EDUARDO RABOSO GARCÍA-BAQUERO Portavoz de Sanidad del Grupo Parlamentario Popular en el Senado

Inequidad, la gran asignatura pendiente del Sistema Público de Salud

El principio de igualdad es uno de los pilares de nuestra Constitución, que incorpora así una norma ética básica que forma parte de la propia esencia de occidente ya recogida en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789.

Eduardo Raboso García-Baquero

Portavoz de Sanidad del Grupo Parlamentario Popular en el Senado

La Constitución declara la igualdad de todos los españoles en el artículo 1, pero el resto de tan magno texto desarrolla y reitera dicho principio a la hora de definir derechos, deberes y la relación del cada uno de nosotros con el Estado y la Administración.

Uno de los aspectos más importantes de la igualdad de todos los españoles es que todos somos iguales ante la ley, y el estado garantiza que la Administración de Justicia se guíe por esta norma.

Sin embargo, es un hecho constatado que los españoles tenemos acceso a servicios públicos de salud muy desiguales en función de nuestro lugar de residencia, es decir, la Administración Sanitaria del Estado Español ha fracasado a la hora de garantizar que todos los ciudadanos tengan acceso a servicios sanitarios públicos de la misma calidad, independientemente de donde vivan.

La pandemia en curso ha sacado a la luz pública una realidad que ya era conocida por el think tank sanitario; y es que el grado de preparación de las diferentes administraciones sanitarias, la central y las autonómicas, de cara a hacer frente a una pandemia, la asistencia sanitaria dada a los enfermos contagiados, la reorganización de los recursos sanitarios durante y entre las diferentes olas y la asistencia prestada a los pacientes no infectados con patologías graves muestra una gran heterogeneidad. Es cierto que España es un país muy heterogéneo y que no es fácil crear una estructura sanitaria perfectamente adaptada a dicha realidad. Hay grandes zonas del país fuertemente rurales o incluso despobladas que conviven a pocos kilómetros con grandes urbes. Sólo en el Metro de Madrid viaja cada día el equivalente a la totalidad de la población del País Vasco mientras que grandes zonas de Aragón y las dos Castillas se encuentran entre las más despobladas de Europa. Y todo ello genera condicionantes demográficos que suponen un reto para la administración sanitaria. Por otro lado, gran parte de los recursos sanitarios, cualitativa y cuantitativamente hablando, siguen concentrándose en la capital obedeciendo a un diseño sanitario centralista conceptualmente superado hace decenios. Pero transformar la red de infraestructuras sanitarias ha obligado a Madrid a realizar un gran esfuerzo para adaptar centros sanitarios diseñados para toda la nación a las necesidades de la ciudad, y a otras autonomías a crear a marchas forzadas unas estructuras y servicios sanitarios de los que carecían.

Y por si la tarea de dotar al Sistema Nacional de Salud de la equidad a la que tienen derecho todos los españoles no fuera lo suficientemente compleja por los condicionantes demográficos y estructurales, las rigideces de nuestra Administración en cuestiones tan fundamentales como la financiación o la gestión de recursos humanos no hacen más que complicar la tarea hasta límites casi irresolubles.

Pero lo cierto es que la experiencia de sufrir un ictus, un infarto de miocardio o un cáncer es completamente diferente para un ciudadano de la Isla del Hierro, para un habitante de Trujillo o un residente del barrio de Chamberí de Madrid. Y ésta es una realidad que la administración Pública está obligada a estudiar y corregir. Aunque para ello sea necesario crear nuevos marcos normativos o generar una estructura de financiación que tenga como objetivo la corrección del que puede que sea el mayor defecto de nuestra Sanidad Pública.