Gobierno Eficiente: Fondos Federales

Punto de Partida: La condición territorial es una desventaja natural para obtener fondos federales en igualdad de condiciones. La cláusula territorial permite el trato desigual. Por eso, más que ser un tema de división, el estatus y la necesidad de igualdad es un tema por el que todos tenemos que unir esfuerzos.

Aspecto operacional y estructural que hay que mejorar:

El Gobierno central y los municipios tienen que maximizar los recursos para obtener fondos federales.

Hay situaciones que surgen de la aprensión por el tema del inglés, por lo que trabajaremos para que eso no sea un obstáculo para tener más recursos federales.

Hay aprensión a trabajar con gobierno federal en algunas dependencias y municipios cuando no debe verse así. Hay falta de coordinación.

Sólo competimos en 225 programas federales de los más de 800 programas disponibles.

Podemos lograr mucho más:

Capacitaremos a nuestros empleados en el proceso de solicitud, uso, administración y recurrencia de la obtención de fondos federales.

Vamos a integrar a nuestros estudiantes de los distintos recintos de la universidad para que conozcan el proceso federal de solicitud y administración de fondos.

Vamos a hacer consorcios a nivel municipal para este esfuerzo.

La Oficina de Gerencia y Presupuesto se enfocará en el monitoreo y uso de fondos federales para agencias y municipios.

Vamos a trabajar con el Tercer Sector, pues cuenta con gran experiencia en el área.

La Comisionada Residente es importantísima en este esfuerzo, no sólo por su trabajo en el Congreso, sino también por sus relaciones con el liderato del Partido Republicano y su trabajo en equipo con Pedro Pierluisi, quien tiene excelentes relaciones con el liderato del Partido Demócrata.

Áreas en las que debemos competir o hacer más:

Como parte de esta estrategia, tenemos que insertar a la Isla y aumentar significativamente los censos en los que participa a nivel federal porque estas estadísticas aumentan las probabilidades de que las agencias federales pertinentes entiendan mejor la situación de Puerto Rico.

En ese sentido procuraremos que el gobierno maximice la información estadística provista por el Negociado de Análisis Económico (Bureau of Economic Analysis) del Departamento de Comercio de los Estados Unidos.

También trabajaremos con el Jefe de Estadísticas de los Estados Unidos y con el Negociado del Censo para aumentar la cantidad de información que se le provee de la Isla en sus programas de estadísticas, como, por ejemplo, el American Housing Survey.

También procuraremos participar en los censos del National Center for Education Statistics, el National Agricultural Statistical Service, el Bureau of Justice Statistics, el National Survey on Drug Use and Health, el National Center for Health Statistics, y el National Emergency Information Administration, entre otros.

Otras iniciativas:

El Transportation Infrastructure Finance and Innovation Act (TIFIA): Este programa federal está destinado a financiar obra mediante préstamos a bajo intereses para el desarrollo de obras de infraestructura. Fomentaremos el que los municipios participen de este programa como proponente o como participantes en otras propuestas.

Moving to Work: Éste programa ayuda a familias necesitadas a ser auto- suficientes. El programa confiere flexibilidad para combinar e intercambiar las sumas de fondos federales que se reciben para vivienda y los vales de vivienda de Sección 8. Usualmente los block grants son distribuidos a agencias sin necesariamente parear la utilidad de los fondos con las responsabilidades de dichas agencias.

Community Service Block Grants (CSBG) y Social Services Block Grants: ODSEC ha demostrado tener una estructura ágil de desembolso de fondos obtenidos bajo estos programas que son muy útiles en momentos de emergencia o acontecimientos atmosféricos.

Establecer un nuevo mecanismo de financiamiento de obras de carácter social mediante alianzas con el Sector Privado y el Tercer Sector. En los estados este concepto es conocido bajo el nombre de Social Impact Bonds o “SIB’s” y en la actualidad ha producido beneficios significativos en estados como Nueva York e Illinois. Identificaremos las poblaciones de necesidad, estableceremos metas claras y medibles, y abriremos una convocatoria pública para proveer este tipo de servicios y alcanzar sus metas. El Tercer Sector entonces participará de las convocatorias a través de propuestas competitivas y una vez obtenido el contrato, la organización convocará al respectivo fondo de inversión social y lo mercadeará por medio de bonos para la empresa privada.

Recientemente el Primer Circuito confirmó la sentencia del juez federal Gustavo Gelpí en el caso del ciudadano Luis Vaello Madero, que determinó que éste no tiene que devolver el dinero del Programa de Seguridad de Ingreso Suplementario (SIS), del Seguro Social luego de haberse mudado de Nueva York a Puerto Rico. Puerto Rico no participa de este programa, sino que cuenta con el Aid to the Aged, Blind and Disabled Program (AABD), mediante el cual se tiene que realizar un pareo del 25% de los fondos que se reciben. A través del AABD, la Isla recibe $24 millones al año, por lo que sólo se pueden proveer pagos de $74 al mes. Por el contrario, si Puerto Rico fuera tratado igual que los estados bajo el programa de SSI, el gasto federal estimado por la GAO fluctuaría entre $1,500 millones y $1,800 millones. En otras palabras, se recibiría mucho más de lo que actualmente ocurre si se tratara a Puerto Rico en igualdad de condiciones con los estados. Se estima que alrededor de 300,000 ciudadanos americanos residentes en la Isla podrían cualificar para recibir beneficios del SSI.

El Subsidio por Bajos Ingresos, conocido en inglés como Low Income Subsidy (LIS), fue aprobado a través del Medicare Prescription Drug, Improvement and Modernization Act of 2003 (MMA), al igual que la Parte D de Medicare. Este subsidio provee asistencia a aquellos ciudadanos que están por debajo del 150% del nivel de pobreza federal, conocido como Federal Poverty Level (FPL), para el pago de la prima del seguro para la Parte D del Medicare, así como los deducibles y copagos relacionados al costo de los medicamentos. Al convertir este por ciento en cifras, los ingresos requeridos son de $17,820 en los 48 estados y el Distrito de Columbia. En conjunto con la Comisionada Residente, se presentarán medidas dirigidas a incluir a Puerto Rico en el Low Income Subsidy y así, los ciudadanos americanos que residen en la Isla disfrutarán de mayores beneficios para pagar sus medicamentos. Para ellos, podemos aprovechar los $200 millones más al año para beneficiarios del Medicare que solicitaremos.

El Tercer Sector es un socio clave a la hora de que Puerto Rico pueda allegar mayores fondos federales para Puerto Rico. Resulta imperativo capacitar a más organizaciones para que estas puedan a su vez procurar mayores oportunidades de fondos federales.