Revista Estudios Críticos del Desarrollo, vol. III. núm. 4

ESTUDIOS CRÍTICOS DEL DESARROLLO volumen iii, número 4, primer semestre de 2013

Estudios Críticos del Desarrollo es una publicación académica semestral que pretende contribuir a la investigación y análisis sobre los problemas y alternativas del desarrollo desde la perspectiva de las ciencias sociales y las humanidades mediante la colaboración de profesores–investigadores de la Unidad Académica de Estudios del Desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas y de académicos adscritos a otras instituciones nacionales e internacionales. Es una revista editada por la Unidad Académica de Estudios del Desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Editor responsable: Humberto Márquez Covarrubias. Número de Certificado de Reserva del Título: en trámite. issn en trámite. Número de Certificado de Licitud de Título: en trámite. Número de Certificado de Licitud de Contenido: en trámite. Domicilio de la publicación: Unidad Académica en Estudios del Desarrollo, Campus Universitario ii, Av. Preparatoria s.n., Col. Hidráulica, Zacatecas, Zac., c.p. 98065. Este número se terminó de imprimir en el mes de febrero de 2013 con un tiraje de 1000 ejemplares.

Disponible en la página web: ‹www.estudiosdeldesarollo. net›.

Toda contribución deberá enviarse a ‹revista@estudiosdeldesarrollo.net›. Los artículos contenidos en esta publicación son responsabilidad de sus respectivos autores y no compromete la posición oficial de Estudios críticos del desarrollo

universidad autónoma de zacatecas unidad académica de estudios del desarrollo

Índice Página 3

Página 9

Editorial artículos Economía política de la extracción de recursos naturales: ¿nuevo modelo de desarrollo o imperialismo extractivo?

Henry Veltmeyer

Página 45

Extractivismo en la economía argentina.

Categorías, etapas históricas y presente Jorge Ignacio Frechero

Página 83

Extractivismo y posneoliberalismo: el caso de Ecuador Verónica Albuja y Pablo Dávalos

Página 113

El boom minero en Colombia: ¿locomotora del desarrollo o de la resistencia?

Kyla Sankey

Página 145

El capitalismo extractivo: el caso de Guyana Dennis C. Canterbury

Página 191

Página 217

debate Los mecanismos del imperialismo canadiense en el sector minero de América Latina Darcy Tetreault reseña Conflictos socioambientales y alternativas de la sociedad civil Mariana Alejandra García Rivas

Editorial

H

istóricamente, América Latina y el conjunto de países ubicados en las periferias del sistema mundial capitalista han cumplido un papel subsidiario en la acumulación de capital como proveedores de materia prima, fuerza de trabajo y excedente.

Con la globalización neoliberal, la economía mundo es articulada por redes de capital monopolista donde tejen sus circuitos las corporaciones financieras, industriales, agrícolas y comerciales e hilvanan relaciones de poder los organismos internacionales y los gobiernos imperiales. Las redes de capital corporativo controlan la división internacional de trabajo para apropiarse de nuevas fuentes de generación de ganancia extraordinaria, la savia que alimenta la voracidad capitalista. Las ganancias superlativas provienen, ahora, de emprendimientos que convierten a las regiones periféricas en enclaves exportadores, internalizados por los gobernantes e ideólogos de los países dependientes como modelos de desarrollo exportador insertados en una globalización inevitable y positiva. La inserción consecuente con las redes de capital global se basa en la atracción de la inversión extranjera como agente de desarrollo y las políticas ortodoxas de estabilidad macroeconómica, privatización y liberalización.

El desarrollo dependiente, si tal formulación es válida, adopta las estrategias de sobreexplotación del trabajo (flexibilización, precarización y insegu-

4

humberto márquez covarrubias

ridad laboral), extractivismo de recursos naturales (exportación de materias bruta y prima) y financiarización (especulación y bursatilización). Este desarrollismo renacido es compatible con las democracias liberales controladas por las oligarquías, incluso puede serlo con democracias participativas emanadas de gobiernos progresistas. Las transformaciones económico–políticas han trastocado las prácticas culturales, que relegan las prácticas y los principios populares para imponer la lógica del mercado vertebrada por el libre mercado, el individualismo, el consumismo y la competitividad. Al igual que por la subordinación epistemológica al pensamiento euroestadounidense —neoclásico, neoliberal y neoconservador— que impone los marcos categoriales y políticos para pensar las propias realidades. En tanto, persisten, y se recrudecen, las violencias sistémicas, criminales y subjetivas; prueba de ello es el inamovible patriarcalismo, la discriminación y el racismo.

Uno de los grandes temas de debate sobre la realidad latinoamericana tiene que ver con el extractivismo. Desde las posiciones más ortodoxas, el arribo de capitales depredadores es promovido deliberadamente en los sectores petrolero, gasero, minero, hidráulico, forestal, agrícola y constructor. Se supone que la inversión extranjera, y en menor medida nacional, aún siendo extractivista, despertará las fuerzas dormidas que el desarrollismo ha idealizado en distintos episodios del devenir latinoamericano: crecimiento, empleo y prosperidad.

Ahora con el aliciente de que el Estado recaudador de impuestos podrá redistribuir parte de la renta en obra pública y política social. En esta lógica, el extractivismo pretende ser un motor del desarrollo nacional al amparo del incremento mundial de la demanda de materias primas para alimentar los requerimientos de economías en proceso de expansión, como destacadamente ha sido el caso de China. Esta visión no toma en cuenta los costos ambientales y humanos, ni tampoco contextualiza el papel que juegan las economías de enclave en el entramado de las redes de capital global, es una visión emanada del pensamiento capitalista salvaje, cortoplacista y rentista; indolente ante la degradación humana, condescendiente con el ecocidio y tolerante con la financiarización de grandes porciones de la renta de la tierra recaudada por los gobiernos. estudios críticos del desarrollo, vol. iii, núm. 4, primer semestre de 2013

editorial

5

Desde una posición alternativa a este desarrollo dependiente, el extractivismo se entiende como la sustracción de la riqueza bruta de la tierra y el mar para exportar materias primas, con nulo o escaso procesamiento, acorde con los requerimientos de los capitales globales, con altos costos socioambientales, precarios encadenamientos productivos regionales y exiguos aportes hacendarios. Las materias primas más demandadas son el petróleo, gas, minerales, maderas, agua y alimentos; aunque también se incluyen las obras de infraestructura y energética que soportan esta dinámica, como hidroeléctricas, carreteras, puertos y telecomunicaciones. Todas estas materias e infraestructuras están supeditadas a las redes de capital global, donde los países periféricos juegan el papel de meros enclaves, bancos de materias primas y reservorios de fuerza de trabajo barata. En dichos encadenamientos, la materia prima se exporta a otras latitudes donde serán procesadas y canalizadas a centros manufactureros y luego exportados a los mercados de consumo. En este trasiego interviene, en diferentes etapas, el capital financiero, con fondos de inversión y esquemas de bursatilización. Los gobiernos que otorgan las concesiones y permisos de explotación captan parcelas de la renta de la tierra, la población aledaña sufre despojo de los bienes comunes y el conjunto de los pueblos pierde bienes nacionales estratégicos. El extractivismo se presenta como el nuevo mantra del desarrollo para los países subdesarrollados, pero entraña en realidad una nueva forma de dependencia, que se suma al consabido intercambio desigual y la destrucción irracional de la naturaleza impuesta por el crecimiento exportador, sin conectarse a las necesidades radicales de la población.

Desde la perspectiva de los pueblos afectados, el extractivismo contiene el despojo de bienes comunes en modalidad de desahucio, es decir, representa la puntilla del modo de vida y trabajo propio de sociedades agrarias que articulan conjuntos humanos rurales y urbanos, la devastación de ecosistemas dotados de biodiversidad, saberes, tradiciones y culturas. Asimismo, significa el despojo del patrimonio cultural popular, y con ello la destrucción de formas de convivencia y reproducción social, que desmiembra conjuntos familiares, estudios críticos del desarrollo, vol. iii, núm. 4, primer semestre de 2013

6

humberto márquez covarrubias

formas de socialización y pautas identitarias, todo lo cual es subsumido a la lógica del capital. No sólo significa el despojo de patrimonio y cultura, sino también de nociones políticas populares, como la capacidad de autonomía y autodeterminación. En nombre del progreso, las comarcas son despojadas de sus autonomías territoriales para erigir obras materiales emblemáticas de la modernización íntimamente conectadas con los emprendimientos extractivistas: presas hidroeléctricas, autopistas y carreteras, complejos turísticos, desarrollo inmobiliarios, enclaves de monocultivo exportador y generación de biocombustibles; emprendimientos de megaminería en el subsuelo y a cielo abierto, extracción de hidrocarburos y gases, maderas, aguas y alimentos.

Las comunidades desplazadas pierden la simiente ancestral, la identidad étnica, la autonomía popular y la capacidad latente de autodeterminación.

Como premio de consolación, los gestores del progreso suelen ofrecer a los sujetos despojados una pretendida reinserción, por la puerta de atrás, a los megaproyectos instalados donde otrora se afincaban sus dominios territoriales autónomos en calidad de asalariados prestos a la sobreexplotación. Ahí donde florecían conjuntos humanos convivenciales y comunitarios, aun con sus propias contradicciones, usos y costumbres, ahora cunde la depredación ambiental (contaminación, pérdida de biodiversidad, destrucción de suelos, etcétera); proliferan las enfermedades, la violencia, el alcoholismo, la pobreza y la prostitución, en suma, el saqueo neocolonial. Las más de la veces, los despojados y los desplazados son dejados a su suerte, propensos a caer en las redes de la llamada economía informal, la criminalidad y la migración forzada.

Los gobiernos neoliberales, pero también los llamados populares o progresistas del continente americano, promueven el extractivismo como una estrategia de desarrollo nacional, pues se supone que la globalización neoliberal demanda fuertes cantidades de materias primas y los países del Sur disponen de una gran diversidad de recursos naturales que atraen inversión foránea, la cual se traduce en empleo, crecimiento e impuestos. Estos gobiernos difieren en los niveles impositivos y en las regulaciones ambientales, pero todos apoyan la exportación de recursos naturales con mecanismos depredadores. estudios críticos del desarrollo, vol. iii, núm. 4, primer semestre de 2013

editorial

7

Otro punto de discordia es la redistribución de parte de la renta de la tierra, dependiendo de la carga impositiva, a la sociedad bajo la forma de política de desarrollo o asistencia social, esto sin desconocer que buena parte de las recaudaciones se canaliza al gasto corriente y la financiarización, además de una cierta retención por corrupción de las burocracias. En el fondo, esta presunta ruta hacia el desarrollo no deja de ser una estrategia rentista y perpetuadora de la dependencia extractivista, es decir, en lugar de buscar otras formas de integración a la economía global, preservando autonomía, se conforman con ser terminales de las redes de capital global. Una posición muy vulnerable e insostenible, que más allá de una cierta recaudación apoyada en el auge coyuntural de la commodities, contribuye a profundizar la dependencia y el subdesarrollo.

Se precisa, entonces, un debate más acucioso, que desmantele la estrategia extractivista, como parte de las redes de capital global, donde el extractivismo es apenas uno de sus componentes, con la mira de plantear alternativas a este desarrollo depredador y dependiente, un debate que tiene lugar desde posiciones postextractivistas, pero que va más al cuestionar a fondo el modelo de desarrollo en su conjunto, no sólo en el plano nacional y local, sino desde la matriz, el sistema mundial capitalista, donde sientan sus reales los grandes capitales transnacionales. Ideas embrionarias con gran potencial transformador, como «otro mundo es posible», «mandar obedeciendo», «economía para la vida», «vivir bien», entre otras, requieren ser discutidas y articuladas en un diálogo intercultural, sin perder de vista las prácticas sociales que apuestan por alternativas al desarrollo realmente existente.

En la práctica, emerge una multiplicidad de formas de resistencias populares ante el extractivismo depredador de la megaminería y la explotación hidrocarburífera, se apuntala la defensa del agua y de la vida, la defensa de las cuencas y los territorios. Estos conflictos socioambientales responden, en la medida de sus posibilidades, a la explotación depredadora y contaminante de los grandes emprendimientos, a la implementación de tecnología intensiva que pulveriza los suelos a gran escala y a las políticas neoliberales y progresistas consecuentes con el extractivismo depredador. estudios críticos del desarrollo, vol. iii, núm. 4, primer semestre de 2013

8

humberto márquez covarrubias

En este número de Estudios Críticos del Desarrollo se aborda la cuestión extractivista en América Latina, en particular se analizan los casos de Argentina, Ecuador, Guyana y Colombia; asimismo se aborda el papel del capital extractivista canadiense en América Latina. En estas páginas se desmenuzan conceptos clave, políticas, estrategias, resistencias y alternativas. El propósito es incentivar un debate sobre la teórica y la práctica con miras a descifrar alternativas plausibles para los pueblos latinoamericanos.

Humberto Márquez Covarrubias

estudios críticos del desarrollo, vol. iii, núm. 4, primer semestre de 2013

Economía política de la extracción de recursos naturales: ¿nuevo modelo de desarrollo o imperialismo extractivo?

Henry Veltmeyer

Resumen. En este artículo se revisan los impactos económico, social y ambiental de la extracción de recursos naturales, así como sus implicaciones para el desarrollo y la política. El principal punto de atención es la dinámica del capital extractivo y el imperialismo del siglo xxi en la construcción del Estado posneoliberal en América Latina y la búsqueda de una forma de desarrollo más incluyente. También se explora el papel de Canadá en el imperialismo extractivista y en el proceso de desarrollo. Los gobiernos y diseñadores de políticas se han estancado en los extremos de un importante dilema: impulsar una estrategia de desarrollo con base en la explotación de fuerza de trabajo y la acumulación de capital humano o basarse en la inversión extranjera directa en la extracción ampliada de los abundantes recursos naturales de la región. Los conflictos derivados de la exportación del capital extractivo canadiense puede verse como el último giro y tendencia de una lucha de clase oculta en contra de las dinámicas del desarrollo capitalista.

Palabras clave: extractivismo, imperialismo, desarrollo, América Latina, Estado posneoliberal.

Abstract. This article reviews the economic, social and environmental impacts of natural resource extraction, as well as its implications for development and policy. The main focus is on the dynamics of extractive capital and 21st century imperialism in the construction of the post–neoliberal State in Latin America and the search for a more inclusive form of development. The role of Canada in extractive imperialism and in the development process is also explored. Governments and policymakers are stuck on the extremes of an important dilemma: promote a development strategy based on the exploitation of labor and the accumulation of human capital or depend on direct foreign investment and the widespread extraction of the region’s abundant natural resources. The conflicts that stem from exporting Canadian extractive capital can be seen as the latest twist and a tendency in a class struggle against the dynamics of capitalist development.

Keywords: extractive, imperialism, development, Latin America, post–neoliberal State.

Henry Veltmeyer es docente–investigador de la Unidad Académica de Estudios del Desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas, México.

estudios críticos del desarrollo, vol. iii, núm. 4, 2013, pp. 9–43

henry veltmeyer

10

E

l propósito de este artículo es reseñar los principales problemas que rodean a la profunda y creciente preocupación por los impactos económico, social y ambiental de la extracción de recursos naturales, así como sus implicaciones para el desarrollo y la política. El principal punto de atención de esta exploración sobre la economía política de la extracción de recursos naturales o, más precisamente, de la dinámica del capital extractivo y el imperialismo del siglo xxi, es el papel en la construcción de un Estado posneoliberal en América Latina y la búsqueda de una forma de desarrollo más incluyente. Un segundo punto de atención se enfoca en el papel que juega Canadá en este imperialismo extractivo y en el proceso de desarrollo.

Nuestro argumento está estructurado como sigue. En primer lugar, el artículo reseña el actual debate en relación con el proceso de desarrollo económico contemporáneo en América Latina y la búsqueda de un nuevo modelo de desarrollo. En este debate se incluye el cuestionamiento acerca de si la riqueza en recursos naturales constituye para un país una bendición o, como se ha argumentado a lo largo de los años, una maldición.1 Atendiendo a los desarrollos económico–políticos recientes en América Latina, el artículo argumenta que los gobiernos y diseñadores de políticas se han estancado en los extremos de un importante dilema: impulsar una estrategia de desarrollo con base en la explotación de la fuerza de trabajo y la acumulación de capital humano o basarse en la inversión extranjera directa en la extracción ampliada de los abundantes

/1/

La idea de una «maldición de recursos» es una ampliación de la idea de la enfermedad holandesa (dutch disease), acuñada originalmente por la revista The Economist en 1977 para hacer referencia a la manera en que el descubrimiento de petróleo, por parte de los holandeses en el mar del norte, precipitó su decadencia industrial. Mientras que la enfermedad holandesa centra la atención en las dinámicas de la tasa de intercambio de divisas, la tesis de la maldición de recursos, según fue establecida por Richard Auty (1993), enfatiza el papel del conflicto, la corrupción, la inestabilidad política y la volatilidad de los precios para explicar de qué manera los países que son ricos en recursos naturales no han logrado ascender en la escala del desarrollo. Aunque muchos de estos factores ayudan a explicar la maldición de los recursos, son meras manifestaciones de las dinámicas subyacentes del imperialismo y el capitalismo.

estudios críticos del desarrollo, vol. iii, núm. 4, primer semestre de 2013

economía política de la extracción de recursos naturales

11

recursos naturales de la región. Por supuesto, con frecuencia los diseñadores de política no se plantean esta alternativa, apuestan a explotar ambos recursos, humanos y naturales. En este punto, el artículo analiza brevemente las dinámicas regionales de extracción de recursos naturales bajo las condiciones de una transición histórica de un periodo de globalización neoliberal a una nueva era con fundamento en la dinámica de la política del nuevo extractivismo (Gudynas, 2010), al que hacemos referencia aquí como imperialismo extractivista. Se pone en cuestión un patrón de inversión extranjera directa dominada por el capital extractivo canadiense y las operaciones en América Latina de las compañías mineras con sede en Canadá y de propiedad canadiense que actúan con apoyo del Estado canadiense. Este artículo rastrea brevemente los impactos sociales, económicos y ambientales de estas inversiones y operaciones con objeto de resaltar las respuestas estratégicas de las comunidades afectadas o dañadas más directamente por aquéllas. En este punto, el artículo propone dos argumentos.

Uno de ellos es que los conflictos derivados de la exportación del capital extractivo canadiense puede verse como el último giro y tendencia en una lucha de clase oculta en contra de las dinámicas del desarrollo capitalista. El segundo argumento es que el Estado canadiense es un importante protagonista en el nuevo imperialismo del siglo xxi.

Para enmarcar el debate del desarrollo La extracción de recursos ha tenido un prolongado aunque controvertido papel en la historia del desarrollo capitalista. La intervención del Estado imperial en apoyo del capital extractivo —extracción de minerales, metales y otros recursos naturales no renovables, la inversión extranjera en la adquisición de tierra y agua (acaparamiento de tierra y de agua)— tienen una larga y tortuosa historia que puede rastrearse hasta la época mercantil del desarrollo capitalista (Girvan, 2012). A este respecto, es útil ubicar el imperialismo extractivo en una perspectiva histórica de «continuidad y cambio» en la evolución del estudios críticos del desarrollo, vol. iii, núm. 4, primer semestre de 2013

12

henry veltmeyer

capitalismo mundial y del imperialismo. De tal modo, puede recordarse que una de las motivaciones originales para la expansión imperialista europea hacia las Américas fue el deseo de metales preciosos. Las primeras instancias del imperialismo extractivo en las Américas fueron las minas de oro y plata en lo que actualmente es México y Sudamérica, que comenzaron a principios del siglo xvi. Más tarde, la necesidad de tierras adecuadas para el cultivo a gran escala de azúcar y otros productos tropicales y la explotación de la fuerza de trabajo esclava impulsó al imperialismo extractivo. Todavía más tarde, con la Revolución Industrial, el petróleo, el gas natural, el cobre y la bauxita ocuparon papeles centrales. El imperialismo extractivo ha adoptado, pues, diferentes formas a lo largo de la época de la conquista, el capitalismo comercial, el surgimiento del capitalismo industrial y el surgimiento del capitalismo monopólico hasta la época actual de las mega–corporaciones globales aliadas con el capital financiero.

El periodo de desarrollo capitalista posterior a la Segunda Guerra Mundial —que engloba la era del Estado desarrollista keynesiano y las subsecuentes elevación y caída del orden mundial neoliberal— significó un giro de retirada de la extracción de recursos como modelo económico hacia la explotación de lo que Arthur Lewis describiera como una «ilimitada reserva de fuerza de trabajo excedente» generada por el desarrollo capitalista de la agricultura, y lo que los marxistas siguen describiendo como «acumulación por despojo» (separando a los productores a pequeña escala, es decir, los campesinos, de sus medios de producción, obligándolos a abandonar la agricultura y asumir una de las vías de desarrollo para salir de la pobreza rural, el trabajo agrícola asalariado, las empresas agrícolas o la migración).2

/2/

Varios autores han sugerido que las prácticas de la minería en América latina son típicas de lo que David Harvey (2003) denomina «acumulación por despojo». En las dinámicas contemporáneas de la «acumulación primitiva» (Marx) y la acumulación por despojo, véase Borras et al. (2012), Kay y Franco (2012) y Sosa y Zwarteveen (2012). En la formulación clásica de Marx, este proceso de desarrollo capitalista y de transformación social incluía a la agricultura (es decir, la conversión de los

estudios críticos del desarrollo, vol. iii, núm. 4, primer semestre de 2013

economía política de la extracción de recursos naturales

13

En el contexto del modelo promovido por los pioneros de la economía del desarrollo en los años cincuenta y sesenta, muchos países en el Sur global de esa época perseguían una estrategia de desarrollo de los recursos humanos basada en la explotación de la fuerza de trabajo más que en la extracción de recursos naturales. Sin embargo, varios países en la periferia del sistema fueron empujados hacia una división internacional del trabajo en el que se les obligó a exportar materias primas a cambio de bienes manufacturados en el Norte. Este desarrollo —o subdesarrollo, según algunos— derivó en la construcción de una teoría que explicaba el fracaso de tantos países en la periferia del sistema para entrar en una vía de desarrollo sustentable en términos de «dependencia» —dependencia para el desarrollo de sus fuerzas productivas en la extracción de materias primas para la exportación en forma de mercancía relativamente no procesada—. En esta teoría estaba en juego la paradoja de cuántos países ricos en recursos no lograron desarrollarse y pueden contarse entre los países más pobres del planeta en la actualidad, mientras cuántos países carentes de recursos, como Japón y Corea, tuvieron éxito para hacer la transición. Una explicación de este fracaso lo proveyó la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (cepal) de la Organización de las Naciones Unidas (onu) —el estructuralismo latinoamericano— y la «teoría de la dependencia», cuando ambas atribuyeron el subdesarrollo a una estructura de relaciones internacionales en la cual los beneficios del crecimiento económico se dirigían a los productores de bienes manufacturados en el centro del sistema, mientras que sujetaban a los países de la periferia a condiciones como el deterioro de los términos del comercio o la transferencia de los excedentes que inhiben o evitan el desarrollo de sus fuerzas productivas.

campesinos en un proletariado) e incluía a las reservas de tierra (enclosures), derivando en una lucha encubierta por la tierra. En estudios más recientes de este proceso, las reservas de los territorios comunes se amplían para incluir tanto al agua como los recursos subterráneos, derivando no sólo en el acaparamiento de tierras sino en el acaparamiento de aguas, así como en el acaparamiento de los principales recursos (Kay y Franco, 2012).

estudios críticos del desarrollo, vol. iii, núm. 4, primer semestre de 2013

14

henry veltmeyer

Otros economistas de la tradición liberal han propuesto una explicación bastante diferente, atribuyendo el fracaso a una «maldición de recursos» (Auty, 1993, 2001; Haber y Menaldo, 2012; Sachs y Warner, 2001). Los factores descriptivos o explicativos que proponen estos economistas van desde el impacto negativo del desarrollo de los recursos naturales a la tasa de intercambio en otros sectores —la llamada «enfermedad holandesa», por ejemplo—, la volatilidad de los precios de las mercancías en el mercado mundial, la propensión hacia un ciclo de rápido incrementos y rápida decadencia (boom–bust cycle), la susceptibilidad a la corrupción, la excesiva confianza en la inversión extranjera directa, la estructura de producción de enclave con escasas vinculaciones hacia adelante o hacia atrás con otros sectores de la economía y una estructura social que inhibe el desarrollo más amplio de las fuerzas productivas de la sociedad y deriva en formas desiguales y exclusivas de crecimiento y en conflictos y guerras por los recursos. De tal modo, desde el estructuralismo latinoamericano y la escuela marxista de la dependencia hasta los economistas neoclásicos y neoliberales, hay acuerdo en que la extracción de recursos ofrece una vía bastante difícil hacia el desarrollo.

Aunque las reglas del orden capitalista neoliberal mundial debilitaron la capacidad de los gobiernos en los Estados periféricos para impulsar una política industrial y romper esta trampa, para evitar la maldición de recursos los gobiernos adoptaron políticas dirigidas a atraer la inversión extranjera a la producción industrial para la exportación de bienes manufacturados en vez de la extracción de recursos naturales. Sin embargo, los cambios en la economía mundial en años recientes han dado origen a la noción de que esta vez será diferente, que las modificadas condiciones del mercado mundial permitirían ahora que los países ricos en recursos exploten su ventaja comparativa en recursos naturales y convertir lo que alguna vez fue una maldición en una bendición. Los exponentes de esta perspectiva incluyen a varios economistas del Banco Mundial, quienes han publicado una serie de estudios que sugiere que el aumento reciente en la inversión extranjera a gran escala en tierra y en la extracción y explotación de los recursos naturales bajo las actuales estudios críticos del desarrollo, vol. iii, núm. 4, primer semestre de 2013

economía política de la extracción de recursos naturales

15

condiciones tiene implicaciones positivas para muchos países en desarrollo, permitiéndoles aprovechar las nuevas oportunidades que ofrece una fuerte demanda de estos recursos en el mercado mundial (Collier y Venables, 2011; Deininger y Byerlee, 2011; Banco Mundial, 2010, 2011). Lo que se requiere, dicen estos economistas, es un enfoque de manejo sustentable de los extraíbles y una administración efectiva de los conflictos socioambientales inevitables (Bebbington et al., 2009; Bebbington, 2011).

No todos están de acuerdo con esta evaluación positiva de la bendición de los recursos y la visión de la industria extractiva como algo saludable y la relación entre esta industria y los guardianes del patrimonio mundial de recursos naturales, en especial de los pueblos indígenas. En efecto, algunos críticos han sugerido, desde una perspectiva de la economía política, que la extracción de recursos naturales es una forma particularmente atrasada del capitalismo con una diversidad de resultados perversos y que los costos asociados exceden con mucho cualesquiera beneficios potenciales (Gudynas, 2011a; 2011b). El argumento de estos críticos es que la extracción de recursos naturales es particularmente propicia a las condiciones de desarrollo desigual (inequidades sociales en la distribución de riqueza e ingreso), en donde los beneficios potenciales del crecimiento económico son superados por los costos económicos y socioambientales asociados, derivando en condiciones de inestabilidad por el conflicto político e incluso guerras por los recursos (Bannon y Collier, 2003; Collier, 2003).

De tal modo, al debate teórico se unieron quienes proponían y quienes se oponían a la extracción de recursos naturales y la exportación de mercancías primarias como una estrategia de desarrollo. Pero a nivel de la práctica del desarrollo y de las políticas no hay debate. En América Latina, el rápido aumento de las mercancías primarias en el mercado mundial señaló un giro hacia lo que se ha llamado el nuevo extractivismo, un apoyo a la inversión extranjera directa en el sector de los recursos naturales y en la exportación de recursos naturales en forma de mercancías primarias. Lo que resulta novedoso de este cambio estratégico es que está basado en un nuevo régimen de políticas diseñado para asegurar una división más equitativa de la riqueza de los recursos estudios críticos del desarrollo, vol. iii, núm. 4, primer semestre de 2013

henry veltmeyer

16

mediante el cobro de rentas por el gobierno, o que los recursos mismos, en algunos casos —Bolivia, por ejemplo—, son nacionalizados y administrados de manera sustentable. En la práctica, esto significa un nuevo régimen regulatorio diseñado para regular la inversión extranjera en la extracción de recursos y la operación de las compañías mineras, con objeto de asegurar un mejor resultado en el desarrollo económico y para mitigar o proteger a la sociedad y la economía, así como al ambiente, de las extremadamente bien documentadas consecuencias negativas del desarrollo de los recursos naturales.

El nuevo extractivismo: retorno al siglo xix El súbito aumento en las mercancías primarias ha traído consigo un sinfín de cambios en el paisaje del desarrollo nacional. Los países exportadores de mercancías —especialmente en Sudamérica, en donde los gobiernos han adoptado la extracción de recursos naturales como estrategia de desarrollo— se han beneficiado sustancialmente de los ingresos derivados de la exportación, con rápido crecimiento y una economía subyacente boyante. Las tasas anuales de crecimiento han fluctuado entre 4.5 y 7.2% (5% en promedio) de 2002 a 2008 (cepal, 2009).3 Al mismo tiempo, tras un largo periodo de limitado desempeño, la inversión en el sector de la extracción de recursos y de las mercancías primarias ha renacido y en años recientes se ha acelerado (Cypher, 2010). En

/3/

Con los términos comerciales elevándose en 22.8%, el ingreso real per cápita en América latina se elevó en promedio en 21% en el periodo 2003–2008 (cepal 2009, tablas a–1 y a–12). Desde principios de 2008, los precios de las mercancías se derrumbaron aceleradamente hasta principios de 2009. Para abril de 2010, siguiendo el subíndice de las materias primas para la industria de la oficina de investigación de mercancías (Commodity Research Bureau’s Raw Industrials Sub–Index) de 13 mercancías, los precios de las mercancías se habían recuperado notablemente —estaban apenas 6% por debajo de su punto alto en 2008, pero más del doble de sus niveles para 2003 (Cypher 2010, 566).

estudios críticos del desarrollo, vol. iii, núm. 4, primer semestre de 2013

economía política de la extracción de recursos naturales

17

los últimos veinte años, Sudamérica ha sido objeto de grandes inversiones del capital extractivo internacional. Según el Banco Mundial (2005: 20), en el periodo 1990–1997 la inversión mundial en la exploración minera aumentó 90%. Sin embargo, para América Latina, este crecimiento fue de 400% y para Perú de 2000% (Lust, 2012). En 1997, América Latina atrajo 40% de la inversión en minería (De Echave, 2008: 21), mientras que en 2010 América Latina fue la cuarta en inversiones a nivel mundial en exploración minera (Panfichi y Coronel, 2011: 395).

América Latina ha experimentado un fuerte crecimiento económico alrededor de 2003, en particular durante el periodo que derivó en la llamada crisis financiera global, a un ritmo que no se había visto desde los años setenta.4 Un súbito incremento en las mercancías, que se manifestó en Sudamérica en particular, ha constituido el motor detrás de este crecimiento. Al mismo tiempo, aunque los términos del comercio se han trasladado fuertemente a favor de materias primas suaves como soya, trigo, maíz y caña de azúcar, se han hecho mucho más favorables para las materias primas duras como el cobre, el estaño y el petróleo (Cypher, 2010).

Iniciada bajo condiciones de una crisis económica, la primera década del nuevo milenio en América Latina vio cómo una oleada de regímenes popu-

/4/

En varios reportes sobre América Latina producidos por la cepal desde 2007, el actual periodo de crecimiento se ha etiquetado como extraordinario, perfilándose como la expansión más prolongada y más fuerte durante un buen tiempo, permitiendo que el ingreso per cápita en la región se elevara en un promedio de 20% de 2003 a 2008, y una cifra cercana en los seis años siguientes. Sin embargo, la cepal ha sido menos entusiasta en cuanto al resultado probable de este rápido crecimiento, es decir, acerca de si podría conducir a la transformación productiva y social que se necesitaría para sustentar un proceso de desarrollo económico y social. El principal obstáculo en esta instancia es el constreñimiento estructural representado por las excesivas inequidades en el acceso a recursos productivos, riqueza e ingreso y oportunidades para la autoproyección. En otras palabras, lo que se necesitaría pero que no se encuentra (ni siquiera en los regímenes post–neoliberales «progresistas» de centro– izquierda) es un ataque concertado en la estructura de la (excesiva) inequidad y una mayor inversión de los ingresos generados en el sector de la extracción en infraestructura, innovación tecnológica y desarrollo de recursos humanos (cepal, 2010).

estudios críticos del desarrollo, vol. iii, núm. 4, primer semestre de 2013

18

henry veltmeyer

listas «rojos» (o «rosas») de centro–izquierda asumía el poder, a horcajadas sobre la ola de sentimiento antineoliberal (Lievesley y Ludlam, 2009; Petras y Veltmeyer, 2005). El significado de este cambio de régimen es muy controvertido, como lo es el giro hacia la extracción de recursos, en particular en los regímenes progresistas posneoliberales y el súbito incremento de mercancías con que coincidió. La visión positiva es que una estrategia de extracción de recursos ofrece los ingresos fiscales necesarios para financiar una forma socialmente más incluyente, equitativa y justa de desarrollo basado en un consenso post–Washington —primero, reducir la pobreza y, segundo, ampliar una clase media de individuos con poder adquisitivo (Infante y Sunkel, 2009).5 El significado e implicaciones de este desarrollo así entendido también han sido muy debatidos. Como se ha resaltado antes, algunos ven en él perspectivas para un desarrollo incluyente (nuevo desarrollismo) financiado por la exportación de mercancías primarias. Otros son escépticos. En primer lugar, los escépticos argumentan que, a pesar del éxito que han tenido algunos países para reducir la pobreza, hay escasas evidencias de un compromiso de estos regímenes posneoliberales con el cambio social sustantivo que se requiere para tratar la inequidad persistente y, además, el apoyo de estos regímenes en la Inversión Extranjera Directa (ied) para la extracción de recursos naturales tiene implicaciones desarrollistas y políticas negativas. En cuanto a la suposición de que los regímenes posneoliberales canalizarían los ingresos fiscales adicionales derivados de la renta de recursos y de la fiscalización de las exportaciones de materias primas hacia programas sociales incluyentes y asignarían una mayor porción de los ingresos fiscales en dirección a la igualdad social (para cerrar

/5/

En cuanto al papel del Estado en esta estrategia post–neoliberal —bautizada como «activismo incluyente de Estado» por Arbix y Martin (2010) y un rasgo del nuevo desarrollismo (Bresser–Pereira, 2007 y 2009)— se basa en la idea de que más que constituir una maldición, la explotación de recursos como los minerales y los hidrocarburos o combustibles fósiles genera rentas fáciles de ser fiscalizables que pueden financiar el desarrollo social (Stijns, 2006).

estudios críticos del desarrollo, vol. iii, núm. 4, primer semestre de 2013

economía política de la extracción de recursos naturales

19

los huecos existentes en ingreso y riqueza), hay escasa evidencia de que eso haya ocurrido, con excepción de Venezuela, en el régimen de Hugo Chávez.

En pocas palabras, los trabajadores, un importante elemento del sector popular, no se han beneficiado de la oleada de actividades y desarrollos relacionados con la minería. Por ejemplo, en el caso nada atípico de las compañías mineras en Argentina y Chile, los salarios pagados se estiman en sólo 6% del valor actual de las exportaciones mineras (Solanas, 2007a: 2). Además, a pesar del súbito crecimiento en las mercancías, los trabajadores han recibido poco en términos de aumentos de sueldos. Un índice de los sueldos promedio reales en el sector formal del mercado de trabajo en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú, Uruguay y Venezuela muestra algunos resultados desalentadores. Usando el 2000 como año base, los datos de la cepal señalan un aumento acumulado en los sueldos promedio de únicamente 0.46% para 2006 (cepal, 2007: tabla a–28). Cypher (2010: 588) concluye que los «trabajadores nada han recibido» del súbito incremento de las mercancías. Los estudios realizados por Petras y Veltmeyer (2009) en Brasil, así como en Bolivia y Ecuador, apuntan hacia resultados igualmente desalentadores. A pesar de la reducción en la incidencia de la pobreza entre quienes reciben ingresos (de 40% a 20% en estos países de 2003 a 2008), y la inclusión de quienes tienen escasos ingresos en los programas sociales de los gobiernos (salud, educación y bienestar mínimo), hasta la fecha existe evidencia de escasa a nula de mejoramiento en la condición social de las personas en el sector popular de la sociedad, es decir, los trabajadores rurales sin tierras o semiproletarizados y los campesinos en pequeña escala y el proletariado urbano de los trabajadores informales (Veltmeyer y Tetreault, 2012).

Uno de los más destacados hechos acerca del nuevo extractivismo consiste en que atraviesa los tipos de regímenes. Es posible ubicar a los regímenes de política de América Latina en tres categorías: 1) neoliberal (Colombia, México); 2) «tercera vía» posneoliberal (Argentina, Brasil, Chile), y 3) populista radical y nacionalista en recursos o protosocialista (Bolivia, Ecuador, Venezuela). Los estudios recientes acerca de las dinámicas de las políticas del nuevo extractiestudios críticos del desarrollo, vol. iii, núm. 4, primer semestre de 2013

henry veltmeyer

20

vismo muestran un apoyo equitativo en la extracción de recursos naturales, la inversión extranjera directa y la exportación de mercancías primarias entre los tipos de régimen. Aunque los regímenes neoliberales de política son a todas luces menos reguladores y más amigables con la inversión extranjera en busca de recursos, los inversionistas extranjeros y el capital extractivo no parecen preferir un tipo específico de régimen. Sin duda, esto se debe a que los regímenes posneoliberales o progresistas (socialmente incluyentes) como los de Argentina, Brasil y Chile están limitados por el hecho de que las actividades extractivas están altamente localizadas y el capital tienda a fluir hacia los enclaves en donde los recursos están localizados, en donde las inversiones extranjeras son bienvenidas y legalmente seguras y en donde, por ende, se anticipan altos rendimientos de las inversiones. Pero lo que es significativo acerca de la inversión extranjera «en busca de recursos» en la región es que parece estar igualmente en casa y ser bien recibida en los regímenes posneoliberales y en los que son nacionalistas en cuanto a los recursos al igual que en los regímenes que abiertamente son no– regulatorios (neoliberales) como Colombia y México. La razón para que esto suceda no es difícil de encontrar: la confianza en la inversión extranjera para la explotación y el desarrollo de las reservas de recursos naturales del país y una coincidencia fundamental de los intereses económicos entre las corporaciones mineras multinacionales y los gobiernos en la región. No es únicamente un accidente geográfico sino también una coincidencia de intereses.

Inversión canadiense en América latina La primera oleada de flujos de capital hacia América Latina bajo la guisa de ied se dio entre 1990 y 1994, bajo condiciones generadas por la imposición de la agenda de reforma de las políticas del consenso de Washington —en particular, la liberalización, desregulación y privatización—. Al inicio del siglo xxi, bajo condiciones bastante diferentes (un giro en la ola en contra de la globalización neoliberal), hubo otra oleada de ied, pero esta vez más estudios críticos del desarrollo, vol. iii, núm. 4, primer semestre de 2013

economía política de la extracción de recursos naturales

21

centrada en los recursos naturales («ied en busca de recursos»), con el capital canadiense detentando el papel principal (Arellano, 2010).6 El capital canadiense fue especialmente agresivo en sus adquisiciones y operaciones en el sector minero. Para fines de la primera década del nuevo milenio, el capital canadiense equivalía a cerca de 40% de los proyectos globales de exploración minera, incluyendo 1,010 proyectos tan sólo en Sudamérica y 578 en México (véase InfoMine, ‹http://www.mining.ca›).

Los estudios de cepal (2010) documentan el alcance y escala de la inversión extranjera en el sector de los recursos naturales en América Latina y el surgimiento de Canadá como una fuente importante de inversión directa en el subsector de la exploración mineral y la minería. En parte como consecuencia de la participación del capital canadiense, los flujos de llegada del ied hacia América Latina y el Caribe alcanzaron una cima sin precedentes en 2008.

Exceptuando los centros bancarios en el Caribe, la región recibió 128.3 miles de millones de dólares en ied, superando en 13% el nivel más alto alcanzado en 2007 (cepal, 2010).

El capital minero canadiense, a la cabeza de esta oleada de inversión, logró una posición dominante en la industria de la extracción, en particular en la minería de oro y otros metales preciosos. De hecho, representa un fenómeno global, y el capital canadiense ha llegado a dominar la industria en todo el planeta, al incluir importantes operaciones en África. Pero está particularmente bien posicionado en América Latina, en donde, con el apoyo del Estado canadiense, las compañías canadienses han establecido un monopolio virtual al llegar a dominar el sub–sector de la minería del oro y la plata.7 En México,

En los años ochenta, la reserva de ied canadiense creció alrededor de 5% a 10% del pib, pero en las siguientes dos décadas se elevó a cerca de 35% del pib, excediendo eventualmente las reservas de llegada de ied. En la actualidad, Canadá es de hecho un inversionista neto en el extranjero, la mayor parte en relación con lo que Arellano (2010: 2) denomina «ied en busca de recursos» (en contraposición de la ied que busca eficiencia). /7/ América Latina es el más importante destino para el capital minero canadiense, superando a África /6/

estudios críticos del desarrollo, vol. iii, núm. 4, primer semestre de 2013

22

henry veltmeyer

por ejemplo, se calcula (López y Eslava, 2011: 28) que hasta 23% del territorio nacional ha sido concesionado al capital extractivo para la exploración y minería de minerales, y que 70% de estas concesiones para explorar y extraer minerales se han dado a firmas canadienses. En Argentina, un importante lugar en el mundo para el reciente acaparamiento de tierras por extranjeros, un mapa construido por «laangosturadigital maps» (Anónimo, 2012a) muestra la difusión y el grado del control extranjero del territorio nacional argentino.

Según el mapa, casi 30 millones de hectáreas de la mejor tierra y de suelos fértiles, acuíferos y reservas naturales —y reservas de minerales estratégicos— en 23 provincias ya son propiedad extranjera y otros 13 millones de hectáreas están actualmente a la venta. De tal manera, incluso en la era de la «ola rosa», América Latina ha cedido buena parte de su territorio para la exploración y buena parte del control de sus industrias extractivas ante las corporaciones transnacionales con sede en los centros imperiales.8 En 2009 las compañías mineras canadienses registradas en la bolsa de valores de Toronto Stock Exchange realizaron 1,010 proyectos en Sudamérica, 578 más en México, en comparación con 703 en África y 345 en Australia, Nueva Zelandia y Papúa Nueva Guinea. Muchos de estos proyectos están relacionados con la extracción de oro, plata, níquel y cobre en minas a cielo abierto. Las compañías con sede en Canadá representan 60% de las inversiones extranjeras en el sector minero de la economía global (70% en América Latina) y tienen cerca de 40% de los derechos globales de explotación mineral.9 En Co-

por un amplio margen. Más de la mitad de los recursos globales de las compañías mineras canadienses están ubicadas en América Latina y tienen un valor cercano a los 57 mil millones de dólares canadienses (Keenan 2010: 30, con base en información no publicada, Natural Resources Canada). /8/ Como se señaló en el caso de México, hasta el 23%, del territorio nacional está concesionado a las compañías mineras para su exploración, perforación y extracción, pero en Colombia y Perú, en donde la industria extractiva domina la economía es aún mayor —40% en el caso de Colombia y tanto como un 72% en el caso de caso de Perú. /9/ Según Díaz (2012), Toronto es la capital mundial de inversión minera, que representan 60% de las empresas mineras registradas en los distintos mercados de valores y 80% de las transacciones financieras.

estudios críticos del desarrollo, vol. iii, núm. 4, primer semestre de 2013

economía política de la extracción de recursos naturales

23

lombia, lugar en el que el capital extractivo de origen canadiense ha estado muy activo en años recientes, sin duda por las condiciones particularmente favorables para la repatriación de las ganancias y el relativo éxito del actual gobierno para «pacificar» las regiones controladas por la guerrilla e iniciar negociaciones con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (farc), el 52% de todas las inversiones son canadienses (Ministerio de Minas y Energía, 2012).

El Estado canadiense: ¿agente de desarrollo incluyente (un nuevo modelo) o capital extractivo?

Como ya hemos establecido, las compañías mineras canadienses son los principales jugadores en el envío global de capital en la economía política de la extracción de recursos. Sin embargo, el papel de Canadá de ninguna manera se restringe a la inversión en las operaciones de extracción de sus compañías mineras. El gobierno federal, como agencia del Estado canadiense bajo el régimen de Harper, también desempeña un importante papel para facilitar estas operaciones en apoyo del capital minero canadiense —un papel que puede describirse adecuadamente como «imperialista» (Engler, 2012) —. Un estudio reciente de la relación entre el Estado y el capital de origen canadiense respecto a la economía política de la extracción de recursos naturales la designa como «Canadá imperial» (Deneault y Sacher, 2012). Además, al menos para esta explicación, Canadá es el «santuario legal preferido para las industrias mineras mundiales». Dado su papel para asegurar la dominación de las multinacionales mineras con sede en Canadá, el Estado canadiense se describe mejor como un régimen imperialista extractivo («Imperial Canada, Inc.», como la llamarían Deneault y Sacher).

El papel activo del gobierno en apoyo del capital extractivo (las compañías mineras multinacionales de Canadá) ha asumido múltiples formas, incluyendo: 1) un cabildeo agresivo y apoyo diplomático de los esfuerzos de estas compañías por obtener concesiones para explorar y las licencias sociales para estudios críticos del desarrollo, vol. iii, núm. 4, primer semestre de 2013

24

henry veltmeyer

operar en los países anfitriones; 2) el uso de los considerables recursos del Departamento de Asuntos Extranjeros en apoyo diplomático e incluso financiero de las compañías mineras canadienses;10 3) asociarse con otros gobiernos en el diseño de un marco global de políticas mineras11 y, de hecho, escribir la legislación minera para algunos países; 4) patrocinar una serie de mesas redondas provinciales sobre la industria de extracción de recursos; y 5) un apoyo sustantivo para la agenda corporativa de responsabilidad social (crs) de la onu, que está diseñada explícitamente para que los gobiernos anfitriones garanticen licencias de operación en áreas social y ambientalmente sensibles y en terrenos altamente controvertidos. Además, y más significativamente, el programa canadiense de cooperación internacional, administrado por Canadian International Development Agency (cida), ha sido transformado en un agente de apoyo financiero para las compañías mineras canadienses en sus operaciones en el extranjero. El desvío de los fondos para la cooperación internacional administrados por el cida (ayuda exterior) para apoyar activamente a las compañías mineras canadienses —convirtiendo, efectivamente, sus operaciones en un proyecto de desarrollo— se ha justificado haciendo referencia a estos fondos y a estos proyectos como asistencia para los países involucrados para trasladarse hacia el «desarrollo incluyente». La teoría (más bien ideología) detrás de esta justificación —el uso de fondos públicos para la ganancia privada, como la ven

Este apoyo incluye representaciones y apoyo diplomático sobre los gobiernos anfitriones a nombre de las compañías mineras, crédito ampliado de parte de la Export Development Corporation a estas compañías, la construcción de sociedades públicas–privadas en el sector minero y asistencia internacional para el desarrollo —entrega de financiamiento para la cooperación internacional (cida) y apoyo para asistir a las compañías canadiense en sus negociaciones con los gobiernos y comunidades locales (para obtener concesiones para la explotación minera y licencia para operar). Sobre estos temas, véase Coumans (2012); Engler (2012) y Mining Watch (2012). /11/ Esta estrategia de sociedades ha adoptado la forma del Foro Intergubernamental sobre Minería, Metales y Desarrollo Sustentable (ifmmsd), una organización internacional apoyada por la onu, con 45 países con abundantes minerales y metales, incluyendo a Canadá, uno de tan sólo dos países desarrollados. Otros incluyen a Rusia, la India y Sudáfrica, nueve países latinoamericanos y 23 de África subsahariana y Filipinas (uno de dos países asiáticos). /10/

estudios críticos del desarrollo, vol. iii, núm. 4, primer semestre de 2013

economía política de la extracción de recursos naturales

25

Dawn Paley y Sakura Saunder (2012) — consiste en que el sector privado es la fuerza motriz en el proceso de generar crecimiento incluyente. Según un informe reciente del Comité de la Casa de los Comunes sobre asuntos extranjeros y desarrollo internacional (House of Commons, 2012), el papel del sector privado en el desarrollo internacional es la fuerza motriz de este proceso.

El informe no sólo justifica el financiamiento de cida a las compañías mineras canadienses en sus actividades y operaciones en el extranjero, en términos del dogma neoliberal respecto al libre mercado, sino que asigna al sector privado la responsabilidad que la mayor parte de los teóricos internacionales del desarrollo (bajo el consenso post–Washington) asignan al Estado a al sector público, es decir, la de asegurar que el crecimiento económico sea socialmente incluyente, que las políticas «a favor del crecimiento» sean también «a favor de los pobres». De tal modo, cida asigna a una institución capitalista, la corporación minera, cuya única responsabilidad fiduciaria es generar ganancias para sus accionistas, actuar como agente de un desarrollo socialmente incluyente, resumiendo el pensamiento mágico de los diseñadores de políticas al servicio del capital. En este papel asignado por este informe al sector privado, el comité gobernante con mayoría del Partido Conservador propone reconfigurar el cida de mejor manera para servir a las corporaciones canadienses al salir al extranjero, comenzando por el sector minero. En relación con esto, el informe da prioridad a las sociedades públicas–privadas, como los controvertidos proyectos con las compañías mineras multimillonarias que ya están siendo piloteadas en países como Ghana, Burkina Faso y Perú como una «importante herramienta de la programación del desarrollo de [cida]» (House of Commons, 2012: 99).

Este informe del comité, opina la vocera de Mining Watch, Catherine Coumans, no sólo vincula la ayuda canadiense con los intereses mineros, «de hecho restructuraría a cida para servir mejor a los intereses del sector corporativo».12

/12/

Es evidente que ongs como Mining Watch, que son parte de una creciente sociedad civil internacional que apoya a comunidades afectadas negativamente por la minería, son muy críticas de la agenda

estudios críticos del desarrollo, vol. iii, núm. 4, primer semestre de 2013

26

henry veltmeyer

No es que se requiera esta reestructuración. Como están las cosas, las organizaciones no gubernamentales (ongs) canadienses como Development and Peace y la organización religiosa kairos han perdido, respectivamente, 50 y 100% del financiamiento para sus proyectos de desarrollo precisamente por su apoyo activo a los grupos afectados negativamente por las operaciones mineras canadienses (Engler, 2012; Anónimo, 2012b; North, 2012). Por otra parte, las ongs, como World Vision, que apoyan la agenda del gobierno en apoyo del capital extractivo (incluyendo la pacificación de la resistencia proveniente de las comunidades afectadas), han recibido financiamiento adicional para mediar entre las compañías mineras, las comunidades afectadas negativamente y los gobiernos locales, cuyo apoyo es necesario para que a estas compañías se les conceda una «licencia social» para hacer avanzar estas operaciones.13 Además de las sociedades de cida con las compañías mineras, el informe del comité recomienda a cida lo siguiente: 1) considere ofrecer préstamos y utilizar «otros instrumentos financieros» para apoyar a las corporaciones; 2) promover intercambios «revolventes entre cida y el sector privado para mejorar la capacidad de la agencia de servir a los intereses corporativos canadienses», y 3) «participar en el cambio de las instituciones, regulaciones, políticas y supervisión democrática en los países en desarrollo de modo que se promueva la inversión canadienses, particularmente en los países en desarrollo con sectores importantes en los recursos naturales» (MiningWatch, 2012, énfasis nuestro).

Lo que ignora el informe del comité de situación y lo que señala correctamente MiningWatch es que, durante la pasada década, cida ya ha estado

del gobierno para cida. El «dinero para ayuda», señala Coumans (2012), «se supone que se dirija a la pobreza, no a promover los intereses comerciales de las compañías mineras canadienses». Ni tampoco, añade, «debería subsidiar las obligaciones de las compañías mineras para beneficiar a los residentes afectados y rehabilitar los ambientes perjudicados». /13/ Nótese, como ejemplo, el contrato concedido por cida a World Vision Canada, que recibió más de $89 millones en ayuda extranjera en 2010 (después de Care Canada, con cerca de $99 millones), para un proyecto con Barrick Gold en Perú (North, 2012; Engler, 2012).

estudios críticos del desarrollo, vol. iii, núm. 4, primer semestre de 2013

economía política de la extracción de recursos naturales

27

proveyendo apoyo técnico sobre la ley de minas y las reformas administrativas en varios otros países, repasando incluso la legislación relevante. Según Coumans (2012), la trayectoria de cida «ha consistido en debilitar los controles estatales, privatizar la industria del Estado y reducir las regalías, impuestos y otras medidas para captar beneficios económicos para atraer la inversión extranjera». Sobra decir que las acciones y políticas del gobierno a este respecto —y el informe del comité de situación— son completamente consistentes con una agenda imperialista para promover los intereses económicos de la clase capitalista, que inevitablemente se equiparan con el interés nacional.

Costos y beneficios del capital extractivo y del imperialismo extractivista Los devastadores impactos socioambientales de la industria de la extracción, especialmente la minería, en las economías y sociedades en el mundo son de conocimiento público, como lo son los conflictos políticos y sociales que han generado.14 No obstante, muchos analistas de las políticas y diseñadores de éstas en las democracias capitalistas avanzadas y la comunidad internacional del desarrollo asumen la visión de que estos riesgos y costos tienen que contrastarse con los beneficios potenciales del desarrollo de los recursos naturales. El argumento que proponen es que los proyectos de la industria extractiva basados en la ied generan empleos bien pagados y derivados o vínculos con actividades productivas (a favor del crecimiento), así como ofrecen recursos fiscales que pueden utilizarse para saldar las deudas del gobierno o ser movilizados (gastados o invertidos) para el beneficio público. Esta creencia es

/14/

Véase, respecto a estos conflictos ambientales a partir de la resistencia de las comunidades afectadas por las operaciones canadienses u otras mineras, entre otros, los numerosos reportes de Canada Mining Watch, la página de «Minas y comunidades» (‹http://www.minesandcommunities.org›), Clark (2002) y North, Clark y Patroni (2006).

estudios críticos del desarrollo, vol. iii, núm. 4, primer semestre de 2013

28

henry veltmeyer

compartida por muchos gobiernos, incluyendo a regímenes neoliberales «progresistas» en Sudamérica, orientados por el consenso post–Washington hacia la meta del crecimiento y el crecimiento incluyente. En el contexto de una fuerte demanda global continuada por energía, minerales industriales y metales, los productos agroalimentarios y otras mercancías, estos regímenes están comprometidos con la dependencia en la ied y el desarrollo de la industria de los recursos naturales, así como con las exportaciones de mercancías primarias. La diferencia respecto a años anteriores de experiencia con esta estrategia —una diferencia que se aplica incluso a regímenes abiertamente neoliberales como Colombia— consiste en que el «nuevo extractivismo» implica un régimen regulador y una preocupación por generar mejores contratos con las compañías mineras y captar una porción mayor del botín en forma de rentas por los recursos (regalías e impuestos).

Incluso un análisis sumario de la evidencia a partir de los lugares de extracción de recursos naturales en América Latina y el mundo muestra que son las comunidades más directamente afectadas por las actividades de extracción de recursos (exploración, perforación, cosecha, y en especial la minería y fractura) las que tienen que asumir los riesgos15 y soportar los costos directos e indirectos de estas actividades, incluyendo el daño a la salud, ambiente y formas de vida, al tiempo que reciben pocos de los beneficios —beneficios que, en su mayor parte, son exportados, con una porción relativamente pequeña dirigida al Estado—. En los Estados posneoliberales de Sudamérica, esta porción tiende a ser mayor, mientras que en las jurisdicciones sujetas a formas neoliberales de gobernanza (privatización frente a nacionalización, mercados desregulados, liberalización financiera y de productos) las rentas por los recursos que capta el gobierno como parte de las ganancias son mínimas, tan

/15/

Por supuesto que las compañías arriesgan las inversiones de sus accionistas, pero estos riesgos son escasos en comparación con los riesgos que tienen que asumir las comunidades afectadas por las actividades mineras (y con escaso o nulo poder para influir en la toma de decisiones y en las políticas en esta área).

estudios críticos del desarrollo, vol. iii, núm. 4, primer semestre de 2013

economía política de la extracción de recursos naturales

29

bajas como 1.2%, en el caso de México.16 Dada la desigual distribución geográfica de los recursos naturales, las corporaciones mineras buscan invertir en el sector de la extracción en países donde podrían pagar mayores impuestos y regalías pero donde puedan obtener mayor rentabilidad con base en el volumen. Los factores operativos en las decisiones corporativas para invertir en la extracción de recursos parecen ser la apertura a la inversión extranjera, la tasa prevista de retorno del capital invertido y la seguridad legal que se concede a la propiedad privada y la repatriación de las ganancias.17

En su más reciente reporte, el Auditor General de México, según el periodista de investigación Francisco López (2012), puso el dedo en la llaga que ha causado que México sangre minerales profusamente a lo largo de años. El auditor estableció que las cuotas que pagan las compañías mineras, 70% de las cuales son canadienses, por sus concesiones para explotar los minerales están por debajo de los procedimientos administrativos. El reporte del auditor señala: «la cantidad de cuotas que se paga actualmente es simbólica y contrasta con los volúmenes extraídos de recursos minerales no renovables, dado que su valor está muy por encima de las cuotas de concesión que cobra el Estado, como observa en el periodo 2005 a 2010, cuando el valor de la producción alcanzó 552 mil millones de pesos [46 mil millones de dólares estadounidenses] y las cuotas que se cobran eran de apenas 6.5 mil millones de pesos [543.4 millones de dólares], cerca de 1.2% de la primera». Además, señala, no es evidente que las cuotas pagadas fueran realmente pagadas, revelando la «laxitud extrema en la aplicación de la ley» y las «omisiones de las autoridades para vigilar el cumplimiento» de la ley (López, 2012: 31). /17/ Entre las naciones en desarrollo, supuestamente «sólo la República Democrática de El Congo, Indonesia y Mongolia compiten con Brasil, Chile y Perú para obtener beneficios financieros de la explotación de sus arcas de tesoros minerales» (Reuters, 30 de agosto de 2011). Sin embargo, no parece existir un consenso entre los gobiernos de Sudamérica respecto a cómo enfrentar este desafío o cómo compartir las rentas de los recursos. Colombia es actualmente el destino preferido de los inversionistas extranjeros (seguido por Brasil y Chile, y luego por México); aplicó una política de «flexibilidad» para fijar las tasas por regalías (1% en el caso de la minería de oro) y aún no ha decidido cómo o cuándo se aplicarán. Por otro lado, Chile todavía está «negociando» con las compañías mineras su sistema de impuestos «voluntarios», mientras que el nuevo gobierno de Perú todavía tiene que redactar una nueva legislación (aunque las compañías mineras que operan en el país supuestamente han mostrado su acuerdo en pagar regalías más altas para mejorar el actual sistema, es decir más que las tasas actuales de 1–3% sobre las ventas). La posición del presidente de Ecuador, Rafael Correa, es más clara: aunque por el momento el gobierno no cobra regalías en absoluto por la minería —una tasa futura por regalías de 3–5% y posiblemente un impuesto por ganancias súbitas están planeándose— las compañías petroleras tienen que pagar una tasa de regalías de 8%, /16/

estudios críticos del desarrollo, vol. iii, núm. 4, primer semestre de 2013

30

henry veltmeyer

Consideremos el caso de Argentina, el sexto país en términos de minería en el mundo y, a diferencia de México, un ejemplo de un Estado posneoliberal comprometido con un modelo económico que promete captar una mayor porción de la riqueza de los recursos del país y una distribución más equitativa de esa riqueza. Para promover la minería, se exenta a las nuevas minas de todos los impuestos federales, provinciales y municipales por cinco años. Las corporaciones mineras transnacionales no pagaron impuesto alguno por sus exportaciones hasta 2008, no se les obliga a hacer depósitos de sus recibos de divisas extranjeras por exportaciones en el sistema financiero y no pagan impuestos sobre sus importaciones de maquinaria y equipo (Aldecoa, 2009: 4–5). Y aunque los Estados provinciales son técnicamente los propietarios de los recursos naturales, las corporaciones mineras no les pagan impuestos a ellos o a los municipios. Sólo siete de los 23 gobiernos provinciales cobran regalías por los minerales extraídos (Solanas, 2007b: 1). En aquellos casos en que se cobran regalías, el método consiste en calcular el valor de los minerales en el punto de extracción e imponer una regalía máxima de 3% después de deducir los costos de transportación, refinería y fundición, otros costos de tratar los minerales y los costos de comercialización. Después de las deducciones, el gobierno recibe pagos por regalías de 1–1.5% del valor de los minerales seleccionados, el que se compara precisamente con la tasa del impuesto efectivo pagado por las compañías mineras canadienses en México.

Los críticos de la extracción de recursos naturales como modelo de desarrollo reconocen que los casos de México y Argentina —el primero un ejemplo de un régimen de políticas neoliberales, mientras que el segundo posee un

poniéndolo en el mismo camino que Evo Morales, quien, al asumir el poder del Estado, obligó a las compañías extranjeras en este sector a aceptar no sólo un incremento en impuestos y en la tasa de regalías por las extracción de recursos, sino también un impuesto por ganancias inesperadas de 70% (Raymond James, Mining Team, 2008). En cuanto a México, se ha señalado ya que los inversionistas extranjeros en el sector minero gozan de una tasa cero por regalías y una tasa efectiva de impuestos sobre las operaciones (sobre ventas más que ganancias) de 1.2%.

estudios críticos del desarrollo, vol. iii, núm. 4, primer semestre de 2013

economía política de la extracción de recursos naturales

31

régimen posneoliberal— podrían ser extremos, pero ellos argumentan que develan una dinámica fundamental para el capitalismo extractivo y la explotación imperialista: el desarrollo desigual de las fuerzas productivas y una distribución burdamente desigual de la riqueza y el ingreso. Ya sea en el contexto de neoliberalismo o de un Estado posneoliberal, el saqueo de los recursos de un país (un rasgo básico del imperialismo en cualquier forma) deriva en la expatriación del capital extranjero de la mayor parte de los beneficios económicos bajo la guisa de ganancias sobre el capital invertido, con una porción relativamente limitada apropiada por el gobierno y escasos beneficios que fluyen a las comunidades locales, las que soportan la mayor carga de los costos sociales, económicos y ambientales asociados. La evidencia social científica disponible sobre este tema es voluminosa aunque controvertida.

Las operaciones del capital extractivo implican no sólo enormes costos sociales y ambientales, sino también serios costos económicos y políticos. La investigación (Petras y Veltmeyer, 2009), así como la evidencia anecdótica sugieren que, incluso en el caso de los regímenes posneoliberales o regulatorios nacionalistas —como los establecidos por Cristina Kirchner en Argentina, Luiz Inácio Da Silva (Lula) en Brasil y Evo Morales en Bolivia—, el gobierno tiende a tomar partido por las compañías mineras extranjeras en contra de las comunidades en cualquier conflicto (por recursos globales comunes de tierra, agua y subsuelo) que surgen de las operaciones de la industria extractiva y de la minería.18 La teoría afirma que lograríamos explicar esta coincidencia de

/18/

«El caso más evidente de ello es el presidente Humala que, al llegar al cargo, cambió su tono de apoyo a las comunidades y nacionalista en recursos al tono que le tocaran las compañías que propusieron construir la mayor mina de cobre (y oro), prometiendo al país miles de millones de dólares en rentas por los recursos. Otro caso es el de Evo Morales en el controvertido proyecto tipnis del gobierno boliviano para construir una carretera que atravesara una reserva indígena protegida en contra de la vehemente oposición y resistencia organizada de las comunidades indígenas afectadas por el proyecto. Más recientemente, el presidente Correa en Ecuador ha convocado al apoyo de sus colegas presidentes en Perú y Colombia para lidiar con los “ambientalistas radicales” en su oposición a los planes de subastar 16 nuevos lotes de tierra en territorios indígenas para la exploración y la

estudios críticos del desarrollo, vol. iii, núm. 4, primer semestre de 2013

32

henry veltmeyer

intereses económicos entre las compañías y los gobiernos en un régimen de extracción de recursos: ganancias para las primeras y rentas para los segundos.

De tal forma, incluso en el caso del régimen híbrido de Ollanta Humala en Perú (una mezcla de nacionalismo de recursos, populismo y tecnocracia neoliberal), el gobierno sigue apoyando a las compañías mineras, como se refleja en la lucha que realizan las comunidades locales en la región de Cajamarca en contra del proyecto gigante de minería Newmont, Conga.19 Aunque el gobierno accedió a ordenar una revisión independiente de los planes para la ampliación de la mina antes de realizarla, el mismo Humala dejó claro que el país no podría permitirse detener el proyecto de 4.8 miles de millones de dólares —y no lo haría, independientemente de la revisión—.

Dinámica del conflicto por los recursos y la lucha en contra de la minería Los agentes de la resistencia en contra de las incursiones imperiales del capital en la explotación de los recursos naturales —al menos en el contexto latinoamericano— son las comunidades predominantemente indígenas que pueblan las áreas concesionadas por los diferentes gobiernos a las compañías

perforación petrolera (Fraser, 2012) —y la oposición al desarrollo de la “buena minería” (necesaria para que el país “escape de la pobreza”). La solución, enfatizó Correa, no consiste en oponerse a la minería por sí misma, sino a la mala minería: “no podemos ser pordioseros sentados en un saco de oro”» (andina, 2012). /19/ La mina de Conga, un proyecto conjunto entre la compañía con sede en Denver, Newmont Mining Corp., Buenaventura de Perú y el Banco Mundial (por medio de la International Financial Corporation), ayudaría a la compañía (y al gobierno) a alcanzar la meta de producir 7 millones de onzas de oro y 400 millones de libras de cobre para 2017 —un importante impulso tanto al pib como a las rentas (regalías e impuestos) recolectados por el gobierno y las ganancias de la compañía—. Pero estas inmensas rentas y ganancias se darían a costa de la devastación de la tierra, el agua y el sustento de las comunidades indígenas locales que rodean las operaciones mineras.

estudios críticos del desarrollo, vol. iii, núm. 4, primer semestre de 2013

economía política de la extracción de recursos naturales

33

mineras extranjeras para su exploración y explotación.20 Pero los agentes también incluyen a una diversidad de grupos de la sociedad civil y ongs que han sido arrastrados al conflicto entre el capital global y las comunidades locales.21 Y las fuerzas de resistencia al imperialismo de los recursos incluyen a nuevos movimientos sociales formados para protestar por el daño al ambiente, la salud y las formas de sustento de la población local, y los mineros mismos que enfrentan condiciones de trabajo desde insalubres hasta las que ponen en riesgo la vida. En otras palabras, muchos de estos movimientos están arraigados en aquellos «afectados» por los impactos de las operaciones de extracción de recursos y mineras —por ejemplo, la Red Mexicana de Afectados por la Minería (rem) y la Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería (Conacami)—.

Según un foro de pueblos, comunidades y grupos afectados por las operaciones del capital minero y la industria de la extracción de recursos (Foro de los Pueblos Indígenas Minería, Cambio Climático y Buen Vivir), reunido en Lima en noviembre de 2010, la explotación de los recursos minerales de América Latina en 2009 había alcanzado niveles hasta entonces jamás experimentados. De especial preocupación fue la región del Amazonas, cuyos abundantes depósitos de oro, bauxita, piedras preciosas, manganeso y uranio son buscados por las compañías multinacionales que operan en el sector minero. Otra preocupación fue la asociación percibida entre las corporaciones multinacionales en el sector y un conjunto de fundaciones y ongs. Al respecto, Eddy Gómez Abreu, presidente

Por lo general, los gobiernos reconocen los derechos y la propiedad de la tierra en las áreas pobladas por las comunidades indígenas y también el derecho de las comunidades indígenas a ser consultadas respecto a las operaciones mineras propuestas y otros proyectos de extracción en su territorio. Sin embargo, es común que los gobiernos se reservan a concesionar a las compañías mineras el derecho a explotar los recursos subterráneos bajo una «licencia social» concedida bajo un régimen regulatorio (protección ambiental) y un acuerdo de pago de regalías o impuestos. /21/ Un ejemplo de una de estas ongs es Global Response, que ha preparado un manual que puede utilizarse por los activistas para lidiar y contraponerse con las diversas estrategias operadas por las compañías mineras para superar la resistencia local. Véase Zorrilla (2009). /20/

estudios críticos del desarrollo, vol. iii, núm. 4, primer semestre de 2013

34

henry veltmeyer

del Parlamento Amazónico Internacional, declaró que la organización contaba con «evidencia incontrovertible de que estas transnacionales y fundaciones, bajo la cobertura de supuestas preocupaciones ecológicas, religiosas o humanitarias, han colaborado en el esfuerzo por extraer diamantes, minerales estratégicos y en el espionaje genético, así como en experimentos médicos ilegales en la población indígena» (Sena–Fobomade, 2011). Efectivamente, se argumentaba que una de las tácticas de las compañías mineras era utilizar a las fundaciones y otras ongs como frentes de relaciones públicas y como organizaciones de compilación de datos de inteligencia, para asegurar el consentimiento de la población local con sus proyectos. De ser cierto, estas fundaciones y ongs se remontan a la sórdida historia de los misioneros europeos como punta de lanza para la expropiación de las tierras aborígenes en las Américas.

En cuanto a la correlación de fuerzas involucradas en este conflicto por los recursos, hay varios temas implicados, incluyendo el de las tácticas. Por un lado, las fuerzas de la resistencia utilizan tácticas como marchas y manifestaciones, bloqueos en carreteras e ingresos y otras formas de acción colectiva directa, para interferir con las operaciones mineras (Zorilla, 2009). Por otro lado, las tácticas de las compañías mineras incluyen visitar la comunidad para recabar información y evaluar la situación local (el grado de oposición, identificar a los líderes a ser cooptados o «neutralizado») bajo falsos pretextos, como presentarse como miembros de una ong preocupada por el bienestar de los indígenas; organizar reuniones públicas con ayuda de sus aliados locales o funcionarios amigables; sobornar a los funcionarios de gobierno con la promesa de empleos y fondos para desarrollo social;22 manufacturar una «licencia

/22/

Un ejemplo de esta táctica es la aproximación utilizada por Goldcorp, la firma canadiense que domina la industria mundial global de extracción de oro, para consolidar su operación en Zacatecas, el mayor productor de oro y plata del país. Con el propósito declarado de ayudar al estado a promover el desarrollo social de las comunidades que sufren de un alto grado de marginación, Goldcorp anunció en Zacatecas una bolsa de 72 millones de pesos (Anónimo, La Jornada Zacatecas, 15 de marzo de 2012), además de los 436 millones que gastó en ese estado en 2011.

estudios críticos del desarrollo, vol. iii, núm. 4, primer semestre de 2013

economía política de la extracción de recursos naturales

35

social» al negociar con un grupo local que apoye el proyecto (este apoyo obtenido usualmente por medio de financiamiento indirecto); ofrecer empleo con altos ingresos a los miembros desempleados de la comunidad o trabajar con los contratistas locales; comprar tierras con acceso a las concesiones; infiltrar la oposición para sembrar la división y la desconfianza; los litigios estratégicos contra la participación pública, falsas acusaciones, intimidación y amenazas de muerte, e incluso acción paramilitar y asesinatos. En última instancia, las compañías mineras acuden a la violencia directa y a la coerción de las fuerzas militares, paramilitares o policiacas para vencer la oposición a sus operaciones mineras altamente lucrativas.

Desde la perspectiva del capital extractivo y los gobiernos locales (el Estado neoliberal o posneoliberal), estas tácticas reflejan una preocupación por proteger las extraordinarias tasas de ganancia asociadas con las operaciones extractivas, así como las rentas por los recursos que persiguen los gobiernos para financiar programas de desarrollo. Desde la perspectiva de las comunidades locales, sin embargo, no sólo está en juego la salud de sus miembros y el control soberano de sus territorios étnicos o nacionales, sino el ambiente del cual dependen su sustento y su forma de vida, y sin duda la vida misma. A este respecto, Gómez Abreu informó, en un análisis socio–metabólico de la economía, más de un millón de personas en la cuenca del Amazonas sufre de enfermedades derivadas de la exposición o ingestión de substancias tóxicas y carcinógenas, como el mercurio de las operaciones mineras. En el mismo sentido, el investigador Edgardo Alarcón documentó evidencias de que la ciudad peruana de Oroya es una de las diez ciudades más contaminadas del mundo, con altos niveles de plomo y sulfuro en el aire y altos niveles de carcinógenos relacionados con la minería como el cadmio, arsénico y antimonio en el suelo, productos agrícolas alimenticios y en el suministro de agua; estas toxinas también se han detectado en otros pueblos y comunidades de los alrededores (Sena–Fobomade, 2011).

Una de las principales organizaciones que participaron en el Foro de Lima en 2010, Conacami, denunció el hecho de que para fines de 2010 la estudios críticos del desarrollo, vol. iii, núm. 4, primer semestre de 2013

36

henry veltmeyer

gran mayoría de los sitios ancestrales en su territorio estaba en manos de las compañías mineras y petroleras (las «transnacionales») y que hasta 72% del territorio nacional de Perú había sido concesionado para el propósito de exploración y explotación de los recursos naturales del país (Lust, 2012). Al respecto, Conacami alertó a los participantes del foro acerca de las acciones del gobierno —en ese momento bajo el control del predecesor neoliberal de Humala, el presidente Alan García— al anunciar que 33 mega proyectos eran de «interés nacional» y, por ende, según Sana–Fobomade, retirando la necesidad de que las compañías sometieran estudios de impacto ambiental.23 Éstos y otros informes reflejan el hecho de que Perú, junto con Ecuador, es uno de los principales lugares de América Latina para la lucha de clases a través de la extracción y explotación de los recursos naturales. Un punto focal importante en esta lucha sigue siendo la mina Conga, la mayor operación de extracción en Perú y uno de los más grandes de todo el hemisferio. En el momento de escribir estas líneas, el proyecto Conga está «en espera», se estancó como consecuencia de la resistencia organizada de las comunidades locales y el gobierno regional de la región de Cajamarca.

En febrero de 2012, en la época en que la presidenta argentina Cristina Fernández confrontaba una situación similar, la resistencia reinante al proyecto Conga asumió la forma de una marcha nacional «a favor del agua y la vida», una movilización que logró un amplio apoyo del público, así como la participación activa de diversos grupos y sectores sociales. Las comunidades locales —en su lucha en contra del capital minero y la industria de la extracción iban a tener éxito para detener un proyecto que el gobierno había declarado de importancia estratégica— habrían de dar un impulso considerable a las fuerzas de la resis-

/23/

La afirmación de García probablemente no sea correcta. Cada una de las compañías debe someter un reporte ambiental por cada proyecto propuesto, independientemente de si se le considera de «interés nacional». El punto es, señala Lust (2012), que estas revisiones «no juegan papel alguno en la política y en la toma de decisiones del gobierno respecto a la aprobación o no del proyecto o concesión para explorar y extraer».

estudios críticos del desarrollo, vol. iii, núm. 4, primer semestre de 2013

economía política de la extracción de recursos naturales

37

tencia en toda la región. Esa victoria a favor «del pueblo» —una de las pocas en años recientes— asentaría un cambio en las fuerzas de clase. Al mismo tiempo, lo que está en juego es muy valioso, tanto para las compañías mineras como para el Estado (tanto en Perú como en otras partes de la región). Es probable que el gobierno apoye al capital minero y actúe para generar las condiciones que permitan que el proyecto continúe, ya sea a través de la cooptación o de la represión. Desafortunadamente, esta historia se repite en diversos escenarios de conflicto en la región y fuera de ella. Las dinámicas precisas de esta lucha y el resultado probable son inciertos y son blancos de mayor estudio.

Conclusión La pregunta central abordada en este artículo era la de si el nuevo extractivismo representa un nuevo modelo de desarrollo para América Latina o, como argumentan algunos, una nueva forma de imperialismo —la forma que el capitalismo y el imperialismo están tomando en el siglo xxi—. Nuestra respuesta a esta pregunta puede sintetizarse sucintamente en la noción de «Canadá imperial». El centro canadiense para el estudio del conflicto por los recursos (Canadian Centre for the Study of Resource Conflict) comisionó y publicó en 2009 un estudio intitulado «Responsabilidad social corporativa y antecedentes para las firmas canadienses de minería y exploración en el mundo en desarrollo» (Corporate Social Responsibility and Footprints for Canadian Mining and Exploration Firms in the Developing World) que afirmaba que «las compañías canadienses han constituido el grupo más importante involucrado en incidentes desafortunados en el mundo en desarrollo». Eso es expresarlo eufemísticamente. La revisión que hemos presentado de la economía política de la extracción de recursos naturales en América Latina sugiere un sistema en crisis, una crisis que ha dado lugar a diversas fuerzas de resistencia y un cambio en la correlación de fuerzas, lo que anticipa una prolongada lucha en contra del capitalismo y el imperialismo de extracción. Está en juego en esta estudios críticos del desarrollo, vol. iii, núm. 4, primer semestre de 2013

38

henry veltmeyer

lucha el posterior desarrollo de las fuerzas productivas mundiales basadas en la extracción de materias primas y recursos naturales estratégicos que amenazan con encerrar lo que queda de los territorios comunales en el mundo y a la vez privatizar y «mercantilizar» estos recursos, arriesgando los sustentos y las comunidades de millones de personas en el sector popular de la sociedad. Lo que está en juego no podría ser más valioso: el bienestar de las personas en el mundo en posibilidad de vivir en solidaridad con los otros y en armonía con la naturaleza, en última instancia, la vida misma.

Referencias Aldecoa, José (2009), «La gran mentira de las exportaciones mineras de Argentina», El Malvinense, 14 de abril, 1–5, en ‹http://www.malvinense. com.ar/snacional/0109/1003.htm›.

Andina (2012), «Presidente Correa plantea abordar problema de radicales antimineros», 30 de noviembre, en ‹http://www.noalamina.org/mineria–latinoamerica/mineria–ecuador/presidente–correa–plantea– abordar–problema–de–qradicales–antiminerosq›.

Anónimo (15 de marzo de 2012), «Dona la empresa minera Gold Corp $72 millones a Zacatecas», La Jornada Zacatecas, en ‹http://issuu.com/lajornadazacatecas.com.mx/docs/local15032012op›.

Anónimo (2012a), «Sepa cómo es el mapa del territorio argentino en manos de extranjeros», laangosturadigital.com, en ‹http://www.laangosturadigital.com.ar/v3.1/home/interna.php?id_not= 23416andori=web›.

Anónimo (2012b), «Poor Mining Companies? Parliamentary Committee Report Calls for cida Giveaway to Canadian Corporations», Mining Watch Canada, 8 de noviembre 8, en ‹http://www.miningwatch.ca/es/ node/7043›.

Arbix, Glauco y Scott Martin (2010), «Beyond Developmentalism and Market Fundamentalism in Brazil: Inclusionary State Activism without Staestudios críticos del desarrollo, vol. iii, núm. 4, primer semestre de 2013

economía política de la extracción de recursos naturales

39

tism», ponencia presentada en el taller «States, Development and Global Governance», University of Wisconsin–Madison, Marzo 12–13.

Arellano, Juan Martin (2010), «Canadian Foreign Direct Investment in Latin America», ponencia preparada para Dialogue on Canada–Latin American Economic Relations, mayo, Ottawa, North–South Institute.

Auty, Richard (1993), Sustaining Development in Mineral Economies: The Resource Curse Thesis, Londres, Routledge.

Auty, Richard (editor) (2001), Resource Abundance and Economic Development, Oxford University Press, en ‹http://www.wider.unu.edu/ research/1998–1999–4.2.publications.htm›.

Banco Mundial (2005), Extractive Industries and Sustainable Development.

An Evaluation of World Bank Group Experience, Washington, World Bank, ifc, miga. ____ (2010), Rising Global Interest in Farmland: Can it Yield Sustainable and Equitable Benefits?, Washington, World Bank. ____ (2011), The World Bank Group in Extractive Industries. 2011 Annual Review, Washington, World Bank.

Bannon, Ian y Paul Collier (editores) (2003), Natural Resources and Violent Conflict: Options and Actions, Washington, World Bank.

Bebbington, Anthony (editor) (2011), Minería, movimientos sociales y respuestas campesinas. Una ecología política de transformaciones territoriales, Lima, Instituto de Estudios Peruanos, Centro Peruano de Estudios Sociales.

Bebbington, Anthony, Leonith Hinojosa, Denise Humphreys, Maria Burneo y Ximena Warnaars (2009), «Contienda y Ambigüedad: Minería y Posibilidades de Desarrollo», Debate Agrario, número 44.

Borras Jr., Saturnino, Jennifer Franco, Sergio Gómez, Cristóbal Kay y Max Spoor (2012), «Land Grabbing in Latin America and the Caribbean», Journal of Peasant Studies, volumen 39, números 3–4.

Bresser–Pereira, Luiz Carlos (2007), «Estado y mercado en el nuevo desarrollismo», Nueva Sociedad, número 210. estudios críticos del desarrollo, vol. iii, núm. 4, primer semestre de 2013

40

henry veltmeyer

Bresser–Pereira, Luiz Carlos (2009), Developing Brazil. Overcoming the Failure of the Washington Consensus, Boulder, Lynne Rienner Publications. cepal (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) (2009), Foreign Investment in Latin America and the Caribbean, Santiago, cepal. ____ (2010), Time for Equality: Closing Gaps, Opening Trails, Santiago, cepal. ____ (2007), Foreign Investment in Latin America and the Caribbean, Santiago, cepal.

Clark, Tim (2002), «Canadian Mining Companies in Latin America: Community Rights and Corporate Responsibility, Conference Report to cerlac y Mining Watch Canada», Toronto, 9–11 de mayo.

Collier, Paul (2003), «Natural Resources, Development and Conflict: Channels of Causation and Policy Interventions», ponencia presentada en Annual World Bank Converence on Development Economics–Europe, 28 de abril, Washington, World Bank.

Collier, Paul y Venables, Anthony (2011), Plundered Nations? Successes and Failures in Natural Resource Extraction, Londres, Palgrave Macmillan.

Coumans, Catherine (2012), «Placer Dome Case Study: Marcopper Min», Marinduque, Philippines, en ‹www.miningwatch.ca/placer–dome– case–study–marcopper–mine–marinduque-philippines›.

Cypher, James (2010), «South America’s Commodities Boom. Developmental Opportunity or Path Dependent Reversion?», Canadian Journal of Development Studies, volumen 30, números 3–4.

De Echave, José (2008), Diez años de minería en el Perú, Lima, Cooperación.

Deininger, Klaus y Derek Byerlee (2011), Rising Global Interest in Farmland: Can it Yield Sustainable and Equitable Benefits?, Washington, World Bank.

Deneault, Alain y William Sacher (2012), Imperial Canada Inc: Legal Haven of Choice for the World’s Mining Industries, Vancouver, Talonbooks.

Engler, Yves (2012), The Ugly Canadian: Stephen Harper’s Foreign Policy, Vancouver, Halifax, red Publishing, Fernwood Publishing.

Fraser, Barbara (2012), «Oil and Gas Drilling on the Rise in Ecuador and Peru; Indigenous Communities Share Concerns», 10 de diciembre, en estudios críticos del desarrollo, vol. iii, núm. 4, primer semestre de 2013

economía política de la extracción de recursos naturales

41

‹http://indiancountrytodaymedianetwork.com/article/oil–and–gas– drilling–rise–ecuador–and–peru–indigenous–communities–share– concerns–146201›.

Girvan, Norman (2012), «Comments on “Introduction to the New Extractivism: A Collaborative Research Project”».

Gudynas, Eduardo (2010), «The New Extractivism in South America: Ten Urgent Theses about Extractivism in Relation to Current South American Progressivism», Bank Information Center, en ‹http://www.bicusa. org/en/Article.11769.aspx› (consultado el 14 de octubre de 2010). ____ (2011a), «La izquierda de los límites al nuevo extractivismo», La Primera, Lima, 11 de mayo, en ‹http://www.diariolaprimeraperu.com/ online/columnistas/la-izquierda–de–los–limites–al–nuevo–extractivismo_85841.html›. ____ (2011b), «Si eres tan progresista ¿Por qué destruyes la naturaleza?

Neoextractivismo, izquierda y alternativas», Ecuador Debate, abril.

Haber, Stephen y Víctor Menaldo (2012), «Natural Resources in Latin America: Neither Curse Nor Blessing», ssrn Working Paper, Oxford Handbook of Latin American Political Economy, en ‹http://ssrn.com/ abstract=1625504›.

Harvey, David (2003), The New Imperialism, Oxford, Oxford University Press.

House of Commons (2012), «Driving Inclusive Economic Growth: The Role of the Private Sector in International Development», Report of the Standing Committee on Foreign Affairs and International Development, November, Ottawa, Public Works and Government Services Canada.

Infante, Ricardo y Osvaldo Súnkel (2009), «Chile: hacia un desarrollo inclusivo», Revista cepal, volumen 10, número 97.

Kay, Cristóbal y Jennifer Franco (2012), The Global Water Grab: A Primer, Amsterdam, Transnational Institute.

Keenan, Karyn (2010), «Canadian Mining. Still Unaccountable», nacla Report on the Americas, mayo/junio, en ‹https://nacla.org/article/canadian–mining–still–unaccountable›. estudios críticos del desarrollo, vol. iii, núm. 4, primer semestre de 2013

42

henry veltmeyer

Lievesley, Geraldine y Steve Ludlam (editores) (2009), Reclaiming Latin America: Experiments in Radical Social democracy, Londres, Zed. López, Francisco (2012), «Detener el saqueo minero en México», La Jornada, 28 de febrero.

López, Francisco y Mayra Eslava (2011), El mineral o la vida la legislación minera en México, México, coapi.

Lust, Jan (2012), «Peru: Extractive Capital and Social Resistance», en James Petras y Henry Veltmeyer (editores), The New Extractivism in Latin America: A New Development Model or Imperialism of the 21st Century?, Zed Books Ltd. Ministerio de Minas y Energía, República de Colombia (2012), Colombia Minera, Desarrollo Responsable, Bogotá, República de Colombia.

North, Liisa (2012), «Possibilities of redress for harms from mining: Communities vs. corporations in Latin America», public talk, ids Visiting Speakers Program, November 9, Halifax, Saint Mary’s University.

North, Liisa, Timothy David Clark y Viviana Patroni (editores) (2006), Community Rights and Corporate Responsibility: Canadian Mining and Oil Companies in Latin America, Toronto, Between the Lines.

Paley, Dawn y Sakura Saunder (2012), Investing in Conflict–Public Money, Private Gain: Goldcorp in the Americas, Washington, Rights Action.

Panfichi, Aldo y Omar Coronel (2011), «Los conflictos hídricos en el Perú 2006–2010: una lectura panorámica», en R. Boelens, L. Cremers y M. Zwarteveen (editores), Justicia Hídrica. Acumulación, conflicto y acción social, Lima, Justicia Hídrica, Instituto de Estudios Peruanos, Fondo Cultural pucp.

Petras, James y Henry Veltmeyer (2005). Empire with Imperialism: The Globalizing Dynamics of Neo–liberal Capitalism, Londres, Zed. ____ (2009), What’s Left in Latin America, Londres, Ashgate.

Raymond James Mining Team (2008), «Mining in la: Navigating the la Landscape», rj Equity Research, 12 de agosto, en ‹https://www.raymondjames.ca/rjl_marketing/dotca/en_ca/Equity%20Capital%20 estudios críticos del desarrollo, vol. iii, núm. 4, primer semestre de 2013

economía política de la extracción de recursos naturales

43

Markets/Equity%20Research/Sample%20Research/Sample%20Research%20pdfs/MiningLatinAmerica081208.pdf›.

Reuters (30 de agosto de 2011), «Royalty debates revisit Latin American states», mac: Mines and Communities, en ‹http://www.minesandcommunities.org›.

Sachs, Jeffrey y Andrew Warner (2001), «The Curse of Natural Resources», European Economic Review, número 45.

Sena–Fobomade (2011), «Se intensifica el extractivismo minero en América Latina», Foro Boliviano sobre Medio Ambiente y Desarrollo, en ‹http:// fobomade.org.bo/art–1109›.

Solanas, Fernando (2007a), «El despojo de los metales argentinos (parte iv)», Rebelión, 31 de julio, en ‹http://www.rebelion.org/seccion.php ?id=9›. ____ (2007b), «El despojo de los metales argentinos (parte iii)», Argenpress, 6 de agosto, en ‹http://www.argenpress.info/notaprint.asp?num=04 4436andparte=3›.

Sosa, Milagros y Margreet Zwarteveen (2012), «Exploring the Politics of Water Grabbing: The case of large mining operations in the Peruvian Andes», Water Alternatives, volumen 5, número 2.

Stijns, Jean–Philippe (2006), «Natural Resource Abundance and Human Capital Accumulation», World Development, volumen 34, número 6.

Veltmeyer, Henry y Darcy Tetreault (2012), Poverty in Latin America: Public Policies and Development Pathways, West Hartford, Kumarian Press.

White, Ben, Saturnino Borras, Ruth Hall, Ian Scoones y Wendy Wolford (2012), «The New Enclosures: Critical perspectives on Corporate Land Deals», Journal of Peasant Studies, volumen 39, números 3–4.

Zorrilla, Carlos (2009), Protegiendo a su comunidad contra las empresas mineras y otras industrias extractivas, Boulder co, Global Response.

estudios críticos del desarrollo, vol. iii, núm. 4, primer semestre de 2013

Extractivismo en la economía argentina.

Categorías, etapas históricas y presente

Jorge Ignacio Frechero

Resumen. Las implicancias del auge en el precio internacional de las materias primas, los alimentos y los commodities, y su relación con el desempeño y las transformaciones socioeconómicas acontecidas en buena parte de los países de América Latina durante la primera década del siglo xxi, han vuelto a poner en discusión el fenómeno del extractivismo, sus efectos e impactos sobre el desarrollo nacional, así como sus alternativas de superación. Éste es un viejo debate de la izquierda latinoamericana que tuvo lugar a mediados del siglo pasado. Hoy su análisis e interpretación amerita nuevos esquemas interpretativos y conceptualizaciones a efectos de dar cuenta de sus rasgos diferenciales y su particular entrelazamiento con la coyuntura histórica corriente. En este marco, dando cuenta de parte de estas nuevas perspectivas, el trabajo busca constatar la vigencia del extractivismo en tanto factor definitorio contemporáneo de la economía argentina.

Palabras clave: extractivismo, Argentina, estructura productiva, comercio exterior, inversión extranjera directa.

Abstract. The implications of the rise in the international prices of raw materials, food and commodities, and its relation to the performance and socio–economic transformations that took place in many Latin America countries during the first decade of the xxi century, have once again called into question the phenomenon of extractivism, its impacts on national development and the alternatives to overcome it.

This is an old debate from the Latin American left that took place during the middle of the last century.

Today its analysis merits new interpretive schemes and concepts in order to account for its distinctive features and the particular way that it intersects with the current historical juncture. In this framework, and taking into account some of these new perspectives, this paper seeks to ascertain the validity of extractivism as a contemporary defining factor in Argentina’s economy.

Keywords: extractivism, Argentina, productive structure, foreign trade, foreign direct investment.

Jorge Ignacio Frechero es investigador del Centro de Estudios Interdisciplinarios en Problemáticas Internacionales y Locales en la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, Argentina.

estudios críticos del desarrollo, vol. iii, núm. 4, 2013, pp. 45–82

jorge ignacio frechero

46

Introducción

E

l presente trabajo pretende sumarse al debate en marcha sobre el peso histórico y el impacto contemporáneo del extractivismo en tanto proceso y rasgo predominante en las estructuras productivas de la mayoría de las economías de la región. Debate que es impulsado desde los estudios críticos del desarrollo, la ecología política y el ecomarxismo —entre otros—, pero que fundamentalmente cobra relevancia y urgencia a raíz de la resistencia y la movilización activa de múltiples actores sociales a lo largo y ancho de toda la región, frente al avance de actividades extractivas que atentan contra el patrimonio natural y las condiciones simbólicas y materiales que hacen a la vida de numerosas comunidades.

En este contexto, nuestra intención específica es explorar y constatar la vigencia del extractivismo en tanto factor saliente de la economía argentina contemporánea. A efectos de simplificar el análisis, tomaremos tres aristas centrales de la misma: la estructura productiva, el patrón de comercio exterior y el patrón de inversiones extranjeras directas, y en virtud de ello, atenderemos a las siguientes interrogantes: ¿qué incidencia tiene el neoextractivismo en la estructura socioproductiva actual (2003–2012)?, ¿cuál es el rasgo más sobresaliente de dicha estructura: la reprimarización o la (re)industrialización?, y ¿qué relación existe entre el neoextractivismo y los patrones de comercio y de inversiones recientes del país?

Para abordar el análisis, en primer lugar se recorre el desarrollo histórico del extractivismo en América Latina, presentando categorías para su comprensión e identificando sus características y evolución. Y en segundo lugar, se releva el neoextractivismo posneoliberal argentino reciente a través del análisis de su manifestación en la estructura productiva nacional y su impacto en los patrones de comercio y de inversión extranjera directa (ied), para lo cual nos valdremos de indicadores estadísticos nacionales, así como fuentes primarias y secundarias. estudios críticos del desarrollo, vol. iii, núm. 4, primer semestre de 2013

extractivismo en la economía argentina

47

Extractivismo y neoextractivismo en América Latina: categorías y procesos para el análisis La incorporación de América Latina a la economía–mundo capitalista europea (Wallerstein, 2005), forzada por el colonialismo ibérico desde fines del siglo xiv, es todavía hoy una pesada herencia en la estructura y la dinámica sociopolítica y económica de cada una de las naciones y regiones que la integran. Dicha incorporación, como es sabido, fue el resultado de una violenta modalidad de ocupación territorial, explotación económica, sojuzgamiento y represión de los pobladores originarios. Como bien explicara Marx, el descubrimiento de las comarcas auríferas y argentíferas en América, el exterminio, esclavización y soterramiento en las minas de la población aborigen, la conquista y saqueo de las Indias Orientales, la transformación de África en un coto reservado para la caza comercial de pieles–negras, caracterizan los albores de la era de producción capitalista. Estos procesos idílicos constituyen factores fundamentales de la acumulación originaria (Marx, 1998: cap. xxiv).1

/1/

Adscribimos a la reformulación que aplica el historiador David Harvey a la teoría marxista clásica con su categoría sobre la acumulación por desposesión. Sostiene el británico que «una mirada más atenta de la descripción que hace Marx de la acumulación originaria revela un rango amplio de procesos.

Estos incluyen la mercantilización y privatización de la tierra y la expulsión forzosa de las poblaciones campesinas; la conversión de diversas formas de derechos de propiedad —común, colectiva, estatal, etc.— en derechos de propiedad exclusivos; la supresión del derecho a los bienes comunes; la transformación de la fuerza de trabajo en mercancía y la supresión de formas de producción y consumo alternativas; los procesos coloniales, neocoloniales e imperiales de apropiación de activos, incluyendo los recursos naturales; la monetización de los intercambios y la recaudación de impuestos, particularmente de la tierra; el tráfico de esclavos; y la usura, la deuda pública y, finalmente, el sistema de crédito. El Estado, con su monopolio de la violencia y sus definiciones de legalidad, juega un rol crucial al respaldar y promover estos procesos» (Harvey, 2004: 113).

estudios críticos del desarrollo, vol. iii, núm. 4, primer semestre de 2013

48

jorge ignacio frechero

La enorme producción metalífera americana —primero enviada al Viejo Continente bajo una modalidad mercantilista monopólica y luego en el marco de una mayor liberalización, fruto de la descomposición del poder colonial— fue un factor clave en la consolidación del sistema capitalista y en el desarrollo de los principales centros industriales y financieros europeos. «Toda la vida europea y la vida del mundo entero, en la medida en que existía un mundo podría decirse que dependía de ese tráfico. Sevilla y sus cuentas podrían darnos el ritmo de ese mundo» (Chaunu, y Chaunu, 1955–1959: 14).

De esta manera, como bien se explicara en las teorías de la dependencia,2 América Latina financió a Europa, y al hacerlo, el desarrollo nacional de las metrópolis fue un proceso que conllevó el subdesarrollo de las colonias. La región se insertó en la economía–mundo como proveedora de metales, materias primas y alimentos, y a cambio recibió los «espejos de colores» del desarrollo (manufacturas), y ya en el siglo xix, bajo lo que Tulio Halperin Donghi denominó el orden neocolonial (1975: 280), inversiones para incrementar y canalizar la extracción de sus recursos naturales. En el despliegue y la evolución de la economía–mundo capitalista, la región quedó funcionalmente integrada y subordinada desde este particular rol primario–exportador en la división internacional del trabajo.

En el plano socioeconómico de los territorios latinoamericanos, la característica saliente de esta inserción fue el extractivismo, al que entendemos aquí tanto como un proceso históricamente centrado (y localizado), así como un modelo de estructuración socioproductiva, basado en la explotación intensiva de grandes volúmenes de recursos naturales y la apropiación o usufructo de

/2/

Para la académica Fernanda Beigel, la teoría de la dependencia constituye, en realidad, un conjunto de teorías complejas y heterogéneas que toman en común a la dependencia como problema teórico. De allí entonces que hablemos en plural de teorías de la dependencia. Éstas se materializaron a partir de 1965 en las obras de autores como Osvaldo Sunkel, Enzo Faletto, Fernando Henrique Cardoso, Andre Gunder Frank, Fernando Velazco Abad, Aní­bal Quijano, Ruy Mauro Marini, Celso Furtado, Theotônio Dos Santos, Vania Bambirra, Franz Hinkelammert, entre tantos otros (Beigel, 2006: 296–297).

estudios críticos del desarrollo, vol. iii, núm. 4, primer semestre de 2013

extractivismo en la economía argentina

49

sus productos por parte de agentes en el exterior a través de su exportación (Gudynas, 2013: 2). La modalidad de explotación consiste en la apertura de economías de enclave, que pueden ser espacialmente acotadas, como los campos petroleros o las minas, o bien extensas como el monocultivo de la soja (Gudynas, 2012: 31).

Se trata, por ende, de una conceptualización específica de extractivismo pues, como advierte Brenda Rupar (2012: 38), la actividad de «extracción» que luego se vuelve «roducción» trasformadora de los «bienes naturales» a partir de la agricultura y la domesticación del ganado, forma parte del trabajo específicamente humano, requerido para la subsistencia a lo largo de los tiempos. Para comprender sus características y efectos (sobre los hombres y sobre la naturaleza–ambiente) es preciso determinar la particularidad que asume en diferentes periodos y sociedades.

Ciertamente, el extractivismo exportador latinoamericano ha sido y es todavía un factor determinante —y una pesada herencia— en las realidades sociales, los perfiles productivos y la inserción internacional de nuestras naciones. La región conoció tempranamente el doble peligro de esta especialización primario–exportadora en la forma de impactos internos (explotación en las relaciones de producción, inequidad y pasivos socioambientales severos) y, en tanto sociedades periféricas, una dependencia económica y política con los principales centros del capitalismo mundial. La afectación de los intercambios centro–periferia3 por efecto del estallido de la Primera Guerra Mundial golpeó

/3/

En la formulación original de la cepal, las relaciones centro–periferia se explican, por un lado, por la presencia protagónica de los centros industriales internacionales, generadores y propagadores de progreso técnico y rectores de la especialización productiva mundial y, por el otro, de una vasta periferia no industrializada supeditada pasivamente a la división internacional del trabajo que dictan los primeros. El intercambio desigual entre ambos tipos de economías se debe el reparto disparejo de los

estudios críticos del desarrollo, vol. iii, núm. 4, primer semestre de 2013

50

jorge ignacio frechero

a las economías regionales. Esta perturbación externa derrumbó la economía mundial capitalista clásica, basada en el papel dominante de Gran Bretaña y el funcionamiento del patrón oro (Bethell, 1991: 51), alterando así las corrientes comerciales y de capital a partir de las cuales se había insertado parte de América Latina. Esto produjo dos fenómenos relevantes. Por un lado, un vacío hegemónico que aprovechó Estados Unidos para ampliar sus propios negocios en la región, especialmente en Centroamérica, el Caribe hispánico, Venezuela, Colombia, Ecuador y Perú. Y por el otro, en aquellas economías que no encontraron una fuente supletoria de importaciones, una sustitución forzosa de éstas que permitió incrementos de producción en ciertos sectores fabriles, en especial en países como Argentina y Brasil.

Este último aspecto, que se repetiría en esencia con las dos grandes perturbaciones siguientes —la crisis de los treinta y la Segunda Guerra Mundial— ayudó a revelar las desventajas de mantener un tipo de inserción subordinada en la división internacional del trabajo, pero también las bondades de la desconexión —relativa— en aras de un desarrollo más equilibrado y autónomo. En este marco, a partir de la década de los veinte se hicieron manifiestas las debilidades y tensiones del modelo extractivista exportador.

Desde entonces, y en particular tras el estallido económico de 1929, el extractivismo compartiría lugar como rasgo destacado de la estructura socioproductiva general de la región, con un incipiente industrialismo de corte básico a intermedio y con la activación reguladora y empresaria del Estado en la economía. Con el paso del tiempo, la correspondiente complejización y transformación de los modelos de desarrollo imperantes serviría de apoyo a la tentativa de inserción internacional más diversificada y, por tanto, más autónoma

incrementos de productividad al ser las periferias tomadoras de tecnología, mas no productoras, y al especializarse en un comercio exterior de tipo primario que en el largo plazo sufre una tendencia a la caída de precios relativos frente a la producción manufacturada de los centros —términos netos del intercambio comercial decrecientes.

estudios críticos del desarrollo, vol. iii, núm. 4, primer semestre de 2013

extractivismo en la economía argentina

51

de los centros mundiales, cobrando fuerza en diversos países con el inicio de la Guerra Fría hasta la década de los ochtenta y la llamada crisis de la deuda.

Ahora bien, en este devenir, el extractivismo exportador latinoamericano no desapareció bajo las formas económicas nacionalistas. Muchas de las actividades extractivas, otrora llevadas a cabo por monopolios extranjeros, pasaron a ser de propiedad estatal —siendo los casos más paradigmáticos las nacionalizaciones petroleras en países como México en 1938 y Venezuela en 1975— o, a lo sumo, de capitales privados nacionales. Un Estado más activo en la promoción industrial significó, asimismo, la búsqueda de una mayor explotación de las fuentes de recursos naturales dentro de los territorios para asegurar la creciente demanda nacional de bienes primarios y energía. De esta forma, pervivió a las transformaciones que impuso en América Latina el desarrollismo y la adopción de la estrategia de sustitución de importaciones.

El advenimiento del neoliberalismo en América Latina, cuya punta de lanza regional fue el golpe de Estado contra el presidente chileno Salvador Allende en 1973, supuso la transformación hacia un modelo de desarrollo nuevamente orientado hacia el exterior, llamado por tanto aperturista, que tuvo como ejes de acumulación las actividades de comercio internacional, la lógica rentístico–financiera (cortoplacista y especulativa), los superbeneficios de las privatizaciones y, una vez más, la explotación extranjerizada de recursos naturales. Hasta aquí llega lo que el académico Eduardo Gudynas denomina extractivismo clásico que, a su entender, arraigó en las últimas décadas en los gobiernos conservadores neoliberales. El formato de este extractivismo neoliberal se resume en que las empresas transnacionales tienen un rol determinante, el Estado es funcional a esa transnacionalización y existen regulaciones y controles acotados (incluyendo regalías y tributos bajos).

Se apuesta a que ese extractivismo genere crecimiento económico y a que éste, a su vez, promueva «derrames» hacia el resto de la sociedad. Al mismo tiempo, se minimizan, niegan o reprimen las estudios críticos del desarrollo, vol. iii, núm. 4, primer semestre de 2013

52

jorge ignacio frechero

protestas ciudadanas por los impactos sociales y ambientales de la explotación (Gudynas, 2012: 132).

Esta lógica se registró en casos como la privatizada Yacimientos Petrolíferos Fiscales (ypf) en Argentina, el sector minero en Perú o —de manera encubierta— con el cobre chileno a partir de la dictadura de Augusto Pinochet.

El fracaso del neoliberalismo hacia finales del siglo xx y comienzos del xxi abrió las puertas para el potencial establecimiento de nuevos modelos de desarrollo, y por tanto para la búsqueda de nuevas formas más autonómicas de inserción en varios de los principales países de la región. Los tiempos posneoliberales llegaron de la mano de los gobiernos de Hugo Chávez en Venezuela (1998), Lula da Silva en Brasil (2002), Néstor Kirchner en Argentina (2003), Evo Morales en Bolivia (2005) y Rafael Correa en Ecuador (2007).

El sentido ideológico y programático oficial de los mismos fue el de erigir una gobernabilidad y un rumbo económico antitético al neoliberal. En palabras de Emir Sader (2008: 47): el posneoliberalismo es el camino de negación del capitalismo en su fase neoliberal, que mercantiliza todo, en que todo tiene precio, todo se compra, todo se vende. El posneoliberalismo, al contrario, afirma derechos, valores, esfera pública, ciudadanía y ahí se da la disputa fundamental de nuestro tiempo, en que América Latina es el escenario más importante, el eslabón más débil de la cadena neoliberal.

La renacionalización de sectores estratégicos nacionales, muchos de ellos basados en la extracción y explotación de recursos naturales —como los casos paradigmáticos de Petróleos de Venezuela (pdvsa) y de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (ypfb)—, apuntó directamente al corazón de uno de los pilares del neoliberalismo y de la inserción dependiente de la región: la transferencia de excedentes originada —ahora— en la acumulación estudios críticos del desarrollo, vol. iii, núm. 4, primer semestre de 2013

extractivismo en la economía argentina

53

por desposesión (Harvey, 2004). De allí emanaron expectativas optimistas y de corte emancipador sobre estos procesos graduales de cambio.

Sin embargo, a una década de inaugurados los gobiernos posneoliberales, el balance resulta al menos sorprendente o paradojal para quien observe de manera incauta la realidad regional. El extractivismo en América Latina no sólo sigue intacto sino que se ha dinamizado aún más bajo la égida de estos gobiernos, adquiriendo incluso nuevos rasgos.

Frente a ello, sostenemos aquí que el abordaje comprometido, sincero, crítico y decolonial de esta problemática es urgente para contribuir a profundizar y reencauzar los procesos de cambio social inaugurados bajo el posneoliberalismo. Y creemos necesario anclarnos en perspectivas a la izquierda de lo posible (Santos, 2012) que trasciendan la coyuntura política contemporánea en la que se encuentra entrampada gran parte de la izquierda latinoamericana y, sobre todo, la lógica profunda del Estado compensador que éstas impulsan: la vulnerable dependencia de una política social redistributiva activa en la lotería de los recursos naturales de nuestros países.4 En esta línea, consideramos como nuestro puntal interpretativo el valioso aporte de Eduardo Gudynas sobre el neoextractivismo progresista (2011: 76) que resume en las siguientes Diez tesis urgentes: 1. Persiste la importancia de los sectores extractivistas como un pilar relevante de los estilos de desarrollo.

2. El progresismo sudamericano genera un extractivismo de nuevo tipo, tanto por algunos de sus componentes como por la combinación de viejos y nuevos atributos.

3. Se observa una mayor presencia y un papel más activo del Estado, con acciones tanto directas como indirectas.

/4/

No queremos que se malinterprete nuestra posición sobre este punto. Celebramos, en general, los programas de políticas sociales y las transferencias distributivas llevadas a cabo por los gobiernos posneoliberales, pues representan una reparación histórica a defender tras el paso del neoliberalismo.

Ejemplos de este tipo de políticas en América Latina lo constituyen el Plan Bolsa Familia implementado en Brasil, el Programa Oportunidades en México, el Sistema Chile Solidario, el Programa

estudios críticos del desarrollo, vol. iii, núm. 4, primer semestre de 2013

54

jorge ignacio frechero

4. El neoextractivismo sirve a una inserción internacional subordinada y funcional a la globalización comercial y financiera.

5. Sigue avanzando una fragmentación territorial, con áreas relegadas y enclaves extractivos asociados a los mercados globales.

6. Más allá de la propiedad de los recursos, se reproducen reglas y funcionamiento de los procesos productivos volcados a la competitividad, eficiencia, maximización de la renta y externalización de impactos.

7. Se mantienen, y en algunos casos se han agravado, los impactos sociales y ambientales de los sectores extractivos.

8. El Estado capta (o intenta captar) una mayor proporción del excedente generado por los sectores extractivos, y parte de esos recursos financian programas sociales, con lo que se ganan nuevas fuentes de legitimación social.

9. Se revierten algunas contradicciones sobre el extractivismo, y se lo pasa a concebir como indispensable para combatir la pobreza y promover el desarrollo.

10. El neoextractivismo es parte de una versión contemporánea del desarrollismo propia de América del Sur, donde se mantiene el mito del progreso bajo una nueva hibridación cultural y política (Gudynas, 2009: 221).

Así, el prefijo neo nos está indicando una profundización del modelo extractivista bajo los regímenes posneoliberales que discurre de tres maneras:

Juntos en Perú y los planes Jefes y Jefas de Hogar y la Asignación Universal por Hijo en Argentina.

Pero al respecto son necesarias al menos dos lecturas estrechamente relacionadas. La primera es que «la transferencia de parte de la renta de las exportaciones primarias a otros sectores de la sociedad no es sinónimo de reparto de riqueza. Los costos ambientales de dichas actividades, muchas veces inconmensurables, también se reparten en la propia población y con el resto del mundo. Las emisiones por deforestación, el metano de la expansión de la ganadería, los impactos por la explotación de petróleo, los pasivos ambientales irreversibles de la explotación minera son parte de la cuenta» (Fernández Equiza, 2012: 10). Y, la segunda, que el nacionalismo extractivista puede «tener una importante utilidad social si, en parte por lo menos, [sus ingresos] son utilizados para financiar una política de transición, que debe comenzar desde ya, desde el extractivismo depredador hacia una economía plural en la que esas actividades extractivas sólo serán útiles en la medida en que sean indispensables» (Santos, 2012). La categoría de Estado compensador pertenece a Gudynas (2012).

estudios críticos del desarrollo, vol. iii, núm. 4, primer semestre de 2013

extractivismo en la economía argentina

55

por aumento de explotación en los rubros clásicos (minería e hidrocarburos), por incorporación de nuevos recursos (como el litio en Bolivia o el inicio de la megaminería en Uruguay) y por la expansión del modo de organización extractivo al sector agrario en el caso de los monocultivos de exportación. Destaca también la peculiaridad de que, por primera vez, la izquierda latinoamericana legitima este proceso, desdibujando su vieja crítica a las economías de enclave (Gudynas, 2012: 134). Esta defensa se ve con claridad, por ejemplo, en la visión del presidente Hugo Chávez cuando sostuvo que «estamos empeñados en construir un modelo socialista muy diferente al que imaginó Marx en el siglo xix. Ése es nuestro modelo, contar con esta riqueza petrolera» (citado en Stefanoni, 2012: 56).5 Otro punto importante es que en el neoextractivismo progresista el papel más activo del Estado no supone la exclusión de las corporaciones transnacionales. Muy por el contrario, éstas persisten bajo otros modos de asociación, como los joint–ventures. No sorprende de esta manera, y a pesar de la retórica antiimperialista, las buenas relaciones extraoficiales entre pdvsa y Chevron–Texaco, una de las cuatro grandes petroleras a nivel mundial, quien además ha sido también recientemente cortejada por la renacionalizada ypf argentina. Con una enfática promoción de los rubros extractivos, los gobiernos posneoliberales buscan atraer capitales, ya no sólo de orígenes geográficos

/5/

«Si acercamos la lupa hacia los tres procesos sociopolíticos de Venezuela, Ecuador y Bolivia —señala Pablo Stefanoni—, las políticas públicas parecen más cerca de la búsqueda del “buen capitalismo” (más Estado e inversión pública en infraestructura, equilibrios entre el capital financiero y el capital productivo, mayores derechos para los trabajadores y excluidos, políticas sociales) que de un modelo anticapitalista o socialista. La consigna “Ahora hay patria para todos”, con sus variantes, da cuenta de este objetivo de generar un nuevo pacto social y una integración de quienes tradicionalmente se sintieron fuera de proyectos nacionales elitistas y racistas, lo que mereció el nombre de “colonialismo interno”. [...] Pero, al mismo tiempo, un elemento común a la Revolución Bolivariana en Venezuela, la Revolución Democrática y Cultural boliviana y la Revolución Ciudadana en Ecuador —nótese que todos estos procesos de cambio se autodefinen como “revoluciones”— es el carácter extractivista de sus economías, las dinámicas rentistas que se generan y la dificultad para comenzar a pensar transiciones posextractivistas de mediano o largo plazo» (Stefanoni, 2012: 52).

estudios críticos del desarrollo, vol. iii, núm. 4, primer semestre de 2013

56

jorge ignacio frechero

conocidos, como Estados Unidos y Europa occidental, sino también del resto de Europa y fundamentalmente de Asia. Así sucede en la Provincia de San Juan, Argentina, donde, con anuencia del gobierno nacional, se ofertan internacionalmente áreas para la exploración y su posterior explotación minera.6 En esta interpretación, las implicaciones de este proceso y modelo extractivista son graves y acuciantes, pudiendo sintetizarlas en dos grandes rubros de impactos. Por un lado, dada la expansión e intensificación de las actividades, la degradación, la destrucción y la fragmentación socioambiental se incrementan de manera exponencial. Las estrategias de desarrollo exógeno implican transferencias de lo que se denomina capacidad de carga y de servicios ecológicos hacia los países compradores/importadores, al mismo tiempo que los impactos ambientales de su extracción/procesamiento permanecen en los territorios o zonas de sacrificio donde se realiza la actividad. En este sentido, la noción de espacio socioambiental que alude a los sitios desde los cuales una economía se provee de recursos y en los que deposita sus residuos —propuesta por Gilberto Montibeller (2004: 161)— ofrece un marco conceptual coherente para entender esta transferencia, así como la inserción internacional subordinada de la región también en términos ecológicos.7 El extractivismo, asimismo, incrementa la fragmentación territorial intranacional, en tanto se diferencian zonas luminosas, articuladas a los circuitos mundiales de producción y comunicación, y zonas opacas, las cuales carecen de tal articulación, en la terminología de Milton Santos (1997).

Cfr. al respecto ‹http://mineria.sanjuan.gob.ar/actividad/actividadminera.php› y ‹www.noalamina. org/mineria–argentina/mineria–general/ofertan–a-argentina–como–potencia–minera›. /7/ La categoría de espacio socioambiental resulta particularmente interesante para ir más allá de la interpretación del territorio como el espacio geopolítico exclusivo de un país, posibilitado así una mirada de las cuestiones ambientales desde una perspectiva global. Permite evitar incurrir en percepciones equivocadas que presenten a un país o una región como ecológicamente consciente, produciendo y consumiendo de modo eficaz, cuando la realidad encubre que ese territorio se beneficia de los servicios ambientales y de la capacidad de carga y de absorción de otros ecosistemas, revelando la relación social del problema. /6/

estudios críticos del desarrollo, vol. iii, núm. 4, primer semestre de 2013

extractivismo en la economía argentina

57

El resultado lógico y necesario de la intensificación extractiva, al afectar las condiciones de vida y las cosmovisiones no mercantiles de sectores mayormente vulnerables, es el surgimiento articulado de resistencias y protestas socioambientales a lo largo de toda la región. «Éstas van desde las movilizaciones ciudadanas contra la minería en Perú, Argentina y Ecuador, a otras, más institucionalizadas, pero también opuestas a la minería, en Uruguay. Las protestas ciudadanas están proliferando y el extractivismo está chocando contra un límite democrático» (Gudynas, 2012: 133).

El segundo tipo de consecuencia no es otra que la reedición de la dependencia respecto de los centros productivos mundiales. Se trata de una dependencia que es necesario, de todas formas, reinterpretar, pues la vieja oposición centro–periferia en base a la dicotomía de países industrializados y países no industrializados ha cedido su lugar a nuevas formas de subalternización de las periferias (Amin, 2003: 24–25). Tradicionalmente, se ha considerado a la dependencia como una situación en la cual las economías de nuestros países están condicionadas por el desarrollo de otras economías a las que están sometidas (Dos Santos, 1971). Esta dependencia se manifestaba en relaciones preferenciales con alguna de las principales potencias capitalistas, por las cuales las sociedades dependientes sólo se expandían como reflejo de la expansión de las economías de los países dominantes. Hoy el grado de diversificación de las relaciones económicas exteriores de los países latinoamericanos ha relativizado este fenómeno.

Consideramos, en cambio, que actualmente la dependencia y el reflejo de expansión dependen de la inflada demanda global de bienes primarios, alimentos y commodities que caracteriza la fase corriente de la economía–mundo capitalista, y que es producto, a su vez, del proceso masivo de relocalización de capacidades productivas e innovadoras desde el Atlántico Norte hacia el Este asiático (Hobsbawm, 2008).

Esta dependencia, como hemos visto, también se materializa a través del dominio de capitales extranjeros —provenientes de viejas y nuevas potencias— en áreas estratégicas como los agronegocios, la megaminería, la indusestudios críticos del desarrollo, vol. iii, núm. 4, primer semestre de 2013

58

jorge ignacio frechero

tria celulósica y los hidrocarburos, pero también por la propia autoexplotación y autosubordinación a las que se inducen los gobiernos posneoliberales, los cuales siguen siendo tomadores de precios, no coordinan entre sí la comercialización de sus productos y defienden la liberalización del comercio global. Esto explica el apoyo de varios gobiernos progresistas a las instituciones de gobernanza global (como la Organización Mundial de Comercio, omc), así como el estancamiento de la integración regional dentro de América del Sur. Entretanto, el contexto global de altos precios de varios commodities y su demanda sostenida, junto con otros factores indicados antes, refuerzan los incentivos para promover el extractivismo (Gudynas, 2012: 133).

Frente a todo esto, como señala de Souza Santos, la responsabilidad histórica de esta coyuntura discurre bajo la necesidad de que las empoderadas izquierdas latinoamericanas discutan de una buena vez las antinomias entre el corto y el largo plazo, sin perder de vista «que el futuro de las rentas diferenciales generadas actualmente por la explotación de los recursos naturales está en manos de unas pocas empresas multinacionales y que, al final de este ciclo extractivista, los países pueden ser más pobres y dependientes que nunca» (Santos, 2012).

Neoextractivismo posneoliberal en la economía argentina En el caso argentino, el neoextractivismo se materializa en una serie de actividades concretas que cuentan con características particulares y que son objeto de un intenso crecimiento año tras año. Las más trascendentes son la megaestudios críticos del desarrollo, vol. iii, núm. 4, primer semestre de 2013

extractivismo en la economía argentina

59

minería, el agronegocio y los hidrocarburos, seguidas luego por otros rubros como la extracción maderera–celulósica y la pesca industrial.

Para comprender la manera en que el fenómeno del neoextractivismo permea la economía nacional y su inserción internacional, debe repasarse la evolución de tres grandes ámbitos que hacen a la realidad económica nacional e internacional de Argentina: nos referimos a la estructura socioproductiva doméstica, al patrón de comercio exterior y al patrón de inversiones extranjeras. Observando el primero de éstos podremos determinar si en el periodo 2003–2012 hemos asistido a una reprimarización o, antes bien, a una reindustrialización del aparato productivo, dilema clave que hace a la eficacia y a la legitimidad política del modelo de desarrollo adoptado por los gobiernos posneoliberales kirchneristas.

Por su parte, el abordaje de los ámbitos externos de comercio y de capitales nos facilitará tanto la caracterización de la inserción internacional como la comprensión de la relación entre ésta y las actividades extractivas del país.

Estructura socioproductiva nacional reciente En este marco es necesario abordar la evolución de la estructura productiva del país y advertir cuáles han sido las tendencias desde 2003 a la actualidad.

En principio, el fenómeno destacado ha sido la recuperación manufacturera del país. Como ha señalado Cristina Fernández de Kirchner, «la industrialización no es una variable económica, responde a un proyecto político de país» (La Prensa, 14 de septiembre de 2012). Ciertamente, el producto industrial ha crecido con más velocidad que el pib entre 2003 y 2010: un 9.5% anual contra un 8%, como ya mencionamos (Belloni y Wainer, 2012: 5), lo que indicaría la reversión del proceso des–industrializador iniciado en 1976. Explica Martín Schorr que la devaluación real del peso en 2002 permitió, al producir inflación y reducir los costos laborales, una significativa recomposición de la tasa de ganancia en el conjunto de la economía, pero especialmente para los estudios críticos del desarrollo, vol. iii, núm. 4, primer semestre de 2013

60

jorge ignacio frechero

sectores productores de bienes que más habían sido golpeados en el neoliberalismo: el manufacturero y la construcción.

Sin embargo, el auge de los mismos tuvo impulso hasta 2007, y luego sobrevino una segunda etapa de «desempeños heterogéneos en el afianzamiento de una estructura industrial muy volcada al procesamiento de recursos naturales y al sector automotor de armaduría» (Schorr, 2012: 116–117). De esta manera, no se han advertido alteraciones sustantivas en el perfil estructural del sector, que continúa signado por «rubros capital–intensivos, con débiles eslabonamientos internos asociados a una inserción pasiva y subordinada en el mercado mundial, para los cuales los salarios pesan mucho más como costo empresarial que como factor de la demanda, y caracterizados por mercados altamente concentrados (en su mayoría, en manos de capitales extranjeros)» (ibidem: 118).

Ahora bien, si analizamos la contribución de la industria manufacturera en el output total de los sectores productores de bienes del pib para la selección de años 1996, 2000, 2003, 2007, 2011 —que refieren a la época de auge del neoliberalismo menemista, su crisis, el ascenso del kirchnerismo y su consolidación— advertimos que ésta ha perdido participación relativa, pasando de 54% en 1996 a 50% en 2011 (ver gráfica 1). Y más significativo aún es que en cambio el sector agricultura, ganadería, caza y silvicultura ha incrementado su peso de 17% a 25% entre esos años, lo que corrobora la tendencia de la reprimarización y relativiza la eficacia de la reindustrialización.

También es importante señalar la composición empresarial de la estructura productiva. Allí los rasgos más salientes son la concentración y la extranjerización. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Grandes Empresas de 2009, las 500 empresas más grandes del país explican un tercio del pib anual. La mayor parte de ellas son extranjeras: 324 contra sólo 176 argentinas. Esas 324 extranjeras aportan 81.4% del valor agregado que generan las 500; el 79.3% del valor de producción (la suma de la facturación y la variación de stocks); el 75.3% de toda la utilidad y 68.3% de la masa salarial. Entre estas 500 compañías, 40 son mineras y 36 de éstas son extranjeras; de las 76 dedicadas a combustibles, química y plástico, 61 son extranjeras; de las 43 productoras de estudios críticos del desarrollo, vol. iii, núm. 4, primer semestre de 2013

extractivismo en la economía argentina

61

máquinas herramientas y vehículos, 35 son foráneas, y de las alimenticias, sobre 107 firmas hay 49 nacionales y 58 extranjeras (Gambina, 2010: 3). gráfica 1 Sectores productores de bienes, participación porcentual (años seleccionados).

Construcción 15%

2000

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 6% Pesca 1%

1996

Suministro de electricidad, gas y agua 6% Industria manufacturera 54%

15%

Explotación de minas y canteras 7%

4%

14%

1% 11%

1% 8%

54%

2003

2007 21%

15%

7%

4%

7%

23%

1%

2011

13%

52% 3%

14%

25%

1% 8%

49% 50%

Fuente: elaboración propia en base a indec.

Además de esto, en la estructura empresarial argentina, quienes más ganan y concentran el superávit externo son las grandes empresas ligadas a la producción de commodities (Féliz y López, 2010). Se trata de una continuidad clave del modelo neoliberal porque se buscó expresamente dar privilegios a estos sectores y re–especializar a Argentina como fuente de bienes primarios, agropecuarios o con escaso valor agregado en la división internacional del trabajo. La política de promoción prosigue ahora bajo los gobiernos kirchneristas y la mayoría de las gobernaciones provinciales, evidenciada en acciones como la creación de la Organización Federal de Estados Mineros (ofemi), estudios críticos del desarrollo, vol. iii, núm. 4, primer semestre de 2013

62

jorge ignacio frechero

la adopción del Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial Participativo y Federal 2010–2020 (pea), que pretende expandir la superficie cultivable a 42 millones de hectáreas, o las negociaciones de la re–nacionalizada ypf con empresas como Chevron, Gazprom y Exxon. Y por ello, así como la megaminería transnacional, el agronegocio y los hidrocarburos fueron la cara visible del extractivismo neoliberal, éstos continúan hoy siendo el puntal del neoextractivismo posneoliberal, ocupando un lugar por demás importante en la estructura socioproductiva del país. De esta forma, Argentina registra a) la mayor cantidad de minas en operación de toda la historia (Subsecretaría de Comercio Internacional, 2010: 7); b) la mayor superficie cultivada con 31 millones de hectáreas, de las cuales 23 millones pertenecen a cultivos genéticamente modificados (Argentina.ar, 20 de enero de 2012), y c) el mayor número de provincias con explotaciones hidrocarburíferas efectivas, pasando de 6 a 10 jurisdicciones, mientras que las restantes están inmersas en alguna de las etapas previas a la radicación definitiva de la industria (Di Risio et al., 2012: 27).8 Por esto, y por las tendencias señaladas anteriormente, concluimos aquí que, en la evolución productiva del país desde 2003, si bien ha habido un proceso de reindustrialización, éste ha sido defectuoso e incompleto, amparado

/8/

Las principales minas metalíferas del país son Veladero (Barrick Gold Corp), Martha (Coeur D’Alene Mining Corp), Cerro Vanguardia (Anglogold/fomicruz se), San José (Minera Hochschild/Minera Andes Inc), Alumbrera (ymad/xstrata Copper Inc), Pirquitas (Silver Standard Resources), Gualcamayo (Yamana), Manantial Espejo (Pan American Silver), Aguilar (Glencore), Farallón Negro (ymad), Andacollo (Minera Andacollo Gold sa/cormine sep) y Sierra Grande (mcc). Entre los numerosos yacimientos de minerales industriales destacan Salar del Hombre Muerto (fmc Lithium), Tincalayu (Rio Tinto) y Loma Blanca (Procesadora de Boratos sa), así como el carbón de Río Turbio (ycrt) y la rodocrosita en Capillitas (Somica–Dem/Fabricaciones Militares). Con respecto al agronegocio y la mal llamada biotecnología, vale mencionar que si no se hubiera introducido la soja transgénica en 1996, la superficie sembrada con soja orgánica sería de poco más de 10 millones de hectáreas, en vez de los 19 millones actuales de soja transgénica. Esto hubiese quitado presión para la expansión de la frontera agrícola sobre los ecosistemas frágiles que rodean la pampa argentina. Ver ‹http://www.argenbio.org/adc/uploads/imagenes_doc/planta_stransgenicas/5_Tabla_de_evolucion_de_sup_sembradeas_con_ogm_en_Arg_en_has.pdf›.

estudios críticos del desarrollo, vol. iii, núm. 4, primer semestre de 2013

extractivismo en la economía argentina

63

casi de manera exclusiva en la política del dólar alto (Schorr, 2012) y que ha sido incapaz de alterar la fisonomía general del sector manufacturero, mientras que ha proseguido a toda marcha la tendencia a la reprimarización a partir de las facilidades otorgadas —y ratificadas— a capitales transnacionales especializados en rubros extractivos.

180,000

gráfica 2 Exportaciones, importaciones, saldo y comercio total, en millones de dólares (1996–2011).

160,000 140,000 120,000 100,000 80,000 60,000 40,000 20,000 0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 –20,000 Saldo

Importaciones

Exportaciones

Comercio total

Fuente: elaboración propia en base a indec.

Patrón de comercio internacional de Argentina Presentados estos puntos, pasemos ahora a analizar la evolución del patrón comercial argentino en la última década a la luz del neoextractivismo. Como primer aspecto a destacar, debe mencionarse que la devaluación de 2002, al estudios críticos del desarrollo, vol. iii, núm. 4, primer semestre de 2013

64

jorge ignacio frechero

encarecer relativamente las importaciones y abaratar las exportaciones, abrió una nueva coyuntura económica para una fuerte expansión del comercio exterior argentino, que se cuadruplicó entre 2003 y 2011, pasando de 44 mil millones de dólares a 158 mil millones (gráfica 2). Este crecimiento ha sido acompañado de un importante superávit general cuya media anual entre esos años ha sido de 12,750 millones de dólares, acumulando un total de 114,434 millones desde la asunción del kirchnerismo.

Como se ve en la gráfica 3, el desempeño exportador se explica por el éxito en la colocación internacional tanto de manufacturas de origen agropecuario (moa) como de origen industrial (moi), y a partir de 2006, también de productos primarios (pp). En el caso de las moa y los pp, la variable precio tuvo un papel significativo en el alza, mientras que en las moi el aumento se explicó por las cantidades exportadas, cuyo ritmo de crecimiento más que duplicó al del promedio de las ventas totales (Berrettoni y Polonsky, 2011: 81).

Esta performance de las moi —que a partir de 2010 superan en monto a las moa— es considerada un logro del modelo de la posconvertibilidad que denota su sesgo industrialista. Sin embargo, advierte Andrés Wainer, que buena parte del impulso a las exportaciones moi se debió al incremento de las ventas de vehículos automotores que, acuerdos comerciales mediante, estuvieron destinadas principalmente hacia el mercado brasileño y, en menor medida, hacia el mexicano. Este tipo de exportaciones industriales también se vieron favorecidas por el alza en los precios de los commodities industriales, especialmente en acero, aluminio y plásticos (Wainer, A. 2011: 78).

Más aún, aporta otros dos elementos trascendentes: el primero, que 65% de las exportaciones de bienes en 2010 seguía correspondiendo a bienes primarios o manufacturas basadas en el aprovechamiento de los recursos naturales (ventajas comparativas estáticas). Y el segundo, que sólo cinco ramas concentran más de 83% de las exportaciones industriales, de las cuales dos son estudios críticos del desarrollo, vol. iii, núm. 4, primer semestre de 2013

extractivismo en la economía argentina

65

ampliamente deficitarias en su comercio exterior. De esta manera, pone en evidencia que, a pesar del éxito registrado estadísticamente en las exportaciones de moi, la oferta exportable argentina sigue sin cambios fundamentales. gráfica 3 Exportaciones por grandes rubros, en millones de dólares (1996-2011).

35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Productos primarios

Manufacturas de origen agropecuario

Manufacturas de origen industrial

Combustibles y energías

Fuente: elaboración propia en base a indec.

Si observamos con más detalle las exportaciones por complejos (gráfica 4), tomando datos del indec, encontramos además una fuerte concentración sectorial en ramas extractivas. Así, en 2011 un cuarto del total de las ventas externas provino del complejo de la soja —granos y aceite—, mientras que sólo 13% del automotriz, seguido por un conjunto de complejos extractivos como el cerealero (11%), petrolero (6%), bovino (5%), frutihortícola (3%) y aurífero (3%). Esto revela una inserción internacional comercial bien nítida y especializada de manera acorde a las demandas de la división global del trabajo. estudios críticos del desarrollo, vol. iii, núm. 4, primer semestre de 2013

66

jorge ignacio frechero

gráfica 4 Principales complejos exportadores, porcentaje (2011).

Fuente: elaboración propia en base a indec.

Otro elemento a destacar es la concentración empresarial en las exportaciones. Veamos algunos datos al respecto. De acuerdo con la Cámara de Exportadores de la República Argentina (cera), si bien en 2011 hubo 6116 pequeñas y medianas empresas (pymes) exportadoras, lo que representó 89% de las empresas registradas, sus ventas sólo significaron 10%. Unas 750 grandes compañías generaron nueve de cada diez dólares que ingresaron al país por ventas de productos al mundo con sello argentino. Sólo 25 empresas generaron más de la mitad de todos los envíos realizados. Entre las primeras diez empresas que más exportaron en 2011, «sólo una comercializa bienes de alto valor agregado: Volkswagen. Las nueve restantes exportan commodities agraestudios críticos del desarrollo, vol. iii, núm. 4, primer semestre de 2013

extractivismo en la economía argentina

67

rios, mineros o petroleros». La principal exportadora ha sido Minera Alumbrera (con 4132 millones de dólares), que desplazó a la semillera Cargill al segundo lugar (3737 millones), seguida luego por la petrolera Pan American Energy (3608 millones), las cerealeras Bunge (3517 millones) y ldc (3060 millones) y la Aceitera General Deza (1931 millones). De más está aclarar que todas estas empresas transnacionales exportan bienes de muy poco valor agregado, por lo que «si el desafío principal de nuestro país en materia económica es modificar y fortalecer su estructura productiva y generar más y mejores puestos de trabajo, el rol de las principales exportadoras debería modificarse profundamente para colaborar en esa dirección» (Wasilevsky, 2012).

Pero la noción de esta inserción comercial subordinada se completa sólo al considerar también el desempeño de las importaciones. Y en este sentido, el principal hallazgo que arroja este periodo es la confirmación de la dinámica procíclica de las importaciones. Con la reactivación productiva, y tras el desplome de 2002, el valor de los bienes importados ha crecido a un ritmo superior al de las exportaciones. En efecto, «la elasticidad importaciones/pib ha sido el doble durante la posconvertibilidad (2003–2010) que durante la convertibilidad (1993–1998). En este sentido, a pesar del relativo encarecimiento de los bienes importados como consecuencia de la modificación del tipo de cambio, la economía argentina se ha vuelto más y no menos dependiente de las importaciones en sus fases de crecimiento» (Wainer, 2011: 64–65).

Si desagregamos por uso económico las compras al exterior, se observa una alta concentración en manufacturas industriales, fundamentalmente bienes intermedios, bienes de capital y piezas y accesorios para bienes de capital (gráfica 5). Los primeros acumularon entre 2003 y 2011 un valor total de 124,830 millones de dólares, los segundos 80,377 millones y los terceros 68,549 millones. En este último año, la composición de las importaciones arrojó los siguientes porcentajes: 39% bienes de capital y piezas y accesorios para los mismos, 29% bienes intermedios, 13% combustibles y lubricantes, 11% bienes de consumo y 8% vehículos. Esto nos arroja, como segundo elemento, que Argentina aún mantiene su tradicional perfil importador de neto estudios críticos del desarrollo, vol. iii, núm. 4, primer semestre de 2013

jorge ignacio frechero

68

corte industrial. Vale aclarar que si bien el país experimentó un superávit en el comercio industrial a partir de 2001 —situación novedosa, basada en el desplome de las importaciones en dicho año por efecto de la crisis—, el mayor ritmo de crecimiento de las importaciones hizo reaparecer el déficit comercial en este rubro en 2007. «Este último resultado supone que el proceso sustitutivo en la industria fue inorgánico, restringido e incapaz de acompañar la expansión de la demanda interna y de la producción» (ibidem: 70). gráfica 5 Importaciones por uso económico, en millones de dólares (1996–2011).

25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Bienes de capital

Bienes intermedios

Combustibles y lubricantes

Piezas y accesorios para bienes de capital

Bienes de consumo

Vehículos automotores de pasajeros

Fuente: elaboración propia en base a indec.

En este sentido, la principal debilidad en materia de importaciones sigue siendo el déficit de la economía argentina para autoabastecerse de bienes de capital y, por tanto, la dependencia en mercados externos para procurarse la producción de medios de producción. Esta debilidad de la economía argentiestudios críticos del desarrollo, vol. iii, núm. 4, primer semestre de 2013

extractivismo en la economía argentina

69

na es una de las principales causas de la baja dinámica de la acumulación de capital en el largo plazo (ibidem: 65).

Para finalizar el análisis del patrón comercial argentino contemporáneo es útil mencionar la evolución y disposición geográfica del mismo. Berrettoni y Polonsky presentan para ello una comparación del saldo comercial por grandes rubros y por socio entre los trienios 1998–2000 y 2008–2010, concluyendo que «a lo largo de la última década el perfil comercial de la Argentina con el mundo se acentúa, con un crecimiento del saldo en productos primarios y moa y un aumento en el déficit de manufacturas industriales. Los socios comerciales que ayudan a reforzar este perfil son Brasil y Asia —particularmente China—9 al tiempo que el aporte del resto de aladi está en dirección de una balanza de manufacturas industriales más equilibrada» (Berretoni y Polonsky, 2011: 96).10 Esto puede interpretarse con la vieja disquisición de que Argentina obra como periferia en su relación con los centros económicos

China, precisamente, constituye un actor que ha reforzado este patrón comercial de especialización primario–agroexportadora y de dependencia en materia de tecnología que padece Argentina. Al igual que en la mayor parte de América Latina, esta potencia ha escalado posiciones velozmente entre los principales socios de la economía sureña, pasando del sexto puesto en el 2000 al segundo en 2008 en cuanto destino de exportaciones —quedando sólo detrás de Brasil— y del puesto cuarto al tercero en importaciones (cepal, 2011: 19). En total, el comercio bilateral ha crecido un 700% en sólo diez años.

Mientras la Argentina le exporta fundamentalmente porotos de soja (72%), aceite de soja (6%) y combustibles (11%), China le envía aparatos y material eléctrico (29%), maquinarias y aparatos mecánicos (26%) y químicos orgánicos (8%) (Sevares, 2011: 41). Un dato no menor es que desde 2007 Buenos Aires ha perdido el superávit comercial con Pekín, lo que ha dado lugar a una serie de fricciones y disputas. Pero en general se ha configurado en muy poco tiempo una relación, no al estilo Sur–Sur como buscan promocionar ciertos interesados, sino centro–periferia en la que una economía subdesarrollada, con una estructura socio–productiva vulnerable donde conviven procesos de reprimarización y de reindustrialización desordenada, se vincula crecientemente con el primer país exportador del planeta a través de un patrón de intercambios interindustrial clásico y por tanto profundamente asimétrico en términos de riesgos y beneficios. Argentina acompaña así la relocalización global de capacidades productivas que tiene lugar en Asia y ata su fortuna económica a la prosecución del milagro chino. /10/ «Una diferencia importante entre los perfiles de comercio de manufacturas industriales con Brasil y Asia es que con el primero se destaca la presencia de comercio intra–industrial mientras que con /9/

estudios críticos del desarrollo, vol. iii, núm. 4, primer semestre de 2013

jorge ignacio frechero

70

mundiales y como semi–periferia (o Estado–centro) en su vinculación con su región inmediata.

Patrón de inversiones extranjeras directas en Argentina Un último componente de la inserción económica internacional de Argentina que concebimos necesario analizar es el patrón de ied. Históricamente, el capital foráneo ha tenido un papel muy importante en la conformación de la estructura productiva nacional manifestándose en tres grandes oleadas de inversiones: la primera entre finales del siglo xix y comienzos del xx, que hizo posible el referido modelo agroexportador; la segunda a partir de la presidencia de Arturo Frondizi y durante la década de 1960, en la que se expandió la extranjerización de la base industrial —especialmente en el sector automotriz y el complejo petroquímico—, y la tercera en la década de 1990, cuando el neoliberalismo hizo posible «el libre acceso del capital extranjero a la totalidad de las actividades económicas, incluso hacia aquéllas en que habían existido fuertes restricciones, tales como los servicios públicos y las actividades extractivas» (Kulfas et al., 2002: 15).

Este último flujo se interrumpió por efectos de la crisis de 2001, pero a partir de 2003 el stock de ied en Argentina reanuda su alza alcanzando en 2011 la importante suma de 94,864 millones de dólares (ver gráfica 6). Es válido cuestionarse si en el escenario de posconvertibilidad se registra una cuarta oleada o, más bien, la reanudación del ciclo previo. Ciertamente, hay rasgos disímiles entre los flujos de ied pre y post 2001, entre ellos el ritmo de expansión: mientras que entre los años 1992 y 2000 la media anual de arribo de ied fue de

Asia hay un fuerte sesgo importador, reflejado en la baja participación de las exportaciones de cada sector de moi en el total» (Berretoni y Polonsky, 2011: 96).

estudios críticos del desarrollo, vol. iii, núm. 4, primer semestre de 2013

extractivismo en la economía argentina

71

6231 millones de dólares, entre 2003 y 2010 ésta ha declinado moderadamente, promediando los 4934 millones. Otro rasgo diferencial yace en el cambio de grandes sectores de destino de la ied. En el primer conjunto de años, «más del 40% de los flujos de ied estuvo dirigido hacia el sector servicios. A su vez, la industria petrolera recibió poco más de un tercio de dichos flujos. De esta forma, el sector manufacturero quedó en tercer lugar con un 21,7%» (Bezchinskyl et al., 2007: 12). En contraste, desde 2004 la distribución sectorial ha sido más pareja entre manufacturas, explotación de recursos naturales y servicios. gráfica 6 Stock de Inversión Extranjera Directa en Argentina, en millones de dólares (1991–2011).

100,000 80,000 60,000 40,000 20,000

Sector financiero

spnf Deuda con empresas

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

0

spnf Capital

* Sector Privado No Financiero Fuente: elaboración propia en base a indec.

Ahora bien, a pesar de estas modificaciones, nos inclinamos aquí por considerar al escenario de ied post 2001 como la fase b de la oleada de capitales foráneos iniciada con el neoliberalismo, antes que un cuarto ciclo histórico. estudios críticos del desarrollo, vol. iii, núm. 4, primer semestre de 2013

72

jorge ignacio frechero

La razón de ello subyace en que las reglas y las concesiones para la atracción de ied en el país continúan siendo las establecidas bajo la última dictadura y el gobierno de Menem. En la actualidad, y en las propias palabras de la presidenta Fernández de Kirchner ante el Council of the Americas en 2012, «la Argentina figura entre los países con mayor libertad a la inversión directa extranjera. En nuestro continente sólo superados por Colombia y en el g–20 sólo superados por Alemania en materia de no restricciones a la inversión directa extranjera». Lejos del viejo ideario peronista que proclamaba el combate al capital, la plataforma principal de esta libertad sigue siendo la Ley de Inversiones Extranjeras aprobada en 1993 que otorga trato nacional a los inversores extranjeros, acceso a todos los sectores económicos sin aprobación previa de la inversión, la posibilidad de organizarse legalmente bajo cualquiera de las formas previstas en las leyes nacionales y acceso a los programas de promoción de inversión y crédito bajo las mismas condiciones que las compañías nacionales. A ella se suman 57 tratados bilaterales de inversión firmados en los noventa que prosiguen en efecto. También se mantiene sin modificaciones, como se mencionó, la batería de normativas para promover la megaminería extranjera que desde hace 20 años garantiza los siguientes beneficios: a) estabilidad fiscal por tres décadas; b) amortización acelerada de los bienes de capital; c) posibilidad de importar bienes de capital e insumos libres de aranceles, y d) regalías que no superan 3% del valor a boca de mina descontados los costos de producción (Kulfas et al., 2002: 78). Por tanto, insistimos, el modelo de atracción de capitales extranjeros continúa siendo el del neoliberalismo.

Tan beneficioso resulta este esquema para los intereses foráneos que las utilidades como porcentaje del stock de ied pasaron de 6.1% en el periodo 1992–2000 a 10.1% en el 2009. Asimismo, estimaciones indican que desde la salida de la convertibilidad, las filiales locales re–direccionaron a sus casas matrices una suma cercana a los 37 mil millones de dólares, con una proporción creciente año tras año. En 2010, la remisión fue de siete mil millones representando —dado el enorme peso de éstas en las exportaciones— más de 60% del superávit comercial registrado (Valli, 2011) y poniendo en evidencia estudios críticos del desarrollo, vol. iii, núm. 4, primer semestre de 2013

extractivismo en la economía argentina

73

la actualidad del mecanismo de transferencia de excedente hacia los centros al que está sometida la economía argentina en virtud de su extranjerización.11 Otra tendencia importante en el actual patrón de ied en Argentina es el dinamismo exhibido dentro del sector extractivo de recursos naturales cuya posición pasiva bruta total de ied ha crecido un 43% entre 2004 y 2010 —de 27,710 millones de dólares a 36,080 millones (gráfica 7).12 Mantienen en él una posición dominante las inversiones en el rubro petrolero —18,220 millones en 2010—, aunque a mediados de 2008 se inicia y mantiene la descapitalización que motivó a la postre la re–nacionalización de ypf. Lo más destacable es que de todos los rubros de la economía argentina, el principal en términos de expansión de ied es la minería —que también lo es en términos de rentabilidad anual—, registrando un crecimiento en su stock de ied de 297% entre 2004 y 2010, seguido por agricultura, ganadería y otras actividades primarias con 159% y oleaginosas y cerealeras con 129%. Si comparásemos con el resto de los rubros del sector manufacturas y servicios, sólo otras dos actividades han demostrado una capacidad de atracción de ied semejante: maquinarias y equipos con una variación 2004–2010 de 137% y servicios de esparcimiento con 129% (tabla 1).

Al desagregar así los rubros de destino estos datos son indicativos de que, si bien la tercera oleada de inversiones se ha caracterizado por el libre acceso al

En 2010, las diez primeras compañías representaban 67% del stock de ied. Los sectores de actividad con mayor concentración entre estas diez firmas fueron metales comunes, minería, comunicaciones e industria automotriz (bcra, 2011: 5). /12/ Para los cálculos de esta sección consideramos dentro del sector de recursos naturales los siguientes rubros: petróleo; minería; oleaginosas y cerealeras; agricultura, ganadería y otras actividades primarias; gas y productos minerales no metálicos. Mientras que para el sector manufacturero: industria química, caucho y plástico; industria automotriz; metales comunes y elaboración; maquinarias y equipos; electricidad; construcción; industria de papel, ediciones e impresiones; industria textil y curtidos. Y para el sector servicios: comunicaciones; comercio; transporte; seguros; servicios de esparcimiento; servicios de informática; turismo y hotelería; agua; casas y agencias de cambio; administradoras de fondos de jubilación y pensión, y otros servicios. Los datos fueron tomados del Anexo Estadístico de Inversiones Directas del bcra, disponible en ‹http://www.bcra.gov.ar/pdfs/estadistica/Anexo%20 Estad%C3%adstico%20ied%2020101231.xls›. /11/

estudios críticos del desarrollo, vol. iii, núm. 4, primer semestre de 2013

jorge ignacio frechero

74

conjunto de sectores de la economía nacional, el flujo principal de capitales se ha dirigido y se dirige en primer lugar a actividades extractivas. Mientras en la década de 1990 el principal destino fue el petróleo, ya en el siglo xxi el interés creciente se manifiesta en la megaminería y el agronegocio. De todas formas, resta ver si la recuperación del control estatal de ypf, y la necesidad de recapitalizar la compañía, genera un escenario futuro en el que los hidrocarburos recobren su atractivo. Un indicio de esto último son los convenios celebrados por ypf con Gazprom, Chevron y Exxon para el desarrollo de Shale Gas en Argentina. A esto se suma el ingreso de China en el sector petrolero a través de cnooc y de Sinopec. gráfica 7 Posición pasiva bruta de ied en Argentina en el sector de recursos naturales, en millones de dólares (2004–2010).

30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000

Productos minerales no metálicos

Gas (extracción, transporte, distribución)

Agricultura, ganaderías y otras actividades primarias

Oleaginosas y cerealeras

31/12/2010

30/06/2010

31/12/2009

30/06/2009

31/12/2008

30/06/2008

31/12/2007

30/06/2007

31/12/2006

30/06/2006

31/12/2005

30/06/2005

31/12/2004

0

Petróleo Minería

Fuente: elaboración propia en base a bcra.

estudios críticos del desarrollo, vol. iii, núm. 4, primer semestre de 2013

extractivismo en la economía argentina

75

tabla 1 Variación en la posición pasiva bruta de ied, en millones de dólares y porcentaje (2004–2010).

Sector

31/12/2004

31/12/2010

% Variación 04/10

Minería

1.244

4.940

297

Agricultura, ganadería y otras actividades primarias

1.002

2.594

159

Maquinarias y equipos

1.165

2.760

137

340

777

129

1.372

3.136

129

727

1.534

111

Comunicaciones

2.678

5.631

110

Metales comunes y elaboración

2.449

4.847

98

Industria automotriz

2.889

5.692

97

Comercio

2.161

4.074

89

Servicios de esparcimiento Oleaginosas y cerealeras Construcción

Nota: omitimos casas y agencias de cambio, cuya variación fue del 104%, por registrar una posición bruta de ied comparativamente inferior al resto de los rubros presentados: 2 y 4 millones de dólares en 2004 y 2010, respectivamente. Fuente: elaboración propia en base a bcra.

En conclusión, asistimos a un patrón de inversiones extranjeras que refuerza, primeramente, la especialización productiva en la explotación de recursos naturales y, por tanto, profundiza las actividades que hacen al neoextractivismo en Argentina: minería, agronegocios e hidrocarburos. Se trata además, estudios críticos del desarrollo, vol. iii, núm. 4, primer semestre de 2013

jorge ignacio frechero

76

y en consecuencia, de un patrón de inversiones que no dinamiza al conjunto de la economía pues presenta un alto grado de concentración de ied en un número reducido de empresas.13 Y por último, actúa como un importante elemento de subordinación de la economía nacional a la economía–mundo en tanto la persistencia del modelo neoliberal de atracción de capitales extranjeros hace posible un mecanismo de transferencia creciente de excedentes hacia los centros —Estados Unidos, Alemania, Francia, Holanda, Reino Unido y la ascendente China— y hacia las semi–periferias a las que tributa Argentina —España, Brasil, México, entre otras—. De igual manera subordina al país como espacio socioambiental, proveedor de servicios ecológicos y capacidad de carga para la realización productiva de agentes y economías extranjeras.

Reflexiones finales En conjunto, las referencias hasta aquí hechas sobre la estructura productiva y los patrones de comercio internacional y de inversiones extranjeras revelan al neoextractivismo como fenómeno determinante de la realidad económica argentina contemporánea y como rasgo saliente de su interacción con el capitalismo mundial, es decir, su inserción internacional.

El neoextractivismo es asimismo la etapa más reciente de un proceso de determinación socioeconómica orientado a la extracción y exportación de materias primas hacia los grandes centros mundiales, que tuvo su origen en la conquista ibérica con la implementación de la ruta de la plata, y luego su consecución durante el modelo agroexportador, y ya en el último cuarto del siglo xx, con el advenimiento del neoliberalismo.

/13/

En 2010, las diez primeras compañías representaban 67% del stock total de ied. Los sectores de actividad con mayor concentración entre estas diez firmas fueron el sector metales comunes (93%), minería (88%), comunicaciones (86%) e industria automotriz (77%) (bcra, 2011: 5).

estudios críticos del desarrollo, vol. iii, núm. 4, primer semestre de 2013

extractivismo en la economía argentina

77

El trabajo permite concluir que en la estructura productiva argentina coexiste una clara tendencia a la reprimarización con una recuperación industrial que, tras la etapa neoliberal, no ha sido orgánica ni efectiva para alterar el perfil tradicional de escaso valor agregado del sector. En consecuencia, Argentina sigue basando su inserción comercial en ventajas comparativas estáticas antes que en ventajas comparativas dinámicas, dependiendo de importaciones de manufacturas y bienes de capital para sostener su ciclo económico. Asimismo, la vigencia de una amplia libertad para la radicación de ied refuerza la reprimarización, la concentración y la extranjerización de la base productiva y de la oferta exportable del país. Todos estos elementos en conjunto vuelven al país espacio socioambiental para la realización productiva de los centros de la economía–mundo.

Este diagnóstico y sus onerosas implicancias para el país no son elementos desconocidos para la clase dirigente que lidera el proceso político argentino posneoliberal. En 2003, el por entonces flamante presidente Néstor Kirchner señalaba como objetivo de su gestión que «lo fundamental es la diagramación de una estrategia política y de comercialización para diversificar los productos y los destinos a los fines de vender mayor valor agregado, reduciendo la participación relativa de los commodities en la oferta exportadora, evitando las fluctuaciones de precios tan frecuentes en esos mercados» (Kirchner y Di Tella, 2003: 32). Varios años después, este criterio se ha mantenido como parte del modelo de desarrollo de matriz productiva que pretende el gobierno nacional. Así, en 2011, la presidenta Fernández de Kirchner manifestó que «debemos seguir profundizando la diversificación porque cuanto más podamos hacer diversificación vertical en producción, más vamos a poder invertir en innovación tecnológica, porque la calidad va a venir de la mano de la innovación tecnológica con la que podamos salir a conquistar mercados» (en Ámbito.com, 5 de marzo de 2011).

No obstante, estos objetivos oficiales contrastan con los procesos y rasgos descritos para la economía de este país sudamericano. En la estrategia de desarrollo del gobierno subyace una convivencia para nada incómoda entre estudios críticos del desarrollo, vol. iii, núm. 4, primer semestre de 2013

78

jorge ignacio frechero

la búsqueda de un modelo de base industrial sustitutiva y la llamativa continuidad del extractivismo heredado del neoliberalismo que posibilita un crecimiento también anclado en el éxito de las colocaciones agroprimarias a nivel internacional. Siguiendo a Ana María Fernández Equiza (2012: 17), también nos hacemos varias cuestiones: si es esta continuidad una anomalía dentro de un nuevo modelo, es el mismo modelo por otros medios o es un modelo distinto que resignifica las actividades recurso naturales–intensivas. La respuesta pareciera estar entre la segunda y la tercera opción: entre la herencia acumulada de un modo estructural de acumulación por desposesión y la singularidad histórica del advenimiento de los estados compensadores que justifican el extractivismo como fuente de ingresos para sostener sus vigorosas políticas sociales (Gudynas, 2012).

Para finalizar, a la luz del análisis precedente sostenemos que la conformación de un modelo de desarrollo nacional donde el énfasis esté puesto en la búsqueda endógena de un impulso productivo altamente diversificado, que priorice el progreso técnico, donde primen mecanismos distributivos inclusivos (en el marco de relaciones sociales de producción más justas) y cuyo origen y destino sea en definitiva el mercado interno antes que el externo, encierra la llave de bóveda para romper las condiciones de subordinación internacional que imponen los centros y la estructura económica mundial.

Referencias Amin, Samir (2003), Más allá del capitalismo senil. Por un siglo xxi no–americano, Madrid, El Viejo Topo. bcra (2011), «Las Inversiones Directas en Empresas Residentes a fines de 2010», Buenos Aires, bcra, disponible en ‹http://www.bcra.gov.ar/ pdfs/estadistica/Inversiones%20directas%20al%2031%2012%2010. pdf› (accedido el 17/09/12).

Beigel, Fernanda (2006), «Vida, muerte y resurrección de las “teorías de la estudios críticos del desarrollo, vol. iii, núm. 4, primer semestre de 2013

extractivismo en la economía argentina

79

dependencia”», en F. Beigel et al., Crítica y teoría en el pensamiento social latinoamericano, Buenos Aires, clacso.

Belloni, Paula y Andrés Wainer (2012), La Argentina en la posconvertibilidad: ¿un nuevo modelo de desarrollo? Un análisis de los cambios y las continuidades en el intercambio comercial, Buenos Aires, flacso.

Berretoni, Daniel y Mariángeles Polonsky (2011), «Evolución del comercio exterior argentino en la última década: origen, destino y composición», Revista del cei, número 19.

Bethell, Leslie (editor) (1991), Historia de América Latina, tomo 7, Barcelona, Editorial Crítica.

Bezchinsky, Gabriel, Marcelo Dinenzon, Luis Giussani, Omar Caino, Beatriz López y Silvia Amiel (2007), Inversión extranjera directa en la Argentina. Crisis, reestructuración y nuevas tendencias después de la convertibilidad, Santiago de Chile, cepal. cepal (2011), La República Popular de China y América Latina y el Caribe: hacia una relación estratégica, Santiago de Chile.

Chaunu, Pierre y Huguette Chaunu (1955–1959), Seville et l’Atlantique (1504–1650), París, Colin.

Di Risio, Diego, Marc Gavaldà, Diego Pérez Roig y Hernán Scandizzo (2012), Zonas de sacrificio. Impactos de la industria hidrocarburífera en Salta y Norpatagonia, Buenos Aires, Observatorio Petrolero Sur. Dos Santos, Theotônio (1971), «La estructura de la dependencia», en P. Sweezy et al., Economía política del imperialismo, Buenos Aires, Periferia.

Féliz, Mariano y Emiliano López (2010), «La dinámica del capitalismo periférico postneoliberal–neodesarrollista. Contradicciones, barreras y límites de la nueva forma de desarrollo en Argentina», Herramienta.

Debate y crítica marxista, número 45, en ‹http://www.herramienta.com. ar/revista–herramienta–n–45/la–dinamica–del–capitalismo–periferico–postneoliberal–neodesarrollista–cont›.

Fernández Equiza, Ana María (2012), «Políticas económicas y conflictos por los usos del territorio. Entre el neodesarrollismo con extractivismo estudios críticos del desarrollo, vol. iii, núm. 4, primer semestre de 2013

80

jorge ignacio frechero

y la creación de alternativas sostenibles. El caso de la minería en la Argentina actual», en v Jornadas de Economía Crítica, Buenos Aires, fce– uba, del 23 al 25 de agosto.

Gambina, Hugo (25 de enero de 2011), «La inflación marca el ritmo de la economía», Rebelión, en ‹http://rebelion.org/noticias/2011/1/121031. pdf›.

Gudynas, Eduardo (2009), «Diez tesis urgentes sobre el nuevo extractivismo. Contextos y demandas bajo el progresismo sudamericano actual», en vvaa, Extractivismo, política y sociedad, Quito, caap–claes, pp.

187–225. _______ (2011), «El nuevo extractivismo progresista en América del Sur. Tesis sobre un viejo problema bajo nuevas expresiones», en vvaa, Colonialismos del Siglo xxi. Negocios extractivos y defensa del territorio en América Latina, Barcelona, Icaria Editorial.

Gudynas, Eduardo (2012), «Estado compensador y nuevos extractivismos», Nueva Sociedad, número 237. _______ (2013), «Extracciones, extractivismos y extrahecciones. Un marco conceptual sobre la apropiación de recursos naturales», Observatorio del Desarrollo, número 18, claes.

Halperin Donghi, Tulio (1975), Historia contemporánea de América Latina, Madrid, Alianza Editorial.

Harvey, David (2004), «El “nuevo” imperialismo. Acumulación por desposesión», Socialist Register 2004: El nuevo desafío imperial.

Hobsbawn, Eric (2008), «Después del siglo xx: un mundo en transición», Letras Libres, julio: 16–22.

Kirchner, Néstor y Torcuato Di Tella (2003), Después del derrumbe. Teoría y práctica política en la Argentina que viene, Buenos Aires, Galerna.

Kulfas, Matías, Fernando Porta y Adrián Ramos (2002), Inversión extranjera y empresas transnacionales en la economía argentina, Buenos Aires, cepal.

Marx, Karl (1998), El capital, México, Siglo xxi. estudios críticos del desarrollo, vol. iii, núm. 4, primer semestre de 2013

extractivismo en la economía argentina

81

Montibeller, Gilberto (2004), O mito do desenvolvimento sustentável. Meio ambiente e custos sociais no moderno sistema produtor de mercadorias, Florianópolis, Editora da usfc.

Rupar, Brenda (2012), «Notas para un abordaje histórico de la explotación de los recursos naturales en América Latina», Theomai, número 25.

Sader, Emir (2008), Posneoliberalismo en América Latina, Buenos Aires, Instituto de Estudios y Formación cta.

Santos, Boaventura de Sousa (2012), «A la izquierda de lo posible», Página 12, en ‹http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4–195573–2012–06– 04.html›.

Santos, Milton (1997), La nature de l’espace, Paris, L’Harmattan,.

Schorr, Martín (2012), «Argentina: ¿nuevo modelo o “viento de cola”? Una caracterización en clave comparativa», Nueva Sociedad, número 237.

Sevares, Julio (2011), «El ascenso de China: oportunidades y retos para América Latina», Nueva Sociedad, número 235.

Subsecretaría de Comercio Internacional (2010), Informe Sectorial. Sector de Minería, Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de Argentina, disponible en ‹http://www.argentinatradenet. gov.ar/sitio/estrategias/Informe%20Sectorial%20de%20Mineria.pdf›.

Valli, Patricia (2011), «Impulsan cambios en ley de inversiones para acotar giro de utilidades al exterior», en ‹http://www.diariobae.com/ diario/2011/10/31/3278–impulsan–cambios–en–ley–de–inversiones–para–acotar–giro–de–utilidades–al–exterior.html› (accedido el 15/09/12).

Wainer, Andrés (2011), «Inserción argentina en el comercio mundial. De la restricción externa al desarrollo económico», Realidad Económica, número 264.

Wallerstein, Immanuel (2005), Análisis de los sistemas–mundo. Una introducción, México, Siglo xxi.

Wasilevsky, Juan Diego (2012), «Ranking “Made in Argentina”: estos son los grandes “dueños” de las ventas al mundo con sello albiceleste», estudios críticos del desarrollo, vol. iii, núm. 4, primer semestre de 2013

82

jorge ignacio frechero

iProfesional.com, 26 de agosto, en ‹http://comex.iprofesional.com/notas/143316–Ranking–Made–in–Argentina–estos–son–los–grandes–dueos–de–las–ventas–al–mundo–con–sello–albiceleste–› (accedido el 17/09/2012).

estudios críticos del desarrollo, vol. iii, núm. 4, primer semestre de 2013

Extractivismo y posneoliberalismo: el caso de Ecuador

Verónica Albuja Pablo Dávalos

Resumen. En este artículo se analizan las modalidades extractivas del gobierno de Alianza País y Rafael Correa en el periodo 2007–2012. Al considerar el reordenamiento territorial en función de la mercantilización de los territorios y su integración a las dinámicas de la acumulación financiera del capitalismo, comprendemos las formas más visibles del extractivismo: la ampliación de la frontera petrolera, sobre todo la exploración y explotación de petróleo en mar abierto, glaciales, reservas naturales y territorios indígenas; la industrialización de bituminosas y de esquisto; la minería a cielo abierto; el agronegocio que incluye pesticidas, transgénicos, monocultivos y sistemas de plantación; los servicios ambientales (privatización de agua, mercados de carbono, industria del turismo, pago por servicios ambientales); la biotecnología; la geotecnología, los biocombustibles, entre otros.

Palabras clave: extractivismo, posneoliberalismo, Ecuador, reodernamiento territorial, mercantilización.

Abstract. This article analizes the extractive modalities of the government of Alianza País and Rafael Correa during the period 2007–2012. By considering territorial reorganization as a function of the coomodification of territories and their integration into the dynamics of capitalist financial accumulation, we cover the most visible forms of extractivism: the extension of the petroleum frontier, especially the exploration and explotation of petroleum in the open sea, glaciers, protected areas and indigenous territories; the industrialization of heavy oil and shale; open–pit mining; agribusiness that includes pesticides, transgenics, monocultures and plantation systems; environmental services (the privatization of water, carbon markets, the turism industry, paying for environmental services); biotechnology; geotechnology, biofuels, among others.

Keywords: extractivism, postneoliberalism, Ecuador, territorial reorganization, commodification.

Verónica Albuja es politóloga ecuatoriana y ex asesora de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador.

Pablo Dávalos es economista ecuatoriano. Profesor titular de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador.

estudios críticos del desarrollo, vol. iii, núm. 4, 2013, pp. 83–112

verónica albuja y pablo dávalos

84

P

ara comprender el alcance del extractivismo y situarlo de manera coherente al interior de una praxis económica, política e institucional, creemos pertinente proponer una definición más larga que comprenda, al menos, las siguientes dimensiones:

1. El reordenamiento territorial en función de la mercantilización de los territorios y su integración a las dinámicas de acumulación financiera del capitalismo global (Gudynas, 2009; Luxemburg, 1978).

2. La transferencia de decisiones macroeconómicas hacia la inversión extranjera directa y los inversionistas (sobre todo crecimiento económico, inversión y empleo).

3. La geopolítica que integra el extractivismo a los nuevos procesos de lucha por la hegemonía mundial, donde se han intensificado los procesos de concentración y centralización del capital a escala mundial (Petras, 2007).

4. La convergencia normativa hacia las definiciones de la Organización Mundial del Comercio (omc), los tratados de libre comercio y la conformación del inversionista y de la inversión extranjera directa como nuevos sujetos de contractualidad estructurados bajo el Estado de derecho (Dávalos, 2013; Harvey, 2005).

5. El control y disciplina social, en especial por las transferencias monetarias condicionadas y por el uso del gasto fiscal social como legitimador político (Zibechi, 2010).

6. La integración de infraestructuras territoriales en función de la acumulación del capital y la conformación de nuevos bloques de poder (Saltos, 2010; Porto– Gonçalves, 2009).

7. La nueva arquitectura institucional para la integración política regional que altera los bloques de poder mundial (brics, unasur, bndes).

8. La violencia, la criminalización social y el «uso heurístico del miedo» como mecanismo de dominación política, y la resolución de conflictos por los territorios y el control de la sociedad por paramilitares, mafias de narcotráfico y terrorismo (Dávalos, 2011; Figueroa Ibarra, 2011).

9. Sistemas políticos hegemónicos y autoritarios sustentados en mecanismos de elección (democracias disciplinarias, Dávalos, 2010). estudios críticos del desarrollo, vol. iii, núm. 4, primer semestre de 2013

extractivismo y osneoliberalismo: el caso de ecuador

85

10. La colonización epistemológica en la cual las universidades convergen hacia mecanismos de mercado (Reformas de Bologna) y se articulan formas de saber– poder inherentes a la acumulación del capital (Báez, 2012).

Estas dimensiones deben ser comprendidas de forma dialéctica, es decir, como procesos históricos contradictorios que presentan tensiones desgarradoras de la sociedad donde las resistencias sociales al extractivismo implican mayor violencia por la acumulación del capital. Por ello nos parece importante retomar el concepto de lucha de clases, no en sentido estricto, es decir, como confrontación y contradicción capital–trabajo, sino como la forma que adquiere el conflicto político en el capitalismo global, en este caso capital–sociedad/pueblos.

Cuando mencionamos como primer proceso al reordenamiento territorial en función de la mercantilización de los territorios y su integración a las dinámicas de la acumulación financiera del capitalismo, comprendemos a las formas más visibles del extractivismo: la ampliación de la frontera petrolera, sobre todo la exploración y explotación de petróleo en mar abierto, glaciales, reservas naturales y territorios indígenas; la industrialización de bituminosas y esquisto; la minería a cielo abierto; el agronegocio que incluye pesticidas, transgénicos, monocultivos y sistemas de plantación; los servicios ambientales (que incluye privatización del agua, mercados de carbono, industria del turismo, pago por servicios ambientales); la biotecnología; la geotecnología, los biocombustibles, entre otros. Sin embargo, es muy difícil visualizar, como parte del extractivismo, las reformas académicas y universitarias que se están generando en la región, que en el caso del Ecuador son importantes, o las transferencias monetarias condicionadas desde el Banco Mundial como procesos de control y disciplina social. También es difícil situar al liberalismo y sus nuevas formas, por ejemplo el Estado de derecho y las reformas jurídicas inherentes al extractivismo.

En Ecuador, estos procesos son pertinentes y caracterizan las modalidades extractivas del gobierno de Alianza País y Rafael Correa durante el periodo 2007–2012. estudios críticos del desarrollo, vol. iii, núm. 4, primer semestre de 2013

86

verónica albuja y pablo dávalos

Ecuador: del Consenso de Washington al cambio institucional del Banco Mundial Para comprender las dinámicas del extractivismo en Ecuador, es necesario establecer una relación entre lo que significó la imposición neoliberal y las reformas institucionales llevadas adelante en el país en 1983–2005. Esta relación es importante porque sitúa las condiciones de posibilidad para la propuesta extractiva en Ecuador.

Ecuador firmó su primera carta de intención con el Fondo Monetario Internacional (fmi) en marzo de 1983, durante el gobierno de Osvaldo Hurtado del Partido Democracia Popular (vertiente de la Democracia Cristiana), y la última fue suscrita en febrero de 2003 por Lucio Gutiérrez del Partido Sociedad Patriótica. En ese periodo se suscribieron 13 cartas de intención con el fmi. La imposición neoliberal del fmi desarticuló la propuesta de industrialización y transfirió el poder político a los grupos económicos vinculados con la agroexportación y el sector bancario y financiero. Estas políticas destruyeron toda solidaridad con el Estado y el sector público, porque significaron empobrecimiento y desempleo generados por la política económica estatal y condujeron a un Estado rentista y patrimonialista y a una clase política adscrita a los principales grupos de poder económico. La relación entre grupos de poder económico y partidos políticos, en este periodo, fue transparente.

En esta coyuntura, Ecuador acentuó el carácter primario de su economía, con altos niveles de concentración del ingreso y una mínima responsabilidad social del Estado, especialmente en salud, educación e infraestructura pública.

Durante el periodo de ajuste macrofiscal (1983–2005), la pobreza creció de 35% en 1973 a 68% en 1999. El desempleo y subempleo pasaron de 25% de la población económicamente activa en 1973 a 55% en 2006. El gasto público social se redujo de 10% como porcentaje del pib en 1972 a 5.5% en 2002.

El sector industrial se redujo de 18.5% del pib en 1979 a 12.8% en 2004. La inversión productiva pasó de 24.7% del pib en 1978 a 10.43% en 1999. La deestudios críticos del desarrollo, vol. iii, núm. 4, primer semestre de 2013

extractivismo y osneoliberalismo: el caso de ecuador

87

valuación monetaria pasó de 25.4 sucres por dólar en 1980 a 25 mil sucres por dólar en diciembre de 1999 para, finalmente, perder la moneda nacional y pasar a un esquema de dolarización. La inflación que se mantuvo constante en 12% durante la década de los setenta, producto de las medidas macrofiscales del fmi, se disparó hasta alcanzar 96% a inicios de 2000. La participación de los salarios de los trabajadores en el pib pasó de 30% durante la década de los setenta a 7% en promedio durante la primera década de 2000.1 En abril de 2003, el gobierno de Lucio Gutiérrez suscribió con el Banco Mundial la «Estrategia Asistencia País», para a) consolidar el marco macroeconómico neoliberal en conformidad con las directrices del Consenso de Washington; b) realizar «las necesarias reformas estructurales» para reducir la pobreza, y c) fortalecer la gobernabilidad (Banco Mundial, 2003). Con base en estos objetivos, el Banco Mundial articuló una estrategia de intervención en tres grandes áreas. La primera, denominada «Promoción del crecimiento económico y la competitividad», comprendía los siguientes programas de reforma estructural sectorial: telecomunicaciones, energía e hidrocarburos, transporte, caminos, puertos y aeropuertos, agua, saneamiento, riego y drenaje, investigación y tecnología, comercio y competitividad, mercados financieros y de capitales, agricultura, turismo, producción industrial y protección ambiental. La segunda estrategia, «Reducción de la pobreza e inclusión social», comprendía los siguientes ejes de acción e intervención: educación, capacitación y cultura, salud y población, asistencia social y seguridad alimentaria, seguridad social, género, y pueblos indígenas y afrodescendientes. La tercera estrategia, «Mejorar la gobernabilidad», comprendía modernización del Estado y reforma institucional, descentralización y desarrollo municipal, lucha contra la corrupción, reforma judicial y planificación participativa y diálogo social.

Estas estrategias tenían como objetivo principal la privatización, desregulación, aperturismo, liberalización, descentralización, flexibilización (sobre /1/

Para las comparaciones estadísticas se han utilizado los datos de las Cuentas Nacionales del Banco Central del Ecuador de varios años.

estudios críticos del desarrollo, vol. iii, núm. 4, primer semestre de 2013

88

verónica albuja y pablo dávalos

todo del mercado laboral y financiero) y estabilización fiscal (es decir, la reducción sistemática y de largo plazo del gasto social y el incremento de impuestos para garantizar el pago de la deuda externa). Para una intervención más eficaz, el Banco Mundial contó con el apoyo del sistema de Naciones Unidas y de la Cooperación Internacional al Desarrollo (Banco Mundial, 2003; Toussaint, 2002; Dávalos, 2010).

La dinámica del ajuste estructural del fmi y de las reformas estructurales del Banco Mundial, del sistema de Naciones Unidas y de la Cooperación Internacional al Desarrollo debilitaron la capacidad de respuesta de la sociedad e impusieron patrones de conducta, de organización y de construcción social desde las lógicas del mercado, el individualismo y la acción estratégica de los actores.

Si bien la sociedad ecuatoriana resistió al ajuste estructural del fmi por la vía de la movilización y la resistencia social, que va desde las huelgas generales convocadas por los sindicatos de obreros durante la década de los años ochenta a los levantamientos indígenas de los años noventa, la «violencia suave», para utilizar un término de Rosa Luxemburg, del Banco Mundial, Naciones Unidas y la Cooperación Internacional al Desarrollo, provocó menos resistencias, menos crítica social y menos movilización, aunque su intervención haya sido más profunda e invasiva.

Los operadores políticos del Banco Mundial, Naciones Unidas y la Cooperación Internacional al Desarrollo emergieron como actores políticos fundamentales durante el gobierno de Alianza País en 2007–2012, y otorgaron una solución de continuidad a las reformas estructurales del Banco Mundial como reformas al sistema político ecuatoriano.2 En efecto, no pueden comprenderse

/2/

El Ministro de Diálogo y Participación Social del gobierno de Lucio Gutiérrez y hombre de confianza del Banco Mundial, Augusto Barrera, será luego importante cuadro político de Alianza País e incluso llegará a ser alcalde de la capital, Quito, por parte de Alianza País. Gustavo Jalk, hombre del Banco Mundial que dirigió el proyecto Projusticia del Banco Mundial, formó parte del gabinete de Alianza País y dirigió el sistema judicial ecuatoriano. Nathaly Celi es otro personaje importante en Alianza País, fue figura clave del Banco Mundial para armar el mecanismo de Transferencias Mone-

estudios críticos del desarrollo, vol. iii, núm. 4, primer semestre de 2013

extractivismo y osneoliberalismo: el caso de ecuador

89

las dinámicas del extractivismo sin entender el papel fundamental del cambio institucional provocado desde el Banco Mundial. Sin exagerar, puede decirse que las reformas políticas en Ecuador, que empiezan en 2007 con Alianza País, y a pesar del discurso oficial de confrontación con el Banco Mundial y las Instituciones Financieras Internacionales, tienen en los procesos de cambio institucional del Banco Mundial sus condiciones de existencia y posibilidad.

El discurso posneoliberal y el extractivismo La emergencia de Alianza País en las elecciones de 2006–2007 se produce como una consecuencia y una necesidad de relegitimar al sistema político ecuatoriano profundamente desacreditado por la crisis económica, financiera y monetaria de los años 1999–2000. En esa crisis, la clase media ecuatoriana fue devastada porque perdieron sus ahorros monetarios y también perdieron su fe en las instituciones políticas. Fueron esas clases medias desencantadas del neoliberalismo y del sistema político neoliberal las que forman el núcleo duro de la reforma política de Alianza País (Dávalos, 2012). El discurso y la praxis neoliberal perdieron toda credibilidad y legitimidad social. Los sectores medios vieron al neoliberalismo como una amenaza, aunque durante las dos décadas anteriores de ajuste macrofiscal hayan convivido con él y lo hayan considerado como un remedio duro pero necesario para la economía ecuato-

tarias Condicionadas durante el gobierno de Jamil Mahuad (1998–2000). Doris Soliz, figura fundamental de las ong’s que acompañaron la reforma sectorial del Banco Mundial, formó parte activa e importante del buró político de Alianza País. Miguel Carvajal formó parte del proyecto Prolocal del Banco Mundial, luego fue ministro de Alianza País y, posteriormente, fue electo asambleísta por este partido. Ricardo Patiño, Ministro del Interior, de Economía y luego canciller del gobierno de Alianza País, estuvo fuertemente vinculado con las propuestas de microfinanzas y desarrollo comunitario en proyectos de ong’s financiadas por el bid y del Banco Mundial. Pabel Muñoz, tecnócrata de Alianza País, trabajó en el proyecto mosta de modernización del Estado y fue consultor de la gtz alemana.

estudios críticos del desarrollo, vol. iii, núm. 4, primer semestre de 2013

90

verónica albuja y pablo dávalos

riana. El resentimiento de las clases medias con el neoliberalismo se produce cuando éste afecta directamente a sus bolsillos y a su capacidad de consumo.

Desde este resentimiento empieza a producirse un discurso crítico con el neoliberalismo, pero connivente con el sistema capitalista. Ese discurso adquiere forma y consistencia política con Alianza País y su líder Rafael Correa.

El discurso político de Alianza País es radicalmente crítico con la versión monetarista del ajuste macrofiscal y con el fmi y el Banco Mundial, pero totalmente funcional con las propuestas de cambio institucional del mismo Banco Mundial. Para legitimar esa distancia crítica con el neoliberalismo duro del fmi, se ha propuesto el concepto de posneoliberalismo, como una ruptura radical con la versión monetarista del fmi y del Banco Mundial (Falconí y Muñoz, 2012; Figueroa Ibarra y Cordero Díaz, 2011). Esta crítica ha generado la percepción de que Alianza País es un gobierno de izquierda en contraposición con las imposiciones imperialistas y que genera una política económica y social dentro de un pragmatismo y realismo político. En ese sentido, cuenta a favor de esta agrupación política la recuperación del Estado y el incremento del gasto social (Harnecker, 2012; Gaudichaud, 2011).

Sin embargo, un análisis más detenido de su discurso y su propuesta política permite encontrar vínculos teóricos entre las tesis de cambio institucional de la escuela del neoinstitucionalismo económico —que es el marco teórico de base para las reformas propuestas por el Banco Mundial, el Sistema de Naciones Unidas y la Cooperación Internacional al Desarrollo— y las propuestas políticas de Alianza País. En efecto, uno de los núcleos centrales tanto del discurso y la práctica política de Alianza País es su demanda de «descorporativizar al Estado». Según los teóricos de Alianza País, el Estado ecuatoriano, durante la era neoliberal, fue colonizado por prácticas corporativas que destruyeron el interés general, por ejemplo, los grupos económicos, los sindicatos públicos, los movimientos indígenas. Alianza País se proponía, en consecuencia, eliminar esas prácticas corporativas y «devolver» el Estado a los ciudadanos.

A medida que devolvía el Estado a los ciudadanos, Alianza País también creaba organizaciones sociales desde el propio Estado, porque aquéllas que estudios críticos del desarrollo, vol. iii, núm. 4, primer semestre de 2013

extractivismo y osneoliberalismo: el caso de ecuador

91

existían habían «abusado» del Estado por medio de prácticas corporativas.

Las nuevas organizaciones sociales, creadas y santificadas desde el gobierno, se convertían en apéndices y cadenas de transmisión de la voluntad gubernamental. Aquellas organizaciones que se resistían a ser integradas a la lógica gubernamental podían ser perseguidas o criminalizadas. Las nuevas organizaciones sociales creadas desde el gobierno respondían en forma y fondo a la teoría de la organización del institucionalismo anglosajón.

Ahora bien, detrás de la propuesta de «descorporativizar» al Estado subsumía una demanda estratégica del Banco Mundial, que también partía del mismo criterio teórico: las demandas corporativas generaban «costos de transacción» en la economía que impedían un buen «desempeño económico».

Para el Banco Mundial, si el Estado tenía que garantizar la seguridad jurídica a las inversiones, tenía que desprenderse de las prácticas corporativas que lo acosaban y tenía que «reconstruirse».3 La intención real del discurso de «descorporativizar» al Estado fue la de desarticular la capacidad política del movimiento indígena ecuatoriano y de su crítica radical al liberalismo. El enemigo real de Alianza País nunca fue el sistema político ecuatoriano y sus partidos políticos, a quienes Alianza País descalificaría como «partidocracia», sino el movimiento indígena, porque éste había situado una praxis de resistencia al neoliberalismo por fuera de los límites liberales de la política. La propuesta de «revolución ciudadana» de Alianza País tenía como objetivo fundamental reducir el discurso emancipatorio del movimiento indígena a los límites del liberalismo decimonónico, porque Alianza País construía las condiciones de su poder y su hegemonía desde ese liberalismo. Al reducir la política a los límites liberales (la «revolución ciudadana»), se estaba acotando de hecho cualquier posibilidad emancipatoria por fuera de esos límites. Ese sistema político liberal, que Alianza País empezó a reconstruir desde su propuesta de «revolución ciudadana», tenía que procesar

/3/

En ese sentido, es fundamental el Informe de Desarrollo Mundial del Banco Mundial (1997).

estudios críticos del desarrollo, vol. iii, núm. 4, primer semestre de 2013

92

verónica albuja y pablo dávalos

y continuar las reformas estructurales iniciadas al tenor de las recomendaciones del Banco Mundial, es decir, el extractivismo.

El discurso teórico del extractivismo es aquél de la teoría institucionalista anglosajona de la política, la economía y el derecho. Es un discurso crítico con respecto al neoliberalismo en su versión monetarista, al estilo del fmi, pero siempre en la línea epistemológica de la teoría económica neoliberal.4 Los conceptos de la teoría institucionalista —acción colectiva, estabilidad institucional, consenso social y legitimidad, estructura de los incentivos, costos de transacción, asimetrías de la información, selección adversa, racionalidad limitada, votante mediano— se armonizaban con las políticas públicas de Alianza País, en especial la recuperación del papel del Estado en la economía. Incluso uno de los más importantes economistas institucionales, que desde el Banco Mundial había criticado acremente al fmi por su tozudez y terquedad, Joseph Stiglitz, se convirtió en referencia y apoyo importante para el gobierno de Alianza País.

El núcleo teórico central de la teoría anglosajona de las instituciones señala que las sociedades se establecen desde dos procesos básicos: las reglas de juego (formales o informales) que delimitan y estructuran la «acción humana».5 Para los institucionalistas las «reglas de juego» formales se codifican en las leyes y el cambio institucional se produce por transformaciones incrementales en lo que ellos denominan «precios relativos». La «acción humana», por su parte, retoma el concepto de uno de los teóricos fundamentales del neoliberalismo: Ludwig Von Mises (2007).6 La acción humana es, en realidad, la

Quizá el ejemplo más claro sea el texto de Stiglitz (2002), que critica al fmi pero, literalmente, desde la vereda del frente, es decir, el Banco Mundial. /5/ «Las instituciones son las reglas de juego en una sociedad o, más formalmente, son las limitaciones ideadas por el hombre que dan forma a la interacción humana. Por consiguiente, estructuran incentivos en el intercambio humano, sea político, social o económico. El cambio institucional conforma el modo en que las sociedades evolucionan a lo largo del tiempo, por el cual es clave para entender el cambio histórico» (North, 2006: 13). /6/ Sobre el papel de Von Mises en el neoliberalismo, puede verse Foucault (2008), el capítulo «Clase del 28 de marzo de 1979». /4/

estudios críticos del desarrollo, vol. iii, núm. 4, primer semestre de 2013

extractivismo y osneoliberalismo: el caso de ecuador

93

historización y universalización del concepto de homo economicus creado en el siglo xix por los teóricos de la economía liberal, que serían denominados por Marx como «economistas vulgares».

Ahora bien, para asegurar el crecimiento y mejor desempeño económico es necesario cambiar los incentivos jurídicos generando un ambiente de seguridad jurídica y de respeto a los derechos de propiedad de los inversionistas, pero como los inversionistas y sus inversiones realizan decisiones globales que rebasan el ámbito del Estado–nación, el derecho que los cobija debe también globalizarse. El concepto jurídico que permite la globalización del derecho y que consagra a los inversionistas como figuras de contractualidad es aquél de «Estado de derecho».

De todas las transformaciones institucionales que el Banco Mundial provocó en América Latina, y específicamente en Ecuador, el cambio constitucional del Estado hacia el derecho es quizá uno de los más trascendentes. El concepto de Estado de derecho permite la consolidación de dos procesos claves para el extractivismo: el fortalecimiento de regímenes políticos democráticos por la forma pero autoritarios por su contenido (sistemas políticos hiperpresidencialistas)7 y la globalización del derecho dentro de lo que sería la lex mercatoria.

En el caso de Ecuador, la Constitución de 2008, a pesar de su importante declaración de derechos y garantías, en realidad consolida el monopolio del poder político al interior del ejecutivo y hacia la hegemonía de un solo partido a través del concepto denominado democracia directa. Gracias a esa hegemonía política y al control de todo el sistema político por un único partido político, el extractivismo puede disciplinar la sociedad y, al mismo tiempo, criminali/7/

El Estado de derecho como tiranía: «Es la producción de un cuerpo de leyes y el desarrollo de un Estado de derecho como la eliminación de la democracia y la total subordinación de los poderes del Estado y los espacios públicos a la cabeza del ejecutivo. En este sentido, se tienen las dos cosas: el mantenimiento de un régimen constitucional, es decir, de legislación según un procedimiento impersonal que tiene como referente la Constitución; por otro lado, hay una concentración del poder político que elimina de facto la separación de poderes y pretende, además, eliminar la autonomía de las instituciones y espacios públicos en el seno de la sociedad civil» (Tapia, 2001: 183, cursivas el original).

estudios críticos del desarrollo, vol. iii, núm. 4, primer semestre de 2013

94

verónica albuja y pablo dávalos

zarla en sus resistencias. No sólo eso, la misma Constitución de 2008 pone en orden de jerarquía, inmediatamente después de ella, a los tratados y convenios internacionales (artículo 425, cpe–2008). Gracias a esa disposición, la Ley Orgánica de la Producción, Comercio e Inversiones aprobada en 2010 establece, en su artículo 18, los derechos de propiedad de los inversionistas y las garantías a la inversión extranjera directa al tenor de las recomendaciones establecidas directamente desde el Banco Mundial y la omc.

En consecuencia, consideramos importante vincular los procesos del extractivismo con los discursos que lo legitiman y lo sustentan, en lo fundamental, el discurso jurídico, económico y político de la teoría anglosajona de las instituciones. A esta vinculación la denominaremos como posneoliberalismo y, como es evidente, nada tiene que ver con aquella definición utilizada desde el gobierno de Alianza País y sus corifeos. Entendemos, en consecuencia, al posneoliberalismo como la dinámica de acumulación de capital que continúa la reforma estructural del Banco Mundial, del Sistema de Naciones Unidas y de la Cooperación Internacional al Desarrollo, pero desarticulando la soberanía estatal sobre los territorios y generando un ambiente de confrontación y violencia social que se resuelve por la criminalización y las nuevas formas de terrorismo de Estado. El posneoliberalismo como nueva praxis de la acumulación del capital en América Latina también tiene sus variantes y sus excesos.

Extractivismo y posneoliberalismo en Ecuador Ecuador es una economía primaria que se sustenta en la exportación de petróleo.8 Sus exportaciones primarias no petroleras son banano, camarón, flores, cacao y café. El componente de sus exportaciones no primarias, es decir, bie/8/

Para 2012, las exportaciones de petróleo representaron 20% del pib de Ecuador, 50% de las exportaciones y 24% de los ingresos netos del Estado.

estudios críticos del desarrollo, vol. iii, núm. 4, primer semestre de 2013

extractivismo y osneoliberalismo: el caso de ecuador

95

nes con algún valor añadido, apenas representa 12% del total de sus exportaciones. Al interior de su economía, el sector más importante es el sector comercial que absorbe a casi dos tercios de la población económicamente activa.

La industria representa apenas 10% de las actividades económicas totales del país. Al interior del país, alrededor de 60 grupos empresariales controlan 90% de todas las actividades económicas y tienen un ingreso de aproximadamente 50% del pib. A pesar de que la pobreza se ha reducido de 68% en 1999 a 26% en 2012, el poder de los monopolios y grupos económicos se ha fortalecido, lo que ha implicado un fuerte proceso de concentración y centralización del capital en el mercado ecuatoriano. De otra parte, cabe señalar que en este periodo ha crecido la participación del Estado en la economía, sobre todo por los nuevos marcos institucionales que se han impuesto desde 2007, las reformas tributarias y el mayor peso del gasto fiscal en el pib, en tal virtud el peso del Estado en la economía para 2012 representó 40% del pib.

Es necesario insistir que la economía ecuatoriana sufrió durante dos décadas el ajuste macrofiscal del fmi que redujo a mínimos históricos el gasto fiscal en el sector social y en inversión pública. El gobierno de Alianza País, en cambio, ha provocado un giro radical con respecto al ajuste macrofiscal del fmi, porque ha realizado una importante inversión pública en el sector social y en infraestructura pública, sobre todo en el sector de salud y educación.

El gasto en salud y educación se eleva precisamente a partir del gobierno de Alianza País (2007). La relación con el modelo extractivista es que este incremento del gasto en salud y educación, conjuntamente con la inversión en obra pública, legitima y justifica el discurso extractivo del gobierno de Alianza País. Si la salud y la educación fueran las variables de ajuste durante el periodo de ajuste macrofiscal del fmi, ahora son la variable de legitimidad política para la propuesta extractiva. La cuestión a dilucidar es si efectivamente la renta extractiva del petróleo contribuyó al financiamiento del sector social en Ecuador. Para ello es necesario una visión general de los ingresos fiscales y su relación con los ingresos petroleros, así como los marcos institucionales y jurídicos que determinan el gasto fiscal ecuatoriano. estudios críticos del desarrollo, vol. iii, núm. 4, primer semestre de 2013

verónica albuja y pablo dávalos

96

En la tabla 1 pueden comprobarse los ingresos fiscales totales de Ecuador durante doce años. tabla 1 Ingresos fiscales totales. Periodo 2000–2012. En millones de usd.

Años

Ingresos no petroleros Ingresos Ingresos fiscales petroleros petroleros Impuestos directos Impuestos indirectos

2000

2.144,0

1.248,8

445,1

820,1

2001

1.722,3

1.256,0

434,3

1.283,9

2002

1.839,0

1.324,0

435,2

1.497,0

2003

2.372,3

1.555,4

516,2

1.579,6

2004

3.898,5

1.319,4

605,6

1.717,0

2005

5.396,8

1.574,0

768,9

1.966,5

2006

6.934,0

1.519,2

941,5

2.237,3

2007

7.428,3

1.104,1

1.108,8

2.471,9

2008

10.568,3

4.400,8

2.338,6

2.824,9

2009

6.284,1

2.298,2

2.517,5

3.018,5

2010

8.925,5

3.917,3

2.353,1

3.552,8

2011

11.799,9

6.682,3

3.030,0

3.960,5

3.081,8*

4.436,4*

2012*

12.715,5*

5.924,6*

Fuente: Boletín Estadístico, Banco Central del Ecuador, varios años Elaboración: autores. * Para el periodo enero–noviembre 2012

De la tabla 1 pueden extraerse algunas conclusiones. En primer lugar, puede verse la persistencia de una estructura tributaria injusta porque el peso tributario siempre recae en los impuestos indirectos, es decir, aquéllos que afectan la capacidad de consumo de la población y donde su incidencia es más alta mientras menor es el ingreso, de ahí su nombre de impuestos regresivos. Esa injusta e inequitativa estructura tributaria se mantiene durante 2007–2012, que es el periodo de Alianza País. Esta información es pertinente estudios críticos del desarrollo, vol. iii, núm. 4, primer semestre de 2013

extractivismo y osneoliberalismo: el caso de ecuador

97

porque contribuye a desvirtuar el argumento de que la renta extractiva financia el gasto social. El gasto social siempre estuvo vinculado a los impuestos y quienes finalmente pagaron por el incremento del gasto social en el periodo de Alianza País fueron los más pobres, porque en ellos recaía en mayor medida la responsabilidad fiscal, habida cuenta de que los impuestos regresivos siempre fueron mayores que los impuestos directos.

En segundo lugar, puede constatarse que los ingresos que recibe el Estado por exportaciones de petróleo representaron 14.8% en 2007, se incrementaron a 41.6% en 2008, luego descendieron a 36.5% en 2009, para luego incrementarse a 43.7% en 2010, 56.6% en 2011 y 42% en 2012. Es decir, los cambios en los contratos con las empresas petroleras privadas no significaron en absoluto una mayor participación del Estado en la renta petrolera. Esto significaría que el incremento de los precios de petróleo favoreció en primer lugar a las empresas transnacionales y, en menor medida, al Estado (Villavicencio, 2012).

Por otra parte, es necesario indicar que en el nuevo texto Constitucional del año 2008, el artículo 286 establece la estructura del gasto fiscal, indicando que: Art. 286.– Las finanzas públicas, en todos los niveles de gobierno, se conducirán en forma sostenible, responsable y transparente y procurarán la estabilidad económica. Los egresos permanentes se financiarán con ingresos permanentes. Los egresos permanentes para salud, educación y justicia serán prioritarios y, de manera excepcional, podrán ser financiados con ingresos no permanentes.

Esto significa que los ingresos por exportación de petróleo crudo no podrán financiar al sector salud y educación, porque representan un gasto permanente. En otros términos, los altos precios de los commodities sólo excepcionalmente pueden financiar al sector social, porque en Ecuador existe una construcción institucional que disciplina de tal manera el ingreso público estudios críticos del desarrollo, vol. iii, núm. 4, primer semestre de 2013

verónica albuja y pablo dávalos

98

que hace virtualmente imposible que los recursos extraordinarios por los altos precios de los commodities puedan financiar el gasto social.9 tabla 2 Compañías petroleras privadas que operan en la Amazonía Ecuatoriana (continúa).

Bloque o campo Bloque Tarapoa (Sucumbíos)

Empresa

Andes Petroleum

Origen

China

Estado actual Producción, ampliación de campos

Pueblos indígenas afectados

Áreasprotegidas afectadas

Siona, Kichwa Shuar, Colonos

Reserva Faunística Cuyabeno, Patrimonio Forestal del Estado

Bloque 11 (Sucumbíos)

cnpc

China

Bloque 16 (Orellana)

Repsol–ypf

España

Producción, perforación

Waorani

Bloque 18 (Orellana)

Petrobras

Brasil

Producción

Kichwa, Colonos

Bloque 14 (Orellana)

Bloque 17 (Pastaza)

/9/

Petroriental

Petroriental

Cofán, Kichwa, Shuar, Colonos

China

Producción, exploración

Waorani, Kichwa, Colonos

China

Producción, exploración

Waorani, Kichwa, Shuar, Tagaeri– Taromenane, Colonos

Reserva Cofán Bermejo, Reserva de la Biosfera Sumaco, Parque Nacional Sumaco Napo Galeras, Área amortiguamiento de la Reserva Cayambe Coca Parque Nacional Yasuní, Reserva de la Biosfera Yasuní Reserva de la Biosfera Sumaco Parque Nacional Yasuní, Reserva de la Biosfera Yasuni.

Patrimonio Forestal Unidad 10 Área Intangible del Yasuní, Reserva de la Biosfera Yasuni, Patrimonio Forestal Unidad 10

En realidad, el artículo 286 de la Constitución ecuatoriana de 2008 recoge y expone un largo proceso de intervención por el fmi y el Banco Mundial sobre el presupuesto público. Ese proceso inició en

estudios críticos del desarrollo, vol. iii, núm. 4, primer semestre de 2013

extractivismo y osneoliberalismo: el caso de ecuador

99

tabla 2 Compañías petroleras privadas que operan en la Amazonía Ecuatoriana (conclusión).

Bloque o campo

Empresa

Origen

Estado actual

Pueblos indígenas afectados

Bloque 10 (Pastaza)

Agip

Italia

Producción

Bloque 23 (Pastaza)

cgc

Argentina

Resistencia de las Kichwa, Achuar comunidades Zápara

Bloque 24 (Pastaza)

Burlington

eeuu

Resistencia de las Shuar, Achuar comunidades

Kichwa, Waorani Zápara

Áreasprotegidas afectadas Reserva de la Biosfera Yasuni

Fuente: Acción Ecológica, 2010.

Si esto es así, el discurso gubernamental de financiar el gasto social con extractivismo debe ser considerado más como un recurso ideológico y propagandístico que una realidad. Pero este recurso ideológico es el que utiliza Alianza País para promover las Rondas Petroleras y para entregar concesiones petroleras, incluso en áreas protegidas, como es el caso del Yasuní y los parques nacionales. En los años del gobierno de Alianza País, la frontera extractiva petrolera creció a mayor intensidad que en las dos décadas precedentes. En el siguiente cuadro pueden verse la concesión de los bloques y campos petroleros a empresas privadas durante el periodo 2007–2012.

Las concesiones petroleras, en su mayor parte, están en territorios indígenas y comunitarios. A pesar de la existencia y el reconocimiento jurídico a leyes y derechos que garantizan la posesión efectiva de los territorios por las

1983 con la Ley de Presupuestos y tiene su epítome con la Ley Orgánica de Responsabilidad, Estabilización y Transparencia Fiscal aprobada a fines de 2002, estableciendo varias reglas macrofiscales al tenor de las recomendaciones del fmi. Una de esas reglas macrofiscales es, precisamente, la vinculación del gasto permanente (salud y educación) con ingresos permanentes (impuestos directos e indirectos), recogida por la Constitución de 2008.

estudios críticos del desarrollo, vol. iii, núm. 4, primer semestre de 2013

100

verónica albuja y pablo dávalos

comunidades y pueblos indígenas, así como la defensa de su identidad cultural, la propuesta extractivista de Alianza País ha hecho tabula rasa de esas disposiciones jurídicas en beneficio de las comunidades indígenas. El concepto que ha permitido desarticular las garantías jurídicas que protegen a los pueblos indígenas ha sido, precisamente, aquel del corporativismo. Para Alianza País, la lucha por los derechos, incluida la defensa territorial, es presión corporativa de un grupo restringido que se opone al interés nacional. gráfico 1 Mapa petrolero de la Amazonía ecuatoriana, año 2012.

Fuente: Manual de Monitoreo Ambiental, Acción Ecológica, 2012.

Elaboración: autores. estudios críticos del desarrollo, vol. iii, núm. 4, primer semestre de 2013

extractivismo y osneoliberalismo: el caso de ecuador

101

El gobierno de Alianza País considera, en consecuencia, que el interés nacional no se negocia con ningún grupo minoritario que defiende intereses particulares. Si estos grupos de presión, como los considera el gobierno, optan por radicalizar su reclamo y atentan a la propiedad privada, entonces el gobierno tiene que hacer prevalecer el respeto a la propiedad por la fuerza y la violencia de ser necesario; de ahí la criminalización creciente a las organizaciones sociales que se oponen a la entrega de sus territorios al extractivismo petrolero o minero.

En la gráfica 1 puede verse que el gobierno de Alianza País prácticamente ha subastado toda la amazonía ecuatoriana a las empresas petroleras.

En el proyecto político de Alianza País puede observarse la coincidencia con los lineamientos estratégicos definidos por el Banco Mundial desde 1997 y el discurso del neoinstitucionalismo económico y político. Un Estado fuerte es la única garantía que existe para la seguridad jurídica a la inversión. Con seguridad jurídica los costos de transacción pueden reducirse al mínimo. Con bajos costos de transacción se puede garantizar un mejor desempeño económico, tal como lo dice la teoría del neoinstitucionalismo económico.

Alianza País, mediante su hegemonía política y su reforma institucional, está construyendo, justamente, un Estado fuerte, en el cual el interés general predomina sobre el interés particular. No obstante, es eso precisamente lo que demandan las empresas extractivas del petróleo, porque un Estado fuerte que asuma directamente su presencia en el área de explotación petrolera puede disminuir los costos de transacción que le significan a las corporaciones extractivas los departamentos de relaciones comunitarias. Si antes de Alianza País las empresas petroleras tenían que comprometerse con la comunidad con obras y con gasto comunitario y tenían que financiar departamentos de relaciones comunitarias, ahora esas tareas las hace directamente el Estado. Las rondas petroleras y la ampliación de la frontera extractiva petrolera, que en otras circunstancias habrían suscitado movilizaciones sociales por organizaciones indígenas, campesinas y de pobladores, porque les expulsaba de sus territorios ancestrales —lo que afectaba la seguridad jurídica y los costos de transacción de las empresas transnacionales que tenían que protegerse conestudios críticos del desarrollo, vol. iii, núm. 4, primer semestre de 2013

102

verónica albuja y pablo dávalos

tratando verdaderos ejércitos privados—, ahora puede hacerse directamente desde el Estado. Quien impone las condiciones ya no es la empresa petrolera sino el gobierno y quien defiende a las empresas extractivas ya no son guardias privadas sino directamente el ejército nacional.

Este mismo esquema se repite en la minería abierta a gran escala. Lo que está en juego con la minería no es el excedente que ésta puede generar sino la apropiación de los territorios. Alianza País quiere vincular los territorios a la globalización de la economía. En efecto, en el supuesto de que se mantengan altos los precios de los commodities, en especial los precios de los minerales, y en el supuesto de que los principales proyectos mineros entren inmediatamente en funcionamiento, el máximo de renta minera que el gobierno ecuatoriano podría captar por año sería alrededor de 800 millones de dólares, lo que representa apenas un 6% de la renta petrolera de 2012, ó 10% de los impuestos de ese mismo año.

Esos 800 millones de renta minera representarían apenas 1.25% del pib de 2012. Como todo proceso extractivo, la minería a gran escala no crea empleo sino que lo destruye. Tampoco incrementa la inversión productiva interna.

En cambio, el costo ambiental de esos proyectos mineros es enorme. Si se añade el esquema institucional del gasto fiscal en virtud del cual la Constitución ecuatoriana prohíbe que el ingreso extraordinario, como sería en este caso la renta minera, financie gasto permanente, en especial salud y educación, entonces la renta minera no puede financiar salud y educación ni ningún gasto social.

En el tabla 3 se muestran los principales proyectos de minería a gran escala en Ecuador que tiene previsto desarrollar el gobierno de Alianza País.

La minería acentúa el proceso de reprimarización de la economía, pero más allá de eso permite la vinculación de los territorios a la especulación financiera mundial. Un evento significativo fue la compra de los derechos mineros por la empresa Kinross en 2008, el mismo año en el que el Ecuador discutía y aprobaba un nuevo texto Constitucional en el que se hacía referencia a los nuevos derechos y a la defensa de la soberanía nacional. Mientras la sociedad discutía esos temas, las empresas mineras transaban en los mercados estudios críticos del desarrollo, vol. iii, núm. 4, primer semestre de 2013

extractivismo y osneoliberalismo: el caso de ecuador

103

financieros los derechos de participación minera sin haber llevado adelante la más mínima inversión, ni haber extraído absolutamente nada y cuando estaba por definirse, precisamente, la Ley Minera y la nueva Constitución. En esa negociación Aurelian Cooper vendió sus derechos mineros en Ecuador por 960 millones de dólares a Kinross. El Estado y la sociedad ecuatoriana, a pesar de sus múltiples referencias a la soberanía nacional, se enteraron de estas negociaciones por informaciones de prensa. tabla 3 Principales proyectos de minería a gran escala en Ecuador, año 2012, en usd.

Proyecto

Mirador

Fruta del Norte

Panantza San Carlos

Río Blanco

Quimsacocha

Empresa

Ecuacorriente

Kinross

Explocobres

imc

inv Metals

Ubicación

Zamora Chinchipe

Zamora Chinchipe

Morona Santiago

Azuay

Azuay

Cobre

Material

Cobre

Oro y plata

Oro y plata

Oro

Método

Cielo abierto

Subterráneo Subterráneo

Subterráneo

Subterráneo

Regalías e impuestos por año $ usd millones

164

85

480

15

40

Años del proyecto

22

20

25

8

12

300 miles de oz Au 300 miles de oz Ag

627 millones de lbs.

531 miles de oz Au 3 millones de oz de Ag

200 millones de oz

Procesamiento 215 millones anual esperado de lbs.

Fuente: Cámara de Minería del Ecuador.

Elaboración: autores.

En la minería lo que interesa no es tanto el mineral cuanto la condición de posibilidad de vincularlo a la emisión de productos financieros complejos.

No importa que el mineral haya sido o no extraído, sino que pueda constar en estudios críticos del desarrollo, vol. iii, núm. 4, primer semestre de 2013

104

verónica albuja y pablo dávalos

el juego especulativo mundial. De hecho, la emisión de productos derivados financieros sobre commodities para junio de 2012 alcanzó la cifra de 2.9 billones de dólares (bis: 2012).10 Los derivados financieros sobre commodities no significan su extracción real ni su movimiento físico, sino las apreciaciones de mercado, las expectativas y su papel de colateral para otras inversiones especulativas. Al incorporar la minería a gran escala al desarrollo nacional, como lo establece el Plan Nacional del Buen Vivir de Alianza País (Senplades, 2009), Ecuador se está vinculando de hecho con los mercados financieros especulativos mundiales.

Pero esta vinculación se está realizando desde los inicios del gobierno de Alianza País, sobre todo con uno de los mercados financieros de más crecimiento y sofisticación, aquél de la industria del carbono. Con un perfil más bajo que el extractivismo petrolero y minero, el mercado del carbono es un mercado en permanente expansión. En efecto, el gobierno de Alianza País ha suscrito todas las estrategias redd + (reducción de emisiones por deforestación y degradación de bosques) y se ha empeñado en ampliar la frontera extractivista vinculando al país a los mercados de carbono.

Los mercados de carbono son la expresión más evidente del capitalismo de especulación y de las nuevas derivas del extractivismo. Nacieron con el propósito de reducir las emisiones de co2, reconocidas como las responsables del calentamiento global.

En la lógica de los mercados de carbono, es fundamental situar los «sumideros de carbono» como mecanismos de desarrollo limpio que puedan generar una especie de colateral para las emisiones de derechos de carbono en los mercados financieros internacionales. Según Lohmann, el mercado de carbono tiene una velocidad de crecimiento que lo convierte, conjuntamente con los mercados de derivados financieros, en el mercado especulativo más importante del capi/10/

De los cuales, 0.52 billones de usd fueron derivados sobre el oro, 2.4 billones de usd se emitieron en derivados para «otros commodities», 1.6 billones se emitieron en forwards y swaps de commodities, y 0.81 billones de usd se emitieron en options (bis, 2012).

estudios críticos del desarrollo, vol. iii, núm. 4, primer semestre de 2013

extractivismo y osneoliberalismo: el caso de ecuador

105

talismo actual (Lohmann, 2012). Por su parte, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (unctad, por sus siglas en inglés), en una perspectiva neoliberal del clima, ha vinculado los Acuerdos Internacionales de Inversión (aii) con las economías de bajo carbono, mediante un esquema donde se puedan desarrollar marcos normativos favorables que incluyan la creación de mercados de carbono, la ejecución de programas de promoción a los mercados de carbono y «la promoción de inversiones de bajo carbono, las excepciones ambientales, en futuros aii, y un acuerdo multilateral para garantizar la coherencia de los aii existentes con las nuevas políticas mundiales y nacionales relacionadas con el cambio climático» (unctad, 2010: 9).

De conformidad con los mercados de carbono y las propuestas de la unctad, se propusieron los mecanismos denominados redd (Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de Bosques). El gobierno de Alianza País armonizó las propuestas redd con su propia versión de los «sumideros de carbono» a través del programa Sociobosque. El régimen ecuatoriano ha suscrito compromisos para conservar cuatro millones de hectáreas de bosque dentro de los programas de sumideros de carbono hasta 2015. Para 2012 se habían suscrito 57 convenios con organizaciones campesinas e indígenas y 574 convenios individuales por 539,703 hectáreas. Muchas tierras comunitarias, entre ellas los páramos que pertenecen a las comunidades indígenas, están dentro de los objetivos de mediano y largo plazo del programa Sociobosque. De hecho, el gobierno de Alianza País ha creado un programa específico para los páramos andinos de propiedad comunitaria; lo ha denominado Sociopáramo. Tanto en Sociobosque como en Sociopáramo, las comunidades son desalojadas de sus tierras y territorios y los contratos suscritos las obligan a convertirse en una especie de guardabosques de sus propios territorios. Al expulsarlos de sus territorios se rompe la dinámica ancestral de convivencia armónica con la tierra y se los convierte en usuarios de una renta monetaria que a la larga termina empobreciéndolos.

Sin embargo, en uno de los aspectos de la dinámica extractivista en los que más ha avanzado Ecuador, es en la realización de proyectos de infraesestudios críticos del desarrollo, vol. iii, núm. 4, primer semestre de 2013

verónica albuja y pablo dávalos

106

tructura pública relacionados con la Integración de la Infraestructura para Sud América, iirsa. Para 2007–2011, el gobierno ecuatoriano había realizado inversiones por 5,300 millones de dólares en adecuación de carreteras, caminos, autopistas y rutas de varios niveles. A esta obra física el gobierno de Alianza País la acompañó de una intensiva campaña propagandística que contrastaba las inversiones y obras realizadas con relación a los otros gobiernos. tabla 4 Cartera de proyectos iirsa desarrollados por Ecuador al año 2011 (continúa). eje

grupo

nombre del proyecto

Andino

G02

Implementación del Centro Binacional de Atención de Frontera (cebaf) en el paso de frontera Tulcán–Ipiales (Rumichaca).

Andino

G05

Carretera puerto Inca–Huaquillas y puente internacional en Huaquillas–Aguas Verdes, paso lateral en Huaquillas.

Andino

G05

Centro Binacional de Atención de Frontera (cebaf) Huaquillas–Aguas Verdes.

Andino

G05

Centro Binacional de Atención de Frontera (cebaf) Río Mataje.

Andino

G05

Nuevo Aeropuerto Regional de Santa Rosa.

Andino

G05

Proyecto La Espriella–Río Mataje, incluye puente sobre Río Mataje.

Andino

G05

Rehabilitación del tramo Borbón–San Lorenzo (mataje).

Andino

G06

Centro Binacional de Atención de Frontera (cebaf) San Miguel.

Andino

G06

Construcción de la carretera Zamora–Palanda.

Andino

G06

Mejoramiento y rehabilitación del tramo Bella Unión–Gualaquiza.

Andino

G06

Mejoramiento y rehabilitación del tramo Narupa–Guamaniyacu.

Andino

G07

Centro Binacional de Atención de Frontera (cebaf), Puente de Integración.

Andino

G07

Pavimentación Vilcabamba–Puente de Integración–Jaén.

Andino

G09

Armonización regulatoria: eléctrica, gasífera y petrolera.

Andino

G09

Dos microcentrales en Chinchipe y Taguien.

Andino

G09

Extensión del oleoducto nor–peruano.

Andino

G09

Interconexión eléctrica Ecuador–Perú.

Andino

G09

Microcentral en la provincia de Sucumbíos.

Andino

G09

Proyecto interconexión eléctrica Colombia–Ecuador, segunda etapa.

Andino

G09

Proyecto interconexión eléctrica Colombia–Ecuador, línea 230 kv entre subestaciones Pasto (Colombia) y Quito (Ecuador).

Andino

G10

Aprovechamiento de la infraestructura existente y de las nuevas conexiones para aumentar la infraestructura de comunicaciones.

estudios críticos del desarrollo, vol. iii, núm. 4, primer semestre de 2013

extractivismo y osneoliberalismo: el caso de ecuador

107

tabla 4 Cartera de proyectos iirsa desarrollados por Ecuador al año 2011 (conclusión). eje

grupo

nombre del proyecto

Andino

G10

Cableado de fibra óptica para telecomunicaciones en redes de transmisión.

Amazonas

G01

Adecuación del puerto de El Carmen.

Amazonas

G01

Adecuación del puerto de San Lorenzo.

Amazonas

G01

Rehabilitación y pavimentación del tramo San Lorenzo–El Carmen.

Amazonas

G02

Centro Binacional de Atención de Frontera (cebaf) Nuevo Rocafuerte–Cabo Pantoja.

Amazonas

G02

Construcción del nuevo aeropuerto de Tena.

Amazonas

G02

Implementación del nuevo aeropuerto del Coca.

Amazonas

G02

Puerto de Esmeraldas.

Amazonas

G02

Puerto de Manta.

Amazonas

G02

Puerto de Providencia.

Amazonas

G06

Aspectos ambientales y sociales de las cuencas altas de los ríos amazónicos.

Amazonas

G06

Mejoramiento de la navegabilidad del río Morona, sector ecuatoriano.

Amazonas

G06

Mejoramiento de la navegabilidad del río Napo.

Amazonas

G06

Mejoramiento de la navegabilidad del río Putumayo.

Amazonas

G07

Extensión eléctrica de 22 kv desde proyecto hidroeléctrico Santiago de Morona (400 kw).

Amazonas

G07

Mejoramiento de la vía Guayaquil–El Triunfo–La Troncal–Zhud–El Tambo–Cañar– Azogues–Paute–Amaluza–Méndez y mejoramiento y ampliación del tramo Méndez– Puerto Morona.

Amazonas

G07

Mejoramiento de la vía Puerto Bolívar–Pasaje–Santa Isabel–Girón–Cuenca–Paute– Amaluza–Méndez–Puerto Morona.

Amazonas

G07

Mejoramiento de la vía Puerto Bolívar–Santa Rosa–Balsas–Chaguarpamba–Loja– Zamora–Yantzaza–El Pangui–Gualaquiza–Gral. Leónidas Plaza–Méndez.

Amazonas

G07

Nuevo aeropuerto de Puerto Morona.

Amazonas

G07

Paso de frontera sobre el río Morona (Ecuador).

Amazonas

G07

Proyecto hidroeléctrico Morona (1mw).

Amazonas

G07

Proyecto hidroeléctrico río Luis.

Amazonas

G07

Proyecto k4 «Frontera Sur» (acceso a servicios de telecomunicaciones).

Amazonas

G07

Puerto de transferencia de carga morona.

Fuente: iirsa.

El gobierno del Ecuador, a pesar de una supuesta posición antimperialista, nunca ha denunciado a la Iniciativa iirsa. Todo lo contrario, ha formado parte activa de este proceso. Ecuador está atravesado por dos ejes de inteestudios críticos del desarrollo, vol. iii, núm. 4, primer semestre de 2013

108

verónica albuja y pablo dávalos

gración y desarrollo de la Iniciativa iirsa, el Eje Andino y el Eje del Amazonas. Los proyectos del Ecuador en la iirsa, en virtud de que forman parte de ambos ejes, se han denominado como «proyectos rótula». Para cada eje de integración, Ecuador ha desarrollado también los denominados «proyectos ancla». El proyecto que más atención y desarrollo ha tenido por el gobierno ecuatoriano ha sido el corredor Manta–Manaos.

Dentro de los procesos de convergencia normativa de la Iniciativa iirsa, el gobierno del Ecuador armonizó sus leyes territoriales y productivas con la Iniciativa iirsa. Ejemplo de ello son el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial Descentralizado (cootad, 2010) y el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, 2010.

Asimismo, el gobierno ecuatoriano ha sido uno de los que más avances ha realizado en obras físicas de acuerdo a la cartera de proyectos de la Iniciativa iirsa. Hasta 2011, el Ecuador había realizado los proyectos al interior de la iirsa registrados en la tabla 4.

En la cartera de proyectos iirsa–Ecuador pueden advertirse varias centrales hidroeléctricas. La mayoría de las centrales hidroeléctricas está relacionada con los proyectos mineros de la región. De esta manera, se integra la concesión territorial a las empresas mineras, la construcción de autopistas —que incluso pueden ser fluviales para que la producción minera pueda incorporarse al mercado mundial—, la construcción de nuevos aeropuertos, la generación de una red energética que soporte el proceso extractivo y los acuerdos legales que garanticen los derechos de propiedad de los inversionistas (convergencia normativa).

Aunque la frontera extractiva en Ecuador cada momento se amplía —incluyendo a transgénicos,11 agronegocio, plantaciones de palma africana, plan/11/

Luego del triunfo electoral de 2013, que garantiza al Partido Alianza País el control de más de dos tercios de la Asamblea Nacional, las primeras declaraciones del presidente reelecto, Rafael Correa, fueron sus propuestas de cambio constitucional para permitir el uso de transgénicos, que hasta ese momento estaban prohibidos por la Constitución de 2008, así como cambios en la estructura territorial de los municipios y la eliminación de varias de las garantías constitucionales a los ciudadanos (Revista Vanguardia, 2013).

estudios críticos del desarrollo, vol. iii, núm. 4, primer semestre de 2013

extractivismo y osneoliberalismo: el caso de ecuador

109

taciones de Jatropha (o Piñón) para la producción de biodiesel—,12 existe un aspecto que hasta el momento no ha sido incorporado al debate sobre el extractivismo a pesar de que es una parte fundamental de éste. Se trata de lo que el pensamiento decolonial llamaría la colonización espistemológica.

Empero, no se trata de un proceso eminentemente teórico sino puramente extractivo. El gobierno de Alianza País tiene la pretensión de crear las condiciones y la infraestructura necesaria para consolidar y expandir aquello que anteriormente se denominaba biopiratería, y que ahora forma parte de los planes de las corporaciones transnacionales de la biotecnología y el agronegocio. El proyecto de la Universidad Yachay, o Ciudad del Conocimiento,13 que el gobierno ecuatoriano está construyendo en un valle subtropical a dos horas al norte de la capital, se inscribe directamente en las derivas de la investigación científica de la biotecnología y el agronegocio de transnacionales como Monsanto, Du Pont, Bayer, Syngenta.

La Ciudad del Conocimiento, Yachay, está pensada para articular lo que en la metodología iirsa (2012) y en la metodología del Banco Mundial–bid se denomina la participación pública–privada (ppp), dentro del campo de la investigación biológica, química, petroquímica y médica. Las investigaciones que se piensan realizar en la Ciudad del Conocimiento, Yachay, están diseñadas en función de la rica biodiversidad que posee Ecuador y de los conocimientos ancestrales de sus pueblos indígenas, sobre todo en el uso de hierbas medicinales. Las investigaciones piensan descubrir los principios activos y moleculares para nuevos fármacos, nuevas aplicaciones químicas y médicas, cosméticos, etcétera, y ponerlas a disposición de las empresas que contribuyan a su financiamiento.

El gobierno de Alianza País piensa implementar un proyecto de biodiesel en la provincia costera de Manabí, comprometiendo 50 mil hectáreas. Para el efecto está llevando adelante la construcción de la represa Baba y ha desalojado violentamente a los campesinos del sector. /13/ El Plan Maestro para la Ciudad del Conocimiento «yachay» se realiza con la asesoría surcoreana de Incheon Free Economic Zone (ifez). Ver: ‹http://www.yachay.ec›. /12/

estudios críticos del desarrollo, vol. iii, núm. 4, primer semestre de 2013

110

verónica albuja y pablo dávalos

El gobierno de Alianza País piensa invertir 20 mil millones de dólares en la Ciudad del Conocimiento, Yachay, en los próximos años y la considera como su propuesta insignia. Esta propuesta expande la frontera extractiva a nuevos niveles y da cuenta de la necesidad de reprocesar el concepto de territorios desde el cual se había venido trabajando teóricamente al extractivismo.

Ahora bien, el avance de la frontera extractiva genera conflicto, confrontación, violencia. La sociedad resiste al extractivismo de diferentes maneras.

Desde que empezó el gobierno de Alianza País en 2007, el conflicto social se ha extendido y profundizado.14 Ante el incremento del conflicto, el régimen de Alianza País ha optado por una posición de intransigencia, no negociación, imposición, autoritarismo, represión, violencia y criminalización social.

Bibliografía Báez, René et alt. (2012), Universidades: Entre la mercadofilia y la alterglobalización, Quito, Centro de Pensamiento Crítico–uc. bis (2012), bis Quarterly Review, 4 de junio de 2012, en ‹http://www.bis. org›.

Banco Mundial (1997), Reconstruir el Estado. Informe sobre el Desarrollo Mundial, Washington, Banco Mundial. ____ (2003), «Informe y recomendación del Presidente del Banco Internacional de reconstrucción y fomento y la Corporación Financiera Internacional para los directores ejecutivos sobre una Estrategia Asistencia País para la República del Ecuador», 29 de abril de 2003, informe número 25817ec.

Dávalos, Pablo (2010), La democracia disciplinaria. El proyecto posneoliberal para América Latina, Quito, codeu. /14/

Se han contabilizado 865 conflictos sociales desde 2007 a 2012. Es el periodo de mayor conflicto social desde el retorno a la democracia en 1979, y mayor que en todo el periodo neoliberal (1982– 2005) (Ecuador Debate, varios años).

estudios críticos del desarrollo, vol. iii, núm. 4, primer semestre de 2013

extractivismo y osneoliberalismo: el caso de ecuador

111

____ (2011), «Hacia un nuevo modelo de dominación política: violencia y poder en el posneoliberalismo», en Gutiérrez, Raquel (coordinador), Palabras para tejernos, resistir y transformar en la época que estamos viviendo, Oaxaca, Puebla, Pez en el Árbol. ____ (2012), «Alianza País, las clases medias ecuatorianas y el Ángel de la Historia», Investigación Económica, número 5. ____ (2013), «Integración y geopolítica: del Consenso de Washington a la Pax Mercatoria», en Sebastián Mantilla y Santiago Mejía (compiladores), Rafael Correa. Balance de la Revolución Ciudadana, Quito, Planeta.

Falconí, Fander y Pabel Muñoz (2012), «Ecuador: de la receta del “Consenso de Washington” al posneoliberalismo», en Sebastián Mantilla y Santiago Mejía (compiladores), Rafael Correa. Balance de la Revolución Ciudadana, Quito, Planeta.

Figueroa Ibarra, Carlos (2011), El recurso del miedo. Estado y terror en Guatemala, Guatemala, f & g Editores.

Figueroa Ibarra, Carlos y Laura Cordero Díaz (2011), ¿Posneoliberalismo en América Latina? Los límites de la hegemonía neoliberal en la región, México, Juan Pablos.

Foucault, Michel (2008), El nacimiento de la biopolítica, México, Argentina, Fondo de Cultura Económica.

Gaudichaud, Frank (coordinador) (2011), El Volcán Latinoamericano. Izquierdas, movimientos sociales y neoliberalismo al sur del Río Bravo, Chile, Ediciones Escapare.

Gudynas, Eduardo (2009), «Diez tesis urgentes sobre el nuevo extractivismo. Contextos y demandas bajo el progresismo sudamericano actual», en Extractivismo, política y sociedad, Quito, claes, caap.

Harnecker, Martha (2012), Ecuador: Una nueva izquierda en busca de la vida en Plenitud, Quito, Abya Yala.

Harvey, David (2005), «El “nuevo” imperialismo: Acumulación por desposesión», en Leo Panitch y Colin Leys (editores), El Nuevo desafío imperial.

Socialist Register 2004, Argentina, Clacso. estudios críticos del desarrollo, vol. iii, núm. 4, primer semestre de 2013

112

verónica albuja y pablo dávalos

iirsa (2012), «Metodologías de Planificación Territorial Indicativa», en ‹http://www.iirsa.org›.

Lohmann, Larry (2012), Mercados de carbono. La neoliberalización del clima, Quito, Abya Yala.

Luxemburg, Rosa (1978), La acumulación del capital, México, Grijalbo.

North, Douglass (2006), Instituciones, cambio institucional y desempeño económico, México, Fondo de Cultura Económica.

Petras, James (2007), Rulers and Ruled in the us Empire, Atlanta, Clarity Press.

Porto–Gonçalves, Carlos Walter (2009), Territorialidades y lucha por el territorio en América Latina. Geografía de los movimientos sociales en América Latina, Venezuela, Ediciones ivic.

Saltos, Napoleón (2010), Peaje global: De la hegemonías de usa a la hegemonía de Brasil. Comisión Especial Caso petrobras, Ecuador, ph Ediciones. senplades (2009), Plan Nacional del Buen Vivir 2009–2013, Quito, Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo.

Stiglitz, Joseph (2002), El malestar en la globalización, Buenos Aires, Taurus.

Tapia, Luis (2011), El Estado de derecho como tiranía, La Paz, cedes–umsa.

Toussaint, Eric (2002), La bolsa o la vida. Las finanzas contra los pueblos, Donostia–San Sebastián, Tercera Prensa–Hirugarren Prentsa s.l. unctad (2010), Informe sobre las inversiones en el mundo 2010, Nueva York, Ginebra, Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo.

Villavicencio, Fernando (2012), Ecuador Made in China, Quito, Interamerican Institute for Democracy.

Von Mises, Ludwig (2007), La Acción Humana. Tratado de Economía, Madrid, Unión Editorial.

Zibechi, Raúl (2010), Contrainsurgencia y miseria. Las políticas de combate a la pobreza en América Latina, México, Pez en el Agua.

estudios críticos del desarrollo, vol. iii, núm. 4, primer semestre de 2013

El boom minero en Colombia: ¿locomotora del desarrollo o de la resistencia?

Kyla Sankey

Resumen. El boom minero de Colombia es un ejemplo claro de cómo los modelos de desarrollo neoliberales no surgen por su potencial para proporcionar «beneficios para todos», como pretenden sus partidarios, sino más bien como el resultado de la evolución de las relaciones de poder entre las clases dominantes y su interacción con la lucha de clases desde abajo, así como la influencia de las fuerzas del capital global y el imperialismo. Tras un análisis del proceso de reprimarización del modelo de desarrollo nacional desde una perspectiva crítica de la economía política, este trabajo examina las reconfiguraciones en las dinámicas de la lucha de clase generadas en los nuevos conflictos sociales que rodean el boom minero.

Palabras clave: Colombia, minería, reprimarización de la economía, conflictos socioambientales, lucha de clases.

Abstract. Colombia’s mining boom provides a clear example of how neoliberal development models do not arise because of their potential to provide «benefits for all» but rather as a result of evolving power relations between the ruling classes and their interaction with the class struggle from below, as well as the influence of the forces of global capital and imperialism. Following an analysis of the emergence of the Colombian mining boom from a critical political–economy perspective, this article examines reconfigurations in the dynamics of class struggle generated by the new social conflicts around the mining boom.

Keywords: Colombia, mining, reprimarization of the economy, social–environmental conflicts, class struggle.

Kyla Sankey es estudiante del Doctorado de Estudios del Desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas, México.

estudios críticos del desarrollo, vol. iii, núm. 4, 2013, pp. 113–144

kyla sankey

114

Introducción

E

n la reserva de los indígenas Wayúu, El Provincial, en el Departamento de la Guajira, Colombia, lo que falta es agua. El río Ranchería, que ha proporcionado el suministro de agua de la comunidad durante siglos, ahora corre de un color opaco marrón rojizo (Orduz, 2012). Las 120 familias que dependen del río para su subsistencia sufren de diarrea y erupciones en la piel; la agricultura a pequeña escala y la pesca, que una vez sostuvo su medio de vida, han desaparecido (pbi Colombia, 2011: 34). Todo esto comenzó hace 30 años, cuando un proyecto de minería de carbón a gran escala a cielo abierto empezó sus operaciones en la región. Hoy en día, la mina El Cerrejón, propiedad de un consorcio de la empresa australiana– británica bhp Billiton, la corporación Británico Anglo American y la sociedad suiza Xstrata, es la mina carbonífera a cielo abierto más grande del mundo, con una producción diaria de 89 mil toneladas que cubre unas 70 mil hectáreas de tierra. En el cercano pueblo de Tabaco, 1,200 residentes locales indígenas y afrocolombianos fueron desalojados por orden judicial con el fin de allanar el camino para la expansión de la mina. Los residentes locales afirman que nunca se contó con su consentimiento y los que se negaron a desplazarse eran sacados a golpes por la policía (pbi, 2011: 34). El Plan de Atención Integral para las Comunidades Indígenas llegó a cinco millones de dólares en 20 años, el equivalente a dos días y medio de producción de la mina (pbi, 2011: 36), y la mina no ha hecho ninguna contribución significativa a la industria local. En cuanto al empleo, la empresa prefiere contratar a trabajadores extranjeros; si bien 45% de la población pertenece a la comunidad Wayúu, sólo representan 1% de los trabajadores de la mina (Benson, 2011). La Guajira cuenta con una tasa de pobreza de 70%, una de las más altas del país, y los servicios de salud, educación y saneamiento son desgraciadamente inadecuados (Benson, 2011).

Las comunidades de los alrededores de El Cerrejón no son la excepción. De hecho, El Cerrejón ha sido señalado como el Posterboy para la indusestudios críticos del desarrollo, vol. iii, núm. 4, primer semestre de 2013

el boom minero en colombia

115

tria minera en Colombia, un modelo de responsabilidad corporativa sociales (rcs) para replicar en todo el país.1 Mientras que la inversión extranjera en el sector de la minería y la energía comenzó a despegar con las reformas neoliberales de la década de 1990, el boom minero en Colombia despega desde la primera década del nuevo siglo. El auge actual tiene sus raíces en el nuevo código minero de 2001 y los siguientes dos periodos presidenciales de Álvaro Uribe (2002–2010). El objetivo de Uribe era transformar el sector minero–energético de Colombia en una de las industrias más importantes de América Latina, mediante la estrategia de atraer a empresas multinacionales mineras para extraer los recursos del país a través del principio de la ventaja comparativa. Durante el gobierno de Uribe, la inversión extranjera en el sector minero–energético aumentó de 42 a 67% del total de la inversión extranjera directa (ied) (Banco de la República, s/f ). Para 2010, 60% del territorio colombiano estaba bajo concesión minera o con solicitudes pendientes (Controloría General de la República, 2011: 131). En el marco del Plan Nacional de Desarrollo del actual presidente Juan Manuel Santos, la industria minera ha sido señalada como una de las cuatro «locomotoras» principales del desarrollo económico. El gobierno pretende aumentar la producción de crudo y gas en 40%, la producción de carbón en dos tercios y la producción de oro en un tercio (dnp, 2010: 220).2 Para el gobierno, la minería está destinada a proporcionar la fuerza motriz de un proceso de desarrollo capitalista exitoso; atraer inversión extranjera a través del principio de la ventaja comparativa que, supuestamente, dará lugar a la afamada promesa del Plan Nacional de Desarrollo de «prosperidad

El sitio web de El Cerrejón cita sus numerosos premios, tales como la British & Colombian Business and Social Award de 2006, el premio de responsabilidad ambiental en 2009 y el título «Mejor experiencia a beneficio de la comunidad» en los premios nacionales de 2011. /2/ Según el Departamento Nacional de Planeación, se busca aumentar la producción de petróleo y gas de 990,600 a 1.4 millones de barriles diarios; la producción de carbón, de 74 a 124 millones de toneladas, y la producción de oro, de 53 a 72 toneladas por año (dnp, 2010: 220). /1/

estudios críticos del desarrollo, vol. iii, núm. 4, primer semestre de 2013

116

kyla sankey

para todos». Empero, en contra de esta tesis, como veremos más adelante, aquí argumentamos que la industria minera de Colombia es un claro ejemplo para demostrar que el desarrollo económico en la época neoliberal no es un proceso que levanta todos los barcos en una marea creciente. Hay ganadores y perdedores. Modelos especiales de desarrollo surgen en determinados lugares y tiempos no como cuestiones técnicas de gestión o gobierno, sino más bien como resultado de configuraciones de poder sociopolítico y las luchas entre las varias clases y sectores. La política minera actual se caracteriza principalmente por fuertes desigualdades en la distribución de los beneficios y los costos. Mientras que un puñado de corporaciones extranjeras monopolistas se apropian de los beneficios a una escala sin precedentes, los costos, que no son sólo económicos sino también sociales y ambientales, son transmitidos, o «externalizados» a los trabajadores, las comunidades y los que pagan el precio de la pérdida de tierras y recursos. Lejos de representar la «locomotora de desarrollo» que pretende el gobierno, el actual programa de desarrollo nacional está a punto de enviar a la nación por el camino del crecimiento económico con exclusión y despojo.

Frente a esta perspectiva, las opciones de las comunidades afectadas por la minería son limitadas. Pueden aceptar las condiciones impuestas por el modelo de desarrollo dominante, abandonar sus medios tradicionales de producción —en los casos afortunados recibir un mínimo de pagos compensatorios— para competir por los escasos empleos disponibles en los sitios mineros. O, de lo contrario, pueden resistir. Como veremos, esto ha sido el caso no sólo de las comunidades indígenas y los trabajadores de El Cerrejón, quienes lograron frenar la expansión de la mina y el desvío del río Ranchería, sino también de los cientos de nuevas movilizaciones generadas en torno a la industria minera en Colombia en los últimos años, lo cual ha dado un nuevo impulso a la larga trayectoria histórica de la lucha de clases del país. Dado la coyuntura actual, cabe destacar que la característica principal del llamado nuevo extractivismo es la de un conflicto directo entre las comunidades y el gran capital. En este contexto, este trabajo sostiene que, si bien en Colombia estudios críticos del desarrollo, vol. iii, núm. 4, primer semestre de 2013

el boom minero en colombia

117

el boom minero no representa la «locomotora del desarrollo» prometido por el gobierno, bien podría echar más combustible a la otra locomotora: la de las fuerzas de la resistencia.

El «nuevo imperialismo» y la lucha de clases en el centro y la periferia La literatura académica sobre el reciente aumento en el capital extractivo ha sido influenciada en gran medida por el concepto de David Harvey de «acumulación por desposesión» (Harvey, 2005). Según la teoría de Harvey, la fase actual del «nuevo imperialismo» se caracteriza por un escenario mundial dominado por las corporaciones monopólicas, que se expanden a través del reclutamiento del poder del Estado imperial con el fin de abrir nuevas fuentes de inversiones rentables en la periferia. Las tendencias a la sobreacumulación son «arregladas» (fixed) mediante estrategias a menudo engañosas, fraudulentas y violentas de separación de las comunidades de sus tierras y recursos, la privatización de los activos públicos y la explotación intensiva de fuerza de trabajo. Éste es el marco teórico adoptado por Gordon y Webber, cuyo estudio de la minería en América Latina se centra en el papel del Estado canadiense imperialista en la facilitación de una «unidad canadiense corporativa de los espacios de acumulación de capital» (2007: 83). Sin embargo, mientras el modelo de Harvey propone una interpretación perspicaz desde la óptica del capitalismo global, cuando se aplica desde la perspectiva de los Estados periféricos, el modelo sólo proporciona un lado de la historia. Estrategias de acumulación por desposesión no son simplemente impuestas a las comunidades de la periferia de las potencias imperiales, sino más bien surgen como resultado de la configuración de poder de las clases dominantes en el Estado periférico. En el caso de Colombia, lo que puede ser descrito como un Plan de Desarrollo Nacional basado en la acumulación por desposesión, ha surgido como resultado de la evolución de las relaciones de poder de la clases domiestudios críticos del desarrollo, vol. iii, núm. 4, primer semestre de 2013

118

kyla sankey

nantes y la lucha de clases desde abajo, junto con la interacción de estos procesos con las fuerzas internacionales de capital (veáse también O’Connor y Bohórquez, 2010). De ello se deduce que las luchas sociales que surgen en torno a la acumulación por desposesión son mejor entendidas como el producto de la evolución en la trayectoria histórica de la lucha de clases, sobre todo teniendo lugar en el ámbito nacional, y no como movimientos que operan en un escenario global, o incluso como movimientos que surgen para «confrontar el capital canadiense», como sostienen Gordon y Webber (2007). Las fuerzas internacionales pueden incidir y reconfigurar la lucha de clases a nivel nacional, pero sería un error entenderlas como sus determinantes principales.

El boom minero, o la incursión del capital transnacional extractivista, en Colombia ha condicionado y se ha visto condicionado por el panorama social, económico y político en el que llegó. Colombia es uno de los países más desiguales del mundo. El crecimiento sostenido del producto interno bruto (pib) desde las reformas neoliberales de 1990 ha sido acompañado por un crecimiento sostenido de desigualdad, tal como se refleja en un aumento del coeficiente de Gini de 0.546 en 1990, en los albores de la era neoliberal, a 0.578 en dos décadas. El nivel de desigualdad social en la distribución de la riqueza y el ingreso es el segundo más alto en el continente (fescol, 2011). 49% de la población vive en condiciones de pobreza, cifra que es mucho mayor en los distritos mineros como Montecristo en Bolívar (91%), Nechí en Antioquia (86%), Maicao en la Guajira (83%) y El Paso en Cesar (79%).3 Al igual que en la década de 1960, cuando décadas de «acumulación primitiva» (despojo del campesinado o la separación de los productores directos de la tierra en un proceso de expropiación violenta) generó un movimiento de lucha por tierras de gran alcance y un ejército de liberación nacional (las farc–ep), la fuente principal de la pobreza es la distribución de tierras. Hoy en día, a pesar de la

/3/

Cifras basadas en el Indice Multidimensional de Pobreza (imp) de los datos del dane de 2005 (La Silla Vacía, 2013).

estudios críticos del desarrollo, vol. iii, núm. 4, primer semestre de 2013

el boom minero en colombia

119

lucha por la tierra que ha atravesado cinco décadas, la característica predominante del campo colombiano es el destierro. El 63% de la tierra permanece en manos de sólo 0.43% de los propietarios y 75.6% de la tierra cultivable se dedica a la ganadería extensiva (dane, 2004), mientras que más de 120 mil colombianos mueren por desnutrición cada año. Los escuadrones de muerte paramilitares patrocinados por el Estado son responsables del asesinato de aproximadamente 500 mil personas, incluidos los líderes de la oposición, activistas y periodistas, y en particular, desde la década de 1980, han llevado a cabo el robo violento de tierra. Según un informe gubernamental, los paramilitares y los narcotraficantes ahora poseen casi la mitad de toda la tierra cultivable del país (Vicecontralor General de la República, 2007). Mientras tanto, se estima que cinco millones de colombianos han sido desplazados de hasta 10 millones de hectáreas de tierra (abcolombia, 2011). Entre 1986 y 2010, 2,800 sindicalistas fueron asesinados, cifra que hace que Colombia sea el país más peligroso del mundo para sindicalizarse. En el sector minero– energetico, tres cuartas partes de los trabajadores están laborando por debajo de los estándares mínimos establecidos por la Organización Internacional del Trabalo (oit) (Villamil, 2013). En la última «apertura democrática» para un partido político de izquierda, en las décadas de 1980 y 1990, se formó la Unión Patriótica. En 2002, el movimiento terminó después del asesinato de aproximadamente cuatro mil miembros —entre ellos alcaldes, diputados, senadores y candidatos presidenciales— en manos de los grupos paramilitares.

Los factores principales que caracterizan la minería de Colombia y el capital extractivo, o lo que Veltmeyer (2013) ha llamado el «imperialismo extractivista», se puede resumir en el siguiente esquema: 1. Un núcleo de empresas transnacionales (ctn) que se apropian de una porción cada vez mayor de las súperganancias obtenidas en la industria minera. Estas empresas capitalistas grandes y poderosas económicamente se basan, principalmente, en Occidente, particularmente en Canadá, Estados Unidos y Reino Unido. De las 20 mayores empresas mineras que operan en Colombia, siete son canadienestudios críticos del desarrollo, vol. iii, núm. 4, primer semestre de 2013

120

kyla sankey

ses, cuatro son colombianas, tres son estadounidenses y cuatro son conglomerados que combinan dos corporaciones o más.4 Estas empresas están pasando por un proceso de concentración y centralización; de las 40 empresas mineras más grandes del mundo en 2003, en 2007 sólo había 27 y el resto había sido devorado en el proceso de las fusiones y adquisiciones (Dinero, 2008). Las ctn están en manos de los agentes de una clase gobernante mundial de inversionistas, financistas e industriales. Esta clase también ejerce un poder político de gran alcance mediante el control del Estado, que es estructurado con el fin de representar y defender sus intereses de clase, y por medio de instituciones tales como la Corporación de Desarrollo Económico y fundaciones privadas, centros de investigación y foros de política, tales como la Fundación Heritage y el Instituto Fraser. También prescriben políticas públicas en beneficio del capital social y alientan a los gobiernos nacionales a adoptar medidas que facilitan la operaciones del capital extractivo. A nivel nacional, las empresas dependen de la representación y los contactos políticos de las élites locales, como el primo de Santos, representante de Canadá tnc Medoro Resources en Colombia. La industria minera en los últimos años también ha visto el surgimiento de grandes empresas colombianas dentro del llamado «sector privado».

2. El apoyo del Estado imperial para garantizar y promover la extracción de recursos a favor de sus ctn. Tradicionalmente, Colombia ha sido un pilar medular del imperio de Estados Unidos en América Latina en términos de proporcionar apoyo a la agenda geopolítica de «seguridad», así como un proveedor de recursos energéticos (veáse Petras, 2000). Actualmente, es el séptimo proveedor más importante de petróleo de Estados Unidos. Desde finales de 1990, con el surgimiento de grandes corporaciones mineras canadienses, el Estado canadiense ha tenido una influencia cada vez más poderosa en el sector minero–energético. El poder estatal también se ejerce mediante las organizaciones internacionales

/4/

Entre los mayores, se encuentran bhp Billiton (Australia), Rio Tinto (Reino Unido), Xstrata (Suiza y Reino Unido), Anglo American (Reino Unido), Barrick Gold (Canadá), Muriel Mining (Estados Unidos), Pacific Rubiales (Canadá), Greystar/Eco Oro (Canadá) y Drummond (Estados Unidos).

estudios críticos del desarrollo, vol. iii, núm. 4, primer semestre de 2013

el boom minero en colombia

121

e instituciones financieras que representan sus intereses, tales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional (fmi) y la Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional (cida, por sus siglas en inglés).

3. El apoyo del cuerpo de la élite de la clase dirigente nacional para proporcionar las condiciones necesarias para la entrada de las empresas extractivas. La élite, así como la clase dirigente, es normalmente sujeta a disputas entre facciones y la división política. En Colombia, la élite dentro de la clase dominante y gobernante es representada por dos bloques. Por un lado, está la élite oligárquica rural compuesta por oficiales militares y paramilitares, narcotraficantes, grandes propietarios de tierras dedicadas a la ganadería y la agroindustria, los políticos conservadores y los líderes de la Iglesia. El representante más destacado de este grupo es el ex presidente Álvaro Uribe. Por otro lado, está la élite transnacional, modernizante y urbana de los capitalistas industriales y financieros, junto con algunos agroindustriales. Esta clase ha sido representada por la mayoría de los presidentes de los últimos años, entre ellos el actual presidente Santos.

4. La promoción de un modelo de desarrollo nacional basado en la ideología de la «globalización», o la necesidad de insertar las economías nacionales en el mercado mundial. Esto concede especial prioridad a un modelo de crecimiento económico impulsado por la inversión extranjera directa (ied), que se siente atraída por el principio de la ventaja comparativa y la creación de la «confianza de los inversionistas». El sitio web del Ministerio de Minas y Energía declara, orgullosamente, que «según Doing Business [sitio web del Banco Mundial] somos el país con el mejor clima de negocios en Latinoamérica». Citando como ejemplo, hace la referencia a diversas exenciones fiscales sobre la extracción de materia prima, así como el hecho de que Colombia «tiene el segundo régimen laboral más flexible en América Latina», con un salario de un décimo comparado a Estados Unidos (Ministerio de Minas y Energía, s/f ).

5. La adopción de estrategias militares para despejar y asegurar el camino del capital extractivo en el pasado a través de una alianza entre los operativos contrainsurgentes estadounidenses de la guerra fría, las empresas transnacionales, los sucesivos gobiernos de Colombia y el bloque de la élite rural. Estas estructuras, estudios críticos del desarrollo, vol. iii, núm. 4, primer semestre de 2013

122

kyla sankey

en gran parte, hoy persisten en la forma de la guerra contra las drogas del Plan Colombia, nuevos grupos paramilitares y las fuerzas estatales. Como se verá más adelante, los proyectos militares han servido a los intereses del capital extractivo para «despejar» la tierra y los recursos de las comunidades locales, la represión de la fuerza de trabajo y la eliminación de la oposición política de los partidos políticos, movimientos sociales y periodistas.

6. Distribución altamente desigual de los beneficios sobre la base de las divisiones entre clases y la división centro–periferia entre las naciones. El pequeño núcleo de empresas transnacionales es capaz de aprovechar los mecanismos de transferencia de excedentes, la apropiación de la tierra y de los recursos de las comunidades, la explotación de una fuerza de trabajo precaria y reprimida. A través de estas estrategias son capaces de capturar porciones sin precedentes de la utilidad social o, en otras palabras, cosechar súper–ganancias. En el espacio de apenas dos años, entre 2009 y 2011, las ganancias operativas en el sector de la minería casi se duplicaron, de 15 mil millones a 28 mil millones de dólares (Superintendencia, 2012: 4). Esto se ha logrado a través del ejercicio del poder político y militar que ha permitido que las empresas mineras se apropien de las tierras y los recursos a cambio de una cuota mínima de regalías e impuestos, y una distribución pésima de las ganancias con los trabajadores y comunidades locales. En términos económicos, la minería representa un drenaje en la economía nacional; en 2010, por cada dólar que ingresó al país en forma de ied en el sector minero y energético, 1.22 sale en la forma de dividendos y remesas de utilidades (Valencia, 2012: 14). Con respecto a las regalías e impuestos, de acuerdo con los cálculos de un economista contratado por el gobierno, las regalías en el sector minero en 2009 ascendieron a 29% para toda la minería, incluidos los hidrocarburos, y 25% si se excluyen los hidrocarburos (citado en abcolombia, 2012: 21). Sin embargo, según los cálculos de las exenciones, 51% de impuesto sobre la renta de toda la minería, incluidos los hidrocarburos, fue pagado en forma de exenciones, cifra que llegó a 90% para minería sin contar hidrocarburos (ibid). La pérdida total para el gobierno en la forma de exenciones ascendió a 2.2 billones de dólares en 2009, cifra que es superior, por ejemplo, al total del presupuesto que se gasta en estudios críticos del desarrollo, vol. iii, núm. 4, primer semestre de 2013

el boom minero en colombia

123

víctimas del conflicto o, de hecho, en todo el presupuesto de salud. Otro componente clave de la capacidad de las empresas para hacer súper–ganancias de la extracción de recursos ha sido la exclusión de los costos ambientales y sociales que acompañan el proceso de extracción, pues son las comunidades locales y los trabajadores quienes, en gran medida, pagan la factura.

7. Asunción altamente desigual de los costos. La minería a gran escala no sólo ofrece pocos beneficios a otros sectores de la economía, pero los amenaza a través de los efectos de la enfermedad holandesa.5 Entre 2000 y 2011, mientras que la participación de la minería en el pib aumentó del 6 al 11%, el de la agricultura cayó 8 a 6% y la industria cayó del 14 al 12% (Banco de la República, s/f ). Los que pagan el precio más alto de la incursión del capital minero, sin embargo, son los trabajadores y los pueblos indígenas afrodescendientes, comunidades campesinas y pequeños mineros en la fase actual de un proceso intensivo y frenético de «acumulación por desposesión» (Harvey, 2005). Esto se caracteriza por la mayor explotación de la fuerza laboral en la división internacional del trabajo, la privatización de las empresas mineras estatales, la apropiación y la contaminación de los recursos locales y el abastecimiento de agua, la reconfiguración de los derechos de propiedad en favorecer al gran capital y el desplazamiento territorial de millones de comunidades indígenas y campesinas.

8. Un nuevo impulso para las fuerzas de resistencia, originado en los conflictos generados por la industria minera. Nuevas contradicciones y formas de despojo que rodean los mecanismos actuales de extracción de recursos naturales han estado acompañados por el surgimiento de un nuevo conjunto de actores que participan en las movilizaciones: los trabajadores en huelga; las comunidades indígenas, afrocolombianos, campesinas y mineras desplazadas, y las comunidades

/5/

La enfermedad holandesa ocurre cuando la afluencia de dólares hace que la moneda se aprecie, lo que aumenta el precio de la producción local y la reducción de la competitividad, tanto en los mercados locales e internacionales. El peso colombiano ha tenido una de las tasas más altas de apreciación en el mundo en relación con el dólar, con una revalorización de 38% entre 2003 y 2012 (Banco de la República, s/f ).

estudios críticos del desarrollo, vol. iii, núm. 4, primer semestre de 2013

kyla sankey

124

urbanas amenazadas por la pérdida de suministro de agua y los activistas ambientales. Con estos nuevos actores ha llegado un nuevo conjunto de estrategias, demandas y propuestas alternativas.

Bajo este marco, las siguientes tres secciones examinan la evolución de la economía política nacional e internacional que han allanado el camino para el auge de la minería. Luego, se revisan los nuevos actores y puntos de conflicto generados en torno a las dinámicas del extractivismo contemporáneo.

Preparando el camino para el capital extractivista ¿Por qué se desencadenó la entrada de ied basada en la extracción de materias primas en la primera década del siglo xxi? Por supuesto, hubo un aumento de los precios de las principales exportaciones mineras de Colombia: desde 2001, los precios del oro han aumentado en 4.5 veces; del carbón, 2.5, y del níquel, 4.7. También hubo cambios en la coyuntura geopolítica. Colombia ha representado durante mucho tiempo un aliado estratégico para los intereses energéticos y de seguridad de Estados Unidos. A mediados de los noventa, con reservas estimadas en 150 mil millones barriles, Colombia llegó a ser el séptimo proveedor petrolero de Estados Unidos.

Sin embargo, desde finales de la década de los noventa, Canadá también ha intervenido como actor internacional importante. Si el capital canadiense reproduce una papel significativo en la extracción de petróleo y gas colombianos desde la década de los veinte, con los programas de reformas neoliberales de la década de los noventa Colombia fue considerado por el gobierno canadiense como un destino clave para sus inversiones en el sector de la minería. El Departamento Canadiense de Asuntos Exteriores y Comercio Internacional (dfait, por sus siglas en inglés) explica: «La inversión extranjera en sectores claves [de Colombia], tales como los programas de infraestructura y estudios críticos del desarrollo, vol. iii, núm. 4, primer semestre de 2013

el boom minero en colombia

125

privatización, ha ofrecido nuevas posibilidades a largo plazo para los inversores empresariales canadienses» (Ismi, 2012). En 1996, cida donó 11.3 millones de dólares al Ministerio de Minas y Energía para «mejorar la capacidad institucional» de este ministerio y regular los sectores de hidrocarburos, minería y energía. «Una serie de medidas de desregulación y reestructuración» mejoraría las perspectivas de Colombia para atraer la inversión extranjera.

La influencia de este «apoyo» se demuestra claramente en el nuevo Código Minero de Colombia de 2001. Introducido como parte del paquete de reformas neoliberales bajo los auspicios del Banco Mundial y el cida, el código establece el marco legal que permite la incursión de la inversión extranjera en la minería. La minería fue declarada una «actividad de interés público», lo que permite la expropiación unilateral de la propiedad privada. Fueron levantadas las restricciones a las áreas abiertas para la exploración y reducidos los impuestos a las empresas. Los títulos mineros se otorgaron bajo el principio de «primero en tiempo, primero en el derecho». La participación del Estado en la extracción fue suprimido y su papel fue relegado a la de regulación y recolección de regalías (Fierro, 2012: 16, 38). Se establecieron tasas fijas para las regalías, por ejemplo, a 0.4% en la producción de carbón y oro (Pardo, 2012: 9). La empresa minera estatal Minercol fue liquidada (junto con el sindicato nacional minero, sintraminercol). La corporación de carbón en El Cerrejón, Carbocol, fue vendida a un consorcio extranjero —compuesto por Exxon Mobil, Anglo American, bhp Billiton y Glencore Internacional por 384 millones de dólares—, muy por debajo de su valor estimado, bajo presión del fmi, lo cual desencadenó un auge de inversión extranjera en el sector. En 1996, la minería representaba 2.2% de la inversión extranjera total. Para 2001, esta cifra había aumentado a 26% (Banco de la República, s/f ). La inversión canadiense en el sector de minería e hidrocarburos se disparó de 1.4 millones de dólares en 1999 a 663.9 millones de dólares en 2000 (Banco de la República, s/f ).

El carácter de este boom a la vez determinó y fue determinado por las dinámicas del conflicto armado. La creciente cantidad de tropas guerrilleras se enfocaba cada vez mas en las áreas de importancia estratégica en términos de estudios críticos del desarrollo, vol. iii, núm. 4, primer semestre de 2013

126

kyla sankey

recursos naturales, lo cual tuvo un impacto importante en las zonas petroleras, como el Putumayo, donde la producción de petróleo disminuyó desde un máximo de 80 mil barriles diarios en 1980 a menos de 10 mil en 2003, y en Caño Limón en Arauca, que había recibido 170 ataques de la guerrilla sólo en 2001 (Leech, 2004). En este contexto, el auge en los años noventa de los paramilitares, en alianza con los operativos contrainsurgentes de Estados Unidos, los políticos y los empresarios nacionales, que consistió en un apropiación de 11 millones de hectáreas de tierra y el despojo de cinco millones de personas, también está estrechamente ligado a la nueva incursión de ied. En un momento de lucidez, el jefe paramilitar Carlos Castaño declaró que «nosotros [los paramilitares] siempre hemos proclamado que somos los defensores de la libertad de empresas y de los sectores industriales nacionales e internacionales» (citado en Stokes, 2006: 10). 74% de las violaciones de los derechos humanos tiene lugar en las regiones minero–energéticas (que actualmente representan 32% del territorio nacional) y 87% de la población desplazada en la actualidad provienen de estas zonas. Entre 1995 y 2002, un total de 7,500 asesinatos fueron cometidos en estas regiones (Ramírez, 2011). Es precisamente tras el auge paramilitar y el pacto entre las facciones de la élite —por un lado, el bloque rural de terratenientes, narcotraficantes, paramilitares, miembros del Congreso y la Iglesia, por otro lado, la élite transnacional de comerciantes, banqueros e industriales— que llega el presidente Uribe al poder en 2002.

Esta nueva alianza también contó con una representación importante de las empresas de la gran minería. Los ejecutivos de empresas como AngloGold Ashanti, Drummond y Glencore Greystar aprovecharon las reuniones periódicas con los políticos nacionales (Cuervo, 2012: 141). El grupo de lobby llamado «el Sector de la Minería a Gran Escala», que representa a las empresas mineras nacionales y multinacionales, organiza eventos regulares con los ministros del gobierno como oradores principales. Uribe es acusado de haber participado en reuniones entre Drummond y los paramilitares. AngloGold Ashanti hizo acuerdos con el presidente Uribe y funcionarios de las agencias de Ingeominas mineras reguladoras con el fin de eliminar los obstáculos ambientales en las estudios críticos del desarrollo, vol. iii, núm. 4, primer semestre de 2013

el boom minero en colombia

127

regulaciones mineras (ibid). Funcionarios de Ingeominas pasan a trabajar para AngloGold Ashanti. Un primo del actual presidente Santos es el presidente nacional de la minería de oro canadiense Medoro multinacional y el ex canciller Araújo es actualmente jefe nacional del oro canadiense Gran Colombia. Es, de esta manera, que los actores clave del auge minero han permeado las configuraciones de los bloques nacionales de élite y las clases dominantes.

El extractivismo en guerra (2002–2010) La política minera de Uribe se basaba en dos pilares principales: primero, como veremos mas adelante, en una estrategia sin precedentes de desregulación estatal, y segundo, en el desencadenamiento de la violencia patrocinada por el Estado. Un componente principal de esta campaña, supuestamente de «Seguridad Democrática», fue la asignación de unidades militares para proteger al sector minero. Dos tercios de las tropas debían dedicarse a salvaguardar la infraestructura petrolera y minera. En la región de Santander, por ejemplo, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (farc) y el Ejército de Liberación Nacional (eln) habían estado cobrando «Vacunas» (impuestos) a la empresa Greystar minera canadiense de oro, en forma de pagos a las escuelas locales, clínicas e infraestructura. Tras el secuestro de uno de sus subcontratistas y la salida de las tropas estatales, Greystar se retiró de la región en 1999.

Sin embargo, en mayo de 2002, Greystar, junto con gobiernos de Canadá y Estados Unidos, participaron en las conversaciones con Uribe (Cumming, 2004). Resulta que, en su toma de posesión en el poder, Uribe estableció dos bases militares en la región para combatir la guerrilla y obligó a 180 mineros artesanales (declarados «mineros ilegales») a abandonar el sitio (O’Connor y Bohórquez, 2010: 104). La ied en el sector minero se disparó de 466 millones de dólares en 2002 a 2.2 mil millones de dólares en 2005 (Banco de la República, s/f ). estudios críticos del desarrollo, vol. iii, núm. 4, primer semestre de 2013

128

kyla sankey

Sin embargo, la política de guerra total muy pronto tomó un aspecto desalentador en tres frentes. Primero, con una tasa creciente de ataques guerrilleros, no hubo ningún indicador claro de que el gobierno estaba ganando.

En segundo lugar, con un déficit de 6% y una deuda nacional de 54% del pib, el presupuesto se estaba agotando. En tercer lugar, la alianza temporal entre el bloque mafioso de la élite rural y el bloque de las élites transnacionales se estaba acabando. La introducción de un «impuesto élite» para financiar el gasto militar estaba provocando una rebelión en los sectores empresariales (Brittain, 2007).

Ante las crecientes presiones internas generadas por los costos de un programa militar fracasado, Uribe apostó desesperamente por el sector minero.

Como Richani (2012: 134–135) ha argumentado: «los imperativos crecientes de guerra llevaban al gobierno a integrarse a la economía mundial basado en el principio de la “ventaja comparativa”, un eufemismo para asignar la posición económica de Colombia en la división global del trabajo, lo que limita su economía a la exportación de unos pocos cultivos comerciales de minería, gas, petróleo y servicios (café, flores cortadas y aceite de palma)». En otras palabras, ningún esfuerzo sería escatimado para atraer el interés extranjero en el sector minero. Según la observación del presidente regional de una empresa petrolera en Colombia, «el gobierno está literalmente desesperado por atraer a las empresas mediante la presentación de todo tipo de concesiones» (ny Times, 24 de octubre de 2004, citado en Richani, 2010: 133). Uribe promueve una segunda fase del Plan Colombia, titulado «Recuperación Social del Territorio», que incluye la expansión militar en 53 regiones de importancia estratégica donde operan grandes empresas como bp, Repsol y Harken Energy, y la creación de dos batallones para proteger a las empresas mineras y energéticas (Ramírez, 2011; Ismi, 2012). Esto fue acompañado por una estrategia de cooptación de un millón y medio de informantes civiles regionales y un aumento de 200% de la violación de los derechos humanos en estas regiones (Ismi, 2012).

Uribe se dedicó a un proyecto desenfrenado de controles reglamentarios, la aplicación de nuevas privatizaciones y la apertura del país al libre comerestudios críticos del desarrollo, vol. iii, núm. 4, primer semestre de 2013

el boom minero en colombia

129

cio, la firma de acuerdos con China, Estados Unidos y Canadá. El instituto regulatorio, Ingeominas, fue reducido a 50 funcionarios y asignaron fondos suficientes para verificar los pagos de los derechos de más de cuatro mil títulos mineros. Durante este periodo, más de nueve mil títulos mineros fueron adjudicados, incluyendo parques nacionales y reservas indígenas, en lo que el actual ministro de Minas y Energía más tarde llamó una «piñata de concesiones mineras». Sólo una empresa, Anglo Gold Ashanti, consiguió 496 títulos de explotación sobre 825 mil hectáreas y títulos de exploración en dos millones de hectáreas más (Pulido y Osorio, 2011).

De acuerdo con las últimas exigencias del fmi, Ecopetrol, la empresa petrolera estatal, fue liquidada y dividida en tres empresas. Más adelante, el 20% de Ecopetrol sería colocado en el mercado de valores. Mientras que las empresas reformadas seguían bajo control estatal, ya no estaban obligados a participar en la perforación. Los nuevos acuerdos eliminaron la participación estatal en contratos de explotación petrolera y las regalías mínimas fueron reducidas de 23% a 8% (Leech, 2006: 150). La primera empresa en beneficiarse fue Harken Energy, una compañía con estrechos vínculos con el ex presidente George Bush (Leech, 2004). Lo que quedaba de Ecopetrol era para cubrir la infraestructura, los oleoductos y los costos de transporte con el fin de atraer nuevas inversiones (Richani, 2010: 135).

Una serie de beneficios se ofrecen a las empresas extractivas en forma de exenciones fiscales, deducciones por las ventas de activos fijos que pasó de 30 a 40%, eliminación de impuestos sobre servicios públicos y concesión de subsidios al combustible (Pardo, 2012: 15). Según la Ley 963 de 2005, el 20% de los hidrocarburos fue sustituido por una tasa negociable —que puede ser de tan sólo 8%—, a los inversores extranjeros se les dio la misma igualdad de derechos que los nacionales y los derechos plenos de remesas les fueron concedidos (Zúñiga, 2010). Los nuevos contratos firmados con más de 700 empresas incluyeron artículos que estipulan que el pago de regalías no podía ser aumentado en un periodo de 20 años, y en el caso en que las nuevas leyes redujeran los pagos de regalías, las empresas tendrían la oportunidad de reneestudios críticos del desarrollo, vol. iii, núm. 4, primer semestre de 2013

130

kyla sankey

gociar los contratos (Pardo, 2012). Las nuevas medidas no pasaron inadvertidas. El instituo canadiense Fraser Institute, promotor del proyecto Libertad Económica en el Mundo, poco después informó felizmente que «Colombia mostró una mejoría significativa [...] La mejor puntuación podría ser el resultado de una mayor confianza a la comunidad minera en el país, debido a su mayor estabilidad política y la seguridad» (Fraser Institute, 2010).

La nueva política desató un boom minero que superó aun los sueños de Uribe. El objetivo declarado de Uribe había sido amplificar el área bajo las concesiones mineras en 50% (Fernández y Valencia 2010: 13). Mientras que durante la administración Pastrana (1996–2000) 221 mil hectáreas de tierra estaban bajo concesiones mineras, durante el gobierno de Uribe esta cifra ascendió a 7.4 millones de hectáreas (abcolombia, 2011); su objetivo fue superado por 22 veces. La ied en los sectores de minería y energía aumentó diez veces entre 2002 y 2010, pasando de 466 millones a 4.5 mil millones de dólares, del 42 al 67% de la ied (Banco de la República s/f ). Esto fue acompañado por un aumento en el número de empresas petroleras canadienses que operan en Colombia, de siete en 2006 a 15 en 2012. Entre 2002 y 2010, la producción de carbón aumentó 80% y la producción de petróleo aumentó 36%. Entre 2006 y 2010, la producción de oro aumentó 340% (Ministerio de Minas y Energía, 2011).

Los dos booms que caracterizan este periodo, el capital extractivo y la violencia política, están estrechamente vinculados de varias maneras. En primer lugar, un bloque mafioso de la élite rural fue capaz de llegar al poder mediante el aprovechamiento de la priorización de una política de «seguridad» de Estados Unidos, Canadá y las empresas multinacionales, quienes buscaban protección frente a las amenazas de la guerrilla; de ahí se formó una alianza basada en intereses mutuos. En segundo lugar, las reformas neoliberales allanaron el camino para una oleada de varios mecanismos de acumulación por desposesión, es decir, la privatización, la superexplotación y la separación de las comunidades campesinas, indígenas y afrocolombianas de sus tierras y medios de producción. Este proceso fue acelerado por la alianza mafiosa de estudios críticos del desarrollo, vol. iii, núm. 4, primer semestre de 2013

el boom minero en colombia

131

los bloques de élites a través de las reformas institucionales y de la violencia militar y paramilitar. Por último, la estrategia de guerra total, adoptada por este bloque mafioso, requería de una vaca de leche para financiar sus grandes costos; esa vaca tomó la forma de las rentas mineras. De esta manera, el capital extractivo ha generado y ha sido generado por la violencia estatal.

¿Extractivismo en paz? (de 2010 a la fecha) Desde la salida de Uribe y la elección de su ex ministro de Defensa, Juan Manuel Santos en 2010, la política minera se ha acelerado en la misma dirección.

En su Plan Nacional de Desarrollo 2011–2014, el nuevo presidente manifestó su objetivo de «prosperidad para todos, más empleo, menos pobreza y más seguridad». Esto se lograría sólo si Colombia se convertía en uno de «los cinco principales destinos para la inversión extranjera en América Latina, multiplicando la producción minera nacional y garantizando la estabilidad tributaria para los inversores». El impuesto sobre la renta se redujo de 33 a 25%, cifra que no tiene en cuenta las deducciones y exenciones, que llegaron a un billón de dólares en 2011 (Pardo, 2012: 16). En 2011, después del primer año de la administración Santos, el número de concesiones mineras se elevó a 8.4 millones, y en 2012 Santos abrió dos «distritos estratégicos mineros» para subastar a los inversores internacionales, lo cual culmina en un total de 20.5 millones de hectáreas (abcolombia, 2012).

Como hemos visto en el apartado anterior, la guerra en Colombia ha servido para mantener el poder del bloque de las élites rurales, cuyos intereses estaban representados en la presidencia de Uribe. Santos representa una facción de la élite conectada pero distinta: la élite transnacional de los empresarios y financieros. La élite transnacional había hecho una alianza con las élites de la mafia rural para allanar el camino a las reformas neoliberales y el capital extractivo a costa de la mayoría de la población. Sin embargo, el bloque de la élite estudios críticos del desarrollo, vol. iii, núm. 4, primer semestre de 2013

132

kyla sankey

rural tiene más que ganar con la perpetuación de la guerra. La reciente apuesta del presidente Santos a las negociaciones de paz es un signo de que algunas facciones de la élite se están alejando del nexo entre guerra y extractivismo.

La guerra sigue significando un costo importante; el presupuesto militar sigue representando alrededor de la tercera parte del pib, mientras que la deuda nacional se ha mantenido en 52% del pib. Ademas, la guerra ha representado una amenaza a la inversión extranjera cada vez más importante desde 2011, ya que las farc intensificaron la operación militar dirigida al sector extractivo. Según las propias cifras del gobierno, en 2011 el secuestro de los empleados en este sector aumentó en 377% y los ataques a los oleoductos aumentaron 253% (Ministerio de Defensa, 2012). Los ataques contra oleoductos y ferrocarriles de carbón han resultado costosos, con pérdidas estimadas en 400 millones de dólares al año (Sequera, 2012). Un acuerdo entre las farc y el eln se hizo en febrero de 2013 para dirigirse específicamente a la minería en las zonas de petróleo y oro de Antioquia. El Ministro de Hacienda estima que si las negociaciones de paz logran poner fin al conflicto, el pib de Colombia podría crecer entre uno y dos puntos porcentuales extras anuales (ibid).

No cabe duda de que la inversión extranjera en el sector minero ha sido uno de los principales factores de motivación para la reciente iniciativa de paz de Santos con las farc y el eln.

El aumento de la hegemonía canadiense también ha tenido un impacto en el panorama político colombiano. En 2011, eran canadienses el 65% de las empresas de exploración de minerales y metales y más de 75% de todas las empresas de exploración de petróleo y gas (North–South Institute, 2012).

Mientras que el gobierno de Bush había favorecido un enfoque abiertamente militarista para brindar facilidades al capital extractivo, el énfasis canadiense ha sido en las reformas institucionales, la ampliación de los mercados de tierras, medidas de estabilidad, las ong y la Responsabilidad Social Corporativa (rsc). En 2011, el Ministro Canadiense de Cooperación Internacional desvió sus fondos hacia las organizaciones no gubernamentales que trabajan en colaboración con las empresas mineras (pasc, 2012). La Embajada de Canadá estudios críticos del desarrollo, vol. iii, núm. 4, primer semestre de 2013

el boom minero en colombia

133

se ha asociado con Fundación Ideas para la Paz (fip), que ofrece consejos de seguridad para los inversionistas canadienses que quieren invertir en Colombia y busca crear las bases para el diálogo entre la sociedad civil y las empresas mineras en las directrices de rsc (Mining Watch Canada, 2009).

Mientras que el gobierno de Uribe se había alimentado de un discurso reaccionario basado en los miedos de la Guerra Fría para mantenerse en el poder, reprimir la oposición y militarizar a la nación, para el bloque de la élite transnacional —representada por el gobierno de Santos— las farc son una de las pocas barreras que quedan a la inversión extranjera. De hecho, fue a través de la fip que los empresarios nacionales y altos ejecutivos de las corporaciones multinacionales eran capaces de presionar a favor de las negociaciones de paz, así como asegurarse de que las condiciones en la mesa de negociaciones eran aceptables para este grupo (Vanguardia, 2012). Según un representante de la fip, «estos empresarios entienden que la sostenibilidad de su negocio depende de su capacidad para generar un clima de negocios estable» (Vanguardia, 2012, traducción mía). De hecho, Santos ha afirmado con toda claridad que el modelo extractivo y la inversión extranjera son puntos firmes frente a la mesa de negociaciones. Además, la reforma agraria y el desarrollo rural, temas netamente no negociables para Uribe, constituyen el primer punto de las negociaciones en curso. No es casualidad que mientras que los altos ejecutivos pueden estar en la mesa de negociación, por primera vez los integrantes de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegan) no están presentes.

Si bien el resultado de las negociaciones aún no se ha visto, las medidas tomadas por el gobierno de Santos pueden representar los primeros pasos de un cambio en el panorama económico y político. Para la élite transnacional, que pretende ampliar, modernizar y regular los mercados de tierras, una guerra contrainsurgente se ve como un contratiempo anacrónico. La expansión del extractivismo requiere regulación y títulos de propiedad claros. Sin embargo, la incursión del capital extractivo en Colombia fue acompañado por la denuncia de la comunidad internacional de que empresas transnacionales estudios críticos del desarrollo, vol. iii, núm. 4, primer semestre de 2013

134

kyla sankey

estaban operando en tierras usurpadas (ver abcolombia, 2011). La élite del bloque rural se ha beneficiado de la guerra interna y también este bloque es el que tiene más para perder ante un eventual acuerdo de paz. Ésta es una razón clave por la que, por primera vez desde la década de 1960, las fricciones serias entre la oligarquía rural y la élite transnacional están empezando a surgir.

Hemos visto cómo el surgimiento del auge minero en Colombia ha jugado un papel medular en la evolución de las relaciones de poder entre los bloques de élite. La evolución de estos bloques está también ligada a la lucha de clases desde hace tiempo en Colombia. Las negociaciones de paz, actualmente en curso, con el gobierno de Santos representan una apertura fundamental para los movimientos sociales del país —las comunidades indígenas, afrodescendientes, campesinos y pequeñas comunidades mineras, sindicalistas y activistas— que han sufrido asesinatos, estigmatización y persecución durante décadas de guerra sucia. Como Zibechi ha señalado recientemente, «para los movimientos sociales, el fin de la guerra no significa paz, sino la continuación de la lucha en un ambiente más favorable» (2012).

El final del conflicto impulsa el camino para que la lucha de las comunidades contra las multinacionales y la política minera del gobierno continue en el ámbito democrático. Con antecedentes en los partidos democráticos de izquierda que representan a los movimientos sociales —como la Unión Patriótica, y más recientemente la movilización agraria de 2007, las movilizaciones a nivel nacional en las celebraciones del Bicentenario de 2010, el Encuentro de la Paz en Barrancabermeja y el foro contra el desplazamiento por megaproyectos en Cali en 2011—, se formó la Marcha Patriotica en 2012. La fundación del movimiento fue marcada con la movilización de 120 mil personas en la Plaza de Bolívar de Bogotá, quienes representaban a campesinos, indígenas y comunidades afrodescendientes, sindicatos, grupos de estudiantes y activistas. Las movilizaciones han incluido foros sobre políticas de desarrollo alternativo en áreas como la minería, la agricultura, el trabajo y el derecho a la tierra. En este contexto, la siguiente sección analiza cómo la política minera actual tiene el potencial de generar nuevas fuerzas para tales movimientos. estudios críticos del desarrollo, vol. iii, núm. 4, primer semestre de 2013

el boom minero en colombia

135

La locomotora de la resistencia Hemos visto cómo el auge de la minería en Colombia se ha visto acompañado por una reconfiguración en los actores de la élite, los arreglos institucionales y las estrategias de acumulación. Eso es sólo un lado de la historia. Por otro lado, podemos ver cómo estas dinámicas a nivel local, nacional e internacional han traído nuevas contradicciones entre los intereses del capital y los intereses locales de indígenas, campesinos, comunidades mineras afrodescendientes, pequeñas y medianas empresas, trabajadores y otros grupos afectados. Por supuesto, el conflicto territorial entre las comunidades locales y los terratenientes, las empresas y el Estado, así como los litigios sobre salarios y condiciones de trabajo siempre han jugado un papel significativo en el proceso de desarrollo capitalista en la periferia. Sin embargo, con el fin de allanar el camino para esta última fase de desarrollo extractivista, el Estado ha implementado una serie de medidas, tales como las privatizaciones, cambios en los derechos de propiedad, expulsiones y apropriaciones de tierra y reformas laborales, los costos de los cuales son «externalizados» en las poblaciones más vulnerables.

Es en este proceso que las nuevas fuerzas de resistencia son generadas y la trayectoria histórica de la lucha de clases se vuelve a configurar.

Durante la última década, se ha visto un aumento en las movilizacies sociales en torno a la extracción de recursos. Según un estudio del instituto de investigación social cinep, entre 2001 y 2011 hubo 274 movilizaciones sociales asociadas con la extracción de recursos. El número de movilizaciones ha aumentado de forma constante desde 2005 (cinep, 2012). Tradicionalmente, los movimientos laborales ocupaban el lugar central en los conflictos sociales en torno a la extracción de recursos, en relación con los salarios y condiciones de trabajo. Sin embargo, los diversos impactos del boom minero se han acompañado de una reconfiguración de los actores sociales y las demandas de las movilizaciones contra la industria. El mismo estudio destacó que un pequeño aumento en las movilizaciones de los trabajadores ha sido acompañada por estudios críticos del desarrollo, vol. iii, núm. 4, primer semestre de 2013

136

kyla sankey

la entrada de nuevos actores en el escenario de los movimientos en contra de la extracción de recursos naturales. Mientras que los trabajadores asalariados constituyen la mitad de los manifestantes en este periodo, el 25% de los participantes proviene de comunidades rurales, incluso de grupos étnicos en 10% y 15% de campesinos; el 13% eran mineros de pequeña escala y 12% procedía de comunidades urbanas (cinep, 2012).

La nueva dinámica de movilizaciones en contra de la extracción de recursos en gran medida refleja los cambios estructurales que rodean la industria extractiva. La clave para la capacidad monopólica de las empresas mineras para extraer superganancias es su capacidad para ejercer una influencia política. Tal influencia permite la apropiación de una porción extraordinariamente grande de la tarta mediante estrategias engañosas, fraudulentas y violentas. Tales estrategias incluyen un asalto brutal contra el poder colectivo del trabajo, la privtización de empresas estalaes y la apropiación, a menudo violenta o engañosa, de la tierra y los recursos de las comunidades locales, además de eludir el pago de la compensación por la totalidad de los costos sociales y ambientales.

No es posible dentro de este artículo documentar todos las estrategias del extractivismo contemporáneo que ha generado el nuevo ámbito de conflictos sociales. Sin embargo, cabe resaltar que en Colombia los puntos claves de polarización han emergido en casos de conflicto directo entre las comunidades y las empresas mineras, a causa del despojo violento y legal de tierra y recursos, especialmente el agua. Un caso revelador viene de la región del sur de Bolívar, que produce 42% del oro del país. Durante las décadas de los ochenta y noventa, la región había llegado a ser poblada por campesinos desplazados que extraen oro en pequeña escala. En 1997, sin embargo, las fuerzas de las Autodefensas Unidas de Colombia (auc) ingresaron con la intención explícita de «limpiar la región para entregarla a las corporaciones multinacionales, ya que generarán empleos y mejorarán la zona» (citado en Richani, 2005: 122). Entre 1997 y 2007, siete aldeas fueron saqueadas, 380 miembros de la comunidad fueron asesinados (incluyendo sindicalistas mineros artesanales) y 36 mil personas fueron desplazadas de la región (pbi Colombia, 2011). estudios críticos del desarrollo, vol. iii, núm. 4, primer semestre de 2013

el boom minero en colombia

137

Mientras tanto, a raíz de los cambios en las leyes mineras, tres corporaciones pugnaron por comprar los títulos mineros de la zona: la primera, Conquistador Goldmines, es una filial canadiense/colombiana de propiedad estadounidense Corona Goldfields (a través de la compañía de San Lucas), mientras que las otras dos, Sur American Gold y bmr, son canadienses basadas en ​​ las empresas (O’Connor y Bohórquez, 2010: 101; Richani, 205: 123).

La apropiación del agua también representa un punto central de polarización. La mitad de los páramos del mundo queda en territorio colombiano y estos ecosistemas únicos andinos suministran más de 70% del agua potable de la nación (El Espectador, 2011). El código minero de 2001 desregula las protecciones ambientales. Aunque en el código se aumentaron las áreas de páramos protegidas, para 2010, 391 títulos mineros se habían adjudicado 109 mil hectáreas de páramo (pbi, 2011), lo cual cortará el suministro de agua de las comunidades y pueblos enteros. La situación provocó en 2011 el anuncio de la Contraloría General de que «Colombia está al borde de un colapso ambiental sin antecedentes en nuestra historia» (abcolombia, 2012: 7). Uno de los ejemplos más notables de esa coyuntura ha sido la controvertida adquisición de títulos mineros para proyectos de extracción de oro a cielo abierto en 30 mil hectáreas en el páramo de Santurbán en Santander por la canadiense Greystar (ahora Eco Oro). El proyecto inicial propuso el uso de 40 toneladas de cianuro por día, tomando el suministro de agua de dos millones de habitantes de la capital del estado de Bucaramanga y el área circundante. Cabe destacar que la movilización masiva y recolección de 75 mil firmas en esa ciudad ha resultado en la postergación del proyecto, por el momento.

Con el fin de mitigar estos problemas, el modelo promovido por los Estados canadienses y colombianos y las propias empresas es la introducción de un código (volontario) de rsc. Dentro de este modelo, el Estado se retira del proceso de negociación entre las comunidades y las empresas, con la consecuencia de que, en teoría, las empresas mineras pueden entrar tras negociaciones directas caracterizadas por enormes desigualdades con respecto al conocimiento, acceso a la información y representación legal. También hay estudios críticos del desarrollo, vol. iii, núm. 4, primer semestre de 2013

kyla sankey

138

una falta de claridad en el establecimiento de representantes de la comunidad o de cómo manejar las divisiones en la comunidad, y los líderes son a menudo cooptados con la oferta de trabajo (Mining Watch Canada 2009; North– South Institute, 2012; pbi Colombia, 2011). Cabe destacar que un problema fundamental en el proceso es que las comunidades no cuentan con un derecho claro de veto. En el escenario más común no hay ningún proceso de consulta; en otros casos la consulta se realiza después de la concesión de títulos o, finalmente, los proyectos de desarrollo local prometidos en los acuerdos simplemente no se materializan. Las propuestas de códigos de rsc son voluntarias y no incorporan mecanismos de reclamación que podrían dar lugar a sanciones y reparaciones (North–South Institute, 2012). Como Glennie (2013) ha señalado acertadamente: Si la acción voluntaria funcionara, podríamos esperar ver una gran cantidad de ejemplos en los que el rsc ha sido respetada o comunidades se han beneficiado de la invasión de la minería sin a) la necesidad de invocar la ley y b) largas luchas por la justicia de las comunidades en cuestión, con el apoyo nacional e internacional de la sociedad civil y medios de comunicación. Pero no hay nada, sólo las cuentas sin fin de las comunidades que pierden todo.

La evidencia sugiere abrumadoramente que las protecciones de la rsc sirven más como un escudo ideológico que como una política seria para los Estados o corporaciones.

Conclusión Mientras que la economía política mundial ha sido caracterizada por el aumento en las tendencias hacia el «imperialismo extractivo», este trabajo ha analizado cómo estas dinámicas se han integrado en la trayectoria histórica estudios críticos del desarrollo, vol. iii, núm. 4, primer semestre de 2013

el boom minero en colombia

139

de las relaciones de poder y las luchas de clase en el contexto muy particular de Colombia. Si el auge del capital extractivo en Colombia es un reflejo de las tendencias del capitalismo mundial hacia estrategias de «acumulación por desposesión», aquí hemos visto cómo esa dinámica debe ser entendida desde la perspectiva territorial de interacción de los procesos nacionales de lucha de clases y las relaciones de poder entre los bloques de élite con los procesos internacionales de acumulación de capital. El auge de la minería colombiana surgió en el contexto de la llegada al poder de un bloque mafioso de la élite rural durante la presidencia de Uribe, que se enfrentaba a una creciente presión tanto desde adentro, a través de las fricciones entre los sectores de la élite, y desde abajo, a través de la persistente amenaza de la guerrilla. En este contexto, el déficit fiscal creado por préstamos internacionales y los crecientes costos militares se fijó mediante la colocación de una apuesta desesperada por atraer a la inversión extranjera en la minería. El camino fue allanado para el extractivismo tanto en las reformas institucionales como en la creación de las condiciones «sobre el terreno» a través de la estrategia de despojo violento a manos de las fuerzas paramilitares patrocinadas por el Estado. Las actuales negociaciones de paz pueden reflejar un cambio en la política gubernamental hacia la creación de condiciones en el terreno para el capital extractivo a través de la estabilidad social y no la guerra. En este contexto ha surgido el plan nacional de desarrollo basado en el crecimiento económico impulsado por la extracción de recursos naturales o, en otras palabras, el proyecto de la acumulación por desposesión patrocinado por el Estado.

Con respecto a la cuestión de las fuerzas de resistencia que rodean el auge de la minería, en el caso de Colombia estos movimientos son mejor entendidos como el último capítulo en la larga trayectoria histórica de la lucha entre campesinos, indígenas y afrodescendientes, trabajadores y el capital junto con el Estado. Desde el escenario internacional, a la evolución de las tendencias de la acumulación de capital se agrega una nueva dinámica a esta trayectoria, pero sería un error concluir que estas luchas se entenderían mejor como movimientos que surjen contra la acumulación por desposesión. El uso estudios críticos del desarrollo, vol. iii, núm. 4, primer semestre de 2013

140

kyla sankey

de estrategias fraudulentas, engañosas y violentas de acumulación primitiva siempre ha desempeñado un papel importante en la generación de fuerzas de la resistencia. La reciente intensificación de las estrategias de las empresas multinacionales monopolistas ha traído una ola de costos sociales y ambientales, los cuales son pagados en gran medida por los trabajadores y las comunidades locales. A su vez, la reciente intensificación de estrategias ha impulsado la «locomotora» de la resistencia. Con la regeneración y reconfiguración de la lucha de clases en Colombia, estas fuerzas actualmente ofrecen la posibilidad de lograr alternativas estructurales al modelo de desarrollo dominante.

Bibliografía abcolombia (2012), «Giving It Away: The Consequences of an Unsustainable Mining Policy in Colombia», en ‹http://www.christianaid.org.uk/ images/giving–it–away–colombia–mining–report.pdf›. _____ (2011), «Returning Land to Colombia’s Victims», en ‹http://www. abcolombia.org.uk/downloads/ReturningLandReportforweb.pdf›.

Banco de la República (s/f ), Series estadísticas, en ‹http://www.banrep. gov.co/series–estadisticas/see_s_externo›.

Benson, Allison (2011), «La Guajira y El Cerrejón: Una historia de contrastes», Supuestos, en ‹http://revistasupuestos.uniandes.edu.co/?p=1517›.

Brittain, James (2007), «La vacilante economía política de Uribe», Controversia, número 188. cinep (2012), «Minería, conflictos sociales y violación de ddhh», en ‹http:// www.cinep.org.co/index.php?option=com_docman&task=doc_details &gid=263&Itemid=117&lang=en›.

Contraloría General de la República (2011), «Estado de los Recursos Naturales y del Ambiente 2010-2011», en ‹http://186.116.129.19/c/document_library/get_file?&folderId=21259911&name=dlfe–36069.pdf›.

Cuervo, Yohanna (2012), «Una aproximación a la megaminería en Colomestudios críticos del desarrollo, vol. iii, núm. 4, primer semestre de 2013

el boom minero en colombia

141

bia», Theomai, número 25, en ‹http://www.revista–theomai.unq.edu. ar/numero25/CuervoSotelo.pdf›.

Cumming, John (2004), «Greystar Resumes Exploration at Angostura», en ‹http://www.northernminer.com/issuesV2.aspx›.

Departamento Administrativo Nacional de Estadistica (dane) (s/f ), «Estadísticas nacionales» en ‹http://www.dane.gov.co/›.

Departamento Nacional de Planeación (2010), «Bases Del Plan Nacional De Desarrollo 2010–2014», en ‹http://www.cna.gov.co/1741/ articles-311056_PlanNacionalDesarrollo.pdf›.

Dinero (2008), «Futuro minero», Dinero.com, en ‹http://www.dinero. com//caratula/edicion–impresa/articulo/futuro–minero/64081›.

El Espectador (2011), «Minería amenaza páramos», Elespectador.com, en ‹http://www.elespectador.com/impreso/politica/articulo–247071– mineria–amenaza–paramos›.

Fernández, Juan y Mario Valencia (2010), Libre comercio y minería en Colombia: El caso de la Anglogold Ashanti, recalca, en ‹http://www.redge. org.pe/sites/default/files/tlc_mineria_colombia.pdf›.

Fierro, Julio (2012), Políticas mineras en Colombia, Bogotá, Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativos.

Fraser Institute (2010), «Survey of Mining Companies: 2009/2010», en ‹http://www.fraserinstitute.org/research–news/display.aspx?id=15953›.

Fundación Friedrich Ebert Colombia (fescol) (2011), «Pobreza y desigualdad. Un balance de la información disponible», en ‹http://library.fes.de/pdf–files/bueros/kolumbien/08400.pdf›.

Glennie, Jonathan (2013), «Colombia’s resistance to corporate mining excess has lessons for the world», The Guardian, en ‹http://www.guardian.co.uk/global–development/poverty–matters/2012/may/14/colombia–resistance–corporate–mining–excess›.

Gordon, Todd y Jeffery R. Webber (2008), «Imperialism and Resistance: Canadian Mining Companies in Latin America», Third World Quarterly, volumen 29, número 1. estudios críticos del desarrollo, vol. iii, núm. 4, primer semestre de 2013

142

kyla sankey

Harvey, David (2005), El nuevo imperialismo, New York, Oxford University Press.

Ismi, Asad (2012), «Profiting from Repression: Canadian Investment in and Trade with Colombia», Americas Update magazine, en ‹awww.asadismi. ws/colombiareport.html›.

Leech, Garry (2004), «Plan Petroleum in Putumayo», Colombia Journal, en ‹http://colombiajournal.org/plan–petroleum–in–putumayo.htm›. _____ (2006), Crude Interventions: The United States, Oil and the New World (Dis) Order, Zed Books.

Ministerio de Defensa (2012), «Logros De La Política Integral De Seguridad y Defensa», en ‹http://www.mindefensa.gov.co/irj/go/km/docs/ Mindefensa/Documentos/descargas/estudios%20sectoriales/info_estadistica/Logros_Sector_Defensa.pdf›.

Ministerio de Minas y Energía (s/f ), «Invierta en Colombia», en ‹http:// www.cancilleria.gov.co/colombia/information/invest›.

Mining Watch Canada (2009), Land and Conflict. Resource Extraction, Human Rights, and Corporate Social Responsibility: Canadian Companies in Colombia, Ottawa, Mining Watch Canada, en ‹http://www.interpares.ca/en/publications/pdf/Land_and_Conflict.pdf›.

North–South Institute (2012), «Caught in the Crossfire: Indigenous Peoples, Black Communities and Extractives in Colombia», North– South Institute, en ‹http://www.nsi–ins.ca/publications/caught–in– the–crossfire–indigenous–peoples–black–communities–and–extractives–in–colombia–2/›.

O’Connor, Dermot y Juan Bohórquez (2010), «Neoliberal Transformation in Colombia’s Goldfields: Development Strategy or Capitalist Imperialism?», labour, Capital and Society, volumen 43, número 2.

Orduz, Natalia (2012), «Desviación del Río Ranchería, ¿sí o no?», La Silla Vacía, en ‹http://www.lasillavacia.com/historia/desviacion–del–rio– rancheria–si–o–no–35572›.

Pardo, Alvaro (2012), «Minería, Renta Minera y Tributación», Colombia Punestudios críticos del desarrollo, vol. iii, núm. 4, primer semestre de 2013

el boom minero en colombia

143

to Medio, en ‹http://www.colombiapuntomedio.com/Portals/0/NuestrosDocumentos/Miner%C3%ADa,%20renta%20minera%20y%20 tributaci%C3%B3n%202.pdf›.

Peace Brigades Colombia (pbi) (2011), «Mining in Colombia: at what price?»

Projet Accompagnement Solidarité Colombie (pasc) (2012), «Targeting Canadian Profiteers of the War in Colombia», en ‹http://www. pasc.ca/sites/pasc.ca/files/u5/targetingCanadianWarProfiteer.pdf›.

Petras, James (2000), «Geopolitics of Plan Colombia», Economic and Political Weekly, volumen xxxv, número 52–53.

Pulido, Alejo y Camilo Osorio (2011), «Las preguntas detrás de AngloGold Ashanti», Censat, en ‹http://www.censat.org/articulos/10030–noticia/10264–las–preguntas–detras–de–anglogold–ashanti›.

Ramírez, Francisco (2011), «Transnacionales y minería en páramos», censat, en ‹www.censat.org›.

Richani, Nazhi (2010), «The Agrarian Rentier Political Economy», Latin American Research Review, volumen 47, número 2. ____ (2010), «Colombia: Predatory State and Rentier Political Economy», Labour, Capital and Socitey, volumen 43, número 2. ____ (2005), «Multinational Corporations, Rentier Capitalism, and the War System in Colombia», Latin American Politics & Society, volumen 47, número 3.

Sequera, Vivian (2012), «Rebels step up attacks on Colombia energy targets», Yahoo! Finanzas, en ‹http://finance.yahoo.com/news/rebels– step–attacks–colombia–energy–targets–181308106.html›.

La Silla Vacía (2013), «Así es la pobreza que rodea a las grandes mineras», en ‹http://www.lasillavacia.com/historia/asi–es–la–pobreza–que–rodea–las–grandes–mineras–41651›.

Stokes, Doug (2006), «“Iron Fists in Iron Gloves”: The Political Economy of us Terrorocracy Promotion in Colombia», The British Journal of Politics & International Relations, volumen 8, número 3. estudios críticos del desarrollo, vol. iii, núm. 4, primer semestre de 2013

144

kyla sankey

Superintendencia de Sociedades (2012), «Comportamiento del sector real de la economía», en ‹http://www.supersociedades.gov.co/imagenes/cominicaciones/informe_sector_real_Ajustado.pdf›.

Valencia, Mario (2012), «Por qué defender a la pequeña minería en Colombia?», Conalminercol, en ‹http://www.recalca.org.co/por–que–defender–a–la–pequena–mineria–en–colombia/›.

Vanguardia (2012), «Agenda con las farc debe tener más ofertas que diálogo: líderes empresariales», Vanguardia.com, en ‹http://www.vanderbilt.edu/lapop/news/083112.Colombia–Vanguardia.pdf›.

Veltmeyer, Henry (2013), «The Political Economy of Natural Resource Extraction: a New Model or Extractive Imperialism?», Canadian Journal of Development Studies/Revue Canadienne D’études Du Développement, volumen 34, número 1.

Vicecontralor General de la República (2007), «El desplazamiento forzado de los colombianos y sus impactos patrimoniales», ponencia presentada en la coferencia «Territorio, Patrimonio y Desplazamiento», Bogotá, citado en S. Gutierrez, El displazamiento interno en Colombia, en ‹http:// www.colectivodeabogados.org/el–desplazamiento–interno–en›.

Villamil, Edwin (2013), «Condiciones laborales de trabajadores minero– energéticos», en ‹http://www.youtube.com/watch?v=cpx1ai1X8fe›.

Zibechi, Raúl (2012), «La paz del extractivismo en Colombia», La Jornada, en ‹http://www.jornada.unam.mx/2012/09/07/opinion/021a2pol›.

Zúñiga, Fernando (2010), «Regalías en el país de Simón El Bobito», en ‹http://www.razonpublica.com/index.php/econom–y–sociedad–temas–29/1151–regalias–en–el–pais–de–simon–el–bobito.html›.

estudios críticos del desarrollo, vol. iii, núm. 4, primer semestre de 2013

El capitalismo extractivo: el caso de Guyana

Dennis C. Canterbury (traducción del inglés: Luis Rodolfo Morán Quiroz)

Resumen. El propósito de este artículo es analizar la actual situación de las industrias extractivas de Guyana a la luz de la creciente demanda global de minerales. Se centra, principalmente, en la minería de bauxita y oro, que constituye el corazón de las industrias extractivas en el país. ¿Cuál es el actual papel del capital extractivo en Guyana en el actual barullo por los minerales de las economías emergentes y los países capitalistas ricos? La observación básica es la siguiente: el capital de las economías emergentes está dedicado activamente a la producción de bauxita, mientras que el capital de los países capitalistas ricos se dedica a la exploración de yacimientos de metales que están a punto de comenzar la producción. En ausencia de una mina de oro de gran escala de propiedad extranjera, las minas de oro más pequeñas que se caracterizan por el capital nacional dominan el sector, que en la actualidad es el principal encargado de atraer divisas extranjeras al país.

Palabras clave: capital extractivo, minería, bauxita, oro, Guyana.

Abstract. The purpose of this article is to analyze the current situation of extractive industries in Guyana in light of the growing global demand for minerals. It focuses primarily on bauxite and gold mining, which are at the heart of the country’s extractive industries. What is the role of extractive capital in Guyana in the current rush for minerals in emerging economies and rich capitalist countries? The basic observation is the following: capital from emerging economies is actively dedicated to the production of bauxite, while capital from rich capitalist counties is dedicated to the exploration of metallic minerals, some of which are just about to begin production. In the absence of a gold mine large–scale foreign– owned gold mines characterized by smaller domestic capital dominate the sector, which currently has the primary responsibility to attract foreign currency to the country.

Keywords: extractive capital, mining, bauxite, gold, Guyana.

Dennis C. Canterbury es profesor del Departamento de Sociología, Antropología y Trabajo Social de la Eastern Connecticut State University, Estados Unidos.

estudios críticos del desarrollo, vol. iii, núm. 4, 2013, pp. 145–189

dennis c. canterbury

146

Introducción

G

uyana es un pequeño país de habla inglesa ubicado en los salientes nororientales del subcontinente sudamericano con una superficie de 83 mil millas cuadradas y cuya población promedio era de 760,400, entre 2000 y 2011.1 Las industrias extractivas en Guyana se caracterizan por la minería —diamantes, oro, cobre, bauxita, manganeso, lantánido—, productos forestales —madera para la construcción, contrachapado, leña, palma de manicol— y vida silvestre. La minería y los productos forestales, en particular la extracción de madera para construcción y la producción de contrachapa, son las principales áreas de concentración del capital extractivo. Los gobiernos de Guyana de los periodos poscolonial y postindependencia han generado dos posiciones opuestas para las industrias de extracción en el desarrollo económico del país. El Estado autoritario poscolonial entre los años setenta y principios de 1992 creían que si las alturas del mando de la economía eran propiedad de la nación, entonces las industrias extractivas que constituían su fundamento harían su máxima contribución al desarrollo económico del país. Para este fin, establecieron una política de nacionalizaciones de las compañías mineras de propiedad extranjera —de bauxita— en el país (Thomas, 1983).

El nuevo Estado autoritario (Canterbury, 2005), desde 1992 y hasta el presente, también ha puesto un gran énfasis en las industrias extractivas en el desarrollo económico del país (Ministry of Natural Resources and the Environment, 2012), pero privilegia el capital privado en vez del capital estatal. Se preocupa por abrir la economía a la inversión extranjera en las industrias extractivas, una característica del capitalismo neoliberal, en vez apostar por la propie-

/1/

Calculado a partir de los datos de una población estimada para 2000 a 2010 en el Reporte Anual del Banco de Guyana y en su Reporte y Declaración Anual de Cuentas (Report and Statement of Accounts) de 2011, Georgetown Guyana, 30 de marzo de 2012.

estudios críticos del desarrollo, vol. iii, núm. 4, primer semestre de 2013

el capitalismo extractivo: el caso de guyana

147

dad nacional de los recursos naturales, marca del Estado autoritario poscolonial.

Aunque la infraestructura legal es la adecuada para que el capital privado opere libremente, las élites estatales gobernantes ejercen un alto grado de micro administración y control respecto de quién puede invertir en la industria minera, para exasperación del capital extranjero (Department of State, 2012).

Sin embargo, aunque los Estados poscoloniales y los nuevos Estados autoritarios están a favor del capital estatal y privado, respectivamente, para que encabecen la contribución de las industrias de la extracción al desarrollo económico, el hecho es que ninguno de ellos ha logrado lo que se proponía. Los años de extracción de los recursos naturales de Guyana no han conseguido el desarrollo sustentable del país. La extracción de recursos naturales parece más una maldición que una bendición, aunque continúa siendo un pilar de la economía del país, como muestran los datos. El dilema consiste en que la propiedad del Estado ha producido una reacción inversa, en la que los países capitalistas ricos reducen su demanda de productos de las compañías nacionalizadas para castigarlos, mientras que la propiedad extranjera regresa a las condiciones de los arreglos del tipo mercantil en los cuales el capital extractivo opera con impunidad.

Ni la propiedad privada ni la estatal de la minería de bauxita en Guyana han significado una transformación económica positiva en las comunidades de la bauxita en Linden y Kwakwani. En el periodo inicial de la producción de bauxita el capital extractivo extranjero dejó muy poco en estas comunidades. Las luchas de la clase trabajadora en contra de las compañías mineras de bauxita eventualmente generaron mejoras significativas en las condiciones de trabajo y de vida, las que, por diversas razones, fueron anuladas nuevamente bajo la propiedad del Estado. Eso constituye una evidencia de que las cosas no están mejorando en el actual periodo. El sector de la minería de oro siempre ha estado en manos privadas, pero también ha sido incapaz de generar el requerido desarrollo económico sustentable de Guyana. Un enfoque alternativo sobre la extracción de recursos naturales que conlleva un desarrollo genuino a los países ricos en recursos sigue siendo muy necesaria. estudios críticos del desarrollo, vol. iii, núm. 4, primer semestre de 2013

dennis c. canterbury

148

Indicadores económicos seleccionados e importancia de las industrias extractivas Exportaciones de mercancías principales 1990–2011 Las ganancias para la economía derivadas de las exportaciones se determinan por la cantidad de artículos exportados y sus precios unitarios en los mercados exteriores. Guyana es un adoptador de precios y por ende no tiene influencia en el precio de sus principales exportaciones. Las ganancias derivadas de las exportaciones de oro son un poco diferentes porque lo clasificado como producción de oro es, en realidad, de la declaración de oro.

Podemos, por ende, argumentar que la cantidad declarada de ganancias por el oro sería mayor si contáramos con la cifra real de oro producido en comparación con la que se mide en términos de la declaración de oro. Los recibos totales por exportación fluctuaron con una tendencia a la alta de 250.1 millones de dólares en 1990 a 1,128.8 millones de dólares en 2011.

Las industrias extractivas bauxita, oro y madera generaron el grueso de las ganancias por exportación al compararse con los recibos de las exportaciones agrícolas azúcar y arroz (tabla 1). La bauxita dominó las ganancias por exportación entre 1990 y 1992, pero a partir de 1993 el oro asumió la posición de principal ganador de divisas extranjeras. Las ganancias por la bauxita decayeron entre 1992 y 2006, nunca logrando su nivel de 1992 de $97.1 millones de dólares. Las ganancias por bauxita comenzaron a mejorar desde $65.5 millones de dólares en 2006 a 133.3 millones de dólares en 2007. Este incremento está asociado con la llegada de capital extractivo de origen ruso y chino en la industria de la bauxita de Guyana. Las ganancias derivadas de la exportación de madera alcanzaron un nivel máximo de $55.4 millones de dólares en 2007 y acabaron en un nivel bajo de $39.1 millones de dólares en 2011, debajo de las ganancias de 44.6 millones de dólares en 1997. El azúcar estudios críticos del desarrollo, vol. iii, núm. 4, primer semestre de 2013

el capitalismo extractivo: el caso de guyana

149

dominó las ganancias derivadas de las exportaciones agrícolas entre 1990 y 2009, pero en 2001 y 2011 el arroz produjo más ganancias que el azúcar. tabla 1 Exportaciones de mercancías principales (millones de dólares) 1990–2011.

Año

Total

Bauxita

Oro

Bauxita & oro

Madera

Total bauxita, oro y madera

Azúcar Arroz

Total azúcar y arroz

1990

250.1

80.4

17.7

98.8

4.5

103.3

79.9

13.7

93.6

1991

254.4

82.3

21.4

103.7

4.0

107.7

89.8

18.0

104.8

1992

363.4

97.1

24.6

121.7

3.7

125.4

134.1

35.0

169.1

1993

404.0

91.1

99.8

190.9

4.5

195.4

116.3

33.0

149.3

1994

447.4

76.4

128.0

204.4

7.9

212.3

116.4

55.6

172.0

1995

478.9

82.9

94.7

177.6

8.3

185.9

125.5

76.5

202.0

1996

552.8

69.8

103.5

173.3

8.9

182.2

150.7

93.8

244.5

1997

573.4

89.4

139.8

229.2

44.6

273.8

133.4

84.7

218.1

1998

525.0

78.5

124.0

202.5

31.0

233.0

129.0

73.3

202.3

1999

504.8

77.2

108.7

185.9

37.3

223.2

136.2

71.1

207.3

2000

502.7

76.3

123.3

199.6

35.2

234.8

118.8

51.8

170.6

2001

490.3

61.0

127.0

188.0

33.0

221.0

109.2

50.2

159.4

2002

495.5

35.3

136.2

171.5

35.5

207.0

119.5

45.5

165.0

2003

512.8

40.4

130.9

171.3

30.7

202.0

129.2

45.3

174.5

2004

589.0

44.7

145.1

189.8

45.0

234.8

136.5

55.1

191.6

2005

550.9

62.8

111.9

174.7

49.6

224.3

118.0

22.4

140.4

2006

585.1

65.5

114.4

179.9

55.0

234.9

137.0

54.6

191.6

2007

698.0

101.5

153.1

254.6

55.4

310.0

150.1

75.3

225.4

2008

801.5

131.1

203.7

334.8

53.8

388.6

133.4

118.0

251.4

2009

768.2

79.5

281.7

361.2

41.4

402.6

119.8

114.1

233.9

2010

885.0

114.2

346.4

460.6

48.5

509.1

101.5

151.3

252.8

2011

1,128.8

133.3

517.1

650.4

39.1

689.5

123.4

173.2

296.6

Fuente: Bank of Guyana Annual Report and Statement of Accounts, varios números, 2001 y 2011. estudios críticos del desarrollo, vol. iii, núm. 4, primer semestre de 2013

dennis c. canterbury

150

tabla 2 Exportaciones de principales mercancías 1990–2012.

Contribución en porcentajes.

Año 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Bauxita 32.1 32.3 26.7 22.5 17.0 17.3 12.6 15.5 14.9 15.2 15.1 12.4 7.1 7.8 7.5 11.3 11.1 14.5 16.3 10.3 12.9 11.8

Oro 7.0 8.4 6.7 24.7 28.6 19.7 18.7 24.3 23.6 21.5 24.5 25.9 27.4 25.5 24.6 20.3 19.5 21.9 25.4 36.6 39.1 45.8

Bauxita y oro 39.5 40.7 33.4 47.2 45.6 37.0 31.3 39.9 38.5 36.8 39.7 38.3 34.6 33.4 32.2 31.7 30.7 36.4 41.7 47.0 52.0 57.6

Bauxita, oro y madera 41.3 42.3 34.5 48.3 47.4 38.8 32.9 47.7 44.3 44.2 46.7 45.0 41.7 39.9 39.8 40.7 40.1 44.4 48.4 52.4 57.5 61.0

Azúcar y arroz 37.4 41.1 46.5 36.9 38.4 42.1 44.2 38.0 38.5 41.0 33.9 32.5 33.2 34.0 32.5 25.4 32.7 32.2 31.3 30.4 28.5 26.2

Fuente: Bank of Guyana Annual Report and Statement of Accounts, varios números, 2001 y 2011.

Las industrias extractivas —bauxita, oro y madera— contribuyeron con más del 50% de las ganancias totales por exportación entre 2009 y 2010, y más de 60% en 2011, mientras que la contribución de la agricultura decayó estudios críticos del desarrollo, vol. iii, núm. 4, primer semestre de 2013

el capitalismo extractivo: el caso de guyana

151

de 46.2% en 1992 a 26.2% en 2011 (tabla 2). La contribución porcentual de la agricultura a las ganancias totales por exportación fue mayor que el de las industrias extractivas sólo en 1992 (46.5% comparado con 34.5%), en 1995 (42.1% comparado con 38.8%) y 1996 (44.2% comparado con 32.9%).

Exportaciones según país de destino 2012 Azúcar, arroz, bauxita, oro y madera son los principales bienes de exportación de Guyana. Otras exportaciones incluyen pescado y camarón, frutas y verduras, productos farmacéuticos, ropa y accesorios, productos maderables, alimentos preparados, ron y otras bebidas espirituosas, diamantes, melazas, re–exportaciones y animales silvestres, efectos personales, artesanías y muebles de fibras naturales. Los principales lugares de destino de las exportaciones de Guyana fueron Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Jamaica, Trinidad y Tobago, Barbados, Bélgica, Portugal, Reino de Holanda y Suriname en 2001–2002 (Gobierno de Guyana, 2001 y 2002; Ministry of Foreign Trade and International Cooperation, 2003).

Estados Unidos, Reino Unido, Venezuela, Canadá, Trinidad y Tobago, Jamaica, Alemania, Ucrania, Holanda y Portugal fueron los principales países de destino de las exportaciones de Guyana en el periodo enero–septiembre de 2012. Estados Unidos compró la mayor cantidad de las exportaciones de Guyana, cerca de 37.0% en el periodo, y la contribución porcentual de las ganancias de las ventas a Estados Unidos respecto a las ventas totales fue de 22.5% (tabla 3).

El oro contribuyó con 51.1% de las ganancias por las exportaciones, seguido del arroz con 13.5%; bauxita, 11.5%, y azúcar, 8.1%, entre enero y septiembre de 2012 (tabla 4). Las industrias extractivas —en particular oro, bauxita, madera y diamantes— representaron 66.2% de las ganancias totales por exportación en el periodo. estudios críticos del desarrollo, vol. iii, núm. 4, primer semestre de 2013

dennis c. canterbury

152

tabla 3 Exportaciones por país de destino, enero–septiembre 2012.

Valor (millones de dólares)

Contribución (%)

Estados Unidos

País

215,837.9

22.5

Reino Unido

100,762.6

10.5

Venezuela

95,515.0

10.0

Canadá

66,508.6

6.9

Trinidad y Tobago

43,831.6

4.6

Jamaica

36,231.7

3.8

Alemania

35,788.6

3.7

Ucrania

21,478.6

2.2

Reino de Holanda

20,258.3

2.1

18,796.2

2.0

Otros países

Portugal

302,518.5

31.6

Total

582,105.1

100.0 (99.9)

Fuente: Government of Guyana, Bureau of Statistics, enero 31, 2013.

Aunque la agricultura, productos maderables y pesca contribuyeron más que ninguno al pib, los datos acerca del valor en dólares estadounidenses de las principales exportaciones de Guyana (presentados en la tabla 3) mostraron que las industrias extractivas —bauxita, oro y madera— generaron la mayor cantidad de dinero para el país entre 1990 y 2011. Tal fue la situación a pesar de las fluctuaciones en las ganancias por exportaciones en las industrias de bauxita, oro y madera. Las ganancias por las exportaciones de estos artículos mostraron una tendencia creciente en el periodo considerado. Las ganancias por bauxita se incrementaron de 80.4 millones de dólares en 1990 a 133.3 millones de dólares en 2011. Sin duda, éste fue un mínimo incremento de 52.9 millones de dólares en un periodo de 22 años, un reflejo de los efectos del ajuste estructural en la industria de la bauxita. La situación fue diferente en las ganancias derivadas de las exportaciones de oro, que se incrementaron en 499.4 millones de dólares en el mismo periodo. Las ganancias combinadas estudios críticos del desarrollo, vol. iii, núm. 4, primer semestre de 2013

el capitalismo extractivo: el caso de guyana

153

de la exportación de bauxita y oro, empero, se incrementaron en 551.6 millones de dólares, principalmente impulsadas por la expansión en la declaración en oro y un mayor precio de mercancía por este metal precioso. Las ganancias por las exportaciones están relacionadas directamente con las fluctuaciones en los precios de las mercancías. El incremento en las ganancias derivadas de las exportaciones de madera fue de 34.6 millones de dólares. tabla 4 Exportaciones por artículo (incluye re–exportaciones), enero–septiembre 2012 Valor (millones de dólares)

Contribución (%)

Oro

Artículo

489,442.7

51.1

Arroz

128,800.1

13.5

Bauxita

110,063.9

11.5

Azúcar

77,234.6

8.1

Camarón y gambas

38,337.1

4.0

Madera

29,149.3

3.0

Alimentos preparados

17,747.3

1.9

Peces y derivados

10,881.1

1.1

Diamante

5,661.8

0.6

Melazas

4,175.8

0.4

28,702.0

3.0

Otras Exportaciones Re–exportaciones Total

17,331.8

1.8

582,105.1

100.0

Fuente: Government of Guyana, Bureau of Statistics, enero 31, 2013.

Las ganancias por el azúcar se elevaron de 79.9 millones de dólares en 1990 a 123.4 millones de dólares en 2011, únicamente 43.5 millones de dólares en 22 años. Este mínimo incremento es también un reflejo de los factores asociados con el ajuste estructural, las condiciones climáticas adversas, el clima de las relaciones industriales, la agenda de reciprocidad de la Organización estudios críticos del desarrollo, vol. iii, núm. 4, primer semestre de 2013

dennis c. canterbury

154

Mundial de Comercio (omc) y las fluctuaciones en los precios de las mercancías. Las ganancias derivadas de las exportaciones de arroz se incrementaron, no obstante, en 159.5 millones de dólares, mejorando por el ingreso de Guyana en la economía de mercado único del Caribe (Caribbean Single Market Economy —csme—) en 2006. Venezuela es el mayor comprador del arroz de Guyana, alcanzando 55.72% de las exportaciones de arroz, seguido del mercado Caricom que alcanza 26.08% y la Unión Europea con 18.19%. Jamaica, Trinidad y Tobago y Barbados son los mayores compradores de Caricom mientras que Portugal, Bélgica y Holanda encabezan la lista en la Unión Europea (Guyana Rice Development Board Annual Report, 2011, 2012).

Producción mineral declarada 1980–2011 La información sobre la producción mineral declarada de Guyana entre 1980 y 2011 es bastante ilustrativa en varios aspectos (tabla 5). Primero, cubre el periodo del Estado autoritario poscolonial de 1980 a 1992 y del nuevo Estado autoritario de 1992 a 2011. Cubre también todo el periodo de ajuste estructural desde su puesta en práctica en 1988 hasta 2011. Una condicionalidad política de ajuste estructural fue la realización de elecciones «libres y justas». De tal forma, a partir de 1988 se preparó el terreno para las elecciones nacionales que tuvieron lugar en 1992 y llevaron al cambio político desde el Estado autoritario poscolonial al surgimiento de un nuevo Estado autoritario fundado en la democratización neoliberal.

El programa de ajuste estructural en 1988 derivó en la apertura de la economía al capital extranjero. La firma de propiedad canadiense Omai Gold Mines Limited comenzó su producción en 1993, el año posterior al cambio de gobierno en 1992. Fue el Estado autoritario poscolonial el que nacionalizó la compañía de propiedad canadiense Demerara Bauxite Company Limited, subsidiaria de Aluminum Company of Canada (alcan). estudios críticos del desarrollo, vol. iii, núm. 4, primer semestre de 2013

el capitalismo extractivo: el caso de guyana

155

tabla 5 Producción mineral declarada, Guyana 1980–2011.

Año

Oro no–Omai (Ozs)

Oro Omai (Ozs)

Total Oro (Ozs)

Diamantes (antiguos kilates ingleses)

Piedra Arena (toneladas) (toneladas)

Arcilla (toneladas)

Bauxita Laterita (x 1000 (toneladas) toneladas)

1980

11,003

–

11,003.00

9,968.07

89,912

12

na

na

1,626

1981

19,263

–

19,263.00

9.289.98

71,823

396

na

na

1,503

1982

8,655

–

8,655.00

11,191.84

28,112

1,054

na

na

1,174

1983

5,039

–

5,039.00

12,043.45

41,622

477

na

na

1,091

1984

11,132

–

11,132.00

7,236.23

38,975

217

na

na

1,333

1985

10,328

–

10,328.00

11,569.91

22,112

2,019

na

na

1,573

1986

14,036

–

14,036.00

9,237.54

33,847

2,366

na

na

1,470

1987

21,415

–

21,415.00

7,460.21

24,335

2,717

na

na

1,359

1988

18,803

–

18,803.00

4,240.43

11,755

9,505

na

na

1,339

1989

17,343

–

17,343.00

7,846.01

61,492

11,173

na

na

1,333

1990

38,717

–

38,717.00

14,887.31

3,288

43,995

na

na

1,456

1991

59,296

–

59,296.00

22,529.09

63,377

17,017

na

na

2,204

1992

79,581

–

79,581.00

43,649.83

13,260

90,021

na

na

2,336

1993

87,100

202,299.96

289,329.96

48,773.52

69,333

166,247

na

na

2,110

1994

99,095

251,848.64

530,943.64

36,443.30

92,525

751,357

na

na

2,091

1995

91,451

178,356.15

269,806.15

51,049.35

98,104

171,881

na

na

2,036

1996

110,135

253,442.49

363,557.49

44,304.51

336,506

118,917

na

na

2,369

1997

98,051

333,567.81

431,618.81

34,675.63

176,913

149,070

na

na

2,491

1998

110,047

324,245.31

434,292.31

32,614.12

32,445

290,619

na

na

2,489

1999

110,684

312,089.79

422,773.79

44,246.19

128,477

211,300

19,173

na

2,539

2000

105,289

329,603.37

434,892.37

79,557.94

120,179

261,764

14,568

1,000

2,667

2001

101,849

354,068.59

455,917.59

174,745.00

117,904

243,127

43,275

12,000

1,953

2002

117,240

319,431.00

436,671.00

241,905.22

54,746

186,327

10,730

4,500

1,686

2003

105,747

270,693.00

376,440.00

401,691.33

154,093

253,674

10,677

5,250

1,882

2004

116,236

242,192.00

358,428.00

433,242.45

285,583

142,094

17,300

3,000

1,506

2005

162,527

100,001.00

262,528.00

11,147.42

315,964

573,150

4,000

12,00

1,648

2006

205,970

–

205,970

330,637.00

204,000

285,000

21,017

0

1,574

2007

246,200

–

246,200

261,101.52

368,008

715,500

15

0

2,239

2008

260,387

–

260,387

164,010.69

449,565

683,815

9,620

0

2,109

2009

305,178

–

305,178

137,793.32

340,016

478,572

2,000

0

1,448

2010

308,438

–

308,438

48,467.74

514,932

638,841

0

0

1,010

2011*

363,083

–

363,083

52,273**

na

na

na

na

1,818

Fuente: Guyana Geology and Mines Commission, Mineral Producción, Georgetown, Guyana. *La fuente de la información para 2011 es el reporte anual y la declaración de cuentas del Banco de Guyana, 2011. ** Quilates de Malta.

estudios críticos del desarrollo, vol. iii, núm. 4, primer semestre de 2013

156

dennis c. canterbury

La producción declarada de oro antes de que operara Omai, una indicación de las actividades de los mineros en pequeña y mediana escala, en ningún momento estuvo entre 1980 y 1992 por encima de los niveles logrados entre 1993 y 2011. Es difícil, no obstante, determinar la exactitud de la producción de oro declarada durante el Estado autoritario poscolonial debido a la alta incidencia de contrabando de oro. Los mineros se inclinaban menos a vender su oro al Guyana Gold Board bajo el control del Estado autoritario poscolonial, así que pasaban de contrabando el oro hacia Venezuela, Suriname y Brasil.

El nuevo optimismo asociado con el cambio de gobierno en 1992 tuvo un efecto positivo en la producción declarada de oro. El optimismo se observó aun antes entre las firmas del capital extractivo cuando quedó claro que el gobierno de Guyana estaba por firmar un programa de ajuste estructural con el Fondo Monetario Internacional (fmi) y el Banco Mundial. Varias compañías extranjeras comenzaron la exploración de oro en Guyana a fines de la década de 1980. En 1985, dos firmas canadienses, Golden Star Resources Limited y Cambior, aseguraron derechos para iniciar la minería de oro en Guyana en una sociedad de joint venture con el gobierno de Guyana (Mars, 1998).

Efectivamente, «al menos diez compañías extranjeras comenzaron operaciones o exploraciones preliminares dentro de Guyana a fines de los años ochenta 1980» (Merrill, 1992). De estas compañías, «tres de las más grandes» eran «Golden Star Resources, Placer Dome de Canadá y Paranapanema de Brasil» (ibidem). Otras tres compañías mineras de importancia en operación eran «Giant Resources de Australia, Homestake Mining de Estados Unidos y Robertson Group de Gran Bretaña» (ibidem). Los mineros de oro a escala pequeña y mediana no se quedarían atrás con este incremento en la exploración en oro de parte de las compañías extranjeras.

Omai Gold Mines Limited emergió como «el primer productor de oro a gran escala en tener éxito» en Guyana, «al emplear avanzados métodos técnicos diseñados para maximizar la recuperación de oro a partir del yacimiento» (Thomas, 1998). Los tres principales accionistas en Omai eran Cambior Inc., Golden Star Resources y el gobierno de Guyana, cuya participación era de tan estudios críticos del desarrollo, vol. iii, núm. 4, primer semestre de 2013

el capitalismo extractivo: el caso de guyana

157

sólo 5% (ibidem). Omai se convirtió en el mayor productor de oro en Guyana, lo que catapultó al sector de la minería de oro por encima de la agricultura y bauxita/alúmina como el principal generador de ganancias de divisas extranjeras para el país. Simultáneamente, la producción declarada de oro por los mineros a escala pequeña y mediana se incrementó constantemente en los años en que Omai estuvo operando.

Omai comenzó produciendo más de doscientos mil onzas de oro en los primeros dos años de sus operaciones y luego la producción declarada decayó en el tercer año. Este descenso estuvo asociado con el desastre ambiental que resultó del derrame de cianuro en el río Essequibo y que eliminó la vida marina, alteró el flujo de agua de muchas comunidades de la ribera y afectó negativamente las formas de sustento de los pueblos indígenas que dependían del río Essequibo de la pesca del río para alimentarse. La producción declarada de oro de Omai llegó a un punto alto de más de trescientos mil onzas en 2001, pero luego la compañía comenzó a diluir sus operaciones. Su producción declarada de oro decayó en cada año consecutivo posterior a 2001 y la compañía cerró sus operaciones en 2005, con 100,001 onzas.

Pero la producción declarada de oro por los mineros a pequeña y mediana escala continuó su tendencia ascendente. Efectivamente, en 2005 sobrepasó la producción declarada por Omai en más de 62 mil onzas. En 2011, la producción declarada de oro de parte de los mineros a pequeña y mediana escala sobrepasó la más alta declaración de Omai de 354,068.59 onzas en 2001. Los mineros de oro a pequeña y mediana escala en Guyana declararon una producción de 363,083 onzas en 2011.

Los mineros de oro en pequeña y mediana escala no se quedaron atrás respecto al actual precio elevado del oro en el mercado mundial y el aumento en la actividad de exploración que tuvo lugar en la industria del oro de Guyana de parte del capital extractivo de origen estadounidense, canadiense y australiano. El desastre financiero y la crisis económica que golpeó a los países capitalistas desarrollados han llevado a mucha gente a conservar sus recursos en oro, elevando el precio de esa mercancía. De tal modo, mientras estudios críticos del desarrollo, vol. iii, núm. 4, primer semestre de 2013

158

dennis c. canterbury

que la producción declarada de oro por los mineros en pequeña y mediana escala fluctuaba, aunque con tendencias a la alza entre 1980 y 2006, sólo ha estado subiendo entre 2007 y 2011 los años de las crisis. Las firmas transnacionales que actualmente exploran en busca de oro en Guyana incluyen a Azimuth Resources Ltd., una compañía australiana; la compañía estadounidense Sandspring Resources Ltd. (oro–cobre), y las canadienses Guyana Goldfields Inc., Sacre–Coeur Minerals Ltd., gmv Minerals Inc., Guyana Frontier Mining Corp. y Takara Resources Inc. La Guyana Goldfields Inc. pronto habrá de comenzar la producción y se convertirá en el productor número uno de oro en Guyana, superando la producción combinada declarada de oro por los mineros en pequeña y mediana escala.

El contrabando de oro, la minería ilegal y la corrupción explican el marcado subregistro en la producción declarada de oro en Guyana. Se reporta que cerca de la mitad del oro producido se lleva de contrabando fuera del país por los mineros para obtener un mayor rendimiento del producto. El oro es contrabandeado hacia Brasil, Venezuela, Guyana francesa y, especialmente, Suriname. Según cálculos del gobierno, cerca de la mitad de las más de 600 mil onzas de oro producidas por los mineros en pequeña y mediana escala es objeto de contrabando hacia Surinam, al otro lado del río Courantyne (Edmonds, 2013).

En noviembre de 2012, por ejemplo, 70 lingotes de oro con un peso de 470 libras y con un valor de 11.5 millones de dólares fueron robados del bote con licencia de Guyana «mv Summer Bliss», mientras estaba anclado en la isla caribeña de Curaçao. Las fuentes en Guyana afirman que el oro era contrabandeado por las élites gobernantes, pero el gobierno negaba que el oro fuera originario de Guyana. No queda claro de quién era el oro, pero la policía arrestó a siete sospechosos en Curazao y las autoridades de Estados Unidos han confiscado 11 lingotes de oro que fueron enviados por correo de Curazao a Puerto Rico. Los lingotes de oro se encontraban en varios paquetes de correo en un aeropuerto en la ciudad puertorriqueña de Aguadilla. El valor estimado de los lingotes de oro, cuyo peso es de cerca de 77 libras, oscila en 1.7 millones dólares (Caribbean360, 12 de enero, 2013). estudios críticos del desarrollo, vol. iii, núm. 4, primer semestre de 2013

el capitalismo extractivo: el caso de guyana

159

La producción de bauxita fluctuó entre 1’091,000 y 2’667,000 toneladas en el periodo entre 1980 y 2011 (tabla 5). Las transnacionales chinas y rusas Bosai Minerals Group Inc. y Bauxita Company of Guyana, Inc. (bcgi), una subsidiaria de la rusa Russian Aluminum Company (rasul), respectivamente, actualmente son las principales productoras de bauxita en Guyana. Los chinos explotan una mina en las tierras de McKenzie (ahora Linden), que previamente fue propiedad de alcan, y los rusos están explotando la mina de bauxita en Kwakwani que antes fue propiedad de la compañía minera estadounidense Reynolds. Estas dos compañías (estadounidense y canadiense) fueron nacionalizadas en los años setenta y fueron vendidas subsecuentemente a los rusos y chinos en 2004 y 2006, respectivamente. Los canadienses, no obstante, aún tienen una fuerte presencia en la industria de la bauxita en Guyana. La transnacional canadiense First Bauxita controla grandes extensiones en la importante faja costera de bauxita en Guyana. Las propiedades de la compañía incluyen Bonasika en el Essequibo, que antes fue excavada por alcan en los años cuarenta y sesenta (First Bauxite Corporation, 17 de agosto, 2012).

La producción de bauxita alcanzó una cima bajo el Estado autoritario poscolonial en 1992, el mismo año en que cambió el gobierno. La producción tuvo una tendencia a la alza entre 1988 y 1992, los años de ajuste estructural bajo el Estado autoritario poscolonial. Tal fue el caso también después de que el nuevo régimen autoritario asumió el poder en 1992. La compañía nacionalizada de bauxita en Linden estaba programada para ser privatizada según el acuerdo de ajuste estructural a fines de 1999. Al no lograr encontrar un comprador para ese momento, el gobierno solicitó a Cambior, la compañía propietaria de Omai Gold Mines Limited, que participara en la industria de la bauxita del país. Cambior estuvo bajo contrato para la minería de bauxita en Linden entre 1999 y 2004. La producción de bauxita alcanzó su nivel más alto de 2,667 toneladas en 2000, el máximo para todo el periodo entre 1980 y 2011, pero decayó para 2004. A pesar de este descenso, Cambior y el gobierno de Guyana establecieron una sociedad para crear juntos en Linden, en diciembre 2004, la Omai Bauxita Mining Inc. —Cambior era propietaria estudios críticos del desarrollo, vol. iii, núm. 4, primer semestre de 2013

160

dennis c. canterbury

del 70% y el gobierno de Guyana del 30%— (Gobierno de Guyana, 2006).

Cambior compró sus acciones de 70% por 10 millones de dólares —cinco millones en efectivo y cinco millones en equipo para la minería transferido desde minas de oro Omai, que fueron cerradas en 2005—. La compra incluyó la planta de energía, una compañía por separado denominada Omai Services Incorporated, que aportaba electricidad a la compañía de bauxita y a la comunidad. Cambior proyectaba invertir 40 millones de dólares en las operaciones de Omai Bauxita Mining.

Pero dos años después de que Cambior adquirió las operaciones de bauxita en Linden, ésta interrumpió temporalmente la producción, afirmando que se habían derrumbado las ventas de bauxita. La compañía señaló que experimentaba dificultades debido a las operaciones de los productores chinos de bauxita, quienes utilizaban carbón, una fuente barata de energía en su proceso de producción, en comparación con el petróleo que utilizaba Omai Bauxite Mining Inc. Los productores chinos de bauxita también fueron acusados de recibir subsidios del Estado, lo que les permitía vender a precio más bajo. El gobierno de Guyana, se reportó, había amenazado con llevar el asunto ante la omc para ser indemnizado. Cambior aseguró a la comunidad de Linden que el cierre temporal de sus operaciones de bauxita no afectaría la oferta de electricidad porque la planta de energía de Omai Services Incorporated, que controlaba la planta, era una entidad por separado de la compañía minera, la Omai Bauxite Mining Inc. Sin embargo, en el mismo 2006, Cambior vendió a iamgold Corporation, una compañía canadiense de explotación minera del oro, en más de 1.2 miles de millones de dólares. iamgold luego vendió Omai Bauxite Mining Inc. y Omai Services Incorporated por 46 millones de dólares a Bosai Minerals Group, una empresa china de propiedad privada en el mismo 2006. El gobierno de Guyana y Bosai firmaron un acuerdo para permitir a ésta última la compra de 70% de las acciones de obmi en febrero 2007.

El primer punto a resaltar aquí es que Omai Gold Mines Limited estaba reduciendo sus operaciones, las que estaban programadas para su cierre en 2005. Así pues, Cambior vendió su propio equipo de minería a sí misma, lo que estudios críticos del desarrollo, vol. iii, núm. 4, primer semestre de 2013

el capitalismo extractivo: el caso de guyana

161

en esencia era comprar la compañía de bauxita por sólo cinco millones de dólares. Segundo, cuando Bauxite Mining Inc. y Omai Services Incorporated fueron vendidos no había evidencias de que Cambior hubiera hecho mayores inversiones en ellos. Tercero, sin duda alguna Cambior estaba haciendo arreglos secretos para su compra por iamgold Corporation, al mismo tiempo que afirmaba que su operación de bauxita en Linden tenía que cerrarse temporalmente debido al alto costo de producción y prometía falsamente a la gente que continuaría suministrándoles electricidad. Cuarto, el pueblo de Guyana fue engañado y despojado de 41 millones de dólares porque Cambior realmente compró la compañía de bauxita por cinco millones y luego, sin inversión alguna, fue vendida por iamgold Corporation a Bosai Mineral Group por 46 millones de dólares.

Bosai Minerals Group Inc. se estableció en 2004 y comprende más de 12 plantas, compañías subsidiarias y entidades ramales ubicadas en China, Guyana y Ghana. La compañía se dedica a la minería de minerales industriales, manufactura de fusión, comercio internacional y bienes raíces, y tenía un capital total de cinco mil millones de dólares a fines de 2009. Sus principales productos son el metal de aluminio, la alúmina de grado metalúrgico, alúmina marrón fundida, bauxita calcinada, combustible de coca y carbón. Bosai Minerals Group Inc. se ubica entre las 500 compañías privadas de mayor nivel de China, los 500 manufactureros chinos de mayor nivel y las 50 empresas chinas de metal no ferroso y es la número uno en la producción de bauxita calcinada y alúmina marrón fundida.

No sólo fueron los canadienses y los chinos quienes estuvieron involucrados en la industria de la bauxita en Guyana. En 2004, rasul y el gobierno de Guyana fundaron la Guyana Bauxita Company Inc. (bcgi), con sede en Georgetown. rasul es propietaria de 90% de la compañía y el gobierno de Guyana de 10% (Gobierno de Guyana, 2006). rasul adquirió Aroiama Mining Company del gobierno de Guyana en 2006, que fue transferida a Bauxite Company of Guyana el mismo año. rasul también tiene minas de bauxita en Kurubuka y Korite, que tienen un depósito combinado de cerca de 80 millones de toneladas. estudios críticos del desarrollo, vol. iii, núm. 4, primer semestre de 2013

162

dennis c. canterbury

Pero, a pesar del hecho de que las compañías extranjeras son propietarias de la industria de la bauxita en Guyana, la producción en 2010 (1,010 miles de toneladas) se situó por debajo de lo que estuvo en 1980 (1’626,000 miles de toneladas). El fluctuante pero estable incremento en la producción de piedra y arena constituye un reflejo del rápido aumento en la construcción.

Hubo una rápida producción de laterita en la primera mitad de la década de 2000, pero la producción se detuvo en 2006. La producción de arcilla comenzó en 1999, pero ha visto mejores épocas, pues el nivel de producción logrado en 2001 nunca más se ha logrado.

El lavado de dinero en la industria del oro constituye un serio problema que está asociado con el contrabando y el narcotráfico, y que tiene un impacto negativo en la producción declarada de oro. Según las fuentes entrevistadas, los vendedores de drogas utilizan la industria del oro y la minería como un medio para convertir su dinero sucio en dinero limpio. Los vendedores de droga compran oro con efectivo directamente a algunos pequeños mineros como parte de las operaciones de contrabando de oro y lavado de dinero. Los vendedores de droga que usan el frente de mineros de oro venden luego el oro al Guyana Gold Board para legitimar su dinero.

Pero el gobierno de Guyana recientemente se deslindó del informe de 2013 sobre la estrategia internacional de Estados Unidos para el control de narcóticos (United States International Narcotics Control Strategy Report), donde se señala que varias leyes para atacar el lavado de dinero y el contrabando de drogas no se estaban aplicando en Guyana. El informe afirmaba: El gobierno de Guyana ha aprobado la legislación para permitir una respuesta más efectiva a la amenaza del tráfico de drogas.

El decreto en contra del lavado de dinero y para contrarrestar el financiamiento de terrorismo, de 2009, la iniciativa para la intercepción de las comunicaciones y la iniciativa de procedimiento criminal fueron diseñados para mejorar las capacidades de investigación de las autoridades encargadas de aplicar la ley y los estudios críticos del desarrollo, vol. iii, núm. 4, primer semestre de 2013

el capitalismo extractivo: el caso de guyana

163

fiscales para arrestar a los traficantes de droga. Hasta la fecha, empero, el gobierno no ha realizado procesos judiciales bajo estas leyes (us Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs, 2013).

El gobierno afirma que las leyes son utilizadas para recopilar datos de inteligencia sobre el lavado de dinero y el tráfico de drogas (Chabrol, 2013).

En una acción policiaca denominada «Operación El Dorado», las autoridades de Guyana detuvieron al menos a 94 extranjeros provenientes, principalmente, de Brasil, dedicados a la minería ilegal en el país, en abril de 2012 (The Gleaner, 25 de abril, 2012). La operación implicó la inspección de minas, incluidas «revisiones sobre el estatus de la propiedad sobre la que se trabajaba, la verificación de los privilegios mineros y certificados de registro de las personas empleadas, la inspección de la documentación requerida, incluyendo las licencias de dragado y libros contabilidad de la producción, cumplimiento con los requerimientos de sanidad, ambientales y de salud y seguridad ocupacionales». La operación encontró que 32 mineros locales incumplían las regulaciones mineras de Guyana.

Debido a la corrupción y al bajo salario de los funcionarios de gobierno, empero, las regulaciones en el sector minero son escasamente aplicadas y vigiladas. Por ejemplo, la policía local acepta sobornos de los mineros clandestinos en vez de arrestarlos. Es ésta una de las causas del subregistro de la producción de oro.

Papel del capital proveniente de las economías emergentes Un rasgo medular de las industrias extractivas en Guyana es el papel cada vez más considerable del capital proveniente de las economías emergentes. El capital extractivo proveniente de fuentes no tradicionales como Malaysia, China, estudios críticos del desarrollo, vol. iii, núm. 4, primer semestre de 2013

164

dennis c. canterbury

Rusia e India se abocan a la producción en el país. El capital brasileño podría concebirse en busca de acaparar tierra para cultivar arroz, mientras que el capital estadounidense está haciendo lo mismo para envasar minerales geológicos raros y el capital de India está embarcado en un proceso similar. Éste es un cambio en comparación con la situación durante el periodo colonial, cuando el capital europeo, estadounidense y canadiense dominaba las industrias extractivas.

La firma transnacional malaya Samling Strategic Corporation Sdn. Bhd. (Sendirian Berhad, el equivalente malayo a incorporado), que opera una subsidiaria de Yaw Holding Sdn. Bhd., es la principal productora en el sector de los productos maderables a través de Barama Company Ltd. Esta firma, Barama, es la principal compañía de recursos forestales y maderables en Guyana y emplea cerca de mil trabajadores. La compañía se dedica a la venta de troncos de madera noble y de madera aserrada y a la manufactura de productos de contrachapado, cubiertas y pisos de madera.

El fenómeno de acaparamiento de tierras a nivel global, donde los gobiernos y las corporaciones adquieren terrenos en países extranjeros para producir alimentos y minerales para exportar a los países inversionistas, ha llegado a Guyana (Bulkan, 2011). El acaparamiento de tierras en Guyana lo es más para la extracción de recursos naturales que para la producción agrícola y de biocombustibles. Pero no es porque el gobierno de Guyana no quisiera vender el país a los acaparadores de tierras dedicados a la producción agrícola. El gobierno de Guyana buscó vender tierras a inversionistas libios y estadounidenses para cultivar en proyectos agrícolas de enorme calado («Guyana seeking agro–investors in the us», Farmland.org, 28 de noviembre, 2008), en su interés por convertir al país en un productor clave en la industria alimentaria multimillonaria del Caribe («Guyana yet to see huge regional investment in agri sector», Farmland.org, 22 de junio, 2009) —la región importa casi cuatro mil millones de dólares en alimentos anualmente—. El gobierno de Guyana trabajó también con varios inversionistas interesados en los proyectos agrícolas de gran envergadura, entre ellos el cultivo de soya, ganado vacuno y arroz en Pirara en la región nueve del país. estudios críticos del desarrollo, vol. iii, núm. 4, primer semestre de 2013

el capitalismo extractivo: el caso de guyana

165

Paulo Cesar Quartiero, un productor arrocero a gran escala de origen brasileño, expresó su interés por comprar tierras en Guyana para propósitos agrícolas (grain, 2010). RiceTec Inc., compañía multinacional con sede en Texas especializada en semillas, se acercó al gobierno de Guyana «por aproximadamente 2,000 hectáreas de tierra en la misma región» de sabana Rupununi, «un ecosistema diverso y frágil que es el hogar de varios pueblos indígenas» (ibidem). La compañía Café Coffee Day (cdd), fabricante de café en India, obtuvo unos 1.8 millones de acres de tierras boscosas en Guyana en 2011, y está dedicada a su explotación para producir mobiliario de alta calidad. El gobierno de Guyana realizó el contrato de tierras de cdd con Vaitarna Holdings Private Inc. (vhpi), una subsidiaria de cdd, a la que «se le concedió un permiso de exploración forestal del estado (State Forest Exploratory Permit —sfep—) que antes se había concedido a Simon and Shock Intl. (ssi), una compañía estadounidense, y un acuerdo de venta de madera (tsa) que antes se había concedido a Caribbean Resources Limited (crl) (Kaieteur News, 2012)».

Hay una aglomeración en busca de elementos geológicos raros en Guyana, la que se ha convertido en un centro de atracción para el capital extractivo.

Rare Earth Elements International, Inc. (reei), una compañía con sede en Estados Unidos de exploración mineral, adquirió una propiedad de elementos geológicos raros en Port Kaituma, Guyana en 2012 («ree International Acquires Rare Earth Property With Estimated Value of $10 Million», Marketwire, Mining and Metals, 20 de marzo, 2012). La propiedad incluye 44 millas cuadradas con más de 200 concesiones. La comisión geológica y de minas de Guyana (Geological and Mines Commission) estimó que en 2009 el depósito inicial de Colimbita–Tantalita por la tierra excede los 10 millones de dólares a precios actuales de mercado.

Además, Guyana tiene un papel en la creciente búsqueda global de uranio.

Dos compañías mineras canadienses exploran actualmente en busca del mineral. La compañía minera canadiense U308 Corporation, con sede en Toronto, explora la cuenca del Roraima, donde tiene derechos de exploración para uranio en aproximadamente 1.3 millones de hectáreas. Argus Metals Corp. de Vanestudios críticos del desarrollo, vol. iii, núm. 4, primer semestre de 2013

dennis c. canterbury

166

couver, Columbia Británica, Canadá, adquirió recientemente la licencia para explorar en busca de uranio en Port Kaituma (Argus Receives Title and Uranium License for the Large–scale, Drill–ready Kaituma Uranium/Gold Project Marketwire–Mining and Metals, 31 de enero, 2012), el área donde se ubicaba el famoso templo de Jim Jones, «Peoples Temple». Reunion Manganese Inc., subsidiaria plena de Reunion Gold Corporation de Canadá, explora en busca de manganeso y pronto comenzará la producción en Matthews Ridge.

Finalmente, «la producción y exportación potenciales de petróleo/gas natural» se considera «un “nuevo polo de crecimiento para la economía” de Guyana». La exploración de petróleo/gas natural se espera que comience nuevamente en 2014 tras su congelamiento debido a una disputa de fronteras marítimas con Surinam, pero que la ley internacional del Tribunal de Mares en Alemania declaró a favor de Guyana en 2007. Tullow Oil, una compañía británica, que tiene una joint venture con repsol de España, ha comenzado a excavar en la cuenca de Guyana–Surinam. cgx de Canadá ha reiniciado la exploración y «ha anunciado, con base en los resultados de las operaciones de su licencia de prospección de petróleo en Corentyna (Petroleum Prospecting License–ppl), que la producción se dará en la corriente en 2014» (Thomas, 2012).

Incentivos y regímenes fiscales para la extracción y la inversión en minerales Incentivos de inversión y regímenes fiscales2 El actual gobierno de Guyana aplica una agresiva política para atraer la inversión extranjera al país al proveer incentivos directos, incentivos especiales e incentivos sectoriales a los inversionistas. Los incentivos directos generales in/2/

Toda la información de esta sección está tomada de la Oficina de Inversión de Guyana, Georgetown (http://www.goinvest.gov.gy/index–2.html).

estudios críticos del desarrollo, vol. iii, núm. 4, primer semestre de 2013

el capitalismo extractivo: el caso de guyana

167

cluyen «tasa cero en tarifas de aduanas e impuestos al consumo en la mayoría de las plantas, maquinaria y equipo». Las materias primas y los materiales de empaque utilizados en la producción por los manufactureros y las pequeñas empresas también gozan de una tasa cero en las tarifas aduanales y en impuesto al consumo. Hay un «traspaso ilimitado de las pérdidas de años anteriores, la depreciación acelerada en planta y equipo, la repatriación plena e irrestricta de capital, ganancias y dividendos» y el gozo de los «beneficios de los tratados de dobles tributación con Estados Unidos, Canadá y los países del Caricom».

Los incentivos especiales van a las firmas que generan productos no tradicionales para exportación. Estos implican «permisos de exportación para las exportaciones no tradicionales a los mercados fuera del Caricom», y «la cantidad real que se deduce depende de la proporción de las ventas exportación frente a las ventas totales». Si el porcentaje de las ventas de exportación frente a las ventas totales se ubica entre 10 y 20%, el porcentaje de la ganancia de la exportación que es deducible del impuesto sobre la renta es de 25%.

Cuando se ubica entre 20 y 30%, el porcentaje de la ganancia de la exportación deducible del impuesto sobre la renta es de 35%. El deducible sube hasta 45% cuando las ventas de exportación frente a las ventas totales se ubican entre 30 y 40%, y a 55% cuando las ventas de exportación frente a las ventas totales se ubican entre 40 y 50%. Cuando está por encima de 60%, el porcentaje de ganancia por exportación deducible del impuesto sobre la renta es 75%.

Los incentivos especiales al sector minero incluyen «vacaciones tributarias, exención de tarifas e impuesto al consumo en una variedad de equipo para minería, equipo utilizado para limpiar terrenos y ciertos motores fuera de borda».

Existen «una tasa preferencial de impuesto al consumo de 10% en combustible para aviación», y «para la minería a gran escala, exención de tarifas e impuesto al consumo en combustible, maquinaria y refacciones para el equipo y en vehículos importados exclusivamente para la empresa». Los incentivos especiales de los que gozan los productos maderables incluyen «exenciones de tarifa e impuestos en motores fuera de borda de hasta 75hp» y 5% en aquellos motores que estén por encima de 75hp. Los inversionistas en el sector de los productos maderaestudios críticos del desarrollo, vol. iii, núm. 4, primer semestre de 2013

dennis c. canterbury

168

bles también gozan de «exención de tarifas e impuesto al consumo en el equipo utilizado para derribo de árboles, desarrollo de tierras y en molinos de madera».

El actual régimen fiscal habitual para la extracción de minerales en Guyana es como sigue. Para la minería en gran escala —oro y metales preciosos, diamantes y piedras preciosas— la regalía es de 5% de producción o de los ingresos brutos. El impuesto a la renta es de 35% y la tasa de depreciación es de 20%. Las tarifas y el impuesto al consumo está fijado en cero en «todo el equipo, procesar materiales y refacciones que se usarán durante y al final de las exploraciones, prospección y minería». No existe una «equidad gratuita» para el Estado, pero el Estado tiene «el derecho de nominar un miembro del consejo» de estas compañías. El impuesto a retener es de 6.25% de los dividendos.

La «cláusula de estabilidad» estipula que «por cada mina desarrollada» todas las condiciones se mantienen por «15 años a partir del inicio de la producción comercial o la vida del depósito, cualquiera sea menor, luego se aplican las reglas generales por tarifas, impuesto sobre la renta e impuesto retenido».

La bauxita y otros minerales, con excepción de la arena y la piedra, pagan una regalía de «1.5% del producto o de los ingresos brutos o por los costos de producción al salir de la planta, el que sea mayor». Después, todas las otras condiciones del régimen fiscal que se aplican al oro se aplican a la bauxita. La regalía por la minería de oro en pequeña y mediana escala es de 5% del ingreso bruto para el oro y de 3% del ingreso bruto para los diamantes. Los mineros pequeños y medianos pagan 2% del ingreso bruto en vez de impuestos sobre la renta, y «si el permisionario es una corporación, el impuesto corporativo es pagadero con una tasa de 35% del ingreso gravable». Además, gozan de «exenciones de tarifas y de consumo en una variedad de artículos».

Inversión total 1999–2010 El valor de la inversión total en Guyana se incrementó en más de 100% entre 1999 y 2010. El sector gubernamental encabezaba en el valor de la inversión estudios críticos del desarrollo, vol. iii, núm. 4, primer semestre de 2013

el capitalismo extractivo: el caso de guyana

169

total 2010 con 303 millones de dólares, en comparación con 281.5 millones de dólares en el sector privado. Sin embargo, la inversión total en el sector público durante el periodo considerado fue menor que en el sector privado —1,874 millones de dólares en comparación con 2,356 millones (tabla 8). tabla 6 Inversión total 1999–2010.

Años

Privada (local & ied)

Pública (gobierno)

Inversión total

Valor en millones de dólares

1999

157.0

81.0

238.0

2000

152.0

98.5

250.5

2001

166.0

91.0

257.0

2002

162.0

101.5

263.5

2003

155.5

97.0

252.5

2004

152.5

98.0

250.5

2005

157.0

109.5

266.5

2006

205.0

209.0

414.0

2007

222.5

211.5

434.0

2008

259.5

209.0

468.5

2009

285.5

265.0

550.5

2010

281.5

303.0

584.5

Fuente: us State Department, 2012 Investment Climate Statement–Guyana.

En los años de la gran recesión 2007–2008, la inversión privada extranjera y local, así como la inversión total se incrementaron, indicando que la crisis no afectó inmediatamente la inversión en esas áreas. Pero la inversión del sector público se redujo entre 2007 y 2008, aunque se incrementó tanto en 2009 como en 2010. Sin embargo, la inversión extranjera y local decayó entre 2009 y 2010. Probablemente, el descenso en la inversión privada y local estudios críticos del desarrollo, vol. iii, núm. 4, primer semestre de 2013

dennis c. canterbury

170

es una señal de que la crisis opera con un rezago en las economías que no fueron afectadas inmediatamente por la caída financiera en los países capitalistas ricos en 2007–2008. Pero la ied total se incrementó consistentemente desde 2007, como si la gran recesión no tuviera efecto real (tabla 6).

Inversión extranjera directa 2007–2010 Los datos sobre ied por sector mostraron que el transporte y la telecomunicación fueron los mayores receptores en el periodo 2007 a 2010 (tabla 7). tabla 7 Inversión extranjera directa por sector 2007–2010 (valor en millones de dólares).

Sector

2007

2008

2009

2010

Agro, productos maderables, pesca

22.6

41.2

15.0

17.2

7.0

1.3

8.2

13.0

42.1

22.0

42.1

64.0

5.0

14.9

7.8

15.5

Energía Minería y extracción Manufactura Turismo y hospitalidad

5.4

23.7

12.5

16.0

Transporte y telecomunicación

51.2

53.3

64.0

54.0

Otros

19.2

5.1

14.4

18.3

Total

152.5

161.5

164.0

198.0

Fuente: us State Department, 2012 Investment Climate Statement–Guyana.

La minería y la extracción fueron el segundo mayor receptor de ied en el periodo, seguidas por la agricultura, los productos maderables y la pesca. Sin embargo, en 2010 la minería y la extracción atrajeron la mayor cantidad de ied, 64 millones de dólares comparados con 54 millones del sector de transporte y telecomunicación. estudios críticos del desarrollo, vol. iii, núm. 4, primer semestre de 2013

el capitalismo extractivo: el caso de guyana

171

Las industrias extractivas y el ambiente en Guyana Las industrias extractivas de Guyana han derivado en importantes problemas para el ambiente y los pueblos indígenas. Trevin y Nasi (2009), por ejemplo, proporcionan un muy detallado análisis descriptivo de la estructura de gobernanza en el sector de los productos maderables (Trevin y Nasi, 2009). Concluyeron que, aunque existen mecanismos modernos de protección al ambiente en Guyana, «la puesta en operación en la práctica de estos instrumentos legales y políticas sufre de los problemas del subdesarrollo como una escasa infraestructura, pocos especialistas calificados y limitados recursos financieros». Han identificado varias dificultades relacionadas con la gobernanza de los bosques en Guyana, como los temas de las tierras indígenas, incluyendo los derechos de tenencia, demarcación de terrenos, cosechas ilegales y emisiones nocivas.

El más infame de los desastres ambientales en las industrias extractivas de Guyana fue cuando los relaves en las minas de oro de Omai se rompieron y dejaron escapar lodos de cianuro y otras sustancias nocivas en los ríos de Omai y Essequibo en agosto de 1995. Hubo un derrame previo en mayo de 1995 que mató muchos peces en el río Omai. El impacto de este derrame llevó al establecimiento de una comisión de investigación sobre el desastre.

El informe de la comisión sobre el impacto en el ambiente del derrame mencionaba que la contaminación del sedimento del río con metales pesados era un tema clave. Afirmaba que «las principales formas de complejos de cianuro metálico presentes en los [relaves] eran ferrocianuro y cuprocianuro», lo que «comprende al 80% del total del cianuro presente en el agua de los relaves» (Report of Commission of Inquiry Into Discharge of Cyanide and Other Noxious Substances Into the Omai and Essequibo Rivers, Georgetown, Guyana, 5 de enero, 1996). Informaba que por lo general hubo una «muy alta concentración de cianuro, hierro y cobre en el río Omai durante el derrame», y que «la vida acuática fue afectada a todo lo largo del río Omai en donde se estudios críticos del desarrollo, vol. iii, núm. 4, primer semestre de 2013

172

dennis c. canterbury

recolectaron 346 peces muertos». El río Omai registró los más altos niveles de contaminación por cianuro y metales pesados.

Históricamente, la producción de bauxita ha estado asociada con problemas sociales, de salud y ambientales en el pueblo de bauxita de Linden. Se identifican problemas de salud y ambientales en cada uno de los niveles del proceso de producción, que va desde la remoción de la sobrecarga para extraer el polvo de bauxita, hasta la etapa en que se calcina ese polvo (Dev Rawana, 1998). La excavación de la sobrecarga y del polvo de bauxita deja grandes hoyos en la tierra, espacios donde se junta agua de lluvia, proliferan los mosquitos y los niños se ahogan. Varias sustancias nocivas se acumulan en el agua y son fuente de problemas de salud para los niños que nadan en los estanques. La contaminación del aire es otro problema ambiental debido a la descarga de polvo de bauxita y los productos de la combustión cuando se calcina el polvo. La contaminación del aire en Linden está asociada con problemas respiratorios y oculares que enfrentan los residentes y que generan sensaciones de nausea entre ellos. La contaminación del agua y el suelo debido a la descarga de desechos tóxicos afecta a la población de peces y destruye cultivos y vegetación (ibidem).

La degradación física en el ambiente y la contaminación causada por la minería son otros importantes problemas de preocupación. Los mineros en pequeña escala en Guyana son acusados por la destrucción de los bosques, las riveras de los ríos, la contaminación por mercurio y la generación de una pesada carga de sedimentos en los ríos (ibidem).

Se ha puesto una mayor atención en el ambiente en Guyana a la luz del énfasis en las industrias extractivas como un polo de crecimiento económico en el país. El gobierno ha ingresado en la estrategia de desarrollo de bajo carbono (Low Carbon Development Strategy, lcds) con Noruega y así dominar el potencial de la selva tropical de Guyana y poner al país en una vía de desarrollo de bajo carbono dentro del marco de la iniciativa global para reducir las emisiones derivadas de la deforestación y la degradación (redd). Este provee una compensación para Guyana si evita la deforestación de su selva tropical, combate el cambio climático, protege biodiversidad y promueve el desarrollo sustentable. estudios críticos del desarrollo, vol. iii, núm. 4, primer semestre de 2013

el capitalismo extractivo: el caso de guyana

173

La estrategia de desarrollo de bajo carbono (lcds) tiene significativas debilidades (Thomas, 2012), entre ellas su fundamento, un «inocente análisis económico marginal neoclásico». Aunque lcds es supuestamente una sociedad entre Guyana y Noruega, el gobierno noruego «evita comprometerse con adoptar una sola acción nacional respecto al cambio climático, el calentamiento global o la reducción de las emisiones de Co2 en la atmósfera» en Noruega, mientras que «el principal tema de acuerdo en relación con estos asuntos es la disposición de los “bosques prístinos” de Guyana». Noruega, en un cálculo per capita, es uno de los principales contaminadores del ambiente globalmente debido a que su economía se fundamenta en recursos naturales —petróleo, gas, industrias intensivas en energía, productos maderables y pescaderías—. La naturaleza unilateral del acuerdo enfatiza una forma de imperialismo ambiental, a medida que los países ricos buscan esquilmar a los países pobres del uso de sus recursos naturales bajo el disfraz de protección ambiental. El primer ministro de Noruega declaró públicamente que «su meta al ofrecer financiar a los países con selvas tropicales está diseñada para animar su secuestro de carbón de modo que se “aseguren los fiordos de Noruega para las futuras generaciones”» (Thomas, 2012).

Resistencia y capital extractivo

Represión y quebranto sindical en la industria de la bauxita La actividad minera en Guyana ha producido varias situaciones conflictivas en épocas recientes en las industrias de la bauxita y oro con los pueblos indígenas, los mineros en pequeña escala y las mujeres. El conflicto en la industria de la bauxita en Linden —desatado por el modus operandi de Bosai Minerals Group, Inc. y la decisión del gobierno de Guyana para incrementar la tarifa de la electricidad en el área— ha sido el más serio y brutalmente reprimido en la memoria reciente. El conflicto ha evocado la forma más extrema de vioestudios críticos del desarrollo, vol. iii, núm. 4, primer semestre de 2013

174

dennis c. canterbury

lencia de Estado, cuando el 18 de julio de 2012 la policía abrió fuego contra una multitud de manifestantes pacíficos, matando a tres de ellos —Shemroy Bouyea de 24 años de edad, Allan Lewis de 46 años y Ron Somerset de 17 años— e hiriendo a muchos otros. Fue ésta la primera vez, desde que Guyana obtuvo su independencia política de Reino Unido, que ese país experimentó tales niveles de violencia de Estado en contra de los manifestantes. Los disparos en Linden recuerdan los levantamientos de Ruimveldt en 1905 y los de Enmore en 1948, cuando la policía colonial en esas ocasiones abrió fuego sobre trabajadores inocentes, matando o hiriendo a varios de ellos.

Bosai Minerals Group, Inc. y el gobierno de Guyana están en el mismo lado, mientras que los trabajadores están en el otro bando. El gobierno anunció, por medio del ministro de finanzas, que en su presupuesto anual iba a incrementar las tarifas de electricidad en la comunidad minera de bauxita en Linden a partir del 1 de julio de 2012. El incremento propuesto en las tarifas de electricidad se justificaba sobre la base de que «la electricidad cuesta entre 5 y 15 por kWh» en Linden, «mientras que en la compañía de fuerza y luz (Guyana Power and Light, gpl) los consumidores en red pagan un promedio de 64 por kWh». El gobierno afirmó que el «costo total de este subsidio de la electricidad» a Linden «era de 2.9 miles de millones» en 2011, lo que es «equivalente al 10% de los ingresos totales de gpl» (Gobierno de Guyana, 2012: 38). El presidente de Guyana afirmó que la creciente población de Linden era una de las razones para el alto subsidio de la electricidad y que la oposición política, cuando estuvo en el gobierno, quería aumentar las tarifas de electricidad en Linden. El presidente hizo saber que el gobierno subsidiaba la electricidad en Linden para hacer la compañía de bauxita más atractiva para los inversionistas extranjeros, pero que el subsidio desanimaba la conservación de energía. Los trabajadores de Linden tomaron las calles en una manifestación pacífica en contra de las propuestas del gobierno de incrementar las tarifas de electricidad. El gobierno respondió con disparos de fuego.

Los disparos de la policía y el lanzamiento de gas lacrimógeno a los manifestantes pacíficos —mujeres, niños y hombres— desató la inquietud social. estudios críticos del desarrollo, vol. iii, núm. 4, primer semestre de 2013

el capitalismo extractivo: el caso de guyana

175

Varios edificios en Linden fueron incendiados por completo y las carreteras fueron bloqueadas con desechos, madera, llantas quemadas y trincheras. El fuego destruyó un edificio que albergaba a varias dependencias de gobierno, entre ellas Guyana Revenue Services, Linden Care Foundation y el Institute of Distance and Continuing Education. La escuela primaria One Mile —la de mayor tamaño de este tipo en la región 10, que atendía a 830 estudiantes—, la Linden Electricity Company Inc., las oficinas del Ministerio de Agricultura, la Guyana Energy Agency y el Linmine Secretariat acabaron incendiadas. El fuego arrasó otros dos edificios, al igual que las casetas de cobro de peaje, de seguridad y de la Guyana Energy Agency en el puente Mackenzie–Wismar, y se realizó un intento por quemar el puente. El puente Mackenzie–Wismar es la puerta de entrada por carretera a las regiones más silvestres de Guyana, donde se ubican las minas de oro y las industrias de productos maderables. La ruta alternativa es a través de la carretera Bartica–Potaro, que es mucho más larga y costosa.

Hubo un apoyo considerable, nacional y desde el extranjero, para los manifestantes, incluso desde el partido de oposición A Party for National Unity (apnu), una coalición de partidos políticos que incluye a People’s National Congress (pnc), Working People’s Alliance (wpa), Guyana Action Party (gap), National Front Alliance (nfa) y Alliance for Change (afc).

El gobierno estableció una comisión de investigación para examinar las manifestaciones sociales y los disparos de la policía. La comisión realizó audiencias y sometió su informe al presidente de Guyana en febrero 2013. Encontró que la policía era la responsable de los disparos pero que, aunque la descarga «fue un tanto desordenada», estaba «justificada» porque la multitud era «hostil» y culpaba a los organizadores y a los políticos por la escalada del conflicto. La comisión recomendó ocho millones de dólares guyaneses como compensación para las familias de las personas que fueron muertas. Los familiares de Shemroy Bouyea y Allan Lewis recibieron, cada uno, tres millones, y los de Ron Somerset dos millones. Las familias afirman que el dinero entregado es insuficiente para compensar por las vidas de sus seres amados. La coestudios críticos del desarrollo, vol. iii, núm. 4, primer semestre de 2013

dennis c. canterbury

176

misión también recomendó la compensación a los heridos y a los propietarios de fincas (Chabrol, 2013).

La dimensión de clase en la lucha se hizo bastante evidente en la respuesta de los magnates en la industria de la minería de oro. El bloqueo del puente Mackenzie–Wismar tuvo un efecto negativo en las comunidades mineras de oro, que no podían conseguir alimentos, combustible y otros artículos de primera necesidad porque el tráfico de vehículos hacia esas regiones se interrumpió. Algunos magnates del oro adoptaron una postura en contra de los manifestantes, exigiendo a la policía que despejara el puente para permitir que pasara la carga hacia la región. El comisario regional para la Región 10 reportó que en una asamblea algunos de estos individuos amenazaron con disparar a los manifestantes. Estos individuos son considerados mineros en pequeña escala, muchos de los cuales salieron de las filas de la clase trabajadora, pero cuyos intereses de clase coincidían ahora con las élites que gobiernan en Guyana.

La Cámara de Comercio y Desarrollo de Linden adoptó una postura distinta que estaba más relacionada con la asumida por los trabajadores. Sus miembros también iban a ser afectados negativamente por el incremento en las tarifas de electricidad, así que les favorecería cerrar sus negocios y unirse a los trabajadores de la bauxita si esa acción llevaría eventualmente a bajar las tarifas.

Bosai produce electricidad por medio de Bosai Minerals Services Inc., quien la vende a la comunidad de Linden. El gobierno de Guyana paga a Bosai por la electricidad que aporta a Linden. Sin duda, Bosai tuvo una participación en la inquietud social en Linden, como puede inferirse al examinar algunos de los hechos respecto a las operaciones de la compañía en Guyana.3 Primero, Bosai Minerals Services Inc. aporta electricidad tanto a las operaciones de bauxita de Bosai Minerals Group, Inc. en Linden como a la comunidad de Linden. Pero hay una disparidad entre lo que afirma Bosai Minerals Services Inc. respecto a sus ganancias en 2012 y lo que muestran los registros públicos.

/3/

Estos datos fueron tomados de Ram (2012).

estudios críticos del desarrollo, vol. iii, núm. 4, primer semestre de 2013

el capitalismo extractivo: el caso de guyana

177

Bosai afirma que logró una ganancia de 233 mil dólares en 2010, mientras que los registros públicos «muestran que la compañía logró una ganancia (antes de impuestos) de 76’342,000 millones de dólares guyaneses, el equivalente en dólares estadounidenses de 380 mil dólares».

Segundo, Bosai Minerals Services Inc. está obteniendo ganancias del subsidio gubernamental a la electricidad. Los contribuyentes guyaneses están subsidiando por tanto a una compañía transnacional china para que provea electricidad a Linden por una ganancia notable. De tal modo, el subsidio del gobierno no está determinado únicamente por el consumo de electricidad de los residentes de Linden. Otros dos factores influyen en la magnitud del subsidio del gobierno: la producción de bauxita de Bosai, que también utiliza la electricidad que provee Bosai Minerals Services Inc., y el margen de ganancia de Bosai Minerals Services Inc. Tercero, los datos financieros sugieren que Bosai Minerals Group compra combustible de la compañía estatal de petróleo de Surinam (State Oil Company of Surinam) a un precio más bajo de lo que paga Bosai Minerals Services Inc. por el combustible con el mismo proveedor.

Cuarto, la Comisión de Servicios Públicos (Public Utilities Commission, puc) regula los servicios de electricidad en Guyana pero Bosai no se rige por puc. De tal modo, Bosai opera fuera de las leyes de Guyana y puede cobrar a la comunidad de Linden lo que desee por la electricidad. El gobierno de Guyana presenta una imagen en el sentido de que el subsidio a la electricidad en Linden drena la economía del país, pero las ganancias nacionales de las operaciones de Bosai muestran que es de otro modo. Al gobierno se le pagaron 440 millones en utilidades por las operaciones de bauxita en 2010 y además recibió 708 millones de impuestos corporativos.

La firma de propiedad rusa bcgi y el gobierno de Guyana están en el mismo lado, mientras que el sindicato Guyana Bauxita and General Workers’ Union (gb&gwu) y el pueblo trabajador están juntos en la lucha en contra de las tácticas de quebranto sindical de bcgi. Es una lucha prolongada que ha continuado por los pasados tres años. Los trabajadores en bcgi recurrieron a la estudios críticos del desarrollo, vol. iii, núm. 4, primer semestre de 2013

dennis c. canterbury

178

acción industrial cuando la compañía propuso despedir a 75 trabajadores en 2009, a cambio de un aumento de sueldo de 10% para quienes continuaran empleados en la compañía (Reuters, 24 de noviembre, 2009). En la lucha que se sucedió, la compañía suspendió su contrato laboral con gb&gwu. La firma bcgi luego desconoció al sindicato al amenazar a los trabajadores para que firmaran una petición que preparó para ese efecto como condición para ser empleado.

La compañía generó cartas de suspensión a varios trabajadores implicados en la huelga, pero el sindicato y bcgi llegaron al acuerdo de que las cartas de suspensión entregadas a los trabajadores serían retiradas. En cambio, la compañía generó cartas de despido a los trabajadores al mismo tiempo que negociaba los términos de la reanudación con el sindicato para concluir la huelga.

El sindicato dejó la mesa de negociaciones y la compañía anunció que habían cesado sus operaciones en Guyana indefinidamente. Los trabajadores protestaron bloqueando carreteras y alterando los horarios de vuelos en la pista de Kwakwani. El gobierno de Guyana intervino con lentitud para ayudar a resolver la disputa y pidió disculpas a nombre de bcgi, afirmando que mientras que en otros países las compañías de bauxita cerraban sus puertas y se iban, en Guyana rasul y Bosai Minerals Group Inc. no lo han hecho sino que están tratando de minimizar el impacto de la reducción global en los empleos. Para sacar a gb&gwu, la compañía recurrió a la formación de un Comité de Trabajadores tras su fallido intento por hacer que los trabajadores firmaran para convocar a la National Association of Agricultural, Commercial and Industrial Employees (naacie), donde el Ministro del Trabajo tiene influencias como agente negociador rumbo a la violación de la ley de reconocimiento y certificación de los sindicatos (Trade Union Recognition and Certification Act, chapter 98: 07).

Pueblos indígenas, pequeños mineros y mujeres Sin duda, la extracción de recursos naturales está teniendo un impacto debilitante en los pueblos indígenas y ha generado situaciones de conflicto con estudios críticos del desarrollo, vol. iii, núm. 4, primer semestre de 2013

el capitalismo extractivo: el caso de guyana

179

los pequeños mineros, así como con las mujeres. Guyana es el hogar de siete grupos indígenas —akawaio, arekuna, caribe (río Barima), macusi, patamona, waiwai y wapisiana—. Mientras que los pueblos caribe, akawaio, arekune y patamona ocupan las riveras de los ríos hacia Venezuela en el oeste de Guyana, los macusi y los wapisiana viven en la región de sabanas del norte y sur de Rupununi y los waiwai viven en el sur del río Essequibo. Todos hablan idiomas derivados del caribe, con excepción de los wapisiana, quienes hablan un idioma arawak (Edwards y Gibson, 1979).

Los pueblos indígenas en Guyana han participado históricamente en técnicas mineras artesanales tradicionales: cubeta, tamiz y cacerola, sin productos químicos. En algunos casos operan dragadoras de propiedad de la comunidad y también trabajan en jornadas de dragado y de minería de pozos de propiedad de personas ajenas a los pueblos indígenas. Las minas de oro de escala grande y mediana con dragado y las minas a cielo abierto tienen importantes efectos sociales y ambientales en las comunidades locales. Las riveras son dañadas y debilitadas y los canales son ampliados, lo que deriva en que los árboles se precipiten en los ríos y en cambios que redundan en que los canales de los ríos dejen de ser navegables. El aumento en turbiedad de «ríos y arroyos deriva en visibilidad reducida y en penetración de la luz en el agua» y causa «una reducción de la capacidad de fotosíntesis de las plantas acuáticas, acabando con frecuencia en la muerte o la inhibición de la respiración de algunas especies de peces, lo que desemboca en su muerte» (Demerara Waves, 5 de julio, 2012). El gobierno indicó que «la muerte de unas cuantas especies susceptibles causa importantes impactos en la red alimenticia y puede derivar en una reducción de las especies de agua dulce, que son la fuente primordial de alimento para las comunidades de las riveras» (ibidem). La minería en el río contamina el agua potable y genera «enormes islas de arena y grava que restringen el flujo de agua y producen inundaciones río arriba y devalúan el ingreso derivado del turismo en Guyana, incluida la pesca deportiva» (ibidem).

Las comunidades indígenas río abajo de las operaciones activas de dragado se quejan de que no pueden acudir a la pesca y la caza de subsistencia, al lavado o estudios críticos del desarrollo, vol. iii, núm. 4, primer semestre de 2013

180

dennis c. canterbury

al baño y no tienen acceso al agua potable cerca de sus asentamientos. La vida silvestre también está desapareciendo debido al ruido del equipo, el agua sucia y el aumento de la actividad humana en la región.

Los jóvenes y las mujeres indígenas están expuestos a explotación sexual y a los empleos mal pagados en los campos mineros en donde utilizan compuestos químicos tóxicos y dragados. La prostitución, el tráfico de drogas y de personas son otros problemas significativos. Los problemas de salud que enfrentan las comunidades incluyen el envenenamiento por mercurio, la malaria, el tifo, el dengue, la diabetes (Griffiths y Anselmo, 2010). La higiene es un problema considerable debido a las inadecuadas instalaciones para el desalojo de los desechos humanos y de otro tipo. La higiene inadecuada es una de las causas de la alta incidencia de malaria y tifo. La inflación en los precios dentro de las comunidades de minería de oro se da a partir de las condiciones monopólicas y oligopólicas bajo las cuales operan las empresas en esas áreas (ibidem). Los mineros pueden también excavar en las principales carreteras o desenterrar las principales tuberías subterráneas de agua provistas por el Estado en su búsqueda de oro (Wilkinson, 2012), aumentando así los problemas de transporte y agua. Hay un incremento en los delitos —asesinatos, sospechas de asesinato, desapariciones, robos a mano armada, violación y abuso en los campos de oro—, en su gran mayoría sin resolver. Sin duda, los costos en salud, ambientales, sociales y culturales para las comunidades indígenas son mucho mayores que los beneficios en efectivo que les llegan derivados de la minería.

Griffiths y Anselmo (2010) señalaron que los desafíos que plantea la industria de la minería a las comunidades indígenas incluyen: La limitada regulación ambiental y la continuada violación de los derechos de los amerindios, las concesiones mineras entregadas a terceros de parte de la comisión de geología y minas de Guyana (Guyana Geology and Mines Commission, ggmc) sobre las tierras tradicionales de los amerindios sin el conocimiento o sin un consentimiento libre, previo e informado (fpic) de las comuestudios críticos del desarrollo, vol. iii, núm. 4, primer semestre de 2013

el capitalismo extractivo: el caso de guyana

181

nidades afectadas, según lo requiere el decreto Amerindio (aunque fpic se aplica únicamente a la minería de pequeña y mediana escala sobre o cerca de las tierras con títulos), la corrupción de los líderes comunitarios por los intereses mineros, el apoyo caso por caso para el entrenamiento en la minería de bajo impacto, la administración débil o que no rinde cuentas por los aparatos de dragado en las comunidades, sin que haya todavía estándares acordados en los ámbitos locales o nacionales para la minería de bajo impacto en la comunidad [y] estándares mineros de bajo impacto como los desarrollados por la Association for Responsible Mining (arm) requiere revisiones para ajustarse a las actuales prácticas de la minería en Guyana (Griffiths y Anselmo, 2010).

El convenio de preservación de los productos maderables que el gobierno de Guyana firmó con el gobierno de Noruega para recibir hasta 250 millones de dólares, durante un periodo de cinco años, ha derivado en medidas regulatorias a las que se oponen los pequeños mineros. El gobierno impuso un periodo de espera de seis meses para la aprobación de permisos de minería, y así estimular la recolección controlada en los bosques de parte de los aserradores antes de que se permita a los mineros de oro comenzar a excavar en las mismas áreas. La moratoria se proponía abordar también el problema de la minería clandestina. Igualmente, el gobierno dejó de conceder permisos de minería en New River «hasta nuevo aviso» a la luz de las amplias preocupaciones de parte de las comunidades indígenas en el área (Demerara Waves, 5 de julio, 2012).

Este congelamiento produjo una situación de conflicto pues los mineros, airados, acusaron al gobierno de abusar de sus poderes. Los mineros creen que el gobierno lo que quiere es evitar que ellos talen los árboles que tienen valor comercial para la industria de la madera. Acudieron a su organización, la Guyana Gold and Diamond Association (ggdma), que organizó una asamblea de emergencia donde se aprobó una moción de no confianza hacia el ministerio de gobierno responsable de la minería y recolectó dinero para enfrentar la estudios críticos del desarrollo, vol. iii, núm. 4, primer semestre de 2013

182

dennis c. canterbury

moratoria en las cortes. La ggdma amenazó con protestas en las calles si no se lograba un compromiso y el gobierno anunció que la prohibición sería de tan sólo un mes. Los mineros argumentaron que estaban conscientes de los problemas ambientales y de otras índoles de la industria de la minería, que los mineros que fueran atrapados violando las leyes del país y destruyendo el ambiente debían de ser procesados, pero que toda la industria no tenía que sufrir las violaciones de los mineros errantes (Caribbean360, 23 de julio, 2012).

El conflicto ha llevado a la renuncia del presidente de ggdma, quien fue expulsado por los mineros argumentando que estaba alineándose con el gobierno en la disputa. Aproximadamente, cuatro mil mineros recurrieron a cerrar los accesos al pueblo minero de Bartica en protesta contra la medida.

Se calcula que Guyana tiene 25 mil mineros, cerca de una tercera parte provenientes de Brasil (Wilkinson, 2010). Sin duda, el gobierno de Guyana ha ejercitado una preferencia para complacer al Banco Mundial y Noruega respecto a los mineros en pequeña y mediana escala, que son los primeros en sentir el apretón de los controles más estrechos y las nuevas reglas más rigurosas en la industria de la minería del oro y el diamante.

Las mujeres están participando cada vez más en el sector extractivo de recursos naturales en Guyana, como mineras, cocineras, trabajadoras sexuales. El tráfico de personas —que incluye a mujeres y niñas en la prostitución forzada en la industria del oro para generar ganancias para los traficantes y el placer de los mineros— es un importante tema de preocupación. El informe sobre tráfico de personas del Departamento de Estado de Estados Unidos para 2012 afirmaba: «El limitado control del gobierno de Guyana de amplias regiones interiores, combinado con las ganancias de la minería de oro y la prostitución que acompaña a la industria, ofrece condiciones conducentes al tráfico» (us State Department, 2012). El reporte establecía que «los guyaneses provenientes de áreas rurales, económicamente deprimidas son especialmente vulnerables al tráfico en las áreas mineras y en los centros urbanos».

Las prácticas de uso de mano de obra infantil en la industria de la minería y en el sector de los productos maderables ayudan a acrecentar los bolsillos de los estudios críticos del desarrollo, vol. iii, núm. 4, primer semestre de 2013

el capitalismo extractivo: el caso de guyana

183

mineros y de las compañías de productos maderables. La ggdma no cuenta con estadísticas de los menores que trabajan en el sector minero, pero algunas estimaciones burdas ubican las cifras en cientos.

Los problemas que enfrentan las mujeres mineras las han obligado a formar la Guyana Women’s Miners Association (gwma). Más de 70 mujeres se han unido a la gwma, un indicio del número creciente de mujeres en busca de oro y diamantes. Las mujeres mineras tienen sus propios dragados, mientras que otras trabajan como cocineras. Estas mujeres argumentan que trabajar en las minas es aún más problemático para ellas que para los hombres. El aspecto físico de la minería es un importante desafío en sí mismo para las mujeres que deben lidiar con el abuso diario, la explotación, la discriminación, las agresiones y la estigmatización como prostitutas (Stabroek News, 2012).

Conclusión El sector de la extracción se ubica indudablemente a la cabeza de la economía de Guyana en términos de ganancias por exportaciones. La producción declarada de oro se ha incrementado consistentemente desde 2006, aun en ausencia de minas a gran escala de propiedad extranjera. La producción declarada de oro en pequeña escala se ha incrementado entre 2003 y 2011, mientras que los diamantes nunca lograron su nivel de 2004. En 2011 la producción de bauxita estaba por debajo del nivel logrado en 2001. El capital proveniente de las economías emergentes se dirige exclusivamente a la producción de bauxita, mientras que el capital proveniente de otros países participa primordialmente en la exploración. Los incentivos a la inversión y el régimen fiscal están hechos para seducir a las compañías mineras extranjeras. El sector privado local y extranjero recibieron la mayor parte de la inversión extranjera directa, la mayor parte de la cual iba dirigida al transporte y telecomunicaciones, seguida de la minería, entre 2007 y 2010. La industria de la bauxita ha visto el más violento conflicto y las tácticas de clase en contra de los sindicatos con el capital extracestudios críticos del desarrollo, vol. iii, núm. 4, primer semestre de 2013

184

dennis c. canterbury

tivo. La alteración de las formas de sustento de los pueblos indígenas, la destrucción del ambiente —la mayor parte del cual está asociado ahora con los pequeños mineros en ausencia de alguna mina de gran escala—, la decadencia social en las comunidades mineras que se evidencia por el incremento en el delito, la prostitución, el tráfico de personas, la resistencia de los pequeños mineros en contra de la regulación del gobierno y las preocupaciones de las mujeres mineras son características críticas de la operación del capital extractivo en Guyana.

Ni el enfoque del Estado autoritario poscolonial ni la correspondiente al nuevo Estado autoritario a la extracción de recursos naturales ha traído a Guyana el desarrollo económico sostenido. Aunque las industrias extractivas siguen siendo centrales para la economía de Guyana, no han logrado desarrollar al país. Su impacto social no ha transformado las condiciones de pobreza en las comunidades mineras ni en el país en su totalidad. Según el informe de progreso de las Metas de Desarrollo del Milenio para Guyana en 2011, aproximadamente 19% de la población vivía en pobreza extrema en 2006 y nacionalmente 36.1% de la gente vivía en pobreza el mismo año. En las áreas mineras de oro como Cuyuni–Mazaruni, 61.4% de la población vivía en pobreza en 2006; en Potaro–Siparuni el porcentaje era de 94.3%; en la parte alta de Takatu y en la parte alta de Essequibo era 74.4% (Gobierno de Guyana, 2011). Los pueblos indígenas son los principales habitantes de estas áreas mineras, que están ubicadas en el interior de Guyana.

Fue la agitación sindical la que forzó a las compañías de bauxita a introducir prestaciones no salariales para los trabajadores y las comunidades en la industria (Canterbury, 2003). Estas prestaciones comenzaron a erosionarse después de que fueron nacionalizadas las compañías y el ajuste estructural dio el último golpe a su destrucción por medio de la mercantilización. El capital extractivo en la industria de la actualidad no tiene que preocuparse por proporcionar a comunidad alguna y a muchos trabajadores las prestaciones: el ajuste estructural ha retirado de ellos los costos de la fuerza de trabajo de las compañías. estudios críticos del desarrollo, vol. iii, núm. 4, primer semestre de 2013

el capitalismo extractivo: el caso de guyana

185

A la luz de la aparente maldición de los recursos, el asunto es si Guyana debería quedarse con los recursos naturales como la base de su estructura económica o buscar desmantelarla y diversificarla. La extracción de recursos en Guyana sigue estando al nivel de la producción primaria con nulo o poco valor añadido. La diversificación y sustentabilidad de la economía basada en los recursos naturales requiere un valor agregado muy significativo en la producción primaria. La dependencia del capital extractivo extranjero en la extracción de recursos naturales pone en condiciones al país para ser objeto de dominio exterior. La intensidad de capital del capital extractivo en las industrias extractivas tiene un impacto negativo en la generación de empleos. Una economía basada en los recursos naturales está sujeta a las variaciones de los precios mundiales de las mercancías para ser viable y el costo para el ambiente es muy alto en los países como Guyana, donde los recursos están ubicados en la selva tropical prístina (Thomas, 2012).

Es necesario un nuevo modelo de extracción de recursos que restaure las prestaciones no salariales a los trabajadores y sus comunidades. Sería éste un buen punto de partida para mejorar las condiciones de vida en los debilitados pueblos mineros. El Estado debería evitar generalizar a todo el país las prestaciones que ofrecen las compañías mineras en sus comunidades, que se hacen posibles por medio del trabajo de los mineros. Además, al tomar más de las compañías mineras en forma de tarifas e impuestos, el gobierno dispondría de más recursos para ampliar el gasto social a nivel nacional. Finalmente, el gobierno debería insistir en controlar los recursos naturales y buscar maneras alternativas de extraer y comerciar dentro de los acuerdos, como la Alternativa Bolivariana para América Latina y el Petrocaribe.

Referencias Bulkan, Janette (2011), «“Red Star over Guyana”: Colonial–style Grabbing of Natural Resources but New Grabbers», trabajo presentado en el estudios críticos del desarrollo, vol. iii, núm. 4, primer semestre de 2013

186

dennis c. canterbury

Congreso Internacional sobre Global Land Grabbing, Institute of Development Studies, University of Sussex, 6–8 de abril.

Canterbury, Dennis (2003), «Community Development Through Community Non–Wage Benefits in Guyana’s Mineral Sector», Canadian Journal of Development Studies, volumen 24, número 3, pp. 303–318. ____ (2005), Neoliberal democratization and New Authoritarianism, Aldershot and Burlington, Ashgate Publishers, 2005.

Caribbean360 (2013), «us seizes gold bars from Curacao, site of multimillion dollar heist», 12 de enero. ____ (2012), «Guyana gold wealth fleeing across the border», 23 de julio.

Chabrol, Denis (2013), «Guyana dismissed us’ concern over enforcement of money laundering, other laws», Demerara Waves, 14 de marzo. ____ (2013), «Police responsible for Linden “shooting” to scare “hostile” crowd justified», Demerara Waves, 1 de marzo.

Demerara Waves (2012), «Guyana halts granting new river mining permits in the wake of massive environmental degradation», 5 de julio.

Edmonds, Kevin (2013), «Everything That Glitters Isn’t Green in Guyana», North American Congress on Latin America, 13 de julio.

Edwards, Walter y Kean Gibson (1979), «An Ethnohistory of Amerindians of Guyana», Ethnohistory, volumen 26, número 3, pp. 161–175.

Farmland.org (2008), «Guyana seeking agro–investors in the us», 28 de noviembre. ____ (2009), «Guyana yet to see huge regional investment in agri sector», 22 de junio.

First Bauxite Corporation (2012), First Bauxite Corporation Announces Appointment of New Director and Option Grant, 17 de agosto.

Gobierno de Guyana (2003), Review of Guyana’s Foreign Trade, 2001 y 2002, Ministry of Foreign Trade and International Cooperation, Georgetown, Guyana. ____ (2006), Enhancing National Competitiveness: A National Competiveness Strategy for Guyana (Draft Policy Paper II), Gobierno de Guyana en sociedad con el sector privado, mayo. estudios críticos del desarrollo, vol. iii, núm. 4, primer semestre de 2013

el capitalismo extractivo: el caso de guyana

187

____ (2011), Millennium Development Goals: Guyana Progress Report 2011, Ministry of Finance, Georgetown, Guyana. ____ (2012), Budget 2012: Remaining on Course, United in Purpose, Prosperity for All, Ministry of Finance, Georgetown, 30 de marzo. grain (2010), Land Grabbing in Latin America, Georgetown, 29 de marzo.

Griffiths, Tom y Lawrence Anselmo (2010), Indigenous Peoples and Sustainable Livelihoods in Guyana: An Overview of Experiences and Potential Opportunities, Amerindian People’s Association, Forest People Program, The North–South Institute, Georgetown, Reino Unido, Ottawa.

Guyana Rice Development Board (2012), Annual Report 2011, Georgetown, en ‹http://www.cqbosai.com/en/m_aboutus/content.asp?id=16&pid=17›.

Kaieteur News (2012), «Indian Coffee Company Ships Out 50 Containers of Logs in 2 Months», Kaieteur News Online, 5 de abril.

The Tripoli Post (2009), «Libya to Boost Agriculture Ties with Guyana», 7 de marzo.

Marketwire (20 de marzo de 2012), «ree International Acquires Rare Earth Property With Estimated Value of $10 Million». ____ (2012), «Argus Receives Title and Uranium License for the Large–scale, Drill–ready Kaituma Uranium/Gold Project», 31 de enero.

Mars, Perry (1998), «Socio–Political Impact of Large Scale Gold Mining in Guyana: Resolving Tensions Between Capital and Labor», en Dennis C. Canterbury (editor), Guyana’s Gold Industry: Evolution, Structure, Impacts and Non–Wage Benefits, Transition, número especial 27–28, Institute of Development Studies, University of Guyana, pp. 57–70 Merrill, Tim (editor) (1992), Guyana: A Country Study, Washington, gpo for the Library of Congress.

Ministry of Natural Resources and the Environment (2012), Mining Opportunities in Guyana, Quarterly Mining Supplement, marzo, Georgetown.

Ram, Christopher (2012), «The economics of Linden and electricity rates: Region Ten is not a burden on, but a contributor to the state», Sunday Stabroek Feature, 29 de julio. estudios críticos del desarrollo, vol. iii, núm. 4, primer semestre de 2013

188

dennis c. canterbury

Rawana, Dev (1998), «Report–Survey on Environmental and Health Impacts», en Dennis C. Canterbury (editor), Guyana’s Gold Industry: Evolution, Structure, Impacts and Non–Wage Benefits, Transition, número especial 27–28, Institute of Development Studies, University of Guyana.

Report of Commission of Inquiry Into Discharge of Cyanide and Other Noxious Substances Into the Omai and Essequibo Rivers (1996), Georgetown, 5 de enero.

Reuters (2009), «Strike stops output at Rasul bauxite mine in Guyana», 24 de noviembre.

Stabroek News (2012), Women Miners, Georgetown, 16 de febrero.

The Gleaner (2012), «Illegal Foreign Miners Held In Sweep By Guyanese Law Enforcement», 25 de abril.

Thomas, Clive (1983), «State Capitalism in Guyana: An Assessment of Burnham’s Cooperative Socialist Republic», en Fitzroy Ambursley y Robin Cohen (editores), Crisis in the Caribbean, Monthly Review, Nueva York. ____ (1998), «Omai’s Gold Production in Guyana», en Dennis C. Canterbury (editores), Guyana’s Gold Industry: Evolution, Structure, Impacts and Non–Wage Benefits, Transition, número especial 27–28, Institute of Development Studies, University of Guyana, pp. 37–56 ____ (2012), Guyana: Economic Performance and Outlook (The Recent Scramble for Natural Resources), Institute of Development Studies, University of Guyana, abril. ____ (2012), The lcds Guyana–Norway Agreement and Environmental Issues Related to Global Warming and Climate Change, Sunday Stabroek, News Columns, November 29, 2009–August 1, 2010, Institute of Development Studies, University of Guyana.

Trevin, Jorge y Robert Nasi (2009), Forest Law Enforcement and Governance and Forest Practices in Guyana, Center for International Forestry Research (cifor), Bogor. us Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs (2013), International Narcotics Control Strategy Report, 5 de marzo. estudios críticos del desarrollo, vol. iii, núm. 4, primer semestre de 2013

el capitalismo extractivo: el caso de guyana

189

us Department of State (2012), Investment Climate Statement–Guyana, Bureau of Economic and Business Affairs, Washington dc, junio. us State Department (2012), Trafficking in Persons Report 2012, Washington, dc, junio.

Wilkinson, Bert (2010), «Guyana: Pro–Forest Measures Anger Miners», ips, 12 de febrero. ____ (2012), «Runaway Gold Prices Spark Major Headaches for Guyana», ips, 29 de mayo.

estudios críticos del desarrollo, vol. iii, núm. 4, primer semestre de 2013

d e bat e

Los mecanismos del imperialismo canadiense en el sector minero de América Latina Darcy Tetreault

Resumen. Los mecanismos empleados por el gobierno canadiense para ayudar a las compañías mineras canadienses a ganar acceso a los recursos minerales y la fuerza de trabajo barata en América Latina incluyen el impulsar reformas neoliberales, intervenir en la reformulación de la legislación minera, sub– regular la Bolsa de Valores de Toronto, brindar beneficios impositivos, subsidios directos y apoyo diplomático a las compañías mineras canadienses operando en el extranjero, y rehusar a regularlas fuera del país. Si bien estos mecanismos no constituyen por sí mismos el imperialismo, se argumenta que reflejan las estrategias imperialistas de una potencia media que ha ayudado a moldear la evolución del sistema capitalista global hacia los principios del comercio libre, privatización y desregulación. De esta manera, el capital minero canadiense ha podido externalizar costos.

Palabras clave: imperialismo canadiense, minería, acumulación por desposesión.

Abstract. The mechanisms employed by the Canadian government to help Canadian–based mining companies gain access to the mineral resources and cheap labour force in Latin America include pushing for neoliberal reforms, intervening in the rewriting of mining legislation, under–regulating the Toronto Stock Exchange, providing tax benefits, direct subsidies and diplomatic support to Canadian mining companies operating abroad, and refusing to regulate them outside of the country. While these mechanisms do not in and of themselves constitute imperialism, this article argues that they reflect the imperialist strategies of a middle power that has helped to shape the evolution of the global capitalist system towards the principles of free trade, privatization and deregulation. Along these lines, Canadian mining capital has been able to take advantage of the lax environmental and labour standards that exist in Latin American in order to externalize costs.

Keywords: canadian imperialism, mining, accumulation by dispossession.

Darcy Tetreault es profesor–investigador de la Unidad Académica de Estudios del Desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas, México.

estudios críticos del desarrollo, vol. iii, núm. 4, 2013, pp. 191–215

192

darcy tetreault

L

as compañías mineras canadienses dominan el sector minero a escala mundial. De hecho, tres cuartas partes de las empresas mineras en el mundo tienen sus oficinas centrales en Canadá y casi 60% están registradas en la Bolsa de Valores de Toronto. Estas compañías representan cerca de 40% de la inversión mundial en exploración minera en el mundo, con 1,817 proyectos en América Latina y el Caribe (Mining Association of Canada, 2011: 48). América Latina destaca como principal región por la que opta la inversión minera canadiense, quedando África muy atrás en segundo lugar. En efecto, más de la mitad de los activos de las mineras canadienses se ubica en América Latina, con un valor estimado de aproximadamente 57 mil millones de dólares (Keenan, 2010). Compañías como Barrick Gold, Yamana Gold, Goldcorp, Teck, Kinross Gold y Pan American Silver llevan la delantera, cada una de ellas con ingresos anuales por encima de mil millones de dólares por concepto de operaciones en América Latina (cidp, s/f ). ¿Cómo es que las compañías mineras canadienses llegaron a dominar el sector? La primera sección de este artículo resume cómo el gobierno canadiense ha fomentado al capital minero hasta llegar a su posición de dominio mundial, enfocándose en América Latina. En la segunda sección, esta proyección del poder del Estado se contextualiza en un breve análisis de los debates en torno al imperialismo contemporáneo. El principal argumento es que, en la era neoliberal, Canadá ha surgido como una potencia media imperialista. Esto lo evidencia la manera en cómo el gobierno federal recurre al ingreso público y políticas públicas para promover los intereses del capital minero canadiense, allanando el camino de su expansión en América Latina y otras regiones.

Debido a que el gobierno canadiense no obliga a las compañías mineras canadienses a tomar responsabilidad por sus acciones en el extranjero, éstas pueden aprovecharse de la laxitud de las normas ambientales y laborales en los países latinoamericanos, externalizando así los costos ambientales y sociales de sus actividades extractivas. La población que paga la mayor parte de estos costos son los campesinos y grupos indígenas que habitan en las zonas próximas a las operaciones mineras. Son éstas las poblaciones desposeídas de las estudios críticos del desarrollo, vol. iii, núm. 4, primer semestre de 2013

los mecanismos del imperialismo canadiense

193

tierras, las fuentes de agua y los paisajes culturales que sostienen sus medios de vida. De esta forma, la rentabilidad de las compañías mineras canadienses forma parte de un proceso más general de «acumulación por desposesión», mediante el cual los recursos y la población que se encuentran fuera de la lógica estricta del capitalismo son jaladas a su órbita como parte del proceso de globalización neoliberal.

La agencia de una potencia imperialista media La mayor parte de los trabajos recientes que aborda «el nuevo imperialismo», particularmente desde inicios del siglo xxi, se ha centrado en el papel que desempeña Estados Unidos como única súper potencia, al recurrir a su poder militar, político y económico para reestructurar la economía mundial, de tal manera que le permita mantener su hegemonía (por ejemplo: Foster, 2003; Harvey, 2004; Panitch y Gindin, 2003; Wood, 2003) o, de acuerdo con algunos observadores (especialmente Robinson, 2008, 2010), para proyectar los intereses de una clase capitalista trasnacional amorfa. No obstante, recientemente se han publicado varios estudios destacados que abordan el tema del imperialismo canadiense, entre ellos los de McNally (2006), Gordon y Webber (2008), Gordon (2010) y Denault y Sacher (2012). Estos trabajos pintan una imagen de Canadá como una potencia imperialista media que no sólo adoptó la agenda neoliberal sino que ha contribuido a impulsarla, al fomentar el ajuste estructural y moldear acuerdos comerciales conforme a los intereses de las grandes empresas canadienses. En todos estos trabajos, el sector minero desempeña un papel toral para ilustrar la orientación imperialista del Estado canadiense. Con base en estos estudios y otros trabajos de investigación, en esta sección se destilan los mecanismos del imperialismo canadiense en el sector minero de América Latina, sistematizándolos en torno a siete temas.

estudios críticos del desarrollo, vol. iii, núm. 4, primer semestre de 2013

darcy tetreault

194

Promoción de las reformas neoliberales En términos generales, desde finales de los años ochenta, el gobierno canadiense (bajo el control del Partido Liberal, al igual que el Partido Conservador Progresista) ha promovido el ajuste estructural neoliberal, poniendo la mira en conseguir oportunidades de inversión para el capital canadiense en el Sur global. Como Gordon hace notar: La Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional [Canadian International Development Agency, cida] y las Secretarías de Finanzas [Department of Finance] y de Relaciones con el Exterior [Department of Foreign Affairs] respaldaron y promovieron decididamente el ajuste estructural como parte de un esfuerzo para facilitar la expansión de los intereses económicos canadienses inmediatamente después de la reducción del margen de rentabilidad de los años de 1970 y 1980 (Gordon, 2010: 142).

cida ha condicionado su ayuda para el desarrollo a la adopción de reformas neoliberales en los países receptores, mientras que la Secretaría de Finanzas respaldó los programas de ajuste estructural promovidos por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (fmi). Además, desde inicios de los años noventa, el gobierno canadiense ha negociado y entrado en varios acuerdos comerciales multilaterales y bilaterales que incluyen medidas para proteger las inversiones canadienses en el extranjero. El capítulo 11 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (tlcan) es un ejemplo, en la medida que otorga a las empresas extranjeras el derecho de entablar demandas contra los gobiernos anfitriones por cualquier política pública o acción que les niegue oportunidades de inversión u obtención de beneficios. En el mismo espíritu, entre 1991 y 2012, Canadá firmó 32 Acuerdos de Promoestudios críticos del desarrollo, vol. iii, núm. 4, primer semestre de 2013

los mecanismos del imperialismo canadiense

195

ción y Protección de la Inversión Extranjera (fipa, por sus siglas en inglés), entre ellos nueve en América Latina y el Caribe, con el fin de asegurar que las empresas canadienses reciban el mismo trato que las empresas nacionales y darles el poder legal de demandar a los gobiernos anfitriones cuando tomen decisiones que ponen en riesgo la capacidad de las empresas canadienses de maximizar sus ganancias.

Incluso donde no existen estos acuerdos, las compañías mineras canadienses pueden aprovecharse, y de hecho lo hacen, de otros marcos normativos internacionales que han sido establecidos como parte de la agenda neoliberal más amplia para favorecer al capital transnacional. Éste es el caso de Pacific Rim, una compañía minera canadiense que interpuso un juicio contra el gobierno salvadoreño en 2008, por atender a los reclamos de un movimiento local que se opuso a las actividades mineras propuestas. De acuerdo con los representantes legales de Pacific Rim, la negación de un permiso para extraer minerales constituye una violación al Tratado de Libre Comercio con Centroamérica (cafta, por sus siglas en inglés). Sin embargo, debido a que Canadá no forma parte de dicho acuerdo, la empresa tomó acciones legales a través de su subsidiaria estadounidense, Pacific Rim Cayman, que fue trasladada de las Islas Caimán a Nevada en diciembre de 2007.

Intervención directa en la administración del sector minero en los países de América Latina El gobierno canadiense también ha intervenido directamente en la reformulación de la legislación y en la administración del sector minero en algunos países de América Latina, con miras a favorecer los intereses del capital minero canadiense. En este sentido, Francisco Ramírez (2006), quien era el presidente del ahora desaparecido Sindicato de Trabajadores de la Empresa Nacional Minera en Colombia, documentó la participación de cida en la reformulación del código minero colombiano en 2001. El nuevo código levantó restricciones en estudios críticos del desarrollo, vol. iii, núm. 4, primer semestre de 2013

darcy tetreault

196

zonas abiertas a la minería. En Perú, cida invirtió 9.6 millones de dólares en el Proyecto de Reforma del Sector de Recursos Minerales 2002–2007 del país, oficialmente «para la provisión de asistencia técnica y trasferencia tecnológica al Ministerio de Energía y Minas del Perú para mejorar su capacidad de administrar más eficaz y eficientemente el sector minero y metalúrgico del país» (citado en Kuyek, 2006: 208). En otro ejemplo, poco después del golpe de Estado y posteriores elecciones que se realizaron en Honduras en 2009 y 2010, respectivamente, el embajador canadiense y el representante de cida en ese país arreglaron reuniones entre ejecutivos de empresas mineras de Canadá y el presidente recién electo, Porfirio Lobo Sosa, junto con algunos miembros de su gabinete (Gordon, 2011). Asimismo, se informó que los mismos diplomáticos sostuvieron conversaciones con ejecutivos mineros canadienses, con respecto a formas de influir en la redacción preliminar de la nueva legislación minera del país (Gordon, 2011), que finalmente fue aprobada a comienzos de 2013 a pesar de las protestas de la sociedad civil hondureña y organizaciones internacionales, como el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina.

Desviar la mirada ante los enredos de la Bolsa de Valores de Toronto No es una coincidencia que casi 60% de las compañías mineras del mundo se encuentran cotizando en la Bolsa de Valores de Toronto (tsx) o su afiliada menor la tsx Venture Exchange (Bolsa de Capital de Riesgo). Como se explica con detalle en el libro de Denault y Sacher (2012), Imperial Canada Inc., Canadá es un verdadero paraíso legal para las compañías mineras y, en particular, la tsx se destaca en el escenario mundial por estar sujeta a normas ambiguas y laxas. Se supone que la Comisión de Valores de Ontario regula a la tsx, sin embargo, en la práctica hace muy poco para controlar operaciones internas y evitar que funcione como un casino. La incertidumbre asociada con la cuantificación de las reservas mineras coloca particularmente a esta industria en una estudios críticos del desarrollo, vol. iii, núm. 4, primer semestre de 2013

los mecanismos del imperialismo canadiense

197

situación muy propensa para la especulación financiera y es precisamente en ello en lo que está especializada la tsx: atraer capital especulativo. Denault y Sacher sostienen que esto brota del pasado colonial canadiense; el país se edificó sobre la base de la explotación y la especulación de recursos naturales, y los intereses de la élite en obtener beneficios de esta actividad ha determinado la legislación e instituciones financieras del país desde el siglo xix. Con la reestructuración neoliberal de la economía mundial durante los dos últimos decenios del siglo xx, la tsx se ha constituido en el centro financiero para el capital minero transnacional. Entre 2007 y 2011, proporcionó a la industria minera 220 mil millones de dólares en financiación de capital, equivalente a más de un tercio del total mundial y dejando muy atrás, en segundo lugar, a la Casa de Bolsa de Londres, con 11.6% de ese mismo total (Denault y Sacher, 2012: 15–16).

Beneficios fiscales Las compañías mineras canadienses se benefician de varios incentivos fiscales y subsidios en su país de origen. Programas federales como el Super Flow Through Share Program, el Accelerated Capital Cost Allowance y el Canadian Exploration Expenses permiten a las compañías mineras pagar muy pocos impuestos por sus actividades, aun cuando dichas operaciones dan la impresión de ser extremadamente rentables (Kuyek, 2007). Estos programas federales frecuentemente tienen como complemento programas de crédito fiscal para fomentar la exploración. Como ya se mencionó líneas arriba, el gobierno canadiense ha buscado exportar estos privilegios y beneficios alentando la reestructuración neoliberal de la legislación minera en América Latina. En este sentido, en Colombia —donde cida influyó en la formulación del código minero de 2001— las regalías empresariales disminuyeron al pasar de 15% a tan sólo 0.4% (Ramírez, 2006: 181). Desde un ángulo distinto, el sector banquero canadiense ha desempeñado un papel clave para fomentar la creación de paestudios críticos del desarrollo, vol. iii, núm. 4, primer semestre de 2013

darcy tetreault

198

raísos fiscales en el Caribe, donde grandes compañías mineras canadienses, como Goldcorp, han establecido subsidiarias para tener acceso a protección fiscal y legal para sus ganancias (Denault y Sacher, 2012: 9–10).

Apoyo financiero directo El gobierno canadiense proporciona tres formas de apoyo financiero directo a las compañías mineras canadienses. Primera, hay montos significativos de participación en el capital social que provienen directamente de los planes de pensión administrados por los gobiernos federal y provinciales, incluyendo el Plan Canadiense de Pensiones (Canadian Pension Plan) y la Caja de Deposito e Inversiones (Caisse de Depots et Placements) en Quebec. El primero mantiene aproximadamente 2.5 mil millones de dólares de participación en compañías mineras que se comercian en la tsx (Keenan, 2010: 31). Los fondos de retiro de los servidores públicos y docentes también representan aportaciones importantes. Segunda, las compañías mineras canadienses reciben apoyo financiero directo por sus operaciones en el exterior de la agencia federal denominada Desarrollo de las Exportaciones Canadienses (Export Development Canada, edc), en forma de seguros y préstamos. En 2008, la edc facilitó las actividades extractivas canadienses en América Latina con una aportación de cuatro mil millones de dólares (Keenan, 2010: 31). La supervisión gubernamental y de la sociedad civil sobre el edc es marginal, ya que tiene pocas obligaciones para hacer pública información sobre las actividades que financia (Kuyek, 2007: 208). En 2011, cida adoptó una tercera forma de apoyo financiero directo: el co–financiamiento de programas de responsabilidad social empresarial (rse) en la vecindad de las operaciones mineras canadienses en los países en desarrollo. En esta línea, el gobierno canadiense comprometió 6.7 millones de dólares para proyectos piloto de rse en Burkina Faso, Ghana y Perú, básicamente para compensar a los habitantes locales por la destrucción ambiental y el desasosiego social ocasionados por las actividades mineras estudios críticos del desarrollo, vol. iii, núm. 4, primer semestre de 2013

los mecanismos del imperialismo canadiense

199

altamente rentables de iamGold, Rio Tinto Alcan y Barrick Gold, respectivamente. Además, cida comprometió 20 millones de dólares para una iniciativa de rse en la región andina (Bolivia, Colombia y Perú, para ser específico) con el objetivo de «fortalecer la capacidad de los gobiernos locales y comunidades para que pongan en marcha proyectos de desarrollo sostenible» y para «mejorar el diálogo entre las comunidades y el sector privado» (cida, 2011) (la traducción de la cita es nuestra). Después de dos años de clamor público sobre este uso descarado del apoyo al desarrollo —o sea, recursos públicos que supuestamente están destinados a apoyar a los países en vías de desarrollo— para respaldar los intereses del capital minero, en marzo de 2013, el gobierno derechista de Stephen Harper anunció que cida se integraría a la Secretaría de Relaciones con el Exterior, el cual sería rebautizado como la Secretaría de Relaciones Exteriores, Comercio y Desarrollo (Department of Foreign Affairs, Trade and Development).

Rechazo a regular a las compañías mineras canadienses que operan en el exterior La promoción y subsidio a la responsabilidad social empresarial (rse) voluntaria es la otra cara de la moneda del rechazo del gobierno canadiense a regular las actividades de las compañías mineras canadienses en los países en desarrollo. A la luz de la evidencia acumulada en lo que se refiere a violaciones de derechos humanos y destrucción ambiental a gran escala, producto de las operaciones mineras canadienses en los países en desarrollo desde los años noventa, el gobierno federal creó, en 2005, la Comisión Permanente para las Relaciones con el Exterior y el Comercio Internacional (Standing Committee on Foreign Affairs and International Trade, scfait) para escuchar el testimonio de los representantes de las comunidades afectadas. El informe publicado por la scfait ese mismo año reconoció que las actividades mineras canadienses «[...] en algunos países en desarrollo han tenido efectos adversos estudios críticos del desarrollo, vol. iii, núm. 4, primer semestre de 2013

200

darcy tetreault

en las comunidades locales, especialmente donde las regulaciones que norman al sector minero y su impacto en el bienestar económico y social de los empleados y residentes locales, así como en el medio ambiente, son débiles o inexistentes, o no se cumplen», e incluso recomendó que el gobierno estableciera normas jurídicas claras para asegurar que las compañías mineras canadienses se hicieran responsables por los daños ambientales y las violaciones a los derechos humanos. No obstante, en lugar de tomar medidas específicas al respecto, el gobierno federal —liderado por el magnate Paul Martin, del Partido Liberal— estableció una serie de mesas redondas para que se sentaran a discutir sobre dichos asuntos los representantes de la industria minera, la academia, la sociedad civil, los sindicatos y el gobierno. En 2006, se llevaron a cabo seis sesiones de mesas redondas en Vancouver, Toronto, Calgary y Montreal, y en 2007 el Grupo Asesor (Advisory Group) para el proceso publicó un informe que incluyó varias recomendaciones bastante diluidas, donde las más importantes son el requisito de que las compañías extractivas operando en el exterior presentaran informes púbicos, para ser candidatas a recibir asistencia financiera pública y la creación de un «defensor del pueblo» (ombudsman) para que investigara las quejas por violaciones de derechos humanos.1 Dos años después, el gobierno Conservador de Stephen Harper respondió con la presentación de un documento titulado «Edificando la ventaja canadiense: una estrategia de responsabilidad social empresarial (rse) para el sector extractivo internacional canadiense» (Anónimo, 2009), que ignoró aquellas modestas recomendaciones y sólo propuso «directrices» voluntarias de rse para las compañías extractivas canadienses operando en el extranjero. En lugar de un ombudsman independiente, el gobierno creó un «asesor legal» en rse, que sólo puede revisar las prácticas de rse de una empresa siempre y

/1/

Véase Coumans (2010) y Keenan (2010) para descripciones más detalladas de este proceso. Ambos autores proporcionan una «perspectiva desde dentro» en tanto que formaron parte del grupo asesor para las discusiones celebradas en las mesas redondas, en 2006.

estudios críticos del desarrollo, vol. iii, núm. 4, primer semestre de 2013

los mecanismos del imperialismo canadiense

201

cuando dicha empresa consienta en ello y, en cualquier caso, dicho asesor no puede emitir ninguna recomendación vinculante.

En un suceso paralelo, un mes previo a que el gobierno de Harper presentara el documento «Edificando la ventaja canadiense», John McKay —parlamentario liberal— introdujo en la Cámara de los Comunes de Canadá una «propuesta de ley para los integrantes privados»: Bill C–300. Esta propuesta de ley contenía normatividad relativamente tímida dirigida a las compañías extractivas canadienses operando en el extranjero, que giraba en torno a la creación de mecanismos para investigar quejas de las comunidades que se vieran afectadas negativamente. En este esquema, las compañías culpables de violar derechos humanos o provocar daños ambientales mayores correrían el riesgo de dejar de recibir los subsidios del gobierno canadiense. La propuesta de ley no contenía medidas para llevar ante la justicia a los ceo ni para forzar a las compañías a que repararan daños. De todos modos, no prosperó en la Cámara de los Comunes.

El 27 de octubre de 2010 fue rechazada por un voto dividido de 140 a 134; rechazada por todos los parlamentarios del Partido Conservador Progresista de Harper, con la excepción de tres, mientras que 17 miembros del Partido Liberal y del Nuevo Partido Democrático se abstuvieron de votar, incluyendo el dirigente del Partido Liberal en ese momento, el académico Michael Ignatieff, autor de Empire Lite.2 En cualquier caso, después de varios años de discusiones y deliberaciones, el resultado final fue mantener el statu quo: las compañías extractivas canadienses no tienen que rendir cuentas sobre sus actividades en el extranjero.

Promoción diplomática de la rse En lugar de establecer un marco regulatorio, el gobierno canadiense ha intensificado su campaña de relaciones públicas en respaldo de la rse voluntaria. /2/

El principal argumento que Ignatieff desarrolla en Empire Lite es que las intervenciones militares de Estados Unidos son una carga moral necesaria para la única súper potencia. En sus propias palabras:

estudios críticos del desarrollo, vol. iii, núm. 4, primer semestre de 2013

darcy tetreault

202

Por ejemplo, la embajada canadiense en México fue anfitriona de un seminario concerniente a la rse en enero de 2011, con el objetivo de «informar y capacitar a los directivos, coordinadores de relaciones con las comunidades y gerentes de empresas del sector minero, sobre la importancia y necesidad actual de ser socialmente responsables y mejorar la relación con las comunidades donde las empresas mineras tienen operaciones» (Anónimo, 2010).

Seminarios similares se llevaron a cabo en las embajadas canadienses en Perú y Ecuador en 2010. En el mismo tenor, Marketa Evans, la jefa de la Oficina del Asesor para la rse del Sector Extractivo (Office of the Extractive Sector csr Counsellor), pasó volando a todas partes del mundo los dos primeros años en su puesto. Su objetivo era promover la rse de las industrias extractivas canadienses: 47 viajes en total a África, América Latina, Washington y ciudades en Canadá. Aun cuando la Oficina del Asesor no había mediado una sola queja en contra de una compañía minera canadiense —nuevamente, no podría realizarlo sin el consentimiento de la compañía en cuestión—, ya había erogado 1.1 millones de dólares entre marzo de 2010 y febrero de 2012 por concepto de gastos en viajes, reuniones, talleres, informes, entretenimiento (Weston, 2012). Otras medidas de relaciones públicas que llevó a cabo el gobierno canadiense para promover la rse se mencionan en el boletín electrónico de la rse (Corporate Social Responsibility E–Bulletin), disponible en el sitio web de la Secretaría de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional de Canadá (Department of Foreign Affairs and International Trade, dfait).

¿Esto constituye imperialismo?

En el análisis clásico que Lenin hizo del imperialismo a comienzos del siglo xx, sostiene que el imperialismo es más que un simple cambio de la política exterior «A nadie le gusta los imperios, sin embargo, hay algunos problemas para los cuales sólo hay soluciones imperiales» (epígrafe en la portada de Ignatieff, 2006).

estudios críticos del desarrollo, vol. iii, núm. 4, primer semestre de 2013

los mecanismos del imperialismo canadiense

203

de los países «avanzados», refleja una evolución en las relaciones de producción del sistema capitalista, específicamente hacia una etapa monopólica del capitalismo. Entonces, de acuerdo con esta aseveración definitoria, el asunto está en establecer si los mecanismos descritos en la sección anterior —a los que recurre el gobierno canadiense para promover los intereses de las compañías mineras canadienses que operan en América Latina— únicamente representan un cambio en la política de una potencia «sub–imperial» o si además reflejan una etapa cualitativamente diferente en el sistema capitalista mundial.

En la época de Lenin, al imperialismo se caracterizaba por el dominio de los monopolios y el capital financiero, la pronunciada importancia de la exportación de capital y la división territorial del planeta entre las mayores potencias capitalistas (Lenin, 1999). El imperialismo contemporáneo muestra continuidades y rupturas con ese periodo clásico. Surgió de la etapa monopólica del capitalismo previa, después de dos guerras mundiales imperialistas y la así denominada «época dorada del capitalismo». En el contexto de la Guerra Fría, los países en África y el sudeste asiático obtuvieron su independencia y durante el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial los países desarrollados —y hasta cierto punto los países industrializados en el Sur mundial— establecieron pactos sociales fordistas entre el capital y la fuerza de trabajo sindicalizada, y edificaron diferentes versiones del Estado universal de bienestar (Esping–Andersen, 1990). En el contexto de la crisis de sobre producción de los años setenta y la consiguiente reestructuración de la economía mundial de acuerdo con los principios del neoliberalismo, dio inicio una nueva etapa del capitalismo, donde el proceso de «acumulación por desposesión» desempeña un papel toral (Harvey, 2004). Entonces, hablando en términos generales, podemos observar dos etapas en la evolución del sistema capitalista mundial desde la Segunda Guerra Mundial, cada una de ellas con su forma distintiva de imperialismo.3

/3/

Panitch y Gindin (2003) critican el enfoque «etapista» que se muestra en el pensamiento clásico relativo al imperialismo de Hobson a Lenin. En las palabras de aquellos autores, «la izquierda nece-

estudios críticos del desarrollo, vol. iii, núm. 4, primer semestre de 2013

204

darcy tetreault

Al igual que la etapa clásica del imperialismo, la última etapa neoliberal está caracterizada por monopolios —o, para ser más preciso, por oligopolios— que dominan sectores importantes de la economía, incluyendo las industrias extractivas. Se ha dado una «financialización de la economía» en lo que se refiere al peso creciente de capital especulativo ficticio y la exportación de capital en la forma de inversión extranjera directa, como lo muestra un marcado incremento desde el decenio de 1980. Por otro lado, las naciones del centro ya no buscan ejercer directamente el control administrativo sobre territorios extranjeros para explotación exclusiva. El capital se ha «trasnacionalizado» no sólo con respecto a su creciente movilidad transfronteriza, sino en tanto que se complica la identificación de su origen nacional (Robinson, 2010). Al mismo tiempo, la dimensión militar de las rivalidades imperialistas ha quedado en gran medida opacada por el surgimiento de una única súper potencia: Estados Unidos, que recurre a su poder militar para disciplinar Estados rebeldes e imponer la agenda neoliberal.

En este contexto, se lleva a cabo una competencia económica entre Estados y entre regiones —a diferencia de las «rivalidades» imperialistas y militares de hace un siglo— en torno a algunos temas comunes, incluyendo la competencia que hacen a Estados Unidos la Unión Europea y Japón desde el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial, y más recientemente el surgimiento de los bric (Brasil, Rusia, India y China). En particular, algunos

sita una nueva teoría del imperialismo, una que trascienda las limitaciones de la vieja teoría “etapista” marxista de rivalidad inter–imperialista y permita una apreciación plena de los factores históricos que han llevado a la formación de un único imperio informal estadounidense en la era neoliberal» (Panitch y Gindin, 2003: 4; la traducción es nuestra). Sin embargo, en su propia revisión de estos factores históricos, surgen distintas etapas: la reconstrucción del orden capitalista mundial en el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial y la subsecuente reconstrucción del imperio estadounidense en la era neoliberal. Entonces, si bien es cierto que «no es posible reducir el imperialismo a una explicación económica» (Panitch y Gindin, 2003: 6) y que la etapa del capitalismo que Lenin consideró ser la más alta fue de hecho una fase relativamente temprana, sigue siendo útil distinguir entre diferentes «etapas» en la evolución del sistema capitalista para entender las dinámicas cambiantes del imperialismo.

estudios críticos del desarrollo, vol. iii, núm. 4, primer semestre de 2013

los mecanismos del imperialismo canadiense

205

ven en China una amenaza a la hegemonía de Estados Unidos en el ámbito mundial,4 especialmente en el contexto de la crisis económica más reciente en Estados Unidos y Europa. En la esfera económica, la reprimarización de las economías latinoamericanas está vinculada al incremento en la demanda de materias primas debido al robusto crecimiento económico chino y su peso demográfico. Las empresas chinas han comenzado a invertir fuertemente en las industrias extractivas de América del Sur y sus bienes manufacturados baratos compiten con los producidos en México y América Central.

Estos procesos han coincidido con el surgimiento de gobiernos progresistas en América del Sur, la así denominada «ola rosa» de los gobiernos posneoliberales, ninguno de los cuales puede ser considerado como socialista de acuerdo con Petras y Veltmeyer (2011), con la posible excepción de Venezuela. No obstante, a lo largo de los últimos 10 años la ideología neoliberal ha perdido mucha de su hegemonía en la región, por lo menos a nivel discursivo. Además, los gobiernos progresistas en Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador y Uruguay se las han arreglado para conseguir un mejor acuerdo con el capital extractivo extranjero; dicho acuerdo permite a los Estados recibir una pieza más grande del pastel. Ésta es la esencia del tan discutido «nuevo extractivismo» en América del Sur (Gudynas, 2010). En estos países también grupos indígenas y campesinos han hecho alianzas con organizaciones de la sociedad civil para formar movimientos de resistencia ante la minería (Bebbington, 2011). En lugares como Bolivia y Ecuador, donde compañías mineras extranjeras operan minas a cielo abierto, altamente destructivas en términos ecológicos, estos movimientos llaman la atención a la laguna que existe entre el discurso del «vivir bien» o «buen vivir» y la práctica de permitir que dichas compañías violen la «madre tierra» para enriquecer a los grandes accionistas y llenar las arcas públicas (Svampa, 2011).

/4/

Para una opinión contraria con respecto a China y la amenaza que representa para la hegemonía de Estados Unidos, véase Amhad (2003) y Panitch y Gindin (2003).

estudios críticos del desarrollo, vol. iii, núm. 4, primer semestre de 2013

206

darcy tetreault

Desde otro ángulo, Robinson (2008, 2010) sugiere que las rivalidades entre Estados han quedado en segundo plano en la medida que el Estado se adapta para manejar una economía liberalizada dominada por los intereses del capital transnacional. En sus palabras, «la transnacionalización del capital transnacionaliza la base sobre la cual los funcionarios del Estado y la élite política realizan su producción» (Robinson, 2010: 68). Esto no quiere decir que el capital ya no necesita al Estado para crear y mantener las condiciones necesarias para su expansión, sino más bien «el sistema de Estados nacionales, compuesto de unidades discretas interactuando entre sí, ha dejado de ser el principio organizador del desarrollo capitalista» (Robinson, 2010: 62). Este autor sostiene que la reestructuración neoliberal de la economía mundial, encabezada por Estados Unidos, no ha privilegiado los intereses de las corporaciones estadounidenses (que según él, resultan difíciles de definir como tal debido a que tiene fuentes de capital, oficinas y operaciones en todas partes del mundo), sino a intereses del capital transnacional en todo el mundo, incluso en el Sur global. En esta línea, el autor hace notar que los programas de ajuste estructural, aplicados después de la crisis de la deuda a principios de los años ochenta, no resultaron en disposiciones especiales para el capital estadounidense. Esto ayudaría a explicar por qué el capital canadiense ha podido llegar a dominar en el sector minero de América Latina.

No cabe duda que Robinson ha aportado elementos importantes al debate actual sobre el imperialismo, no obstante, su análisis tiende a pasar por alto las formas en que el Estado sigue desempeñando un papel central para facilitar la acumulación de capital al favorecer al capital nacional. Contrario a la afirmación según la cual ya no es posible identificar con claridad la base nacional de la mayoría de las corporaciones, Gordon sostiene que «la mayor parte de las oficinas centrales de las corporaciones multinacionales se encuentra en un país específico, cuenta con una red de accionistas menores o mayores ahí y se apoya en su Estado particular para facilitar su expansión mundial» (Gordon, 2010: 52). La expansión de las actividades de las compañías mineras canadienses apoya esta afirmación. Como ya se dijo antes, además de los estudios críticos del desarrollo, vol. iii, núm. 4, primer semestre de 2013

los mecanismos del imperialismo canadiense

207

accionistas canadienses privados de las compañías mineras con sedes en el mismo país, los planes de pensión administrados por el gobierno canadiense equivalen a miles de millones de dólares en acciones de esas compañías. Además, los fundadores y los ceo de las grandes compañías mineras canadienses que operan en América Latina son ciudadanos canadienses. Al mismo tiempo, los mecanismos esbozados arriba ilustran una estrategia de apoyo agresiva que descansa en la asimetría de las relaciones de poder entre los países del centro de la economía mundial y los que están en la periferia, una división que corresponde básicamente al Norte y el Sur. Por supuesto, el imperialismo contemporáneo, que no descansa en el control administrativo directo de territorios extranjeros para edificar «imperios formales», requiere la colaboración de agentes y agencias en los países del Sur. Para empezar, una clase política local proclive a la agenda neoliberal debe llevar a cabo las reformas estructurales necesarias para facilitar la penetración del capital extranjero. Donde esta proclividad no predomina, el fmi y el Banco Mundial ejercen presiones durante momentos de crisis. En otro nivel, las agencias públicas encargadas de hacer cumplir la legislación ambiental tienen que aportar legitimidad a las operaciones mineras, aun ante la destrucción ambiental de proporciones monumentales y la violación de derechos humanos. La experiencia de la mina San Xavier de New Gold, en San Luis Potosí, México, es un claro ejemplo.5

/5/

A partir de los años ochenta, se fortalecieron las políticas ambientales mexicanas, por lo menos en el papel, para responder a las críticas en torno a la reestructuración neoliberal. De esta manera, se estableció el marco legal para las acciones desarrolladas por el movimiento local de resistencia en San Luis Potosí, que llevó a que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa anulara la autorización que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (semarnat) había otorgado a New Gold, con respecto a su evaluación de impacto ambiental. No obstante, New Gold ha logrado continuar con sus actividades extractivistas a cielo abierto, con el apoyo de los altos funcionarios de la semarnat. Así, a final de cuentas, en México y en otras partes, el imperativo de la acumulación de capital tiene precedencia sobre las consideraciones ambientales y también sobre la autodeterminación de las comunidades locales.

estudios críticos del desarrollo, vol. iii, núm. 4, primer semestre de 2013

208

darcy tetreault

Finalmente, donde surgen movimientos de resistencia, como ha sido el caso a lo largo de América Latina, a la policía y al ejército en los países anfitriones les toca el trabajo sucio de intimidar a los disidentes y practicar formas violentas de represión, en ocasiones dejando lo más sucio de dichas acciones a fuerzas paramilitares. Desde 2010, por lo menos nueve opositores a las operaciones mineras canadienses en América Latina han sido asesinados, cinco en México, tres en El Salvador y uno en Guatemala. Cientos más han recibido golpizas y han sido arrestados durante manifestaciones de protesta pacíficas.

De esta manera, las mineras canadienses en América Latina reflejan una estrategia imperialista de «acumulación por desposesión» (Gordon y Webber, 2008). En otras palabras, las ganancias de las compañías mineras canadienses se realizan con altos costos para comunidades locales, campesinos y grupos indígenas, que son desposeídos de sus recursos naturales y paisajes culturales con el fin de abrir camino a las actividades mineras a gran escala. Sin duda, y debido a que las técnicas mineras modernas son altamente destructivas en términos ambientales, tienden a desplazar otras formas de explotación de recursos naturales, incluyendo la agricultura y la ganadería a pequeña escala.

Esto se debe a que después de 500 años de conquista y colonialismo, los yacimientos de alta ley en América Latina están agotados; ahora las empresas mineras tienen que procesar enormes cantidades de mineral tan sólo para extraer ínfimas cantidades de metales preciosos, que son lo que buscan las compañías mineras canadienses.6 Ello implica recurrir a las minas a cielo abierto y las técnicas de separación por lixiviación que destruyen totalmente la tierra bajo la cual se encuentran los minerales, consumen enormes cantidades de agua y emplean cianuro y otras sustancias altamente tóxicas. De esta manera, el

/6/

En el siglo xix, procesar una tonelada de mineral producía en promedio 20 gramos de oro. Hoy en día, para obtener 20 gramos de oro, las compañías mineras tienen que procesar en promedio 133 toneladas de mineral. De igual manera, para extraer los mismos 20 gramos de oro, la cantidad de agua requerida se ha incrementado al pasar de 1,400 litros a 186,600 litros en los últimos 100 años (Garibay, 2010: 134).

estudios críticos del desarrollo, vol. iii, núm. 4, primer semestre de 2013

los mecanismos del imperialismo canadiense

209

medio ambiente queda devastado, ocasionando daños a la salud de los habitantes locales y destruyendo los medios de vida tradicionales, sin mencionar la destrucción de los sitios sagrados de los grupos indígenas (Earthworks y Oxfam America, 2004).

Todo ello contribuye a una forma de «acumulación por desposesión», esto es, la usurpación de los recursos naturales utilizados por los habitantes locales —muchos de los cuales, en el contexto de América Latina, son campesinos semiproletarizados que producen para la auto subsistencia y mercados locales— para abrir espacio para las compañías mineras. Además, el arribo de estas compañías es un acicate al proceso de proletarización en la medida que separa a los campesinos y grupos indígenas de sus medios de producción, sea por medio de la apropiación directa de sus tierras o agotando y contaminando sus escazas fuentes de agua. Los campesinos desplazados tienen que competir por el empleo temporal poco calificado que proporcionan las minas durante la etapa de inicio de su operación o emigrar a las ciudades para engrosar las filas de pobres que habitan en los tugurios urbanos. La emigración internacional también es una opción para algunos, o cuando menos era una opción, con un conjunto de costos y riesgos asociados. Como consecuencia de la más reciente crisis económica en Estados Unidos y Europa, hay menos oportunidades de empleo para los migrantes, por lo que han retornado en masa a México y otros lugares.

Para que el concepto de «acumulación por desposesión» tenga sentido en este análisis, tenemos que reconocer que el trabajo no es la única fuente de riqueza. Como señaló Marx, citando a William Petty, «el trabajo es el padre de la riqueza y la tierra, su madre». En otras palabras, el sitio de una mina no es sólo el espacio territorial donde se crea plusvalía a través de la súper explotación de los mineros; es el lugar donde se destripa la madre tierra de los recursos naturales escasos y no renovables. Mientras aquéllos que exaltan las virtudes del crecimiento económico vía la industrialización podrían justificar formas relativamente benignas de minería para producir metales básicos y ferrosos, es imposible justificar la destrucción que se permite a las compañías privadas para extraer metales preciosos que se utilizan en su gran mayoría estudios críticos del desarrollo, vol. iii, núm. 4, primer semestre de 2013

210

darcy tetreault

para producir joyería y artículos decorativos para la gente rica y la clase media ascendente o para producir lingotes que sirven como un refugio para el capital especulativo en periodos de crisis.7 La privatización de reservas minerales y compañías mineras de propiedad pública representa otra forma de «acumulación por desposesión». De acuerdo con Harvey (2004), que fue quien popularizara el término, el proceso comparte mucho con el de «acumulación originaria» o «acumulación primitiva» descrita por Marx en el primer volumen de El Capital. Incluye, entre otros procesos: La mercantilización y privatización de la tierra y la expulsión forzosa de las poblaciones campesinas; la conversión de diversas formas de derechos de propiedad —común, colectiva, estatal— en derechos de propiedad exclusivos; la supresión del derecho a los bienes comunes; la transformación de la fuerza de trabajo en mercancía y la supresión de formas alternativas (indígenas) de producción y consumo; los procesos coloniales, neocoloniales e imperiales de apropiación de activos, incluyendo los recursos naturales (2004: 113).

Mientras Marx vio estos procesos únicamente durante las etapas iniciales del capitalismo, Harvey, siguiendo a Rosa Luxemburgo, sostiene que se les puede observar a lo largo de la historia del capitalismo. Asimismo, este autor sugiere que han sido especialmente sobresalientes en los últimos 30 años, en el contexto de los ajustes estructurales encabezados por el fmi y el Banco Mundial. La explicación que proporciona Harvey de estos procesos de privatización ajusta muy bien con la forma en que el sector minero se ha venido reestructurando en México y Colombia, donde el modelo neoliberal se ha manifestado en formas ortodoxas. /7/

Cerca de 50% del oro que se produce se utiliza para elaborar joyería, 40% se utiliza para producir monedas o lingotes de oro para inversión especulativa y 10% se utiliza en la industria (Soos, 2011).

estudios críticos del desarrollo, vol. iii, núm. 4, primer semestre de 2013

los mecanismos del imperialismo canadiense

211

Conclusión El ascenso de las compañías mineras canadienses y su dominio mundial pueden explicarse en gran medida por el respaldo que han recibido de su gobierno en el contexto de la reestructuración neoliberal de la economía mundial.

Como se detalló en la primera parte de este artículo, el gobierno canadiense ha ayudado a que las compañías mineras canadienses obtengan acceso a los recursos minerales en América Latina y en otros lugares mediante el impulso de reformas neoliberales, la intervención en la reformulación de la legislación minera, la desregulación de la Bolsa de Valores de Toronto, las exenciones fiscales, los subsidios directos y el apoyo diplomático a las compañías mineras canadienses que operan en el extranjero, rehusándose a regularlas en sus operaciones fuera del país. Estos mecanismos en sí no constituyen imperialismo si, al igual que Foster (2003), seguimos a Lenin en su definición de imperialismo como «no simplemente una política sino una realidad sistemática que surge de la naturaleza misma del desarrollo capitalista» (énfasis en el original). Sin embargo, sí reflejan las estrategias imperialistas de una potencia media que ha contribuido a dar forma a la evolución del sistema capitalista mundial hacia los principios de libre comercio, privatización y desregulación. Además, estos mecanismos han allanado el camino para que las compañías mineras canadienses accedan a reservas mineras de bajo costo y mano de obra barata en el Sur mundial, donde las regulaciones son laxas o no se hacen cumplir, permitiendo la externalización de los costos ambientales y sociales que en su mayoría pagan las poblaciones rurales pobres que viven cerca de las minas.

Referencias Amhad, Aijaz (2003), «Imperialism of Our Time», en Leo Panitch y Colin Leys (editores), The New Imperial Challenge, Socialist Register 2004, Halifax, Fernwood Publishing. estudios críticos del desarrollo, vol. iii, núm. 4, primer semestre de 2013

212

darcy tetreault

Anónimo (2009), «Building the Canadian Advantage: A Corporate Social Responsibility (csr) Strategy for the Canadian International Extractive Sector», en ‹http://www.international.gc.ca/trade–agreements– accords–commerciaux/topics–domaines/other–autre/csr–strat–rse. aspx›. ____ (2010), «Impulsarán la responsabilidad social de la industria minera», El Financiero, en ‹http://noticiasmineras.mining.com/2010/07/23/impulsaran–la–responsabilidad–social–de–la–industria–minera/› (consultado el 15 de enero de 2013).

Bebbington, Anthony (editor) (2011), Minería, movimientos sociales y respuestas campesinas. Una ecología política de transformaciones territoriales, Lima, Instituto de Estudios Peruanos y Centro Peruano de Estudios Sociales. cida (Canadian International Development Agency) (2011), «Minister Oda announces initiatives to increase the benefits of natural resource management for people in Africa and South America», Foreign Affairs, Trade and Development Canada, en ‹http://www.acdi–cida.gc.ca/acdi–cida/ acdi–cida.nsf/eng/car–929105317–kgd›. cidp (Canadian International Development Platform) (sin fecha), «Canadian Mining Investments in Latin America», en ‹http://cidpnsi.ca/blog/ portfolio/canadian–mining–investments–in–latin–america/› (consultado el 27 de marzo de 2013).

Coumans, Catherine (2010), «Alternative Accountability Mechanisms and Mining: The Problems of Effective Impunity, Human Rights, and Agency», Canadian Journal of Development Studies, volumen 30, número 1–2.

Denault, Alain y William Sacher (2012), Imperial Canada Inc. Legal Haven of Choice for the World’s Mining Industries, Vancouver, Talonbooks.

Earthworks y Oxfam America (2004), Dirty Metals. Mining, Communities and the Enivronment, Washington, Earthworks and Oxfam America.

Esping–Andersen, Gøsta (1990), The Three Worlds of Welfare Capitalism, Princeton, Princeton University Press. estudios críticos del desarrollo, vol. iii, núm. 4, primer semestre de 2013

los mecanismos del imperialismo canadiense

213

Foster, John Bellamy (2003), «The New Age of Imperialism», Monthly Review, volumen 55, número 3.

Garibay, Claudio (2010), «Paisajes de acumulación minera por desposesión campesina en el México actual», en Gian Carlo Delgado Ramos (coordinador), Ecología política de la Minería en América Latina. Aspectos socioeconómicos, legales y ambientales de la mega minería, México, unam, Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades.

Gordon, Todd (2010), Imperialist Canada, Winnipeg, Arbeiter Ring Publishing. _____ (2011), «Military Coups are Good for Canadian Business: the Canada–Honduras Free Trade Agreement», The Bullet, en ‹http://www. newsocialist.org/index.php?option=com_content&view=article&id= 398:military–coups–are–good–for–canadian–business–the–canada– honduras–free–trade–agreement–&catid=51:analysis&Itemid=98›.

Gordon, Todd y Jeffery Webber (2008), «Imperialism and Resistance: Canadian mining companies in Latin America», Third World Quarterly, volumen 29, número 1.

Gudynas, Eduardo (2010), «El nuevo extractivismo del siglo xxi. Diez tesis sobre el extractivismo bajo el progresismo sudamericano actual», Memoria, número 242/243.

Harvey, David (2004), «El Nuevo imperialismo: acumulación por desposesión», Socialist Register, en ‹http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/ libros/social/harvey.pdf›.

Ignatieff, Michael (2006), Empire Lite, Toronto, Penguin Group.

Keenan, Mary (2010), «Canadian Mining Still Unaccountable», nacla report on the Americas, mayo–junio, en ‹http://nacla.org/sites/default/ files/A043030031_8.pdf› (consultado el 12 de febrero de 2013).

Kuyek, Joan (2006), «Legitimating Plunder. Canadian Mining Companies and Corporate Social Responsibility», en Liisa North, Timothy David Clark y Viviana Patroni (editores), Community Rights and Corporate Responsibility. Canadian Mining and Oil Companies in Latin America, Toronto, Between the Lines. estudios críticos del desarrollo, vol. iii, núm. 4, primer semestre de 2013

214

darcy tetreault

____ (2007), Mining Investors. Understanding the legal structure of a mining company and identifying its management, shareholders and relationship with the financial markets, en ‹http://www.miningwatch.ca/sites/miningwatch.ca/ files/Mining_Investors.pdf› (consultado el 19 de febrero de 2013).

Lenin, Vladimir (1999), Imperialism. The Highest Stage of Capitalism, Sydney, Resistance Books.

McNally, David (2006), «Canada and Empire», New Socialist. Ideas for Radical Change. Special Issue on Canada and Empire, número 54.

Mining Association of Canada (2011), «Facts and Figures of the Canadian Mining Industry», en ‹http://www.mining.ca/www/media_lib/mac_ Documents/f&f 2011–English.pdf› (consultado en mayo de 2012).

Panitch, Leo y Sam Gindin (2003), «Global Capitalism and American Empire», en Leo Panitch y Colin Leys (editores), The New Imperial Challenge, Socialist Register 2004, Halifax, Fernwood Publishing.

Petras, James y Henry Veltmeyer (2011), «Rethinking Imperialist Theory and us Imperialism in Latin America», Historia Actual Online, número 26.

Ramírez, Francisco (2006), «State Terrorism and the Dirty Business of Mining in Colombia», en Liisa North, Timothy David Clark y Viviana Patroni (editores), Community Rights and Corporate Responsibility. Canadian Mining and Oil Companies in Latin America, Toronto, Between the Lines.

Robinson, William (2008), Latin America and Global Capitalism: A Critical Globalization Perspective, Baltimore, John Hopkins University. _____ (2010), «Beyond the theory of imperialism. Global capitalism and the transnational state», en Alexander Ancevas (editores), Marxism and World Politics: Contensting Global Capitalism, Nueva York, Routledge.

Soos, Andy (2011), «Gold Mining Boom Increasing Mercury Pollution Risk», en ‹http://oilprice.com/Metals/Gold/Gold–Mining–Boom–Increasing–Mercury–Pollution–Risk.html› (consultado el 6 de junio de 2012).

Svampa, Maristella (2011), «Modelo de desarrollo y cuestión ambiental en América Latina. Categorías y escenarios en disputa», en Fernanda Wanestudios críticos del desarrollo, vol. iii, núm. 4, primer semestre de 2013

los mecanismos del imperialismo canadiense

215

derley (coordinador), El desarrollo en cuestión: Reflexiones desde América Latina, La Paz, cides, umsa, Oxfam.

Weston, Greg (2012), «Federal mining agency can’t find work», cbc News, en ‹http://www.cbc.ca/news/canada/story/2012/02/19/canadian–mining–mediation–agency–spending.html› (consultado el 21 de febrero de 2012).

Wood, Ellen Meiksins (2003), Empire of Capital, Nueva York, Verso.

estudios críticos del desarrollo, vol. iii, núm. 4, primer semestre de 2013

reseña

Conflictos socioambientales y alternativas de la sociedad civil Mariana Alejandra García Rivas

S

amir Amin (2001) señala que el objetivo del capital es controlar y expandir el mercado, saquear los recursos y sobreexplotar la mano de obra en la periferia. Rosa Luxemburgo identifica «un carácter dual de la acumulación de capital... [un proceso que] se realiza entre el capital y las formas de producción no capitalistas» (Harvey, 2004) relacionado con el engaño, la violencia, la opresión y la rapiña; lo que Marx (1980) llama acumulación originaria basada en el despojo por medio de la violencia.

Estas visiones son retomadas y pulidas por David Harvey cuando habla de acumulación por desposesión para explicar las dinámicas de acumulación en las que se mueve el «nuevo imperialismo», en respuesta a la crisis capitalista de los años setenta (Tetreault, Ochoa y Hernández, 2012).

En la reconfiguración económico–política de la posguerra, ante los procesos de industrialización que cobraban dimensiones inéditas, comienza «a expresarse un conjunto de preocupaciones sociales por la destrucción del medio ambiente [...]; surgían así los primeros elementos de lo que después constituiría una teoría política verde que tendría repercusiones en los más diversos Mariana Alejandra García Rivas es estudiante del Doctorado de Estudios del Desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas, México.

estudios críticos del desarrollo, vol. iii, núm. 4, 2013, pp. 217–222

218

mariana alejandra garcía rivas

ámbitos [...]; al ser estos temas del conocimiento público empezó a nacer un campo de fuerza que ha influido múltiples espacios de lo social» (Gutiérrez y González, 2010). En los últimos años han emergido diversos movimientos sociales que reclaman la reposición de los daños sociales, económicos, políticos y ambientales generados por el capitalismo.

Este marco, en el que estamos anclados, dibuja líneas que permiten explicar la importancia de la creación y difusión de libros como Conflictos socioambientales y alternativas de la sociedad civil. En gran parte de su composición, los autores manifiestan algunas de las muchas historias de luchas y problemas ambientales que viven comunidades enteras en México gracias a las externalidades y a la acumulación por desposesión que genera el capital. Como bien lo señalan sus coordinadores, refleja el camino espinado y en ocasiones desolado que enfrentan los diversos movimientos socioambientales, que no son otra cosa que «luchas anticapitalistas que han surgido para resistir “la acumulación por desposesión”» (Tetreault, Ochoa y Hernández, 2012) que han respaldado las políticas y gobiernos neoliberales de las últimas tres décadas.

Los conflictos ambientales no son recientes, pero en los últimos años se han incrementado. En las páginas de este libro podemos encontrar estudios de caso de diversas comunidades del estado de Jalisco, donde las luchas incansables van por la defensa de los recursos naturales, identidad, medio ambiente, territorio —como un lugar proxémico lleno de simbolismos identitarios— y de la historia que encarna la tierra de todas las generaciones que han construido el territorio. Estos conflictos han generado movilizaciones socioambientales que buscan proteger o recuperar sus entornos. Joan Martínez Alier define estas movilizaciones como «ecologismo de los pobres», con objetivos que se definen en términos de las necesidades ecológicas para la vida, lo que implica resguardar los recursos naturales fuera del sistema capitalista (Tetreault, Ochoa y Hernández, 2012).

Estos casos nos invitan a reflexionar en las problemáticas que encierra la acción y participación comunitaria, sus estrategias y alternativas para dar respuesta a estos conflictos generados por la expansión del capital y la exestudios críticos del desarrollo, vol. iii, núm. 4, primer semestre de 2013

conflictos socioambientales y alternativas de la sociedad civil

219

plotación desmedida de los recursos naturales. Problemáticas que giran en torno a la construcción de presas hidroeléctricas, contaminación del agua, deforestación, monocultivos de árboles, conflictos de minería, extracción de combustibles fósiles y conflictos por la ubicación de residuos. Los puntos de convergencia que los reúne van más allá de la historia, la identidad y el territorio que comparten; están ligados al compartir un «atropello a la vida» al realizarse «obras» y «acciones» para el progreso y desarrollo. Un desarrollo y progreso que las comunidades no entienden: ¿para quién o para qué?, cuando a costa de ello hay que destruir ecosistemas y dinámicas de vida.

La resistencia de estos movimientos socioambientales está acompañada por redes a nivel local y global que nutren el camino. Parafraseando a Gardel:1 «la lucha es cruel y es mucha, pero [uno] lucha y se desangra, por la fe que lo empecina [...] en su afán...» de defender lo que se cree propio. Las estrategias de la acción colectiva son importantes para generar flujos de redignificación, donde la diversidad se hace presente y se forjan o se rompen lazos de confianza; los que consiguen sobrellevar la heterogeneidad establecen objetivos afines por medio de la tregua.

En estos estudios de caso se describe un Estado velador de los intereses del capital, sea local o internacional, donde los gobiernos son corruptos y los actores afectados se sienten traicionados y abandonados por quien décadas atrás era su protector.

El libro no se queda en la descripción y el análisis de los casos, también explica la organización, cohesión y conflictos de los diferentes movimientos socioambientales. María Fernanda Paz analiza a la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales (anaa) y elabora un mapeo y una clasificación a nivel nacional, según la problemática que los aqueja, de los movimientos socioambientales. Considera que los conflictos y los movimientos representan una oportunidad para una construcción sociopolítica diferente que brinde

/1/

Fragmento del tango Uno, letra de Enrique Santos Discépolo (1943) y música de Mariano Mores.

estudios críticos del desarrollo, vol. iii, núm. 4, primer semestre de 2013

220

mariana alejandra garcía rivas

respuestas contrahegemónicas. Enfatiza que lo económico (procesos de desarrollo, expansión del capital y privatización de bienes naturales) y lo político (imposición, corrupción, luchas de poder) provocan la afectación ambiental.

En la misma línea, Heliodoro Ochoa, en el capítulo «Mapeo de conflictos ambientales y alternativas en Jalisco, para una metodología», sistematiza y analiza los conflictos de una manera más eficaz. Dicha metodología busca contribuir al «reconocimiento de la diversidad socio ambiental, la dinámica de los conflictos, así como la conformación de redes sociales que pugnan por la defensa del medio ambiente, su territorio, derechos y formas de vida» (Ochoa, 2012). El autor cree imperante un mapeo «que permita ubicar, caracterizar y contextualizar en el espacio los conflictos ambientales» (Ochoa, 2012). La variable estrella es el territorio, visto no sólo como espacio geográfico sino como un lugar lleno de significados identitarios, donde los actores desarrollan su cotidianidad. El reto de la metodología es el dinamismo y la flexibilidad que debe tener para sistematizar, sin mutilar la esencia de los movimientos–grupos–organizaciones que son contenidos en la matriz.

Sin lugar a dudas, este aporte metodológico es una herramienta para sistematizar y analizar la diversidad de conflictos, sus propuestas alternativas, estrategias y redes que se tejen en el dinamismo de los conflictos y movilizaciones socioambientales. La metodología no sólo permite identificar problemas, conflictos y movimientos socioambientales, sino también actores locales con nombre y apellido, su vinculación o formación de redes, acciones, evolución, estrategias y alternativas, y desde luego facilita el análisis al conjugar diversas variables... todo esto visualizado en un mapa.

La voz de una activista socioambiental se hace presente en el libro para explayar sus reflexiones y vivencias sobre las movilizaciones dadas en la conferencia de Cancún. Lizette Santana hace un llamado a la reflexión acerca de los intereses ocultos que se tejen en las reuniones internacionales lideradas por la Organización de las Naciones Unidas (onu) y el grupo del Banco Mundial. El cambio climático y su preservación se han convertido en un «negocio redondo». Un negocio donde los Estados nación, congregados en estas cumestudios críticos del desarrollo, vol. iii, núm. 4, primer semestre de 2013

conflictos socioambientales y alternativas de la sociedad civil

221

bres, aportan cifras millonarias para mitigar la degradación ambiental, a la par que se ha abierto un nuevo mercado de valores y productos ambientales, donde los capitales siguen ganando a pesar de su contribución negativa al medio ambiente. Deja en claro que a quienes se protege es a los intereses de los capitales privados internacionales y no al medio ambiente.

Regalado Santillán comparte notas que reflexionan sobre la urgencia de pensar en otra epistemología para estudiar y analizar pueblos, culturas, cosmovisiones que no pueden ser comprendidas desde la metodología de carácter cientificista y positivista que buscan «mediciones», cuando en las ciencias sociales tenemos que comprenderlas para poder explicarlas y dar aportes. El mismo autor señala que «aspira a despertar algunas preguntas respecto de la posible y deseable construcción colectiva de otra epistemología; de otra forma de producir conocimiento, una forma diferente de mirar a los sujetos sociales en movimiento, en acción, construyendo autonomía o en resistencia, muchas veces confundida con apatía» (Regalado, 2012). Es claro el reto: ¿cómo descolonizarnos ideológica y académicamente de las corrientes del pensamiento eurocentristas para recrear una epistemología que nos permita comprender no sólo los movimientos sociales que se producen en México y América Latina sino cualquier otra línea de análisis de las ciencias sociales?

Para terminar, Conflictos socioambientales y alternativas de la sociedad civil nos proporciona una amplia gama de estudios realizados desde la agroecología y la ecología política, y desde la investigación participante. Los autores no se limitan a informar y analizar los casos, sino que nos invitan a reflexionar y generar conciencia social, necesaria para trabajar con las personas que se cohesionan y para dar respuesta a sus realidades. La pregunta es: ¿cómo repercuten o influyen este tipo de libros que nacen de las movilizaciones sociales, en el corazón o acción de estos cultivos sociales? Es un reto enorme para las ciencias sociales devolver y dar uso social al conocimiento generado, y no sólo reservarlo para el análisis teórico–metodológico en las ciencias sociales.

estudios críticos del desarrollo, vol. iii, núm. 4, primer semestre de 2013

222

mariana alejandra garcía rivas

Referencias Amin, Samir (2001), «Imperialism and Globalization», Montly Review, volumen 53, número 2.

Gutiérrez, Esthela y Édgar González (2010), De las teorías del desarrollo al desarrollo sustentable: construcción de un enfoque multidisciplinario, México, Siglo xxi, Universidad Autónoma de Nuevo León.

Harvey, David (2004), El nuevo imperialismo, Madrid, Akal.

Marx, Karl (1980), El capital. Crítica de la economía política, México, Siglo xxi.

Ochoa, Heliodoro (2012), «Mapeo de conflictos ambientales y alternativas en Jalisco, aportes para una metodología», en Darcy Tetreault, Heliodoro Ochoa y Eduardo Hernández (coordinadores), Conflictos socioambientales y alternativas de la sociedad civil, Tlaquepaque, iteso.

Regalado, Jorge (2012), «Notas deshilvanadas sobre otra epistemología», en Darcy Tetreault, Heliodoro Ochoa y Eduardo Hernández (coordinadores), Conflictos socioambientales y alternativas de la sociedad civil, Tlaquepaque, iteso.

Tetreault, Darcy, Heliodoro Ochoa y Eduardo Hernández (2012), «Introducción», en Darcy Tetreault, Heliodoro Ochoa y Eduardo Hernández (coordinadores), Conflictos socioambientales y alternativas de la sociedad civil, Tlaquepaque, iteso.

estudios críticos del desarrollo, vol. iii, núm. 4, primer semestre de 2013

Colaboradores

Verónica Albuja Politóloga ecuatoriana. Ex asesora de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (conaie) y del Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik. Consultora en Derechos Humanos y Derechos Colectivos vinculada con las organizaciones sociales, indígenas y de trabajadores de Ecuador. Ha estado vinculada al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (pnud) y al American Friends Service Committee (afsc) en programas de derechos colectivos y derechos humanos.

Ha publicado varios documentos y artículos sobre los movimientos sociales de Ecuador y los derechos de los pueblos indígenas.

Dennis C. Canterbury Sociólogo guyanés–estadounidense. Doctor en Sociología por la Universidad de Binghamton (Universidad Estatal de Nueva York). Profesor asociado de Sociología en Eastern Connecticut State University.

Ha publicado extensamente sobre temas de desarrollo, incluyendo la democratización neoliberal y nueva autoritarismo (Ashgate, 2005). Ha sido profesor visitante en el Instituto de Estudios para el Desarrollo y el Departamento de Sociología y Antropología de la Universidad de Cape estudios críticos del desarrollo, vol. iii, núm. 4, primer semestre de 2013

224

colaboradores

Coast, Ghana, y ganador del Premio de Investigación 2009 en todo el sistema Connecticut State University System.

Pablo Dávalos Economista ecuatoriano. Profesor titular de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador en el área de Economía Política. Profesor de posgrado y profesor visitante de la Universidad Pierre Mendes France, de Grenoble–Francia. Vinculado a los movimientos sociales y al movimiento indígena. Coordinador del Grupo de Trabajo Movimientos Indígenas en América Latina del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (clacso). Su último libro es La Democracia Disciplinaria: el proyecto posneoliberal para América Latina, editado por Desde Abajo, Colombia.

Jorge Ignacio Frechero Politólogo argentino. Candidato a Doctor en Ciencia Política por la Universidad Nacional de San Martín (unsam), Argentina. Becario Tipo ii del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (conicet). Investigador del Centro de Estudios Interdisciplinarios en Problemáticas Internacionales y Locales (ceipil). Miembro inicial de la Alianza Latinoamericana de Estudios Críticos del Desarrollo (alecd).

Docente de la materia Desarrollo Local en la Facultad de Ciencias Humanas, uncpba. Entre sus últimas publicaciones se destacan: «Yes We Can? A Política Externa de Obama para a América Latina: Da Decepção à Autonomização da Região», Contexto Internacional, volumen 34, número 1 (en coautoría con la doctora Sandra Colombo) y «The Return of the Dragon. Reflections on the transformation of China, its new international role and its expansion in Latin America», en Xing, Li y Steen Fryba Christensen (compiladores), The Rise of China and the Impact on Semi–periphery and Periphery Countries (Aalborg, Aalborg Universitetsforlag, 2012) Correo electrónico: ‹ifrechero@yahoo.com.ar›.

estudios críticos del desarrollo, vol. iii, núm. 4, primer semestre de 2013

colaboradores

225

Mariana Alejandra García Rivas Economista mexicana. Estudiante del programa doctoral en la Unidad Académica de Estudios del Desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas (uaz). Su línea de investigación es el desarrollo comunitario y movimientos sociales.

Kyla Sankey Socióloga británica. Estudiante del programa doctoral en la Unidad Académica de Estudios de Desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas (uaz). Tiene maestría en humanidades por la Universidad de Oxford, Inglaterra, y maestría en Estudios de Desarrollo y Derechos Humanos por la Universidad de Warwick. Sus líneas de investigación son teorías del desarrollo y subdesarrollo, la economía política de América Latina, el imperialismo, la cuestión agraria y los movimientos campesinos. Ha publicado artículos sobre los temas de minería y la reforma agraria en Colombia y las mujeres en los movimientos socioambientales.

Actualmente está trabajando en un proyecto sobre el extractivismo en Colombia y las luchas por la tierra.

Darcy Tetreault Sociólogo canadiense–mexicano. Docente–investigador del Doctorado en Estudios del Desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas (uaz). Miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel ii y perfil promep. Doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Guadalajara.

Su tesis de doctorado ganó el premio nacional Arturo Warman 2008. Sus intereses académicos incluyen ecología política, minería, movimientos sociales y ambientales, agroecología, estudios agrarios, pobreza y políticas sociales. Ha publicado más de 30 textos sobre estos temas en libros y revistas nacionales e internacionales. Recientemente compartió créditos en la coordinación de dos libros: Los conflictos socioambientales y las alternativas de la sociedad civil (2012), con Heliodora Ochoa García y Eduarestudios críticos del desarrollo, vol. iii, núm. 4, primer semestre de 2013

226

colaboradores

do Hernández González, y Poverty and Development in Latin America: Public Policies and Development Pathways (2013), con Henry Veltmeyer.

Henry Veltmeyer Sociólogo canadiense. Docente–investigador de la Unidad Académica de Estudios del Desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas (uaz). Durante tres décadas se ha desempeñado como profesor en sociología del desarrollo y fundó el programa de Estudios del Desarrollo en Saint Mary’s University. Fue presidente de la Asociación Canadiense de Estudios del Desarrollo (casid) y editor en jefe de la revista Canadian Journal of Development Studies. Especialista en temas relacionados a la teoría del desarrollo, la economía política de la globalización y el desarrollo local, así como el desarrollo capitalista en el contexto de América Latina, con énfasis en el desarrollo rural y los movimientos sociales.

Fundador de la red Critical Development Studies (Estudios Críticos de Desarrollo) y es co–director de la red que tiene su sede en la uaz. Autor y compilador de más de 40 libros y numerosos artículos publicados en revistas prestigiadas. Muchos de sus libros, publicados en Canadá, Estados Unidos, Europa y América Latina (Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Bolivia, Cuba y México), han sido traducidos en varios idiomas.

Unos de sus libros con James Petras, Enmascarando la Globalización, está traducido en más de 20 idiomas. Entre sus recientes publicaciones se encuentra la compilación The New Extractivism in Latin America (London, Zed Books) y la coautoría de Imperialism and Capitalism in the 21st Century (London, Ashgate Publishing).

estudios críticos del desarrollo, vol. iii, núm. 4, primer semestre de 2013

Normas para la recepción de originales

1) Estudios críticos del desarrollo es una revista semestral de investigación científica arbitrada y publicada por la Unidad Académica en Estudios del Desarrollo (uaed) de la Universidad Autónoma de Zacatecas (uaz).

2) Los trabajos deberán ser inéditos y sus autores se comprometen a no someterlos simultáneamente a la consideración de otras publicaciones. Deberán ser resultado o avance de investigaciones originales de alto nivel, enmarcados en las Ciencias Sociales y las Humanidades, enfocados en la problemática y alternativas del desarrollo. Pueden enviarse trabajos en español y en inglés; los cuales serán publicados en esos idiomas. Los autores conceden su autorización para que sus artículos sean difundidos a través de medios impresos y electrónicos por la uaed–uaz.

3) Los autores deberán remitir los originales en formato compatible con los programas estándares de procesamiento de textos (Word) en tamaño carta, a doble espacio y por una sola cara, con tamaño de letra de 12 puntos en fuente Times New Roman.

4) Considerando que una cuartilla tiene 27 renglones y entre 60 y 64 caracteres con espacios e interlineado doble, los trabajos tendrán una extensión de entre 20 y 25 cuartillas; los textos destinados a la sección «Debate», y las colaboraciones para «Reseña» entre 3 y 5. estudios críticos del desarrollo, vol. iii, núm. 4, primer semestre de 2013

228

normas para la recepción de originales

5) Los trabajos deberán acompañarse de los siguientes datos, con una extensión no mayor de diez líneas: nombre completo del autor o los autores, nacionalidad, máximo nivel de estudios alcanzado, institución, centro de adscripción y línea de investigación, cargo que desempeña, número telefónico, dirección postal, dirección electrónica, dos o tres referencias bibliográficas de las publicaciones recientes o relevantes y otra información de interés académico.

6) Anexo al artículo, deberá enviarse un resumen de 100 palabras (o siete renglones) en el idioma en que esté escrito y cinco palabras clave, que faciliten su inclusión en los índices y bases de datos bibliográficos. Estudios críticos del desarrollo traducirá, en su caso, el resumen al inglés y utilizará esa síntesis para su difusión en el portal de Internet de la uaed.

7) Los cuadros, mapas y gráficas deberán presentarse en formato Excel con claridad y precisión; invariablemente deberán incluir la fuente o el origen de procedencia, y en el texto deberá indicarse su colocación exacta.

8) Las notas se presentarán a pie de página y deberán estar escritas a renglón corrido (a un espacio) y numeración corrida (progresiva), e incluirse al pie de la página correspondiente. Las llamadas deberán ser numéricas. Las citas deberán insertase en el texto abriendo un paréntesis con el apellido del autor, el año de la publicación y la página.

9) Para siglas, acrónimos o abreviaturas, la primera vez que se usen deberá escribirse el nombre completo o desatado; luego, entre paréntesis, la forma que se utilizará con posterioridad. Ejemplos: Banco Mundial (bm), Organización de las Naciones Unidas (onu), producto interno bruto (pib).

10) Los textos originales podrán entregarse a la Unidad Académica en Estudios del Desarrollo o enviarse por correo a la siguiente dirección: Unidad Académica de Estudios del Desarrollo, Campus Universitario ii, Av. Preparatoria s.n., Colonia Hidráulica, Zacatecas, Zacatecas, México, código postal 98065. También podrán enviarse por correo electrónico a la dirección: ‹revista@estudiosdeldesarrollo.net›.

11) Los originales serán dictaminados por evaluadores anónimos seleccionados entre expertos del tema tratado por el artículo. En razón de lo cual, los estudios críticos del desarrollo, vol. iii, núm. 4, primer semestre de 2013

normas para la recepción de originales

229

nombres de los autores u otra forma de identificación sólo deberá figurar en la página inicial.

12) Los dictámenes serán comunicados a los autores en un plazo no mayor a 60 días después de la recepción del artículo. El principio de confidencialidad será la guía.

13) Las colaboraciones aceptadas serán sometidas a un proceso de corrección de estilo y su publicación estará sujeta a la disponibilidad de espacio en cada número. Estudios críticos del desarrollo se reserva el derecho de realizar los cambios editoriales que considere pertinentes.

14) En ningún caso se devolverán originales.

estudios críticos del desarrollo, vol. iii, núm. 4, primer semestre de 2013