Revista Noticias Aliadas 2014 by Comunicaciones Aliadas

años

Información independiente desde América Latina y el Caribe para el mundo

ISSN 1563-2458

N° 1, ENERO-MARZO, 2014. VOLUMEN 51

Paramilitares siguen operando

El peligro de la concentración de medios en el Perú. PÁG. 02

Colombia: Entrevista con Victoria Sandino Palmeras, delegada de paz de las FARC. PÁG. 25

ORSETTA BELLANI(ARRIBA); DIARIO LA REPÚBLICA (IZQ.); JENNY MANRIQUE (DER.)

Familias indígenas en México viven en permanente amenaza PÁG. 16 por presencia de grupos armados.

TATIANA GUERRERO

PERÚ

Periodista Glatzer Tuesta advierte que concentración de medios va a la par de concentración de publicidad por parte de un solo grupo empresarial.

EL PELIGRO DE LA CONCENTRACIÓN DE MEDIOS Compra de empresa informativa por el grupo El Comercio ha generado que este último tenga la propiedad de 78% de los medios escritos del país, tema que según diversos sectores pone en riesgo la libertad de expresión. 2

Víctor Liza desde Lima

asi 80% de la prensa escrita en el Perú se encuentra actualmente en manos de un solo grupo mediático, luego que el 23 de agosto del 2013, el grupo El Comercio comprara el 54% de las acciones de la Empresa Periodística Nacional (Epensa), que hasta ese momento era propietaria de las 14 ediciones regionales del diario Correo y otras publicaciones de alcance nacional. La Empresa Editora El Comercio, de propiedad de la familia Miró Quesada, se autodenomina como “el principal grupo multimedia del Perú”. Además del diario El Comercio —que apareció por primera vez en 1839—, hasta agosto publicaba seis diarios y seis revistas, además de poseer dos canales de televisión. Ahora suma tres diarios más, cinco revistas y numerosos

“El verdadero problema es el monopolio que los sectores conservadores ejercen sobre la agenda política de los medios de comunicación en el Perú, no que El Comercio haya comprado Epensa”. — CÉSAR HILDEBRANDT semanarios y suplementos especiales que pertenecían a Epensa. La transacción generó la reacción del grupo La República, que desde inicios del año pasado estaba interesado en comprar la mayoría de las acciones de Epensa. El presidente del directorio de La República, GustavoMohmeSeminario,fueelprimeroenseñalarquela acción de El Comercio constituía “una concentración de medios”, lo cual representa “una amenaza a la libertad de expresión”. A fines de noviembre, un grupo de ocho periodistas, entre los que figura el propio Mohme, presentaron ante el Poder Judicial peruano una demanda de amparo pidiendo la nulidad de la compra hecha por El Comercio, pues sostuvieron que esto atenta contra el derecho a la libertad de expresión, establecido en la Constitución del Estado. Hasta allí, el debate permaneció en segundo plano. Se calienta el debate El 29 de diciembre pasado, en una entrevista concedida en televisión, el presidente Ollanta Humala manifestó que esta compra representaba “una amenaza a la libertad de expresión” aunque indicó que dicha acción “ahora no es ilegal”. Al día siguiente, el diario El Comercio publicó una portada controvertida: “Humala lanza velada amenaza contra la libertad de expresión”. Sin embargo, el mandatario peruano no bajó la guardia como en otras ocasiones en las que dio marcha atrás ante la presión mediática, e incluso propuso que el Congreso trate el tema en su seno. A partir de este hecho, el debate se calentó tanto, que hasta el ex candidato presidencial y Premio Nobel de Literatura 2010, Mario Vargas Llosa, sentó posición criticando al grupo El Comercio. Aunque rechazó que el Estado intervenga y se apruebe una ley de medios como las que existen en

CONTENIDO AMÉRICA LATINA/ EL CARIBE Calidad de empleo no mejora Jóvenes se debaten entre el desempleo y la informalidad LGTB en las Fuerzas Armadas

18 37

EL CARIBE El costo del cambio climático

BOLIVIA Aborto legal para víctimas de delitos sexuales

BRASIL Continúan protestas de cara a mundial de fútbol Movimientos sociales víctimas de espionaje corporativo

CHILE La segunda oportunidad de Bachelet

CHILE/PERÚ Nueva frontera marítima

COLOMBIA Congreso poco confiable Entrevista con Victoria Sandino Palmeras, delegada de paz de las FARC

COSTA RICA Indecisos definieron resultados electorales

CUBA Comunidad LGBTI en lucha

EL SALVADOR Izquierda y derecha disputarán segunda vuelta FMLN resultó ganador en reñidas elecciones Comunidad LGBTI: hacia la conquista de sus derechos

06 10 39

GUATEMALA Rompiendo tabúes sobre sexualidad

HONDURAS Impunidad impulsa feminicidios

MÉXICO Paramilitares siguen operando Violencia económica contra la mujer Violencia de género en salas de maternidad

16 21 23

NICARAGUA Ausencia de educación sexual Bodas simbólicas entre parejas homosexuales

30 38

PERÚ El peligro de la concentración de medios Mujeres esterilizadas buscan justicia

02 22

REPÚBLICA DOMINICANA Urge reducir mortalidad materna Homofobia institucionalizada

29 38

VENEZUELA Institucionalidad en crisis

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Argentina y Ecuador, Vargas Llosa indicó en su columna del diario español El País que este tema debe ser resuelto en el Poder Judicial, a través de la demanda presentada por los ocho periodistas, y que sería bueno que llegue hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En tanto, El Comercio respondió, a través de sus editoriales y columnas de opinión de algunos de sus periodistas, que ellos habían hecho la compra en buena ley, y que el público tenía “la libertad de elegir”. Al mismo tiempo, sostuvo que cualquiera en el país puede crear diarios, porque las normas lo permiten. Quien le dio la razón en parte a El Comercio fue el reconocido periodista César Hildebrandt. “El Comercio ha hecho mal comprando Epensa, pero ha actuado dentro de la ley actual, que permite esto. Los periodistas que han presentado la demanda, todos ellos avalan el sistema liberal, que permite la concentración y castiga a las minorías, a las marginales del periodismo”, dijo en tono crítico en una entrevista concedida al canal venezolano Telesur. Hildebrandt fue más allá al afirmar, en la misma entrevista, que “de 13 millones de electores, un millón lee periódicos y 12 millones ven televisión, que está absolutamente controlada por los sectores conservadores. El verdadero problema es el monopolio que los sectores conservadores ejercen sobre la agenda política de los medios de comunicación en el Perú, no que El Comercio haya comprado Epensa”. Otros intereses El periodista Glatzer Tuesta, conductor del programa “No Hay Derecho” de Radio San Borja, en Lima, dijo a Noticias Aliadas que el debate sobre la concentración de medios en el Perú “es sano y no se puede tapar con un dedo”. Además de afirmar que la compra es “peligrosa para la libertad de expresión”, sostuvo que el grupo El Comercio “tiene intereses no sólo mediáticos”. “Los socios de El Comercio tienen acciones en construcción y vivienda. ¿Qué pasaría si es que esos grupos empresariales tienen problemas? ¿Serán cubiertos por los periodistas de este grupo, en tanto que sean temas de interés público? Si revisas como se comportó el grupo [antes de la compra], vas a ver que en el mejor de los casos, le dieron poca importancia”, resaltó. En el plano político, recordó que el diario El Comercio, durante las elecciones presidenciales del 2011, apoyó la candidatura de Keiko Fujimori, la hija del ex dictador Alberto Fujimori (19902000) que actualmente cumple una condena de 25 años de cárcel por corrupción y violaciones a los derechos humanos durante su gobierno.

“Cuando un grupo empresarial tiene muchos medios de comunicación, la posibilidad de que acallen voces incómodas es mayor, porque finalmente puede, por sus preferencias, dejar de lado algún punto divergente, sobretodo en escenarios electorales”. — GLATZER TUESTA “Cuando un grupo empresarial tiene muchos medios de comunicación, la posibilidad de que acallen voces incómodas es mayor, porque finalmente puede, por sus preferencias, dejar de lado algún punto divergente, sobretodo en escenarios electorales”, explicó Tuesta. “Supongamos que El Comercio apoya a un determinado candidato. ¿Qué va a pasar con las otras candidaturas? De hecho que les hará cobertura, pero levantando a su candidato y perjudicando a los demás”. El periodista, cuyo programa radial es producido por el no gubernamental Instituto de Defensa Legal (IDL), también cuestionó la compra hecha por El Comercio, pues genera también “concentración de la publicidad” perjudicando a diarios de alcance local y no nacional. “Si ellos tenían el interés de seguir avanzando y ganar terreno, ¿por qué deciden comprar otro paquete? ¿Por qué no sacaron otro diario? Esa es la concentración”, sostuvo. Al igual que Vargas Llosa, Tuesta consideró que este problema debe resolverse en el Poder Judicial peruano, “para evitar que el gobierno haga alguna ley de forma autoritaria”. También recordó que la Relatoría de Libertad de Expresión del Sistema Interamericano de Derechos Humanos puede ayudar “en materia de abusos de poder” sobre este tema. Por ahora, la pelota está en la cancha del Poder Judicial, que a inicios de año admitió la demanda de amparo contra la compra de Epensa de parte de El Comercio. A partir de su decisión comenzará un nuevo capítulo de esta historia.q

CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA

CHILE/PERÚ

Trazo de la nueva frontera marítima entre Chile y Perú.

NUEVA FRONTERA MARÍTIMA Corte Internacional de Justicia emite fallo que establece nuevos límites marítimos pero queda pendiente resolver dónde se inicia la frontera.

Cecilia Remón desde Lima

onrisas en Lima y caras largas en Santiago fueron las primeras reacciones al conocer el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), con sede en La Haya, Holanda, el 27 de enero sobre los nuevos límites marítimos entre Chile y Perú. Los jueces de la CIJ otorgaron al Perú 50,284 km² de dominio marítimo parte del cual se encontraba bajo control de Chile (llamado triángulo interno) y el resto en el llamado triángulo externo que Chile consideraba “aguas internacionales”. La frontera marítima actual fue definida por la CIJ con una línea recta de 80 millas náuticas a partir del denominado Hito 1 que continúa con un trazo equidistante hasta alcanzar las 200 millas. Chile sólo conservó 16,352 km² de esa zona en disputa. Lo cierto es que la CIJ, como suele hacerlo, no dio la razón a ninguna de las partes, pero el balance general es que el Perú obtuvo un 70% de lo que había solicitado.

Historia del conflicto El fallo, que tiene carácter vinculante y es de ejecución obligatoria, debería poner fin a más de 130 años de disputas que datan desde la Guerra del Pacífico (1879-1883) entre Bolivia, Chile y Perú, en la cual Perú perdió la provincia de Arica y Bolivia la de Tarapacá, dejándola sin salida al mar. En 1929, Perú y Chile firmaron el Tratado de Lima que fijó la frontera terrestre definitiva. Dicho tratado define que el territorio de Tacna queda en el Perú y el de Arica en Chile. Además, estableció que la línea de frontera “parte del Océano Pacífico en un punto de la orilla del mar situado a 10 km hacia el noroeste del primer puente sobre el río Lluta de la vía férrea de Arica a La Paz”.

Para el Perú, entonces, la frontera se inicia en el Punto Concordia en la línea de baja marea y para Chile en el Hito 1, instalado a unos 300 m de la orilla para evitar que el mar lo remueva. Y este asunto no se ha resuelto con el fallo de la CIJ ya que los jueces han sostenido que su labor no era determinar la frontera terrestre. En 1952 Chile, Ecuador y Perú firmaron la “Declaración sobre Zona Marítima” que reconoce “la soberanía y jurisdicción exclusivas que a cada uno de ellos corresponde sobre el mar que baña las costas de sus respectivos países, hasta una distancia mínima de 200 millas marinas desde las referidas costas”. Dos años después, los tres países suscribieron el “Convenio sobre Zona Especial Fronteriza

EL SALVADOR

Izquierda y derecha disputarán segunda vuelta El gobernante FMLN gana primera vuelta pero deberá enfrentar a ultraderechista ARENA por la presidencia.

l Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) disputarán la presidencia en una segunda vuelta electoral que se realizará el 9 de marzo. Quien resulte elegido gobernará el país para un mandato de cinco años. De acuerdo con cifras preliminares, el FMLN, que lleva como candidato presidencial a Salvador Sánchez Cerén, obtuvo 49% de los votos frente al 39% de Norman Quijano, de ARENA. En tercer lugar quedó el expresidente Antonio Saca (2004-2009), del Movimiento Unidad, con 11.4%. Otros dos candidatos no superaron el 0.5% de los votos. Sánchez Cerén, ex comandante guerrillero de 69 años, es el actual vicepresidente del país. En la década de 1970 se integró a las Fuerzas Populares de Liberación, una de las cinco organizaciones que conformaron el FMLN en 1980. El 10 de enero de 1981 el FMLN lanzó la ofensiva final contra el gobierno de facto de entonces, una alianza de militares y civiles llamada Junta Revolucionaria de Gobierno (1979-82). El conflicto armado duró hasta la firma de los Acuerdos de Paz en 1992, tras los cuales el FMLN ingresó a la vida política legal participando en las elecciones de 1994, 1999 y el 2004. En el 2009 ganó los comicios presidenciales en primera vuelta con el periodista Mauricio Funes a la cabeza de la fórmula presidencial. Acompaña a Sánchez Cerén en la vicepresidencia el también exguerrillero Óscar Ortiz, exalcalde del céntrico departamento de Santa Tecla. Quijano, de 67 años, se desempeñó como alcalde de San Salvador, la capital, entre el 2009 y hasta agosto del 2013, cuando renunció para postular a la presidencia. Se ha declarado admirador del ex mayor Roberto D’Aubuisson, fundador de ARENA y señalado por la Comisión de la Verdad como el autor intelectual del asesinato de monseñor Arnulfo Romero en 1980,

así como de la organización e implementación de escuadrones de la muerte responsables de numerosos asesinatos durante el conflicto armado. El candidato a la vicepresidencia por ARENA es el abogado y académico René Portillo.

Propuestas frente a la pandillas

Uno de los desafíos más grandes que tendrá que enfrentar el próximo gobernante es el problema de las pandillas o maras. Si bien desde marzo del 2012 las maras Salvatrucha y Barrio 18 mantienen una tregua que ha permitido reducir la tasa de homicidios a la mitad (de 14 a 6.8 por día), lo cierto es que todavía controlan barrios enteros y son comunes las extorsiones, a lo que se suma su involucramiento en el tráfico de drogas. Sánchez Cerén ha propuesto combatir la inseguridad y la violencia de las pandillas “con dos manos inteligentes: En una mano, apoyo a las familias, inversión en las comunidades, más y mejor educación, más oportunidades y empleos a los jóvenes, protección a las mujeres. En la otra mano, la firmeza del Estado en la conducción de la Policía, que va a seguir siendo ampliada, fortalecida y depurada. Vamos a seguir combatiendo la delincuencia”. Quijano, por su parte, ha prometido “mano dura” para acabar con las pandillas, para lo cual plantea militarizar la seguridad pública y crear granjas militares donde jóvenes entre 18 y 30 años que no trabajen ni estudien reciban instrucción militar y ante cualquier falta se les aplique el Código de Justicia Militar. “Estoy decidido a hacer uso de los poderes de la Constitución para militarizar la seguridad pública y establecer granjas militares”, afirmó. Las autoridades gubernamentales calculan que unos10,000 integrantes de pandillas se encuentran encarcelados y 50,000 están en las calles— NA

Marítima” que establece “una Zona Especial, a partir de las 12 millas marinas de la costa, de 10 millas marinas de ancho a cada lado del paralelo que constituye el límite marítimo entre los dos países [que comparten frontera]”, y agrega que “la presencia accidental en la referida zona de las embarcaciones de cualquiera de los países limítrofes, aludidas en el primer considerando, no será considerada como violación de las aguas de la zona marítima, sin que esto signifique reconocimiento de derecho alguno para ejercer faenas de pesca o caza con propósito preconcebido en dicha Zona Especial”. Desde 1986 el Perú intentó iniciar conversaciones bilaterales con Chile para fijar los límites marítimos. En el 2004 el Perú planteó formalmente el inicio de las negociaciones, a lo cual Chile se negó señalando que los acuerdos de 1952 y 1954 constituyen tratados de límites y que no había nada que discutir. Tres años después, el Perú presentó su demanda de delimitación marítima con Chile ante la CIJ, proponiendo una línea equidistante que partiera del Punto Concordia y se extendiera hasta las 200 millas. Chile, por su parte, planteaba una línea paralela hasta llegar a las 200 millas marinas, que recorta el espacio marítimo peruano y amplía el chileno, ya que en este punto la inclinación de la costa cambia. La orientación de la costa chilena desde la frontera es de norte a sur, mientras que la peruana va en dirección noreste-sudeste. Lo que está detrás Si bien llamó la atención que la CIJ estableciera 80 millas marinas en paralelo, el fallo lo justifica por las prácticas pesqueras de ambos países. A decir del internacionalista Farid Kahatt, el fallo buscó que nadie se sintiera totalmente satisfecho. El mensaje fue “a Perú le doy mar, pero a Chile toda la pesca”, dijo a Noticias Aliadas. Según Kahatt, “en las primeras 80 millas es donde se produce la mayor cantidad de pesca. La pesca artesanal corresponde a las primeras 5 o 6 millas de la costa, no más”. El analista Alejandro Deustua coincide con Kahatt al señalar que no resuelve la situación de los pescadores artesanales de Tacna. “La pesca artesanal en Tacna sigue como antes”, dijo a Noticias Aliadas. Ejemplo de ello es la caleta peruana Santa Rosa, a unos 2 km de la frontera donde viven unas 300 personas, donde los pescadores tienen menos de 500 m para pescar porque más allá el mar ha pertenecido y seguirá perteneciendo a Chile. Utilizan embarcaciones rudimentarias con las que sacan diariamente unos 5 kg de pescado que venden a poblados cercanos o intercambian por productos agrícolas.

No ha quedado resuelto el triángulo terrestre entre el Hito 1 y el Punto Concordia.

Aunque el presidente Ollanta Humala se ha comprometido a invertir en el lugar, esta localidad se encuentra totalmente olvidada por el gobierno. No tiene agua potable, alcantarillado, ni saneamiento básico, la escuela sigue siendo una caseta prefabricada levantada en el 2000 de manera provisional. La posta médica fue construida por una organización no gubernamental y no tiene luz. Humala y el presidente saliente de Chile Sebastián Piñera se han comprometido a respetar el fallo y a su ejecución gradual, pero lo cierto es que no ha quedado resuelto el triángulo terrestre entre el Hito 1 y el Punto Concordia. Piñera declaró que “el fallo confirma que Chile mantiene la casi totalidad de sus derechos de pesca y totalmente los de nuestros pescadores artesanales. Esto sin duda nos alegra”, aunque admitió que es “una lamentable pérdida para Chile” la cesión de una de zona económica exclusiva comprendida entre las 80 y las 200 millas, que antes controlaba su país. Además, tanto Piñera como otras autoridades y ex gobernantes chilenos, han considerado que el fallo confirma “que la frontera marítima comienza en el paralelo del Hito 1, y ratifica nuestro dominio sobre el triángulo terrestre respectivo”. “La interpretación de Piñera es totalmente falsa”, afirmó Kahatt. “Si el tema entra a arbitraje, tal como está establecido en el Tratado de 1929, Chile va a perder”. Deustua, por su parte, considera que uno de los inconvenientes de haber establecido el límite marítimo en el Hito 1 es que “estimula reivindicación por Chile del triángulo terrestre”.q

VENEZUELA

INSTITUCIONALIDAD EN CRISIS Represión a protestas evidencia necesidad de implementar mecanismos de protección a derechos humanos. Valentina Oropeza desde Caracas

l 22 Lima y caras largas en Santiago fueron las primeras reacciones al conocer el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), con sede en La Haya, Holanda, el 27 de enero sobre los nuevos límites marítimos entre Chile y Perú. Los jueces de la CIJ otorgaron al Perú 50,284 km² de dominio marítimo parte del cual se encontraba bajo control de Chile (llamado triángulo interno) y el resto en el llamado triángulo externo que Chile consideraba “aguas internacionales”. La frontera marítima actual fue definida por la CIJ con una línea recta de 80 millas náuticas a partir del denominado Hito 1 que continúa con un trazo equidistante hasta alcanzar las 200 millas. Chile sólo conservó 16,352 km² de esa zona en disputa. Lo cierto es que la CIJ, como suele hacerlo, no dio la razón a ninguna de las partes, pero el balance general es que el Perú obtuvo un 70% de lo que había solicitado. Los asistentes cumplieron la pauta de vestirse de blanco, pero los motivos para marchar variaban de una pancarta a otra: “Paz y justicia para el pueblo. ¡No más sangre!”; “No me da la gana una dictadura a la cubana”; “Estudié turismo y hago tours por los mercados”; “Nos roban, nos matan, y el gobierno no hace nada”. La oposición se esmera en dar muestras de que su unidad interna no está resquebrajada por las diferencias entre Capriles —actual gobernador del estado Miranda— y Leopoldo López, ex alcalde del municipio caraqueño de Chacao (2000-2008). El primero es enemigo de la protesta sin un objetivo electoral inminente, mientras que el segundo ha patrocinado las acciones de calle. Desde el 18 de febrero López se encuentra preso en la penitenciaría militar de Ramo Verde, 30 km al sur de Caracas, acusado de incitar la violencia. Entretanto, los ciudadanos de a pie que se han incorporado a las protestas convocadas por el movimiento estudiantil desde el pasado 12 de febrero se preguntan hacia dónde los conducirá esta nueva escalada de violencia si el

presidente Nicolás Maduro se empeña en desconocer el descontento generado por un índice de escasez de alimentos básicos que en enero superó el 26% —según el Banco Central de Venezuela—, y una inflación acumulada de 56,2% para el año pasado. Chávez comenzó a regular los precios de productos básicos en febrero del 2003, como una medida que junto al control de cambio pretendía garantizar el abastecimiento tras el paro nacional convocado por los empleados de la industria petrolera que detuvo las actividades productivas del país durante dos meses aquel año. Las expropiaciones de empresas agropecuarias que acabaron paralizadas bajo la administración del Estado y las dificultades que afrontan los productores venezolanos para competir con los productos importados han mermado al aparato productivo nacional. El 24 de febrero, el gobierno anunció la restricción a la venta de productos básicos a precios regulados —aceite, arroz, azúcar, café, carnes de ave, res, cerdo y pescado, pan, pastas, maíz y lácteos, jugos, compotas y agua mineral, y productos de higiene y limpieza— en la red gubernamental de mercados populares Productora y Distribuidora de Alimentos SA (conocida como PDVAL). Cada consumidor podrá comprar estos alimentos una vez a la semana y sus datos serán registrados en un sistema centralizado para impedir que adquiera los mismos productos más de una vez en otros establecimientos de PDVAL. Además, los comerciantes han denunciado que la Ley de Costos y Precios Justos, aprobada en enero, atenta contra la rentabilidad de la iniciativa privada al imponer un tope de 30% a las ganancias y sancionar a los propietarios de empresas con penas de hasta 10 años de prisión si ofrecen bienes o servicios con precios superiores a los que establezcan las autoridades. La reforma del sistema cambiario decretada por Maduro este año acarreó una doble devaluación del bolívar, la moneda nacional, que deteriora el poder adquisitivo de los ciudadanos debido a que la mayoría de los bienes que se consumen en el país son importados y su costo depende de la tasa de cambio entre el bolívar y el dólar. El 23 de enero, el gobierno elevó la cotización de 6.30 a 11.30 bolívares por dólar para asignar divisas a través de un modelo de subasta denominado Sistema Complementario de Administración de Divisas (SICAD I). El 11 de febrero, el gobierno autorizó la venta de dólares a través de bonos o en efectivo a las empresas públicas y privadas (SICAD II), medida dirigida a disminuir la cotización del dólar paralelo (alrededor de 80 bolívares por dólar).

“La Fiscalía y la Defensoría están siendo responsables de estos abusos por omisión Ambas instancias pueden abrir investigaciones de oficio para identificar y procesar a los responsables”. — NIZAR EL FAKIH Dilemas en el oficialismo Mientras tanto, el gobierno afronta sus propias contradicciones internas. A finales del año pasado, Maduro reconoció que la escasez de divisas tenía su origen en el otorgamiento de dólares a “empresas de maletín” para supuestamente importar bienes con fines comerciales que nunca llegaron a la economía nacional. Las autoridades han reconocido que US$25 millardos fueron desfalcados por esta vía sólo en el 2012, monto suficiente para pagar la deuda pública con el sector privado. El gobernante explicó al país la necesidad de aumentar el precio de la gasolina en 2.683% para evitar que Petróleos de Venezuela (PDVSA) continúe registrando pérdidas por el subsidio al combustible, e incluso logró el consenso de los gobernadores y alcaldes de la oposición para implementar la medida. Hoy, sin embargo, Maduro atribuye la crisis de divisas a una “guerra económica” perpetrada por la “burguesía imperialista”, desechó el aumento de la gasolina, y apeló a la devaluación para recomponer las finanzas, estrategia que empeora aún más el aumento en el precio de productos y servicios. Tras casi un año de gestión, la tensión entre su liderazgo y el de Diosdado Cabello, presidente del Poder Legislativo, sigue latente. Maduro convocó una “Conferencia Nacional por la Paz” el 26 de febrero, reunión a la que asistieron delegados de los sectores más representativos del país aunque no los dirigentes de la oposición, quienes denunciaron que aquella discusión pretendía desdibujar la responsabilidad del gobierno sobre los abusos cometidos por policías y militares en la represión de las protestas estudiantiles. Asimismo, el mandatario pidió a la Asamblea Nacional la instalación de una “Comisión por la Verdad”, que investigará la violencia registrada en las manifestaciones. La Iglesia Católica pidió en un comunicado que esta comisión fuera imparcial y rechazó rotundamente “el empleo de la fuerza ejercida por parte de los cuerpos de seguridad del Estado”.

De las 15 personas asesinadas que reportó la Fiscalía General de la República desde que se iniciaron las protestas, siete recibieron disparos en la cabeza, según han denunciado organizaciones de defensa de los derechos humanos como el Foro Penal Venezolano y el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB). Asimismo, de las 649 detenciones que se han registrado en todo el país, según versiones extraoficiales, la oposición y el Foro Penal Venezolano han contabilizado 40 casos de torturas perpetradas por los cuerpos policiales y militares venezolanos. Diálogo genuino Nizar El Fakih, abogado del Centro de Derechos Humanos de la UCAB en Caracas, asegura que la violación al debido proceso es sistemática porque someten a los detenidos a tratos crueles durante días, los incomunican y les impiden la asistencia jurídica de sus abogados, así como las visitas de sus familiares. “La Fiscalía y la Defensoría están siendo responsables de estos abusos por omisión. Ambas instancias pueden abrir investigaciones de oficio para identificar y procesar a los responsables”, explicó. De acuerdo con información periodística, la gran mayoría de los detenidos ya han sido puestos en libertad y sólo quedan los acusados de ser autores de actos vandálicos, como quema de locales y vehículos, y los capturados con armas de fuego, incluyendo efectivos policiales y del servicio de inteligencia por uso excesivo de la fuerza. Para el Foro por la Vida, que agrupa a organizaciones de defensa de derechos humanos en Venezuela, la represión a los estudiantes “demuestra el deterioro de la institucionalidad pública para efectivamente arbitrar en la diversidad de posiciones políticas que existen en el país”, e hizo un llamado para que “sectores de la comunidad nacional e internacional reaccionen para cuestionar las violaciones a los derechos humanos, reclamen la acción para una investigación independiente, pidan el cese de la represión y promuevan un diálogo genuino”. Mientras ello no ocurra, la oposición recurrirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y al Tribunal Penal Internacional para buscar justicia. Por lo pronto la CIDH emitió un comunicado el 21 de febrero en el que expresa que ha continuado “monitoreando y recabando información sobre los acontecimientos que se han registrado en Venezuela” y reitera que se encuentra “profundamente preocupada por diversas denuncias sobre supuestas violaciones a los derechos a la protesta pacífica, a la vida, a la integridad y libertad personal de los manifestantes, libertad de asociación y el derecho a la libertad de expresión”. El organismo llamó a las autoridades gubernamentales “a promover un proceso de diálogo que permita la búsqueda de una solución en el contexto de una sociedad democrática y con pleno respeto a los derechos humanos”. q

WWW.FMLN.ORG.SV

EL SALVADOR

Presidente electo Salvador Sánchez Cerén (der.) celebra triunfo electoral con Oscar Ortiz (izq.), próximo vicepresidente.

FMLN RESULTÓ GANADOR EN REÑIDAS ELECCIONES Autoridades electorales confirman triunfo del partido de gobierno. Noticias Aliadas

or sólo abstención 6,364 votos se impuso el gobernante Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) a la ultraderechista Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) en la segunda vuelta electoral realizada el 9 de marzo. El FMLN, con Salvador Sánchez Cerén como candidato presidencial, ganó la primera ronda el 2 de febrero con 49% de los votos, pero al no haber superado el 50% pasó a competir en una segunda vuelta con ARENA, que obtuvo 39% y que llevaba como candidato a Norman Quijano.

De acuerdo con resultados oficiales publicados por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) el 13 de marzo, el FMLN obtuvo 50.11% de los votos, mientras que ARENA quedó con 49.89%. Debido a lo estrecho de los resultados, el presidente TSE, Eugenio Chicas, anunció al día siguiente de las elecciones un recuento definitivo acta por acta, tal como lo señala el Código Electoral, y que finalmente confirmó las cifras preliminares. ARENA había demandado un nuevo conteo voto por voto señalando la existencia de fraude, lo cual fue rechazado por el TSE por no corresponder con los mecanismos legales establecidos. En un comunicado, la Misión de Observación de la Organización de Estados Americanos, encabezada por el ex canciller boliviano Gustavo Fernández, invocó “a los actores políticos y a las instituciones salvadoreñas a preservar la tranquilidad ciudadana y aguardar que el TSE concluya el procedimiento establecido por la ley, entregue los resultados definitivos y proclame al ganador de los comicios”.

Propuestas frente a la pandillas Los resultados muestran que el FMLN superó por muy poco su votación de la primera vuelta, mientras que ARENA consiguió más de 10% de respaldo, al parecer proveniente de los votos obtenidos por el expresidente Antonio Saca (2004-2009), del Movimiento Unidad, quien en los comicios de febrero obtuvo 11.4%. Para el analista Rogelio Núñez, del informativo Infolatam, los resultados de la segunda vuelta reflejan “la situación en la que se encuentra este país: una nación dividida al 50%, polarizada entre dos opciones antagónicas que hunden sus enfrentamientos y sus diferencias en la guerra civil de los años 80”. “Quijano ha logrado reunir de nuevo el voto de derechas apelando a los viejos recuerdos de la guerra civil [198092] y ha logrado a la vez reactivar la tradicional maquinaria

política de ARENA”, señaló. “Quijano ha recibido 440,000 votos más en la segunda vuelta —Sánchez Cerén aumentó en 185,000—, votos que salen claramente de la candidatura de Saca que sumó 305,000 votos en primera vuelta, y de la disminución de la abstención, que en la segunda vuelta fue menor debido a que la polarización empujó a muchos votantes a ir a las urnas”. Núñez agregó la necesidad a partir de ahora de priorizar acuerdos y consensos “para no conducir a esta nación centroamericana a un empate catastrófico donde ambas fuerzas se bloqueen mutuamente amparadas en que cada una reúne al 50% de la población”. En ese sentido, Sánchez Cerén, invitó a ARENA a que “nos pongamos a trabajar juntos para construir una agenda de nación”. El nuevo presidente juramentará el 1 de junio para un mandato de cinco años. q

AMÉRICA LATINA/EL CARIBE

Calidad de empleo no mejora Desempleo urbano alcanza mínimos históricos pero la mayoría de empleos son informales y sin beneficios sociales.

a tasa de desempleo urbano registró en el 2013 una tasa mínima histórica de 6.3% en la región, informó la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en la presentación del Panorama Laboral 2013 el 17 de diciembre No obstante, alertó que la situación laboral es“preocupante” debido a que la desaceleración del crecimiento económico está afectando el mercado de trabajo. En el 2013, el crecimiento económico fue de 2.7% —0.3 puntos menos que en el 2012— y el pronóstico para el 2014 es de 3.1%, según cifras del Fondo Monetario Internacional citadas por la OIT. Elizabeth Tinoco, directora regional de la OIT para América Latina y el Caribe enfatizó que si bien“el bajo desempleo siempre es una buena noticia”, de las 291 millones de personas que constituyen la fuerza laboral en la región, 15 millones buscan empleo sin conseguirlo y 130 millones trabajan en condiciones de informalidad ni beneficios sociales. De acuerdo con la OIT, 47.7% del empleo es informal y sin protección social. Además, el incremento del salario mínimo se ha estancado o reducido su capacidad adquisitiva. Según Tinoco, el año pasado “no se generaron nuevos empleos, sino que se reincorporó gente que salió por distintas razones”. “La situación del mercado laboral no es negativa, pero sí es preocupante”, dijo. “Los salarios crecen menos que en años anteriores, la informalidad no se reduce, y ha aumentado la desocupación de los jóvenes en las zonas urbanas”. “La formalización de la informalidad es un proceso complejo y desafiante que requiere de medidas específicas para tener éxito. En algunos países, las reducciones iniciales de la informalidad registradas en los últimos años, impulsadas por mejor información, fiscalización o incentivos, deben ser complementadas en el mediano plazo con medidas orientadas a la mejora de la productividad y la capacidad económica de las unidades económicas y trabajadores de la economía informal”, recomendó la OIT. — NA

AMÉRICA LATINA/EL CARIBE Tasa de desempleo urbano 2013* Países

Jamaica Colombia Costa Rica Paraguay Venezuela Argentina Rep. Dominicana Uruguay Chile Honduras Perú México Brasil Ecuador Panamá

15.4 11.1 8.2 8.0 8.0 7.3 7.0 6.9 6.0 6.0 6.0 5.9 5.6 4.7 4.7

*Tercer trimestre Fuente: OIT

SUSAN ABAD

COLOMBIA

Solamente un 40% de electores registrados acudieron a las urnas.

Susan Abad desde Bogotá

CONGRESO POCO CONFIABLE Un 26% de legisladores elegidos tiene vínculos con paramilitares.

on una abstención del 57% —que sumada a los votos blancos y nulos se convierte en un 67%— los colombianos manifestaron en las pasadas elecciones legislativas una profunda apatía frente a la clase política cada día más contaminada por la corrupción. Sólo 18.7 millones de los 32.8 millones de votantes registrados acudieron a votar el 9 de marzo para elegir a los 102 senadores, 166 representantes y cinco integrantes al Parlamento Andino que asumirán el 20 de julio para el periodo 2014-2018. La elección del llamado “Congreso para la Paz” — porque será el que refrendará o no, los acuerdos a los que posiblemente lleguen el gobierno y las insurgentes Fuerzas Armadas Revolucionarias (FARC) en los diálogos de paz que desarrollan en La Habana, Cuba, desde noviembre del 2012— cambió el panorama político del país, pero también reflejó el poder que aún mantienen los grupos paramilitares en algunas regiones. “La emergencia del Centro Democrático como una derecha radical es nuevo en el panorama político

colombiano”, explica a Noticias Aliadas Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para al Análisis del Conflicto (CERAC), refiriéndose a los aproximadamente 3.5 millones de votos que obtuvo el partido del expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), que le permite convertirse en la segunda fuerza política en el Congreso con 19 senadores y 12 integrantes a la Cámara de Representantes, detrás del Partido de la U, del presidente Juan Manuel Santos, que colocó 21 senadores y 37 representantes. La sorpresa la dio el Partido Conservador que obtuvo 19 curules en el Senado y 27 en la Cámara de Representantes, lo que le eleva la posibilidad de convertirse en la fuerza que incline la balanza en los próximos actos legislativos. A la izquierda tampoco le fue mal. El Polo Democrático Alternativo (PDA) mantuvo las ocho curules (cinco senadores y tres representantes) que tenía, mientras que la Alianza Verde sumó tres puestos y alcanzó 11 (cinco senadores y seis representantes).

La parapolítica

Cómo se esperaba, llegaron al Legislativo 69 políticos vinculados con los grupos paramilitares, en su mayoría pertenecientes al gobernante Partido de la U, Cambio Radical y el Partido Liberal, que apoyan al gobierno de Santos, y algunos del uribista Centro Democrático, de acuerdo con la Fundación Paz y Reconciliación. “Fueron elegidos en cuerpo ajeno, representados en hijos, esposas y otros familiares”, dijo a Noticias Aliadas León Valencia, director de la Fundación Paz y Reconciliación. “De los 48 candidatos cuestionados a Senado, 33 obtuvieron curules, varios de ellos con votaciones bastante importantes. Por ejemplo, Andrés Felipe García Zuccardi, hijo de Juan José García condenado por peculado por apropiación e hijo de Piedad Zuccardi, llamada a juicio por relaciones con grupos paramilitares, logró más de 50,000 votos en el partido de La U. Su tía Teresita García también fue electa y es heredera de los votos de su hermano SIGUE >

CHILE

La segunda oportunidad de Bachelet Reformas educativa y tributaria y una nueva Constitución son los pilares del nuevo gobierno.

“

Chile tiene un solo gran adversario y se llama desigualdad y sólo juntos podemos enfrentarla, comencemos ahora, el tiempo es escaso y vamos a aprovecharlo al máximo”, dijo la presidenta Michelle Bachelet en un corto discurso desde el Palacio de La Moneda, en Santiago, tras juramentar el 11 de marzo a su segundo mandato por los próximos cuatro años. Bachelet, quien gobernó entre el 2006 y el 2010, recibió la banda presidencial de Isabel Allende —hija del derrocado presidente Salvador Allende (1970-73) y la primera mujer presidenta del Senado en la historia del país— luego que le fuera entregada por el presidente saliente Sebastián Piñera (2010-2014). Como candidata de la coalición centro izquierdista Nueva Mayoría—queincluyealospartidosdelaConcertaciónDemocrática (Demócrata Cristiano, Por la Democracia, Radical Socialdemócrata y Socialista)quegobernóChileentre1990yel2010,alaquesesumaron el Partido Comunista, Izquierda Ciudadana y el Movimiento Amplio Social—, Bachelet ganó la segunda vuelta electoral realizada el 15 de diciembre con 62.2% de los votos a la derechista Evelyn Mattei, de la derechista Alianza, conformada por los partidos Renovación Nacional y Unión Demócrata Independiente, quien obtuvo 37.8%. El gran desafío de Bachelet será implementar una reforma educativa que garantice una educación pública gratuita y de calidad y ponga fin de lucro del sistema educativo. Durante los primeros meses de su primer gobierno, Bachelet enfrentó movilizaciones de estudiantes secundarios que reclamaban la derogación de la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, fin de la municipalización de la educación, gratuidad de la prueba de selección universitaria y transporte escolar gratuito, entre otras demandas. “Se de primera mano lo que la educación pública puede ofrecer a una persona”, dijo Bachelet. “Yo soy hija de la educación pública y mi compromiso es que en Chile todos tengamos esas mismas oportunidades”. La presidenta también se ha comprometido a poner en marcha una reforma tributaria dirigida a incrementar en 5% los impuestos a empresas, una mayor fiscalización e implementar medidas contra

la evasión. Sin embargo, el gran objetivo es la aprobación de una nueva Constitución que reemplace la heredada de la dictadura militar (1973-90), que garantice derechos e incorpore mecanismos de democracia directa o indirecta, incluya un nuevo sistema electoral y el restablecimiento de la mayoría absoluta para modificar leyes, entre otrosaspectos.Sinembargo,estareformarequierelaaprobacióndetres quintos del Legislativo (72 diputados y 23 senadores), lo cual obligará a Bachelet a negociar con legisladores de bancadas opositoras. ExlíderesestudiantilesenelCongreso Cuatro ex dirigentes estudiantiles entre 25 y 28 años que encabezaron las protestas universitarias en el 2011 asumieron sus curules como diputados. Ellos son Camila Vallejo y Karol Cariola, ambas del Partido Comunista que forma parte de la coalición gobernante, Giorgio Jackson, de Revolución Democrática, y Gabriel Boric, de la Izquierda Autónoma. “Hemos asumido con responsabilidad lo que exigimos desde las calles, creemos que hay que hacerse cargo de los cambios que necesita Chile, por lo tanto hoy nos hacemos parte de este nuevo proceso”, dijo Vallejo tras juramentar. “En esta nueva etapa tenemos que cumplir con el mandato del pueblo, que es cambiar la educación, una reforma tributaria y una nueva Constitución”. Boric, por su parte, declaró al informativo The Clinic, estar a favor también de eliminar el lucro en la salud. “La izquierda hoy está centrada en la reivindicación de derechos sociales universales, en abierta disputa con la concepción subsidiaria del Estado”, precisó. “No concibo que con derechos fundamentales —como lo son la salud y la educación— se haga negocios, y menos que sea con recursos públicos. La atención primaria opera bajo la misma lógica de la educación secundaria: el subsidio. Eso hace que no exista salud garantizada para toda la población y todos sabemos que atenderse en consultorios es someterse a eternas esperas y falta de especialistas. Por eso es que este sistema subsidiario ha sido un desastre, porque terminó traspasándole recursos [públicos] a las instituciones privadas”— NA

“Lo que va a hacer el grupo de derecha es tratar de meter los intereses de quien ellos representan en los diálogos en La Habana”.

— JORGE RESTREPO Álvaro García condenado a 40 años de prisión por la masacre de Macayepo [en el 2000]. También, Mauricio Aguilar, hijo del parapolítico Hugo Aguilar, logró una de las mayores votaciones”, dice la Fundación. “A Cámara de Representantes, de los 83 candidatos criminalizados, 36 lograron una curul. Por ejemplo, Antenor Durán, heredero de la estructura criminal de Kiko Gómez, se hizo al control de una de las cámaras en el departamento de La Guajira. Igualmente en Sucre, la mayor votación fue para el partido Cien por Ciento Colombia, del cuestionado político Yair Acuña, quien se hizo al control de dos de las tres cámaras del departamento. Para Restrepo, la distribución de los nuevos escaños en el Senado y en la Cámara de Representante “indudablemente define en términos importantes el tema de la paz. Yo creo que lo que va a hacer el grupo de derecha es tratar de meter los intereses de quien ellos representan en los diálogos en La Habana. Como por ejemplo el tratamiento que se dará a los militares acusados de atrocidades”. Además, “¿hasta qué punto el Centro Democrático y parte de los conservadores lograrán bloquear o hacer difícil la labor del gobierno?”, pregunta Restrepo. En la respuesta coinciden varios analistas. La especie de unanimidad que gozó Santos con los partidos que en el 2010 conformaron la Alianza de Unidad Nacional (De la U, Conservador, Liberal y Cambio Radical), le garantizó el éxito para tramitar sus principales reformas e iniciativas legislativas. Hoy, la coalición alrededor del gobierno se ha reducido a tres partidos, luego que los conservadores decidieran ir a las elecciones con candidatura presidencial propia. Esta distribución, que en total alcanza a 47 senadores y 92 representantes, no le permite llegar al 51% que le garantizaría la gobernabilidad al mandatario en un eventual segundo mandato. Adicionalmente, Restrepo señala que “no se trata solamente de la refrendación de los acuerdos [que se aprueben en las negociaciones con las FARC] que deben pasar por el Congreso, sino eventualmente en los proyectos de ley que permitan implementar los acuerdos. Las leyes

de reforma agraria, desarrollo rural, el mismo presupuesto nacional que deberá incluir gastos para sufragar los acuerdos y ahí la oposición tendrá cierta capacidad de veto”. Frente al tema, el senador reelecto por el PDA Iván Cepeda asegura que por ello “será necesario propiciar coaliciones y debates fuertes de control político para derrotar a la ultraderecha y a las gentes que llegaron al Congreso con serios cuestionamientos de parapolítica”. Los mismos parapolíticos y corruptos que, como recuerda Valencia, ayudaron a Uribe “con no menos de 2 millones de votos en el 2002 y en el 2006 para llegar a la presidencia”. Elecciones presidenciales A pesar deque la paz seguirá siendo el tema transversal en las elecciones presidenciales del 25 de mayo, las variables que se establecieron en este Parlamento no serán determinantes para quienes quieran reemplazar a Santos e impedir que gobierne por otros cuatro años. El presidente del Congreso, Juan Fernando Cristo, en conversación con Noticias Aliadas manifestó que “en esta elección están claramente definidos los partidos que acompañan la propuesta de paz y los que están en contravía a este propósito” y en este sentido, si bien el ex presidente Uribe —el más tenaz opositor a Santos y principal crítico de las negociaciones con las FARC— logró una alta votación en las parlamentarias, no podría trasladarle ese apoyo a su candidato Oscar Iván Zuluaga, quien según la última encuesta de la empresa Ipsos-Napoleón Franco publicada el 20 de marzo, mantiene el segundo lugar con 9% de intención de voto, muy lejos del 24% de Santos. “Uribe es Uribe y Zuluaga es Zuluaga, no se pueden poner en el mismo escalafón”, dice Cristo. La no correlación entre las dos elecciones también se refleja con la Alianza Verde. Pese a los pocos escaños obtenidos, su candidato a la presidencia, el exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa, se perfiló durante la semana siguiente a la votación con un 17% como el de más opción para enfrentar a Santos en una eventual segunda vuelta electoral a realizarse en junio, pero luego cayó al 8%. En contraste con lo bien que le fue al Partido Conservador en la legislativas, su candidata presidencial, la ex ministra de Defensa Martha Lucía Ramírez, no sólo no logra pasar del 4% de intención de voto, sino que su representación tiene dividido al partido. Aunque los candidatos para gobernar Colombia no pueden confiar en la influencia que sus nuevos parlamentarios tengan en el electorado, sí pueden aprender de su votación. Eso fue lo que pensaron el PDA y la Unión Patriótica que no logró colocar ningún congresista. Ambos en la línea de izquierda, unieron sus candidaturas con Clara López para la presidencia y Aída Abella en la vicepresidencia. La estrategia ha llevado a López a compartir con Zuluaga el segundo lugar en las encuestas con 9% de la intención de voto. q

COSTA RICA

BRASIL

Indecisos definieron resultados electorales

Continúan protestas de cara a mundial de fútbol

Candidato socialdemócrata gana primera vuelta y desplaza a oficialista que encuestas daban como favorito.

A menos de tres meses de iniciarse el evento persisten masivas movilizaciones en todo el país.

on un sorpresivo 31% de los votos válidos, de acuerdo con resultados preliminares del Tribunal Supremo de Elecciones, Luis Solís, del Partido Acción Ciudadana (PAC), se impuso en los comicios presidenciales realizados el 2 de febrero. El oficialista Johnny Araya, del gobernante Partido Liberación Nacional (PLN), obtuvo 29.6% de los votos. Al no haber obtenido el 40% de los votos, Solís y Araya disputarán la presidencia en una segunda vuelta que se llevará a cabo el 6 de abril. En tercer lugar, con 17.1%, quedó el izquierdista José María Villalta, del Frente Amplio, seguido por Otto Guevara, del Movimiento Libertario, con 11.2%, y Rodolfo Piza, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), con 6%. Los restantes ocho partidos que presentaron candidaturas presidenciales no obtuvieron más de 5% en conjunto. Encuestas previas a los comicios daban como favorito a Araya disputando la delantera con Villalta, y colocaban a Solís en un lejano tercer lugar. Sin embargo, los sondeos también revelaban que más de 33% de los votantes no había decidido su voto. Solís, historiador socialdemócrata de 55 años, fue durante muchos años militante del PLN, organización de la que se retiró en el 2005 por desavenencias políticas y por las graves acusaciones de corrupción que pesaban sobre sus dirigentes. En el 2008 ingresó al PAC, fundado ocho años antes por Ottón Solís, también ex militante del PLN y duro opositor al Tratado de Libre Comercio de EEUU con América Central y República Dominicana (TLCAC+RD). Araya,de56años,sehadesempeñadoininterrumpidamente como alcalde de San José, la capital, desde 1998 hasta el 2013, cuando renunció para postular a la presidencia. Sobre él pesan graves acusaciones por enriquecimiento ilícito, peculado corrupción y prevaricato. Guerra sucia También se eligieron los 57 diputados que conforman la Asamblea Legislativa unicameral. Pero a diferencia de las presidenciales, el PLN encabeza los resultados preliminares con 25.5% de los votos, seguido por el PAC con 23.2%, y el Frente Amplio con 13%. Diversos analistas coinciden en señalar que la guerra sucia desatada contra Villalta tuvo consecuencias al no haber podido atraer los votos de los indecisos. “No vamos a negar que esperábamos mucho más, pero el balance es positivo porque esto apenas está empezando”, declaró Villalta a sus seguidores tras conocer los resultados. “Tendremos en Costa Rica una segunda ronda electoral simple y sencillamente porque aquí no hay una fuerza política que tenga la mayoría suficiente para gobernar. Se ha roto la hegemonía de los partidos tradicionales y, muy probablemente, salvo que su rival [el PAC] cometa gravísimos errores, se habrá roto la continuidad del PLN y mucho de eso se lo debemos a este movimiento que iniciaron ustedes”. “Pronto dejará de gobernar [el Partido] Liberación Nacional. Hay un electorado que está despertando, a pesar de una campaña que quiso asustar a los electores. Se ha repetido lo que pasó en el referéndum del 2007: una campaña del miedo”, dijo Villalta en referencia a la consulta ciudadana sobre el TLCAC+RD en la que 51.6% de los electores votaron a favor del tratado, mientras que 48.4% lo hicieron en contra.— NA

esde junio del 2013, miles de personas han marchado por las ciudades de Brasil demandando mejoras en el transporte público, salud y educación y en contra del excesivo gasto público destinado a la Copa Mundial de Fútbol Brasil 2014, que se llevará a cabo del 12 de junio al 13 de julio. Las primeras protestas se iniciaron en São Paulo contra el aumento de los precios del transporte público determinado en mayo del año pasado por el gobierno de la ciudad. A partir de entonces, millones de personas salieron a las calles en todo el país reclamando mejoras en los servicios públicos de salud, educación y transporte y en contra del monto aprobado para el mundial de fútbol, calculado en US$14 millardos, dirigido al mejoramiento de estadios y aeropuertos. La represión policial y la respuesta violenta de los manifestantes han dejado una decena de muertos y numerosos heridos desde que se iniciaron las protestas hace nueve meses, de acuerdo con el Centro de Medios Independientes. El camarógrafo Santiago Ilídio Andrade, de la Rede Bandeirantes, falleció el 10 febrero mientras cubría las protestas al caerle en la cabeza un petardo lanzado al parecer por un manifestante contra la policía. La violencia callejera ha llevado a que las autoridades políticas demanden “mano dura” contra los manifestantes, incluyendo castigos por supuestos actos terroristas, así como la prohibición de llevar máscaras en las movilizaciones. Ley antiterrorista Tras la muerte de Andrade, el abogado Pedro Abramovay, quien colaboró con el gobierno del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010), envió una carta pública dirigida al senador oficialista Jorge Viana, del Partido de los Trabajadores, criticando el proyecto de ley que este presentó en noviembre pasado en el que tipifica el delito de terrorismo y establece elevadas penas de cárcel para quienes desarrollen actividades definidas como terroristas. Para Abramovay, la iniciativa “no traerá ningún beneficio concreto para la población brasileña y puede generar enormes prejuicios para nuestra democracia”. “Definiciones de terrorismo tan amplias con penas de cárcel tan altas como las que vemos en el proyecto a punto de ser sometido a votación por el Senado no combaten el terrorismo de forma eficiente. Pero son muy útiles para perseguir a opositores políticos”, afirmó Abramovay. “Brasil se resistió a la onda de flexibilización de los derechos impuesta por una agenda externa —y política— de combate al terrorismo. El riesgo que tenemos ahora es que Brasil inaugure una nueva era, que para hacer frente a un nuevo tipo de protesta, que aparece de forma similar en todo el mundo, la solución sea seguir el camino trillado de la guerra contra el terror”, agregó. Abramovay alertó aVianna de que la ley no es disuasiva al señalar que “aprobar la penalización del terrorismo en Brasil no traerá más seguridad. Nadie dejará de cometer actos terroristas en función de la legislación”. La presidenta Dilma Rousseff, quien a pesar de las protestas mantiene su popularidad en 55%, de acuerdo con la encuestadora Ibope, tentará la reelección en los comicios del 5 de octubre. Un sondeo de Ibope publicado el 20 de marzo coloca a la mandataria en el primer lugardeintencióndevotocon23%,peroenunasegundavueltaganaría sin problemas a cualquiera de las otras candidaturas. —NA

ORSETTA BELLANI

MÉXICO

Manifestación de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal en San Cristóbal de las Casas, Chiapas.

PARAMILITARES SIGUEN OPERANDO Familias indígenas viven en permanente amenaza por presencia de grupos armados vinculados al partido de gobierno. Orsetta Bellani desde Chiapas

os patios frente a las casas del Ejido Puebla, en el municipio de Chenalhó, en el sureño estado de Chiapas, están regados de granos de café. Desde octubre pasado los habitantes de esta comunidad indígena maya tzotzil, enclavada

en un rincón de los Altos de Chiapas, han empezado a cosechar los frutos que ahora están secando bajo el sol. El 17 de enero, tras cinco meses de destierro, 14 de las 17 familias católicas desplazadas de la comunidad decidieron regresar al Ejido Puebla acompañadas por observadores internacionales. “En abril del 2013 los presbiterianos derrumbaron la ermita que estábamos construyendo y en julio del 2013, sin tener pruebas, el comisariado ejidal del PRI [el gobernante Partido Revolucionario Institucional] Agustín Cruz Gómez acusó a los dos zapatistas del pueblo de haber envenenado el agua del tanque comunal. Desde entonces los priístas empezaron a acosarnos”, explica a Noticias Aliadas Nicolás Cruz Pérez, vocero de los desplazados. “Hoy regresamos a nuestra comunidad, y encontramos a nuestras parcelas y casas saqueadas”.

“Los grupos paramilitares, constituidos en su mayoría por campesinos indígenas que pertenecían al PRI cometieron ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, amenazas, robos, quemas de casas y desplazamientos forzados”.

— PEDRO FARO Las familias desplazadas del Ejido Pueblo —bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), e integrantes del Pueblo Creyente y de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, organizaciones católicas filozapatistas— se refugiaron en la comunidad de Acteal donde en diciembre de 1997 unos 300 indígenas tzotziles de Las Abejas, como popularmente se le conoce, fueron atacados por unos 100 milicianos del grupo Máscara Roja, afiliado al PRI. Asesinaron a 45 personas: 9 hombres, 15 niños y 21 mujeres, cuatro de ellas embarazadas. La región era entonces sacudida por la violencia paramilitar que se desató tras el levantamiento del EZLN el 1 de enero de 1994 en defensa de los derechos de los pueblos indígenas, y los hacendados organizaron grupos de choque para enfrentarlo. Convivir con asesinos Según la petición presentada en el 2005 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por Las Abejas y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), admitida recién en noviembre del 2010, efectivos de la Policía de Seguridad Pública se encontraban a 200 m de la ermita y no hicieron nada por impedir la masacre. Además, denunciaron la existencia de una política de Estado —que siempre ha negado su responsabilidad en la masacre, justificando los hechos como el resultado de conflictos religiosos entre grupos indígenas— “encaminada a cometer ataques generalizados y sistemáticos contra la población civil, ejecutados por grupos paramilitares financiados, adiestrados y protegidos por las mismas autoridades nacionales, para debilitar las bases del EZLN y las comunidades que le

habrían manifestado su simpatía”. De los 75 paramilitares de Máscara Roja encarcelados por la masacre de Acteal, 69 fueron liberados a partir de agosto del 2009 por irregularidades en el debido proceso, como haber detenido a los presuntos culpables sin orden de aprehensión. Muchos de ellos han regresado a la zona y, según denuncian Las Abejas, podrían nuevamente atacar. “Algunos paramilitares que participaron en la masacre de Acteal son originarios del Ejido Puebla. Uno de ellos es Jacinto Arias, que en esa época fue presidente del Municipio de Chenalhó; estuvo en la cárcel 14 años, hoy está libre y regresó a la comunidad”, denuncia a Noticias Aliadas Víctor Hugo López Rodriguez, director del Frayba, quien considera que existe un vínculo entre el regreso de Arias y el desplazamiento de las familias de esa localidad. También los pobladores de la zona Selva Norte de Chiapas, a unos 200 km al norte de Acteal, deben convivir con los asesinos de sus propios familiares: los paramilitares del grupo Desarrollo, Paz y Justicia que operan en la zona desde la década de 1990. Según el testimonio que Armando Díaz, ex paramilitar de esa agrupación, brindó al Frayba en el 2004, esta milicia irregular se presenta públicamente como una organización de trabajadores agrícolas y por eso recibe subsidios oficiales, que en realidad utiliza para la compra de armas. Guerra de baja intensidad Entre el 6 y 7 diciembre del 2013 en la comunidad chiapaneca de Susuclumil se llevó a cabo la preaudiencia del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) — tribunal no gubernamental internacional, cuyo fin es denunciar a los autores de violaciones a los derechos humanos aunque sus decisiones no son vinculantes— en su capítulo dedicado a la guerra de baja intensidad en Chiapas. En su intervención frente al TPP, el abogado del Frayba Pedro Faro aseguró que entre 1995 y 1999 — periodo en que estas milicias fueron más activas—, Desarrollo, Paz y Justicia y otras agrupaciones paramilitares fueron responsables de 81 ejecuciones extrajudiciales, además de causar la desaparición de 36 personas y el desplazamientos de más de 3,500 pobladores de las comunidades de los alrededores de Tila, Sabanilla, Tumbalá, Yajalón y Salto de Agua, en la parte norte de Chiapas. Según Faro, el plan contrainsurgente de la Secretaría de la Defensa Nacional llamado “Campaña Chiapas 94” se incubó primero en esta zona y se desarrolló luego en Los Altos de Chiapas, privilegiando “la acción paramilitar con el fin de evitar la influencia expansiva del EZLN, cometiendo

ataques sistemáticos contra la población civil. Los grupos paramilitares, constituidos en su mayoría por campesinos indígenas que pertenecían al PRI cometieron ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, amenazas, robos, quemas de casas y desplazamientos forzados”. A partir del 2000, continúa Faro, con la llegada al poder del derechista Partido Acción Nacional (PAN), la estrategia contrainsurgente cambió y se concentró sobre todo en la implementación de

proyectos asistencialistas gubernamentales que tenían como objetivo dividir las comunidades y comprar a sus dirigentes. El TPP, cuya próxima audiencia se llevará a cabo en mayo del 2014 en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, concluyó que el Estado y las Fuerzas Armadas mexicanas son responsables de las violaciones a los derechos humanos cometidas en Chiapas a partir de 1994, tras el levantamiento del EZLN, por brindar cobertura y apoyo económico a los paramilitares.q

AMÉRICA LATINA/EL CARIBE

Jóvenes se debaten entre el desempleo y la informalidad Crecimiento económico no ha mejorado panorama laboral para jóvenes en la región.

e los 108 millones de jóvenes entre 15 y 24 años en la región, más de la mitad (56.1%) forman parte de la fuerza laboral. Sin embargo, 13.9% se encuentra desempleado, lo que significa que 7.8 millones de jóvenes no consiguen trabajo a pesar de buscarlo, asegura la Organización Internacional del Trabajo (OIT). El informe titulado “Trabajo decente y juventud: políticas para la acción”, presentado el 13 de febrero, sostiene que “la tasa de desempleo juvenil continúa siendo el doble de la tasa general y el triple que la de los adultos. Además, los jóvenes representan el 43% del total de desempleados de la región”. La tasa de desempleo regional total llega a 6.3%. Para Elizabeth Tinoco, directora regional de la OIT para América Latina y el Caribe, “no es casual que los jóvenes sean abanderados de las protestas callejeras cuando sus vidas están marcadas por el desaliento y la frustración a falta de oportunidades. Esto tiene consecuencias sobre la estabilidad social e incluso sobre la gobernabilidad democrática”. El estudio destaca además, que 55.6% de las personas jóvenes ocupadas “sólo consiguen empleo en condiciones de informalidad, lo que en general implica bajos salarios, inestabilidad laboral y carencia de protección y derechos”. Según la OIT, seis de cada 10 empleos generados para jóvenes son informales. El llamado “núcleo duro” lo constituye unos 21 millones de jóvenes que no estudian ni trabajan, no buscan empleo ni se dedican a los quehaceres del hogar y que representan el mayor desafío al estar en riesgo de exclusión social. La OIT recomendó reproducir experiencias innovadoras que existen en países como Argentina, Brasil, Costa Rica, Perú y Uruguay y que incluyen mejorar y extender programas de formación y capacitación para facilitar la transición escuelatrabajo, impulsar programas de promoción del empleo destinados a beneficiar a las personas jóvenes a través de incentivos para la contratación o simplificación de los trámites, implementar estrategias destinadas a la formalización de trabajadores y de las propias fuentes de empleo, y promover y facilitar el emprendimiento de los jóvenes. “Estamos frente a un desafío político que demanda una demostración de voluntad en la aplicación de políticas innovadoras y de efectividad demostrada para hacer frente a los problemas de precariedad laboral”, dijo Tinoco durante la presentación del informe.“Es urgente pasar de la preocupación a la acción”. —NA

AMÉRICA LATINA/EL CARIBE Tasas de desempleo según edad y sexo 2011 (%)* País

Hombres

Mujeres

Colombia

17.0

28.9

Argentina

16.5

22.2

Chile

15.2

21.1

Venezuela

15.1

22.0

Uruguay

14.5

21.7

Costa Rica

13.5

21.6

El Salvador

12.5

11.7

Brasil

12.0

19.8

Panamá

11.3

14.7

Rep. Dominicana

10.2

19.5

Nicaragua

9.8

15.6

Paraguay

9.7

17.8

Perú

9.4

9.7

México

9.3

10.9

Ecuador

9.0

15.0

Honduras

5.5

13.8

Bolivia

5.1

7.8

Guatemala

4.5

13.6

*Jóvenes entre 15 y 24 años

Fuente: OIT

LOUISA REYNOLDS

GUATEMALA

Gobierno frena avances en salud sexual y reproductiva.

ROMPIENDO TABÚES SOBRE SEXUALIDAD Mujeres jóvenes luchan por su derecho a la educación sexual. Louisa Reynolds desde Ciudad de Guatemala

urante sus años adolescentes, nadie le habló a María López Pérez sobre los cambios que estaban produciendo en su cuerpo o calmó sus temores cuando tuvo su primera menstruación. El “Al maestro con el que estudiaba no le gustaban esos temas, entonces en la escuela no los aprendí. En la

casa a veces mi mamá nos hablaba pero era y todavía es bastante tabú”, recuerda López, de 27 años, quien nació y creció en el municipio de Jocotán, en el oriental departamento de Chiquimula. Hace dos años, López empezó a participar en talleres para jóvenes líderes comunitarios organizados por Tierra Viva, organización guatemalteca sin fines de lucro que trabaja en combatir la violencia y defender los derechos reproductivos de las mujeres. Luego de asistir a una serie de charlas sobre derechos humanos, ciudadanía, empoderamiento de la mujer, sexualidad y derechos reproductivos, López se convirtió en lo que Tierra Viva llama “agente de cambio” en su comunidad, transmitiendo lo que aprendió a otros jóvenes. “Cuando entré a Tierra Viva no sabía de los derechos. Sabía que existían enfermedades pero no

cómo se contagian. A los jóvenes les interesan los temas de la sexualidad y ahora puedo apoyarlos”, dice. De acuerdo con López, una mejor educación sexual en Jocotán, donde 80% de la población pertenece al grupo indígena maya chortí, está reduciendo gradualmente los embarazos adolescentes y alentando a las jóvenes a tomar decisiones informadas sobre relaciones y maternidad. “Hemos logrado que si tienen novio no piensen en casarse tan temprano y que retrasen su momento de reproducción. Las jovencitas han tratado de seguir estudiando y trabajando, y algunas han participado en procesos de incidencia. Vemos que esta situación va cambiando”, señala Alma Odette Chacón, coordinadora de Fortalecimiento Institucional y Comunicación de Tierra Viva. Resistencia de sectores conservadores Aunque se han logrado algunos avances, López dice que ha encontrado resistencia de líderes religiosos, padres y madres y hasta de su propia familia. “A veces les explico a mis sobrinos de 13, 14 años sobre el desarrollo y mi mamá me pregunta: ‘¿Por qué les dices eso?’ Cree que les estoy abriendo los ojos y que van a experimentar. Pero a ellos les interesa el tema y preguntan”, sostiene López. Rutilia Jiatz, directora ejecutiva de Incide Joven, organización no gubernamental defensora de la educación sexual, indica que se necesita un gran trabajo para erradicar el estigma que está ligado al debate sobre derechos reproductivos. Tanto Tierra Viva como Incide Joven forman parte de la Campaña Nacional por la Educación Sexual, creada en el 2009 por una coalición de organizaciones de la sociedad civil. “Los grandes aprendizajes que nos han dejado estos años de trabajo es que no sólo tenemos que fortalecerlas a ellas como mujeres jóvenes sino que hay que hacer otros procesos con las personas a su alrededor para que no sean señaladas ni discriminadas por hablar de esos temas”, dice Jiatz. “Las iglesias son con las que más nos ha costado. Tratamos de hablar de los beneficios de la educación sexual, les decimos que previene los embarazos no deseados y enfatizamos que hay un marco legal que tipifica los embarazos en menores de 14 años como un delito”, agrega. En un esfuerzo por erradicar el machismo y evitar que las mujeres que participan en las campañas a favor de los derechos reproductivos sean aisladas en sus comunidades, la no gubernamental Colectiva para la Defensa de los Derechos de las Mujeres en Guatemala (CODEFEM), organiza talleres de género dirigidos a hombres.

“Las iglesias son con las que más nos ha costado. Tratamos de hablar de los beneficios de la educación sexual, les decimos que previene los embarazos no deseados y enfatizamos que hay un marco legal que tipifica los embarazos en menores de 14 años como un delito”

— RUTILIA JIATZ “Ellas nos dicen: ‘Nosotras sabemos cuáles son nuestros derechos pero nuestros esposos no y ahí está el obstáculo’”, afirma la directora de CODEFEM, Ana María Álvarez. Educación sexual no es una prioridad Cifras del Instituto Guttmacher, con sede en EEUU, ilustran por qué es tan urgente la educación sexual en las escuelas del país: Guatemala tiene la tercera tasa más alta de embarazos adolescentes en Centroamérica (144 nacimientos por cada 1,000 mujeres entre 15 y 19 años), la mitad de todas las jóvenes guatemaltecas menores de 20 años están casadas o viven con sus parejas, y aunque 83% de las adolescentes entre 15 y 19 años que están casadas o viven con sus parejas no quieren tener hijos en un futuro próximo, sólo 18% usa métodos anticonceptivos confiables. En el 2005, el Congreso aprobó una ley de planificación familiar que obligaba a todos los hospitales y centros de salud a entregar anticonceptivos gratuitamente y a las escuelas a proporcionar educación sexual. Sin embargo, la ley recién entró en vigencia en el 2008 cuando se creó la Comisión de Aseguramiento de Anticonceptivos. Para el 2010, los ministerios de Salud y Educación diseñaron textos y otros materiales educativos para estudiantes de diferentes edades que incluían educación sexual, los riesgos de los embarazos no deseados, y la prevención del HIV/SIDA y otras enfermedades de transmisión sexual. Organizaciones de la sociedad civil participaron activamente en el proceso y

proporcionaron información. Una vez que los materiales estuvieron listos, los maestros fueron capacitados sobre su uso apropiado. Se llevaron a cabo talleres sobre la importancia de la educación sexual con padres y madres y líderes comunitarios. Finalmente, se lanzó un exitoso programa piloto para implementar el nuevo plan de estudio en siete de los 22 departamentos del país. Pero todo el proceso se paralizó en el 2012 cuando el general retirado Otto Pérez Molina llegó a la presidencia. Bajo presión de grupos conservadores, incluyendo la Iglesia Católica así como iglesias evangélicas, el nuevo plan de estudio fue archivado. “Este gobierno no ha priorizado el tema de la salud sexual y reproductiva. No ha habido voluntad política para seguir avanzando en este tema”, precisó Jiatz. Para disgusto de organizaciones de la sociedad civil que han defendido con uñas y dientes el derecho de

las mujeres a controlar sus cuerpos, en agosto del año pasado, durante la Primera Reunión de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe, organizada por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y realizada en Montevideo, Uruguay, el gobierno guatemalteco aceptó firmar el Consenso de Montevideo que apoya el aborto, los derechos de personas lesbianas, gay, bisexuales, transexuales e intersexuales y el acceso a métodos anticonceptivos pero sólo después de incluir una reserva que señalaba que las familias son las únicas responsables por la educación sexual de sus hijos. Para Chacón, esta reserva “entra en total contradicción con la Ley de Planificación Familiar. Esto va a repercutir en que las niñas y los varones no tengan acceso a educación sexual y seguiremos con los embarazos adolescentes y la violencia sexual”. q

MÉXICO

Violencia económica contra la mujer Dinero es un arma utilizada para controlar y maltratar a la mujer.

asi la mitad de las mujeres mayores de 15 años en México ha sido víctima de violencia por parte de su pareja, según la encuesta nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2011, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). De acuerdo con cifras preliminares, el FMLN, que lleva“La violencia en la familia se puede manifestar de diferentes maneras, lo importante es aprender a identificarla diferenciando los incidentes esporádicos de mal humor o irritación de las conductas francamente violentas y controladoras que aparecen con cierta regularidad”, señala el Consejo Nacional de Población (CONAPO), dependiente de la Secretaría de Gobernación, que tipifica la violencia contra la mujer como emocional o psicológica, física, sexual y económica o patrimonial. Muchas mujeres padecen varios tipos de violencia a la vez y aunque la emocional —insultos, amenazas, humillaciones y ofensas— es la más declarada (90.6%), el 58% de las entrevistadas menciona ser víctima de violencia económica, seguida por violencia física (32.1%) y violencia sexual (12.9%). Poco se habla de la violencia económica o patrimonial, entendida por el CONAPO “como una forma de amedrentar, someter o de imponer la voluntad en el otro se usan los recursos económicos o los bienes personales. Si el agresor es el jefe del hogar o el responsable del mantenimiento de la familia, le exigirá a la pareja todo tipo de explicaciones para ‘darle dinero’, o bien le dará menos cantidad de la que se necesita. Puede suceder también, que aunque la familia necesite los recursos, le impedirá a su pareja que trabaje para que no tenga la posibilidad de tener autonomía económica y él continuar con el control sobre la familia”. “Otra forma de violencia económica es cuando el agresor destruye los bienes personales del otro o dispone de los recursos económicos propios y de la persona que

está siendo violentada, sólo para su propio beneficio (alcohol, amigos, etc.)”, añade CONAPO.

Dependencia absoluta

La mujer víctima de violencia económica es absolutamente dependiente del abusador, quien no le permite trabajar o estudiar y le niega el dinero para satisfacer sus necesidades más elementales. En muchos casos, este tipo de abusador también ejerce violencia emocional, física y hasta sexual contra la mujer. Según la columnista Mar Morales, del informativo mexicano SDPnoticias, “este tipo de violencia pasa desapercibido e incluso se considera ‘normal’ creer que los recursos del hogar deben ser administrados sólo por el varón”. “Muchos pensarán que en nuestro país este tipo de abuso es cada vez menor, ya que la mujer es cada vez más independiente, sin embargo no son pocos los casos que conozco en que la mujer, pese a trabajar, entrega al esposo su cheque íntegro y nunca tiene acceso al dinero que se gasta en el hogar”, agrega. Entre las señales de violencia económica, Morales señala el no tener acceso a las cuentas bancarias de la familia, tener que pedir dinero al esposo para comprar hasta lo más básico para el hogar, si la falta de recursos o la negación de los mismos pone en riesgo la salud y hasta la vida de alguno de los integrantes de la familia, ocultar adquisición de bienes y, en caso de divorcio, amenazar a la mujer con “dejarla en la calle” o quitarle a los hijos para no tener que mantenerla. “Sobra decir que la violencia económica daña la autoestima de quien la padece”, concluye Morales. “Si una mujer está en esta situación debe pedir ayuda de inmediato. No sólo los gritos, amenazas, golpes o violencia psicológica son castigados en nuestra sociedad; la violencia económica debe ser denunciada ante las instancias pertinentes”. — NA

NOTICIAS ALIADAS

PERÚ

Integrantes de la Asociación de Mujeres Afectadas por las Esterilizaciones Forzadas - Cusco (AMAEFC) luego de la reapertura del caso en el 2012.

MUJERES ESTERILIZADAS BUSCAN JUSTICIA Fiscal ordena archivamiento de los casos de más de 2,000 mujeres esterilizadas sin su consentimiento. Noticias Aliadas

ntre 1993 y el 2000, 346,219 mujeres fueron esterilizadas en el marco del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar impulsado por el gobierno del ex presidente Alberto Fujimori (1990-2000).

La mayoría eran indígenas y campesinas que han denunciado haber sido esterilizadas de manera forzosa para cumplir las metas impuestas por la política de control demográfico implementada principalmente en zonas de extrema pobreza. Sin embargo, para el fiscal Marco Guzmán Baca, de la Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial de Lima, no existen evidencias de que se tratara de una política ordenada por Fujimori y aplicada por los ministros de Salud de aquellos años Eduardo Yong, Marino Costa y Alejandro Aguinaga y el 22 de enero dispuso archivar el caso. Amnistía Internacional (AI) señaló en un comunicado que “existen sólidos indicios de que el personal médico que aplicó los programas de planificación familiar recibía presiones para alcanzar cuotas de esterilización y de que, en la mayoría de

los casos, las mujeres no dieron su consentimiento libre e informado. Las mujeres y sus familias fueron presuntamente amenazadas con el pago de multas, penas de prisión o la retirada de apoyo alimentario si no se sometían a la operación. Muchas no recibieron los cuidados posoperatorios adecuados, a consecuencia de lo cual sufrieron problemas de salud y 18 de ellas murieron”. Fiscal se burla de víctimas Aunque el caso incluía a 2,074 mujeres y Guzmán Baca entrevistó a 600 de ellas, sólo encontró indicios de delitos cometidos por seis médicos del norteño departamento de Cajamarca en agravio de María Mamérita Mestanza Chávez, quien en 1998 fue sometida a una esterilización quirúrgica sin su consentimiento y falleció una semana después a consecuencia de la operación. “El fiscal no puede decir que no hay evidencias. Existen oficios, memorándums de los ministros que

iban informando a Fujimori de cómo se cumplían o no las metas, donde se señalaban además las cuotas de mujeres que tenían que captar para esterilizarlas, y también se hablaban de las sanciones o recompensas que iban a tener”, denunció Rossy Salazar, representante legal de Demus, organización defensora de los derechos de las mujeres. La parlamentaria andina y dirigenta indígena Hilaria Supa, quien desde hace casi dos décadas ha denunciado las esterilizaciones forzadas y acompañado a las víctimas, expresó su indignación ante la resolución del fiscal señalando que “no se observa preocupación por las víctimas, ni las secuelas en ellas de las esterilizaciones forzadas. Tampoco aborda las formas que usaron para esterilizar a las mujeres, el secuestro, la amenaza, la tortura”. “Se burla de las víctimas, y viola sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación, por los que vienen luchando tantos años”, señala Supa, quien recalcó que SIGUE >

MÉXICO

Violencia de género en salas de maternidad Mujeres en trabajo de parto son víctimas de abusos, maltratos y humillaciones en hospitales públicos.

mbarazadas que dieron a luz en las afueras de los hospitales porque se les negó atención, tratos discriminatorios a indígenas embarazadas y comentarios humillantes y ofensivos durante el parto, son algunos de los abusos que sufren las mujeres por parte de personal de salud en hospitales públicos en México. Reportes periodísticos revelaron que entre octubre y febrero, cinco mujeres en el sureño estado de Oaxaca dieron a luz fuera de los sanatorios debido a que los médicos se negaron a internarlas señalando que sus partos tardarían. El caso más reciente ocurrió el 6 de febrero en el puerto oaxaqueño de Salina Cruz cuando una adolescente de 16 años, acompañada por su madre, acudió a la Clínica 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) con dolores de parto y durante siete horas solicitó atención, recibiendo como respuesta que faltaba tiempo para que su niño naciera y que regresara. El parto le sobrevino en el estacionamiento del hospital y sólo recibió ayuda de su madre. Casos como este han sido investigados por el científico social Roberto Castro Pérez, integrante del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en un estudio que mereció el 7º Premio Iberoamericano de Ciencias Sociales otorgado por la UNAM. La investigación, titulada “Génesis y práctica del habitus médico autoritario: el caso de la violación de los derechos de las mujeres en las instituciones de salud de México”, se basó en más de 200 testimonios, observaciones en salas de trabajo de parto, entrevistas y grupos focales con médicos, así como recomendaciones de la gubernamental Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre este tipo de casos.

Deformación profesional Al recibir el premio, el 22 de enero, Castro mencionó que “estos abusos no son un problema exclusivamente médico, sino que tienen que ver con la formación de los profesionales de la salud, a quienes se les introyecta la idea que [ellos] tienen mayor jerarquía que los pacientes. Y es que en el área médica existe un nivel de jerarquización semejante al del Ejército o la Iglesia”. En este mismo sentido, un estudio realizado a mediados del 2012 por el gubernamental Instituto Nacional de Salud Pública reveló que de las 512 mujeres entrevistadas, 11% refirió haberse sentido maltratada por algún integrante del personal de salud. Las personas que ejercieron el maltrato fueron: enfermeras (40%), médicas (30%) y médicos (23%). Según Raffaela Schiavon, secretaria técnica del Comité Promotor por una Maternidad Segura en México —entidad conformada por organismos gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil, agencias de cooperación y comités estatales, abocada a la defensa del ejercicio de los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres—, es “inaceptable” el maltrato que reciben las mujeres en los servicios de salud. En declaraciones al diario La Jornada, Schiavon refirió que “los abusos, humillaciones y en general malos tratos que reciben las mujeres en trabajo de parto es un problema grave y creciente en México y América Latina [que] requiere de una solución urgente”. “Las más afectadas suelen ser las mujeres pobres y sin educación que tienen una menor capacidad de interlocución con el personal de salud”, agregó. “De ahí que cualquier medida para contrarrestar el problema debe incluir acciones diferenciadas para cada sector de la sociedad”.— NA

“Un total de más de 200,000 mujeres [fueron] esterilizadas en los años 90, en su mayoría mujeres indígenas y campesinas pobres que afirmaron que no habían dado su consentimiento pleno e informado”.

— AMNISTÍA INTERNACIONAL

había suficiente evidencia para hacer la denuncia: más de 140 libros que sustentan este caso de violación de derechos humanos están en manos de la Fiscalía. En 1999, un grupo de organizaciones de derechos humanos peruanas e internacionales presentaron una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra el Estado peruano por el caso de Mestanza. Cuatro años después, el Perú reconoció haber violado los derechos de Mestanza a la vida, integridad personal e igualdad ante la ley y aceptó una solución amistosa con los familiares de la víctima que incluía una serie de medidas de reparación, como indemnizaciones económicas para el esposo y los hijos, y el compromiso a realizar “una exhaustiva investigación de los hechos y aplicar las sanciones legales contra toda persona que se determine como participante de los hechos, sea como autor intelectual, material, mediato u otra condición, aún en el caso de que se trate de funcionarios o servidores públicos, sean civiles o militares”. Como parte de este compromiso, en el 2004 la Fiscalía abrió una investigación sobre este caso que fue cerrada en el 2009 bajo el argumento que no se habían encontrado indicios criminales. En el 2011, luego que la CIDH considerara que estos hechos constituyeron delitos de lesa humanidad y por tanto no prescriben, la Fiscalía ordenó la reapertura de la investigación sobre el

caso de Mestanza y se incluyó a las más de 2,000 mujeres esterilizadas que, a decir de AI, “representan tan sólo una pequeña parte de un total de más de 200,000 mujeres esterilizadas en los años 90, en su mayoría mujeres indígenas y campesinas pobres que afirmaron que no habían dado su consentimiento pleno e informado”. Sin embargo, la investigación quedó estancada hasta noviembre del 2012 cuando la Primera Fiscalía Penal Supraprovincial de Lima emitió una resolución reabriendo el caso y estableciendo un nuevo periodo de indagaciones. Testimonio Carmen Mayhua Pimentel, campesina de Cusco, es una de estas miles de mujeres esterilizadas sin su consentimiento. “Me ligaron el 20 de octubre de 1997. Yo tenía en esa época tres hijos y 28 años. Me visitaron por tres veces en el distrito de Mollepata [provincia de Anta]. La enfermera llegó con una ambulancia de a posta del distrito Limatambo de la provincia de Anta. De una en una nos llevaban a otra sala y luego regresaban y nos ponían en un colchón sobre el piso”, señala Mayhua en testimonio dado a Noticias Aliadas en el 2012. “Queríamos salir pero nos habían encerrado. Nos ponían en camilla y nos sujetaban con jebe en los dos brazos. Me sacaban en cara que mi esposo había firmado. Lo habían engañado que mejor era no tener tantos hijos, que éramos pobres. En la posta cuando decía que no quería que me ligaran, me insultaban porque decían que me estaba haciendo de rogar. Luego, ya no sé nada. Desperté en un colchón sobre el suelo, no había quien nos atendiera. Al día siguiente, muy temprano a las 8 am nos regresaron en ambulancia a nuestro distrito, no teníamos pastillas para el dolor. Las veces que fui a la posta no me daban nada, me decían que así era”. La abogada Gloria Cano, directora de la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), anunció que los representantes legales de las víctimas presentaron el 28 de enero un recurso de queja para que el caso de las esterilizaciones forzadas sea visto en segunda instancia de la Fiscalía. “Queremos que una instancia superior de la Fiscalía vea el caso, porque no es justo que archiven un caso de vejación a miles de mujeres”, declaró Cano a la prensa. “También se ha pedido una audiencia de seguimiento en la CIDH para ver el tema. Si la comisión otorga la audiencia, el Estado tendrá que dar cuenta de esta situación”. “No es posible que las mujeres que fueron afectadas por las esterilizaciones se queden sin justicia”, agregó. “Es una burla que no podemos permitir, porque a nadie se le puede forzar a operarse y causarle lesiones graves”. q

COLOMBIA

Entrevista con Victoria Sandino Palmeras, delegada de paz de las FARC.

“El tema de género en la mesa es transversal”

¿Cuántos años lleva en las FARC y por qué se unió a esa guerrilla? Llevo 21 años en la organización. Comencé mi vida política casi desde los 12 años en la Juventud Comunista y en los 90, cuando sucedió el genocidio de la Unión Patriótica (UP), habían perecido compañeros y la persecución a los dirigentes populares era cada vez más intensa. Uno empieza a cuestionarse: aquí nos jugamos la vida, el gobierno no va a construir los cambios democráticos que requiere el país, cada vez hay menos posibilidades de participar en política. No puede ser que engrosemos esa lista de muertos, vamos a engrosar otra lista que son las filas de las FARC. ¿Cuál es su lectura del proceso aquí en La Habana, con unas elecciones en ciernes?

El gobierno [del presidente Santos] anhela la

JENNY MANRIQUE

uando terminaba sus estudios de Comunicación Social en Bogotá en la década del 90, Judith Simanca Herrera, hoy Victoria Sandino Palmeras, originaria del norteño departamento de Córdoba, decidió dejar “todo tirado” e internarse en la selva colombiana. Se unió a las insurgentes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) hasta que llegó a ser comandante del Bloque 21 que opera en el sur del país. En el tiempo que estuvo en San Vicente del Caguán —durante la infructuosa experiencia de negociaciones de paz durante el gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002)— fue parte de la guardia de seguridad de los fallecidos comandantes Alfonso Cano y Raúl Reyes. Hoy a sus 48 años, es una de las 13 mujeres del equipo negociador en La Habana que desde setiembre del 2012 conversa con el gobierno de Juan Manuel Santos para buscar la paz. Jenny Manrique, colaboradora de Noticias Aliadas, conversó con Sandino en La Habana sobre la realidad dentro de las FARC y el futuro de las negociaciones de paz.

Victoria Sandino Palmeras

rendición de las FARC, que renunciemos a nuestra lucha de más de 50 años, pero a lo largo de las negociaciones se bajaron de esa nube, saben que no es posible. Cuando proponíamos una tregua en el periodo electoral [de cara a las elecciones presidenciales del 25 de mayo] era para que eso no incidiera en el desarrollo de la mesa [de diálogo] pero el gobierno no aceptó, así que las FARC y la paz van a marcar las elecciones a favor o en contra del proceso. Es importante que se pueda imponer la voluntad de las mayorías frente a una salida política al conflicto. Actualmente negocian sobre cultivos ilícitos. ¿Qué grado de responsabilidad están dispuestos a reconocer en el narcotráfico?

Entendemos el narco como un fenómeno social que ha permeado todas las estructuras. Los campesinos se han

visto abocados a cultivar coca, amapola y marihuana en áreas donde por supuesto hay guerrilla porque estamos a nivel nacional, pero no somos la policía ni podríamos reprimirlos porque es la única alternativa que tienen. Los laboratorios no se encuentran en zonas nuestras sino de control del mismo Ejército. Discutimos crear alternativas que saquen a los campesinos de ese cultivo y que se dé tratamiento adecuado a los consumidores, que son el eslabón más débil. Pedimos una comisión de la verdad histórica para que defina qué papel han jugado todos, incluso los más poderosos en el lavado de activos. Si en eso cae alguno nuestro que ha estado vinculado — es posible—, la organización tendrá respuesta a eso. ¿Qué temas de género se han llevado a la mesa?

Una primera cuestión es que se reconozca que las guerrilleras somos sujetos políticos que estamos aquí por méritos, porque la organización lo determinó, no porque seamos las primeras damas de X o Y camarada. El tema de género en la mesa es transversal. En el tema agrario se ha propuesto que tengan prelación las mujeres cabeza de familia para la tenencia de la tierra, los préstamos, la educación en el campo. De las 100 propuestas que presentamos sobre participación política, cerca de 37 están relacionadas con la equidad de género. Y así en cada punto. Dentro de las filas guerrilleras, ¿hay esa equidad de género?

Es un estereotipo que las mujeres no tienen derechos dentro de las FARC y se pretende cuestionar a la organización como si la sociedad colombiana, machista y capitalista, fuera distinta. No nos cabe en la cabeza que a una guerrillera la maltraten y que no pase nada, porque hay unas normas y principios que no posibilitan eso. Eso que se ve en la cotidianidad de las comunidades campesinas, indígenas y afro, que el marido viene y golpea a la compañera o a sus hijos, no se da en la organización, porque tenemos igualdad de derechos. Por supuesto que hay expresiones machistas porque somos fruto de esta sociedad, pero aquí en el equipo negociador somos 30 y en total 13 mujeres. A ver si en las fuerzas militares la proporción es igual. Varios informes de Naciones Unidas y testimonios de ex guerrilleras hablan no obstante del abuso a mujeres por parte de comandantes.

La guerrillera tiene manera de defenderse, tiene un arma que es su propia vida e integridad, no es posible que alguien te venga a agredir así; además hay una serie de normas que se aplican para todo el mundo. Es posible que se hayan presentado cosas hacia la población porque en todos los grupos sociales

“De las 100 propuestas que presentamos sobre participación política, cerca de 37 están relacionadas con la equidad de género. Y así en cada punto”. y humanos hay ese tipo de fenómenos; no somos perfectos. ¿Es el aborto una política obligada dentro de las filas?

Sobre temas como la maternidad no siempre se tomaron todas las medidas. En un periodo de la tregua del año 84 al 90, los campamentos guerrilleros parecían jardines infantiles porque había calma y las parejas tenían sus familias. Muchas compañeras tienen hijos de 20 años de ese periodo. Hoy el nivel de confrontación no nos da esa posibilidad. Yo decidí no tener hijos antes de haber ingresado, no porque me lo hayan impedido. En esta lucha vi morir a muchos compañeros con sus criaturas en los brazos como pasó con lo de la UP, a las guerrilleras que capturan las matan cuando van a tener sus criaturas, deben ser madres en las cárceles. Por eso es obligatorio planificar, al estar embarazada el riesgo es mayor en el combate. A veces una pareja plantea si puede tener una criatura, los superiores estudian si dan el permiso. Casi todos los guerrilleros tienen hijos e hijas con guerrilleras y con población porque es una condición de la naturaleza humana, no es que las FARC dicen: si usted es guerrillera no es madre, fue la guerra la que nos impuso esas condiciones. ¿Dónde se crían esos niños?

Es muy peligroso tener un bebito por los bombardeos y ametrallamientos. Si no hay manera de interrumpir el embarazo —para nosotros [el aborto] es un derecho—, porque no se puede hacer entrar un médico o no hay condiciones de seguridad, debe tenerlo y salir cuando tenga de cuatro a seis meses. Si está de buenas tiene su criatura un tiempo con ella, la entrega al familiar al que tenga disponible para hacerlo y se vuelve a reintegrar. Muchas veces no se puede volver a tener contacto con la familia porque hay una persecución. A los niños cuando están grandecitos les empiezan a decir que su mamá es guerrillera, es una matona, y les ofrecen plata para que entreguen a sus padres. q

JENNIFER ÁVILA

HONDURAS

Mujeres garífunas en la costa caribeña de Honduras trabajan en la prevención de la violencia de género.

IMPUNIDAD IMPULSA FEMINICIDIOS Número de muertes violentas de mujeres continúa en aumento. Jennifer Ávila desde Tegucigalpa

pesar de que Honduras es signatario de dos importantes convenciones en materia de derechos de las mujeres y ha aprobado leyes que las protegen, el Estado tiene aún la venda en los ojos ante la realidad que desangra a las mujeres en el país, señala Nohemy Dubón, defensora de los derechos de las mujeres. En el 2013 se produjeron 635 muertes violentas de mujeres entre un rango de edad de 20 y 30 años, de acuerdo

con el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. En el 2012, el mismo observatorio confirmó 606 muertes violentas de mujeres, de los cuales el 52.6% correspondieron a feminicidios, con 319 muertes. Según datos del Movimiento de Mujeres por la Paz Visitación Padilla, conocido como Las Chonas, cada 12 horas una mujer es víctima de muerte violenta y el 97% de los casos permanecen en la impunidad. Las Chonas han registrado más de 40 muertes violentas de mujeres en los dos primeros meses de este año. Honduras es signatario de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención Interamericana para la Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia Contra la Mujer, así como de convenios de la Organización Internacional del Trabajo como el 100 sobre la igualdad

de remuneración, el 111 sobre la discriminación en el empleo y ocupación, y el 156 sobre los trabajadores con responsabilidades familiares. Además, existen leyes nacionales como la Ley contra la Violencia doméstica y la Ley de Igualdad de Oportunidades para la Mujer. A pesar de que después de más de 10 años de luchas para que el delito del feminicidio quedara en el marco legal hondureño y el Congreso Nacional reformara el 21 de febrero del 2013 el Código Penal para su tipificación con una pena de 30 a 40 años de cárcel, los movimientos feministas aseguran que esto es sólo una estrategia del gobierno para decir que se está haciendo algo, pero en realidad la situación no ha mejorado.

Cada 12 horas una mujer es víctima de muerte violenta y el 97% de los casos permanecen en la impunidad.

Violencia extrema

“La violencia contra las mujeres se expresa desde la discriminación y siempre va acompañada de violación sexual, mutilaciones, las violencias son específicas en el caso de las mujeres”, explica Dubón. “La violencia contra nosotras es extrema, además de todas las violencias que sufrimos las mujeres en lo privado y en lo público, llegamos al extremo del feminicidio, masacres de mujeres se dan y este gobierno no da respuesta. Hay un 97% de impunidad, no se judicializan los casos”. Un informe divulgado por el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) a fines del 2013, refiere que al menos 3,613 mujeres perdieron la vida en forma violenta entre el 2000 y junio del 2013, y 50% de todos estos casos ocurrieron bajo el mandato del expresidente Porfirio Lobo (2010-2014). La violencia doméstica es la forma de violencia contra la mujer más denunciada a nivel nacional asegura María del Carmen García de la no gubernamental Unidad de Desarrollo Integral de la Mujer y la Familia (UDIMUF). Los casos son muchos pero el sistema de justicia no protege a la mujer aun cuando existen leyes encaminadas a disminuir este flagelo, señala. Adalinda Hernández es una mujer indígena lenca que sobrevivió a la violencia doméstica y que hoy, a través de la Red de Mujeres de Marcala, trata de sacar de ese ciclo a muchas mujeres de su comunidad ubicada en el departamento occidental de La Paz y cuya cultura está profundamente enraizada en el sistema patriarcal. “En la cultura lenca nos crecemos con la idea que los hombres son el centro de todo, así me crecí yo y cuando me casé lo primero que me dijeron fue que ese era el dueño de mi vida y si me tenía que dar azote pues yo tenía que aguantar”, explica Hernández. Igualmente, las mujeres garífunas afrodescendientes en el Caribe hondureño aseguran que la violencia doméstica es un grave problema en sus comunidades, además de otro tipo de violencias que las afectan. La Organización La Esperanza de las Mujeres Garífunas

de Honduras, que aglutina a mujeres de distintas comunidades, aborda la usurpación de su territorio por extranjeros, la violencia generada por el narcotráfico en esa parte del país y la falta de acceso a la salud, entre otras. Modelo de atención integral

La violencia hacia las mujeres prevalece en los criterios discriminatorios y misóginos que están presentes cuando las mujeres o familias de las víctimas exigen justicia y se ven enfrentadas a la re-victimización al ser obligadas a relatar una y otra vez cómo fueron violentadas además de hacerlas responsables de la violencia ejercida por el agresor. En ese contexto, el trabajo en procesos de prevención de la violencia basada en género que la UDIMUF realiza en el municipio de La Ceiba, en el Caribe hondureño desde hace seis años constituye un modelo que para las organizaciones de mujeres debiera extenderse a nivel nacional. María del Carmen García, abogada UDIMUF, explicó a Noticias Aliadas que en esa localidad el procedimiento de denuncia por violencia en contra de una mujer se realiza a través de un trabajo conjunto entre el Ministerio Público, la Secretaría de Salud y la red de organizaciones de mujeres para garantizar el acceso a la justicia y el respeto a las víctimas. Agregó que la Red contra la Violencia hacia la Mujer —conformada por organizaciones de la sociedad civil, entre ellas la UDIMUF, el Observatorio de la Violencia y organizaciones de iglesias—, lleva a cabo una auditoría a las instancias de denuncia y ejecución de justicia para que se lleven procesos respetuosos y justos a las mujeres. “Es toda una estrategia de acompañamiento, demanda y denuncia en este tema. De manera conjunta se ha formado y sensibilizado y ahora también hacemos inspectoría de la Casa Refugio que depende de la alcaldía

de La Ceiba porque queremos tener un espacio para garantizar la seguridad de las mujeres en un proceso penal”, precisó García. Esta red se ha propuesto que el Modelo de Atención Integral (MAI) que por el momento funciona sólo en La Ceiba sea replicado en todo el país. Este modelo une al Ministerio Público, la Secretaría de Salud y la Corte Suprema de Justicia para que se ejecuten procesos judiciales que no revictimicen a las mujeres, como actualmente sucede en el sistema nacional. Sin embargo aún hay muchos obstáculos para que este modelo se exporte a todo el país que van desde

leyes arbitrarias hasta conflictos de las organizaciones de mujeres con las instituciones públicas que se agudizaron desde el golpe de Estado del 2009 que derrocó al ex presidente Manuel Zelaya (2006-2009). “Por ejemplo, en Honduras la Pastilla Anticonceptiva de Emergencia (PAE) es ilegal, y por esto no se ha podido establecer un protocolo de seguridad y salud integral para la atención de víctimas de violencia sexual ni siquiera con el MAI de La Ceiba”, asevera García. “Tiene que haber voluntad política de las instancias encargadas de la seguridad y la justicia en Honduras, ahora hay un proyecto de ley para que se impulse este modelo de forma nacional y esperamos se logre”. q

REPÚBLICA DOMINICANA

Urge reducir mortalidad materna Casi 20% de muertes maternas se producen en adolescentes.

or cada 100,000 nacidos vivos, 150 mujeres mueren en República Dominicana, cifra que coloca al país como el cuarto con la mayor tasa de mortalidad materna en América Latina y el Caribe, sólo superado por Bolivia (190), Guyana (280) y Haití (350), de acuerdo con el Informe de Desarrollo Humano (IDH) 2013 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Con el objetivo de reducir esta tasa, el Instituto Nacional de Salud (INSALUD) presentó el 4 de marzo el Observatorio de Mortalidad Materna como “un espacio ciudadano, autónomo, interinstitucional e intersectorial, con el propósito de establecer la participación y el diálogo entre sociedad civil, medios de comunicación, academia, agencias de cooperación y el Estado, para dar seguimiento a las iniciativas y prioridades de políticas públicas e incidir en la reducción de la mortalidad materna”, explicó Giselle Scanlon, directora ejecutiva del INSALUD. Datos de la Encuesta Nacional Demográfica y de Salud 2007 revelan que el 19% de las muertes maternas se producen en adolescentes. El IDH 2013 coloca la tasa de fecundidad adolescente en 103.6 nacimientos por cada 1,000 mujeres entre 15 y 19 años. Las causas más frecuentes de mortalidad materna son hipertensión arterial, hemorragias, abortos y complicaciones del puerperio. En el caso de las madres adolescentes se suma la diabetes gestacional. De acuerdo con el Informe de Seguimiento de los Objetivos del Milenio, realizado en el 2010, “la tasa de mortalidad materna se mantiene elevada a pesar de que una alta proporción de los partos son atendidos en centros de salud y por personal especializado, al igual que el control prenatal”. La importancia de los observatorios en las políticas de salud fue resaltada por Mirna Montenegro, directora del Observatorio de Salud Reproductiva de Guatemala (OSAR). El OSAR, dijo Montenegro durante la presentación, “se ha constituido como un foro permanente que ofrece oportunidades para la participación de mujeres, sociedad civil, profesionales e investigadores, contribuyendo a generar y difundir información para reducir las desigualdades en el sistema de salud. Este observatorio fundamenta su trabajo sobre la base del seguimiento sistemático y la aplicación

de herramientas para la construcción de indicadores y recolección de datos que permitan contar con información oportuna y de calidad sobre el avance y desafíos de los procesos de implementación de políticas”. Esfuerzos similares existen en Argentina, Bolivia, México y Uruguay. Prevención embarazo adolescente Desde el 2011 existe el Plan Nacional de Prevención de Embarazos en Adolescentes dirigido a “reforzar, coordinar y articular políticas públicas destinadas a revertir las preocupantes estadísticas de embarazos adolescentes en edades de 13 a 19 años”. Elaborado en el marco de la Estrategia Nacional de Desarrollo, el plan “es una respuesta integral, multisectorial y de participación social, encaminada a la reducción del embarazo en adolescentes en República Dominicana”. Su ejecución está prevista hasta el 2016 a través del Comité Técnico Interinstitucional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes, conformado por el Despacho de la Primera Dama, los ministerios de la Mujer, Salud Pública y Educación, y organismos internacionales como la Organización Panamericana de la Salud, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, entre otras instancias públicas y privadas. La UNFPA considera que un elemento clave para evitar los embarazos adolescentes es una educación sexual integral que ayude a los jóvenes “a tomar decisiones conscientes y responsables, a organizar el proyecto de vida, a aumentar el cuidado personal y evitar las situaciones de riesgo. De manera más concreta, las y los adolescentes con formación sobre este tema tienden a retrasar las relaciones sexuales, pueden evitar los embarazos no planificados, cuidan mejor su salud para protegerse de infecciones de transmisión sexual (ITS), y tienen más posibilidades de reducir el contagio por el VIH/SIDA”. Desdehacemásde10añosseejecutademanerasostenidaen República Dominicana el Programa de Educación Afectivo Sexual (PEAS) que se imparte en las escuelas, concebido como“un proceso diferenciado en cada etapa del desarrollo del ser humano [que] tendrá características específicas en cada una de ellas, haciendo énfasis en la promoción de los derechos humanos, la equidad de género y la prevención de los embarazos no planeados, de la explotación y la violencia sexual, del aborto, de ITS/VIH/SIDA”.— NA

SERGIO CRUZ

NICARAGUA

Centros de salud no promueven campañas informativas sobre métodos de protección para evitar embarazos no deseados en adolescentes.

AUSENCIA DE EDUCACIÓN SEXUAL Desconocimiento y falta de orientación están llevando a aumento de embarazos de adolescentes entre 10 y 19 años. 30

Carmen Herrera desde Managua

n Nicaragua no es obligatoria la educación sexual en las escuelas. Es más, existe un acuerdo implícito de los gobiernos con la Iglesia Católica de no permitir la educación sexual en los colegios, el que se ha acentuado bajo el actual gobierno encabezado por el presidente sandinista Daniel Ortega, que declaró en una reciente reforma a la Constitución que Nicaragua es un país “cristiano, socialista y solidario”. En el 2003, durante el gobierno liberal del ex presidente Enrique Bolaños (2002-2006), el Ministerio de Educación (MINED) suprimió el “Manual Para la Vida” de educación sexual dirigido a docentes, que iba a ser aprobado en ese momento, luego que grupos católicos y evangélicos ultraconservadores junto con autoridades eclesiásticas llevaran a cabo una intensa campaña contra el texto, acusando al MINED de “promover el aborto y la homosexualidad y pretender disolver las familias”. La timidez con que el gobierno de Ortega ha asumido el tema de la educación sexual tiene su raíz en la

alianza que mantiene con el cardenal Miguel Obando Bravo, principal artífice de la campaña de la Iglesia Católica nicaragüense contra la educación sexual. En su momento, el cardenal Obando celebró el retiro del manual, anunciando que contaba con “una comisión de moralistas y teólogos para rehacer el documento”, lo que finalmente no hicieron. La decisión política de no impartir educación sexual en las escuelas ha redundado en los datos que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) presenta sobre Nicaragua en cuanto a que entre los años 2000 y 2010 se registraron 367,095 embarazos en mujeres menores de 18 años y en que, según el Ministerio de Salud (MINSA), el 27.1% de los partos del año 2010 ocurrieron en adolescentes entre 10 y 19 años. La Estrategia Nacional de Salud Sexual y Reproductiva del 2009 menciona con preocupación que el número de embarazos registrados en adolescentes de 10 a 19 años subiera de 33,742 en el 2007 a 35,945 en el 2010, un aumento del 6.5%. El Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas instó a Nicaragua en el 2010 “a adoptar todas las medidas necesarias para atender a las recomendaciones formuladas (…) que no ha aplicado suficientemente, como las relativas a la puesta en práctica de la legislación, el plan de acción nacional y la coordinación, la recopilación de datos, la edad mínima para contraer matrimonio, el registro de los nacimientos, los castigos corporales, el maltrato y el abandono de niños y los embarazos de adolescentes”. También que “garantice que los adolescentes tengan acceso a servicios de salud sexual y reproductiva seguros, legales y confidenciales, que incluyan información, asesoramiento y servicios de interrupción del embarazo, y ofrezca acceso generalizado a los medios anticonceptivos”. El gobierno fiel a su política de comunicación basada en el secretismo y la no respuesta pública a aclaraciones y planteamientos estratégicos solicitados desde la sociedad civil y la cooperación internacional no respondió a estas recomendaciones. Cifras alarmantes

De acuerdo con el Informe de Desarrollo Humano 2013 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la tasa de fecundidad adolescente en Nicaragua es de 104.9 nacimientos por cada 1,000 mujeres de 15 a 19 años. Rubén Reyes, coordinador del Programa de Fortalecimiento de Grupos Juveniles de la Fundación Puntos de Encuentro, dedicada a la defensa de los derechos de las mujeres, señaló a Noticias Aliadas que esta cifra, “en lugar de reducirse, como hemos apostado la sociedad civil, ha ido en aumento. Esta realidad tiene que ver con que no hemos logrado penetrar en la cultura de la educación

sexual para que las personas vean la sexualidad como expresión de placer con protección y no estrechamente ligada a la reproducción”. El Informe de Estado de la Población Mundial del 2013 publicado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), que aborda la maternidad en la niñez y los retos del embarazo en la adolescencia, precisa que “cuando una niña queda embarazada, su presente y futuro cambian radicalmente y rara vez para bien. Ya no puede continuar con su educación, se desvanecen sus perspectivas laborales y se multiplica su vulnerabilidad frente a la pobreza, la exclusión y la dependencia”. Entre las causas subyacentes para el embarazo adolescente, la UNFPA menciona el matrimonio infantil, la desigualdad de género, obstáculos a los derechos humanos, pobreza, violencia y coacción sexual, políticas nacionales que restringen el acceso a anticonceptivos y a una educación sexual adecuada a la edad, falta de acceso a educación y servicios de salud reproductiva y subinversión en el capital humano de niñas adolescentes. Organizaciones de sociedad civil coinciden en afirmar que para Nicaragua sigue siendo un reto la implementación de la educación sexual como política pública. Pero ante este vacío, las familias esperan que la escuela asuma esa responsabilidad y viceversa. Material de consulta

En el texto “Educación de la Sexualidad: Guía básica de consulta para docentes”, editado por el MINED, el marco metodológico afirma que este material “constituye un paso más en el fortalecimiento de la educación integral. No es un libro de texto para impartir clases, debe utilizarse como material de consulta sobre los temas de educación de la sexualidad. Se propone contribuir a la comprensión y manejo de los temas brindando pautas y argumentos para facilitar la labor de orientación de las docentes y los docentes a los alumnos, las alumnas, las madres y los padres de familia”. De ahí que Reyes considere que hay un énfasis desde las políticas gubernamentales de dejar a la libre elección de la escuela el abordaje de la educación sexual. “Algunas escuelas tienen incorporado el tema y otras no, pues no es de obligatorio cumplimiento desde el Ministerio de Educación”, precisó. Según el UNFPA, en Nicaragua sólo el 18% de las escuelas de primaria y secundaria utilizan la guía de educación sexual del gobierno. El informe “Cairo+20-Nicaragua. Diagnóstico Nacional 1994-2012”, elaborado por la organización Sí Mujer, afirma que “no existen campañas o acciones públicas que promuevan los derechos sexuales y reproductivos de las y los adolescentes; estas iniciativas las emprenden exclusivamente las organizaciones que trabajan con la niñez, la

adolescencia, la juventud y las mujeres organizadas”. Al respecto, María Mercedes Alemán, coordinadora por el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas de la campaña “La prueba de amor es prueba de fuego. ¡Por eso yo me protejo!”, actualmente en ejecución en el departamento de Chontales (a 140 km al sureste de Managua), dirigida a la prevención del embarazo adolescente y promovida junto con la Red de Mujeres Chontaleñas, confirmó a Noticias Aliadas, que en la auditoría social sobre el tema de salud sexual y reproductiva, presentada a inicios de marzo de este año por la Red, las personas consultadas coincidieron en afirmar que el tema de la sexualidad en las escuelas se aborda desde la experiencia de las y los docentes y no desde los

fundamentos teóricos consignados en los convenios internacionales de las Naciones Unidas ratificados por los gobiernos nacionales sobre los derechos humanos de las y los adolescentes. Asimismo, en la auditoría, los y las jóvenes manifestaron que en los centros de salud del Ministerio de Salud (MINSA) se exponen más las campañas para prevenir enfermedades comunes que documentación que promueva la prevención de infecciones de transmisión sexual y métodos de protección para evitar embarazos no deseados en adolescentes. Mencionaron, además, que los centros no investigan la procedencia de embarazos en niñas y adolescentes que probablemente, por la edad, provienen de abusos sexuales. q

BOLIVIA

Aborto legal para víctimas de delitos sexuales Tribunal Constitucional elimina exigencia judicial para interrumpir embarazos producto de la comisión de un delito o si está en riesgo vida o salud de la mujer.

ras dos años de debates, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) emitió un fallo en el que establece que confirma que si bien la vida se inicia en la concepción, despenaliza la interrupción del embarazo producto de violación, estupro, incesto o está en riesgo la vida de la madre al anular la exigencia del consentimiento de un juez para llevar a cabo el procedimiento. “No será exigible la presentación de una querella, ni la existencia de imputación y acusación formal y menos sentencia”, dice la resolución del TCP publicada el 14 de febrero. “Será suficiente que la mujer que acuda a un centro público o privado de salud a efecto de practicarse un aborto —por ser la gestación producto de la comisión de un delito—, comunique esa situación a la autoridad competente pública y de ese modo el médico profesional que realizará el aborto tendrá constancia expresa que justificará la realización del aborto”. El fallo responde a una acción de inconstitucionalidad presentado en marzo del 2012 por la diputada indígena del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS), Patricia Mancilla, de una serie de disposiciones incluidas en el Código Penal que criminalizan el aborto. Para Mancilla, el fallo del TCP es un avance en el respeto a los derechos de las mujeres porque elimina el requisito de la autorización judicial para que una víctima de violación o una mujer cuya vida está en riesgo, pueda someterse a un aborto legal. “Nosotras buscábamos una salud segura para las mujeres y acabar con los abortos clandestinos que en muchos casos terminan con la vida de las mujeres”, dijo Mancilla en conferencia de prensa. Derecho a decidir Malena Morales, directora interina de la oficina en Bolivia de International Pregnancy Advisory Services (IPAS), organización

que trabaja en la defensa de los derechos reproductivos, coincidió con Mancilla en que la sentencia“representa un avance importante para Bolivia [porque] elimina algunas de las barreras jurídicas que enfrentan las mujeres cuando buscan servicios de interrupción legal del embarazo”. IPAS considera de gran importancia el hecho de que la resolución del TCP precise que “la decisión de interrumpir o no un embarazo será de la mujer embarazada y no estará sujeta a ideologías o creencias religiosas de jueces o fiscales”. “Al eliminar el requisito de la autorización de un juez, la sentencia mejorará el acceso oportuno a servicios de aborto seguro en casos donde éste es permitido por la ley”, señala IPAS, agregando que en caso de violación, el fallo reafirma el derecho de la mujer “a buscar servicios de aborto a sola denuncia a la policía o al fiscal, y en caso de riesgo para la vida o la salud de la mujer, el diagnóstico del médico es suficiente para autorizar la interrupción legal del embarazo”. Según el no gubernamental Centro de Investigación Educación y Servicios (CIES), anualmente mueren en Bolivia alrededor de 60,000 mujeres a causa de abortos mal practicados; un 14% son adolescentes entre 12 y 19 años. La Conferencia Episcopal de Bolivia (CEB) saludó en un comunicado emitido el 10 de marzo que el TCP reconociera “el respeto a la vida desde el momento de la concepción, en coincidencia con los principios de la doctrina cristiana y de toda cultura y concepción religiosa presentes en el mundo”, a la vez que solicitó al Ministerio de Salud eliminar la píldora anticonceptiva de emergencia o “píldora del día después, que en ningún caso puede considerarse un anticonceptivo, sino que tiene características abortivas en clara contradicción con la sentencia”. Para los obispos, la eliminación de una autorización judicial para proceder a un aborto en casos de delitos sexuales puede dar pie a“la legalización de facto del aborto”.— NA

DESMOND BROWN/IPS

EL CARIBE

Inundaciones ocurridas en diciembre del 2013 causaron serios estragos en Trinidad y Tobago.

EL COSTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO Naciones caribeñas extremadamente vulnerables al aumento del nivel del mar y a los impactos de eventos meteorológicos extremos. Noticias Aliadas

n US$7.5 millardos anuales ha calculado la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) las pérdidas económicas del cambio climático para las naciones del Caribe. “El Caribe es una subregión muy vulnerable que podría sufrir consecuencias económicas considerables y negativas hacia el 2050 por causa del cambio climático”, asegura una investigación publicadaendiciembreporlaRevistaCEPAL,titulada“Unsistema de modelamiento para evaluar las consecuencias económicas del cambio climático en el Caribe”.

Los daños económicos incluyen, según el estudio, reducción del capital, del ingreso nacional, disminución de la productividad y contracción de la demanda de los servicios turísticos. La intensificación y mayor frecuencia de eventos meteorológicos extremos, como huracanes y tormentas tropicales, han puesto en riesgo a esta región. A fines de diciembre, intensas lluvias fuera de temporada en Dominica, San Vicente y las Granadinas y Santa Lucía causaron inundaciones y deslizamientos de tierras que dejaron 13 muertos. El presidente de Guyana, Donald Ramotar, hizo un llamado a “potenciar nuestras capacidades de pronóstico y mecanismos de respuesta” ante el cambio climático. “La evidencia científica muestra que, para nuestra región, que es una de las más vulnerables, estos eventos meteorológicos se volverán más frecuentes a medida que se intensifiquen los impactosdelcambioclimático”,dijoelmandatarioendeclaraciones recogidas por la prensa. Ramotar incidió en la Estrategia de Desarrollo Baja en Carbono, lanzada en el 2009 por el entonces presidente Bharrat Jagdeo (1999-2011), que busca que las actividades productivas reduzcan sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) causantes del calentamiento global.

Altas temperaturas

De acuerdo con el más reciente informe del Panel Intergubernamental para el Cambio Climático (IPCC), publicado en setiembre del 2013, está en riesgo la capacidad de importantes destinos turísticos como Bahamas, Barbados, Belice y Jamaica de abastecer de agua, energía y otros recursos básicos a los visitantes y a sus propias poblaciones. La Asociación de Pequeños Estados Insulares (AOSIS), que agrupa a 44 naciones insulares y costeras bajas del Caribe, África y Oceanía, ha alertado que la elevación del nivel del mar por el derretimiento de glaciares provocará su “extinción”. Igualmente, el aumento de las temperaturas del mar ya está causando la decoloración o muerte de arrecifes de coral, que actúan como barrera natural ante los embates del océano durante los huracanes. Según la CEPAL, el aumento del nivel del mar se traducirá en la pérdida de tierra e infraestructura y en la contracción del turismo, los dos factores más importantes que afectarán al Caribe.

El modelo de la CEPAL toma como parámetro un aumento de la temperatura media del planeta de 1.2º hacia el 2050. Sin embargo, desde el siglo XIX la temperatura global ha aumentado en 1%. Los expertos recomiendan mantenerla por debajo del 2%, nivel que para los países miembros de la AOSIS ya sería catastrófico. Apesardelasinvocacionesdeorganizacionesinternacionales y de los países más vulnerables al cambio climático, las naciones industrializadas se resisten a reducir sus GEI. Tal como viene ocurriendo desde 1994, cuando se celebró la 1ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP1), en la 19ª edición llevada a cabo del 11 al 23 de noviembre del 2013 en Varsovia, Polonia, los países desarrollados continuaron negándose a cumplir con el mandato del Protocolo de Kioto, único instrumento legalmente vinculante que los obliga a reducir sus emisiones de GEI. Este acuerdo fue adoptado en 1997 y en el 2012, año que expiraba, fue ampliado hasta el 2020. q

BRASIL

Movimientos sociales víctimas de espionaje corporativo Organismos internacionales de derechos humanos mostraron evidencias del espionaje desarrollado por las empresas Vale y Belo Monte.

l 24 de febrero del 2013, integrantes del Movimiento Xingú Vivo Para Siempre en el nororiental estado de Pará, descubrieron que un nuevo miembro identificado como Antônio se encontraba grabando una reunión de planificación en la que participaban organizaciones ambientales y de derechos humanos locales e internacionales, incluyendo Amazon Watch, Justicia Global y el Instituto Socioambiental, que acompañan al movimiento y a las comunidades afectadas por la represa Belo Monte y exigen al Consorcio Constructor de Belo Monte (CCBM) que cumpla con las leyes y respete los derechos humanos. Antônio reveló que había sido contratado por CCBM para espiar al movimiento y que había enviado a un funcionario del consorcio fotos e información sobre los participantes y las reuniones a las que había asistido. De igual forma, integrantes de la organización Justiça No Trilhos, que defiende a comunidades afectadas por proyectos mineros, también fueron víctimas de espionaje por parte de la minera Vale desde el 2008. Un ex director de seguridad de la empresa, identificado como André Almeida, en audiencia ante la Comisión de Derechos Humanos del Senado llevada a cabo en octubre del 2013, aportó datos de los vínculos entre la Vale y el gobierno, que incluían el apoyo de agentes de la Agencia Brasileña de Inteligencia (ABIN). Misión de investigación Estos dos casos fueron investigados por una misión de la Federación Internacional para los Derechos Humanos (FIDH) y la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) realizada del 9 al 14 de febrero, llegando a la conclusión de que Vale y CCBM incurrieron en “delitos de corrupción, acce-

so a la información confidencial, grabaciones clandestinas, usurpación de identidad, acceso ilícito a bases de datos públicos y despido infundado de empleados”. “Estos delitos se habrían llevado a cabo con la complicidad de agentes del Estado”, señala la FIDH en un comunicado. “Algunos documentos demuestran sobornos a agentes del Estado y posible apoyo de la ABIN en el caso de Belo Monte y de agentes de la ABIN jubilados en el caso de Vale, todo esto en contra de actores y organizaciones no gubernamentales consideradas por estas empresas como posibles trabas a sus actividades”. En declaraciones al término de la misión, el abogado francés Alexandre Faro reveló que “Vale gasta de 200,000 a 500,000 reales [US$84,000 a $210,000] para investigar a los movimientos sociales”, agregando que la empresa tuvo acceso a Infoseg, la red de datos personales de organismos gubernamentales, “lo cual es absolutamente ilegal [y] muestra que funcionarios de empresas estatales son probablemente cómplices”. Los integrantes de la misión se reunieron con organizaciones sociales víctimas del espionaje, representantes del gobierno y del Poder Judicial, entre otros. Jimena Reyes, responsable de la Oficina de las Américas de la FIDH y encargada del Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, dijo que “la cuestión del espionaje practicado por las empresas multinacionales contra los movimientos sociales en Brasil pone en el punto de mira la falta de respeto de estas empresas por los derechos humanos. Estas actuaciones tienen como efecto socavar la libertad de expresión y de disentir, pilar esencial de un Estado democrático”.— NA

LUIS ENRIQUE LEDESMA

CUBA

Despliegue de la bandera de la diversidad en el día contra la homofobia.

COMUNIDAD LGBTI EN LUCHA El respeto a la diversidad sexual sigue siendo una asignatura pendiente en la isla. Lídice Valenzuela desde La Habana

unque hay avances, aún es débil la intervención del Estado en la promulgación de mecanismos que garanticen los derechos de la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex (LGBTI) en el país. Las autoridades cubanas sólo dan tibias respuestas a las reclamaciones públicas de la comunidad LGBTI, que constituye una de las minorías más discriminadas en Cuba,

pero también una de las más activas en la conquista de sus derechos ciudadanos. La visibilidad del grupo LGTBI es baja en Cuba, a pesar del sostenido trabajo que por su reconocimiento legal y social realiza el Centro Nacional de Educación Sexual (CENESEX), adscrito al Ministerio de Salud Pública y dirigido por la sexóloga Mariela Castro Espín, diputada al Parlamento Nacional y considerada la máxima impulsora de las acciones contra la homofobia. En entrevistas concedidas a diversos medios, Castro Espín señala los avances alcanzados a favor de la diversidad sexual, como son el hecho que desde el 2007 se celebre en Cuba todos los 17 de mayo el día contra la homofobia; el que el Estado se encargue gratuitamente de las operaciones de cambio de sexo; el que el Partido Comunista de Cuba apoye la lucha por los derechos de la comunidad LGBTI. Destaca también la implementación de un sistema de salud pública gratuito y atención integral a las personas transexuales.

Castro Espín señala además que se han presentado al Parlamento nacional las modificaciones al nuevo Código de Familia que incluye el respeto a la libre orientación sexual e identidad de género y la posibilidad de que se respeten los derechos patrimoniales y personales, que incluyen la adopción a las parejas homosexuales. El CENESEX que dirige es la única institución cubana especializada en temas de la diversidad sexual. Para ello dispone de departamentos que atienden a la comunidad LGTBI. Sus acciones sociales, educativas, políticas y culturales intentan transformar el pensamiento de la sociedad sobre el homosexualismo. Entre sus servicios destaca, por su connotación social, el de asesoría jurídica y representación legal de la comunidad LGTBI, con una ágil actuación ante procesos discriminatorios. Creada hace seis años, el servicio de asesoría jurídica atendió más de 600 solicitudes de servicio en el 2012 y un promedio de 30 mensuales durante el 2013. Gracias a ese departamento el Estado aceptó desde el 2009 la modificación de los documentos de identidad de los transexuales, cuya nueva imagen aparece en los registros oficiales. Antes vivían en un limbo jurídico. Otro programa fundamental es el de prevención de las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) y el VIH para “Hombres que tienen Sexo con Hombres”. El CENESEX cuenta con redes sociales de activistas voluntarios cuya presencia en lugares de mayoría homofóbica es aceptada debido a la capacidad de convencer sobre los riesgos de contraer ITS o SIDA. Sus acciones en conglomerados heterosexuales promueven la solidaridad con personas

de diversidad sexual, bajo los principios de igualdad, no discriminación y dignidad humana. En Cuba, aunque es baja la incidencia del VIH-SIDA, existen 3,969 enfermos atendidos de manera ambulatoria. Se estima que hay 5,146 personas que viven con vih/sida. Uno de estos activistas es el diseñador Luis Enrique Ledesma, 40 años, quien es miembro del Equipo técnico provincial de la Línea de apoyo del Centro Nacional de Prevención de la ITS y también de la Red Social Humanidad por la Diversidad. Como parte de su activismo ofrece conferencias en La Habana y en otras provincias y realiza investigaciones sobre la sexualidad y la prevención de las ITS. En conversación con Noticias Aliadas, este promotor habanero precisa que “la población cubana va ganando conciencia sobre nuestra sexualidad y en los barrios tenemos el respeto y el apoyo solidario de los vecinos. Las personas en general rechazan a quienes hacen manifestaciones extravagantes o se apartan de la ética que debe existir entre los seres humanos”. “Aunque al principio el grupo LGTBI que visitábamos las provincias, donde es más visible el machismo, temíamos el rechazo de los colectivos, en la práctica encontramos personas ávidas de conocer los mensajes que llevábamos sobre las ITS, que atacan a cualquier persona. Repetimos visitas a un mismo lugar y recibimos amabilidad. Solo el respeto, la inserción social, la defensa de nuestros derechos como la de cualquier otra minoría permitirá que en un tiempo que sabemos será largo, ocupemos el lugar que nos corresponde en la sociedad cubana”. Lucha por derechos

La exclusión oficial de la comunidad LGBTI se manifestó en el Censo de Población y Viviendas realizado en el 2012 y en el anteproyecto de Código del Trabajo.

A pesar de los esfuerzos continuos del CENESEX y de su directora, y aunque han ganado un espacio social, los resultados aún son bajos en comparación con las necesidades de la comunidad LGBTI. Para ampliar su campo de acción, la comunidad de diversidad sexual continúa organizándose en células comunitarias —como “Las Isabelas”, mujeres lesbianas de Santiago de Cuba—, para desde sus localidades crear una nueva mirada hacia su orientación sexual e incidir en la aprobación de regulaciones estatales que reconozca sus derechos. La exclusión oficial de la comunidad LGBTI se manifestó en el Censo de Población y Viviendas realizado en el 2012 y en el anteproyecto de Código del Trabajo debatido en los centros laborales entre julio y octubre del 2013 y que fue aprobado por el Parlamento Nacional en diciembre pasado. El censo no incluyó preguntas que ayuden a identificar cuantitativamente a la comunidad LGBTI. Y el Código de Trabajo no incluyó el derecho al empleo con

independencia de la orientación sexual o identidad de género, a pesar de que el ámbito laboral constituye el principal escenario de vulneración de los derechos de estas personas, según el CENESEX. Una Declaración Especial del primer Taller Nacional de las Redes Sociales Comunitarias por la Diversidad y el primer Taller Nacional de la Red de Juristas por los Derechos Sexuales, celebrado en noviembre último en la provincia de Camagüey, sobre la propuesta de Código de Trabajo pone énfasis en esa carencia. El documento precisa: “En el texto no existe una mención explícita a la orientación sexual e identidad de género como causa de discriminación, a pesar de ser los

centros laborales donde con mayor frecuencia y gravedad se producen hechos de vulneración de los derechos ciudadanos de las personas con sexualidades diferentes de la heterosexualidad hegemónica”. Las posiciones oficiales y civiles en Cuba están demarcadas en la lucha contra la homofobia y los derechos de la comunidad LGBTI. Personalidades relevantes de la intelectualidad como el escritor Miguel Barnet y el historiador de La Habana, Eusebio Leal, acompañan esta titánica tarea emprendida hace más de cuatro décadas. Pero todavía hay muchos escollos que burlar y muchas personas por convencer en esta nación arraigadamente machista y patriarcal. q

AMÉRICA LATINA/EL CARIBE

LGBT en las Fuerzas Armadas Se publica primer índice mundial sobre aceptación de personas de LGTB en los ejércitos.

os derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales y trans (LGBT) no son reconocidos por igual en América Latina y el Caribe. Mientras que en Belice, Guyana y Jamaica los actos homosexuales son penados con cárcel, en países como Argentina y Uruguay los matrimonios entre personas del mismo sexo son legales. En este mismo sentido, la participación de personas LGBT en las Fuerzas Armadas todavía enfrenta una serie de barreras en la región, de acuerdo con el Índice Mundial sobre la Inclusión en las Fuerzas Armadas de LGBT, publicado por el Centro de Estudios Estratégicos de La Haya (HCSS), en Holanda. “Las Fuerzas Armadas del siglo XXI necesitan reclutar gente en función del talento y habilidades, no de su orientación sexual”, señala Joshua Polshar, analista del HCSS. “Está claro que una persona que se define como parte del grupo LGBT trabajará mejor si se siente aceptada y no hay secretos sobre su situación. De la cohesión resultante, sin amenaza de chantaje ni problemas de seguridad personal, se benefician todos”. Para la elaboración del índice, presentado el 20 de febrero, se seleccionaron 103 países —13 de América Latina y el Caribe— en función de la extensión geográfica, poder militar, niveles de desarrollo socioeconómico, tipo de gobierno y disponibilidad de datos. Se utilizaron cinco categorías básicas que van de lo más positivo a lo más negativo: inclusión, admisión, tolerancia, exclusión y persecución. El puntaje total va de 0 a 100, siendo 100 el más inclusivo. Ejemplos en la región Brasil ha reconocido oficialmente que al menos 29 de los integrantes de sus Fuerzas Armadas, en su mayoría pertenecientes a la Marina tienen uniones estables con personas del mismo sexo, a quienes se les ha concedido seguro médico y derecho a pensión igual que a las parejas heterosexuales. Además, en los certificados de dependientes sólo se identifica a las parejas como “cónyuges”. En mayo del 2013, el Consejo Nacional de Justicia aprobó una resolución aprobando el matrimonio homosexual y ordenó a las notarías que inscriban legalmente esas uniones. En octubre pasado, el Ministerio de Defensa Nacional de Uruguay restituyó sus privilegios militares a un ex oficial expulsado deshonrosamente del Ejército durante la dictadura (1973-85) por ser homosexual. Oscar Salsamenti, presidente de la Asociación de Familias LGBT y Homoparentales de Uruguay, señaló que al ministro de Defensa Eleuterio Fernández Huidobro “le llamó la atención

el expediente de este militar, que era intachable y tenía una actividad destacable”. La decisión sirvió para que al militar, cuyo nombre no fue revelado, se le restituyeran sus salarios impagos, su grado y sus honores, así como la pensión a la que tenía derecho. Además, le fue concedido el ascenso a general “por su hoja de servicio impecable y destacada, además de por los años transcurridos, entendiendo que si hubiera seguido su carrera, hubiera ascendido sin dudas”, agregó Salsamenti.—NA

AMÉRICA LATINA/EL CARIBE Índice de LGBT en las Fuerzas Armadas (2014) País

Puntaje*

Uruguay

89.5

Argentina

88.8

Brasil

86.8

Bolivia

86.0

Cuba

78.5

Ecuador

77.8

Colombia

76.5

Chile

74.8

México

68.8

Perú

61.8

Nicaragua

55.8

Jamaica

27.0

Belice

23.0

*0 a 100, siendo 100 el más inclusivo Fu e nte : Ce nt ro d e E s t u d i o s Estratégicos de La Haya (HCSS)

REPÚBLICA DOMINICANA

NICARAGUA

Homofobia institucionalizada

Bodas simbólicas entre parejas homosexuales

Sistema no reconoce derechos a comunidad LGBTI.

Activistas LGBTI demandan Parlamento igualdad de derechos.

l reciente asesinato del presentador de noticias Claudio Nasco ha puesto nuevamente sobre el tapete la situación de vulnerabilidad que se encuentran las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexo (LGBTI) en República Dominicana. Nasco, de 37 años, fue hallado muerto el 13 de diciembre en una cabaña en las afueras de Santo Domingo. El crimen fue cometido por tres jóvenes con quienes el locutor habría mantenido relaciones sexuales. Aunque este caso se trata de un crimen de odio, por el ensañamiento con el que fue cometido, la mayor parte de los medios lo han calificado como un homicidio por robo y atribuyen este tipo de actos criminales a la exclusión social, falta de empleo, estudios y oportunidades de ascenso social de los jóvenes perpetradores. Para Leonardo Sánchez, presidente de la organización Amigos siempre Amigos (ASA), defensora de los derechos de la comunidad LGBTI, en el país existe una “homofobia institucionalizada”. “Todo el sistema está diseñado y construido para no dar pie, para no reconocer y para no permitir la unión de la comunidad gay, lesbiana, bisexual y transexual”, dijo en declaraciones recogidas por la prensa. Según cifras de ASA, entre el 2006 y el 2013 se han producido al menos 26 crímenes de odio y sólo dos de los 13 casos presentados a la justicia por la asociación Trans Siempre Amigas (TRANSSA), que agrupa a transexuales, travestis y transgéneros, no han quedado impunes. “Sólo dos se pudieron investigar”, precisó Sánchez. “Los otros se cayeron porque la familia y la Fiscalía, que está llamada a seguir la investigación y condenar al criminal, no hacen nada y no le dan seguimiento”. De hecho, uno de los motivos para que los casos no sean judicializados es que a las familias les avergüenza la condición de sus familiares LGBTI y no quieren que sus casos trasciendan. “Una vez que el homosexual es asesinado, la familia deja eso así, no le da seguimiento, entonces hay una impunidad; la propia familia es culpable de eso, porque no pide justicia para el asesinato de su familiar”, agregó Sánchez. El informe alterno presentado en el 2012 al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre la situación de las personas LGBTI en República Dominicana resaltó que la Constitución dominicana, si bien establece que no debe existir discriminación por razones de género, color, edad, discapacidad, nacionalidad, vínculos familiares, lengua, religión, opinión política o filosófica, condición social o personal, no prohíbe específicamente la discriminación por razones de orientación sexual, identidad de género y expresión de género. Citado por el documento, Sánchez afirmó que “por uso y costumbre es bien visto que las personas tengan que avergonzarse o esconder su preferencia sexual, sobre todo el mundo laboral. En muchas empresas, para poder permitirles un ascenso hasta los obligan a casarse. En la banca nacional, las posiciones gerenciales son ocupadas preferiblemente por personas casadas y con familias, y así hay muchas normativas no escritas pero que se imponen por uso y costumbre”. — NA

eis parejas homosexuales celebraron el 21 de febrero una boda simbólica frente a la sede de la Asamblea Nacional para demandar la legalización de los matrimonios entre personas del mismo sexo. El abogado Braulio Abarca, del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), quien ofició la boda simbólica, señaló que “Nicaragua debe sumarse a los países que ya han legalizado las uniones entre personas del mismo género”. El matrimonio homosexual es ilegal en este país centroamericano. Marvin Mayorga, dirigente de la Iniciativa de la Diversidad Sexual por los Derechos Humanos, explicó a la prensa que la actividad era “una protesta cívica ante la negativa de la Asamblea Nacional de abordar el tema de manera seria y con responsabilidad”. En el 2012 el Legislativo aprobó el Código de Familia que define el matrimonio como “la unión de un hombre con una mujer”. Miembros de la comunidad lesbiana, gay, bisexual, trans e intersexual (LGBTI) enviaron 57 peticiones al Legislativo para que la unión entre personas del mismo sexo sea incluida en el Código de Familia, pero no fueron atendidas. De acuerdo con Mayorga, los colectivos LGBTI nunca fueron consultados durante el debate del Código de Familia y considera que legisladores del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) cedieron a las presiones de la Iglesia Católica como de confesiones evangélicas contrarias a las uniones homosexuales. Integrantes de iglesias evangélicas protagonizaron manifestaciones en contra del matrimonio entre personas del mismo sexo, mientras que desde los púlpitos católicos se insistió en el discurso de que “la verdadera familia tiene como fundamento la unión estable entre un hombre y una mujer”. Millones sin protección ante la ley Para José Sánchez, columnista del diario La Prensa, “podemos estar a favor o en contra del matrimonio homosexual y su inclusión en el concepto de familia, no obstante es innegable que hay avances notables para que éste se convierta en una realidad, incluyendo a Nicaragua. Sólo es cuestión de tiempo que dos personas del mismo sexo firmen un acta de matrimonio ante un notario público”. Mientras tanto, la comunidad LGBTI ha decidido que continuará con actividades como las bodas simbólicas para poner el tema en la agenda nacional. En Nicaragua “hay reformas a la Constitución que hablan de reelección presidencial y temas delicados para el país”, señaló Mayorga, “pero medio millón de personas estamos sin protección ante la ley. Estamos dispuestos a seguir exigiendo con protestas pacíficas, simbólicas”. Nicaragua fue el último país del continente en despenalizar la homosexualidad en el 2008 al entrar en vigencia el nuevo Código Penal que derogó un artículo que castigaba con tres años de cárcel las relaciones sexuales entre hombres. Si bien en el 2009 fue creada la Procuraduría Especial de la Diversidad Sexual como parte de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, los activistas coinciden en que todavía no existen en Nicaragua las garantías para que las personas LGBTI sean considerados sujetos de derecho. — NA

TOMÁS ANDREU

EL SALVADOR

Integrante de comunidad LGBTI en cárcel de Sensuntepeque, que tiene la mayor población homosexual convicta en el país.

Comunidad LGBTI: hacia la conquista de sus derechos Activistas reconocen avances como el que esté prohibida la discriminación por la orientación sexual. Tomás Andréu desde San Salvador

los 22 años de edad, el salvadoreño Edward Lara decidió revelar a sus padres y a su comunidad que era homosexual. Aquel gesto de libertad le quitó un peso de encima, pero también inauguró para él una batalla que apenas da sus primeros pasos sobre un largo y espinoso camino. La comunidad lesbiana, gay, bisexual, trans e intersexual (LGBTI) ha comenzado a escribir su propia historia en El Salvador. La madre de Lara rompió en llanto cuando su hijo le dijo que le gustaban las personas de su mismo sexo. En su progenitora no faltó la vergüenza y el miedo al qué dirán, tampoco faltó la fe en que la medicina y la religión podrían

“enderezar” la vida del confeso. Sin embargo, 18 años después, Lara fue aceptado por su familia y ahora madre e hijo son una sola voz defendiendo a la comunidad gay. Añade a la historia que ahora su madre relata a sus amigos sobre el liderazgo de su hijo. Todo empezó cuando Lara —ahora con 40 años— decidió que había que ponerle un alto al acoso escolar, religioso y a las amenazas de los vecinos de las que era víctima. “Exploté, tomé valor. Hablar con mi familia me hizo sentir como si había nacido de nuevo, me hizo sentir fuerte. Se acabó el miedo. Con el trabajo y el pasar del tiempo las burlas fueron bajando. Ahora le gente me respeta, no sé si hipócritamente, pero me respeta. El resto es historia”, cuenta a Noticias Aliadas este líder de la comunidad LGBTI de El Salvador. Miedo al qué dirán

Las primeras acciones de Lara se remontan a su participación en Radio Victoria —emisora alternativa que ha dado una larga lucha contra la minería—, ubicada en el

departamento de Cabañas, zona paracentral de El Salvador, y en la que trabajó por 14 años. Tras su salida en el 2010 decidió dedicarse a la prevención del VIH. La génesis de su trabajo social se remonta cuando escuchó sobre el Comité Contra el Sida (CoCoSi) que opera en las comunidades de Santa Marta y el Zapote, del municipio de Ciudad Victoria. Lara considera que durante el gobierno del presidente saliente Mauricio Funes se ha producido “un gran avance en nuestros derechos”. Él se refiere específicamente al Decreto Ejecutivo 56, aprobado en el 2010, que prohíbe que las personas sean discriminadas por su orientación sexual en instituciones del Estado. Sin embargo, en las elecciones presidenciales del 2 de febrero fue duro para las personas trans emitir el voto debido a que representantes de las Juntas Receptoras de Votos no les permitían hacerlo debido a que la imagen del documento de identidad no coincidía con la persona que portaba el documento. Algunos, con la presión de observadores internacionales, lograron votar; otros, no. El Tribunal Supremo Electoral (TSE) aún no tiene una posición categórica sobre el tema. “Hay poca información dentro de la comunidad LGBTI. Tenemos un estimado de 50 personas [gay] aquí en Victoria, pero son contadas con los dedos de las manos las que vienen a talleres y capacitaciones. Ellos mismos atropellan sus derechos. Le tienen más miedo al qué dirán que a la ignorancia propia”, critica Lara, añadiendo que hay miembros del colectivo que desconocen que hay un decreto que los favorece ante la discriminación. Y en el caso de las lesbianas, señala, ellas siguen manteniendo su orientación bajo la clandestinidad y no atienden las invitaciones que se les realizan. “El gran reto que tenemos es la organización y formación tanto local como regional”, señala. “Nos hace falta decir que existimos, que estamos aquí, que estamos vivos. Que no sólo somos para el tope [cortejo sexual] y el trago. También tenemos que erradicar el lenguaje despectivo entre nosotros”. Trabajo en cárceles

La activista estadounidense Brenda René Hubbard tuvo contacto con El Salvador en su época más sangrienta: la guerra civil (1980-92). De Japón saltó hacia el país centroamericano en 1989. Desde entonces se identificó con la historia y la gente de este país. Ella notó que los salvadoreños no estaban debidamente informados sobre el VIH y el sida. El testimonio de una madre y su hija viviendo Noticias Aliadas ofrece información y análisis sobre el acontecer de América Latina y el Caribe con énfasis en los temas que afectan a las poblaciones excluidas de la región. Versión en inglés: Latinamerica Press. Producido por Comunicaciones Aliadas, organización no gubernamental con sede en Lima, Perú, que desde hace 50 años produce información y análisis independiente y confiable. Nuestro objetivo es visibilizar los problemas y situaciones que transgreden los derechos humanos de las poblaciones excluidas y menos favorecidas de América Latina y el Caribe.

con el virus le dio vida a CoCoSi en 1999. De la educación sexual pasaron a la educación de género. “Había tantos temores de hablar de sexo, de prevención, de condones, de sida. Aún hay tantos estigmas”, reconoce Hubbard en conversación con Noticias Aliadas. CoCoSi también trabaja con la comunidad LGBTI que se encuentra en la cárcel de Sensuntepeque —siempre en Cabañas— que tiene más de 300 reos y se encuentra dividida en tres sectores: hombres, mujeres y comunidad LGBTI. Esta es la cárcel que alberga a la mayor población homosexual convicta en El Salvador. En el 2010, las autoridades penitenciarias no permitían el ingreso de condones. La razón es que según la lógica de las autoridades penitenciarias era imposible que hubiese sexo, pues los hombres no se acuestan con los hombres. CoCoSi, sin embargo, les abrió los ojos al hacerles ver que los reclusos heterosexuales mantenían vínculos sexuales y sentimentales con la comunidad gay. Ahora se otorgan mensualmente 15 condones a cada uno de ellos. No obstante, Hubbard admite que no todos usan los preservativos en el recinto penitenciario y que no todos se someten a las pruebas de VIH. Aracely Torres Méndez, del área de Acompañamiento y Mitigación de CoCoSi, explicó a Noticias Aliadas que en enero encontraron a 16 personas con VIH en la cárcel de Sensuntepeque. “A pesar de las charlas [que les damos], aún continúa una gran resistencia al uso de condones”, acota Torres Méndez. Mayra Méndez, del Programa de Prevención de CoCoSi, sale a las comunidades para hablar sobre la violencia de género y de la prevención del VIH. Su trabajo estratégico lo enfoca en los maestros de los centros escolares de la comunidad. “Es importante sensibilizar a los estudiantes para combatir los estigmas que existen sobre la comunidad LGBTI”, sostiene Méndez, quien se ha encontrado con personas que argumentan que la homosexualidad es una aberración y que sus enfermedades son castigos divinos. “Esto pasa porque creo que se le da muchas vueltas al tema de la diversidad sexualidad”, dice. “Es algo real, no se puede esconder. El sistema educativo debe abordar este tema en las escuelas, con los padres, maestros y alumnos. Pero lo que vemos es que son los maestros los que se oponen a abordar este tema. Tienen tantos prejuicios cuando lo que deberían de hacer es ver esto como un derecho humano”. q

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