ACUSACIÓN CÍVICA PRESENTADA POR EL EQUIPO DE INVESTIGACIÓN AL TRIBUNAL ÉTICO POR LA DEMOCRACIA Asunción, 22 de octubre de 2012 Resumen de la acusación preparada por el Equipo de Investigación designado el pasado 28 de agosto, que sistematiza y analiza las pruebas a favor y en contra del Congreso de la Nación, institución denunciada inicialmente por siete causales que la presente investigación amplía.
LAS CAUSALES Acciones violatorias de la Constitución Nacional, que imposibilitan la existencia de un Estado Social y Democrático de Derecho y de un sistema político democrático y republicano en Paraguay; Sanción de leyes contrarias al interés general, que impiden el desarrollo nacional para favorecer a sectores económicos a los cuales se representa y responde en exclusividad; Incumplimiento del deber constitucional de reglamentar efectivamente la garantía de los derechos consagrados en la Carta Magna de 1992, desprotegiendo a la
ciudadanía toda y, en especial, a los sectores más excluidos; Grave irresponsabilidad institucional, por su política activa de aislamiento del país y debilitamiento de los principales procesos de integración regional; Degradación de la honorabilidad del Congreso de la Nación, por conductas discriminatorias y de defensa de intereses ilegales, autoasignación de privilegios, evidencias de comisión de hechos de corrupción en el ejercicio del cargo, utilización de fueros como blindaje corporativo para la impunidad de parlamentarios/as ante el requerimiento judicial por la comisión de delitos;
Uso despótico de instrumentos de control a otras instituciones estatales, premiando la subordinación de sus titulares a las mayorías parlamentarias y sus financistas, aun existiendo evidencias de corrupción y comisión de otros delitos contra aquellos, extorsionando a funcionarias/os que aplican medidas orientadas al cumplimiento de la ley y a una mayor justicia social y deponiendo a altas autoridades públicas de manera flagrantemente antijurídica;
Retrocesos con impacto político, económico y social para el Paraguay a nivel nacional e internacional, como consecuencia de la destitución arbitraria por el Congreso del Presidente electo constitucionalmente en abril del 2008.
LAS ACUSACIONES contra un Parlamento que:
Utiliza para amedrentar a la Contraloría General de la República el instrumento de control más importante del que dispone (el Juicio Político), en represalia por pedir informes reiterados a un intendente con serios indicios de malversación de fondos en su gestión. Maneja con criterios cupulares partidistas todos los órganos específicos de control creados constitucionalmente: Consejo de la Magistratura, Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, Defensoría del Pueblo, la Fiscalía General del Estado-Ministerio Público, etc., cooptándolos y neutralizándolos. Nombra funcionarios/as a discreción y no remite los informes obligatorios de altas y bajas a la Secretaría de la Función Pública. Sostiene en sus cargos a integrantes de la Corte Suprema de Justicia, responsables de un Poder Judicial sin control administrativo-presupuestario de gastos por la Contraloría General de la República (CGR), a partir de resoluciones de dicho órgano que
violan directamente lo ordenado en el artículo 249 de la CN. Una Municipalidad que ya se ha acogido a esa “jurisprudencia” y hoy está fuera del control de la CGR, en violación al artículo 281 de la Carta magna. Actúa en connivencia con una Justicia Electoral partidizada, que nunca ha remitido a la institución competente –pese a reiterados reclamos formales– la nómina de personal contratado. Sólo con la intervención de una agente fiscal (que luego se apartó del caso) pudo obtenerse la lista del TSJE, que demuestra la dilapidación de recursos públicos: en 2010 eran más de 20.000 personas contratadas. Avala a un TSJE y una CSJ cuyos integrantes vulneran la Constitución al permanecer en sus cargos, cuando esta señala como requisito para los mismos la notoria honorabilidad. Prioriza el electoralismo a la Salud Pública, dado que pasó de asignar un presupuesto de 539.000 millones de guaraníes al TSJE en 2011 a 589.000 millones en 2012, mientras recortó el pedido presupuesto 2012 del MSPBS para el Programa de Unidades de Salud de la Familia, que apuntaba a crear 196 nuevas unidades para dar acceso a la salud a miles de compatriotas.
Impide la reducción de la pobreza en el país. Del presupuesto total solicitado al Congreso en el 2011 para el Programa Tekoporã, sólo concedió recursos para seis meses; pese a las movilizaciones sociales, no aprobó la ampliación para que el Estado pague la deuda que tenía con las familias correspondientes al 2011 y hubo que apelar a fondos de donación extranjera. Para el 2012, solamente otorgaron un aumento de 55.000 millones de guaraníes, sumando en total 165.000 millones, pese a que el Poder Ejecutivo había presentado su programa operativo anual por 489.000 millones (100.000 millones menos que el presupuesto anual del TSJE). MÁS INFORMACIÓN: http://juicioeticoalparlamento.com
LAS ACUSACIONES contra un Parlamento que:
Boicotea a través del Presupuesto General de Gastos la aplicación de políticas sociales. El Programa de Tekoporã fue impedido de llegar a la meta de atender a 200.000 familias beneficiarias (de las aproximadamente 230.000 familias en situación de pobreza extrema a nivel país), debido a la negación de recursos. De esta forma se recortaron las transferencias monetarias condicionadas pero también el adecuado acompañamiento para la vinculación con programas productivos que permitirían salir de la necesidad extrema a las familias. El presupuesto aprobado para 2012 sólo alcanza para cumplir con 90.500 familias por 10 meses y medio ‒nuevamente sin siquiera respetar el compromiso asumido con estas‒ y no cubre salario para facilitadores/as comunitarios. -
No ha reglamentado efectivamente la mayoría de los derechos expresamente reconocidos por la Constitución, impidiendo a la población el acceso a los mismos al no contar con instrumentos que garanticen su cumplimiento, a través
de las acciones y sanciones correspondientes. Sostiene a un Defensor del Pueblo ineficiente, que desde el año 2001 no ha presentado un solo informe a la sociedad sobre la situación de ningún derecho humano en el Paraguay y las obligaciones incumplidas del Estado (salvo los obligatorios informes ante al sistema de protección universal e interamericano de DDHH), ausente de los principales temas de DDHH del país y que incluso ha recomendando, por ejemplo, el rechazo al IRP. Consagra un sistema impositivo inequitativo, donde los trabajadores/as independientes de cualquier oficio deben pagar 10% sobre sus ingresos mientras el sector de mayores ganancias y enriquecimiento en las últimas décadas (el agroexporador) prácticamente no paga impuestos, aportando sólo el 2,25% del total recaudado por el fisco (0,25% por el impuesto a la renta de las actividades agropecuarias Imagro y 2% por el IVA). Fue presidido por un senador que evadió impuestos flagrantemente en 2010, avalado por una Fiscalía y un Poder Judicial en Luque tan sometidos a su poder que ni siquiera se animaron a imputarlo.
Está integrado por un diputado que usurpa y se enriquece con la explotación de 1.600 hectáreas de tierras en Antebi Cue, una colonia para familias beneficiarias de la reforma agraria. En marzo de este año, el diputado en cuestión presentó un proyecto de blanqueo de esas tierras usurpadas ilegalmente, cuya aprobación sentaría un nefasto precedente para la recuperación de las tierras ilegalmente adjudicadas u ocupadas por personas que no son sujetos beneficiarios del Estatuto Agrario.
MÁS INFORMACIÓN: http://juicioeticoalparlamento.com
LAS ACUSACIONES contra un Parlamento que:
Ha sesionado sin el quórum constitucional requerido y ha aprobado leyes sin las mayorías establecidas en la CN para tomar decisiones, incluyendo rechazos a vetos del Poder Ejecutivo (por supuesto, todos actos nulos), según se constata en las actas de sesiones que presenta esta acusación. Ha permitido la violación de leyes vigentes, al permitir que el titular del Ministerio de Agricultura y Ganadería apruebe de forma irregular semillas transgénicas de poderosas transnacionales, sin llamar la atención a un funcionario personalmente responsable (en lo administrativo, civil y penal) por dichas acciones y sus efectos. Es contrario a los intereses nacionales, denegando sistemáticamente acuerdos para el nombramiento de embajadores en países vecinos y del Mercosur, sin fundamento legítimo alguno, simplemente para evitar el fortalecimiento de las relaciones de integración y cooperación
estratégicas para un país sin litoral marítimo como el Paraguay. A modo de ejemplo: hasta hoy carecemos de embajador/a en Bolivia; se denegó acuerdo como embajador en Brasil a un vicecanciller (ex embajador de Paraguay ante las NNUU y responsable de conducir el proceso de renegociación del Tratado de Itaipú, por primera vez beneficioso para el país); se negó acuerdo en forma consecutiva a dos intelectuales de prestigio propuestos por el Ejecutivo como embajadores ante Uruguay, para finalmente prestar a acuerdo al nombramiento de la senadora Mirtha Vergara de Franco (actualmente designada por su cuñado como consejera de Itaipú). Es tan poco democrático que carece por completo de mecanismos efectivos de rendición de cuentas y control de las responsabilidades de quienes lo integran, operando deliberadamente para ello. Desde el 2003, ha bloqueado proyectos que reglamenten efectivamente el art. 104 de la CN que obliga a la declaración jurada de bienes y rentas. A la fecha de esta presentación, no hemos podido acceder a la información solicitada sobre cuáles de los parlamentarios/as actuales cumplieron su obligación de presentar declaración jurada de
bienes (aunque el informe estaba listo, el Contralor no autorizó su entrega), información pública a la cual todos los habitantes de este país tenemos derecho. Es antirepublicano hasta el extremo, utilizando en el libelo acusatorio contra el Presidente electo por la voluntad popular como una de las causales “la invasión de propiedad privada”, refiriéndose tierras que desde hace años se encuentran en litigio entre la Procuraduría General ‒institución encargada de defender los intereses patrimoniales del Estado‒ y la empresa Campos Morombí, que usurpa las tierras de Marina Cue. MÁS INFORMACIÓN: http://juicioeticoalparlamento.com
EL JUICIO ÉTICO La suma de las acusaciones presentadas, que serán juzgadas por el Tribunal Ético por la Democracia el próximo 22 de noviembre durante un acto público, permite calificar la actuación institucional del actual Congreso Nacional como despótica, es decir, propia del que gobierna sin sujeción a la ley, con abuso de poder o autoridad.
Las pruebas ofrecidas: Documentales (copias de actuaciones, informes solicitados a instituciones del Estado y otros instrumentos, así como audios, audiovisuales). Periciales. Testificales.
La solicitud al Tribunal Ético: 1. TENER por presentada en tiempo y forma la ACUSACIÓN CÍVICA contra el Congreso de la Nación por su mal desempeño institucional desde el 1° de julio de 2008 hasta el 19 de octubre de 2012, con relación a las causales ya citadas.-
2. TENER por ofrecidas las pruebas individualizadas en el presente escrito conclusivo.3. IMPRIMIR el trámite establecido en el Procedimiento de Juicio Ético a Organismos del Estado.4. Oportunamente, DICTAR SENTENCIA DE CONDENA ÉTICA CONTRA EL CONGRESO NACIONAL y APLICAR la máxima sanción que pudiere corresponder; tomando en consideración todos los daños y perjuicios que su gestión institucional ha ocasionado al país; su rol en la configuración de un sistema no democrático y sin vigencia de un Estado de Derecho; su participación decisiva en el sostenimiento de un orden socioeconómico de desigualdades e injusticias estructurales (causante de múltiples sufrimientos y vulneraciones de derechos básicos de millones de personas en el país y de compatriotas emigradas/os por falta de oportunidades); así como por la conflictividad social proveniente de dicho orden existente en el Paraguay.5. 5.- CONSIDERAR como agravantes la falta deliberada de mecanismos efectivos de rendición de cuentas a la ciudadanía, y de control de las responsabilidades por
transgresiones, faltas y delitos cometidos en el ejercicio del cargo, por los cuales son personalmente responsables las y los congresistas, como lo establece el artículo 106 de la Constitución Nacional vigente. Asimismo, los costos y esfuerzos para desarrollar herramientas e implementar mecanismos de control ciudadano de sus actuaciones, ante la falta cuasi absoluta de transparencia en la gestión legislativa y administrativa del Parlamento.-
POR LA RECUPERACIÓN DE LA DEMOCRACIA, TE ESPERAMOS EL PRÓXIMO 22 DE NOVIEMBRE EN LA PLAZA DE LA DEMOCRACIA MÁS INFORMACIÓN: http://juicioeticoalparlamento.com