Contralínea 663 by Revista Contralínea

ISSN: 1665-1626 REVISTA SEMANAL Del 14 al 20 de octubre de 2019

Año 18 • Número 663 • $30

CONTENIDO

PORTADA

CÁRTELES, PUNTA DE LANZA CONTRA LOS PUEBLOS INDÍGENAS DEL CNI

Cientos de comunidades viven en guerra. Tienen enfrente a los cárteles que van por sus montes, aguas, minerales y maderas preciosas. Los sicarios facilitan la llegada de megaproyectos empresariales y gubernamentales

CONTRALÍNEA. PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN –año 18, número 6632, del 14 al 20 de octubre de 2019– es una publicación semanal editada por Editorial Libertad y Expresión, SA de CV; Ignacio Aldama 74-8, colonia Del Carmen, delegación Coyoacán, CP 04100, Ciudad de México; teléfonos: 55 54 91 93 y 55 54 91 94; www.contralinea.com.mx, info@contralinea.com.mx. Editor responsable: Agustín Miguel Badillo Cruz. Número de reserva al título de derecho de autor: 04-2001-1206164804 00-102. Número de certiﬁcado de licitud de título: 12264, y de contenido: 8918. ISSN: 1665-1626. Impresa por Editorial Libertad y Expresión, Insurgentes Centro 98, colonia Tabacalera, Ciudad de México, teléfono 55549192. Este número se terminó de imprimir el 11 de octubre de 2019. Distribuida por la Unión de Voceadores de México, despacho de Gloria Santillán, Ignacio Mariscal 44, col. Tabacalera, CP 06030, México, DF, teléfono 55 92 08 91. CONTRALÍNEA reconoce el deber de veracidad y la cláusula de conciencia de reporteros y articulistas. Los textos son responsabilidad de sus autores. Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reﬂejan la postura del editor de la publicación. Queda totalmente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos o imágenes de la publicación sin previa autorización de Editorial Libertad y Expresión, SA de CV.

Circulación certiﬁcada por Romay Hermida y Cía, SC, folio: 00010-RHY

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OPINIÓN 6

OFICIO DE PAPEL MULTIMILLONARIOS CONTRATOS SIN LICITAR EN SEGALMEX Miguel Badillo

AGENDA DE LA CORRUPCIÓN FUNCIÓN PÚBLICA REVELA NEGLIGENCIAS DEL SAT; SIN GARANTÍA, $10.8 MIL MILLONES EN CRÉDITOS FISCALES Nancy Flores

ZONA CERO MIGRACIÓN: CRISIS HUMANITARIA, NO DE SEGURIDAD NACIONAL Zósimo Camacho

CONTRAPODER DOCE PUEBLOS DE TECÁMAC CONTRA LÓPEZ OBRADOR Álvaro Cepeda Neri ARTÍCULOS

AYOTZINAPA: LOS SEGUIMOS ESPERANDO Isael Rosales Sierra

“AUTOMOVILISMO”, TORTURA Y DERECHOS HUMANOS Adrián Ramírez

A DETENER LA DEVASTADORA REFORMA ENERGÉTICA Martín Esparza

CONTENIDO

DIRECTOR Miguel Badillo oﬁciodepapel@yahoo.com.mx COORDINADORES INFORMACIÓN Y EDICIÓN WEB Nancy Flores nancy@contralinea.com.mx EDICIÓN IMPRESA Zósimo Camacho zosimo@contralinea.com.mx CONTRALÍNEA TV Érika Ramírez esoemi@contralinea.com.mx DISEÑO Miguel Minero mimiga@contralinea.com.mx PUBLICIDAD Martha Moreno mmoreno@contralinea.com.mx DEFENSOR DEL PERIODISTA

Álvaro Cepeda Neri cepedaneri@prodigy.net.mx DEFENSOR DEL LECTOR Jorge Melendez Preciado jamelendez@prodigy.net.mx EDITORIALISTAS Fabio Barbosa fabiobarbosacano@gmail.com Miguel Concha Malo educacion@derechoshumanos.org.mx Martín Esparza garrasleo6@yahoo.com.mx Roberto Galindo galeondelsur@hotmail.com Samuel Lara Villa WEB Hugo Sadh

INVESTIGACIÓN

PORTADA Cárteles, punta de lanza contra los pueblos indígenas del CNI Zósimo Camacho

RENDICIÓN DE CUENTAS Investiga Segob contratos a 24 empresas privadas y universidades

ILUSTRADOR David Manrique manrique@contralinea.com.mx

por $2.2 mil millones Miguel Badillo 38

LÍNEA GLOBAL “Maldita tragedia” de un candidato opositor en Bolivia Jorge Petinaud Martínez/Prensa Latina

Imagen de portada: JUAN JOSÉ ESTRADA SERAFÍN/ CUARTOSCURO

ESPECIALES

ENTREVISTA Megaproyectos en territorios indígenas todavía no son un hecho: INPI Zósimo Camacho

ANÁLISIS

INTERNACIONAL Las cuatro fábricas de la evasión mundial Nicolás Oliva/Celag

MISCELÁNEO

EX LIBRIS Willian Stanley Moss: El secuestro del general nazi en la Segunda Guerra Mundial

REDACCIÓN 5554-9194 PUBLICIDAD 5554-9191 VENTA DE LIBROS 5554-9192 Ignacio Aldama 74-8, colonia Del Carmen, delegación Coyoacán, CP 04100, México, DF

Álvaro Cepeda Neri www.contralinea.com.mx

OPINIÓN OFICIO DE PAPEL

MULTIMILLONARIOS CONTRATOS SIN LICITAR EN SEGALMEX MIGUEL BADILLO

eincorporado por el presidente Andrés Manuel López Obrador a la administración pública federal 28 años después de que saliera de la Dirección General de Conasupo (Compañía Nacional de Subsistencias Populares), el entonces político priísta Ignacio Ovalle Fernández regresa como titular de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), que no es otra cosa más que la empresa paraestatal que fusiona a Diconsa y Liconsa, sucesoras de la desaparecida Conasupo. Pero recordar a Ovalle Fernández como director general de la extinta Conasupo es volver a hablar de Raúl Salinas Gortari, quien se desempeñó como gerente general de Diconsa (Sistema de Distribuidoras Conasupo) y director de Planeación y Programación Presupuestal de Conasupo en el sexenio de su hermano Carlos Salinas de Gortari. Esa etapa laboral que hizo coincidir a ambos políticos en Conasupo se explica como una relación perversa y sumisa de Ovalle como director general ante Raúl Salinas, quien con un cargo inferior era quien mandaba en esa empresa del Estado y orquestaba una complicidad de corrupción en la compra y distribución del abasto de alimentos destinados a la población más pobre del país. La pésima gestión de Ovalle Fernández al frente de Conasupo en el gobierno salinista, que aunque duró apenas 2 años (1988-1990) le dio tiempo a él y a Salinas para que, junto con una pandilla de funcionarios (Juan Manuel Pasalagua, Salvador Giordano, Julio César Ruiz Ferro y Guillermo Knockenhauer), desviaran recursos y se aprovecharan con la compra de maíz para puercos y distribuirlo entre la población, adquirir frijol con gorgojo e importar –con comisiones de

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por medio– grandes cantidades de leche en polvo, lo que causó la debacle entre productores mexicanos. Pues ese exdirector de Conasupo y ahora titular de Segalmex, Ignacio Ovalle Fernández, tiene un nuevo subalterno y cómplice en la adquisición de productos agrícolas: René Gavira Segreste, director de Finanzas y Planeación, quien realmente tiene el control del manejo del presupuesto y las compras directas de productos alimenticios. Este nuevo equipo nombrado al frente de Segalmex adjudicó dos jugosos contratos por unos 2 mil millones de pesos para rentar 800 tráileres durante 2 años y así distribuir los cargamentos a las 27 mil tiendas rurales. Se trata de la licitación pública nacional LA008JBP999-E36-2019, para el arrendamiento sin opción a compra de vehículos terrestres de carga y gran carga, que concluyó el 20 de septiembre pasado, y que compromete recursos públicos por 1 mil 977 millones 633 mil pesos sin IVA. En ese procedimiento se adjudicaron contratos a las empresas Jet Van Car Rental, SA de CV (que concentra la mayoría del presupuesto en un 87 por ciento: 1 mil 714 millones 848 mil pesos sin IVA), y Lumo Financiera del Centro, SA de CV Sofom ENR. En el primer caso, Jet Van Car rentará 600 camiones 4 x 2 (Rabón) con carrocería tipo estacas, con un costo mensual de 25 millones 728 mil pesos sin IVA, y un subtotal también sin IVA y a 48 meses (el tiempo que dura la contratación), de 1 mil 234 millones 944 mil pesos. Además, esta misma empresa rentará a Segalmex durante 2 años 100 tractocamiones 6 x 4 quinta rueda, con caja, por un costo mensual de 9

OFICIO DE PAPEL

OPINIÓN

millones 998 mil pesos sin IVA, y un subtotal por ner la calidad de la leche. Esto ya ha generado problemas. Por ejemplo, el los 48 meses de 479 millones 904 mil pesos. Otros datos sobre esta empresa Jet Van Car, tam- DIF de la Ciudad de México distribuye para consubién de las consentidas por la Secretaría de Gober- mo 1 millón de productos en tetrapack diarios para nación, cuando el titular era Miguel Ángel Osorio desayunos escolares, y aunque la leche de Liconsa Chong en el gobierno de Enrique Peña Nieto, son es muy buena por las vitaminas con que está adilos contratos que le asignaron de manera directa, cionada, no les gusta a todos los niños y hay mucha devolución que se echa a perder. bajo el concepto de “seguridad nacional” en 2018. Esos desayunos escolares que son regresados Apenas el año pasado, Gobernación le entregó el contrato SG/CPS/13/2018, por un monto de por algunas escuelas en cajas de leche de 250 mi6.6 millones de pesos, a Jet Van Car para el servi- lilitros, tienen un promedio de devolución de entre cio de mantenimiento preventivo y correctivo al 5 y 8 por ciento del total, y las razones que indican parque vehicular multimarca de la Segob y para el son: que la leche tiene mal sabor, que las cajas están Centro de Producción de programas informativos aplastadas (el tetrapack que hacía Alpura era más resistente) y muy eventualmente se quejan de que y especiales (partida 5 Cepropie). En el caso de la sociedad financiera de objeto llevaban insectos. Esos empaques tetrapack se hacían en la planta múltiple Lumo, ésta le arrendará 100 camiones 6 x 4 (Torton) con carrocería tipo granelera y/o de Anáhuac de Alpura, pero ahora se asignó el concaja seca, con un costo para el erario mensual de trato directamente a otra empresa para la compra 5 millones 474 mil 700 pesos, y con un subtotal a de 30 millones de bobinas (cajas tetrapack). Como las plantas de 2 años de 262 millones Liconsa tienen 75 años 785 mil 600 pesos. AmLa Conasupo, en tiempos de Salinas de antigüedad, se necebos montos, sin IVA. Jet Van Car, con y con Ovalle Fernández al frente, desvió sitan alrededor de 500 RFC: JCR040721NU2, recursos y compró de maíz para puercos millones de pesos para su rehabilitación, pero se constituyó el 21 de para distribuirlo entre la población por la austeridad no julio de 2004 y está hay recursos, al grado representada por Mariano Miranda Noguez. Y Lumo Financiera del que ni agua hay en las oficinas centrales. Para solventar esa situación, dice el informante, Centro se constituyó en 2011 como una Sofom entidad no regulada “especializada y enfocada en se inventaron el término de coproducción, para no el sector gobierno, para atender necesidades de fi- decir claramente que se trata de una maquila, sin nanciamiento y arrendamiento en el sector públi- importar que las empresas privadas incumplen con co”, de acuerdo con notas periodísticas, esta em- los contratos y con la normatividad y la calidad de presa es propiedad del político priísta mexiquense los productos, en perjuicio de la alimentación de los niños y niñas. Luis Humberto Montaño García. En los 800 tráileres que rentó Segalmex para el abastecimiento de las 27 mil tiendas que tiene en Adjudicaciones directas de áreas rurales, los cargamentos de arroz, maíz, triSegalmex go y frijol, entre otros productos, no tiene en dónUna fuente de Segalmex explicó que entre los de guardarlos, porque no hay centros de acopio, se muchos problemas que enfrenta esta empresa del quejan trabajadores de la empresa paraestatal. Sin duda que ante tales señalamientos, la SecreEstado son las compras de leche sin licitar por parte de Liconsa, porque eso permite casos de corrup- taría de la Función Pública, a cargo de la doctora Irma Eréndira Sandoval, podría revisar las comción a través de comisiones y sobornos. Además, el director de Finanzas y Planeación, pras que hace Segalmex, para evitar que pueda René Gavira, ha despedido a más de 40 funciona- convertirse en lo que un día fue la vieja Conasupo y rios, incluidos los químicos encargados de mante- la corrupción de funcionarios abusivos.

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OPINIÓN AGENDA DE LA CORRUPCIÓN

FUNCIÓN PÚBLICA REVELA NEGLIGENCIAS DEL SAT

SIN GARANTÍA, $10.8 MIL MILLONES EN CRÉDITOS FISCALES NANCY FLORES

or años, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha servido a intereses de una minoría a la que el presidente Andrés Manuel López Obrador llama los saqueadores de México. Se trata de corporativos –incluidos grandes multinacionales–, empresarios y políticos, como el expresidente Vicente Fox, quien adeuda al fisco 15 millones de pesos por honorarios asimilados a salarios. Ese puñado de grandes contribuyentes –nacionales y extranjeros– han sido beneficiados indebidamente con devoluciones de impuestos multimillonarias y cancelaciones y condonaciones de créditos fiscales también por varios millones de pesos, como se demostró recientemente con las revelaciones que consiguió la organización Fundar, tras 4 años de litigio para abrir parcialmente los datos que nunca debieron ser reservados por la autoridad hacendaria. A estos contribuyentes, que son los que deberían pagar más impuestos por sus niveles exorbitantes de ingresos, es a los que además se les permite el uso de fundaciones y asociaciones civiles para eludir sus contribuciones fiscales, pues hacen “altruismo” para supuestamente “compensar” todo lo que esquilman a los mexicanos. Lo que en realidad nunca pasa, pues lo que se requiere es una distribución real y justa de la riqueza, no limosnas que además deducen al fisco. En estos años, el SAT –que encabeza Margarita Ríos Farjat– por lo menos ha sido negligente, si no es que hasta cómplice de los grandes

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contribuyentes. Así se evidencia en la auditoría 09/2019 de la Secretaría de la Función Pública –a cargo de Irma Eréndira Sandoval–, apenas concluida el 6 de mayo pasado. En ésta se señala puntualmente que el órgano desconcentrado de Hacienda incurre en “falta de acciones para garantizar el interés fiscal, toda vez que en créditos fiscales que cuentan con medios de defensa no se ofreció la garantía y las administraciones desconcentradas no han realizado acciones para garantizar el interés fiscal”. El tema es muy relevante, porque tan sólo en dos Administraciones Desconcentradas de Recaudación (ADR) –la 2 y la 4 ubicadas en la Ciudad de México– se dejaron de garantizar créditos por un total de 10 mil 872 millones 569 mil 987 pesos. El Área de Auditoría Interna del Órgano Interno de Control presentó con detalle esas observaciones, y fueron aceptadas por el SAT con el compromiso de corregir en 2 meses esta situación irregular en todas sus ADR, por lo que el monto no garantizado podría ser realmente escandaloso. Para el 8 de julio de este 2019 se debieron presentar los avances al respecto, según el informe final. Esperemos que así sea por el bien de la nación. En su apartado de observaciones, la auditoría 09/2019 agrega que “la Administración General de Recaudación informó que, al 31 de enero de 2019, contaba en su cartera de créditos fiscales a nivel nacional con 22 mil 846

AGENDA DE LA CORRUPCIÓN

resoluciones de créditos fiscales con medios de defensa”. De éstos, 13 mil 792 presentaban registro del juicio de nulidad; 7 mil 644, recurso de revocación; 1 mil 289, juicio de amparo indirecto; 100, juicio de nulidad de resolución exclusiva de fondo; y 21, recurso de revocación exclusivo de fondo. Por ello, a través de las unidades administrativas competentes, la Administración General de Recaudación se comprometió a instrumentar “acciones para que los contribuyentes garanticen o bien se realicen acciones de cobro, según corresponda, de los casos citados; así como formular un plan de trabajo para contar con la garantía de los 8 mil 416 créditos fiscales controvertidos no garantizados, remitiendo la evidencia documental de ello”. De acuerdo con la auditoría de la Función Pública, “existen 15 mil 81 expedientes de créditos fiscales con medio de defensa interpuesto y con obligación de garantizar el interés fiscal”: 13 mil 792 con registro de juicio de nulidad, y 1 mil 289 con registro de juicio de amparo indirecto. La Administración Central de Cobro Coactivo informó al Órgano Interno de Control que de esas 15 mil 81 resoluciones de créditos fiscales que se encuentran controvertidas a nivel nacional, 1 mil 134 –que representan el 7.52 por ciento– se encuentran garantizados, en tanto que los restantes 13 mil 947 –que representan el 92.48 por ciento– no lo están. “De éstos, 2 mil 725 se encuentran resueltos, pero no se tiene el sentido de la resolución, y 2 mil 806 presentan suspensión; por lo que restarían 8 mil 416 a los que no se han realizado acciones de ejecución y se encuentran pendientes de sentencia. “Para verificar si las Administraciones Desconcentradas de Recaudación realizan los procedimientos señalados en la normatividad para obtener la garantía del interés fiscal, se seleccionaron las ADR del DF [Ciudad de México] 2 y 4, en las que se encontró lo siguiente: “Que en las citadas ADR se encuentran los siguientes créditos fiscales controvertidos, que presentan medio de defensa y no están garantizados, ni se han realizado acciones de cobro como

OPINIÓN

lo establece el artículo 145 del Código Fiscal de la Federación:

El problema podría ser aún peor. La auditoría agrega que, “respecto al grado de cumplimiento de expedientes controvertidos que se encuentran garantizados, se solicitó una muestra aleatoria de 87 expedientes de resoluciones de créditos fiscales, de los cuales se determinó que 31 no se encuentran garantizados, los cuales representan un 36 por ciento”. El Órgano Interno de Control apunta que del análisis se determinó que esos 31 expedientes de resoluciones de créditos fiscales que se encuentran controvertidos “no se realizaron acciones para obtener la garantía del interés fiscal, y se omitió ejercer la facultad conferida en la autoridad en el artículo 145 del Código Fiscal de la Federación, cuyo primer párrafo constriñe a exigir el pago del crédito fiscal mediante el procedimiento administrativo de ejecución, respecto de los créditos controvertidos señalados”. Otra observación grave se refiere al inicio del procedimiento: “dentro del Módulo de Garantías de las Estrategias de Operación Recaudatoria se encuentra el anexo 45, denominado “Diligencia de requerimiento de pago por falta de garantía” para que las ADR procedan a requerir el pago por falta de garantía, una vez que se tiene conocimiento de que el contribuyente interpuso un medio de defensa (juicio de nulidad o juicio de amparo indirecto). De lo anterior, se concluye que las unidades administrativas revisadas, al no realizar acciones oportunas para la obtención de la garantía del interés fiscal, una vez que tienen conocimiento de la interposición de la demanda de nulidad, corren el riesgo de no recuperar los montos determinados en el caso de que la resolución o sentencia de los medios de defensa sean favorables a la autoridad fiscal”. Así las negligencias del SAT en pleno gobierno de López Obrador.

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OPINIÓN ZONA CERO

MIGRACIÓN CRISIS HUMANITARIA, NO DE SEGURIDAD NACIONAL ZÓSIMO CAMACHO

a violencia –estridente o silenciosa– ha pro- de securitización y endurecimiento de las políticas vocado una diáspora en Centroamérica y migratorias”. De este modo, señala, los países de esta región México de proporciones históricas. Las familias huyen de la pobreza y de las balas por decenas deben evolucionar sus políticas migratorias hacia de miles. En este éxodo suman cientos de miles los una perspectiva de derechos humanos sobre la vimenores de edad: niñas y niños con futuro cancela- sión securitaria. Al parecer, el gobierno mexicano de Andrés do en sus lugares de origen. Muchas de las familias que salen de sus pueblos Manuel López Obrador comenzaba a dar tímidos ya ni siquiera buscan llegar a Estados Unidos. Sólo pasos en ese sentido cuando de un manotazo el goquieren evitar una muerte que parece inminente. bierno de Donald Trump hizo no sólo detener sino Por ello, a veces creen ponerse a salvo con cambiar retroceder el camino trazado. Vaya que para Méxisu lugar de residencia, llegar a otro sitio, aunque las co es, hoy por hoy, un asunto de seguridad nacional condiciones sociales y económicas que encuentran que hasta la flamante Guardia Nacional es la encargada de contener el flujo sean casi las mismas de migratorio. los lugares que salieron: La política migratoria de México se Destacar que son de vulnerabilidad y excaracteriza por una serie de contradic- niños y niñas cientos plotación. El informe Migración ciones o ambivalencias entre aspectos de miles de los migrantes debería motivar la y desarrollo sostenible: la positivos, negativos y ambigüedades instrumentación de pocentralidad de los derechos líticas humanitarias al humanos –una serie de textos compilados por Leandro Reboiras y publica- respecto. Pero hasta la fecha se mantiene la denodos por la Comisión Económica para América Lati- minación homogénea de “menores extranjeros” y na y el Caribe (Cepal) hace una semana– documen- sólo se identifica a aquellos “no acompañados y sin ta que las solicitudes de asilo se han incrementado protección”. Los términos no alcanzan a reflejar la entre los países de la región centroamericana, sobre gravedad de estos casos. ¿Cuál es la situación de estos menores migrantes todo en México, Panamá, Nicaragua y Costa Rica. En el documento se advierte que lo que viven en tránsito o asentados en algún lugar de la región? México y Centroamérica es “una crisis migratoria Sólo puede ser alguna de las siguientes: viviendo por con connotaciones humanitarias que impacta la sus propios medios; como víctimas de trata o explovida de niñas, niños y adolescentes, y no una situa- tación por parte de personas adultas, o menores acoción de crisis de seguridad nacional, por lo que los gidos informalmente por compatriotas o conocidos. ¿Qué lleva a un niño, a una niña, a migrar sin enfoques de protección tienen que incluir el principio pro persona y el interés superior de la niñez, y no acompañamiento de sus seres queridos? ¿Qué lo

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OPINIÓN

ÓSCAR MARTÍNEZ/CUARTOSCURO

ZONA CERO

empuja a correr riesgos, pasar hambre y someterse a la incertidumbre de buscar un lugar donde pasar la noche diariamente? Dentro de las principales causas que señala el documento se encuentran: reencontrarse con su familia en el lugar de destino; buscar oportunidades laborales y educativas; urgencia de escapar de situaciones de abandono familiar o de violencia social o institucional. Es momento que sociedades y gobiernos miren con otros ojos la migración. En la Frontera Sur de México, de acuerdo con el informe, los niños migrantes se encuentran: 1) dedicados al trabajo del hogar, servicios, venta ambulante y asociados a la problemática de explotación sexual; trabajando como mano de obra barata de sectores informales y precarios del mercado laboral; 3) en situación de abuso, maltrato, violencia intrafamiliar y abandono. Mientras todo esto ocurre, el estudio encuentra que las autoridades de México y Guatemala no cuentan con una perspectiva de niñez en la política migratoria; las legislaciones respectivas están desfasadas y son inadecuadas para las características de la

migración en esa zona; se padece de una discrecionalidad administrativa y falta de coordinación entre organismos públicos; priva la obstaculización en el acceso a la información; no hay mecanismos nacionales y bilaterales que aseguren el interés superior del niño; los procedimientos de detención y repatriación carecen de garantías básicas de debido proceso; está generalizados los abusos y las extorsiones contra los migrantes, y crece de manera sostenida la trata de niños con fines de explotación laboral y sexual. El documento advierte que particularmente “la política migratoria en México está caracterizada por una serie de contradicciones o ambivalencias entre aspectos positivos y negativos, en términos de reconocimiento normativo y ejercicio efectivo de derechos”. Basta ya del doble discurso y de los eufemismos para referirse a la contención de los migrantes a toda costa. Estamos ante una crisis humanitaria. Sociedades y gobiernos deben decidir actuar solidariamente o comportarse como verdugos. La migración es uno de los fenómenos con más vigor del presente siglo. No acabará en meses ni años. Es momento de asumir una nueva realidad.

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OPINIÓN CONTRAPODER

DOCE PUEBLOS DE TECÁMAC CONTRA LÓPEZ OBRADOR ÁLVARO CEPEDA NERI

ecámac es uno de los 121 municipios del Es- los mexicas; apareciendo el nombre de Tecámac en tado de México, donde habitan no menos el Códice Chimalpopoca en 1395. de 12 pueblos nativos a los que, directamenEsto significa que esos mexicanos no están diste, afectaría la construcción de otra pista en el aero- puestos, a ningún precio, a permitir un atropello a puerto militar de Santa Lucía; un proyecto en el que su historia así como a su presente, ya que para ellos se encuentra encaprichado López Obrador y contra es una cuestión de vida o muerte que una obra preel cual ya existen más de 90 amparos; de los cuales sidencial quiera cometer esa arbitrariedad. Y aseguocho fueron solicitados por los tecamaquenses. En ran que de no ser escuchados y atendida su petición ellos le advierten al inquilino de Palacio Nacional que violenta sus derechos humanos resistirán, y recuque no quieren indemnizaciones y se opondrán aun- rrirán a la Comisión Nacional de Derechos Humaque la asesoría jurídica de López Obrador imponga nos (CNDH) para tener otro recurso que fortalezca la obra con motivo de utilidad pública para sacarle su causa. la vuelta a los amparos. Así como, autoritariamente, Ni siquiera fueron consultados al estilo de “mano abusando del poder presidencial, la voluntad del ta- alzada”, por lo que exigen una consulta auténtica a basqueño. sus pueblos indígenas; aunque de antemano saben Por esto es que los que tal ejercicio demomexiquenses a quienes crático arrojará una neLos indígenas tecamaquenses ya causaría daños agrícolas, gativa contundente de su del medio ambiente, de dieron su última palabra y es muy claparte a la construcción escasez de agua, exceso ra: no permitirán que los dañen en sus de una pista más. Ya esde tráfico automovilís- tierras, sus vidas y su entorno tán los 12 pueblos en pie tico, aéreo y transporte de alerta y dispuestos, colectivo, acumulan obscon sus amparos y otros táculos legales, sociales y hasta históricos para evitar medios jurídicos, a no permitir lo que, aseguran, su construcción. A quienes, además, el desgobernador es un abuso del presidencialismo que busca, con el Del Mazo no ha sacado la cara para defender, ya pretexto del concepto de “utilidad pública”, ampliar que está servilmente a las órdenes lopezobradoristas. el aeropuerto de Santa Lucía. Del reportaje arriba “No se confunda señor presidente, nosotros [le mencionado y de otras declaraciones de los mexidicen los de Tecámac] no somos ambiciosos, no canos originarios de Tecámac, se desprende que el queremos dinero, sólo queremos que nos escuchen y conflicto social está en su punto irreversible. que respeten el lugar donde por generaciones hemos Andrés Manuel López Obrador siempre se ha habitado; nuestra defensa es por la vida, por el me- referido a sí mismo como defensor de los indígenas y dio ambiente, no por el dinero. Llevamos viviendo si como dicen sus anuncios “tiene palabra”, entonces aquí por generaciones, aquí nacimos y aquí pensa- tendrá que dar marcha atrás en este empeño. Los mos morir” (El Universal, 31 de agosto de 2019, en el tecamaquenses ya dieron su última palabra y es muy reportaje de Astrid Rivera). Y es que los de Tecámac clara: no permitir que los dañen en sus tierras, sus son indígenas de una localidad fundada en 1202 por vidas y su entorno.

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OPINIÓN ARTÍCULO

AYOTZINAPA LOS SEGUIMOS ESPERANDO ISAEL ROSALES SIERRA/INTEGRANTE DEL CENTRO DE DERECHOS HUMANOS DE LA MONTAÑA TLACHINOLLAN

Los familiares de personas desaparecidas, y todos los humanos, necesitamos de la verdad: una sociedad que no se contradiga, que no falsee nada, que no construya historias ante el dolor y la angustia. La verdad como principio subversivo contra la mentira de los gobiernos y los narcoestados…

a la libertad personal, a la integridad personal, a la vida y al reconocimiento a la personalidad jurídica. De esta forma, se ha indicado que el acto de desaparición y su ejecución inician con la privación de la libertad de la persona y la subsiguiente falta de información sobre su destino y permanencia […]” (CIDH, 2014, páginas 25-26). Sin embargo, a pesar de las marcos normativos más de 5 años –1 mil 825 días o 43 mil 800 horas– de la desaparición forzada de los nacionales e internacionales, en ocasiones insufi43 estudiantes, seis asesinados (tres de ellos cientes, la desaparición forzada de personas es un normalistas), uno en coma y centenares de heridos problema serio en el mundo y en América Latina, en los funestos hechos de Iguala, continúa la espe- particularmente, donde aumenta. En México, de acuerdo con el Registro Nacional ranza. Pese a la tristeza, las madres y los padres no de Datos de Personas dan pasos atrás para lleExtraviadas o Desapagar a la verdad y para que se haga justicia: No hay justicia ni vedad. ¿Cuáles son recidas (Rnped), suman que se encuentre a sus los hilos del poder que se mofan del do- 37 mil 435 personas desaparecidas sólo hasta hijos. “Abrazarlos” es lor de las víctimas directas e indirectas abril de 2018 (SESNSP, lo que quieren. Cuande crímenes de Estado de ayer y hoy? do eso suceda, entonhttps://bit.ly/2gAdu86). La ces estos campesinos revista Forbes señala que y campesinas que han hay más de 40 mil 180 marchado por todo el país regresarán a sus casas. mexicanos desaparecidos desde 2006. Por su parLa verdad no llega. Sigue empantanada en el te, el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en lodazal del poder caciquil. Los responsables de la México señaló que existen más de 40 mil personas desaparición de los normalistas no son castigados y desaparecidas y más de 37 mil personas sin idenlas autoridades de ese momento parlotean de men- tificar (Aristeguinoticias, https://bit.ly/2n0x7tb, 30 de tiras en mentiras. Viven en la impunidad con su agosto de 2019). “verdad histórica”. Madres y padres de los 43 han apelado a ese De acuerdo con la Corte Interamericana de De- derecho a la verdad, pero las autoridades lo han rechos Humanos y la Comisión Interamericana de negado. Nada les importa la desesperación y la anDerechos Humanos (CIDH), en Derecho a la verdad en gustia de las familias que intentan buscar a sus seres América, “la desaparición forzada de personas tiene queridos, incluso se han enfermado por la tristeza, un carácter permanente o continuado que afecta como la esposa de don Aristeo González. una pluralidad de derechos, tales como el derecho En un contexto de conﬂicto armado o violencia,

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OPINIÓN

LENIN MOSSO

ARTÍCULO

buscar la verdad, sin duda, es un acto esencialmente revolucionario. ¿Qué país democrático esconde la verdad? ¿Qué intereses hay entre las autoridades y la delincuencia organizada que permite que la impunidad sea avasallante en el caso de la desaparición de los 43 normalistas? ¿Por qué no se guzga a los responsables materiales e intelectuales ante un crimen y hechos deleznables como el de Iguala? Si antes habría pasado la masacre de los copreros en Acapulco, Guerrero, en 1967; la masacre de estudiantes en 1968, en Tlatelolco, Ciudad de México; la matanza de 17 campesinos en Aguas Blancas, Guerrero, en 1995; la matzanza e Acteal, Chiapas, el 22 de diciembre de 1997, y el asesinato de 11 campesinos, entre ellos un estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en la comunidad de El Charco, en 1998, y una lista grande hasta llegar a la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa y miles en la historia reciente de México, ¿por qué las estruc-

turas del poder siguen intactas ante la impunidad rampante? No hay justicia ni verdad. ¿Cuáles son los hilos del poder que se mofan del dolor de las víctimas directas e indirectas de crímenes de Estado de ayer y de hoy? Política cínica o miseria de la política.

El túnel de la angustia Si la verdad es un derecho, entonces, qué busco en las brechas de la ignominia. Es el pensamiento de don Aristeo González Baltazar, de 53 años de edad, padre de Jorge Luis González Parral y Dorian González Parral, estudiantes desaparecidos. Le cedemos la palabra, sencilla, humilde y, al mismo tiempo, elocuente. “Son 5 años que andamos en lucha, buscando a nuestros hijos, seguimos y seguimos y el gobierno no da ni una respuesta; así nos ha llevado tiempo tras tiempo…

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que cayó ya no ha podido ir. En ocasiones ni yo voy porque no hay dinero para caminar. La anduvimos cargando con un médico de aquí, pero sólo gastamos porque ella seguía igual, no avanzaba. Me han dicho que tiene una infección, pero ya va tardando y le pasa otro mal, luego le detectaron la fiebre tifoidea y eso es malo: le llaman cuarentena a esa enfermedad, así que le dieron reposo y ahorita está más o menos pero la tienen allá. “Su enfermedad es por la depresión. Supuestamente empezó porque comió tacos en la Ciudad de México. Pero es que le entra la depresión… “Mis hijos e hijas ven que el tiempo pasa. Son 5 años y nada. Pero mi esposa es la que siente más. Se enferma más pensando en los 5 años que mis hijos no están. Siquiera que del gobierno hubiera unas gotas de verdad, diera unos resultados, pero hasta ahorita no, y ahí es donde ella cae más de pura depresión. Ellas sufre más el dolor con dos ausentes.” Es la tristeza la que escarba y enferma el alma. Muchas madres y padres han caído enfermos. El 5 de febrero de 2018 doña Minerva Bello Guerrero, madre de Everardo Guerrero Bello, estudiante desaparecido, falleció a causa de cáncer. Su familiares dicen que a pesar de su sonrisa le pesaba la tristeza. En una ocasión llegó una mariposa a sus brazos y ella imaginó que era un aviso de su hijo. Murió agarrándose de la vida para seguir buscando a su hijo. Devolevemos la palabra a don Aristeo González. “Las enfermedades llegan por la angustia y la desesperación de no saber nada de nuestros hijos; por eso hay momentos que hago el trabajo como si estuviera normal, pero de pronto llega el recuerdo y cuando estoy pensando mejor agarro los libros del GIEI [Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes]; los repaso hoja por hoja y voy viendo como están todas la líneas de investigación. LENIN MOSSO

“Apenas hace ratito fui a mudar mi caballo… Llego y miro, reboto en mis pensamientos, le doy vueltas y pienso cómo le gustaban a mi hijo las bestias… O pienso en el lugar donde ellos andaban; lo siente uno, como que algo no es igual. Uno se tranquiliza cuando se le olvida un poco, se concentra uno en el trabajo… Pero de repente me acuerdo de cuando me acompañaban ellos a trabajar, a chaponear y vuelvo a pensar… La verdad, se siente feo.

Nos cambió la vida. La vida de nosotros era todo normal, todo tranquilo, vivíamos bien y estábamos juntos. Desde la desaparición de nuestros hijos, la vida ha cambiado. Ya no es normal, hay enfermedad: es el caso de mi esposa que está enferma. Se la llevaron a Jalisco porque aquí no pudimos [atenderla]. El día en que la internamos no teníamos dinero. Gracias a Dios que Tlachinollan nos apoyó para cuando la dieron de alta. Estaba preocupado por cómo íbamos a pagar. Eso es lo que no ha cambiado en nosotros: la pobreza. Por eso mis hijos se fueron a estudiar. Y hoy estamos igual que antes, hay enfermedades, muchas cosas que sufre uno por estar pensando nada más. “A mi esposa se la llevaron sus hermanas a Jalisco. Va para 2 meses que está internada. Antes ella iba a la marcha cuando yo no podía. Después de

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“Queda claro que el gobierno sabe que las ór- a atender a mi esposa y al salir a exigir que regresen denes de desaparecer a nuestros hijos vinieron des- los muchachos. Abandoné la milpa pero a pesar de de arriba, porque el Cabo Gil, que fue uno de los in- todo ya hay elotes y maíz. “Dorian es más serio. Casi no salía a la ciudad. volucrados, ahora está libre, sin culpa ni nada. Ahí quedé sorprendido de que el gobierno tiene que Fue la primera vez que salió cuando se fue a estuver con el narco. El gobierno quiso lavarse las ma- diar a la Normal de Ayotzinapa. Es muy inteligennos culpando a la maña. Por otra parte, está Ángel te: bueno para las matemáticas y le gusta dibujar Aguirre que ha estado declarando y él se ha esta- mucho a Gokú. Unos días antes de que pasara todo, do defendiendo. Quiere decir que los políticos y la habían ido a la casa. Dorian se quedó un día más maña son uno mismo. También salió en las noticias platicando con su hermana Leydi, pero se tuvo que que el Gildardo ya salió, ya lo dejaron en libertad, ir a la escuela un poco preocupado porque su herque él no tienen nada que ver, dice la justicia mexi- mana estaba pasando por momentos emocionales cana. No sé cómo está actuando el gobierno actual. complicados.” Ahora la voz es la de Leydi. Entre lágrimas, ¿Dónde están los responsables? ¿Quiénes son? Eso dice: “El jueves, Jorge Luis fue la última vez que me nos da coraje.” Mantiene la convicción de que los 43 están vi- mandó tres canciones. Creo que Dorian le había vos y que las autoridades no han hecho lo posible comentado lo que me estaba pasando. Una canpor presentarlos. “Los gobiernos no tienen volun- ción decía: ‘no llores por mí…’. Mi hermano es tad. Si [uno de los desaparecidos] fuera el hijo de guapo y tenía muchas novias, es muy sociable, traun funcionario, en 2 o en 3 días ya lo hubieran en- bajaba de peón y le gusta cortar el cabello gratis”. Dorian nación el 22 contrado, porque ellos de diciembre de 1996. son ricos, sí pueden. De Es la tristeza la que escarba y enferJorge Luis, el 2 de diun pobre no lo hacen; ma el alma. Las enfermedades llegan ciembre de 1993. Lo uno está jodido, nada por la angustia y la desesperación de cierto es que fue Jorge más no aclaran nada… Luis quien animó a Do“No puedo creer no saber nada de nuestros hijos rian estudiar en Ayotque teniendo todo el zinapa, haciéndole ver poder los gobiernos no nos puedan ayudar. Este gobierno de la esperanza que no tenían dinero para estudiar en otra escuela. nos dijo que nos iba a echar el apoyo para dar con La pobreza de la familia es una realidad punzante. el paradero de nuestros hijos, pero vemos mucha Los dos se fueron a realizar el examen. La familia se lentitud. Nuestra desesperación es muy grande, nos sentía segura: “había más confianza porque entre los dos se cuidarían”, dice Leydi. mata con los días.” “Los seguimos esperando en la casa de mi Para don Aristeo sus hijos, Jorge Luis y Dorian, volverán a la escuela y terminarán sus estudios. mamá, Aquilina Virgen Baltazar Prudencio, de “Mis hijos decidieron estudiar en la Normal de su abuelita, nosotros tenemos la casa por allá y la Ayotzinapa porque somos una familia de escasos dejamos por lo mismo. Recordamos cuando salían recursos económicos. Ellos congenian bien. De ni- de la secundaria o del colegio… Ahí vienen, entraños les gustaba jugar, hacen deporte. Jorge Luis me ban y ahora estando allá uno siente feo, pero pues compró una guitarra; pero no la he tocado. A ve- uno no los ve, no han llegado. Antes los mirábaces voy a limpiarla nada más, porque esas cuerdas mos llegar y ahora no. Allá tengo todas sus fotos de sonarán hasta que regresen. En ocasiones escribo ellos. Por eso regresaremos hasta que ellos regresen. canciones, sólo que por el momento no hay ganas Tenemos fe y esperanza que puedan regresar un y uno se descontrola, se desconcentra. Es como en día, que el gobierno los libere. Y estar juntos, con el trabajo, la milpa. Ahora traté de hacerlo un poco nosotros nuevamente, es lo que nosotros decimos. mejor que el año pasado, pero se enfermó mi es- Hay una esperanza y la esperanza es lo único que posa y lo dejé. Lo que pensé ya no se hizo, quería puede existir. Los abrazaría. Sentiré mucha alegría. darle otra limpia (a la milpa), no salió. Me dediqué Mucha alegría luego de tantos años esperando.”

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“AUTOMOVILISMO”, TORTURA Y DERECHOS HUMANOS ADRIÁN RAMÍREZ/PRESIDENTE DE LA LIGA MEXICANA DE DEFENSA DE DERECHOS HUMANOS

afael Martínez Cortés es trabajador modesto, un taxista que le rentaba un auto a su patrón para llevar a otras personas que no tienen auto de manera pronta a sus destinos. El patrón de Rafael puso en venta un auto y él, Rafael, quien no puede comprarse un auto, le ayudó a su patrón a ponerlo en venta para ganarse unos pesos de comisión. Todo estaba en regla y Rafael salió emocionado un día temprano en la mañana porque tenía una cita con un cliente potencial y muy probablemente la venta se lograría. Sin embargo, esa cita cambiaría su vida.

ción para él y sobre todo para el auto. Vehículos se desplazan al domicilio de César y toman fotografías de su familia, pero nada se dice de eso en la investigación. No es claro de qué manera se ordena que los agentes se trasladen en autos a las inmediaciones del metro observatorio, lugar impreciso donde los presuntos secuestradores se reúnen.

El encuentro infortunado de los autos

Un auto Sandero rojo llega cerca de la estación Observatorio del Sistema de Transporte Colectivo Metro. César y dos acompañantes de Miguel Ángel reLos policías no contaban con prueba él van a la cita para cogresaba a su casa y fue interceptado por alguna pero con sus argumentos con- nocer el auto y ayudar un auto con secuestra- vencieron a los detenidos a que acepta- a decidir la compra. Bajan del auto, piden dores, luego los autos ran sus “delitos” al llegar a la Fiscalía atole y tamales a un patrulla llegaron a incarrito de tamales. El vestigar y encontraron nada. La investigación no avanzó de manera dili- tamalero tampoco tiene auto, pero sí tiene su bigente, inmediata, exhaustiva. Y el ministerio pú- cicleta triciclo y mira sorprendido por la forma en blico y agentes de investigación se enteraron por que llegan unos autos. De ellos descienden persoel periódico de la noticia del hallazgo de cadáver nas que golpean a César, lo tiran al piso y patean de Miguel Ángel. Los autos patrulla no salieron a él y a sus acompañantes David y Luis. Los atoa buscar las evidencias directas del hallazgo en les vuelan junto con los tamales, espantados por otro ministerio público, sólo quedaron inmóviles el despliegue de más de 10 policías armados hasta los dientes, que dicen usar la fuerza necesaria ante esperando los informes. Ese mismo día, por la tarde noche, una lla- la resistencia de los detenidos que portan atoles y mada anónima habla de un auto que el supuesto tamales de uso exclusivo de los transeúntes que responsable del secuestro utilizaba, y proporcio- caminan apresurados a tomar el metro-sardina que na el nombre de César y familiares, además de es usado por más de 2 millones que no usan auto. “Los presuntos” –no sabemos de qué– son datos de cómo localizarlo. No se investiga a la persona pero se consigue una orden de presenta- subidos a los autos patrulla. Suena el teléfono

El auto interceptado

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de César y los policías lo obligan a confirmar la cita con Rafael y él llega en el auto con signos de pesos ($), que es abordado por los policías que lo bajan del vehículo, lo someten y detienen de quién sabe qué delito, ya le inventarán alguno. Son las 8:25 horas del 6 de junio de 2014.

Como los de Rápido y Furioso Los autos patrulla salen “veloces”, capaces de hacer el trayecto de 11.1 kilómetros entre la estación Observatorio del Metro a la Fiscalía Antisecuestros (Fas) de la Procuraduría capitalina, para llegar a las 12:45 horas, en la velocidad récord de 4 horas 20 minutos. Si consideramos que los vehículos patrulla son autos que cumplen todas las reglas de tránsito y son prudentes al manejar, esta vez hicieron un recorrido que normalmente se realiza en 33 minutos en promedio, en una marca envidia de cualquier cortejo fúnebre.

Esto es totalmente increíble y, al parecer, en realidad los autos se detuvieron para que sus tripulantes pudieran convencer a los detenidos a colaborar con la investigación y ser redimidos con confesiones inculpatorias. César casi no podía ver: una patada que le dieron al estar tirado le dañó un ojo. No podía ver pero sí sentía, al igual que sus codetenidos, la andanada de argumentos convincentes para aceptar la culpabilidad del secuestro y asesinato de Miguel Ángel. Los policías no contaban con prueba alguna pero con sus argumentos convencieron a los detenidos a que aceptaran sus delitos al llegar a la Fas. Tal vez, se tardaron un poco más en explicarles de las bondades de inculparse, pero bien valía la pena porque en algunas horas la persuasión y los buenos tratos hicieron que una orden de presentación para un auto y sus tripulantes se pudiera canjear por flamantes autos… autos de formal prisión.

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Cuatro autos último modelo, para Rafael, César, David y Luis

mucho que les costó a los agentes aprehensores para poder convencer a los detenidos, como para que todo se caiga abajo con el argumento de que fueron torturados. De esta manera reconocen que la “Teoría del Caso” sólo se sustenta en las confesiones inducidas con el convencimiento fruto de la paciencia de los agentes de investigación, quienes lograron que los presuntos delincuentes se redimieran mediante el mea culpa. El auto de inculpación de los cuatro fue rápido y furioso, mientras la investigación por los tratos de tortura sufridos por Rafael, César, David y Luis camina a paso de carcacha, muy lento, tan lento como el tiempo que tardaron los agentes aprehensores en llevar a los detenidos ante el ministerio público. Los autos del personal de la Fiscalía de Servidores Públicos de la Procuraduría, se estacionan, las máquinas se pegan a pesar de las dos recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.

Entra un auto lujoso al estacionamiento exclusivo para los jueces. De él desciende alias 34. En su escritorio, un alegato del ministerio público que aboga en favor de cuatro personas que sueñan con un auto último modelo. En su alegato, Pliego de Consignación, se pide a alias 34 que les obsequie un flamante Auto de Formal Prisión. Sin embargo, se les niega tal regalo y se ordena que se les ponga en libertad. Los autos patrulla salen y llevan a los cuatro al Ministerio Público (MP) de Cuautepec, donde son retenidos mientras el MP nuevamente solicita los flamantes autos. Esta vez sí se les obsequia, no obstante que no haya pruebas, que ellos presenten lesiones, que no hubiera flagrancia, que sólo hubiera esa orden de presentación. Los cuatro quedan en el Reclusorio Norte. El auto de la Desde ese día, Ante la pasmosa actuación de las mucho hicieron por ONU modelo demostrar su inocen- autoridades del viejo régimen, Rafael CAT cia. Lograron que les y César recurrieron al Comité contra la aplicaran el Protocolo Tortura de las Naciones Unidas Ante la pasmosa de Estambul. Varios actuación en este caso, peritos particulares y secuela del viejo régide diversas instituciones hicieron mayoría para men, Rafael y César se han subido a un auto demostrar la tortura. César y Rafael fueron con- modelo internacional, auto CAT y recurrieron siderados víctimas de detención arbitraria y tor- al Comité Contra la Tortura de la ONU y con tura, como lo señalan las recomendaciones 05 y la voluntad reflejada con las nuevas autorida06 2018, de la Comisión de Derechos Humanos des y el nuevo juez del caso, esperan se logre de la Ciudad de México. No obstante, alias 34 la libertad a los cuatro que sufrieron tortura y los sentenció: les reiteraba la legal posesión de reciban un auto modelo 2019, un veloz auto los autos que estrenaron en junio de 2014. Les de libertad, equipado con reparación de daquedó apelar. ños y castigo a los responsables de la fabricación de delincuentes y del fraude Judicial del que ha sido víctimas y además se honre la meLos autos de los magistrados moria a los familiares de Miguel Ángel, por Autos sin sed, con tanque lleno, flamantes, a quien seguimos clamando Justicia. Súmate a todo lujo se les puede ver en los estacionamientos la Campaña #TorturaNuncaMás #NiUnCulde la Tercera Sala en Niños Héroes. Sus dueños pableFabricadoMás. Pueden conultarse las resolvieron en la apelación que efectivamente recomendaciones que incluyen a José César había irregularidades en la sentencia, pero se Bravo Mejía en https://cdhdf.org.mx/wp-content/ rehusaron a confiscarle los autos a los cuatro y uploads/2018/08/reco_0518.pdf y a Rafael Marsólo ordenó la reposición del procedimiento por tínez Cortés en https://cdhdf.org.mx/wp-content/ cuanto hace a la tortura. Con ello premiaban lo uploads/2018/08/reco_0618.pdf.

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A DETENER LA DEVASTADORA REFORMA ENERGÉTICA MARTÍN ESPARZA FLORES, SECRETARIO GENERAL DEL SINDICATO MEXICANO DE ELECTRICISTAS/CUARTA Y ÚLTIMA

as empresas extranjeras que en los gobiernos de Lázaro Cárdenas y Adolfo López Mateos perdieron sus privilegios y millonarias concesiones en el sector energético del país con la Expropiación Petrolera y la Nacionalización de la Industria Eléctrica, vieron coronadas sus aspiraciones de regresar con más bríos en los gobiernos neoliberales cuando se aprobó en el Congreso la Reforma Energética de Enrique Peña Nieto, con sus respectivas leyes secundarias. Las multinacionales se valieron de organismos globales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), para imponer al sumiso gobierno de Peña reglas del juego acordes a sus intereses, buscando minar la soberanía nacional de nuestro país. En los fundamentos de la iniciativa presentada por el Ejecutivo a los miembros del Congreso de la Unión, se estableció: “La reconceptualización del papel del Gobierno Federal en las empresas productivas del Estado implica que aquel deje de ser su ´administrador principal´ y se asuma como propietario. Esta distinción no es menor. Las mejores prácticas internacionales incluyendo los Principios de Gobierno Corporativo de la OCDE y las directrices de la OCDE sobre el Gobierno Corporativo de las Empresas Públicas, recomienda que las funciones de propietario estén claramente definidas y delimitadas, de manera que el Gobierno, como dueño, no se entrometa en la operación cotidiana de la empresa y ésta

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tome sus decisiones de manera autónoma y con base en lógicas empresariales de negocio, alejada de presiones políticas coyunturales”. Sin ambages, el entonces Jefe del Ejecutivo estableció en su propuesta: “La distinción de las funciones de propietario es una práctica comúnmente aceptada en los marcos regulatorios de empresas del sector privado (por ejemplo, en la Ley del Mercado de Valores), por lo que si se busca acercar a las empresas estatales mexicanas a un marco de regulación y actuación más próximos al sector privado, deben tomarse las mejores experiencias y prácticas que coadyuven a tal propósito”. Como consolación, la OCDE establecía que aunque el Gobierno Federal abandonaba su papel como “administrador de las empresas”, se dejaba como premio de consolación la opción de designar “algunos funcionarios dentro de sus consejos de administración”. Al tenor del nuevo contexto político que vive el país, se entiende el porqué partidos como el PRI, PAN y sus comparsas en las cámaras de Diputados y Senadores se negaron a debatir los fundamentos y el contenido de la Reforma Energética, de cara a la nación. Sencillamente sabían que no contaban con los mínimos argumentos de defensa a una propuesta que no fue concebida, o al menos redactada, por los funcionarios del pasado sexenio El planteamiento de los organismos internacionales que dio paso a la regresiva iniciativa buscó no sólo el aniquilamiento de las funciones

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pública y social del Estado en el sector energé- 42, 48, 52, 54, 63, 107 y 123 de la Constitución, tico, además planteó la reducción de las nuevas para proveer a la nacionalización de los recur“empresas productivas” a la categoría de sim- sos eléctricos; a la declaración del dominio de la nación sobre la plataforma continental, los ples “empresas administrativas”. En las leyes secundarias, por ejemplo, lejos zócalos submarinos y el espacio aéreo; a estade buscar fortalecer a la Comisión Federal de blecer con la suplencia de la deficiencia de la Electricidad (CFE) se estableció la creación del queja en materia agraria mayores garantías a Centro Nacional de Control de Energía (Cena- ejidos y núcleos de población en los juicios de ce), que lejos de ser un organismo encargado de amparo…; a hacer efectiva la participación de velar por la soberanía energética, apareció como los trabajadores en las utilidades de las empreel gran gestor de las empresas privadas, naciona- sas; a dar nuevas bases a la fijación de los salarios les y extranjeras para agilizar sus trámites en la mínimos, a incorporar constitucionalmente los derechos de los trabajadores al servicio del Esapropiación del mercado eléctrico nacional. Con la reforma privatizadora de Peña Nie- tado y a robustecer otras diversas garantías del to, el servicio público del sector eléctrico quedó Derecho Obrero”. Importante destacar que entonces la política restringido a la planeación, operación y control, a través del Cenace y la propia Secretaría de nacionalista de alto contenido social, ejecutada Energía, como cabeza de sector. En este senti- por López Mateos, logró tasas de crecimiento do, ahora la generación y comercialización son sostenido del 6 por ciento anual del PIB, muy áreas de libre concurrencia; esto es, las de mayor por encima del mediocre 2 y 3 por ciento alcanzados en tres décadas interés a los privados. de gobiernos neolibeUno de los gastaLa industria eléctrica debe recobrar rales. dos sofismas de los goLas manecillas de biernos neoliberales el sentido nacionalista planteado por el expresidente Adolfo López Mateos. Sólo la historia hacen impara abrir las puertas postergable que en el del sector energético a así será viable nuestro desarrollo actual gobierno, donla privatización, fue la de se busca revertir los baja en las tarifas eléctricas, situación que tras la aprobación de la Re- efectos nocivos y regresivos del neoliberalismo, forma Energética y su puesta en marcha, nunca se convoque a un debate nacional donde se rese cumplió. Y menos aún con el esquema esta- defina el rumbo del sector energético y, en partiblecido en las leyes secundarias que colocaron a cular, del sector eléctrico, con la participación de las reglas del mercado de la oferta y la demanda los trabajadores, usuarios y los tres poderes de la Unión, ante la inviabilidad de que un sector tan por encima del interés social de las mayorías. Ahora que se cumplió el 59 Aniversario de importante para la economía nacional se siga la Nacionalización de la Industria Eléctrica, val- manejando con el viejo esquema tecnocrático ga recordar el balance de su política en materia que ha colocado a miles y miles de usuarios conenergética y en favor de los derechos de los tra- tra la pared por las tarifas impagables de la CFE bajadores y otros sectores sociales, hecho por el y las escandalosas deudas heredadas por exdipresidente Adolfo López Mateos, cuando el 1 de rectores como Alfredo Elías Ayub, que alentaron septiembre de 1964 rindió su Sexto Informe de la firma de convenios de compra de energía a trasnacionales en franca desventaja para el país. Gobierno. La industria eléctrica debe recobrar el senDijo entonces: “El carácter de mi gobierno queda definido en el espíritu de las leyes expe- tido nacionalista planteado por el expresidente didas en el periodo. La acción legislativa ha sido Adolfo López Mateos, porque de su rescate y intensa e invariablemente inspirada en el interés control por parte del Estado dependerá en buena medida el apuntalamiento de nuestro desanacional por los principios de la justicia social. “Promovimos la reforma de los artículos 27, rrollo económico.

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CÁRTELES

PUNTA DE LANZA CONTRA LOS PUEBLOS INDÍGENAS DEL CNI 24

14 octubre de 2019

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Cientos de comunidades viven en guerra. Tienen enfrente a los cárteles que van por sus montes, aguas y minerales. Algunos pueblos también se arman para defenderse: activan por decenas guardias comunales y policías comuntarias ZÓSIMO CAMACHO

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os cárteles del narcotráfico han emprendido una guerra directa contra las comunidades originarias, sobre todo aquellas en las que encuentran resistencia organizada como la del Congreso Nacional Indígena (CNI). El Cártel de Sinaloa, el de Jalisco Nueva Generación (CJNG), el del Golfo, las reminiscencias de los Beltrán Leyva y las de Tijuana, Los Zetas, los Caballeros Templarios, La Familia y otras expresiones de la delincuencia organizada encabezan las agresiones contra las comunidades del CNI. En toda la geografía nacional les disputan territorios ricos en minerales y maderas preciosas, que también pretenden usar como lugares de siembra, producción y trasiego de drogas y como rutas para el contrabando de personas y armas. La mayoría de los enfrentamientos son noticia sólo entre los pueblos. Cada comunidad o familia recoge a sus muertos y siguen articulando mecanismos de defensa. Según se desprende de documentos del propio CNI y de la Agencia de Investigación criminal de la hoy Fiscalía General de la República (FGR),

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el Cártel de Sinaloa le disputa territorios a decenas de comunidades de nueve pueblos, tribus o naciones ubicadas en 14 municipios de siete entidades. El Cártel de los Beltrán Leyva, por su parte, tiene enfrentamientos con cientos de comunidades de seis grupos étnicos ubicadas en 21 municipios de cuatro estados. Más de 200 comunidades están sitiadas desde hace 4 meses por paramilitares de esta organización, hoy fragmentada en varios grupos. El CJNG mantiene en la zozobra a comunidades de cinco tribus, pueblos o naciones en 10 municipios de dos estados de la República. Los Zetas asolan a comunidades de tres etnias en cuatro municipios y tres estados. La Familia (antes Michoacana) pelea territorios a comunidades de cuatro etnias en cuatro municipios de dos entidades federativas. Los Caballeros Templarios intentan someter a tres pueblos, tribus o naciones de tres municipios de tres estados. El Cártel del Golfo realiza incursiones en territorios de una etnia en un municipio. El Cártel de Juárez, en comunidades de un municipio. El de Tijuana disputa el territorio a un grupo étnico de tres municipios de un estado de la República. Todas estas comunidades pertenecen al CNI, la organización indígena que, impulsada por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), nació en 1996 luego de los diálogos celebrados en San Andrés Sakam’chén de los Pobres (o Larráinzar) entre el propio EZLN y el gobierno federal. Se trata de la más grande artculación de pueblos indígenas desde la Revolución Mexicana que, además, se asume anticapitalista. Con lo que se han encontrado las comunidades es que las luchas por la defensa de territorio y demás derechos indígenas no son como las de hace una década. “En las diferentes regiones cambiaron los paradigmas de los perpetradores, de las violaciones a los derechos humanos, de lo saqueos, de los despojos, de las represiones”, dice Cristian Chávez González, integrante de la Comisión de Coordinación del CNI. De pronto, las comunidades indígenas vieron que

lo que tenían enfrente era a los cárteles del narcotráfico y otras expresiones de la delincuencia organizada: “Una situación para la que nadie, ni en lo colectivo ni en lo individual, estaban preparados”. Sobre cuáles son los cárteles que han entrado en disputa con las comunidades del CNI, Cristian Chávez no tiene duda. “Son todos”. No hay región de los pueblos originarios que no esté en conflicto. Carlos Antonio Aguirre Rojas, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) señala que la acción de la delincuencia organizada en los territorios indígenas no es un fenómeno aislado. Se enmarca dentro de una política de despojo contra los pueblos originarios puesta en marcha “desde hace ya varios lustros”. Sociólogo, economista, teórico y posdoctor especialista en movimientos sociales de América Latina, Aguirre Rojas advierte: “Que sean los narcotraficantes los que ataquen a las comunidades obedece a dos razones principales. Una, porque los bienes que les interesan están en territorios indígenas. Quieren tener el control del lugar donde se producen las mercancías que comercian. Y si quien se opone es un pueblo indígena, pues se van contra el pueblo indígena. La segunda es que grupos del narcotráfico a veces tienen colusión directa con el Estado. Entonces el Estado les deja hacer porque le sirven como una cuña y como una manera de debilitar justamente los procesos autonómicos de los pueblos indígenas”. Coincide el doctor en antropología Gilberto López y Rivas. Pero señala que la guerra contra los indígenas ni siquiera es de orden estrictamente nacional. Es un embate supranacional. “México es un laboratorio a nivel mundial. Aquí se han aplicado todos los tipos de intervención. Vivimos una guerra. Hoy hay un proceso renovado y altamente agresivo. La guerra contra las drogas y el terrorismo es una forma de intervención que deja muchos beneficios para las trasnacionales”. Considera que en realidad México no ha combatido al narcotráfico en los últimos lustros. El Es-

Las comunidades vieron que tenían enfrente al narco, algo para lo que nadie, ni en lo colectivo ni en lo individual, estaba preparado

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tado mexicano es un Estado mafioso, delincuencial, que implanta un tipo de capitalismo: “el necrocapitalismo, basado en la muerte, la destrucción y la guerra”. Agrega que la nueva colonización que viven las tierras indígenas no sólo se lleva a cabo través de las trasnacionales mineras, del sector energético e industrial, sino de la corporación capitalista que es el crimen organizado. “El crimen organizado es una corporación capitalista permanente, letal, sistemática; hay que decirlo con todas sus letras. Tiene como objetivo aterrorizar, como lo establecen los manuales de contrainsurgencia estadunidenses.” El investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) considera que “los indígenas son hoy una de las víctimas fundamentales del actual ‘progreso’ capitalista”. Esa es la explicación de que tengan encima a los cárteles del narcotráfico.

El despliegue del narco De los documentos El CNI en las regiones indígenas; Regiones del Concejo Indígena de Gobierno. Distribución preliminar; Policías comunitarias y grupos de autodefensa en el estado de Guerrero, y Caracterización del cerco narcoparamilitar en la Montaña baja de Guerrero –elaborados por el CNI– y el informe Organizaciones delictivas. Documento de uso cerrado –de la Agencia de Investigación Criminal de la entonces Procuraduría General la República (elaborado en noviembre pasado)–, se desprende que todas las regiones indígenas están copadas por la delincuencia organizada. En Baja California, el Cártel de Sinaloa mantiene incursiones en territorios de los pueblos Cucapá y Kumiai ubicados en los municipios de Mexicali y Tijuana. En Campeche, disputa territorios a los castellanos de Candelaria. En Chihuahua, asola los

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municipios rarámuris de Urique, Balleza, Batopilas y Guachochi. En Durango, ocupa territorios de wirrárikas de Mezquital. Los mayos de los municipios de El Fuerte y Ahome, Sinaloa, padecen las incursiones de este cártel. En Sonora, las víctimas son las comunidades yaquis, mayos y tohono odam de Caborca, Navojoa y Tesopaco. En Tabasco, acosan a los choles de Tenosique. Los grupos de lo que fue el Cártel de los Beltrán Leyva, principalmente Guerreros Unidos, Los Rojos y Los Ardillos, mantienen incursiones en comunidades choles tseltales de los municipios de Palenque y Tenejapa, repectivamente, Chiapas; en nahuas de Temoac, Morelos; en pueblos mayos de El Fuerte y Ahome, Sinaloa. Y mantienen un cerco narcoparmilitar en decenas de comunidades indígenas de Guerrero. Se trata de las me’phaa y nahuas de Tixtla, Chilapa de Álvarez, José Joaquín Herrera y Chilpancingo. Y en asociación con bandas locales, asolan a las comunidades amuzgas, nahuas, me’phaa y na’saavi de Olinalá, Huamustitlán, Cualac, Maninaltepec, Metlatónoc, Tlacoachistlahuaca, San Luis Acatlán, Igualapa, Xochistlahuaca, Azoyú, Ometepec y Cuajinicuilapa. El CJNG mantiene en zozobra a comunidades cocas, tepehuanas, nahuas y wirrárikas de los municipios de Poncitlán, Cuautitlán, Tuxpan, Villa Guerrero, Mizquitic y Bolaños. Todos, del estado de Jalisco. Pero también a comunidades náyeri y wirráricas de los municipios de Rosa Morada, Del Nayar, Ruiz y La Yesca, en el estado de Nayarit. Los Zetas disputan territorios a comunidades nahuas del municipio de Huejutla de Reyes, Hidalgo; nahuas de Xilitla, San Luis Potosí, y zoques y choles de Huimanguillo y Tenosique, Tabasco. El Cártel de Juárez mantiene incursiones en las comunidades rarámuris Guachochi, Chihuahua. La Familia Michoacana disputa territorios a las comunidades matlatzincas de Temascaltepec y nahuas Tenango del Valle y Texcoco, Estado de México. Además a otomíes y purépechas de Zitácuaro y Paracho, Michoacán. Disputan también rutas y lugares de producción de droga, aguacates, minerales y maderas preciosas en esta entidad. Los Caballeros Templarios agreden a nahuas de Ixtapaluca, Estado de México; otomíes de Zitácuaro, Michoacán, y zoques de Huimanguillo, Tabasco. Las reminiscencias del Cártel de Tijuana (también conocido como de los Arellano Félix) acosan a 28

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Ronda Comunitaria de Cherán, Michoacán, preparada para enfrentar a narcotraficantes y talamon

las comunidades kumiai de los municipios de Tijuana, Playas de Rosarito y Ensenada, Baja California. Por su parte, el Cártel del Golfo realiza incursiones en territorio de na’saavis de Santiago Pinotepa Nacional, Oaxaca. Y es que, a decir de Cristian Chávez González, también integrante de la Coordinación del Concejo Indígena de Gobierno (CIG), los cárteles entraron de lleno a la disputa por los productos que demanda el mercado internacional. Y esos productos están en las regiones indígenas. “La delincuencia organizada defiende la propiedad privada contra la propiedad colectiva; y vende los productos que está exigiendo el gran capital, ya sean aguacates, oro, hierro, plata, madera, agua, petróleo. Pareciera que en estos momentos el objetivo de los grupos armados, sean estatales o no estatales, es la apropiación del territorio y la apropiación y concentración de poder para el servicio del gran capital”, considera.

ANDREA MURCIA/CUARTOSCURO

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antes y talamontes

La respuesta indígena En esta guerra recién advertida por el CNI, los muertos se cuentan por cientos. En los últimos años, los indígenas caídos suman, al menos, 117, de acuerdo con la relación de asesinatos elaborada por la organización, publicada por Contralínea en junio pasado (https://bit.ly/2XfD3i9). Los perpetradores no sólo son los actores tradicionales: paramilitares, fuerzas estatales, guardias blancas; ahora son también los grupos de sicarios de los cárteles. Los blancos sí son los mismos: “En los territorios de las comunidades indígenas, sobre todo de los pueblos que defienden la tierra, los crímenes son contra los voceros visibles, las autoridades comunitarias y los líderes morales”, señala Cristian Chávez. Agrega: “La tierra de las comunidades, que es donde están los recursos naturales, está siendo escenario de disputa por la explotación, la acumu-

lación y el poder territorial en que se traduce para quien controla esos grupos”. Por decenas se cuentan los indígenas asesinados por los cárteles. Por ello, las comunidades han reactivado –también por decenas– policías comunitarias, guardias comunales, rondas comunitarias y autodefensas. Es el caso de nahuas, me’phaa, na’saavi y n’an cué (o amuzgos) de Guerrero, que están librando una guerra abierta contra los Beltrán Leyva. Cuentan con dos decenas de policías comunitarias y autodefensas. Es la entidad con mayor número de grupos que han decidido hacer frente a los cárteles. También, el de los nahuas de la costa de Michoacán, en específico de Santa María Ostula, donde sufren los embates de Los Viagras, la Familia, los Caballeros Templarios y Los Zetas. Desde 2009 reactivaron a su Guardia Comunal y Policía Comunitaria. Los purépechas del mismo estado, donde los principales agresores son las bandas de traficantes de maderas preciosas, instauraron la Ronda Comunitaria: antes hombres y mujeres de gabanes jaspeados, reunidos al calor de las fogatas, la necesidad ha hecho que hoy cuenten con adiestramiento especial, ropa de camuflaje y pertrechos. Los nahuas de Jalisco, que enfrentan a guardias blancas a favor de la minería, han erigido grupos de autodefensa. Lo mismo que los rarámuris y yoremes que en Chihuahua, Sonora y Sinaloa padecen a la Línea, del Cártel de Juárez, y a Gente Nueva y Los Salazares, del Cártel de Sinaloa. Información del CNI da cuenta de que, desde hace 10 años, la delincuencia organizada entró directamente a la disputa de los territorios indígenas. Christian Chávez González, integrante de la Comisión de Coordinación del CNI, señala que el narcotráfico mostró descaradamente su guerra contra los pueblos indígenas cuando la comunidad nahua de Ostula recuperó su territorio, el 29 de junio de 2009. Se trataba de procesos agrarios viejos, de luchas de hacía décadas, “pero [la comunidad se encontró] con un nuevo componente: quienes les estaban disputando la tierra eran agentes armados que defendían mercados no sólo de armas y drogas, sino de recursos naturales que tienen los pueblos originarios”, en este caso, minerales y maderas preciosas. Aguirre Rojas señala que estos mecanismos de defensa indígena, incluso armada, está plenamente

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justificada. “La aparición de los zapatistas (EZLN) es sumamente radical: toman por las armas siete municipios en Chiapas. Pero no es el único caso. Está el proceso de la Policía Comunitaria de Guerrero. Empieza cuando el Estado no funciona, no es capaz de proveer de orden y seguridad; por el contrario, los agentes del estado atentan contra la comunidad, violan a las hijas, las madres. Como el gobierno no es capaz de dar seguridad, los indígenas se autorganizan”. Explica que la Policía Comunitaria de Guerrero surge como un proyecto para otorgarse seguridad. Conforme se consolida y se extiende, las comunidades empiezan a avanzar hacia lo político y social.

Guerrero, la emergencia En estos momentos el caso más urgente de una agresión del narco contra los pueblos indígenas es que 30

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el padecen las comunidades de Guerrero, particularmente –aunque no sólo–, la región de la Montaña. Siete cárteles del narcotráfico ocupan todo ese estado: el CJNG, La Familia, los Caballeros Templarios, los Beltrán Leyva (facciones Guerreros Unidos, Los Rojos y Los Ardillos) y bandas locales. Cuentan con regiones bajo su control y otras en disputa entre ellas o con las comunidades que se han organizado para hacerles frente. Los Rojos y Los Ardillos tienden en estos momentos un cerco sobre 217 comunidades de los municipios de Chilapa de Álvarez y José Joaquín Herrera. Se trata de 51 de José Joaquín Herrera, con 15 mil 639 habitantes, y 166 de Chilapa de Álvarez, en las que habitan 120 mil 467 personas. Es decir, bajo cerco narcoparamilitar se encuentran 136 mil 106 indígenas, mayoritariamente nahuas. De estas 217 localidades, 17 son parte del CNI. En ellas habitan 5 mil 668 personas. Estas comuni-

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dades han dicho que se declaran en resistencia total, incluso, por encima de sus propias policías comunitarias. Aunque los cárteles ejercen el terror en todas las comunidades, hoy las facciones de Los Ardillos y Los Rojos tienen sitiadas a 17 comunidades de los municipios de Chilapa de Álvarez y José Joaquín Herrera. Se trata de comunidades del CNI de las que no se puede salir ni entrar con libertad. Comandos armados asedian estos pueblos, los cuales se defienden a través de dos organizaciones independientes entre ellas: Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Pueblos Fundadores (CRAC-PF) y Comunitarios por la Paz y la Justicia. No son las únicas comunidades que han constituido organizaciones de defensa contra el crimen organizado. Otras comunidades guerrerenses del CNI cuentan también con instituciones propias para enfrentar a los diferentes tipos de delincuencias. En comunidades de Chilpancingo de los Bravo se encuentra la Nueva Policía Comunitaria Independiente. En Tixtla de Guerrero, la CRAC-Policía Comunitaria (CRAC-PC). En Olinalá, Huamuxtitlán y Cualac, El Consejo Ciudadano de Olinalá, el Frente Ciudadano por la Seguridad de Huamuxtitlán, la CRAC-PC y el Consejo Popular de Seguridad y Justicia-Policía Ciudadana y Popular. También en comunidades del CNI de la Montaña y la Costa Chica se encuentran la CRAC-PC, la CRAC-PF y la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG). Se trata de los municipios de Malinaltepec, Metlatónoc, San Luis Acatlán, Igualapa, Tlacoachistlahuaca, Xochistlahuaca, Azoyú, Ometepec y Cuajinicuilapa. En otras regiones del estado donde no tiene presencia el CNI también operan estas policías comunitarias, en específico en las regiones Centro, Montaña y Costa Chica. Y también una decena más de grupos de autodefensa armada organizados por las propias comunidades que no pertenecen al CNI: el Consejo Municipal

de Seguridad Pública, la Nueva Policía Comunitaria Independiente y la Policía Comunitaria de Nueva Generación en el centro de la entidad; el Frente Unido por la Seguridad y el Desarrollo Social del Estado de Guerrero (Fusdeg), en Costa Chica; la Guardia Rural de Ejidos de Guerrero, en comunidades de la Costa Grande y la Sierra, y el Movimiento Apaxtlense, la Policía Comunitaria Heliodoro Castillo-Tlacotepec, Pueblos Unidos de Autodefensa San Miguel Totolapan, Policía Comunitaria de Mezcala, Policía Tecampanera y Vecino Vigilante en la región norte de la entidad. “No todos los grupos son lo mismo”, ataja Aguirre Rojas, estudioso de los movimientos sociales indígenas en el Continente. “Hay grupos surgidos de la autorganización de los pueblos y otros que fueron armados por el gobierno. Hay proyectos que tienen carácter anticapitalista y antisistémico, por lo menos potencial, y otros que son instrumentos del Estado para confundir y para menoscabar los esfuerzos de los autónomos. Los primeros sí tienen el respaldo masivo de sus comunidades”. El posdoctor explica que los proyectos de las comunidades que surgen como guardias comunales, policías comunitarias o rondas comunitarias no son solamente de seguridad. Se trata de proyectos integrales que avanzan hacia la autonomía social, política, educativa y de la salud. A decir del catedrático de la UNAM y de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, en todo el espectro político electoral mexicano no hay quien represente un proyecto serio de transformación de este país que incluya a los pueblos indígenas. “Estamos ya en un punto en el cual los pueblos indígenas de México están en riesgo de extinción total. Si el pueblo de México no hace nada; si lo propios pueblos indígenas no se autorganizan y se defienden; si no lucha de manera radiacal y sistemática, corren el riesgo de extinguirse físicamente. Hay datos que prueban que las lenguas indígenas se están reduciendo y que la población indígena también disminuye”.

Si los propios pueblos indígenas no se autorganización y se defienden, corren el riesgo de la extinción total, de desaparecer físicamente

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INVESTIGA SEGOB CONTRATOS

A 24 EMPRESAS PRIVADAS Y UNIVERSIDADES POR $2.2 MIL MILLONES 32

14 de octubre de 2019

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La Unidad General de Asuntos Jurídicos y la Dirección General Adjunta Penal y Civil de la Segob investigan la legalidad de diversas contrataciones hechas en el gobierno pasado a por lo menos 24 empresas y universidades. Las contrataciones se hicieron entre 2016 y 2017 e involucran más de 2.1 mil millones de pesos MIGUEL BADILLO/QUINTA PARTE

GALO CAÑAS/CUARTOSCURO

or lo menos 24 empresas privadas e instituciones académicas proveedoras de bienes y servicios a la Secretaría de Gobernación (Segob) en el sexenio anterior son fiscalizadas actualmente: los contratos revisados les fueron otorgados entre 2016 y 2017, por un monto de 2 mil 183 millones 900 mil pesos, revelan documentos internos de la Unidad General de Asuntos Jurídicos y la Dirección General Adjunta Penal y Civil de esa dependencia. En las investigaciones y auditorías participan la Secretaría de la Función Pública a través del Órgano Interno de Control (OIC) y la propia Segob, las cuales revisan contratos de suministro de alimentos, insecticidas, medicamentos, insumos generales, letrinas, una planta potabilizadora, vales de despensa y servicios de asesoría. Una de las empresas beneficiadas con contratos gubernamentales es Farmmedic, SA de CV, la cual recibió 269.8 millones de pesos por 10 pedidos de medicamentos, tres en 2016 y siete en 2017. De acuerdo con documentos oficiales, dicha compañía

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está relacionada con la industria de medicamentos y tiene un supuesto domicilio fiscal en Real del Monte, Hidalgo, además de tener oficinas en Lomas de Chapultepec, Ciudad de México. Sin embargo, en la revisión que hicieron las autoridades sobre esa empresa farmacéutica se precisa que “se trata de una empresa inexistente en internet, con domicilio social y fiscal en Real del Monte, es-

En las auditorías participan la SFP y la propia Segob. Revisan contratos de suministro de alimentos, insecticidas, medicamentos... tado de Hidalgo”. En internet sólo aparece que es una “empresa de comercio al por mayor de productos farmacéuticos”, pero no da mayor información del servicio que dice proporcionar. Otra empresa de medicamentos beneficiada por la Segob es Fármacos Darovi, SA de CV, la cual aparece con tres pedidos por un monto total de 65.6 millones de pesos. Dicha lista de empresas, incluidas en documentos reservados de la Secretaría de Gobernación, aparecen también dos instituciones académicas que prestaron servicios de asesoría en 2016, por lo cual recibieron 25.2 millones de pesos. Se trata del Instituto Tecnológico Superior de Cosamaloapan, Veracruz, con un pago de dinero público por 9.9 millones de pesos, y la Universidad de Colima, con contrato de asesoría por 15.3 millones. En el rubro de vales de despensa aparece la empresa Toka Internacional, SAPI de CV, a la cual la Segob le asignó dos contratos por un total de 707.4 millones de pesos: uno en 2016 por 341.5 millones y otro en 2017 por 365.9 millones. En el rubro de insecticidas, Gobernación gastó en esos 2 años 107.5 millones de pesos, a favor de las empresas Codequim, SA de CV, con un contrato en 2017 por 11.1 millones de pesos; Eco Suministros, SA de CV, un contrato en 2016 por 14.5 millones, 34

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y Public Health Supply and Equipment de México, SA de CV, con seis contratos (tres en 2016 y tres en 2017) por un total de 81.9 millones de pesos. Otro apartado corresponde a cuatro empresas de despensas de alimentos, que en conjunto recibieron contratos en 2017 por 98.8 millones de pesos. Productos Serel, SA de CV, tuvo tres pedidos por 37.8 millones de pesos; Comercializadora Presako, SA de CV, hizo tres entregas por 36.9 millones de pesos; Empacadora el Fresno, SA de CV, un pedido por 13.7 millones, y Comercializadora MLTD, SA de CV, un contrato por 10.4 millones. Las 10 empresas del apartado de insumos generales recibieron en total 674.9 millones de pesos en los años de 2016 y 2017. La que más recibió fue la persona física Karina Rosalba Chacón López, a quien le asignaron siete pedidos (dos en 2016 y cinco en 2017) por 152.4 millones de pesos, revelan documentos oficiales de Gobernación. Las otras beneficiadas son Comercializadora Drosan, SA de CV, con un contrato en 2016 por 14.1 millones de pesos; Comercializadora Presako, SA de CV, tres pedidos en 2017 por 85.2 millones; Consultoría y Desarrollo Municipal, SA de CV, seis pedidos (dos en 2016 y cuatro en 2017) por 83.2 millones; Desarrollos Verdes Sustentables, SA de CV, cuatro pedidos (uno en 2016 y tres en 2017) por 59.6 millones; DG Servicios, SA de CV, un contrato en 2016 por 12.8 millones; Grupo Absol, SA de CV, dos pedidos en 2017 por 87.4 millones; Materiales para la Vivienda Social Mavissa, SA de CV, cuatro pedidos en 2017 por 73.6 millones; Maylex Comercializaciones, SA de CV, seis pedidos (uno en 2016 y cinco en 2017) por 78 millones, y Naivi Ramírez Clemente, dos pedidos en 2017 por 28.6 millones de pesos. En letrinas fue la empresa Renta de Regaderas y Servicios, SA de CV, la que recibió 44.1 millones de pesos en dos pedidos que realizó en 2017. La planta potabilizadora Servicios y Soluciones de Alto Impacto Sai, SA de CV, hizo tres pedidos por 191.6 millones de pesos. La Dirección General para la Gestión de Riesgos de la Secretaría de Gobernación fue el área que hizo el mayor número de los requerimientos señalados como mayores cada uno a 10 millones de pesos. Otros contratos relevantes que también son investigados:

MARIO JASSO/CUARTOSCURO

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Gobernación, problemas transexenales. En la imagen, protesta de policías federales que no quieren incorporarse a la Guardia Nacional

1. Contrato SG/CPS/11/2018, asignado bajo el concepto de “seguridad nacional”, fracción III del artículo 41 de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP), para la empresa Jet Van Car Rental, SA de CV, la cual habría otorgado un supuesto servicio “relevante” al Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales (Cepropie), dependiente de Gobernación. Sobre este contrato “no se cuenta con la información sobre la contratación de este servicio, por lo que se debe revisar la justificación y el anexo técnico”. 2. Contratos SG/CPS/54/2018 y SG/ CPS/57/2018. Ambos cubren un mismo servicio, por lo cual el OIC de Gobernación revisa esta irregularidad. El primer contrato fue asignado a la empresa Abastecedor Corporativo, SA de CV, y el segundo a la empresa Café 1810, SA de CV. Esto significó una duplicidad que no fue aclarada durante el gobierno anterior. En ese sentido las auto-

ridades advierten que “tendrán que validar el anexo técnico para poder determinar el efecto de la contratación del servicio, así como la justificación del mismo, pues encontraron la contratación del mismo con dos proveedores”. 3. Un Acuerdo de 2018, sin número, supuestamente para servicio de protección federal. Clasificado por la Segob como un “asunto relevante”, plantea que se tiene que validar el anexo técnico y tener la justificación correspondiente. 4. Contrato SG/CPS/44/2018, asignado de manera directa a la empresa Radiomóvil Dipsa, SA de CV, bajo el concepto de “seguridad nacional”, fracción IV del artículo 41 de la LAASSP. Se revisará el anexo técnico y la justificación. 5. Contratos SG/CPS/44/2018, SG/CPS/29/ 2017 y SG/CPS/59/2017, asignados bajo el artículo 41 fracción I, exclusividad, a la empresa Radio Móvil Dipsa, SA de CV, para la prestación de ser-

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Secretaría de Gobernación. Nuevos tiempos

vicio de telefonía. Las autoridades revisar el anexo técnico y la justificación. 6. Contrato SG/CPS/65-1/2017, adjudicado directamente a la empresa Manuel Barrera y Asociados, SA de CV, bajo el artículo 41 fracción IV, “seguridad nacional”, para el análisis y revisión de la situación que guardan los recursos transferidos de la extinta Secretaría de Seguridad Pública. Se revisará anexo técnico y su justificación. 7. Contrato SG/CPS/71/2017, asignado a Comtelsat, SA de CV, para un servicio integrado con tecnología satelital y de internet que permita digitalizar y poner a disposición archivo de audio y video en formato HD. En el informe oficial se afirma que el riesgo encontrado es “evitar costos adicionales”, por lo que se revisará el anexo técnico y la justificación. 36

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8. Contrato SG/CPS/72/2017, asignado a la empresa Promex Extintores, SA de CV, bajo el concepto de “seguridad nacional”: fracción IV del artículo 41 de la LAASSP, para el “servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a sistemas contra incendio, detección temprana de humo y extintores de la Segob”. No hay escrito que justifique la contratación y se pide revisar anexo técnico. 9. Contrato SG/CPS/73/2017, entregado sin licitar a la empresa Grupo Distribuidor Universal Daga, SA de CV, bajo el concepto de “seguridad nacional”, fracción IV del artículo 41 de la LAASSP. El servicio contratado es para el “mantenimiento preventivo y correctivo a subestaciones, ups y plantas de emergencia de la Segob”. Tampoco tiene escrito de justificación y se advierte revisar anexo técnico.

VICTORIA VALTIERRA/CUARTOSCURO

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10. Contrato SG/CPS/78/2017, otorgado directamente a la sociedad civil Opinión Mund, SC, bajo el concepto de “seguridad nacional”, fracción IV del artículo 41 de la LAASSP. El trabajo contratado fue de “investigación para el desarrollo de servicio de carrera penitenciaria federal con perspectiva de género”. Según Gobernación, no existe escrito que justifique la asignación directa, por lo que se debe revisar el anexo técnico. 11. Contrato SG/CPS/03/2017, asignado sin licitar por la Oficialía Mayor, a cargo de Jorge Márquez, a la empresa producción y Eventos Rive, SA de CV, como un asunto de “seguridad nacional”, fracción IV del artículo 41 de la LAASSP, para el “servicio de suministro de productos alimenticios para el comedor de Oficialía Mayor”. Se pide en Gobernación revisar el anexo

técnico porque no cuenta con justificación por escrito. 12. Contratos SG/CPS/40/2017 y SG/ CPS/13/2016, asignados bajo el concepto de “seguridad nacional” a la empresa Alimentos Contemporáneos Pedregal, SA de CV, para la “Oficina del secretario”, el suministro de “víveres e insumos para el comedor de la Unidad Administrativa 100, tales como abarrotes, lácteos, carnes de res, cerdo y pollo, pescado, mariscos, frutas, verduras, legumbres y otros, los cuales son necesarios para elaborar los alimentos que se suministran al Secretario de Gobernación, a los servidores públicos de alto nivel que asisten a reuniones de trabajo con él y diversos invitados como secretarios de Estado, gobernadores, diputados, senadores y el personal del Staff. Se pide revisar el anexo técnico y no hay escrito que justifique la asignación directa”. 13. Contrato transexenal SG/CPS/85/20162019, asignado a las empresas Sixsigma Networks México, SA de CV; Smart Security Services, SA de CV; Metro Net, SAPI de CV, y Masnegocio.com SAP de CV, para el servicio de “dar continuidad a los servicios informáticos que la Dirección General del Registro Nacional de Población e Identificación Personal proporciona a las dependencias, entidades de la Administración Pública Federal, registros civiles e instituciones privadas”. Se pide revisar anexo técnico y justificación. 14. Contrato SG/CPS/87-1/2016, asignado sin licitar por “seguridad nacional” a la empresa Morpho, SAS, para el “servicio de mantenimiento, procesamiento y soporte técnico especializado para el sistema automatizado de identificación de huellas dactilares (AFIS). No tiene escrito de justificación y se pide revisar el anexo técnico. 15. Contrato SG/CPS/100/2016, asignado sin licitar por “seguridad nacional”, fracción IV del artículo 41 de la LAASSP, a la empresa EMC Computer Systems México, SA de CV, para la “operación de almacenamiento de la SAN (Storage Area Network/área de red de almacenamiento) centralizada para los data center con que se cuenta en las instalaciones del Centro de Inteligencia de la Policía Federal (CIPF), el Conjunto Nacional de Telecomunicaciones (Contel) y el Centro de Datos Alternos de Hermosillo, Sonora (CDAH). No hay anexo técnico ni escrito de justificación.

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“MALDITA TRAGEDIA” DE UN CANDIDATO OPOSITOR EN BOLIVIA

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Todo marchaba para Carlos Mesa. Era el candidato de la oligarquía y, abiertamente, de la restauracion del neoliberalismo hasta con los personajes del viejo régimen. Se le vino todo abajo cuando quedó al descubierto su responsabilidad en las masacres de Sánchez de Lozada y su vinculación con actos de corrupción JORGE PETINAUD MARTÍNEZ/PRENSA LATINA

ISAAC ESQUIVEL/CUARTOSCURO

a Paz, Bolivia. Como si imitara al poeta Dante Alighieri en su periplo por los círculos del infierno, el candidato opositor boliviano a la presidencia Carlos Mesa encara una “maldita tragedia” a pocos días de los comicios. Con 39 por ciento de intención de voto según los pronósticos, Mesa realizó la presentación de su candidatura el 6 de octubre de 2018, cuando prometió formar un “gobierno de ciudadanos”. Sin embargo, de acuerdo con un sondeo de Viaciencia, a pocos días de la celebración de las justas –el 20 de octubre– las posibilidades del aspirante de Comunidad Ciudadana (CC) descendieron a 21.2 unidades sobre 100 y ocupa la segunda plaza tras el mandatario y aspirante a la reelección, Evo Morales (43.2 por ciento). Con estos dígitos, el líder del Movimiento al Socialismo ganaría en la primera vuelta, para lo cual requiere legalmente 40 puntos porcentuales y 10 por delante de su más cercano rival.

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Abrumado por esta realidad, Mesa se desdijo de su promesa inicial de gobierno al anunciar la formación de una denominada megacoalición con representantes de partidos tradicionales, varios de ellos responsables de las terapias de choque que aplicaron los gobiernos neoliberales en Bolivia a finales del siglo XX y en los inicios del XXI.

Esa tendencia a rodearse sólo de “viejos conocidos” provocó en mayo pasado el distanciamiento de uno de sus principales impulsores: el sociólogo Julio Aliaga En opinión de la presidenta de la Cámara de Senadores, Adriana Salvatierra, estas alianzas de Mesa constituyen un sinónimo de privatización. “Carlos Mesa se alió con Leopoldo Fernández, recibió el apoyo de Manfred Reyes Vila y hoy decide aliarse con Samuel Doria Medina, el mayor privatizador de la década de 1990”, declaró la joven legisladora a la prensa.

Círculo de aliados Actual jefe del partido Unidad Nacional y ministro de Planeamiento del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) en 1992, Doria formó parte del trípode pactado (cuoteo de cargos y enajenación de la riqueza nacional que gobernó a Bolivia entre 1985 y 2005 junto al Movimiento Nacional Revolucionario, MNR, y Acción Democrática Nacionalista (ADN) del exdictador Hugo Bánzer). Fue Doria quien prometió privatizar una empresa por semana y, de acuerdo con el informe de una comisión de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) que investigó las gestiones gubernamentales entre 1985 y 2005, en esa etapa el daño económico al país fue de unos 21 mil 40

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millones de dólares como resultado de las privatizaciones. Como aspirante a la vicepresidencia por CC figura Gustavo Pedraza, exministro de Desarrollo Sostenible y Planeación Territorial cuando Mesa ocupó la jefatura de Estado (2004 a 2005). En las conclusiones de la ALP se vincula a Pedraza con un presunto lavado de dinero en el caso Lava Jato, como firmante de dos documentos que facilitaban la contratación de empresas brasileñas para construir dos carreteras en territorio boliviano. Carlos Alarcón fue titular de Justicia e interino de Servicios y Obras Públicas durante el mandato de Mesa, y estuvo implicado en las pesquisas sobre Lava Jato por presuntos movimientos inusuales en su cuenta bancaria. En la actualidad es abogado y candidato a diputado por CC. Manfred Reyes, exjefe de Nueva Fuerza Republicana y aliado en 2003 del exmandatario Gonzalo Sánchez de Lozada, hoy prófugo en Estados Unidos, es otro de los que llamaron a través de las redes sociales a respaldar al rostro más visible de CC. La senadora de Unidad Demócrata por el departamento de Pando e integrante de Columna de Integración Carmen Eva González, es uno de los apoyos más polémicos de Mesa. Antes de firmar un acuerdo con CC, rubricó el 1 de abril junto a 12 legisladores opositores una misiva en la que pedían al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, una intervención en los asuntos internos de Bolivia para impedir la candidatura del binomio integrado por Morales y el vicemandatario, Álvaro García Linera. Otro aliado polémico en la campaña de Mesa es Leopoldo Fernández, exparlamentario, exministro cercano a Hugo Bánzer y exprefecto del departamento de Pando, imputado como principal responsable de la denominada Masacre de Porvenir, ocurrida en septiembre de 2008, con saldo de 13 muertos. Por esos hechos, el 10 de marzo de 2017 un tribunal lo declaró culpable y lo condenó a 15 años de prisión. Esta tendencia a rodearse sólo de “viejos conocidos” provocó en mayo del año en curso el distanciamiento de Comunidad Ciudadana de

PEDRO VALTIERRA/CUARTOSCURO

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Mesa, por regresar a las mieles del poder. En la imagen con el entonteces presidente de Estados Unidos George W Bush

uno de los principales impulsores de la candidatura de Mesa, el sociólogo Julio Aliaga. “Más claro agua: @carlosdmesag ha cerrado su corral y solo acepta a sus amigos con él. Si quieres ser parte y apoyar a la reconstrucción de la democracia en Bolivia, tienes que haber sido su compañero de curso. ¡Yo me rindo!”, escribió en un tuit el primero que se apartó públicamente de la campaña de Mesa. Con ese argumento también se alejaron Cristina Mamani y la estudiante Yulitza Daza, así como tres aspirantes a legisladores: Fanny Nina, Carlos Carrasco y María Elena Roja. Hasta sumar 16 las dimisiones, entre los distanciamientos resalta el del portavoz por pocos días, Diego Ayo, tras revelar que CC contaba con 10 millones de dólares obtenidos supuestamente a través de kermeses (verbenas).

En la ruta electoral descendente en la cual Carlos Mesa parece encontrarse “en oscura selva”, como Dante en El Infierno, las acusaciones que lo vinculan con sospechosas sumas de dinero y su mutis constituyen un “círculo escabroso”. “Tenemos que tener moral, autoridad ética para hablar de transparencia”, aseguró el 9 de mayo el mandatario, Evo Morales, en rueda de prensa a la que asistió Prensa Latina en respuesta a un tuit de Mesa. El 29 de abril, el aspirante de Comunidad Ciudadana (CC) demandó claridad al jefe de Estado ante el arresto del excoronel de la policía Gonzalo Medina por vínculos con el narcotráfico. “Pido a @evoespueblo transparencia y honestidad para dar a conocer el detalle de las investigaciones sobre la penetración del narcotráfico en

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la Policía Boliviana. No es posible que un asunto de tanta sensibilidad se mantenga en la especulación. Esto #YaEsDemasiado”, escribió entonces el candidato de CC. Sin embargo, a menos de 2 semanas de los comicios generales del 20 de octubre, Mesa incurre en una contradicción que lo vincula de nuevo sospechosamente con cientos de miles de dólares, al asumir la callada por respuesta ante la exigencia de políticos y periodistas, quienes le reclaman transparentar los pagos recibidos del exgobernante prófugo Gonzalo Sánchez de Lozada. De manera reiterada y durante cerca de 3 meses, el exvicemandatario de aquel gobierno neoliberal mantiene su negativa. “Yo no voy a explicar nada que tenga ver con una guerra sucia”, insiste el candidato, quien inició su campaña como heraldo de la transparencia y abanderado de la lucha contra la corrupción. La respuesta constituye una evasiva ante la aseveración del periodista y escritor Emilio Martínez en un libro de que el Movimiento Nacional Revolucionario (MNR) se comprometió en 2002 a pagar la suma de 1.2 millones de dólares para que Mesa aceptara ser postulante a vicepresidente de Sánchez de Lozada. Al referirse al tema, el diario La Razón recordó que Mauricio Balcázar, yerno de Sánchez de Lozada y hombre fuerte de su gobierno, sostiene desde hace algunos años que Mesa condicionó su candidatura en el binomio del MNR a un aporte financiero. Según el denunciante, el destino de ese desembolso habría sido evitar la quiebra de la cadena mediática Periodistas Asociados Televisión (PAT), de la cual Mesa era accionista mayor. Luego en la red de redes aparecieron los documentos que confirman esa supuesta operación, cifrada en poco más de 830 mil dólares y los datos de depósitos bancarios en la cuenta de PAT realizados en 2002 y 2003. En opinión de La Razón, la actitud de Mesa se contradice con la posición asumida en ocasiones anteriores en que salió rápidamente a desmentir o aclarar otras acusaciones. Según el diario, así ocurrió en el caso Quiborax, ante la posibilidad de un juicio de respon42

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Restauración del neoliberalismo en Bolivia, objetivo abierto. En la imagen, con el mexicano Carlos

sabilidades en su contra; también fue clara su respuesta sobre el presupuesto público destinado al personal de apoyo y a sus viajes como vocero de la causa marítima de Bolivia. Más recientemente, CC respondió de inmediato en bloque cuando el vocero de efímera ejecutoria Diego Ayo habló de 10 millones de dólares para la campaña. En contraposición, Mesa y su alianza mantienen una posición inalterable pese a la reiterada exigencia de que “responda con claridad”, pese a que la acusación por el caso PAT devino tema central de la campaña con vista a los comicios del 20 de octubre. Incluso, en una reciente entrevista con su exsocia de PAT Amalia Pando en el espacio televisivo Cabildeo, el exmandatario reiteró su negativa sobre el cobro millonario que según Martínez recibió para ser candidato a la vicepre-

MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO

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exicano Carlos Slim, el hombre más acaudalado de América Latina

sidencia por el MNR. En esa ocasión insistió en que no hablará, aunque su jefa de campaña y exsocia también de PAT, Ximena Valdivia, sea detenida por legitimación de ganancias ilícitas. Más adelante, señaló que “de haber sido un hecho irregular prescribió hace más de 16 años”, lo cual fue interpretado por opositores y representantes del oficialismo como un reconocimiento tácito del delito. Al respecto, el ministro de Justicia, Héctor Arce, sostuvo en el espacio El Pueblo Es Noticia, del canal gubernamental Bolivia TV, que legal y jurídicamente hay una gran responsabilidad en Mesa de informarle al país y decirle qué es lo que ha pasado con ese tema, y ya no señalar que se trata de una “guerra sucia”. “Este ya no es un tema que se pueda decir no voy a responder la guerra sucia, esto no es guerra

sucia, estas son denuncias serias, y sobre eso han aparecido evidencias”, enfatizó el titular. Por su parte, la diputada Valeria Silva opinó sobre ese tema que “en la jerga cotidiana se podría decir a confesión de parte, relevo de pruebas. Mesa ha sido absolutamente claro (...), la señora Valdivia, según él, evidentemente hace 16 años realizó ilícitos y podríamos decir ‘no más preguntas, señor juez’”. Más cáustico en su punto de vista sobre el particular fue el candidato a la presidencia por el partido Bolivia Dijo No, Oscar Ortiz, quien escribió en un tuit que la campaña tiene un antes y un después, luego de la admisión de que @ carlosdmesa había recibido dinero. “Pedimos al señor Mesa, que no solo responda frente al país, además tiene que reponer el dinero de los gastos reservados, que son casi 5 millones de dólares”, concluyó el senador Ortiz en relación a documentos que Mesa decretó quemar para no dejar pruebas, cuando era mandatario. Sin dudas, la callada por respuesta resulta muy contradictoria ante tales acusaciones, sobre todo porque sale muy mal parada la imagen del candidato que en abril reclamaba honestidad y transparencia al presidente Morales. El candidato a senador por el gobernante Movimiento al Socialismo Rogelio Mayta formuló otra acusación contra Carlos Mesa por sacar provecho ilícito de sus cargos públicos. Abogado de las víctimas de la matanza ejecutada por la administración de Gonzalo Sánchez de Lozada con saldo de 67 muertos y más de 400 heridos en la ciudad de El Alto en octubre de 2003, Mayta afirma que desde el cargo de vicemandatario de ese gobierno Mesa cobró 400 mil bolivianos (más de 52 mil dólares) provenientes del lavado de dinero, el 12 de febrero de ese año. En una reciente rueda de prensa, el abogado de profesión explicó que Mesa formó la empresa Itaca con varios socios, entre ellos Ximena Valdivia, actualmente imputada por el delito de legitimación de ganancias ilícitas. Valdivia supuestamente ordenó a funcionarios subalternos depositar altos montos de dinero, que suman más de 3 millones 474 mil

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Evo Morales, por otro periodo al frente del Poder Ejecutivo de Bolivia

bolivianos y 195 mil 953 dólares durante 20022003, a las cuentas de PAT, propiedad de Mesa. “Ese 12 de febrero, mientras compatriotas eran asesinados en calles de La Paz –describió el abogado–, Mesa recibía la suma de 400 mil bolivianos, equivalentes a 52 mil 910 dólares, a través de un pago del lavado de dinero que se puede ver que se estaba realizando a través de Ximena Valdivia.” Tras precisar que esa operación a través de la empresa que crearon, Itaca, era supuestamente un préstamo a PAT, Mayta aclaró que no se trata de un complot o “guerra sucia” contra la candidatura a la presidencia de Mesa. Describió que es el resultado de una pesquisa legal derivada de una investigación periodística, la cual develó que el dinero percibido por Mesa podría provenir de Sánchez de Lozada, de los denominados gastos reservados. A su juicio, Carlos Mesa debe dejar 44

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de escudarse en el viejo discurso de la guerra sucia. Mayta recordó que la misma Valdivia fue quien denunció los supuestos delitos que habría cometido el periodista Emilio Martínez al revelar que Mesa cobró 1.2 millones de dólares para aceptar la postulación a la vicepresidencia por el MNR en las elecciones de 2002. Después, a través de su sitio web estotambiensucede.net, Martínez divulgó 53 boletas con evidencias de que entre mediados de 2002 y hasta poco antes de la matanza de octubre de 2003, la cuenta bancaria de PAT, propiedad de Carlos Mesa, recibió depósitos por 831 mil 454 dólares. “Todo se le empezó a complicar a Valdivia – acotó el abogado– a partir de que no supo explicar cómo así había llegado a través de sus manos a PAT y Carlos Mesa más de 800 mil dólares.” De acuerdo con la fiscalía, Itaca SRL no realizaba actividad comercial ni registraba movi-

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miento económico, sólo contaba con una cuenta bancaria de la cual no salieron los montos. Sin embargo, se utilizó el nombre de la compañía para hacer depósitos en favor de PAT. A partir de estos elementos, Mayta concluye que Mesa se negó en 2018 a servir como testigo en el juicio en Estados Unidos contra Sánchez de Lozada por la matanza de “octubre negro”, porque bajo juramento habría tenido que confesar el dinero que recibió. Diputados de distintas bancadas, por su parte, coinciden en que la candidatura de Mesa tiene como lastre los errores de su pasado neoliberal, en alusión también a las 67 muertes y al menos 400 heridos de la masacre ocurrida en la ciudad de El Alto. Con ese criterio coincidieron los legisladores del MAS-IPSP Lino Cárdenas y Romina Pérez, así como Víctor Gutiérrez, de la opositora Unidad Democrática. La Matanza de El Alto ocurrió cuando la población se lanzó a las calles en defensa de los recursos naturales bolivianos e impidieron que la administración de Sánchez de Lozada-Mesa exportara gas a Estados Unidos a través de puertos chilenos. En la campaña presidencial de cifras declinantes, según las estadísticas del candidato Carlos Mesa, octubre puede significar su llegada al noveno y último círculo del infierno, descrito por Dante Alighieri en su obra literaria. Sólo que si el vate pudo clasificar su periplo poético como “comedia” –Giovanni Bocaccio le añadió el calificativo de “divina”–, en el caso de Mesa parece que su carrera política avanza hacia una “maldita tragedia”, pues si hace 1 año al presentar su candidatura el pronóstico de intención de voto superaba las 39 unidades, hoy es apenas de 21.2 puntos sobre 100. El décimo mes del año trae tristes recuerdos a los ciudadanos de El Alto, quienes hace 16 años sufrieron una represión militar que dejó 67 muertos y 400 heridos, y la oportunidad de hacer justicia quedó frustrada por la negativa de Mesa a testificar contra el exmandatario Gonzalo Sánchez de Lozada, de cuyo gobierno fue vicepresidente. “Él tenía que aportar a la justicia simplemen-

te como testigo y no quiso ir, pero la respuesta es clara, él (Mesa) fue pagado por Sánchez de Lozada por más de 1 millón de dólares para ser candidato”, aseguró la diputada Betty Yañíquez. Evocó la legisladora del gobernante Movimiento al Socialismo denuncias de que Mesa cobró a Sánchez de Lozada 1.2 millones de dólares por figurar en la boleta electoral como aspirante a

El gobierno de Sánchez de Lozada perpetró, el 20 de septiembre de 2003, la llamada masacre de Warisata, con un saldo, seis muertos vicepresidente, y señaló que esa mancha en su moral le impidió testimoniar ante los jueces sobre la masacre. Calificó Yañíquez de “tenebrosa” la actitud de Mesa, candidato en la actualidad de la alianza Comunidad Ciudadana (CC), quien tras prometer justicia a los familiares de las víctimas del crimen se negó a prestar declaración. El gobierno de Sánchez de Lozada protagonizó el 20 de septiembre de 2003 la denominada “masacre de Warisata” bajo las órdenes del ministro de Defensa Carlos Sánchez Berzaín (también prófugo en Estados Unidos), con saldo de seis muertos. Al respecto, la senadora del Movimiento al Socialismo Máxima Apaza recordó que tras esos acontecimientos los movimientos sociales se movilizaron en las urbes de El Alto y La Paz contra la venta de gas por Chile hacia Estados Unidos “a precio de gallina muerta”, al decir de los bolivianos. Simultáneamente, reclamaban en las calles y con barricadas la industrialización de los hidrocarburos, a lo cual el gobierno del que Mesa era vicepresidente respondió con el denominado convoy de la muerte, que se abrió paso disparando contra la población por el mismo trayecto que

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los familiares de las víctimas, Thomas Becker, informó que en noviembre se realizará la audiencia oral presentada en contra del fallo emitido en mayo de 2018 por el juez James Conh, favorable a Sánchez de Lozada y su exministro de Defensa Sánchez Berzaín. “La Corte de Apelaciones del Circuito 11 de Florida aceptó nuestra apelación –confirmó el jurista–, y tenemos una audiencia en noviembre y vamos a presentar todos los argumentos que ya expusimos en el juicio.” Junto con ocho familias Becker logró colocar en el banquillo de los acusados al exgobernante y a Sánchez Berzaín en un juicio civil por el delito de ejecuciones extrajudiciales durante las protestas de 2003. Como parte de ese proceso, el jurado civil de Fort Lauderdale los consideró culpables del crimen, sin embargo, la sentencia pasó al juez

Represión policiaca de 2003, herida que no cierra

este 5 de octubre recorrieron los partidarios de CC en un acto proselitista. En relación con Mesa y su negativa a declarar en un juicio contra Sánchez de Lozada en la Corte Federal de Fort Lauderdale, Estados Unidos, Apaza reiteró que no concurrió por intereses mercantiles. Insistió en que primero hay que ser humano antes que mercantilista, y defender los derechos de los hermanos. Por su parte, el legislador por la opositora Unidad Democrática Wilson Santamaría recordó que tras la matanza, cuando ocupó la presidencia (2003-2005), el actual aspirante de CC prometió “ni perdón ni olvido” con respecto de la masacre denominada octubre negro. Sin embargo, deploró que ahora mantenga silencio sobre el dinero que habría recibido, y añadió que los alteños deben preguntarle dónde está la justicia prometida, asunto sobre el cual solo él puede responder. Para añadir más ingredientes a la tragedia política de Mesa, el 5 de octubre el abogado de 46

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Evo Morales, en contra de regresar al FMI a Bolivia

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Conh, quien libró del castigo al exmandatario impulsor del neoliberalismo en Bolivia y a su extitular de Defensa.

Mesa y el federalismo

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Una nueva contradicción surgió en la campaña presidencial de Carlos Mesa, después que el 4 de octubre en la protesta antigubernamental bajo la denominación de cabildo, el Comité Cívico de Santa Cruz propuso la federalización de ese departamento. De inmediato, el aspirante de CC sugirió un “debate abierto y sin miedo”, a lo cual respondió el ministro de Comunicación, Manuel Canelas, con un mensaje en su cuenta de Twitter. “Oportunismo y contradicción: Mesa dice que hay que debatir propuesta federalista sin miedo; mientras su socio Revilla rechaza esa medida por

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Bolivia. Mayor porcentaje poblacional indígena del continente

no estar en la CPE (Constitución Política del Estado)”, escribió el jefe de cartera. Canelas recordó la contradicción de Mesa al referirse a la posibilidad de realizar un nuevo estudio técnico, si llega a la presidencia, para definir si un porcentaje del yacimiento de gas de Incahuasi pertenece a Chuquisaca, pese a que una investigación científica demostró que plenamente corresponde a Santa Cruz. Posteriormente, ante las críticas de los cruceños, el exmandatario se retractó y dijo que no propuso un nuevo estudio. En relación con la iniciativa de federalismo, el alcalde de La Paz, líder del partido Soberanía y Libertad y aliado de Mesa en CC, Luis Revilla, sostuvo que esta forma de gobierno no está prevista en la Constitución Política del Estado Plurinacional. “Llevar adelante una discusión de esa naturaleza en este momento, además electoral, me parece muy complicado”, declaró Revilla a la prensa, como si quisiera alertar a su aliado de otro mal paso en su “maldita tragedia”.

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HÃ&#x2030;CTOR MIGUEL BADILLO

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MEGAPROYECTOS

TERRITORIOS INDÍGENAS TODAVÍA NO SON UN HECHO: INPI EN

Adelfo Regino –director del INPI– asegura que la “4T” no se construirá sobre los pueblos indígenas. Señala que el gobierno de AMLO revisará los artículos 27 y 115 de la Constitución y promoverá el cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés. Reconoce que los pueblos originarios aún no aprueban los megaproyectos de Morelos, Tren Maya y corredor Transístmico. También, que el narcotráﬁco asola regiones indígenas

ZÓSIMO CAMACHO

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“N

osotros vamos a respetar la voz, la voluntad, de los pueblos”, responde Adelfo Regino Montes, director del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), cuando se le cuestiona por la puesta en marcha del Proyecto Integral Morelos a pesar de la oposición de las comunidades indígenas afectadas. “Será la decisión de los pueblos y las propias comunidades las que orienten la actuación del gobierno de la República en éste y en otros casos”, insiste ante el señalamiento de que la “consulta” impulsada por el presidente de la República no contó con garantías para los pueblos. —Es decir, ¿hay posibilidades de que se detenga el Proyecto Integral Morelos? —Eso lo decidirán los pueblos. —Es que a los pueblos no se les consultó –se le hace la observación. —Por eso –se reacomoda en su asiento–.

“Será la decisión de los pueblos y las propias comunidades la que oriente la actuación del gobierno de la República en los casos de los megaproyectos” Tendrán que establecerse los mecanismos correspondientes. Guayabera blanca, pulsera artesanal, bigote ralo, casquete regular peinado a raya en medio y anteojos ligeros, el funcionario más importante del gobierno federal para el diálogo con los pueblos indígenas reconoce que la consulta a los pueblos de Morelos fue de carácter “ciudadano” y “no propiamente indígena”. También señala que los otros megaproyectos no son un hecho. Defiende el “proceso” de consulta que actualmente se lleva a cabo para la realización del corredor transístmico: declara que es acorde con lo que establece el Convenio 169 de la Organización del Trabajo (OIT); y dice que el Instituto que encabeza ha pedido al Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) que establezca un diálogo con las comunidades afectadas antes de que inicien los trabajos para la construcción del llamado “Tren Maya”.

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Para el abogado oaxaqueño de origen ayuuk (o mixe), por primera vez en la historia el Estado mexicano está dispuesto a escuchar a los pueblos indígenas. Asegura que, luego de las consultas del Foro Nacional de los Pueblos Indígenas y Afromexicano, se buscará modificar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en específico el Artículo 27 –correspondiente a la posesión colectiva de la tierra– y el 115 –sobre los gobiernos en los municipios–. Dice que con ello se buscará hacer realidad el respeto a los Acuerdos de San Andrés Sakamch’en de los Pobres (o Larráinzar), firmados entre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y el gobierno federal el 16 de febrero de 1996. Estos acuerdos contaron con el aval de los pueblos, tribus y naciones indígena convocadas por los zapatistas y que se constituirían después en el Congreso Nacional Indígena (CNI). Lamenta la violencia generada por el narcotráfico en decenas de regiones indígenas de toda la geografía mexicana. Dice que respeta las maneras en que los pueblos indígenas se están defendiendo, a través de policías comunitarias, guardias comunales, autodefensas o rondas comunitarias; pero señala que lo más importante es la organización colectiva pacífica. Además, saluda la construcción de nuevos caracoles zapatistas fuera del perímetro que se estableció en el zedillismo y asegura que el gobierno de López Obrador estaría dispuesto a respetar esta forma de organización, de aparecer en otras entidades de la República. De hablar pausado, reflexivo, Adelfo Regino dice que nunca como ahora los pueblos indígenas participan en las decisiones del país. Señala que las otras transformaciones de la nación –la Independencia, la Reforma y la Revolución– se hicieron sobre los pueblos indígenas. Destaca los aportes de las comunidades originarias a estos movimientos sociales. Ejemplifica con el aporte del indígena na’saavi (o mixteco) José Remigio Sarabia Rojas, mejor conocido como el Indio de Nuyoo (por ser originario del pueblo de Santiago Nuyoo), que gracias a sus habilidades y conocimientos tradicionales burló el sitio que te-

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MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO

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nían los realistas en Huajuapan de León sobre los insurgentes. “Y cuando se decreta la Independencia de México y se expide la primera Constitución, la de 1824, lamentablemente no hay ni siquiera una mención a los pueblos indígenas en la Constitución del nacimiento del Estado mexicano.” En los movimientos de la Reforma (18571972) y de la Revolución (1910-1923) ocurrió lo mismo. “Y, bueno, en la Constitución de 1917 tampoco hubo una referencia explícita a los pueblos indígenas, sin desconocer los avances que se logran en la reforma al Artículo 27, con el reconocimiento de la propiedad comunal y ejidal de la tierra. Como todos sabemos, la propiedad comunal es una propiedad ancestral de nuestros pueblos, de nuestras comunidades. No se hizo más que un reconocimiento de estas formas colectivas de propiedad. Y la reivindicación del municipio libre.” —Cómo se garantiza en esta pretendida “cuarta transformación” que los pueblos indíge-

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Movimientos indígenas, divididos entre el apoyo y el rechazo a la “cuarta transformación”

nas no sean despojados y violentados de nueva cuenta –se le pregunta. —En este gobierno de Andrés Manuel López Obrador se dará un reconocimiento efectivo a los pueblos indígenas en la vida nacional. Y no sólo me refiero a la estatalidad, al reconocimiento en las instancias formales del Estado mexicano, sino también tendríamos que preguntarnos [por] el reconocimiento de nuestros pueblos, de nuestras comunidades, en las diversas esferas de la vida social, donde lamentablemente se han arraigado fenómenos como la discriminación y el racismo, que trasciende las fronteras estatales. La discriminación y el racismo se ven en la tienda de la esquina, en el [Sistema de Transporte Colectivo] Metro, en la calle, en la plaza. Es un fenómeno muy arraigado en diversas esferas de la sociedad. Por eso el gran desafío que tenemos como país, como México: cómo, por un lado, reconocemos a nuestros pueblos indígenas, a nuestras comunidades indígenas y afromexicanas en las estructuras jurídicas, políticas y económicas del Estado mexi-

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cano, y por el otro, en la dinámica de la vida social; en esto que nos hace ser mexicanos y mexicanas y que lamentablemente todavía tenemos esta carga, esta deuda histórica con estas colectividades que dieron origen a esta patria. —Te referías al Artículo 27 de la Constitución de 1917; pero hoy es distinto, pues fue reformado por el gobierno de Carlos Salinas de Gortari y ya no otorga certeza a la propiedad comunal de la tierra para los pueblos originarios. ¿Hay alguna intención de este gobierno para reformarlo y devolverle la esencia de la Revolución Mexicana? —La punta de lanza del neoliberalismo fue el desmantelamiento de la comunidad y del ejido. Y aquí jugó un papel clave la reforma que hizo Carlos Salinas de Gortari y el entonces Congreso de la Unión al Artículo 27, la abrogación de la entonces Ley Federal de Reforma Agraria y la emisión de la Ley Agraria que hoy está vigente. Ese fue el parteaguas del conjunto de políticas neoliberales que hemos visto en las últimas décadas. Por eso nosotros, convencidos de esta situación, hemos iniciado un amplio proceso de diálogo y consulta con los 68 pueblos indígenas de nuestro país y con el pueblo afromexicano. De hecho, acabamos de concluir un proceso de alrededor de 54 foros en todo el país y un foro nacional. El propósito de estos foros es escuchar la voz de nuestros pueblos, comunidades, porque a partir de ella es que queremos, como gobierno de la República, un conjunto de iniciativas para reformar nuestra Constitución y nuestras leyes y que se reconozcan plenamente los derechos de los pueblos indígenas. Esto va a implicar una reforma al Artículo Segundo y al 27 de la Constitución para reconocer los derechos de los pueblos indígenas, incluido el derecho a la tierra, al territorio, a los recursos naturales.Va a implicar una revisión al Artículo 115 para reconocer la figura del municipio indígena y la elección de nuestras autoridades a través de asambleas comunitarias, como ocurre en 417 municipios indígenas de Oaxaca, como ha ocurrido recientemente en el municipio purépecha de Cherán, en Michoacán, o el caso de Ayutla de los Libres, en Guerrero, o recientemente las elecciones por usos y costumbres en Ox-

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Samir Flores, opositor al Proyecto Integral Morelos, primer liderazgo indígena asesinado durante

chuc [Chiapas]. Justamente a esta pregunta que haces atiende este proceso de diálogo y consulta. Atiende a la necesidad de revisar nuestro marco constitucional, reconocer plenamente los derechos de los pueblos indígenas y sobre esa base revisar las leyes secundarias que han sido muy nocivas para nuestros pueblos y nuestras comunidades. —Cómo se seleccionó a los representantes de los pueblos indígenas que participaron en el Foro convocado por el gobierno federal a través del INPI. El Congreso Nacional Indígena (CNI) por ejemplo, no participó –se le hace notar. —Nosotros hicimos una regionalización, basados en los 68 pueblos indígenas del país, y también por primera vez en la historia se hizo una consulta a nuestros hermanos afromexicanos, y a partir de esta regionalización fue que se hizo una amplia convocatoria a nuestras autoridades municipales, agrarias y tradicionales. Porque según el Convenio 169 de la OIT, en este proceso de consulta se ha establecido el estándar de escu-

esinado durante el sexenio de López Obrador

char a las instituciones representativas de nuestros pueblos y nuestras comunidades. Y sin duda alguna nuestras instituciones representativas son nuestras autoridades municipales, comunitarias y tradicionales que existen de manera histórica. Un ejemplo, el caso de Oaxaca. Convocamos a todas las autoridades municipales indígenas de estos 417 municipios indígenas; convocamos a las autoridades comunitarias, a los agentes municipales, a las autoridades comunales, es decir, a toda la amplia gama de todas las instituciones representativas de nuestros pueblos y comunidades indígenas. En el norte del país convocamos, por ejemplo, a nuestros gobernadores indígenas: en la región rarámuri los gobernadores indígenas son nombrados en el contexto de la organización tradicional del pueblo rarámuri. Son las instituciones representativas quienes fueron convocados en este proceso de consulta. Participaron más de 27 mil instituciones, autoridades representativas de nuestros pueblos y de nuestras comunidades. Esto ha sido un proceso incluyente. Nosotros no

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hemos excluido a nadie. Han sido convocados todos. Quienes han llegado, han participado, han dicho su palabra con absoluta libertad. Y desde luego que nosotros como autoridad responsable de este proceso de consulta junto con la Secretaría de Gobernación, hemos procurado que éste sea un diálogo plural, abierto en el que todas las voces y las opiniones han sido escuchadas y debidamente recogidas. —A qué acuerdo llegaron; cuál va a ser la demanda o las demandas. —Uno es el reconocimiento de nuestros pueblos y comunidades como sujetos de derechos público. Hoy lamentablemente la Constitución reconoce a nuestros pueblos y a nuestras comunidades como sujetos de interés público, como si fuéramos objeto, un asunto, una materia. Bueno, hoy los pueblos plantean ser reconocidos como sujetos plenos de sus propios derechos, de sus propias decisiones, de su propio desarrollo e historia. Éste es un consenso muy claro a lo largo y ancho de todo el territorio nacional. Desde luego se deriva de éstos el reconocimiento de mecanismos específicos para el ejercicio de la autonomía indígena, ya sea a nivel comunitario y a nivel municipal. Y, desde luego, la posibilidad de que los pueblos, donde así existan las condiciones, se puedan organizar regionalmente también para ejercer su autonomía. Un tercero tendría que ver con el reconocimiento de sus tierras, de sus territorios, de sus recursos naturales; esta biodiversidad que representan las regiones indígenas de nuestro país es algo que ha emergido en este proceso y que es algo que hay que proteger, salvaguardar, para las generaciones presentes y futuras. Otro tema importante es la protección del patrimonio biocultural que a menudo está sujeto a amenazas. Hemos visto historias de robo, de plagio, de saqueo, de los diseños, de las creaciones artísticas de nuestros pueblos. Y que a menudo no están protegidos porque nos enfrentamos también ante un régimen de propiedad intelectual individual.Y tenemos que pasar a un régimen de propiedad intelectual colectiva. Son algunos de los temas fundamentales que han emergido en este proceso de consulta. Son reclamos muy

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MARGARITO PÉREZ RETANA CUARTOSCURO.

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Istmo de Tehuantepec, proyecto largamente anhelado por la iniciativa privada. Al centro, el presidente López Obrador con el empresario más acaudalado de México, Carlos Slim

legítimos que el Estado debe atender con toda responsabilidad. —En los acuerdos de San Andrés se reconocía la autonomía indígena. ¿Se retoman? ¿Hasta dónde? —Sí, sí, se retoman porque es muy simple, además. Las demandas y reclamos de los pueblos indígenas siguen siendo los mismos. Las causas ahí están. Y las reivindicaciones están vigentes. De modo que esta palabra colectiva que ha surgido de este proceso de diálogo y consulta retoma en muchos sentidos el espíritu de los Acuerdos de San Andrés. Son acuerdos que el Estado mexicano tiene que respetar y reconocer. Y en este sentido el proceso de diálogo y consulta ha recogido estos importantes planteamientos. —¿Qué voluntad política tiene realmente el presidente de la República y el gobierno para en verdad cumplir los Acuerdos de San Andrés más allá del discurso? —Bueno, en ese sentido el señor presidente de la República ha expresado su voluntad de

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reconocer los derechos de los pueblos indígenas, de atender los planteamientos históricos de nuestros pueblos y nuestras comunidades. Él ha manifestado con mucha claridad que habrá una preferencia especial a nuestros pueblos y comunidades indígenas. Y creo que esto [el Foro] es una señal muy clara de parte de él y de quienes lo acompañamos, de que existe la voluntad política de avanzar, por un lado, en el reconocimiento de sus legítimos reclamos, de sus legítimas reivindicaciones; y por el otro, en la implementación de políticas y programas específicos en la materia. —Hay algo que ha preocupado a las comunidades indígenas: las “consultas” para hacer megaproyectos. Está el caso del Plan Integral Morelos que además dicho proyecto costó la vida a un dirigente muy sentido en el Congreso Nacional Indígena, Samir Flores. ¿El INPI ha seguido de cerca el asunto? —Lo que se hizo en el caso de este proyecto, que es más un proyecto anterior que de este gobierno de López Obrador, es una consulta ciuda-

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dana y no una consulta propiamente indígena. Hay que distinguir entre la figura de la consulta indígena y la consulta ciudadana. Las consultas indígenas están dirigidas a un sujeto colectivo; en tanto, las consultas ciudadanas están dirigidas a ciudadanos en lo individual, en lo particular. Tienen métodos y formas distintas.Y como lo expresó el presidente de la República, nosotros vamos a respetar la voz, la voluntad, de los pueblos. Entendemos que hay unos amparos que han sido interpuestos por estas comunidades. Entendemos que hay suspensiones de carácter provisional en estos asuntos y nosotros tenemos que ser también respetuosos de las leyes.Y será la decisión de los pueblos y de las propias comunidades la que va a orientar la actuación del gobierno de la república en éste y en otros casos. El sentido común nos indica que no vamos a imponer nada, por lo menos en lo que concierne al ámbito de atribuciones del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Nosotros tenemos que ser respetuosos de la voluntad popular y, desde luego, tenemos que cumplir con las obligaciones legales que tenemos en la materia. Reitera que la decisión sobre el destino de ese megaproyecto la tendrán los pueblos indígenas de Morelos. Explica que podrían realizarse nuevas consultas. “Tendrán que establecerse los mecanismos correspondientes. Esto derivado seguramente del mandato judicial, porque entiendo que hay amparos, hay un proceso judicial en la materia y, bueno, nosotros como Instituto estamos en la mejor disposición de contribuir a que se dé un ambiente de diálogo y consulta con estas comunidades y que sus voces sean escuchadas y respetadas”. —¿Se podría impulsar ahí una consulta atendiendo a lo que marca el Convenio 169 de la OIT? —Eso tendrá que determinarlo una autoridad judicial porque, repito, estamos frente a hechos consumados. Una de las características de la consulta es su carácter previo. Y en este caso estamos frente a una obra que se hizo en el sexenio pasado. Entonces, en ese sentido, la instancia jurisdiccional correspondiente tendrá que reflexionar y emitir su veredicto: qué tipo de consulta ten-

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dría que implementarse en este caso específico, y desde luego que el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas está en la mejor disposición de contribuir en el ámbito de nuestras atribuciones y facultades. —Otros de los megaproyectos son el del Istmo de Tehuantepec, que pretende atravesar territorios indígenas desde Salina Cruz, Oaxaca, hasta Coatzacoalcos, Veracruz, y el de Tren Maya, para la Península de Yucatán: Tabasco, Yucatán, Campeche, Quintana Roo y Chiapas. ¿Habrá consulta con las características del convenio 169 de la OIT? —En el caso del programa de desarrollo del Istmo de Tehuantepec se ha iniciado un proceso de diálogo y consulta desde marzo. Hemos tenido siete asambleas regionales de consulta para justamente escuchar a voz de nuestras autoridades, de nuestras instituciones representativas de los pueblos indígenas que existen tanto en Oa-

“Habrá consultas específicas cuando así se requiera, donde haya alguna afectación específica. En ese sentido, se está cumpliendo con lo que la ley establece” xaca como en Veracruz. Es un proceso al que estamos dando seguimiento. Ha habido asambleas de seguimiento en junio. Tendremos más en los próximos meses. Se ha iniciado este proceso de diálogo y consulta con relación al programa de desarrollo integral del Istmo de Tehuantepec. —¿Y cumplen estas consultas con lo señalado por el Convenio 169 de la OIT? —Habrá consultas específicas, cuando así se requiera, donde haya alguna afectación específica. En ese sentido, se está cumpliendo con lo que la Ley establece. Y también con la propia demanda de nuestros pueblos y nuestras comunidades. Con relación a este otro proyecto del Tren Maya, nosotros hemos hecho llegar nuestra opinión al Fonatur, que es la instancia responsable de este programa para que se pueda, desde luego, impulsar un proceso de diálogo y consulta. Nosotros pensamos que en un país como el que queremos construir todos los mexicanos es muy importan-

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te escuchar la voz de nuestros pueblos y comunidades. —Pero los pueblos aún no han dado su aval y el presidente ya los da por hecho. Ni siquiera ha aceptado realizar una consulta como lo marca el Convenio 169 de la OIT. —En el caso del programa de desarrollo del Istmo de Tehuantepec, lo estamos haciendo así. Estamos cumpliendo con la norma del artículo sexto del Convenio 169 de la OIT. También hay que decirlo, es una norma genérica. Por eso hemos tenido que hacer un protocolo, porque lamentablemente como país no tenemos una legislación específica en la materia. Por eso justamente queremos hacer la reforma constitucional y legal, porque México adolece de una legislación específica en la materia. Es un tema que tenemos que trabajar y construir.Y en el caso del Tren Maya, nosotros estamos muy atentos a la decisión que tome el Fonatur para poder realizar el proceso correspondiente. —Hay comunidades indígenas asoladas por el narcotráfico. La violencia no es un asunto que nada más golpee a las comunidades indígenas, pero para ellas muchas veces los golpes son más atroces y, además, ni siquiera alcanzan visibilidad. Están las comunidades yoremes, de Sonora, bajo el fuego de los Cárteles de Sinaloa y de Juárez, o las comunidades nahuas de la Montaña de Guerrero, bajo el acoso de Los Ardillos. Qué política hay para atender el asunto de la seguridad en las comunidades indígenas. —Sí, es un tema que nos preocupa.Yo señalaría el caso de la región rarámuri, que es un tema extremadamente delicado porque además ha implicado desplazamientos hacia Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, Ciudad Juárez; ha implicado el asesinato de líderes y autoridades indígenas. Es un drama la situación que viven estos pueblos y que justamente ocurre porque hay un marco normativo y constitucional que se olvidó, que fue indiferente, ante los reclamos de los pueblos y las comunidades, y que generó vacíos. Estos vacíos fueron llenados por poderes fácticos, incluidos los de la delincuencia organizada. Ésa es una lamentable situación que viven algunas de las

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Violencia imparable en comunidades indígenas. En la imagen, enfretamiento en la Mntaña baja de

regiones indígenas de nuestro país. Por eso para nosotros es importante tener una política integral en donde, en primer término, tenemos que reconocer las propias capacidades de los pueblos indígenas para el gobierno, para la organización, reconocer sus autoridades tradicionales. Esto es fundamental. Y, por otro lado, reconocer también los propios sistemas de mantenimiento de la paz y la seguridad de nuestros pueblos y que éstos puedan entrar también en un marco de coordinación con las instancias estatales y federales en materia de seguridad pública y mantenimiento de la paz. Pero tenemos que partir de la premisa de que nuestros propios pueblos tienen esa capacidad, esa fortaleza, como ya ocurre: yo vengo de una región donde prácticamente no hay policía del estado ni Ejército. Yo vengo de la región mixe, de la sierra norte de Oaxaca, y nosotros tenemos nuestros topiles, nuestros mayores, nuestra organización comunitaria. Es lo que nos garantiza paz y tranquilidad. Gracias a esta organización comunitaria la delincuencia organizada no ha podido

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Mntaña baja de Guerrero

penetrar. Hay una organización comunitaria muy sólida no de hace un año ni de hace 20, sino de miles de años, donde la fortaleza de la asamblea comunitaria, el sistema de cargos, el servicio comunitario, es decir, una estructura de organización comunitaria que permite que los municipios y las comunidades de la sierra norte de Oaxaca mantengan sus propias formas de gobierno y sus propias instituciones de paz y seguridad. Este ejemplo se puede replicar en otras partes del país, particularmente en estas regiones como la Montaña de Guerrero, como la región rarámuri, la costa de Michoacán, esta parte de Sonora que señalas, entre otras regiones indígenas. Esto aunado a la importancia de que también haya políticas públicas que apoyen a nuestra juventud a través de la educación, de oportunidades de empleo y que se pueda combatir este lacerante fenómeno de la violencia y la inseguridad. —¿Respetará el gobierno estas instituciones como las policías comunitarias, las rondas comunitarias, las guardias comunales? Algunas de estas

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expresiones han tenido que prepararse para enfrentar al narcotráfico y defender a sus comunidades. —Estamos trabajando en eso. Pero incluso yo diría algo que va más allá de eso: la organización comunitaria. Esa es la clave, porque cuando hay organización comunitaria, una comunidad no necesita un arma, basta con la fuerza moral de las autoridades, con la fortaleza y la capacidad de entendimiento entre las ciudadanas y los ciudadanos. Hay lugares, me refiero concretamente a Oaxaca, donde no vemos un arma, pero quien llega ahí tiene absoluta seguridad en su vida y sus bienes. Y esto es algo que el país necesita tener presente, porque tendemos a asociar el tema de la seguridad con más policías, más Ejército, más fuerza pública. Y no necesariamente es así. Yo no niego eso [la capacidad de las comunidades indígenas para crear instituciones que les den seguridad], pero el tema de la seguridad y la paz es un tema de todos los ciudadanos. Es un tema que debe asumir la ciudadanía como una cuestión colectiva, como una responsabilidad que tenemos todas y todos los mexicanos. Parte de la transformación que requiere este país es que tenemos que cambiar también nuestra percepción, nuestra concepción de temas tan importantes como gobierno, paz, seguridad. Y verlo como una cuestión de la ciudadanía. —La Guardia Nacional ha iniciado el despliegue más grande en la historia del país. Resulta que se está desplegado muchísimo en zonas indígenas. Chiapas, por ejemplo, después de la Ciudad de México y el Estado de México, es la entidad donde más elementos hay en este momento. —Nosotros no podemos llegar a una comunidad sin la autorización, sin el consentimiento, en un marco de coordinación, de respeto y de respeto a los derechos humanos. Esto es una premisa fundamental. El señor presidente de la República ha sido muy enfático en señalar que no se va a usar al Ejército o a la fuerza pública para lastimar los derechos de los ciudadanos o afectar los intereses de la ciudadanía. Muy por el contrario, cuando se habla de la Guardia Nacional es justamente a partir de cómo se salvaguarda la

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integridad y los bienes de todos los mexicanos. Y desde luego que el caso de los pueblos indígenas tiene que hacerse en un marco de coordinación con nuestras autoridades, con las autoridades comunitarias y, desde luego, salvaguardando los derechos humanos de todas y de todos. —¿Sembrando Vida realmente funciona para las comunidades indígenas? Las comunidades tienen otro sistema más ligado al sistema de producción de la milpa. Pareciera que ahora se trata de promover monocultivos y de cambiar la vocación de las tierras. —La información que tengo, además porque me ha tocado participar, es que lo primero que se hace en una comunidad o en un ejido es platicar con la asamblea. Y es la asamblea, ya sea comunal o ejidal, quien determina, primero, si se acepta o no el programa; y a ese respeto hay actas de asamblea que se han elaborado. Y, en segundo lugar, es la propia gente: los propios

“Nosotros reconocemos y respetamos el trabajo que han estado haciendo los zapatistas. Al final del día es trabajar por por nuestra gente, la más humilde del país” comuneros y ejidatarios quienes determinan qué tipo de árboles, qué tipo de árboles frutales o maderables se implementa. —¿No se les impondrán los tipos de árboles que se sembrarán? —No Alguien decía, por ejemplo, que iba a llegar el eucalipto, este tipo de maderas, y eso no es así. Lo que se está haciendo es cómo se aprovechan los propios árboles que hay en la comunidad. Incluso nosotros hemos sugerido que esto se dé en un contexto de la milpa, donde hay una asociación de cultivos.Yo puedo hablar de la experiencia que traigo. En Oaxaca tenemos experiencias de milpa asociadas al maguey, esto derivado del boom que hay ahora del mezcal; entonces tiene los compañeros sus magueyes y en medio van sembrando la milpa. O en las partes altas, sus árboles frutales, como la pera, la manzana, el durazno. Están los árboles frutales y está la milpa, está el maíz, el frijol, la calabaza. Existen muchas

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formas en que estos árboles maderables o frutales se pueden asociar incluso con la milpa. Nosotros hemos procurado que en el marco de este programa se tome en cuenta esta perspectiva, porque creo que fortalece lo que de por sí hace nuestra gente. Y no tienes que esperarte 20 o 30 años a que esté el árbol, sino que esto hay que verlo como un proceso permanente. Y en donde el espíritu de este programa es que el campesino, la campesina, el comunero, el ejidatario, tenga un ingreso. Y al tiempo que se resuelve un problema de corto plazo, también se pueda resolver un problema de mediano y largo plazo. Ese es el espíritu del programa y se está implementando en el un marco de respeto a las propias decisiones de las comunidades y de los ejidos. Esto es fundamental porque de otro modo ningún programa tendría sostenibilidad y ni siquiera aceptación en ninguna comunidad o pueblo indígena. Otro ejemplo que está funcionando en Oaxaca es el del programa de Caminos Pavimentados hacia las cabeceras municipales indígenas. Y lo primero que hemos hecho esta institución y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes es reunirnos con la asamblea y que sea la asamblea la que determine, la que diga si quiere o no ese camino. Si la asamblea nos dice que no, no puedes tú hacer la obra porque la premisa de la obra es que lo haga la propia comunidad. El recurso se le asigna a la autoridad municipal. La asamblea nombra un Comité de Caminos y así se hace la obra. Si la asamblea dice que no, sencillamente no se hace. Pero si la asamblea dice que sí están dispuestos a participar, pues el programa se puede realizar, como está sucediendo con 45 municipios indígenas de Oaxaca. Y a la brevedad estaremos incorporando a este programa otros 59 municipios. —Hace unas semanas anunció el EZLN que ha salido del perímetro que tenia delimitado desde la época de Ernesto Zedillo. Ha rebasado el cerco militar y ha construido nuevos Caracoles en Chiapas. Qué posición tiene el INPI ante este hecho. —El que ha manifestado el señor presidente de la República. Nosotros reconocemos el trabajo que han estado haciendo [los zapatistas].

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ANDREA MURCIA/CUARTOSCURO

ENTREVISTA

El Congreso Nacional Indígena no participó en el Foro Indígena del nuevo gobierno. En la imagen, concejalas y activistas.

Es importante que el gobierno de México reconozca y respete estos procesos en las que están estas comunidades, porque se trata al final del día de trabajar por nuestra gente, por la gente más humilde este país, y que existan los medios para poder atender las causas de la pobreza, de la marginación que existen en amplias regiones indígenas de nuestro país. Es una iniciativa que merece nuestro reconocimiento y respeto. —¿Será el mismo reconocimiento y respeto para otros esfuerzos del Congreso Nacional Indígena en otros estados de la República o para incluso una eventual creación de Caracoles fuera de Chiapas? —Pues... nosotros respetamos los procesos de nuestros pueblos. Yo debo decirte que los procesos de los pueblos indígenas son diversos. Son 68 pueblos indígenas que no existen de hace 20, 30, 40 años, son pueblos milenarios, son pueblos sabios, son pueblos que en uso de su libre determinación van a construir sus propios procesos de autonomía, como lo hemos hecho en

Oaxaca. Quizás poco se habla de eso, pero son 417 municipios indígenas que hay en Oaxaca, que eligen a sus autoridades en asamblea comunitaria, que tienen un sistema de cargos, que tienen el servicio comunitario, la ayuda mutua, el tequio. Ahí están nuestros pueblos. Es un ejemplo de autonomía y de organización para este país. Lo mismo podemos decir de las comunidades del norte: el pueblo Yaqui, el pueblo rarámuri, es decir, las formas en las que los pueblos indígenas ejercen su autonomía a lo largo y ancho del territorio nacional son formas variadas. Yo no uniformaría. La naturaleza misma de nuestros pueblos indígenas es que es una naturaleza diversa. Y como gobierno, nosotros tenemos que reconocer y garantizar estos procesos diversos en los que se encuentran los pueblos indígenas de México. Por eso el señor presidente de la República y su servidor expresamos nuestro reconocimiento y nuestro respeto a estas diversas formas de organización que tienen nuestros pueblos y nuestras comunidades a lo largo y ancho del territorio nacional.

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LAS CUATRO FÁBRICAS DE LA EVASIÓN MUNDIAL América Latina tiene un 27 poer ciento de la riqueza privada registrada en guaridas fiscales, pero poco se ha hecho para regular regionalmente la evasión tributaria. Los reputados y famosos asesores tributarios multinacionales encargados de evadir masivamente al fisco son: Ernst & Young, Deloitte, Price WaterCorp y KPMG

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NICOLÁS OLIVA, MAESTTRO EN ECONOMÍA DEL DESARROLLO POR LA FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES Y MAESTRO EN ECONOMÍA APLICADA POR LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA/CENTRO ESTRATÉGICO LATINOAMERICANO DE GEOPOLÍTICA (CELAG)

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a riqueza oculta en paraísos fiscales sube como la espuma y no hay acuerdo para detenerla. Para 2012, la Tax Justice Network estimaba que existían, al menos, 31 billones [1] de dólares en activos financieros en paraísos fiscales (un tercio del producto interno bruto, PIB, mundial). Cálculos recientes hablan de 36 billones de riqueza oculta y una pérdida en impuestos que alcanza los 200 mil millones por año [2]. Según un estudio de 2017, 12 billones de Inversión Extranjera Directa a nivel mundial –40 por ciento del total– es ficticia y pasa por empresas fantasma domiciliadas, casi siempre, en un paraíso fiscal [3]. La evasión y la planificación fiscal agresiva [4]es un negocio en sí mismo y nunca se habría consolidado sin una compleja arquitectura financiera, legal y societaria a nivel global. Por ello, el otro engranaje de esta problemática son las prácticas corporativas de las cuatro grandes consultoras en materia fiscal, los famosos asesores tributarios multinacionales: Ernst & Young (E&Y), Deloitte, Price WaterCorp (PWC) y KPMG. Las revelaciones de los acuerdos de Luxemburgo en 2014 confirmaron lo que ya el mundo sospechaba: las cuatro empresas son las grandes fábricas de la evasión mundial. Se develó cómo forjaban tratos en secreto entre el Gran Ducado y los contribuyentes para facilitar que cientos de empresas transnacionales escapen de la tributación y se refugien en esta guarida fiscal. Por ejemplo, se demostró que desde 2009 E&Y asesoró a Disney para crear empresas subsidiarias luxemburguesas de tal forma que miles de millones de dólares tributen a tasas inferiores al 1 por ciento. En los documentos revelados se expuso que las cuatro corporaciones eran parte de esta red de tratos; además, al ser consultadas por el tema se rehusaron a contestar preguntas concretas y se limita-

ron a decir que cumplen con los códigos de ética y la legislación de la jurisdicción. Al presidente de la Comisión Europea y exprimer ministro luxemburgués, Jean-Claude Junker, no le quedó otra opción que confirmar que el Gran Ducado “no siempre ha estado en un esquema tan correcto de justicia fiscal”. Las alarmas sobre Luxemburgo –y, en su momento, Panamá– cubren los diarios y provocan efímeros golpes de pecho en líderes mundiales. Pero ¿cómo regular a estos cuatro grandes arquitectos de la evasión? Un silencio cómplice cubre la disputa de la evasión internacional, pues es conveniente minimizar el hecho de que las reglas y las estrategias de planificación fiscal se originan desde estas cuatro grandes fábricas de evasión mundial.

La situación a finales del siglo XX En 2002 la organización New Economics Foundation publicó un informe [5] que describe cómo el capitalismo global y el ascenso de la “corporatocracia” habían dado origen al increíble poder que amasan los asesores contables. A finales del siglo XX cinco empresas (las cuatro anteriores más Andersen AA) controlaban a nivel mundial el negocio de la asesoría contable y tributaria. Para finales de siglo las cinco generaban más de 65 mil millones de dólares en ingresos, tenían una planta de empleados de más de medio millón de personas, estaban en más de 140 países y asesoraban a las empresas más grandes del mundo (ver tabla 1). En pocas décadas se convirtieron en juez y parte del negocio de la auditoría; se cristianizaron como los auditores internos y, al mismo tiempo, eran asesores contables y tributarios de los mismos clientes, haciendo el conflicto de intereses cada vez más evidente. Para agravar, poco a poco comenzaron a ejercer un importante po-

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der de lobby en los gobiernos para que se aprueben leyes que favorezcan sus prácticas y a sus clientes. Ya para el año 2000 habían construido un triángulo de poder que hacía muy difícil para el mundo reducir la probabilidad de fraude corporativo y de delitos de evasión tributaria. El descalabro del gigante energético ENRON, en 2001, develaba un castillo de poder y ocultamiento que se había forjado en las entrañas de los grandes asesores contables y que arrastraba a la auditora Andersen

a la banca rota –como encubridor de la estafa de ENRON–. Otros casos de quiebras, como la del Banco Internacional de Crédito y Comercio (BCCI) y el “Barings Bank”, mostraron el rol de estos grandes auditores para coludir y crear un velo de opacidad, al cual supuestamente estaban abocados a evitar. Ya para finales de la década de 1990 el problema era tan evidente que la revista The Economist llegó a declarar: “los cinco grandes son, en efecto, la oficina trasera de los mercados globales”.

La situación actual Pronto se cumplirán 20 años del mencionado informe, y nada ha cambiado desde entonces. Todo está peor. En 2017 la Izquierda Unida Confederada y la Izquierda Verde Nórdica (GUE/ NGL) publicaron un nuevo informe sobre la opacidad de las cuatro empresas [6], reflotando el debate sobre su poder y el efecto sobre el capitalismo mundial. Han encontrado que estas corporaciones funcionan en 186 jurisdicciones alrededor del mundo y tiene oficinas en 43 de los 53 territorios considerados paraísos fiscales o regímenes secretos. Además, para 2016, trabajaban más de 800 mil empleados, de los cuales la mayoría trabajan en Luxemburgo, Islas Caimán y las Bermudas. La otra característica medular es que las cuatro aplican una estrategia de desconcentración de su estructura de dirección en cada jurisdicción para que, de cara a la legislación de cada territorio, aparezcan como una red de empresas subsidiarias “independientes”. No obstante, se sospecha que estas subsidiarias son tentáculos de un sólo gran poder corporativo. Esta estrategia de supuesta desconcentración les ayuda a reducir y acotar los riesgos legales y proteger a sus clientes. Como dice el refrán, siempre es mejor parecer cabeza de ratón que cola del león.

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Delito tolerado, cuando se trata de las

En la actualidad, estas cuatro son un oligopolio de la opacidad financiera y corporativa. Según el informe de GUE/ NGL, estas empresas generan un ingreso anual de 127 mil millones de dólares, de los cuales un 36 por ciento se genera por actividades de auditoría, 41 por ciento por servicios de asesoría y el 23 por ciento por asesoría tributaria (tabla 2). El mismo informe señala que la empresa que les sigue en tamaño, BDO, no llega ni a 8 mil millones de dólares en ingresos anuales. Las consecuencias de la evasión para el planeta son enormes, pero los países en desarrollo padecen con mayor intensidad sus consecuencias por la urgencia que tienen esos recursos perdidos que no llegan a generar bienestar social.

América Latina

más grandes empresas

América Latina es campeón mundial en ocultamiento de riqueza: se lleva el primer lugar, con un 27 por ciento de la riqueza privada registrada en guaridas fiscales. Esta pérdida de divisas y capitales se expresa, entre muchas otras formas, en los flujos financieros ilícitos que salen de la región. En una economía global los flujos financieros son el mecanismo que refleja la extracción de rentas desde los países hacia las empresas multinacionales y los beneficiarios efectivos del capital. Recién en 2015 la Organización de las Naciones Unidas, en su Agenda 2030, se propuso reducir de manera significativa los flujos financieros ilícitos hacia el año 2030 (objetivo 16.4) [7].

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Evesión y lavado de dinero, vinculados al nartcotráfico

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La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) estima que en 2013 en la región salieron de forma ilícita cerca de 100 mil millones de dólares; entre 2004 y 2013 se estima un valor acumulado de 765 mil millones de dólares (1.8 por ciento del PIB regional) [8]. Las cifras de la Cepal deben ser tomadas como un piso pues la gran cantidad de opacidad sobre las operaciones y la transparencia corporativa dan a entender que las magnitudes de los flujos financieros ilícitos son aún muy subestimadas y van en aumento. Después de África, América Latina es el continente más vulnerable, según la Cepal. Según la estimación de Global Financial Integrity (GFI, por su sigla en inglés) en 2015 salieron de América Latina 91 mil millones en flujos ilícitos [9], de los

cuales el 47 por ciento estuvo concentrado en México, 13 por ciento en Brasil, 8 por ciento en Colombia, 5 por ciento en Chile y un 4 por ciento en Honduras y Venezuela. Coon respecto del peso de estos flujos en relación con el comercio de cada país, Centroamérica es la región más vulnerable: los flujos de salida representan en promedio el 16 por ciento del comercio de esos países. Sudamérica alcanza el 11 por ciento y México, por sí solo, reporta un 6.8 por ciento. Existen pocas posibilidades de que los países de la región regulen individualmente a este torrente de recursos que fugan de América Latina. Un acuerdo regional por la transparencia y la regulación deber ser el camino a seguir. Es impresionante lo poco que se requiere para hacer un gran

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cambio en materia de evasión, pero la inacción de los últimos 20 años sólo demuestra el poder colosal de las grandes corporaciones para poner de rodillas a los Estados nacionales. ¿Vivimos realmente en democracia?

Notas

mesis of the Big Bean Counter”, New Economics Foundation, 2002. [6] http://openaccess.city.ac.uk/id/ eprint/20066/1/Richard%20Murphy%20-%20GUENGL_Big_Four.pdf. [7] https://www.un.org/sustainabledevelopment/. [8] https://repositorio.cepal.org/bitstream/ handle/11362/40921/1/S1601230_ es.pdf. [9] En operaciones de exportación e importación.

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[1] http://www.taxjustice.net/cms/upload/ pdf/The_Price_of_Offshore_Revisited_ Presser_120722.pdf. [2] Henry, James S. 2016. “Taxing Tax Havens”. Foreign Affairs, April 12. [3] https://www.imf.org/external/pubs/ ft/fandd/2018/06/inside-the-world-ofglobal-tax-havens-and-offshore-banking/ damgaard.pdf. [4] Término acuñado por los organismos internacionales para una problemática que es cada vez más denunciada a nivel internacional. [5] “The five Brothers: the rise and ne-

Cuatro firmas “respetables”, ayudando a evadir en todo el mundo

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MISCELÁNEO

EX LIBRIS

WILLIAN STANLEY MOSS EL SECUESTRO DEL GENERAL NAZI EN LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL ÁLVARO CEPEDA NERI

II. Nos narra Stanley Moss en Luego de que los espías rusos esta entrega la aventura de espionaje de Putin han envenenado a un y secuestro de un militar alemán coespía ruso que estaba asilado misionado en la isla para despistar a en Londres, Inglaterra, convirtiénlos enemigos del nazismo, sobre que dose en la noticia-escándalo con la se realizaría un ataque por el sur del expulsión de diplomáticos rusos en continente europeo. Al frente de ese 22 países europeos y en Estados Unisimulacro estratégico estaba el alto dos de América, en medio de mutuas mando nazi y contra éste es que los acusaciones, es oportuno mostrar un aliados armaron el secuestro que siglibro de espías que tuvo como escenificó duro golpe a Hitler y su consejo nario para un memorable secuestro de asesores que se creían impela isla de Greta. Este es el netrables en su ofensiva en libro de William Stanley todos los frentes. Es un Moss: Mal encuentro a libro construido como la luz de la Luna, traAutor: William Stanley un diario personal en ducido del inglés Moss los meses de abril a por Dolores Pyás, Título: Mal encuentro a la luz mayo de 1943, en el con 246 páginas; contexto de un antes prólogo y epílogo de de la luna y un después durante Iain Moncreiffe, y y Editorial: Acantilado cuyo período en Creta post scriptum –es decir, estaban dos misiones: la la nota después de todo inglesa y la alemana, desde el contenido del texto– de donde se planeaban acciones bélicas: Patrick Leigh Fermor. Viene su leclos nazi-fascistas de Alemania e Italia tura como anillo hecho a la medida con los aliados en Europa ya solamendel dedo a propósito del exespía ruso Serguei Skipal (y su hija Yulia Skipal), te con Gran Bretaña; desde Inglaterra (bombardeada hasta casi su devastaque asilados en Londres, Inglaterra, ción) y los estadunidenses en busca del fueron envenenados con un gas esdesembarco del llamado “Día-D”. En pecial rociado alrededor de su domiese ambiente es que los militares inglecilio, que generó, pues, la expulsión ses planearon el secuestro del general de diplomáticos y gran escándalo en nazi, un tal Müller que, en vísperas de los medios de comunicación hacia la ejecutar el secuestro fue sustituido por opinión pública.

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Kreipe; en una jugada al estilo del gato y el ratón. III. Los ingleses fueron escondiéndose en las cuevas, disfrazados con pieles de corderos y cabras hasta lograr sorprender al militar nazi; y como se muestra en las veintiún fotografías que ilustran al libro, Kreipe aparece con un cabestrillo debido a la fractura en el brazo derecho a consecuencia de su captura. La narración de esta aventura de espionaje y secuestro está contada de una manera tan amena, que por sus páginas los lectores pueden participar en lo que fue un duro golpe al Tercer Reich; ya que haber logrado tal hazaña militar fue, en palabras de Churchill, “el principio del final” para un grupo y sus fanáticos que iban por el dominio del mundo y su Reich de 1 mil años. Ese nazismo, empero, no ha desaparecido en Alemania y otros países europeos (como lo refiere Stieg Larsson, en sus investigaciones periodísticas, el célebre novelista del tríptico Millennium: Los hombres que no amaban a las mujeres; La chica que soñaba con una cerilla y un bidón de gasolina; y, La reina en el palacio de las corrientes de aire). Así es que los espías y sus consecuencias siguen siendo desde tiempos inmemoriales, una constante dentro de los mismos gobiernos (como el Pegasus de Peña) y entre los Estados.

ISSN: 1665-1626 REVISTA SEMANAL Del 14 al 20 de octubre de 2019

Año 18 • Número 663 • $30