Centro AmĂŠrica, marzo de 2014
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Índice: 1. 2. 3. 3.1 a. b. c. d. 3. 3.1 4. 4.1 4.2 4.3 4.5 5.
Presentación.............................................................................................................. 3 Justificación............................................................................................................... 4 Derechos de los Pueblos Indígenas y las Áreas Protegidas: avances y limitaciones en su aplicación.................................................................................. 6 Instrumentos jurídicos internacionales de los pueblos indígenas.............................. 6 Convenio 169 de la OIT............................................................................................ 6 Declaración de Naciones Unidas sobre los Derecho de los Pueblos Indígenas........ 6 Convenio de la Diversidad Biológica........................................................................ 7 Protocolo de Nagoya sobre acceso y participación en los beneficios....................... 8 Análisis sobre Pueblos Indígenas y Áreas Protegidas :............................................ 9 Amenazas en los territorios indígenas....................................................................... 9 Ejes de Trabajo........................................................................................................ 10 Tierra y Territorios:................................................................................................. 10 Consentimiento Previo libre e informado............................................................... 10 Gobernanza por Pueblos Indígenas,........................................................................ 11 Acceso y distribución justa y equitativa de los beneficios de los recursos genéticos.................................................................................................................. 12 Gestión estratégica de pueblos indígenas en las áreas protegidas........................... 14
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1. Presentación La estrategia de los pueblos indígena de Mesoamérica sobre áreas protegidas, es un esfuerzo de las redes regionales, que se ha venido abonando desde las diversas oportunidades de diálogo y reflexión de la problemática y oportunidades que tenemos los pueblos indígenas ante las dinámicas geopolíticas y geoeconómicas en la región.
No es nuevo mencionar, que las áreas protegidas, han representado una serie de amenazas a los derechos colectivos de los pueblos indígenas, especialmente en materia de territorio, gobernanza, conocimientos tradicionales y las iniciativas autogestionarias de la economía indígena. No obstante ante las nuevas tendencias internacionales en el reconocimiento de los derechos colectivos, alienta al movimiento indígena en la región a mantener vigente los retos por consolidar el pleno reconocimiento de los derechos y concertar mecanismos para implementar procesos que beneficien el anhelado Buen Vivir. Los pueblos indígenas hemos mencionado con anterioridad que aproximadamente el 60% de la superficie de las AP en la región se establecieron en territorios indígenas, y a pesar que desde la década de los 90´s se han hecho importantes inversiones para la gestión de las AP, no han representado una alternativa para reducir los niveles de empobrecimiento que viven las comunidades en estas zonas declaradas AP. Por lo tanto, en un esfuerzo conjunto del Consejo Indígena de Centro América (CICA), la Red de las Mujeres Indígenas sobre Biodiversidad (RMIB) y el Consejo Indígena de Mesoamérica (CIMA), al unísono presentamos un análisis de la situación de los pueblos indígenas que poseen
territorios declarados AP, así como el nuevo orden jurídico que respalda las demandas colectivas desde cada una de las comunidades y sumamos propuestas que aporten al deseo de los Estados de alcanzar la sustentabilidad en el manejo de las AP. No obstante reiteramos que solo con una plena participación de los guardianes de la madre tierra y la naturaleza, la región mejorará la capacidad de proteger la biodiversidad. Enfatizamos que hoy mas que nunca urge, abonar al reconocimiento de los derechos territoriales, demarcando y titulando territorios, revitalizando y fortaleciendo las instituciones de gobernanza, respetando las practicas y costumbres tradicionales, se podrá proteger los últimos bosques de la región, los humedales menos contaminados y los arrecifes coralinos menos erosionados en la región, ante la presión por un lado de la expansión de la ganadería, la minería, las hidroeléctricas, petroleras y monocultivos, especialmente de palma africana. El grado de vulnerabilidad de la región a los efectos del cambio climático, tienen como oportunidad de adaptación los ecosistemas resguardados y defendidos por los pueblos indígenas, la región se ha propuesto trabajar la adaptación y mitigación con enfoque ecosistémico, lo cual es una capacidad ancestral de los pueblos indígenas que puede brindar oportunidades para el desarrollo regional. No sin antes mejorar los mecanismos de acceso, participación y reparto equitativo de beneficios, que a su vez sean impulsores de reducir el nivel de empobrecimiento en que vivimos los pueblos indígenas en Mesoamérica. 3
2. Justificación Los pueblos indígenas, hemos estado relacionados con la gestión de las áreas protegidas en Mesoamérica, desde su inicio, a lo largo de mas de 35 años de esfuerzos de conservación de la naturaleza, que han impulsado con mayúsculo énfasis los Estados y organismos no gubernamentales. En este periodo las experiencias han evidenciado por un lado el aporte innegable de la protección de la biodiversidad desde el dominio y manejo de los territorios por los pueblos indígenas, y por otro lado, la lucha permanente por garantizar el control de los territorios ancestrales, frente a dinámicas de los estados por el control de la biodiversidad, los recursos naturales y los territorios de los pueblos indígenas. Es preciso destacar que en la región mesoamericana, las áreas protegidas que gozan de alto valor de conservación y son estratégicas para el fomento de macro proyectos ambientales, han sido establecidas en territorios ancestrales de los pueblos indígenas, tales casos emblemáticos son las reservas fronterizas entre Nicaragua y Honduras (BOSAWAS y Rio Plátano), en el caso de Costa y Panamá (Reserva la Amistad), entre México y Guatemala (Reservas de Biosfera Maya), las zonas costeras de en el caribe de Belice, Guatemala, México y Honduras (el Corredor de Arrecifes Mesoamericanos). En la actualidad, se estima que aproximadamente el 41% de la superficie las áreas protegidas en la región1 se han declarado en territorios 1 El 41% de las áreas protegidas, se ha estimado en relación a los países Centroamericanos y Panamá, esta excluido el Sur y Sureste de 4
ancestrales de los pueblos indígenas, a esto se debe sumar que los corredores biológicos también tienen las misma características. Actualmente en el análisis de vacíos de conservación llevado a cabo recientemente en la región la proyecciones de declarar áreas marinas terrestres y marinas, tienen una alta incidencia en los territorios indígenas, especialmente en los bosques del caribe, los humedales y los ecosistemas marino costeros.
A pesar que en la región y en el ámbito mundial, hay significativos avances en el reconocimiento de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, la participación plena de los pueblos indígenas en la declaración y gestión de las áreas protegidas ha sido limitada. En el informe del Estado de la Gestión de los Sistemas Nacionales de AP en Mesoamérica y Republica Dominicana 20062009, se enfatiza el incremento de asignaciones presupuestarias para las Áreas Protegidas en cada país. No obstante, la participación y el acceso México. No se incluyen las AP en zonas marinas.
equitativo de las comunidades a los beneficios derivados en el manejo para la conservación y utilización sostenible, ha sido limitado, en tanto desde los pueblos indígenas se mantienen demandas que destacan entre la problemática: Las prohibiciones de usos tradicionales de comunidades por objetivos de conservación, siendo los casos mas sonados en Guatemala el pueblo Maya en Vicis Cabá, y en México en Montes Azules. Las restricciones de uso del suelo por políticas del Estado para fines de conservación, que limitan el desarrollo de proyectos propios de los pueblos indígenas en conformidad con sus paradigmas autonómicos, casos particulares son en Nicaragua el pueblo Rama en la Reserva Indio Maíz y el pueblo Mayangna en Bosawas, el pueblo Tawaka y Miskito en la Reserva Rio Plátano, Honduras. El deterioro de las instituciones tradicionales de gobernanza, ante la creación de estructuras de co-manejo de las áreas protegidas, que erosionan las capacidades políticas autonómicas de las autoridades comunitarias, se han sistematizado casos en Bosawas y el Altiplano Guatemalteco.
Es preciso reconocer que, a su vez las Áreas Protegidas, han tenido aportes en la gestión de los pueblos indígenas, que dan fe del potencial de avanzar en conjunto con los retos sustantivos planteados desde las comunidades, destacando: En Nicaragua la ley 445 del régimen de demarcación y titulación de las tierras comunales, fue impulsada en la consulta desde la gestión nacional de las AP y destaca el reconocimiento de las instituciones de gobiernos territoriales y comunales para el co-manejo, así como la declaración de AP desde las instancias locales. Los pueblos indígenas de Panamá, también gozan de bases jurídicas para proteger sus conocimientos tradicionales, lo cual es esencial, para asegurar la resguardar y desarrollas los conocimientos colectivos y alcanzar mecanismos para el retorno de beneficios derivados de la utilización y conservación de la biodiversidad.
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3. Derechos de los Pueblos Indígenas y las Áreas Protegidas: avances y limitaciones en su aplicación El marco jurídico internacional en los últimos 20 años, ha reconocido derechos sustantivos de los pueblos indígenas, que son fundamentales en el ejercicio de la autonomía territorial, los recursos naturales y los sistemas de conocimientos tradicionales, que desde los pueblos se demandan sean salvaguardas para la gestión de las áreas protegidas y la conservación de la biodiversidad. Igualmente reformas en las políticas nacionales de la región Mesoamericana son evidentes en los últimos años, en la promoción de los derechos colectivos y se vislumbran proceso claves en la implementación de los derechos territoriales, autonómicos y culturales de los pueblos indígenas.
3.1 Instrumentos jurídicos internacionales de los pueblos indígenas a. Convenio 169 de la OIT El convenio 169 de la OIT, es un primer instrumento internacional, que sustentó las demandas históricas de los pueblos indígenas en 1989, en la actualidad en la región Mesoamérica ha sido ratificado por la mayoría de los países (Guatemala, México, Honduras, Nicaragua y Costa Rica), no siendo así en tres países (Panamá, Belice y El Salvador). Este instrumento ha sido muy valioso en la defensa de los derechos y salvaguardas de los pueblos indígenas en la región, especialmente en referido a propiedad territorial, formas de organización 6
y gobiernos tradicional, la consulta previa. En el caso particular de la declaración de las AP, el convenio 169 de la OIT destaca en su Art. 7: “el derecho de los pueblos a decidir sus prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida que afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera”, lo cual enfatiza la necesidad de la gestión de las AP de hacer necesario la participación plena de las comunidades en toda las fase de manejo, no solo reconociendo los valores e intereses tangibles, si no lo de carácter intangibles. Los objetivos de conservación de ecosistemas y especies en la región, ha lesionado las prácticas y costumbres consuetudinarias de los pueblos indígenas, no solo en sus sistemas tradicionales de salud, alimentación, economía, recreación y espiritualidad. Por tanto es preciso que se impulsen procesos que reconozcan los mandatado en el Art 14: “reconoce el a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de posesión e las tierras que ocupan”, complementado con el Art 15: “los derechos de los pueblos interesados a los recursos naturales existentes en sus tierras deberán protegerse especialmente. Estos derechos comprenden el derecho de esos pueblos a participan en la utilización, administración y conservación de dichos recursos”. b. Declaración de Naciones Unidas sobre los Derecho de los Pueblos Indígenas La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, fue aprobada en el año 2006, representa en la actualidad el instrumento de mayor cobertura de derechos colectivos y destaca los derechos plenos a la Libre Determinación de su condición política y desarrollo económico, social y cultural.
Esta declaración ha sido ratificada en Nicaragua con estatus de ley nacional, lo cual, representa la voluntad política por consolidar la participación de los pueblos indígenas en las políticas publicas. Teniendo importante implicancias en la gestión de las AP. En la gestión de las AP en la región mesoamericana se llama desde los pueblos indígenas, a tener presente el Art. 8: “Los pueblos y los individuos indígenas tienen derecho a no ser sometidos a una asimilación forzada, ni a la destrucción de su cultura”, artículo que también insta a los Estados a: prevenir y resarcir con mecanismos eficaces “todo acto que tenga por objeto o consecuencia privar ala integridad de los PI distinto a sus valores culturales”, “todo acto que tenga por objeto o consecuencia desposeerlo de sus tierras, territorios o recursos”. Tomando como base la declaración en mención se insta al Sistema de Integración Centro Americano y los órganos del CCAD a tener en cuenta con sus estados miembros, que los Sistemas Nacionales y Regional de las Áreas Protegidas deben asegurar los mandatos de los art. 10 en lo referidos a desplazamiento de los PI por interés de conservación o programas ambientales y económicos. Que todo acto que afecte el territorio, tierra, practicas y espiritualidad, debe ser únicamente con el Consentimiento Libre, Previo e Informado y con acuerdos de indemnización firmados. También se demanda con urgencia el desarrollo de mecanismos en la región y los países a asegurar el cumplimiento del derecho consignado en los artículos 11 y 12, que protegen y revitalizan las practicas y conocimientos tradicionales y culturales, especialmente en la búsqueda de un sistema y categoría de AP para los pueblos indígenas que protejan sus manifestaciones pasadas, ligares arqueológicos, sitios espirituales, valores históricos y tecnologías entre otras. c. Convenio de la Diversidad Biológica El Convenio de la Diversidad Biológica, firmado en 1992, es un instrumento jurídico internacional de relevante importancia para los pueblos
indígenas, especialmente en lo referido a la conservación de la biodiversidad y los conocimientos tradicionales. Lo cual guarda una estrecha relación con las luchas históricas de los pueblos indígenas frente a las dinámicas clásicas de los gobiernos y ONG`s de las áreas protegidas. Este convenio ha sido ratificado por todos los países de la región y es un referente en las salvaguardas demandadas por los pueblos indígenas en las políticas de conservación in situ (Art. 8) y asegurar los usos consuetudinarios (Art. 10). A pesar que nivel global, en materia de los derechos de los pueblos indígenas en el CDB, existe especial atención para los Art. 8 inciso J y el Art.10 inciso C; a nivel regional el esfuerzo de las partes ha sido pobre, tal es el caso que en países como El Salvador y Belice no se tienen reportes de la gestión de las practicas tradicionales y fomento de los usos consuetudinarios en sus reportes nacionales. Para el año 2010 en el informe de la región aun se visibilizan esfuerzos escasos en materia de los derechos colectivos para la participación en el manejo de las AP, protección de los conocimientos tradicionales, fomento de las buenas practicas consuetudinarias para la conservación y utilización sostenible de la biodiversidad. En la actualidad es necesario profundizar, la protección de los recursos genéticos y las prácticas tradicionales de los pueblos indígenas para su conservación, especialmente en las estrategias de reducir la vulnerabilidad al cambio climático, que tiene severos impactos en las practicas agrícolas, agro forestaría,
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medicina tradicional, manejo de zonas costeras y la espiritualidad. El Art. 8j, establece que las partes deben “respetar, preservar y mantener los conocimientos, las innovaciones y las practicas de las comunidades indígenas que entrañen estilos de vida pertinentes para la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica”, en la región se insta a hacer importantes esfuerzos por asegurar las instituciones autonómicas que han asegurado la protección de bosques y zonas costeras, especialmente en las Áreas Protegidas, puesto que no es casualidad que mas del 60% de la superficie declara AP esta en territorios indígenas, gracias al estado de conservación, con niveles de escala, integridad y salud de los ecosistemas. Es urgente apoyar las iniciativas de los pueblos indígenas en la región para profundizar la discusión para generar mecanismos de implementar acciones de protección de los conocimientos tradicionales y el acceso al reparto justo de beneficios, que mejore la defensa de los territorios, especialmente ante el acelerado deterioro de los bosques por la expansión de la ganadería, monocultivos y la minería, que generan severos impactos en las zonas costeras y marina del caribe. d. Protocolo de Nagoya sobre acceso y participación en los beneficios El conocido protocolo de Nagoya, es el resultado de un mandato de Rio+10 (Cumbre Mundial de Desarrollo Sostenible, Johannesburgo, 2002), para establecer un régimen internacional que promueva y salvaguarde la participación justa y equitativa en los beneficios derivados de la utilización de los recursos genéticos, para la aplicación efectiva de los Art. 15 y 8j del CBD. Fue aprobado el protocolo de Nagoya sobre el Acceso a los Recursos Genéticos y la Participación 8
Justa y Equitativa de los Beneficios que se Deriven de a Utilización del CDB, en el año 2010. El protocolo insta a las partes en su Art. 6, proporcionar seguridad jurídica, claridad y transparencia en su legislación sobre el acceso y reparto justo de beneficios, y proporcionar información sobre como solicitar el Consentimiento Fundamentado Previo, lo cual es relevante para los pueblos indígenas en la región, siendo una tarea pendiente concertar mecanismos de CLPI, para asegurar la participación y acceso a los beneficios derivados de la gestión de la conservación y utilización de la diversidad biológica. Así mismo es destacado el Art. 7, que regula el acceso a los conocimientos tradicionales asociados a recursos genéticos. Mandata asegurar el acceso a los conocimientos tradicionales asociados a recursos genéticos con mecanismos de Consentimiento Fundamentado Previo, con la aprobación y participación de las comunidades titulares, asegurando las condiciones con acuerdos mutuos. Para asegurar la participación es necesario en la región poner en marcha acciones de aplicación de los establecido en el Art. 12: • Considerar las leyes y normas consuetudinarias • Con amplia participación de las comunidades, generar mecanismos de información de los posibles usuarios de conocimientos tradicionales asociados a recursos genéticos y de sus obligaciones. • El desarrollo de protocolos comunitarios, destacando los requisitos del acceso a los conocimientos tradicionales, requisitos mínimos contractuales para la participación en el reparto justo de beneficios.
3. Análisis sobre Pueblos Indígenas y Áreas Protegidas : La gestión estratégica e institucional para la gestión ambiental en Mesoamérica, se ha incrementado, actualmente el esfuerzo técnico, financiero y político para la adaptación y mitigación al cambio climático, representa el mayor reto, para lo cual la protección de los ecosistemas toma vital relevancia, con especial énfasis los bosques, ante los compromisos de la Reducción de la deforestación y Degradación de los Bosques (REDD). En este particular, los pueblos indígenas jugamos un rol crucial, especialmente de acuerdo con Cabal2, estima en Centroamérica los pueblos indígena tienen incidencia en el 5,578 miles de ha, que representan en 42% de los territorios colectivos, así como un traslape de 3,484 miles de ha. de territorios indígenas declarados AP. De manera que en la región la gestión de los ecosistemas y la biodiversidad, esta altamente ligada a la relación geopolítica con los pueblos indígenas. e. 3.1 Amenazas en los territorios indígenas Los territorios indígenas son amenazados por una serie de dinámicas que inciden directamente en los retos propios de los pueblos, especialmente el la seguridad del territorio y la autonomía. Así mismo estas dinámicas en los territorios indígenas son importantes fuentes de presión sobre los ecosistemas y las practicas culturales, económicas, políticas y espirituales. A nivel regional, es evidente que los territorios indígenas son las principales reservas de bosques, y que están sufriendo un acelerado índice de perdida de su cobertura, por cambios de uso del suelo, que son impulsados por megaproyectos y el avance de la frontera agrícola con fines ganaderos. En Honduras y Nicaragua, la expansión de los monocultivos de palma africana son evidencia de cambios de uso del suelo que afectan directamente los 2 Cabal, 2010. Bosques, Deforestación y Monitoreo de Carbono: Una evolución del potencial del REDD+ en Mesoamérica. Prisma. Informe.
territorios indígenas, y las practicas de soberanía alimentaria tradicionales de las comunidades. La actividad minera, se ha incrementado en la región, inspirada en los aumentos en el precio de los minerales en el mercado. Esto ha conllevado que en la ultima década se de una exponencial gestión de concesiones para la actividad minera desde el sector industrial, a lo cual hay que sumar la actividad minera artesanal. Este aumento de la actividad minera, ha conllevado a incrementar los índices de deforestación especialmente por la practica a cielo abierto, que a su vez vierte sus residuos contaminantes a los ríos que forman parte de las principales cuencas de la región donde se habitan principalmente los pueblos indígenas, incrementándose los niveles de amenaza a la salud de la población especialmente con riesgos cancerígenos, así como deterioro de la capacidad de producción de los ecosistemas que afecta primordialmente la autogestión alimentaria de las comunidades. El sector energético y petrolero en la región, representa otro frente crítico en la gestión territorial y de conservación de los pueblos indígenas, los proyectos hidroeléctricos de mayor alcance en perspectiva son ubicados en áreas protegidas y territorios indígenas, teniendo impactos en el desarrollo de la capacidad de manejo de los pueblos. A esto hay que sumar por un lado la baja apertura a la participación de las comunidades y sus instituciones y por otro la baja prioridad de las instituciones publicas de asegurar la protección ambiental, priorizándose los criterios económicos de país, estos 2 aspectos antes mencionado son necesario profundizar para mejorar la protección ambiental y las capacidades autonómicas de los pueblos indígenas.
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4. Ejes de Trabajo 4.1 Tierra y Territorios: En la actualidad aproximadamente el 60% de la superficie terrestres y marina las áreas protegidas de Mesoamérica, han sido declaradas en los territorios ancestrales de los pueblos indígenas, lo cual ha dado al reconocimiento a nivel mundial y regional del aporte de los pueblos indígenas a la protección de los ecosistemas y su riqueza biológica y cultural. No obstante, la presión de la expansión de frontera agrícola y los megaproyectos representan importantes amenazas al estado de la biodiversidad y la relación ancestral garante de su conservación. Debe ser prioridad del sistema mesoamericano de áreas protegidas, impulsar el reconocimiento de las tierras y territorios de los pueblos indígenas, generando como requisito la titulación de las territorios indígenas a favor de sus titulares colectivos, que han asegurado con sus instituciones tradicionales y practicas ancestrales la conservación y el uso sostenible. Por lo tanto se debe: 1. Desde el Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo, impulsar las políticas en la región de demarcación y titulación de las tierras comunales y territorios indígenas. 2. Articular mecanismos de gestión de áreas protegidas que aseguren la plena participación de los pueblos indígenas en la concepción y diseño de modelos de manejo de la biodiversidad que garanticen las practicas tradicionales, el ejercicio pleno de la autonomía comunitaria en la administración de los recursos naturales y el acceso y reparto justo de los beneficios que se derivan de 10
los procesos de conservación y desarrollo ambiental en la región. 3. Fomentar la legalización de tierras comunales en las áreas protegidas, desde los instrumentos de legales de los países miembros del Sistema de Integración de Centro América. 4. Orientar recursos financieros, técnicos y tecnológicos para que las instituciones tradicionales de los pueblos indígenas tengan mayor control de las dinámicas de uso del suelo que afectan sus territorios, conocimientos tradicionales e instituciones de gobernanza. 5. Impulsar procesos de formación de capacidades, investigación y acompañamento técnico que fortalezcan la administración de los territorios indígenas en los nuevos escenarios de desarrollo regional y nacional. 6. Identificar participativamente con los pueblos indígenas mecanismos que permitan de manera eficaz el acceso a la cooperación financiera para la protección de los ecosistemas y la biodiversidad en la gestión de adaptación y mitigación del cambio climático con enfoque de territorial. 4.2 Consentimiento Previo libre e informado En base a las principales demandas de los pueblos indígenas para la gestión de la diversidad biológica y los impactos de las Áreas Protegidas sobre los pueblos indígenas y su estilo de vida y en función de consolidar los derechos colectivos, se hace urgente seguir profundizando el desarrollo de mecanismos de Consentimiento Libre Previo Informado, como garantía de la participación de los pueblos en la toma de decisiones que afectan su estilo de vida. El CLPI, en la región requiere de mecanismos eficaces para su ejercicio, partiendo de reconocer y fortalecer las instituciones de ejercicio de autonomía que tradicionalmente han administrado los territorios y recursos naturales. Por tanto se enfatiza que en la región los Estados a través
de sus ministerios, así como organizaciones internacionales con especial énfasis en el Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo, la UICN y las redes de los pueblos indígenas unir esfuerzos para impulsar: 1. El desarrollo de protocolos regionales de Consulta y Consentimiento Libre Previo Informado, para los proyectos de conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica, así como el acceso a los conocimientos tradicionales. 2. El compromiso de los países de la región, en desarrollar en conjunto con los pueblos indígenas reformas a la legislación y normativa de las áreas protegidas, para asegurar la sostenibilidad social, ambiental y económica, mediante la integración plena de las comunidades que habitan los territorios que poseen la mayor riqueza de diversidad biológica de interés estratégico nacionales. 3. Priorizar en Honduras, Belice, Costa Rica y Guatemala, el trabajo activo de los Consejos de Áreas Protegidas y los pueblos indígenas, para reducir los conflictos entre las demandas de los pueblos indígenas y los intereses de conservación, asegurando mecanismos de consulta previa, en todas las etapas, desde la pre factibilidad y en ejercido de comanejo. 4. Incentivar el intercambio de experiencias con países que tienen la vanguardia en mecanismos de CLPI para la gestión de Áreas Protegidas como en Panamá y Nicaragua, que integran mecanismos de titulación de los territorios colectivos y el reconocimiento de las instituciones de gobernanza como plataforma para el eficaz proceso de libre determinación. 5. A la cooperación internacional que acompaña proceso de manejo de las AP, facilitar a los pueblos indígenas colaboración técnica y financiera para desarrollar mecanismos de CLPI y de planificación integral de los territorios
para consolidar los planes de vida como unidades básicas de la participación plena de los pueblos indígenas. 6. Promover la formación técnica e intercultural de los hombres y mujeres para participar activamente en la gestión de conservación de la biodiversidad, la utilización sostenible, de acuerdo con sus valores de identidad y cosmovisión, como principio de equidad en el Acceso y reparto Justo de Beneficios. 4.3 Gobernanza por Pueblos Indígenas, Siendo una de las mayores amenazas a los pueblos indígenas desde los procesos nacionales y regional de desarrollo ambiental el deterioro y erosión de las estructuras de gobernanza de los pueblos indígenas, a pesar del reconocimiento en diversos espacios de políticas en la materia. Las áreas protegidas no son la excepción, de hecho el origen de la gestión de AP en la región, esta marcado por la falta de integración de los titulares de derechos sobre los territorios y de sus instituciones de gobernanza. Generando hasta la actualidad un limitado avance en la sostenibilidad política y social de las AP. Para revertir y restituir el ejercicio de autonomía y la libre determinación que los pueblos indígenas demandamos que para tener una plena administración de los territorios ancestrales, protección de la biodiversidad y reconocimiento de los conocimientos tradicionales asociado es necesario: 1. Desde el CCAD y la UICN acompañar a las autoridades de los gobiernos de la región en abrir un diálogo franco entre el 11
Estado y los pueblos indígenas para identificar de forma concertada estrategia de la gestión de las AP, a partir de las capacidades endógenas de organización y administración. 2. La UICN debe facilitar a las redes de pueblos indígenas de la región en el diseño de un mecanismo institucional genérico de manejo de la biodiversidad en los territorios indígenas que se articule con el sistema regional del áreas protegidas a fin de ir integrando la aplicabilidad del enfoque ecosistémico y biocultural de protección de la diversidad biológica, los conocimientos tradicionales y los fomentar el desarrollo económico con pertinencia cultural. 3. El CCAD, debe dirigir recursos de la cooperación, con criterios descentralizados para mejorar las relaciones transfronterizas entre las instituciones de gobernanza de los pueblos indígenas, a fin de asegurar planes de vida en sinergia y mejorar los esfuerzos de colaboración interinstitucionales. Priorizar esfuerzos en BOSAWAS, La Amistad, El Darien, Cayos Miskitos-Moskitia Hondureña en zonas marinas y la Reserva de la Biosfera Maya. 4. Impulsar desde el SICA-CCAD en conjunto con las redes indígenas de la región y el acompañamiento de la UICN, la categoría de áreas protegidas indígenas, que sea promotor de la institucionalidad y ejercicio de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas, priorizando en el corto plazo el establecimiento de áreas protegidas, identificadas y diseñadas por los titulares de derechos colectivos, incentivando las zonas geográficas donde hay 12
voluntad política nacional de fortalecer el desarrollo de los pueblos indígenas. 5. La UICN en conjunto con las redes indígenas de la región debe promover relaciones de intercambio de experiencia sur-sur, entre los pueblos indígenas de la región sobre casos exitosos de manejo colaborativo de AP con los PI. 6. Las redes de la región con el acompañamiento de la UICN y CCAD, presentaran un proyecto regional de gobernanza de áreas protegidas en territorios indígenas al Secretariado del CDB y el GEF, para restaurar las capacidades de las instituciones de manejo de la biodiversidad en los territorios indígenas que restaure los daños causados por las malas practicas de manejo en la región y permita implementar los derechos internacionales en materia de tierra, territorios, recursos naturales y conocimientos tradicionales. 4.5 Acceso y distribución justa y equitativa de los beneficios de los recursos genéticos Los pueblos indígenas, hemos sido victima de los procesos de bioprospección de que se practican en los territorios sobre los conocimientos tradicionales de uso de los recursos genéticos, estos procesos han resultado en biopiratería, que por un lado expropian el uso comercial a las comunidades que las han desarrollado con sistemas consuetudinarios y por otro lado no reportan beneficios de su utilización comercial por empresas. El protocolo de Nagoya, intenta proteger los conocimientos tradicionales sobre los recursos genéticos, para hacer efectivo este esfuerzo político e institucionales a nivel regional mesoamericano debe darse las condiciones políticas para profundizan en mecanismos de protección no solo de la titularidad colectiva, si no también, la protección de los conocimiento ancestral intrusivamente vinculado a la existencia de la biodiversidad.
Se demanda en la región y los países desde los pueblos indígenas:
protección de los conocimientos tradicionales.
1. Impulsar con el acompañamiento de la UICN, un protocolo regional de acceso y reparto equitativo de los beneficios que generan los conocimientos tradicionales de los recursos genéticos.
5. Proteger los conocimientos tradicionales de las prácticas comerciales extractivas y no retributivas. Favorecer su aprovechamiento económico con fundamento en la economía indígenas y la soberanía alimentaria.
2. Evaluar mecanismos locales de protección de los conocimientos tradicionales y proteger los sistemas ancestrales de desarrollo, innovación y salvaguarda de los conocimientos. 3. Acompañar a las comunidades con recursos financieros, técnicos y tecnológicos para proteger sus conocimientos tradicionales sobre la biodiversidad.
6. Impulsar la protección de las prácticas tradicionales de la salud, alimentación, recreación y tecnología de los pueblos indígenas en sus territorios.
4. Generar una plataforma intercultural de los pueblos indígenas de
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5. Gestión estratégica de pueblos indígenas en las áreas protegidas Objetivo Estratégico Fortalecer la gestión de los derechos de administración tradicional de los territorios y la biodiversidad desde los valores, filosofía y cosmovisión de los pueblos indígenas
Línea de Acción
Objetivo operativo Los pueblos indígenas participan activamente en las políticas regionales y nacionales de conservación y uso sostenible de la biodiversidad, mejorando su capacidad institucional en el ejercicio de los derechos sustantivos (territorio, libre determinación, CLPI, protección de los conocimientos tradicionales y la cultura)
Medidas/ Acciones Impulsar las políticas de titulación de tierras comunales en las AP que se han declarado en territorios indígenas y tierras comunales. Reconocer y fortalecer las formas propias de gobierno y las instituciones de gestión territorial. Identificar y establecer mecanismos de protección de los derechos territoriales, frente a la expansión de la frontera agrícola y megaproyectos en territorios indígenas Acompañar el proceso de planificación e implementación de planes de vida territoriales, que garantizan la conservación y utilización sostenible de la biodiversidad in-situ. Capacitar a recursos humanos de las comunidades en sistemas de información que consolide los mecanismos internos de toma de decisiones.
Tierra y territorio Garantizar los derechos territoriales de los pueblos indígenas
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Línea de Acción
Gobernanza y autonomía Mejorando las capacidades de gestión de la diversidad biológica y los conocimientos tradicionales
Medidas/ Acciones Impulsar reformas de las normativas de AP en la región a fin de integrar a las estructuras de gobernanza indígenas en el manejo. Fortalecer las instituciones indígenas de gestión territorial para mejorar la gobernanza de los territorios y tierras comunales. Impulsar de forma participativa un protocolo regional de CLPI, que asegure el acceso de los pueblos indígenas a los ejercicios de conservación y utilización de la diversidad biológica. Diseñar un modelo genérico de gobernanza de pueblos indígenas de las AP que contribuya a alcanzar niveles de eficiencia y eficacia de los objetivos que persiguen los países. Acompañar a las instituciones de los pueblos indígenas en fortalecer sus capacidades de gestión de las AP. Generar intercambio de experiencias en las región de manejo colaborativo de las AP que benefician el derecho de los pueblos indígenas. Incrementar esfuerzos para la gestión transfronteriza de las AP en los territorios indígenas.
Línea de Acción
Medidas/ Acciones
Conocimientos y practicas tradicionales Proteger, revitalizar y promover las practicas tradicionales que sustentan la buena gestión de las AP
Propiciar el dialogo regional, para asegurar mecanismos de acceso y la distribución equitativa de los beneficios que se derivan de los esfuerzos de conservación de la diversidad biológica en los territorios indígenas. Divulgar los derechos de propiedad intelectual de los pueblos indígenas de sus prácticas y conocimientos tradicionales asociado a los recursos genéticos. Incentivar el desarrollo de las prácticas e innovaciones de los pueblos indígenas para la gestión de conservación de la biodiversidad. Establecer mecanismos jurídicos de protección de los conocimientos tradicionales de las comunidades, tanto de titularidad colectiva como de individual. Establecer sistemas de registro de los conocimientos tradicionales sobre uso y manejo de la biodivesidad. Hacer un inventario de prácticas tradicionales trasfronteriza y homogenizar criterios legales de protección. 15
Línea de Acción
Economía Indígena y Soberanía Alimentaria Consolidar la capacidad autogestionaria de la alimentación y el acceso a mercado de los pueblos indígenas
Medidas/ Acciones Sistematizar estrategias comunitarias de desarrollo productivo y autogestión alimentaria, que benefician la protección de la biodiversidad. Diseño e implementación de estrategias territoriales de protección de semillas y recursos genéticos para la adaptación al cambio climático en las AP. Desarrollo e implementación de planes de vida comunitarios con enfoque biocultural y ecosistémico para la protección de la biodiversidad. Impulsar las prácticas tradicionales de intercambio de recursos genéticos que practicaban los pueblos indígenas para el desarrollo de la agricultura. Incentivar los corredores de relaciones comerciales tradicionales entre los pueblos indígenas tanto a nivel de país como transfronterizo. Fortalecer los usos tradicionales trasfronterizo de los pueblos indígenas que benefician la protección de la biodiversidad. Fortalecer las economías locales de base territorial con adecuado aprovechamiento de la biodiversidad e incorporación de los conocimientos tradicionales.
Línea de Acción
Medidas/ Acciones
Fortalecer las capacidades de gestión intercultural Mejorar las capacidades de manejo de la biodiversidad en los nuevos escenarios geopolíticos y geoeconómicos
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Diseñar un currículo regional de gestión de capacidades de los pueblos indígenas en áreas protegidas. Impulsar la cátedra indígena para funcionarios de gobiernos que inciden en el manejo de las AP en territorios indígenas. Diseñar e implementar un sistema de información geográfico de las dinámicas territoriales de los Pueblos indígenas en la región accesible a los tomadores de decisiones comunitarios. Generar indicadores de éxito para la medición de la gestión de las AP en los territorios indígenas en conjunto con actores de gobiernos, cooperación e instituciones académicas.