DECLARACIÓN DE GARABITO (En memoria al cacique indígena del pueblo Huetar de Costa Rica del siglo XVI) PRE CONGRESO INDÍGENA “DERECHO, TERRITORIO Y GOBERNANZA INDÍGENA: UNA ALTERNATIVA PARA LA CONSERVACIÓN DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS IV CONGRESO MESOAMERICANA DE ÁREAS PROTEGIDAS. Nosotros los delegados y las delegadas de los Pueblos y organizaciones indígenas de Mesoamérica (Belice, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y México) con las energías del Creador y Formador, de la Madre Tierra y de nuestros ancestros; reunidos en la Ciudad de San José Costa Rica los días 16 y 17 de marzo de 2014, previo a la realización del IV Congreso Mesoamericano de Áreas Protegidas para reafirmar que los Pueblos Indígenas de Mesoamérica, hemos existido antes de la creación de los Estados Nacionales, y mantenido el uso, cuidado y manejo sostenible de las áreas protegidas, en las delimitaciones territoriales que dividen políticamente a los países y por ende a nuestros pueblos. Los Pueblos Indígenas reafirmamos que somos legítimos propietarios de las tierras y territorios ancestrales, donde se encuentran los recursos hídricos, mineros, hidrocarburíferos, forestales, marinos, la flora, la fauna, y la diversidad biológica, cultural y espiritual, que son parte de nuestros patrimonios tangibles e intangibles. Por tanto, tenemos derecho a decidir sobre dichos recursos para el beneficio de nuestras presentes y futuras generaciones, de acuerdo a nuestra cosmovisión y en condición de sujetos políticos con derechos. A pesar de los avances en las normas internacionales en el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, tales como el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de la ONU sobre los derechos de los Pueblos Indígenas, Convenio de la Diversidad Biológica, Protocolo de Nagoya y otros. En muchos países continúan las constantes violaciones a los derechos de nuestros pueblos, ya que en nombre del desarrollo económico o de la conservación se han y siguen generando procesos de despojo de nuestras tierras y territorios, en donde los Estados nacionales no han cumplido los compromisos adquiridos.
El paradigma de conservación que han venido impulsando los Estados de la región está en crisis, ya que ha mostrado fuertes deficiencias para garantizar un buen manejo y protección de las áreas protegidas. Las áreas protegidas más importantes por su extensión en la región y que se sobreponen en territorios indígenas, observan procesos crecientes de deforestación y pérdida de la biodiversidad. Para los pueblos indígenas la convivencia entre los seres humanos y la naturaleza, es parte de nuestra Cosmovisión, de nuestro pensamiento y actuación, la cual se manifiesta en una relación indisoluble e interdependiente entre universo, naturaleza y humanidad, en donde se configura la base ética y moral que favorece la conservación y el desarrollo, buscando un balance armónico entre ambos. Ante esta realidad los Pueblos indígenas de Mesoamérica demandamos: •
Los Estados deben impulsar, promover y asegurar la construcción y fortalecimiento de la autonomía de los Pueblos indígenas, así como garantizar la seguridad jurídica de las tierras y territorios de los pueblos indígenas como base fundamental para el ejercicio de la buena gobernanza en las áreas protegidas y las áreas de conservación biocultural indígenas.
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Los Estados deben reconocer y respetar las formas propias de gobernanza de los pueblos indígenas, incluyendo nuestra institucionalidad, sistemas de normas, estatutos, mecanismos de sanciones y resolución de conflictos en la creación y manejo de nuestros sistemas de áreas de conservación biocultural indígena. Con este propósito, los Estados deben revisar sus formas de gobernanza en las áreas protegidas sobrepuestas en territorios indígenas e impulsar acuerdos directos con las organizaciones indígenas para el ejercicio pleno de su derecho a la gobernanza propia.
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Exigimos a los Estados a que revisen y/o suspendan los convenios que han suscrito con ONG ambientalistas de forma inconsulta para el manejo de áreas protegidas declaradas en nuestros territorios. Esta forma de gobernanza impuesta, violentan los derechos que tenemos al ejercicio de gobierno y gobernanza propia en nuestros territorios.
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Exigimos a los Estados reformar y ajustar sus marcos jurídicos relacionados a temas forestales, áreas protegidas, ambiente, minería e hidrocarburos a la luz de la evolución de los derechos de los pueblos indígenas. Resulta un acto de racismo y discriminación que en nombre de la conservación, algunos países nos sigan negando el derecho a tener títulos de propiedad colectiva sobre nuestras tierras y territorios ancestrales y que nos impongan normas y formas de gobernanza ajenos a nuestra cosmovisión.
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Exigimos a los Estados impulsar iniciativas de leyes nacionales que viabilicen la implementación, aplicación y cumplimiento de las normas internacionales, el derecho de los Pueblos indígenas, en particular aquéllas que protejan y fortalezcan los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas, el aporte de las mujeres indígenas en las buenas prácticas para la conservación de áreas protegidas y áreas
propias de conservación de los territorios de los pueblos indígenas. •
Exigir a los Estados y la cooperación internacional mayor espacios de participación de las mujeres indígenas a lo largo del proceso de formación dirigidos a la recuperación, conservación y protección del conocimiento tradicional de las áreas protegidas, como elemento clave para la gobernanza propia de los Pueblos indígenas.
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Exigimos a los gobiernos de Mesoamérica (Belice, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y México), la ratificación del Protocolo de Nagoya y la urgencia del apoyo técnico y financiero en la creación e implementación de los protocolos comunitarios indígenas. Al mismo tiempo, motivamos a los Estados que han Ratificado este Protocolo (Guatemala, Honduras y Panamá) en crear condiciones y mecanismos de participación desde el enfoque de derechos colectivos y con una visión intercultural y multicultural, el fomento del diálogo y negociación con las organizaciones indígenas.
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Demandamos a los Estados nacionales el respeto a los derechos de los Pueblos indígenas, principalmente la aplicación y el cumplimiento obligatorio de la consulta como medio apropiado para obtener el consentimiento libre, previo e informado antes de la autorización e implementación de programas y proyectos en las tierras y territorios de los Pueblos indígenas, sean éstos de desarrollo económico o de conservación. Asimismo, exigimos a los Estados no continuar declarando nuevas áreas protegidas en nuestros territorios, sin antes haber alcanzado el consentimiento libre, previo e informado de nuestros pueblos.
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Exigimos a los Estados evitar el otorgamiento de licencias de exploración y explotación de recursos mineros e hidrocarburíferos, así como la construcción de represas hidroeléctricas y la plantación de agro combustibles (monocultivos) en las tierras y territorios de los Pueblos indígenas y en aquéllas áreas protegidas que se han sobrepuesto en nuestros territorios ancestrales.
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Los Estados deben crear espacios de diálogo y negociación sobre políticas de inversión económica que impactan en las tierras y territorios indígenas, así como la creación de condiciones políticas, legales e institucionales que favorezcan el pleno ejercicio de los derechos colectivos de los Pueblos indígenas.
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Los Estados deben establecer mecanismos de alto nivel conjunto y paritario para la definición, diseño e implementación de las políticas públicas en materia de uso y manejo áreas protegidas, bosques, aguas, minería, hidrocarburos y derechos de propiedad intelectual.
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Los Estados deben asignar los recursos técnicos y financieros necesarios para la conservación de áreas propias de los Pueblos indígenas en sus tierras y territorios. Para ello, deben generar capacidades tanto para los Pueblos indígenas como para los Estados mismos, en el proceso de implementación de las estrategias en áreas protegidas.
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Que los Estados respalden y promuevan la iniciativa indígena del sistema mesoamericano de manejo integrado de ecosistemas, paisajes naturales y culturales por los Pueblos indígenas, propuesta por el CICA, CIMA y la RMIB.
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Que la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD) y las delegaciones de los Estados de la región incorporen las preocupaciones y propuestas de los pueblos indígenas que se plantean en esta Declaración final del IV Congreso Mesoamericano de Áreas Protegidas. .
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Exhortamos a la UICN incorporar en la agenda y programa del próximo Congreso Mundial de Parques, los temas de preocupación de los Pueblos indígenas de Mesoamérica, en particular los relacionados con: i) Autonomía y Territorialidad; ii) Megaproyectos de infraestructura, industrias extractivas y energéticas; iii) Gobernanza por Pueblos indígenas; e, iv) Impulso a los Sistemas Indígenas de Conservación de la Biodiversidad. Asimismo, prever recursos financieros para garantizar una importante participación de delegados indígenas en los debates y discusiones del próximo Congreso Mundial de Parques.
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Exhortamos a la cooperación internacional el desarrollo de mecanismos financiamiento y asistencia técnica para fortalecer la capacidad de las instituciones los Pueblos indígenas en la gestión de las áreas protegidas, la protección de biodiversidad y los conocimientos tradicionales, así como la implementación sistemas propios de gobernanza.
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En el marco del IV Congreso Mesoamericano de áreas protegidas, valoramos la voluntad política de los gobiernos que han ratificado el Protocolo de Nagoya, al mismo tiempo respaldamos la solicitud que Guatemala presentará para ser sede del próximo Congreso Mesoamericano de Áreas Protegidas. Heredia, Costa Rica 17 de marzo de 2014.
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