Contralínea 657 by Revista Contralínea

ISSN: 1665-1626 REVISTA SEMANAL Del 2 al 8 de septiembre de 2019

Año 18 • Número 657 • $30

CONTENIDO

PORTADA

GUARDIA NACIONAL, MODELO MILITAR QUE HA FRACASADO

Cada día, un promedio de 77 personas son asesinadas en México. La seguridad y la paz social son las principales deudas del gobierno, admitió López Obrador este 28 de agosto, en víspera de presentar su primer informe

CONTRALÍNEA. PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN –año 18, número 657, del 2 al 8 de septiembre de 2019– es una publicación semanal editada por Editorial Libertad y Expresión, SA de CV; Ignacio Aldama 74-8, colonia Del Carmen, delegación Coyoacán, CP 04100, Ciudad de México; teléfonos: 55 54 91 93 y 55 54 91 94; www.contralinea.com.mx, info@contralinea.com.mx. Editor responsable: Agustín Miguel Badillo Cruz. Número de reserva al título de derecho de autor: 04-2001-1206164804 00-102. Número de certiﬁcado de licitud de título: 12264, y de contenido: 8918. ISSN: 1665-1626. Impresa por Editorial Libertad y Expresión, Insurgentes Centro 98, colonia Tabacalera, Ciudad de México, teléfono 55549192. Este número se terminó de imprimir el 30 de septiembre de 2019. Distribuida por la Unión de Voceadores de México, despacho de Gloria Santillán, Ignacio Mariscal 44, col. Tabacalera, CP 06030, México, DF, teléfono 55 92 08 91. CONTRALÍNEA reconoce el deber de veracidad y la cláusula de conciencia de reporteros y articulistas. Los textos son responsabilidad de sus autores. Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reﬂejan la postura del editor de la publicación. Queda totalmente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos o imágenes de la publicación sin previa autorización de Editorial Libertad y Expresión, SA de CV.

OPINIÓN 6

OFICIO DE PAPEL GOBERNACIÓN TIENE “DEUDA NO DOCUMENTADA” POR 22 MIL MILLONES DE PESOS Miguel Badillo

ZONA CERO CIERRE DE LA NORMAL JACINTO CANEK, ¿EL VERDADERO ROSTRO DE LA 4T? Zósimo Camacho

CONTRAPODER LAS MUJERES CONTAMOS Y LAS DENUNCIAS CONTRA SUS LUCHAS Álvaro Cepeda Neri ARTÍCULOS

UNA REFORMA CONSTITUCIONAL PARA LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS Ana Gómez, Ashley Semington y Carlos A Ventura

LA IGNORANCIA ECONÓMICA Óscar Enrique Díaz Santos

PASADO, PRESENTE Y FUTURO DEL SECTOR ELÉCTRICO/PARTE I - EL ÁRBOL QUE NACIÓ TORCIDO EN EL PORFIRIATO Martín Esparza Flores

18 Circulación certiﬁcada por Romay Hermida y Cía, SC, folio: 00010-RHY

PARECE Luis Beatón/Prensa Latina 20

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ARGENTINA: CRÓNICA DE UNA DEVALUACIÓN INDUCIDA Pablo Wahren/ Celag

LA COMPRA DE GROENLANDIA: TRUMP NO ESTÁ TAN LOCO COMO

BRASIL: EL DÍA QUE EL CIELO SE FUE Brian Mier/Brasilwire-Telesur

CONTENIDO

DIRECTOR Miguel Badillo oﬁciodepapel@yahoo.com.mx COORDINADORES INFORMACIÓN Y EDICIÓN WEB Nancy Flores nancy@contralinea.com.mx EDICIÓN IMPRESA Zósimo Camacho zosimo@contralinea.com.mx CONTRALÍNEA TV Érika Ramírez esoemi@contralinea.com.mx DISEÑO Miguel Minero mimiga@contralinea.com.mx PUBLICIDAD Martha Moreno mmoreno@contralinea.com.mx DEFENSOR DEL PERIODISTA

Álvaro Cepeda Neri cepedaneri@prodigy.net.mx DEFENSOR DEL LECTOR Jorge Melendez Preciado jamelendez@prodigy.net.mx EDITORIALISTAS Fabio Barbosa fabiobarbosacano@gmail.com Miguel Concha Malo educacion@derechoshumanos.org.mx Martín Esparza garrasleo6@yahoo.com.mx Roberto Galindo galeondelsur@hotmail.com Samuel Lara Villa WEB Hugo Sadh

INVESTIGACIÓN

PORTADA Guardia Nacional, modelo militar que ha fracasado Viridiana García

SOCIEDAD AMLO, detrás de los grandes casos contra la corrupción: Robles, Lozoya y Collado

ILUSTRADOR David Manrique manrique@contralinea.com.mx

Viridiana García 34

SOCIEDAD Economía mexicana, estancada y con posibilidad de caer en recesión Viridiana García

SOCIEDAD AMLO y su tensa relación con partidos, instituciones, poderes, ONG e indígenas Viridiana García/Marcial Yangali

SOCIEDAD La difícil relación AMLO-prensa: violencia discursiva y publicidad discrecional Marcial

Imagen de portada: ISAAC ESQUIVEL/ CUARTOSCURO

Yangali

ANÁLISIS

INTERNACIONAL Guerra inﬁnita: Estados Unidos y las drogas en Colombia Tamara Lajtman y Christian Arias Barona/Celag

INTERNACIONAL Resistencia democrática en la era Bolsonaro Camila Vollenweider y Bárbara Ester/Celag

MISCELÁNEO

EX LIBRIS Ernest Cassirer: un repaso de las teorías políticas Álvaro Cepeda Neri

REDACCIÓN 5554-9194 PUBLICIDAD 5554-9191 VENTA DE LIBROS 5554-9192 Ignacio Aldama 74-8, colonia Del Carmen, delegación Coyoacán, CP 04100, México, DF

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OPINIÓN OFICIO DE PAPEL

GOBERNACIÓN TIENE “DEUDA NO DOCUMENTADA” POR 22 MIL MDP MIGUEL BADILLO

on una “deuda no documentada” por 22 mil millones de pesos, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, recibió la administración de esa dependencia con una larga lista de pendientes y presuntas irregularidades que hasta ahora –en los primeros 9 meses del gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador– no se ha podido determinar el monto del posible daño patrimonial y el supuesto desvío de recursos al que se enfrentan. “Son muchos expedientes abiertos por contratos mal otorgados, faltantes de bienes y servicios comprados, devíos de recursos públicos, asignaciones sin licitar”, dice una de las fuentes involucradas en las investigaciones que llevan cabo la Secretaría de la Función Pública (SFP), a través del Órgano Interno de Control (OIC), y la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Precisan que todas las anomalías que ahora son investigadas y que empiezan a identificarse por montos y daños causados, corresponden a los primeros 5 años de gobierno de Enrique Peña Nieto, cuando al frente de Gobernación estaba el hidalguense Miguel Ángel Osorio Chong. Uno de esos expedientes y del cual el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, ha dado detalles a la prensa desde hace varias semanas, es el relacionado con la adquisición de un megasistema de inteligencia denominado “Análisis, Diseño e Implementación de la Plataforma del Sistema de Explotación de la Información de Inteligencia”, para el supuesto uso de la División de Inteligen-

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cia Policía Federal, que en el sexenio pasado estuvo a cargo de Damián Canales Mena. Bajo el argumento de “seguridad nacional”, la adquisición de ese sistema de inteligencia (software, drones, decifrar datos, etcétera) por alrededor de 2.5 mil millones de pesos se hizo directamente con la empresa israelí Rafael Advance Defense Systems, la cual lo habría vendido a más del doble de su precio; pero lo más grave, afirman los investigadores, es que se compró un sistema motorola “incompatible” con el equipo con el que cuenta el área de inteligencia de la Policía, por lo que “prácticamente no se pudo utilizar en el sexenio pasado. De tal manera que fue una compra cara, absurda e incompleta, pues faltaron entregables por alrededor de 1.5 mil millones de pesos”. Los directamente relacionados en las indagatorias son por ahora el exsecretario de Gobernación, Osorio Chong; el excomisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia; el titular de la División de Inteligencia de la Policía Federal, Damián Canales Mena; y hasta el exoficial mayor de Gobernación, Jorge Márquez. Este último está relacionado en varios expedientes abiertos en la SFP y en la ASF. En la información que se había proporcionado anteriormente, el secretario Durazo había afirmado que dicha compra se hizo en 2015 y ascendió a 2 mil 458 millones de pesos, lo que significó un sobreprecio de casi el ciento por ciento, por lo cual aún se adeuda a la empresa israelí cerca de 1.5 mil millones.

OFICIO DE PAPEL

OPINIÓN

Explicó que fue el policía Damián Canales to Bazbaz Sacal. El titular del Órgano Interno quien autorizó y firmó el contrato de la com- de Control de la Secretaría de Hacienda reveló pra y los convenios modificatorios que elevaron que hay un expediente abierto contra Bazbaz cuantiosamente el precio sin que hubiera “en- por diversas anomalías y en breve se dará a tregables” en el patrimonio de la Policía Federal. conocer el avance de esas indagatorias… Otro Las fuentes relacionadas con las indagatorias abogado sujeto a investigación es Alfredo Casrevelaron que resulta por lo menos “extraño” tillo Cervantes, exdirector de la Conade y excoque en las pláticas que sostuvieron represen- misionado del gobierno federal en Michoacán, tantes de la empresa Rafael Advance Defense quien estaría relacionado en negocios con CasSystems con funcionarios de Gobernación para tillejos y Bazbaz… Otro que anda muy nervioque les finiquitara dicho contrato, estuvo pre- so es el ministro Eduardo Medina Mora, aquel sente un alto directivo de la empresa Televisa, que ha estado presente en todas las reuniones defendiendo los intereses del capital israelí, has- y festejos en bodas, cumpleaños y bautizos de ta que se le advirtió que no se había entregado priístas y abogados que los defienden. Resulta completo el producto y por tanto no se podía que además de las cuentas bancarias que revisa la UIF al ministro Medina Mora, esposa y pagar. Cuentan que en esa reunión el mismo di- familia, se descubrieron cuantiosas transferenrectivo de Televisa reculó ante tal advertencia cias y triangulaciones de una financiera y un y después reconoció que si no había “entrega- fideicomiso. También se analiza el testamenbles” de parte de la empresa de Israel, enton- to que dejó su hermano el banquero Manuel Medina Mora, falleces no podían estar cido a principios de cobrando la cantidad Son expedientes abiertos por contraagosto, y quien había acordada. Puntos suspensi- tos mal otorgados, faltantes de bienes y sido copresidente de vos... Como lo había- servicios comprados, desvíos de recur- Citigroup… Y rematamos con un hecho mos comentado desde sos públicos, asignaciones sin licitar... poco usual que habría hace varios meses en ocurrido a finales de la esta columna, las indagatorias en contra del exconsejero jurídico administración de Enrique Peña Nieto, cuando de la Presidencia de la República, Humberto se utilizó el área de contrainteligencia del CenCastillejos Cervantes, cada vez lo ponen más tro de Investigación y Seguridad Nacional para cerca de un proceso penal que lo podría llevar espiar a quien hoy ocupa la Dirección Genea la cárcel por los supuestos delitos de corrup- ral de la UIF, Santiago Nieto, a quien tomaron ción, abuso de poder y uso indebido del servicio fotografías “comprometedoras” y las metieron público. Según las indagatorias, que alcanzan en un sobre y se las enviaron a quien era su estambién el manejo de cuentas bancarias e in- posa para causar un conflicto familiar. Sin reversiones, el exfuncionario utilizaba despachos velar detalles de su vida privada, algo que en de abogados privados para triangular procesos esta columna se respeta y se entiende que todos penales y administrativos que tuvieran relación sin excepción tenemos derecho, se afirma que alguna con el gobierno federal y era allí en don- habría sido el exoficial mayor de Gobernación, de se solucionaban previo pago de comisiones Jorge Márquez, quien habría dado la orden; sin que oscilaban entre el 30 y el 60 por ciento de embargo, preguntamos directamente al exfunlos montos en conflicto… Sin embargo, no sólo cionario y su respuesta fue contundente: “sí se se investiga al abogado Castillejos, también hay hizo, pero no fui yo, fue Beltrán”, en referencia averiguaciones penales y financieras en contra al subprocurador Alberto Elías Beltrán, quien de quien fuera director general de la Unidad de estuvo encargado del despacho de la PGR y Inteligencia Financiera (UIF) y exdirector gene- con quien Santiago Nieto tuvo fuertes conflictos ral del Centro Nacional de Inteligencia, Alber- como fiscal electoral.

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OPINIÓN ZONA CERO

CIERRE DE LA NORMAL JACINTO CANEK

¿EL VERDADERO ROSTRO DE LA 4T? ZÓSIMO CAMACHO

s una de las tres normales indígenas del país del estado y la Federación. Lo sorprendente es que y la única que, además de ser indígena, es el gobierno de Rutilio Escandón (hoy de Morena, intercultural y bilingüe. Se encuentra en el antes del PRD, priísta de origen) secundara la demunicipio de Zinacantán, en el estado de Chiapas. terminación. El gobierno federal –en complicidad, La historia que hoy vive esta institución es insólita y, más que por omisión– en los hechos ha avalado el “cierre definitivo” de la normal. debería ser, escandalosa. Para el inicio del presente ciclo escolar, los estuComo en el caso de las normales rurales, ha subsistido estos años neoliberales gracias al empuje diantes se encontraron con que no había recursos y la conciencia de sus alumnos que, generación tras para el diésel de los autobuses que deberían salir de generación, deben movilizarse para mantenerla San Cristóbal de las Casas rumbo a Zinacantán. La abierta. En semanas pasadas, los estudiantes de- escuela no cuenta con internado (una de las demanmandaron que se realizara una auditoría a la di- das de las sucesivas generaciones de la normal) y, por rección anterior, a cargo de Manuel Bolón, luego lo tanto, los estudiantes (provenientes de las regiones indígenas de la entidad) de evidencias de desvío deben pernoctar en alde recursos; la asignación de una plantilla Sólo son estudiantes indígenas de- gún lugar de San Criscompleta de profesores, mandando un lugar digno para estudiar. tóbal. El autobús tiene que trasladarlos todos y la liberación de los reSólo sin muchachos y muchachas exilos días hasta la escuela cursos para la compra giendo rendición de cuentas y justicia en un recorrido de 11.3 de diésel para los autokilómetros. Los alumnos buses que diariamente tuvieron que llegar camideben trasladar a los estudiantes desde San Cristóbal de las Casas hasta nando al que sería su primer día de clases. Ni pensar el plantel. Se trata de demandas legítimas que, lejos en las líneas de autobuses privadas, pues cobran 60 de violentar las leyes, se realizan en el marco de lo pesos el trayecto. Pagar diario 120 pesos (ida y vuelta) es inalcanzable para estos estudiantes indígenas. dispuesto por la Constitución mexicana. Eso fue apenas la primera sorpresa. No fue la La respuesta de las autoridades fue el anuncio del cierre definitivo de la escuela y una campaña peor. En lo que sería la ceremonia del inicio de de desprestigio contra los alumnos. El cierre de la cursos se les presentó el nuevo cuerpo de maestros: escuela fue “decretado” (así, como si tuviera facul- apenas seis profesores y dos directivos para una tad para hacerlo) por el presidente municipal de población de 357 alumnos y alumnas. Ni siquiera Zinacantán, el priísta Francisco de la Cruz Pérez. con la capacidad de cubrir todo el mapa curriEl berrinche del servidor público del tercer nivel de cular. Además, entre la planilla de profesores que gobierno ocurrió luego de que los alumnos no se posteriormente se integraría, figura el nombre del sometieran y rechazaran las migajas que recibían Manuel Bolón, el exdirector cuya administración

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OPINIÓN

ISABEL MATEOS/CUARTOSCURO

ZONA CERO

piden los estudiantes que sea auditada. Y para la burla, las autoridades les anunciaron que, por recorte de presupuesto, no habría cupo para todos los de nuevo ingreso, ya ahí presentes, aceptados formalmente por la institución, inscritos y quienes incluso ya habían pagado los derechos de trámite de nuevo ingreso. Les dijeron que en lugar de 90 sólo podrían ingresar 80: que 10 estaban fuera y no habría marcha atrás. En ese mismo lugar los estudiantes tomaron la palabra, en pleno uso de los derechos a las libertades de expresión. Reclamaron a las autoridades y dijeron que se movilizarían; que no aceptaban esas condiciones, y que iniciarían una jornada de protestas. Indignado, el presidente municipal de Zinacantán declaró entonces el “cierre” de la normal. Ahora las autoridades federales y estatales no reciben a los estudiantes. Simplemente dejaron de enviar presupuesto, maestros y autobuses. ¿Así responde la llamada 4T a las demandas de estudiantes indígenas? ¿No que becarios sí, sicarios no? ¿Creen que pueden burlarse de estudiantes y borrarlos de un plumazo precisamente porque son indígenas? En la Escuela Normal Intercultural Bilingüe Jacinto Canek estudian indígenas de nueve de las 12 lenguas que se hablan en Chiapas. Las licenciaturas

que se imparten son en educación primaria y en educación prescolar, ambas con la especialidad en educación indígena intercultural. Esta escuela no sólo es necesaria en la entidad, las propias comunidades la han hecho suya. Cada año recibe entre 400 y 500 solicitudes de nuevo ingreso, aunque sólo acepta a 90. La demanda es la más alta de las normales del estado, sólo por debajo de la Escuela Normal Rural de Mactumactzá. Ahora, en plenas movilizaciones en demanda de diálogo, los estudiantes se encuentran bajo represión directa por parte de las corporaciones policiacas de los tres niveles de gobierno y bajo una campaña política y mediática orquestada por las autoridades estatales y municipales. Sólo son estudiantes indígenas demandando un lugar digno para estudiar. Sólo son muchachos y muchachas exigiendo rendición de cuentas y transparencia en el ejercicio de los recursos a los que tienen derecho. ¿Tienen que entender que el cierre de su escuela es la “cuarta transformación”? Videos de las indignantes golpizas contra alumnos y alumnas que les propinan las fuerzas policiacas circulan en redes sociales. Rutilio gobierna bajo las siglas de Morena. La actual clase gobernante no puede deslindarse de esta represión.

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OPINIÓN CONTRAPODER

LAS MUJERES CONTAMOS LAS DENUNCIAS CONTRA SUS LUCHAS ÁLVARO CEPEDA NERI

adio Educación sigue dando el ejemplo en el espectro radial presentando al aire relevantes programas. En uno de ellos llevado a cabo el martes 6 de este agosto, se presentó el titulado Las mujeres contamos, donde participaron varias dolidas invitadas que enumeraron cómo son víctimas en todo el país debido a sus luchas sociales en favor de los derechos humanos, la defensa del medio ambiente, la pasión que sienten por la defensa de sus tierras que, en compañía de sus familias –muchas de ellas padeciendo la encarcelación de sus esposos por los mismos motivos–, libran desigual confrontación contra la policía y soldados que por órdenes federales y de los desgobernadores... ¡no se diga del déspota junior Murat en Oaxaca!, ¡el de Chiapas!, ¡el de Guerrero!, y todos esos caciques del viejo priísmo, así como de panistas y hasta de Morena, ordenan, pues, arremetidas feroces para obligarlas a desistir de sus luchas. Ellas, las que estuvieron en Radio Educación, describieron desgarradoras escenas donde, siguiendo la tradición de los pueblos nativos, sus comunidades han estado defendiendo férreamente sus ideales y programas para apenas sobrevivir en condiciones de pobreza, pero con el férreo carácter femenino cuando éste decide a mostrarse combativo. Para los radioescuchas fue una hora de narraciones sobre cómo siguen luchando en sus pueblos y comunidades contra las fuerzas represivas gubernamentales y sus cómplices, que siguen embistiéndolas para que se rindan. Así que tal y como puntualizaron, prevalece en todo nuestro país una constante salvajada de

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quienes no quieren defensores de los derechos humanos ni defensores del ambiente contra la deforestación, la contaminación de los ríos y el uso excesivo de pesticidas que están dañando los frutos de la agricultura (y que, por consiguiente, lo hacen con el ser humano). Se trata de una acción conjunta de los gobernantes y su brazo policiaco-militar para perseguir, torturar, encarcelar y asesinar a los mexicanos que están decididos hasta a exponer sus vidas, para tratar de impedir esos actos que, siendo delitos, los toleran y parecen protegerlos quienes deberían estar de parte de esos hombres y mujeres que persisten en su tarea, aunque para ello tengan que pagar hasta con sus vidas. Lo narrado en el programa radiofónico de Radio Educación es desgarrador en sumo grado. Muchas de ellas han sufrido detenciones arbitrarias en nombre de los abusos del poder público y de la violencia más sangrienta. Así que las participantes aprovecharon el programa Las mujeres contamos, para denunciar esas atrocidades a fin de enterar a los radioescuchas, llamando a crear conciencia sobre ese drama nacional. Sus relatos de hechos donde ellas mismas han sido víctimas de las amenazas cumplidas, dejaron, pues testimonios del sufrimiento individual y colectivo que padecen en sus comunidades. Tal parece que, tras la despiadada crítica presidencial a los defensores de los derechos humanos, empezando por la CNDH, esos delincuentes, funcionarios civiles y con uniforme militar-policíaco cuentan con anuencia para llevar a cabo impunemente esas acciones de infamia.

OPINIÓN ARTÍCULO

UNA REFORMA CONSTITUCIONAL

PARA LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS

ANA GÓMEZ, ASHLEY SEMINGTON Y CARLOS A VENTURA/COLABORADORES DEL CENTRO DE DERECHOS HUMANOS FRAY FRANCISCO DE VITORIA OP, AC

a situación de los pueblos y comunidades en los Acuerdos de San Andrés Larraínzar, donde indígenas se ha caracterizado por una his- se plasmó la obligación del Estado de reconocer y tórica falta de acceso a sus derechos, por garantizar el ejercicio de la libre determinación y ejemplo, como resultado de la falta de acciones autonomía de los pueblos y comunidades indígeaplicadas por parte Estado para asegurar el míni- nas. Por desgracia, dichos acuerdos fueron mutilamo esencial en materia de derechos económicos, dos en posteriores procesos legislativos; fue evidente sociales, culturales y ambientales, o por acciones que el Estado mexicano traicionó lo acordado con dirigidas a violentar a las comunidades indígenas el EZLN y llevó a cabo una insuficiente reforma por medio de la limitación o denegación de su de- constitucional en materia de derechos de los puerecho a la libre determinación y autonomía, el cual blos indígenas a inicios de la década de 2000. Esto representa el eje central para la realización plena de resultó en un reconocimiento sólo individual de los derechos de las personas indígenas, y no en uno todos sus derechos. colectivo y adecuado a Ante la falta de rela forma organizativa conocimiento y de resEl derecho a la libre determinación y de las comunidades y peto, diversos pueblos y comunidades indígenas autonomía está pacialmente reconocido pueblos indígenas, dese han organizado y enconstitucionalmente; continúa limitado bilitando el margen de protección y ejercicio cabezado movimientos por una supuesta ‘unidad nacional’ de sus derechos. Se impor la lucha de sus derepidió su reconocimiento chos; éstas no han parconstitucional como sutido de una perspectiva formalista anclada en el Estado moderno, sino des- jetos de derechos público. El derecho a la libre determinación y autonode la reivindicación histórica de sus propias formas organizativas. Uno de los ejemplos más citados es el mía está parcialmente reconocido constitucionaldel surgimiento público en 1994 del Ejército Zapa- mente, sin embargo continúa limitado por una tista de Liberación Nacional (EZLN), ya que marcó supuesta “unidad nacional” establecida como límiun precedente al apropiarse del derecho nacional e te máximo de la autonomía y libre determinación. internacional para exigir y reivindicar los derechos Lo cual reduce la capacidad jurídica de los pueblos de los pueblos y comunidades indígenas, dando un y comunidades indígenas sólo a entidades de intesignificado abismalmente distinto a la percepción rés público, y no de sujetos de derecho público, ya general que existe sobre quiénes y cómo debe ser que lo segundo implicaría el respeto a las formas orutilizado y aplicado el derecho, ya que esta facultad ganizativas de los pueblos y comunidades indígenas como sujeto colectivo de derecho. había sido reservada únicamente al Estado. Por lo mencionado anteriormente, y para dar Así pues, el proceso del EZLN también derivó

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CARLOS OGAZ/CUARTOSCURO

ARTÍCULO

una respuesta a esta deuda histórica, el actual gobierno federal se ha dado a la tarea de lanzar una propuesta de Reforma Constitucional sobre los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Sin embargo, para entender la trayectoria de la historia de la relación entre los pueblos y comunidades indígenas y el Estado mexicano, es necesario recordar que los puntos expresados en esta propuesta de reforma no son del todo innovadores, sino más bien una reiteración de los temas centrales en los Acuerdos de San Andrés. De esta forma, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) ha iniciado un proceso de consulta con los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos en territorio mexicano y con aquellos que residen en el extranjero. El objetivo de estos espacios construidos como foros es discutir al menos los 16 temas que componen la propuesta, los cuales se podrían enmarcar en cinco puntos: la libre determinación y autonomía, el derecho a la tierra, el territorio y la consulta, el derecho a la participación efectiva, los derechos económicos, sociales,

culturales y ambientales, y finalmente los derechos de grupos de atención focalizada. Tal como lo han expresado comunidades y pueblos indígenas y sus organizaciones acompañantes, los foros de consulta que concluyeron el pasado 9 de agosto, pueden ser perfectibles, dado que es considerable la necesidad de ampliar la difusión y participación. De ahí que exista una seria preocupación para que toda la información referida a las propuestas del INPI, recogidas en estos foros, así como el proceso legislativo, lleguen a los pueblos y comunidades indígenas y afros, quienes son los sujetos centrales de esta reforma constitucional. Por ello, es necesario continuar facilitando y abriendo espacios de comunicación y diálogo entre los pueblos y comunidades indígenas, y los distintos actores involucrados en este proceso. Ojalá esta reforma se logre conforme al interés de los sujetos principales que son los pueblos. Incluso, que esta reforma sea una respuesta efectiva para avanzar en uno de los pendientes históricos que México tiene con las y los indígenas.

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OPINIÓN ARTÍCULO

PASADO, PRESENTE Y FUTURO DEL SECTOR ELÉCTRICO EL ÁRBOL QUE NACIÓ TORCIDO EN EL PORFIRIATO MARTÍN ESPARZA FLORES, SECRETARIO GENERAL DEL SINDICATO MEXICANO DE ELECTRICISTAS/PRIMERA PARTE

esde inicios del siglo pasado en que surgieron los primeros visos de la industria eléctrica, el gobierno de Porfirio Díaz condenó al país a la dependencia energética al entregar concesiones de generación a empresas extranjeras; con la creación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en 1937, en el gobierno de Lázaro Cárdenas, su política nacionalista buscó que el Estado generara electricidad para impulsar un verdadero desarrollo económico, objetivo cristalizado con la nacionalización del sector el 27 de septiembre de 1960, en el sexenio de Adolfo López Mateos. Con la llegada de los regímenes neoliberales y la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), en la administración de Carlos Salinas de Gortari se inició una reversa al proyecto nacionalista, al abrir la participación de la industria eléctrica al capital privado, nacional e internacional. Esta desnacionalización trató sin éxito de llevar a la apertura total del sector en los sexenios de Ernesto Zedillo y Vicente Fox, pero en el gobierno de Felipe Calderón dio inició el proceso privatizador con el golpe al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), que había denunciado esta estrategia. La reforma energética de Enrique Peña Nieto terminó de abrir las puertas a las trasnacionales que ya detentaban la mitad de la generación de energía del país y regresó a la industria eléctrica al punto de partida del porfiriato, al permitirles una participación total en el sector. Ante la necesidad

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de devolver su sentido nacionalista a esta rama estratégica, urge un debate en el país que le devuelva el rumbo perdido, con la participación de los tres poderes de la Unión, los usuarios y trabajadores con el fin de que la electricidad vuelva a ser puntal del desarrollo económico social y económico de México. En esta serie de entregas trataremos de llevar de la mano a nuestros lectores sobre los antecedentes y cambios que ha sufrido el sector eléctrico durante el pasado siglo y las primeras dos décadas del nuevo milenio, pero, sobre todo, plantear su futuro en consideración al bienestar de las mayorías.

Y se hizo la luz… Aunque fue en 1880 cuando se instalaron las primeras bombillas de iluminación en el Zócalo capitalino, al comenzar a operar las incipientes empresas generadoras de energía como la Compañía Mexicana de Gas y Luz Eléctrica en la Ciudad de México y otras más en ciudades como Guadalajara, 1884; Monterrey, 1888; Veracruz y Mérida, 1889, no fue hasta 1902 en que hizo su aparición en nuestro país la empresa canadiense Mexican Light and Power Company (Mex-Light), que se inició el desplazamiento paulatino de las pequeñas compañías hasta permitirle, con las concesiones y el apoyo total del gobierno de Porfirio Díaz, convertirse en las primeras cinco décadas del siglo pasado en el monopolio eléctrico más importante del país hasta su nacionalización en 1960.

ARTÍCULO OPINIÓN

Bastaron un par de años para que en 1906, la poderosa Mexican Light tuviera a su favor más concesiones del gobierno mexicano y de las autoridades locales de Puebla, Hidalgo, Estado de México y Michoacán. Además, y como parte de la misma firma anglocanadiense, surgió la Mexican Tramways, ambas empresas compartieron hasta 1933 oficinas, talleres, operarios y sistemas de administración. El régimen autoritario de Díaz no midió las consecuencias que tendría años más tarde para la economía del país y la ralentización de su crecimiento, el permitir el desplazamiento de las pequeñas firmas locales, alentando y protegiendo al monopolio generador de energía más grande de México y en su momento de América Latina. El dictador no sólo otorgó a la empresa extranjera concesiones de 50 y hasta 97 años; además, les autorizó el aprovechamiento irrestricto de aguas propiedad de la nación, permitiéndoles instalar plantas hidroeléctricas, redes de transmisión, distribución y oficinas de comercialización. Por ejemplo, el 24 de marzo 1903, la Mexican Light obtuvo el permiso para explotar los ríos Necaxa, Tenango y Xaltepuxtla. En aras de un aparente proyecto de desarrollo nacional, Díaz entregó la dependencia de la economía nacional a los propósitos desmedidos de acumulación de ganancias del capital extranjero, de tal manera que tras el triunfo del movimiento armado de 1910, la naciente industria eléctrica se vio sometida al uso de una tecnología atrasada, no competitiva y que en consecuencia sólo abastecía de materia prima y servicios intermedios a las empresas. Las compañías extranjeras, con la mano en la cintura, se llevaron millonarias ganancias por regalías y utilidades. En contrasentido a su expansión y alta rentabilidad, para el monopolio eléctrico las condiciones laborales de sus trabajadores eran un asunto de poca importancia, pues desde su entrada en funciones las firmas extranjeras aplicaron una sistemática represión a todo intento por constituir una organización que defendiera sus derechos. En medio del fragor de la lucha revolucionaria, el 14 de diciembre de 1914, nació el SME, iniciando un mes después, el 19 de enero de 1915, negociaciones con la Mexican Telegraph and Te-

lephone, que si bien aceptaba el diálogo se negaba a reconocer al naciente sindicato, como era también el caso de la Mexican Light. La lucha por lograr mejores condiciones a los trabajadores fue dura, pues además de la intransigencia de las firmas extranjeras, en 1916, el gobierno de Venustiano Carranza mandó encarcelar a sus dirigentes por el hecho de haber ido al paro, al exigir el pago de su salario en oro y no en papel moneda que perdía valor. El entonces secretario general Ernesto Velasco estuvo a punto de ser fusilado por asumir con el Sindicato Mexicano de Electricistas el reclamo generalizado no solo de sus agremiados, sino de todos los obreros de la Ciudad de México. La raigambre histórica del SME estuvo siempre ligada al parto revolucionario del país y al nacimiento de la industria eléctrica nacional.

Creciente monopolio En el contexto de las décadas posteriores al México posrevolucionario y en su afán de lucro, la Mexican Light y otras firmas como la American and Foreign Power, sólo se preocuparon por prestar el servicio a los industriales y a los sectores sociales que podían redituarles ganancias seguras sin reclamar por sus altas tarifas, sobre todo en los centros urbanos. Las áreas rurales, semi-rurales y zonas de extrema pobreza urbana nunca entraron en sus planes de expansión, pues ello hubiera requerido realizar inversiones riesgosas y de largo plazo con ganancias dudosas o mínimas. México y el desarrollo integral de su población, nunca fueron sus prioridades. Ante el riesgo de que el desarrollo nacional estuviera supeditado a los intereses de las firmas extranjeras, el 14 de agosto de 1937 el presidente Lázaro Cárdenas decretó el nacimiento de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). El país tenía entonces 18,3 millones de habitantes y solo tres empresas ofrecían el servicio eléctrico a unos 7 millones de mexicanos; es decir, 62 por ciento de la población carecía del servicio eléctrico. La política nacionalista en favor del sector eléctrico iniciada en el sexenio de Cárdenas se cristalizó el 27 de septiembre de 1960, con la nacionalización del sector en el gobierno de Adolfo López Mateos.

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LA COMPRA DE GROENLANDIA TRUMP NO ESTÁ TAN LOCO COMO PARECE LUIS BEATÓN/PRENSA LATINA

a Habana, Cuba. El solo hecho de Groen- productor mundial de esos minerales “extraños”, ya landia ser depositaria del 10 por ciento del que la nación asiática procura más del 70 por ciento agua del mundo lleva a muchos a pensar que de esos metales estratégicos y goza de una amplia heel presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no gemonía en cuanto a baterías de autos eléctricos. Una descripción de la gran isla indica que es la está tan loco como parece al lanzar una propuesta de compra de esa isla en el Ártico. Si a la riqueza segunda más grande del mundo, un territorio danés del oro azul se suman otros valiosos recursos natura- autónomo de 2.2 millones de kilómetros cuadrados les y consideraciones geoestratégicas de Washington entre los océanos Atlántico Norte y Ártico, y con 2.5 en su permanente lucha contra China, Rusia y otros millones de kilómetros cuadrados de zona exclusiva países, la propuesta de la Casa Blanca pudiera ser económica, lo que la convierte en un manjar apetecible para el voraz Trump. Pero, en contra de las ideas entendible. Un análisis que publica Mirko C Trudeau, ex- del mandamás estadunidense está su propia oferta perto del Observatorio de Estudios Macroeconómi- de 100 millones de dólares a los daneses: quiere pagar poco por mucho. cos (Nueva York), sobre La primera ministra la propuesta de Trump El apetito de Trump se justiﬁca tan de Dinamarca, Mette plantea que una anexión de la gran mole he- sólo porque en la región ártica se en- Frederiksen, fue catególada frenaría los apetitos cuentra el 13 por ciento de las reservas rica en su respuesta al magnate estadunidense. de China y Rusia en el petroleras mundiales no exploradas “Groenlandia no está a Ártico. Agrega Trudeau la venta. Groenlandia no que otros analistas consideran que “con el cambio climático, se abren nuevos es danesa. Groenlandia pertenece a Groenlandia”. espacios que facilitarían la extracción de numerosos La respuesta hirió el amor propio de Trump. Para materias primas, como hierro, zinc, rubís, uranio, quien se considera “emperador” del mundo fue una diamantes y agua dulce (el 10 por ciento de la re- respuesta “desagradable y sarcástica” y se sintió doliservas mundiales). También se especula que podría do. “No debería tratar así a Estados Unidos”, arguyó el mandatario. haber petróleo. Por otra parte, otros presidentes estadunidenses El experto destaca el creciente interés de Washington en las llamadas tierras raras que se usan en las ba- intentaron expandir a su país hasta la isla. Por ejemterías de los coches eléctricos y casi cualquier aparato plo, en 1946 el presidente Harry Truman ofreció a electrónico con batería, desde el teléfono celular hasta los daneses 100 millones en oro por Groenlandia, centrales eólicas, pasando por sistemas de defensa mi- pero Dinamarca rechazó la oferta. Pese a los desencuentros, Washington y Copenlitares. Esto también se inscribe en la guerra comercial que el gobernante mantiene con China, el primer hague son parte de un tratado de defensa desde

2 de septiembre de 2019

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1951, lo que aparejado con la creación de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) permitió a Estados Unidos construir una base aérea en Thule, a menos de 1 mil 600 kilómetros del Polo Norte, en la costa noroeste de la isla. Ese enclave, un puesto avanzado del poderío nuclear del Pentágono, es la única instalación existente al norte del círculo polar ártico y el puerto y base aérea más septentrionales que tiene Washington para el caso de que se dispare una disputa armada en el Ártico. El Pentágono tiene desplegado en Thule el Duodécimo Escuadrón de Alerta Espacial, que se encarga de la vigilancia antimisiles y espacial mediante un enorme sistema de radar, según explica la página web especializada Defensenews. El columnista de Bloomberg Leonid Bershidsky plantea que este avance “haría más difícil a Rusia sellar su control de la Ruta del Mar del Norte y aliarse con China para monopolizarla”. Esta ruta es la vía

marítima más transitada del Ártico y corre por aguas territoriales rusas, desde el mar de Barents, cerca de la frontera con Noruega, hasta el estrecho de Bering, entre Siberia y Alaska. El apetito de Trump se justifica, además, porque en la región ártica estimados consideran está el 13 por ciento de las reservas petroleras mundiales aun no exploradas. También los groenlandeses son dueños de grandes reservas de “tierras raras”, entre ellas: neodimio, praseodimio, disprosio y terbio, y otras que incluyen uranio y derivados del zinc, casi todas materias primas esenciales para la producción de tecnologías de la comunicación y energía, como turbinas eólicas, vehículos eléctricos o celulares. Sin duda, Trump sabe de negocios esquilmadores y también tiene en cuenta la creciente importancia estratégica de esta remota isla y de la región, aunque sus sueños árticos tendrán que esperar a que los países se vean obligados a vender su soberanía.

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ARGENTINA CRÓNICA DE UNA DEVALUACIÓN INDUCIDA PABLO WAHREN/ECONOMISTA POR LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES, ARGENTINA/CELAG

rgentina atraviesa un sacudón político y económico. El domingo 18 de agosto, el candidato opositor Alberto Fernández logró una victoria en las elecciones primarias que superó ampliamente las perspectivas más optimistas y lo dejó al borde de un triunfo en las elecciones generales de octubre. En lo económico, el peso argentino se devaluó fuertemente, lo que profundizó la crisis social que atraviesa el país. El gobierno buscó hacer campaña política con el caos para recuperar el terreno electoral perdido pero, ante el repudio social, recalculó y ahora busca estabilizar el dólar. Asimismo, lanzó un conjunto de políticas sociales que resultan insuficientes ante el daño causado. Argentina enfrentará meses convulsionados y un cambio en la política económica se vuelve cada vez más urgente.

El lunes negro La primera pregunta que debemos responder es: ¿qué pasó el lunes posterior a las elecciones? Ese día el precio del dólar subió de 42 a 60 pesos, la bolsa argentina anotó la segunda caída más importante de cualquier bolsa en la historia y el riesgo país se disparó al valor más alto desde la gran crisis financiera internacional de 2009. La primera lectura de los analistas fue que esto se debía al miedo al “retorno del kirchnerismo” al poder, lectura que fue fogoneada por el propio gobierno. Sin embargo, este análisis merece una reflexión más profunda. Todo gobierno tiene la capacidad de intervenir el mercado para poder resguardar su divisa mediante el aumento de las operaciones cambiarias.

2 de septiembre de 2019

Resultó llamativo que la subida del dólar se dio en un contexto de bajo volumen operado. Ese día se hicieron operaciones de compra y venta de dólares en el mercado mayorista por 500 millones de dólares, menos que cualquier día de la semana pasada en el que se operaron entre 600 y 900 millones de dólares por día. Es decir, no hubo una demanda extraordinaria como sí ocurrió, por ejemplo, en la devaluación de abril de 2018. Por lo tanto, el problema vino por el lado de la oferta. La incertidumbre generada por la caída de acciones y bonos hizo que ese día los oferentes de divisas, como los exportadores, prefirieran no vender dólares hasta conocer cuál sería la cotización final. Allí es donde apareció una clara (ir)responsabilidad del gobierno: -Por instigar constantemente una perspectiva muy oscura sobre una victoria de Alberto Fernández que no se condice con lo que vienen pensando sus equipos técnicos. Este factor contribuyó a la incertidumbre y al “miedo Argentina” que llevó a que inversores financieros extranjeros y locales se desprendan de activos financieros argentinos, como bonos y acciones; -Porque el país se acostumbró a los sobresaltos cambiarios en los últimos años, lo que deriva en rápidas conductas precautorias y especulativas. Por ejemplo, no vender dólares por miedo a que siga subiendo fuertemente su precio, como pasó en reiteradas ocasiones el año pasado y; -Porque todo indica que el gobierno dejó correr el precio del dólar como estrategia política. Resultó realmente muy extraño que con tan poco volumen operado el dólar llegara a subir 15 pesos antes de

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En este marco, el gobierno adoptó algunas medidas que buscan recomponer parcialmente algunos ingresos, controlar algunos precios y ofrecer algunas facilidades a las pequeñas y medianas empresas. Si bien estas medidas son bienvenidas porque la situación social es cada vez más compleja en Las medidas no alcanzan, Argentina, no logran compensar el deterioro social que arrastra el país: se necesita un cambio -No serán suficientes para recuperar lo que perde política económica derán de poder adquisitivo el salario y la AsignaAfortunadamente, la estrategia política de ha- ción Universal por Hijo a causa de la devaluación, cer uso del caos salió mal. La sociedad tuvo una ni para aliviar a las pequeñas y medianas empresas reacción muy responsable y el gobierno tuvo que que, tras esta semana, enfrentan mayores tasas de dar marcha atrás. Esto generó que el presidente interés y menores ventas. -Estas medidas poseen un fuerte carácter electohasta se disculpara y hablara en tono conciliador ral, no sólo porque van en contra del ideario políticon el gran favorito a ganar las elecciones. A partir de ese momento el Banco Central comenzó a in- co-económico del gobierno, sino porque la mayoría tervenir con más fuerza y el gobierno, a través de tiene fecha de vencimiento en las elecciones, como un nuevo ministro de Economía, a intentar llevar el bono de 1 mil pesos a la Asignación Universal por calma en materia cambiaria a fines de evitar nue- Hijo que se dará en septiembre y octubre, la reducción de aportes personavos saltos. les de los trabajadores Sin embargo, el El daño está hecho. La sociedad del sector privado en daño estaba hecho. El costo de la deva- sentirá fuertemente las consecuencias. septiembre y octubre, luación fue muy alto. Se ve golpeado el poder adquisitivo de o el congelamiento de precio de nafta por 90 Las consecuencias de una población ya muy afectada días. estas políticas se sentiLas medidas sociarán fuertemente en la sociedad. Las devaluaciones tienen traslado a los les y financieras aisladas no alcanzan. El modelo precios, en especial en Argentina y en este preciso económico del macrismo se basó en la apertura momento. Por ejemplo, los supermercados ya es- financiera indiscriminada a los capitales especulatán aumentando precios, en algunos casos entre el tivos, en un exceso de endeudamiento externo que 10 y el 15 por ciento. Por lo tanto, la devaluación financió fundamentalmente fuga de capitales, y en golpea en los ingresos de una población que ya la falta de políticas de apoyo al sector productivo. Este combo no ha solucionado ningún problema venía muy afectada. En abril de 2019 el poder adquisitivo del sala- de Argentina; más bien ha profundizado los que rio era un 15 por ciento inferior a lo que era antes existían y creado nuevos. Es imprescindible regude asumir Mauricio Macri. En los últimos meses, a lar movimientos de capitales especulativos que popartir de acuerdos salariales y una moderada des- tencian la volatilidad cambiaria sin aportar nada aceleración de la inflación, el salario había recupe- en términos productivos. Es necesario declarar la rado una parte del poder adquisitivo perdido, pero emergencia alimentaria ante la profundización de todo eso será devorado por la nueva aceleración la pobreza y generar un nivel digno de ingresos. Es inflacionaria que deja la devaluación. En el caso hora de negociar, cuanto antes, un nuevo acuerdo del salario mínimo, entre que asumió Macri y las con el Fondo Monetario Internacional que estapasadas elecciones primarias, estaba en un 31 por blezca un cronograma de pagos razonable y bajo ciento por debajo a causa de la devaluación; para otras condiciones. El país necesita crecer y volver a finales de agosto se espera que esta pérdida alcance generar empleo. Se necesita urgente un cambio de política económica. el 37 por ciento. que el Banco Central intervenga. Esta hipótesis cobra fuerza porque lo que pasó en la economía fue muy coincidente con el discurso político del presidente ese día, cuando se montó en el caos para hacer campaña política.

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BRASIL EL DÍA QUE EL CIELO SE FUE BRIAN MIER/BRASILWIRE-TELESUR

l lunes 19 de agosto, salí de mi casa en el lado norte de São Paulo a las 2 de la tarde y me dirigí hacia la estación de autobuses Tieté, la brutal estructura erigida por Paulo Maluf durante los últimos días de la dictadura. Fue un día horrible. La temperatura había bajado durante la noche y estaba más oscura de lo habitual. Iba a recoger a un amigo que llegaba de Río y su autobús estaba retardado, así que, alrededor de las 3:15, salí de la terminal para buscar una taza de café barato y todas las luces de la calle estaban encendidas. ¿Estaba soñando? Inmediatamente revisé mi reloj. La puesta de sol en ese día de mediados de invierno estaba programada para las 5:51 pasado meridiano. “Debe haber una tormenta eléctrica masiva”, pensé para mí mismo. No hubo tormenta pero parecía que el sol simplemente se había puesto 2.5 horas antes, y había una sensación extraña y pegajosa en el aire. El extraño suceso fue causado por el humo de incendios forestales fuera de control que ardían en miles de puntos en todo el país y las fotos satelitales mostraban que gran parte de esto provenía de la selva amazónica, incluido un gran incendio en la reserva natural Margarida Alves en Roraima, que se ha estado descontrolando durante 20 días, que según el Movimiento de los Trabajadores Rurales sin Tierra fue creada por madereros y mineros ilegales conectados a las cadenas de valor capitalistas internacionales que intentan robar la tierra. En resumen, un ejemplo más del tipo de comportamiento que el presidente extremista derechista Jair Bolsonaro, respaldado por Estados Unidos, ha alentado desde que asumió el cargo en enero. Cada año, durante la estación seca, miles de agricultores y ganaderos crean incendios controlados de sus pastos. A pesar de muchos intentos de convencerlos de que usen técnicas más respetuosas con el medio ambiente para infundir nutrientes en el suelo,

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la tala y la brocha ardiente siguen siendo una de las formas más económicas y eficientes de hacerlo. Es difícil convencer a los pequeños agricultores para que adapten técnicas más modernas. Como resultado, cada año hay decenas de miles de incendios forestales que se extienden desde el Medio Oeste a áreas deforestadas de lo que solía ser la selva amazónica, y cuando está especialmente seco, pueden extenderse a áreas de bosque virgen. En los primeros 6 meses de la presidencia de Bolsonaro, estos números aumentaron en un 82 por ciento a más de 70 mil pero, a pesar de lo preocupantes que son estos números, enmascaran algo más siniestro que está sucediendo en Brasil. El presidente Bolsonaro ha destripado a todas las agencias federales de protección ambiental y a la oficina de asuntos indígenas y ha dado señales claras a los madereros, mineros y ganaderos que proporcionan materias primas a los mercados del norte de que no los castigará por crímenes ambientales, incluso a aquellos cometidos en las reservas naturales y en reservas indígenas. Como Alexander Zaitchek explicó recientemente en Real News, esto ha provocado que los actores de las cadenas internacionales de suministro de agronegocios y minería comiencen a contratar equipos de motosierras. Si la selva amazónica pierde otro 20 por ciento de su volumen, lo que podría suceder en menos de 10 años si la tasa de destrucción de Bolsonaro se mantiene, podría ocurrir un fenómeno llamado “muerte regresiva”, en el que toda la selva tropical podría secarse y quemarse a sí misma. Si eso sucediera, el planeta Tierra perdería el 20 por ciento de su oxígeno. De pie en una calle de São Paulo en la oscuridad total a las 3:30 pasado meridiano del martes 19 de agosto, parecía que esta era una posibilidad razonable.

INVESTIGACIÃ&#x201C;N PORTADA

GUARDIA NACIONAL

MODELO MILITAR QUE HA FRACASADO

2 de septiembre de 2019

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Cada día, un promedio de 77 personas son asesinadas en México. La seguridad es la principal deuda del gobierno en la víspera del Primer Informe. Expertos consideran que la estrategia se basa en un modelo militar fracasado que vulnera los DH VIRIDIANA GARCÍA

ÁNGEL HERNÁNDEZ/CUARTOSCURO

a Guardia Nacional, principal estrategia del gobierno de Andrés Manuel López Obrador para enfrentar la inseguridad y la violencia que asolan al país, se basa en un modelo militar que ha fracasado y que, además, violenta los derechos humanos de la población. El hecho de descansar la seguridad pública en las Fuerzas Armadas (en las secretarías de la Defensa Nacional y la Marina) implica un riesgo de violación grave de derechos humanos, señala el defensor Miguel Concha Malo, director del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, OP AC. “Tenemos que ver que efectivamente no se trate de la militarización de la seguridad pública”. En entrevista con Contralínea, el defensor agrega: “Nunca estuvimos de acuerdo con la militarización de la Guardia Nacional y la razón de fondo es porque ya está comprobado aquí en México que las Fuerzas Armadas han violentado gravemente los derechos humanos”. Muestra de ello es que, a diario, un promedio de 77 personas son asesinadas en el país, de acuerdo con

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gobiernos estatales y municipales, sino de procesos firmes de inteligencia, de prevención de la violencia y de ir fomentando también el tejido social como lo hacen las organizaciones”, indica Fernando Ríos Martínez, secretario ejecutivo de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos Para Todas y Todos (Red TDT). Al respecto, el fray Concha Malo también observa necesidades específicas para resolver la inseguridad y la violencia sin involucrar a la milicia: “hay que trabajar las fuerzas policiacas. Hay que trabajar la fuerza pública para la seguridad pública”. No obstante, en lo que va del gobierno, la apuesta de López Obrador fue la creación y puesta en marcha de la Guardia Nacional, en la que participarán 214 mil 156 soldados y 55 mil 574 marinos. Al inaugurar formalmente las labores de esa corporación, el pasado 30 de junio, el mandatario recordó que la ley ahora permite darle un giro a la Policía Federal y a las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina. “Hemos avanzado rápido y no hemos tenido obstáculos porque contamos con el apoyo sincero de las Fuerzas Armadas”. El modelo de la Guardia Nacional no es civil, ni desde quien la dirige –el general en retiro Audomaro Martínez Zapata–, ni en la conformación ni en las

MARGARITO PÉREZ RETANA/CUARTOSCURO

el informe Víctimas reportadas por delito de homicidio (Fiscalías Estatales y Dependencias Federales), elaborado por el equipo interdisciplinario constituido por las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana, Defensa Nacional, Marina y la Fiscalía General de la República y entregado todos los días al presidente. En víspera de presentar su Primer informe de gobierno, en su conferencia matutina del 28 de agosto, López Obrador reconoció que la violencia “es el principal problema que estamos enfrentando”. Minutos antes, en su reunión de gabinete que realiza de lunes a viernes a las 6 de la mañana, el mandatario había recibido un trágico reporte del equipo interdisciplinario: el 27 de agosto se registraron 100 homicidios dolosos en el país, incluidos los 25 registrados en un bar de Coatzacoalcos, Veracruz, que fue quemado por el crimen organizado. Aunado a ello, y de acuerdo con el informe de incidencia delictiva de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, de junio a julio de 2019, aumentaron los delitos un 2.18 por ciento a nivel nacional, y los feminicidios, un 4.94 por ciento. “Resolver el problema de inseguridad no será a través de un modelo fracasado como ha sido el militar, ni tampoco a través de los grupos paramilitares que en muchas ocasiones han fungido a favor de los

Violencia contra las mujeres, al alza

2 de septiembre de 2019

CUARTOSCURO

PORTADA INVESTIGACIÓN

Oficial, la militarización de la seguridad pública

directrices que tiene. Tampoco como quedó fundamentada en la ley, como en cuestiones relacionadas con la capacidad de investigar o de pedir documentos migratorios a las personas, observa el director de la Red TDT. Para Ríos Martínez, aunque hay un compromiso de la Presidencia de no reprimir a la sociedad, el modelo militar en el que descansa la Guardia Nacional abre la puerta a las violaciones a derechos humanos, como ha sucedido en otros sexenios. La política pública, indica en entrevista, no se puede conducir solamente con buenas voluntades de una orden presidencial.

Los avances, de cara al Primer informe En materia de seguridad y justicia no todo es negativo. Para el defensor de los derechos humanos Fernando Ríos Martínez un avance significativo es la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa. Al respecto, el representante de

la Red TDT espera que ésta no sólo contribuya a resolver ese caso sino que también ayude a develar lo que ha sucedido con el fenómeno de la desaparición forzada y la desaparición en manos de particulares. Otros casos que destaca en materia de derechos humanos y acceso a la justicia son el rescate de los mineros de Pasta de Conchos y la negativa de otorgar nuevas concesiones mineras. No obstante, indica: “quedan muchas tareas para investigar, como el número creciente de homicidios. Será a través de un verdadero acceso a la justicia y de un control de la impunidad de quienes la han fomentado que podamos avanzar en estos términos de derechos humanos”. Finalmente, fray Concha Malo recuerda que en este contexto se recurre nuevamente a las Fuerzas Armadas: “se ha dicho que tienen la obligación de salvaguardar los derechos humanos, pues vamos a verlo”. Pero, observa, “está comprobado que las Fuerzas Armadas no deben ser quienes garanticen la seguridad pública”.

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AMLO, DETRÁS DE LOS GRANDES CASOS

CONTRA LA CORRUPCIÓN: ROBLES, LOZOYA Y COLLADO

2 de septiembre de 2019

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Aunque López Obrador asegura que la FGR es autónoma y que no ha intervenido en la judicialización de casos contra la corrupción –Robles, Lozoya, Collado y Ahumada–, sólo con la “voluntad política” de su gobierno se puede impulsar la lucha contra este ﬂagelo VIRIDIANA GARCÍA

E GALO CAÑAS/CUARTOSCURO

l presidente Andrés Manuel López Obrador llega a su primer informe de gobierno con resultados en su lucha contra la corrupción que no podrá presumir, por la autonomía de la Fiscalía General de la República (FGR): en la cárcel, la exsecretaria de Estado Rosario Robles, y Juan Collado, el abogado de sus la llamada maﬁa del poder, encabezada por Carlos Salinas de Gortari. A estos dos casos de alto perfil –judicializados en lo que va de su administración– se suman los del exdirector general de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, actualmente prófugo de la justicia; y del empresario Carlos Ahumada, quien enfrenta un proceso de extradición desde Argentina, y quien orquestó los llamados videoescándalos que dañaron la campaña de López Obrador a la Presidencia en 2006. Estos casos demuestran avances en la judicialización, porque pueden ir creando una cultura de acceso a la justicia y develar lo que ha sucedido en casos muy graves, considera el defensor de derechos humanos Fernando Ríos Martínez, al evaluar

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los 9 meses del actual gobierno y de cara a la entrega del Primer informe. “Estaremos viendo las capacidades que tiene el nuevo gobierno para sustentar estos casos, hacer investigaciones y llevar finalmente [a la cárcel] a los responsables no sólo con un carácter político, sino que evidencien las redes de corrupción”, agrega el secretario ejecutivo de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Todos los Derechos Para Todas y Todos. Castigar la corrupción va de la mano del combate a la impunidad. En entrevista con Contralínea, la investigadora Fabiola Navarro Luna, coordinadora del Observatorio contra la Corrupción y la Impunidad e investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México, señala que “la sanción no es la única ni la mejor forma de prevenir actos de corrupción, pero sí es necesaria y sí manda un mensaje claro, y es que las personas que partici-

pan en actos de corrupción no quedan impunes y tienen que ser juzgadas”. Para la experta en temas de anticorrupción, no es fácil saber hasta qué punto la mano de López Obrador está detrás de la judicialización de estos casos. “Es difícil saber cuál es el nivel de participación del gobierno federal, porque son investigaciones que al estar en curso están protegidas por cierta secrecía en el manejo de la información”. La doctora en derecho agrega que muchos de los insumos con los cuales inicia las investigaciones la Fiscalía tienen como fuente de información la Auditoría Superior de la Federación, “pero la Fiscalía puede y está obligada a pedir información al gobierno la relación de movimientos bancarios, contribuciones, pago de impuestos, [la cooperación de] toda el área de la Secretaría de Hacienda que se encarga de la supervisión de los flujos de dinero”. Y agrega que “sería natural y normal saber que

SAÚL LÓPEZ/CUARTOSCURO

Estaremos viendo las capacidades del nuevo gobierno para sustentar los casos y llevar ﬁnalmente a la cárcel a los responsables

El cerco a Salinas. En la imagen, el expresidente con Juan Collado

2 de septiembre de 2019

JUAN PABLO ZAMORA/CUARTOSCURO

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Emilio Lozoya, prófugo de la justicia

el gobierno federal, por conducto de sus áreas de control y de manejo de inteligencia financiera, esté aportándole a la Fiscalía toda la información de la que dispone para poder documentar toda esta red de operaciones que llevaron a los desvíos de recursos”.

Política anticorrupción A 4 días de que el presidente rinda su Primer informe de gobierno, el 28 de agosto López Obrador le pidió a los funcionarios del gabinete legal, ampliado y a los delegados federales que no bajen los brazos en el combate a la corrupción. Para el mandatario, ésta es una prioridad de su gobierno que ha quedado plasmada en el apartado “Política y gobierno” del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024: “erradicar la corrupción, el dispendio y la frivolidad”. Publicados el 12 de julio pasado, los lineamientos critican que “la característica más destructiva y perniciosa de los neoliberales mexicanos fue la corrupción extendida y convertida en práctica admi-

nistrativa regular. La corrupción ha sido el principal inhibidor del crecimiento económico. Por eso estamos empeñados, en primer lugar, en acabar con la corrupción en toda la administración pública, no sólo la corrupción monetaria sino la que conllevan la simulación y la mentira”. Para la investigadora Navarro Luna, en estos 9 meses no han cambiado las normas en materia de corrupción ni los órganos ni la distribución de competencias. “Lo que sí hay es un mensaje directo del presidente que pretende influir en el comportamiento de los servidores públicos, pero todavía no está disponible, y sería interesante ver si se presentan en el primer informe datos que nos hablen de áreas en las cuales se haya podido hacer intervenciones en materia de corrupción y sus resultados”. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, a nivel nacional, el 47.3 por ciento de la población de 18 años y más que tuvo contacto con algún servidor público experimentó un

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ROGELIO MORALES/CUARTOSCURO

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Rosario Robles, la “estafa maestra”

acto de corrupción en el primer semestre de 2019.

Luchas contra la impunidad El defensor de los derechos humanos fray Miguel Concha Malo considera que “la lucha contra la corrupción es una lucha que sobre todo ha llevado a cabo la Fiscalía General de la República y la unidad de fiscalización en el combate contra el huachicol, pero falta ver que los responsables del huachicol pasen a ser efectivamente investigados y juzgados frente al saqueo que han hecho de los hidrocarburos en el país”. Sostiene que “no sólo hay que luchar contra la corrupción, sino también contra la impunidad, son las dos caras de una misma moneda, si hay lucha contra una debe haber lucha contra la otra”. Respecto a esto, la doctora Fabiola Navarro explica que “el combate a la corrupción tiene varios momentos y uno muy importante sin duda es el que le corresponde a los gobiernos federal y locales, a to32

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das las estrategias de control interno para evitar que sucedan estos actos. A nivel federal, sentiremos que hay avances cuando el control interno sirva efectivamente para evitar conductas o para detectar conductas como la del caso de la estafa maestra. Pero luego está todo el ámbito jurisdiccional que implica el ámbito independiente y autónomo de las fiscalías”. Para la investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas, “necesitamos que las persecuciones de los asuntos se lleven a cabo bajo métodos científicos más rigurosos con evidencia sólida y con razonamientos firmes, de tal manera que los casos se construyan a partir de elementos muy sólidos para que, cuando vayan al poder judicial, puedan ser procesados en sus méritos y no terminen desestimándose porque no hay pruebas o porque no hay elementos que vinculen a las personas con los actos de corrupción”. Agrega que ahora mismo es necesario que se nombre a los magistrados que faltan en materia administrativa, ya que son los que van a conocer las

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faltas graves de corrupción, “necesitamos ver qué pasa con el poder judicial, si ya está listo para procesar grandes casos de corrupción como los de Robles, Lozoya, Collado y Ahumada”. La doctora Fabiola Navarro considera que afianzar el combate a la corrupción requiere de “mejorar la calidad de vida de las personas, elevar los niveles y la calidad de la educación, garantizar los aspectos básicos que dan tranquilidad a las personas, como es la seguridad social, la seguridad personal, la seguridad pública, de tal manera que las personas estén en mejores condiciones de poder involucrarse con los asuntos públicos y nos podamos transformar en una sociedad más exigente y menos tolerante con los abusos del gobierno”. Finalmente, la experta en anticorrupción observa que la relación entre las medidas de austeridad y el combate a la corrupción no es clara. “Hace falta

que nos expliquen cómo se vincula tener un buen salario con un acto de corrupción. Yo creo que es necesario que el gobierno explique mejor porque no está claro que una cosa conduzca a la otra”. Otro tema, indica, es el de los excesivos salarios, los pagos adicionales al sueldo base que sí se deben revisar. “En México, la distancia entre los que más ganan y los que menos ganan en el ámbito del servicio público es muy grande, y es necesario compactarla; pero también es necesario profesionalizar el servicio, remunerar adecuadamente a las personas por la prestación de sus servicios; pero eso es distinto a las conductas de corrupción que tienen otra lógica, otros elementos, otras características, y ahí necesitamos ver específicamente cómo se vincula, por ejemplo, con el enriquecimiento ilícito, el tráfico de influencias, porque no me parece clara esta relación entre sueldos altos y corrupción”.

MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO

Aﬁanzar el combate a la corrupción requiere de mejorar la calidad de vida de las personas, elevar los niveles y la calidad de la educación

Ahumada, cuentas pendientes

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ECONOMÍA MEXICANA

ESTANCADA Y CON POSIBILIDAD DE CAER EN RECESIÓN

2 de septiembre de 2019

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La economía se encuentra en periodo crítico y con una probabilidad real de caer en recesión. Expertos observan que los programas de bienestar difícilmente impactarán la economía y el desarrollo social, pero otros indican que si con éstos logra el 20% de los objetivos, será un gran presidente VIRIDIANA GARCÍA

ANDREA MURCIA/CUARTOSCURO

9 meses de iniciado el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la economía nacional se encuentra estancada. Expertos opinan que la administración federal debe establecer una política económica sólida que realmente incentive el aumento prometido del producto interno bruto (PIB) al 4 por ciento, y no dejar todo en manos del Plan Nacional de Desarrollo (PND) y sus estrategias para estimular el crecimiento económico y fomentar el beneficio social. “Tenemos una fase de crecimiento precario y desigual”, explica la doctora María Josefina Morales Ramírez, investigadora en el Instituto de Investigaciones Económicas (IIE). “Hay que ver hacia dónde va [la economía]: ahora estamos tendiendo a una fase de decaída de la producción en varias ramas y en otras no, pero sí de un estancamiento que tiende hasta la recesión. Vamos a ver si se logra impulsar la inversión pública, que el presupuesto público se empiece a ejercer y logremos darle cierto dinamismo”. La experta en economía política del desarrollo agrega que “hay que ver la economía no sólo

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MISAEL VALTIERRA/CUARTOSCURO

en los datos económicos del sube y baja del PIB, las tendencias que traemos de años atrás y de los últimos 2 trimestres [que] eran de baja en la inversión y éstos no se controlan ni se compensan de inmediato”. La economía real está estancada, asegura a Contralínea el doctor en economía José de Jesús Rodríguez Vargas. “Viendo los indicadores de la inversión fija bruta, que es la inversión productiva del capital privado, se ha estado reduciendo en este semestre; aunque la tendencia decreciente viene desde el gobierno anterior, se ha agudizado en estos últimos meses”.

Apuesta a mediano plazo

2 de septiembre de 2019

Para el académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), “ésta es una debilidad del actual gobierno: no ha logrado contener la disminución de la inversión y por lo tanto de la economía, entonces, la economía real, la que está débil, en estancamiento y con posibilidad de recesión, le corresponde al gobierno federal”. Pero no todo es negativo en materia económica. Gerardo Minto Rivera, doctor en investigación económica por la Universidad Complutense de Madrid, detalla que hay avances con los becarios del programa Jóvenes Construyendo el Futuro: “tratar de insuflar la economía desde algún ingreso que se tenga, eso reactiva la economía. Sin embargo es muy pronto hacer un análisis sobre todo porque hay muchos planes no a corto plazo sino a mediano y hasta a largo plazo y faltan años, y planes que son detonadores de la economía”. El investigador dice que si López Obrador logra aunque sea el 20 por ciento de las propuestas que ha hecho, “sería un gran presidente. Hay mucha esperanza de parte de la sociedad, hay muchos planes que van bien encaminados para lograr el crecimiento y el desarrollo económico, como el reparto de la riqueza que vaya más a la clase necesitada. Según el Coneval, somos 55 millones en pobreza y pobreza extrema”. Otro acierto tendría que ver con el manejo de la deuda. “Por lo menos se frenó la deuda. Va a depender de cómo reaccione la iniciativa privada y si se une a la cuarta transformación como dicen ellos, es posible un crecimiento económico, pobre, pero con redistribución del ingreso, que no es lo mismo un crecimiento alto pero nada más para 10 familias”, indica el doctor en economía Arturo Ortiz Wadgymar.

Programas sociales Reiteradamente, el presidente López Obrador ha negado con “otros números” y “otros datos” que la economía de México se encuentre estancada. Hace 1 mes, por ejemplo, dijo respecto de la caída del crecimiento: “A mí me importa mucho que la gente tenga para comprar abajo, que se compre en los mercados, en las tiendas de abarrotes, en los centros comerciales aquí en el centro, que haya movimiento, que haya consumo”.

MISAEL VALTIERRA/CUARTOSCURO

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Meta, crecer al 2.2 ppor ciento, en promedio, anualmente

El doctor en economía Rodríguez Vargas observa que “el presidente cree que sus programas de bienestar van a impactar la economía y el desarrollo social, pero es al revés, primero es la economía y luego lo social”. Para el académico de la UNAM, el Plan Nacional de Desarrollo de López Obrador tiene como objetivo fundamental promover el desarrollo social, pero éste es producto de la economía. Con los programas sociales, agrega, se busca incrementar la demanda para mejorar la producción; sin embargo, es más impactante la inversión productiva tanto privada como pública para que haya crecimiento económico, empleos e ingresos, y junto con el reparto social que haga el gobierno ayudar a elevar el desarrollo social. Muestra de ello es que actualmente la inversión privada es del 17 por ciento y la pública es del 3 por ciento, lo que implica una inversión del 20 por

ciento total, indica Rodríguez Vargas. “Se necesita una inversión del 25 por ciento cuando menos, se tiene que estimular a la empresa privada para que invierta y el Estado tenga recursos para que invierta, si no, realmente el impacto de los programas va a ser temporal, se va a acabar el dinero y se va a acabar el beneficio social”. El académico universitario enfatiza que, para disminuir la pobreza y la desigualdad social, lo que se requiere es que el país crezca a tasas de producto interno más altas, puesto que los últimos 36 años ha habido un crecimiento del 2.2 por ciento promedio anual. “La pretensión del actual gobierno es llegar al 4 por ciento anual, pero para eso se requiere inversión pública y privada”. El tema no es del todo ajeno a la actual administración: el pasado 27 de agosto, el presidente López Obrador se reunió con los presidentes del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar, y del

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MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO

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Banco de México, trinchera neoliberal

Consejo Mexicano de Negocios, Antonio del Valle, para informar sobre la elaboración de un plan de infraestructura nacional para promover la inversión privada. No obstante, el doctor José de Jesús Rodríguez observa que en este momento la situación económica del país no es la mejor. “El presupuesto federal no es suficiente. El presidente no consigue los recursos suficientes para cubrir todas las necesidades que creyó que se podría con la política de austeridad. Con los famosos ahorros del presupuesto no va a alcanzar, se requiere más crecimiento, más impuestos para que se incremente el beneficio social”.

¿Fin del neoliberalismo? El presidente López Obrador declaró el fin de la política neoliberal, el pasado 17 de marzo en Palacio Nacional. Para ello se apoyará del Plan Na-

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cional de Desarrollo, que incluye nueve programas sociales enfocados en diferentes sectores de la sociedad, entre los que se encuentran los jóvenes, adultos mayores, personas con discapacidad y damnificados del pasado sismo en 2017. Al respecto, la doctora Josefina Morales advierte que sí hay cambios sustanciales en las políticas del gobierno federal en ese sentido. “López Obrador suspendió una de las políticas neoliberales más importantes: la construcción del [Nuevo] Aeropuerto [Internacional de la Ciudad de México]. Frente a las últimas grandes transformaciones neoliberales –la reforma energética, la reforma laboral, la reforma educativa–, que acabaron de hundir al país, él las está deteniendo”. Sin embargo, para el doctor José de Jesús Rodríguez, la política fiscal del gobierno sigue siendo neoliberal. “[López Obrador] es muy insistente en esa posición de crítica a los neoliberales econó-

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micos, políticos y sociales, pero su política fiscal es igual a la política de los gobiernos anteriores que él ha llamado neoliberales: es una política basada en lo que se llama ‘finanzas sanas’, que es un superávit primario y significa que sin tomar en cuenta el servicio de la deuda se logra un presupuesto positivo no deficitario”. El académico explica que para este año está planteado que el superávit va a ser del 1 por ciento, y que es posible que para el próximo se mantenga o se reduzca del 1 a 0.5 - 0.7 por ciento. “Si se reduce es porque hay muchas presiones para tener más recursos, porque ya no alcanza con la reducción de los gastos en el sector público”. Y agrega que la política del Banco de México, que siempre ha sido la de mantener la estabilidad monetaria, también es neoliberal. “Todos los economistas sabemos que una política de tipo neoliberal es la de buscar la sobrevaluación del peso y la de evitar a toda costa devaluaciones. Entonces, la política fiscal de este gobierno también es neoliberal”. Respecto de la relación entre el banco central y el mandatario, indica que es un acierto de este último es no enfrentarse a la política del Banxico, ya que eso ha permitido que haya estabilidad monetaria, financiera y cambiaria. “Él [López Obrador] ha aportado porque no se ha enfrentado directamente al capital nacional y extranjero, al contrario ha sido muy complaciente: los capitales lo tienen bajo la mira y tratan de llevarla en paz”.

que existe con Estados Unidos”, explica en entrevista el doctor Gerardo Minto Rivera, investigador en el IIE. “Los efectos aquí son mucho más acentuados que en cualquier economía de otro país, porque tenemos otros problemas externos que nos afectan como la migración”. Para el doctor José de Jesús Rodríguez, la posibilidad de caer en recesión existe, porque “se prevé que Estados Unidos tenga el próximo año un crecimiento menor que podría ser recesión. Ya son muchos años de expansión, desde la última en 2009 donde el país tuvo una caída del PIB del 6 por ciento. Es paradójico, pero es necesario para la misma economía del mundo una recesión, entonces si Estados Unidos tiene recesión el próximo año, México también”.

Todos los economistas sabemos que una política neoliberal busca la sobrevaulación del peso y evitar a toda costa las devaluaciones

El fantasma de la recesión mundial Los principales bancos de Wall Street y varios países, entre los que se encuentra Alemania, están alertando sobre una posible recesión mundial como consecuencia de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, dos de las más grandes economías internacionales. “Si hay recesión [mundial], vamos a salir afectados principalmente por la dependencia económica

Relación México-Estados Unidos La relación de México con Estados Unidos pasa por mucho más temas que inciden en la economía que sólo los aspectos de la recesión. Al respecto, Arturo Ortiz Wadgymar, especialista en economía exterior de la UNAM, comenta que el presidente López Obrador ha tenido una “posición de torero” con el presidente Donald Trump. Esto, dice, no resuelve el problema, sin embargo, “una confrontación con él sería mucho peor”. El doctor en economía e investigador de la UNAM, explica que “cediendo y no cediendo, provocando y no provocando, es una posición de torero, pero es la única manera de poder manejar a un sujeto desequilibrado [Trump]; es peor enfrentarse a un loco con locura que darle por su lado”. Además, sostuvo que la forma de romper esta subordinación es producir en “casa” lo que se importa del país vecino. Y añade que antes estas transacciones comerciales “no se podían hacer porque eran un gran negocio privado, pero ahora se rompió eso, entonces ya hay probabilidades de menos dependencia”.

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AMLO Y SU TENSA RELACIÓN CON PARTIDOS

INSTITUCIONES, PODERES, ONG E INDÍGENAS 40

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La relación del gobierno con los partidos –incluido Morena–, instituciones autónomas como el INE, la sociedad civil, los pueblos indígenas y hasta los poderes Legislativo y Judicial ha sido de constante tensión. “El presidente debería evitar conducirse como si aún estuviera en campaña” VIRIDIANA GARCÍA/MARCIAL YANGALI

E MARIO JASSO/CUARTOSCURO

n estos 9 meses de su gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha mantenido una muy tensa relación con los sectores más politizados del país: organizaciones de la sociedad civil, pueblos indígenas en resistencia, partidos políticos, instituciones autónomas e incluso los otros poderes (Legislativo y Judicial). Al respecto y sobre su propia experiencia como consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), Enrique Andrade González sintetiza: “ha sido una relación intensa, compleja, que inicia con el ánimo del presidente de la República de cumplir algunos compromisos de campaña, por supuesto válidos. Cada candidato debe de hacerse responsable de lo que dice en la campaña y tratar de aclarar estos compromisos. Y uno de los compromisos más importantes que él tiene es la austeridad. Y esto a lo mejor ha sido una cuestión en donde aparentemente existe una resistencia por parte de los órganos constitucionales autónomos a acceder a esta austeridad. Y probablemente a los ojos de la ciudadanía pudiera parecer que existe un distanciamiento entre el pre-

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Sociedad civil y pueblos originarios No sólo las instituciones autónomas se han enfrentado a las descalificaciones constantes del presidente. La socióloga, antropóloga y profesora-investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México, Márgara Millán, considera que ha sido sorprendente que el mandatario mexicano desacredite de manera tajante y global a la sociedad civil organizada. La académica reconoce que sí había un modus operandi de ciertas organizaciones de la sociedad civil que no era adecuado, “pero no hay una distinción en las políticas [del gobierno federal] y eso es grave porque es generalizar y hacer una política que después tiene que ir revisando caso por caso y a la mejor regulando en algunas cosas”. Para la antropóloga es aún peor la relación con los pueblos originarios y con el movimiento indígena en general: “Me parece más grave el incumplimiento de propuestas de campaña que fueron muy importantes, sobre todo para Morelos y el Proyecto Integral Morelos y de la Termoeléctrica, es ahí donde yo conocí una faceta del presidente en donde no iba a escuchar

DALIRI OROPEZA/CUARTOSCURO

sidente de la República y concretamente el INE”. No obstante, explica a Contralínea: “Nosotros sabemos que existe un enojo social en contra de prácticamente todo lo que suena a poder. Yo diría casi en contra de la democracia. Que es normal porque se piensa, como es, que no se han resuelto todos los problemas que se dijo que con la democracia se iban a resolver: que íbamos a tener mejor educación, seguridad, salud, alimentación para todos, etcétera. Y esto no es así”. Agrega que al interior del INE no es desconocido hay mucha pobreza y desigualdad. Pero, advierte, “este enojo social, desde mi punto de vista, no se debe canalizar en contra de la propia sociedad mexicana o de las instituciones del Estado mexicano. Sino que al contrario, debemos de trabajar juntos para resolver estos problemas que han causado una decepción democrática. Y a veces pienso que tal vez el presidente de la República [con sus descalificaciones] esté canalizando ese enojo hacia las instituciones autónomas. Entonces, desde luego, no estoy de acuerdo en el calificativo. Por la compra y cohesión de votos se decía que habíamos sido como floreros en la elección pasada”.

Congreso Nacional Indígena, la oposición desde la izquierda

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CUARTOSCURO

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Indígenas, entre la cooptación y la descalificación

razones, iba con una decisión ya tomada y una decisión que además trataba de imponer con argumentos muy débiles, que se acercan mucho más al asistencialismo que a una incorporación real y un reconocimiento de los pueblos como sujetos políticos”. La investigadora se manifiesta preocupada porque, en el caso de los pueblos originarios, el presidente López Obrador deslegitima las consultas obligatorias. Éstas, indica, deben versar sobre qué formas de desarrollo quieren las comunidades, y no nada más con un sí o un no a tal proyecto, como si fueran solo sujetos a quienes hay que convencer con los beneficios. “Porque además hay que redefinir qué entendemos por beneficios, qué entendemos hoy por salir de la pobreza”.

Partidos políticos Los partidos políticos de oposición, muy diez-

mados tras la victoria de López Obrador y Movimiento Regeneración Nacional (Morena), tampoco han tenido la mejor de las relaciones con el mandatario mexicano. En general, ha habido una cuestión de respeto hacia los partidos políticos, considera, en entrevista, Enrique Andrade González. No obstante, el consejero del INE observa que el presidente debería evitar los pronunciamientos como de campaña, que sigue haciendo aún estando en el gobierno. “Pareciera ser que la competencia sigue. Yo creo que ya es momento de que el país se serene. De que realmente todos los partidos trabajen por el bien del país. Y creo que esto, a lo mejor, también ha faltado un poquito. En este primer año hemos visto todavía este tipo de cuestionamientos a otros partidos políticos, a sus representantes. Creo que será parte de lo que en el sexenio iremos viendo como algo que seguramente habrá un mejor entendimiento entre

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ISABEL MATEOS/CUARTOSCURO

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Defensores de derechos humanos, sin reconocimiento

partidos políticos y el propio presidente”. Experto en análisis político, Andrade González observa que otra de las cuestiones que ha minado la relación es la referente a los recursos públicos que se les da a los partidos políticos. “La verdad es que cada partido debe de ver cuáles son sus compromisos que tiene de multas, de gastos, etcétera. Y revisar si realmente es mucho o poco el financiamiento que está recibiendo cada uno. Y en conciencia, y atendiendo al mandato del pueblo de México, decir cuánto pueden regresar y que no sea una situación que venga como una orden del presidente o del gobierno, de decir regresen tanto”. Para el consejero electoral es imprescindible tener un mejor diálogo entre partidos políticos y gobierno, a través de la Secretaría de Gobernación, “para que se den cuenta de que no es nada más una cantidad determinada sino cada partido tiene que reconocer cuánto es lo que le puede sobrar”. 44

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AMLO con los otros poderes En innumerables ocasiones, el presidente de México se ha referido al Poder Judicial como uno de los que más corrupción padece; en el caso del Poder Legislativo, ha criticado su inacción sobre todo cuando se trata de las reformas que más le urgen. Sobre esta relación, la socióloga Márgara Millán dice a Contralínea que no es impropia: “es un poco más sana [que en el pasado]. Pienso que sí hay una relación más distanciada”. Para la investigadora de la UNAM, “López Obrador ganó con una promesa de campaña que no le gusta a muchos de sus adeptos, que es el punto final: ‘no voy a estar persiguiendo a los expresidentes’, aunque sepamos que ellos son los que realmente están detrás de muchas de las cosas que se hicieron en términos de corrupción y que además el Poder Judicial estuvo ahí y que todo esto era un

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mecanismo muy concertado, pero al mismo tiempo él dijo: ‘si hay demandas en curso, tampoco me voy a meter’, entonces creo que eso es algo de lo que estamos viendo hoy”. La antropóloga confia en que sí habrá un cambio verdadero si se establecen juicios y demandas importantes con personajes de peso y no sólo con los operadores del poder político saliente. “Mucha gente está pensando en que sí tenemos que ver juicios a expresidentes y a personajes que evidentemente tenían que ver con lo que él llama la corrupción. Y la corrupción tiene que ver con impunidad, entonces realmente no puede haber una lucha contra la corrupción si quedan estos casos en la impunidad. Esa es una prueba de fuego para el régimen de López Obrador. La investigadora Márgara Millán considera necesario desestructurar todo el discurso fanático y to-

talitario de los Amlovers y de los que odian a López Obrador. “Hay que analizar cada cosa que hace este régimen de manera crítica. Cuando hay cosas positivas, hay que aplaudirle: yo no tengo empacho en reconocer lo positivas, pero no cuando hay cosas con las cuales no estamos de acuerdo y que son incongruentes con lo más parecido a lo que ha sido un programa político fuerte como ‘el mandar obedeciendo’, que además es un dicho zapatista, o como ‘la separación estricta entre política y economía’”. El cambio de régimen, indica la socióloga, que era necesario. Por ello, dice, “estoy muy en desacuerdo con las personas que dicen: ‘uy, no, mejor hubiéramos votado por cualquiera de los otros dos’, porque esa no es ni era la opción. La opción es seguir pensando críticamente y defender esa crítica”.

ANDREA MURCIA/CUARTOSCURO

El cambio de régimen era necesario. Necesitamos seguir luchando y criticando a López Obrador, pero los otros ya no podía seguir

INE, elecciones onerosas

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LA DIFÍCIL RELACIÓN AMLO-PRENSA

VIOLENCIA DISCURSIVA Y PUBLICIDAD DISCRECIONAL

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En 9 meses, el contexto de extrema violencia e impunidad no ha cambiado para los periodistas. A ello se suman las agresiones verbales del presidente, así como la asignación discrecional del gasto publicitario. Expertos señalan que en acceso a la información también hay un retroceso MARCIAL YANGALI

GALO CAÑAS/CUARTOSCURO

l gobierno de la llamada “cuarta transformación” no ha logrado instrumentar cambios de fondo para garantizar la libertad de expresión y el derecho humano a la información. Tampoco ha establecido criterios claros para asignar los recursos públicos destinados a publicidad oficial, lo que termina en un gasto discrecional como en el pasado, consideran expertos consultados por Contralínea. En el caso de la seguridad de la prensa, el contexto es muy difícil. En lo que va de 2019, México ha registrado el 30 por ciento de los asesinatos de periodistas en todo el mundo, lamenta Sara Mendiola, directora de Propuesta Cívica. Señala que la impunidad asciende a más del 90 por ciento de los casos, de tal forma que ambos flagelos – violencia e impunidad– han alcanzado los peores índices a nivel mundial. Aunado a ello, agrega, “el discurso estigmatizante del presidente no aporta nada en el país más violento y mortal para la prensa”. La abogada experta en temas de derechos humanos se refiere

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a los calificativos –“chayoteros”, “fifís”, “conservadores”, entre otros– usados por el jefe de Estado durante sus conferencias de prensa y mítines. Para la doctora Issa Luna Pla, coordinadora del Área en Derecho de la Información del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, la relación entre López Obrador y la prensa “ha sido tensa en muchos momentos. Una relación donde también no se le ha reconocido al periodismo su extraordinaria labor en la democracia, labor que ha desarrollado en toda la historia de México, no solamente en su gobierno, sino como en la forma en la cual ha contribuido incluso para que el presidente haya llegado a serlo”.

La maestra en periodismo por la Universidad de Estrasburgo, Francia, considera que “el presidente no tiene que olvidar que las voces críticas son fundamentales para la rendición de cuentas y una democracia fuerte. Y son fundamentales para el combate a la corrupción, como lo hemos visto en los últimos años. El presidente debería verlos como aliados de las causas que debe defender”. Pero no todos observan negativamente estos discursos. Consultado por Contralínea, Rafael Barajas, el caricaturista y activista político más conocido como Fisgón, considera que los términos usados por el presidente cumplen con definir a una prensa que tiene una intencionalidad específica: obedecer a los intereses de grupos de poder. “Y no es una declaración de guerra. Al respecto, Blanca Montoya, psicóloga y autora del libro El dominio mediático, comenta: “Lo que no se nombra no existe y es importante que Andrés haya nombrado a esta prensa fifí como lo que realmente es. En nuestro lenguaje han borrado la palabra ‘imperio’, por ejemplo, pero nosotros a todas luces estamos bajo un imperio”. Por su parte, la abogada Sara Mendiola explica que desde la década de 1960 “la sociedad concibe en su imaginario a la prensa como aliada y servil del poder”. Pero detalla que después de la década de 1980 nació una prensa crítica y de investigación. “La prensa se empieza a separar del poder, empieza a cuestionarlo, y es precisamente esa prensa la que está siendo mayormente agredida en la actualidad”. Entrevistados por separado, Jacinto Rodríguez y Sara Mendiola coinciden en que las palabras no son inofensivas y, más allá del discurso, sí contribuyen al clima de inseguridad y violencia que vive este gremio. “Le resta valor a tu trabajo, y eso te vuelve todavía más vulnerable frente a otros grupos”, comenta el periodista. Al respecto, la directora de Propuesta Cívica considera que lo peligroso de las palabras es su ca-

Lo que no se nombra no existe. Es importante que Andrés Manuel haya nombrado a esta prensa ﬁfí como lo que realmente es

Ataques verbales, vulneraciones reales La violencia que mata y desaparece periodistas, que los agrede en la calle, no ha frenado este tipo de discursos que se hacen desde Palacio Nacional. Para Jacinto Rodríguez, periodista y escritor, “lo que vemos es a un presidente al que no le gusta la prensa incómoda”. López Obrador, explica, determina, “dependiendo de lo que él quiere ver”, quién es una prensa buena y quién no lo es. “No está en la naturaleza del poder político en México reconocer la necesidad de una prensa crítica como una herramienta básica para la democracia, más allá de si un medio es más ‘amarillista’ o si otro medio es ‘más crítico’, más allá de toda la gama de medios”, comenta el autor de Los archivos prohibidos de la prensa y el poder. Para Justine Dupuy, coordinadora del programa Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción de Fundar, el presidente “nutre un discurso deslegitimador”. El odio contra la prensa y los periodistas no es una situación exclusiva de México sino que se inserta en una tendencia mundial: “es más fácil descalificarlos que enfrentar realmente los cuestionamientos”, comenta en entrevista. 48

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ABIUD HERNÁNDEZ/CUARTOSCURO

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Imparable, matanza de periodistas

pacidad de crear imaginarios y realidades sociales. Ejemplifica que en Sinaloa, específicamente en Culiacán y Mazatlán, los presidentes municipales han empezado a repetir estos discursos estigmatizantes. “Y advertimos que durante 2019 se ha agravado la agresión a la prensa en estos municipios”, detalla Mendiola.

Menos publicidad, misma discrecionalidad Otro aspecto a considerar en la relación de la prensa con el nuevo gobierno es el gasto en publicidad oficial. En cumplimiento con una promesa de campaña se ha disminuido el monto asignado para este fin, pero no se ha reparado en el fondo del asunto: la ambigüedad de los criterios de entrega y la discrecionalidad que esto propicia.

“Desde Fundar no vemos mal que se haya limitado el gasto porque era excesivo. Sin embargo, no es suficiente reducir sino repensar la política de comunicación social del gobierno. No avanzaron al establecimiento de reglas claras, de criterios claros, objetivos transparentes, de cómo se debe asignar esta publicidad oficial”, señala Justine Dupuy. Fundar junto con otras organizaciones reunidas en el colectivo Medios Libres han solicitado al gobierno federal y al Congreso que abrogue la Ley General de Comunicación Social. “La vemos regresiva y no aporta soluciones a los problemas que se han detectado en el gasto de la publicidad oficial”, comenta Justine Dupuy. En su lugar, Medios Libres ha propuesto la Ley General de Publicidad Oficial que sí contempla criterios más específicos para la asignación.

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Violencia contra la prensa

Jacinto Rodríguez señala en que el problema es que el gobierno sigue controlando el dinero. “No soltaron los recursos. Algo que para mí hubiera dado un gran salto es que no fueran ellos quienes designaran esas cantidades sino algún grupo independiente: académicos, intelectuales, los que quieras. Se hace en otros países”. Agrega: “tendrían que tener claro qué es lo que se entiende por publicidad oficial y a partir de allí diseñar todas las formas de distribución”. En su opinión, se deben crear modelos de distribución más justos y coherentes con lo que el Estado desea difundir. Entre otras cosas, plantea tener en cuenta a los medios pequeños que no tienen tirajes de miles pero que llegan a comunidades vulnerables. La abogada Sara Mendiola recuerda que las promesas de campaña incluían modificaciones legislativas para que se realizara una asignación 50

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más equitativa. A la fecha, sin embargo, considera que han dejado de lado la iniciativa de ley que ha propuesto la sociedad civil. “El gobierno no le ha querido entrar a eso porque la parte económica es un medio de control del estado para controlar información”. Y agrega que “lo que se busca aquí es que no solamente sea a los medios que tengan un mayor alcance, un mayor impacto. Porque entonces los que tienen poco alcance se siguen quedando en desventaja. Pero sí se tendría que apoyar medios que están haciendo periodismo de investigación. Porque hoy y el día de mañana, lo que va a sostener al periodismo, a pesar de que exista tanta agresión en nuestro país, es el periodismo de investigación”. Mendiola reconoce que es difícil que un Estado apoye el periodismo de investigación porque precisamente éste los fiscaliza e investiga conti-

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nuamente. Sin embargo cree que sería “un criterio muy sano de asignación” ya que “se tiene que pensar en el derecho al acceso a la información es de todas y todos los mexicanos”. La directora de Propuesta Cívica también observa que es necesario distinguir entre propietarios de medios de comunicación, “gente con poder y mucha capacidad económica”, y periodistas, quienes incluso en tiempos del derroche publicitario vivían en condiciones de precariedad. Es el otro lado de la moneda, comenta, porque no cuentan con ninguna seguridad social y hacen un trabajo riesgoso en las condiciones más indignas. “Este tipo de esquemas, de estructuras que se sostienen y que se mantienen en el Estado mexicano, y que el gobierno las está reproduciendo, permiten que los periodistas sigan en riesgo”, señala.

ción de Datos Personales (Inai) porque “en época de mayor corrupción no vieron nada, se hicieron de la vista gorda”. Aunque dijo que no iba a desaparecer, sí solicitó una reducción presupuestal para este organismo. En entrevista, Jacqueline Peschard –excomisionada presidenta del Inai entre 2009 y 2013– lamenta un juicio “tan drástico y tan severo” por parte del Ejecutivo y señala que esto “habla de que no hay una comprensión de lo que ha significado el acceso a la información y la existencia de un órgano garante del ejercicio de este derecho”. Peschard defiende que “se ha ganado muchísimo y eso se puede ver en buena parte de las investigaciones que hay en el país, que están basadas en el acceso a la información. Además, la corrupción se nos ha presentado a los ojos de los mexicanos gracias a que ha habido transparencia”. Para Sara Mendiola, lo que ocurre parece un “juego perverso” entre instituciones. “Por un lado, a nivel normativo, tenemos una buena ley. Lo que pasa es que en la práctica son mecanismos demasiado complejos y las autoridades dan la vuelta a la información. Se vuelve un laberinto totalmente desgastado”. “Por otro lado tenemos estudios que advierten y que identifican una serie de declaraciones falsas en las llamadas ‘mañaneras’. Datos falsos, datos inexistentes”, señala. “Decir que él tiene sus propias cifras, sus propios números y porcentajes no es válido y tampoco lo es que las instituciones no nos den un acceso fácil, simplificado, a obtener esa información de esos datos, de esos números, de esos porcentajes. Eso se vuelve un juego perverso entre las instituciones porque por ningún lado estamos teniendo acceso a una información oportuna y veraz”, concluye. Para Jacinto Rodríguez todo esto es parte del modelo denominado “cuarta transformación”: “Al rey no le gusta que le digan que está desnudo con investigaciones actuales ni con información que pueden tener de otras vías como el Inai”.

Es necesario distinguir entre propietarios de medios de comunicación, gente con poder y mucha capacidad económica, y periodistas

El peor momento para el acceso a la información En el derecho a saber las cosas no son mejores. “Los archivos pasan hoy por su peor momento: se están cerrando y se están regresando expedientes que ya eran versiones públicas. Para mí es otro ejemplo de cómo para este gobierno una cosa es el discurso y otra lo que está pasando abajo”, señala Jacinto Rodríguez, quien recurre constantemente a estos documentos para sus investigaciones. Explica que “no hay una naturaleza de transparencia ni del presente hacia el futuro ni hacia el pasado”. Él, de forma específica, consultaba los expedientes de la extinta Dirección Federal de Seguridad y reconoce que entre 2002 y 2015 había un acceso más directo a estos documentos. Hoy todo es a través de solicitudes de información y la entrega de información llega a tardar más de medio año, lamenta. En estos 10 meses de gobierno, el presidente López Obrador ha señalado continuamente un desempeño deficiente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protec-

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GUERRA INFINITA

ESTADOS UNIDOS Y LAS DROGAS EN COLOMBIA Pasadas más de 3 décadas de “guerra contra las drogas”, promovida por los sucesivos gobiernos de Estados Unidos, el problema no sólo persiste sino que se ha agravado. Además, los estadunidenses tienen el control del país y, desde ahí, impulsan sus intereses en la región

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TAMARA LAJTMAN/MAESTRA EN ESTUDIOS LATINOAMERICANOS POR LA UUNIVESIDAD NACIONAL AUTÓNMA DE MÉXICO/CHRISTIAN ARIAS BARONA/CELAG

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INTERNACIONAL ANÁLISIS

xiste una gran contradicción entre los dichos y los hechos sobre el narcotráfico entre Estados Unidos y Colombia. El 29 de marzo de 2019 Donald Trump planteó que el presidente colombiano, Iván Duque, es un “buen tipo”, aunque “no ha hecho nada por nosotros” [1]. Aseguró que han ingresado más drogas ilícitas desde Colombia a Estados Unidos, hecho que reprochó con el escueto estilo que lo caracteriza. Ante el caso, la diplomacia colombiana guardó un silencio obediente, demostrando que su política nacional se debe ajustar a las necesidades de la potencia del Norte. Hace algunos días, Trump emitió un memorando presidencial sobre los países productores de drogas ilícitas y el tráfico ilegal de estas sustancias. En el documento se felicita a la administración de Iván Duque por haber alcanzado niveles récord en la reducción del cultivo de coca y producción de cocaína heredados de su predecesor, además de impulsar el reinicio de la erradicación mediante aspersión aérea. Afirma que Estados Unidos continuará coordinando estrechamente con Colombia y “otros socios con ideas afines” en el hemisferio para “restaurar la democracia en Venezuela”. El documento añade que “con el fin de la dictadura de Maduro plagada de elementos criminales, Estados Unidos podrá trabajar mucho mejor con Venezuela para detener el flujo de drogas que salen de América del Sur”. [2] Lo cierto es que la perpetuación de los esquemas de “guerra contra las drogas” en Colombia imposibilita una implementación efectiva de los Acuerdos de Paz, al tiempo que fortalece el tradicional rol de Colombia como irradiador de la seguridad hemisférica estadounidense en América Latina y el Caribe.

Guerra contra las drogas reloaded Durante el gobierno de Duque se han hecho más visibles los cambios en la polí-

tica antinarcóticos hacia Colombia realizados por la administración Trump [3]. Si bien la discusión sobre la aspersión aérea de glifosato para fumigar los cultivos de uso ilícito se inició en el Congreso durante el gobierno de Juan Manuel Santos, el actual gobierno uribista ha insistido en la priorización de éste método, aunque el mismo afecte cultivos de alimentos e impacte gravemente en la salud de las personas. Otro mecanismo promovido por el oficialismo es el incremento de los Grupos Móviles de Erradicación Manual (GME), que se sobreponen al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) contenido en los Acuerdos de Paz. Durante una visita a Estados Unidos en febrero, Duque dijo que Colombia había logrado un récord en la erradicación forzada alcanzando 40 mil hectáreas en 6 meses, lo que implicó un incremento en el gasto público de 21 mil millones a 100 mil millones de pesos (aproximadamente de 7 millones a 33 millones de dólares) [4]. No obstante, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por su sigla en inglés), la producción, especialmente de cocaína, ha ido en alza, pues si bien las hectáreas cultivadas disminuyeron entre 2017 y 2018 de 171 mil a 169 mil, se estima que el rendimiento fue mayor en el último año, pasando de 1 mil 58 tm a 1 mil 120 tm [5].

Programas antinarcóticos La orientación del gobierno de Colombia se corrobora en la modificación hecha el pasado 27 de mayo al “Convenio general para ayuda económica, técnica y afín” [6] con Estados Unidos, cuyo objetivo es incorporar nuevos programas que contemplan asistencia técnica, equipos, planificación, capacitación, apoyo logístico y operacional por cinco años. Estos progra-

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ANÁLISIS INTERNACIONAL

Lo alarmante de esta política es la tendencia a militarizar la Policía, dar atribuciones a las Fuerzas Armadas en seguridad pública

mas están orientados a reducir el cultivo de coca y la producción de clorhidrato de cocaína al 50 por ciento de los niveles de 2017 para finales del 2023. A estos se suman los programas actualmente en curso: Apoyo a la Aviación de la Policía Nacional de Colombia; Cooperación para la Seguridad Internacional; Fortalecimiento Institucional y Reforma del Sector Judicial; Lucha contra los Delitos Financieros y el Lavado de Activos; Reforma Penitenciaria y Carcelaria; Reducción de la Demanda de Drogas; Unidad de Investigación Sensitiva (SIU) de la DEA (agencia antidrogas estadunidense), y Programa de Iniciativa Andina (AIP) de la DEA. Para 2019, Estados Unidos proyectó una ayuda en defensa y seguridad para Colombia de casi 231 millones de dólares compuesta por tres programas (ver tabla 3) [7]. A lo anterior se suman los aportes de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sigla en inglés) a los Objetivos de Desarrollo (OD) contenidos en una nueva enmienda al acuerdo firmado con Colombia en 2015. Por ejemplo, en el caso del OD “Presencia efectiva de las instituciones y Procesos democráticos en áreas focalizadas”, el flujo aumentó de 125 millones de dólares en mayo de 2018 a 165 millones en julio de 2019, es decir, casi el equivalente al INCLE [8]. ¿En qué se están invirtiendo esos 495 mil 660 millones de pesos mientras el gobierno despliega su presencia en los territorios a través de la Fuerza Pública, en lugar de financiar las instituciones para la implementación del Acuerdo de Paz?

Venta de armas y profundización de la militarización En este contexto, hay que mencionar que la venta de armas de Estados Unidos a Colombia superó los 100 millones de dó-

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lares en 2016 y 77 millones en 2017 [9] (el total del Plan Colombia fue de 14 mil millones). Según el Comando Sur, “la lucha contra el tráfico ilegal de drogas se realiza para salvaguardar la seguridad nacional, y esta lucha es apoyada por programas de asistencia de seguridad ejecutados por el Ejército estadunidense por medio del Comando de Asistencia de Seguridad”. El último ejemplo de este flujo es la transferencia de 60 helicópteros modelo TH-67 Training Bell realizada a inicios de agosto por un valor de más de 1.5 millones de dólares [10]. Lo alarmante de esta política es la tendencia a militarizar la Policía, dar atribuciones a las Fuerzas Armadas en seguridad interior y a la “securitización” de problemas sociales que pueden abordarse desde otro enfoque. Asimismo, la criminalización de consumidores y pequeños productores sirve para solapar prácticas contrainsurgentes y activar instrumentos de represión con el fin garantizar la acumulación capital sin poner fin al narcotráfico.

La dimensión interna: boicot a los Acuerdos de Paz La actual política antidrogas de Estados Unidos en Colombia dificulta la aplicación de los Acuerdos de Paz. Durante los Diálogos de Paz desarrollados en La Habana, la política de erradicación forzada y aspersión aérea con glifosato se redujo gradualmente. Uno de los factores que influyeron fue la inclusión del “problema de las drogas ilícitas [11]” (punto 4) dentro de la agenda de negociaciones, que se articulaba a una Reforma Rural Integral (RRI) y un Plan Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito. El gobierno de Santos decidió suspender las fumigaciones [12] tras reconocer el fracaso de dicha política y sus efectos en las comunidades rurales, punto de partida para avanzar en la

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sustitución gradual y voluntaria de los cultivadores de coca, marihuana y amapola. Según la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas de Estados Unidos (ONDCP, por su sigla en inglés) [13], Colombia disminuyó de 209 mil a 208 mil [14] las hectáreas cultivadas en 2018; no obstante, entre 2013 y 2016 el aumento fue de 128 mil 500 hectáreas, aproximadamente. El gobierno de Iván Duque ha recurrido a estas cifras para justificar la remilitarización de diversas áreas rurales donde hubo repliegue de la Fuerza Pública durante el desarme de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), tomando como hipótesis que algunas zonas, como Norte de Santander, Cauca y Bolívar, no se acogieron al PNIS, según documenta la Fundación Ideas para la Paz [15]. Es de destacar que para el gobierno colombiano las áreas que concentran la mayor cantidad de cultivos y, por ende, estiman una mayor producción de cocaína, se encuentran en la categoría “Zonas de manejo especial”, donde se incluyen: Resguardos indígenas, Tierras de las comunidades negras y Parques Nacionales Naturales. Según el citado informe del SIMCI, dicha concentración abarca 295 mil hactáreas y proyectan una producción de cocaína del 30 por ciento nacional, que coinciden con los siguientes departamentos: Cauca [16], Nariño, Putumayo, Caquetá, Antioquia y Norte de Santander. Llama la atención que en dichas zonas se articulan tres aspectos relevantes: militarización, presencia paramilitar y asesinato de líderes y lideresas sociales, como lo demuestra el informe de seguimiento multipartidista a la implementación del Acuerdo de Paz [17].

Hacia afuera: garantizar la seguridad (estadunidense) El Plan Colombia ha sido punta de

lanza para los lineamientos de seguridad hemisférica estadounidense en el siglo XXI. En años recientes, Colombia pasó de ser considerado “Estado fallido” a exportador de seguridad con dos especialidades: contrainsurgencia y antidrogas. Por lo menos desde 2009, Estados Unidos financió a la Fuerza Pública colombiana para impartir capacitaciones sobre operaciones especiales y antinarcóticos en Centroamérica, México, Paraguay y Perú, entre otros. En 2012, con el “Plan de Acción sobre Cooperación en Seguridad Regional” Santos y Barack Obama acordaron ampliar la cooperación para coordinar la asistencia militar y policial a terceros países, y en 2013 Colombia solicitó la incorporación como socio global de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), otorgada en 2018. Colombia se mantiene como foco irradiador de la seguridad hemisférica estadu-

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una Misión de Política Exterior con el fin de evaluar el desarrollo de la diplomacia durante los dos períodos de gobierno de Álvaro Uribe Vélez y formular una hoja de ruta para su sucesor, Juan Manuel Santos. En el documento se recomendó, con respecto de Venezuela, “que se respete el derecho de ese país a la autodeterminación y Colombia no intervenga en sus asuntos internos” [19]. La recomendación venía a colación por la actitud de Uribe ante situaciones de tensión binacional; la última de ellas: la firma de un acuerdo militar entre Colombia y Estados Unidos que autorizaba al segundo a utilizar siete de sus bases militares [20]. Pasadas más de 3 décadas de “guerra contra las drogas” promovidas por el gobierno estadunidense, es imposible sostener que la interdicción, la criminalización de cultivadores y consumidores, la fumigación con glifosato o la erradicación forzada hayan dado cualquier solución al problema de las drogas ilícitas. Sin embargo, el gobierno de Colombia no da muestras de pretender una política soberana y, menos aún, liderar en el escenario internacional una visión alternativa a las presiones del Norte. nidense en la región. Prueba de ello es el Programa de Cooperación para la Seguridad Internacional, recientemente renovado, que brinda capacitación en temas de seguridad a terceros países. Ya durante el gobierno de Santos se había extendido la cooperación regional en administración de justicia [18] para implementar el modelo de juicio oral reformado durante la primera fase del Plan Colombia. El rol de Colombia en la ofensiva contra Venezuela es la principal muestra del “logro” de décadas de alineamiento a los dictámenes de Washington. Vale recordar que, en 2010, un grupo de especialistas realizó

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Notas [1] https://www.semana.com/opinion/ articulo/posicion-de-duque-a-senalamientos-de-trump–columna-de-jeremy-mcdermott/608055 y https://www.semana.com/ mundo/articulo/donald-trump-se-queja-deque-duque-no-ha-hecho-nada-para-reducirdrogas/607357. [2] https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/memorandum-presidential-determination-major-drug-transit-major-illicit-drug-producing-countries-ﬁscal-year-2020/. [3] https://www.eltiempo.com/mundo/ eeuu-y-canada/trump-pide-incremen-

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tar-ayuda-antidrogas-para-el-colombia-en-2020-336322. [4] https://id.presidencia.gov.co/Paginas/prensa/2019/190329-Comunicado-de-prensa-del-Ministerio-de-Relaciones-Exteriores. aspx. [5] https://www.unodc.org/documents/ colombia/2019/Agosto/Informe_de_Monitoreo_de_Territorios_Afectador_por_Cultivos_Ilicitos_en_Colombia_2018_.pdf. [6] http://apw.cancilleria.gov.co/tratados/ sitepages/menu.aspx. Enmienda 38 al Anexo del Convenio General para Ayuda Económica, Técnica y Afín entre el Gobierno de Estados Unidos de América y el Gobierno de Colombia, firmado el 30 de agosto de 2004. Bogotá, 27 de mayo de 2019. [7] http://securityassistance.org/data/program/military/Colombia/. [8] http://apw.cancilleria.gov.co/tratados/ sitepages/menu.aspx. Enmienda 12 al Acuerdo de Donación de Objetivos de Desarrollo de junio de 2015, entre el Gobierno de los Estados Unidos de América a través de la USAID y el Gobierno de la República de Colombia. Bogotá, 29 de julio de 2019. [9] https://securityassistance.org/pt-br/data/ country/arms/country/2014/2019// South%20America//all?language=pt-br. [10] https://www.southcom.mil/Media/ News/Article/1925847/us-sends-60-training-helicopters-to-colombia/. [11] http://www.altocomisionadoparalapaz. gov.co/procesos-y-conversaciones/Documentos%20compartidos/24-11-2016NuevoAcuerdoFinal.pdf. [12] Las fumigaciones se iniciaron en Colombia durante el gobierno de Julio César Turbay en 1980, tras la firma del Tratado de Asistencia Mutua con Estados Unidos, a través del cual recibió financiamiento y capacitación para la lucha contra las drogas. El agente químico utilizado para las

fumigaciones ha sido RoundUp Ultra, un producto de la empresa Monsanto. [13] El método y la tecnología empleada por éste organismo difiere de la UNODC, y calcula un área cultivada mayor que el organismo de las Naciones Unidas. [14] http://www.ideaspaz.org/publications/ posts/1773. [15] http://cdn.ideaspaz.org/media/website/image/2387_1024x768_scaled_ 5d498ec016720.png. [16] https://www.elespectador.com/noticias/ nacional/cauca/militarizacion-en-el-cauca-la-discusion-de-fondo-tras-el-ataque-la-guardia-indigena-articulo-876200. [17] https://static.hsbnoticias.com/sites/ default/files/documents/2019/08/informe-final-final.pdf. [18] http://www.ministeriodejusticia.gov.py/ index.php/noticias/intercambio-de-experiencias-para-el-modelo-nacional-de-rehabilitaci%C3%B3n-y-reinsercion-social-entre-paraguay-y-colombia. [19] https://www.semana.com/nacion/ relaciones-exteriores/articulo/lo-propone-mision-politica-exterior/115586-3. [20] https://lasillavacia.com/sites/default/ files/media/docs/5109/acuerdo_ee-uu-colombia_comentado.pdf

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RESISTENCIA DEMOCRÁTICA EN LA ERA BOLSONARO El profundo impacto social, económico, ambiental e institucional del gobierno de Bolsonaro ha comenzado a despertar la resistencia democrática y la lucha por los derechos vulnerados

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CAMILA VOLLENWEIDER, MAESTRA EN SOCIOLOGÍA POR LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BARCELONA/BÁRBARA ESTER, SOCIÓLOGA POR A UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES, ARGENTINA/CELAG

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i bien la “era” Bolsonaro apenas lleva casi 8 meses, ya ha fijado una impronta que difícilmente se revierta o se modere de no mediar una contundente resistencia al autoritarismo, a la entrega de recursos y soberanía, al antiiluminismo y al retroceso vertiginoso en materia de derechos. Jair Bolsonaro gobierna para la porción de la población que comparte con él sus valores reaccionarios y meritocráticos; todo lo que no se adecue a ellos automáticamente pasa a constituir el campo “enemigo”, en el que entran desde profesores universitarios hasta indígenas. La descalificación, la agresión verbal y hasta la persecución permanente contra las personas y colectivos que alzan una voz disidente está a la orden del día, poniendo cada vez más en evidencia que el quiebre de la institucionalidad coronado tras el impeachment a Dilma Rousseff se ha profundizado hasta niveles no vistos desde la última dictadura militar, de la cual Bolsonaro es heredero. En este contexto la resistencia no es sencilla y, dada la magnitud de las transformaciones operadas por el gobierno, siempre dejan gusto a poco. Sin embargo, ¿cómo se hace para poner freno a la regresión cuando las instituciones encargadas de impartir justicia son exactamente las mismas que, por acción u omisión, permitieron el quiebre de la legalidad en 2016? ¿De qué modo se puede expresar el descontento cuando el presidente amenaza abiertamente el disenso y las fuerzas de seguridad tienen un alineamiento inquebrantable con su vocación militarista y represiva? Finalmente, ¿cómo se estructura un frente de lucha por la democracia –y, dentro de él, un armado opositor consolidado y unido– cuando aun permanece el desconcierto por el accionar gubernamental, por la derrota en las últimas elecciones y el encarcelamiento del principal líder progresista?

El desafío es mayúsculo; pero lo es también todo lo que está en juego. Por ello las resistencias comenzaron a cobrar impulso desde, prácticamente, el día en que el nuevo gobierno –continuador del encabezado por el ilegítimo Michel Temer– entró en funciones. Así, a medida que desciende la aprobación al gobierno (el 38 por ciento de la población cree que es “malo o muy malo”, frente a un 33 por ciento que lo considera “bueno o muy bueno”), las acciones de protesta se incrementan [1]. Por ahora, los grandes protagonistas en las calles son las mujeres, los miembros de la comunidad educativa y los trabajadores.

Mujeres en pie de lucha No debe olvidarse que fue la estridente voz de las mujeres la que coronó el cierre de la campaña electoral en 2018 en la primera vuelta. EleNao (él no), fue la consigna bajo la cual se congregaron cientos de miles de mujeres –también hombres– sobre todo en las principales ciudades del país para manifestar su rechazo a la candidatura de Bolsonaro. En simultáneo se convocaron manifestaciones en otras ciudades del mundo para solidarizarse con el movimiento en Brasil. Esa internacionalización del No a Bolsonaro también incluyó muestras de apoyo por parte de artistas e intelectuales internacionales. Sin embargo, pese a la contundencia del rechazo en las calles y en las redes, el 28 por ciento de intención de voto que Bolsonaro tenía por ese entonces fue creciendo hasta ganar el balotaje y derrotar al candidato progresista, Fernando Haddad. Sin embargo, las mujeres han vuelto a plantar cara al gobierno. Esta vez, con un claro componente negro, indígena y campesino, más de 100 mil mujeres marcharon frente a la Explanada de los Ministerios en Brasilia los días 13 y 14 de

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agosto. En esos días se dieron la Primera Marcha de las Mujeres Indígenas [2] y la Marcha de las Margaritas [3], que aglutina, además de las mujeres indígenas, a mujeres campesinas, pescadoras y “quilombolas”, entre otras. Sus preocupaciones y demandas fueron la autonomía de la mujer sobre su cuerpo, el fin de la violencia institucional y machista, el respeto a las tierras indígenas y el medioambiente, y el rechazo a la reforma jubilatoria.

Bolsonaro no tuvo buenos resultados electorales en Contra la reforma el Nordeste, jubilatoria, en las calles y hecho que lo ha en el recinto predispuesto El 14 de agosto distintos sindicatos convocaron a una huelga general contra mal en su la reforma da Previdencia, el proyecto de relación con los Ley obtuvo por 379 votos a favor y 131 en gobernadores contra en la primera votación realizada a

fines de julio, y 370 votos a favor, 124 en contra y una abstención en segunda instancia. De esta manera superó el mínimo de tres quintos (308 votos) necesarios para las reformas de carácter constitucional y fue elevada a la Cámara de Senadores, donde será nuevamente sometida a una doble votación y requiere, al menos, el voto de 49 de los 81 senadores para su aprobación. El proyecto de reforma previsional se propone redefinir la edad jubilatoria –que pasaría a 62 años para las mujeres y 65 para los varones– y aumentar los montos de las contribuciones sociales personales. Cabe destacar que el rechazo unánime sólo provino de las bancadas del PT (54), del Partido Comunista (ocho) y del Partido Socialismo y Libertad (10) –al cual adscribía Marielle Franco–. Dentro de la centro-izquierda, ocho (de los 27) diputados del Partido Democrático Laborista, 11 (de los 32) referentes del Partido Socialista y dos del Partido Verde votaron contra la reforma.

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La comunidad educativa sale del aula El sector estudiantil fue uno de los que salió masivamente a las calles el 13 de agosto, tal como lo habían hecho el 15 y 30 de mayo en más de 150 ciudades de los 26 estados y en el Distrito Federal. En aquella oportunidad Bolsonaro se refirió a los manifestantes como “idiotas útiles”, entre otros improperios. La presión desde las calles –que volvió a tomar fuerza desde 2013 y que fue adquiriendo diferentes signos políticos– ahora vuelve a ser eje de las protestas sindicales y estudiantiles, con la conﬂuencia de ambos sectores en oposición al gobierno de Bolsonaro. Las manifestaciones de agosto fueron convocadas por organizaciones estudiantiles como la Unión Nacional de Estudiantes (UNE) y la Unión Brasileña de Estudiantes Secundarios (Ubes), autodenominadas como el tercer tsunami educativo y viralizadas en redes sociales bajo el hashtag #Tsunami13Agosto y #TsunamiDaEducação. Los estudiantes se manifestaron contra el recorte en la educación y el programa Future-se, proyecto que tiene como objetivo atraer inversiones privadas hacia las instituciones públicas y regular la participación de las organizaciones sociales en la gestión.

¿Resistencia desde el Nordeste? Bolsonaro no obtuvo buenos resultados electorales en el Nordeste, hecho que lo ha predispuesto mal en su relación con los gobernadores y los nordestinos en general, considerados por el pensamiento reaccionario del que el presidente es exponente, como el prototipo de región y población a prescindir: negros, vagos y, ahora, “rojos”. Así, era esperable que las relaciones entre el presidente y los gobernadores nordestinos se fueran deteriorando con el correr

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Progresistas, a contracorriente

de los meses: Bolsonaro se ha referido al gobernador de Maranhao, Flávio Dino (del Partido Comunista del Brasil), como “el peor”; habló de implementar “represalias” contra los mandatarios regionales, los acusó de querer dividir al país y también los llamó “gobernadores de paraíba” [4], término utilizado en algunas regiones para referirse de forma peyorativa a los nordestinos. “Lo que yo quiero de esos gobernadores: no voy a negar nada a esos estados, pero si ellos quieren que todo eso sea considerado, van a tener que decir que están trabajando junto al presidente Jair Bolsonaro. Caso contrario, yo no voy a tener conversaciones con ellos, vamos a publicitar las obras junto a las prefecturas” (Jair Bolsonaro, Sobradinho, Bahía, 5 de agosto de 2019) [5].

Si bien ya estaba planificada desde hacía meses, la conformación del Consorcio Nordeste a finales del julio, una autoiniciativa para estimular el desarrollo de la región que está integrada por nueve gobernadores, ha adquirido una nueva impronta política tras los exabruptos del representante del gobierno federal. Algunos analistas ven en este hecho el germen de un posible articulado político de oposición de peso al gobierno, de cara a las elecciones municipales de 2020 y las generales de 2022.

El Amazonas en llamas Desde la campaña de 2018, dos de las promesas del entonces potencial gobierno de Jair Bolsonaro anticipaban un claro cambio en la agenda ambiental: la fusión

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Como correlato de la política oficial para la agricultura y la minería, desde enero se han producido más de 72 mil incendios: una catástrofe

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del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente –ambos con intereses antagónicos– y la apertura de las reservas indígenas protegidas por la Constitución nacional a la explotación forestal y minera. Si bien no logró fusionar ambos ministerios, una de sus primeras medidas fue el cese de la demarcación de tierras indígenas y el traslado de esa responsabilidad al Ministerio de Agricultura. En enero de 2019, el Ministerio de Medio Ambiente erradicó el Departamento de Bosques y la Lucha contra la Deforestación, que estaba vinculado a la Secretaría de Cambio Climático y Bosques, la cual posteriormente también fue cerrada. Asimismo, el gobierno amenazó con desmantelar áreas protegidas, reducir el Consejo Nacional de Medio Ambiente y eliminar el Instituto Chico Mendes para la Conservación de la Biodiversidad. En paralelo, y como correlato de la política oficial para la agricultura y la minería, desde enero se han producido más de 72 mil incendios en lo que es una catástrofe ambiental sin precedentes. Lejos de mostrar preocupación, el presidente bromeó: “Me solían llamar capitán Motosierra y ahora soy Nerón incendiando el Amazonas” [6]. En el ámbito nacional, en mayo todos los exministros de Ambiente de Brasil desde el retorno de la democracia a la fecha alertaron desde São Paulo sobre el riesgo ambiental. El grupo define la política del Ejecutivo como una “política sistemática, constante y deliberada para desmontar las políticas medioambientales” implementadas desde principios de la década de 1990. El hecho es tan crítico que incluso ofició de unidad por sobre las diferencias ideológicas de los exministros [7]. Por su parte, los gobiernos subnacionales han encabezado algunas iniciativas. Nueve de los 27 estados han presentado una iniciativa bajo el Consorcio Interestatal de Desarrollo Sostenido de la Amazonia Legal, cuyo objetivo es el diálogo

Economía, en picada

directo con Noruega y Alemania que integran (y financian) el Fondo Amazonia y que suspendieron sus aportes en repudio a las políticas antiambientales del gobierno nacional. Otro ejemplo del liderazgo de los gobiernos locales en asuntos climáticos fue la postura de la ciudad de Salvador de Bahía luego de la cancelación de la Semana Latinoamericana y del Caribe sobre el Cambio Climático. Proactivamente, la ciudad asumió una postura contraria a la cancelación, llevando adelante el encuentro este mes. En vista de la confirmación de Salvador, el gobierno nacional cambió su posición y apoyó el evento. La reunión fue organizada por la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y es uno de los eventos preparatorios para la Conferencia

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audita respuesta de Brasil sólo tiene como antecedente la postura de Donald Trump en Estados Unidos. La displicencia con que Bolsonaro ha asumido la cuestión contrasta, incluso, con la tradicional posición de los militares sobre el asunto: en ese sentido, quizás sea este tema el que lo termine aislando al presidente incluso entre sus propios seguidores.

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Reﬂexiones ﬁnales

Climática (COP25), que se celebrará en diciembre de este año en Chile. Mientras que la COP25 está dirigida a negociar entre los jefes de Estado, la Semana del Clima se enfoca en entidades subnacionales. En la órbita internacional, en diciembre de 2015 se celebró el histórico Acuerdo de París sobre el cambio climático, y Brasil se comprometió entonces a adoptar metas nacionales para enfrentar el cambio climático mediante la disminución de gases de efecto invernadero. Sin embargo, cuando se negoció el Acuerdo de París, Brasil tenía un destacado papel de liderazgo y la voluntad política para crear una buena gobernanza climática, mientras que este año el gobierno anunció un recorte del 95 por ciento en el presupuesto para acciones para combatir el cambio climático. La in-

Ante esta situación de deterioro institucional, social y ambiental, las calles se han vuelto el espacio de unidad de la resistencia; sin embargo, y a pesar de los intentos de la oposición progresista al gobierno por dar pelea en el Congreso, la falta de alianzas hace que no se logre articular una oposición capaz de frenar las iniciativas legislativas y ejecutivas antiderechos. En este sentido, el gobierno de Bolsonaro ha utilizado hábilmente las enmiendas parlamentarias, las cuales constituyen miles de millones de reales en concepto de fondos para el manejo discrecional de los diputados. Esto explica la falta de disciplina parlamentaria de algunas de las bancadas de centro-izquierda. Sin embargo, las experiencias son variopintas y algunas resistencias legislativas fueron exitosas a la hora de impedir por ejemplo la ampliación del número de autoridades con potestad de clasificar documentos como secretos, derogar el Decreto sobre la liberalización de las armas de fuego y el proyecto que buscaba transferir la competencia de la Funai (Fundación Nacional de Indio) del Ministerio de Justicia al Ministerio de Agricultura (dominado por ruralistas). Estos ejemplos demuestran que la mayoría parlamentaria del Ejecutivo no es lo suficientemente sólida y no está siempre dispuesta a aceptar las disparatadas propuestas del Ejecutivo. De acuerdo a lo antedicho, la falta de alianzas sólidas y la consolidación de un

Ante el deterioro institucional, social y ambiental, las calles se han vuelto el espacio de unidad de la resistencia. Pero no se consolida una alianza

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Lula, líder encarcelado

plan de acción unificado entre las bancadas opositoras junto a los actores sociales emergentes se vuelven imprescindibles. En términos más generales, desde el impeachment a Dilma Rousseff en adelante, pasando por el encarcelamiento de Lula y con la hostilidad manifiesta para con la cultura de izquierda en particular por parte de Bolsonaro y sus seguidores, el campo progresista ha quedado afectado en términos de poder contar con un liderazgo claro y con un plan de acción definido, lo que le permite a los distintos conglomerados de la derecha aprovechar las fisuras e imponer agenda. La principal enseñanza que deja la resistencia en las calles es la necesidad de construir una unidad plurisectorial “por arriba” –tal como en las calles ocurre “por abajo”– para contrarrestar las embestidas reaccionarias del gobierno actual.

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Notas [1] https://www.poder360.com.br/pesquisas/ governo-bolsonaro-e-desaprovado-por-38-aprovacao-e-de-33/. [2] http://www.generonumero.media/marcha-mulheres-indigenas/. [3] https://theintercept.com/2019/08/14/mulheres-da-marcha-das-margaridas/. [4] https://veja.abril.com.br/politica/em-carta-governadores-do-nordeste-cobram-bolsonaro-apos-fala-sobre-regiao/. [5] https://economia.uol.com.br/noticias/ estadao-conteudo/2019/08/05/bolsonaro-condiciona-verba-ao-nordeste-a-reconhecimento-de-governadores.htm. [6] https://www.metropoles.com/brasil/politica-br/amazonia-bolsonaro-diz-que-passou-de-capitao-motosserra-a-nero. [7] https://elpais.com/sociedad/2019/05/08/ actualidad/1557339923_104919.html.

MISCELÁNEO

EX LIBRIS

ERNEST CASSIRER UN REPASO DE LAS TEORÍAS POLÍTICAS ÁLVARO CEPEDA NERI

Ernest Cassirer (1874-1945), integrante de la Escuela de Marburgo (Pablo Natorp, Kant y la Escuela de Marburgo), escribió su magnífica obra El Problema del Conocimiento, publicado en cuatro tomos con traducción de Wenceslao Roces. Su obra fundamental es Filosofía de las Formas Simbólicas –traducida por Armando Morones Ortega– con otros dos libros excepcionales: Kant: Vida y Doctrina y Filosofía de la Ilustración. Todos ellos en el Fondo de Cultura Económica. E indispensables para la cultura en general y sobre la historia de las ideas creadoras en el sentido de: “No está fuera, ahí lo busca el loco; está dentro de ti, tú lo produces perennemente” (en los versos de Schiller, el poeta entre los kantianos). A esa corriente pertenece la obra de Cassirer; y en El mito del Estado rastrea las principales teorías políticas y su experiencia en la creación de los gobiernos para conducir a gobernantes y pueblo, más o menos sujetos a la estructura jurídica del derecho positivo que constituye el Estado. Planteando una línea divisora: de los griegos a la Edad Media, los siglos XVIII al XIX y el mundo contemporáneo. Y mostrando que en algunos “de nuestros sistemas políticos modernos” se manifiestan raíces del “pensamiento mítico” que es un poder “alarmante”. II. Ese poder del “estado mítico” busca derrotar al pensamiento racional, al promover fases rudimentarias de la

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taciones universales de Maquiavelo a subcultura de la, pues, “primitiva esla teoría política republicana. Y entre tupidez”. La de suponer que el poder otros, estudia a Hobbes, a Rousseau, las del Estado como es el gobierno debe aportaciones de la Revolución Francesa recaer en características tribales, descendientes de dioses o la designación de a la que Kant admira y reconoce los derechos del hombre y del ciudadano gobernantes por suposiciones mágicas, de 1789. También pasan por estas pápara imponer ejercicios unipersonales, ginas: Locke, Hegel, Thomas Carlyle. autoritarios y autocráticos con base en Un capítulo sobre la técnica de los inapelable “leyes inexorables de la hismitos políticos modernos. Gobineau toria”. Un fenómeno investigado por y la supremacía de la raza, con la gloJames Frazer (1854-1941) y Sigmund rificación del héroe de Carlyle, para Freud (1856-1939). Y para el mito poalimentar a Hitler, Stalin y otros más lítico está el ensayo de Dieter Nohlen que aún perduran en el escenario y Rainer-Olaf Schultze: Diccionario de los autoritarismos. Cassirer de Ciencia política (Porrúa). Ese nos da un panorama de los mito sigue alimentando los regímenes-gobiernos y de fines antidemocráticos Autor: Ernest Cassirer, con cómo han continuado de los gobernantes que traducción de Eduardo Nicol los mitos para favorecer se dicen descendientes Título: El mito del Estado a los despotismos-dictade concepciones irraEditorial: Fondo de toriales. Sus reflexiones cionales para imponer Cultura Económica ofrecen una recreación regímenes dictatoriales. de las ideas políticas y de Éste es un texto que ejemsu implantación como formas plifica el mito del Estado en de gobierno en los estados donde Platón con su diálogo La República; el sigue la tensión entre autocracia y deEstado en la Edad medieval y su fondo metafísico y religioso, ocupándose de lo mocracia. Las fuerzas del mito del Estado no han quedado “completamente que llama “la nueva ciencia política de destruidas”. Es como la peste de Albert Maquiavelo”; donde, como casi todos Camus donde sus ratas pueden volver los que se meten con el florentino, sólo a contagiar la vida política de la humamuestran a El Príncipe para decir que el nidad. Nuevos hitlerianos andan por propio Nicolás Maquiavelo “enseña”. ahí escondidos con atractivos ropajes Sin entender que Maquiavelo sólo transmite lo que hacían las monarquías izquierdizantes y derechizantes. “Entonces el pensamiento mítico empieza de su época: reyes, déspotas, dictadores nuevamente a erguirse y a inundar toda y jefes tribales. la vida social y cultural del hombre”. III. Pero el autor reconoce las apor-

OPINIÓN ARTÍCULO

LA IGNORANCIA ECONÓMICA OSCAR ENRIQUE DÍAZ SANTOS, DOCTOR EN ECONOMÍA POR LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO Y ESPECIALISTA EN GASTO PÚBLICO Y PRESUPUESTO

2. Otro malestar que tuvo el presidente fue la esde que tomó posesión Andrés Manuel López Obrador como presidente de la calificación otorgada a la economía y, en concreto, República, ha tenido diversas controver- a Petróleos Mexicanos (Pemex) por las calificadosias en materia económica con especialistas, cali- ras. Eso lo hizo explotar. Dijo que las mediciones ficadoras, economistas y hasta con las propias ins- de estas calificadoras obedecían a sus intereses tituciones gubernamentales encargadas de medir propios. Es cierto que las calificadoras de inverla actividad económica del país. En forma recu- sión, en cierto sentido, se manejan por cuestiones rrente, cuando una medición no es del agrado políticas, pero también es cierto que a nivel mundel señor presidente, su argumento es que están dial son una referencia para los mercados financieros internacionales y hay que tomar en cuenta equivocadas, ya que sus cifras dicen lo contrario. Hay algunas cuestiones económicas que son las calificaciones que emiten. 3. Cuando el Banco de México redujo el proimportantes considerar: 1. Una de las primeras situaciones fue en su nóstico de crecimiento del PIB, lo descalificó y cotoma de posesión cuando expresó que recibía mentó que sus cifras indicaban que se crecería más un país quebrado. Técnica y económicamen- del 2 por ciento. La primera medición del PIB, en el primer trimestre, te no era así, ya que hubo un descenso del 2 se cumplía con todos En los últimos días el presidente ha por ciento en la activilos compromisos de señalado que la economía está muy dad económica y en el deuda (principal y su segundo trimestre logró costo) y no se había bien y que no importa el crecimiento su mejor nivel del 0 por dejado de pagar. En el económico, sino el desarrollo ciento. El dato inicial artículo que escribí en que publicó el Instituto esta prestigiada revista (“Un país saqueado no es lo mismo que un país Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) del 0.1 en quiebra”), señalé que la quiebra implicaba la por ciento fue celebrado por el presidente como si insolvencia y la cesación de pagos de las obliga- hubiéramos crecido al 2 por ciento pronosticado ciones. Esto no podía pasar porque sería equiva- para 2019. En principio, tener un crecimiento nelente a declarar una moratoria de pagos, cuestión gativo en el primer trimestre no se recupera fácilque no era saludable ni deseable. Para ese enton- mente, ya que si se bajó cierto porcentaje no basta ces el país contaba con un poco más de 175 mil con crecer al mismo porcentaje para recuperar lo millones de pesos en reservas internacionales, lo perdido debido que la medición no es lineal sino cual soportaba los compromisos adquiridos. Cier- exponencial. 4. En los últimos días el presidente ha señalado tamente la duda pública es de un poco más del 50 por ciento del producto interno bruto (PIB) y que la economía está muy bien y que no importa ello provoca que una parte importante del gasto el crecimiento económico, sino el desarrollo. El público se destine para cubrir, ya no el principal sostiene que con sus acciones (no programas) para de la deuda sino su costo, lo cual limita el creci- ayudar a los más necesitados se genera bienestar económico. Creo que no es así. Puede dar recurmiento y desarrollo económico.

2 de septiembre de 2019

ARTÍCULO

bancos más grandes del país. En este contexto, el beneficio será en algunos instrumentos, pero en otros no. Finalmente, cada banco lo decide. Obviamente los que no tiene actividad con los bancos, los más pobres, seguirán igual de fregados. 7. No le gusta a usted la palabra recesión. La recesión es parte del ciclo económico que cada economía, tarde que temprano, sufre. Incluso cuando una economía permanece mucho tiempo en auge, los economistas plantean que se está sobrecalentando y hay que enfriarla, por lo que es necesario una recesión calculada y bien manejada para no caer en crisis económica que traiga consecuencias funestas para la población. Otra cuestión es que, quiera o no quiera, la dependencia que tiene México con los

MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO

sos económicos para que las personas con escasos o nulos ingresos puedan elevar su consumo, pero no elevan su calidad de vida. Hay un indicador que se denomina Índice de Desarrollo Humano (IDH), el cual mide tres componentes: nivel de ingresos, nivel de salud y grado de escolaridad. Aún existen más de 20 millones de mexicanos en pobreza extrema, los cuales no tiene una buena calidad de vida. Esa es una tarea muy importante que tiene que cumplir. 5. Para que exista desarrollo económico debe de haber crecimiento económico. Sin no lo hay, sólo se tratará de paliativos que mitigan, pero no reducen la pobreza. Para que se pueda aspirar a tener un desarrollo económico, el crecimiento del PIB debe de estar por encima del nivel de crecimiento de la población. Por ejemplo, si la población creciera al 2 por ciento anual, el PIB lo debería de hacer por lo menos tres veces más. Señor presidente, hay metodologías económicas para hacerlo. Vea usted, China es el país en el mundo que mayor crecimiento económico ha tenido en los últimos 20 años y aún con su poderío comercial y económico, sigue siendo un país subdesarrollado. 6. Señor presidente, otro beneplácito que tuvo fue cuando el Banco de México anunció una reducción de la tasa de interés de referencia de .25 puntos base para quedar en 8 por ciento y comentó que eso era bueno porque a las personas les aumentaba los ingresos para elevar el consumo. Creo que no es así, porque no necesariamente esta reducción no beneficiará a los usuarios de servicios financieros. Hay una metodología que utilizan los bancos para determinar las tasas activas de interés. La base de la determinación de la tasa de interés que cobran los bancos es la Tasa de Interés Interna de Equilibrio (TIIE), a ésta se suman 28 puntos que son la base de los Certificados de la Tesorería (Cetes) y también se suma la Tasa o Premio de Riesgo que los bancos determinan para cada uno de sus instrumentos. La TIIE es un promedio de los intereses de los tres

OPINIÓN

Estados Unidos de entre 70 y 80 por ciento en el comercio, lo hace vulnerable a una recesión internacional. Ojo, hay visos en la economía mundial que puede presentarse una recesión, quizá no en este y el próximo año, pero sí en 2 años. Señor presidente, en lo particular lo conmino a que haga caso de las señales económicas y no caer en la ignorancia de la economía. Usted mencionó en su conferencia mañanera que la recuperación económica es una tarea que no se ha cumplido. Ciertamente, así como hay economistas malos también los hay brillantes y hay que hacerles caso. También en los presidentes de la República también hay muchos malos y quizá alguno bueno. Hay que buscarlo en un pajar como una aguja.

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ISSN: 1665-1626 REVISTA SEMANAL Del 2 al 8 de septiembre de 2019

Año 18 • Número 657 • $30