Contralínea 667 by Revista Contralínea

ISSN: 1665-1626 REVISTA SEMANAL Del 11 al 17 de noviembre de 2019

Año 18 • Número 667 • $30

CONTENIDO

PORTADA

GRUPO MODELO, MOVISTAR, SCOTIABANK, COPPEL, BANORTE… DOBLEMENTE BENEFICIADAS POR EL SAT Entre 2015 y 2019, el SAT no sólo condonó impuestos a grandes contribuyentes, sino que también les redujo multas por incumplimientos

CONTRALÍNEA. PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN –año 18, número 667, del 11 al 17 de noviembre de 2019– es una publicación semanal editada por Editorial Libertad y Expresión, SA de CV; Ignacio Aldama 74-8, colonia Del Carmen, delegación Coyoacán, CP 04100, Ciudad de México; teléfonos: 55 54 91 93 y 55 54 91 94; www.contralinea.com.mx, info@contralinea.com.mx. Editor responsable: Agustín Miguel Badillo Cruz. Número de reserva al título de derecho de autor: 04-2001-1206164804 00-102. Número de certiﬁcado de licitud de título: 12264, y de contenido: 8918. ISSN: 1665-1626. Impresa por Editorial Libertad y Expresión, Insurgentes Centro 98, colonia Tabacalera, Ciudad de México, teléfono 55549192. Este número se terminó de imprimir el 8 de noviembre de 2019. Distribuida por la Unión de Voceadores de México, despacho de Gloria Santillán, Ignacio Mariscal 44, col. Tabacalera, CP 06030, México, DF, teléfono 55 92 08 91. CONTRALÍNEA reconoce el deber de veracidad y la cláusula de conciencia de reporteros y articulistas. Los textos son responsabilidad de sus autores. Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reﬂejan la postura del editor de la publicación. Queda totalmente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos o imágenes de la publicación sin previa autorización de Editorial Libertad y Expresión, SA de CV.

OPINIÓN 6

ZONA CERO GENTE NUEVA, LA LÍNEA Y LA IMPORTANCIA DE APELLIDARSE LEBARÓN Zósimo Camacho

AGENDA DE LA CORRUPCIÓN LOS JAGUARES, SUPUESTOS ATACANTES DE LOS LEBARÓN, FUERA DEL “RADAR ANTICRIMEN” DEL GOBIERNO Nancy Flores

CONTRAPODER BARTLETT: DEL “NO TE PREOCUPES” AL “PERDÓN Y OLVIDO” Álvaro Cepeda Neri ARTÍCULOS

TRIBU YAQUI: ACUEDUCTO, CONSULTA Y DERECHO AL AGUA Norberto Soto Sánchez

CONFLICTOS MINEROS LABORALES Y ECOTERRITORIALES EN ZACATECAS Sergio Elías Uribe Sierra

18 Circulación certiﬁcada por Romay Hermida y Cía, SC, folio: 00010-RHY

NI UN CULPABLE FABRICADO MÁS: LIBERTAD PARA ANTONIO BARRAGÁN CARRASCO Adrián Ramírez/Limeddh

LOS PELIGROS DE UNA REFORMA A LA LEY FEDERAL DE VARIEDADES VEGETALES Víctor Manuel Chima Ortíz/CDHFFV

EL SITIO DE CULIACÁN: UNA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD FALLIDA PUEDE DESCARRILAR A LA 4T Roberto Galindo

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CONTENIDO

DIRECTOR Miguel Badillo oﬁciodepapel@yahoo.com.mx COORDINADORES INFORMACIÓN Y EDICIÓN WEB Nancy Flores nancy@contralinea.com.mx EDICIÓN IMPRESA Zósimo Camacho zosimo@contralinea.com.mx COORDINADOR DE CONTENIDO DIGITAL Héctor Badillo hector@contralinea.com.mx CONTRALÍNEA TV Érika Ramírez esoemi@contralinea.com.mx DISEÑO Miguel Minero mimiga@contralinea.com.mx PUBLICIDAD Martha Moreno mmoreno@contralinea.com.mx

EDITORIALISTAS Álvaro Cepeda Neri cepedaneri@prodigy.net.mx Fabio Barbosa fabiobarbosacano@gmail.com Martín Esparza garrasleo6@yahoo.com.mx Roberto Galindo galeondelsur@hotmail.com Samuel Lara Villa WEB Hugo Sadh ILUSTRADOR David Manrique manrique@contralinea.com.mx

INVESTIGACIÓN

PORTADA Grupo Modelo, Movistar, Scotiabank, Coppel, Banorte… doblemente beneﬁciadas por el SAT Marcial Yangali

SEGURIDAD En riesgo, instalaciones estratégicas de México José Réyez

SEGURIDAD Continuismo de Graue: la UNAM pospone renovación Zósimo Camacho Imagen de portada: MIGUEL MINERO (COMPOSICIÓN)

ANÁLISIS

INTERNACIONAL Colombia: el mapa cambió tras las regionales Javier Calderón Castillo/Celag

INTERNACIONAL Argentina: un proyecto popular, democrático y latinoamericanista José Cruz Campagnoli/Celag

MISCELÁNEO

EX LIBRIS ¿Trump es el Cuarto Reich, de Toynbee a Spengler con raíces en los Césares? Álvaro Cepeda Neri

REDACCIÓN 5554-9194 PUBLICIDAD 5554-9191 VENTA DE LIBROS 5554-9192 Ignacio Aldama 74-8, colonia Del Carmen, delegación Coyoacán, CP 04100, México, DF

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OPINIÓN ZONA CERO

GENTE NUEVA, LA LÍNEA Y LA IMPORTANCIA DE APELLIDARSE LEBARÓN ZÓSIMO CAMACHO

ue un crimen atroz. La masacre cometida con una desesperante frecuencia ante la inacción contra la familia LeBarón el pasado 4 de no- de las autoridades. “No hay registro de la mayoría viembre, en la que resultaron asesinadas tres de estas matanzas. Los deudos, cuando pueden, remujeres y seis niños inocentes, es una tragedia que cogen los cuerpos y los despiden casi en secreto”. marcará el presente sexenio. Los criminales se cebaResulta que los implicados en esos enfrentaron en seis personas inermes, totalmente vulnerables. mientos y masacres son desde hace tiempo los misLo peor es que no se trata de la única masacre mos actores: el brazo armado del Cártel de Sinaloa, cometida contra personas inocentes en la región. Y conocido como Gente Nueva, y el brazo armado no nos referimos solamente a la violencia desata- del Cártel de Juárez, llamado La Línea. Se trata de da por la ineptitud de Felipe Calderón desde 2006, verdaderos ejércitos privados incluso con divisiones que envolvió de luto a millones de personas. Ni a (ver “Los ejércitos del Cártel de Sinaloa”. (https:// la “guerra” continuada de Enrique Peña Nieto. bit.ly/2K4DLXx). Nos referimos a matanzas ya ocurridas en este año Como hemos señalado, cada organización en la misma zona y en cuenta con cientos de las que estuvieron inhombres bien pertreNada de ‘células criminales’. Gente volucrados los mismos chados y capacitados grupos delincuenciales Nueva y La Línea son grupos integrados para utilizar fusiles de que apenas hoy se han por cientos de hombres armados con asalto AK47 y R15, fuvuelto famosos, aun- fusiles de asalto AK47, R15 y Barret siles Barret calibre 50, que desde hace años morteros y lanzagranagobiernen y decidan el das. Los fundadores de destino de miles en la sierra que comparten Sono- Gente Nueva y de la Línea fueron militares de elite ra, Chihuahua y Sinaloa. cooptados por los cárteles. Tales militares (algunos Sólo como muestra citamos lo documentado en con entrenamiento kaibil) fueron los encargados de este espacio el 3 de julio pasado: “Tesopaco, Sono- reclutar y entrenar para la delincuencia organizada ra: la masacre que nadie vio”. Dimos cuenta de una a cientos de jóvenes, muchos de ellos menores de matanza de decenas de personas. Un grupo de la edad. delincuencia fue a cebarse con el pueblo de TesopaFuentes de la comunidad de inteligencia conco luego de haber sostenido enfrentamientos, el 19 sultadas identifican, en específico, a las facciones de junio, con sus rivales igualmente despiadados. enfrentadas por el control territorial en la región. (https://bit.ly/36OrmR9). Por parte de Gente Nueva, se trata de Los Salazar Entonces señalamos que no se trataba de un he- (conocidos como los Salazares, así en plural, en las cho aislado; que tanto enfrentamientos entre delin- localidades serranas) y Los Jaguares. Por parte de cuentes como ataques a la población civil sucedían La Línea, la facción Los Sixtos.

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ZONA CERO

grantes de Gente Nueva lanzando arengas y vivas antes de un enfrentamiento con La Línea. Y tuvimos acceso a un video monstruoso donde, luego de la refriega, los ganadores torturan a los perdedores que habían quedado vivos. Los castran y les obligan a tragar sus propios testículos antes de degollarlos. Entre los que llevan a cabo estos actos deshumanizados, se encuentran adolescentes y jóvenes de entre 16 y 20 años de edad. Todo ocurrió en la misma región donde fueron atacados los LeBarón. La saña mostrada por los delincuentes, totalmente drogados, es irracional, estéril, estúpida. Crímenes de una crueldad difícil de imaginar. En la sierra se habla de masacres, incluso, de

IGNACIO RUIZ/CUARTOSCURO

Con respecto de Los Salazar, el actual líder es Crispín Salazar Zamorano. Aunque opera en toda la parte serrana de Sonora y parte de Sinaloa, esta familia es originaria de Chihuahua. El líder fundador, preso desde 2011, es Adán Salazar Zamorano, hermano de Crispín. Esta facción fue la encargada de asediar el norte de Sinaloa y apoyar a los de la Sierra de Badiraguato para obtener la liberación de Ovidio Guzmán el pasado 17 de octubre. Su líder, según las fuentes vinculadas a inteligencia, tiene comunicación directa con el máximo capo actual del Cártel de Sinaloa: Ismael Zambada Niebla, el Mayo. Los Jaguares operan más al norte y reciben su nombre del apodo de su líder, Francisco Arvizu Márquez, el Jaguar. Este personaje originalmente combatía para La Línea. Fue reclutado por Gente Nueva luego de que fuera traicionado por sus antiguos compañeros. Y es que al Cártel de Juárez le ocurrió algo similar a lo que le pasó al Cártel del Golfo con Los Zetas. A finales de 2017 y principios de 2018 el brazo armado del Cártel de Juárez, La Línea, se insubordinó a sus jefes y ahora se hacen llamar Nuevo Cártel de Juárez. No han podido hasta el momento arreglar sus problemas y hoy mantienen una guerra entre ellos. Por su parte, los Sixtos también derivan del apodo de un líder. Se trata de Julio César Oliva Torres, el Sixto, detenido el 15 de agosto de 2018. Es uno de los principales líderes de toda La Línea. Lo que queda claro es que no se trata de “células” del crimen organizado, como han dicho en las conferencias mañaneras tanto Alfonso Durazo (titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana) como el general Luis Crescencio Sandoval (al frente de la Secretaría de la Defensa Nacional), el almirante José Rafael Ojeda Durán (cabeza de la Secretaría de Marina) y el general Luis Rodríguez Bucio, comandante de la Guardia Nacional. Se trata de grupos armados con integrantes que se cuentan por cientos. Para la redacción del texto sobre la masacre de Tesopaco, tuvimos acceso a videos donde se puede ver a alrededor de 110 inte-

OPINIÓN

decenas de personas que nunca llegan a los titulares de los medios de comunicación. También aquí aplica el racismo y el clasismo. Los muertos de Tesopaco y de otras comunidades de la sierra sonorense, chihuahuense y sinaloense son indígenas mayos, yaquis, rarámuris, tepehuanos o campesinos pobres. Padecen en silencio desplazamiento forzado, esclavitud, violaciones, despojo. Y padecen por igual tanto a Gente Nueva (Los Salazar y Los Jaguares) como a La Línea (Los Sixtos). Ahora que una horrenda masacre alcanzó a la familia LeBarón hasta una controversia internacional se ha generado. Es importante que esta luz que se ha arrojado sobre la región alcance para ver a las demás víctimas de una violencia que se ensaña con los más vulnerables. Solidaridad y justicia para todos, sean blancos, mestizos e indígenas, y lleven el apellido que lleven.

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OPINIÓN AGENDA DE LA CORRUPCIÓN

LOS JAGUARES, SUPUESTOS ATACANTES DE LOS LEBARÓN FUERA DEL “RADAR ANTICRIMEN” DEL GOBIERNO NANCY FLORES

l más reciente análisis de los cárteles del narcotráfico, sus células y pandillas con el que cuenta el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no incluye a Los Jaguares, que según el fiscal de Chihuahua –César Augusto Peniche– sería el grupo criminal que estaría aliado al cártel de Sinaloa y habría asesinado a los integrantes de la familia LeBarón el pasado 4 de noviembre, incluidos seis niños. Consultado por Contralínea durante la conferencia de prensa del 6 de noviembre sobre esta posibilidad, Alfonso Durazo –secretario de Seguridad y Protección Ciudadana– aseguró que no se descartará ninguna línea de investigación, pero no se pronunció sobre la existencia o no de esa organización. “Vamos a investigar a fondo todos los elementos de inteligencia que tenemos. Puedo decirles que hay suficientes elementos de inteligencia como para colaborar de manera muy importante con las instancias responsables de la investigación. La información del fiscal de Chihuahua por supuesto que hay que atenderla y tomarla en cuenta, porque una parte de la investigación está en su espacio y en su responsabilidad, y también la que aquí se ha puesto sobre esta información que se ha compartido con ustedes. Creo que no es momento de descalificar ninguna información. El avance de la investigación irá indicándonos la veracidad de alguna de las hipótesis”, respondió el secretario. La hipótesis del gobierno federal a la que se refirió Durazo la dio a conocer en esa misma

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conferencia el general Homero Mendoza, jefe del Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional, y tiene que ver con una disputa territorial entre las bandas de Los Salazar y La Línea. “Hay un hecho muy relevante que se le está encontrando conexión o vínculos con este evento: a las 03:15 horas del 4 de noviembre, en Agua Prieta, entre miembros de La Línea, que es una organización delictiva con presencia en Chihuahua, y Los Salazar, con presencia en Sonora, tuvieron un enfrentamiento en el cual el C-4 del municipio de Agua Prieta refiere o recibe un reporte sobre detonaciones de armas de fuego. Al lugar acudieron agentes ministeriales, policía municipal y bomberos y localizaron una casa y un vehículo incendiándose. A las 6:10, a las afueras de una funeraria en el citado municipio, se localizó un cuerpo sin vida de un masculino, así como al hospital ISSSTE de esa localidad arribó una persona herida por proyectil de arma de fuego. Este hecho es una de las primeras líneas de investigación que están siguiendo las autoridades de la Fiscalía General del estado.” De acuerdo con el general Mendoza, “partiendo de esto se asume que la organización delictiva de La Línea, ante esta amenaza –por llamarle así a la intención de Los Salazar de ingresar a Chihuahua–, deciden mandar una célula entre [la zona de] Janos y Bavispe para limitar, como resultado de ese enfrentamiento o de esa confrontación que se está dando de hecho en los límites de ambos estados, deciden enviar una célula y se supone, se asume que esta célula que la

AGENDA DE LA CORRUPCIÓN

OPINIÓN

Chihuahua. Según la DEA, además de ese norteño estado mexicano, el área tradicional de operación del Cártel de Juárez incluye el Oeste de Texas y Nuevo México. “Aunque no es tan expansivo como el de Sinaloa, el Cártel de Juárez continúa impactando en los mercados de consumidores de drogas de Estados Unidos, principalmente en El Paso, Denver, Chicago y la ciudad de Oklahoma”, indica el informe 2018 National drug threat assessment. Los dos productos que más trasiega son cocaína y mariguana, aunque también se ha detectado que distribuye heroína y metanfetaminas. La Agencia Antidrogas estadunidense incluso Los datos oﬁciales refiere que, desde 2013, ha aumentado significaEl análisis del narcotráfico más reciente ela- tivamente el cultivo de opio ligado a esta organiborado por el gobierno federal refiere que son zación en regiones de Chihuahua. Tanto el de Juárez como el de Sinaloa son 45 cárteles, células y pandillas los que operan en México, entre los que no figuran Los Jaguares. considerados grandes cárteles, al lado del CárEs decir, esta supuesta banda identificada por tel Jalisco Nueva Generación, Arellano Félix, Familia Michoacana, el fiscal chihuahuense Carrillo Fuentes, Belestá fuera del “radar Tanto el de Juárez como el de Sinatrán Leyva, Los Zetas, anticrimen” de la administración de López loa son considerados grandes cárteles, El Golfo y Caballeros al lado del Cártel Jalisco Nueva Genera- Templarios. Obrador. De éstos dependen Ni siquiera en el ción, El Golfo, Los Zetas y otros cinco 35 grupos criminales, análisis que hizo la ensea por dependencia ditonces Procuraduría General de la República a inicios del sexenio de recta o por alianzas de protección y de negocios; Enrique Peña, en 2013, se le incluía en la larga uno más desertó de las filas de La Familia Michoalista de 88 cárteles, células y pandillas con pre- cana antes de que concluyera el gobierno de Peña Nieto; y, según ese mapa, Jalisco Nueva Generasencia territorial. En el mapeo actual –que da cuenta de 45 ción es el único gran cártel que opera sin células grupos–, al Cártel de Sinaloa se le atribuye con- menores ni coaliciones con pandillas. Además, se le tar con otras nueve células y pandillas, además ubica como la más poderosa organización al lado de Los Salazar. Se trata de Gente Nueva, que del Cártel de Sinaloa e incluso por encima de éste. Ese grupo delictivo que comanda Nemesio opera en Chihuahua y Sinaloa; Los Cabrera, en Durango y Chihuahua; dos pandillas en Chi- Oseguera Cervantes, alias el Mencho, tiene prehuahua: Los Artistas Asesinos y Los Mexicles; en sencia en Veracruz, Jalisco, Colima, MichoaSonora Los Memos (junto con Los Salazar); en cán, Guanajuato, Nayarit, Guerrero y Morelos, Durango y Coahuila, el Cártel del Poniente y/o indica la autoridad mexicana; mientras que la de La Laguna y/o Los Bardales; en Baja Califor- DEA le atribuye “presencia en 22 de los 32 esnia, dos células: El Aquiles y El Tigre; y en Baja tados mexicanos”, y contrabandeo de cocaína, heroína, metanfetaminas y fentanilo a Estados California Sur, los Del 28. Respecto del Cártel de Juárez o de los Carri- Unidos, considerado el mayor mercado mundial llo Fuentes, se le ubica como aliado de la orga- de drogas ilegales. El trasiego se hace por varios nización criminal La Línea y la pandilla de Los corredores a lo largo de la frontera, incluidos TiAztecas, con las que mantiene bajo su control juana, Juárez y Nuevo Laredo. envían para detener cualquier incursión o penetración de alguna célula delictiva de Los Salazar hacia Chihuahua, que es a la que se le está atribuyendo la materialización de estas agresiones a la familia LeBarón”. Esta hipótesis de las bandas enfrentadas coincide con el más reciente mapa del narcotráfico que poseen las autoridades federales. En éste se indica que Los Salazar son un grupo criminal aliado del Cártel de Sinaloa que opera en Sonora, mientras que La Línea está ligado al Cártel de Juárez y tiene control territorial en Chihuahua.

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OPINIÓN CONTRAPODER

BARTLETT DEL “NO TE PREOCUPES” AL “PERDÓN Y OLVIDO” ÁLVARO CEPEDA NERI

ntre otros periodistas, Miguel Badillo y sus compañeros reporteros que se han distinguido por su trabajo en la revista Contralínea (publicándose ahora en sus páginas las huellas de Miguel Osorio), puso en vigor el periodismo de investigación como método para llegar al fondo de los acontecimientos de la vida pública del país; pero sobre todo de los casos de corrupción. Ese periodismo de investigación que en estos días está llevando a las últimas consecuencias Carlos Loret de Mola, en las páginas de El Universal, con el caso de Manuel Bartlett Díaz; a quien atiende por su parte el periodista de la caricatura: Hernández, en la revista Proceso del 29 deseptiembre de 2019, donde aparece la cara de Manuel Buendía, el columnista asesinado, si bien por un empleado de Bartlett cuando éste era secretario de Gobernación con Miguel De la Madrid. Y es que en ese tiempo no se dejó de pensar si Bartlett tuvo algo que ver, ya que siempre defendió a ese presidente y Buendía estaba por llegar a las raíces de la narcopolítica. El caso es que toda la carrera burocrática-política-priísta de Bartlett ha transcurrido bajo sospecha y ahora mismo –contra la espada y la pared– quiere escaparse de las imputaciones informativas que cuestionan su millonario patrimonio. Y aunque astuta y hábilmente distribuido en su círculo familiar, eso no debe ser pretexto para que no se lleve a cabo una investigación imparcial y no como la que tiene, astuto que ha sido siempre, él mismo preparada para salir, como sus ayeres, “purificado” por la nueva y actual impunidad del “perdón y olvido” y no del simplemente “no te preocupes”. Ese periodismo de investigación ha llevado a Loret de Mola (El Universal, 30 de septiembre de 2019), a documentar con veracidad y contrastando todos

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los datos que existen del inmenso patrimonio de Manuel Bartlett Díaz, cobijado por la impunidad presidencial. Y más ahora que la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción tiene como titular a la esposa de Jaime Cárdenas Gracia, la señora María de la Luz Mijangos Borja. Pues desde hace años y ahora en la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Cárdenas Gracia es uno de los principales asesores, con lo cual se cierra el círculo de esa impunidad. Y al parecer será lo mismo que suceda con la secretaría de la Función Pública, pues con todo y su promesa de investigar a Bartlett, todo indica que el ahora lopezobradorista pasará del “no te preocupes” peñista, al “perdón y olvido” de López Obrador. Tan es así que al ser cuestionado Bartlett sobre esa información e investigación, se burló a su muy particular estilo con aquello del “chucu, chucu”, del proyecto del Tren Maya. Así que estamos ante un nuevo hecho de corrupción, donde “no es fácil conseguir que paguen los corruptos” (Nayeli Roldán, Miriam Cantillo y Manuel Ureste, La Estafa Maestra; graduados en desaparecer el dinero público, editorial Planeta, Temas de Hoy). Desaparecerlo para convertirlo, en este caso, en enriquecimiento ilícito con un sistema de reparto intrafamiliar para hacer aparecer esa corrupción como anticorrupción. Si en ese asunto no prospera la investigación imparcial y con datos fidedignos que muestren la veracidad de los hechos, es porque el titular de la CFE puede volver a hacer “caer el sistema” en el poder Ejecutivo federal, como lo hizo cuando fue secretario de Gobernación para imponer a Carlos Salinas de Gortari en la Presidencia de la República; en ese entonces siendo priísta, ahora como morenista-lopezobradorista.

OPINIÓN ARTÍCULO

TRIBU YAQUI ACUEDUCTO, CONSULTA Y DERECHO AL AGUA NORBERTO SOTO SÁNCHEZ

Desde que sale de las serranías, corre por llanadas y entre algunas lomas por espacio de treinta leguas, hasta desembocar en el brazo de Californias. En las 12 últimas a la mar, está poblada la famosa nación de Yaquis, que goza de muchos valles, alamedas y tierras de sementeras, las cuales cuando el río trae sus avenidas y crecientes, que son ordinarias casi cada año, las deja regadas y humedecidas para poder sembrar en verano, sin que tengan necesidad de lluvias para sazonarse y gozarse sus abundantes frutos… Descripción del río Yaqui por Andrés Pérez de Ribas en: Historia de los triunfos de nuestra santa fe

l Río Yaqui se encuentra en la vertiente del Pacífico. Su origen geográfico se ubica en la Sierra Madre Occidental, en el estado de Chihuahua, donde es nombrado Río Papigochi. Atraviesa la sierra descendiendo de norte a sur hasta el estado de Sonora, en el cual recibe el nombre de Río Yaqui, y donde encuentra su desembocadura en el Golfo de California, en las cercanías del puerto de Guaymas. Estos dos ríos configuran el sistema Yaqui-Papigochi el cual tiene una longitud de 1 mil 50 kilómetros, de los cuales 600 se encuentran en territorio sonorense (Padilla, 2015, p. 10).

Río Yaqui, Acueducto Independencia y conflicto socioambiental En la historia de la Tribu Yaqui podemos decir que hay una constante: la lucha por la defensa de su territorio y sus recursos naturales. Diversos conflictos

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se han dado en este tenor, de los cuales, el más reciente data de 2010, a raíz de la tentativa del gobierno del estado de Sonora de construir un proyecto hidrológico llamado Acueducto Independencia, el cual tiene como objetivo abastecer de agua a la ciudad de Hermosillo, Sonora, desde la presa El Novillo. “Sin informar ni consentir la participación de la Tribu Yaqui, en enero de 2010, el gobierno del estado de Sonora, encabezado por Guillermo Padrés, presentó el proyecto denominado Sonora Sistema Integral (Sonora Si) donde se proponían diversas obras hidráulicas para abastecer de agua a varias ciudades del estado. Entre las obras contempladas se propuso, para solucionar el problema de la ciudad de Hermosillo, un acueducto denominado Independencia…”. (Cemda, 2014) El acueducto posee una longitud de 150 kilómetros, y es capaz de transportar 75 millones de metros cúbicos de agua anualmente desde la cuenca del Río Yaqui hasta la del Río Sonora. (Moreno, 2015, P. 14) “Desde 2010, cuando se inició la construcción del Acueducto Independencia, los Yaquis sostienen una lucha férrea contra el gobierno del estado de Sonora, pues la obra trasvasa agua del alto Río Yaqui a la ciudad de Hermosillo, perjudicando el cauce río abajo”. (Padilla, 2015, P. 6) Es posible afirmar que este conflicto ha tenido, al menos, tres aristas: legal, social y política. En el plano social, la Tribu Yaqui ha logrado hacer un frente común en contra del acueducto con diversos grupos que habitan la cuenca del Río Yaqui, mientras que en el ámbito legal los grupos opositores al proyecto han conseguido distintas resoluciones favorables para su causa, de las cuales destaca la emitida por

ARTÍCULO

Consulta y objeciones El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, del que México forma parte, se aplica “…a los pueblos tribales en países independientes, cuyas condiciones sociales, culturales y económicas les distingan de otros sectores de la colectividad nacional, y que estén regidos total o parcialmente por

sus propias costumbres o tradiciones o por una legislación especial”. (OIT, 2014. P. 19-20) Retomar dicho convenio es pertinente, pues aborda de manera explícita la cuestión de la consulta de los pueblos indígenas en torno a asuntos que trastoquen los intereses de las mismas en relación a su tierra y recursos naturales, tal como queda establecido en el artículo 15 del citado documento: 1. Los derechos de los pueblos interesados a los recursos naturales existentes en sus tierras deberán protegerse especialmente. Estos derechos comprenden el derecho de esos pueblos a participar en la utilización, administración y conservación de dichos recursos. 2. En caso de que pertenezca al Estado la propiedad de los minerales o de los recursos del subsuelo, o tenga derechos sobre otros recursos existentes en las tierras, los gobiernos deberán establecer o mantener procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados, a fin de determinar si los intereses de esos pueblos serían perjudicados y en qué medida, antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o explotación de los recursos existentes en sus tierras. Los pueblos interesados deberán participar siempre que sea posible en los beneficios que reporten tales actividades, y percibir una indemnización equitativa por cualquier daño que puedan sufrir como resultado de esas actividades. (Ibid., p. 37-38). Hasta aquí, es necesario mencionar que el 16 de octubre de 2013 se inició una consulta a la tribu Yaqui (inconclusa), la cual se desarrolló de manera irregular, con obstáculos y contratiempos, en medio de señalamientos en torno a que la información proporcionada por autoridades federales había sido insuficiente e inadecuada en términos de claridad, veracidad y contemporaneidad. (Moreno, 2015, p. 15) Por otra parte, en mayo de 2014, la Misión Civil de Observación realizó un informe sobre dicha consulta, en el cual presenta las siguientes conclusiones: “La consulta ha sido y continúa siendo vulnerada RODOLFO ANGULO/CUARTOSCURO

la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que data de mayo de 2013, en la cual se dictaminó la elaboración de un nuevo resolutivo de Manifestación de Impacto Ambiental frente a la ausencia de consulta a la Tribu Yaqui en torno a la obra en cuestión (Ibid., p. 15). Este litigio se extendió hasta el 7 de agosto del mismo año, pues autoridades federales mencionaron “no entender” (Moreno, 2015, p. 15) la resolución, siendo hasta esa fecha que los ministros aclararon la sentencia. En la resolución de la SCJN, se hace referencia a: “…la obligación de las autoridades de consultar a los pueblos indígenas mediante procedimientos apropiados y a través de sus instituciones representativas. Las características mínimas de una consulta de este tipo son las siguientes: ser previa, culturalmente adecuada, informada y de buena fe, con la finalidad de llegar a un acuerdo. Lamentablemente, la resolución separó la vinculación que hay entre consulta y consentimiento, dejando a la autoridad la capacidad para que, ante la ausencia de consentimiento, no se le impidiera decretar las acciones necesarias para resarcir o aminorar las eventuales afectaciones que deriven de la operatividad del proyecto.” (Ibid., p. 15. Cursivas nuestras). En torno a esta situación, Mundo Tomás Rojas, vocero de la Tribu Yaqui, declaró a un corresponsal de la BBC: “…Quitarnos el agua condenaría nuestra existencia en el corto y mediano plazo… Tendríamos que salir de nuestras tierras. Si pensamos mal vemos una política de exterminio contra nosotros”. (Najar, 2015).

OPINIÓN

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cutivo Federal pueda expedir la titulación definitiva a los núcleos de la población de la propia Tribu.” (DOF, 1937, o. 9. Cursivas nuestras) Casi 3 años después, el 22 de octubre de 1940, se publica en el Diario Oficial de la Federación la Resolución que titula definitivamente y precisa la ubicación de los terrenos que se restituyen a la Tribu Yaqui, la cual fue firmada por el entonces presidente de la República, Lázaro Cárdenas, en la ciudad de Torreón, Coahuila, en la región conocida como la Comarca Lagunera (DOF, 1940, p. 11). En la resolución, además, queda establecido lo siguiente: “…La tribu Yaqui podrá disponer cada año agrícola, hasta la mitad del caudal que se almacenará en la presa de La Angostura, para fines de riego de sus propias tierras. “Las extracciones deberán corresponder a las necesidades agrícolas de su zona irrigable en la margen derecha del citado río, independientemente del aprovechamiento de las aguas no controladas en la presa La Angostura. “El derecho que se Antecedentes La Tribu Yaqui ha tenido que afronotorga a la Tribu Yaqui histórico/ tar diversas situaciones en que se han de dichas aguas, autorilegales del visto vulnerados sus derechos en torno za a la población de la conflicto misma a disponer de las a su territorio y recursos naturales aguas que les correspondan a medida que las tieComo se mencionó anteriormente, la Tribu Yaqui ha tenido que afron- rras de su propiedad que vayan abriendo al cultivo, tar diversas situaciones en que se han visto vulnera- lo requieran. “… La presente resolución sirve de titulación dos sus derechos en torno a su territorio de origen y definitiva en favor de los núcleos de población de la los recursos naturales que ahí se encuentran. El sábado 30 de octubre de 1937 es publicado Tribu Yaqui…” (Ibid, p. 11). Por lo que es una comunidad agraria conforme en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo Dictado para la Resolución del Problema Agrario en la a la propiedad social en México, además de ser un Región Yaqui. De dicho documento se desprenden pueblo indígena u originario con los derechos que algunos apartados notorios, como el IX, donde se le reconoce el Artículo Segundo Constitucional y los tratados en materia de derechos humanos que ha menciona que: “A la Tribu Yaqui se le reconoce toda la extensión firmado nuestro país (conforme a los Artículos 133 de tierra laborable ubicada sobre la margen derecha y Primero Constitucionales), por lo cual dichos tradel Río Yaqui, con el agua necesaria para riegos, de tados adquieren rango constitucional (Poder Legisla presa en construcción de La Angostura, así como lativo, 2012). toda la sierra conocida por Sierra del Yaqui, a cuyos componentes se les proveerá de los recursos y ele- Actualidad de la situación mentos necesarios para el mejor aprovechamiento en torno al acueducto de sus tierras. Al efecto del Departamento Agrario Independencia procederá inmediatamente a efectuar la planificación de toda la zona mencionada a fin de que el EjeEl 9 de agosto de 2019 Víctor Manuel Toledo por el Estado mexicano. Las razones son: “a) El acueducto sigue operando. “b) La información no es completa, actualizada, precisa ni accesible técnica y culturalmente. “c) Hay precisiones políticas, prácticas, coactivas y coercitivas hacia integrantes y líderes de la tribu, escenarios de violencia que ponen en riesgo la vida y la integridad física de los pueblos, así como intentos de desintegrar el tejido de las comunidades. “d) Hay condiciones adversas para que se produzca un diálogo genuino y sincero entre el Estado mexicano y la tribu Yaqui.” (Ibid., p. 16). El acceso al agua, ¿derecho humano fundamental? El 28 de julio de 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció, a través de la Resolución 64/292, el derecho al agua y al saneamiento como un derecho humano fundamental, al afirmar que “…un agua potable limpia y el saneamiento son esenciales para la realización de todos los derechos humanos”. (ONU, 2010)

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Manzur, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) se reunió con autoridades tradicionales pertenecientes a los ocho pueblos que integran la tribu Yaqui: Kokori, Bajkum, Torim, Bikam, Potam, Wirivis, Raajum y Béene. Dicha reunión, cabe mencionar, es la primera que realiza una autoridad federal ambiental en la historia de México (Semarnat, 2019). El objetivo principal de esta reunión fue solicitar al doctor Toledo girar la instrucción a la Dirección General de Impacto Ambiental (Dgira) de que se inicien los trabajos para una nueva Resolución de Impacto Ambiental sobre el proyecto Acueducto Independencia, la cual incluye una consulta con estricto apego a los derechos indígenas, ello, también, en cumplimiento de la sentencia ejecutoria de amparo que fue dictada por la SCJN. Como respuesta a ello, el secretario realizó primeramente un reconocimiento en torno a las agresiones que la Tribu Yaqui ha sufrido a lo largo de su historia, posteriormente aseguró que la Semarnat llevará a cabo una revisión sobre el impacto ambiental que la obra en cuestión ha provocado mencionando que: “…si los nuevos estudios que se realicen en conjunto con la población concluyen que hay una afectación, la Semarnat estará de su lado… “En la Secretaría que ahora dirijo, a diferencia de lo que ha pasado anteriormente, estamos convencidos de que la política ambiental del país se debe hacer siempre en permanente comunicación y solidaridad con las comunidades humanas, con los pueblos y con los ciudadanos.” (Semarnat, 2019. Cursivas nuestras). Finalmente, el titular de la Secretaría realizó una propuesta a la Tribu Yaqui, la cual consiste en la posibilidad de crear una comisión especial que podría estar encabezada por la Semarnat e integrada, a su vez, por el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, las secretarías de Hacienda y Gobernación, así como otras instancias pertinentes.

Referencias Centro Mexicano de Derecho Ambiental. (2014). El acueducto Independencia amenaza la sobrevivencia del pueblo Yaqui. Recuperado de: http://www.cemda.org.mx/el-acueducto-independencia-amenaza-la-sobrevivencia-del-pueblo-yaqui/

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Diario Oficial de la Federación. (1937). 30 de octubre. Acuerdo para la resolución del problema agrario en la región del Yaqui, Son. México. Diario Oficial de la Federación. (1940). 22 de Octubre. Resolución que titula definitivamente y precisa la ubicación de los terrenos que se restituyen a la tribu Yaqui, del Estado de Sonora. México. Moreno, J. (2015). La lucha por el agua de los Yaquis. Diario de campo. Tercera época (No. 8). P. 13. Recuperado de: http://cmdpdh.org/ wp-content/uploads/2016/03/diario_de_campo_8.pdf Najar, A. (31 de agosto de 2015). Yaquis: combatientes de la primera guerra del agua en México. BBC Mundo Ciudad de México. Recuperado de: https://www.bbc.com/mundo/ noticias/2015/08/150828_yaquis_mexico_guerra_agua_an Organización Internacional del Trabajo. (2014). Convenio Núm. 169 de la OIT sobre pueblos Indígenas y Tribales. Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. OIT. 25. Ed. Recuperado de: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/--americas/---ro-lima/documents/publication/ wcms_345065.pdf Organización de las Naciones Unidas. (2010). El derecho humano al agua y al saneamiento. Recuperado de: https://www.un.org/spanish/ waterforlifedecade/human_right_to_water.shtml Padilla, R. (2015). El río en la vida de los Yaquis. Diario de campo. Tercera época (No. 8). P. 6. Recuperado de: http://cmdpdh.org/wp-content/ uploads/2016/03/diario_de_campo_8.pdf Poder Legislativo. (2012). “Decreto por el que se adiciona el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”. Gaceta Parlamentaria. Cámara de Diputados, México. Recuperado de: http:// gaceta.diputados.gob.mx/Black/Gaceta/Anteriores/62/2012/oct/20121002-II/Iniciativa-5. html Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales. (2019). Revisará Semarnat Manifestación de Impacto Ambiental del Acueducto Independencia. Recuperado de: https://www.gob.mx/semarnat/prensa/revisara-semarnat-manifestacion-de-impacto-ambiental-del-acueducto-independencia

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CONFLICTOSMINEROSLABORALES

Y ECOTERRITORIALES EN ZACATECAS

SERGIO ELÍAS URIBE SIERRA/COLABORADOR DEL OBSERVATORIO DE CONFLICTOS MINEROS DE ZACATECAS

n los últimos años, Zacatecas se ha mantenido como uno de los estados que mayor aportación genera al valor total de la extracción minera en México. Tal es así que en 2017 alcanzó una contribución del 20.7 por ciento, equivalentes a 76.3 mil millones de pesos (Servicio Geológico Mexicano, 2018). Sin embargo, esta situación no se refleja en una mejor calidad de vida de la población, sobre todo, aquella que se ubica en las inmediaciones de las operaciones extractivas. Lejos de generar progreso y desarrollo, la intensificación del extractivismo minero ha desencadenado múltiples conflictos laborales y ecoterritoriales, querellas que muestran que lo que está en disputa es el trabajo y el territorio. En el marco de la actual fase de acumulación, Zacatecas sigue siendo, como en tiempos de la Colonia, una entidad con gran potencial, pues ahí se encuentran grandes yacimientos de oro, plata, cobre y zinc, que son de gran importancia para los empresarios mineros. Para abril de 2019, se tenía un registro de 2 mil 671 títulos y 2 millones 381 mil 859.57 hectáreas con actividades mineras, que equivalen al 31.64 por ciento del total del territorio estatal (Panorama Minero de Zacatecas, 2019). La fuerte tradición minera que se ha forjado en Zacatecas resulta compleja para las poblaciones locales que habitan los territorios explotados y saqueados. Un elemento fundamental es que, por su importancia económica, la minería se convirtió en una actividad respetada o apreciada por la población, a pesar de la explotación humana y la devastación ambiental que trae consigo. Esta aceptación social, promovida en gran medida por gobernantes

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y empresarios, ha posibilitado la continuidad de la explotación de metales y minerales. En 27 años, de 1990 a 2017, la extracción de oro aumentó 42 veces, pasando de 519.4 kilogramos a 22 mil 98.4 kilogramos. Hasta el momento hay 12 minas metálicas operando en Zacatecas. Destacan las actividades de Industrias Peñoles y las unidades El Saucito ubicada en Fresnillo, la cual, es considerada la mina más importante en la extracción de plata del país ya que en 2018 participó con la tercera parte del total nacional y el 7 por ciento a nivel mundial (Camimex, 2019). Le sigue la Unidad Fresnillo, que ocupó el tercer lugar nacional con 15.1 millones de onzas de plata extraídas. Y en el sexto lugar está La Colorada, establecida en Chalchihuites, perteneciente a la empresa canadiense Pan American Silver y en el mismo año extrajo 7.6 millones de onzas de plata (Panorama Minero de Zacatecas, 2019). Del mismo modo ubicamos la Unidad El Coronel localizada entre los municipios de Luis Moya y Ojocaliente, que extrae diariamente 55 mil toneladas de material que contiene oro y plata (Panorama Minero de Zacatecas, 2019). También están las minas Frisco-Tayahua, propiedad de Carlos Slim y Peñasquito que pertenece a la corporación estadunidense Newmont-Goldcorp, calificada como la segunda mina más importante de plata y la tercera de oro a nivel nacional (Camimex, 2019). Ambas están ubicadas en la región de Mazapil, que junto a la región de Fresnillo albergan las minas más importantes de Zacatecas. Mientras las grandes beneficiadas de la extracción mineral en Zacatecas han sido las corporacio-

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nes mineras (canadienses, estadunidenses y mexica- huites; Aranzazú (Aura Minerals Inc) en Concepnas), los territorios locales asumen las consecuen- ción del Oro; y San José (Arian Silver Corporation) cias negativas que genera este modelo extractivo: en Pánfilo Natera. En el segundo plano, identificamos las luchas sobreexplotación laboral, despojo de tierra y agua, devastación ambiental y múltiples conflictos labo- ecoterritoriales de alternativas y defensa territorial rales y ecoterritoriales. Hay que destacar que para donde grupos de población o los pueblos en lo gene2015, el 61.5 por ciento de la población en el estado ral articulan un contundente “no” a la megamineregistraba carencias por acceso a la seguridad social ría tóxica y buscan parar las actividades mineras, los (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de casos de Salaverna (Grupo Frisco) en Mazapil; La Colorada (Plata Panamericana) y Ampliación San Desarrollo Social, 2019). En ese sentido, gracias a diversas investigaciones José (First Majestic) en Chalchihuites son los más de campo y documentales, tanto en prensa como representativos. También están los casos de Real de en algunos trabajos referenciales del tema, donde Ángeles (Grupo Frisco) en Noria de Ángeles; Nuevo destacan los de Pérez (2014), Rodríguez (2016) y Mercurio en Mazapil (Grupo Rosicler) y VetagranZaremberg, et al., (2019), así como la revisión de los de (varias empresas), donde hay demandas de rememapas de conflictos del Observatorio de Conflictos diación ambiental y daños a la salud ocasionados Mineros de América Latina (OCMAL) (2019) y el por actividades mineras en años pasados. Habría que agregar el caso de la Zacatecana y EjAtlas (2019), hemos identificado al menos 16 cala Laguna el Pedernalillo, ubicada en el municipio sos de conflicto en Zacatecas. Por un lado, se observan los conflictos mine- de Guadalupe, así como la contaminación y los daños sociales y ambientaros laborales ligados les que están generando al reclamo de mejores Las mineras canadienses, estaduni- las operaciones mineras condiciones de trabajo, pero en este espa- denses y mexicanas han construido su de los proyectos Cozacio también se ubican riqueza con base en la explotación la- min (Capstone Gold) y El Compás (Endeavour tensiones intersindica- boral y el despojo de tierra y agua Silver), ubicados en la les. Aquí hallamos un zona metropolitana de conjunto de movimientos que oponen resistencia sea porque exigen una la capital del estado. La dinámica de la conflictividad socioambiental negociación más justa de salarios, condiciones de trabajo o reparto de utilidades; sea porque se opo- minera en Zacatecas muestra que la intensificación nen a seguir siendo representados por sindicatos del extractivismo minero no ha generado progreso que no luchan por sus intereses sino por los de las ni desarrollo; por el contrario, el actual modelo de empresas, tal es el caso de San Martín (Grupo Mé- extracción de minerales ha incrementado las disxico) y Sabinas (Industrias Peñoles) en Sombrerete; putas por el control del trabajo y la vida humana, Francisco I Madero (Industrias Peñoles) en More- animal y vegetal de los territorios, pero no hay melos; Juancipio/Valdecañas (Mag Silver Corp 44 por jor calidad de vida sino la articulación de múltiples ciento/Fresnillo Plc 56 por ciento) en Fresnillo y El conflictos mineros laborales y ecoterritoriales. En Coronel (Grupo Frisco) en Luis Moya-Ojocaliente. algunos casos, los diversos tipos de conflictos se soPor otro lado, están los conflictos ecoterrito- breponen unos con otros, lo cual, complica no sólo riales, los cuales, se dividen en dos grupos. En el la disputa, sino una solución favorable a los grupos primero están los conflictos ecoterritoriales de con- comunitarios, pues, se presentan confrontaciones vivencia y bienes pecuniarios, luchas que buscan entre quienes defienden el trabajo, con quienes deminimizar los impactos ambientales y lograr ma- fienden el territorio (sindicalismo versus ecologismo) yor indemnización, con una visión de minería más y/o, entre quienes buscan mejores retribuciones inclusiva, aquí ubicamos los casos de Peñasquito económicas por la explotación territorial y las mi(Newmont-Golcorp) y Camino Rojo (Orla Mining) radas que plantean formas de vida más sustentables en Mazapil; Del Toro (First Majestic) en Chalchi- y armoniosas con la naturaleza.

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NI UN CULPABLE FABRICADO MÁS

LIBERTAD PARA ANTONIO BARRAGÁN CARRASCO

ADRIÁN RAMÍREZ/PRESIDENTE DE LA LIGA MEXICANA DE DEFENSA DE DERECHOS HUMANOS

ntonio Barragán Carrasco es sobreviviente para que me inculpara; aunque traté de denunciar de la Masacre de Aguas Blancas, despla- tales hechos no pude lograr eco en las autoridazado político de su lugar de origen, preso des. Incluso mis quejas ante la Comisión Estatal de desde el 24 de septiembre de 2001 con delitos fa- Derechos Humanos de Morelos (CEDHM) fueron bricados y asociados a su actividad política. Junto negligentemente atendidas. Sólo se concretaron en con sus coprocesados, es víctima de tortura. Le ce- enviar oficios al Reclusorio. En respuesta, negaron los hechos, nunca me entrevistaron o constataron demos la palabra unos párrafos. “Pido justicia para el señor Eduardo Gallo y mi integridad física o sicológica, mucho menos Tello ante el dolor causado por la pérdida de su investigaron más allá. La queja escribí de puño hija, quien fuera secuestrada el 9 de julio de 2000 y y letra el 30 de diciembre del 2001 y presenté el 4 de enero del 2001 en al CEDHM (expediente asesinada el 18 de julio del mismo año. “Dicho lo anterior, también es preciso señalar 005/2002-4). “Incluso el 18 de octubre 2010 solicité que se que el señor, un civil, doliente por la injusta muerme aplicara el Protote de su hija, toma las colo de Estambul, que riendas de la investiNunca me entrevistaron o constataes el Manual para la gación y mediante su poder económico y ron mi integridad física, sicológica, mu- Investigación y Docuhaciendo uso de sus cho menos investigaron. Solicité que se mentación Eficaces de la Tortura y otros Trainfluencias, logra enca- me aplicara el Protocolo de Estambul tos Crueles Inhumanos bezar operativos, paro Degradantes. No obsticipar en detenciones directamente y, además, interrogar y tomar decla- tante que el juez hizo esfuerzos por atender mi peraciones que luego van a ser convalidadas por los tición en 2012, ésta estuvo mal orientada, ya que él pedía que la Comisión de Indagación tuviera agentes policiales y el propio ministerio público. “A lo largo de la secuela procesal, mis coacusa- injerencia para realizar el Protocolo de Estambul. dos en apariencia irán compareciendo de ‘manera Y como dicha Comisión no estaba integrada, no se voluntaria’ sin que sean requeridos por la autori- me practicó dicho dictamen.” Sin embargo, hoy podemos analizar las irregudad ministerial o por el propio juez de alzada para ampliar sus declaraciones, las que van haciendo laridades en las declaraciones y demás actuaciones una cadena de nuevas identificaciones de presun- que permitirán acercarme a la demostración de la tos responsables que irán a su vez dando aparentes tortura. Cuando Luz Edith Bouchez Ake acudió a informaciones libres y espontaneas de su culpabiliidentificar el cuerpo de su esposo, Juan Miguel dad hasta llegar a mi detención. “Desde el momento de mi detención y durante Lima Herández, fue ilegalmente detenida e invarias ocasiones fui víctima de tortura y amenazas terrogada por la policía de Morelos, a quien de-

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Detención ilegal El 22 de septiembre del 2001, Antonio trabajaba lícitamente en el Valle de San Quintín, Baja California Norte. En el momento en que fue aprendido, sin orden girada por algún Juez, se encontraba en compañía de su familia, sus dos hijos y su esposa. Regresaban de la pizca de algodón. La detención estuvo a cargo del señor Eduardo Joaquín Gallo y trejjo, un policía de Morelos de nombre Rey David Gutiérrez Flores, y elementos de la policía de Baja California. Fue secuestrado. Él y su hijo fuero subidos a

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claró sobre diversos secuestros y robos a casas habitación. Entre ellos, el secuestro de Paola Gallo Delgado, ocurrido el 9 de julio de 2000 y en donde participaron presuntamente seis personas: Neftaly y Juan Miguel Lima Hernández; Rolando; Francisco Mercado Nájera y Anselmo Hernández Benítez. El 16 de julio de 2000, Neftalí Lima Hernández, Juan Miguel Lima Hernández y Miguel Salgado Nájera se proponían a cobrar el rescate por Paola Gallo Delgado. En Puente Grande de Ocotepec fueron emboscados y muertos. Por esta situación los cómplices de los occisos mataron a Paola Gallo Delgado. A causa de los hechos, el papá de Paola, Eduardo Joaquín Gallo y Tello, se dio a la tarea de buscar a los secuestradores de su hija. El 19 de julio de 2000, por señalamientos de Luz Edith Bouchez Ake detuvieron a Anselmo Hernández Benítez, Catalina Olivares Amaro, Fania Tovar García, Petra Benítez Barrios, Librada Tovar García. Tortura mediante, los detenidos señalan a Antonio Barragán Carrasco como participante en el secuestro y homicidio de Paola; y como participantes en los homicidios de Neftalí y Juan Miguel Lima Hernández y Miguel Salgado Nájera. En la ampliación de declaración de Anselmo Hernández Benítez del 16 de octubre de 2001, quedó asentado: “Neftalí me dijo que andaba una patrulla cerca de donde estábamos, que me fuera con el coche para que no lo vieran ahí dirigiéndome a la casa de mi cuñado Antonio Barragán Carrasco, a quien también le decimos Arturo. A quien le comenté lo que había pasado, que tenía una chava secuestrada, preguntándome quién era, diciéndome que no sabía quién era, que era de Tepoztlán, comenzando a platicar, diciéndome que investigara en dónde iba a ser el rescate, preguntándole para que, diciendo que para aprovechar de una vez y matarlos” (sic).

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un vehículo. Durante el trayecto fueron golpeados. Antonio sufrió de descargas eléctricas suministradas por el señor Eduardo y el policía Rey David. Fueron llevados a un paraje solitario, donde siguieron siendo golpeados. Querían que Antonio “confesara” el asesinato de tres hombres. Y a su hijo le decían que tenía que confesar que su padre se hacía llamar “Arturo” y huía de la justicia a causa de los asesinatos. La orden de búsqueda y aprensión fue dictada por el Juez hasta el 7 de diciembre de 2001; solicitada por José Luis Balbuena Bazaldua, secretario Técnico de la Subprocuraduría de Asuntos contra

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la Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de Justicia del Estado, en contra de Antonio Barragán Carrasco, Anselmo Hernández Benítez, Alejandro Aguirre Bahena alias Manuel Veriz Rodríguez y Gilberto Aguirre Bahena, alias Ramiro Bertín Bahena, como probables responsables del delito de homicidio caliﬁcado y asociación delictuosa cometidos en agravio de Neftalí y Juan Miguel Lima Hernández y Miguel Salgado Najera y el segundo de los ilícitos en agravio de la sociedad.

zas, golpes, toques eléctricos y asﬁxia.

Reclusión en el penal

Durante su internamiento, Antonio fue torturado varias veces para que confesara los homicidios de los secuestradores de Paola y su participación en el secuestro y asesinato, esto con el consentimiento del director del penal de Atlacholoaya, Sebastián Insunza Gutiérrez, quien permitía el ingreso del señor Gallo al penal para golpear y amenazar a Antonio con ayuda de custodios. Retención Ilegal Un día el señor Gallo y Tello mandó llamar a Del lugar de la detención, fue trasladado a los Antonio a la sala de audiencias, ubicada en la parte separos de la Procuraduría en Ensenada, donde posterior de locutorios, con un custodio que ocupasiguieron los golpes. Lo tuvieron esposado en una ba el cargo de supervisor, de nombre Francisco Neri posición forzada con una mano arriba, lo que no le Trejo. En el momento en el que el señor Eduardo permitía sentarse, para que “confesara” los homici- lo tuvo a la vista, comenzó a golpearlo en la cabeza. En otras ocasiones lo amarró a una silla y le tapó la dios de los secuestradores de Paola. El 23 Antonio fue trasladado de Baja California boca con cinta canela, al igual que las manos y los pies mientras golpea y Norte a Tijuana y luego pateaba; también le poa la Ciudad de México A 18 años, la causa penal sigue abiernía bolsas de plástico en en un vuelo comercial. Todo el trayecto fue ta. Vendrá una nueva sentencia. El caso la cabeza, generándole golpeado por el señor también lo conoce el Comité contra la asfixia y en consecuencia, mareos y perdida Eduardo y el policía Tortura de las Naciones Unidas del conocimiento. Rey David. Ya en la Ciudad de México fue trasladado en trasporte público (en el Sistema de Derecho a una defensa adecuada Transporte Colectivo Metro). Durante el trayecto para llevarlo a la Procuraduría del Estado de MoreEn reiteradas ocasiones, el señor Eduardo Joalos en un automóvil particular, siguió siendo tortu- quín entró al juzgado armado y amenazando a su rado. Además de los golpes recibió toques eléctricos familia e intimidándola, logrando mediante tráfico en tod el cuerpo con la “chicharra”. También se le de influencias y amenazas. Su poder económico incolocó una bolsa plástica en la cabeza para impidir- fluyó en el juez. Además consiguió que un abogado le la respiración, mientras le decían que debía acep- particular que contrató la familia de Antonio abantar delitos que no cometió y le amenazaban con donara el caso a causa de las amenazas. que de no hacerlo su familia estaría en peligro. Le decían que matarían a sus hijos y violarían a su hija. Recursos jurídicos pendientes Lo ingresaron al penal de Atlacholoaya, Morelos. A 18 años de distancia la causa penal sigue abierta y esperamos que la nueva sentencia le favorezca. Declaración ilegal De la misma manera se ha presentado la denuncia El 24 de septiembre de 2001 en la Procuraduría penal por tortura ante la Fiscalía General de la Repúdel Estado de Morelos, el señor Eduardo Gallo y blica FED/SEIDF/UNAI-MOR/0001409/2019, Tello entregó en copia certificada al Ministerio Pú- FED/MOR/CUER/0000923/2019 y el caso blico, licenciado Carlos Alberto Flores García, una también ya lo tiene el Comité contra la Tortura de declaración que fue impuesta con base en amena- la Organización de las Naciones Unidas.

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LOS PELIGROS DE UNA REFORMA A LA LEY FEDERAL DE VARIEDADES VEGETALES VÍCTOR MANUEL CHIMA ORTÍZ/CENTRO DE DERECHOS HUMANOS FRAY FRANCISCO DE VITORIA, OP, AC

Aunque uno de los argumentos presentados l pasado 19 de febrero, el diputado Eraclio Rodríguez Gómez, del grupo parlamenta- en esta iniciativa es favorecer la productividad del rio del Movimiento Regeneración Nacional campo mexicano, lo cual reduciría la importación (Morena), presentó una iniciativa de reforma a la de alimentos y la dependencia alimentaria de nuesLey Federal de Variedades Vegetales. Cabe señalar tro país, la productividad de la que se habla en ella que esta ley fue aprobada por primera vez el 25 de no contempla la participación de las comunidades octubre de 1996 durante el mandato de Ernesto productoras de pequeña y mediana escala ni el Zedillo y reformada por última ocasión en abril de apoyo a formas tradicionales de producción agríco2012, recién iniciado el periodo de Enrique Peña la, las cuales representan alrededor del 75 por ciento de la producción total en el país; por el contrario, Nieto. Según el artículo 1 de la Ley Federal de Varie- únicamente beneficiaría a grandes productores dades Vegetales, ésta “tiene por objeto fijar las bases –principalmente transnacionales– que producen industrialmente y con y procedimientos para base en el monocultivo, la protección de los deLas semillas nativas están en serio permitiéndoles registrar rechos de los obtentores de variedades vegeta- peligro. Muchas no sobrevivirían. Y otras variedades de semillas les”, otorgando a la hoy podrían terminar siendo patentadas y nativas como propiedad privada. Secretaría de Agricul- “propiedad” de las trasnacionales En efecto, con la tura y Desarrollo Rural aprobación de esta ini(Sader) atribuciones como “fomentar y promover las actividades relativas ciativa de reforma se corre el riesgo de privatizar a la protección de los derechos del obtentor”, “di- y monopolizar las semillas nativas y variedades vefundir las solicitudes de protección y las variedades getales que ya se producen en México –y que son vegetales protegidas”, y “actuar como árbitro en la el sustento de dichas comunidades productoras y resolución de controversias relacionadas con daños campesinas–, y de que nuestro país se ciña a las y perjuicios derivados de la violación a los derechos disposiciones en materia de propiedad intelectual del Tratado de Libre Comercio entre México, Esde los obtentores”, de acuerdo con su artículo 3. En la iniciativa de reforma del diputado Eraclio tados Unidos y Canadá (Tmec), ratificado ya por Rodríguez, se contempla la posibilidad de generar el primero, por lo que con esta iniciativa se adopy registrar nuevas variedades que estén adaptadas a tarían las disposiciones del Acta UPOV 91 (Unión nuestro territorio, además de “fortalecer las sancio- Internacional para la Protección de Obtenciones nes por violaciones a la ley para reducir la piratería Vegetales). El Acta UPOV 91, en términos generales, de semillas, el uso de semilla ilegal y el engaño y daño a los agricultores causados por estos efectos”. permite que variedades de semillas nativas sean

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transgénico ingrese a nuestro país, y la Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País, desde la construcción de un nuevo modelo agroalimentario, apoya la producción de alimentos campesinos para alcanzar la soberanía alimentaria. Ahora que la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria revisará la iniciativa de reforma, ni ella ni la sociedad civil podemos permitir su aprobación, porque esta ley busca abrir las puertas a semillas transgénicas a partir de la ratificación del Tmec, que criminaliza abierta y contundentemente el libre intercambio de semillas nativas entre campesinas y campesinos. Finalmente, si bien es cierto que reconocemos los esfuerzos que tanto el Ejecutivo como el Legisla-

TERCERO DÍAZ/CUARTOSCURO

patentadas y por lo tanto privatizadas, lo cual limita sobremanera a las productoras y productores campesinos, quienes las han utilizado e intercambiado de manera tradicional durante múltiples generaciones. Además, al introducir semillas híbridas patentadas al campo mexicano, los maíces nativos se contaminarían, lo que abre la posibilidad para que los maíces nativos con genes patentados pasen a ser propiedad de quienes poseen dichas patentes. De igual manera, el reconocimiento de la propiedad intelectual sobre las innovaciones en materia de variedades vegetales abriría la puerta a semillas transgénicas como el maíz, además de que se criminalizaría a quienes usen las semillas registradas sin permiso o autorización. Por lo tanto, es claro advertir por lo menos dos cosas: primera, que las semillas nativas están en serio peligro, y segunda, que con esta reforma las empresas transnacionales podrían patentar semillas que por generaciones han sido mejoradas con procedimientos basados en conocimientos de domesticación de semillas, practicados por comunidades campesinas. La iniciativa de reforma de la Ley Federal de Variedades Vegetales no busca atender la situación de riesgo en la que se encuentra la productividad del campo mexicano, sino que, por el contrario, afectaría las formas tradicionales de producción en comunidades indígenas y campesinas, a productoras y productores de pequeña y mediana escala, y particularmente a las diferentes razas de maíz nativo. Por tales motivos, desde la sociedad civil se han implementado e impulsado acciones jurídicas y de incidencia política para evitar que reformas como la presentada por Eraclio Rodríguez Gómez sean aprobadas, siempre con el fin de proteger las variedades vegetales nativas de México, defender a las comunidades campesinas, garantizar el libre intercambio de semillas entre ellas y fomentar las formas tradicionales de producción como la milpa. Por ejemplo, la Demanda Colectiva Maíz ha sido un esfuerzo que durante 6 años ha evitado que el maíz

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tivo han realizado en la materia durante los últimos meses, entre ellos el proceso de aprobación de la Ley Federal para el Fomento y Protección del Maíz Nativo y la declaración del Día Nacional del Maíz, la aprobación de la iniciativa de reforma a la Ley de las Variedades Vegetales no solo cuestionaría fuertemente la legitimidad de las estrategias para reactivar el campo mexicano, apoyar a los campesinos y campesinas y alcanzar la soberanía alimentaria de nuestro país, sino que también atentaría contra las pequeñas y medianas comunidades productoras y campesinas, contra los pueblos y comunidades indígenas, la biodiversidad y los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA) de las mexicanas y los mexicanos.

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EL SITIO DE CULIACÁN

UNA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD FALLIDA PUEDE DESCARRILAR A LA 4T ROBERTO E GALINDO DOMÍNGUEZ, MAESTRO EN CIENCIAS EN EXPLORACIÓN Y GEOFÍSICA MARINA, LICENCIADO EN ARQUEOLOGÍA ESPECIALIZADO EN CONTEXTOS SUMERGIDOS Y BUZO PROFESIONAL; LICENCIADO EN LETRAS HISPÁNICAS

o sería la primera vez que la autoridad de la gente ante el poderío armamentístico y la libera a un narcotraficante debido a la superioridad numérica de los sicarios no se debe violencia generada por grupos de sicarios cuestionar. Sin duda la inminente masacre que descomo consecuencia de su detención. De acuerdo ataría el cártel si no se liberaba a Ovidio canceló con Silvia Otero, esto sucedió durante la adminis- toda capacidad de reacción del gobierno y, como tración de Felipe Calderón, en 2012, según dio a dijo el presidente: “no puede valer más la captura conocer en el reportaje “Semar detiene al Mencho de un delincuente que las vidas de las personas”. Varias situaciones se evidencian y otras ponen y gobernador de AN [Acciómn Ncaional] lo soltó”, publiado en 2015 (https://www.eluniversal.com. en duda el fracasado operativo. Entre éstas tenemx/articulo/nacion/2015/07/9/semar-detuvo-al-men- mos que el mensaje de esta administración es que cho-y-gobernador-de-lo-solto). En el texto señala que por la protección de la que gozó el Cártel de Sinaloa algunas horas integrantes de la Marina retuvieron por parte de los gobiernos de Felipe Calderón y a Nemesio Oseguera, el Mencho, en Zapopan, Jalis- de Enrique Peña Nieto está dando un giro, a pesar de la captura del Chapo, co. La violencia que su grupo armado generó Mientras se ven los resultados de tras la cual no se dio una reacción violenta. hizo que las autoridades, presumiblemente, la estrategia a largo plazo, el gobierno Esto último puede indilo liberaran. Entonces debe redeﬁnir su estrategia en campo. car alguno de dos escenarios: que su captura vimos a través de las Estamos en un momento deﬁnitorio fue pactada o que su redes y la televisión siorganización no estaba tuaciones similares a las que sucedieron el 17 de octubre en Culiacán, coordinada y capacitada para reaccionar como lo Sinaloa. Y aunque los hechos no se confirmaron hicieron en Culiacán. Lo anterior, aunado a la canpor la autoridad, tampoco fueron desmentidos. De tidad y la calidad del armamento que demostraron acuerdo con lo anterior Ovidio Guzmán López no en el sitio de Culiacán, apoya las hipótesis de exsería el primero que en este sentido doblega al Es- pertos como Edgardo Buscaglia y Anabel Hernández, quienes señalan que tras la captura del Chapo tado mexicano. De lo sucedido en Culiacán podemos criticar el el Cártel de Sinaloa no fue disminuido económicaoperativo que implementó el sector militar de la ad- mente. En estos días se ha revelado que en la recta ministración del presidente Andrés Manuel López final del gobierno de Peña Nieto se descongelaron Obrador, pero no podemos decir que interrumpirlo centenares de cuentas bancarias, muchas de estas y liberar a Guzmán López, hijo de el otrora líder relacionadas al cártel, con lo que la administración del Cártel de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera, el priísta devolvió recursos económicos a la organizaChapo, haya sido incorrecto, pues preservar la vida ción del Pacífico.

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El combate a las mafias no se debe librar en el campo y sí como lo ha planteado López Obrador: mediante el desmantelamiento de las redes de corrupción y sobre todo en el ámbito financiero. Lo que desgraciadamente va a traer más eventos violentos, pues los grupos armados no van a ver tranquilamente como el gobierno los va acotando en lo económico. Lo anterior deriva en una gran incertidumbre: ¿El gobierno esta preparado para luchar en todos los frentes necesarios? Desde la toma de posesión, la violencia ha sido su talón de Aquiles; y si no da resultados en su contención en un lapso aproximado de 2 años, garantizando la seguridad ciudadana, el gobierno no logrará concretar la tan anunciada transformación de México. La oposición política y los ciudadanos que se solazan en la garrafal falla del gobierno y hablan de la claudicación del Estado, pidiendo un combate frontal contra los carteles, no han entendido que la estrategia de combatir con las armas a los grupos criminales no ha funcionado y no lo hará, pero eso no es lo más preocupante. Lo es que el gobierno demuestre no haber entendido su propia estrategia, si es que la tiene, esa que requiere enfrentar los acontecimientos criminales en el día a día; y no me refiero a la que ha implementado a largo plazo mediante el rescate social, educativo y económico de los más desprotegidos, aunada al combate de la corrupción. Mientras se ven los resultados de la estrategia a largo plazo, el gobierno debe redefinir su estrategia de seguridad en campo, pues estamos en un momento coyuntural en el que puede darse un empoderamiento aún mayor de los grupos criminales. López Obrador no debe seguir arguyendo que las pasadas administraciones colaboraron con las mafias mexicanas, aunque así haya sido. Ya es tiempo de que con hechos demuestre su capacidad y la de quienes seleccionó para integrar su gabinete de seguridad. GUILLERMO PEREA/CUARTOSURO

Las Fuerzas Armadas actuaron de una manera por demás deficiente, pues no pueden pretender enfrentar a una de las organizaciones criminales más poderosas del mundo con 40 militares. El fallido operativo es una señal contradictoria, pues desde que López Obrador era candidato presidencial hemos escuchado que la estrategia en el combate a los narcotraficantes iba a cambiar; e intentar la captura de uno de sus líderes es atacarlos de frente; y surge la pregunta: ¿de haber capturado a Ovidio en una operación impecable qué se hubiera ganado, cuando la captura de su padre no mermó la operatividad de su organización? El presidente debe explicar a la nación el propósito del fallido operativo como parte de su estrategia, si es que fue parte de ésta; de lo contrario hay una falta de coordinación monumental de los cuerpos militares y una ruptura en la jerarquía de mandos. Lo anterior nos lleva al problema principal: ¿por qué armar un operativo que tuvo tantas implicaciones negativas? Y esto deriva en la suposición de que el gobierno no sabe lo que está haciendo. Si el operativo fue implementado sin el conocimiento de los mandos militares más altos, por ende sin la aprobación de López Obrador, también debemos saberlo y es indispensable una profunda investigación al respecto por parte de la Fiscalía General de la República. El accionar del cártel fue complejo y eficiente, mostraron su poderío armamentístico y la gran cantidad de gente que trabaja para ellos. En este sentido surgen más preguntas: ¿Cuál es el papel del gobernador de Sinaloa Quirino Ordaz Coppel?, ¿qué ha hecho ante la presencia del cártel y la introducción a la entidad de armamento pesado?, ¿para qué se reunió con personal de la DEA (Drug Enforcement Administration) en septiembre pasado? y ¿cómo gobierna una entidad que es dominada por otras fuerzas?

OPINIÓN

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GRUPO MODELO, MOVISTAR, SCOTIABANK, COPPEL, BANORTE…

DOBLEMENTE BENEFICIADAS POR EL SAT

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Entre 2015 y 2019, el SAT no sólo condonó impuestos a grandes contribuyentes; también les redujo multas. Entre las beneficiadas destacan Grupo Modelo, Movistar, Scotiabank, Coppel y Banorte MARCIAL YANGALI

JUAN PABLO ZAMORA/CUARTOSCURO

iez empresas que lograron condonaciones fiscales entre 2015 y 2019 también fueron beneficiadas con reducciones millonarias de multas durante los últimos 2 años, revela información del Servicio de Administración Tributaria (SAT) a la que Contralínea tuvo acceso. Además, otras 35 empresas consiguieron que les disminuyeran las penalizaciones por incumplimientos en sus deberes tributarios. En total –entre enero de 2018 y junio de 2019–, el SAT redujo 6 mil 875 millones 463 mil 119 pesos a las multas de 45 grandes contribuyentes. De este monto, 4 mil 960 millones 391 mil 718 pesos corresponden a 35 personas morales que no figuran en la lista de las beneficiarias por condonación de impuestos; y 1 mil 915 millones 71 mil 401 pesos, a las 10 que fueron doblemente beneficiadas. En el primer gran grupo se encuentran, por ejemplo, BBVA (antes BBVA Bancomer), Sabritas, Ford, Huawei, Hewlett-Packard y Grupo Iu-

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sacell. Mientras que en el segundo figuran Grupo Modelo, Movistar, Scotiabank, Coppel, Banorte.

Las reducciones

XXX

La información del SAT a la que este semanario tuvo acceso y los datos revelados por la organización Fundar descubren que en la lista de las doblemente benficiadas, por ejemplo, está la Cervecería Modelo de México, S de RL de CV. Ésta obtuvo una condonación de deuda por 352 millones 944 mil 228 pesos, de acuerdo con la base de datos del SAT publicada por Fundar. Pero también un monto aún mayor –572 millones 803 mil 752 pesos– correspondiente a cuatro reducciones de multas, ocurridas en junio de 2018. En la lista de las 10 también se encuentra Pegaso PCS, SA de CV, más conocida como Movistar, que recibió una condonación de 2 millones 499 mil 503 pesos. Y, de forma adicional, esta empresa proveedora de servicios de telefonía móvil se benefició con una reducción equivalente a 544

millones 297 mil 459 pesos en diciembre de 2018. Movistar es subsidiaria de la multinacional española Telefónica, SA, y es una de las empresas de telecomunicaciones más importantes del mundo. Scotiabank Inverlat, SA, recibió una condonación por 99 millones 465 mil 430 pesos. Este banco de origen canadiense obtuvo una reducción de multas en junio y octubre de 2018 por un total de 373 millones 192 mil 414 pesos. Coppel, SA de CV, la cadena mexicana multimillonaria de tiendas que venden productos a crédito, recibió una condonación por 3 millones 455 mil 52 pesos. En diciembre de 2018 también se benefició con una reducción de multas por 135 millones 751 mil 856 pesos. El Banco Mercantil del Norte, SA, más conocido como Banorte, recibió una condonación por 172 millones 854 mil 71 pesos. Además obtuvo una reducción de multas por 15 mil 455 millones 204 pesos. Para este trabajo, Contralínea solicitó entrevista con estas cinco empresas y sólo contestó Telefóni-

“En cualquier diferencia que hayamos tenido con el SAT, procedemos conforme a ley”: Movistar

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SANDRA PERDOMO/CUARTOSCURO

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Grupo Modelo, de los consorcios “consentidos” en el sexenio pasado

ca, por el caso de Movistar: “En Telefónica actuamos con transparencia y responsabilidad fiscal en la gestión de nuestro negocio. Mediante el pago de impuestos, nos comprometemos con la sostenibilidad fiscal de las sociedades en las que se desarrolla nuestra actividad”. “En cualquier diferencia que hayamos tenido con el SAT procedemos conforme a la ley y en ningún caso han existido condonaciones de impuestos ni beneficios fiscales. En su caso, reducciones de multas o penalizaciones de acuerdo con el artículo 74 del Código Fiscal de la Federación, y no dejan de ser procedimientos técnicos totalmente alineados con los estándares internacionales”, compartió la compañía vía correo electrónico. Scotiabank sólo señaló que la solicitud se encuentra en proceso de validación y Grupo Modelo explicó que sobre este tema en particular “no se harán declaraciones”. Coppel y Banorte no respondieron.

Otras cinco empresas más que recibieron este doble beneficio son: Heliservicio Campeche, SA de CV; Banco Interacciones, SA; Arnecom, SA de CV; Hella Automotive México, SA de CV; y Banco Invex, SA. En suma recibieron condonaciones por 87 millones 599 mil 212 pesos y una reducción de multas por 270 millones 570 mil 716 pesos.

Beneficios que perpetúan la desigualdad En entrevista, Carlos Brown Solá –coordinador del programa Justicia Fiscal en Fundar– explica que los beneficios fiscales “fueron utilizados como una herramienta política, sistemática, para beneficiar a un grupo muy pequeño de la población”. Agrega que aunque este tipo de beneficios, como el caso de las condonaciones, deberían ser

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LUIS CARBAYO/CUARTOSCURO

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Solicitud de información sobre trato fiscal preferencial, “en proceso de validación”: Scotiabank

para todos los contribuyentes que reúnan los requisitos, muy pocos lo alcanzan en México. “Quienes terminan accediendo son quienes cuentan con el apoyo legal para poder hacerlo. Es decir, quienes pueden pagarse esa ayuda fiscal. Suelen ser personas de altos ingresos, que la contabilidad se las lleva un despacho, que cuentan con todo un andamiaje alrededor”. El también maestro en economía por el Colegio de México y especialista en temas de desigualdades, economía política, fiscalidad, género y políticas públicas comenta: “Esto tiene implicaciones serias porque es el Estado reproduciendo desigualdades económicas en México. Y además las sostiene. Condonar impuestos es el equivalente a que te suelten ese dinero y no lo pagues: se entrega de manera virtual”. Añade que hay indicios para sostener que esta dinámica de beneficios es sistemática: “Supimos 30

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que había contribuyentes que se habían beneficiado tanto por la amnistía de 2007 como por la de 2013. En teoría eso no debe pasar: si te perdonaron una vez no tienen por qué perdonarte una segunda vez. Condonabas una y otra vez, sin cuestionar si esas empresas ya se habían beneficiado de una amnistía masiva”. Respecto a la nueva gestión, opina: “Yo creo que el nuevo gobierno tiene muy buenas intenciones en el lado de las condonaciones. Pero sí falta que sea mucho más claro y específico sobre qué van a hacer respecto a las cancelaciones y sobre los casos especiales de las condonaciones”. Por su parte, Arturo Pérez Robles, abogado especialista en derecho fiscal y derecho corporativo, opina que las condonaciones fueron una “herramienta útil” en casos de desastres naturales en los que una forma de ayudar a las regiones afectadas era condonar los impuestos por un año.

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“Desde mi perspectiva la facultad debe permanecer como una facultad del presidente pero ceñida a casos de una afectación regional o general. (De lo contrario) el día de mañana es ponerte los lazos en la mano. No sabes si vas a tener una situación en la que sea afectada una ciudad o un Estado”, comenta el también profesor de la Universidad Panamericana. Explica que también existía una razón “práctica” aunque criticable: recaudar un porcentaje es más rápido y efectivo. “A algunos gobiernos, para llenarse de recursos, se les hacía muy fácil decir: Si el asunto está en proceso, yo te doy a ti, contribuyente, la posibilidad de que me pagues un porcentaje y lo demás te queda condonado”.

principio de máxima publicidad consagrado en el artículo sexto Constitucional, mediante la apertura de información pendiente respecto a los 201 contribuyentes amparados”. El monto condonado a estas personas, físicas o morales, asciende a 101 mil 443 millones de pesos y corresponde a los años entre 2007 a 2015.

Transparencia o protección de información Desde 2015, Fundar inició un litigio para que la información relativa a las condonaciones sea pública. Aunque esta organización ya ha publicado las bases de datos que recibió del SAT, Carlos Brown opina que debemos “empezar a empujar la transparencia tributaria aún más allá”. Opina que México está “en pañales” a nivel de recaudación. “Una vez que empecemos a abrir esto vamos a ver que tenemos un problema serio con las finanzas públicas de este país. Quien dice que paga, realmente no es el que paga. Y esto es fundamental para empezar a tener un debate en serio, sobre la situación fiscal de este país, que es, a todas luces, insostenible”. Con una postura diferente, el abogado Arturo Pérez Robles señala que “el derecho a la información no debe ser totalmente ilimitado: tiene que tener un límite cuando afecta a la seguridad personal”. Explica que el derecho constitucional para guardar, en secrecía, los datos relativos o vinculados con la contabilidad es tanto para personas morales, empresas, como para personas físicas. Considera sin embargo, que para estas últimas el riesgo es mayor: cualquiera que sepa el monto condonado, sabe que esa persona debe tener más disponible. Por otro lado, recientemente Fundar hizo un llamado para que el Poder Judicial garantizara “el

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EN RIESGO

INSTALACIONES ESTRATÉGICAS DE MÉXICO 32

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Expertos en seguridad nacional sostienen que las instalaciones estratégicas de México son vulnerables ante organizaciones criminales y terroristas. A inicios de este sexenio, la SCT determinó urgente contar un programa nacional de seguridad para la infraestructura en comunicaciones JOSÉ RÉYEZ

OMAR MARTÍNEZ/CUARTOSCURO

México le urge aplicar un programa nacional de seguridad para que haya traslados más seguros, mediante la instrumentación de un sistema de videovigilancia, radares y sistemas inteligentes de transporte (ITS) que permitan disminuir ilícitos y accidentes, señala el documento La inﬂuencia de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en el campo económico y social dentro del concepto de seguridad nacional, obtenido por Contralínea. En concreto, enumera las instalaciones estratégicas de la SCT sujetas a riesgos y amenazas, en donde se aplicarían estas medidas: 117 puertos, 77 aeropuertos, 334 terminales de pasajeros, dos satélites y dos centros de control, 397 mil 993 kilómetros de carreteras, 26 mil 914 kilómetros de vías férreas, 1 mil 453 oficinas del Servicio Postal Mexicano (Sepomex), así como 1 mil 740 oficinas de Telecom. Por ello, como objetivo central, la Secretaría a cargo del político Javier Jiménez Espriú busca contribuir al desarrollo regional acorde con el reordenamiento territorial y al bienestar social “mediante

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el tránsito hacia una red intermodal de comunicaciones y transportes integral, efectiva, sustentable y segura para mejorar las condiciones de la seguridad nacional”. Al evaluar el escenario de seguridad interior que vive el país, destaca la importancia de las instalaciones estratégicas nacionales y el papel que desempeña la red de puertos, aeropuertos y carreteras, y in-

La SCT desarrolla infraestructura estratégica regional, estatal y nacional indispensable para la provisión de bienes y servicios públicos crementar la infraestructura estratégica de México durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, para superar “las grandes asimetrías de la nación”, y promover “una mayor inclusión social”. El documento, entregado a este semanario por medio de la Ley General de Transparencia, indica que “la SCT desarrolla infraestructura estratégica regional, estatal y nacional (…) indispensable para la provisión de bienes y servicios públicos (…) dentro de las líneas de atención de la Ley de Seguridad Nacional”.

Las amenazas Amenazas sociales, naturales y accidentales constituyen un riesgo para las instalaciones estratégicas de México, cuya alteración por organizaciones sociales, el crimen organizado y grupos terroristas podría afectar la estabilidad del país en sectores vitales como el del gobierno, el militar, las comunicaciones y transportes, la salud, energía, electrónico y del ciberespacio. Entre las amenazas a instalaciones vitales destacan las de carácter social, como ataques, asaltos, sabotajes, destrucción, intrusión, robos a instituciones públicas y privadas; secuestro, colusión, extorsión de 34

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funcionarios, por lo cual “implican una negación total del sistema de normas y leyes; sus consecuencias afectan la vida, bienes y el ambiente”, considera el Consejo Nacional de Seguridad. Las fallas en instalaciones vitales, como accidentes, procedimientos peligrosos, pueden causar muertes, lesiones, daños, enfermedades; pérdida de servicios; afectaciones sociales, económicas y ambientales, incendios, explosiones, colapso, constituyen amenazas imprevistas o accidentales, derivan de condiciones anormales de sistemas, procesos o planes de las instituciones del Estado, indica. Se consideran instalaciones estratégicas a espacios, inmuebles, construcciones, muebles, equipos y bienes, destinados al funcionamiento, mantenimiento y operación de actividades vitales del Estado, así como aquellas que tiendan a mantener su integridad, estabilidad y permanencia, señala la Ley de Seguridad Nacional. Por su alcance y magnitud, las amenazas representan un riesgo para la seguridad nacional y, por su origen, se clasifican en naturales (geológicas, hidrometeorológicas, biológicas), sociales e imprevistas, asienta la Guía de Análisis de Riesgos para la Protección de Instalaciones Estratégicas del Consejo de Seguridad Nacional. El documento advierte que para el gobierno pasado, encabezado por Enrique Peña Nieto, los análisis de riesgos de la seguridad física en instalaciones gubernamentales vitales sólo se tomaban en consideración “las amenazas de tipo social y que estén relacionadas con la operación de la instalación evaluada”.

Burocracia, frena seguridad estratégica A pesar de su importancia, el propio gobierno pone en riesgo sus instalaciones. Ejemplo de ello es la observación que hace la investigadora Paloma Mendoza Cortés: pese a que cuenta con el Servicio de Protección Federal, desde hace 2 décadas el gobierno ha contratado a empresas privadas para el resguardo de instalaciones estratégicas. Ello –agrega en entrevista– implica que las actuales instituciones no están cumpliendo con el papel que les corresponde ya que no están sujetas a la transparencia ni rendición de cuentas.

CARLOS ALBERTO CARBAJAL/CUARTOSCURO

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Puerto de Acapulco, vulnerable a depresiones tropicales

La doctora en estudios organizacionales por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) señala que las empresas privadas de seguridad “se convierten en empresas operativas de interés nacional”. Por ejemplo, en la central nuclear de Laguna Verde están contratadas para su resguardo, pero operan en el interior de la planta para datos biométricos, pese a que “es una instalación estratégica de interés público y de resguardo de la seguridad nacional”. La catedrática –egresada del William J Perry Center for Hemispheric Defense Studies (CHDS)– destaca que de ahí deriva el que las empresas privadas contratadas por el gobierno federal se convierten en estratégicas que protegen la seguridad nacional, por lo que en su opinión no queda claro cuál es el papel de estas empresas en la protección de la infraestructura crítica del país. Asegura que un diagnóstico en perspectiva de la seguridad nacional y sus vulnerabilidades pondría

por delante el ciberespacio, “que es donde está el presente y futuro de la seguridad del país considerando la definición de instalaciones estratégicas”. Sin embargo, deplora que la seguridad púbica en México esté politizada y burocratizada, y padezca de un proceso legislativo lento que requiere de negociaciones políticas, y es uno de los principales riesgos a la seguridad nacional e instalaciones estratégicas, porque limita proyectos y el desarrollo del país.

Crimen organizado vs instalaciones estratégicas La vulnerabilidad de las instalaciones estratégicas se vive día a día. Por ejemplo, el robo de combustible que evidenció la capacidad de los grupos delictivos y cárteles de afectar los ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex) y obligó al gobierno federal a

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ordenar la intervención de las Fuerzas Armadas. De acuerdo con la Evaluación Nacional de Riesgos de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), fechada el 25 de septiembre pasado y a la que se tuvo acceso, el robo de hidrocarburos observó un incremento de 117.5 por ciento de 2016 a 2018; el robo de gas licuado fue de 8 mil 400 barriles por día y durante 2018, y se reportaron pérdidas por 66 mil 400 millones de pesos. “Los riesgos siguen creciendo y debemos estar más preparados para prevenir y reaccionar dado que al sufrir una afectación. El robo de hidrocarburos es sólo una muestra que la línea es frágil y que un mal manejo de prevención, administración y reacción de instalaciones estratégicas puede desestabilizar al país”, advierte Raúl Benítez Manaut, experto en seguridad nacional. En efecto, la aplicación del Plan Conjunto para Combatir el Robo de Hidrocarburos desveló vulnerabilidades, complicidades y daños provocados a instalaciones estratégicas de Pemex por parte de grupos de la delincuencia organizada. El Plan puntualiza que, de 1 mil 323 instalaciones estratégicas de Pemex –73 resguardadas por la Sedena y la Marina–, 58 de ellas requieren de mayor atención, entre ellas seis refinerías, 12 estaciones de rebombeo, 15 sistemas de distribución, y 39 terminales de almacenamiento y despacho, y el centro de control México, para lo cual fueron desplegados 6 mil 849 elementos de la Fuerzas Armadas. Tanto la Sedena como la Marina intervienen en los sistemas de bombeo y reparto en 58 instalaciones de Pemex para controlar entrada y salida de pipas, tomaron el control de la seguridad en la refinería de Salamanca, Guanajuato, y vigilan la construcción de la nueva refinería de Dos Bocas, Tabasco. También, resguardan 60 mil 568 kilómetros de ductos de transporte de hidrocarburos, 26 mil pozos, 16 terminales de distribución de gas licuado, 268 estaciones de servicio, instalaciones administrativas, clínicas y hospitales, telecomunicaciones y agencias aduanales de la empresa productiva del Estado. El robo de hidrocarburos y otros problemas amenazan la continuidad de las operaciones de servicios estratégicos, y su combate no tendrá éxito en tanto México no cuente con una estrategia integral 36

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Boqueos carreteros, entre el derecho a la protesta y el ataque a las vías de comunicación

de protección, asegura José Luis Calderón González, vicepresidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada (AMESP). En entrevista, advierte que la seguridad nacional mantendrá un nivel de riesgo significativo en tanto no haya una estrategia de protección a instalaciones vitales e infraestructuras críticas de la nación. El Plan Conjunto de Atención a las Instalaciones Estratégicas de Pemex 2019, señala que la Marina Armada de México desplegó 2 mil 694 efectivos, 87 vehículos y 15 aeronaves en conjunto con personal de seguridad física de la empresa. Destinó 518 elementos de Infantería de Marina para brindar seguridad a 11 instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en particular a la vigilancia perimetral de la planta nucleoeléctrica de Laguna Verde; así como a la planta de nitrógeno de Cantarell. En suma, el personal naval brinda seguridad a un total de 54 instalaciones estratégicas del país.

CRISANTA ESPINOSA AGUILAR/CUARTOSCURO

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icación

A casi 11 meses del gobierno de López Obrador, se han asegurado 13 mil 142 vehículos, 5 mil 72 contenedores y 16 millones de litros de hidrocarburos, señaló el 14 de octubre pasado el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, al hacer un corte de la situación de inseguridad que vive el país. Precisó que, entre noviembre de 2018 y septiembre de 2019, el promedio diario de robo de combustible pasó de 136 mil barriles de petróleo a 86 mil barriles, representando un ahorro de 34 mil 500 millones de pesos.

Fragilidad de instalaciones vitales “Se puede complicar más la seguridad de instalaciones vitales de Estado, por lo que las medidas de protección deben ser integrales, considerar diferen-

tes escenarios por parte del comité de crisis de las instalaciones estratégicas que supervisa a los grupos que conforman el plan integral de seguridad, para mantener la continuidad de su operación”, apunta Benítez Manaut. En entrevista, el especialista y catedrático de El Colegio de México considera que la seguridad de instalaciones estratégicas, como la Comisión Federal de Electricidad y Pemex, demandan servicios especializados privados que no existen en México, donde los únicos con capacidad para realizar labores de protección son las Fuerzas Armadas. Por su parte, Calderón González explica que México desarrolló hace 20 años un catálogo de más de 3 mil instalaciones consideradas estratégicas, entre ellas Pemex, Conagua, CFE –especialmente la planta nuclear de Laguna Verde–, los aeropuertos. Sin embargo, aclara que este catálogo perdió vigencia y se desconoce si ya se actualizó y si se consideraron instalaciones o infraestructuras críticas nuevas –públicas o concesionadas– que brindan servicios de carácter estratégico para el desarrollo del país. Calderón González señala que garantizar la efectividad del personal de seguridad en una instalación requiere de protocolos sistemáticos de operación ante amenazas de bomba, manifestaciones, bloqueo de accesos a instalaciones, agresión a personal o funcionarios, robos, sismos, incendios, terrorismo, secuestros, toma rehenes, delincuencia organizada. Asegura que los principales objetivos de los elementos de seguridad en la protección perimetral de un inmueble estratégico nacional son la disuasión, prevención, detección, evaluación, demora y reacción. Calderón González resalta que actualmente el país solo cuenta con el Grupo de Coordinación de Instalaciones Estratégicas (GCIE), de la División de Inteligencia de la Policía Federal, enfocado a la prevención de ilícitos a través del uso de inteligencia, el cual –de continuar vigente– es un ente muy limitado y con nulo liderazgo que no ha sabido, ni podido permear una visión de Estado. “El GCIE carece de medios coercitivos para regular o establecer políticas y estrategias adecuadas en materia de prevención, profesionalización, resilencia y mejores prácticas para vigilancia y protec-

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GALO CAÑAS/CUARTOSCURO

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“Fragilidad en instalaciones vitales”

ción de instalaciones estratégicas”, subraya.

Servicio de Protección Federal Durante el foro internacional “Seguridad de instalaciones vitales”, celebrado el pasado 25 de julio en el Casino Naval de la Ciudad de México, el secretario Alfonso Durazo refrendó la labor del Servicio de Protección Federal (SPF), responsable de la salvaguarda y custodia de al menos 3 mil instalaciones estratégicas del país, públicas y privadas. El SPF, órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, responsable de la protección, custodia, vigilancia y seguridad de personas, bienes e instalaciones a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como a los poderes Legislativo y Judicial, organismos autónomos e instituciones públicas. 38

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A pesar del saqueo, descuido, robos y abandono en que el nuevo gobierno encontró las instalaciones estratégicas e instituciones públicas del Estado, Durazo afirmó que en los últimos 10 años, el SPF “se consolidó como referente nacional por su efectividad y profesionalismo en la protección de instalaciones vitales y gubernamentales”. Ante representantes de 16 países, directivos de seguridad de 72 dependencias federales y estatales, 35 representantes de empresas privadas de seguridad Durazo Montaño refirió que la seguridad pública “debe de ser neutral, trabajando con todas las fuerzas públicas y privadas por la paz y tranquilidad de los mexicanos, aportando todos los esfuerzos al cumplimiento de esta tarea”. Manifestó la importancia del intercambio de experiencias y mejores prácticas internacionales para “contar con un mejor sistema de seguridad integral en instalaciones vitales, primordial para el

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mantenimiento del orden público y la gobernabilidad del país”. El comisionado del Servicio de Protección Federal, responsable de brindar seguridad a las instalaciones estratégicas del país, José Pedro Vizuet Bocanegra, declinó hablar sobre el tema con este semanario (la entrevista programada la canceló por cuestiones de agenda, según el subdirector de Comunicación Social del organismo, Juan Pablo Avendaño). Vizuet Bocanegra, a la sazón socio de la empresa Seguridad Privada, Patrimonial y Personal, SA de CV, un exmilitar y exdirector de la Policía Bancaria e Industrial, debió renunciar a esta última corporación el 17 de febrero de 2015 tras ventilarse en un video cómo festejaba su cumpleaños en su oficina, en compañía de la directora de planeación. En su página web, el Servicio de Protección Federal refiere algunas acciones desarrolladas en lo que va de la administración del presidente López Obrador, entre ellas reforzar vigilancia contra el robo de hidrocarburos en algunos estados del país y puntos estratégicos de Pemex en el Estado de México y la Ciudad de México. La capacitación de 32 integrantes del grupo de protección ejecutiva del Banco Santander, para “dotar a los participantes de los conocimientos y habilidades necesarias para desempeñar sus funciones apegados a los más altos estándares en materia de protección ejecutiva”. En marzo, el SPF se hizo cargo de la seguridad de las instalaciones de la Fiscalía General de la República y desplegó a 103 policías, para brindar seguridad en la Estación Migratoria Siglo XXI del Instituto Nacional de Migración, en Tapachula Chiapas, “para atender amotinamientos, fuga de migrantes y restablecimiento de la seguridad con base a los tratados internacionales”. Y en un nuevo intento por frenar asesinatos, agresiones, ejecuciones extrajudiciales, atentados y represión contra periodistas y defensores de derechos humanos, desde el primero de octubre, el SPF es responsable de atender al Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, de la Secretaría de Gobernación, bajo el mando del comisionado ejecutivo Aarón Mastache Mondragón. El Mecanismo contará con 169 elementos, que

entrarán en operación en dos etapas: la primera, el primero de octubre y el primero de noviembre con 50 y 40 elementos, respectivamente; la segunda, dará inicio con 79 elementos durante diciembre y enero de 2020. Según el SPF, el personal encargado de brindar este servicio “cuenta con una capacitación y profesionalización bajo estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos, equidad de género, técnicas de seguridad a personas, practicas avanzadas de tiro, primeros auxilios, manejo defensivo y evasivo, conforme a la modalidad de protección a personas”. En lo que va de este gobierno, aumentó el estado de fuerza del Servicio de Protección Federal con 325 nuevos elementos y 130 policías federales para atender 177 servicios desplegados en el país y y hacerse cargo de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnolo-

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gía, Instituto Nacional de Migración, Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, Fiscalía General de la República, y la Secretaría de Salud. Además, se incrementó el número de servicios que ya se ofrecían en el Centro Nacional de Control de Energía, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y la oficina de la Presidencia de la República. El SPF cuenta con un Centro Internacional de Información para recopilar, procesar y almacenar datos de operaciones y servicios, y es la única institución que puede certificar a corporaciones de seguridad pública o privada de los tres órdenes de gobierno.

Ciberespacio, vulnerable ante amenazas Paloma Mendoza Cortés, licenciada en ciencias políticas y administración pública y maestra en gobierno y asuntos públicos por la Universidad Nacional Autónoma de México, asegura que México no cuenta con las debidas protecciones en materia de ciberseguridad, en especial en instalaciones estratégicas críticas para una respuesta inmediata. “En las últimas décadas el ciberespacio es tema de riesgo para las instalaciones estratégicas como un espacio de vulnerabilidad. Del catálogo de un millón de lugares estratégicos pues no se pueden cubrir todos, por eso se debe repensar la toma de decisiones para responder ante una amenaza de esta naturaleza”, ataja la especialista. Explica que actualmente la mayoría de las amenazas a instalaciones estratégicas están en el ciberespacio, donde en promedio la respuesta de los organismos de seguridad en México tarda un año en detectar vulnerabilidades, al grado de pueden afectar la seguridad nacional. Pemex por ejemplo, dice, califica como actos terroristas los ataques a los ductos, no como una amenaza, se puede llegar el caso de plantar un virus en la red, provocado por ciberactivistas públicos o privados. Hay una discontinuidad generacional, ya que es muy difícil que un general entienda que un ciberactivista de 17 años puede convertirse en un atacante a la Intranet de Banamex y ser descubierto un año 40

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después. “Un muchacho que desde su casa instaló un virus y los cajeros empezaron a regalar dinero, puso en evidencia la vulnerabilidad del sistema financiero mexicano”. La catedrática estima preocupante este fenómeno porque, “si bien hay un acuerdo de mecanismos de prevención del ciberespacio, se tiene la intención, pero no el presupuesto, por ejemplo, en la Sedena en el gobierno de Peña Nieto se intentó integrar un comando del ciberespacio, pero no se tuvo el presupuesto”. Y del lado de la Secretaría de Marina que tiene unidades cibernéticas, y de la Policía Federal que cuenta con una Unidad de Inteligencia Cibernética, no se sabe cómo cambiarán con la Guardia Nacional, “porque es un recurso que ya dio problemas, basta imaginar que implanten virus en Pemex o CFE a través de una USB, o correo electrónico, es preocupante”, acota Mendoza Cortés.

Javier Jiménez Espriú, al frente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes

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Fallas en intercambio de información de inteligencia La catedrática de la UAM considera que, pese a que existe el acuerdo de mantener la coordinación entre todos los organismos que intervienen en la seguridad nacional, sin embargo, hay fallas en la cooperación e intercambio de información. “Pese a que hay protocolos y metodología, a la hora de hacerlos prácticos enfrentan obstáculos como la cultura organizacional y la rentabilidad institucional”. Refiere que el intercambio de información entre militares y marinos, la cultura naval y la militar en inteligencia por naturaleza son muy diferentes y a la hora de la unidad de inteligencia naval es la que tiene más contacto con la DEA en el intercambio de información para operaciones contra el narcotráfico (como casos de la muerte de Arturo Beltrán Leyva y la recaptura del Chapo), es muy difícil la coopera-

ción interagencial. Mendoza Cortés enfatiza que a ello se añade que en cuestión de comunicación institucional es muy difícil que organizaciones militares y civiles cooperen, por la cultura organizacional de cada institución y, por otro lado, no se tiene contemplado figuras de comando conjunto para atender este tipo de amenazas a la seguridad nacional. “En el caso del mando, es difícil para un militar obedecer las órdenes de un civil que no sea el presidente de la república, es increíble, es un tema que viene desde la Revolución mexicana, por eso vislumbro que las Fuerzas Armadas no van a obedecer a un mando civil”, acota. “Intriga que a la hora de la operación los acuerdos y convenios de colaboración no se materialicen porque están compitiendo por el presupuesto, intereses institucionales, e incomprensión entre organismos de seguridad militar y civil. ¿Cómo lidiar con eso para tomar una decisión que requiera la colaboración de ambos en el aspecto operativo y burocrático?”, para la defensa nacional. Considera que hace falta identificar los puntos de cultura organizacional de cada organización de seguridad en México para evaluar los pros y contras de colaboración e intercambio de información, conocer más a fondo los organismos civiles de seguridad y militares, y buscar un entendimiento entre ellos. “Eso es muy benéfico a la hora de tomar decisiones no solo estratégicas sino operativas”. “Por desgracia la seguridad está politizada que a nadie le importa buscar puentes de entendimiento que se concreten en la cuestión operativa”, remata.

MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO

AMLO, sin futuro frente al crimen organizado Ningún país del mundo tiene recursos de Estado como para exterminar por completo el crimen organizado, eso es imposible, ni siquiera los países de primer mundo, todos los fenómenos de crimen organizado son una red global, por eso cuando un país pone a todas las instituciones estratégicas del Estado para contrastar un fenómeno global, obvio que va a salir perdiendo, expresa Mendoza Cortés, doctora en Estudios Organizacionales por la UAM. “El presidente Andrés Manuel López Obrador tiene una coyuntura muy difícil, independien-

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ANÁLISIS DEL RIESGO La Guía Análisis de Riesgos diseñada por la Comisión Nacional de Seguridad establece la metodología para identificar, analizar y evaluar amenazas y vulnerabilidades a las que están expuestas las instalaciones estratégicas del país, para generar información que permita la gestión integral de riesgos. Basada en “estándares internacionales de gestión de riesgos, buenas prácticas y conocimientos de personal especializado en la materia”, la guía explica cómo prevenir la exposición de los activos ante ataques terroristas, agresiones contra la infraestructura física o delitos cuyo propósito sea desestabilizar las operaciones y continuidad de las instalaciones estratégicas. El documento plantea identificar y analizar activos y amenazas, evaluar y mitigar riesgos, para lo cual requiere de contar con personal certificado e integrar una célula de análisis de riesgos, compuesta por personal experto en análisis de riesgos. Lo anterior, debido a que los activos -personas, objetos, procesos o propiedades -en caso de sufrir daños- puede desestabilizar el funcionamiento de las instalaciones vitales, por lo que requieren de medidas especiales de prevención o protección para salvaguardarlos y evitar consecuencias indeseables. Los activos que se protegen en una instalación gubernamental estratégica se clasifican en personas (individuo, empleado, proveedor, contratista o visitante); procesos y actividades que se realizan en la institución (incluyen productos y servicios); infraestructura y equipos, e información (datos, archivos, documentos, informes, sistemas de cómputo). En conjunto, refiere que los analistas deben validar los activos identificados en grado de riesgo (zonas estériles, oficinas prioritarias, helipuertos, subestaciones, plantas de emergencia, almacenes de productos, edificios, personas, etcétera), para verificar procesos y protocolos de seguridad. El análisis de riesgos debe ser claro, específico

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y objetivo e incluir la propuesta de solución al problema de seguridad detectado (mitigación de riesgos) mientras que el personal debe diseñar un sistema integral de protección de activos, para establecer acciones de disuasión, prevención, detección, retraso, reacción y coordinación. El sistema debe incluir barreras, diseños, mallas, ventanillas, protecciones, Software especializado, circuito cerrado de TV, rayos X en accesos, accesos automatizados, control de paquetes, protocolos, consignas, capacitación, monitoristas, caninos, y barreras físicas, para delimitar, retardar, disuadir y proteger a las instalaciones estratégicas. Las barreras físicas para la seguridad de los inmuebles estratégicos es fundamental en la evaluación de los riesgos y vulnerabilidades, entre las más comunes figuran alambre de púas, cercas simples y, para uso duro, muros con alambre de púas o con remate de concertina. Mientras, medidas de seguridad tecnológicas deben coadyuvar en la detección, protección, vigilancia, evaluación y reacción, para apoyar a elementos de seguridad e interactuar por medio videovigilancia, sensores de movimiento, control de accesos automatizado por medio de equipos biométricos, arcos detectores de metales y túneles de rayos X. México es un país susceptible a la ocurrencia de desastres de origen natural vinculados con las condiciones de sismicidad del país, la actividad volcánica y fenómenos hidrometeorológicos, especialmente aquellos derivados del cambio climático, que podrían poner en riesgo instalaciones estratégicas del Estado. Igual, el país está expuesto a escenarios de riesgo antropogénicos -incendios forestales, derrames químicos y emergencias radiológicas-, que pueden tener un impacto directo sobre la seguridad de las instalaciones estratégicas. En los últimos 28 años se han suscitado 16 desastres naturales que han tenido un alto impacto en la estabilidad socioeconómica del país. Su costo estimado asciende a alrededor de 457 mil millones de pesos y más de 8 mil vidas humanas.

ISAAC AGUILAR/CUARTOSCURO

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Planta nucleoeléctrica en Laguna Verde, Veracruz, instalación estratégica relevante

temente si fue heredada por el gobierno anterior, afirma. Cada presidente tiene un recurso en su administración para el combate a la delincuencia en su Plan Nacional de Desarrollo y Agenda Nacional de Riesgos, donde establece sus lineamientos generales”, afirma. El crimen organizado -dice- se puede atender a nivel local, pero cuando se quiere contrarrestar sus efectos globales, México obviamente va a perder y desgastar, porque está sobredimensionado las fronteras nacionales, y el gobierno debe pensar que hay asuntos y decisiones que están más allá de lo que el presidente de la república quisiera resolver”. Legalizar o no las drogas en general es parte del esfuerzo, no solo es legalizar y con ello se acaba el tráfico, porque las organizaciones criminales trasnacionales siempre van a buscar un nicho de mercado, para ofrecer lo que una empresa tradicional del Estado no puede ofrecer.

Eso significa económicamente diversificación del mercado, porque son empresas de un mercado capitalista, por eso la legalización sería un paso adelante, pero no la solución total, apunta Paloma Mendoza Cortés, catedrática de la National Defense University, Washington, DC. Opina que, en casos recientes de combate a la corrupción, el mensaje de López Obrador de que no habrá tolerancia a este flagelo y el tráfico de influencias de servidores públicos y del Poder Judicial “es un buen mensaje porque no solo podemos quedarnos en la cuestión del crimen organizado”. “No todo está perdido, no se puede trasmitir a la gente el mensaje de que el panorama está totalmente negro, como investigadores tenemos responsabilidad con la sociedad y buscar la manera de que se puedan determinar salidas posibles a la crisis de seguridad”, concluye.

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CONTINUISMO DE GRAUE

LA UNAM POSPONE RENOVACIÓN

11 de noviembre de 2019

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Reelecto Graue, la batalla por la UNAM apenas comienza. Los grupos que controlan la Universidad deberán negociar el rumbo de la institución con la “4T”. El presidente someterá a los clanes académicos mediante el condicionamiento del presupuesto y los expedientes armados por corrupción en la ”máxima casa de estudios” ZÓSIMO CAMACHO

GALO CAÑAS/CUARTOSCURO

a Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) finalizó la semana pasada un proceso inédito para elegir a su máxima autoridad ejecutiva: el titular de la Rectoría para los próximos 4 años. Gobernada casi siempre por políticos-académicos ligados al Partido Revolucionario Institucional (PRI), la máxima casa de estudios del país vivió la designación del gobierno universitario cuando ese partido no sólo está fuera del poder presidencial, sino pulverizado, con una presencia apenas testimonial en el Poder Legislativo. La disputa por la Universidad no se jugó en la designación en sí, explican académicos consultados por Contralínea. En realidad iniciará apenas ahora que se sabe el nombre del ganador: Enrique Graue Wiechers. Con la reelección del pesonaje viene un proceso de negociación al interior de la institución y hacia el exterior con el grupo político hegemónico del presidente Andrés Manuel López Obrador y el Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

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La batalla por el poder en la UNAM en esta ocasión no estuvo en la eleccion del rector. La disputa inició apenas terminado el proceso Apenas hubo cuatro candidatos y sólo tres fueron considerados seriamente por la Junta de Gobierno. De ellos, los únicos con posibilidades reales fueron Enrique Graue y Angélica Cuéllar Vázquez, y eran parte del mismo grupo que hoy controla la Universidad. Enrique Graue es médico de formación. Angélica Cuéllar, directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPS). Mientras, Pedro Salazar Orozco, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ), no tuvo realmente oportunidad, pues rompía una regla no escrita en cada proceso: el rector debe ser egresado de la propia Universidad. Salazar Orozco es egresado del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). En realidad, la gran batalla por la Universidad empezará en las próximas semanas. Lo que tendrá que venir será una negociación al interior y al exterior para modernizar los procesos de representa-

ción en la UNAM. Se buscará que ésta haya sido la última vez en que el rector fuera elegido por el “grupo de los 15 notables”: la Junta de Gobierno. Todos los académicos coinciden en que el proceso para elegir rector está agotado. Se deben buscar nuevas formas que garanticen una mayor participación de la comunidad universitaria. Y no sólo del rector, sino de las autoridades de la UNAM. Las demandas estudiantiles desde 1986 incluyen la desaparición de la Junta de Gobierno. Hasta la fecha, la elección del rector es una elección de amigos, señala el doctor en ciencias sociales Valeriano Ramírez. El politólogo y sociólogo señala que ya es impostergable transformar las elecciones de la Universidad hacia método más democrático en la que de alguna manera participen todos los rectores de la Universidad. Rechaza que este método tenga que ser abierto a una lección tipo partidista, sino “con criterios claros previamente definidos”. En este mismo sentido, el doctor en administración Luis Antonio Cruz Soto, investigador adscrito a la División de Investigación de la Facultad de Contaduría y Administración, señala que la UNAM no puede quedar al margen de una transformación que se pretende para todo el país. Está de acuerdo en que debe democratizarse la elección de las autoridades univesitarias aunque no a través de elecciones abiertas a todo mundo en las que pudiera caerse en la disputa partidista.

López Obrador no necesitaba imponer rector

LOS RECTORES DE LA UNAM Y SUS GRUPOS: LA HEGEMONÍA DE LOS MÉDICOS Salvador Zubirán (médico): 1946-1948 Luis Garrido (abogado): 1948-1953 Nabor Carrillo (ingeniero): 1953-1961 Ignacio Chávez (médico): 1961-1966 Javier Barros Sierra (ingeniero): 1966-1970 Pablo González Casanova (sociólogo): 1970-972 Guillermo Soberón (médico): 1973-1981

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Octavio Rivero Serrano (médico): 1981-1984 Jorge Carpizo MacGregor (abogado): 1985-1989 José Sarukhán Kermez (científico): 1989-1996 Fancisco Barnés (químico): 1997-1999 Juan Ramón de la Fuente (médico): 1999-2007 José Narro Robles (médico): 2007-2015 Enrique Graue (médico) 2015-2023

CUARTOSCURO

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Enrique Graue (izquierda), reelecto por los grupos de poder al interior de la Universidad

De acuerdo con el politólogo y sociólogo Ramírez Medina, integrante del Consejo Técnico de la FCPS, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador tiene asegurado el control de la universidad mediante dos vías: el presupuesto y la investigación que pueda ordenar por casos de corrupción. Además, considera el académico, todo parece indicar que el actual presidente de la República no está preocupado por la UNAM. En materia de educación superior, sus esfuerzos estarán en la consolidación de la Universidad Benito Juárez. Se trata de un modelo distinto de educación pública. Luis Antonio Cruz Soto, por su parte, señala que la nueva realidad política de México sí tendría que incidir en la Universidad más importante del país. Y si no incidió en el proceso de designación del rector, lo hará en el funcionamiento de la estructura universitaria en los próximos años. De hecho, el doctor en administración pública

considera “necesario” que haya repercusiones en la UNAM de la llegada de un gobierno que busca combatir la corrupción y transparentar la vida pública. “Es necesario que se revise el gasto en la UNAM. Se sigue despilfarrando el dinero”, señala. Cruz Soto advierte que algunas expresiones que esgrimen que debe privar la “autonomía” frente al nuevo gobierno en realidad buscan mantener privilegios y los mecanismos de permiten un ejercicio opaco de los recursos. De hecho, para el investigador, el discrecional uso de los recursos es el principal problema de la Universidad. Tal situación repercute, incluso, en la academia. “La academia está abandonada. Los investigadores tienen sus sueldos. Pero si quieren acceder a financiamiento para realizar investigaciones, no se les aprueban. No hay criterios claros para saber cuáles investigaciones se aprueban y cuáles son. Hay mafias académicas, grupos que

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La última elección de un rector por los “15 notables” de la Junta de Gobierno

controlan ciertos espacios”. De hecho, el doctor Cruz Soto lamenta que en el actual proceso para elegir rector no haya ocurrido cambio alguno. “No veo cambios, todo sigue igual. Se van a mantener las mismas prácticas. Lo que más me preocupa es que se mantiene todo con la anuencia del nuevo gobierno”. Explica que la elección de las autoridades universitarias es de las más opacas que hay en a vida pública del país. Es algo que tendría que cambiar de inmediato. Sin embargo, acepta que tales cambios no están sólo en el terreno de la propia Universidad. En efecto, transformar el proceso de elección de las autoridades de la UNAM pasa por reformas que debe hacer el Congreso de la Unión, en específico las que tienen que intervenir tanto la Ley Orgánica de la Universidad como el Estatuto univesitario. Descarta que el gobierno de la República ten48

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ga interés en atentar contra la autonomía de la UNAM. “No les interesa a los del nuevo gobierno. Además eso les generaría mucha animadversión”. Lo que sí tendría que impulsar el nuevo gobierno, por el bien de la universidad y la transformación del país, es “anular a las mafias y a los grupos que están controlando presupuestos y decidiendo el destino de la Universidad”. Sobre la casi ausencia de candidatos a relevar a Enrique Graue, los académicos consultados ofrecen tres razones. La primera tiene que ver con un cierre de filas al interior de los grupos que se han disputado el poder en la UNAM. La segunda es la línea del nuevo gobierno para que sus simpatizantes no se inscribieran en el proceso. La tercera es la falta de liderazgos sólidos que conjunten amplias simpatías entre la comunidad universitaria. “No hay muchos liderazgo en la UNAM”, señala Luis Antonio Cruz Soto. El doctor en Admi-

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nistración explica que precisamente la hegemonía de los grupos que controlan la universidad ha impedido que crezcan liderazgos al margen de ellos. “Los grupos que controlan las decisiones no permiten el diálogo entre univesitarios ni el debate. Al primer disidente que asoma la cabeza lo reducen políticamente. Quizá académicamente no les es posible, pero políticamente sí. No permiten que surjan nuevos liderazgos.” El primer cambio sería el de la forma en que se eligen a las autoridades. No es que tendría que hacer por particpación abierta, votación. Carlos Luis Sánchez y Sánchez, investigador adscrito al Centro de Estudios en Ciencias de la Comunicación de a FCPS, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, señala que los grupos que se diputan el poder en la UNAM no tiene una existencia orgánica dentro de la Universidad. El maestro en estudios políticos y sociales y doctor en ciencia política por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), señala que lo que sí existe es una “afinidad de gremios”.

Los grupos que se disputan el poder en la UNAM no tienen una existencia orgánica dentro de la institución. Sí existe una ‘aﬁnidad de gremios’ Reconoce que la actual elección fue inédita porque se da en un contexto en el que la Presidencia de la República está en manos de la izquierda electoral mexicana. Además, había generado cierta expectativa de que López Obrador trataría de influir en la sucesión “porque es hijo de la Universidad y de la misma Facultad de Ciencias Políticas y Sociales,

LOS 15 “NOTABLES” DE LA UNAM: LOS QUE DESIGNAN A TODAS LAS AUTORIDADES UNIVERSITARIAS • Juan Alberto Adam Siade (contadoradministrador; Facultad de Contaduría y Administración) • Ana Rosa Barahona Echeverría (bióloga; Facultad de Ciencias) • Eduardo Bárzana García (ingeniero químico; Facultad de Química) • Óscar de Buen Richkarday (ingeniero civil; Facultad de Ingeniería; SCT; Grupo Colinas de Buen) • Jorge Cadena Roa (economista-sociólogo; Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades) • Patricia Elena Clark Peralta (médica; Facultad de Medicina) • Teresita Corona Vázquez (médica; Facultad de Medicina) • Javier García Diego Dantan (politólogo-

historiador; Facultad de Ciencias Políticas y Sociales; El Colegio de México) • Rocío Jáuregui Renaud (física; Facultad de Ciencias) • Rafael Lira Saade (biólogo; Facultad de Ciencias) • José de Jesús Orozco (abogado; Facultad de Derecho-Instituto de Investigaciones Jurídicas) • Vicente Quirarte Castañeda (literato; Facultad de Filosofía-Instituto de Investigaciones Bibliográficas) • Francisco Javier Soberón Mainero (químicomédico; Instituto Nacional de Medicina Genómica) • Jaime Humberto Urrutia Fucugauchi (ingeniero geofísico-científico; Instituto de GeofísicaFacultad de Ciencias) • Gina Zabludovsky Kuper (socióloga; Facultad de Ciencias Políticas y Sociales)

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rado adhesiones al verla como alguien que podía preservar la autonomía universitaria y mantener a la UNAM al margen de la influencia de los partidos políticos.

Aunque la candidatura de Graue no generaba entusiasmo entre la comunidad crítica, una parte de ésta terminó aceptándolo

La “4T” no intervino en el proceso… lo hará enseguida

MARIO JASSO/CUARTOSCURO

donde la directora era una de las candidatas”. Con respecto de las afinidades gremiales al interior de la UNAM, el también postdoctor en el Instituto de Investigaciones Sociales señala que se trata de afinidades naturales. Más que grupos, hay afinidad de gremios. No hay una existencia orgánica de los grupos, sino son afinidades naturales. Explica que la candidatura de Angélica Cuéllar sí fue muy seria también porque había gene-

Salazar Orozco, sin oportunidad

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Los propios grupos que por décadas se han disputado el poder tuvieron que posponer sus rencillas explica el politólogo y sociólogo Ramírez Medina. Están contenidas pero frecuentemente dejan ver algunas expresiones, como los continuos paros de labores en varias escuelas, colegios y facultades y marchas estudiantiles con diversas demandas al interior del campus central. Explica que cuando Jonh Ackerman, investigador del IIJ y a quien hasta antes del inicio de proceso se le veía como el candidato de López Obrador a la Rectoría de la UNAM, anunció que se adhería a Enrique Graue, “no sólo es él”. Advierte que se trata de una posición política de la “4T” para que nadie más de este grupo se meta al proceso. De ahí la baja participación: apenas cuatro candidaturas, cuando en procesos anteriores llegaron a ser 40. Por ello, aunque la candidatura de Graue no generaba entusiasmo entre la comunidad crítica de la UNAM, muchos guardaron silencio. Se sabe que los saldos del rectorado de Enrique Graue son de pérdida de lugares en las clasificaciones de las universidades más importantes del mundo; la negligencia para atender el incremento de la violencia contra las mujeres; la inseguridad en los campus, la falta de transparencia en el ejercicio de los recursos y la impunidad de quienes han cometido actos de corrupción. Pero muchos de los anteriores críticos han guardado silencio.

Médicos, el auténtico grupo de poder El grupo hegemónico es el de los médicos, quienes a mediados de la década de 1970 se apoderaron de la Junta Gobierno y desde ahí han controlado toda la Universidad. La Junta elige al rector y a los directores de las escuelas, facultades, institutos, colegios y centros. A su vez, éstos eligen a cada nuevo integrante de la Junta de Gobierno.

GRACIALE LÓPEZ/CUARTOSCURO

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Angélica Cuéllar, en la orilla

La UNAM ha sido gobernada por tres grandes grupos: Derecho, Ingeniería y Medicina. Los mismos grupos hacen coyunturalmente alianzas. En caso de Ciencias Políticas, siempre ha estado plegado a Medicina, Química y Administración, a Derecho, Ingeniería, a Ciencias, explica Valeriano Ramírez. “Angélica Cuéllar está ligada al grupo de Medicina. Es decir, la terna de este proceso jugó con dados cargados”, asegura. De hecho el grupo de los médicos cumplió en este 2023 un total de 24 años de gobernar ininterrumpidamente a la Universidad. Y entre 1946 y 2019, un periodo de 77 años, sumará 40 de gobernar la universidad. En contraste los otros 37 años de gobierno se reparten entre abogados (9 años), ingenieros (12 años), un sociólogo (dos años), un científico (7 años) y un químico (7 años).

“Los 15 notables son propuestos por el rector, hay un dominio total asegurado desde su propia gestación”, expone. Sobre los grupos de poder, el exacadémico y hoy trabajador de la UNAM Ángel Benhumea, recuerda que en la universidad fueron orquestados y manejados por el PRI, del cual, por ejemplo, el exrector José Narro fue un militante sobresaliente. Coincide en que la de la UNAM es una “estructura anacrónica elitista: sus órganos de gobierno no sólo permiten el control de un pequeño grupo, sino que generan verdaderas mafias que controlan feudos en la Universidad. Por ello, el presupuesto se ejerce de manera tan poco transparente y no tiene como principal fin los objetivos formales universitarios sino los intereses de los grupos enquistados desde hace décadas.

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COLOMBIA EL MAPA CAMBIÓ TRAS LAS REGIONALES Se reacomodan las fuerzas políticas en todas las regiones. El pueblo busca soluciones a las problemáticas económicas y contra la corrupción. Deja de lado la política belicista y por ello la ultraderecha del uribismo resulta perdedora. Sin embargo, los sectores progresistas no logran construir un espacio político de unidad que les permita obtener mayores y mejores resultados

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JAVIER CALDERÓN CASTILLO, MAESTRO EN SOCIOLOGÍA POR LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES, ARGENTINA. ES MIEMBRO DEL GRUPO DE PENSAMIENTO CRÍTICO COLOMBIANO DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE/CENTRO ESTRATÉGICO LATINOAMERICANO DE GEOPOLÍTICA (CELAG)

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l domingo 27 de octubre se realizaron las elecciones regionales en las que los colombianos y las colombianas eligieron a los 32 gobernadores, 418 diputados departamentales, 1 mil 101 alcaldes, 12 mil 63 concejales y 6 mil 814 ediles en los municipios. La participación creció en 2 puntos respecto de la elección regional de 2015, y 6 puntos en relación con las elecciones presidenciales de 2018; en esa ocasión alcanzó el 61.25 por ciento de las personas habilitadas para votar (22 millones 189 mil 63 votantes de 36 millones 581 mil 160 potenciales). Las elecciones se desarrollaron en medio de un ambiente de polarización en los ámbitos locales, con acciones violentas contra candidaturas –amenazas, asesinatos (26)– y otras orientadas a coaccionar a las y los electores, en especial en los municipios de menos de 200 mil habitantes. Algunos clanes políticos de derechas se posicionaron en las regiones para sostener sus poderes locales, con campañas muy costosas y la unificación de diversos sectores políticos, generando coaliciones unitarias de la derecha que no en todos los casos resultaron victoriosas. Hubo algunas sorpresas. El partido de gobierno, el uribismo, perdió en los bastiones principales, donde siempre ha sido muy fuerte la figura del expresidente; perdieron en Antioquia, Medellín y el Eje Cafetero (Caldas, Quindío, Risaralda), y en Bogotá terminaron en el cuarto lugar. Obtuvieron dos gobernaciones –Casanare y Vaupés–, una más que en 2015, pero que en el mapa político representan poco por la baja densidad poblacional. Los demás partidos de la derecha, Cambio Radical, Partido Conservador y Partido de la U, ganaron la mayoría de las gobernaciones y alcaldías en coaliciones. Siguen siendo los principales grupos de poder en los departamentos y en las alcaldías.

El Partido Alianza Verde, fue el partido que más creció, en especial porque se hizo con la Alcaldía de Bogotá en coalición con el Polo Democrático, imponiendo a la primer mujer alcaldesa del distrito, Claudia López; dos capitales de departamento: las alcaldías de Cúcuta (frontera con Venezuela), y de Manizales, en el Eje Cafetero; una gobernación (Boyacá) en coalición con el Partido Liberal, y otras 49 alcaldías. De otro lado, la coalición Colombia Humana-UP, liderada por Gustavo Petro, no resultó efectiva en la elección: el candidato Hollman Morris terminó tercero en la elección de la alcaldía de Bogotá, no obtuvo gobernaciones –salvo Huila, en coalición– y el candidato que apoyaba para la alcaldía de Cali, pero no perteneciente a su movimiento, resultó ganador. Otro resultado destacable de las elecciones fue el triunfo de varios candidatos independientes en ciudades donde la política tradicional es muy fuerte, como en Medellín, Cartagena, Santa Marta y Villavicencio. Hubo un rechazo contra el uribismo en los grandes distritos electorales, mostrando un desgaste de su política belicista y un malestar con el gobierno nacional. Duque resulta perdedor en medio de los grandes problemas de la economía y de la creciente demanda social. El petrismo no logró espacios de gestión municipal, aunque algunos de sus aliados sí lo hicieron, como Carlos Caicedo en la gobernación del Magdalena. Sergio Fajardo se fortalece con el triunfo de los “verdes” en Bogotá y de los independientes en Medellín, aunque sigue sin una fuerza propia con gestión territorial.

Resultados en las gobernaciones Como se puede ver en la Tabla 1, fueron las coaliciones entre partidos,

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especialmente los expartidos que conformaron el Gobierno de Juan Manuel Santos. El Partido Liberal, con 31 candidaturas propias y de coalición, resultó el que más proyección logró. Junto con Cambio Radical, liderado por el exvicepresidente Germán Vargas Lleras, con 29 candidaturas, resultaron las dos formaciones políticas con mayor participación y, como se verá más adelante, con los mejores resultados. El Partido Conservador y el Centro Democrático participaron en todo el país. El primero, manteniendo una fuerza que le permite ser un espacio político importante; aunque deslucida, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, perteneciente a esa formación, apoyó muchas de estas candidaturas con un relativo éxito, y en ese sentido se puede afirmar que se despegó de la

derrota uribista. El Centro Democrático también realizó una gran apuesta: tenía 10 candidaturas a gobernación en solitario y 16 en coalición. Los partidos progresistas y las formaciones de minorías étnicas (AICO, MAIS, Afrocolombianos) hicieron un ejercicio electoral superior al de 2015, presentando más candidaturas y coaliciones para disputar los gobiernos departamentales, contra las maquinarias y lo fuertes poderes de derecha afincados en éstos. Alianza Verde, con 21 candidaturas, ocho propias y 13 en coalición; Colombia Humana-UP con tres candidaturas propias y nueve en coalición; y el Polo Democrático, con siete propias y nueve coaliciones. Un asunto por resaltar es la creciente participación de las iglesias neopentecostales en las elecciones: el Partido Colombia Justa Libres, se presentó con 16 candidaturas propias y ocho coaliciones, sabiendo utilizar su participación actual en la bancada gobiernista en el Congreso y las cuotas de poder en la Administración del Estado.

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Los resultados

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El Partido Liberal fue el que más triunfos obtuvo, con dos gobernaciones en solitario (Córdoba y Sucre) y 13 en coalición, una elección que le mantiene como uno de los partidos con mayor peso territorial, aunque tenga una débil participación en las elecciones nacionales pues no cuenta con políticos de proyección en esa escala. El Partido de la U, liderado por el expresidente Santos, logró una gobernación en solitario (Guainía) y 13 gobernaciones en coalición. Esta formación disminuyó su capacidad electoral. Cambio Radical, el partido de Germán Vargas Lleras, ganó 13 gobernaciones en coalición, manteniendo su fuerza en departamentos con alta densidad electoral,

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como Cundinamarca, Atlántico, Antioquia, Cesar y Valle del Cauca. Es, quizás, la fuerza que sin tener gobernadores en solitario, cuenta con la mayor capacidad de gestión territorial. En el 2015 también le había resultado muy bien la elección, lo que hacía pensar en la excelente posición de fuerza para la candidatura presidencial de Vargas Lleras en 2018; no resultó cierto, puesto que este político quedó relegado a un cuarto lugar, con un 7 por ciento de votación, y sin chances de incidir en la segunda vuelta. El Partido Conservador conserva una gobernación en solitario (Caquetá) y 11 en coalición, obteniendo unos resultados superiores a su aliado, el Centro Democrático. Este, de la mano de Uribe, logró ganar en solitario dos gobernaciones (Casanare y Vaupés) y cinco gobernaciones en coalición, en distritos electorales muy pequeños como Amazonas, Guaviare y Vichada, lo que muestra un gran retroceso. La otra fuerza de la coalición parlamentaria que apoya el Gobierno de Duque, el partido neopentecostal Colombia Justa Libres, logró dos gobernaciones en coalición, Risaralda y Chocó, registrando una muy buena elección ya que es la primera vez que participan en una contienda regional. El progresismo no tuvo una gran elección en las gobernaciones, pues al poder político regional lo ostentan grupos con poder económico y en los municipios medianos y pequeños (que nutren la elección a gobernador) las dinámicas de poder tradicional siguen siendo muy fuertes. Sin embargo, esta elección resultó mejor que la de 2015 para estas formaciones políticas. Alianza Verde, por ejemplo, ganó cuatro gobernaciones en coalición –Boyacá, Antioquia, Caldas y Chocó–; el Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS), ganó en cuatro gobernaciones de coalición: Huila, Arauca, Caldas y

Meta; el Polo Democrático y la Colombia Humana-UP, ganaron la gobernación de Huila en coalición con otras fuerzas; y Carlos Caicedo, de Fuerza Ciudadana y aliado de Petro, ganó la gobernación Magdalena.

Alcaldías En las elecciones celebradas el pasado 27 de octubre, estaban en disputa 1 mil 101 alcaldías municipales. De acuerdo con los resultados del preconteo presentados por la Registraduría Nacional del Estado Civil, cerca de 530 alcaldías fueron ganadas por coaliciones, en su mayoría conformadas por los partidos Liberal,

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Cambio Radical, Conservador, Centro Democrático, y la U. Se consolida la tendencia a generar coaliciones interpartidistas para lograr el poder municipal, pues en 2015, en 274 municipios las alcaldías habían sido ganadas por coaliciones. Eran más los candidatos presentados por una sola fuerza política. El crecimiento de las coaliciones tiene una consecuencia directa sobre la disminución de las alcaldías sostenidas por los partidos en solitario. El Partido Social de Unidad Nacional, la fuerza que ostentaba el mayor número de alcaldías (182), en es-

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tas elecciones sólo obtuvo 87, perdiendo más del 60 por ciento. El Partido Liberal perdió cerca de 58 alcaldías, llegando en solitario a 99 gobiernos municipales. El Partido Conservador fue la fuerza que menos perdió poder local, obtuvo 119 alcaldías en 2019, 40 menos que en 2015. Y Cambio Radical, pasó de 133 alcaldías a 61, perdiendo más de la mitad de las obtenidas en 2015. El partido Centro Democrático (uribismo), ganó 71 alcaldías, 16 más que en el 2015; el partido Colombia Libre Justos (neopentecostales) obtuvo cuatro alcal-

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días. Estas fuerzas crecen en municipios medianos y pequeños; en las ciudades con votos de opinión mostraron menos capacidad para imponerse y, aunque el número de alcaldías es importante, no son las más determinantes en el mapa político nacional, pues no ganan en ninguna capital de departamento. El progresismo, por su parte, no logra crecer de forma importante en sus disputas locales por la gestión territorial. Sí ganaron en distritos electorales de peso, como Bogotá, Cúcuta, Bucaramanga, Manizales y Cali. El Partido Alianza Verde logró 51 alcaldías, 26 más que en el 2015; MAIS consiguió 21 alcaldías; el Polo Democrático tres, y Colombia Humana-UP, sólo se impuso en una alcaldía. Esto último con una particularidad: el candidato ganador es el exguerrillero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Julián Conrado, quien está en proceso de reincorporación. Otras formaciones políticas, como ASI, ADA, AICO y Colombia Renaciente, lograron algunas alcaldías, aunque estas formaciones son conocidas por entregar avales a políticos locales que no representan proyectos políticos ligados a éstos. Son partidos que obtienen el reconocimiento ante el Consejo Nacional Electoral como minorías étnicas, indígenas o afrodescendientes.

votos en una estrecha y disputada elección con Carlos Fernando Galán (32.48 por ciento), quien se presentó como independiente, pero que hace parte de la política tradicional ya que fue presidente y vocero de Cambio Radical, así como concejal de Bogotá y senador por esa formación política. El tercer lugar lo ocupó el petrista Hollman Morris (13.99 por ciento), y el candidato del uribismo, Miguel Uribe Turbay, quedó en cuarto lugar con el 13.56 por ciento. El resultado muestra un cambio moderado en la política de la ciudad, donde retoma el gobierno una propuesta con matices progresistas. Los derrotados de esta elección en la ciudad son el actual alcalde, Enrique Peñalosa, que le apostaba al triunfo de Galán, y el uribismo, que no logra tener una fuerza con peso en la ciudad. El petrismo perdió también, en especial porque no contará con el apoyo de la gestión distrital en las aspiraciones presidenciales de Petro, aunque consolidó una votación importante y se mantiene como una fuerza clave en la política.

El progresismo sí ganó distritos electorales de peso como Bogotá, Cúcuta, Bucaramanga, Manizales y Cali; pero no logra crecimiento importante

Las grandes ciudades La concentración poblacional en Colombia está en las grandes ciudades, capitales de departamento y en el Distrito Capital de Bogotá. En ese sentido, la elección de estos distritos resulta importante, y en esta ocasión sectores independientes de las maquinarias tradicionales se impusieron allí. En la capital del país, Claudia López se impuso con el 35.21 por ciento de los

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Existe un reacomodo de fuerzas políticas en todas las regiones, donde vienen emergiendo proyectos políticos independientes

11 de noviembre de 2019

La gran sorpresa en estas elecciones fue el triunfo de Daniel Quintero en Medellín, quien le ganó al uribismo en su bastión electoral. El presidente Iván Duque ganó las elecciones presidenciales por la enorme diferencia obtenida en Medellín y Antioquia sobre Petro, por lo que la derrota tiene, además, un mensaje de inconformidad con la gestión presidencial. Quintero obtuvo el 38.56 por ciento, casi 9 puntos más que el candidato uribista, Alfredo Ramos (29.88 por ciento), y dejó en el tercer lugar a Santiago Gómez, del fajardismo, con el 12.09 or ciento. Dos candidatos outsiders llegaron a dos alcaldías intermedias, William Dau en Cartagena y Jairo Yáñez en Cúcuta. El primero es un profesional que no había participado en política: se presentó por las firmas de un grupo de ciudadanos y les ganó a los poderosos clanes cartageneros con una campaña austera que sólo costó 15 mil dólares, y cuya consigna principal fue la lucha contra la corrupción. En Cúcuta, una ciudad dominada por políticos ligados al paramilitarismo y con una tradición muy conservadora, Yáñez realizó una candidatura muy particular. Con un

megáfono salió a recorrer las calles de la ciudad contando su programa de gobierno; derrotó a las maquinarias con la propuesta de acabar con la corrupción y gestionar acciones para superar las graves situaciones de pobreza de la ciudad. En Cali y Santa Marta triunfaron aliados de Gustavo Petro. Jorge Iván Ospina, en Cali (37.93 opr ciiento), ganó de forma holgada sobre su principal contrincante, Roberto Ortiz (25.43 por ciento), apoyado por el uribismo. En Santa Marta, el movimiento Fuerza Ciudadana se impuso con la candidata Virna Jhonson, con el 63.43 por ciento de los votos sobre el candidato uribista, Juan Carlos Palacio (16.23 por ciento). De las grandes ciudades del país, sólo Barranquilla quedó en manos de la derecha y de los clanes políticos. El candidato de Cambio Radical y de todos los partidos de derecha se impuso en una ciudad que lleva varios periodos gobernada por una familia multimillonaria, los Char, dueños del equipo Junior de Barranquilla y de una cadena de supermercados.

Conclusiones y tendencias De este proceso electoral se pueden generar algunas conclusiones que advierten tendencias sobre los escenarios políticos del país. La primera es que existe un reacomodo de fuerzas políticas en todas las regiones, donde vienen emergiendo proyectos políticos independientes cansados de la política tradicional. La ciudadanía está buscando resoluciones sobre las problemáticas económicas y contra la corrupción y empieza a dejarse de lado los debates confrontativos y ligados a la guerra. Es por ello que el uribismo está en franco retroceso: al parecer, en el imaginario nacional, la emocionalidad sobre el expresidente se torna negativa y ya no resulta un gran elector. Si la Presidencia de Iván Duque mantiene su tendencia al fracaso, æ

ISAAC ESQUIVEL/CUARTOSCURO

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Uribismo, derrotado. En la imagen, el

Los sectores progresistas no logran construir un espacio político de unidad que les permita obtener mayores y mejores resultados. El personalismo de algunos espacios, como el petrismo y el fajardismo, son importantes para la disputa en contra de los partidos de derecha, pero hacen mella en la posibilidad de articular las fuerzas y ofrecer la alternativa que, al parecer, anda buscando la población; ésta reconoce cada vez más cuáles son sus problemas y se aleja de a poco del apoyo a las maquinarias. La participación de la exguerrilla de las FARC en estas elecciones regionales se vio frustrada por la enorme violencia en su contra y en los territorios donde tenía su más importante presencia. Sin embargo, logró ganar una alcaldía en coalición con Colombia Humana-UP. El progresis-

mo no la recibe como fuerza política en sus coaliciones, al considerar que son mal vistos por la población y no representan caudales importantes de votos. Falta mucho para consolidar la paz. Las formaciones políticas de derechas, en cambio, están actuando con mayores niveles de coordinación y en alianzas eficientes que les permiten mantener el poder territorial. El pragmatismo que las caracteriza se refleja en el apoyo de los candidatos más opcionados en las gobernaciones y municipios, a cambio, claro está, de la distribución de puestos y recursos. Este esquema les permite mantenerse competitivos para las elecciones nacionales y con un poder territorial sin grandes desafíos, salvo en los grandes distritos electorales de las ciudades, donde los votos de opinión pesan más que las maquinarias.

presidente colombiano Iván Duque con el vicepresidente estadunidense Mike Pence

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ARGENTINA: UN PROYECTO POPULAR,

DEMOCRÁTICO Y LATINOAMERICANISTA El escenario político abierto en Argentina, y que repercutirá en la región, es producto de fortalezas internas del movimiento popular como de profundos fracasos del espacio ideológico que pretendió llegar para quedarse, pero sólo permaneció 4 años. Se va del poder la derecha pero se quedan al acecho sus intentonas golpistas. Vienen tiempos difíciles para un Continente en disputa

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JOSÉ CRUZ CAMPAGNOLI, POLITÓLOGO POR LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES, ARGENTINA/CENTRO ESTRATÉGICO LATINOAMERICANO DE GEOPOLÍTICA (CELAG)

11 de noviembre de 2019

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l último 27 de octubre la fórmula Alberto Fernández-Cristina Fernández derrotó en primera vuelta al binomio Mauricio Macri-Miguel Pichetto por más de 2 millones de votos y una diferencia porcentual que en el escrutinio definitivo podría estirarse hasta 10 puntos o más. Estamos ante un escenario inédito. Nunca un ciclo neoliberal fue tan corto en la Argentina (4 años); nunca la vuelta de un gobierno popular fue tan repentina. Por primera vez la derecha es el paréntesis histórico entre dos gobiernos populares; también por primera vez, un presidente que se presenta a su reelección es derrotado.

Apostillas de la elección El resultado de las elecciones PASO (Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias) del 11 de agosto provocó un shock en la escudería de Cambiemos, que impulsó una intensa campaña para atraer a votantes asustados con el regreso del kirchnerismo. Por ello la primera vuelta, del 27 de octubre, terminó operando como un balotaje para el electorado del oficialismo. Así, ante el resultado demoledor de las PASO, Cambiemos apeló a una sensibilidad antikirchnerista/antiperonista que posibilitó aumentar su caudal de votos a casi 40 por ciento, lo que no impidió, de todas maneras, una amplia derrota sin necesidad de segunda vuelta. El antimacrismo fue el eje aglutinante que propició la constitución del Frente de Todos y la capacidad de Cristina la llave maestra que, con su jugada estratégica, habilitó la conformación de una coalición que pudo unir a la inmensa mayoría de los dirigentes del peronismo y a todo el campo popular. El Frente de Todos no fue sólo la contracara del ajuste perpetrado por el go-

bierno de Macri, sino que también ofreció una propuesta que expresaba novedad, frescura y esperanza. Podemos decir, entonces, que la clave de la disputa electoral finalmente se dio en el plano de las antinomias, un antimacrismo robustecido y esperanzador versus un antikirchnerismo fatigado que hizo su mayor esfuerzo por tener una derrota digna. Fue una decisión magistral de Cristina Fernández de Kirchner el no encabezar la fórmula presidencial, así como también descartar de plano las invitaciones de sectores aliados a retirarse a cuarteles de invierno con el argumento que ella era un obstáculo para triunfar en las urnas. No encabezar el binomio presidencial pero, a su vez, integrar la fórmula, logró que su potencia electoral se vea reflejada en las urnas y también evitó que el equipo de campaña de Macri pudiera instalar con éxito el clivaje kirchnerismo/antikirchnerismo como organizador de la elección.

El antimacrismo como antineoliberalismo Si el antimacrismo fue el factor coagulante de la coalición triunfante, el carácter antineoliberal que tanto Alberto Fernández como la actual vicepresidenta electa expresaron que va a tener el próximo gobierno constituye un desafío de enorme trascendencia. El pasaje del antimacrismo al antineoliberalismo le da una nueva unidad conceptual al Frente de Todos después del 10 de diciembre, cuando Macri deje de ser presidente, y obligará a la tercer etapa del kirchnerismo –encabezada por Alberto Fernández– a tener gran creatividad y audacia. Todo esto en un contexto económico muy complejo. Es un desafío estratégico desmontar la matriz neoliberal que opera no sólo como un conjunto de medidas económicas sino como una racionalidad que se apropia de

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La oleada conservadora que auguraba el ‘ﬁn de ciclo progresista’ está en entredicho. Estamos en un escenario de disputa por Latinoamérica

11 de noviembre de 2019

los individuos capturando nuestras subjetividades y construyendo una cultura mercantilista e individualista. Al mismo tiempo, el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández tiene la misión histórica de romper el péndulo que azota a nuestro país hace décadas: que a gobiernos populares le sobrevienen gobiernos de derecha. La derrota del experimento neoliberal bajo la forma Juntos por el Cambio en la Argentina marca un hito en América Latina y la región: la oleada conservadora que auguraba “el fin de ciclo progresista” empieza a ponerse en cuestión y se ratifica que estamos en un escenario en disputa. Tributan a esta idea las grandes movilizaciones que ponen en jaque al gobierno de Piñera y el triunfo de Evo Morales en Bolivia en primera vuelta. Pero no hay que desconocer, al mismo tiempo, el escenario complejo para el Frente Amplio en Uruguay de cara al balotaje. La experiencia de Macri fracasó en sus propios términos. No hubo inversiones productivas, no se redujo la inflación, la economía está en recesión y se van del gobierno dejando un “cepo” casi estricto a la compra de dólares. De hecho, lo único que hicieron fue exacerbar y profundizar los problemas preexistentes. La Argentina tiene particularidades históricas que pueden explicar, en alguna medida, la derrota de Cambiemos: un movimiento popular potente, con una cultura organizacional muy profunda en la que el movimiento sindical (que antecede al peronismo, pero se fortaleció y desarrolló fuertemente durante aquella experiencia) juega un papel protagónico. También tiene una tradición de resistencia muy arraigada en su ADN: la dictadura militar (1976-1983) fue la más sangrienta pero la más corta del Cono Sur. Dejó la trágica secuela de 30 mil personas detenidas-desaparecidas, pero sólo duró 7 años. En

Uruguay la dictadura duró 12 años (19731985), en Chile 16 años (1973-1989), en Brasil 21 años (1964-1985) y en Paraguay 35 años (1954-1989). En todos estos casos la salida de la dictadura fue pactada, con matices –según el caso–, y con una transición dirigida por las élites en connivencia con las jerarquías castrenses. En el caso argentino, la dictadura se vio arrastrada al vacío por la grave crisis económica, pero principalmente por las crecientes movilizaciones y huelgas organizadas por las centrales obreras. La derrota en la Guerra de Malvinas de 1982 terminó de sellar la suerte de aquel gobierno de facto. Y en 1985 los comandantes de la Junta Militar estaban presos y condenados. Esta experiencia de juicio y castigo a los responsables del genocidio en forma inminente no sucedió en los otros países de la región que señalamos. Al mismo tiempo, en las últimas décadas Argentina desarticuló por completo el papel protagónico que ejercieron las Fuerzas Armadas como partido político-militar durante el siglo XX, en representación de las clases dominantes. Pero hay un dato que excede largamente a la Argentina, que es el agotamiento del ciclo ascendente neoliberal. Marx decía, con razón, que el capitalismo fue revolucionario desde sus inicios; fue portador de novedades y siempre tuvo capacidad de reformularse. Pensemos en sus comienzos mercantilistas en los siglos XVI y XVII, el capitalismo industrial del siglo XVIII, pasando por su fase librecambista iniciada a mediados del siglo XIX, hasta la crisis de 1930. Luego vinieron el keynesianismo y el Estado de Bienestar, hasta su agotamiento en la década de 1970 del siglo pasado. Ahí surge de manera “revolucionaria” el neoliberalismo, que venía incubándose en círculos intelectuales –desde 1938, con el Coloquio

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Walter Lippman en París, luego en 1947 por la Sociedad de Mont Pelerin en Suiza, impulsada por el austriaco Friedrich von Hayek y, posteriormente, con la famosa Escuela de Chicago de Milton Friedman–. Casualmente, las primeras experiencias de las reformas de mercado se dieron en Chile durante la dictadura de Augusto Pinochet, y luego en forma inconclusa durante la dictadura militar argentina. Pero el neoliberalismo adquirió su forma más potente en el Reino Unido y Estados Unidos, con Margaret Tatcher y Ronald Reagan, a principios de la década de 1980. Se configuró, así, una nueva utopía que vino a remodelar el sentido común de las sociedades, no sólo desregulando la economía sino también formateando las subjetividades. La caída del bloque del Este y

de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) potenciaron el despliegue neoliberal a escala planetaria. En América Latina las reformas de mercado previstas en el decálogo del Consenso de Washington tuvieron su edad de oro durante toda la década de 1990, hasta que entraron en crisis. Y de una crisis profunda de la cual no pudieron salir. Prueba de ello es el fracaso de este último ciclo (2015-2019). Lo que fracasó en la Argentina en estos años no fue Macri en tanto individuo, sino la forma que adoptó el capitalismo desde 1970. Hay una crisis existencial del neoliberalismo, precisamente porque dejó de ser portador de novedades; por mas big data, Facebook, block chains y nuevas tecnologías que desarrollen no pueden dar

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respuestas satisfactorias ni a las viejas ni a las nuevas demandas de las mayorías. Sabemos que el neoliberalismo no está derrotado aún porque está implantado como un chip en la racionalidad de los sujetos, pero están en crisis los fundamentos que lo sostienen.

Pero, ¿realmente fracasaron en Argentina? Alguno o alguna podría decir, con razón, que si lograron bajar los salarios en dólares, mejorar la tasa de ganancia de grandes sectores de la economía (sector financiero, energético), endeudar en dólares al país en casi un producton interno bruto (PIB) para alimentar centralmente la fuga de divisas o hacer grandes nego-

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cios familiares como los obtenidos por las empresas ligadas al presidente saliente, no han fracasado. Y también se podría agregar que, si después de la devastación económica que produjeron, se retiran con un apoyo del 40 por ciento de los votos, el fracaso no ha sido tan rotundo. Es interesante discutir estos puntos. Resulta importante considerar que Cambiemos fracasó en dos aspectos. Primero, en su capacidad para lograr resultados económicos como los que enunciamos más arriba; o sea, fracasaron en sus propios términos. No pudieron llevar adelante reformas estructurales, como la reforma laboral, o desmantelar el sistema previsional; sólo pudieron reducir los montos de los aumentos jubilatorios. Tampoco pudieron reprivatizar Aerolí-

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neas Argentinas ni Yacimientos Petrolíferos Fiscales. Todo esto se debió a una tenaz resistencia popular con eje en el movimiento sindical y una conciencia, de parte importante de la sociedad, del valor de ciertos derechos. Segundo, no pudieron construir hegemonía. Su proyecto era gobernar por 30 años la Argentina para remodelar la estructura económica, social y sindical del país, y para eso precisaban reformatear el sentido común del pueblo, desmontar un sistema de valores vinculado a la defensa de los derechos sociales y económicos que se fortaleció durante los 12 años de kirchnerismo (2003-2015). Con respecto del 40 por ciento de votos obtenidos por la fórmula encabezada por Mauricio Macri podemos decir dos cosas: que el antikirchnerismo/antiperonismo aun conserva una potencia importante en la sociedad; hay algunos autores que sostienen, incluso, que el antikirchnerismo es la identidad más robusta de la Argentina, y que el antiperonismo surgió primero que el peronismo dando lugar, precisamente, al surgimiento de este último. También es materia de análisis desmenuzar si la composición de ese voto es homogénea. Es probable que un sector importante que votó a Cambiemos pueda ser interpelado por las políticas públicas del próximo gobierno. En segundo lugar, es preciso poner el foco en los casi 50 puntos porcentuales obtenidos por el Frente de Todos. Un guarismo inimaginado algunos meses atrás.

bolsonarismo con Tea Party, y ocupación masiva de la calle con movilizaciones, micros y choripan. Llegaron hablando de terminar con el populismo y se van convertidos en una derecha populista que, tal vez, asuma características violentas. Y esto no es una particularidad rioplatense, vemos cómo la derecha en Bolivia no reconoce el legítimo triunfo de Evo Morales y desarrolla un plan destituyente. No serán tiempos, pareciera ser, para ir de “casa al trabajo y del trabajo a casa”, como decía Juan Domingo Perón; serán tiempos de recuperar el trabajo, primero, y al mismo tiempo no abandonar las calles porque ahí se va a jugar el destino de nuestra patria.

¿La derecha vuelve a los cuarteles de invierno?

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El próximo gobierno del Frente de Todos va a enfrentar a una derecha que se retira del Ejecutivo pero no de la confrontación política. Ya vimos cómo fueron construyendo una narrativa que mezcla

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¿TRUMP ES EL CUARTO REICH DE TOYNBEE A SPENGLER CON RAÍCES EN LOS CÉSARES? ÁLVARO CEPEDA NERI

Ensimismado en sus constantes II. Afiliados Spengler y Toynbee a la arranques despóticos y de auteoría cíclica de la historia, formulaban tosuficiencia proteccionista de la “primavera, verano, otoño e inviersu capitalismo, Donald Trump quiere no” de los pueblos-naciones; y que la repetir, al estilo de Toynbee y Spengler humanidad se enfila, con un individuo con dosis de Hegel, algunos pasajes a la Hitler “a la victoria de los césares y de la historia con punto de partida en obedece a líderes poderosos”. Spengler el cesarismo de Seutonio para, inaupedía la “implantación del autoritarisgurando el Cuarto Reich, dominar al mo del gobernante y debe destruir las mundo tras su aún imaginario muro. ideas y prácticas del liberalismo político Hijo de polacos inmigrantes, Trump y acabar con la democracia representadecidió ser el Hitler de nuestro tiempo tiva”. Tantea Trump un nuevo hitlerisal tratar a los inmigrantes en los judíos mo –se inspire o no en ellos– alimentande su escalada. Iletrado, ignorando en los estadunidenses la idea de te y a la Calígula-Nerón, se ser explotados. Y dicta medidas tambalea en los contrapesos proteccionistas para romper Autor: Michael del Congreso y órganos con el comercio de la gloBurleigh judiciales por más que balización. Incluso ya tiene Título: El Tercer Reich presiona con su autoritasus “campos de concentraEditorial: Taurus, rismo. Por esto, es hora de ción”, encerrando en jaulas 2016 regresar a las páginas de los a niños migrantes, expulsando historiadores hegelianos Oswald a sus padres. Busca Trump ser Spengler (1800-1936) y Arnold J Tootro de los “malvados que prometían ynbee (1889-1975). Rematando con un gran salto hacia un futuro heroico el estudio de Michael Burleigh: El con soluciones violentas a los problemas Tercer Reich. Y es que un Trump a la locales... con una autoestima sentimenHitler quiere reinaugurar la historia tal colectiva de su propia raza”. Como universal, mordiendo sus bordes para otro dictador del mundo, apoyado por convertir al republicanismo antidemo- la base electoral y el capitalismo de su crático y conservador ultraderechista, partido, Trump y su séquito odian a en la brújula mundial. Haciendo de los demás pueblos y tratan de doblegar su gobierno “la pretensión de ser una a sus gobernantes con bravatas que entidad duradera, autosuficiente e rayan en amenazas; proponiendo el independiente del resto del mundo” aislamiento de Europa, China y Amé(Arnold J Toynbee, Estudio de la Historica Latina. Convirtiéndose así, en un ria; Emecé Editores). César caligulesco y neroniano (como

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nos cuenta Seutonio: Vidas de los Césares; ediciones Cátedra). III. En los cuatro tomos de: El III Reich (varios autores, editorial Noguer), aparecen los 12 años de “tamaña locura”. Un pintor de brocha gorda se convirtió en un profeta armado de odio a la humanidad, parapetado en su racismo ario al estilo de la peluca de Trump con sus brazos cruzados y gesto copiado de Hitler. Por esto, hay que reflexionar sobre los acontecimientos que invocan los sucedidos con el hitlerismo y sus raíces en el cesarismo romano. Pues la sombra de un Cuarto Reich ensombrece la democracia estadunidense con amenazas para quienes no acepten de buena gana al trumpismo. Como el Hitler de ayer, ahora su imitador combate a sus rivales económicos, fronterizos y políticos, mientras va viento en popa su admiración-complicidad con Putin. Quiere dominar Trump desde Washington, pero sin mezclarse y expulsando a los inmigrantes. Y no es que mágica-religiosamente se repita la historia y las civilizaciones tengan periodos de decadencia y renacimiento, como proponen Spengler y Toynbee, para que resuciten los emperadores romanos. Si el capitalismo estadunidense está en declive y Trump quiere revivirlo con medidas nazis y en la búsqueda del Cuarto Reich, llevará a guerras comerciales y militares que no son la solución económica.

ISSN: 1665-1626 REVISTA SEMANAL Del 11 al 17 de noviembre de 2019

Año 18 • Número 667 • $30