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a i c i t s u j y d a d r Memoria, ve
COORDINADORA DE ORGANIZACIONES Y MOVIMIENTOS POPULARES DE ARGENTINA
s o r e ñ a p m o c y s a r e ñ a p 30.000 com s o d i c a r a p a s e d s o d deteni Este 24 de marzo nos encuentra nuevamente saliendo a las calles en una jornada de lucha por la memoria, la justicia y la verdad. Seguimos en las calles construyendo la memoria histórica de nuestro pueblo trabajador contra la dictadura genocida que desapareció 30000 compañeras y compañeros, militantes obreros, estudiantiles, barriales y populares. Dictadura que apuntó a destruir las formas de organización popular para imponer a sangre y fuego la entrega, el saqueo y el endeudamiento de nuestro país y la derrota de un proyecto alternativo de sociedad. Nuevamente nos encontramos para denunciar al conjunto de actores de la sociedad civil que sostuvo y promovió el genocidio junto al aparato represivo: los grupos económicos, la cúpula de la iglesia y sectores políticos junto a los grandes medios de comunicación. Derechos Humanos, ayer y hoy. En estos años hubo avances progresivos en el terreno de los Derechos Humanos. El juicio y castigo a todos los responsables tanto militares como civiles de la violación sistemática de los Derechos Humanos durante la última dictadura militar, es una bandera levantada desde hace más de 30 años por distintas organizaciones políticas y sociales. Gracias a años de lucha de nuestro campo popular se ha logrado que este reclamo tan sentido por el conjunto de nuestro pueblo se materialice en la derogación de las llamadas “leyes del perdón” en el año 2005 y la reanudación de los juicios a los genocidas. Esto significó el avance concreto en el juzgamiento de Alfredo Astiz, Ricardo Cavallo, Jorge Acosta, Luciano Benjamin Menéndez y Jorge Rafael Videla, entre otros. Sin embargo, los avances en este terreno no pueden desmentir la inconsistencia del discurso oficial sobre los Derechos Humanos. No podemos obviar que con este Gobierno existen desaparecidos en democracia, como Julio López, Luciano Arruga o Marita Verón. Estos casos ponen en evidencia la impunidad con la cual se manejan aún hoy las estructuras policiales, que no han sido prácticamente tocadas desde la dictadura. Ta m p o c o p o d e m o s o b v i a r q u e l o s responsables civiles y económicos de la dictadura siguen impunes, el creciente número de dirigentes populares procesados por luchar, los militantes asesinados en este tiempo –entre ellos Carlos Fuentealba, Mariano y Cristian Ferreyra-, y la reciente aprobación de la Ley anti-terrorista (contra la cual se posicionaron, incluso, diversos actores afines al gobierno, como Madres de Plaza de Mayo, Hijos, CELS y Raul Zaffaroni, entre otros). Con esta nueva ley, el Estado confunde
¡presentes!
peligrosamente la militancia social con el terrorismo, en un país que ha sufrido el verdadero terrorismo ejercido desde el aparato represivo del Estado. Este Gobierno mantiene también desde el seno de la Gendarmería Nacional un dispositivo de espionaje y persecución de militantes sociales como es el “Proyecto X”. Los desafíos de la construcción de una alternativa política de los de abajo. En el mismo sentido que planteábamos en el acto unitario a 10 años de las jornadas del 19 y 20 de Diciembre, entendemos que las m e d i d a s e fe c t i va m e n t e p ro g r e s i va s implementadas por el gobierno de Néstor y Cristina Kirchner en estos ocho años (como la asignación universal por hijo o la reestatización de los fondos jubilatorios) no son parte de un programa integral que corte definitivamente con el saqueo y la precarización de las condiciones de vida de nuestro pueblo impuestas a fuego por la última dictadura. Pese a algunas concesiones sociales y democráticas, el gobierno mantiene un compromiso estratégico con el núcleo del agronegocio y el extractivismo minero, con un modelo de desigualdad social que promueve un entramado industrial concentrado y extranjerizado basado en variadas formas de sobreexplotación de la fuerza de trabajo. Pese al discurso nacionalista por Malvinas, el Gobierno no enfrenta la dominación imperialista como lo demuestra paradigmáticamente la entrega de nuestra cordillera a capitales extranjeros para el saqueo de nuestros recursos mineros. La reciente tragedia ferroviaria de Once es evidencia dramática de las consecuencias del actual “modelo”: mientras los empresarios se llevan abultados subsidios estatales, el pueblo trabajador vuelve a poner muertos producto de la codicia empresarial y la complicidad estatal. Entendemos que la dictadura significó una derrota para el pueblo trabajador y los proyectos de transformación social, que se tradujo en un importante retroceso de las organizaciones de los trabajadores y los sectores populares. Sin embargo, nos hemos ido recuperando. La historia de los últimos años ha mostrado nuestra fuerza para avanzar, lenta pero decididamente, en la reconstrucción de la auto organización desde abajo de los sectores sociales en lucha. Los trabajadores ocupados recuperando fábricas, luchando por la democracia sindical y contra la precarización laboral; los movimientos de trabajadores desocupados peleando por trabajo, vivienda, dignidad y cambio social; movimientos de docentes y estudiantes d e fe n d i e n d o l a e d u c a c i ó n p ú b l i c a ; organizaciones feministas enfrentando el
patriarcado y la doble explotación; pueblos originarios defendiendo sus tierras, historia y derechos; movimientos ambientalistas enfrentando la contaminación y el saqueo de los bienes naturales. La constitución de una memoria activa y el homenaje a las compañeras y compañeros desaparecidos pasa en la actualidad por afrontar sin sectarismos la tarea de construir una alternativa política de los de abajo. Una alternativa política que pueda aglutinar las diferentes expresiones del campo popular en un proyecto emancipatorio, de carácter popular y anticapitalista. A 36 años del golpe militar ese es el desafío de nuestro tiempo. CONVOCAMOS: Ademys (Asociación Docente de Enseñanza Media Y Superior) / AGTCAP (Asociación Gremial de Trabajadorxs Cooperativxs, Autogestionadxs y Precarizadxs) / Autodeterminación y Libertad / Corriente de Organizaciones de Base La Brecha / Colectivo Desde el Pie / COMPA (Coordinadora de Organizaciones y Movimientos Populares de Argentina) / CPS Rompiendo Cadenas / CTA Capital (Central de Trabajadores de Argentina) / Espacio Humahuaca (Casa de los Trabajadores Agustín Tosco, Agrupación Domingo Menna, Agrupación Kiki Lezcano, Movimiento Justicia y Libertad, Movimiento Popular La Dignidad, Movimiento Tupaj Katari, Movimiento Unidad y Lucha, Movimiento por la Unidad Latinoamericana y el Cambio Social, MTD Anibal Veron - Capital) / FISYP (Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas) Frente Territorial 26 de Junio / MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionario) / MPR Quebracho / Pañuelos en Rebeldía / Periódico Sindical El Mortero
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La larga lucha de los organismos de derechos humanos, organizaciones sociales y políticas, finalmente está avanzando en lograr memoria, verdad y justicia a los responsables del genocidio cometido durante la dictadura. Es por eso que, como cada 24 de marzo, nos movilizamos para fortalecer estas demandas y poner fin definitivo a la impunidad. Exigimos justicia para los 30.000 compañeras y compañeros desaparecidos: avance de los juicios por delitos de lesa humanidad, efectivización de las sentencias que ya existen y cumplimiento efectivo en cárcel común, como también la incorporación de los crímenes cometidos por la Triple A, poniendo a disposición de los organismos de derechos humanos los archivos clasificados que guarda el Estado argentino. Este 24 de marzo, también seguimos exigiendo justicia por Jorge Julio López, cuya desaparición lleva más de 66 meses, evidenciando así la impunidad del aparato represivo.
La aprobación de la ley antiterrorista en diciembre de 2011, representa un gran retroceso en materia de Derechos Humanos, más aún en la Argentina, donde el combate a supuestas acciones terroristas sirvió de pretexto para llevar adelante los crímenes más atroces de nuestra historia. La ley antiterrorista, que según afirmaron voceros oficialistas nunca iba a ser utilizada para reprimir las protestas populares, ya ha empezado a ser utilizada como marco legal por fiscales que criminalizan las protestas de las comunidades afectadas por los mega-proyectos de minería a cielo abierto. La criminalización de la protesta social se expresa también en las causas y condenas a mas de 5000 luchadores populares de todo el país, que cargan sobre sus espaldas causas por enfrentar a patotas sindicales y paraestatales que operan impunemente en sus lugares de trabajo y otros territorios. Nuestra lucha reclama con fuerza justicia para nuestros compañeros Darío y Maxi, Mariano Ferreyra, Cristian Ferreyra, los jóvenes de Bariloche y los de José León Suárez, los compañeros asesinados de la comunidad Qom, de Soldati, del Ingenio Ledesma, entre otros ejemplos de cómo año tras año, el aparato represivo sigue disparando contra los militantes populares.
Seguimos levantando las banderas de aparición con vida y juicio a los responsables de la desaparición de Luciano Arruga. Denunciamos a la maldita policía y también señalamos la complicidad política de los gobiernos municipales, provinciales y nacionales, que ante el maltrato y la vulnerabilidad que sufren nuestros pibes responden con leyes que criminalizan la pobreza y la protesta social. No queremos más muertes y desapariciones disfrazadas de delincuencia, enfrentamientos o ajustes de cuentas, como se ha intentado hacer también con Damián Suarez, Andrés Rodríguez y
En Argentina, las redes de trata secuestran anualmente a cientos de mujeres y niñas para explotarlas sexualmente. Estas desapariciones forman parte de un negocio muy complejo que incluye la prostitución, la industria pornográfica y el turismo sexual; en complicidad con el poder político y policial. Pero también siguen siendo posibles, porque en nuestra sociedad se tolera que el cuerpo de las mujeres sea un objeto que puede ser comprado, alquilado, vendido y descartado. Luchamos entonces contra la naturalización de las desapariciones para la explotación sexual, contra la impunidad de los tratantes y proxenetas, y por el desmantelamiento de las redes de trata. Sostenemos también que no hay libertad democrática sin el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, por eso seguimos exigiendo derecho al aborto legal, seguro y gratuito. La insalubridad y el riesgo de vida que implica el aborto clandestino, es uno de los tantos derechos de las humanas que están siendo vulnerados hoy en día.
Estamos a pocos días de que se cumplan 30 años de la guerra de Malvinas. Mientras el reclamo de soberanía sigue vivo, luchamos porque la soberanía popular pueda extenderse a todos los terrenos de vida de nuestro pueblo. Las empresas transnacionales saquean la Cordillera, contaminan el medio ambiente e impiden otras actividades económicas por el enorme consumo de agua y energía. Junto a los cortes de ruta y las asambleas del norte del país defendemos nuestros bienes comunes y exigimos el fin del apoyo oficial a la mega minería contaminante. Nuestro campo se explota industrialmente pensando en la ganancia económica para la exportación mientras siguen existiendo necesidades insatisfechas y la inflación golpea los bolsillos de los que menos tienen. El gas y el petróleo siguen en manos de los que hicieron negocios con la privatización. Ahora se demuestra que poco les importó el abastecimiento de las necesidades del país, sólo la rentabilidad inmediata. Un pueblo soberano es el que decide directamente si deben explotarse los bienes comunes naturales y en todo caso cómo y dónde hacerlo.
Jeremías Brasante, militantes del FPDS de Rosario asesinados en enero de este año o con los mismos Darío y Maxi, hace casi 10 años. Hoy cuando el discurso oficial nos habla de una juventud que pareciera haber despertado a la militancia en estos últimos ocho años, nosotros defendemos a una juventud a la que se criminaliza, se mata y se encarcela. Una juventud a la que las políticas de estado deja indefensa. La juventud que desde cada barriada sigue luchando por la vida y reclamando justicia.
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