Pag 01 CENTRO POR EL DERECHO A LA VIVIENDA Y CONTRA LOS DESALOJOS
Editorial: Para que las mujeres se sientan, y estén, seguras en sus hogares
Boletín_ Derecho a la Vivienda y a la Ciudad en América Latina 2010 | #08
Boletín_ Derecho a la Vivienda y a la Ciudad en América Latina Año 3_Nro. 8 | Julio_2010
Año 3_Nro. 8 Julio_2010
Especial sobre vivienda y género
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Editorial
Argentina, Brasil y Colombia
Colombia
Paraguay
Créditos | Apoyos
La ciudad de las mujeres: una experiencia colombiana
Desafíos para el cumplimiento del derecho de las mujeres a la vivienda en América Latina
Para que las mujeres se sientan, y estén, seguras en sus hogares
Viviendas adecuadas, imprescindibles para que las mujeres disfruten una vida sin violencia Por Victoria Ricciardi
Por Patricia Guerrero
Por Elba Núñez
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Editorial: Para que las mujeres se sientan, y estén, seguras en sus hogares
Las cifras son categóricas. Se estima que en la mayoría de los países de América Latina, entre el 30 y el 60 por ciento de las mujeres ha sufrido violencia doméstica en algún momento de sus vidas. Claro que la cifra real es probablemente mucho mayor ya que muchas no denuncian este tipo de crimen.
(COHRE, por sus siglas en inglés) estima que cientos de miles de mujeres en America Latina no escapan de hogares donde sufren abuso porque dependen económicamente de sus abusadores.
Sólo en Colombia, se estima que el 40 por ciento de las mujeres han sido atacadas por sus compañeros sentimentales y en Brasil, una de cada cinco dijo haber sido maltratada por su pareja. Pero lo que es aun más difícil de comprender es que gran parte de aquellos abusos a los derechos de las mujeres tienen lugar en sus propios hogares, allí donde deberían sentirse seguras.
En una de las historias que recoge el informe, una mujer Colombiana que vive en las afueras de Bogotá dijo que continúa viviendo con su abusador por no tener un lugar alternativo donde vivir. La única solución que encontró fue la de dividir la casa entre ambos. Ella vive en una mitad y su abusador, en la otra. Para la mayoría de aquellas mujeres, en Argentina, Colombia y Brasil, la ayuda disponible es extremadamente limitada.
Una investigación publicada este mes por el Centro de Derecho a la Vivienda y contra los Desalojos
Aun si reunieran el coraje para dejar a aquellos quienes las maltratan, la mayoría de ellas simplemente no tendría donde ir.
Como relata la autora del informe, Victoria Ricciardi, en su artículo, la
cantidad de refugios disponibles para víctimas de violencia doméstica en los países estudiados son extremadamente limitados y, con períodos de estadía de menos de seis meses, las soluciones a largo plazo son casi nulas. El presente boletín explora justamente esa crisis y mediante las experiencias de algunas de las activistas que trabajan el tema en América Latina, detalla los principales desafíos, y posibles soluciones para aquellas mujeres para quienes el hogar se ha transformado en una prisión. En su articulo, Elba Núñez, investigadora del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los derechos de las mujeres, Cladem Paraguay,expone algunos de los desafíos y límites para el cumplimiento del derecho de las mujeres a una vivienda adecuada.
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Por su parte, Patricia Guerrero, fundadora de la Liga de Mujeres Desplazadas de Colombia, aborda algunas de las respuestas que se han dado desde las organizaciones sociales a las problemáticas de vivienda sufridas por las mujeres. En su artículo, Guerrero relata la construcción de la Ciudad de las Mujeres, unaexperiencia habitacional única en la región desarrollada por y para mujeres. Es claro que la falta de alternativas habitacionales para mujeres víctimas de violencia es sólo una de las razones por las que aquellas mujeres no logran romper el círculo de violencia que las mantiene junto a sus agresores. Encontrar soluciones a aquellas barreras, impulsadas por políticas públicas eficientes,significaría, sin embargo, un paso significativo en el camino para acabar con la violencia de género.
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Viviendas adecuadas, imprescindibles para que las mujeres disfruten una vida sin violencia
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Por Victoria Ricciardi*
Este mes, el iniciativa de Mujeres y Vivienda de COHRE publicó un informe sobre la relación entre el derecho a la vivienda adecuada y la lucha contra la violencia doméstica.
“Antes de comenzar la investigación, teníamos una intuición muy fuerte sobre el vínculo entre la violencia doméstica y la violación al derecho a la vivienda. Desde el sistema internacional, por ejemplo, El documento, reveló que, probablemente, tanto el Relator del Derecho a la miles de mujeres en América Latina Vivienda Adecuada como la Relatora continúan viviendo con sus agresores de la Violencia contra las Mujeres de por miedo a perder su vivienda. Naciones Unidas habían avanzado en algunos aspectos de la temática, pero La autora del estudio, Victoria Ricciardi faltaba un estudio a nivel regional. conversó con sobrevivientes de violencia doméstica en Argentina, Brasil y No había, hasta ese momento, una Colombia. En esta nota, Ricciardi detalla vinculación clara sobre cuán algunas de las principales conclusiones importante es que las políticas de su investigación. públicas de lucha contra la violencia doméstica y la violencia contra la mujer contemplen los recursos y el
lugar donde iban a vivir las mujeres que sobreviven violencia doméstica. Entiendo que este es un tema al que todavía no se le brinda la importancia que debería tener, sobre todo si tenemos en cuenta lo que nos contaron las mujeres, quienes nos confirmaron que uno los principales obstáculos para salir de las relaciones violentas era la falta de recursos económicos y la falta de una vivienda alternativa. Si uno estudia los datos, al menos en la Argentina, Brasil y Colombia, verá que los días en los cuales se registran mayores denuncias de violencia doméstica son los fines de semana y durante las vacaciones. Es decir, los
momentos en los que las personas están en el hogar es cuando más denuncias hay. Los domingos, los feriados. La pregunta que guió la investigación fue: ¿no tener un hogar dónde vivir es un obstáculo para salir del círculo de la violencia?. La conclusión contundente de nuestra investigación es que si. Este obstáculo es mayor para las mujeres de barrios informales, quienes no pueden acceder a la totalidad de los recursos de protección judicial por estar viviendo de manera informal. Para las mujeres que tienen voluntad, que han superado el miedo, que se animan y piensan en salir con sus hijos, el no tener donde ir es una cuestión clave.
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Muchas lo que hacen es salir, estar en lugares transitorios, con amigos, vecinos, familiares que les pueden dar una mano, pero cuando llega el momento en el que es necesario establecer una rutina, organizar a los chicos en la escuela, volver o buscar un trabajo, no pueden vivir de casa en casa. La otra cuestión que aparece muy fuerte en la región es que para muchas familias, haber llegado a ser propietarios o bien tener su casa (aun sin el título) es un sueño, es algo sobre lo que se trabaja durante mucho tiempo. Cuando se tiene eso, dejarlo se convierte en un problema muy grave. Sólo una situación de extrema gravedad puede llevar a tomar esa decisión. En Colombia, una señora de unos cincuenta años, con hijos grandes, me contó que vivía en la misma casa con un hombre que había sido violento con ella, a pesar que ya no había relación entre ellos. Vivian con límites demarcados. No tenían otra opción. Aun si vendían esa casa, no les alcanzaba para comprar otra. No sólo estamos hablando de la vivienda pero de la dependencia económica con respecto a los hombres abusadores. En muchos casos, son
hombres que les prohíben a las mujeres trabajar después de casarse, mujeres que se dedicaron al cuidado de los hijos o mujeres que tenían trabajos informales. La mayoría de las mujeres con las que hablé tenían trabajos informales. Para ellas, dejar la casa significaba una incertidumbre muy grande, no tener donde ir, dejar el trabajo, perder recursos. Ellas se preguntaban: ‘Me voy, pero ¿con qué?, ¿a dónde?, ¿cómo?’. No se oía tanto el miedo a dejar al abusador sino a lo que pasaría después. Cuando les preguntaba que necesitaban para salir, me decían: ‘un lugar donde asistir, donde me expliquen a lo que yo puedo acceder, que sea inmediato y recursos económicos que me permitan ponerme de pie’. Los sistemas de ayuda, o lo que se llama la ruta de atención, que incluye a los distintos operadores involucrados tanto en brindar asistencia como protección a las víctimas, en los tres países que estudiamos, me resultaron complejos. Para las mujeres que viven en las periferias, por ejemplo, conseguir ayuda significaba irse a las capitales,
aunque en Colombia o Brasil ya existen experiencias positivas, como las comisarías para las mujeres o de familia, más cerca de donde las victimas viven. En la Argentina, estuve con mujeres de una localidad pobre del gran Buenos Aires, quienes sentían que el Estado estaba ausente. Para ellas, las comisarías y los juzgados eran cosas que quedaban muy lejos. Si no había una organización de por medio, las mujeres no tenían acceso a eso. Necesitaban llegar ahí con alguien. En Brasil, las mujeres me contaron de su experiencia con las comisarías de mujeres como algo valioso, porque podían ir a hacer una denuncia. La cercanía física se ve como algo valioso. Pero muchas también denunciaban que los que las atendían eran machistas, que las trataban mal. Las primeras alarmas en casos de abuso, en la mayoría de los casos, no son receptados en el sistema, es decir, rebotan. Hasta que la mujer no va con una cuestión dramática, no pasa nada y no puede acceder a la ayuda que deberían haber recibido para no llegar a esa situación. Visitando a las mujeres en los barrios
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informales en las afueras de Bogotá, me contaban que en algunos barrios, que son muy inseguros, tener pareja era muy importante para protegerse de la violencia del barrio. Ellas decían que soportar un hogar violento era, a veces, mejor que enfrentar la posible violencia en el barrio. A veces se ve una gran distancia entre la realidad de las mujeres y el sistema. En la región existe la legislación, existen las políticas, hay programas, pero a estos le faltan recursos adecuados y difusión. Las mujeres no saben que están ahí ni cómo acceder a ellos. Además de una amplia educación en todos los operadores de la ruta de atención, las mujeres expresaban claramente que en muchas ocasiones los funcionarios, o en algunos casos, las funcionarias, no dan cuenta de su problema, le restan importancia, o hasta les brindan lecciones matrimoniales. Lo que más valoran las mujeres es la ayuda inmediata. Los refugios, por ejemplo, son vistos como algo positivo aunque las reglas de acceso parecen complicadas y siempre hay un límite de tiempo de estadía.
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Las personas que se encargaban de los refugios nos decían que el índice de las mujeres que volvían con los abusadores era muy alto. Para ellos es muy frustrante porque el refugio existe para posibilitar un camino hacia la independencia para las mujeres. Necesitamos que los estados no sólo vean los números, la cantidad de casos, sino que les pregunten a las mujeres lo que necesitan. La vinculación entre el programa estatal y la persona que lo recibe. Necesitamos programas con recursos. Los adelantos legislativos que vemos en América Latina son positivos, pero deben hacerse efectivos para que se conviertan en buenas piezas de ley. Se requiere además de articulación, de puesta en marcha de programas estatales que lleguen a todas las regiones de cada país. Este aspecto presenta una dificultad extra, ya que los programas se piensan de forma global o genérica y las mujeres de las distintas regiones, culturas o descendencia tienen distintos obstáculos y distintas necesidades. Los programas deben entonces, para ser eficaces, contemplar estas diferencias. Por último, es imprescindible que las políticas contra la violencia tengan
en cuenta los problemas de vivienda, y para ello se requiere programas de vivienda alternativa transitoria pero también permanente. Es fundamental que el acceso a la vivienda de las mujeres se vea facilitado a través de políticas específicas. Es por ello que necesitamos que las políticas de vivienda incluyan políticas de género, como por ejemplo el establecimiento de cuotas especiales para mujeres víctimas de violencia doméstica, o el fomento de programas de autoconstrucción de mujeres. Nada de esto está contemplado todavía y el verdadero empoderamiento de las mujeres sólo se logrará cuando las políticas en su conjunto contemplen la desigualdad de las mujeres y se encaminen para acabar con ella en el Programa de América Latina”. *Victoria Ricciardi es abogada con especialización en leyes constitucionales y en derechos humanos a nivel internacional. Actualmente es consultora para el iniciativa de Derecho a la Vivienda y Mujeres de COHRE. El informe de COHRE “Un Lugar en el Mundo: El derecho a una vivienda adecuada como elemento esencial de una vida libre de violencia doméstica” está disponible en: www.cohre.org
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TESTIMONIOS “No tener recursos para pagar un alquiler ni dinero para hacer frente a los gastos fueron factores que agravaron mis circunstancias de vida. ‘¿A dónde iba a ir?’ me preguntaba, ¿cómo iba a mantener a mi familia? me preguntaba….” Una mujer víctima de la violencia doméstica de Moreno, Provincia de Buenos Aires, Argentina. “Hace años que padezco la violencia por parte de mi pareja, insultos, maltratos, golpes y estallidos. Hace años que lucho contra esta situación, hoy en día casi no nos hablamos, apenas nos dirigimos la palabra. Yo vivo encerrada en mi cuarto y el en el suyo pero no podemos separarnos ….” Una mujer víctima de la violencia doméstica de Bogotá, Colombia. “La situación se pone muy difícil, ya que vivimos todos, con mucha gente, en un gran casa, yo no podía irme. A lo sumo podía irme a otro cuarto, pero el me buscaba, yo no sabía que hacer, teníamos un bebé recién nacido. Entonces, busqué protección en el resto de las personas de la casa, y muchas veces me iba, por tiempo hasta que el no estuviese. Después de un tiempo
entendió que no podía estar más en la casa, hoy estoy con sola con mi hija.” Una mujer víctima de la violencia doméstica de Porto Alegre, Brasil.
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La ciudad de las mujeres: una experiencia colombiana
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Por Patricia Guerrero, Liga de Mujeres Desplazadas de Colombia* Es uno de los proyectos de vivienda más singulares de América Latina. Una ciudad diseñada y construida por y para mujeres desplazadas en Colombia. La obra, inaugurada en el 2006, pretende demostrar la posibilidad de llevar a cabo políticas de vivienda que sean exitosas y a la vez, tengan en cuenta las necesidades propias de las mujeres. Patricia Guerrero, fundadora de la Liga de Mujeres Desplazadas de Colombia, la organización detrás de la “Ciudad de las Mujeres”, relató una experiencia que puede servir de ejemplo al resto de la región. “Inauguramos la ciudad de las mujeres en el 2006, aunque habíamos iniciado el proyecto en el 2003. En Colombia hay un problema de desplazamiento forzado que afecta principalmente a las mujeres, a los niños y a las niñas y uno de los problemas más graves que tienen que enfrentar ellos es el tema de la vivienda. Generalmente los techos de las mujeres desplazadas son sábanas, plásticos, están ubicados en zonas donde no hay servicios públicos, donde no hay luz, donde no hay nada. Son zonas completamente inseguras donde
tienen que habitar, en condiciones de hacinamiento, donde se van agrupando familias, vecinos, etc. En el tema de la vivienda es donde se plasma el desarraigo de las mujeres porque la casa es, para las mujeres, el lugar de los afectos, es el lugar del amor, de los hijos, el lugar donde está la historia. Cuando todo eso se rompe, su reconstrucción significa también la reconstrucción de la dignidad, de la historia y de los recuerdos. La ciudad de las mujeres surgió de esa visión: si no hay techo, no hay comida, y si no hay comida, no hay transporte, ni trabajo. Es una situación tremenda. La primer tarea para el desarrollo de una ciudad de las mujeres fue la organización de las mujeres. El crear la consciencia de que la vivienda es un derecho fundamental, un derecho constitucional que se defiende. El derecho a una vivienda digna, que tenga agua, ventilación, que dignifique la vida de la gente.
política del desplazamiento forzado y de los recursos del estado, para tener mayores posibilidades para conseguirlos. Hicimos un análisis sobre la Ley de Vivienda Colombiana. Una de las cosas que encontramos es que la ley no funciona para la población desplazada. Cuando se entrega un subsidio de vivienda de carácter social, te dicen ‘bueno, nosotros le entregamos el subsidio pero ustedes también tiene que poner dinero. Nosotros invertimos pero ustedes también tienen que invertir’. El ingreso promedio de las mujeres de nuestra organización eran 2,500 pesos Colombianos diarios. La ley de vivienda exige un ingreso programado de 11 millones de pesos. Con 2,500 pesos diarios, una mujer tiene apenas para dar de comer a sus hijos, no tiene para ahorrar. En esas condiciones, las más desesperadas, ¿cómo van a tener un ahorro programado en un banco?.
El tema también era ver de donde saldrían los recursos. Estudiar los subsidios de vivienda que existían. Averiguar si habían bolsas de recursos sociales y específicamente para familias desplazadas.
Alrededor del tema de la vivienda, nosotros hicimos un fuerte proceso de fortalecimiento institucional y organizativo. Mostrarle al estado que la organización estaba lista para desarrollar el proyecto.
Ahí comenzó un análisis de la situación
Conseguimos más de 700,000 dólares,
lo que garantizaba el ahorro programado para acceder a otra ayuda. Conseguimos otros proyectos que garantizaron la seguridad alimentaria y la capacitación a las mujeres para poder trabajar en la construcción de las viviendas. Con ese trabajo, pagaron el remanente que no les daba ni el subsidio ni el dinero que nosotras podíamos cubrir como ahorro programado. Fue un proyecto titánico. Mover una organización de 300 mujeres para la construcción y el desarrollo de la ciudad, todo para la restitución de un derecho que había sido violado. Encontramos una posibilidad en el municipio de Turbaco, a 10 kilómetros de Cartagena. Ahí había muchas mujeres de la organización y posibilidades. Por primea vez en la historia de Colombia, 100 mujeres conseguimos 98 subsidios de vivienda por interés social. Cuando logramos eso, les dijimos a los de la cooperación internacional: ‘nosotras tenemos esto y necesitamos lo que falta. Nosotras vamos a poner nuestra fuerza de trabajo, nuestra creatividad, nuestro tiempo’. Así empezó a moverse todo. En el territorio no había nada y nosotras lo empezamos a mover. Rellenamos huecos en la tierra y comenzamos
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a construir. Fue algo increíble. Montamos una empresa de construcción de los bloques, de la arena, buscamos espacios de capacitación para las constructoras. Hicimos más de 100,000 bloques para nuestras propias viviendas. Hicimos refugios infantiles para niños. Otras mujeres se encargaban de cuidar a los niños, otras hacían la comida. Alquilamos tierras y empezamos a sembrar maíz para tener algunos ingresos. Hicimos un fondo de crédito. Pero algunos no querían que nosotras estuviéramos ahí. Es una zona que está muy fuertemente paramilitarizada, donde hay mucho control del territorio. Sufrimos ataques y amenazas. También hubo un invierno muy fuerte y se paró todo por un momento. Pero nosotras, las mujeres, nos dábamos aliento. Cuando hay un conflicto armado, como en Colombia, las casas no son un lugar seguro. En Guerra nadie esta seguro, menos las mujeres. La idea era tener una estrategia de protección a partir de vivir todas juntas, en un barrio, en un territorio. La ciudad de las mujeres es un proyecto integral que ayuda a generar buenas prácticas de género y fue galardonado
por la manera integral como se trabaja en el tema de protección y restitución de derechos de las mujeres en conflicto armado. Detrás de cada una de esas mujeres hay una sobreviviente del conflicto. Una mujer que tuvo que sufrir mucho y a una mujer a la que se le han vulnerado muchos derechos. En la ciudad de las mujeres pueden haber hombres, maridos, pero la dinámica de la organización es de las mujeres, encabezada por mujeres desplazadas, mayoritariamente afrodescendientes. Es un proyecto, una experiencia, de la cual muchas comunidades latinoamericanas pueden aprender”. * Patricia Guerrero es la fundadora de la Liga de Mujeres Desplazadas y del Observatorio Género Democracia y Derechos Humanos de Colombia. Abogada con especializaciones en Derecho Penal y Derecho Internacional Humanitario, fue becaria del Programa de Derechos Humanos de la Universidad de Columbia y actualmente litiga en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos los casos de violencia de género contra la Liga de mujeres desplazadas. Para más información: www.ligademujeresdesplazadas.org
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Desafíos para el cumplimiento del derecho de las mujeres a la vivienda en América Latina
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Por Elba Núñez, CLADEM Paraguay*
La experiencia nos ha mostrado que en la mayoría de los países de América Latina se ha avanzado en la constitucionalización del derecho a la igualdad y no discriminación, y en la inclusión explícita del derecho a la vivienda. Sin embargo, en el diseño de políticas públicas y en las políticas habitacionales se ha invisibilizado y desconocido a las mujeres. En la mayor parte de los casos, no se asume que la vivienda adecuada esté inextricablemente unida a los derechos a la tierra y a la propiedad y al acceso a la financiación, subsidios, tecnologías apropiadas y a recibir un trato igual en los planes de reforma agraria y reasentamiento.
La vivienda no es sólo techo y algunas paredes, sino “el derecho a vivir en seguridad, paz y dignidad en alguna parte”. La vivienda como derecho humano, interdependiente, indivisible e inalienable ha sido consagrada en numerosos instrumentos de derechos humanos. Pero en el mundo globalizado, la vivienda ha quedado reducida a un objeto, a una mercancía. Los asentamientos humanos se consideran como negocio, excluyendo a millones de mujeres empobrecidas. El patriarcado y la división sexual del trabajo fuertemente enraizado en las sociedades actuales, reproduce la vulnerabilidad habitacional de las
mujeres. Las mujeres constituyen el 70% del total de personas que viven en la pobreza absoluta. La creciente profundización de la pobreza y la desigualdad social se ve evidenciada en la feminización de la pobreza, la que obliga a las mujeres a vivir sin poder atender sus necesidades básicas. El informe del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM) “La Sistematización de la Situación de los derechos habitacionales y la vivienda de las mujeres en el contexto de los derechos económicos, sociales y culturales en América Latina y Caribe”, realizado en base a diagnósticos
nacionales y espacios de diálogo e intercambio en quince países de la región, reveló que el déficit y la falta de acceso a la vivienda es un flagelo social que afecta principalmente a las mujeres urbanas y rurales pobres. El estudio, además, muestra la estrecha correlación entre la superposición de factores de discriminación como los de raza, género, etnia, orientación sexual, lengua y otros. Las violaciones al derecho de las mujeres a la vivienda están íntimamente ligadas a violaciones del derecho al empleo y al trabajo, a la salud, a la educación, a la seguridad, al medio ambiente, al agua y a una vida libre de violencia.
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El estudio reveló que uno de los graves obstáculos para el diseño de políticas públicas integrales, es la falta de estadísticas desagregadas por sexo y por tenencia y propiedad de la vivienda. En contextos de conflictos armados como en Colombia, se ha constatado que las mujeres son afectadas por desalojos forzosos y enfrentan discriminación de facto en materia de derecho de propiedad y a la vivienda, exponiéndolas a una mayor victimización y abuso sexual cuando se quedan sin hogar. Las reflexiones realizadas en talleres nacionales y en un seminario regional posibilitaron concluir que la imposición de determinados roles a las mujeres como tareas domésticas de cuidado y el suministro de agua y víveres, desarrollados en el espacio habitacional, hacen que las mujeres sufran con mayor intensidad la falta de adecuación de la vivienda. Por esto, la modificación de los patrones socioculturales sexistas resulta urgente para el acceso de las mujeres a una vivienda digna. Además, existen experiencias de organización y participación donde las mujeres han hecho de la vivienda un instrumento de construcción y transformación del espacio constituyéndose en sujetas de derecho y activas protagonistas por la
exigibilidad y justiciabilidad de este derecho. Internacionalmente, las graves violaciones al derecho de las mujeres a la vivienda adecuada en la región, no se han reflejado suficientemente en el monitoreo de cumplimiento de la Convención sobre la eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) por parte de los Estados. Es por esto que se requiere que el Comité adopte una recomendación específica sobre el derecho de las mujeres a una vivienda digna. Finalmente, como desafío central, CLADEM urge que los Estados adopten las medidas apropiadas para eliminar la desigualdad y exclusión en esferas de la vida económica, social, cultural y política que garanticen el título y goce de las mujeres al derecho a la vivienda en igualdad de condiciones, sin discriminaciones como un tema central de derechos humanos. * Elba Núñez es una feminista paraguaya, integrante de CLADEM Paraguay. Abogada y Trabajadora Social. Trabaja en temas de derechos económicos sociales y culturales, derechos sexuales y derechos reproductivos y violencia basada en el género. Para más información: enunez@cu.com.py
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COHRE (Centro por el Derecho a la Vivienda y contra los Desalojos) es una organización no gubernamental, independiente y de actuación internacional, comprometida con la defensa y la garantía plena del derecho humano a una vivienda adecuada para todos, en todo el mundo. Desde 1994 trabaja junto a instituciones de derechos humanos, grupos de pobladores de comunidades empobrecidas y actua en diversas instancias intergubernamentales en su calidad de entidad registrada con estatus
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Boletín_ Derecho a la Vivienda y a la Ciudad en América Latina Año 3_Nro. 8 | Julio 2010 Editora Josefina Salomón
consultivo en Naciones Unidas (NU), Organización de los Estados Americanos (OEA) y estatus de observador en Unión Africana. Para llevar adelante sus acciones, COHRE tiene programas regionales en Africa, Asia y América Latina. Cada uno de ellos, desarrolla las siguientes líneas de trabajo: Derecho a la Ciudad Derecho al Agua y Saneamiento Litigio Derecho de las Mujeres a la Vivienda Restitución de Vivienda y Propiedad y Prevención de Desalojos Forzosos.
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Desde 2002, el COHRE América Latina actua en la región organizando proyectos de capacitación y formación, asistencia legal a comunidades marginales de asentamientos informales en áreas urbanas y rurales, difusión y campañas sobre el derecho a la vivienda y a la ciudad. Asimismo, el Programa lleva a cabo acciones de incidencia a nivel nacional e internacional, misiones de investigación, litigios, monitoreo de desalojos forzosos.
Los países en los que COHRE se está enfocando son: Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, también desarrolla acciones de investigación, denuncia e incidencia en Guatemala, Peru y Paraguay.
pag 8 / La Bolsita, Argentina ©COHRE. pag 9 / La Bolsita, Argentina ©COHRE. pag 10 / Manaus, Brasil ©COHRE.
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“COHRE extiende su más sincero agradecimiento a todas aquellas personas que colaboraron en la producción, edición Fotografías y diseño de este boletín. Especialmente, tapa / Barrio informal en Sao Pedro, Brasil ©COHRE. queremos agradecer a aquellas personas pag 1 / Barrio informal en Sao Pedro, Brasil ©COHRE. que colaboraron con sus artículos pag 2 / Villa 31, Buenos Aires, Argentina ©COHRE. pag 3 / Villa 31 bis IV, Buenos Aires, Argentina ©COHRE. y análisis. Sin ese valioso material, pag7/Reunion de mujeres activistas, Colombia©COHRE. el boletín no podría existir.”