PUNTO DE VISTA

Por FRANCISCO JAUREGUI

Fotografía: Joel Salvador-Sutterstock.com

PERU: CRISIS POLÍTICA POSTERGADA

Lamento lo que viene ocurriendo en mi país, Perú. Luego de un periodo de tregua de fin de año y transcurrido cerca de dos meses, los sectores políticos, representados en el poder Ejecutivo (Presidencia) y Legislativo (Congreso) no se ponen de acuerdo para lograr una solución a la crisis política del país con graves consecuencias sociales (movilización de las organizaciones sociales) y económicas (paralización del turismo, limitaciones del comercio y la industria y un alza de los precios).

Durante dicho periodo, se retomaron las movilizaciones sociales, al interior y en la capital del país, llegando a un paro nacional que se realizó el 9 de febrero, con graves consecuencias de pérdidas de vida: más de sesenta muertos civiles y un miembro de la policía nacional. Sector de la población que viene exigiendo, como alternativa de solución a la crisis política, la renuncia de la presidenta, el cierre del Congreso y adelanto de las elecciones para este año, con una consulta a la población para reformar la Constitución vigente.

Por otro lado, la presidenta, en respuesta a las movilizaciones, dispuso aumentar las medidas de seguridad interna con la intervención de las miembros de las Fuerzas Armadas, para apoyar a la Policía Nacional, y declarar zonas de emergencia; así mismo. en sus recientes mensajes llamó al diálogo, menospreció al departamento de Puno, donde se originaron las movilizaciones, señalando que dicha región “no es el Perú”, criticó las movilizaciones sociales llamándolos de “terroristas”; y señaló que su renuncia no era “negociable”. Además, solicitó al Congreso el adelanto de las elecciones generales para el 2023, proponiendo el proyecto de ley correspondiente.

Mientras tanto, en el Congreso, sus integrantes no llegaban a un acuerdo sobre el adelanto de las elecciones para el presente año, al no deponer sus intereses particulares.

Mientras un sector quiere negociar las elecciones con la propuesta del referéndum para modificar la Constitución; el otro sector desea las elecciones para el 2024, previas reformas políticas a la Constitución vigente. Dejando de lado, en estos días de discusión, una propuesta inicial que tuvo un primer acuerdo mayoritario, por la reconsideración inconsulta que propuso la Comisión de Constitución; así como la propuesta de la minoría y de la presidenta de la república. Tema que debió aprobarse en una legislatura ampliada, que venció el 10 de febrero; y que espera ser nuevamente tratada hasta el 17 de febrero que, por mayoría, se amplió dicha legislatura.

Ante esta situación los países vecinos y organismos internacionales, como la OEA y la CIDH, han manifestado su preocupación para que los sectores involucrados entren en un periodo de tregua y puedan dialogar para lograr un consenso por el bien del país. Propuesta que lamentablemente se hace difícil, mientras que los miembros del congreso no se pongan de acuerdo (adelantar las elecciones generales), dejando sus intereses particulares o del grupo político al cual representan; así como, de mantener la intransigencia en el seno del congreso, la falta de voluntad de la presidenta para renunciar al cargo, e inmediatamente, instalando un gobierno de transición, convoque a nuevas elecciones generales, tal como lo señala la Constitución. Considero que estas alternativas son viables si los miembros del congreso y/o la presidenta de la república, decidan actuar por el bien del país, pensando en la situación social y económica, que cada vez se va agudizando.