales entrevistadas durante el trabajo de campo, las organizaciones paramilitares en la región, tienen sus primeras apariciones en el departamento a través de las convivir conocidas como “El Corral” al inicio de la década de los 90s, quienes se asentaron en inmediaciones de la XIII Brigada48 y al parecer, fueron traídas por algunos políticos de ultraderecha y grupos ganaderos, en la búsqueda de contrarrestar las acciones de las FARC, que empezaban presentar una presencia militar importante en la región, con su correlato en operaciones terroristas y contra la población civil, y debilitar el posicionamiento político que para aquel entonces el ELN ya tenía bastante afianzado en municipios como Fortul, Arauca y Arauquita.

Por otra parte, de acuerdo a los documentos publicados por el observatorio de Derechos Humanos y DIH de la vicepresidencia de la república, la aparición de las Autodefensas en el departamento de Arauca se dio de manera inicial a través de las denominadas Autodefensas del Sarare en 1993, específicamente en el municipio de Saravena. Las manifestaciones de esta presencia, sin embargo, se dieron de manera explícita a través de actos publicitarios, amenazas telefónicas y la publicación de panfletos en el municipio, mientras, al mismo tiempo, se presentaron homicidios de dirigentes políticos y populares que, por lo menos hasta el 94 oficialmente fueron atribuidos a desconocidos.

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47- Fundación Comité Regional de Derechos Humanos Joel Sierra. Informe de Derechos Humanos 2004-Primer semestre de 2006 48- Corporación humanidad vigente, Asociación campesina de Arauca, comité regional de DDHH Joel Sierra, Informe de Derechos Humanos Arauca 2002, Abril 2003

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De acuerdo a los documentos oficiales, como respuesta a los panfletos y amenazas, el casco urbano del municipio fue militarizado por efectivos del Batallón Reveiz Pizarro del Ejército nacional.

Posteriormente, para 1996 ya se habían registrado indicios de intentos de penetración por parte de grupos de autodefensa del Casanare (Carranceros), provenientes de Hato Corozal y Paz de Ariporo. Para el 97 se reportaba la presencia de una organización autodenominada “Mano Negra” que incrementó los grados de violencia a través de asesinatos selectivos, desplazamientos forzados y amenazas tanto a dirigentes políticos como a la sociedad civil con especial énfasis en el municipio de Saravena. Sin embargo, poco después, coincidiendo con el desarrollo de investigaciones por parte de las autoridades competentes, esta estructura desapareció y no se volvió a saber de ella49.

Según estos documentos, para el año 2001 estas incursiones desde Hato Corozal, Casanare, contrario a lo esperado, incrementaron el accionar de las FARC así como las disputas locales entre estas y algunos sectores del ELN. De igual manera se presentó un aumento de las acciones contra la infraestructura en la región que determinó un nuevo escenario del conflicto.

De acuerdo a las entrevistas realizadas en campo, con el ingreso del Bloque Vencedores de Arauca de las AUC, inicialmente las principales comunidades afectadas fueron las pertenecientes a las veredas de Puerto Gaitán, Puerto San salvador, el Susto, Mapoy y los aceites; jurisdicciones del municipio de Tame. Zonas donde, en el marco de la búsqueda de control territorial, se presentaron amenazas contra la sociedad civil, desplazamientos forzados y homicidios selectivos contra civiles. (...) Durante el año 2001 se hizo manifiesto que con ciertas ejecuciones extrajudiciales los paramilitares buscaban castigar a las víctimas por sus ideas, opiniones o actividades de carácter político o social (...) Tal fue el caso de Octavio Sarmiento, representante a la Cámara, víctima de homicidio perpetrado en Tame el 2 de octubre.... Finalmente, en el mes de agosto se produjo el ingreso de unos 1.000 integrantes de las AUC al departamento de Arauca, tras la concentración de tropas en el norte del departamento del Casanare. Las alertas lanzadas no lograron impedir la comisión de varios homicidios, entre ellos el de un congresista”50.

49- Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario Vicepresidencia de la República: Panorama de la situación de Violencia en Arauca.

2004.

50- Naciones Unidas, Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos, informe de prensa, Misión de observación al departamento de Arauca. 2003.

“La incursión paramilitar para su consolidación, curiosamente (coincidió) con el advenimiento de las zonas de rehabilitación y consolidación(…)cuando se advierte a través de correspondencia oficial que “por informaciones de inteligencia allegado a este comando, del municipio de Hato Corozal, indican la presencia de un nutrido número de miembros de las autodefensas en las veredas de Puerto Colombia. El Carajo y Las Cruces, sobre el río Casanare, en donde aproximadamente mil hombres de las autodefensas, se han trasladado al depar-

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tamento del Arauca provenientes del Meta, Boyacá y otros departamentos. “ Igualmente, en noviembre de 2001 se supo que a este grupo se unirían unos 300 hombres más y se esperaba que para enero 2002 el numero de hombres fuera de cerca de 2500 al mando de Boris II y tendrían presencia en el departamento”51 “Se (buscaba) tener un completo control territorial sobre la vía y éste en un comienzo con gran despliegue de terror será por cuenta del paramilitarismo, que pretenden homogeneizar a la población que vive en estos municipios”52 “La situación es tan difícil que hoy pasados 10 meses del inicio de la ofensiva contra el pueblo de Arauca en el municipio de Tame se cuentan mas de 230 asesinatos de obreros, dirigentes cívicos, sociales y campesinos y en él ultimo mes en la capital del departamento se cuentan mas de 50 asesinatos por razones políticas. Se pretende eliminar toda persona que pueda significar obstáculo en sus macabros planes de ocupación de la región”53

Para el año 2002, el afianzamiento de las AUC, se ubicó particularmente a lo largo de la carretera que une a Venezuela con el pacifico en los municipios de Tame y Puerto Rondón, y esporádicamente, en inmediaciones de Cravo Norte, continuando con homicidios selectivos y desplazamientos forzados, particularmente de líderes sociales. Como se ha mencionado repetidamente, varias de estas acciones fueron cometidas contra la sociedad civil sobre la base de acusaciones contra los habitantes de la zona de ser colaboradores del ELN, ahora también en el marco de la búsqueda de la incursión en la base social como mecanismo de protección a las dinámicas de la coca que durante la década de los 90 habían disputado con las FARC y que, aunque comparativamente con regiones como Putumayo y Nariño no eran significativas, en todo caso representaban un ingreso importante para los diferentes actores armados.

Así las cosas, de acuerdo a las entrevistas de campo, la presencia de las Autodefensas en el departamento se vinculaba entonces, por un lado con la búsqueda de protección a las acciones de las FARC contra terratenientes y políticos (algunas organizaciones incluso aseguran que dicha incursión fue gestionada desde el interior del departamento, más específicamente para la protección de la infraestructura petrolera y eléctrica), con la búsqueda del debilitamiento de la base social del ELN por el otro, y con la disputa de las dinámicas cocaleras que habían sido controladas por las FARC desde su incursión a inicios de la década de los 90.

Ya para ese entonces las organizaciones sociales y de Derechos Humanos presentaron denuncias sobre un cierto grado de complicidad de las fuerzas armadas en la arremetida Paramilitar. Denuncias que han continuado y acentuándose durante los últimos 5 años, afirmando incluso, que esta penetra• 31 •

51- Corporación humanidad vigente, Asociación campesina de Arauca, comité regional de DDHH Joel Sierra, Informe de Derechos Humanos Arauca 2002, Abril 2003 52- Ibíd., Corporación humanidad vigente, Asociación campesina de Arauca, comité regional de DDHH Joel Sierra, Informe de Derechos Humanos Arauca 2002 53- Ibíd.

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ción ha llegado a afectar, como en su momento lo hizo el ELN, el escenario político de dirigentes de la región.

Como resultados tangibles del acuerdo “Cuna de la Libertad” se tiene que el comandante de la brigada XVIII a mediados de marzo traslado efectivos del ejército nacional que se encontraban en Cravo Norte para reforzar el destacamento militar que se encuentra en Tame. Una vez se produce el traslado de las FF.MM. las Autodefensas Unidas de Colombia toman el control del casco urbano de Cravo Norte, comparten las instalaciones de la estación de policía con los agentes destacados allí y utilizan la pista de aterrizaje para hacer control en el transito de personas y bienes (…) (…) A pesar que se acordó la constitución de una comisión investigadora de 50 casos de violaciones a los DDHH. ésta solo comenzó a sesionar desde el mes de mayo de 2002 luego que el movimiento social de Arauca presentara solicitudes al gobierno y ejerciera presión política a través de diferentes mecanismos~ esta comisión fue integrada por delegados de la Unidad de DDHH de la Fiscalía y agentes del Procurador General de la Nación quienes estuvieron en Saravena, Tame y Arauca; durante mayo y junio, sin embargo después de más de 7 meses de haberse realizado las visita no se han entregados informes de las investigaciones pese a existir acuerdo para ello.

Ante la situación de grave deterioro de las condiciones de vida de la población civil en Arauca, el aumento de las violaciones a los DD.HH., la degradación del conflicto armado y la factible toma paramilitar a los municipios de Cravo Norte. Puerto Rondón, Tame y la capital el Procurador General de la Nación expidió la Directiva No. 001 de abril 18 de 2002, mediante la cual previene a las autoridades civiles Ministros del Interior y de Defensa, gobernador del Departamento y autoridades militares y de policía Comandantes de las Fuerzas Militares, del Ejercito, de la Policía Nacional, de la Segunda División y de la brigada XVIII del ejercito para que se tomen acciones urgentes a realizar en materia de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario dada la grave crisis en el departamento de Arauca. (…) Según familiares y moradores de la región, posterior al homicidio, el ejército impidió el paso de las personas, apuntándoles con sus armas de dotación. Además manifiestan que escucharon cuando dos soldados dialogaban a cerca del montaje que pretendían hacer, así lo relata la cuñada de una de las personas asesinadas: “escuchamos cuando dos soldados dialogaron que tocaba meter a toda la gente dentro del establecimiento para poder hacer lo que iban hacer, entonces yo no me quise entrar y mi esposo tampoco, de pronto se comenzó a escuchar disparos de fusil y uno de los soldados se nos acercó y dijo que el era responsable de lo que le sucedía a la población civil y que nos agacháramos, entonces tampoco quisimos escucharlo y fue cuando vimos que un soldado brincó una malla que separaba a mi cuñado asesinado Juan

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Pablo Verdugo, de la carretera, y se agachó y se oyeron disparos de revolver, entonces le dije al soldado que no le colocaran muñecos (montaje) a mi cuñado para hacerlo pasar como guerrillero que el no era nada de eso, a los cinco minutos se dejaron de oír disparos y la situación se calmó.”54

En el marco de la confrontación con las FARC y el ELN, para el 2004, las autodefensas a través del Bloque Vencedores de Arauca ya habían establecido un dominio territorial importante en el municipio de Tame, reforzadas por las autodefensas del Casanare, e incidentalmente estableciendo zonas específicas en las áreas rurales de los municipios restantes. Al parecer, en gran medida gracias a las alianzas entre las FARC y el ELN, así como por el fuerte asentamiento que este último movimiento guerrillero había logrado en la base social del departamento, no les fue posible establecer un escenario de dominio mucho más amplio. Sin embargo, a través de Tame, Frotul y Saravena, lograron establecer un corredor importante hacia Venezuela para la comercialización de armas y coca, tanto propias del departamento, como provenientes de Casanare y Boyacá.

El Proceso de Desmovilización De acuerdo a las entrevistas realizadas en el trabajo de campo, en el mes de Noviembre del 2003, el Bloque Vencedores de Arauca anunció su disposición de iniciar un proceso de desmovilización y retorno en la vida civil; propósito que en el 2005 comenzó a tener sus primeros niveles de concresión pero que, contrario a lo que se esperaría, incrementaron el temor de las comunidades por lo que pudiera suceder de hacerse realidad.

Sobre la base de lo ocurrido cuando ingresaron las AUC, algunas familias empezaron a desplazarse en el mes de Octubre de este año de las veredas de Puerto Gaitán y Puerto San Salvador (municipio de Tame) hacia el departamento del Casanare, desplazamientos que han continuado, gota a gota, aún después de la firma de la resolución No. 338 del 14 de diciembre 2005, donde se estableció una zona de ubicación temporal para el proceso de desmovilización, precisamente en la vereda de Puerto Gaitán. “(…) para ese entonces en Puerto Gaitán habían 80 familias de las cuales a fecha de hoy solo quedamos 15 familias, pese al miedo quere-

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54- Corporación humanidad vigente, Asociación campesina de Arauca, comité regional de DDHH Joel Sierra, Informe de Derechos Humanos Arauca 2002, Abril 2003

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mos seguir aquí, lo que estamos solicitando es que haya una colaboración de parte del Estado para esta zona, no solo la Fuerza Pública, sino proyectos para reactivar el campo”55

La desmovilización se llevo a cabo el día 23 de diciembre, 468 combatientes entregaron las armas y posteriormente fueron trasladados a la ciudad de Bogotá. Vale la pena resaltar que dentro del grupo de desmovilizados se encontró que 35 de ellos eran menores de edad, razón por la que fueron entregados al Bienestar Familiar seccional Tame, y posteriormente, el 24 de Diciembre, 31 de ellos fueron también trasladados a la capital de la república.

También vale la pena resaltar que de acuerdo a las entrevistas realizadas en campo, varias de las autoridades locales manifestaron un total desconocimiento tanto del proceso de desmovilización como del destino actual de los combatientes que depusieron las armas en aquella fecha, esto, en la medida que no se contó con ellos ni durante los procesos de diálogo ni durante la desmovilización misma. En este orden de ideas, vale la pena mencionar que el departamento no cuenta con programas de atención para los combatientes desmovilizados de las autodefensas, en la medida que “no sabemos qué pasó con ellos, después de que se desmovilizaron no los volvimos a ver”56

55- Palabras del presidente de la Junta de Acción Comunal de Puerto Gaitán.

56- Entrevista Acción Social Arauca.

57- Comité permanente para las defensa de los DDHH. Acción Urgente, Saravena - Arauca, 09 de diciembre de 2006.

Por otro lado, llama la atención el hecho que aún después del proceso de desmovilización se siguen reportando amenazas y extorsiones a nombre de las autodefensas contra comerciantes y habitantes del departamento. Ahora, sobre la base de un esquema de acción enraizado en grupos de 2 o 3 personas, movilizadas en motocicletas y con armas cortas. De acuerdo a las organizaciones sociales y las instituciones estatales entrevistadas, se han recibido denuncias en los municipios de Saravena, Arauca y Cravo Norte sobre la presencia de sujetos que ser supuestamente reinsertados, entre ellos Pastor Jerónimo Gereda Rangel, alias “pispirillo”, quienes se han presentado como mandos de las autodefensas de Saravena, intimidando a los habitantes de la región y manifestando entre otras cosas, que al municipio llegarían alrededor de 100 paramilitares que él comandaría para adelantar una limpieza en la misma57.

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Adicionalmente, resulta preocupante la recurrencia de denuncias por parte de las organizaciones defensoras de Derechos Humanos del departamento sobre la supuesta vinculación entre las fuerzas del Estado y estos grupos emergentes, que, además de la búsqueda del control del mercado de la Coca y otras sustancias de uso ilícito, han llevado a cabo asesinatos selectivos, de acuerdo a la información suministrada por estas organizaciones, con colaboración de miembros de la policía nacional y del ejército.

“La misma comunidad manifestó que previo a la llegada de los militares, hicieron presencia tres sujetos de civil armados, entre ellos se conocieron a los hermanos Edinson y Alexander Ávila, quienes habían sido capturados por el ejército, el pasado 30 de diciembre, pues se dedicaban a extorsionar y amenazar a los pobladores, haciéndose pasar como miembros de las “Águilas Negras””58.

“En Arauca capital fueron asesinados dos dirigentes sociales, el docente Germán Eduardo Solano Andrade y el líder sindical Gregorio Izquierdo Meléndez, en hechos ocurridos en el mes de septiembre y denunciados oportunamente por esta fundación, y que la dirigencia social de esa capital, ha señalado como hechos perpetrados por personas que actúan a nombre de paramilitares. De la misma forma algunos dirigentes han recibido amenazas a través de llamadas sugestivas o intimidantes, de igual forma se ha sabido de extorsiones a comerciantes.

Al paso que en Saravena, otra vez han empezado a amenazar a personas de la comunidad, y a extorsionar a los comerciantes y ganaderos.

Personas de civil que se mueven generalmente en moto, han amenazado a algunos pobladores, diciendo que son paramilitares y que ahora si van a joder a mas de uno, las informaciones señalan igual que en el pasado, que dichos sujetos circundan al interior del anillo de seguridad de la policía, y en las horas de la noche han sido visto patrullando en los barrios periféricos de la ciudad. De otro lado esta fundación tuvo conocimiento de las amenazas y la extorsión de que han sido víctimas varios comerciantes de la zona céntrica de Saravena, por personas de civil.

En la vía que del casco urbano conduce a la vereda Caño Seco, en el municipio de Saravena, luego del paso de una patrulla policial antinarcóticos, aparecieron algunos graffitis escritos con lapicero alusivos a las AUC. Esta situación ha causado un temor y escozor general, llevando a que las personas que han sido intimidadas o extorsionadas, así como las que han escuchado o presenciado este tipo de actuaciones, en el mayor de los casos no se siente en condiciones de formular la respectiva denuncia, ni suministrar a los organismos de justicia y control las informaciones sobre el particular, aún cuando hemos sabido que al parecer ya existen algunas quejas”59.

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58- Fundación Comité Regional de Derechos Humanos Joel Sierra, Acción Urgente: El Grupo de Caballería Mecanizado No18, General Reveitz Pizarro, Una Máquina de Muerte que No se Detiene, Saravena, Enero de 2007.

59- Fundación Comité Regional de Derechos Humanos Joel Sierra, Acción Urgente, Saravena, Octubre de 2006

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TENDENCIAS Y PROYECCIÓN DEL CONFLICTO De acuerdo al Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la República, sobre la base de datos aportado por el Ministerio de Defensa, en el Departamento de Arauca, en el 2006 se llevaron a cabo 76 desmovilizaciones individuales por parte de combatientes de los diferentes grupos irregulares, presentando una disminución del 36% con respecto al número de desmovilizaciones en el 2005 (119). Creemos que a pesar del optimismo del gobierno nacional sobre la situación del departamento en materia de seguridad y conflicto armado, el futuro cercano para el mismo en realidad promete ser extremadamente complejo.

Al superponer los ejercicios de georreferenciación realizados a la luz de la información recopilada a través del seguimiento de prensa, los documentos aportados -tanto por fuentes del Estado como por organizaciones socialesy las entrevistas en campo, pareciera ser que los grupos de autodefensa han empezado a tejer un cerco sobre las zonas que históricamente habían sido dominadas por el ELN y en este momento empiezan a caer bajo el domino de las FARC, tal vez, aprovechando que el mayor grado de atención de estos grupos irregulares en el departamento, se ha centrado en la confrontación que vienen teniendo desde el 2005.

Independientemente del resultado de esta confrontación, es casi un hecho que el ELN tenderá a salir del grupo de actores armados en disputa al interior del departamento; bien sea por la adecuada conclusión de las negociaciones entre este grupo y el gobierno nacional, o bien por la derrota que pueda sufrir en términos militares por parte de las FARC de prolongarse los combates. Esto puede implicar, por una parte, que su base social se encontrará entonces desprotegida con respecto a las organizaciones irregulares que paulatinamente han empezado a ejercer control territorial en las diferentes zonas del departamento, que a su vez probablemente generarán una ola de violencia a través de más homicidios selectivos con la intención de acentuar sus propias bases sociales; y por otro, que, en el marco de la disputa que podrá llegar a presentarse entre las FARC y los grupos emergentes de autodefensa con respecto al control de los cultivos de coca y de los recursos petroleros, la población civil se verá en medio de un fuego cruzado con el grave factor de riesgo que implica el hecho • 36 •

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que ninguno de los actores que permanecen en el departamento presenten en la actualidad ideologías políticas distintas al control de estos recursos sin importar el costo que ello implique.

De ser ciertas las acusaciones de las organizaciones de Derechos Humanos en el Departamento con respecto a los vínculos entre paramilitares y fuerzas armadas, es muy probable que la ausencia de visibilidad para la opinión pública sobre la real situación de Arauca permanezca soterrada y las muertes, desapariciones y detenciones de líderes se incremente de manera significativa durante lo que queda del 2007 y los primeros semestres del próximo año. En este sentido, y sobre la base del silencio que los medios han guardado sobre Arauca, consideramos de vital importancia la generación de comisiones de verificación por parte de la comunidad internacional y los organismos del Estado encargados de la protección de los Derechos Humanos de los colombianos para velar por la seguridad y la vida de los habitantes de una zona que, en silencio, cada vez es más golpeada por la guerra, con el agravante de ser un departamento extremadamente estratégico, tanto por su localización y potencialidades geoestratégicas en las dinámicas del conflicto que hoy día vive el país, como por la inmensa cantidad de recursos que genera la explotación petrolera y que, independientemente de los controles que pueda establecer el estado, han financiado de manera importante a los diferentes grupos armados que han llegado a ejercer distintas formas de control sobre ellos.

Sobre la base de la información recopilada, valdría la pena reevaluar los resultados que los planes Escudo y Consolidación han tenido en el departamento de Arauca; más que en materia de recuperación del territorio, de la seguridad de infraestructuras y del fortalecimiento de la explotación petrolera, en lo que tiene que ver con sus efectos sobre la población civil y las organizaciones de Derechos Humanos que trabajan en la región. Desde esta perspectiva, el panorama de Arauca, enciende las alarmas, e, independientemente a las acusaciones entre organizaciones sociales y estado, por lo menos da mucho qué pensar.

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II. Economías del Conflicto EL PETRÓLEO “Si bien el petróleo se ha convertido en la principal fuente de ingresos para el departamento y los municipios, y alrededor de esta industria se han dinamizado ciertas actividades económicas relacionadas con el comercio, la construcción y algunos servicios; su explotación en el país ha ocasionado una serie de impactos y dinámicas perversas a nivel local y regional, produciendo transformaciones profundas en la estructura social, económica, institucional y política”60.

Arauca hace parte de la cuenca sedimentaria de los Llanos Orientales, la más importante del país con producción actual de hidrocarburos, y un potencial estimado de 8.800 millones de barriles equivalentes de petróleo, que representa el 19% del potencial del país. El departamento es el tercer productor de hidrocarburos luego de los departamentos de Casanare y Meta.

Según cifras del Ministerio de Minas y Energía, para el 2006 en Arauca se produjeron 33,8 millones de barriles, lo que representa el 17,5% de la producción nacional; cifra bastante significativa en lo referente a los recursos que dicha explotación debería representar para el departamento. Pero la verdad, en cifras reales, es bastante diferente.

Primero algo de contexto: Habría que empezar anotando que la búsqueda de petróleo por parte de las multinacionales en la zona de la Orinoquía empieza en la década de los 40s. La explotación petrolera en el departamento de Arauca, se inicia en 1959 con la perforación del pozo la Heliera 1 en Puerto Rondón, y el pozo Tame 1, por parte de la Socony-Mobil y la Shell en 1960.

60- Departamento Nacional de Planeación. Información básica departamental”.. Marzo 15 de 2003.

En Casanare y el Meta, los primeros hallazgos se dieron en los años 70, en las zonas de Trinidad y Tocaría, , Apiay y Cubarral. Estos hallazgos fueron realizados por compañías extranjeras como Occidental (Oxy), Shell, British Petroleum, Triton, Total y Chevron, en sociedad con ECOPETROL en • 38 •

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representación del Estado colombiano, en el marco de convenios de concesión, una modalidad con grandes ventajas para capitales extranjeros, que venía siendo la predominante desde 190561.

A pesar de la conveniencia encontrada por los expertos de los suelos de la orinoquía en la década de los 70, la actividad exploratoria encontró un período de detrimento que condujo al país a convertirse en importador neto de crudo a partir de 1975. Esta situación llevó al gobierno nacional a dar un viraje en la política petrolera en el sentido de abolir el sistema de concesiones y abrir paso al esquema de contratos de asociación para estimular la vinculación de compañías petroleras internacionales al sector, y vincular capital extranjero de riesgo y tecnología privada internacional en la exploración del petróleo. La filosofía de este tipo de contratos radica en que el socio privado realiza las inversiones exploratorias bajo su propio riesgo, y en caso de encontrar un campo productivo la explotación del mismo es llevada a cabo de forma asociada (no individualmente) bajo la dirección de un comité ejecutivo en el que están representados la Nación, con ECOPETROL, y la empresa asociada. Desde la creación de este sistema de contratación la distribución de las ganancias corresponde al 50% para ECOPETROL y otro tanto para el socio privado.

En este escenario, en 1980, Intercol perforó los pozos Arauca 1 y 2 en Saravena, y en 1981 ECOPETROL perforó el pozo Río Ele con una producción relativamente pequeña con respecto al resto de perforaciones del departamento.

En 1989, se introdujo una variación en la proporcionalidad de los contratos de asociación que hasta ahora se venían realizando, condicionando la distribución de dividendos al volumen de producción acumulado. Así, desde el inicio de la explotación hasta un acumulado de 60 millones de barriles, al socio le correspondería el 50 % de la producción, después de descontadas las regalías para el Estado; y a partir de este punto, por cada 30 millones de barriles de producción acumulada el socio recibiría el 5% menos hasta llegar a un mínimo del 30%, que se daría a partir de 150 millones de barriles. Como fruto de esta política se produjo el descubrimiento del pozo de Caño Limón62, el más importante en la historia colombiana hasta ese entonces, con reservas de 1,2 billones de barriles. Un año después se descubrieron otros pozos como La Yuca y Matanegra. Estos hallazgos marcaron un repunte en la producción de crudo, que le permitió al país no sólo alcanzar su autosuficiencia petrolera a partir de 1986, sino recobrar su condición de exportador neto. Y desde una perspectiva regional, abrió las posibilidades de desarrollo a una zona que como Arauca, tradicionalmente había sido marginada.

La explotación de Caño Limón significó para la entonces intendencia y otros entes públicos de Arauca -así como para el resto de la Nación- un aumento considerable en sus ingresos. En 1986 los recursos transferidos • 39 •

61- Aguilar, Orlando; Galeano, Carmen; Pérez, Leonel. PETRÓLEO Y DESARROLLO. CORPES Orinoquia. http://www.lablaa.org/blaavirtual/ faunayflora/orinoco/orinoco14a.htm 62- Un volumen importante de bibliografía refiere el inicio de las explotaciones petroleras en el departamento de Arauca hasta el año de 1985, en tanto las fuentes oficiales tienden a reportar la explotación petrolera en el departamento solamente desde el momento de descubrimiento de Caño Limón, esto en la medida que los volúmenes de producción reportados antes de este año resultaban tan poco significativos para las finanzas de la nación, que no eran registrados por las entidades del Gobierno.

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por el sector de hidrocarburos a los diferentes entes de la administración pública en el país sumaron $17.798 millones, monto del cual el departamento de Arauca, los municipios de Arauca, Arauquita, Saravena y el Corpes Orinoquia, recibieron el 38,1%. En 1987, gracias a la mayor producción de crudo y a las reformas introducidas al régimen de regalías mediante la Ley 75 de 1986, las cesiones subieron a $44.491 millones63. De acuerdo a los defensores de las ideologías del ELN, es precisamente en este contexto en el que este grupo irregular irrumpe en el departamento haciendo fuertes pronunciamientos por el inmenso desbalance entre el volumen de recursos extraídos por las empresas extranjeras y el gobierno nacional, con respecto al capital recibido por el departamento y sus municipios. De acuerdo a sus detractores, más que por la defensa de los recursos, fue en busca de la obtención de una parte de los mismos (especialmente a través del chantaje a las multinacionales) que este grupo empezó a desarrollar acciones militares contra las zonas de explotación.

En todo caso, fue sólo hasta 1996 que se incorporó El Factor R para los nuevos contratos de asociación, un parámetro internacionalmente reconocido qué permite realizar una distribución de la producción más razonable para ambas partes, donde el porcentaje correspondiente al Estado Colombiano se va incrementando a medida que la compañía asociada recupera las inversiones y costos con los ingresos originales en su participación en la producción. Cuando los ingresos acumulados van superando las inversiones y costos acumulados, el porcentaje de participación en la producción del asociado va disminuyendo64 hasta llegar a un mínimo del 20%, una vez descontadas las regalías. Es sobre este cálculo que se realiza la distribución de dividendos hasta la actualidad.

Para el año 2006, en el departamento fueron explotados 33.791.642 barriles de crudo, lo que corresponde al 17.55% del total nacional, el que a su vez presentó un incremento del 0.23% con respecto al año anterior.

63- Ibíd., Aguilar, Orlando; Galeano, Carmen; Pérez, Leonel. PETRÓLEO Y DESARROLLO. CORPES Orinoquia.

64- Universidad Nacional (seccional Medellín), Facultad de Ingeniería de Petróleos. Historia. http://www.minas.unalmed.edu.co/facultad/programas/pregrado/petroleos/Historia4.html

De acuerdo a los documentos oficiales de la OXY, en tanto operador de Caño Limón, durante el 2006 en su zona de producción fueron explotados alrededor de 28.000 barriles de crudo al día. Estos mismos documentos expresan que en año 2005, ECOPETROL aprobó el desarrollo del campo • 40 •

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de Caricare, un descubrimiento de exploración adyacente a Caño Limón donde Oxy sostiene alrededor del 35% de los frentes de trabajo y en el que, en el período Mayo-Diciembre de 2006, fueron producidos alrededor de 4.000 barriles por día65.

Por su parte la REPSOL YFP, la otra gran multinacional que opera en el departamento66, declara en su informe 2006, el descubrimiento en el bloque Cosecha, del pozo Cosecha-Y, en el que participa con un 25%.

Si tenemos en cuenta estas cifras, entonces se concluye que hoy día, la mayor cantidad de los recursos generados por la explotación de hidrocarburos en la región se distribuye entre ECOPETROL y la empresa Occidental de Colombia (Oxy), encargada de la explotación del campo Caño Limón. En este sentido, frente a la realidad de una dinámica económica donde la ausencia de las entidades territoriales y locales es absoluta, esta gira en torno a los ingresos de los trabajadores y de los contratistas del campo , y en materia regional, a la inversión generada a través del uso de las regalías que dicha explotación genera67.

En este orden de ideas, habría que señalar que de conformidad con la Ley 141 de 1994 y la Ley 756 de 2002, el total de las regalías a distribuir entre los departamentos y municipios productores68 corresponde al 25% del total de los recursos que genera la explotación petrolera; de estos recursos entre un 16% a 40% se distribuye a entidades diferentes a los departamentos y municipios productores; lo que quiere decir que de los ingresos generados por la explotación del petróleo, sólo cerca de un 15% a 20% es distribuido a las entidades territoriales donde se produce la explotación. Vale decir que esta producción representa, de acuerdo a los datos de las ejecuciones presupuestales departamentales consolidadas por el Departamento Nacional de Planeación (DNP), el 72,5% de los ingresos totales del departamento.

Durante el 2006 el total de las regalías giradas al departamento de Arauca correspondió a $205.532 millones69; cifra que a pesar de lo in equitativo que puede resultar la distribución de dividendos por explotación en el departamento, en todo caso no deja de ser bastante significativa. Sin embargo, en materia de inversión estos recursos se encuentran extremadamente limitados, en tanto la Ley de Regalías prevé que hasta que el departamento y los municipios beneficiarios de regalías no alcancen unas coberturas mínimas • 41 •

65- Oxy is the operator of the Caño Limón field where its share of production averaged 28,000 BOE per day in 2006.

In 2005, ECOPETROL approved development of the Caricare field, an exploration discovery under the Rondon Association Contract, adjacent to Caño Limón. Production from this field, where Oxy holds a 35 percent working interest, began in May 2006. Production from the field and two adjacent fields was 4,000 BOE per day in 2006. In 2005, Oxy signed a new agreement with ECOPETROL for an EOR project in the La Cira-Infantas field, located in central Colombia. In December 2006, Oxy completed the second pilot phase and agreed with ECOPETROL to enter into a third and commercial phase of the project. In 2006, Oxy’s share of production was 1,000 BOE per day. Production from La Cira-Infantas is transported by the ECOPETROL pipeline and sold to an ECOPETROL refinery.

Additionally, Oxy holds various working interests in eight exploration blocks. http://www.oxy.com/ OIL_GAS/world_ops/latin_america/colo.htm 66- La firma española Repsol, opera en el departamento de Arauca en consorcio con la Oxy en campos como Cravo Norte y Rondón, y asociada a ECOPETROL en campos como los de Catleya. Así mismo presenta explotaciones en las zonas de Capachos y San Miguel. Esta empresa, a su vez posee acciones en materia de hidrocarburos en consorcios como Servicomfort Colombia S.A., Gas Natural S.A. ESP, Gas Natural Cundiboyacence S.A. ESP, Gas Natural del Oriente S.A. ESP, Gases de Barrancabermeja S.A. ESP, y en la puesta en producción de nuevos yacimientos de carbón en Colombia con una explotación de 0.046 millones de toneladas en el año 2006. (Repsol Informe Anual 2006).

67- Por la explotación de los hidrocarburos, el departamento y sus municipios son beneficiarios de regalías y compensaciones de conformidad con la Constitución Política de 1991 y la Ley de Regalías (Ley 141 de 1994).

68- Así como entre los municipios portuarios y el Fondo Nacional de Regalías 69- ANH. “Regalías 2006: Histórico de Regalías Pagadas”. http://www.anh.gov.co/html/ i_portals/index.php

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en alcantarillado, agua potable, educación básica, salud para la población pobre y máxima en mortalidad infantil, el 60% de los recursos generados por las mismas en el caso de los departamentos y el 75% en el caso de los municipios, deberán ser utilizados para financiar inversiones destinadas hacia el logro de estas coberturas. Adicionalmente la misma Ley establece que forzosamente un 5% de las regalías debe destinarse a gastos de operación y funcionamiento, y otro 5% al pago de interventorías técnicas de los proyectos de inversión financiados.

Estas disposiciones, terminan restringiendo de manera significativa la posibilidad de destinar los fondos que el departamento obtiene a través de las regalías de explotación, a inversiones prioritarias en el marco del contexto actual que se vive en Arauca, tales como proyectos productivos para la generación de ingresos propios en las entidades territoriales, o programas de atención urgente para los grupos de población más vulnerable, e incluso para la población en situación de desplazamiento forzado.

Hasta ahora, uno de los sectores más beneficiados por estos ingresos es el vial; Para los municipios de Arauca, Tame, Puerto Rondón y Arauquita se ha desarrollado una red vial urbana de 260,05 km. que se encuentra en un 60% pavimentada y en un 40% en afirmado; de acuerdo a las fuentes oficiales, la ausencia de una total pavimentación de las vías, corresponde en gran medida, a la inestabilidad de los asentamientos urbanos originados en los recientes flujos migratorios, que su vez son, determinados por fenómenos como la explotación petrolera, los cultivos ilícitos y la agudización del conflicto armado70.

70- Plan Departamental de Desarrollo 20042007 “Vamos Arauca, Por El Cambio Radical” 71- www.oxy.com. “let’s grow” state of arauca, Colombia. Sin fecha de Publicación. http:// www.oxy.com/Social%20Responsibility/community/edu_colo.htm 72- www. Oxy.com, Community Health clinics State of Arauca, Colombia. Sin fecha de p u b l i c a c i ó n . h t t p : / / w w w . o x y. c o m / Social%20Responsibility/community/ health_colo.htm

De acuerdo a los documentos de la Oxy, en el marco de sus acciones de responsabilidad social, esta compañía afirma haber contribuido con la construcción de 34 escuelas de educación básica primaria en el departamento de Arauca, e implementado un plan de educación para adultos llamado “A Crecer” con más de 800 beneficiarios, 80 tutores y 15 locaciones. De acuerdo a estos documentos, el programa incluye áreas de trabajo como matemáticas, comunicaciones, trabajo comunitario y medio ambiente y es desarrollado los fines de semana en las mismas locaciones que Oxy ha construido para la atención de niños durante los días de semana71. Así mismo, estos documentos afirman que durante su operación en el departamento, han contribuido con la atención médica de las comunidades rurales alrededor del oleoducto Caño Limón equipando 11 centros médicos para atención de emergencia y tratamientos preventivos, siendo la clínica “La Variante”, ubicada dentro de las instalaciones de producción de Caño Limón uno de sus casos más emblemáticos, atendiendo alrededor de 380 pacientes al mes72.

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Por su parte, la Repsol reporta haber ejecutado alrededor de 52 de proyectos de conservación en la parte alta de la cuenca de la Quebrada La Macaguana, en inmediaciones del Bloque Capachos, limitando con el Parque Nacional Natural Sierra Nevada del Cocuy y con el resguardo indígena de Angosturas, para lo cual se realizó la compra de terrenos y aislamientos para facilitar la recuperación natural de la cobertura boscosa73. A día de hoy, esta zona cuenta con dos áreas protegidas de 50 hectáreas cada una conservada por la comunidad (representada por la junta de acción comunal y resguardo indígena) y con la categoría de reserva comunitaria, reconocida por la autoridad ambiental74. De igual manera reporta su participación en proyectos de investigación, conservación, educación y sensibilización Apoyo al programa de educación ambiental del municipio de Tame en coordinación con la Entidad Regional Ambiental, en un proyecto que contempla asesorías para el desarrollo de programas ambientales educativos de las instituciones escolares con 12 instituciones del departamento de Arauca75.

Si se revisan con cuidado los temas trabajados por estas multinacionales, entonces encontramos que sus líneas de intervención en materia de inversión social se centran en áreas afines a la educación, la salud y el medio ambiente; precisamente las áreas que deberían ser cubiertas por el fondo de regalías. Aunque incidentalmente aparecen reportes de acciones relacionadas con la formulación de proyectos productivos para las comunidades campesinas, las entrevistas realizadas durante el trabajo de campo presentan una percepción por parte de los habitantes de la región donde el trabajo de las multinacionales se vincula a los procesos de militarización en la región76, y en especial, a los procesos donde la presencia de miembros de las fuerzas armadas de los Estados Unidos generan una distancia significativa entre las necesidades de las comunidades y la explotación petrolera.

“En febrero del 2002, la embajadora de EE UU señora Ann Patterson y el subsecretario de Estado Marc Grossmam anunciaron que su gobierno estaba decidido a proteger y salvaguardar sus intereses en Arauca, en especial los de la compañía estadounidense OXY y el oleoducto Caño Limón Coveñas (que en el 2001 había sido volado 170 veces), para lo cual estaba solicitando autorización a su gobierno para que entregara ayuda por US98 millones a la brigada XVIII acantonada en Arauca, además de ello con fuerzas especiales que se encargaran de entrenar soldados colombianos en tácticas contrainsurgentes (…) En octubre, la embajadora en visita a Arauca, manifiesta que “la inversión extranjera no se verá reflejada en Arauca sino existe seguridad”, anunció luego que “que vamos a trabajar en la defensa de los derechos humanos y para ello realizaremos capacitación a los líderes comunitarios de la región “ para finalmente advertir que “ el Departamento de justicia estará pendiente de que no se presente atropellos a la población civil.” (…) Para finales de septiembre arribaron a Arauca los primeros cuatro instructores de las Fuerzas Especiales de EEUU, encargados de alistar

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73- De acuerdo a documentos anteriores, la Repsol también reporta haber establecido un Plan de Gestión Social en los Bosques Capachos y San Miguel centrado en educación y salud, haber colaborado en la reconstrucción de la escuela de la vereda La Garcita en el municipio de Tame, haber contribuido en la reconstrucción de un aula en la escuela de la de vereda Cravo Coroso, y el desarrollo de un programa socio ambiental en Capachos, San Miguel y Saravena; así como la adquisición de una finca para programas de producción de especies menores, agricultura y el apoyo para la reactivación de la actividad ganadera, en comunidades campesinas del municipio de Fortul entre otras acciones. (Repsol, Informe Social 2003) 74- Respol, Informe de Responsabilidad Corporativa 2006.

75- Ibíd., Respol, Informe de Responsabilidad Corporativa 2006.

76 - y según algunos testimonios y documentos aportados por las organizaciones sociales, a los procesos de paramilitarización de los municipios.

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la llegada de los otros instructores para brindar entrenamiento a los soldados de la Brigada XVIII encargados de la protección de la infraestructura petrolera (…) (estas fuerzas) vigilan que las instalaciones de cinco Módulos tengan las normas tácticas de seguridad para construcciones militares establecidas por el Ejército norteamericano, estas instalaciones se construyeron en Saravena en el batallón Reveis Pizarro.

“Son instalaciones diseñadas para hacerle frente a la capacidad del terrorismo del ELN y las FARC. Estados Unidos no ha previsto como medida de prevención pasiva”, explicaba el coronel Santiago Herrera comandante del batallón Reveis Pizarro a El Espectador e informaba que también se estaban adecuando zonas especiales de entrenamiento en medios técnicos. Según El Espectador los integrantes del batallón contraguerrilla No. 30 serán los destinatarios de la asistencia militar estadounidense que será convertido en la Unidad de Reacción Inmediata que a partir del 2003 será el encargado de la seguridad del oleoducto y de la infraestructura petrolera. (…) Las medidas de la Seguridad Democrática también han sido puestas en función de la protección de los intereses estadounidenses, según lo informado por las organizaciones sociales las fincas aledañas al oleoducto han sido empadronadas y censadas. El empadronamiento estuvo a cargo del batallón contraguerrilla No. 46 que registró a las 166 familias (1530 personas) que se ubican en los primeros 75 kilómetros del oleoducto que corre a través de Arauca, Arauquita y Saravena “Sabemos los nombres de todos los propietarios e integrantes de cada una de las familias, incluyendo la edad de niños y adultos. Trabajamos también para que las comunidades fortalezcan el sentido de pertenencia del oleoducto” Igualmente, se han establecido unidades motorizadas con los batallones contraguerrilleros 46 y 49 que establecen control en los sitios adyacentes al tubo.

Adicional a la presencia de instructores militares de EEUU, el fortalecimiento de la capacidad de reacción de las unidades militares colombianas, el control de la población (a quien se le considera adepta a la subversión y por consiguiente potenciales agresores del oleoducto) se cuenta con dos aviones Sky Master de propiedad de las empresas petroleras y adjudicados mediante convenio a la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) que se encuentran dotados de equipos de interceptación de comunicaciones, visualizan movimientos por calor y coordinan operaciones militares. La utilización de estos aviones permite el control de las personas que residen o se desplazan en cercanías al oleoducto.

77- Corporación humanidad vigente, Asociación campesina de Arauca, comité regional de DDHH Joel Sierra, Informe de Derechos Humanos Arauca 2002, Abril 2003

A comienzos de diciembre el New Herald de Miami informaba del arribo a Arauca (según el diario uno de los lugares más peligrosos del mundo) de dos docenas de miembros de las fuerzas especiales de Estados Unidos con la misión de entrenar a efectivos de la brigada XVIII en la protección del oleoducto~ anunciaba igualmente el diario, que para comienzos de año (2003) se esperaba la presencia de por los menos 60 boinas verdes en territorio araucano77.

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* (…)”Ellos lo venden como ayuda militar para combatir al narcotráfico.

Pero por ejemplo en el departamento de Arauca, después de años e intentos, Estados Unidos logró poner su primera base militar en Colombia. Justo en este departamento es donde están los campos Caño Limón y Samoré, donde opera la Occidental (Oxy, EEUU). O sea, el ejército norteamericano está protegiendo a los intereses norteamericanos en la región. Y lo mismo hay que decir que el Plan Colombia, no todo va al ejército sino también en esa escala de violencia llega mucha ayuda a grupos paramilitares.

Todo lo que sale del emprendimiento de Caño Limón va directo a Estados Unidos. Ahí el Ejército de Liberación Nacional se dedicó durante años, cada 15 días, a bombardear el oleoducto. Un poco más tarde entraron las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) y empezaron también a bombardear. Y ya en la dinámica esta de guerra las FARC empezaron a pactar con las petroleras. Eso es lo que hizo Repsol en el Departamento de Arauca, que pagó lo que se llama ‘la vacuna’, o sea, un impuesto para que no le ataquen”78.

Aunque las versiones presentadas por las organizaciones sociales por un lado, y por la multinacional por el otro, muestran dos caras totalmente opuestas sobre una de las realidades más complejas que vive el departamento, vale decir que el panorama se complica aún más cuando a la militarización de la zona por parte de fuerzas norteamericanas con el beneplácito del Estado Colombiano79, se suma la fuerte batalla que los pueblos indígenas han tratado de dar frente al tema en los últimos 3 años. A pesar de la inversión en lo social y la búsqueda de alternativas de articulación de la OXY y la Repsol con las comunidades araucanas, en todo caso la explotación petrolera continúa generando un choque social y cultural donde los intereses financieros, tanto de la multinacional, como de la nación, y el gran valor que los recursos petroleros generan en la economía nacional y regional, se contraponen con las tradiciones indígenas, su cosmología y sistema de valores sin, al parecer encontrar una salida respetable para estos últimos.

Así las cosas, valdría la pena decir que la explotación del petróleo en departamento, en realidad ha aumentado la brecha de distribución de ingresos entre las zonas urbanas y rurales, y entre los departamentos y municipios productores y no productores de petróleo, creando una burbuja económica alrededor de fenómenos inflacionistas que distorsionan los verdaderos precios de los productos de consumo diario y la vivienda. Adicionalmente ha aumentado los conflictos alrededor del acceso a estos recursos, ampliando los incentivos a la corrupción y la violencia80. Como lo establece el DNP, “con la llegada del petróleo se acrecentó la presencia, las acciones y la presión de los grupos armados ilegales sobre las empresas, las instituciones y las personas, incrementando dramáticamente los índices de violencia del • 45 •

78- Latinoamérica on line: la recolonización de América. Entrevista a Marc Gavaldá (MG), de L’Observatori Trasnacional de Barcelona. Sept 2005 79- en aras de garantizar el correcto funcionamiento de las zonas de explotación de este empresa estadounidense- de acuerdo a las entrevistas realizadas en campo.

80- Ibíd., Plan Departamental de Desarrollo 2004-2007

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departamento”. El mismo Gobernador del departamento, Julio Acosta, señala que si bien en Arauca hay mucho petróleo, “lo mejor que le podría suceder al departamento sería sacar el manejo de las regalías, sin desconocer por supuesto el derecho que tenemos a ellas. Cuando no teníamos regalías vivíamos en paz, tranquilos; teníamos una esperanza. Con el petróleo llegaron los problemas: desempleo, prostitución; vagabundería, guerrilla, paramilitarismo. Nos cayeron las plagas de Egipto. Y apenas nos estamos recuperando. El día que nos quiten el estigma del petróleo y de las tales regalías, nos vamos a poner a trabajar en la tierra, que son nuestra verdadera riqueza”81.

La Dirección de Etnias del Ministerio del Interior y de Justicia de acuerdo con su mandato, convocó a 42 comunidades indígenas y afrodescendientes para cursar la consulta previa. Entre los años 2004 y 2006 esta oficina realizó interlocución con dos organizaciones U´wa: Ascatidar y AsoU´wa. Según la Dirección de Etnias, a pesar de constituirse en un modelo de consulta previa, pues tanto el Estado como la empresa hicieron uso de todos los recursos disponibles para desarrollar las diversas fases que ésta involucra, las autoridades tradicionales de Arauca organizadas en Ascatidar, luego de cursar todo el proceso dijeron No a la explotación petrolera. … Por otro lado, Asou´wa, entidad que agrupa a los indígenas de Santander, Norte de Santander y Boyacá, el día 12 de octubre de 2006 expresó su negativa a la realización de la Consulta Previa, es decir, a hacer uso del mecanismo legal vigente, argumentando que la consulta previa ha sido asumida por el gobierno colombiano como una etapa de negociación de impactos, más no como espacio de decisión sobre la ejecución o no de los proyectos. Adicionalmente la organización indígena afirmó que el Convenio 169 de la OIT no excluye o prohíbe el derecho al veto de los mismos y reivindicó el reconocimiento de las preexistencias reconocidas en el artículo 332 de la Constitución Política. En este sentido el caso de Asou´wa se constituye en un debate de carácter fundamentalmente jurídico que, aunque recoge su argumento tradicional de “el petróleo es la sangre de la madre tierra”, plantea la discusión el terreno de las leyes y su interpretación.

En la década pasada, este pueblo integrado por mas de 5.000 personas, interpuso una demanda al Estado colombiano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por los abusos cometidos por la multinacional Oxy y el Estado en su territorio~ hoy la demanda se encuentra suspendida gracias a la intervención de la Comisión OEA Harvard, que dio una serie de recomendaciones al Estado colombiano para proceder con este pueblo indígena.

81- El País. Con el Petróleo nos llegaron las 7 plagas, dice Gobernador de Arauca. Abril 2007.

… Ante la complejidad del caso, el entonces Ministro del Interior y Justicia, Sabas Pretelt de la Vega, consultó al Consejo de Estado y éste conceptuó que “la negativa expresada por las comunidades indígenas a un determinado proyecto o su reiterada voluntad de no participar en

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un proceso de consulta previa, no constituyen un elemento suficiente para impedir el desarrollo de un proyecto de exploración sísmica u otros similares, necesarios para atender el interés general.” Es decir, que el Estado colombiano en nombre del interés general de la población colombiana está en potestad de tomar las medidas necesarias para garantizar que se lleven a cabo los proyectos que considere pertinentes, dentro de la normativa nacional e internacional … El Estado colombiano y la empresa estatal en proceso de privatización, ECOPETROL enmarcan su accionar en el Plan de Desarrollo del Presidente Álvaro Uribe Vélez 2006 –2010, cuyas estrategias principales en materia económica son: producción de hidrocarburos concentrada fundamentalmente en tres pasos: 1. Promover el fortalecimiento comercial en mercados internacionales del sector minero de alto valor agregado, como la industria del carbón, y la producción de petróleo y sus derivados. 2. Desarrollar una agresiva política petrolera para poder adicionar 1.500 millones de barriles de reserva antes del 2010 con altos incentivos y participación del capital privado y de ECOPETROL. 3. Establecer un marco adecuado para explotar todos los yacimientos”.

La exportación de petróleo garantiza el ingreso al país de mas de $13.650,5 millones de dólares al año, sin embargo el accionar de la empresa no se limita a la producción de hidrocarburos y, reconociendo las dificultades de la zona por la presencia de actores armados, la sensibilidad ecológica, las altas tasas de violencia socio política, la ubicación estratégica como corredor de armas y drogas en la frontera, así como el alto nivel de necesidades básicas insatisfechas de la población, ECOPETROL viene discutiendo la posibilidad de un plan de desarrollo regional del Sarare a 30 años82.

EL NARCOTRÁFICO “A la par con estas fumigaciones aéreas, las tropas que se transportaban por tierra, también fueron dejando a su paso una ola de maltratos, intimidaciones, desplazamientos y muertes en algunos casos, los cuales no cesan, ya que enseguida de (la operación) Luna Roja, llegó (la operación) Borrasca I; en el marco de estos dos operativos militares, se han venido produciendo ejecuciones extrajudiciales como las de Adelso Villamizar, en la vereda Matecaña, la masacre del 19 y 20 de mayo en las veredas Flor Amarillo, Piñalito y Cravo Charo (murieron 11 campesinos), la masacre de Mata de Topocho (6 personas muertas), la masacre de San López (3 personas muertas), la masacre de Cravo Norte (murieron 10 campesinos) y la de Caño Seco, donde fueron asesinados los líderes sociales Héctor Alirio Martínez, Leonel Goyeneche y Jorge Prieto. (…) entre los meses septiembre y noviembre del 2004, se llevó a cabo la segunda fase de fumigaciones, en medio del operativo militar Borrasca II, y en el mes de junio de 2005, comenzó la tercera fase de fumigación, dentro del operativo militar denominado “Plan Escudo”

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82- Etnias de Colombia, Actualidad Etnica, Diciembre 2006.

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(…); de igual manera son diversas las denuncias por envenenamiento de cultivos de uso lícito y animales, la flora, la fauna y las fuentes hídricas, la contaminación atmosférica, al igual que el desplazamiento de centenares de campesinos83”.

De acuerdo a las cifras reportadas por la Oficina Contra la Droga y el Delito del sistema de Naciones Unidas, entre los años 2000 y 2006 han sido detectadas alrededor de 11.221 hectáreas de cultivos de uso ilícito en el departamento de Arauca. Estos cultivos, predominantemente de coca y marihuana han tenido un comportamiento fluctuante en el que su mayor pico se presenta en el año 2001 con 2.749 hectáreas y su menor cifra, aparece reportada en el año 2003 con 539.

“En el año 2000 se detectaron cerca de 1.000 hectáreas, y aumentaron a más de 2.000 hectáreas en 2001 y 2002. En 2003, se asperjaron 12.000 hectáreas y el cultivo de coca disminuyó a 500 hectáreas en Diciembre del mismo año. Sin embargo, aumentaron nuevamente en 2004 y 2005 hasta alcanzar 1,883 hectáreas (aumento del 21%) y disminuyeron otra vez en 2006 hasta 1.306 hectáreas. Se reportaron 362 hectáreas de erradicación manual y aspersión aérea de 1.400 hectáreas”84.

Esta disminución tan significativa en el período 2002-2003 corresponde, tal como se señala arriba, al inicio de las aspersiones aéreas en el departamento por parte del gobierno nacional en el marco de la operación “Luna Roja”, donde, de acuerdo a las organizaciones sociales con presencia en la región, al mismo tiempo se fumigaron grandes extensiones de cultivos de plátano, yuca, cacao y maíz, así como una porción importante de árboles frutales y pastizales, que en aquel momento representaban la principal fuente de ingresos de varias comunidades campesinas que se vieron en la necesidad de desplazarse. Aún sin otorgar dar una discusión innecesaria sobre los grados de validez a estos comentarios, en todo caso este año marca un rompimiento significativo en las dinámicas de cultivo en la región donde en los años posteriores los cultivos de coca y otros usos ilícitos, no han logrado alcanzar siquiera las 2.000 hectáreas.

83- Fundación Comité Regional de Derechos Humanos Joel Sierra. Informe de Derechos Humanos 2004-Primer semestre de 2006.

84- Naciones Unidas, Oficina contra la Droga y el Delito. Colombia: Monitoreo de Cultivos de Coca, Junio 2007.

Lo que verdaderamente resulta significativo frente a las afirmaciones contra las fumigaciones aéreas en el departamento, contando con el daño ecológico que estas generan, es que en materia de proporción, los cultivos ilícitos en el Arauca, escasamente aportan un promedio del 3% sobre el total nacional, cifra que comparativamente con varias de las zonas del país no resulta significativa en comparación con los aportes que en materia agrícola y ganadera el departamento desarrolla. En este sentido, el des balance existen• 48 •

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te entre los costos que las fumigaciones aéreas traen para el adecuado desarrollo de las actividades agropecuarias, y los logros en materia de lucha contra las drogas, no deja de ser bastante preocupante.

“En el departamento de Arauca no existen y nunca han existido cultivos de coca industriales, sí hay algunos pequeños cultivos, que en su conjunto, no alcanzan las 6.000 hectáreas, lo que en comparación con los cultivos de uso lícito (1’232.614 hectáreas) no representa una cifra significativa que amerite el tratamiento propuesto. Es de recordar que Arauca es una de las mayores despensas agroalimentarias del país85.

Ahora bien, las distintas versiones encontradas sobre este tema resultan altamente contradictorias desde las diferentes perspectivas de abordaje. Por una parte las organizaciones sociales, en concordancia con lo reportado por la oficina de Naciones Unidas, refieren un aproximado que oscila entre las 6.000 y 11.000 hectáreas en materia de cultivos de uso ilícito en el departamento de Arauca, pero, por otra parte, el Plan de Desarrollo Departamental señala que al respecto, para el año 2004 no existía una cifra exacta sobre el tema, así como tampoco un acuerdo entre las diferentes autoridades y entidades que manejaban esta problemática en el departamento en cuánto al número de hectáreas que se encontraban dedicadas este tipo de actividad.

De acuerdo al plan departamental, una vez se inició la primera fase del proceso de fumigaciones, los pilotos que llegaron a realizarlas, que contaban con un aproximado de 4.000 hectáreas; al llevar a cabo los vuelos se dieron cuenta que la realidad era bastante distante a sus cifras presupuestadas. Esta primera fase alcanzó a incluir 13.500 hectáreas quedando aproximadamente unas 1.500 a 3.500 hectáreas por fumigar; en este sentido, es posible creer que con anterioridad al proceso de fumigación aérea en Arauca, existían entre 15.000 y 17.000 hectáreas de cultivos ilícitos (Brigada XVIII del Ejército Nacional del Departamento de Arauca)86.

Esta distorsión de la lectura, de acuerdo a las diferentes fuentes, se hace mucho más evidente al comparar las cifras aportadas por Naciones Unidas en lo referente al número de hectáreas censadas por su sistema de monitoreo, con las cifras relaciona• 49 •

85- Fundación Comité Regional de Derechos Humanos Joel Sierra. Informe de Derechos Humanos 2004-Primer semestre de 2006.

86- Plan Departamental de Desarrollo 20042007 “Vamos Arauca, Por El Cambio Radical”

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das a las aspersiones aéreas en el período 2003-2006, según las cuales, en el año 2003 fueron fumigadas 11.734 hectáreas, durante el 2004: 5.336, en el 2005: 2.584, y en el 2006:1.400. Esto querría decir que durante los 4 últimos años, en el departamento de Arauca han sido fumigadas aproximadamente 21.000 hectáreas con respecto a un aproximado de 11.000 hectáreas detectadas entre el año 2000 y el 2006.

Las entrevistas realizadas durante el trabajo de campo, ofrecen una hipótesis explicativa sobre este des balance con la presencia de miembros del ejército norteamericano en la región, en la medida que la misma era un referente para el gobierno estadounidense sobre los resultados de la lucha que Colombia ha venido llevando contra el Narcotráfico. En este sentido, las fumigaciones masivas, desde un análisis elemental de la situación -que podría tildarse de inocente- podrían haberse constituido en una forma de presentar resultados ante los militares norteamericanos con presencia en Arauca. Aunque no podríamos brindar total validez a este argumento, en todo caso los comentarios que le dan fundamento no dejan de generar inquietudes importantes.

En todo caso, vale la pena llamar la atención sobre la disminución de las cifras de fumigación desde el momento que se realizaron las aspersiones aéreas por primera vez en el 2003, donde para el año 2006 la distancia entre el número de hectáreas censadas y el número de hectáreas fumigadas gira alrededor de las 94.

Cifra bastante ajustada con respecto a las 11.195 hectáreas de distancia entre las censadas y fumigadas en 2003; o en su defecto, si presumiéramos que las fumigaciones de 2003 fueron realizadas sobre la base del censo del año • 50 •

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anterior, las 9520 hectáreas de distancia existentes entre las 11.734 fumigadas, con respecto a las 2.214 censadas en 2002.

Ahora bien, durante el año 2006, además de la aspersión de las 1.400 hectáreas reportadas, fueron erradicadas manualmente 362 hectáreas de cultivos de uso ilícito en el departamento de Arauca, lo que representa un incremento del 62% con respecto a las 226 hectáreas erradicadas manualmente en el 2005, y un 0.9% del total de hectáreas censadas, con alrededor de un millón de matas de coca87 De igual manera, las autoridades locales reportan que durante este año fueron destruidas 13 cocinas para el procesamiento de alcaloides, 22.090 kilos de insumos sólidos, 5.524 galones de insumos líquidos y 489 galones de coca líquida. Adicionalmente, el informe de Naciones Unidas reporta la incautación de 23.968 Kilos de hoja de coca, 2.440 galones; 91 Kilos de base de coca, 1.465 galones; 5 kilos de bazuco, 4 kilos de cocaína procesada y 104 kilos de marihuana por parte de las fuerzas armadas en colaboración con el Departamento Administrativo de Seguridad DAS y la Policía Nacional.

Por otro lado, vale la pena resaltar que en el marco de la implementación de los programas de sustitución de cultivos y desarrollo alternativo en el departamento, el presupuesto en ejecución gira alrededor de los $ 285.882 millones de pesos, de los cuales $ 100.319 millones provienen de recursos de cooperación nacional e internacional (la mayoría de estos proveídos por • 51 •

87- Balance Interinstitucional de Seguridad en Arauca 2006, Enero de 2007.

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la Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos USAID), y $ 185.562 millones, de ahorros de los campesinos, el sector privado y contrapartidas en especie.

La mayoría de estos recursos, están enfocados hacia iniciativas provenientes del sector privado dirigidos a proyectos que promuevan la sostenibilidad a mediano y largo plazo, y otra parte representativa, alrededor de $3.500 millones, se encuentran invertidos en el programa Familias Guardabosques con alrededor de 1.000 contratos consolidados individuales activos en los municipios de Arauca y Saravena.

Finalmente, vale la pena mencionar que de acuerdo a las entrevistas realizadas en campo, el control de los cultivos ilícitos en el departamento se encuentra bajo un domino relativo de las FARC. Sin embargo, paulatinamente se ha venido percibiendo un avance importante por parte de los grupos emergentes de autodefensa que, aprovechando la confrontación que este grupo guerrillero con el ELN, han venido acordonando paulatinamente la zona de presencia de cultivos. Zona que a su vez coincide con el área de explotación petrolera, lo que configura el norte del departamento como la zona de disputa de recursos para la guerra para todos los actores.

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III. Crisis Humanitaria y Desplazamiento Forzado “La persecución al movimiento social se ha expresado en la sistemática judicialización que ha dejado más de 568 líderes sociales victimas de alguna forma de hostigamiento, desde persistentes detenciones por varias horas, hasta procesos judiciales por el presunto delito de rebelión.

Dichos procesos se han basado únicamente en testimonios jurídicamente y éticamente rebatidos, que los han mantenido privados de la libertad hasta por más de dos años. Esta persecución se ha traslado a lideres políticos, recordemos que el 21 de octubre de 2003 en vísperas de las elecciones, fueron capturados 31 candidatos estimados como favoritos. La vía jurídica, sin embargo, no ha dado fin a la vía violenta; por el contrario se complementa, como lo demuestra la ejecución por parte de una patrulla del ejército nacional, de los tres reconocidos líderes sociales Leonel Goyeneche, Alirio Martínez y Jorge Prieto, el 5 de agosto de 2004 en la vereda Caño Seco entre Saravena y Fortul”88.

“Ya desde 1994, los mandos militares manifestaban “ que consideraban a los grupos de derechos humanos (del departamento de Arauca) como organizaciones de “pantalla” de las guerrillas, cuyo objeto es enlodarla imagen de la institución armada mediante la calumnia y la propaganda.”89 “6 de julio de 2004, el general Gustavo Matamoros Camacho, en una sesión especial de la Asamblea Departamental estigmatiza a los defensores de derechos humanos con el argumento de que viven desinformados y que hablan el mismo discurso de la guerrilla” • 53 •

88- Comité Permanente por la Defensa de los DDHH Arauca. Informe 2006 89- Corporación humanidad vigente, Asociación campesina de Arauca, comité regional de DDHH Joel Sierra, Informe de Derechos Humanos Arauca 2002, Abril 2003.

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“10 de septiembre de 2004, inicia la segunda fase de las nefastas fumigaciones a los cultivos de uso ilícito, que agrava la crisis social y humanitaria en el campo y se estigmatiza a las organizaciones campesinas que denuncian, por el Coronel Gilberto Ibarra, que dijo en un noticiero local “ que no hay que pararle bolas a esas denuncias, porque las juntas comunales, sindicatos y agremiaciones campesinas son la fachada de la guerrilla para intentar parar las fumigaciones”90.

HOMICIDIOS En 1999 el municipio de Tame fue el que reportó uno de los mayores números de muertes violentas en el departamento con 37 personas. Para el año 2000 este municipio presentó un incremento del 10.8% con 41 homicidios; cifra que siguió en aumento hasta alcanzar 86 reportes de homicidio en 2001, y 144 en 2002, la cifra más alta reportada hasta el presente año. De igual manera se presentaron 101 homicidios en el municipio de Arauca en el año 2001, 146 en 2002 y 119 en 2003. Este mismo año se reportaron 385 homicidios en Saravena, 331 en Puerto Rondón, 121 en Fortul y 142 en Tame. Alrededor de un 35% de los homicidios reportados durante este período fueron atribuidas a grupos guerrilleros. De acuerdo a las entrevistas realizadas en campo, el incremento del año 2002 corresponde a la entrada y fortalecimiento de las autodefensas, quienes utilizaron el asesinato selectivo como estrategia de amedrantamiento contra lo que se supone era una parte representativa de la base social del ELN en el departamento.

Ahora bien, en el 2003 la oficina del Alto comisionado de las Naciones Unidas, en el informe sobre su misión de observación al departamento de Arauca, reporta haber recibido denuncias que señalan responsabilidad de la Fuerza Pública en desapariciones forzadas y homicidios91. Casos que de acuerdo a este documento se encontraban siendo investigados por la Fiscalía y la Procuraduría General de la Nación.

90- Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos Arauca, Informe violaciones DDHH y DIH 2004-2006.

91- NACIONES UNIDAS, Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos, INFORME DE PRENSA, Misión de observación al departamento de Arauca, Febrero 2 de 2003

Estas denuncias han sido presentadas reiteradamente por parte de las organizaciones sociales de la región, donde casos como los de los homicidios de los líderes sociales José Rusbell Lara (Noviembre 2002), Edward Alexander Linares (Marzo 2004), Héctor Alírio Martínez, Leonel Goyeneche y Jorge Eduardo Prieto (Agosto 2004), Héctor Yance Santos (Mayo 2004), Rito Hernández Porras (Septiembre 2005), José Gregorio Mojica (Septiembre 2005) y Alirio Sepúlveda (Febrero de 2006) entre otros, siguen en la impunidad. De acuerdo a los documentos aportados por la Corporación humanidad vigente, la Asociación campesina de Arauca, el comité regional • 54 •

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de DDHH Joel Sierra y el Comité Permanente por la Defensa de los DDHH Arauca, las características de los hechos en los que fueron perpetrados estos asesinatos permitirían intuir un cierto grado de colaboración entre los grupos de autodefensa y funcionarios de la Fuerza Pública del departamento, en el marco de una estrategia de persecución contra las organizaciones de Derechos Humanos, sobre la base de acusaciones, por parte del ejército y la policía, de ser colaboradores de grupos guerrilleros con presencia en la región.

“Entre los días 10 y 11 de marzo, fueron masacradas más de 20 personas, en las sabanas de Cravo Norte. Por el fuerte control paramilitar, muchos de los cadáveres no pudieron ser ni siquiera rescatados por sus familiares (...). Entre las víctimas se encontraban el dirigente juvenil y defensor de los Derechos Humanos, coordinador de la seccional de la Fundación Comité Regional de Derechos Humanos “Joel Sierra” en el municipio de Arauca, compañero Edward Alexander Vargas Linares, el dirigente campesino Tiberio Cardozo Dueñas, y tres miembros de una misma familia, todos campesinos de apellidos Cisneros. Es de anotar que en esa zona se desarrollaba un intenso operativo militar con miras a mantener el orden público en el desarrollo de las fiestas patronales de Cravo Norte.”

“El día 17 de marzo [de 2004], fue asesinado el señor Luís Enrique Suárez Delgado, por miembros de la policía nacional, en Saravena, en momentos en que transitaba a la 9 de la noche, por frente de una de las garitas del cordón de seguridad de la policía.” 92 “11 de junio de 2004, asesinado el vicepresidente de la vereda flor amarillo José Silvestre Mendivelso, después de ser sacado a la fuerza a plena luz del día del centro de Tame”93 “El día 04 de febrero de 2006, fue asesinado en el municipio de Saravena-Arauca, el dirigente comunal Alirio Sepulveda Jaimes, a la altura de la carrera 13 con diagonal 30, por el sicario Edgar Guiza Gamboa, quien permanentemente andaba con el ejército nacional, grupo de caballería mecanizado No. 18, Gabriel Revéiz Pizarro de Savavena. (...)

El compañero Alirio Sepúlveda Jaimes, había sido estigmatizado, perseguido y judicializado, con base en declaraciones de supuestos reinsertados, detenido en la redada masiva tristemente conocida por la comunidad Regional, Nacional e Internacional, del 12 de noviembre del año 2002, junto con 42 compañeros dirigentes sociales más”. Fue dejado en libertad por falta de pruebas, pero continuó siendo señalado y hostigado por la policía y el ejército nacionales, “pues según ellos era un miembro del Ejército de Liberación Nacional ELN.”94

El estudio sobre el panorama de la violencia en el departamento de Arauca desarrollado por el observatorio de Derechos Humanos y DIH de la vicepresidencia de la república, expresa que precisamente los grupos de sindicalistas e indígenas fueron las mayores víctimas de homicidios selectivos durante el 2003, reportando 8 y 9 asesinatos respectivamente. De igual • 55 •

92- Fundación Comité Regional de Derechos Humanos Joel Sierra. Informe de Derechos Humanos 2004-Primer semestre de 2006.

93- Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos Arauca, Informe violaciones DDHH y DIH 2004-2006.

94- Fundación Comité Regional de Derechos Humanos Joel Sierra. Informe de Derechos Humanos 2004-Primer semestre de 2006.

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forma, este documento relata que en el período 1999-2003 fueron asesinados 4 mandatarios locales y un ex alcalde, y que entre los años 2002 y 2003, fueron asesinados 6 concejales. También fueron asesinados 4 maestros en 2003, y 4 más en los primeros 9 meses de 200495.

En total, para el año 2003 se registraron 445 homicidas en el departamento de Arauca, cifra que presenta una disminución del 45% en el 2005 donde se reportan 227 asesinatos De acuerdo a las cifras oficiales, en el 2006 se presentaron 185 homicidios con una variación porcentual de -33% con respecto al año anterior, aunque en lo referente al homicidio de sindicalistas, es el departamento de Arauca el que registra el mayor grado de incremento pasando de un caso registrado en 2005 a 8 casos en 200696.

Durante el 2006 el departamento de Arauca también registró entre otros hechos, 2 homicidios de líderes indígenas97, el homicidio de José Calderón, camillero auxiliar del hospital San Ricardo Pampuri en el municipio de Saravena en el mes de Julio – homicidio que a su vez provocó el desplazamiento forzado del jefe de enfermería del hospital y su familia sobre la presunción de una lista de futuros funcionarios del hospital que serían asesinados-, los homicidios del líder del sindicato SINDICOM Norberto Fajardo, del dirigente de la Asociación de Desplazados de Arauquita e integrante de la asociación campesina de Arauca ACA, Luís Alberto Santamaría; del presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda tropicales del municipio de Arauquita Arcadio Cruz; del presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda La Pavita Darío Jiménez y el secretario de la misma Alcides Rodríguez; y de Luís H Jiménez, Luís Alberto Santamaría y Alexander Romero Zarate. Todas estas sucedidas en el mes de Diciembre, al parecer en el marco de la disputa entre el ELN y las FARC.

95- Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario Vicepresidencia de la República: Panorama de la situación de Violencia en Arauca.

2004.

96 Instituto Popular de Capacitación IPC. Aumentaron los homicidios contra sindicalistas en Colombia, Diciembre de 2006 97- Después de que en 2005 presentó 4, lo que equivale a una reducción de 50%. Ver capítulo I: Dinámicas del conflicto.

98- Agencia Prensa Rural , ELN retiene y asesina a cuatro campesinos en Arauca. Octubre de 2006.

“Los campesinos Franky Bueno Méndez, Edwin Arnulfo Chaparro, Luis Carlos Vasco y José Esaú Tarazona, quienes habían sido retenidos por guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional en la vereda Caranal de Fortul (Arauca), aparecieron asesinados el 9 de octubre en las veredas Palmarito, Nuevo Horizonte y La Veinte. Por su parte, José Cornelio Nechí, presidente de la junta de acción comunal de Alto Bello, quien fue retenido por el ELN el 8 de octubre, continúa desaparecido, según informó la Asociación Campesina de Arauca. Estos hechos constituyen violaciones del derecho internacional humanitario que la organización guerrillera asegura obedecer y que protege a quienes no participan directamente de las hostilidades.

La organización campesina denunció también que las tropas del ejército oficial presentes en la vereda Puerto Nidia han amenazado a miembros de la comunidad. Señalaron además que en la vereda Bruselas los militares han robado algunos bienes de la población civil. Sobre este particular, los campesinos recordaron que el estado debe investigar, sancionar a los culpables y reparar a la población afectada”98.

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“De acuerdo con información de la Federación Colombiana de Educadores, (FECODE), del Ministerio de Protección Social y la Policía Nacional, en el año 2006 se registró el homicidio de 34 docentes sindicalizados y 20 docentes no sindicalizados. De los 32 sindicatos del magisterio, 17 resultaron afectados en el año 2006, es decir dos sindicatos más qué el año anterior. Se destaca el hecho de que los homicidios de docentes sindicalizados persistan durante los años 2005 y 2006 en los departamentos del Valle, Antioquia, Cesar, Magdalena, Córdoba, Sucre, Bolívar, Guajira, Arauca, Risaralda y Cauca. …Así mismo, 16 maestros sindicalizados pertenecientes a la Asociación de Educadores del Atlántico (Adea), la Asociación de Educadores de Cundinamarca (Adec), Asociación de Maestros de Córdoba (Ademacor), Asociación de Educadores del Cesar (Aducesar), la Asociación de Educadores de Arauca (Asedar), la Asociación de Educadores de Norte de Santander (Asinort), al Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Valle (Sutev) y al Sindicato Único de Maestros de Chocó (Umach) fueron víctimas de homicidio en los municipios de Barranquilla, Momil, Montería, Valledupar, Arauca, Tame, Cúcuta, Lourdes, Cali, Tulúa, Medio San Juan, Mosquera, Bogotá. en los municipios de Arauca y Tame”99

MASACRES De acuerdo a los informes presentados por las organizaciones sociales con presencia en el departamento, en Arauca, en el período 2004-2006 se han llevado a cabo alrededor de 9 masacres en las veredas de Flor Amarillo, Piñalito, Cravo Claro, Mate Popocho, San López, Cravo Norte, Caño Seco, Cobolongo, San Salvador y Corocito en inmediaciones del municipio de Tame; y Los pájaros de la victoria, inmediaciones de Arauquita en zona fronteriza con Venezuela, hechos de violencia que han reportado un aproximado de 72 personas asesinadas, entre las que se encontraron varios menores de edad.

De acuerdo a las diferentes fuentes consultadas, más del 70% de estas masacres fueron atribuidas a grupos de autodefensa. En muchos de los casos, las instituciones defensoras de Derechos Humanos de la región han presentado denuncias sobre indicios de permisividad por parte de las fuerzas del Estado para la comisión de las mismas.

“La zona rural del municipio de Tame en donde ocurrió la masacre del 19 y 20 de mayo (de las veredas Flor Amarillo, Piñalito y Cravo Claro) se encontraba densamente militarizada, efectivos de las Brigadas XVIII y Móvil No. 5 del Ejército Nacional desarrollaban allí la “Operación Borrasca I” (...). Según varios testigos, el grupo que

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99- Vicepresidencia de la República, Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Situación de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario 2006.

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realizó la masacre, estaba conformado por aproximadamente cien personas –entre ellas dos mujeres– que portaban armas largas, cortas y corto-punzantes, uniformes de uso exclusivo de las Fuerzas Militares y brazaletes de color azul que tenían inscritas en color blanco las letras BVA, sigla de la organización paramilitar “Bloque Vencedores de Arauca” (...).Al parecer el grupo paramilitar se desplazó a pie desde tempranas horas del día 19 de mayo de 2004 desde la zona de Puerto Gaitán, perteneciente al municipio de Tame, pasando por las veredas Carraos y El Templador, para llegar aproximadamente a las 10 de la mañana a la cabecera veredal de Flor Amarillo, la cual sitiaron. (...) Hasta las 2 de la tarde aproximadamente, los paramilitares instalaron un retén que impidió el tránsito de los vehículos que circulaban por la vía que comunica los municipios de Tame y Arauca – conocida como Ruta de los Libertadores – represando en el pequeño caserío un número cercano a los 100 vehículos. (...)”

“Varios campesinos contaron a la Comisión que reconocieron en el grupo de asesores a una mujer delgada y de cabello rubio, llamada por los paramilitares con el apelativo de “la flaca”. El 8 de abril de este año, Jueves Santo, esta mujer había recorrido los caseríos de Betoyes, Pueblo Nuevo y Flor Amarillo vistiendo prendas de camuflaje, en compañía de soldados de la Brigada Móvil No. 5. (…) Los testigos contaron que también habían reconocido a uno de los encapuchados: se trata de un antiguo residente de La Perla, municipio de Tame, llamado NICASIO SÁNCHEZ, quien había sido secuestrado por los paramilitares con otras tres personas.” (p 32)

100- Fundación Comité Regional de Derechos Humanos Joel Sierra. Informe de Derechos Humanos 2004-Primer semestre de 2006

La comisión de verificación presenta al mundo su valoración acerca de la responsabilidad que indudablemente tuvo el Estado en este Crimen de Lesa Humanidad, sobre el particular expresó: “La comisión halló graves indicios que comprometen la responsabilidad de agentes estatales en la masacre, entre ellos los siguientes: (...)

La comisión quiere señalar la falta de presencia de tropas del Ejército precisamente en las zonas de control y en los corredores de movilización de los paramilitares y señalar también la evidencia de la cómplice despreocupación del Estado frente a los crímenes que comete ese grupo armado, que bajo nuestro punto de vista es una clara manifestación de la deliberada intención de favorecer a los grupos paramilitares en la realización de la masacre. Esta situación es más grave aún, si se tiene en cuenta que un mes antes de la masacre organizaciones defensoras de derechos humanos de Arauca habían advertido sobre la inminencia de acciones criminales de paramilitares contra los pobladores de Flor Amarillo, denuncia que mereció la activación del sistema de alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo y, paradójicamente, la nula atención de las autoridades civiles y militares del departamento de Arauca (...)100”.

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SECUESTROS De acuerdo a las cifras reportadas por la policía nacional, en el Balance Interinstitucional de Seguridad en Arauca 2006, el secuestro extorsivo en el departamento presentó una reducción del 21% con respecto al año anterior.

Sin embargo, según las cifras de Fondelibertad y Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH de Vicepresidencia de la República, esta reducción correspondió a un 25% pasando de 12 casos en 2005 a 9 en el 2006. La totalidad de los mismos, han sido atribuidos a los grupos guerrilleros presentes en la región101

ACTOS DE TERRORISMO En el año 2006 fueron realizados 33 actos terroristas por parte de los grupos armados irregulares, lo que presenta una reducción del 47% con respecto al año anterior que en el que se reportaron 62 atentados102. De igual manera se presentaron 7 atentados contra la infraestructura eléctrica que reportan una variación de -93% con respecto a los 27 realizados en 2005 y 5 contra la infraestructura petrolera103. La mayoría de ellos atribuidos a las FARC-EP.

DETENCIONES ARBITRARIAS Como se ha mencionado a lo largo del presente texto, varios de los documentos aportados por las organizaciones sociales con quienes se llevaron a cabo las entrevistas de campo que permitieron la realización del presente informe, reportan una percepción recurrente sobre diferentes formas de persecución contra líderes sociales, sindicalistas, dirigentes indígenas y organizaciones de Derechos Humanos con presencia en la región, por parte de los diferentes actores armados que tienen incidencia en el departamento.

Tal vez uno de los puntos más álgidos de estas percepciones, que a su vez se ha concretado en repetidas ocasiones en denuncias presentadas tanto a la opinión pública nacional e internacional, como a los organismos de control del Estado, ha sido el señalamiento permanente por parte de las Fuerzas Armadas contra estos líderes y sus correspondientes organizaciones, de ser militantes, colaboradores, o simpatizantes de los grupos guerrilleros que han ejercido diferentes formas de control territorial y político en Arauca, y en especial del Ejercito de Liberación Nacional ELN. Estas sindicaciones, a su vez se han concretado en más de 100 procesos judiciales contra líderes en el período 2000-2006, a través de sindicaciones por rebelión, terrorismo y concierto para delinquir, entre otras.104 • 59 •

101- Para mayor información, refiérase al capítulo I de este documento: El Conflicto Interno Armado.

102- Según cifras reportadas por el Ministerio de Defensa y Corroborados por el Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario en sus informes 2006.

103- Para mayor información, refiérase al capítulo I de este documento: El Conflicto Interno Armado.

104- De acuerdo a las entrevistas realizadas, adicional a las detenciones que han ocurrido en Arauca contra los líderes, existen indicios de al menos 7 ejecuciones extrajudicales por parte del Ejército Nacional, donde acusaciones frente a casos como los de Leonel Goyeneche, Alirio Martínez y Jorge Prieto entre muchos otros presentan grados de gravedad importantes contra las fuerzas militares del departamento.

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“El 21 de agosto de 2003, fue detenido el compañero José Vicente Murillo, presidente de la Fundación Comité regional de Derechos Humanos “Joel Sierra”, con base en testimonios tendenciosos de supuestos reinsertados, este joven dirigente social, había denunciado los intentos por implantar el paramilitarismo en la región y las constantes violaciones de los derechos Humanos por parte de servidores públicos, entre ellos las masacres de Santo Domingo, las Cachamas, la Cabuya, se encuentra cobijado con solicitud de medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la OEA. En la actualidad salió de la cárcel por presunta pena cumplida y fue condenado dos días después mediante un fallo que se encuentra en apelación. En el mismo proceso fue vinculado el que para la época se desempeñaba como tesorero regional de la Fundación “Joel Sierra”, Ismael Pavón Mora, quien ante tal persecución decidió seguir su trabajo social desde el seno de las comunidades y fue condenado como persona ausente. (…)El 23 de agosto (del 2003) (…) miembros del ejercito nacional detuvieron a Yilson Javier Torres Rodríguez presidente de la Fundación Comité regional de Derechos Humanos “Joel Sierra”, quien fue llevado a la sede del Batallón Reveíz Pizarro, donde fue estigmatizado y amenazado por uno de los supuestos reinsertados (…) en presencia de un fiscal de la estructura de apoyo de Arauca, allí se le ofreció trabajar con ellos, por cuanto al que no se le fuera a detener lo iban era a asesinar. (…) El día 23 de noviembre de 2003, en Arauca capital, fue detenida Martha Elvira Osorio Caroprese, directiva de la Fundación Comité regional de Derechos Humanos “Joel Sierra”, en la seccional de ese municipio, por miembros del ejército nacional, Brigada XVIII, igualmente sindicada de ser colaboradora de los grupos armados de oposición que operan en la región. Una de las personas que oficia como testigo de cargo, había sido denunciada por Martha, por malos manejos y otros hechos relacionados con la Federación Departamental de Juntas de Acción Comunal, denuncias éstas, hechas públicamente en las asambleas de dicha entidad. La compañera fue dejada en libertad por supuesta pena cumplida luego de más de tres años de prisión el pasado mes de octubre105. (…) 25 de diciembre de 2003 (…) fue agredido el señor Martín Sandoval Rozo, entonces diputado del Departamento de Arauca y Secretario Ejecutivo del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos Seccional Arauca, por un suboficial del Batallón de Contraguerrillas Numero 46 “Héroes de Saraguro” quien lo señaló de guerrillero y lo golpeo en varias ocasiones.

105- Fundación Comité Regional de Derechos Humanos Joel Sierra. Informe de Derechos Humanos 2004-Primer semestre de 2006

(…) 16 de febrero de 2004, detenida en la ciudad de Bogotá la presidenta de la Asociación Campesina de Arauca, Luz Perly Córdoba y simultáneamente allanada la sede en Arauquita decomisando la Policía los archivos y la CPU. del computador y detienen al tesorero de esta agremiación Juan Gutiérrez, el mismo día en Saravena, los dos dirigentes gremiales recobraron la libertad después de un año de

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permanecer injustamente detenidos, esto se logra por la presión internacional y al comprobarse que todo era un burdo montaje. (…) 3 mayo de 2005, el DAS detiene en Arauca al ex dirigente político y sindical LUÍS MAYUZA, utilizando al informante alias Patulejo, después de seis meses de injusta detención MAYUZA recobro la libertad (…) 14 de febrero de 2006 Detenida arbitraria e ilegalmente la dirigente de la Asociación Campesina de Arauca ACA, FLOR DÍAZ por personal del DAS, (…) 27 de marzo de 2006, detención arbitraria en el Municipio de Tame del señor JAIRO QUIROGA, presidente de la Junta de Acción Comunal de la Vereda la Esperanza. (…) 18 de abril de 2006, después realizar diligencias comunitarias en la Red de Solidaridad, la OXY y participar en la reunión que el ministerio del Interior y la Defensoría realizaron para comunidades en alto riesgo, fue detenido el dirigente social y político y presidente de la junta de acción comunal de Nuevo Jordán Tame RICARDO SANABRIA, afiliado del Comité Permanente de Derechos Humanos. (…) 24 de abril en un espectacular operativo fueron detenidos los dirigentes sindicales de ENELAR ENDER Rolando Contreras, Edgar Botero y Ricardo Javier Guedez. (…) 29 de mayo de 2006 una patrulla del Ejercito Venezolano al mando del teniente Ramírez Pavón y Alejandro Quintero, detienen al ciudadano colombiano Pablo Elías Rueda Rubira y lo torturan desnudándolo, amarándolo, metiéndole la cabeza en un balde de agua para después echarle pimienta, vinagre, ají, chimo, jabón y sal por la nariz, después lo golpearon brutalmente, lo tiraron a una laguna y le colocaron cables de corriente en el cuerpo, so pretexto de que era guerrillero, a los dos días lo dejan en libertad. (…) 12 de agosto de 2006, miembros del ejercito nacional del grupo de caballería mecanizado N0 18 Gabriel Reveiz Pizarro, de Saravena (…) capturaron ilegal y arbitrariamente a dirigentes sociales de Arauca, esta ves en le municipio de Fortul, fueron llevados hasta la estación de policía manifestándoles que tenían ordenes de captura por rebelión las siguientes personas Esaud Montero (miembro comisión medica.), Pedro Bueno (Dir comunal, miembro del ejecutivo mun de la fun. CRDH), Abdon Goyeneche ( Pre de la asociación de educadores de Arauca , hermano del dirigente social Leonel Goyene, asesinado en la masacre de caño seco), Maria Rodríguez (gestora social), Nubia Cachón (dirigente comunal), Omaira Sanchez ( gestora social), Edwin Hinestrosa, Alberto Duran, Ignacio Vega (del gremio de los comerciantes), Luís Jesús Pérez, William Sáenz (Dir asociación de educadores de AraucaASEDAR), Hernando Moreno (gremio comerciantes), José Comarca,

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Ulises Arciniegas (dirigente juvenil-afiliado CPDH, ASPSCP), José Perdomo(Dirigente comunal). (…)Durante los días 27 y 28 de octubre, se desató otra jornada de persecución, estigmatización y judicialización por parte del Estado colombiano contra los dirigentes sociales y comunidad sarareña en general.

Esta vez en el municipio de Saravena, más de 120 personas, con el pretexto de averiguarles antecedentes penales, fueron sacadas de sus casas de habitación y de comercio, bares y cantinas, y retenidos por parte de la fiscalía, DAS, CTI, policía y ejército nacional, fueron llevados a la sede del Batallón Revéiz Pizarro, donde supuestos reinsertados de los grupos armados de oposición, fueron los que seleccionaron a las 19 personas que hoy se encuentran judicializadas y rindiendo indagatoria en las instalaciones del DAS y la Policía de Arauca capital. Estas son: Vicente Vera, Mariela Pavón, Doris García, Donaldo Arizalon Rueda, Álvaro Pinto, William Higuera, Orlando Páez Duran, Eduardo Aponte, Pablo Aponte, Gildardo Ramos, José Vargas, Freddy Pinto, Manuel Pinto, Luis Francisco Porras, William Andrés Calderón, Carlos Moreno, José Vargas, Luís Alberto Galindo, José Manuel Patiño. … Donaldo Arizalón Rueda, afiliado al sindicato de los constructores SINDICONS, detenido el 6 de enero de 2004, por parte de miembros del ejército nacional del Grupo de Caballería Mecanizado N. 18, con sede en Saravena, llevado al batallón y allí le hicieron señalamientos de ser miliciano de la guerrilla, fue amenazado por el sujeto Reinaldo Alarcón, quien se encuentra en el programa de reinserción, en esa oportunidad le advirtieron que la próxima vez que lo agarraran iba para Arauca o Combita106.

* (…) El reporte de las autoridades militares sobre los hechos reza: “El pasado 05 de Agosto del año en curso, miembros del Ejército, en desarrollo de su misión constitucional, ingresaron al sitio Caño Seco, del municipio de Saravena, departamento de Arauca, iniciando operaciones militares con el objetivo de dar cumplimiento a los requerimientos judiciales ordenados desde el año anterior por la Fiscalía General de la Nación. En el momento en que se disponían a realizar la diligencia, fueron recibidos en forma hostil por las personas requeridas, conllevando a la reacción de los uniformados, arrojando como resultado final el abatimiento de Leonel Goyeneche Goyeneche (orden de captura no.

1829. Radicado 390 por el delito de rebelión, del 19 de Agosto de 2003), Jorge Eduardo Prieto Chamucero (orden de captura No. 1812 por el mismo delito) y Héctor Alirio Martínez (orden de captura 1810), decomisándose en el lugar de los hechos armas y explosivos.

106- Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos Arauca, Informe violaciones DDHH y DIH 2004-2006.

(…) “El mismo día, en el mismo sitio y en el desarrollo de la misma operación, los miembros de la Fuerza Pública dieron captura a Samuel Morales Flores (orden de captura No. 1810, por el delito de rebelión) y

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Maria Raquel Castro Pérez (orden de captura No. 1817 Radicado 390 del 19 de Agosto de 2003, por el delito de Rebelión)”.

Según información oficial, en poder de las personas abatidas se encontró el siguiente material: Una pistola Smith & Wesson calibre 9 mm.

Una pistola Pietro Beretta calibre 7.65 mm.

Tres metros de cordón detonante Treinta metros de cable eléctrico Dos estopines eléctricos Tres barras de dinamita107.

LA INTIMIDACIÓN DE LOS ACTORES ARMADOS CONTRA LA LIBERTAD DE PRENSA “En Arauca había cerca de 27 periodistas. En menos de un año, dos han sido asesinados. Dieciséis están amenazados. Los grupos armados han silenciado al periodismo en Arauca y están impidiendo que Colombia conozca los acontecimientos de esta región, convertida hoy en Zona de Rehabilitación. (…) Emita una noticia... Del gobierno, de un grupo armado, de quien sea. Basta que la emita para que llegue la amenaza. Nos señalan de un lado y del otro. En Arauca no podemos decir la verdad...Decir la verdad es un problema grave para el periodista araucano” – afirmó uno de los amenazados”108

Uno de los aspectos que más llamó la atención al equipo de trabajo que desarrolló el presente informe durante la fase de recolección de información a través de fuentes secundarias, es que Arauca fue el departamento sobre el que menor información de prensa se encontró en materia de conflicto armado y sus temas relacionados, comparativamente con los demás departamentos sobre los que CODHES ha venido desarrollando sus informes regionales para el año 2006109. A través del análisis de otras fuentes secundarias tales como informes de Derechos Humanos de años anteriores, documentos de organizaciones periodísticas que realizan seguimiento al conflicto armado en Colombia y entrevistas de campo, se encontraron denuncias recurrentes sobre la coacción de los diferentes actores armados contra los medios de comunicación en la región que datan incluso desde la década de los 90s.

Homicidios como los cometidos contra Henry Rojas (corresponsal de El Tiempo, abaleado en diciembre de 1991); Iván Darío Pelayo (director de la emisora Llanorámica asesinado en agosto de 1995); y Efraín Varela (Propietario de la emisora Meridiano 70, asesinado en Junio de 2002) entre • 63 •

107- Centro de Análisis Sociopolítico, Réquiem por Arauca. Sin fecha de publicación.

108- Medios para la paz, Abril 4 de 2003 109- Inclusive en fuentes gubernamentales como las bitácoras de prensa del Observatorio de Derechos Humanos y DIH de la Vicepresidencia de la República.

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otros; así como amenazas contra una cantidad representativa de dueños de emisoras y periódicos locales, que llegaron a la publicación de listas de periodistas señalados como objetivos militares por parte de las autodefensas (Septiembre 2002); e incluso formas de censura por parte de las fuerzas armadas contra el contenido informativo de algunas emisoras de la región, son muestras de estas formas de presión.

En la actualidad varios periodistas se han visto avocados a la solicitud de medidas cautelares por parte de las entidades del Estado y a recurrir al uso de guardaespaldas y autos blindados como formas de protección a su vida y a su ejercicio informativo en la región. Factores que a su vez limitan el acceso a fuentes civiles que por temor se rehúsan a brindar información.

En casos no menos dramáticos, más de 8 periodistas han tenido que salir de la región por cuenta de amenazas contra su vida que en varias ocasiones han sido entregadas por los actores armados directamente en sus domicilios. Estas dinámicas, según las entrevistas realizadas en campo han hecho que la independencia de la prensa en Arauca se vea cada vez más coartada, en parte porque las únicas fuentes seguras a las que se puede acudir en materia de conflicto armado son las oficiales del Estado, especialmente representadas por las fuerzas armadas y policía. En parte porque las noticias que se pueden emitir procuran no hacer referencia a la grave crisis que vive el departamento por verbigracia de los diferentes actores en conflicto.

En parte porque frente al tema de la guerra los habitantes de la región prefieren guardar silencio. Tal vez por estas razones, uno de los informes de las organizaciones sociales en materia de Derechos Humanos en el departamento de Arauca reza: “La verdad es la primera víctima de la guerra110”

110- Corporación humanidad vigente, Asociación campesina de Arauca, comité regional de DDHH Joel Sierra, Informe de Derechos Humanos Arauca 2002, Abril 2003.

Según los periodistas entrevistados por la misión de la prensa internacional manifestaron que ya no pueden hacer periodismo investigativo ni retransmitir los comunicados de las organizaciones sociales por temor a represalias. Igualmente, manifestaron que “a las fuerzas armadas, no les gusta que entrevistemos a la guerrilla. A veces nos mandan a decir que tal o tal cosa no les gustó.” Un noticiero de Televisión ha recibido presión por parte de grupos armados no identificados sobre la no divulgación de las muertes selectivas que ocurren en cercanías a las cabeceras municipales, ocasionando que el medio de TV solo reporte los homicidios reportados por el ejército. Como conclusión sobre la mordaza que se la ha impuesto a la prensa en Arauca, el informe que hizo la prensa internacional a través de Reporteros Sin Fronteras (París), la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP, Bogotá), el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS, Lima), el Proyecto Antonio Nariño (Bogotá), con la colaboración de la Unidad de Respuesta Rápida de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP, Miami) presenta: “Sin duda, el constante monitoreo que hacen las Fuerzas Armadas sobre el contenido de la información que publican los medios locales, las múltiples quejas que ellas han presentado y los comentarios a periodistas sobre su satisfacción o insatisfacción con los contenidos de la información. Se han

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convertido en presiones veladas o directas a los medios. Hoy en Arauca prácticamente toda la información que se publica tiene como única fuente a las dependencias militares.

Vale la pena destacar que los periodistas tienen poco acceso a información que provenga de fuentes civiles, sean éstas oficiales o privadas, pues el ambiente de intimidación reinante ha hecho que muy pocos funcionarios y personas de la comunidad estén dispuestos a hablar con la prensa. El pluralismo informativo y la calidad de la información se vieron afectados por el cierre de un informativo en Saravena. Así como la reducción del tiempo de los espacios informativos y de fuentes. También, plantea un grave problema el hecho de que en Arauca el 80 por ciento de la pauta que reciben los medios es oficial y asignada sin criterios de transparencia pública. De hecho, al pedirle a los periodistas que calificaran de uno a diez el grado de libertad de expresión que tienen en su trabajo en donde uno equivale a ninguna libertad y diez a una libertad total en promedio la calificaron de cuatro.

En este departamento, la calidad de la información también puede ser afectada por el hecho de que la mayoría de los medios son propiedad de políticos o que varios periodistas reciben honorarios de un Congresista para que mantengan su nombre al aire. Sin embargo, en cualquier país del mundo respetuoso de la libertad de prensa, los medios de comunicación partidarios son un componente natural del espectro mediático y participan al debate democrático, siempre y cuando no llamen al asesinato ni animen el racismo o a cualquier otra forma de discriminación”111

CIFRAS DEL DESPLAZAMIENTO

Durante el período 1999-2006 el departamento de Arauca recibió un aproximado de 22.458 personas desplazadas, de las cuales han sido registradas en el Sistema Único de Registro SUR-de Acción Social 11.456. Estas cifras reportan un subregistro de alrededor del 51%, donde los municipios de Arauca, Saravena y Tame presentan los mayores índices, tanto de recepción de • 65 •

111- Corporación humanidad vigente, Asociación campesina de Arauca, comité regional de DDHH Joel Sierra, Informe de Derechos Humanos Arauca 2002, Abril 2003

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población desplazada, con 7.506, 5.759 y 4.643 personas respectivamente, como de declaraciones recibidas con 5.999 en el municipio de Arauca, 2.558 en el municipio de Tame y 973 en Saravena112. A su vez, estas últimas corresponden al 83.1% del total de población desplazada registrada en el departamento.

Por otro lado, en el mismo período de tiempo analizado, el Sistema Único de Registro de Acción Social reporta haber recibido 23.721 declaraciones de personas desplazadas que indican haber sido expulsadas del territorio Araucano, hecho que, si nos ceñimos a las cifras presentadas por el SUR, significaría que el departamento ha expulsado un 48% adicional al total de la población que ha recibido en los últimos 8 años.

112- La mayor distancia entre las cifras reportadas por los sistemas de información y seguimiento al desplazamiento forzado de CODHES y de Acción Social, se encuentran en los años de 1999 y el 2001 donde en el primer año mencionado –de acuerdo al análisis comparativo de cifras- solamente fue registrado el 4.55% de las personas recibidas en el departamento. En el 2001 fue registrado únicamente el 22.6% de las personas desplazadas.

Al realizar un seguimiento año a año de las cifras, se observa que en el período analizado el desplazamiento forzado en el departamento ha venido presentando un crecimiento sostenido donde los años 2002, 2004, 2005 y 2006 presentan cifras extremadamente elevadas que, como es de suponer corresponden a coyunturas particulares en el desenvolvimiento del conflicto interno armado en la región.

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“Según el Observatorio de Derechos Humanos, el panorama es especialmente crítico en el año 2002, cuando se registra un aumento de 460% en el número de personas recibidas y de 330% en el de personas expulsadas, respecto del año anterior”113.

De acuerdo a las entrevistas realizadas durante el trabajo de campo, el incremento de las cifras en el año 2002 correspondería a los efectos de la entrada de los grupos paramilitares en la región y sus subsecuentes acciones de amedrantamiento y violencia que, como hemos visto en capítulos anteriores, estarían relacionados con la búsqueda del debilitamiento de la base social del ELN y la cooptación de los recursos generados por los cultivos de uso ilícito. Durante el 2004 se vivieron desplazamientos importantes relacionados con las fumigaciones aéreas y el fortalecimiento de la presencia de las Fuerzas Armadas, y durante el período 2005-2006, la tendencia de incremento de las cifras aparecerían como correlato de los efectos generados por la confrontación entre las FARC y el ELN, con especial énfasis en el 2006.

Al revisar las cifras de desplazamiento en el departamento durante el año 2006, se encuentra que los mayores municipios receptores de población desplazada son Saravena, Arauca y Tame con 1.969, 919 y 817 personas respectivamente. Cifra que corresponde al 85.5% del total de población desplazada recibida durante este año (4016 personas). De acuerdo a las cifras reportadas por Acción Social, el departamento recibió 1.218 declara-

113- Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario Vicepresidencia de la República: Panorama de la situación de Violencia en Arauca. 2004.

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ciones de las cuales 641 correspondieron al municipio de Arauca capital, 265 al municipio de Tame y 135 al municipio de Saravena.

En materia de expulsión se encuentra que durante el año 2006 fueron recibidas 3.823 declaraciones, que corresponderían al 313% del total de declaraciones recibidas. Esto querría decir que, si nos ceñimos a las cifras reportadas por el SUR, el departamento de Arauca expulsó en más de 3 veces el número de personas que recibió como población desplazada durante el último año.

114- Y de acuerdo con las entrevistas realizadas a los funcionarios de la defensoría del pueblo.

De acuerdo al seguimiento trimestral de hechos de desplazamiento realizado por el SISDHES de CODHES, el mayor número de desplazamientos durante este año en el departamento, habría sucedido en el tercer trimestre de 2006. Dato que encuentra su validación en la información presentada por el CICR regional Arauca, donde en las entrevistas realizadas se reporta que mientras en el período Enero-Julio se atendió un promedio de 5 familias desplazadas por mes, para el mes de agosto esta cifra se incrementó llegando a 166 familias. Posteriormente la cifra tendería a una reducción relativa hasta alcanzar un promedio de 50 familias en el período Septiembre 2006-Marzo 2007. Sin embargo, como es evidente, existe una distancia importante entre el promedio de 5 familias al mes durante los primeros meses con respecto al promedio de 50 con las que termina el año e inicia el 2007. De acuerdo a la entrevista realizada al CICR, la mayoría de familias desplazadas atendidas durante el año 2006 eran provenientes de los municipios de Tame, Arauquita, Fortul y Saravena; más específicamente114, de las veredas Puente Tabla, Santo Domingo, Caño Limón, Santa Ana, Brisas del Carnal, Flor Amarillo, Puerto Miranda, Botalón, Panamá de Arauca y El • 68 •

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Amparo, zonas donde se ha vivido el recrudecimiento de los enfrentamientos entre los diferentes frentes guerrilleros de las FARC y el ELN en el marco de su confrontación territorial.

LOS DESPLAZAMIENTOS MASIVOS De acuerdo al Monitoreo del Sistema de Información sobre desplazamiento forzado y derechos humanos SISDHES y de la Asociación de Cabildos y Autoridades Indígenas de Arauca ASCATIDAR, durante el año 2006 se presentaron 2 desplazamientos masivos en el departamento como consecuencia de los enfrentamientos entre las FARC y el ELN. El primero de ellos en zona rural de los municipios de Fortúl, Tame, Arauquita, Arauca y Saravena durante los últimos días del mes de Julio y los primeros del Mes de Agosto, con alrededor de 400 familias desplazadas.

De acuerdo a las fuentes consultadas, solamente 150 familias fueron registradas oficialmente por las entidades del Estado. 65 de estas, llegaron al municipio de Tame, 40 a Saravena, 25 al Fortul y 20 a Arauca capital. Dentro de los testimonios recogidos con respecto a sus razones para desplazarse, varias de las familias comentaron que en el marco de la confrontación armada entre estos grupos irregulares se habían venido presentando enfrentamientos sostenidos desde el mes de noviembre de 2005, asesinatos selectivos y reclutamientos de menores de edad por parte de las FARC. El segundo desplazamiento masivo reportado correspondió al de 600 indígenas de la comunidad Chivaraquía, del pueblo indígena U’ wa, que se vieron obligados a huir del resguardo Valle del Sol, en inmediaciones del municipio de Saravena en el mes de Noviembre.

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115- Jurisdicción de Fortul.

116- Jurisdicción de Tame 117- Jurisdicción de Arauquita

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Esta comunidad realizó su desplazamiento a través de la vereda San Miguel, jurisdicción del mismo municipio como consecuencia de los enfrentamientos sostenidos entre las guerrillas del ELN y las FARC. Días después los indígenas retornaron voluntariamente a su resguardo, contando únicamente con el acompañamiento de autoridades indígenas. Aún 6 meses después de sucedidos los hechos ninguna autoridad local había realizado ningún tipo de verificación de la situación ni brindado ayuda humanitaria de emergencia de ningún tipo para la comunidad. En el marco de este desplazamiento, ASCATIDAR, informó sobre la retención de dos miembros de la comunidad indígena Iguanitos, ubicada en el municipio de Fortúl, por parte de miembros de la guerrilla del ELN.

LOS DESPLAZAMIENTOS “PARCIALES” Finalmente vale la pena mencionar que en varias de las entrevistas realizadas en campo, se menciona que particularmente durante los años 2005 y 2006 muchos de los campesinos que habitan el departamento se han visto obligados a trasladar sus viviendas a los cascos urbanos, aún cuando sus fuentes de trabajo continúen siendo las veredas y zonas rurales aledañas.

La dinámica predominante, al parecer radica en dirigirse a las veredas y cultivos en horas de la mañana para laborar en sus cultivos y regresarse a los cascos urbanos en la noche como medida de protección para sus vidas y patrimonio. A la fecha no existen registros oficiales del número de personas que realizan estos recorridos diariamente, ni de las implicaciones en términos económicos y sociales que dicha dinámica tiene para la región.

Sin embargo, por lo recurrente del comentario consideramos importante buscar escenarios de análisis posterior para generar una comprensión de esta dinámica que los mismos habitantes del departamento han denominado “desplazamiento parcial”.

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IV. Respuesta del Estado: Políticas Públicas Para la Atención a la Población Desplazada A través de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la cooperación internacional, en el departamento de Arauca se han venido desarrollando proyectos de inversión con una asignación presupuestal de USD 131.553,48 y 41.441,84 •. Recursos que en su mayor parte (cerca de un 63%) correspondieron a aportes de cooperación internacional y un 37% a contrapartidas de la Nación.

Como se observa en el recuadro de la sección Anexos, más del 70% de los recursos (USD 125.792) fueron destinados a programas de erradicación y monitoreo de cultivos ilícitos a través del Programa de Familias Guardabosques y el SIMCI. Otra parte importante de los recursos se destinó a un programa de conservación de la biodiversidad, y finalmente una menor parte fue destinada a la atención personalizada de niños y jóvenes desvinculados y sus familias, y el proyecto de fortalecimiento de servicios amigables en salud sexual y reproductiva. De acuerdo a Acción Social en su página web, y a la matriz de distribución de recursos para el departamento de Arauca, éste no tuvo participación en el 2006 en los programas de mini cadenas productivas y sociales.

La atención directa a la población desplazada se realizó a través de la oficina territorial de Acción Social y las unidades móviles de Bienestar Familiar. Por intermedio de estas entidades en el programa de Atención Humanitaria de Emergencia (en las fases de recepción y acogida) se prestó atención a 236 hogares y se suministraron 1756 entregas alimentarias. Adicionalmente, el programa de Apoyo a la Población Desplazada, que contempla un acompañamiento psicosocial con énfasis ocupacional, permitió atender 75 familias. El programa Orquestas Sinfónicas Juveniles e Infantiles Batuta tuvo una cobertura de 230 menores desplazados y los programas Familias en Acción y Familias Guardabosques cobijaron a 1017 familias campesinas.

Finalmente a través de estas unidades territoriales se desarrollaron proyectos de infraestructura en Saravena, Puerto Rondón, Tame, Arauca, Arauquita y Cravo Norte, como la reconstrucción del puente Banadía I sobre la vía La Cabuya- Saravena.

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Por otra parte, con recursos de la Gobernación se destinaron $150 millones a la capacitación y asistencia técnica en programas para el diseño e implementación de proyectos de generación de ingresos, beneficiando a un total de 31 familias, a quienes se les suministraron materiales para producción; $283 millones para la adquisición de predios relacionados a programas de proyectos productivos -cobijando a 10 familias-, $100 millones a planes de retorno en el municipio de Tame, mediante suministros de animales e implementos de trabajo, $100 millones para la fase de caracterización de la población desplazada y $67 millones destinados a un plan de retorno en el municipio de Arauca.

Adicionalmente se ofrecieron cursos para 25 personas en manicure, bisutería, modistería, lencería, fabricación de muñecas de trapo, elaboración de chinchorros en nylon, trabajo en madera, primeros auxilios, informática, elaboración de bloques y adoquines; y en el sector agrícola la Gobernación otorgó capitales semilla para productos como la leche, el cacao y el plátano, y realiza el acompañamiento a la comercialización de estos productos.

Finalmente, los recursos de destinación específica como las regalías se invirtieron, en su mayor proporción, en el sector educación con el fin de aumentar la cobertura básica en los 7 municipios, así como en la compra de uniformes, paquetes y restaurantes escolares, al tiempo que se realizaron inversiones en materia de movilidad terrestre, especialmente a través del Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera.

Respecto al impacto y pertinencia de dichas inversiones, el Acta de la Jornada de Preparatoria para Construcción del PIU-ARAUCA y del Plan Operativo de Prevención, identificó los siguientes problemas en materia de respuesta institucional: en primer lugar se identificó una débil presencia institucional en la zona rural, que combinada con una baja capacitación por parte de los funcionarios a cargo del suministro de la Atención Humanitaria de Emergencia y su falta de compromiso, repercutió en mayores demoras para la entrega de asistencia alimentaria a poblaciones cuyas necesidades son inmediatas y urgentes. Esta falta de gestión también fue denunciada ante la existencia de amenazas directas contra miembros de escuelas y Juntas de Acción Comunal sin que de por medio se diera una intervención estatal.

Adicionalmente, se ubicaron problemas en materia de suministro y apropiación de información referente a los derechos, deberes y mecanismos de atención de la población desplazada. En primer lugar se indicó que la información sobre los mecanismos de acceso a la vivienda, la atención en salud y educación para la población desplazada está fragmentada entre los funcionarios, y por consiguiente es de difícil acceso para los posibles beneficiarios. Por otra parte, la población desplazada desconoce sus derechos y deberes al momento de acceder a los mecanismos de Atención Humanitaria de Emergencia, al tiempo que las organizaciones comunitarias y organiza• 72 •

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ciones de población desplazada están desarticuladas, no poseen suficiente información sobre la existencia y acceso a estos mecanismos, y su interlocución con el Estado es débil.

Frente a la disposición del Gobierno departamental se manifestó que no ha demostrado suficiente liderazgo y compromiso en la atención de la población desplazada, en especial porque muchas de las secretarías departamentales no participan en los procesos de planeación e implementación de los programas dirigidos a este grupo poblacional. Parte de esta problemática corresponde a un desconocimiento y falta de acompañamiento mutuo de las tareas que desarrolla cada área sectorial, motivado a su vez por celos institucionales y falta de concertación al momento de definir las políticas de inversión departamental. Por todo esto, los esfuerzos institucionales terminan siendo dispersos, y en este sentido relativamente ineficientes, en gran parte como consecuencia de la ausencia de una comprensión completa de la Ley, a pesar de la existencia de Comités de Atención a los Desplazados en todos los municipios.

En cuanto al impacto y pertinencia de los programas de Atención Humanitaria de Emergencia, tanto las entrevistas realizadas durante el trabajo de campo como los documentos aportados, señalan percepciones relevantes sobre la no incorporación de elementos de atención psicosocial con las adecuaciones necesarias para atender las dinámicas propias de la población desplazada en la región, así como la observación de un cierto grado de escasez de recursos para su financiación. Este hecho, como ha sido mencionado en el capítulo II, en gran parte corresponde a la inflexibilidad de las fuentes de inversión con que cuenta el departamento y del sistema de ejecución presupuestal de los recursos del Gobierno Central, factores en los que, aún bajo el riesgo de resultar redundantes, vale la pena detenerse.

Como ha venido siendo mencionado en apartados anteriores, frente al tema de inversión en políticas públicas de atención para la población desplazada es necesario tener en consideración que el departamento de Arauca tiene como una de sus principales fuentes de inversión el giro de regalías directas por concepto de la explotación de hidrocarburos, y que el uso de estos recursos se encuentra enmarcado bajo unas destinaciones específicas en materia de educación básica, régimen subsidiado de salud, saneamiento básico y mortalidad infantil que dificultan que el gobierno departamental o los municipios beneficiarios (Arauca, Arauquita, Tame, Saravena) destinen una mayor proporción de sus recursos al suministro de ayudas alimentarias o refugio a las personas que se encuentran más vulnerables como consecuencia del desplazamiento forzado, así como a la financiación de proyectos productivos en la fase de restablecimiento económico de este tipo de población. Adicionalmente, la otra fuente principal de recursos territoriales, el Sistema General de Participaciones, SGP, tiene limitados sus recursos, a su vez, al cumplimiento de destinaciones específicas establecidas por Ley, que • 73 •

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también privilegian los sectores de la educación, mortalidad infantil y salud. En consecuencia, los programas de salud y educación tienen asegurados un porcentaje significativo en materia de recursos, que incluso permiten la generación de acciones coordinadas entre las entidades territoriales y la Nación valoradas positivamente tanto por los comités de atención a Población Desplazada, como por los habitantes de la región; Sin embargo, no deja de ser importante señalar que estas son inversiones cuyos beneficios solamente podrán ser observados a mediano plazo, dejando de lado la generación de planes de intervención urgente frente a la difícil situación que vive la población desplazada en la región, y que, en todo caso, aún a pesar de contar con financiación asegurada, siguen presentando problemas operativos en su ejecución.

Por otra parte, de acuerdo a las entrevistas realizadas en el trabajo de campo, vale decir que el suministro de paquetes de ayuda humanitaria de manera inmediata para el departamento, requiere la satisfacción de trámites ante el nivel nacional que demoran la llegada efectiva de estas a la población desplazada y la ejecución de los recursos que existen para los periodos fiscales. Esto sobre la base de que el sistema presupuestal colombiano está fundamentado en los principios de anualidad y universalidad118 que, aunque en materia fiscal y operativa permiten un adecuado desarrollo de los fondos destinados a nivel municipal y departamental, no se ajustan a la plasticidad que el fenómeno del desplazamiento forzado ha venido teniendo en el departamento, y más específicamente durante los últimos 4 años.

118- Que exigen que el sistema de planeación de la ejecución sea anual y que todos los recursos que se ejecuten estén supeditados a su inclusión en el presupuesto anual. Durante el periodo del 1 de enero a 31 de diciembre sólo es posible gastar aquello que se apropia en el presupuesto de cada vigencia y una vez llegado el 31 de diciembre la apropiación fenece y es necesario volver a adicionar los recursos con cargo al espacio fiscal del año siguiente, lo que especialmente en el presupuesto nacional, significa perder parte del espacio de apropiación de recursos del año siguiente. Esta caracterización anual también aplica para los recursos de cooperación internacional, de tal manera que lo que no se ejecuta en los tiempos previstos, se debe devolver a los cooperantes.

En este sentido, y especialmente en lo referente a recursos del presupuesto nacional, se presenta un círculo vicioso en el que la búsqueda de generar mecanismos para garantizar una rápida ejecución de los recursos existentes que permita que la totalidad de los mismos sean utilizados, y que la escasez de los recursos no sea consecuencia de una ineficiente labor por parte de los ejecutores; trae como consecuencia que en contextos donde no se presentan grados importantes de voluntad política, bien sea por falta de falta de compromiso, falta de información, o desarticulación institucional, sea mucho más difícil generar acciones efectivas de protección para los grupos más vulnerables. Al respecto, las organizaciones sociales han señalado que los periodos de espera para recibir la atención para población desplazada, tienden a variar entre una semana y seis meses de acuerdo a la disponibilidad de recursos en el momento en que se solicitan.

Adicionalmente, los recursos del Sistema General de Participaciones funcionan a partir de asignaciones anuales que dependen de factores como la población atendida y por atender en materia de salud y educación en la vigencia anterior, así como la pobreza relativa y población urbana y rural certificadas por el DANE para la vigencia (que se construye a partir de proyecciones del último censo realizado); factores que, nuevamente, no tienen la suficiente flexibilidad para tomar en cuenta los cambios en materia • 74 •

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de composición demográfica, social y económica por causa de desplazamientos ocurridos a lo largo del año, y se convierten en camisas de fuerza en un contexto de alta volatilidad poblacional como el existente en los municipios receptores y expulsores del departamento.

Esto es consistente con lo expresado por las organizaciones sociales consultadas en el trabajo de campo, que manifiestan que a pesar del aumento en la población desplazada recibida por algunos municipios, se sigue destinando la misma cantidad de recursos para el sector salud.

En consecuencia, los esfuerzos para el aumento de la cobertura educativa y en salud de la población vulnerable de los municipios que presentan mayores índices de expulsión, terminan viéndose interrumpidos (y en muchos casos perdidos) por causa de los desplazamientos de población desde sus zonas rurales y urbanas, mientras que las entidades territoriales receptoras deben suplir tanto las necesidades de su población tradicional como las de aquellos nuevos grupos poblacionales producto del desplazamiento, sin que ello genere un mayor reconocimiento de recursos por parte de las asignaciones nacionales, ni la posibilidad de transferir recursos desde las entidades territoriales expulsoras.

Por otra parte, tanto entrevistas en campo como documentos aportados por las organizaciones de población desplazada señalan que la ayuda recibida no es ni permanente ni sostenible, dado que luego del otorgamiento del primer mercado, kits de aseo y refugio temporal, los desplazados, en muchos de los casos terminan por quedar a la deriva. En gran medida, gracias a las dificultades de reasignación presupuestal arriba expuestas, más allá de estas ayudas inmediatas, las comunidades de población desplazada no son contempladas al interior del departamento en estrategias de reestablecimiento económico y social, factor que favorece su permanencia en dicha situación durante largos periodos de tiempo.

En este sentido, valdría decir que los programas de Estabilización Económica para la población desplazada en el departamento no han demostrado la suficiente eficacia en materia de generación de empleo, y que, de acuerdo a las organizaciones entrevistadas, las capacitaciones suministradas son inconsistentes con la dinámica y expectativas del mercado local, especialmente en el área urbana. un claro ejemplo de esto está en las capacitaciones para la elaboración de muñecas de trapo realizada en el 2006, donde los productos generados tenían un costo cercano a los $80.000 limitando mucho sus posibilidades de salida, por lo menos en los municipios donde fueron producidas.

Así mismo, las entrevistas realizadas observan una escasez importante de capital semilla y microcréditos para la financiación de los proyectos productivos en el marco de procesos de reasentamiento poblacional aún cuan• 75 •

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do se prevé la gestión de un proyecto de cultivo de palma ante el Gobierno Nacional por intermedio del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

Esto parece corresponder al hecho de que para la vigencia 2006, el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, INCODER, entidad que se encarga de la adjudicación de tierras, no destinó recursos al departamento de Arauca para la atención a la población desplazada, y como fue mencionado anteriormente, el departamento de Arauca no tuvo participación en el 2006 en los programas de mini cadenas productivas y sociales.

Las organizaciones sociales señalan que en este aspecto parte de los problemas proviene del hecho de que las organizaciones nacionales no consideran las visiones de las organizaciones de desplazados en la ejecución de programas y proyectos, presentándose problemas en el diagnóstico mismo de los programas a ejecutar. Por una parte, estos programas se ejecutan a través de contratistas privados que no tienen un conocimiento profundo de las dinámicas del mercado laboral en Arauca; que cuando van a ser realizados por el nivel territorial exigen la existencia de contrapartidas locales que estas no tienen la capacidad de asignar, precisamente por las restricciones fiscales del sistema presupuestal nacional.

Por otra parte, el ICBF señala que la mayor parte de la población desplazada no está interesada en estrategias de recomposición laboral en el campo, sino que intentan permanecer en las áreas urbanas, saturando el mercado laboral y la economía de las cabeceras municipales. Sobre la base del fenómeno de desplazamiento parciales expuesto en el capítulo anterior, esta apreciación demuestra la profunda necesidad de la generación de modelos de investigación e intervención que permitan la constitución de programas de restablecimiento económico y l salud, educación e infraestructura de vivienda y vial, se desarrollen de manera coordinada, sobre la base de esta realidad; dado que si bien los programas departamentales para lo rural y lo urbano, no necesariamente actúan en los mismos espacios geográficos, en muchos de los casos sí atienden a la misma población.

Todos estos factores, al no ser considerados ni discutidos con las organizaciones sociales provoca que los programas de protección tiendan a ejecutarse sobre la base de supuestos en muchos casos equívocos, que, por un lado no logran la ejecución completa de los recursos presupuestados ni los resultados esperados, y por el otro no permiten prestar una atención integral a esta población.

De acuerdo a la Defensoría del Pueblo seccional Arauca, los recursos invertidos no han logrado los niveles de eficiencia e impacto deseables para la situación humanitaria que vive la región; esto, en la medida en que en la condiciones que se desarrollan actualmente, terminan por resultar difícilmente sostenibles, no permiten el desarrollo de procesos adecuados de seguimiento para los mismos, y no contemplan las etapas de reestablecimien• 76 •

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to de la población desplazada. En este sentido, si bien en necesario admitir que en muchos de los casos “se cumplen los parámetros de la sentencia de la Corte Constitucional, no así (se atienden eficientemente) las necesidades de la población desplazada” en lo referente a las disposiciones de la Sentencia t-025 y sus desarrollos posteriores.

Finalmente, vale decir que a pesar de los esfuerzos desarrollados tanto por las entidades territoriales, como por parte del gobierno nacional, la capacidad institucional que ha desarrollado el departamento para la adecuada resolución de todas estas limitaciones termina siendo relativamente baja con respecto a la dimensiones que ha alcanzado el desplazamiento forzado en la región: los mismos problemas son diagnosticados en repetidos talleres o reuniones y no parece que se hayan encaminado estrategias para su solución. Las organizaciones locales con las que se desarrolló el trabajo de campo, proponen el fortalecimiento del Comité Técnico Territorial con la asistencia de todas las secretarias locales y departamentales, la adopción de un enfoque sistémico en la atención a la población desplazada con enfoques diferenciales en la atención a la población desplazada y la coordinación de las instituciones para ello, la revisión de los principios normativos de la función del Estado en la atención y acompañamiento de la población desplazada y la restitución de sus derechos, y contar con la participación de las organizaciones de población desplazada en la construcción de las políticas públicas a diseñarse alrededor de estos objetivos. Una propuesta interesante en medio de tanta confusión y de las dificultades que en materia normativa se han venido generando. Tal vez en el marco del silencio de Arauca sea interesante que el estado, por lo menos por un rato, se permita bajar la voz y comenzar a escuchar lo que, al menos la población desplazada está intentando decir. Finalmente, es desde la comprensión del fenómeno del desplazamiento, en el que ellos son los principales protagonistas, que las habilidades técnicas proporcionadas por el Estado pueden encontrar alternativas viables para ir ganando paulatinamente mayores niveles de integralidad.

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ANEXOS

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Informe regional sobre conflicto interno armado, crisis humanitaria y desplazamiento forzado 2006.

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Caquetá: Historias de Retornos Imposibles

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I. El Conflicto Interno Armado “Luz Eucaris Blandón y su familia no alcanzaron a huir de la violencia que vive San Vicente del Caguán por cuenta de las FARC. Ella, su esposo Albeiro Ríos, y sus dos hijos, Josué y Raúl, de 8 y 16 años, se quedaron con las maletas hechas. Estaban listos para abandonar la antigua zona de distensión e irse a Cartago (Valle), donde pensaban vivir sin tanta zozobra, y a lo mejor, encontrar fortuna. Ya habían desocupado su casa en el barrio Ciudad Bolívar, en la vía al aeropuerto, y se habían ido a la de Solángela Rengifo, hermana media de Luz Eucaris. El domingo intentaron salir a Cartago, pero los dejó la caravana que está saliendo todos los días desde San Vicente, a eso de las 9 de la mañana.

Ayer, a las 8:15 a.m., el esposo y los hijos de Luz Eucaris estaban esperando la hora de la salida, cuando explotó una bomba, que según las autoridades, las FARC tenían en una casa del barrio para atentar contra un convoy militar. La explosión mató a su niño de 8 años, a su media hermana Solángela y dejó en estado crítico a su esposo y a su hijo de 16. Luz Eucaris salió ilesa porque se había ido en una moto hasta el retén militar de donde salía la caravana a llevar unas maletas. “Su destino cambió caprichosamente ayer. Se desmayó en la puerta del hospital cuando le contamos que Josué había muerto”, contó su otra hermana, Clara Eugenia. La intranquilidad que Luz Eucaris y su familia estaban viviendo en San Vicente es la de muchos otras familias del pueblo desde que las FARC se vieron obligados a dejarlo, el 20 de febrero del 2002, cuando se rompió el proceso de paz con el gobierno de Andrés Pastrana. El de ayer es el noveno ataque de esa guerrilla contra este muni• 85 •

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cipio caqueteño que le sirvió de casa durante los tres años y tres meses largos que duraron los diálogos. La población, que nunca fue consultada sobre si quería ser la sede de los diálogos, aceptó pensando que de esa manera contribuía a la paz del país. Pero el proceso se rompió, y los guerrilleros, que se pasearon libremente por las calles de la localidad, que tuvieron allí sedes propias (oficina de quejas y oficina de inducción para las audiencias públicas) y que se sirvieron de todo el comercio sanvicentuno para surtirse de alimentos y medicamentos, comenzaron a atacar desde la salida”1.

LAS FARC: Desde la década de los cincuenta, en un contexto de violencia partidista, el Caquetá, así como los departamentos del Tolima y el Huila habían presenciado la localización de algunos núcleos de autodefensa campesina de orientación comunista, que a la larga, se convirtieron en la base para la creación de lo que posteriormente se convertiría en lo que hoy día se conoce como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC. En 1971 la zona de El Pato fue el escenario de la cuarta conferencia este grupo irregular y fue allí donde se definieron sus primeros núcleos de expansión; uno de ellos habría de tener su sede de operaciones la zona sur del país, coincidiendo con la bonanza cocalera y de la marihuana. Hacia la segunda mitad de de los 70s las FARC registraron un crecimiento notable en Caquetá, Guaviare y en la región del Ariari en el Meta2.

1- El Tiempo. Las FARC el verdugo de San Vicente. Marzo 7 2006.

2- Vicepresidencia de la República: Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. «Panorama Actual del Suroriente Colombiano, Capítulo 1». Julio de 2001. http://www.derechoshumanos.gov.co/observatorio/04_publicaciones/04_03_regiones/suroriente/index.htm

A finales de la década de los 70’s las FARC ya mostraban un pie de fuerza militar importante en la zona así como un dominio territorial bastante significativo. Dominio que se hace más evidente a inicios de la década de los 80 en aspectos como la prohibición del consumo de drogas ilícitas, la orden explícita a las comunidades campesinas de sembrar otros productos adicionales a la coca para evitar la inflación y evitar la caída de su precio en la zona3, y el cobro de un impuesto del 10% sobre la producción y del 8% en la comercialización de pasta de coca a los narcotraficantes presentes en la región en aquella época. Los recursos obtenidos de dichos impuestos que fueron utilizados para financiar la expansión del grupo guerrillero y sus diferentes frentes, particularmente en el sur del país.

Para la conferencia llevada a cabo por en 1982, el secretariado general de las FARC ya había reconocido el valor estratégico de la región al formular como objetivo a largo plazo el establecimiento de un cerco a Bogotá • 86 •

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desde estas zonas de colonización del sur del país y muy particularmente desde el Caquetá, haciendo del departamento una de sus zonas principales de operación.

Para mediados de los 80s esta dinámica se vio truncada con el rompimiento de los pactos entre FARC y narcotraficantes, al desatarse una intensa confrontación armada que a su vez, marca la incursión de las autodefensas en la región (como ejércitos al servicio de los narcotraficantes) y que se prolongaría hasta la década de los 90s terminando con una mayor consolidación militar y territorial del grupo guerrillero, al mismo tiempo que con la caída de los grandes narcotraficantes y sus carteles.

“Entre 1986 y 1988 grupos armados al servicio de narcotraficantes que habían adquirido enormes extensiones en el Ariari, libraron una guerra regional contra las FARC logrando expulsarlas de algunos municipios como San Martín, Granada y Vista Hermosa en el Meta. En Caquetá la presencia de estos grupos fue menor. Hacia finales de los años ochenta, por un corto tiempo, entre doscientos y trescientos hombres al servicio de Gonzalo Rodríguez Gacha intentaron disputarle a las FARC el control de zonas como El Recreo, Yaguará II, Las Sombras, Los Pozos y Las Delicias con el propósito de interrumpirles el corredor estratégico entre la región del Caguán, El Lozada y La Macarena”4.

Esta situación permitió a las FARC no solamente cobrar por la producción y comercialización de la coca en la zona, sino también entrar a ser parte directa del negocio con el establecimiento y administración de laboratorios para su producción, cristalizaderos para su procesamiento y el dominio de la comercialización en el departamento (y en otras zonas del país). Para la década de los 90, en gran parte financiados por la coca, ya contaban con un enorme poderío militar en la región, que se demostraba de manera recurrente a través de acciones dirigidas a atacar a las Fuerzas Armadas en el marco de estrategias de dominio territorial “para sostener sus posiciones en el sur oriente del país, mientras en el resto del territorio (realizaban) actividades militares con el objetivo de dispersar los esfuerzos del Estado para combatirlas”5. Una de los mayores actos de demostración de este poderío fue el sabotaje al proceso electoral local de octubre de 19976.

Con la zona de distensión en el marco de los diálogos de paz durante el gobierno de Andrés Pastrana7 -que incluía 5 municipios del sur del país (cuatro de ellos en el Meta) entre los que se encontraba San Vicente del Caguán- este grupo guerrillero concentró su secretariado general en la región e implementó el número de combatientes con presencia en el departamento. Precisamente San Vicente del Caguán, en donde se encontraba la sede de los diálogos, se convirtió en el escenario de coordinación de sus acciones violentas sobre el resto del departamento y del país. Durante este período, “la estrategia aplicada por las FARC se concentró en evitar el enfrentamiento armado en la Zona de Distensión y sus alrededores, mientras • 87 •

3- Sobre las dinámicas agrícolas del departamento hablaremos con mayor cuidado en el siguiente apartado.

4- Ibíd., Vicepresidencia de la República 5- Echandía Castilla, Camilo. «El conflicto armado colombiano en los años noventa: cambios en las estrategias y efectos económicos». Revista Colombia Internacional, No. 49/50. <http:// www.lablaa.org/blaavir tual/revistas/colinter/ echandia.htm> 6- Vicepresidencia de la República: Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. «Panorama Actual del Suroriente Colombiano, Conclusiones». Julio de 2001. < http://www.derechoshumanos.gov.co/observatorio/04_publicaciones/04_03_regiones/suroriente/index.htm> 7- El 18 de Octubre de 1998 la resolución presidencial No98 estableció los municipios de La Macarena, Mesetas, La Uribe, Vista Hermosa y San Vicente del Caguán como zona de distensión. Esta zona abarcaba un área de 42.129 km2 y entró en vigencia el 7 de Noviembre con la orden presidencial del retiro de las fuerzas armadas de este espacio territorial. Los diálogos son suspendidos 12 días después por parte de las FARC y son nuevamente retomados en Mayo de 1999 con un encuentro entre el comandante de este grupo irregular, Manuel Marulanda y el Presidente Pastrana..

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llevaba a cabo las acciones necesarias para fortalecer sus finanzas y enfrentar de manera persistente los grupos de autodefensa cercanos a las zonas de mayor control e interés estratégico”8.

Una vez levantados los diálogos, en el área que correspondió a la Zona de Distensión, las FARC se replegaron a lo más profundo de las veredas, sin que ello haya implicado la reducción de la presión ejercida sobre los cascos municipales, que se expresa en la realización de numerosas acciones de sabotaje y terrorismo (…) La intimidación dirigida hacia las poblaciones (fue complementada con amenazas abiertas) contra las autoridades públicas y el incremento del asesinato de civiles. Un año después de la terminación del proceso de paz con las FARC, en Vista Hermosa y San Vicente del Caguán se registraron los más elevados índices de muertes a nivel municipal en Meta y Caquetá respectivamente”9.

8- Vicepresidencia de la República: Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario.

«Panorama Actual Zona de Distensión». Diciembre de 2003. http://www.derechoshumanos.gov. co/observatorio/04_publicaciones/04_03_regiones/zonadedistension.pdf 9- Ibíd. Vicepresidencia de la República: Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario.

«Panorama Actual Zona de Distensión».

10- El tema del narcotráfico y sus implicaciones en la construcción del panorama actual del Caquetá en materia de conflicto armado serán revisados con mayor atención en el capítulo 2 del presente documento.

Para finales de la década de los 90, y especialmente durante el período 20002006, a pesar del retorno de las fuerzas armadas a lo que había sido la zona de distensión y sus municipios aledaños, San Vicente del Caguán continuó siendo uno de los bastiones fundamentales de presencia guerrillera del país, generando efectos importantes en materia de control territorial a lo largo del departamento, así como en lo referente al control del negocio del narcotráfico. Para el año 2000 se calculaba que el 85% de los ingresos de la organización a nivel nacional provenían de las actividades relacionadas con el cultivo y comercialización de coca y amapola en la zona sur del país, particularmente del departamento del Caquetá donde el bloque sur estableció su eje de control territorial. Desde ese entonces y hasta la fecha esta organización ha manejado entre el 70% y 85% del negocio del narcotráfico en la zona, tanto a través de acciones armadas recurrentes, como a través de la consolidación del control de la población civil de campesinos, que, como veremos más adelante, encontró en el cultivo de la coca y en la producción de pasta de coca su mayor fuente de ingresos a lo largo de la región.10 • 88 •

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“Desde el mes de enero de 2002, momento en el cual el conflicto comienza a escalarse, hasta el mes de febrero de 2003, cuando se cumple un año de la terminación de la Zona de Distensión, en San Vicente del Caguán se (habían) registrado 42 acciones armadas, 33 en el conjunto de 2002 y 9 en los dos primeros meses de 2003. Con estos niveles de intensidad del conflicto el municipio presenta la mayor concentración de acciones en el nivel regional después de Florencia”11.

Durante el 2006, de acuerdo a la Vicepresidencia de la República12, estos frentes llevaron a cabo alrededor de 26 actos de terrorismo, 25 homicidios, 23 secuestros, y 2 ataques a la infraestructura energética de la zona; de estos últimos, ambos en el primer trimestre del año en el marco del paro armado decretado en el mes de Febrero.13 Según el seguimiento a prensa realizado por el Sistema de información de CODHES SISDHES alrededor de estos hechos y otros relacionados con acciones de las FARC, la prensa analizada presenta el siguiente balance: 7 eventos relacionados con homicidios que arrojaron 10 víctimas: 1 en la vía San Vicente del Caguán- Florencia en el mes de Febrero; 2 en la vía Puerto Rico- El Doncello en el mes de Marzo; 1 en la vía Puerto Rico – San Vicente del Caguán en el mes de Marzo, en el que la víctima fue Incinerada dentro de su vehículo por parte de las FARC; 1 hecho reportado en la zona rural de San Vicente del Caguán en el mes de Mayo, donde fueron encontrados 2 cuerpos, uno de ellos con signos de tortura; 1 más en el mismo municipio en el mes de Julio, y 1 hecho adicional con dos personas asesinadas, uno de ellos presidente de Acción Comunal en el mes de Septiembre.

13 hechos relacionados con ataques a la población civil: el primero de ellos en el mes de Febrero, en la vía Puerto Rico- El Doncello en el que fue incinerado un vehículo que transportaba leche14; en este mismo mes, se reporta la incineración de 10 vehículos más en la vía que comunica los municipios de San Vicente del Caguán y Florencia, y de3 otros 6 en zonas aledañas a la capital del departamento. En el mes de marzo, se reporta la incineración de 2 vehículos por parte de las FARC en la vía Puerto Rico- El Doncello, 2 más al interior del municipio del Doncello, de una volqueta en inmediaciones de San José del Fragua, y el ataque a una caravana de 10 vehículos civiles en cercanías del municipio de Puerto Rico y a otra de 15 vehículos, escoltada por el ejército, en inmediaciones del municipio de San Vicente del Caguán. Finalmente, en el mes de Junio, se reporta la incineración de otro vehículo, con su conductor adentro en cercanías del municipio de Florencia.

“Los intentos que hizo el conductor de la aerovan de Coomotorflorencia para alcanzar la caravana del Ejército, que minutos antes había

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11- Ibíd. Vicepresidencia de la República 12- Programa presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario-Vicepresidencia de la República. Situación de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Diciembre 2006.

13- El primero de ellos en la vía Neiva-Florencia (Caquetá) donde fue derribada una torre de energía, y el segundo en jurisdicción de El Doncello donde la voladura de un poste representó perjuicios para la estructura de tres torres de energía.

14- Este evento es de especial relevancia si se tiene en cuenta que de acuerdo a las entrevistas realizadas durante el trabajo de campo que hizo posible ese informe, existe el rumor de las pretensiones de las FARC de instaurar una cooperativa lechera en la región como estrategia de fortalecimiento a sus procesos de enclave en la sociedad civil del departamento.

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salido de Puerto Rico (Caquetá) hacia Florencia, fueron inútiles. El vehículo era el último que hacía la ruta desde San Vicente del Caguán y llevaba 25 personas que, prácticamente una encima de la otra, se arriesgaron a abordarlo, pese al paro armado declarado por las FARC desde el 16 de febrero pasado.

El viaje comenzó mal”, dijo Jairo Chávez, conductor del vehículo, quien desde que salieron de San Vicente se percató del sobrecupo. “No nos podemos ir todos. El carro está muy pesado y la situación está muy caliente”, les dijo. No obstante la advertencia, ninguno de los viajeros desistió. Se organizaron como pudieron y al final varios de los que no cabían se acomodaron cuatro adelante y cinco en la bodega. Según cuenta el transportador, salieron a las 4:45 de la tarde con un grupo de buses y taxis con el fin de alcanzar en Puerto Rico la caravana del Ejército, que partía para Florencia a las 5 de la tarde y que hacía parte de las organizadas por el Ministerio de Defensa para garantizar la seguridad en las vías del departamento. A Puerto Rico llegaron después de las 5:15 de la tarde sin problemas. Pero a su salida del pueblo se pincharon y quedaron aún más rezagados de los vehículos escoltados.

Orfilia Garzón, hoy convaleciente en una clínica de Florencia y con tres tiros de fusil en su cuerpo, recuerda que Jairo, el conductor, intentó pedirle a la caravana que lo esperara, pero nadie lo escuchó. Luego de reparado el vehículo, siguieron a gran velocidad en su intento por alcanzar los carros escoltados. A las 5:30 de la tarde, tras pasar por la escuela de la vereda El Diamante, escucharon las ráfagas de fusil que impactaron el vehículo y lo hicieron volcar. Uno de los sobrevivientes, que prefirió reservar su identidad, dijo que segundos después los guerrilleros siguieron disparando, a pesar de los gritos que alertaban de la presencia de niños en el carro. Posteriormente, los subversivos intentaron quemar la aerovan. “Un muchacho en pantaloneta se acercó, roció el vehículo con gasolina y tiró una mecha que uno de los de adelante alcanzó a evadir. Nos querían quemar vivos”, dijo Rosa Losada de Niño, otra de las sobrevivientes. (…)Desde la declaratoria del paro armado, ese grupo guerrillero ha ejecutado más de 12 ataques entre voladuras de torres, atentados a funcionarios y quema de vehículos. Incluso, una ambulancia fue baleada cuando transportaba a un enfermo grave hasta Florencia15”.

3 hechos relacionados con ataques contra infraestructura: El primero en la vía Neiva-Florencia donde se menciona la voladura de una torre de energía en el mes de Febrero; el segundo, que tiene que ver con la voladura de un poste, que representó perjuicios en cercanías al municipio del Doncello en el mismo mes; y el tercero, relacionado con el ataque con granadas a una cooperativa en el municipio de Florencia.

15- El Tiempo, «Sobrevivientes del ataque de la guerrilla a un vehículo de transporte público relatan lo sucedido». Feb 27 2006.

Así mismo, resalta la detonación de una casabomba a inicios del mes de Abril en San Vicente del Caguán, activada al paso de una patrulla militar.

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La explosión de la misma produjo la muerte de a cuatro personas, entre ellas una mujer de 60 años de edad y un niño. Además 10 personas resultaron heridas, entre ellas 3 soldados. Esta acción se constituye en una violación extremadamente grave a los principios de distinción y proporcionalidad del DIH, por lo que días después en un comunicado de prensa, la oficina en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos condenó el ataque.

4 formulaciones públicas de amenazas contra funcionarios públicos de la región: La primera de ellas en el mes de marzo, a través de mensajes enviados a emisoras de San Vicente del Caguán y El Doncello, donde la Columna Teófilo Forero de las FARC además de anunciar el fin del paro armado en el sur del país, al mismo tiempo declaró objetivo militar a los alcaldes y concejales que no renunciaran a sus cargos; el segundo en el mes de mayo en el municipio de Florencia, donde miembros de las FARC dejaron un comunicado en la casa del concejal Juan Elibeth González Castro, en el que amenazaron a concejales, diputados y alcaldes de Caquetá, nuevamente considerándolos objetivo militar; el tercero, en el mes de Junio, donde las FARC reiteraron las amenazas contra funcionarios públicos a través de un comunicado que circuló en el municipio de Florencia y dieron un plazo de 48 horas para renunciar a sus cargos. Finalmente, en el mes de Julio, en el municipio de Puerto Rico, fue enviado otro comunicado en el cual fueron declarados como objetivo militar el Alcalde y los funcionarios Lorena Lozano, quien se desempeñaba como secretaria de Gobierno; el almacenista Orlando Ramírez; el inspector de Policía Manuel Cruz, y Fáduer Collazos Rojas, quienes finalmente decidieron renunciar.

6 comunicados de prensa: Los cuatro primeros, a lo largo del mes de Febrero donde, en los Llanos Orientales, y los departamentos de Putumayo y Caquetá, las FARC decretaron el paro armado que habría de tener incomunicados a estos departamentos y en una permanente situación de incertidumbre y amedrantamiento por varias semanas; así mismo amenazaron con atacar a los vehículos que circularan por las vías de los departamentos en los que se declaró el paro16, en respuesta a los bombardeos en el parque La Macarena (Meta); adicionalmente publicaron un documento en internet en el que establecieron que si el Gobierno Uribe “se negó a desmilitarizar los municipios de Pradera y Florida para buscar un acuerdo de intercambio humanitario de prisioneros, no creemos que esté dispuesto a despejar de tropas los departamentos de Caquetá y Putumayo, como nuevo escenario de los futuros diálogos de paz”. En el mismo documento las FARC descalificaron el proceso de desmovilización con los paramilitares que atribuyeron a un “cálculo electoral reeleccionista” y establecieron que “es imposible el diálogo con este Gobierno mientras persista en su estrategia mediática de calificar a la insurgencia como narcoterrorista y mientras siga criminalizando la protesta y la inconformidad popular.”17 A finales del mismo mes, pidieron al gobierno desmilitarizar los departamentos de Caquetá y • 91 •

16- Amenaza que, como se observa un poco más arriba fue cumplida a cabalidad 17- Vicepresidencia de la república, observatorio de DIH y DIDH. Bitácoras de prensa

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Putumayo para iniciar los diálogos de paz. En el mes de Septiembre, el vocero de las FARC, Raúl Reyes envió una carta a la secretaría del movimiento de los No Alineados, que se encontraba sesionando en Cuba solicitándoles mediar en la consecución de la paz en Colombia. Así mismo manifestó que las FARC estarían dispuestas a “enviar delegaciones nuestras a conversar con sus gobiernos en sus países, sobre nuestras propuestas para las salidas políticas, si contamos con garantías ciertas de sus partes’’. ‘’Igualmente estamos dispuestos a recibir a sus delegados en nuestros campamentos para darles nuestra versión sobre el conflicto interno y explicarles nuestros esfuerzos y propuestas conducentes a conseguir la paz definitiva y duradera’’. En este documento, también divulgado en Internet, las FARC también reiteraron su intención de sentarse a negociar con el gobierno del presidente Uribe mientras fueran desmilitarizados los departamentos del Putumayo y Caquetá. En el mes de Octubre, emitieron un documento, dirigido a los integrantes de las tres ramas del poder público, presentando como condición de entablar negociaciones para el intercambio humanitario el que el Gobierno nacional desmilitarizara por 45 días los municipios de Florida y Pradera (Valle del Cauca); en el mismo texto reiteraron su disposición a entablar conversaciones de paz con el Gobierno una vez finalizado el intercambio humanitario, siempre y cuando el Gobierno desmilitarizara los departamentos de Caquetá y Putumayo. Dicha condición, hasta la fecha de publicación del presente informe no ha sido llevada a cabo por el Estado Colombiano quien, por lo contrario ha venido aumentando la presión armada contra este grupo insurgente en el sur del país en el marco de su política de Seguridad Democrática.

“Al exigir el despeje de Caquetá y Putumayo, como hace casi cuatro años, las FARC devolvieron a un punto muerto la posibilidades de un acuerdo humanitario y de un proceso de paz. El comunicado de ayer, firmado por el secretariado, y mediante el cual desecharon la invitación que el presidente Álvaro Uribe les hizo el pasado 11 de febrero para una negociación, revivió un tema que ya había sido descartado por el Gobierno: la desmilitarización de 113.850 kilómetros cuadrados. Casi tres veces lo que les despejó el ex presidente Andrés Pastrana.

“Si su gobierno (el de Uribe) se negó a desmilitarizar los municipios de Pradera y Florida para buscar un acuerdo de intercambio humanitario de prisioneros, no creemos que esté dispuesto a despejar de tropas los departamentos de Caquetá y Putumayo, como nuevo escenario de los futuros diálogos de paz”, dice la comunicación del grupo armado. La posición sorprende porque se esperaba una respuesta concreta al esquema propuesto por Suiza, Francia y España para facilitar el intercambio de secuestrados por guerrilleros presos, que fue aceptado por el Gobierno: el despeje de 180 kilómetros cuadrados en límites de Valle y Tolima. En enero, el grupo guerrillero afirmó que no habría intercambio con Uribe, pero dijo desconocer la propuesta de los tres países.

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(…)Las nuevas condiciones de las FARC indicarían, según Jaime Zuluaga, catedrático de la Universidad Nacional, que esta guerrilla no está dispuesta a dar pasos que puedan ser aprovechados por la campaña del Presidente. De hecho, el comunicado afirma que, “movido por un cálculo reeleccionista”, Uribe “aparenta agitar la bandera de la paz”. “Las FARC no quieren darle oxígeno al Presidente”, dice otro analista. Está claro que con esta guerrilla, como con el ELN, no habrá nada, ni siquiera en el tema de los secuestrados políticos –salvo quizás algún gesto voluntario–, hasta que no pasen las elecciones”18.

A la fecha, de acuerdo a la información reportada por los medios de comunicación, así como por las entrevistas realizadas en el trabajo de campo, se presume la presencia de al menos 6 frentes y 2 columnas guerrilleras a lo largo del departamento pertenecientes al bloque sur, cuya sede principal se encontraría en zonas rurales de San Vicente del Caguán: Frente 3: Florencia, La Montañita, El Doncello, Paujil, Puerto Rico Frente 14: Cartagena del Chairá, La Montañita, San Antonio Frente 15: Florencia, La Montañita, Paujil, El Doncello (Límites con milán, y Cartagena del Chairá), Puerto Rico (parte baja).

Frente 17: San Vicente del Caguán Frente 44: Puerto Rico Frente 49: Milán, Valparaíso, Solita, Curillo, San José del Fragua, Solano Columna Móvil Teofilo Forero: San Vicente del Caguán, Puerto Rico, Cartagena del Chairá, Florencia Columna móvil Isaías Carvajal: San Vicente del Caguán Bloque sur: San Vicente del Caguán, Cartagena del Chairá Finalmente, vale la pena resaltar que durante el período revisado, por parte de miembros de las FARC se llevaron a cabo 8 eventos relacionados con entregas y desmovilizaciones: la de 5 presuntos guerrilleros en el mes de marzo en el municipio de Florencia; la de un menor de edad en el mismo municipio en el mes de Julio; de 3 más en el mes de Agosto donde uno de ellos también era menor de edad; 2 más en el mes de octubre, donde uno de ellos era menor de edad, y 6 más en los municipios de San Vicente y Florencia, en el mes de Noviembre, donde había otro menor de edad; para un total de 16 presuntos guerrilleros desmovilizados, donde 4 de ellos eran menores • 93 •

18- El Tiempo, «Las FARC se devolvieron cuatro años Feb 22 2006.

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de 18 años. Si hacemos un ejercicio de proporcionalidad simple, estaríamos diciendo que alrededor del 25% de los casos reportados como desmovilizaciones individuales de miembros de las FARC según lo presentado por la prensa, son jóvenes menores de edad.

Estos hechos, nos brindan elementos de análisis sobre la importante presencia de este grupo guerrillero en la región, no solamente en términos históricos, sino, y a pesar de la política de recuperación territorial por parte del gobierno, incluso durante todo el año 2006. Elementos claramente reforzados por el número de incursiones armadas, ataques contra la población civil, y, como veremos un poco más adelante, enfrentamientos entre este grupo irregular y miembros de las fuerzas del Estado.

“Lo sucedido en ambos casos es macabramente colombiano. El minibús, que hacía la ruta San Vicente del Caguán-Florencia, salió tarde y con sobrecupo (25 pasajeros en una ‘van’ para casi la mitad). Partió solo, desafiando el ‘paro armado’ declarado por las FARC en el departamento, pues no alcanzó la caravana protegida por un convoy militar, pese al riesgo de recorrer una carretera en la que esa guerrilla sale a cada curva. Llegó sin novedad a Puerto Rico, pero, cuando se iba a sumar a la caravana militar, pinchó. Al parecer, ni el convoy esperó ni los pasajeros quisieron pernoctar a mitad de camino (eran las 5:30 de la tarde).

A la altura de El Diamante, guerrilleros de las FARC acribillaron el vehículo, que se volcó. Según los primeros reportes, todos los muertos presentaban impactos de fusil. Algunos testigos dijeron que los guerrilleros habrían intentado incendiar el vehículo, pese a que era evidente que se trataba de civiles y a que, en medio de los disparos, les gritaron que había niños adentro. Los siete concejales de Rivera, por su parte, fueron abaleados a mansalva cuando almorzaban en un restaurante.

Ya es llover sobre mojado hablar del desprecio de este grupo armado, no se diga por las normas más elementales de humanidad, sino por las reglas básicas de la guerra. Es como si las FARC quisieran ratificar a cada colombiano que, para imponer su política, no vacilan en cometer las peores violaciones del derecho internacional humanitario. Si hay que matar niños para imponer un ‘paro armado’, pues se matan. Si alguien cree que las FARC aspiran a ‘convencer al pueblo’, pasajeros y concejales abaleados son testimonio de que a organizaciones tiránicas como esa solo les interesa una cosa: que les teman”19.

LAS FUERZAS ARMADAS:

19- El Tiempo. Dos crímenes de guerra de las FARC. Febrero 28 de 2006

En el marco del panorama arriba presentado, durante la administración del presidente Álvaro Uribe Vélez, desde Abril de 2004 se ha venido imple• 94 •

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mentando con particular énfasis en el caquetá el Plan Patriota, a través de la Operación JM y el Plan Consolidación, una iniciativa militar con pocos antecedentes en la historia de la confrontación colombiana, debido a la concentración de recursos tanto materiales como humanos en torno al objetivo de recuperar el control, en principio militar pero también institucional, del sur del país. (…)Si bien los medios de comunicación registraron el inicio de la operación en abril de 2004, es probable que las preparaciones y primeras acciones se dieran meses antes. En la actualidad, esta ofensiva se encuentra en pleno desarrollo. De ahí que Caquetá sea hoy en día el centro de atención en lo que a desarrollo de la confrontación se refiere, pues el éxito de la operación JM y del Plan Patriota en general es tal vez el reto más importante que tiene actualmente la Política de Defensa y Seguridad Democrática y una prueba a la capacidad de la Fuerza Pública para atacar y desarticular a los grupos armados al margen de la ley20.

Para el desarrollo de esta operación, el Comando General de las Fuerzas Militares concentró un pie de fuerza de alrededor de 18 mil hombres en Caquetá, dotados de sofisticados equipos y armamentos, mayoritariamente compuesto por tropas terrestres (Ejército) y apoyados por un componente aéreo (aviación de Ejército y Fuerza Aérea) y uno fluvial (Infantería de Marina) Durante 2006, algunos de los efectos que estos planes han generado se referencian de la siguiente forma: 38 eventos relacionados con combates entre las FARC y el Ejército nacional en los municipios de Albania (1), Cartagena del Chairá (2), Curillo (1), El Doncello (2), Florencia (6), La Montañita (2), Solita (2), Milán (1), El Paujil (2), Puerto Rico (8), San Vicente del Caguán (13), y valparaíso (2), donde, es de anotar que el municipio de San Vicente y sus zonas aledañas aportan un poco más del 34% de los enfrentamientos registrados.

12 eventos relacionados con incautaciones, decomisos y allanamientos por parte de la fuerza pública de bienes de las FARC: 4 en Puerto Rico, 3 de ellos en el mes de enero, que representaron la destrucción de 2 campamentos y la incautación de importante material de guerra; y una en el mes de Junio, donde fue desmantelado otro campamento de las FARC; 2 en el Paujil en el mes de marzo, donde fueron desmantelados campamentos de las FARC por parte del ejército; 1 en la Unión Peneya -comisaría del municipio de la Montañita- donde se reporta la destrucción de 3 campamentos de las FARC en el mes de Agosto; y 5 en San Vicente del Caguán en los meses de Enero, Marzo, Abril y Agosto, que reportaron la destrucción de 4 campamentos presumiblemente del frente Teofilo Forero de las FARC, la incautación de armas y la detención de varios guerrilleros. Según esta información, en lo corrido de 2006 fueron desmantelados alrededor de 14 campamentos de las FARC en las inmediaciones de los municipios arriba mencionados.

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20- Ibíd., Vicepresidencia de la República.

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2 rescates a secuestros, en los meses de Julio y Agosto. El primero de ellos en inmediaciones del municipio de San José de la Fragua, donde un comando antisecuestro de la Policía Nacional a 2 menores de edad, y el segundo, en la vía Paujil-Cartagena del Chairá rescataron a otra menor de edad que había sido secuestrada días antes en el municipio de Florencia.

9 detenciones reportadas, 8 de las cuales hacen referencia a miembros de las FARC: 8 presuntos guerrilleros fueron detenidos en los municipios de Puerto Rico, Cartagena del Chairá y San Vicente del Caguán en el mes de Junio; 6 en San Vicente del Caguán en los meses de Junio, Agosto, Septiembre y Octubre. 1 más Una más en el mes de Julio, en el municipio de Puerto Rico; y finalmente 3 en el municipio de Milán y 8 en el municipio de Florencia en el mes de Diciembre, para un total de 26 presuntos guerrilleros detenidos durante 2006 según los registros de prensa.

En el mes de Enero, fueron detenidos tres presuntos paramilitares en el municipio de Florencia, que al parecer cobraban vacunas a ganaderos y comerciantes.

Durante este mismo período la prensa revisada reporta la muerte de 3 oficiales del ejército al caer en campos minados en los meses de Febrero y Noviembre en los municipios de Cartagena del Chairá, Florencia y la Montañita.

LOS PARAMILITARES EN EL CAQUETÁ: Como mencionamos un poco más arriba, los paramilitares entraron al Caquetá en el marco de los enfrentamientos armados entre las FARC y los narcotraficantes de la zona por la disputa del control de los negocios alrededor del Narcotráfico, en gran medida como parte de los ejércitos privados al servicio de los carteles de la droga que tenían influencia en la región y buscaban reducir las pérdidas que los impuestos cobrados por las FARC generaban en sus dinámicas de cultivo y comercialización, pero sobre todo, reducir la influencia que este grupo armado tenía sobre la población civil y en este sentido sobre los cultivadores de coca, que adicional a las cuotas pagadas incidía de forma importante en la regulación de la producción de pasta, lo que a su vez redundaba en los precios de compra y venta en la región. Hacia finales de la década de los 90s, tras la caída de los carteles y ya organizados como AUC, el Caquetá presenció una entrada que adicional a los ataques contra las FARC se articularía al amedrantamiento de la sociedad civil en los cascos urbanos a través de los municipios de Florencia, Morelia y Valparaíso. A partir del año 2000 iniciaron la expansión a otros municipios. Paulatinamente, la incursión hacia el sur del departamento logró posicionarlos en Belén de los Andaquíes y San José del Fragua, mien• 96 •

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tras que su penetración hacia los municipios del norte (Puerto Rico, El Paujil y El Doncello) fue repelida por las FARC gracias a su poderío armado y a la fuerte penetración que habían logrado en el tejido social por medio del amedrantamiento a los campesinos cocaleros. Para el 2002, las autodefensas ilegales habían logrado consolidar su presencia y dominio en el sur occidente del departamento, donde además de manejar el negocio del narcotráfico, al igual que las FARC en el norte, ejercían un estricto control social sobre la población.

“La entrada de las autodefensas a finales de los años 90 por los municipios de Florencia, Morelia y Valparaíso, y su posterior expansión hacia San José del Fragua y Belén de los Andaquíes, se relaciona con las altas tasas de homicidio que se presentan en estos municipios al comienzo del período analizado. Lo anterior se explica porque, al buscar consolidarse en esos municipios, las autodefensas recurren a la comisión de homicidios selectivos, que no desplazan a la población pero la amedrentan de tal forma que ésta desvía forzadamente su apoyo hacia el grupo irregular dominante, en su intento de construir sus propias redes de apoyo social”21.

Este control social permaneció de manera importante incluso durante el período 2000-2006 donde tuvieron presencia en los municipios de Morelia, San José, Valparaíso, Belén y Milán, bajo el nombre Bloque Sur de los Andaquíes (precisamente por su ubicación geográfica) y la presencia reiterada de miembros del Bloque Sur Putumayo, quien tenía una incidencia importante en la zona. Ambos bloques hacían parte del Bloque central Bolívar que habría de desmovilizarse en el mes de febrero tanto en el departamento del Putumayo, como en la zona rural del municipio de Valparaíso donde un total de 552 miembros de los bloques próceres del Caguán, héroes de los Andaquíes y héroes de Florencia, del bloque Central Bolívar, de las AUC, “dejaron las armas” en el marco del proceso de paz adelantado por esta organización irregular con el Gobierno Colombiano.

Vale decir que aún a pesar de sus esfuerzos por consolidar una estrategia militar consistente en el departamento, cuyo mayor crecimiento se presentó durante el período de existencia de la zona de distensión, a través de un anillo tendido alrededor de la zona con especial importancia en el • 97 •

21- Vicepresidencia de la República, Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH. Algunos Indicadores Sobre la Situación de Derechos Humanos en el Departamento del Caquetá. Marzo de 2005.

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Meta: San MartínGranada-San Juan de Arama y Fuente de Oro, las Autodefensas han jugado un papel bastante soterrado en materia de conflicto armado en la región con respecto al dominio territorial ejercido por las FARC, así como en la disputa por el control de los recursos provenientes del narcotráfico, razón por la que su participación en las dinámicas de cultivos ilegales en la región se limita a casi un 30% del negocio y a acciones encaminadas a la comercialización de la pasta, el cobro de vacunas a los cultivadores y a una insipiente competencia en los cascos urbanos con los miembros de las FARC por la compra de la pasta.

“En la misma estrategia de combate a los grupos de autodefensa se registraron ataques de las FARC a las bases históricas de los grupos del Ariari, con el fin de debilitar las estructuras allí presentes sin que se produjera la consolidación a favor de alguno de los actores. Así mismo, se puede constatar, cómo mientras estuvo vigente la Zona de Distensión se incrementa la extorsión y el secuestro en Granada, Puerto Rico, Puerto López y Acacías, zonas de influencia de las autodefensas (…) En Caquetá los enfrentamientos de las FARC con los grupos de autodefensa también se intensifican a partir de 1999; en mayo en un enfrentamiento registrado en Valparaíso entre guerrilleros de las FARC y un grupo de las autodefensas se produjo la muerte de nueve de sus integrantes. En 2000 se presenta un solo enfrentamiento, en febrero en el municipio de Morelia en la vía que conduce a Valparaíso. En la segunda mitad de 2001 recrudece la disputa entre las organizaciones al margen de la ley; el primer contacto entre subversivos del frente 14 e integrantes de las Auc se llevó a cabo en agosto en la inspección Unión Peneya de La Montañita; unos días más tarde en este mismo municipio, guerrilleros de las FARC volvieron a enfrentarse contra integrantes de las autodefensas en la inspección El Triunfo; en septiembre, miembros de las Auc y subversivos del frente 13 chocaron en la Vereda Aguas Claras de Albania, resultando muertos tres de los implicados en la acción.

En 2002 los enfrentamientos entre las fuerzas irregulares en Caquetá continuaron; el primero se registró en la vereda Las Playas de Paujil,

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entre integrantes del frente 14 y un grupo de las Auc; en marzo, el sector Yurayaco de Florencia fue escenario de un nuevo enfrentamiento; en mayo, los choques en el sitio La Novia de Curillo entre guerrilleros del frente 49 y las Auc dejaron 20 muertos y produjeron el desplazamiento masivo de campesinos hacia San José de Fragua; por último, en octubre en la Inspección Puerto Torres de Belén de los Andaquíes los enfrentamientos produjeron la muerte de trece integrantes de las Auc”22.

De acuerdo a las entrevistas de campo, el papel principal jugado por las antes AUC y ahora denominadas “bandas emergentes” se relaciona fundamentalmente con la infiltración de sus miembros en las áreas de población civil donde se concentra la comercialización de la producción de los cultivos de coca, convergiendo en las vías hacia los municipios de Solano, El Paujil, El Doncello y la Montañita, y haciendo muestras esporádicas de su presencia a través de panfletos, comunicados y amenazas contra la base social de las FARC en los cascos urbanos. Estas apreciaciones tienden a respaldarse en el aumento de homicidios selectivos tras el fracaso de los diálogos al interior de la zona de distensión en la que los sindicados como simpatizantes de los grupos de autodefensa fueron las principales víctimas. De acuerdo a los testimonios recogidos se han ubicado signos de presencia de las denominadas Águilas Negras en los municipios de Valparaíso, Solita, Milán, y las áreas rurales de San Antonio, y Zabaleta, así como del hasta ahora desconocido Bloque Antisubersivo Sur BAS en el municipio de La Montañita y sus zonas aledañas.

Durante el 2006 la prensa nacional reportó la captura de tres presuntos miembros de las AUC en el mes de Enero, quienes según el Ejército estaban cobrando vacunas a ganaderos y comerciantes del municipio de Florencia; la formulación de amenazas por parte de miembros de este grupo irregular a finales del mismo mes contra la periodista Olga Cecilia Vega, (quien en octubre de 2005, publicó en el diario estadounidense The New Herald una entrevista con el jefe guerrillero Raúl Reyes) en el mismo municipio; y el homicidio de una mujer de rasgos indígenas en el mes de abril, quien fue violada, degollada y posteriormente abandonada en un parque de la capital del departamento, que, por las características del hecho, ha sido atribuido por los habitantes de la región a los grupos emergentes como muestra de poder de los mismos.

En todo caso, vale mencionar que en el mes de Octubre, el Fiscal General de la Nación, Mario Iguarán Arana, informó que en el marco de la aplica• 99 •

22- Ibíd. Vicepresidencia de la República.

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ción de la Ley de Justicia y Paz, se presume la existencia de 250 fosas comunes en el departamento del Caquetá, cifra que o bien cuestiona la “insipiencia” de la presencia de las autodefensas en la zona, o por lo contrario, muestra el aterrador panorama de las dimensiones que el conflicto tiene en esta región y deja en el aire la pregunta por las cifras aportadas por las FARC durante los últimos años.

DINÁMICAS, TENDENCIAS Y PROYECCIÓN DEL CONFLICTO

23- Vicepresidencia de la República, Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH. Algunos Indicadores Sobre la Situación de Derechos Humanos en el Departamento del Caquetá. Marzo de 2005.

En términos geográficos la Cordillera Oriental, que delimita por el occidente al departamento del Caquetá, se constituye en uno de los ejes fundamentales de la estrategia de guerra de las FARC en el ámbito nacional. El propósito de esta agrupación guerrillera de consolidar su control para utilizarla como corredor de movilidad tanto militar como de comercialización de la producción cocalera, se complementa a su vez con la intención de aislar al centro y norte del país, del sur y los Llanos Orientales haciendo de esta zona un escenario estratégico para el desarrollo de sus actividades. Dentro del departamento son de especial importancia corredores como el de Balsillas, que permite a la columna Teófilo Forero moverse entre Huila y Caquetá a través de los municipios de San Vicente del Caguán y Neiva. Igualmente, es de alto valor estratégico para las FARC el llamado “corredor del Caguán” que atraviesa San Vicente y Cartagena del Chairá y conecta al departamento de Caquetá con los de Meta y Guaviare. En el sur occidente también se encuentra un importante corredor fluvial que conecta al Meta con Caquetá y Putumayo. Así mismo, el sur occidente de Caquetá hace parte del corredor que busca consolidar las FARC para obtener salida al Océano Pacífico desde los departamentos del sur, principalmente Meta y Caquetá, pasando por Huila, Cauca y Nariño. Finalmente, Caquetá es un punto neurálgico para la comercialización de la base de coca, pues a través de los ríos Caquetá, Apaporis y Orteguaza la guerrilla la saca hacia el Amazonas y de ahí hacia Brasil y Perú23.

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Estas características, así como la presencia histórica de las FARC en el departamento -lo que a su vez trae como consecuencia un grado importante de penetración en el tejido social, y en especial alrededor de la cultura del narcotráfico en la región- ha hecho del Caquetá un escenario extremadamente estratégico tanto para la planeación de sus actividades ilegales desde el sur hacia el resto del país, como para la financiación de sus procesos de expansión y fortalecimiento a través de los recursos obtenidos por medio del narcotráfico.

En este sentido, los intentos, tanto de autodefensas como por parte del Gobierno Nacional para generar acciones que disminuyan en control territorial de las FARC en el departamento del Caquetá (prácticamente en todos los niveles), se relacionan de manera directa con la búsqueda del debilitamiento de uno de los pilares fundamentales para el funcionamiento de este grupo insurgente en sus estructuras más profundas; más aún si se tiene en cuenta, como veremos a lo largo del resto de este documento, que la débil presencia institucional, sumada a las dinámicas de poblamiento del departamento, y la ausencia de posibilidades reales de generación de modos sostenibles de productividad, facilitan la permeabilidad del tejido social de dinámicas centradas en la ilegalidad como modo de sustento, y en este sentido, abren espacios bastantes amplios de maniobra para los grupos insurgentes.

En los últimos años, a pesar de los logros aparentes del Plan Patriota, a través del Plan Consolidación y la operación JM en materia de recuperación territorial, el Caquetá continúa siendo un epicentro fundamental del conflicto armado entre la insurgencia guerrillera y las fuerzas del Estado que, en todo caso no han logrado un repliegue real ni del poder armado, ni de las bases sociales de las FARC en la región.

Como veremos más adelante, el desconocimiento de la realidad que implica la infiltración del control de las FARC en los más profundos niveles de la sociedad civil y sus dinámicas socioeconómicas, han generado, contrario a lo que se desearía, el incremento de los niveles de vulnerabilidad de la sociedad civil como consecuencia de la política de Estado de Seguridad Democrática en esta región.

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El desborde de las acciones armadas contra la sociedad civil por parte de las FARC como demostración de su poderío en oposición a la imposibilidad real de las fuerzas del Estado para garantizar la seguridad de los habitantes de la región –en especial en las zonas rurales-, sumado a la dificultad para la autosostenibilidad de varios de los municipios que conforman el departamento del Caquetá en materia administrativa, y a la inexistencia de modelos productivos competitivos duraderos, hacen que esta zona del país, paulatinamente se haya venido convirtiendo en el escenario perfecto para el fortalecimiento de este grupo guerrillero en la región.

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II. Economías del Conflicto “Un grupo de familias cocaleras está trenzada en una pelea con la Policía de Caquetá por supuestos atropellos y destrucción de sus viviendas durante las jornadas de erradicación de cultivos ilícitos. Son 440 personas de las veredas Bella Vista, Mirador y La Cumbre, de San José del Fragua, en el sur de departamento.

Dejaron sus tierras durante 25 días argumentando ser desplazadas por el conflicto, pero ni el Comité Internacional de la Cruz Roja ni Acción Social las reconocieron como tales. De hecho, la responsable de la agencia estatal en Caquetá, Diana Carolina Tamayo, refutó que estas personas hubieran huido al casco urbano por el programa de erradicación manual, como lo dijeron. Según los campesinos, el 10 de junio el comandante departamental de la Policía, coronel José Ángel Mendoza, amenazó con judicializarlos si no se iban de las veredas. Entonces habría comenzado la romería hacia el pueblo y las seis personas que quedaron fueron capturadas. “Salimos por miedo a quedar en medio de confrontaciones con la guerrilla”, dijo Lina María García, de 26 años y madre de dos hijos. Ella tenía hectárea y media de coca en su finca en Bella Vista.

El episodio generó un debate en la Asamblea de Caquetá, que reclamaba por la falta de atención a las 88 familias. Tras la discusión, la Policía accedió a suspender temporalmente la erradicación para que los labriegos retornaran. A su regreso, hace casi un mes, los campesinos encontraron casas quemadas, saqueadas y animales robados. La Policía responsabilizó al fren• 103 •

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te 49 de las FARC y dijo que durante las operaciones hubo al menos tres hostigamientos. “Los erradicadores tenían sus alimentos y no tenían por qué robar”, dijo Mendoza y precisó que sus hombres quemaron laboratorios de coca y “no casas de pobres campesinos”. Precisó que, en todo caso, los hechos son investigados. Hoy, los cocaleros se reunirán en el polideportivo de San José de La Fragua para denunciar los supuestos abusos”24.

Una afirmación inicial: La economía del departamento del Caquetá se ha desarrollado, incluso en el marco de sus procesos de poblamiento, básicamente alrededor de la explotación desmedida de recursos naturales agotables, y en este orden ideas, sus ciclos demográficos y económicos (fluctuantes) han dependido históricamente de las bonanzas y agotamientos de un determinado producto.

En el departamento del Caquetá, como otros departamentos de la región sur oriental del país (Putumayo, Guaviare, Meta), los procesos activos de colonización en el siglo XX “se han producido por los movimientos migratorios generados por la primera violencia 1946-1962, la colonización dirigida, las bonanzas económicas legales e ilegales y la descomposición campesina en la región andina”. En primer lugar, la migración campesina correspondió a movimientos poblacionales forzados por la violencia partidista de 1946 a 1962 que produjo la expulsión de miles de familias campesinas desde las cordilleras y valles interandinos hacia el piedemonte y las zonas ribereñas, por otro lado, a través de las “columnas de marcha” campesinas y la colonización dirigida de 1955 a 1962, que aparecieron como respuesta de la población campesina a la decisión del Estado de controlar militarmente algunas regiones andinas consideradas como no sujetas al control bipartidista, denominadas “repúblicas independientes”, y finalmente a una serie de políticas destinadas a orientar los procesos de ocupación de estos territorios, mediante colonizaciones dirigidas u orientadas25.

24- El Tiempo, «Acusan a la Policía y esta a las FARC». Agosto 5 2006 25 - Vicepresidencia de la República: Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. «Panorama Actual del Suroriente Colombiano, Capítulo 1». Julio de 2001. < http://www.derechoshumanos.gov.co/observatorio/04_publicaciones/04_03_regiones/suroriente/index.htm> 26- Pineda Camacho, Roberto. «La Casa Arana en el Putumayo. El Caucho y el Proceso Esclavista». Revista Credencial Historia. Bogotá: Edición 160, Abril de 2003.

Así, los procesos de poblamiento y colonización del Caquetá han sido originados por migraciones de grupos humanos en busca de recursos naturales en tiempos de bonanza, a su vez agenciados por casas comerciales que desaparecieron una vez los precios internacionales de los productos caían o las condiciones de comercialización de sus productos se hicieron adversas frente a la competencia internacional, procesos que a su vez originaron la desaparición de gran parte de la población nativa26; adicional a los procesos de desplazamiento relacionados a la violencia partidista o políticas estatales de ocupación dirigida. En este orden de ideas, la mayor parte de la conformación demográfica del departamento, diferente a la población indígena nativa que sobrevivió a los ciclos de explotación, hoy día, es producto de la • 104 •

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permanencia de los colonos que se quedaron en la región esperando el surgimiento de nuevas bonanzas económicas y fuentes rápidas de enriquecimiento, por lo que de acuerdo a los estudios antropológicos que se han llevado a cabo en la región, no tienen un sentido de arraigo histórico con el territorio27.

Así las cosas, vale decir que la herencia principal de los procesos de colonización en el departamento, tanto del siglo XIX como de los primeros 60 años del siglo XX, consistió en una constelación de núcleos urbanos relativamente estables, que aunque desarticulados entre si y con una baja densidad poblacional, fueron la base de los procesos de consolidación demográfica posteriores28. Así como los procesos de ocupación del siglo XIX y primera mitad del siglo XX se generaron alrededor de la explotación de recursos naturales como el caucho, la quina, el canelo silvestre y el oro, y marcaron la historia y la evolución de esta región, la actual estructura territorial y poblacional es consecuencia directa de la dinámica de los procesos de colonización que se desencadenaron en la segunda mitad del siglo XX alrededor del cultivo y comercialización de la coca29 e incidentalmente del cultivos de amapola en los últimos 10 años30.

A partir de 1978 se registró una bonanza coquera que ocasionó que “la colonización avanzara más que en los 25 o 30 años anteriores” y que coincidió con un crecimiento notable de las guerrillas en el territorio.

“En el caso de la región del Caguán, como en muchas otras zonas rurales del país, a finales de la década del setenta y comienzos de los años ochenta, la producción, procesamiento y comercialización de la coca implicó la afluencia de aventureros, colonos, comerciantes, vendedores ambulantes y jornaleros, calculándose la existencia de una población flotante estimada entre un 30% o 40% de la población total. Esta situación llevó a la fundación de muchos pueblos y convierte la bonanza de la coca en una verdadera “revolución demográfica””31 .

“Con las bonanzas ilegales, la dinamización de las economías locales y las migraciones en busca de fortuna, se acentuaron la desorganización social, la delincuencia común y las contradicciones entre la guerrilla y los narcotraficantes en torno al control de las zonas productoras de coca”32, aspectos que, como hemos mencionado anteriormente, hicieron del departamento del caquetá y la región circundante una zona permanente de disputa entre narcotraficantes y grupos guerrilleros. Escenario que desde entonces y hasta ahora ha permanecido fluctuando especialmente en el recrudecimiento del conflicto y de la crisis humanitaria en la que viven los habitantes del al región.

El Plan de Desarrollo Departamental señala que los mayores problemas que aquejan el sector agrícola son precisamente, la baja productividad y la • 105 •

27- Ibid, Pineda Camacho, R. 28- Castro, Manuel Fernando; Aristizabal, Hugo; Palou, Juan Carlos. «Conflicto, Región y Desarrollo en el Suroriente Colombiano». Julio 1999. http:/ /indh.pnud.org.co/files/rec/expnsuroriente99.pdf 29- Ibíd. Castro, Aristizabal, Palou.

30- De acuerdo a la oficina contra la droga y el delito del Sistema de Naciones Unidas, durante el 2004 fueron detectadas 105 hectáreas de cultivos de amapola en el departamento del Caquetá, aumentando a 132 hectáreas para el 2005.

31- Ibíd. Castro, Aristizabal, Palou 32- Ibíd., Vicepresidencia de la República: Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. «Panorama Actual del Suroriente Colombiano».

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baja competitividad, lo que a su vez tiene como secuela el que los negocios del campo no generen los ingresos suficientes para hacerlos una alternativa atractiva (sostenible) frente a los cultivos ilícitos. La vocación campesina, alrededor del narcotráfico, “se ha visto asaltada por la rentabilidad de este negocio que, bien o mal, ha generado dividendos que han sido aprovechados por el común de la gente y que ha traído consigo el encarecimiento de la mano de obra para desarrollar las actividades propias del sector lícito del agro”33. Adicional a esta problemática, vale decir que de acuerdo a las entrevistas del trabajo de campo, los altos grados de acidez de la tierra (en gran parte ocasionada por las fumigaciones aéreas en la zona), hacen que en el departamento del Caquetá, los costos de producción de productos diferentes a los relacionados con el negocio del narcotráfico, resulten extremadamente altos y en este orden de ideas, su posibilidad de plantearse como alternativa viable, realmente sostenible frente al cultivo de la hoja de coca resulta, en términos reales, sea excesivamente bajo34.

33- Plan de Desarrollo del Caquetá: 2004-2007 «Por un Caquetá mejor». Pág. 21.

34- De acuerdo al DNP. El mayor aporte al PIB departamental en 2004, a precios corrientes, le correspondió a la actividad ganadera con 24,78%, agrícola con 8,82%, vivienda 4 %, y comercial 3%. Según registros del DANE, entre los meses de enero y diciembre de 2005 el sacrificio de ganado bovino en la ciudad de Florencia, sumó 26.805 ejemplares. Respecto a los porcinos, el degüello de 6.942 ejemplares mostró una variación anual de 5,4% respecto al 2004.

35- Las vías nacionales del departamento del Caquetá que hacen parte de la red vial de la Troncal Villagarzón–Saravena, la Transversal Neiva– Balsillas–Mina Blanca–Cruce ruta 85, y la Transversal Munchique–Popayán–Altamira–Gabinete– Florencia . Departamento Nacional de Planeación. «Información básica departamental: Caquetá». Enero 31 de 2004. Pág. 45.

36- Vicepresidencia de la República: Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. «Algunos Indicadores sobre la Situación de los Derechos Humanos en el Departamento de Caquetá». Marzo de 2005.

Adicional a los problemas de productividad y competitividad de la producción agrícola departamental, la incipiente red vial contribuye a que la producción de cultivos ilícitos se convierta en la mejor alternativa de generación de ingresos permanentes en el departamento35. Este aspecto, que puede tener como causa las difíciles condiciones geográficas impuestas por la espesura de la selva, conlleva a que los ríos de la región, con sus diferentes afluentes, terminen por constituirse en las principales vías de transporte y comunicación para los habitantes de la zona, lo que a su vez dificulta el control de la movilidad por parte de las fuerzas del Estado de los grupos irregulares, y permite inevitablemente, que estos sean aprovechados para la comercialización de la producción de cultivos ilícitos y la entrada ilegal de armas, municiones y pertrechos36.

Así las cosas, sumado a la poca disponibilidad de suelos para la actividad agrícola, la nula y casi inexistente integración de los cultivos lícitos existentes a los mercados nacionales o regionales, y la precaria presencia del Estado en materia de acciones efectivas que permitan la consolidación de un sector agrícola sostenible en el marco de la legalidad, • 106 •

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dificultan al extremo la vinculación de los colonos a la tierra, y en este sentido, a la producción de cultivos legales37. En este sentido, “desde una perspectiva histórica, es imposible desligar la vida reciente de Caquetá al nacimiento y desarrollo del negocio del narcotráfico, pues este fenómeno ha sido un determinante principal en la dinámica social y económica del departamento, así como en la dinámica de la confrontación”38.

De acuerdo a información recogida en campo, el 60% de los ingresos de la población campesina del departamento, provienen del cultivo o distribución de la coca, mientras un 40% proviene de la ganadería. Según los testimonios recibidos, durante los primeros años del siglo en curso, los cultivos de pancoger llegaron casi a desaparecer en el departamento a causa de esta tendencia, por lo que, incluso las FARC llegaron a tomar medidas al respecto, estableciendo un número mínimo de hectáreas cultivables con productos de pancoger como condición (forzosa) para el cultivo de hojas de coca por parte de los campesinos del departamento.

“En el departamento del Caquetá el cultivo de coca alcanzó el máximo de 26.000 hectáreas en 2000 o el 16% del total del país. Después de una intensa aspersión aérea que comenzó en 1996 con 537 hectáreas y llegó a su máximo con 18.600 hectáreas en 2002 el cultivo de coca disminuyó. En 2005, el cultivo de coca está en su nivel más bajo con 4.990 hectáreas, que representan el 6% del total del país”39.

Como se observa en las gráficas, con la implementación de las aspersiones aéreas y de las jornadas de erradicación manual de cultivos ilícitos, llevadas a cabo por el gobierno nacional en la región, y especialmente en los períodos • 107 •

37- Vicepresidencia de la República: Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. «Panorama Actual del Suroriente Colombiano, Capítulo 1». Julio de 2001.

38- Vicepresidencia de la República: Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. «Algunos Indicadores sobre la Situación de los Derechos Humanos en el Departamento de Caquetá». Marzo de 2005. Pág. 2.

39- Naciones Unidas, Oficina contra la Droga y el Delito. Colombia: Monitoreo de cultivos de coca.

Junio de 2006.

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1998-1999 y 2001-2002, el departamento del caquetá ha presentado una reducción del 81% de hectáreas de cultivo de uso ilícito, con respecto a su punto más alto en el 2000.

Esta disminución ha redundado de manera significativa en las condiciones de vida de los campesinos de la región dedicados al cultivo de la coca, no solo en tanto el recrudecimiento de las acciones armadas por parte de las FARC como retaliación frente a los intentos de erradicación con su correlato en el aumento del pié de fuerza de las Fuerzas Armadas, sino también por el incremento de desplazamientos masivos -incluso de comisarías completas (como en los casos de la Unión Peneya y Peñas Coloradas en el 2004)mediados a su vez, en parte por las amenazas de las FARC (según las fuentes oficiales), pero también por el temor a la judicialización de los cocaleros por parte del Estado.

40- Entrevista al equipo de la pastoral social en el municipio de Florencia

“el problema, más que sustitución de cultivos en caquetá, radica en la sustitución de ingresos, porque por las condiciones de la región dificultan mucho que alguien pueda obtener ni la mitad de lo que la coca da (…) las condiciones de las vías tampoco permiten que si alguien decide cultivar algo distinto se pueda comercializar a costos medianamente rentables, por lo que, así haya erradicaciones, haya militarización en la zona, e incluso haya propuestas productivas desde el gobierno, los campesinos siguen cultivando. Así sea poquito, sigue dándoles más que si cultivaran otra cosa”40

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“aquí creyeron que la coca nunca se iba a acabar y en lugar de diversificar, se centraron en cultivar sin generar otras fuentes de ingreso (…) eso los campesinos, porque los narcos duros lo que hicieron fue invertir por fuera (…) por las condiciones de la tierra, aquí no es mucho en lo que se pueda invertir” 41

Frente a este estado de las cosas, el empobrecimiento de los habitantes de la región que vieron en la bonanza de la coca una oportunidad productiva con dividendos importantes, ante la incapacidad real de generar proyectos alternativos de cultivos de uso lícito, es tal vez uno de los mayores problemas que ha venido afrontando el departamento en los últimos años. Aspecto que, adicional a los mencionados en el capítulo anterior, favorece la inserción de los grupos armados irregulares en el tejido social de la región al ser, a la larga la única alternativa medianamente rentable para la supervivencia de las familias campesinas en la región.

“Aquí no hay narcotráfico, aquí hay productores de coca, que es bien distinto”42

Adicional a esta situación, vale decir que en general las bonanzas económicas, como la ocasionada con de la producción de coca, “han distorsionado las relaciones de precios (…) permitiendo la fuga de recursos que no generan efectos distributivos equilibrados sino que han producido una distribución de la riqueza singularmente desigual y una ineficiente asignación de los recursos”; en especial porque estas regiones escapan ampliamente a las instituciones estatales y padecen de infraestructuras insuficientes43. En este contexto de inestabilidad demográfica y económica permanente e histórica, existe una dificultad importante para que los pobladores del Caquetá generen o desarrollen capacidades suficientes para llevar a cabo ejercicios de planeación económica y social sostenibles, para la conformación de identidades, modelos de arraigo y consensos, o de entidades territoriales autónomas, viables y sostenibles capaces de responder a las necesidades de su población, defender sus derechos y dar solución a conflictos internos.

Al analizar las ejecuciones presupuestales 2000-2003 de cada uno de los municipios del departamento, se encuentra que estos dependen en promedio, en un 65,4% de los recursos de Transferencias del Sistema General de Participaciones –SGP- y que el peso de sus ingresos propios no sobrepasa el 15% de los mismos44, dependencia que, en la actual situación que vive el país, pone en juego su viabilidad como entidades territoriales ante la desaparición o reducción de estas fuentes de financiación.

Para 2005, el Informe de la Situación Financiera y Resultados de la Contaduría General de la Nación reveló que las transferencias, por valor de $220.824,7 millones, constituyeron el 63,5% de los ingresos totales de las entidades del departamento, divididas de las siguiente forma: a. Las del • 109 •

41- Entrevista a funcionario de la alcaldía del municipio de La Montañita 42- Entrevista al equipo de la pastoral social en el municipio de Florencia 43- Castro, Manuel Fernando; Aristizabal, Hugo; Palou, Juan Carlos. «Conflicto, Región y Desarrollo en el Suroriente Colombiano». Julio 1999. Pág. 15. <.http://indh.pnud.or g.co/files/r ec/ expnsuroriente99.pdf> 44- Impuesto Predial e Industria y Comercio principalmente)

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Sistema General de Participación, por $168.451,4 millones, donde aproximadamente el 80% de los mismos fueron destinados a la Gobernación del Caquetá, y los municipios de Florencia y San Vicente del Caguán; y b. Las Transferencias Corrientes del Gobierno General por un valor de $47.420,5 millones, destinados en gran parte al Instituto Departamental de Salud del Caquetá45.

Esta excesiva dependencia de los recursos de la nación, mediada, en gran parte por una incapacidad sustantiva para la generación de recursos propios por parte de los municipios, que a su vez se relaciona estrechamente con la inexistencia de infraestructuras industriales o agrícolas productivas y el estado de pobreza relativa de sus habitantes, hace que la capacidad de inversión de los propios municipios en políticas locales sea extremadamente reducida, y en algunos casos prácticamente nula. En este sentido cabe la pregunta: ¿Cómo un municipio que depende una economía ilegal, puede generar recursos para atender las necesidades de los habitantes de la región por fuera de las inversiones prioritarias en SGP? De acuerdo a varios analistas financieros46, la inviabilidad administrativa de estos municipios, dificulta de manera significativa la posibilidad de implementación de políticas locales que permitan el mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes de la región, y en este sentido, frente a las dificultades de inversión en el ámbito regional y nacional47, hacen vulnerables a estas estructuras frente a los procesos que históricamente los grupos ilegales han venido desarrollando en el departamento en materia de inserción en el tejido social, incrementando sus posibilidades de control social, no solamente desde su poderío armado, sino desde la inclusión de alternativas productivas que con el acompañamiento del componente armado, desarrollan dinámicas económicas, incluso en el marco de la legalidad (por los productos generados) que fortalecen su asentamiento. Claro ejemplo de dicha dinámica se encuentra en los testimonios recogidos en el trabajo de campo que señalan que los atentados contra la planta procesadora de la empresa NESTLE, así como la incineración de camiones de leche presentados en el 2006 corresponden a la búsqueda de las FARC de establecer una cooperativa lechera en la región que permita recuperar parte del terreno perdido en su base social.

45- Contaduría General de la Nación. «Situación financiera y de resultados a 31 de diciembre de 2005: Caquetá». 2006. Pág. 10.

46- González, M. Las Transferencias en Colombia, la encrucijada entre las necesidades del país y la supervivencia de municipios no viables. Casa editorial Catalejo, Febrero de 2007.

47- Estos aspectos serán revisados con mayor cuidado en el capítulo IV del presente informe.

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III. Crisis Humanitaria y Desplazamiento Forzado.

“La mañana del 5 de abril del 2004, Rafael Martínez recibió en su negocio de Peñas Coloradas (Caquetá) la visita de uno de los hombres de ‘Fabián Ramírez’, el jefe del bloque sur de las FARC. Llegó corriendo con el fusil al hombro y golpeando de puerta en puerta con la culata del arma. Lo propio hizo en el mostrador del bar de Rafael y le gritó: “Compadre, tiene cuatro horas para salir de aquí. Llévese lo que alcance a empacar”. La misma advertencia recorrió las cuatro calles del estrecho caserío de 2.500 habitantes, contando comerciantes, prostitutas y raspachines ocasionales. Hombres, mujeres y niños se embarcaron en lo que pudieron y cogieron río Caguán arriba, hacia Cartagena del Chairá y San Vicente del Caguán.

Así lo recuerda Rafael en un hogar de paso en Bogotá, donde lleva 34 meses como desplazado. “La guerrilla nos gritaba que venía el Ejército y nos iban a matar a todos o nos iban a capturar por negociar con coca. Todo quedó allá”. (…) Él, su mujer y sus cuatro hijos se encontraron con otra realidad. Pasaron de negociar hasta una libra de arroz con base de coca y tener televisor de pantalla plana, antena satelital y pantalones de hasta 300 mil pesos, a dormir en un hogar comunitario y vestirse con solo dos mudas de ropa. “Todo quedó en la casa. Nos dicen que hubo unos saqueos, pero en mi casa como que todavía está todo tal cual lo dejamos”, señala con tristeza. Como la casa de Rafael están todas las del pueblo. A través de las ventanas se ve la maleza creciendo en las salas y los solares.

Las discotecas, que manejaban hasta 30 millones de pesos de producido en un fin de semana, aún tienen las botellas de cerveza tiradas en el piso. El tiempo y la lluvia también han hecho de las suyas. Los únicos que se pasean por las calles

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son los soldados de la Brigada Móvil 22 que entraron en ese abril del 2004 con el Plan Patriota.

Hasta las casas de ‘Fabián Ramírez’ y la extraditada ‘Sonia’ están desmontadas. Y sobre la coca que supuestamente quedó enterrada en el suelo de Peñas Coloradas, Rafael dice que “es puro delirio”, porque todos botaron el polvo blanco al río Caguán antes de irse. “Si no era para nosotros, no era para nadie”, asegura. Pero él cree que algún día retornará a su pueblo. “Si no lo hemos hecho es porque nos da miedo de que la guerrilla nos mate y dicen que el Ejército no se va a salir de ahí y eso nos convierte en un objetivo militar”, señala. Precisamente, el pasado 27 de junio una comisión encabezada por la Asociación de Desplazados de Peñas Coloradas volvió al caserío para planear el retorno, pero hasta ahora no se ha hecho efectivo.

Sobre lo que había en el pueblo y supuestamente ya no lo hay, el Ejército asegura que a su llegada no hubo un inventario y los primeros en entrar a Peñas fueron los hombres del grupo Jungla de la Policía.

La misma situación se vive en La Unión Peneya, un caserío de La Montañita, que queda al otro lado del Caguán. La advertencia de las FARC llegó el 31 de diciembre del 2003 y para el 4 de enero solo quedaban 10 familias de los 2.300 habitantes que había. (…) Pero el caso de este pueblo ha sido más dramático aún. Doña Gloria Villalba, quien consiguió educar a sus hijos con el producto de la coca, cuenta que han intentado en tres oportunidades regresar a La Unión. Las FARC les han advertido a través de milicianos que el que vuelva, se muere. En algunas casas aún se mantienen los adornos navideños de ese 2003 y otras viviendas fueron saqueadas y literalmente agujereadas por los guaqueros que buscaban coca y dólares enterrados”48.

HOMICIDIOS Y SECUESTROS:

48- El Tiempo, Los Pueblos Fantasmas del Caquetá. Diciembre 28 de 2006

De acuerdo con el Observatorio de DDHH y DIH de la vicepresidencia de la república, durante el período 2000-2004, los homicidios en el Caquetá estuvieron por encima de la tasa nacional. Durante el 2001 se presentaron 345 casos, casi duplicándose para el 2002 con 618. Para el año siguiente, la cifra presenta una disminución importante al llegar a 345 casos y nuevamente, en 2004 se presenta un crecimiento del número de homicidios con 380 casos.

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Según el Observatorio, “las tasas departamental y nacional muestran tendencias diferentes, ya que, mientras la tasa nacional tiende a la baja a lo largo del periodo considerado, la tasa de homicidio de Caquetá presenta una tendencia creciente en los tres primeros años analizados” 49 En los dos años siguientes, la tendencia hacia el aumento de homicidios en el departamento continúa, reportándose 405 casos en 2005 y 465 en el 2006, lo que representa un incremento del 15% en el último período analizado50.

Para el año 2006, el municipio de Solita aparece reportado como uno de los 10 municipios con mayor número de homicidios en todo el país.

De acuerdo a las fuentes oficiales, alrededor del 45% de las muertes fueron producto de los combates registrados en la zona, entre miembros del Ejército y guerrilleros de las FARC. De acuerdo a las entrevistas realizadas durante el trabajo de campo, el estrepitoso aumento del número de homicidios reportados durante 2002 estaría estrechamente relacionado con las retaliaciones efectuadas por las FARC ante la movilización de alrededor de 7000 soldados por parte del gobierno nacional hacia la Zona de distensión en la búsqueda de recuperar militarmente el control sobre la zona, así como al desarrollo de una serie de asesinatos selectivos sobre miembros de la población civil que, en el marco de los diálogos de paz, habrían desarrollado acercamientos con los grupos de autodefensa que buscaban penetrar en el departamento. Por otro lado, llama la atención que el crecimiento sostenido del número de homicidios en la región en el período 2004-2006 corresponda al período específico del implementación del Plan Patriota en la región, tendencia que nuevamente ratifica al departamento del Caquetá como uno de los epicentros del conflicto interno armado en el país mediado, en gran parte, y como hemos mencionado en capítulos anteriores por su condición estratégica tanto en términos geográficos, como en términos financieros para los grupos irregulares.

Vale mencionar que duran el año 2005, el 39% de los asesinatos cometidos a nivel nacional contra concejales, ocurrieron en los municipios de El Paujil, Puerto Rico y San Vicente del Caguán, homicidios que en su totalidad fueron atribuidos a las FARC. • 113 •

49- Programa presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario-Vicepresidencia de la República. Vicepresidencia de la República, Algunos Indicadores Sobre la Situación de Derechos Humanos en el Departamento del Caquetá. Marzo de 2005.

50- Programa presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario-Vicepresidencia de la República. Vicepresidencia de la República, Situación de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Diciembre 2006.

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Así mismo, el 90% de los secuestros cometidos en el departamento durante el año 2005 (27) y la totalidad de los cometidos durante el 2006 (23) fueron atribuidos a este grupo irregular. De acuerdo al trabajo de campo en la región, llama la atención que las comprensiones alrededor de la reducción del 15% de casos de secuestro entre un año y otro, se relacionan, más con la disminución sustantiva de los recursos de los habitantes de la zona como consecuencia de las políticas Estatales de erradicación de cultivos ilícitos, que con el incremento de la presencia de las fuerzas armadas en la región.

Finalmente, vale la pena decir que, de acuerdo a las cifras presentadas por la vicepresidencia, en el año 2000 se presentaron 59 plagios en el departamento, 66 en 2002, y 13 en 2004. Durante este período, los municipios más afectados en este tema fueron Florencia, El Doncello, Puerto Rico y San Vicente del Caguán.

MASACRES: De acuerdo a los documentos oficiales y a las entrevistas realizadas, el mayor número de masacres desarrolladas en el departamento se llevaron a cabo durante la entra de las AUC al departamento en el año 2000, en el marco de su estrategia militar para amedrentar, desplazar o neutralizar la base social que había consolidado las FARC durante los años anteriores. Estrategia que, como mencionamos en capítulos anteriores, a su vez encontró un escenario bastante favorable en el marco de la Zona de Distensión que, de alguna manera, obligó a este grupo guerrillero a no realizar acciones contra las autodefensas en la zona, por lo menos hasta el año en que esta fue definitivamente levantada.

Durante el año 2006 se presentó una masacre, llevada a cabo por las FARC en el municipio de Puerto Rico. Allí fueron asesinadas nueve personas, entre ellas dos mujeres y un menor de edad.

MINAS ANTIPERSONA: De acuerdo al balance 2006 de DDHH de la Vicepresidencia de la república, durante el 2006 se presentaron 85 eventos relacionados con minas antipersonales, cifra que representa el 6% del total nacional. De acuerdo a este documento, el 49% de estos eventos, corresponden a casos de desminado militar, el 44% a incautación, el 6% en sospechas por campo minado y el 1% restante en producción de minas, municiones abandonadas sin explotar y desplazamientos forzados.

Sin embargo, varias de las personas entrevistadas durante el trabajo de campo reportan la existencia de campos minados que al parecer, podrían haber • 114 •

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sido sembrados por las Fuerzas Armadas, en zonas aledañas a los caseríos de la Unión Peneya y Peñas Coloradas como mecanismo de protección frente a las posibles acciones de las FARC. Aunque al momento de publicación de este documento no existen pruebas suficientes para realizar este señalamiento como una afirmación taxativa, en todo caso no deja de llamar la atención lo reiterativo del comentario por parte, tanto de líderes desplazados, como, incluso por parte del algunos funcionarios públicos del municipio de La Montañita que hacían referencia a quejas y temores por parte de personas desplazadas de la Unión Peneya frente a su posible proceso de retorno.

CIFRAS DESPLAZAMIENTO

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Durante el período 1999-2006, el departamento del Caquetá recibió, de acuerdo a las diferentes fuentes, entre 45.000 y 76.000 personas desplazadas, siendo los municipios de Florencia, Puerto Rico y San Vicente del Caguán quienes presentan mayores índices de recepción tanto en materia de declaraciones recibidas (40.143, 1.894 y 1.566, respectivamente), como en términos de las cifras que buscan incluir el subregistro de aquellas personas que bien no declararon, o fueron rechazadas por el Sistema Único de Registro del gobierno nacional (52.590 en Florencia, 2.808 en San Vicente del Caguán y 2.257 en el municipio de Puerto Rico). Así mismo, según las declaraciones recibidas por Acción Social, el departamento expulsó 103.957 en el mismo período, siendo Puerto Rico, Cartagena del Chairá y San Vicente del Caguán quienes presentan mayores cifras a este respecto (14.450, 12.794 y 12.428). Desde un nivel de análisis elemental, llama la atención el hecho que el municipio de Puerto Rico expulsó casi 6 veces el numero de personas que aparecen registradas como recibidas.

De acuerdo a las cifras presentadas por Acción Social a Marzo de 2007, la mayoría de casos de desplazamiento forzados en el departamento, tanto en materia de recepción como de expulsión, se presentaron en el año 2002.

Año en el que se dio por terminada la Zona de Distensión.

Sin embargo, de acuerdo a las cifras arrojadas por el Sistema de Información y Seguimiento al Desplazamiento Forzado SISDHES de CODHES, se presentó un incremento aún más significativo en materia de desplazamiento en el año 2004. Año en el que da inicio el Plan Patriota implementado por el Gobierno Nacional como parte de su política de Seguridad Democrática.

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La distancia entre las cifras reportadas estas dos fuentes, encuentra su explicación fundamentalmente en las entrevistas realizadas durante el trabajo de campo, donde en varias ocasiones, las personas y organizaciones consultadas explican que dicho desplazamiento fue ocasionado, precisamente como efecto del significativo aumento de la presencia de las fuerzas armadas en la región, en gran parte por el temor de las represalias que los grupos irregulares pudiesen llegar a generar como respuesta a la militarización del Caquetá, pero a su vez, por el temor de varias de las comunidades a ser judicializados por parte de las fuerzas armadas al tener en los cultivos de uso ilícito, como mencionamos en el capítulo anterior, su principal fuente de sustento. Desplazados que, tanto por la normatividad existente sobre el tema, como por la no presentación de declaraciones ante las entidades competentes para el registro, no llegan a aparecer nunca en las cifras del Sistema de Registro del Gobierno Nacional.

Este tipo de desplazamientos, aunque en menor proporción a los ocasionados por la entrada masiva de fuerzas del Estado en el departamento, aún para el año 2006 se siguieron presentando. Sin embargo, a pesar de esta tendencia, en todo caso existen múltiples versiones adicionales que explican estos desplazamientos como efecto de amenazas por parte de las FARC contra la población civil como respuesta a los procesos de erradicación manual y aspersiones aéreas que acompañaron la entrada de las fuerzas armadas como parte de la misma política de seguridad.

“El mismo comandante de la Policía en Caquetá, coronel José Ángel Mendoza, aseguró que el desplazamiento se debe a una advertencia de las autoridades. “Están chillando porque iniciamos la erradicación. Yo les dije: ‘O erradican o los judicializo’, y decidieron marcharse (…)

Una versión indica que el desplazamiento fue motivado por una amenaza del ‘frente 49’ de las FARC, que los habría obligado a salir de sus veredas como mecanismo de presión ante la erradicación de cultivos ilícitos”51.

“Estas movilizaciones son voluntarias y tienen por objeto evadir una condición legal, ante la llegada de los grupos de erradicación. Sin embargo, una vez las fumigaciones y procesos manuales terminan, esta población vuelve a sus territorios”52.

De acuerdo a las cifras reportadas por el SISDHES, en el año 2005 fueron desplazadas 1609 personas como consecuencia de las fumigaciones aéreas y los procesos de erradicación manual de cultivos ilícitos en el departamento del Caquetá, en muchos de los casos, • 117 •

51- El Tiempo. Cocaleros huyen por erradicación.

Junio 22 de 2006.

52- Entrevista Equipo Pastoral Social Municipio de Florencia.

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de zonas rurales aledañas a los municipios receptores. En este orden de ideas, tanto estas cifras, como las reportadas en el seguimiento anual del desplazamiento forzado en la región, nos ubican en un punto neurálgico del debate sobre la situación del Caquetá: Si bien es cierto que ambas

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versiones coexisten de manera permanente en los relatos de los habitantes de la región, con una particular diferencia entre las fuentes oficiales del Estado y lo relatado por los líderes sociales de las comunidades, especialmente en lo referente a las razones del desplazamiento forzado en el departamento y sus responsables (las fuentes oficiales reportan como causante principal del desplazamiento a las FARC mientras las organizaciones, aún cuando reconocen el papel de dicho actor irregular en las dinámicas de desplazamiento, también ubican las políticas de Estado en materia de Seguridad Democrática como una de las causas principales para el mismo).

“Por otra parte, el departamento de Caquetá mostró (un) incremento en el número de personas desplazadas, pasando de 13.435 en 2005 a 15.936 en 2006. Los municipios que más población expulsaron fueron San Vicente del Caguán (2.946 personas), Cartagena del Chaira (2.201 personas), Puerto Rico (2.093 personas) y Florencia (1.755 personas), presentándose en todos incrementos superiores a 30%, con excepción del segundo, donde se redujo en 14%, con respecto al 2005. En estos municipios, la columna móvil Teófilo Forero y el frente 3 de las FARC intentan recuperar su presencia y dominio territorial después del debilitamiento que sufrieron por el incremento de la Fuerza Pública en la región en el marco de la operación JM”53.

Por otra parte, durante el 2006, el departamento recibió entre 6.929 y 9.023 personas desplazadas, continuando con la tendencia que ubica a los municipios de Florencia, Puerto Rico y San Vicente del Caguán como los mayores centros de recepción, con 5.588, 576 y 399 desplazados según la información reportada por Acción Social, y 3.817, 508 y 494 según el SISDHES de CODHES. Así mismo, durante este período, fueron expulsadas 18.283 personas del Caquetá; casi el doble de la población recibida, siendo Puerto Rico (3.444 • 119 •

53- Programa presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario-Vicepresidencia de la República. Situación de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario.

Diciembre 2006.

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personas expulsadas), San Vicente del Caguán (3.017), Cartagena del Chairá (2.330) y Florencia (2.241) los principales municipios expulsores. A excepción del municipio de Florencia, por lo menos en lo correspondiente a los 4 municipios con mayores cifras de expulsión, la proporción entre personas expulsadas y personas recibidas es en promedio de 5 a 1, siendo el caso de San Vicente del Caguán el más estrepitoso de todos con una proporción de casi 10 personas expulsadas por cada recibida.

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LA UNIÓN PENEYA Y PEÑAS COLORADAS, DOS ETERNOS RETORNOS: “Unos 5.000 habitantes de esos caseríos, en los que esa guerrilla se movía a sus anchas antes del Plan Patriota, llevan más de dos años desplazados. Tres intentos de retorno han fracasado.

“Cuando Rodrigo Candelo regresó a Peñas Coloradas, el pueblo donde vivió 20 años y en el que se casó, construyó su casa y tuvo nueve hijos, no pudo contener las lágrimas. Fue el 27 de junio pasado, dos años y dos meses después de que salió, como la mayoría de los 2.500 habitantes de ese caserío de Cartagena del Chairá, por el inicio de los combates del Plan Patriota en uno de los ‘santuarios’ de las FARC en el Caquetá. (…)Desde abril del 2004 allí no vive nadie. Y Candelo, que en los 80 llegó de Corinto (Cauca) a probar suerte en un pueblo que nació y creció a la sombra de la coca, preside hoy la Asociación de Desplazados de Peñas Coloradas. Ahora, con una comisión de la que for-

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maban parte militares y gente de la Presidencia, volvió a la zona para empezar a organizar cómo sería el retorno.

Pero la cosa no pinta fácil.

El pasto crece dentro de las viviendas semidestruidas.

Hay casas quemadas y otras sin techo. Las puertas están de par en par y los enseres que dejaron sus habitantes no aparecen. Incluso hay señales del paso de guaqueros que buscan la plata y la coca que, según se dice, las FARC tienen escondidas por todo el Caquetá. Algunos acusan a los soldados por las pérdidas. El Ejército niega cualquier responsabilidad y dice que nunca hubo un inventario de las viviendas, que inicialmente fueron controladas por la Policía Antinarcóticos. Lo cierto es que el centro de salud ya no tiene camillas ni dotación y que de la escuela quedó apenas el local. Salvo por la iglesia, tal vez el único lugar que aún se conserva intacto, Peñas Coloradas es un pueblo en ruinas. (…) Candelo recuerda que la Junta de Acción Comunal tenía tres volquetas, una retroexcavadora, una Fotografías misión de verificación a la Unión Peneya. plaza de toros y hasta un Funcionarios Municipio de la Montañita, Feb 2006. criadero de reses de casta. Después de ver pasar montones de dólares en deslizadores y del derroche y los lujos que se pagaban con las ventas de coca que se instalaban en plena plaza principal de Peñas, hoy sus habitantes solo ven pasar miseria. Unas 68 familias están en el casco urbano de Cartagena. Viven en las antiguas instalaciones del Sena y otros, en un albergue provisional.

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Oswaldo Patiño, también desplazado, recuerda los tiempos de la bonanza: “Era el dueño de unas residencias. En el pueblo había ocho hoteles y se estaba construyendo otro, de casi 70 millones de pesos”. Ahora duerme en un refugio en el que los cuartos están divididos por costales.

La gente salió también hacia otros municipios, como La Montañita, Paujil, Doncello, Puerto Rico, San Vicente del Caguán y la misma Florencia. Su situación es tan difícil que decenas de familias están listas a emprender el camino de vuelta, aunque sepan que el fulgor de la coca es cosa del pasado por la llegada de la Fuerza Pública.

De hecho, entidades como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y Codhes no están convencidas de que haya condiciones para retornar a ciertas zonas de conflicto.

El proceso apenas comienza y hay quienes temen que la historia termine igual que en Unión Peneya, el otro caserío fantasma del Caquetá. (…) El 4 de enero del 2004, con las operaciones del Plan Patriota, llegó el Ejército a La Unión Peneya, un caserío de La Montañita pero no encontraron a nadie. Días antes, por presión de las FARC, los 2.500 habitantes lo abandonaron todo y cogieron selva adentro. Cuando la tropa entró se encontró con un cuidado cementerio de la guerrilla y muchos de los vales que, firmados por José Benito Cabrera (‘Fabián Ramírez’, uno de los jefes del ‘Bloque Sur’), eran la plata que valía en esa parte del país. Tras el repliegue de los subversivos por las operaciones militares, el retorno a La Unión Peneya se ha intentado en tres oportunidades. La primera vez fue hace dos años, pero hasta hoy no hay un alma en ese pueblito de casas de madera cerradas por fuera con oxidados candados.

Aprovechando la soledad, muchas de ellas han sido saqueadas por los buscadores de ‘guacas’ de la guerrilla. Hoy el proceso de retorno está estancado y las familias, dispersas en San Vicente del Caguán, La Montañita, Florencia y hasta por fuera del Caquetá.54

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54- El Tiempo, Antiguos santuarios de las FARC en Caquetá aún solos Jul 18 2006

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Básicamente, sobre el tema existen dos versiones: La primera, la oficial, que relata que los habitantes de la inspección de Policía de la Unión Peneya fueron desalojados de sus viviendas por amenazas proferidas por miembros de las FARC contra los miembros de la población civil de dicho caserío. La segunda, la que relata que en realidad este fue un “desplazamiento preventivo” por parte de las FARC ante la decisión de generar acciones armadas contra las fuerzas militares que habían decidido asentarse allí, y que a su vez este estuvo mediado por el temor a la judicialización de muchos de sus habitantes en tanto esta zona era un área importante de comercialización y acopio de la producción de los cultivos de coca de la región.

Ambas versiones coinciden en que para el 4 de enero de 2004 los habitantes de la Unión Peneya se encontraban en un proceso de desplazamiento masivo en el que para el final del mes ya no se encontraba nadie en el caserío. La realidad concreta, que trasciende las versiones nos demuestra que para inicios de 2007 esta comisaría se encontraba en un estado extremadamente deplorable. Que de la iglesia en adelante, todos los espacios habían sido víctimas de “guaqueros” en busca de las caletas de coca o de dinero que se supone habían escondidas.

La versión oficial afirma que los daños que sufrió el caserío eran consecuencia de actos de vandalismo y acciones terroristas emprendidas por las FARC. Las otras versiones culpan al Ejército tanto de los daños ocasionados por la búsqueda de “guacas” como por los actos de vandalismo cometidos contra viviendas, vehículos, e incluso la escuela, que al momento de los primeros retornos se encontraba en un estado deplorable, y con muestras claras, como en el caso del laboratorio de química (foto No2 de la página anterior), de haber sido destruidos deliberadamente.

Las versiones oficiales afirman que el retorno se está llevando a cabo porque las condiciones de seguridad para que este se dé se están dando de manera adecuada. Las otras versiones sostienen que tiene que ver más con el cansancio frente a la inasistencia del Estado de los desplazados de este caserío, que, en muchos casos ha hecho que en los tres años que ha durado esta situación varias familias no hayan recibido ningún tipo de ayuda humanitaria.

Mas allá de las versiones, la realidad es que para cubrir las necesidades básicas que requeriría la Unión Peneya para ser habitable, se necesita alrededor de $ 2.940.millones de pesos para ser empleados en el ajuste de medidas de saneamiento básico y agua potable, la adecuación de un botadero de basura, la recuperación de las baterías sanitarias en la Escuela, el colegio y el internado, así como la reconstrucción y re-dotación mínima de los mismos, la reconstrucción de los escenarios deportivos, la generación de actividades para los jóvenes que regresen al caserío, la generación de soluciones en construcción o reconstrucción y mejoramiento de viviendas, la re• 124 •

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construcción de la estación de policía y el equipamiento municipal necesario para su adecuado funcionamiento administrativo, y la adecuación de vías de transporte entre otras55.

Cifra bastante elevada, si se tiene en cuenta la situación, en materia de inversión que históricamente ha vivido el departamento del Caquetá, y más aún municipios tan pequeños como el de la Montañita. Sin embargo desde todas las instancias se llevan a cabo esfuerzos importantes para hacer de esta iniciativa un proyecto viable y sostenible para responder a una de las situaciones más críticas del departamento en materia humanitaria.

Las versiones oficiales afirman que el Ejercito realizó un barrio de minas antipersona en la zona y que este ya ha sido certificado; que la gobernación entregó inicialmente 300 colchones y una remesa de mercado; que en el mes de febrero Acción Social Caquetá desarrolló una caracterización de las personas que habrían de efectuar el proceso de retorno y cursó los recursos para generar subsidios en mejoramiento en vivienda para reparar los daños con la colaboración de la OIM, y que incluso la UAO de Florencia prestó apoyo institucional.

Más allá de las versiones, o incluso sobre la base de las mismas, el hecho es que tanto la Unión Peneya como Peñas Coloradas son casos emblemáticos de lo que sucede en el Caquetá en materia de situación humanitaria. Son la muestra viva de la encrucijada que vive la población civil entre el control territorial y financiero de las FARC en la región -sumado a las dinámicas propias de las zonas de cultivo de uso ilícito- y la apuesta del Estado Colombiano por recuperar militarmente los terrenos que durante muchos años había tenido olvidado en términos sociales, sin tener, necesariamente en cuenta, las dinámicas que tanto la presencia histórica de las FARC, como de los cultivos de coca generan en la cotidianidad de los habitantes de la región.

Lentamente se han venido dando pasos importantes, especialmente desde la preocupación de los niveles municipales e incluso el departamental. Habrá que esperar que en lo nacional, no se tomen decisiones equivocadas que redunden en nuevos desplazamientos masivos como los de estos dos caseríos, y que, por lo contrario, los procesos de retorno “una vez se cumplan los protocolos necesarios” logren el éxito que deberían. Más que por la importancia de la reafirmación institucional de las acciones del Estado en esta zona, por la importancia que tiene la recuperación de una vida digna para los habitantes de la región.

55- De acuerdo a los documentos aportados por la Secretaría de Planeación del municipio de La Montañita, de donde es subsidiaria esta inspección de Policía.

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IV. Respuesta del Estado: Políticas Públicas Para la Atención a la Población Desplazada Durante 2006, a través de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional se asignaron un total de USD 2.600.388,77 y 181.167,59 •, para el departamento del Caquetá56, donde cerca de un 63% correspondieron a recursos de cooperación internacional, mientras un 37% a contrapartidas de la Nación. La mayor parte de los recursos (USD 2.365.580,68 y 173.913,04 •) fueron destinados al programa de Operación Prolongada de Socorro y Recuperación; así como a programas de erradicación y monitoreo de cultivos ilícitos a través del Programa de Familias Guardabosques. A través de dichos programas, se buscó dar asistencia económica a las familias interesadas, desestimular el cultivo la de coca para reemplazarla con productos alternativos como cacao, caucho, miel, entre otros; y establecer mecanismos de monitoreo en áreas de cultivos ilícitos con el fin de verificar el cumplimiento de las metas de erradicación formuladas por el nivel nacional.

De acuerdo a la oficina en Caquetá de Acción Social, en materia de reactivación económica, la acción se ha destinado al desarrollo de cinco líneas productivas (ganado, lácteos, café amazónico, flores y cárnicos), las cuales se implementan especialmente en el municipio de San Vicente del Caguán y que tiene como estrategia la construcción de mini cadenas productivas y conversión socio laboral de población desplazada y vulnerable. Finalmente, una menor parte de los recursos fue destinada a la capacitación en materias como Derechos Humanos, mecanismos alternativos de resolución de conflictos, el fortalecimiento de organizaciones solidarias productivas, y la generación de mecanismos de alerta en comunidades de alto riesgo por minas antipersonales, dada la situación de vulnerabilidad de este departamento en esta materia.

56 Ver anexo 1: Relación de Inversiones Realizadas – Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, Departamento del Caquetá, Vigencia 2006.

57 Plan Integral Unico para atención a la Población Desplazada, Muncipio de La Montañita

Por otra parte, el municipio de La Montañita se vio beneficiado por el programa nacional Familias en Acción, que distribuye en promedio $15.195.000 bimensuales para un total de 128 familias, enfocados a subsidiar nutrición familiar ($46.500) y educación primaria ($14.000) y secundaria ($ 28.000)57.

A través del Centro de Coordinación de Acción Integral de la Presidencia de la República (CCAI), en los municipios de San Vicente del Caguán y • 126 •

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Cartagena del Chairá, Acción Social destinó $941 millones para la construcción de un centro comunitario, de una unidad básica de atención en el hospital local y de un polideportivo; y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, por su parte, abrió tres nuevos hogares comunitarios e implementó cuatro clubes prejuveniles y juveniles. Adicionalmente, se destinaron cerca de $20.000 millones para la construcción y recuperación de la sede del Banco Agrario, la estación de Policía municipal, la capacitación de adultos y jóvenes a través del SENA, y la implementación de los programas de Reconversión Socio Laboral y Familias en Acción. Otros $10.000 millones se tenían presupuestados para inversiones en protección y seguridad social, y en la mejora de las condiciones de nutrición, salud y educación. El objetivo gubernamental de dichas inversiones es el fortalecimiento de la gobernabilidad y legitimidad del Estado, y generar confianza de los ciudadanos con las autoridades locales garantizando la presencia institucional58.

Un total de 4.233 millones de pesos se ha presupuestados mediante convenio con la gobernación del Caquetá, por el Instituto Nacional de Vías (INVIAS) para el mejoramiento y mantenimiento vial de 28 carreteras del Departamento, beneficiando a los municipios de Albania, Belén de los Andaquíes, Cartagena del Chairá, Curillo, El Doncello, El Paujil, Florencia, La Montañita, Milán, Morelia, Puerto Rico, San José del Fragua, San Vicente del Caguán y Valparaíso. Los recursos serán manejados por la Administración Departamental59.

En materia de inversión territorial, el Plan de Inversiones del Plan Departamental de Desarrollo, presupuestó sólo 575 millones entre 2004 y 2007 para apoyo a la población desplazada y a la capacitación en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, de un total de $444.098 millones disponibles para inversión. Adicionalmente se planeaba invertir $12.866 millones en los cuatro años para estrategias de desarrollo social a través del incentivo y aumento de la competitividad de productos lícitos.

Esta inversión fue gestionada a través de la Oficina de Derechos Humanos Departamental que cuenta con 16 comités municipales, un Comité Departamental de Atención a la Población Desplazada, una Red Municipal Juvenil en Florencia y el trabajo conjunto con instituciones educativas para la capacitación de docentes en materia de derechos humanos. Esta oficina, adicionalmente, realiza un acompañamiento al desminado del territorio departamental.

Por otra parte, el municipio de La Montañita reportó inversiones en materia de asistencia alimentaria, permanencia escolar y atención en salud de familias que se encontraban a la espera de ser atendidas por Acción Social, dicha inversión, a noviembre de 2006, no superaba los $16 millones de pesos.

Además, el municipio reportó como inversión, la asistencia a los desplazados para su vinculación en los programas gubernamentales como Familias • 127 •

58- Acción Social. En Caquetá Se Fortalece La Gobernabilidad, Bogotá, agosto 19 de 2006. http:/ / w w w. a c c i o n s o c i a l . g o v. c o / c o n t e n i d o / contenido.aspx?catID=127&conID=818.

59- Invias, Más de 4 Mil Millones de Pesos Serán Invertidos en las Carreteras del Caquetá, 26 de octubre de 2006, http://www.invias.gov.co/invias/ index.php?option=com_content&task=view&id= 348&Itemid=179&lang=es

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en Acción, los correspondientes a la ampliación de coberturas de régimen subsidiado y vivienda de interés social ante las instancias nacionales pertinentes; así como el suministro de garantías y apoyos necesarios a las familias que voluntariamente deciden retornar a sus lugares de origen a través de asistencia alimentaria y entrega de kits agropecuarios.

Es significativo que a enero de 2007, este municipio era uno de los pocos que contaba con un PIU estructurado, en el marco de la iniciativa de generar inicialmente PIUs municipales para posteriormente establecer un PIU departamental acorde con las necesidades de la región, mediante este, se contemplaban inversiones en materia de calidad y ampliación de la cobertura en educación superior y básica, la ampliación y mejoramiento de la red de seguridad social y salud pública, el manejo social del campo a través de la construcción de vías terciarias, desarrollo productivo, cadenas productivas, acuerdos regionales y sectoriales de competitividad; la asistencia temporal a la población desplazada en materia de alimentos, refugio y salud física y psicosocial; la consolidación del Sistema Único de Registro y de magnitud del desplazamiento con el apoyo de Acción Social; la generación de un sistema de alertas tempranas y validación oportuna del riesgo; y el reestablecimiento de la población desplazada a través de la titularización de tierras, subsidios de vivienda y el desarrollo de proyectos productivos asociativos financiados con micro créditos.

Por otra parte, se espera que el impulso económico de las familias desplazadas y vulnerables se consolide a través de la construcción, la exploración y explotación de hidrocarburos, la infraestructura estratégica en transporte, el desarrollo de planes estratégicos para exportación, y la sostenibilidad ambiental, con la creación de un sistema de áreas protegidas y fortalecimiento de los parques naturales, el manejo natural del agua, y el impulso de la producción y comercialización de bienes ambientales. Finalmente, este documento plantea la promoción de programas regionales de desarrollo y paz en las zonas más vulnerables, las cuales acogen proyectos de beneficio colectivo en servicios públicos e infraestructura básica con participación comunitaria.

60- Fuente: SIPOD, Informes CHF y Matriz Proveedor Nacional Acción Social.

Vale anotar que para el período 2005-2007, Acción Social reporta la atención de 4.367 hogares en su sistema de atención humanitaria, que sus operadores humanitarios reportan la atención de 1885 familias en el departamento, y sus proveedores nacionales, la entrega de 2600 ayudas alimentarias en el mismo período. Así mismo, durante el 2006, CHF reporta la atención de 1285 familias en el marco del convenio 033 y de 600 más en el marco del convenio 022, asistencia que incluye acompañamiento psicosocial, la entrega de bonos alimentarios y de transporte, capacitaciones en materia ocupacional, orientación para el desarrollo de planes empresariales y la vinculación temporal a empleos humanitarios, y la entrega de recursos para la generación de proyectos productivos60.

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LOS PROBLEMAS DE LA INVERSIÓN: De acuerdo al análisis de los programas de inversión establecidos por el nivel nacional, la inversión se concentra en los municipios de Cartagena del Chairá y San Vicente del Caguán porque los esfuerzos dependen del compromiso de los alcaldes para garantizar la continuidad de los programas y algún apoyo de cofinanciación: en once municipios no se cuenta con ninguna clase de intervención nacional.

Sin embargo, desde la versión territorial, si bien las políticas de conversión económica del Gobierno Central corresponden a esfuerzos para la sustitución de cultivos, no tienen en cuenta el profundo abismo existente entre la productividad de la coca con respecto a otros productos agropecuarios. En este orden de ideas, como lo mencionamos al final del capítulo II, la real necesidad del departamento no es el desarrollo de políticas de sustitución de cultivos, sino la búsqueda de alternativas reales y competitivas que permitan una sustitución de ingresos relativamente similares a los obtenidos por los campesinos dedicados a los cultivos de uso ilícito. Alternativas acompañadas con el mejoramiento de vías de comunicación que permitan sacar del departamento la producción de los cultivos legales.

Por otro lado, La Asociación de Desplazados del Departamento del Caquetá ASDECA informó que las inversiones para la reactivación económica están destinadas a la adquisición y entrega de tierras en las áreas rurales sin apoyo o acompañamiento alguno para el desarrollo de proyectos productivos en estos terrenos. Adicionalmente en el casco urbano no se han desarrollado proyectos productivos a pesar de la alta población desplazada que se concentra en ellos.

Ahora bien, una de las realidades que explica la ausencia de denuncias y en este sentido, la baja atención a la Población Desplazada por parte del Estado, radica en el hecho que “el desplazado común no conoce la clase de registro al que se debe someter, los documentos que deben presentar, e incluso si poseen estos últimos, en muchos casos no reúnen las condiciones para ser incorporados al SUR61” De acuerdo a las organizaciones sociales entrevistadas, más del 25% de los desplazados del departamento no se encuentran registrados, y el 80% de aquellos que se encuentran registrados como tales, realmente no lo son, y fueron incluidos en el registro como parte de políticas clientelistas o por oportunismo, lo que dificulta una cobertura real de las necesidades de este grupo poblacional, a pesar de las cifras presentadas por el Gobierno Nacional.

A pesar de la existencia de Comités de Desplazamiento Territorial no existen acciones concretas de coordinación entre las políticas de inversión, lo que reduce la eficacia de las inversiones y su sostenibilidad en el tiempo; lo • 129 •

61- Entrevista a grupos sociales en el municipio de Florencia.

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anterior considerando que no se tienen en cuenta los diagnósticos locales y los recursos terminan fraccionándose en muchas inversiones que no tienen el impacto que se lograría con la conjunción de esfuerzos.

Sin embargo, en el marco de la dinámica departamento, resulta importante reconocer los esfuerzos para la construcción desde las localidades del PIU departamental, que, una vez consolidado probablemente permitirá mejorar la coordinación de los esfuerzos y la construcción de inversiones con mayor impacto.

En todo caso, desde el horizonte que nos arroja el análisis de la inversión regional en materia de políticas públicas de atención a la población desplazada, cabe decir que a pesar de los distintos esfuerzos tanto del nivel nacional como regional (e incluso con sus inmensas dificultades en los diferentes escenarios municipales), a la fecha aún no existen recursos suficientes para la financiación de programas de atención humanitaria de emergencia y reactivación socio económica, esto debido, en gran parte, a que los recursos de la Nación no son lo suficientemente flexibles para atender de manera inmediata desplazamientos masivos o aumentos temporales y significativos de los desplazamientos gota a gota; y a que las entidades territoriales deben destinar la mayor parte de sus recursos a inversiones sociales que si bien son prioritarias no corresponden a las reales Necesidades Básicas Insatisfechas de la población, que debe asegurar de manera inmediata el sustento y alimento de su familia, antes que el ingreso de sus miembros a la educación o el acceso a un sistema de salud, al que paradójicamente terminan recurriendo por problemas de desnutrición.

Lo mismo sucede en el caso de los municipios, debido a que la mayor parte de sus recursos proviene de fuentes de financiación con una destinación específica e inflexible establecida legalmente, como es el caso de los provenientes del Sistema General de Participaciones. Como mencionamos en el capítulo II, estos recursos están repartidos en asignaciones específicas, y su utilización está limitada a la inversión en educación, salud, agua potable, cultura, y el Fondo Territorial de Pensiones –FONPET-; todas a su vez acotadas por la Ley y los manuales de ejecución de los recursos definidos por el Gobierno Nacional.

62- Depar tamento Nacional de Planeación.

«Orientaciones para la programación y ejecución de los recursos del Sistema General de Participaciones». Versión actualizada a 2006, pág. 12.

Los recursos que corresponden al departamento como libre asignación (28% de los recursos correspondientes a Propósito General, que a su vez conforman el 17% de los recursos del SGP) pueden, en algunos municipios, destinarse a libre inversión u otros gastos inherentes al funcionamiento de la administración municipal, lo que, en las actuales condiciones del departamento es mucho más imperativo para los municipios que destinar la inversión a programas relacionados con población vulnerable62 alejando, cada vez más, las posibilidades de atención tanto para la Población Desplazada, como para la protección de las comunidades que en el marco del conflicto • 130 •

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interno armado que se vive con particular fuerza en la región, paulatinamente sufren un mayor deterioro de sus condiciones de vida. Como se observa abajo, para el departamento de Caquetá, la inversión con recursos de este tipo fue en promedio del 1,3%.

Adicionalmente, según las proyecciones del Sistema General de Participaciones incluidas en el Plan de Desarrollo Departamental, sólo cerca del 28% de estos recursos, en el caso de los municipios, pueden destinarse a inversiones diferentes a las definidas en la normatividad vigente para salud, educación, agua potable, cultura y deporte. En el caso de la Gobernación, no existen recursos para propósitos diferentes a la educación y la salud, tanto en materia de cobertura como infraestructura pública.

Adicionalmente, aún en materia de salud y educación para atender a la población desplazada, existen grados de inflexibilidad que en términos reales reducen de manera significativa las posibilidades de un impacto adecuado a las necesidades de este grupo poblacional; en salud porque no existe una manera ágil de transferir los recursos per capita dados a un municipio expulsor a uno receptor, aspecto que, de acuerdo a las cifras revisadas en el capítulo III, permitirían posibilidades de atención acordes a la proporción de familias desplazadas que arriban a los municipios con mayores índices de recepción; y en educación, en parte por la rigidez de los calendarios escolares que no tienen en cuenta que, particularmente los jóvenes de las familias de población desplazada, tienden a vincularse a procesos laborales agrarios (legales o ilegales), buscando apoyar la búsqueda de sustento para sus familias, y en este sentido desertando fácilmente del modelo escolar; y en parte, también por la necesidad de transferir recursos de municipios expulsores a receptores.

En este sentido, vale acotar que una de las principales fallas en materia de inversión, es que el marco legal y presupuestal que se ha desarrollado en Colombia, está conformado de una manera tan rígida y poco ajustada a la realidad, que pareciera ser necesario que el desplazamiento también fuera una actividad programada63. La deficiencia de recursos financieros y materiales en determinados momentos del año, producto de las inflexibilidades presupuestales, no permiten dar una respuesta inmediata a las necesidades de la población desplazada.

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63- Entrevista a funcionarios del municipio de La Montañita.

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Si bien el desplazamiento forzado en estas regiones es un problema cuya solución requiere planeación y ajuste a unos procedimientos básicos, es necesario tener en consideración, de manera permanente, que éste no tiene unos flujos definidos ni constantes, y que en muchos casos, particularmente alrededor del incremento del pié de fuerza y de la presencia de las Fuerzas Armadas en una zona cuya economía se rige alrededor de las dinámicas generadas por los cultivos ilícitos, se origina por actividades mismas del Estado en ejercicio de sus poderes.

Pareciera que la situación del Caquetá es un callejón sin salida, en la medida en que el ejercicio legal del Estado origina en parte el desplazamiento de la población, en que la situación actual del departamento en materia de inversión no deja espacio para financiar soluciones efectivas a la desaparición de las fuentes de ingreso de la población en riesgo, y por otro lado, en la medida en que sus oportunidades y requerimientos, no tienen un proceso de difusión adecuado que permita el conocimiento de toda la población.

Todo lo anterior, termina originando problemas de clientelismo en lo local, y, lo que es más grave, la ineficiencia en la asignación de los escasos recursos destinados a la atención de la Población Desplazada.

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V. Anexos

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