Contralínea 659 by Revista Contralínea

ISSN: 1665-1626 REVISTA SEMANAL Del 16 al 22 de septiembre de 2019

Año 18 • Número 659 • $30

CONTENIDO

PORTADA

BAJO EL SUPUESTO DE “SEGURIDAD NACIONAL”, EN GOBERNACIÓN SE ABUSÓ DE DINERO PÚBLICO Con Osorio Chong al frente, Gobernación recurrió a un esquema de presunta defraudación del erario: bajo el concepto de “seguridad nacional”, contrató irregularmente a decenas de empresas privadas sin licitación

CONTRALÍNEA. PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN –año 18, número 658, del 16 al 22 de septiembre de 2019– es una publicación semanal editada por Editorial Libertad y Expresión, SA de CV; Ignacio Aldama 74-8, colonia Del Carmen, delegación Coyoacán, CP 04100, Ciudad de México; teléfonos: 55 54 91 93 y 55 54 91 94; www.contralinea.com.mx, info@contralinea.com.mx. Editor responsable: Agustín Miguel Badillo Cruz. Número de reserva al título de derecho de autor: 04-2001-1206164804 00-102. Número de certiﬁcado de licitud de título: 12264, y de contenido: 8918. ISSN: 1665-1626. Impresa por Editorial Libertad y Expresión, Insurgentes Centro 98, colonia Tabacalera, Ciudad de México, teléfono 55549192. Este número se terminó de imprimir el 13 de septiembre de 2019. Distribuida por la Unión de Voceadores de México, despacho de Gloria Santillán, Ignacio Mariscal 44, col. Tabacalera, CP 06030, México, DF, teléfono 55 92 08 91. CONTRALÍNEA reconoce el deber de veracidad y la cláusula de conciencia de reporteros y articulistas. Los textos son responsabilidad de sus autores. Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reﬂejan la postura del editor de la publicación. Queda totalmente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos o imágenes de la publicación sin previa autorización de Editorial Libertad y Expresión, SA de CV.

OPINIÓN 6

AGENDA DE LA CORRUPCIÓN ¿PUEDE LA 4T MANDAR AL CARAJO A LOS CUINIS Y AL CÁRTEL JALISCO NUEVA GENERACIÓN? Nancy Flores

ZONA CERO TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA: PUESTOS A “RECOMENDADOS” QUE NO TIENEN TÍTULO Zósimo Camacho

DEFENSOR DEL PERIODISTA LA OTRA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES PERIODISTAS (CON RASPÓN PARA AMLO) Álvaro Cepeda Neri ARTÍCULOS

MADERA: LA MADRE DE TODAS LAS BATALLAS David Cilia Olmos

DEL “DESPERTAR ISLÁMICO” A LAS “PRIMAVERAS ÁRABES” Alessandro Pagani

VENEZUELA Y RUSIA, ALIANZA ESTRATÉGICA FRENTE A LAS AGRESIONES DE ESTADOS UNIDOS Wiliam Urquijo Pascual/Prensa Latina

Circulación certiﬁcada por Romay Hermida y Cía, SC, folio: 00010-RHY

16 de septiembre de 2019

CONTENIDO

DIRECTOR Miguel Badillo oﬁciodepapel@yahoo.com.mx COORDINADORES INFORMACIÓN Y EDICIÓN WEB Nancy Flores nancy@contralinea.com.mx EDICIÓN IMPRESA Zósimo Camacho zosimo@contralinea.com.mx CONTRALÍNEA TV Érika Ramírez esoemi@contralinea.com.mx DISEÑO Miguel Minero mimiga@contralinea.com.mx PUBLICIDAD Martha Moreno mmoreno@contralinea.com.mx DEFENSOR DEL PERIODISTA

Álvaro Cepeda Neri cepedaneri@prodigy.net.mx DEFENSOR DEL LECTOR Jorge Melendez Preciado jamelendez@prodigy.net.mx EDITORIALISTAS Fabio Barbosa fabiobarbosacano@gmail.com Miguel Concha Malo educacion@derechoshumanos.org.mx Martín Esparza garrasleo6@yahoo.com.mx Roberto Galindo galeondelsur@hotmail.com Samuel Lara Villa WEB Hugo Sadh

INVESTIGACIÓN

PORTADA Bajo el supuesto de “seguridad nacional”, en Gobernación se abusó de dinero

ILUSTRADOR David Manrique manrique@contralinea.com.mx

público Miguel Badillo 30

CAPITALES Empresaria Irma Magaña, prófuga bajo la causa penal 122/2018 Aseneth Hernández/ Nancy Flores

ANÁLISIS

INTERNACIONAL Agua: balance del gobierno de Peña y proyección con López Obrador

Imagen de portada: MISAEL VALTIERRA RUVALCABA/ CUARTOSCURO

Gonzalo Hatch Kuri/Samuel Schmidt/José Joel Carrillo-Rivera 54

INTERNACIONAL Catar se resiste a perder Susana Alfonso Tamayo/Prensa Latina

ESPECIALES

CONTRALUZ Con marcha silenciosa, exigen alto a la violencia contra las mujeres Jordana González/Karen Ballesteros

MISCELÁNEO

EX LIBRIS Schiller y Beethoven: El himno a la alegría y La novena sinfonía Álvaro Cepeda Neri

REDACCIÓN 5554-9194 PUBLICIDAD 5554-9191 VENTA DE LIBROS 5554-9192 Ignacio Aldama 74-8, colonia Del Carmen, delegación Coyoacán, CP 04100, México, DF

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OPINIÓN AGENDA DE LA CORRUPCIÓN

¿PUEDE LA 4T MANDAR AL CARAJO A LOS CUINIS Y AL CÁRTEL JALISCO NUEVA GENERACIÓN? NANCY FLORES

l gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha apostado por renunciar a la mal llamada guerra contra el narcotráfico para privilegiar acciones que restauren de manera paulatina el tejido social (como el apoyo a niños y jóvenes por medio de becas, campañas de prevención de las adicciones y el fortalecimiento del sector salud para atender a los adictos). En ese mismo contexto, el presidente aseguró que hay que “mandar al carajo” y decirle “fuchi y guácala” a la delincuencia. A la par, poco a poco va militarizando aún más el país con el despliegue masivo de la Guardia Nacional, aunque en este tema la instrucción no es precisamente enfrentar de manera directa y abierta a los criminales, sino hacerlo sólo cuando ya no hay más alternativa que repeler las agresiones armadas. Por ello persiste la duda de cómo enfrentará a los poderosos grupos del crimen organizado, cuyo crecimiento exponencial se dio sobre todo en los sexenios de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, porque el combate fue una farsa: parte de la economía mexicana –como ocurre con la mundial– se sostiene con el dinero sucio y por eso la actividades criminales son toleradas o hasta alentadas desde el poder institucional. Parece un hecho que este gobierno no permitirá las “asociaciones” institucionales con la delincuencia organizada, sea como política de gobierno (como ocurrió con la desaparecida Dirección Federal de Seguridad) o como cooptación de los servidores públicos por la llamada ley de plata o plomo. Lo que es en sí mismo un gran avance.

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Pero no todo depende de la voluntad del gobierno federal o del presidente López Obrador, sino también de los gobiernos estatales y municipales y, en muchos casos esa batalla parece perdida. Ello, porque ciertos territorios permanecen bajo el yugo de la criminalidad, tanto por acción como por omisión de las autoridades. Así que no es tan fácil mandar al carajo a los grandes cárteles del narcotráfico. Sin duda, la connivencia entre el crimen organizado y los poderes político y económico –que hasta antes del actual gobierno podrían haber alcanzado al más alto nivel en el Ejecutivo federal– fortalecieron los tentáculos de los delincuentes y favorecieron todos los negocios ilícitos a su alrededor. Esas fortalezas son las que difícilmente se debilitan sólo con programas sociales de apoyo a los más desfavorecidos, las campañas de prevención de las adicciones, el fortalecimiento del sector y los discursos. Y es ahí donde aun no se esclarece cómo va a actuar la administración federal.

El poder de los cárteles Para entender el tamaño del problema es necesario revisar cómo se encuentran actualmente los cárteles del narcotráfico y, al parecer, éstos mantienen su expansión y sus fortalezas. Sobre todo destacan dos: el Cártel Jalisco Nueva Generación y Los Cuinis. En su análisis Mexico: organized crime and drug trafficking organizations, el estadunidense Congressional Research Service indica que “actualmente la frag-

AGENDA DE LA CORRUPCIÓN

Ya sobre el caso específico del Cártel Jalisco Nueva Generación, indica que originalmente fue conocido como Los Asesinos Zeta e hizo su primera aparición en 2011, con una exhibición en la carretera de los cuerpos de 35 presuntos miembros de Los Zetas. Esta organización opera no sólo en Jalisco, sino también en Colima, Michoacán, Estado de México, Guerrero y Guanajuato. Y su fuerza ha llegado a tal punto que se ha convertido en una fuerza dominante en la zona conocida como Tierra Caliente (Guerrero y Michoacán). Según el análisis, ha ampliado su alcance geo-

JUAN JOSÉ ESTRADA/CUARTOSCURO

mentación o ‘balcanización’ de las principales organizaciones delictivas ha sido acompañada por la diversificación de muchos grupos en otros tipos de actividades criminales”. No obstante, observa que aún son nueve los más poderosos, de los que apunta que “su estado actual revela la fluidez de todos los grupos criminales en México a medida que enfrentan nuevos desafíos de competencia y de la dinámica cambiante del mercado”. El reporte, publicado a mediados de agosto pasado, señala que la fragmentación comenzó en 2010 y se aceleró en 2011. Esto redefinió el “campo de batalla” y trajo nuevos actores, como Los Zetas y Los Caballeros Templarios. Y luego los renovó, pues más recientemente de esa atomización se han encumbrado el Cártel Jalisco Nueva Generación, que es sin duda el que mayor notoriedad y expansión logró en el sexenio de Peña Nieto, y Los Cuinis. Al respecto, el análisis de los servicios de investigación del Congreso estadunidense observa que, “en 2018, una serie de organizaciones más pequeñas reaccionaron y algunos de los grupos que alguna vez fueron pequeños, como el Cártel Jalisco Nueva Generación, ingresaron al espacio que quedaba después de que se desmantelaran otras organizaciones criminales”. Éste, refiere, tiene un alcance nacional similar al del Cártel de Sinaloa, “aunque originalmente era una facción aliada o el ala armada de esa organización”. El análisis también destaca “el papel de un cártel más nuevo, conocido como Los Cuinis”. Agrega que desde abril de 2015, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos nombró a ambas organizaciones como traficantes de narcóticos especialmente designados, bajo la modalidad de narcotráfico extranjero por la Ley de Designación Kingpin. Ahora la misma OFAC señala que Los Cuinis se ha convertido en “uno de los cárteles de drogas más poderosos y violentos en México”.

OPINIÓN

gráfico y ha mantenido su propia cohesión, mientras explota la fragmentación de la organización de Sinaloa, y que ya tiene presencia en 22 de los 32 estados mexicanos. Agrega que este cártel, encabezado por Rubén Oseguera Cervantes, alias Mencho, opera en América, Asia y Europa. “Es responsable de distribuir cocaína y metanfetamina a lo largo de 10 mil kilómetros de la costa del Pacífico en una ruta que se extiende desde el Cono Sur hasta la frontera de Estados Unidos y Canadá”. Frente a este poderío, ¿basta repelerlos con un carajo, fuchi, guácala?

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OPINIÓN ZONA CERO

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA PUESTOS A “RECOMENDADOS” QUE NO TIENEN TÍTULO ZÓSIMO CAMACHO

n documento interno del Tribunal cha de nuevos funcionarios son el oficial Mayor, Superior de Justicia de la Ciudad de Sergio Fontes Granados, y el director de RecurMéxico (TSJCM) da cuenta de la con- sos Humanos, el ingeniero químico José Ulises tratación de servidores públicos no aptos para Cedillo Rangel, quienes llegaron a estos cargos desempeñar las labores del cargo. De hecho, el con la nueva administración en enero pasado. Invariablemente, el personal que se está documento lleva como rótulo: Personal que ingresó al T.S.J.CD.MX. sin cumplir con los requisitos de título contratando proviene de la anterior jefatura delegacional de Xochimilco, donde Fontes Gray cédula profesional que requiere su puesto (sic). Está firmado por el director de Administra- nados era director Jurídico y de Gobierno, y ción Financiera del TSJCDM, Víctor Ramírez Cedillo Rangel, de Medio Ambiente. Hoy, en Sánchez. Es parte de una investigación en cur- los hechos, no existe carrera judicial en el máxiso. La avalancha de nuevos funcionarios “re- mo órgano del Poder Judicial de la Ciudad de México. comendados” por la Seis casos son detanueva administración No sólo se trata de que se ignore al llados en el documento. es tal, más de 30, que ha motivado ya una personal de carrera judicial que reúne Todos corresponden a indagación que dé los requisitos del puesto. Lo peor es que contrataciones de este año. Se advierte con cuenta de la magnitud los ‘recomendados’ ni títulos tienen una “NOTA” al calce: del problema. “Puede haber otros caEl escándalo que sos pero se tiene que investigar en la Dirección implica la contratación de personal que no reúne los requisitos ni los grados académicos que de Personal de la Dirección Ejecutiva de Recurseñala la normativa es mayor porque en el pro- sos Humanos”. Nos referiremos en esta entrega a tres de pio Tribunal ya hay trabajadores que cumplen con las competencias académicas y de experien- ellos. El primero es el de Abel Ángel Osorio cia requeridas. Sin embargo, sin justificación López, contratado con el nivel de subdirector alguna, son hechos a un lado y los puestos se de área el 15 de enero de 2019. Se le otorgó la asignan a amigos de los servidores públicos en plaza 8609163-9. Quedó adscrito a la Dirección turno. Y, ahora sabemos, los elegidos ni siquiera Ejecutiva de Obras, Mantenimiento y Servicios. cuentan con los requisitos que marca la ley para En específico se desempeña como coordinador de Inmuebles. Percibe una remuneración bruta aspirar a tales cargos. Los responsables de contratar a esta avalan- de 46 mil 764.3 pesos.

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OPINIÓN

ANDREA MURCIA/CUARTOSCURO

ZONA CERO

Otro, es el de Víctor Ramírez Sánchez, quien ingresó el 1 de febrero de 2019 como director de área. La plaza asignada es la 8608259-8. Está adscrito a la Dirección Ejecutiva de Recursos Financieros. Cuenta con un sueldo bruto de 69 mil 345.92 pesos. El tercero es el de Daniel Antonio Rodríguez Montiel. Fue contratado el 16 de enero de 2019 como director de área. Está adscrito a la Dirección Ejecutiva de Gestión Tecnológica con la plaza 8601059-0. Cobra un sueldo bruto de 69 mil 345.92 pesos. Otro documento del Tribunal, éste de la Dirección Ejecutiva de Recursos Humanos, da cuenta de la cantidad de nuevas contrataciones para ocupar plazas que deberían haber sido ocupadas por los servidores que están haciendo carrera judicial en el organismo. Las plazas ocupadas van desde direcciones de área y direccio-

nes ejecutivas hasta pasantías en derecho. En la relación también figuran los cargos de analistas, secretarios, técnicos, administrativos especializados y jefes de unidad. Suman 31. A pesar de las investigaciones en curso, los responsables ni se inmutan: todavía la semana pasada se siguieron adjudicando plazas a los “recomendados”. Extraña que esto ocurra en el TSJCDM, cuando el actual magistrado presidente es Rafael Guerra Álvarez, un doctor en ciencias penales por el Instituto de Ciencias Jurídicas de Estudios Superiores que hizo carrera dentro del Poder Judicial de la Ciudad: inició como oficial mecanógrafo en 1989 (hace 30 años). Se esperaría que los puestos al interior del Tribunal fueran ocupados por los servidores que ya están dentro de la institución, están capacitados y sí cuentan con los requerimientos académicos que marca la propia normativa.

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OPINIÓN DEFENSOR DEL PERIODISTA

LA OTRA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES PERIODISTAS (CON RASPÓN PARA AMLO) ÁLVARO CEPEDA NERI

os funcionarios de la señora Sheinbaum Par- hubo investigaciones para dejar en la impunidad a do y ésta en primerísimo lugar –con su jefe esas 448 mujeres que aparecen en la lista. “Peña Nieto nos deja un país hecho pedazos. de seguridad indignado porque le echaron polvo rosa en su cabellera–, se han mostrado ame- Durante su período había una fiscalía especializada nazantes contra las protestas de las mujeres quienes, contra [los agravios] a la libertad de expresión, que ni justificadamente indignadas, rompieron unos cris- investigó, ni juzgó, ni sancionó estas agresiones”, setales y se han manifestado con rabia ante la barba- ñala Lucía Lagunes, directora de CIMAC. Y es que rie de que son objeto por toda clase de delincuentes, junto con la corrupción peñista aumentó la violencia y la sospechosa lentitud con que se atienden estos y las agresiones con homicidios como factor común, hechos. Y mientras procede adelantar la renuncia para dejar un país más que hecho pedazos, ya que las de doña Claudia y su equipo por incompetentes, consecuencias de la inseguridad arrojan millones de ineficaces e ineptos, en la capital de España se ha mexicanos entre desaparecidos, secuestrados, asesinados y violados sexualpresentado el Comunimente. Para que quienes cación e Información de la Mujer, AC (CIPeña Nieto nos deja un país hecho han sobrevivido –como MAC), para denunciar pedazos. Durante su periodo había una ellas– salgan a protestar sin más opción que halas otras violaciones a ﬁscalía contra los agravios a la libertad cer lo mismo y con más aquellas mujeres que radicalización. ejercen el periodismo de expresión. Ni investigó ni juzgó De entre los delinen nuestro país. cuentes del narcotráfico Los hechos reportados corresponden al sexenio maldito, corrupto y y otros personajes que ejecutan, agreden y amenazan criminal de Peña Nieto (el gigoló de copete como a las periodistas, están “los funcionarios municipales siempre ha sido, que anda de paseo por Europa), (los estatales, agregamos), los candidatos, militantes que informa de 448 periodistas que fueron agredi- o simpatizantes, identificados como los principales das y de ellas 11 fueron asesinadas. La amplísima agresores”. Durante los 6 años del peñismo “ocho nota de debe a la reportera Paula Chouza (El País, periodistas han tenido que desplazarse a otra entidad 17 de mayo de 2019) y en ella se relata el informe ti- y dos de ellas han debido salir del país. El ataque intulado Herencia de un sexenio: simulación y desplazamiento, cluye a reporteras, medios digitales, televisión y agenque contiene, pues, un detallado análisis de cómo las cias de noticias”. El saldo del peñismo es como para que Peña sea mujeres dedicadas al periodismo en todas sus manifestaciones, también son víctimas de la sangrienta presentado ante el ministerio público y luego ante inseguridad mexicana. Delitos sobre los cuales no el juez penal para juzgarlo; y con las pruebas sen-

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NACHO RUÍZ/CUARTOSCURO

DEFENSOR DEL PERIODISTA

tenciarlo a no menos de 40 años de prisión. Fue cómplice y omiso como lo fue en otros aspectos de su infame sexenio. Lo que hizo y dejó de hacer Peña es mucho más grave que lo que le imputan a su empleada Rosario Robles, sin que esto signifique abogar por ella ya que efectivamente fue una peñista embarrada en la corrupción. Lo que sufrieron las mujeres periodistas, detallado en el mencionado informe, muestra la segunda parte de la sentencia de Lord Acton: “el poder absoluto corrompe absolutamente”. De igual manera, la directora de CIMAC, Lucía Lagunes, se ha mostrado crítica con lo postura del nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador, con respecto a los periodistas: “Señalar a los medios como los enemigos no es un buen inicio”. En el caso del periodismo, el sexismo tampoco ayuda como eso de “no voy a hablar de eso, corazoncito”, que dijo AMLO a una reportera; o dar un beso en la mejilla a la periodista. “Fomentar las imágenes sexistas y misóginas no ayuda, dice Lagu-

nes, para la democracia mexicana que queremos construir las mujeres”. Y tiene sobradas razones para darle un raspón al lopezobradorismo que no ha dejado de mandar veladas amenazas con sus pullas y adjetivos al periodismo, porque quiere una prensa sumisa y favorable a su manera personal de gobernar. El cuestionamiento de CIMAC debe ser un documento que salga más a la luz pública, para que sirve de luz roja al nuevo sexenio, donde ya se contabilizan más de 11 homicidios de periodistas. Y es que nuestro país sigue sometido a una inseguridad aterradora que da pie a cumplir amenazas contra el periodismo y sus trabajadores: hombres y mujeres que insisten en informar con veracidad de los hechos, y criticar lo que consideren contrario a los intereses nacionales. El informe sobre los ataques a las mujeres periodistas que tuvieron lugar durante el peñismo debe servir para aplicar inmediatamente una adecuada protección para quienes buscan con su trabajo contribuir al buen gobierno.

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OPINIÓN ARTÍCULO

MADERA

MADRE DE TODAS LAS BATALLAS DAVID CILIA OLMOS, MAESTRO EN DESARROLLO SOCIAL; EXINTEGRANTE DE LA LIGA COMUNISTA 23 DE SEPTIEMBRE

n los años de la incipiente guerrilla en México, a finales de la década de 1960 y principio de la de 1970, el resplandor del asalto al cuartel de Ciudad Madera, el 23 de septiembre de 1965, era el norte político para la mayor parte de las organizaciones clandestinas en formación y un referente inexcusable para todos los que se decidieron por el camino de las armas como forma de transformación social. Pero los combatientes de Madera, el Grupo Popular Guerrillero (GPG) encabezado por Arturo Gámiz, no sólo tuvieron un influjo moral sobre varias generaciones de activistas revolucionarios armados, sino que fueron determinantes para la constitución de las más importantes organizaciones político militares formadas en la década de 1960 y 1970. Es claro que el posterior Grupo Popular Guerrillero Arturo Gámiz, encabezado por Oscar González Eguiarte, eligiendo como teatro de operaciones la misma serranía de Chihuahua y nutriendo sus filas con los sobrevivientes del Grupo Popular Guerrillero fue la continuación, en este caso por los mismos medios, de lo que fuera la guerrilla de Arturo Gámiz. Tres sobrevivientes del asalto al cuartel de Ciudad Madera formaron parte de este grupo. Guadalupe Scobell Gaytán, Ramón Mendoza Torres y Francisco Ornelas, otros militantes del GPG que por diversas cuestiones logísticas no estuvieron en el asalto al cuartel, también se integrarían, entre otros Oscar González Eguiarte, quien fuera el comandante de este grupo, Juan Antonio Gaytán Aguirre, su hermano Salvador Gaytán y Salvador Infante. La masacre de Tesopaco del 11 de septiembre de 1968 marcó el final del grupo encabezado por

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Oscar González Eguiarte. En este lugar, el Ejército mexicano literalmente fusiló a los sobrevivientes de una larga marcha iniciada en Chihuahua que terminaría en esa población de la sierra ya en el Estado de Sonora. Entre las bajas de esa campaña guerrillera podemos contar al propio Oscar Gonzalez Eguiarte, a Guadalupe Scobel Gaytán y al joven estudiante de 17 años Carlos Armendáriz Ponce. Ramón Mendoza Torres, sobreviviente al asalto al cuartel de Ciudad Madera, paradógicamente salvaría la vida, pues fue detenido propiamente al inicio de la campaña, cuando en un retén policiaco se enfrentó a los agentes, asumiendo toda la responsabilidad para permitir que Oscar González Eguiarte pudiera continuar con la actividad en la que estaban comprometidos. La masacre de Tesopaco, Sonora, si bien marcó el fin de las operaciones del Grupo Popular Guerrillero Arturo Gámiz, no significó la aniquilación de sus militantes y relaciones, quienes continuaron su actividad guerrillera ya como Movimiento 23 de Septiembre, coincidiendo este nombre con el que adoptara el grupo que encabezó en su momento Pedro Uranga. Hasta donde hemos podido reconstruir la historia, otros militantes o relaciones del Grupo Popular Guerrilero, que al igual que los anteriores participaron en la reunión de reagrupamiento que se dio en la ciudad de México despues de las lamentables caídas en Madera, entre otros Pedro Uranga Rohana, Juan Fernández Carrejo, Saúl Ornelas, Guadalupe Jacott y Rafael Estrada Villa, formarían otra organización guerrillera, que en relación con el Movimiento Revolucionario del Pueblo, vinculado con Víctor Rico Galán, tomaría el nombre de Movimiento 23 de Septiembre. En este grupo también

ARTÍCULO

OPINIÓN

estarían incorporados Saúl Chacón y Guillermo logísticas no pudo llegar a tiempo al asalto, lo que Rodriguez Ford, quienes, aunque no estuvieron pre- no significó un abandono de la lucha que se había sentes en la reunión de reagrupamiento posterior al planteado, sin embargo, en cumplimiento de sus asalto al cuartel de Madera en la Ciudad de Méxi- propósitos había sido detenido e igualmente recluico, formaban parte del los cuadros del GPG. A este do en Lecumberri. A raíz de la detención de la mayor parte del grupo grupo también se incorporó Martha Cecilia Ornelas Gil. Parte importante del grupo sería detenido guerrillero Comandos Armados del Pueblo y al depor la Dirección Federa de Seguridad (DFS) el 26 tectar la DFS la relación del grupo con Pablo Alvarado –Gladys López, su segunda esposa, formaba parte de enero de 1967 en la Ciudad de México (Nexos). Otros sobrevivientes del Grupo Popular Gue- de este grupo– Nazar Haro decidió su eliminación rrilero, específicamente las hermanas y el herma- física en la prisión, por lo que fue asesinado en un no del profesor Arturo Gámiz, se incorporarían a montaje de fuga orquestado por el coronel Curiel, el otras luchas. Amalia y María Dolores Gámiz Gar- director del fatídico “Palacio Negro” de Lecumberri. Diego Lucero, otro de los activistas relacionados cía serían detenidas como parte del Partido de los Pobres (Pdlp), organización guerrillera fundada por con el Grupo Popular Guerrillero igual sería deterel profesor Lucio Cabañas Barrientos. Su hermano minante para la formación del Grupo “N”, grupo Jacobo Gámiz García igualmente formaría parte de explícitamente sin nombre por decisión propia, que esta organización, el Pdlp, de la cual se separaría sería bautizado más tarde por Lucio Cabañas como más tarde en el marco de las diferencias políticas “Los Guajiros”. En este grupo militaría, entre otros entre Lucio Cabañas y el resto de organizaciones activistas, Leopoldo Angulo Luken y Francisco Pérez Rayón, quienes posarmadas que en 1974 teriormente formarían constituirían la Liga Yo tuve la suerte de venir a la Ciudad parte de la Liga ComuComunista 23 de Septiembre. Ya como parte de México desde Juárez. Nos hospeda- nista 23 de Septiembre. Benjamín Pérez Arade esta organización, mos en un hotel en el que coincidimos gón, quien también tuvo Jacobo Gámiz sería de- con Pablo Gómez; así se hizo la liga contacto con el GPG de tenido en Acapulco en Arturo Gámiz sería uno 1974, sometido a interrogatorios y torturas por parte de la DFS y desde de los elementos determinantes para la formación de los Comandos Armados Lacandones. Benjamín entonces se encuentra desaparecido. Otro sobreviviente del asalto al cuartel de Ciu- narra así su contacto con Pablo Gómez del GPG de dad Madera, Raúl Florencio Lugo Hernández, que Arturo Gámiz: “Yo tuve la suerte […] de venir a la debido a las condiciones de su retirada de la sierra Ciudad de México. Desde Juárez vinimos a una coestando herido no pudo participar en la reunión de misión […] nos hospedamos en un hotel que coinreagrupamiento de la ciudad de México, ni reicor- cidentemente era el mismo que estaba usando Pablo porarse a las actividades posteriores, luego de una Gómez [no este del Partido Comunista que ahora es difícil odisea se incorporaría a la Asociación Cívica senador por Morena, sino Pablo Gómez, el doctor y Nacional Revolucionaria de Genaro Vázquez Rojas profesor Pablo Gómez Ramírez] […] nos escuchó y en cumplimiento de sus tareas sería detenido y en- hablar […] así se hizo la Liga, así fue como tuve la conexión […] El 23 de septiembre, en Madera, Chicarcelado en el palacio negro de Lecumberri. En esa dolorosa prisión Florencio Lugo coinci- huahua, mataron al doctor Pablo Gómez y esto nos dió con otro de los conjurados del asalto al cuartel impactó mucho a los que ahí andábamos” (Hector de Madera, Pablo Alvarado Barrera, quien sería un Ibarra, La Guerrilla de los 70, p. 59). Algunos de los sobrevivientes del Movimiento elemento determinante para la conformación de los Comandos Armados del Pueblo. Pablo había 23 de Septiembre, en sus dos vertientes, formarían participado en la organización del asalto al cuartel parte del Movimiento de Acción Revolucionaria de ciudad Madera, sin embargo, según el testimo- (MAR). Fernando Pineda Ochoa destaca la incornio que recogió Hugo Esteve Díaz, por cuestiones poración de miembros de la familia Gaytán, de fa-

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Tampoco podemos decir, estamos más lejos aun miliares del doctor Pablo Gómez y de la hermana de Oscar Armendáriz (En las Profundidades del MAR, de eso, que esto es un triunfo de la izquierda revop. 50) quien muriera fusilado en Tesopaco como lucionaria de la que formaron parte los guerrilleros parte del Grupo Popular Guerrillero Arturo Gámiz. de Madera y todos los demás. Lo que sí podemos decir, es que la “reforma Es importante destacar que de los grupos mencionados, inclusive del MAR, otros militantes revo- política” y otros cambios que potenciaron a los lucionarios se incorporarían a la Liga Comunista partidos de la izquierda reformista, y que más tar23 de Septiembre, como Roque Reyes García y de, aunque no se lo proponían, contribuyeron de Antonio García González que provenían del CAP, alguna manera al triunfo contundente del pueblo Ramón Cardona Medel, que venía del MAR, Oli- el primero de julio del 2018, no habrian sido posivia Ledesma Flores, que había formado parte de los bles, sin la participación determinante y heroica del Comandos Armados Lacandones y Leopoldo An- grupo de Arturo Gámiz y los y las demás militantes gulo Luken que provenía del Grupo “N” o Guajiros. revolucionarias que lucharon con las armas en la Podemos decir que la semilla de rebeldía mano en pos de una transformación de la realidad sembrada en la sierra de Chihuahua, aunque nacional. Y también podemos decir que el primer deseo pisoteada de una manera brutal por el gobierno mexicano el 23 de septiembre de 1965, dio no de cada revolucionario que se levantó en armas, sólo por reververación, sino también por contacto el elemento que de manera determinante llevó a directo, frutos en las subsiguientes organizaciones miles de jóvenes a la insurrección: acabar con el armadas que proliferaron de 1965 en adelante; y autoritarismo gubernamental, con la descarada y sanginaria represión y que la batalla iniciada espionaje, en términos en Madera, fue la maEl primer deseo de cada revolugenerales se ha iniciado dre de la mayor parte de las batallas –hablan- cionario que se levantó en armas fue con este cambio. Falta mucho para do literalmente– que acabar con el autoritarismo gubernaque los ideales de la se dieron en el ciclo mental y la sanguinaria represión parte más lúcida de la posterior y que de una juventud de las décadas manera u otra contride 1960, 1970 y 1980 se cumplan. Las deudas del buyeron al cambio de rumbo en este país. Podrán decir algunos que el triunfo de Andrés Estado con esta generación, con sus madres, esposas Manuel López Obrador en las pasadas elecciones e hijos aún no están saldadas. Del Grupo Popular presidenciales “demuestra” que la izquierda refor- Guerrillero aun permanece en calidad de desapamista y no la revolucionaria fue la que finalmente rición forzada Jacobo Gámiz García. Lo mismo sucede con más de 1 mil activistas revolucionarios. tuvo la razón. Yo pienso diferente. Quien en 2018 realizó la azaña de despedir del El Estado tendrá que responder a estas cuentas penPoder Ejecutivo la dominación de los partidos de la dientes, no se puede hablar de que vivimos en deoligarquía, no fue, por donde se le quiera ver, esa mocracia mientras exista un sólo desaparecido. Y el actual gobierno tiene que reconocer que “izquierda”. Esa corriente del pensamiento, esa “izquierda la lucha social que llevó a este cambio de régimen, moderna” tan aplaudida por la oligarquía y Televi- a esta nueva esperanza para el pueblo de México, sa, terminó extinguiéndose en el cadáver del PRD y también tiene como matriz la lucha heroica que dieformando parte de la alianza de derecha, “izquier- ron contra la dictadura los combatientes de Madera da” y centro llamada Futuro 21. Los exmiembros y todos los demás que siguieron sus pasos. Una buena oportunidad para externar este rede esa izquierda que ahora forman parte de la “cuarta transformación”, han tenido que abando- conocimiento es que asistan al homenaje que se nar, ya sea de dientes para fuera o en la realidad, las ha- hará el próximo 22 de septiembre en Los Pinos, los bilidades concertacesionadoras que caracterizaron sobrevientes del asalto al cuartel de Madera. ¿Se atreverán? a esa corriente del pensamiento.

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OPINIÓN ARTÍCULO

DEL “DESPERTAR ISLÁMICO”

A LAS “PRIMAVERAS ÁRABES” ALESSANDRO PAGANI, HISTORIADOR Y ESCRITOR; MAESTRO EN HISTORIA CONTEMPORÁNEA; DIPLOMADO EN HISTORIA DE MÉXICO POR LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO Y EN GEOPOLÍTICA Y DEFENSA LATINOAMERICANA POR LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

a unidad entre los Hermanos Musulmanes y el clero saudíta ha originado un frente único en su género (lo del “despertar islamista”); pero este idilio que se dio en los primeros años fue un muy breve romance y hoy día los exponentes de este grupo tienen que enfrentarse con las políticas represivas del príncipe heredero.

1960-1990: 3 décadas en nombre de la unidad Luego del intento de magnicidio contra el presidente patriota y revolucionario egipcio Gamal Abd el-Nasser en 1956, los Hermanos Musulmanes –ya entonces aliados estratégicos en la región de la OVRA, la policía secreta de Benito Mussolini– fueron señalados de ilegales y sus miembros obligados a tomar el camino de la clandestinidad y encontrar refugio justo en Arabia Saudita que, en aquellos mismos años estaba enfrentando una batalla contra Egipto, dentro de la disputa por Oriente Próximo en la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) de ese entonces. La relación entre el reino saudita y la “Hermandad” se configuraba por mutuo interés: los “Hermanos” obtuvieron protección y enclaves dentro del sistema educativo y la cultura, beneficiándose también de la “escalada” petrolera de la década de 1970, mientras Arabia Saudita entraba en alianza con un poderoso instrumento ideológico de contraste al panarabismo egipcio, contra el socialismo del Partido Ba-

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ath y promoviéndose por una hegemonía sobre el mundo islámico. La alianza entre los Hermanos Musulmanes y el clero wahhabi en Arabia Saudíta daba vida a un nuevo movimiento, denominado: el “Despertar Islamista” (al-Sahwa al-Islamiyya). La Sahwa nace como grupo híbrido de la guerra contrarrevolucionaria en Oriente Próximo, que conjuga el activismo político de la “Hermandad”, dirigido contra los poderes coloniales y contra una sociedad que no era islamista del todo, pero contra una nación árabe y socialista, junto con el movimiento Wahhabi, concentrado en la purificación de la religión. Ese movimiento se organiza también a través de una fuerte propaganda, conocida como Jama’at Tarbiyya (grupos de educación moral y religiosa). En esa fase, los adversarios de la Sahwa hacen parte de dos niveles específicos de tipo religioso y cultural. A nivel religioso, encontramos tres opositores en la década de 1970: los Ahl al-Hadith, que invocan el abandono completo de la política; unos cuantos exponentes del clero Wahhabi, que critican las tendencias racionales de la Sahwa en el campo religioso; los Yihadistas, que interpretan la Sahwa como un movimiento nacionalista que puede influenciar negativamente a los jóvenes. En el ámbito exquisitamente cultural, desde el comienzo de la década de 1980, el “Despertar islamista” tendrá que enfrentarse con un grupo de intelectuales liberales, acusados de querer corromper el espacio social saudíes con elementos modernos.

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1990-2000: la represión contra la Sahwa

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gunos canales parainstitucionales de la Sahwa que funcionaban para promover el financiamiento del movimiento, desde 1992 a 1995 lleva a cabo una tremenda campaña represiva de detenciones tendientes a la eliminación del movimiento mismo. Sólo después del 11 septiembre, con el supuesto atentado terrorista en las “Torres gemelas” en Nueva York, no pocos exponentes de la Sahwa serán rehabilitados y utilizados como propaganda del régimen. Un ejemplo es lo de Salman al-Ouda, líder de la Sahwa, detenido en 1994, liberado en 1999 y que se ha vuelto la voz representativa y alineada a Riyadh en su intento al hacer creer de tomar distancias de Osama Bin Laden y al-Qaeda.

El momento de cambio más relevante se dio con el envío de las tropas estadunidenses en Arabia Saudita, luego de la entrada del ejercito iraquí de Ṣaddām Ḥusayn en la región iraquí de Kuwait, acción militar que despertó reacciones preocupantes por parte de la Sahwa que, en esa acción –justa y soberana– del gobierno iraquí dirigido por el Partido Baath, se interpretó no sólo como de posible daño a sus propios intereses económicos y financieros en una región rica de recursos naturales, sino también como un posible despertar del movimiento nacional árabe, del panarabismo que, en la figura de Husayn, del Partido Baath y con el apoyo político Las represiones pos “primaveras del Movimiento de los Países No Alineados, era árabes” considerado un peligro por las petromonarquías y las burguesías mafiosas de la región. Hay que decir, finalmente, que todo ha camEste evento fue el biado de nuevo junto apogeo de un devenir con las así mal llamadas La alianza de los Hermanos Mu- “primaveras árabes”, de procesos de politización de estos grupos sulmanes y el clero wahhabi en Arabia ahí al-Houda ha recoque han empezado en Saudita dio vida al movimiento contra- nocido y apoyado las la década de 1980 y rrevolucionario ‘Desperar Islamista’ protestas, subrayando reconocible en tres facla necesidad de poner tores: la crisis petrolera de nuevo en auge en la que no había permitido absorber a los jóvenes agenda política la cuestión de un nuevo “contrato del movimiento Sahwa en el aparato estatal, gene- social”, para introducir un principio de consultarando así un fuerte sentido de discriminación, la ción, de “participación democrática”, de respeto exclusión de intelectuales laicos en la Sahwa por a los derechos humanos, de reactivar las interparte del sector cultural y, por fin, el progresivo pretaciones del Corano y Sunna y de crear una alineamiento del grupo contra la familia reinante. sociedad más inclusiva. El carisma y la autoridad Es justo ahí que se fundará un “frente de las de al-Ouda –ahí el reinado había dado mucho énoposiciones” a la Casa reinante, constituido por fasis y confianza luego de 2001– se ha vuelto contres polos: el clero de la Sahwa que acusa a Sa’ud tra la casa reinante. En este sentido, hay que conde corrupción, opresión y falta de principios de siderar también la toma del poder por parte del consultación; los Munsirun, es decir, los clericales príncipe heredero, Muhammad Bin Salman, y su Wahhabi que se disocian de las cuestiones políticas, ambiguo proyecto de volver a un islam moderado los cuales al mismo tiempo reconocen al movi- que encuentra en la Sahwa un obstáculo real que miento de oposición; los intelectuales Sahwa, que hay que eliminar. Es justo así que al-Ouda, junto a se localizan principalmente en la dimensión políti- otras figuras como Awad al-Qarni, intelectual de ca de la cuestión, promoviendo la instauración de la Sahwa, y Ali al-Omari, presentador televisivo, una “democracia islamista conservadora”. fueron detenidos en septiembre de 2017, con la Frente a las amenazas de la Sahwa, el reinado acusación de terrorismo y condenados a muerte decide por fin de intervenir. Si al comienzo Riyadh en mayo de 2018. Según fuentes anónimas la conorganiza la esfera religiosa y educativa y cierra al- dena a muerte aún no se ha ejecutado.

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VENEZUELA Y RUSIA

ALIANZA ESTRATÉGICA FRENTE A LAS AGRESIONES DE EU WILIAM URQUIJO PASCUAL/PRENSA LATINA

aracas, Venezuela. Venezuela impulsa una prohibición a empresas o ciudadanos estadunidenalianza de alcance estratégico con Rusia, en- ses de contraer nexos con el Estado bolivariano. La tre otros actores globales, frente a las agresio- acción punitiva incluyó además el embargo de todos nes políticas y económicas impulsadas por Estados los bienes y activos del gobierno de Venezuela en EsUnidos, así como las reiteradas amenazas de inter- tados Unidos, los cuales no podrán “ser transferidos, pagados, exportados, retirados o tratados de ninguna vención militar. Las recientes visitas a la nación euroasiática de otra manera”, de acuerdo con la normativa firmada la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, y el por Trump. Unida al recrudecimiento de las medidas coerministro de Defensa, Vladimir Padrino, confirman el determinante rol desempeñado por Moscú en el citivas unilaterales, calificadas por las autoridades venezolanas como terrorismo económico, flota en el conflicto geopolítico entre Washington y Caracas. El canciller Jorge Arreaza manifestó en recien- aire la posibilidad de un bloqueo naval frente a las tes declaraciones a la prensa que Venezuela enfren- costas de la nación sudamericana para impedir la ta la hostilidad de la administración estadunidense entrada y salida de bienes esenciales, opción formulada por el mandatario de Donald Trump por estadunidense. todos los medios a su Ante la intención deﬁnitiva de EU de alcance, siempre dentro de los preceptos de la proceder contra Venezuela, la coope- Rusia, elemento legalidad internacional. ración rusa ha sido un disuasivo que de disuación En la capacidad de re- entorpece los planes de los halcones sistencia del país ante La portavoz del Milos ataques de la Casa nisterio de Relaciones Blanca, juegan un papel fundamental las alianzas Exteriores de Rusia, María Zajárova, instó a la cocon potencias emergentes que generan un mercado munidad internacional a condenar la amenaza de y unas capacidades de intercambio fuera del control Estados Unidos contra Venezuela, que vendría a de Estados Unidos, manifestó el titular. acrecentar los esfuerzos de asfixia económica conDurante el último lustro, y en particular desde tra el Estado bolivariano. Con esa actitud la Casa enero de 2019 –a raíz del reconocimiento del dipu- Blanca demuestra “indiferencia total a los probletado opositor Juan Guaidó como “presidente encar- mas y necesidades del pueblo venezolano”, al regado” de Venezuela–, el gobierno estadunidense iterar que las medidas coercitivas implementadas arreció su política hostil contra Caracas con el fin de de forma unilateral por la administración Trump generar las condiciones para un cambio de régimen contradicen el derecho internacional e impactan la por vías anticonstitucionales. calidad de vida de la población del país sudameriEscudado en la narrativa de que las sanciones no cano. afectan al pueblo directamente, Washington activó el La posibilidad de un bloqueo naval forma parte 5 de agosto una orden ejecutiva dirigida a reforzar la del reiterativo mensaje de “todas las opciones están

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tensidad contra Venezuela, la cooperación rusa ha sido un disuasivo que entorpece los objetivos deseados por los halcones”.

Cooperación integral para el desarrollo A la par de la consolidación de los vínculos en el ámbito de la defensa, los gobiernos de Moscú y Caracas ratificaron en fechas recientes la disposición de continuar la cooperación en diferentes esferas del desarrollo. Durante una reunión entre el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, y la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, las partes confirmaron la disposición de continuar el trabajo conjunto en proyectos de la economía, la ciencia, la alta tecnología, la cultura y la cooperación técnico-militar. Lavrov manifestó el respaldo del gobierno de Rusia a Venezuela ante las constantes medidas coercitivas y unilaterales de Estados Unidos contra esa nación y la intensificación reciente del bloqueo económico, comercial y financiero. Aseguró que “Rusia siempre será solidaria con Venezuela y contrarrestará la presión contra Caracas, y nosotros vamos a seguir defendiendo junto a ustedes los principios del derecho internacional”. Rodríguez, por su parte, transmitió un mensaje de agradecimiento del presidente venezolano, Nicolás Maduro, a su par ruso, Vladímir Putin, así como a todo el país, por el apoyo que presta a la república sudamericana. La representante del gobierno bolivariano destacó que Rusia y Venezuela forman parte de un club de países que luchan contra el intervencionismo, las medidas unilaterales e ilegítimas. 123RF

sobre la mesa” respecto al caso de Venezuela, que hace abierta referencia a una eventual intervención armada directa, opción demandada por sectores radicales de la oposición en el país. Personeros políticos de la extrema derecha venezolana abogaron en repetidas ocasiones por una intervención militar, y en esa línea la Asamblea Nacional –parlamento en desacato de mayoría opositora– “resucitó” el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR). En este escenario, el pasado 15 de agosto los ministros de Defensa de Rusia, Serguéi Shoigú, y Venezuela, Vladimir Padrino, anunciaron la firma de un acuerdo intergubernamental para permitir el intercambio de buques militares en puertos de ambos países. Durante la visita a Moscú del general en jefe Padrino, como parte de la participación venezolana en los Juegos Militares Internacionales Army 2019, los titulares conversaron sobre temas relacionados a la cooperación bilateral impulsada desde 2005 en el ámbito castrense y tecnológico. “Estamos atentos a los acontecimientos en Venezuela, notamos una presión sin precedentes por parte de Washington que busca desestabilizar la situación en ese país”, aseveró entonces el ministro Shoigú al pronunciarse sobre el escalamiento bélico de Estados Unidos. La naturaleza de las relaciones ruso-venezolanas se ha caracterizado por la transferencia de equipamiento militar de todo tipo: rifles, tanques, vehículos, aviones de combate, helicópteros de transporte, buques de guerra y sistemas de misiles antiaéreos, reseñó el portal de investigación Misión Verdad. Indicó la fuente especializada que a partir de las amenazas de intervención militar estadunidense, se incrementaron las maniobras militares conjuntas; “ante la intención definitiva de proceder a baja in-

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BAJO EL SUPUESTO DE “SEGURIDAD NACIONAL”

EN GOBERNACIÓN SE ABUSÓ DE DINERO PÚBLICO

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Con Osorio Chong, Segob recurrió a un esquema de presunta defraudación: bajo la “seguridad nacional”, contrató irregularmente decenas de empresas, revelan documentos confidenciales MIGUEL BADILLO/PRIMERA PARTE

GALO CAÑAS/CUARTOSCURO

lasificados bajo supuestas compras por “seguridad nacional”, en los 5 años que Miguel Ángel Osorio Chong estuvo al frente de la Secretaría de Gobernación (20122017) se asignaron sin licitar y de manera irregular cientos de contratos por miles de millones de pesos a empresas privadas previamente seleccionadas por funcionarios de esa dependencia. Las operaciones con dinero público que se hicieron sin transparencia y violentando la ley, están perfectamente identificadas en documentos de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobernación, en la Dirección General Adjunta Penal y Civil y en el Órgano Interno de Control (dependiente de la Secretaría de la Función Pública), con la presunción de que hubo corrupción y complicidad de servidores públicos que pagaron del erario bienes y servicios a precios elevados supuestamente a cambio de comisiones y sobornos. Esas autoridades tienen clasificados cientos de contratos como de “riesgo alto e intermedio”,

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pues según los documentos oficiales se vulneró la fracción IV del artículo 41 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP), porque se otorgaron sin licitación y bajo la premisa de que se ponía en riesgo la seguridad nacional y la seguridad pública, lo cual era falso. Dicha información que tiene reservada el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (ahora en poder de Contralínea), explica cómo se abuso del poder y se hizo un mal manejo de los recursos públicos en el gobierno anterior, lo que habría ocasionado “responsabilidad patrimonial del Estado, un eventual daño a la imagen de la Secretaría de Gobernación y cuantiosos pasivos laborales, lo que se traduce en litigios en proceso para determinar la cuantía y las partes involucradas”.

En una revisión sobre los primeros 19 contratos asignados de manera directa por Gobernación a 16 empresas privadas, personas físicas y una asociación civil bajo el concepto de “seguridad nacional”, el gasto público ascendió a 1 mil 415.2 millones de pesos, pero como son cientos de contratos y convenios asignados de manera irregular, el daño patrimonial es por varios miles de millones de pesos. Contralínea ha solicitado desde la administración anterior y en el gobierno actual los contratos otorgados bajo el supuesto de “seguridad nacional” empleado en la administración de Enrique Peña Nieto como un esquema para beneficiar a empresas privadas “amigas” del gobierno; sin embargo, las respuestas tanto de las secretarías de Gobernación y Función Pública,

La información, reservada por el gobierno de López Obrador, explica cómo se abusó del poder y se hizo un mal manejo de los recursos públicos

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ANDREA MURCIA/CCUARTOSCURO

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Carlos Slim (derecha), beneficiado con contratos otorgados por la anterior administración. En la imagen, con el presidente de la República, López Obrador

como del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), siempre ha sido la misma: negar dichos contratos y ponerlos en reserva bajo el argumento de que son asuntos de “seguridad nacional” que no pueden ser difundidos, cuando en realidad lo único que hacían era ocultar la corrupción que desde las oficinas de la Secretaría de Gobernación se practicaba para desviar recursos públicos. Por ello la importancia de que la sociedad conozca estos informes oficiales clasificados como confidenciales que consideran indebido y violatorio de la ley utilizar dicho concepto de “seguridad nacional” para disponer miles de millones de pesos de dinero público de manera subrepticia y corrupta. Las empresas privadas, personas y sociedades civiles beneficiadas con estos 19 contratos son: Comtelsat, DGRM Health, Telmex, Matra Co-

munication de México, Efectivale, Casa Álvarez Gourmet, King Mar Mexicana, XA Services, Marco Antonio Sandoval Rodríguez, Pro Ayuda a la Mujer, Reisco Operadora de Servicios, Agel Ingeniería, KE Fibertec, Viajes Premier y RCU Sistemas. Entre las adquisiciones hechas bajo el supuesto de “seguridad nacional” están: compra de alimentos para empleados de Gobernación y personas externas; viajes en avión para servidores públicos y migrantes; servicios de jardinería, aseo y limpieza; servicio integral de voz, datos y video; diagnósticos para Centros Federales de Readaptación Social; servicio de telefonía convencional, largas distancias, conducción de señales analógicas, digitales e internet; plataformas electrónicas; protección, custodia, vigilancia y seguridad de inmuebles; apoyo, análisis, diagnóstico, elaboración y seguimiento de apoyo tecnológico; fumigación y control de plagas; lim-

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pieza de inmuebles, y mantenimiento de equipos de aire acondicionado. En la fracción IV del artículo 41 de la LAASSP, relativo a “seguridad nacional”, se precisa los criterios que se deben utilizar para la asignación directa de contratos: “Se realicen con fines exclusivamente militares o para la armada, o su contratación mediante licitación pública ponga en riesgo la seguridad nacional o la seguridad pública, en los términos de las leyes de la materia. No quedan comprendidos en los supuestos a que se refiere esta fracción, los requerimientos administrativos que tengan los sujetos de esta ley”. En los informes oficiales se especifica que en los primeros 5 años del gobierno anterior, la Secretaría de Gobernación –a cargo de Miguel Ángel Osorio Chong, actual coordinador del PRI en el Senado de la República–dispuso indebidamente de recursos públicos para la compra de bienes y la contratación de servicios sin control alguno, muchos de esos contratos son plurianuales hasta el año 2022, lo que representa una responsabilidad patrimonial del Estado y posibles desvíos de fondos al erario. En auditorías e investigaciones que se han hecho al interior de la Secretaría de Gobernación, se identifican contratos clasificados como de “riesgo alto” y “riesgo mediano” por su nivel de corrupción en “servicios prestados, compromisos trascendentales, servicios prestados aún no formalizados y litigios”, de acuerdo con su “cuantía, responsabilidad patrimonial del Estado, determinación de las partes involucradas, pasivos laborales y eventual daño a la imagen de la Segob”. En una primera lista de 19 contratos de la Segob que hoy damos a conocer, seleccionamos sólo una parte de los relacionados con “compras por seguridad nacional”, según el criterio discrecional que funcionarios de la anterior administración aplicaron para beneficiar a empresas privadas “amigas” y sin que algún órgano de control del Estado vigilara el proceso y su cumplimiento.

Primera lista de contratos: 1. Contrato plurianual (2017-2020) por 539 millones 997 mil 478.41 pesos, del Órgano Ad-

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Acuerdos irregulares. Osorio Chong, secretario de Gobernación

ministrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, número OADPRS/DGA/ CC/029/2017 para que le proporcionaran un servicio integral de voz, datos y video en oficinas centrales de PyRS (Prevención y Readaptación Social). De acuerdo con las autoridades investigadoras, éste debió asignarse mediante licitación pública nacional; sin embargo, la Secretaría de Gobernación violentó la ley al adjudicarlo de manera directa bajo el supuesto de seguridad nacional, establecido en el artículo 41, fracción IV, de la LAASSP. La empresa privada beneficiada con dicho contrato fue Comtelsat, SA de CV, y los montos anuales asignados son: 2017, 134 millones 999 mil 369.60 pesos; 2018, por 179 millones 999 mil 159.47 millones; 2019, 179 millones 999 mil 159.47, y 2020, 44 millones 999 mil 789.87 pesos.

ISAAC ESQUIVEL/CUARTOSCURO

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De acuerdo con los dictámenes de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Segob y el Órgano Interno de Control, dicho contrato debió licitarse porque en el mercado hay otras empresas mexicanas que prestan el mismo servicio, y se pudo obtener un mejor precio y un ahorro de dinero público, además de que Comtelsat fue inhabilitada por la Secretaría de la Función Pública en 2014 y dicha resolución quedó firme en 2016 “por sólo un periodo de 3 meses”. 2. Contrato número OADPRS/DGA/S/28/ 2017, con vigencia del 1 de abril de 2017 al 31 de diciembre del mismo año, asignado directamente por el mismo Órgano Administrativo (OADPRS) a la empresa DGRM Health, SA de CV, por un monto máximo de 52 millones 756 mil 800 pesos, sustentado en la fracción IV del artículo 41 de la LAASSP. De acuerdo con el dictamen del OIC y de la Unidad de Asuntos Jurídicos de Goberna-

ción, el objeto del servicio contratado fue para diagnóstico oportuno a los Centros Federales de Readaptación Sociales (Ceferesos) y, en su caso, debió adjudicarse bajo la fracción III del artículo 41 de la citada Ley, si es que se tratara de un tema de seguridad nacional, el cual precisa: “Existan circunstancias que puedan provocar pérdidas o costos adicionales importantes, cuantificados y justificados”. 3. Contrato número OADPRS/DGA/S/26-A/ 2017, con vigencia del 1 de abril de 2017 al 31 de diciembre del mismo año y adjudicado bajo el supuesto de “seguridad nacional” a la compañía Teléfonos de México, SA de CV, propiedad de Carlos Slim, por un monto máximo de 300 millones 756 mil 800 pesos. Como el objeto del servicio fue telefonía convencional, largas distancias, conducción de señales analógicas, digitales e internet, las autoridades gubernamentales consideran injustificable su contratación directa, dado que debió licitarse por ser un servicio donde existen otros competidores, además de que “no encuadra en el supuesto de segu-

Evidencias

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MARIO JASSO/CUARTOSCURO

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Secretaría a cargo de la estabilidad política y social del país

ridad nacional”. 4. Contrato número OADPRS/DGA/S/25-A/ 2017, asignado de manera directa al proveedor Matra Comunication de México, SA de CV, y su operante: Viajes Premier, SA, representada por Junior Roberto Hernández Escamilla, por un monto de 64.1 millones de pesos. El contratante fue la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales (DGRMySG), a través de la Dirección General Adjunta de Adquisiciones, Almacenes e Inventarios y la Dirección General Adjunta de Operaciones y Servicios (DGAOS). Este contrato cubre la reservación, expedición, venta y entrega de boletos de pasajes de transportación área, nacional e internacional, para servidores públicos en el desempeño de sus funciones oficinales (sic), así como personas migrantes que por las funciones sustantivas se requieran. De acuerdo con las autoridades responsables de la vigilancia y control, este contrato debió licitarse o

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justificarse bajo el rubro de costo-beneficio fracción III. Aunque este contrato se pretendió ejecutar bajo las Reglas de Operación del Comité Técnico del Consejo de Seguridad Nacional, no se cuenta con el escrito de justificación de fecha 27 de febrero de 2018. 5. Contrato número SG/CPS/05/2017, suscrito por el entonces oficial mayor de la Segob, Jorge Márquez Montes, asignado sin licitar a la empresa privada Efectivale, S de RL de CV, representada por María Guadalupe Rojas García, por un monto de 16 millones de pesos para prestar un servicio mediante una plataforma electrónica. El área contratante es la DGRMySG y el servicio era para el Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales. De acuerdo con el dictamen oficial, “no debió contratarse con base al artículo 41, fracción IV de seguridad nacional, toda vez que es un servicio que se presta mediante una plataforma electrónica.

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Agrega el documento: “En caso de los vales, éstos se pueden utilizar en cualquier establecimiento que acepte Carnet o dicho plástico”. Además de haber incumplido la norma al otorgarse de manera directa dicho contrato, tampoco cuenta con el escrito de justificación de fecha 24 de febrero de 2017. 6. Otro contrato otorgado a la misma empresa privada: Efectivale, es el número SG/ CPS/06/2017, por 3 millones de pesos, y que se asignó mediante el procedimiento de adjudicación directa con fundamento en el artículo 134 de la Constitución y la fracción III, y artículos 40 y 41 de la Ley de Adquisiciones (seguridad nacional). El área contratante fue la DGRMySG y el servicio era para el Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales (Cepropie), al servicio principalmente de la Presidencia de la República. Se concluyó que “no se justifica tal asignación… pues no se precisa la fracción bajo la cual se contrata, y en caso de fundarlo en la fracción IV del artículo 41 (como se pretendió justificar), no procede, toda vez que es un servicio que se presta a través de una plataforma electrónica”. Este contrato tampoco cuenta con escrito de justificación de fecha 14 de febrero de 2017. 7. Contrato SG/CPS/43/ 2017, otorgado por la DGAOS a la empresa Casa Álvarez Gourmet, SA de CV, representada por Lidia Elda Álvarez Jaime, por un monto de 13 millones de pesos para “preparar, procesar y

REISCO OPERADORA DE SERVICIOS, INHABILITADA POR 3 MESES POR IRREGULARIDADES Los 2 primeros meses del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la contratista de la Secretaría de Gobernación, Reisco Operadora de Servicios, no pudo contratarse con el gobierno por encontrarse inhabilitada. Beneficiada con el contrato SG/CPS/02/2016 por 21.9 millones de pesos, gracias al esquema de contrataciones directas que instauró la Secretaría de Gobernación durante el periodo de Miguel Ángel Osorio Chong, esta empresa fue sancionada por la Secretaría de la Función Pública a fines del sexenio de Enrique Peña. De acuerdo con la circular OICE/11186/001/18, publicada el 5 de noviembre de 2018 en el Diario Oficial de la Federación, las dependencias y entidades de la administración pública federal, la Fiscalía General de la República, así como las entidades federativas y los municipios debieron abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos con dicha persona moral –“cuyo administrador único es el ciudadano Fausto Rodas Ruiz”– entre noviembre del año pasado y enero de 2019. Ello, luego de que el Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control en Educal, SA de CV, resolvió el expediente SANC-01/2018 de sanción administrativa incoado a la persona moral Reisco Operadora de Servicios.

La resolución ordenó que a partir del día siguiente en que se publicó la circular en el Diario Oficial de la Federación deberán abstenerse de recibir propuestas o celebrar contrato alguno sobre las materias de adquisiciones, arrendamiento, servicios, obras públicas y servicios relacionados con las mismas, con dicha persona física de manera directa o por interpósita persona, por el plazo de 3 meses. Ello, con fundamento en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, fracción V, 11, 59, 60, fracción III, 61, fracciones I, II, III y IV de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; 2, 8 y 9, primer párrafo, de la Ley Federal de Procedimientos Administrativo, de aplicación supletoria; 99, fracción I, del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública. Aunado a ello, la Auditoría Superior de la Federación ha emitido dos advertencias a la administración pública para que no sean contratados los servicios de esta empresa.

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proporcionar alimentos, comidas, box lunch y coffe break a empleados de las Segob y el órgano desconcentrado Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como usuarios externos autorizados por parte del administrador del contrato”. Las autoridades investigadoras explicaron que a pesar de ser un servicio que se proporciona al interior de la Secretaría de Gobernación, ello no justifica la fracción IV del artículo 41 (seguridad nacional). Se añade que no se cuenta con el escrito que justifique la contratación. 8. Convenio de colaboración abierto OADPRS/ DGA/CC/003A/2017, por 13 millones 352 mil 430 pesos para el servicio de protección, custodia, vigilancia y seguridad de los inmuebles del Proyecto Academia Nacional de Administración, asignado bajo el supuesto de seguridad nacional, artículo 1, párrafo V de la Ley de Adquisiciones. 9. Convenio de colaboración abierto OADPRS/ DGA/CC/004A/2017, hasta por 75 millones para el apoyo, análisis, diagnóstico, elaboración y seguimiento de apoyo tecnológico. Asignado por seguridad nacional. 10. Contrato SG/CPS/52/2017, por 1.5 millones de pesos hecho por la DGRMySG con la empresa King Mar Mexicana, SA de CV, representada por Martha Alicia Reyes Arvizu, para fumigación y control integral de plagas a inmuebles y jardines de la Secretaría de Gobernación. De acuerdo con los investigadores “no se justifica que se haya contratado conforme a la fracción IV del artículo 41, pues debió licitarse. 11. Contrato SG/CPS/53/2017, de la DGRMySG por 235 millones de pesos y la empresa beneficiada fue XA Services, SA de CV, representada por Francisco Xavier Alcocer Quijano, y trata de un “servicio integral plataforma global para la reducción de riesgo de desastres Cancún, Quintana Roo 2017” (sic). De acuerdo con las indagatorias este contrato asignado directamente por seguridad nacional

“no se justifica y es cuestionable su aplicación de acuerdo con el artículo 41, fracción IV, pues el monto máximo permitido es de 200 millones de pesos”. Tampoco se cuenta con el escrito de justificación. 12. Contrato SG/ CPS//66/2017, por 6 millones de pesos y firmado por la DGRMySG y por Marco Antonio Sandoval Rodríguez para trabajos de jardinería a inmuebles de Gobernación en la Ciudad de México y Zona Metropolitana. De acuerdo con el dictamen oficial sobre este contrato, “no se justifica invocar la seguridad nacional” para ese tipo de trabajo y tampoco se cuenta con un escrito que lo justifique. 13. Contrato SG/CPS/70/2017, por 11.3 millones de pesos, fue asignado por la Subdirección

El dictamen oficial sobre el contrato: “no se justifica invocar la seguridad nacional” para este tipo de trabajos; y no cuenta con escrito que lo justifique

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Más de 13 millones para los lunch y los coffe break de empleados de la Segob

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de Adquisiciones, dependiente de la Dirección General Adjunta de Adquisiciones, a la asociación civil Pro Ayuda a la Mujer, representada por María Baños Reynaud. Se explica que debido a que no cuenta con el escrito de justificación, no se puede acreditar la exclusividad aludida en el artículo 41, fracción I. 14. Contrato SG/CPS/02/2016, por 21.9 millones de pesos y asignado directamente por la DGRMySG a la empresa Reisco Operadora de Servicios, SA de CV, representada por Fausto Rodas Ruiz. El servicio contratado consiste en “mantener y conservar limpios y en condiciones de salubridad e higiene los bienes muebles, equipos de oficina, bienes inmuebles, espacios abiertos y vialidades que ocupa la Secretaría de Gobernación”; sin embargo, no se cuenta con el escrito de justificación. 15. Contrato SG/CPS/03/2016, de la DGRMySG y asignado a Casas Álvarez Gourmet, SA de CV, representada por Lidia Elda Álvarez Jaime. El monto asciende a 27.3 millones de pesos para “preparar, procesar y proporcionar alimentos, de-

sayunos, comidas, box lunch y coffe break para empleados de Gobernación, así como a usuarios externos autorizados…” Las autoridades investigadoras señalan que esta contratación millonaria no está justificada y debió concursarse, además de contar con escrito de justificación. 16. Contrato SG/CPS/05/2016, asignado por la DGRMySG a la empresa Agel Ingeniería, SA de CV, representada por Guillermo Licea Reyes, por un monto de 21.3 millones de pesos. El servicio es para “mantener instalaciones y equipos de aire acondicionado, extracción, refrigeración y bombas de calor en óptimas condiciones de operación… en inmuebles de Gobernación”. En este caso tampoco hay escrito de justificación. 17. Contrato SG/CPS/06/2016, asignado por la DGRMySG a la empresa KE Fibertec, SA de CV, representada por Eric Federico de Jesús Hernández Desentis, y por un monto de 4.5 millones de pesos. El servicio contratado consiste en “dar mantenimiento preventivo y correctivo al sistema de plafón frio de la Segob”, por lo que es injustificada su contratación conforme a la fracción IV y debió licitarse. Tampoco hay escrito justificatorio ni se menciona la fecha. 18. Contrato SG/CPS/07/2016, asignado por la DGRMySG a la empresa Viaje Premier, representada por Junior Roberto Hernández Escamilla, por un monto de 8 millones de pesos. Este gasto fue para la “contratación de servicio integral denominado Foros de debate nacional sobre el uso de la marihuana”, lo cual no justifica la aplicación de la fracción IV de la citada Ley y tampoco hay escrito de justificación. 19. Contrato SG/CPS/12-1/2016-2017, la DGRMySG contrató por 28 millones de pesos a la empresa RCU Sistemas, representada por Israel González León, para proporcionar el “servicio de protección y seguridad técnica para el cumplimiento de medidas cautelares de organismos nacionales e internacionales de protección de derechos humanos”. Se refiere a defensores de derechos humanos y periodistas. Las autoridades responsables de la investigación señalaron que no se justifica la asignación directa de este contrato, por tal motivo debió licitarse.

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EMPRESARIA IRMA MAGAÑA

PRÓFUGA BAJO LA CAUSA PENAL 122/2018

16 de septiembre de 2019

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Las instituciones ﬁnancieras que otorgan créditos y los despachos de cobranza siempre ganan: al ﬁnal, los deudores pagan con dinero o bienes. El caso de la empresaria Irma Magaña –exdueña del Great Parnassus, de Cancún, y hoy prófuga de la justicia– ilustra el tortuoso camino judicial que llevan las deudas ASENETH HERNÁNDEZ/NANCY FLORES

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la muerte de su esposo –el hotelero Salvador Ornelas–, las dos hijas de la empresaria Irma Magaña heredaron el lujoso hotel Great Parnassus radicado en Cancún, Quintana Roo, y también una retahíla de deudas. Por ser menores de edad en aquel entonces –2014–, su madre asumió el control de la herencia y la responsabilidad de los compromisos financieros que databan de 2006. Actualmente Irma Magaña se encuentra prófuga de la justicia, pues fue acusada de fraude procesal por sus acreedores y en 2018 incluso fue encarcelada. Para marzo de 2019 obtuvo su libertad gracias a un incidente de nulidad, pero 2 meses después se libró una nueva orden de aprehensión en su contra por encontrar anomalías en su liberación y mantener la presunción respecto de la defraudación. Su caso, que suma ya 13 años desde que el empresario Ornelas contrató un crédito por 30 millones 500 mil dólares, ilustra el tortuoso camino que se recorre cuando del incumplimiento de los pagos en un préstamo se pasa a la judicialización del asunto por diversas vías.

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Los juicios derivados de impagos de créditos pueden durar años, explica el economista Mario Di Costanzo, expresidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. Pero, observa, el acreedor siempre obtiene la razón judicial y acaba cobrando esas deudas. —¿Siempre se ejecutan las garantías o el deudor

En el caso de Irma Magaña, las garantías ya fueron cobradas; pero el pleito legal se sostiene porque ninguna de las partes está satisfecha puede aplicar el “debo, no niego; pago, no tengo”? –se le pregunta al economista. —Por lo regular y después de mucho tiempo, sí se llegan a ejecutar las garantías. Sobre todo, existe más vulnerabilidad para las personas físicas. Si se contara con una ley que permitiera que una persona física quebrara, pues ya puedes definir por ejemplo un capital patrimonial, digamos de la persona y todo lo demás estaría sujeto a este concurso mercantil o esta quiebra de la persona. En el caso de Irma Magaña, las garantías –en específico el hotel– ya fueron cobradas, pero el pleito legal se sostiene, porque ninguna de las partes – acreedores y deudora– se han mostrado satisfechas. Más aún, la defensa de la empresaria ha buscado escalar el tema al ámbito político, con el argumento de ser víctima de persecución y no de un crédito que adeuda. Al respecto, la abogada Haydé Saldaña Martínez, presidenta del Colectivo de Mujeres en Pro de una Adecuada Impartición de Justicia en México e integrante del Partido de la Revolución Democrática, considera que este caso es una injusticia. “Hemos pedido audiencia con el presidente [Andrés Manuel López Obrador], que amablemente nos la ha dado”. Pero, indica en entrevista, quienes están encargados de gestionar y turnar el 32

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asunto con el subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Alejandro Encinas, no les toman las llamadas. “Hasta el momento no hemos tenido respuesta. Los mensajes que yo tengo por Whats App de súplica, de que es el bien tutelado de la señora Irma. Antes de ser prófuga, era la libertad. Hoy les vale un comino y están más interesados en lo que el Senado, en lo que los diputados van a votar, en las reformas éstas que están haciendo y el bien tutelado de la gente les vale un carajo.”

Hotel Great Parnassus: 13 años de disputa por un crédito bancario no pagado El crédito que mantiene en vilo a la señora Irma Magaña y a su familia fue contratado el 11 de mayo de 2006 por Desarrollos Pami, SA de CV, con una filial de Citibank, por 25 millones 500 mil dólares. El objetivo: construir el lujoso hotel Great Parnassus, hoy Seadust. De acuerdo con la ruta del conflicto, ni ella ni su esposo –ya fallecido– cubrieron los compromisos financieros. Como garantía del préstamo quedó la propiedad del lote de terreno 52-04, manzana 53, ubicado en la zona turística de Cancún, sus derechos inherentes y cualquier construcción y mejora al mismo, entre otros activos (terrenos, departamentos y casas), en los términos de un fideicomiso establecido en JP Morgan. Para diciembre de 2006, el crédito había aumentado a 30.5 millones de dólares, luego de que se constituyó CPI NA Parnassus, BV, una sociedad establecida en Países Bajos para administrar los bienes y compromisos financieros. Por los impagos, 2 años después comenzaron los problemas legales. El primer juicio lo inició el banco JP Morgan en su carácter de fiduciaria ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Civil del Distrito Federal (expediente 184/2008), para exigir que se cumplieran los compromisos financieros. Para el 7 de agosto de 2009, Pami consiguió un primer arreglo para refinanciar la deuda, que ya para entonces ascendía a 32 millones 480 mil dólares por los intereses acumulados, monto que fue reconocido por el deudor. En ese acto, Ornelas Hernández firmó como “obligado solidario”.

La capitalización de los intereses es uno de los factores por los cuales algunos deudores caen en impagos, explica el economista Mario Di Costanzo. Por el también llamado anatocismo –que es el cobro de interés sobre interés–, “las deudas se van haciendo impagables o se van yendo a muy largo plazo”. El expresidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros observa que una reestructura del crédito no necesariamente es una solución al impago: “lo que hacen es capitalizarte los intereses y re-documentar bajo un nuevo adeudo o de una nueva deuda”. En el caso del Hotel Great Parnassus ese primer pacto de refinanciamiento de deuda definitivamente no solucionó nada: la empresa Pami y el hotelero Ornelas Hernández incumplieron nuevamente los plazos de los pagos de la deuda y sólo solventaron el de los intereses. El 25 de abril de 2011, los acreedores aceptaron firmar un acuerdo extrajudicial en el que se fijaban nuevas fechas para saldar los compromisos de la deuda, que para entonces se reconoció en 28 millones 980 mil dólares. Ante la insolvencia, 2 meses después, el 27 de junio la acreedora logró que el juez primero de distrito en materia civil de la capital ordenara a Ornelas entregar la posesión del hotel. Pami y el empresario Salvador Ornelas respondieron también por la vía judicial: el 11 de agosto de 2011 promovieron el juicio ordinario mercantil 1072/2011, ante el Juzgado Segundo de lo Civil en el Distrito Federal, y luego, año y medio después, el juicio 268/2013 ante el Juzgado 32 de lo Civil. Con el paso del tiempo, ambos procesos se declararon improcedentes en otras instancias incluso después de ocurrida la muerte de Ornelas. La abogada Haydé Saldaña Martínez asegura, sin presentar pruebas, que no se incumplieron los compromisos financieros: “se estuvo pagando en fecha y forma. Cuando él fallece desgraciadamente, la deuda estaba en 19 millones de dólares”. De Irma de los Ángeles Magaña Campos asegura: “era una señora que se dedicaba a su hogar, como muchas, y ése es un trabajo que nos lleva tiempo, horas, sobre todo cuando se tienen una adolescente y una menor de edad a cargo: las hijas del señor Ornelas”. La abogada, quien no lleva la defensa legal sino la estrategia política y mediática, asegura que la viu-

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Magaña. Otros tempos

da del empresario Ornelas desconocía el adeudo y cuánto se había pagado. “Ella confió mucho en los abogados que tenían por años, en gente que la empezó a rodear y que evidentemente le pusieron y le armaron un negocio jurídico, que hoy la tienen, a ella y a su familia, en una situación jurídica lamentable”. Agrega que “los propios abogados que tenía Irma: Erick Torres Arroyo, Enrique García Méndez, Yahir Olaf, Osorio Celayos, Alejandro Ramón Córdova Lara y asociados; también Guadalupe Phillips Margain y Luis Alejandro Bustos Olivares, del Grupo Tsetaro [empresa ligada a Televisa], y los

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representantes de Cibanco, Iztel Cristomo Guzmán y Juan Pablo Bitzlazti, fueron quienes ayudaron a fabricar el supuesto delito de un fraude procesal. ¿Qué es el fraude procesal? Es una figura jurídica en donde tú llegas con la autoridad, tienes a tus jurídicos y en realidad son otros los actos que tu cometiste”.

Cambio de acreedores Como sucede con muchas deudas que caen en impagos, los acreedores originales vendieron esa cartera. La primera en comprarla el 30 de septiembre de 2015 –mediante un contrato de cesión de documentos pendientes de cobro– fue Grupo Tsetaro, SA de CV, empresa vinculada al Grupo Televisa. Para el 27 de octubre de 2015, y como parte de los acuerdos relacionados con el juicio 1072/2011, Grupo Tsetaro –como acreedor–, Desarrollos Pami –como deudor–, Miguel Eduardo Flores Andrade –como albacea del fallecido Ornelas– e Irma Magaña –en representación de sus hijas, herederas del empresario– ratificaron “un convenio de transacción judicial para concluir los juicios abiertos, evitar controversias y reconocer el adeudo y forma de pago”. Para entonces se reconoció un adeudo de 70 millones 542 mil 38 dólares. Ese convenio también fue firmado por representantes de Cibanco; por Alejandro Ramón Córdova Lara, como tutor testamentario de una de las menores–; y por Ignacio Aarón Jauregui Morales y Miguel Eduardo Flores Andrade (por segunda ocasión), como ejecutores directivo y operativo de Ornelas Hernández, respectivamente. En esta negociación, los deudores consiguieron dos plazos para solventar cantidades mucho menores que tampoco cumplieron. Si hubieran pagado antes del 24 de diciembre de 2015, el monto se reducía a 29 millones de dólares; de no concretarse, una segunda opción era liquidarlo antes del 24 de mayo de 2016, por 30 millones 500 mil dólares. El convenio que así lo establecía fue “aprobado y elevado a la categoría de cosa juzgada el 28 de octubre de 2015 por el juez segundo de lo civil del Distrito Federal. Consultada sobre esa deuda, la abogada Saldaña Martínez asegura a Contralínea que la defensa legal cuenta con pruebas de que no ascendía a más de 70 millones de dólares. —¿Esas pruebas existen? —Sí, claro que existen. ¿Qué pasa en la figura del 34

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Televisa, compradora de la deuda

fraude procesal? Lo que ella firmó fue dar en garantía tres casas que estaban gravadas. Fue por consejo de sus abogados que ella firma porque ella ni siquiera redacta el documento y ella todavía les hace mención, estas propiedades están gravadas y ellos le dijeron: no importa, es para su beneficio. Creo que la sugerencia de este colectivo será que se les finque de responsabilidad penal a los abogados por el abuso de confianza. Precisamente el juicio penal por fraude procesal del que se acusa a la señora Magaña se basa en que “tenía conocimiento de que ciertos bienes que integran la sucesión testamentaria se encontraban gravados con anterioridad a la firma de un convenio en el que fueron otorgados en garantía como libres de todo graven”. Tema en el que, según la abogada Saldaña Martínez, incurrió por asesoría de sus antiguos abogados. —¿Ustedes están convencidos que los abogados la traicionaron?

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Para el 11 de abril de 2016, ese último Juzgado determinó entregar la posesión del hotel Great Parnassus al fiduciario Cibanco, y éste a su vez a Grupo Tsetaro. Desde entonces, el inmueble ha estado bajo control de este último, a través de la sociedad Procureka, SA de CV.

MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO

Entra Grupo Azteca

—Por supuesto. Es que, mira, esas propiedades no son ni la tercera parte. Su valor no es la tercera parte, no es ni siquiera un porcentaje de lo que vale un hotel. Entonces, ¿por qué engañarla? Cuando la deuda era de 39 millones de dólares y el señor Ornelas la dejó en 19 millones de dólares. Ella desconocía de todo esto. Los documentos de los juicios, sin embargo, muestran otra realidad. Esa verdad jurídica apunta que –con Irma Magaña como obligada solidaria– la empresa Pami volvió a fallar en los plazos de pago de la deuda. Así consta en uno de los escritos presentado por el apoderado de Grupo Tsetaro el 29 de marzo de 2016, en el que se declaraba en rebeldía al deudor. Dos días después, el Juzgado Segundo daba la razón al acreedor, por lo cual ordenaba a la fiduciaria poner en posesión de los bienes a Grupo Tsetaro mediante un exhorto al Juzgado Primero Mercantil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún.

No sólo fue Televisa quien compró la deuda y se enroló en este conflicto legal, sino también su competidora en el terreno de medios de comunicación: TV Azteca. En enero de 2017, una sociedad de Sergio Gutiérrez Muguerza y el Grupo Salinas adquirieron las acciones de Grupo Tsetaro y, con éste, el litigio del Great Parnassus. “A Irma Magaña la engañan sus propios abogados: le hacen firmar documentos por la adjudicación de la deuda inicial, es decir, por los 39 millones de dólares; pero no nada más eso, sino de toda la masa hereditaria. Evidentemente ama de casa, en desconocimiento de los términos jurídicos que para cualquier persona hay algunas palabras no se logran definir y, preguntas como cliente: ¿qué significa radicación?, ¿qué significa un documento de pagaré mercantil? Por ponerte unos ejemplos del argot jurídico. Más, cuando traes tanta presión y confías en tus abogados. Piensas que lo que ellos te dan va a ser para bien y no es el caso cuando ellos hacen las negociaciones con uno de los grupos más importantes en cuanto al poder y al manejo de medios. El Grupo Azteca es el que compra la deuda junto con Murguía, que es acerero connotado en el país, ellos compran esta deuda, este negocio jurídico con miras de menoscabar y de dañar sobre todo a la familia de Irma. Pero con un fin de obtener más de lo que era el adeudo: de despojarla de sus bienes”, señala la abogada Saldaña Martínez. Sobre la venta de las carteras vencidas, el economista Mario Di Costanzo señala que se ha tratado de regular sin éxito. “La reforma financiera de 2014 reguló y hay algunas normas sobre los despachos de cobranza, pero desafortunadamente en el caso de la Condusef, que era quien tutelaba esa ley, regula a empresas financieras y un despacho de cobranza no es una empresa financiera. Entonces la Condusef puede castigar o multar a un banco por contratar a una empresa o un despacho de cartera que se porte mal,

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Entre la justicia y el despojo

que no cumpla con las normas, pero ese control es indirecto”. Agrega que en algunos casos de compra y recompra de carteras se cae incluso en una cobranza extrajudicial. “Es un mercado que nadie verdaderamente lo regula. La Ciudad de México hizo algunas reformas en donde, por ejemplo, se señalaba que era delito el cobrar con amenazas. El problema es que es una ley imperfecta porque, cómo identificas a la persona que está hablando y que está cobrando con amenazas. Atrás de un teléfono puede haber cualquier persona y siempre se van a escurrir. Por eso yo digo que si nosotros estableciéramos una ley en donde la persona física pudiese quebrar, automáticamente acabas con el negocio de los cobradores de cartera”. A la fecha, el caso de la empresaria Irma Magaña se mantiene en los tribunales y ella sigue prófuga de la justicia bajo la causa penal 122/2018, radicada en el Juzgado 37 de lo Penal de la Ciudad de México. 36

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La orden de aprehensión le fue girada el 10 de julio de 2018 y 6 días después se le dictó auto de formal prisión. Tras permanecer 8 meses en el penal femenil de Santa Martha Acatitla, Magaña obtuvo su libertad; pero el 15 de mayo pasado, la Segunda Sala de lo Penal resolvió en la toca penal 51/2019 los recursos de apelación y ordenó reanudar el proceso por fraude procesal en su contra para lo cual se requirió su reaprehensión. Además de este proceso penal, una de sus hijas enfrenta otro juicio por el mismo delito de fraude procesal porque, según la denuncia contenida en la averiguación previa FCH/CUH-4/318/16-06 “tenía conocimiento de que ciertos bienes que integran la sucesión testamentaria de la que es heredera se encontraban gravados con anterioridad a la firma de un convenio en el que fueron otorgados en garantía como libres de todo graven”.

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EMPRESARIA IRMA MAGAÑA, PRÓFUGA BAJO LA CAUSA PENAL 122/2018 En entrevista con Contralínea, el abogado Gustavo Yahir Chalico, integrante de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, explica que el fraude procesal es un delito que sanciona el engaño a cualquier autoridad, ya sea judicial o administrativa. “Busca evitar que se altere el sano juicio de una autoridad al tomar una decisión y este delito va encaminado a alterar la correcta administración de justicia, es decir, el fraude procesal se comete cuando 1) se altera una prueba, o 2) se altera algún tipo de documento o de información con la intención de obtener algún beneficio.” El jurista explica que hay criterios más amplios que determinan que no necesariamente tiene que haber una sentencia para que se configure el delito: con la simple presentación de un escrito y que éste arroje algún acuerdo que genere un beneficio para la persona que lo presentó es más que suficiente para que se configure el fraude procesal. “En concreto, el delito de fraude procesal va tendiente a nublar la visión de la autoridad que va a resolver sobre algún tema, a través de la presentación de un mecanismo probatorio que carezca de veracidad o que no sea cierto.” —¿Cuál es la pena máxima y cuál es la mínima para quien comete este tipo de delito? —En la Ciudad de México, el Código Penal contempla mínima de 6 meses y una máxima de 6 años. —¿De qué depende que se imponga la máxima o la mínima? —Cuando una autoridad toma una decisión sobre una sentencia hace una media aritmética y considera muchas circunstancias. Por ejemplo, si la persona acepta haber cometido el delito, es decir, se declara confeso del delito, uno de los beneficios es que se le considere solamente uno de los tercios de la pena. Entonces es cosa de cómo se dé la circunstancia específica para poder acreditarlo. Si lo negó en todo momento, nunca asumió y al contrario se acredita que sí tiene responsabilidad, entonces le

esperaría de tres cuartas partes a pena completa. El abogado Gustavo Yahir Chalico abunda en que el fraude procesal no sólo es de carácter penal: también se puede dar en materia civil. Por ejemplo, en alguna herencia, una persona puede anunciar ser hijo único y nunca mi padre recién finado celebró algún tipo de sucesión sobre sus bienes y yo anuncio ser hijo único. Entonces el fraude procesal se cometería si hay otros dos hermanos que esta persona omitió decirle al juez, con la intención de obtener el ciento por ciento del beneficio de la herencia. Entonces ahí los otros dos hermanos acreditarían su presencia con actas de nacimiento y se configuraría el fraude procesal porque finalmente la autoridad está obligada a creer en el ciudadano”. —¿Además del penal y el civil hay en otras materias? —Sí, en todas las materias porque es una cuestión que va encaminada a buscar el sano desarrollo de cualquier procedimiento judicial o administrativo. En materia administrativa también se puede dar el fraude procesal, por ejemplo, si algún funcionario anuncia haber realizado algún tipo de licitación y ésta no cumplió con los procedimientos, no se publicó o algo por el estilo. O sea, él trata de evadir su responsabilidad administrativa a través de simular algún acto jurídico que no fue debidamente, que no cumplió con todos los mecanismos de ley. Ahí tal vez las empresas participantes pudieran decir: en esa licitación yo no pude participar, puesto que fue oculta, y la demostración de la no publicación ya sería el mecanismo de prueba para acreditar el fraude procesal de la persona que está declarando. —¿De qué manera puede defenderse alguien que fue acusado de cometer fraude procesal? —La única manera es acreditar que la prueba que se ofertó o el dicho que se narró es real. O sea, si éste no es así, la mejor parte sería conseguir algún tipo de beneficio a través de reparar el daño, de buscar algún tipo de acuerdo reparatorio para evitar alguna sentencia más compleja.

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AGUA: BALANCE DEL GOBIERNO DE PEÑA Y PROYECCIÓN CON LÓPEZ OBRADOR La gestión del agua en México debe ser considerada como un asunto de seguridad nacional: con ella no sólo se garantiza la producción de alimentos, sino también –en el caso de la Frontera Norte– se aseguran los intereses nacionales y la viabilidad de ciudades y metrópolis binacionales. No obstante, en el gobierno pasado se intentó privatizarla, y ahora la llamada 4T aún no define una gran política entorno a su manejo

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GONZALO HATCH KURI, GEÓGRAFO Y PROFESOR-INVESTIGADOR DEL COLEGIO DE GEOGRAFÍA DE LA UNAM/SAMUEL SCHMIDT, POLITÓLOGO Y VISITING SCHOLAR EN LA UNIVERSIDAD DE TEXAS, EN AUSTIN/JOSÉ JOEL CARRILLO-RIVERA, INGENIERO GEÓLOGO E INVESTIGADOR TITULAR DEL INSTITUTO DE GEOGRAFÍA DE LA UNAM

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9 meses del arranque de la administración de Andrés Manuel López Obrador, el tema del agua no parece haber adquirido un papel estratégico como para ocupar un espacio privilegiado y merecido dentro de la agenda nacional. En el Plan Nacional de Desarrollo (2019-2024), la gestión del agua está subsumida a la lógica que rige los designios de la política pública para asuntos que poseen mayor prioridad, como la lucha contra la corrupción, los proyectos regionales (Tren Maya), los programas sociales para el bienestar, la atención al combate a la pobreza o la ampliación de la matrícula en la educación superior. Los hechos sugieren lo complicado que es salir del marco normativo establecido desde la época neoliberal que nos ha prohibido conocer el funcionamiento del agua y en particular los caudales que pueden ser obtenidos donde se minimicen los impactos ambientales involucrados, denotando que tampoco para las administraciones anteriores (2000-2018) el agua era un asunto estratégico. Al respecto, basta recordar que en el paquete de las reformas estructurales se ejerció presión sobre el sector hídrico supuestamente para modernizarlo. El objetivo era privatizar el agua, para eso se propuso una, afortunadamente, fallida Ley General de Aguas. El decreto presidencial publicado el 1 de julio de 2019 en el Diario Oficial de la Federación (DOF), por el que se establecen facilidades administrativas para el otorgamiento de nuevas concesiones o asignaciones de aguas nacionales, revela parcialmente cuál será el rumbo de la política oficial para el agua a lo largo del sexenio (2018-2024). En consonancia con la política de austeridad, combate eficaz a la corrupción y atención preferencial a los sectores sociales más desfavorecidos, las disposiciones emitidas en el decreto privilegian la dotación de agua a través de títulos de concesión y asignación a las comunidades afromexicanas y a los pueblos originarios, así como a aquellas poblacio-

nes consideradas en situación de alta y muy alta marginación. Dispone, además, de beneficios relacionados con el incremento de volúmenes para quienes ostenten títulos de asignación público-urbano y que no se encuentren vigentes a la fecha. Con esta disposición se pretende cumplir y hacer garante el derecho humano al agua y al saneamiento, previsto en el artículo 4 de la Carta Magna; sin embargo, entre otros, se evita hacer propuestas y consideraciones sobre el saneamiento respectivo, soslayando, además la definición clara de la fuente de agua con la cual se cumplirá cabalmente tal derecho. El contenido del decreto marca una diferencia con la lógica de la administración y gestión del agua que había predominado a lo largo de las 3 últimas décadas, que daba preferencia a la dotación de agua a los usuarios privados, locales y trasnacionales, aplicando disposiciones de carácter desregulatorio, de ajuste presupuestal, adelgazamiento del sector y renuencia al conocimiento científico sobre el agua. Así, el decreto de López Obrador tiene un potencial impacto político y ambiental al apuntar hacia el respeto de los derechos humanos, al alcance de la cobertura nacional en materia de acceso al agua y al combate a la corrupción enquistada en el sector; no obstante, para corregir las desviaciones neoliberales se enfrentan desafíos dentro del sector para lograr el cometido en materia hídrica.

Breve balance de la gestión del agua, 2012-2018 Los principios que guiaron la política hídrica en la administración de Enrique Peña Nieto se caracterizaron por una tendencia desregulatoria y privatizadora congruente con la ortodoxia neoliberal, y se tradujo en la reducción presupuestal de las instituciones encargadas de la administración del agua, como la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

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Se ha truncado la necesaria mejora técnicacientífica con respecto de la que es realmente la principal fuente hídrica del país: el agua subterránea

16 de septiembre de 2019

De acuerdo con la síntesis del presupuesto ejercido por la Conagua, esta dependencia sufrió recortes drásticos sistemáticos, pasando de 47.3 mil millones de pesos en 2014, a 42.2 mil millones al año siguiente. En 2016 continuó esa tendencia: llegó a 40.2 mil millones. Y ya para 2017 cayó estrepitosamente 72 por ciento, al quedar en 29 mil millones. En 2018, los recortes continuaron hasta llegar a 26 mil millones de pesos asignados. Esa caída buscaba despojar a la institución de capacidad de gestión, siguiendo el mismo modelo aplicado a Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE). En el caso del agua se ha coartado la necesaria mejora técnico-científica respecto de la principal fuente hídrica del país: el agua subterránea. También destaca el impulso a polémicos y técnicamente injustificados proyectos de mega-infraestructura hídrica y la entrega inequitativa de derechos de agua. Así, gracias a los decretos presidenciales y a una transferencia incontrolable de derechos entre los usuarios, unas cuantas manos concentran el agua. Tal es el caso de la Laguna, donde como consigna Hoogesteger en 1998, unos 20 mil usuarios que (como ha ocurrido en otras partes del país) fueron convencidos de que no había agua y que la poca que quedaba estaba contaminada, y vendieron o rentaron sus derechos; de éstos, 12 mil fueron comprados por cuatro empresas privadas. Estos hechos denotan injusticias sociales y ambientales, donde siete de cada 10 de los numerosos reclamos sobre agua por todo el país tiene que ver con agua subterránea. Es por ello que se advierten graves discrepancias entre ciertos actos amparados en la “impostergable” construcción de la seguridad hídrica y la urgente modernización del sector. Éstos son de gran importancia y complejidad y, aunque no alcanzarán a analizarse en su conjunto en este ensayo, nos enfocamos en aquellos que suscitaron un importante debate público, como los proyectos de mega-in-

fraestructura hídrica, la fallida (¿deliberada?) actualización del marco regulatorio del agua (federal) que facilitó la concentración de derechos de agua y la falta de democracia en el gobierno del agua en México.

De Monterrey a Oaxaca, vía Atlacomulco Dos casos analizados en proyectos de investigación desarrollados en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en los últimos 3 años en materia de gestión y conflictos por el agua en México llamaron nuestra atención. El primero, versó sobre los megaproyectos en el Noreste del país para la extracción de las reservas prospectivas de gas de lutitas (gas shale), cuya conflictividad reside en el volumen irracional de agua subterránea que requiere y, en su inminente contaminación cuando se aplica la denominada fractura hidráulica (fracking), mermando el volumen existente de agua y su calidad original. El análisis reveló una enorme carencia de datos científicos y de estudios técnicos actualizados que dieran cuenta de los caudales involucrados, funcionamiento natural del agua subterránea y de su calidad, pero también de los efectos que esta controvertida actividad energética tendría sobre ecosistemas en tiempo y espacio, así como en las formas tradicionales de organización social, económica y cultural de la región. Se corroboró una tensión política entre los campesinos aglutinados en la Confederación Nacional Campesina, algunos ganaderos del Norte de Coahuila (Acuña-Piedras Negras) que defienden sus propiedades y derechos de agua, y los empresarios regionales y las autoridades locales y estatales interesadas en la extracción del gas shale que han construido una campaña de presión mediática para acaparar títulos de concesión de agua (subterránea) y de nuevas tierras. A los defensores del fracking organizados en asociaciones como Clúster Energético en Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, en alianza

ARTEMIO GUERRA BAZ/CUARTOSCURO

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Presupuesto raquítico

con directivos de la Secretaría de Energía y el Instituto Mexicano del Petróleo, lo que menos parecía preocuparles era la protección y conservación ambiental del agua subterránea (fuente primordial de abastecimiento hídrico de esa región del país), ni el costo político y social del problema. Para ellos, lo importante era avanzar en el negocio trasnacional, a pesar de que la exploración inicial que realizó Pemex arrojó resultados pobres en materia de reservas de gas de lutitas (de 27 pozos sólo tres fueron exitosos). En este conflicto, el problema no era la escasez per se del agua (porque, si acaso, es escasez de tecnología) ni el hecho de que vieran hacia el agua superficial, por el contrario, se pudiera gestar un complejo cuadro que comprometiera y vulnerara la seguridad hídrica regional, por el potencial daño que implica la inyección de un coctel de más de 80 sustancias

altamente tóxicas y contaminantes al agua que circula en los acuíferos sin saber a dónde irán y qué y cómo afectarán el ambiente. Algo que siempre ha sido claro para los campesinos y ganaderos afectados y un sector de ambientalistas y académicos. Si ampliamos el análisis espacial, encontramos que el fantasma de la llamada escasez hídrica movilizaba y sigue movilizando capitales, influencias e instituciones públicas y académicas, incluso antes del inicio del sexenio de Peña Nieto, alrededor del extinto y técnicamente injustificado megaproyecto Acueducto Monterrey VI. En este caso, la vox populi sobre la insaciable sed de alrededor de 4 millones de regiomontanos exigía la construcción de un trasvase de agua de 390 kilómetros de extensión que condujera el agua de la cuenca del Pánuco a la Presa Cierro Prieto en Linares, Nue-

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Un movimiento indígena de 16 comunidades zapotecas, los “Sembradores del Agua”, se enfrentan a las restricciones de una rígida veda presidencial

16 de septiembre de 2019

vo León. Dicho trasvase eludía la posibilidad de usar fuentes de agua locales, las cuales no fueron estudiadas en forma exhaustiva. Con dicha obra se pretendía asegurar un flujo de agua estimado en 5 mil litros por segundo, que aunado a los caudales de agua de las presas El Cuchillo y La Boca, más la perforación de una batería de pozos, garantizaría un volumen de 12 mil 500 litros por segundo, cantidad superior a la necesidad estimada en 2010 que ascendía a 11 mil 750 litros por segundo. El proyecto era un legado del expresidente Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012), quien otorgó un título de asignación que amparaba un flujo de 15 mil litros por segundo del Pánuco a Nuevo León. Peña Nieto lo incorporó a sus 266 promesas de campaña y lo promovió activamente, adjudicándole la obra a un consorcio empresarial filial de Grupo Higa, que posteriormente se vio envuelto en escándalos de corrupción. Esto despertó recelo entre el empresariado local, quienes formaron una coalición de más de 60 instituciones públicas y privadas, con la participación de The Nature Conservancy y el Fondo Metropolitano del Agua, para enfrentar los negocios de los mexiquenses y sus aliados regiomontanos. La coalición logró que Peña Nieto diera marcha atrás al proyecto y en la actualidad le apuestan a que la construcción de la Presa Libertad garantizará el abastecimiento de agua de su ciudad, pero la disputa continúa. Recientes estudios efectuados por investigadores de la Universidad Autónoma de Nuevo León revelan que la escasez del agua (superficial, claro está) no compromete el crecimiento demográfico, urbano y económico de Monterrey: 2 mil litros por segundo se extraen de sólo 8 metros de profundidad a través de una batería de pozos situados en el Barrio Antiguo de la ciudad, cantidad por arriba del caudal proyectado con la Presa Libertad, es decir, 1 mil 500 litros por segundo. También documentaron los daños físicos a diversos inmuebles en los municipios del Norte de Nuevo León y de Coahuila ocasionados

Recurso ﬁnito en disputa

por microsismos de hace 2 años, precisamente, en los momentos en que Pemex efectuaba la perforación de los 27 pozos para confirmar las reservas de gas shale proyectadas por el Departamento de Energía estadunidense. Cabe señalar que el Servicio Sismológico Nacional ha clasificado como zona asísmica el Noreste del país. En contraste, a más de 1 mil kilómetros de distancia de los jugosos negocios energéticos y de infraestructura hídrica descritos, en Valles Centrales de Oaxaca un movimiento índigena conformado por alrededor de 300 campesinos, originarios de 16 comunidades zapotecas (Ocotlán y Zimatlán de Álvarez) y aglutinados en la Coordinadora de Pueblos Unidos por el Cuidado y Defensa del Agua (Copuda), también conocidos como los “Sembradores del Agua”, se enfrentan a las restricciones de

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una rígida veda presidencial impuesta sobre el agua subterránea desde 1967 en el acuífero administrativo denominado Valles Centrales, polígono en el que está asentada la ciudad de Oaxaca. El problema de la falta de acceso al agua se acentuó cuando la región sufrió una sequía atípica en 2005, que causó una mayor presión hídrica, que se topó con la postura oficial de la Conagua de continuar la vigencia del Decreto de Veda de Valles Centrales. Consecuentemente, los campesinos zapotecas perdieron el acceso a subsidios específicos para el campo, previstos en los programas federales de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) y la CFE, situación que los obligó a llevar a cabo obras rudimentarias para retener e infiltrar agua pluvial al acuífero y con ello recuperar los niveles someros

de agua subterránea que históricamente les han permitido sobrevivir. En el transcurso de 1 década, los afectados consiguieron regresar parcialmente la productividad de sus pozos y norias, evitando así la profundización del desmantelamiento de la frágil soberanía alimentaria nacional. En 2012, gracias a una demanda judicial que en calidad de comunidades originarias ampararon en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, obligaron al Estado mexicano a reconocer la flagrante violación cometida al derecho de libre goce y uso de sus recursos naturales. Así, en el sexenio pasado se concluyó la “consulta indígena libre, previa e informada”, mandatada por el Poder Judicial, en la que participaron activamente las comunidades, las autoridades y algunos académicos, entre ellos quienes suscriben el presente. A lo largo de este proceso se identifican tres situaciones que caracterizaron al gobierno y su gestión del agua en el sexenio pasado. La primera, se carecía de estudios técnicos y científicos actualizados: al igual que en el caso del fracking, en Oaxaca se realizaron estudios usando metodología obsoleta y la Conagua negó la suspensión del decreto de veda, negándose a efectuar un estudio técnico requerido cuyo valor era de 2 millones a 4 millones de pesos, que determinaría si existía agua disponible que pudiera concesionarse a un grupo de campesinos dedicados a la agricultura de auto sustento. Es menester señalar que el Centro de Investigaciones Regionales del Instituto Politécnico Nacional contribuyó con estudios propios, los cuales poco o nada fueron considerados en las mesas de negociación. Se pudo atestiguar que, en el fondo, lo que se requería para resolver el conflicto era la voluntad política de parte del titular del Poder Ejecutivo federal. Así, 1 mes antes del cambio de gobierno en una sala de juntas de la Subsecretaría de Derechos Humanos de Gobernación (en la Ciudad de México) se instruyó a funcionarios de la Conagua, la Sagarpa y la CFE a que re-

En el sexenio pasado se careció de estudios técnicos y científicos para la gestión del agua. No hubo voluntad política del gobierno de Peña Nieto

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Distribución inequitativa

solvieran en menos de 30 días el problema que existió durante más de 2 sexenios. Lo anterior, obliga a repensar el modelo de democracia que impera en México sobre el gobierno del agua, porque en este caso, el control del recurso subterráneo está sometido a la atribución estrictamente presidencial sobre la permanencia o el levantamiento de un Decreto de Veda, avalado por estudios carentes de rigor técnico necesario para garantizar la gestión justa del agua subterránea para el ser humano, para otros componentes del ambiente, y en especial para los ecosistemas. Las decisiones sobre quién y de qué forma se accede al agua subterránea han estado lejos de ser democráticas y más cerca de ser autoritarias, donde la falta de rigor científico y técnico ha sido el común denominador. Si el gobierno de López Obrador acata los resultados de la consulta indígena, se re-

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conocerán los derechos territoriales y la libre determinación por parte de los pueblos originarios, tal y como se pretende con el Decreto del 1 de julio pasado. De esto resulta evidente que en forma adicional se deberá pugnar por la adecuación de los referentes jurídico, científico, ambiental y económico para lograr enmarcar un precedente socialmente justo.

La reforma fallida del agua De acuerdo con los transitorios del Artículo 4 Constitucional, modificado en 2012 en torno al reconocimiento constitucional del derecho humano al agua y al saneamiento, el Congreso de la Unión está obligado a expedir una nueva Ley General de Aguas para armonizar sus disposiciones en aras de garantizar el cabal cumplimiento de este derecho constitucional.

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Al aprovechar una coyuntura legislativa favorable, la Conagua y la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Congreso de la Unión impulsaron la aprobación de una iniciativa de ley en 2015, apodada Ley Korenfeld en alusión a David Korenfeld Federman, quien había fungido como titular de la Secretaría de Agua y Obra Pública (20062011) del gobierno mexiquense y desde 2012 era titular de la Conagua (hasta 2015). A éste se le atribuía la autoría de la iniciativa, cuestionada por su marcado carácter desregulatorio (que incitaba a la contaminación del agua), por el andamiaje de un nuevo sistema de tarifas, y un importante número de sanciones previstas para aquellos involucrados en materia de investigación científica sobre el agua. La iniciativa de ley fue bloqueada debido a la enorme presión social y política de parte de un movimiento integrado por diferentes líderes, ambientalistas, periodistas y académicos, para quienes era evidente que con la desregulación del sector se terminaría de consolidar la mecánica privatizadora del funcionamiento de otras reformas estructurales, como la energética, profundizando las desigualdades sociales existentes. Los priístas entendieron que existe un complejo entramado de actores, usuarios e intereses involucrados en la gestión del agua, distinguiéndose a finales de 2015 dos posturas encontradas: por una parte, quienes exigen una distribución y acceso equitativo al agua aludiendo el respeto a este derecho humano y, recientemente, al medio ambiente; y por la otra, se concibe al agua como la materia prima fundamental para el lucro, destacando los sectores de la industria agrícola de exportación, la industria embotelladora y de bebidas, las papeleras, las mineras, los hoteleros, así como las compañías dedicadas a la provisión del servicio de agua potable, saneamiento y tratamiento de aguas residuales, por citar los más relevantes. A la par de la presentación de la iniciativa Korenfeld, un sector de ambientalistas, líderes

sociales, así como académicos de la Coordinadora de la organización no gubernamental Agua para Todos, Agua para la Vida, presentaron ante la Cámara de Diputados y el Senado de la República una iniciativa ciudadana de Ley General de Aguas (ICLGA), como contraposición a la propuesta oficial. Con esta acción pretendían visibilizar ante la opinión pública la exigencia de una democratización del sector, así como la modificación sustancial de los actuales márgenes tolerados de polución hídrica y de impactos a los ecosistemas. Para algunos, la propuesta fue polémica porque pretendía, entre otras cosas, “ciudadanizar” los actuales Consejos de Cuenca (organismos de carácter consultivo, que aglutinan a los representantes de los usuarios del agua con reconocimiento legal) como una medida de contrapeso o debilitamiento a las actuales facultades del titular del Poder Ejecutivo Federal en el sector, específicamente la gestión de los derechos del agua, las cuales pasarían a ser parte de las atribuciones de los Consejos Ciudadanos de Cuenca. En el fondo, esta propuesta recuerda la tensión existente entre la federación y los estados por el control soberano de los recursos nacionales: ¿a cuántos gobernadores no les agradaría ejercer la tutela constitucional sobre las inexistentes aguas estatales? Al mismo tiempo un grupo de académicos (donde participaban los autores de este artículo) elaboró una propuesta de ley que se enredó en las maniobras políticas de la Cámara de Diputados. La legislatura pasada (2015-2018) continuó con el esfuerzo de sacar adelante la reforma del agua, esta vez bajo la dirección del diputado mexiquense José Ignacio Pichardo Lechuga (estado del presidente Peña Nieto), quien presidía la Comisión de Agua Potable y Saneamiento, este convocó a una serie de foros y reuniones con diversos sectores interesados en el tema a fin de lograr el anhelado consenso. En esas reuniones destacó la participación de los miembros del Consejo Consultivo del Agua (CCA), la Asociación Nacional de

Los priístas entendieron que existe un complejo entramado de actores, usuarios e intereses involucrados en la gestión del agua

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El agua subterránea alimenta, principalmente, las grandes ciudades del país y más del 70% del agua empleada en el sector agrícola

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Empresas de Agua y Saneamiento (ANEAS) y un sector de la academia. Para inicios de 2018, circulaban extraoficialmente un par de documentos que sintetizaban, por una parte, una compilación de los foros y reuniones sobre el tema y, por otra, un borrador analítico de la posible iniciativa de reforma a la LAN, a este último se le conoció como Ley Pichardo. Este documento no levantó la controversia esperada, debido fundamentalmente a que nunca fue del dominio público, pero una revisión cuidadosa revela una enorme similitud con la iniciativa Korenfeld. Para esa fecha, las campañas electorales estaban en pleno despegue y la eventual discusión en comisiones del borrador hubiese representado un costo político para el candidato oficial a la Presidencia de la República. Antes de esto, a mediados de 2017 se hizo pública una tercera propuesta para regular el agua que ya había sido promovida sin éxito en la Cámara de Diputados y el Senado de la República. A diferencia de las anteriores, se distinguió por el perfil académico de sus autores y su énfasis en el agua subterránea. Esta iniciativa fue formulada por un equipo de trabajo especializado de varias universidades, con una participación mayoritaria de académicos de la UNAM, y su finalidad fue atender los vacíos regulatorios de las aguas del subsuelo en la LAN. La iniciativa se publicó en la UNAM como Ley del Agua Subterránea: una propuesta y sus autores la entregaron a los diputados que integraban la Comisión de Agua Potable y Saneamiento en San Lázaro, así como a algunos miembros del Senado. En este último, tuvo una mejor recepción, a pesar de que nunca fue sometida a discusión en las respectivas comisiones. Un argumento central de esta propuesta es que el recurso subterráneo representa el 97 por ciento del agua físicamente accesible y disponible en las porciones continentales, su alumbramiento artificial es altamente tecnificado y, generalmente, permanece invisible en el paisaje urbano. En el caso de la Ciudad de Méxi-

Un futuro de escasez

co, los pozos están ocultos “y protegidos” por una barda de concreto y alambrado de púas, por fuera, discretamente se indica el número de pozo y el titular de la asignación, es decir, el Sistema de Aguas de la capital. El agua subterránea alimenta, principalmente, las grandes ciudades del país, desde que se le alumbra circula directamente entre las redes de distribución de agua potable, las cuales a su vez están conectadas a los hogares, las empresas e, incluso, a las grandes industrias. Se estima que más del 70 por ciento del agua empleada en el sector agrícola es de origen subterráneo. La propuesta atacaba las debilidades del vigente método científico empleado para la evaluación del agua subterránea, situación que se traduce en la falta de un ordenamiento integrado de pozos y concesiones, así como

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en el monitoreo estricto de la calidad del agua obtenida. El tema del agua subterránea carece de “prestigio”, y su tratamiento es en gran medida desconocido para la opinión pública y hasta para los políticos, y erróneamente suele considerársele como un asunto estrictamente técnico, sin entender que políticamente de ella dependen diversas viabilidades. La propuesta reveló que el manejo del agua subterránea en México es un asunto político que está sometido a la voluntad presidencial: la atribución para su manejo técnico le fue conferida a la Conagua y al Instituto Mexicano del Agua (IMTA), dependencias que por ley deben evaluar, investigar y gestionar esta agua con el respaldo político del presidente en turno. También amplió el cisma entre distintas visiones: la del sector de hidrogeólogos, quienes argumentan sobre la

necesidad de cambiar el paradigma de evaluación para pasar a uno científico y sistémico de esta agua; y la de aquellos que desde una visión ingenieril pugnan por conservar criterios obsoletos a partir de su dominio técnico desde las instancias señaladas, ya que cuentan como aliado político desde el sector privado a profesionales de las empresas dedicadas a la perforación y la construcción de pozos para el alumbramiento del agua subterránea. Esta discrepancia resume el enfrentamiento entre los ingenieros (quienes, desde el sector público, defienden la aplicación del Balance Hídrico: cuánta agua entra a un sistema no definido y cuánta sale) y los hidrogeólogos (quienes señalan la necesidad de complementar la gestión del agua con nuevos indicadores que permitan más efectividad que se traduzca en políticas de conservación y protección del agua subterránea). En octubre de 2017, la Asociación Geohidrológica Mexicana convocó a su congreso anual en la ciudad de Puebla, espacio en el que se promovió la visión oficial para la gestión del agua subterránea. Aleccionador fue el conjunto de actividades pre-congreso, en los que se impartieron talleres y cursos relacionados con la técnica de la fracturación hidráulica (fracking). En octubre 31, la Conagua, a través de un comunicado oficial, informó que por instrucciones del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, el director de la dependencia, Roberto de la Parra, creaba el Cotema (Comité Técnico de Manejo de Aguas Subterráneas) como órgano consultivo integrado por académicos, investigadores, especialistas y funcionarios de los tres niveles de gobierno. Fue evidente que el mencionado congreso fue el corolario que sirvió para buscar el respaldo político presidencial y evitar el avance en el Poder Legislativo de una propuesta que estaría atentando en contra de los intereses y los negocios creados en la perforación para el agua subterránea. Éste no es un asunto menor. Cada vez que el presidente autoriza una concesión o

El manejo del agua subterránea es un asunto político que está sometido a la voluntad presidencial y no a criterios técnicos

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asignación de aprovechamiento de agua subterránea a través de la Conagua, se abre la oportunidad de negocio para los perforistas, quienes se dedican a alumbrar el recurso. Los autores de la propuesta de Ley de Agua Subterránea están excluidos del Cotema, con lo cual se cancela una visión alternativa para el manejo del agua.

La determinación La concesión política ﬁnal: del volumen decretos presidenciales de los caudales del agua decretados para Días después de la derrota electoral priísta, el 6 de julio de 2018 fue marcado por la el ambiente y las controversia, y la falta de expertise imperante zonas de reserva, en los medios de comunicación, sobre los en ciertos casos, problemas que atañen al agua. Diez decretos presidenciales fueron publicados en el DOF, fueron cifras en los que se dice reconocer y determinar (sin insignificantes planteamiento científico sólido) un volumen

específico de agua para el sostenimiento del ambiente y los ecosistemas, mejor conocido como caudal ecológico, así como la determinación de zonas de reserva de agua para el mismo fin en alrededor de 300 cuencas. Al siguiente día, académicos y ambientalistas expresaron públicamente su desacuerdo con dicha medida, destacando dos problemas centrales: las implicaciones que se desprendían del levantamiento de los decretos de veda para establecer volúmenes de agua disponible tanto para el ambiente como para los usos público-urbano y doméstico; mientras alertaban sobre la falta de infraestructura crítica para el monitoreo efectivo del caudal ecológico o de las zonas de reserva de agua en cada una de las cuencas beneficiadas. La Conagua determinó que de acuerdo con la actualización de la disponibilidad media anual en las cuencas, así como con la extinción de volúmenes amparados en títulos de concesión o asignación no vigentes, en más del 50 por ciento de las cuencas existía el agua suficiente para liberarla al ambiente y a los usos consuntivos mencionados. En

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ambos casos, aunque existían declaratorias de veda emitidas por anteriores mandatarios en algunas cuencas, se consideró su suspensión provisional a fin de contar con los caudales suficientes para cumplir con el fin privatizador mencionado, hecho que levantó sospechas en el sector de académicos y ambientalistas inconformes. Estos últimos sostenían que con los decretos “se entregaría el agua para el fracking y se terminaría privatizándola”. Otras cuestiones aún más preocupantes consistieron en que la determinación del volumen de los caudales decretados para el ambiente y las zonas de reserva, en ciertos casos, fueron cifras insignificantes. Un ejemplo es Chiapas, donde se determinó un caudal ecológico de alrededor del 0.31 por ciento del volumen total del agua utilizable. Si el caudal ecológico y las zonas de reserva fueron conceptos creados para que la naturaleza recupere su salud ecosistémica (sostenimiento y reproducción de humedales, sistemas biológicos riparios y preservación de manantiales), las cantidades decretadas, empíricamente, no ofrecen garantía alguna para que la naturaleza recupere el equilibrio deseado. El 24 de agosto de 2018, en la Universidad Autónoma de Querétaro se celebró una reunión nacional con especialistas de diversas universidades para crear la Red de Apoyo para la Operación de Reservas de Agua en México o Red MORA. Las conclusiones de esa reunión académica son críticas e ilustrativas porque plantean interrogantes desafiantes: ¿con qué capacidades humanas y de infraestructura cuenta la Conagua para vigilar los caudales ecológicos y que las zonas de reserva cumplan con su objetivo?, ¿con qué indicadores, metodología e instrumentos se medirá la respuesta ambiental del caudal ecológico en las cuencas beneficiadas con la disposición? Los decretos signados por el presidente Peña Nieto en Los Pinos en compañía de organizaciones no gubernamentales como el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por su sigla en inglés) fueron festejados con

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Contaminación, otro desastre

bombo y platillo, en un ambiente en el que el presidente –que soslayó la crisis presupuestaria a la que se había llevado a la Conagua y que se mantiene hasta la fecha– se presentaba como el más ambientalista de los mandatarios que este país ha tenido, pues nunca se había determinado un caudal ecológico de los alcances geográficos mencionados. Aunque esos decretos fueron los más polémicos del sexenio, otros pasaron inadvertidos tanto para la academia como para los ambientalistas y, desde luego, una enorme parte de la opinión pública. Por ejemplo, al inicio del sexenio, Peña Nieto recibió un país con 320 acuíferos (unidades administrativas de gestión del agua subterránea) previamente vedados, el 5 de abril de 2018 emitió un decreto histórico para vedar otros 332 acuíferos, con ello terminó de establecer una veda en todo el territorio mexicano, es decir sobre los

653 acuíferos administrativos existentes. Ningún otro mandatario había decretado una veda de alcances geográficos tan extensos, que equivale al 50 por ciento de la superficie del territorio nacional. El único precedente habían sido el de los 89 acuíferos que había vedado en su momento el presidente Adolfo Ruiz Cortines (1952-1958). Esa veda no evitó que continuaran llegando inversiones extranjeras a México. Un estudio realizado en el Instituto de Geografía de la UNAM (2017) ubicó en un mapa las inversiones extranjeras en materia automotriz en el país al amparo del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que reveló que más del 75 por ciento de los clústeres industriales que llegaron desde 2000 hasta 2017 se establecieron sobre polígonos vedados, lo que sugiere que las empresas se conectaron a la red del agua vía los sistemas municipales de

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Los decretos son disposiciones que simulan la administración del agua en México. Sólo hay personal para inspeccionar unos 300 pozos en todo el país

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abastecimiento de agua (uso público-urbano), tal y como se pretende hacer en la actualidad con la compañía cervecera estadunidense Constellations Brands en Mexicali. ¿Para qué sirven las vedas? Desde 1973 la justificación que aparece en los decretos presidenciales es para “la conservación de los mantos acuíferos”, pero lo contradictorio es que los organismos que manejan el agua potable, públicos o privados, son alimentados por pozos que extraen el agua del subsuelo. Una idea inicial es que las vedas sirven para declarar de utilidad pública el agua y en consecuencia, el presidente en turno, tenga un control político del flujo del agua al poseer su dominio exclusivo y decidir a quién sí y a quién no se la otorga, lo que implica un manejo autoritario del agua. Paradójicamente, el presidente “más ambientalista” de la historia de este país –a pesar de las restricciones que impuso en abril de 2013– decidió continuar dotando de agua a los usuarios, para ello emitió tres decretos publicados en el DOF (7 de abril de 2014; 17 de mayo de 2016, y 23 de marzo de 2018), en los que estableció facilidades administrativas para renovar o expedir nuevos títulos de concesión y asignación en todo el país, cuyos títulos hubieren vencido el 1 de enero de 2009 o en su caso el 1 de enero de 2004. Estas disposiciones, sobre todo los decretos de abril de 2014 y de mayo de 2016, se aplicaron tanto para aguas superficiales como subterráneas, mientras que el de 2018 fue exclusivamente para las subterráneas. Una revisión detallada del decreto evidencia la permisividad y laxitud con que el presidente dotó de agua a quien así lo solicitara, debido a que se dispuso que aquellos usuarios que hubieren entrado en pleito judicial con la Conagua sin que aún hubiese acabado podían recurrir a un desistimiento simple, y así poder acceder al proceso de renovación del título de concesión respectivo. Esto nos conduce a afirmar que éste fue el decretazo del sexenio, porque dotó de agua subterránea a quien así lo exigiera.

Subterránea, la principal reserva de agua de México

En síntesis, los decretos son disposiciones que simulan la administración del agua en México, porque una cosa es establecer en el papel el volumen otorgado para su aprovechamiento, y otra cosa es que la autoridad cumpla con el monitoreo del caudal extraído y aprovechado en tiempo récord, a fin de vigilar que no se rebase lo autorizado y de ser el caso, estar en la condición de establecer las sanciones correspondientes. Por ejemplo, en Guanajuato existen más de 20 mil pozos y en la Conagua sólo hay personal para inspeccionar unos 300 al año en todo el país. Tampoco, se monitorea que el uso del agua autorizado sea correctamente aplicado por el usuario; así, parece también existir una desconexión total entre la vigilancia y la adecuada disposición final del agua residual, a menos que sean fallas previstas y toleradas para asegurar el fa-

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vor político, o sea, continuar con el sistema de ineficiencia planeada. De esta manera, con el conjunto de decretos mencionados se consolidó la reforma política del agua, que si bien no se logró por la vía legislativa, con los decretos signados, Peña Nieto cumplió con los requerimientos de agua de los inversionistas privados, las empresas y los usuarios al otorgar las concesiones exigidas. A finales de su sexenio las concesiones de agua pasaron de 6 mil 640 en 2012 a 8 mil 473; es decir, 1 mil 839 concesiones en 6 años: 36.22 por ciento de las entregadas hasta 2012.

¿Hacía dónde se dirige la 4T en materia de agua? El World Resources Institute (WRI) indica que México ocupa el lugar 24 de 169 en su

National Waters Stress Rankings (2019), nuestro país se encuentra en un nivel de High Baseline Water Stress, definido como la extracción de más del 40 por ciento de la denominada disponibilidad anual, mientras que algunas zonas del país especialmente en el Norte están en el nivel más alto de estrés, donde la irrigación para la agricultura, industrias y municipalidades extraen más del 80 por ciento del promedio anual de la disponibilidad de agua calculada. El estrés de agua, según el WRI, presenta serios peligros para la vida humana y la estabilidad de los negocios. Más allá de lo cuestionable de la metodología empleada para la determinación de los indicadores de los niveles de estrés hídrico, lo cierto es que su difusión se convierte en un elemento de presión para la sociedad y las autoridades. En el sexenio anterior, a la luz de las políticas neoliberales, todo aquello que hubiese sido etiquetado como “estratégico” era sinónimo de oportunidad de mercado, de negocio y, por supuesto, objeto de reforma política de carácter desregulatorio y privatizador. Sin embargo, como se mencionó al inicio, el tema del agua no parece ser estratégico para el presidente López Obrador, cuyo Plan Nacional de Desarrollo subsume el agua a la lógica de otros proyectos, o bien, es posible que al mandatario le parezca que es un asunto estrictamente técnico y fuera del ámbito de la corrupción claramente observada en otros sectores, como el petrolero. Al Poder Legislativo el tema le fue legado: la reforma legislativa del agua no fue consumada, y al presidente de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento, diputado Feliciano Flores, le dejaron la tarea de sacar en 2 años la reforma pendiente, porque como es del dominio público, el tercer año se le considera como el de “parálisis legislativa”, a menos que ahora sea distinto. En esos 2 años (y ya se fue uno) debe convencer a su bancada sobre la importancia de formular una nueva ley para abrir los espacios de debate legislativo que la lleven a su voto en el pleno. Esa Comisión ha con-

Peña Nieto cumplió con los requerimientos de agua de los inversionistas privados y las empresas al otorgar las concesiones exigidas

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MARGARITO PÉREZ RETANA/CUARTOSCURO

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Desperdicio, por mala gestión y ausencia de estrategias

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vocado a la celebración de 33 foros regionales del agua en el país, en donde los diputados escuchan la opinión de los usuarios del agua y de las partes interesadas. A menos que la comisión esté avanzando en la redacción de la nueva ley y pensando en una gran política del agua, es posible que el calendario político-electoral derrote los tiempos legislativos una vez más. Por lo pronto, habiéndose agotado el primer periodo de sesiones, se vislumbra complicada la reforma a la Ley de Aguas Nacionales, por lo que será un tema pendiente que, en su caso, tendría que retomar el Senado de la República, de donde salió muy temprano una propuesta para evitar la privatización del agua, que al estar colmada de problemas constitucionales fue congelada. El Poder Ejecutivo apenas ofreció una señal de lo que parece ser guiará la política del agua en este sexenio con el decreto pu-

blicado el 1 de julio. En concordancia con la política social de “primero los pobres”, el decreto establece la renovación y expedición de títulos de concesión sobre aguas nacionales dando preferencia a los pueblos originarios, comunidades afromexicanas, y comunidades de alta y muy alta marginación. No obstante, son muchos los desafíos que se enfrentan para que esta disposición presidencial sea una realidad, entre ellos la falta de infraestructura crítica para el abastecimiento de agua en las localidades rurales que presentan altos índices de pobreza. Una revisión a la disposición presidencial muestra que los usos doméstico y público-urbano únicamente estarán contemplados para la expedición de nuevos títulos o renovación de aquellos vencidos el 1 de enero pasado. Asimismo, el volumen de agua asignado a los usuarios no podrá rebasar los 100 litros

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de agua por día/habitante, según las sugerencias de la Organización Mundial de la Salud respecto al cumplimiento del derecho humano al agua y saneamiento. En el caso de las comunidades rurales que se abastecerán de agua subterránea, el gobierno concederá el título respectivo para uso doméstico, pero el titular deberá obtener, adicionalmente, los permisos necesarios para llevar a cabo las obras que permitan el alumbramiento del recurso, así como para sus descargas residuales fuera de los sistemas municipales de alcantarillado. En ambos casos, las comunidades marginadas tienen enormes carencias: el costo de una perforación o construcción de un pozo es bastante oneroso, por lo que el gasto lo deberían asumir las propias autoridades locales, mientras que en el caso del alcantarillado, es evidente que un porcentaje mayoritario carece de dicha infraestructura. Esta problemática se amplía, ya que el decreto establece que se le otorgarán nuevos títulos de asignación a las comunidades que no cuenten con éste, aquí surgen varias interrogantes resultado de lo establecido constitucionalmente: ¿quién costeará la construcción y mantenimiento posterior de las redes de distribución del agua en dichas localidades?, ¿cuál será la participación de otros niveles de gobierno como los municipios y los estados en dicho proceso? Considerando la insuficiencia presupuestal que caracteriza a los municipios más pobres de México, ¿cómo enfrentarán las disposiciones del decreto?, ¿licitarán la construcción, mantenimiento y provisión del agua al sector privado, privatizando el agua? Si la actual administración federal persigue con este decreto cumplir con el derecho humano al agua y saneamiento en aquellas comunidades históricamente marginadas por el propio Estado, debe ir más allá de la entrega de un documento administrativo que ampare volúmenes de aprovechamiento de agua a los usuarios. Con el fin de atacar las disposiciones reglamentarias, se debe de garantizar que el Estado tendrá una participación recto-

ra, coordinada y eficaz para la construcción de la infraestructura necesaria que provea el líquido, a fin de evitar provocaciones y tensiones con los usuarios que serán afectados. En este contexto debe revertirse la disminución en las condiciones operativas de la Conagua como factor inhibidor en el cumplimiento del decreto. También hace falta reformular radicalmente el concepto del papel del agua, se tiene que pensar a través de la condición del agua en una gran política que cubra el desarrollo económico y, dentro de éste, la industria, agricultura y el desarrollo urbano, de tal forma que sea sustentable, sostenible, justo y equitativo. Eso es lo que debe contener la Ley General de Aguas, que debe formularse para sostener el modelo de desarrollo y no convertirse en una camisa de fuerza que defienda intereses creados o cree nuevos intereses facciosos. La política de austeridad anunciada se incrementará en 2020, por lo que ni el gobierno ni la Conagua podrán enfrentar medidas correctivas que son de gran envergadura y con gran impacto sistémico, pero además podrá agravar la crisis presupuestaria de la Comisión heredada del neoliberalismo, que la dejó con serias limitaciones de recursos humanos y de infraestructura para definir y vigilar los caudales ecológicos y las zonas de reserva. Tal vez, si bien nos va, tendremos actividades de mantenimiento pero no correctivas ni preventivas para evitar mayor deterioro. Aquí el riesgo que se corre es la posibilidad que desgasten sus energías tratando de sobrevivir y no atiendan la necesidad de reelaborar indicadores, metodología e instrumentos para medir la respuesta ambiental del caudal ecológico en las cuencas. Es posible que la 4T se encuentre, aún en contra de su voluntad y de los cambios que se requieren en materia de agua, manteniendo las condiciones que han propiciado malos manejos y apropiaciones injustas del agua y con esto el agravamiento de las condiciones hídricas en el país.

La política de austeridad anunciada se incrementará en 2020, por lo que el gobierno ni la Conagua podrán enfrentar medidas correctivas

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CATAR SE RESISTE A PERDER En medio de países hoy con gobiernos hostiles y una dependencia económica casi absoluta del comercio exterior, Catar recompone su economía. A prueba, la audacia del país más rico, per cápita, del mundo. El bloqueo económico no ha sido el desastre, pero el estancamiento es evidente

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SUSANA ALFONSO TAMAYO/PRENSA LATINA

16 de septiembre de 2019

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oha, Catar. Pese a que muchos temieron por el desplome la economía catarí luego de que cuatro aliados históricos le impusieran un recio bloqueo comercial por aire, mar y tierra, al cierre del primer semestre de 2019 diferentes sectores reportaron estabilidad e incluso auguraron mayor crecimiento para próximos años. El 5 de junio de 2017, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Bahréin y Egipto rompieron relaciones diplomáticas y aplicaron un cerco económico a Doha bajo la acusación de apoyar el terrorismo, postulado que el gobierno catarí niega. Entonces, se avizoró la insuficiencia económica del pequeño Estado del Golfo Pérsico, tan dependiente de las importaciones para su abastecimiento interno, y estrechamente ligado a sus vecinos durante largo tiempo; sin embargo, no le costó mucho resarcirse del golpe, todavía latente, según resultados económicos. Un informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) publicado en junio, días antes de que se conmemoraran 2 años de la ruptura, expuso que el desempeño económico de la nación árabe mejoró en 2018, y que el crecimiento del producto interno bruto (PIB) real (excluyendo la inflación) se estimaba en 2.2 por ciento, frente al 1.6 por ciento de 2 años atrás. “La economía de Catar ha absorbido con éxito las crisis de la caída de los precios de los hidrocarburos en 2014-2016 y la ruptura diplomática de 2017”, declaró la entidad. En la cotidianidad resulta igualmente palpable esta restauración, pese a que el tema de los viajes en avión para quienes viven o visitan el país continúa siendo una piedrecilla en el zapato, dijeron fuentes a Prensa Latina. Cuentan que en los primeros meses, tras los anuncios de la ruptura, comenzaron a escasear productos; pero hoy en los centros comerciales en esta capital resulta imposible notar la existencia del bloqueo. Diversidad de productos, con los países

de origen declarados –de todos los continentes– colman los mercados, mientras nuevos proveedores han sustituido a los anteriores y se ha diversificado la oferta de productos locales, desde verduras y frutas, hasta pollo, jugos, leche y derivados. Tal vez el más popular ejemplo en este sentido sea Baladna, principal y mayor productor de lácteos en Catar, aunque también tiene una línea de jugos. Ubicada al norte de Doha, esta granja cuenta con una avanzada sala de ordeño rotativa, y no escatima en el cuidado de sus 20 mil vacas, tanto así que disfrutan de aire acondicionado y las primeras reses arribaron al país nada menos que en Qatar Airways, a sólo 1 mes del intento de aislamiento. En la actualidad, Baladna suple más de la mitad de la demanda interna y exporta leche a países de la región y además está abierta al público con áreas de aprendizaje, restaurantes y hasta un pequeño zoológico para los infantes, de modo que se ha convertido en uno de los destinos de esparcimiento de la familia. Fotografía económica Según información ofrecida recientemente por el Banco Central de Catar (QCB, por su sigla en inglés), la nación ha salido completamente de los perjuicios iniciales de las restricciones, lo que se refleja en la normalización de los flujos de capital, la cómoda posición de liquidez del sistema bancario y el regreso de las reservas oficiales de divisas a cerca del nivel previo al bloqueo. También hay un crecimiento saludable del crédito bancario al sector privado y en la esfera no relacionada con los hidrocarburos. El superávit comercial y de cuenta corriente y el balance fiscal mejoraron continuamente, mientras que los flujos de capital se normalizaron, cada vez más diversificados y provenientes de fuentes relativamente estables, aseguró la institución.

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Variables negativas aparte, especialistas observan en el país un renacimiento sociocultural y económico a partir del bloqueo

16 de septiembre de 2019

En su décimo Informe de Estabilidad Financiera, el QCB señaló que el sector bancario mostró un desempeño resistente en 2018. A pesar de que los activos crecieron por debajo del año anterior, se produjo un repunte de la demanda de crédito del sector privado a causa del impulso dado por el gobierno a las pequeñas y medianas empresas. Los créditos se concentraron en la agricultura, la ganadería y la pesca, como expresión de la búsqueda de soluciones para la producción local. El Banco Central se refirió, asimismo, al repunte de los depósitos de no residentes y el flujo de fondos de instituciones financieras extranjeras, e indicó que casi todos los depósitos de los países bloqueadores han salido del sistema, con lo que se evita el riesgo de volatilidad. Por otro lado, el Índice Principal de Gerentes de Compras, emitido por el Centro Financiero de Catar (QFC, por su sigla en inglés) a partir de las encuestas a un panel de alrededor de 400 empresas del sector privado no relacionado con el de energía, develó la existencia de un fuerte optimismo para los próximos 12 meses, en consecuencia con las condiciones comerciales actuales. “Un poco más de dos tercios de las compañías esperan un crecimiento de la actividad comercial para mediados de 2020”, dijo la directora ejecutiva de Desarrollo de Negocios de QFC, Alanoud bint Hamad Al Thani, citada por la prensa local. En otro orden, la balanza comercial del país registró un superávit de 13.2 mil millones de riales cataríes (aproximadamente 3.6 mil millones de dólares) durante julio, para un 21.8 por ciento interanual, dio a conocer la Autoridad de Planificación y Estadísticas. Las exportaciones –de origen nacional y reexportación– ascendieron a 22 mil 300 millones de riales cataríes (poco más de 6Bueno mil millones de dólares), una disminución anual del 16 por ciento, con Japón como principal receptor. En tanto, las importaciones de bienes registraron alrededor

de 9 mil 100 mil millones de riales cataríes (2.5 mil millones de dólares), para un crecimiento anual del 6 por ciento, con Estados Unidos como el mayor emisor. La disminución en las ganancias en el primer apartado quizás se debió a la caída en los precios del petróleo –renglón fundamental para el país– a fines de 2018, y en enero y mayo del presente año. Por ejemplo, la compañía petroquímica catarí Mesaieed Petrochemical Holding Company reportó una ganancia neta de 305 millones de riales cataríes (cerca de 84 millones de dólares) en el primer semestre del año, por debajo de los 361 millones (unos 99 millones de dólares) alcanzados en igual período de 2018. De modo que, aunque en plena recuperación, no todo avanza de manera ascendente, algunas áreas económicas reflejan la huella del cerco. A inicios de agosto, las 46 compañías que cotizan en la bolsa de Catar anunciaron en sus resultados para el primer semestre de 2019 que las ganancias totales fueron de 19.6 mil millones de riales qataríes (alrededor de 5.4 mil millones de dólares). Ello representa 6.2 por ciento menos en comparación con los 20.9 mil millones riales cataríes (sobre los 5.7 mil millones de dólares) logrados durante mismo período del año anterior. Variables negativas aparte, la mayoría de los habitantes y muchos especialistas señalan que el país ha experimentado un renacimiento a partir del bloqueo, tanto desde el punto de vista de orgullo nacional y patriotismo, como en cuanto infraestructura socioeconómica, al verse obligado a abrirse a opciones no exploradas antes. La economía de Catar es calificada como de altos ingresos gracias al sector energético, pues las reservas de gas natural y petróleo de la nación se hallan entre las más grandes del mundo. De hecho, su progreso despegó a inicios del siglo pasado con la explotación de estos recursos y ubicarse como el principal exportador de gas natural licuado a nivel

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El país más rico per cápita del mundo

global, y el país más rico, pero esta última calificación no la obtiene solo por su fortuna, sino también por su densidad poblacional. La Autoridad de Planificación y Estadísticas registró a fines del pasado junio 2.64 millones de habitantes, cifra en la que se incluye a los expatriados (alrededor de un 70 por ciento). En otras palabras, resulta sencillo dividir la riqueza entre tan reducido número de ciudadanos. De ahí que, si bien en materia del PIB Estados Unidos encabezó la última lista publicada por el Fondo Monetario Institucional (FMI), con 21 billones 344 mil 667 millones de dólares, Catar se posiciona como la nación más rica del orbe debido a la paridad del poder adquisitivo (distribución del PIB entre la población estimada). En 2018 el emirato cerró con 128 mil 702 dólares per cápita.

Sin embargo, aunque importantes a la hora de analizar el panorama económico del país, estos datos no constituyen las únicas razones por la cuales ha conseguido sobreponerse al bloqueo establecido en 2017. Habría que destacar, de igual modo, la políticas nacionales que han llevado por buen camino el desarrollo socioeconómico de Doha. Usar riquezas y fortalezas para superar la crisis Medios locales han elogiado, en más de una ocasión, los esfuerzos del Estado por mantener alianzas comerciales con varias naciones, su flexibilidad y apertura. A tono con la Visión Nacional 2030, que busca un desarrollo sostenible y en crescendo de Catar en este período, el gobierno lanzó iniciativas y

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“Orgullo nacional”, la compañía de aviación

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leyes destinadas a promover la inversión tanto extranjera como local. Muestra de ello, son las zonas francas que ofrecen entre sus ventajas infraestructura moderna, mano de obra calificada, propiedad ciento por ciento extranjera, acceso a fondos de inversión, exenciones de impuestos y oportunidades de asociación con entidades cataríes. La Autoridad de Zonas Francas de Catar (QFZA, por su sigla en inglés) reveló que tan sólo en los primeros 6 meses de aceptar solicitudes de inversión, el valor de las aprobadas ascendió a más de 1 mil millones de riales cataríes (cerca de 275 mil millones de dólares). Además, la QFZA dio luz verde a una serie de asociaciones entre el sector privado y compañías globales en diferentes campos. La entidad creada en 2018 para apoyar el desarrollo económico nacional por medio

del establecimiento de zonas francas, ha dirigido los fondos hacia proyectos económicos, industriales y tecnológicos en esos espacios. Citado por la prensa, el presidente de la QFZA, Ahmad bin Mohamed Al Sayed, afirmó que las inversiones contribuirán directamente a posicionar a Qatar como un destino de inversión atractivo. “Alentamos al sector privado a aprovechar las instalaciones que brindan nuestras zonas francas para atraer a sus socios internacionales y crear valor para la economía del país a través de empresas conjuntas”, comentó. Fuera de este ámbito las medidas a fin de apoyar el renacimiento industrial del país comienzan a dar frutos, como la apertura de nuevos mercados, puntos de venta, fábricas y establecimientos industriales. El Centro Financiero de Catar (QFC, por su sigla en

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inglés) reportó un aumento, de enero a de junio de 2019, del 21 por ciento en el número de nuevas empresas registradas bajo este organismo en comparación con el primer semestre de 2018, casi 90 añadidas, con lo que son más de 700 las empresas adscritas. A la par de locales, hay compañías provenientes de la India, Estados Unidos, Australia y algunos países de Europa, Asia y Medio Oriente, las cuales abarcan una amplia gama de sectores, entre los que se encuentran servicios de tecnologías de la información, asesoría y consultoría, marketing y gestión de marcas e ingeniería. En declaraciones publicadas por la prensa, Raed Al Emadi, director comercial de la Autoridad QFC, expresó el compromiso del centro de trabajar continuamente para apoyar la diversificación económica al otorgar licencias a las empresas líderes en sus campos y permitirles acceder a las oportunidades del mercado nacional. Aunque la apertura a la inversión extranjera en el emirato centra la atención en el contexto actual, no resulta un secreto que desde hace años los cataríes invierten en diferentes punto del orbe, y acumulan miles de millones en activos. Valentino, Harrods, Volkswagen Group, Tiﬀany, BlackBerry y varios grandes bancos se hallan dentro de esta cartera. Otros elementos apuntalan el desarrollo sostenible por el cual apuesta el país y podría mencionarse, en este sentido, el aumento de la población económicamente activa, el impulso que ha recibido el turismo y la reanimación del sector de los bienes raíces con nuevas y atractivas leyes. En cuanto a la industria del ocio, muchas han sido las estrategias puestas en marcha, como el visado libre a ciudadanos de 80 países, paquetes especiales para usuarios de Qatar Airways y la más reciente campaña Verano en Catar, con beneficiosos descuentos en las tiendas, incluidas las más exclusivas marcas, y numerosas actividades.

Precisamente, una de las esferas que más se sintió la ruptura de las relaciones con Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Bahréin y Egipto fue la hotelera, pues gran parte de los visitantes provenían de tales destinos. No obstante, hay una tendencia a la reversión de las cifras negativas; según la Autoridad de Planificación y Estadística, la tasa de ocupación de los hoteles en Doha aumentó del 62 por ciento en marzo de 2018 al 68 en marzo de este año. Con anterioridad también se había observado un alza, pues la tasa de ocupación de enero (64 por ciento) superó a la del año anterior (58 por ciento). No debería faltar en la lista de fortalezas que el país ha sabido proteger y emplear Qatar Airways, votada en 2011, 2012 y 2015 como la aerolínea del año por Skytrax, y en abril pasado nombrada entre las 10 mejores del mundo y la mejor del Oriente Medio por los premios de TripAdvisor Travelers Choice. La compañía, que llega a más de 100 destinos, junto a la conocida cadena Al Jazeera, figuran entre los principales motivos de orgullo de este pueblo. Por otro lado, es por todos conocidos que el hecho de acoger la Copa Mundial de la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) en 2022 ha sido un gran aliento de vida para la economía catarí por la infinidad de proyectos e inversiones que ha impulsado, y cuyo beneficio social no solo es ya palpable, sino que también se extenderá hasta luego de concluido el evento. El Índice de Competitividad Global 4.0 –que tiene en cuenta el conjunto de instituciones, políticas y factores que determinan el nivel de productividad en una nación–, ubicó a Catar en el puesto 30 de 140 economías. Nada mal para un pequeño Estado, además bloqueado, que ya sea por medio de vías habituales, o nuevas rutas para superar los hándicaps, se niega a perder la posición económica a nivel global ya ganada.

No resuta un secreto que desde hace años los cataríes invierten en diferentes puntos del orbe y acumulan miles de millones de activos

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CON MARCHA SILENCIOSA EXIGEN ALTO A LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES JORDANA GONZÁLEZ/KAREN BALLESTEROS

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n silencio y con el fin de exigir justicia para todas las mujeres que han sido violentadas física y sexualmente, secuestradas, asesinadas y desaparecidas en el país, madres, padres y familiares de víctimas marcharon este día desde el Ángel de la Independencia hasta el Zócalo capitalino. La manifestación fue encabezada por el colectivo Unidas Nos Mantenemos Vivas. Alrededor de 300 personas recorrieron distintas avenidas para denunciar la poca efectividad de los mecanismos que deberían proteger a las mujeres. Lo anterior, debido a la decisión que tomó la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la

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Violencia contra las Mujeres, en junio pasado, de no instrumentar la alerta de violencia de género en la Ciudad de México. “Estamos acostumbrados a esperar a que el agua nos llegue al cuello. ¿Qué creen?, ya estamos ahogados”, fue una de las expresiones arengadas en la manifestación. México es uno de los países más violentos y letales para las mujeres a nivel global: mientras que en 2018 se registraron siete feminicidios cada día en promedio (3 mil 500 feminicidios en total), en este 2019 son perpetrados entre nueve y 10 a diario. El 40 por ciento es cometido por la pareja o por conocidos de la víctima;

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Protesta reunió a mujeres solidarias y familiares de las víctimas

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y 17 por ciento de los feminicidios son contra niñas, aseguró María Luz Estrada miembro del Observatorio Nacional del Feminicidio. Agregó que al año se denuncian más de 16 mil casos de violación, los que representan sólo el 10 por ciento de las denuncias. El resto son cifras muertas. Frente a las puertas de Palacio Nacional, las madres de las víctimas exigieron justicia a las autoridades capitalinas y a la Fiscalía del Estado de México en los casos de feminicidio que siguen impunes. ¡Ni perdón, ni olvido. Castigo a los asesinos. Ni perdón, ni olvido. Castigo

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Presentación con vida de las desaparecidas, otra de las demandas

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Vidas truncadas, mayoritariamente por parejas o familiares de las víctimas

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a los asesinos!, fue una de las consignas. Otras: “No estamos todas, nos faltan ellas”, “ni una más, ni una desaparecida más, ni una asesinada más”, “ni una menos, ni una menos, todas vivas nos queremos”,“no más violencia contra las mujeres”,“porque vivas, vivas estamos, vivas nos queremos”. En lo que va de 2019, según datos del Secretariado Ejecutivo Nacional, han sido cometidos 540 presuntos feminicidios. Veracruz es el estado con más registros, al sumar 114, y la Ciudad de México ocupa el segundo peldaño, con 53 casos registrados hasta julio pasado.

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Padre de Fátima, niña de 12 años ultrajada y asesinada impunemente. Foto de apertura: madre de Fátima

Sólo en lo que va de 2019, más de 540 feminicidios

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Entre nueve y 10 feminicidios a diario

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SCHILLER Y BEETHOVEN HIMNO A LA ALEGRÍA Y LA NOVENA SINFONÍA ÁLVARO CEPEDA NERI

memorable acontecimiento cultural, que aplaudieron entusiasmados el Fue un concierto sublime que anunciado como “la sinfonía del puevenerado espectáculo. hizo vibrar a los mexicanos blo, la sinfonía de la paz”. En una panII. En la Novena Sinfonía, el coro canreunidos en la Plaza de la talla rectangular, conforme cantaba el tó lo que Schiller simplemente tituló A Constitución o Zócalo de la capital coro, apareció la traducción del poema La Alegría, que se publicó en 1786. Su de la República, y ahora estado 32 de Schiller. Así que los espectadores lectura entusiasmó a Beethoven de nuestra Federación o Estado leían y escuchaban la música y y de inmediato comfederal, para escuchar a la las voces (me pareció tener a puso la música. orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, al Autor: Friedrich Schiller Ambas fueron Autor: Rüdiger Safranski un lado al amigo-compañero, Miguel Ángel Graun himno Coro Filarmónico de la Título: Lírica del Título: Schiller o la nados Chapa, amante de a la liberUNAM y al Coro de la pensamiento invención del idealismo esa música). tad, como secretaría de Marina, Editorial: Hiperión Editorial: Tusquets III. La crónica de la anunciando la interpretar la música de reportera Lourdes ZambraRevolución FranLudwing van Beethoven no es una puntual narración cesa de 1789 que pro(1770-1827): la Novena Sinfodel evento con su mensaje univerclamó la fraternidad, la igualdad nía, el marco musical de El Himno sal: “Los seres todos alegría beben… y la libertad; el tríptico que apuntaló a a la Alegría de Friedric Schiller (1759los nacientes derechos del hombre y del y un amigo probado hasta en la 1805). Los espectadores –nos informó muerte… ¡salvación de tiránicas cadeciudadano. Esta historia se encuentra Lourdes Zambrano (Reforma, 24 de nas!... alegría es el muelle poderoso... en el extraordinario Diccionario de la diciembre de 2018)– como quienes alegres, tal como sus soles vuelan, por Revolución Francesa de Francois Furet y lo vivimos, solicitaron que la orquesta el brillante prado celestial, haced Mona Ozouf. Y el poema A La dirigida por Scott Yoo repitiera la vuestro camino, oh hermanos, Alegría, en traducción conmovedora interpretación ufanos como un héroe va al español de que tuvieron como solistas a triunfar”. Estos versos Martín Zula mezzosoprano María Autor: Maynard Autor: Marion del himno se escucharon biría, en el Luisa Tamez, la soprano Solomon M. Scott en la acústica del anolibro Lírica Gabriela Herrera, el Título: Beethoven Título: Beethoven checer y los presentes del Pensamienbajo Carsten Wittmoser Editorial: Javier Editorial: Salvat nos llenamos de alegría: to de Friedrich y el tenor Alan PingaVergara “Que aflicción y pobreza Schiller, que es rrón. La plaza con 2 mil se presenten, para alegrarse una edición-antología 500 sillas tuvo de pie a miles con quienes se alegran, que rencor bilingüe (edición Hiperión). Y de de espectadores más que escuchay venganza ya se olviden, y al mortal Beethoven hay innumerables ediciones ron emocionados, las casi 2 horas del enemigo se perdone: ninguna lágrima de su Sinfonía, conocida como La Nofestival que honró a esos dos poetas: apremiarlo debe, ningún remordivena. Y que, para clausurar el 34 evento Beethoven y Schiller. Y su obra enridel Festival del Centro Histórico, fue un miento atormentarlo”. queció el sentimiento de los oyentes

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ISSN: 1665-1626 REVISTA SEMANAL Del 16 al 22 de septiembre de 2019

Año 18 • Número 659 • $30