Contralínea 671 by Revista Contralínea

ISSN: 1665-1626 REVISTA SEMANAL Del 9 al 15 de diciembre de 2019

Año 18 • Número 671 • $30

CONTENIDO

OPINIÓN 6 OFICIO DE PAPEL PREPARAN ÓRDENES DE APREHENSIÓN POR EL MALWARE PEGASUS Miguel Badillo 8 AGENDA DE LA CORRUPCIÓN PEMEX USA FILIAL “PRIVADA” QUE FONDEÓ AGRO NITROGENADOS PARA FINANCIAR DOS BOCAS Nancy Flores 12 ZONA CERO LA LAGUNA, GUERRERO, Y LA FAMILIA SANTANA: OTRA CRISIS HUMANITARIA QUE NADIE VE Zósimo Camacho 16 CONTRAPODER EN BOLIVIA FUE “GOLPE POPULAR” EXIGIENDO LA RENUNCIA Álvaro Cepeda Neri ARTÍCULOS 18 ROSARIO PIEDRA: LEGÍTIMA Y LEGAL José Enrique González Ruiz 20 RAFAEL MARTÍNEZ CORTÉS, VÍCTIMA DE LA IGNORANCIA DE NUESTRAS AUTORIDADES JURISDICCIONALES Adrián Ramírez/Limeddh 24 ELECCIONES ENTRE CACERÍAS, EL PLAN DEL GOLPE EN BOLIVIA Marco Teruggi/Telesur 26 LAS VÍAS ABIERTAS DE ALBERTO FERNÁNDEZ Alfredo Serrano Mancilla y Guillermo Oglietti/Celag

INVESTIGACIÓN 28

PORTADA Mecanismo de protección a periodistas: herencia de vicios y corrupción Marcial Yangali

CAPITALES Desde España, presionan a Pemex por crisis en astillero vigués Hijos de J Barreras Nancy Flores

ESPECIALES 46

OCHO COLUMNAS “El lopezobradorismo está presente y vibra” a un año del triunfo en las urnas Karen Ballesteros

OCHO COLUMNAS Miles contra López Obrador: juntos, pero no revueltos Marcial Yangali

CONTRALUZ Primer año del gobierno: AMLO abarrota el Zócalo, pero también lanza a opositores a marchar Jordana González y Aseneth Hernández

Fotografía de portada: ARMANDO SOLÍS/ CUARTOSCURO

MISCELÁNEO

EX LIBRIS Recordando a Miguel Ángel Granados Chapa (1941-2011): otro Zarco Álvaro Cepeda Neri

CONTRALÍNEA. PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN –año 18, número 671, del 9 al 15 de diciembre de 2019– es una publicación semanal editada por Difusión de Información, SA de CV; Ignacio Aldama 74-8, colonia Del Carmen, alcaldía Coyoacán, CP 04100, Ciudad de México; teléfonos: 55 54 91 93 y 55 54 91 94; www.contralinea.com.mx, info@contralinea.com. mx. Editor responsable: Agustín Miguel Badillo Cruz. Número de reserva al título de derecho de autor: 04-2001-1206164804 00-102. Número de certiﬁcado de licitud de título: 12264, y de contenido: 8918. ISSN: 16651626. Impresa por Difusión de Información S.A de C.V., Insurgentes Cen-

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tro 98, colonia Tabacalera, Ciudad de México, teléfono 55549192. Este número se terminó de imprimir el 6 de diciembre de 2019. Distribuida por la Unión de Voceadores de México, despacho de Gloria Santillán, Ignacio Mariscal 44, col. Tabacalera, CP 06030, México, DF, teléfono 55 92 08 91. CONTRALÍNEA reconoce el deber de veracidad y la cláusula de conciencia de reporteros y articulistas. Los textos son responsabilidad de sus autores. Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reﬂejan la postura del editor de la publicación. Queda totalmente prohibida la re-

producción total o parcial de los contenidos o imágenes de la publicación sin previa autorización impresa de Difusión de Información S.A de C.V.

Circulación certiﬁcada por Romay Hermida y Cía, SC, folio: 00010-RHY

OPINIÓN OFICIO DE PAPEL

PREPARAN ÓRDENES DE APREHENSIÓN POR EL MALWARE PEGASUS MIGUEL BADILLO

n las denuncias e investigaciones que tiene de la Comisión Nacional del Deporte; y Walter abiertas la Fiscalía General de la República Meade, primo del excandidato presidencial priísta (FGR) en contra de funcionarios corruptos José Antonio Meade y proveedor de armamento y y abusivos de sexenios anteriores, pronto podría equipo a las Fuerzas Armadas. En las indagatorias que lleva a cabo la FGR haber nuevas órdenes de aprehensión dictadas por jueces federales que involucran a exdirectivos de participan también el Centro Nacional de Intealgunos órganos de inteligencia, de seguridad na- ligencia (CNI) y la UIF, los cuales descubrieron cional, exjefes policiales y de procuración de jus- hace varios meses un centro de espionaje que ticia que adquirieron y utilizaron maliciosamente operaba en la zona de Santa Fe, en la Ciudad de (espionaje) el servicio del software israelí para el uso México, en donde encontraron grabaciones de conversaciones privadas de varios funcionarios del de la plataforma conocida como Pegasus. A la larga lista de exburócratas investigados gobierno federal, incluidas del mismo presidente por la compra de miles de millones de dólares de la República. En columnas anteriores comentamos que el de licencias para el uso de ese software, se suma el inmueble en donde se nombre del exprocuratenía ese centro de esdor general de la ReJunto con el exprocurador Murillo pionaje ilegal se ubica pública, Jesús Murillo Karam, a quien inda- Karam aparecen en la lista de investiga- en el piso 35 de la Togan por la autorización dos: Alberto Baz Baz, Humberto Casti- rre Impulso, en avenida Santa Fe número 443, para adquirir Pegasus llejos, Afredo Castillo y Walter Meade propiedad supuestacon sobreprecio en mente de los empresaperjuicio de las finanzas públicas; además, porque se utilizó esa sofis- rios Álvarez Puga, quienes además tendrían otros ticada tecnología para espiar las comunicaciones tres pisos más en el edificio. Los hermanos Álvaprivadas de integrantes del gabinete que ahora rez Puga son investigados también por la supuesta venta de facturas apócrifas y su presunta participreside Andrés Manuel López Obrador. Junto con el exprocurador Murillo Karam pación desde hace muchos años con el outsourcing, aparecen en la lista de investigados –por gastos mecanismo de subcontratación para explotar a excesivos y el uso del malware Pegasus– el exdi- trabajadores en condiciones laborales adversas. El CNI también investiga la supuesta venta rector de la Unidad de Inteligencia Financiera y del Centro de Investigación y Seguridad Nacional ilícita de licencias para el uso indebido del softwa(Cisen), Alberto Bazbaz; el exconsejero jurídico de re malicioso Pegasus, en donde están involucrados la Presidencia de la República, Humberto Casti- exdirectivos de lo que era el principal órgano de llejos Cervantes; su primo Alfredo Castillo Cer- seguridad nacional en el gobierno de Enrique vantes, excomisionado en Michoacán y exdirector Peña Nieto (Cisen), quienes abusando de su cargo

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OFICIO DE PAPEL

comercializaban el malware entre gobiernos estatales y empresas privadas, lo cual no solamente está prohibido, sino que es ilegal y estarían cometiendo un grave delito penal al disponer de equipo tecnológico y archivos confidenciales. El Pegasus es un sofisticado sistema espionaje a través del cual cualquier usuario de telefonía celular o computadora conectada a internet puede ser escuchado y vigilado en tiempo real, sin importar que dichos equipos tecnológicos estén encriptados o hasta apagados. La venta de este malware Pegasus, diseñado por una empresa israelí, es para uso exclusivo de gobiernos, es decir no se vende a particulares; sin embargo, se tiene información de que exfuncionarios del Cisen y de lo que era la PGR estarían ofreciéndolo a empresas y gobiernos locales para espiar, tal y como ocurrió en sexenios anteriores, cuando se utilizó para escuchas ilegales contra políticos de oposición, defensores de derechos humanos y periodistas.

OPINIÓN

un comité de compras del Ejército, que preside el secretario de la Defensa. Sin embargo, todo ese equipo también se utilizaba maliciosamente por parte de las Fuerzas Armadas para espiar a opositores, a luchadores sociales, a políticos y a empresarios. Desde aquel año se dio cuenta de denuncias que hicieron militares de alto rango ante la Presidencia de la República, la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación sobre el desvío de recursos en la asignación de esos ocho contratos, por un monto total de 5 mil 628 millones de pesos, para la compra de equipo de intervenciones telefónicas y espionaje para el área de inteligencia de la Sección Segunda del Ejército.

Calderón adquirió por primera vez el malware Pegasus Desde 2012 se informó en Oficio de Papel que en los tres últimos años (2010-2012) del gobierno del panista Felipe Calderón, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) había otorgado 18 contratos a proveedores privados extranjeros por varios miles de millones de pesos para la adquisición de equipos y servicios para las áreas de inteligencia de esas Fuerzas Armadas. El propósito de esas compras era que el Ejército contara con equipo tecnológico y de comunicación necesario para investigar a grupos armados (guerrilla) y a la delincuencia organizada (narcotráfico), ante lo cual dichas adquisiciones se clasifican dentro del marco legal de seguridad nacional y por ello, según la Sedena, estos contratos se realizaron mediante asignación directa, sin licitación de por medio y bajo autorización de

Con aquella delicada investigación no pasó nada, todo se ocultó y se archivaron las denuncias de militares porque, según los responsables de darles trámite “no se encontraron irregularidades”. Era tan delicadas las denuncias, que la misma Defensa ordenó en aquel año que el titular de Inspección y Contraloría General del Ejército y Fuerza Aérea, general Marco Antonio González Barrera, realizara también una investigación a fondo para determinar quiénes eran los responsables de las filtraciones y las denuncias que afectan y atentan contra la seguridad nacional del país, pues fue evidenciada la capacidad tecnológica de las fuerzas armadas.

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OPINIÓN AGENDA DE LA CORRUPCIÓN

PEMEX USA FILIAL “PRIVADA” QUE FONDEÓ AGRO NITROGENADOS PARA FINANCIAR DOS BOCAS NANCY FLORES/PRIMERA DE DOS PARTES

n la construcción de la Refinería Dos Bocas –uno de los principales proyectos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador– se ha involucrado a una de las filiales de Petróleos Mexicanos (Pemex), perteneciente al llamado Grupo PMI, para darle la vuelta a trámites burocráticos. Se trata de PMI Infraestructura en Desarrollo, SA de CV, creada en el gobierno de Enrique Peña Nieto para adquirir con sobreprecio la planta chatarra de Agro Nitrogenados. Ésta podría ser la primera vez en que la petrolera emplee a una de sus 63 empresas “privadas” –la mayoría de papel: sin oficinas ni empleados– en beneficio del país, para evitar retrasos en la obra e incluso la doble tributación. Sin embargo, es importante que se rindan cuentas a la sociedad, porque las filiales privadas extranjeras y mexicanas sigue siendo un esquema poco transparente que operan al margen de la ley, como lo ha denunciado desde hace 2 décadas la Auditoría Superior de la Federación. Lo que es un hecho, es que desde el pasado 17 de mayo, el Consejo de Administración de Pemex –en su 942 sesión extraordinaria– eligió a esa filial “privada” como la encargada de desarrollar el proyecto de Dos Bocas. Así, a la hoy denominada PTI Infraestructura de Desarrollo se le transferirá el dinero para la construcción de la nueva refinería, estimado en más de 40 mil millones de pesos. El acta de la sesión extraordinaria, fechada el 17 de mayo de 2019, revela que PTI administrará cada peso, aunque no cuenta con oficinas ni empleados. Y es que el acuerdo establece textualmente que el Consejo de Administración “autorizó que Pemex Transformación Industrial aporte al capital social de

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la empresa filial PTI Infraestructura de Desarrollo, SA de CV, los recursos de preinversión autorizados para el Proyecto ‘Nueva Refinería en Dos Bocas, Paraíso, Tabasco’, y los recursos de inversión una vez que se cuente con las autorizaciones correspondientes”. De esta manera, a la filial “privada” le fueron transferidos ya más de 4 mil 880 millones de pesos. De acuerdo con el acta de la sesión extraordinaria, para la preinversión se tenía presupuestado un monto de 1 mil 799 millones 920 mil 795 pesos, al cual se le adicionaron 3 mil 85 millones 83 mil 490 pesos. Es en el punto “1.2 Adecuación del presupuesto de preinversión para el desarrollo de una refinería en Dos Bocas”, donde el documento oficial refiere esas transacciones. Fue Leonardo Cornejo Serrano, subdirector de Proyectos de Pemex Transformación Industrial, quien explicó al Consejo los pormenores del dinero: “el presupuesto del proyecto para la nueva refinería en Dos Bocas tiene dos componentes: el de preinversión y el de inversión. Respecto al componente de preinversión, se tenía previsto un presupuesto de 1 mil 799 millones 920 mil 795 pesos para llevar a cabo una serie de estudios de sitio, necesarios para la maduración del proyecto en su primera etapa de FEL 1”. Más adelante, el funcionario refirió que “con la finalidad de agilizar el desarrollo del proyecto, previo a la acreditación de la segunda etapa FEL II, se tiene la necesidad de llevar a cabo el desarrollo de los paquetes de diseño de procesos de los licenciadores y tecnólogos, el trámite de los permisos requeridos para la ejecución del proyecto y la contratación del Instituto Mexicano del Petróleo para la asistencia

AGENDA DE LA CORRUPCIÓN

OPINIÓN

técnica en el desarrollo de ingenierías y estudios para instalaciones de integración. Para poder llevar a cabo estos trabajos, se solicita transferir parte del presupuesto de inversión al de preinversión, por un monto total de 3 mil 85 millones 83 mil 490 pesos”. En la discusión participó el actual secretario de Hacienda, Arturo Herrera –entonces subsecretario–, pero a este punto volveremos en la próxima columna.

La decisión de emplear la filial “privada” De la decisión de involucrar a PTI en Dos Bocas destaca que esa filial sea precisamente la misma que el gobierno de Peña Nieto creó exprofeso para comprar –en 2013, durante la gestión del hoy prófugo Emilio Lozoya Austin– la planta chatarra de Agro Nitrogenados. En la sesión extraordinaria, el Consejo aprobó por unanimidad dejar en manos de esa empresa la administración de los recursos públicos. Víctor Manuel Navarro Cervantes, director corporativo de Planeación, Coordinación y Desempeño de Pemex, explicó a los consejeros que en 2016 existían 90 empresas filiales de Petróleos Mexicanos, algo de lo que he dado cuenta Contralínea. [https://www. contralinea.com.mx/archivo-revista/2019/04/01/ las-90-empresas-privadas-de-pemex/ ] Agregó que, desde entonces, la petrolera decidió elaborar y llevar a cabo un programa de reestructuración para extinguir o fusionar varias de esas empresas, consideradas como no necesarias. “Al día de hoy [17 de mayo de 2019] se cuenta con 63 empresas filiales, que siguen considerándose demasiadas, por lo que se tiene un programa de reorganización para reducirlas a 35 y se continuará trabajando para disminuir aún más ese número. El programa de trabajo tenía originalmente previsto que la empresa filial PMI Infraestructura de Desarrollo, SA de CV, se fusionara con PMI Norteamérica, SA de CV; sin embargo, para el nuevo Proyecto de la Refinería de Dos Bocas se consideró que esta filial podría ser un vehículo adecuado para el desarrollo de la refinería”. Ante esta posibilidad, el consejero José Eduardo Beltrán Hernández preguntó cuáles fueron los motivos por los que se tomó la decisión de usar esta empresa, refiere el acta. También da cuenta de que

Empresas “privadas” de Pemex por primera vez podrían beneficiar al país

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OPINIÓN AGENDA DE LA CORRUPCIÓN

la respuesta provino de Jorge Valadez Montoya, suplente por ausencia del director corporativo de Alianzas y Nuevos Negocios de Pemex, quien afirmó que, “cuando se hizo el estudio de la empresa idónea para desarrollar el Proyecto de la Refinería de Dos Bocas, se identificó a esta empresa, ya que no contaba con pasivo fiscal, no tenía adeudos, ni pasivo laboral”.

La PMI PTI Infraestructura de Desarrollo tuvo su origen a partir de la 865 sesión extraordinaria del Consejo de Administración, ocurrida el 17 de diciembre de 2013. Entonces, el director general de Pemex, Emilio Lozoya Austin, señaló que la compra de Agro Nitrogenados derivaba de una urgencia del propio gobierno de Peña Nieto para supuestamente reactivar el campo mexicano. Abiertamente se le informó al Consejo de Administración que el esquema de la compra implicaría el entramado del Grupo PMI. En su página 17, el acta refiere que Lozoya destacó ante los consejeros “que se había utilizado a PMI y no se había hecho a través de Pemex Petroquímica, dado que por esta vía hubiera tomado mucho más tiempo, y había premura por parte del gobierno federal para llevar a cabo la producción de fertilizantes lo más pronto posible”. Édgar Torres Garrido, entonces asesor ejecutivo de Lozoya, expuso la “estructura del negocio”: ésta, dijo, “se integraría a través del Grupo PMI, siendo que PMI Norteamérica y PMI Holdings habían creado el instrumento PMI Infraestructura de Desarrollo, a través del cual se crearía PMI Fertilizantes”. Datos de PMI Comercio Internacional en poder de Agenda de la corrupción dan cuenta de que PMI Infraestructura fue constituida el 12 de noviembre de 2013 en México, como una sociedad anónima de capital variable y con naturaleza jurídica de empresa no paraestatal. Su objeto es encargarse “del desarrollo de diversos proyectos de infraestructura relacionados con las empresas del Grupo PMI”. Al día siguiente de la sesión extraordinaria –el 18 de diciembre de 2013– se constituyó el “instrumento” que no se llamó PMI Fertilizantes, sino Pro Agroindustria, con el objeto de materializar la compra de la planta chatarra y más adelante de Fertinal, el segundo asunto por el cual se le persigue a Lozoya.

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En aquella sesión extraordinaria, Édgar Torres abundó que a partir de la aprobación del Consejo de Administración, el Grupo PMI pondría la infraestructura, mientras que la petrolera, a través de su subsidiaria Petroquímica, pondría los insumos, “para generar un solo proyecto en el que Pemex sería accionista en toda la cadena”. En esa misma exposición se descubre que la operación para beneficiar al empresario Alonso Ancira inició mucho tiempo antes de que el Consejo de Administración firmara ese 17 de diciembre el acta que daba el visto bueno a la compra. De hecho, Torres indicó que desde el 19 de julio de ese mismo año –2013– PMI Holdings [una de las 61 empresas instrumentales de Pemex que se encuentra radicada en Países Bajos] aprobó la compra y otorgó “suficiencia presupuestaria” para ello. El monto autorizado ascendía a 475 millones de dólares. Ocho días antes de esa sesión extraordinaria, el 9 de diciembre, se presentó “el caso de negocio en los Consejos de Administración de PMI Norteamérica, SA de CV, y de PMI Infraestructura de Desarrollo, SA de CV, mismos que autorizaron realizar una inversión máxima de 275 millones de dólares para la compra de los activos de la empresa Agro Nitrogenados”, según explicó. Sobre el tema del dinero, Lozoya Austin dijo a los consejeros que de los 475 millones de dólares que la filial PMI Holdings aprobó invertir, 275 millones serían para la adquisición de los activos de la planta, y los otros 200 millones para la rehabilitación de éstos y su modernización. Édgar Torres señaló literalmente que “lo que se estaba buscando con el proyecto era que PMI adquiriera los activos de Agro Nitrogenados para renovar la planta y ponerla en funcionamiento, y que posteriormente Pemex Petroquímica y PMI formaran una sociedad e integraran la cadena de valor de amoniaco urea en beneficio de los productores rurales que tienen menor nivel de desarrollo que se ubican en el Sur Sureste del país”. Ahora el Consejo revive a PTI Infraestructura para administrar los recursos de Dos Bocas. La encomienda del presidente es que todos los proyectos se hagan sin corrupción y con transparencia, por lo que ésta podría ser la primera experiencia de éxito con el uso de las empresas PMI. Estaremos atentos a ella.

OPINIÓN ZONA CERO

LA LAGUNA, GUERRERO, Y LA FAMILIA SANTANA

OTRA CRISIS HUMANITARIA QUE NADIE VE ZÓSIMO CAMACHO

Libres Teodoro y Rodolfo y muerta Digna n la comunidad, en poco más de un sexenio, fueron asesinadas 26 personas y tres Ochoa, el embate se agudizó. Ya en los albores más fueron desaparecidas forzadamente. del criminal sexenio de Felipe Calderón, los cárteDelincuentes segaron la vida de líderes y lideresas, les tuvieron la rienda suelta. Pudieron secuestrar y y 45 familias tuvieron que desplazarse fuera de la masacrar sin freno alguno en toda la zona durante región. Todo, ante la indolencia de las autoridades el tiempo que duró esa administración. No respede los tres niveles de gobierno. La comunidad de la taron a niños ni ancianos. Descuartizaron cuerpos Laguna, en Coyuca de Catalán, Guerrero, casi des- y torturaron a mujeres y hombres hasta la muerte. apareció y la familia Santana casi fue exterminada. En una suerte de política de contrainsurgencia, imLos perpetradores pudieron hacer todo a su antojo, plantaron un régimen de terror en toda la región. En 2009 tuve la oportunidad de visitar la zona. con total impunidad. A pesar de la magnitud de la tragedia, el En medio de esa tormenta que vivían campesinos y campesinas, pude recoacompañamiento de ger sus testimonios. Grialgunas organizaciones defensoras de los Una auténtica transformación pasa taban al mundo lo que derechos humanos y por una reparación integral del daño les pasaba y muy pocos atendieron. El texto lledel registro de los hecausado a familias y comunidades que vó por cabeza “Terror chos en algunos meen el Espíritu” (https:// dios de comunicación, fueron sometidas a tanto sufrimiento bit.ly/2DumxPu). Las auel caso de La Laguna toridades simplemente nunca ha sido atendido con la urgencia que se merece. Tal vez porque volvieron la vista a otro lado y entregaron la zona a se trata de familias campesinas pobres, cuyos ape- los cárteles del tráfico de drogas y de maderas prellidos no son de abolengo ni tienen nacionalidad ciosas. Hoy puedo decir que uno de los testimonios estadunidense. Y sobre todo porque se opusie- que recogí y que publiqué con seudónimo, por seguron al negocio del tráfico de maderas preciosas ridad de la declarante, era de Juventina Villa, la últien la sierra guerrerense. Por si algo faltara, ha- ma líder de la organización que 2 años después sería bían construido su Organización de Campesinos emboscada y asesinada junto con su hijo de 10 años Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de de edad por un grupo de 40 hombres armados. Esa era el México de la guerra contra las droCatalán, aquella misma que fue conocida a nivel mundial cuando el encarcelamiento de Teodoro gas del cínico Felipe Calderón. Fue también el del Cabrera y Rodolfo Montiel y el asesinato de su indolente Enrique Peña Nieto. Y es, mientras las familias desplazadas no puedan regresar a sus hoasesora Digna Ochoa en 2001.

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OPINIÓN

123RF

ZONA CERO

gares y no haya justicia, de Andrés Manuel López Obrador. Este fin de semana integrantes de las familias desplazadas vinieron a la Ciudad de México y fueron recibidas por el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas. Es de reconocer que por primera vez una autoridad federal recibe a las familias. Pero de nada servirá si no se concreta una reparación integral de los daños que han vivido. En el registro de las familias, se cuentan las desapariciones forzadas de Nicómedes Villa Santana, Orlando Rebolledo Téllez y Daniel Cabrera Peñaloza, perpetradas el 14 de febrero de 2005. También, los asesinatos de José de Jesús Santana Villa (el 17 de marzo de 2005); de Justo Arroyo Delgado, que contaba 16 años de edad, y Gustavo Villán de 18 (el 24 de abril de 2007); de José Inés García Silva (el 7 de mayo de 2007); de Raymundo Díaz Maldonado (el 23 de agosto de 2008); Estanislao Méndez Blanco, Pedro Méndez Blanco, Nicolás Méndez Ríos, Cipriano Méndez Pérez y Adrián Méndez Pérez, de 14 años de edad (el 14 de febrero

de 2009), y de Rubén Santana Alonso (el 18 de febrero de 2009). El esfuerzo de Rubén Santana había mantenido la organización vigente. Se trataba de un líder genuino a cuya muerte siguió el primer desplazamiento forzado. El liderazgo pasó a su esposa, Juventina Villa Mojica. Los criminales siguieron con libertad para hacer lo que les viniera en gana y los asesinatos contra los integrantes de la comunidad de La Laguna continuaron: Los de Sergio Santana Villa, Gilberto Islas Salgado y Martín Arroyo Casarín (el 17 de abril de 2011); de Jorge Delgado Salgado (el 5 de mayo de 2011); de Enrique Rodríguez Santana (el 3 de septiembre de 2011); de Joel Santana Villa (el 2 de diciembre de 2011); el de Ascensión Villa Santana (el 31 de diciembre de 2011); el de Damián Díaz Hernández (el 1 de septiembre de 2012), y los de Celso Chávez Segura, Fortino Méndez Segura, Rafael Chávez Segura, José Ochoa Segura y Heliodoro Ochoa Segura (el 11 de noviembre de 2012). Finalmente, los de Juventina Villa Mojica y el niño Reynaldo Santana Villa, el 28 de noviembre de 2012.

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GALO CAÑAS/CUARTOSCURO

OPINIÓN ZONA CERO

Se han cumplido 7 años de esos últimos dos crímenes, pero el drama no ha cesado. Las familias no pueden regresar a sus hogares. De condición humilde, su situación económica y calidad de vida empeoraron. La tragedia de la comunidad de La Laguna y de la familia Santana fue haberse organizado para defender los bosques. Matanzas se sucedieron unas a otras pero autoridades, medios de comunicación y sociedad en general menospreciaron los hechos (algunos por complicidad otros por indolencia e indiferencia). Ojalá la indignación ante el artero crimen contra la familia LeBarón, ocurrido en Sonora el pasado 4 de noviembre, alcanzara también a los cometidos contra la humilde familia Santana y las decenas de miles de familias violentadas y desplazadas. De acuerdo con datos de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), sistematizados en el International Displacement Monitorng Centre, a diciembre de 2018 había 338 mil personas desplazadas en México. Estaremos al pendiente de la seriedad de la llamada “cuarta transformación” ante estos hechos.

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Las demandas de la comunidad de La Laguna son perfectamente atendibles. Por increíble que parezca, no habían sido recibidas por funcionarios de los gobiernos anteriores (federal y estatal). Hoy, con el acompañamiento de la Asociación Mexicana de Abogados del Pueblo (AMAP), están solicitando: 1) reunión en Guerrero con el gobernador Héctor Astudillo, y el secretario de Gobierno, Florencio Salazar Adame, y con el delegado del gobierno federal en el estado, Amílcar Sandoval Ballesteros; 2) reunión con las autoridades de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero; 3) reunión con las autoridades de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, y 4) aprobación de la iniciativa de Ley Federal de Desplazamiento Interno, la cual ya está en el Congreso. Una auténtica transformación pasa por la reparación integral del daño a estas familias y comunidades que fueron sometidas a tanto sufrimiento. Y también por devolverle a las comunidades sus bosques y enjuiciar a quienes se enriquecieron con el tráfico de maderas preciosas.

OPINIÓN CONTRAPODER

EN BOLIVIA FUE “GOLPE POPULAR”

EXIGIENDO LA RENUNCIA ÁLVARO CEPEDA NERI

uando los pueblos se colman con abusos del poder presidencial, por buena que sea o no una dictadura o “poder de un solo hombre”, como ha sucedido en Bolivia con un Evo Morales que insistió en reelegirse al cargo de presidente del Estado Plurinacional de Bolivia por cuarta vez, tras 12 años; y se rebasan, pues, los cansancios de la mayoría de todas las clases (hasta los indígenas empezaron a combatirlo), entonces no hay más salida para la sociedad civil, constituida por sus más diversos sectores, que promover la lucha popular antipopulista para deshacerse de esos gobernantes. En este contexto es que hay una gran ebullición social en Chile, Venezuela, Brasil, así como la hubo en Perú y se está manifestando latente en Guatemala, Nicaragua y otros países de nuestro convulso continente. Es por esto que los hechos ocurridos recientemente en Bolivia han derivado en un golpe, sí, pero golpe de una gran mayoría boliviana que ya no quiso mantener a Morales en la Presidencia; y como éste se opuso tras unas elecciones arregladas conforme a un fraude (al estilo de la caída del sistema de Bartlett para imponer a Salinas), se dieron a la tarea de salir a las calles para protestar. Es hasta entonces que el tal Evo Morales accedió a que una comisión de la Organización de los Estados Americanos (OEA) realizara una revisión y ésta concluyo que ese fraude electoral existió, lo que obligó a la renuncia presidencial en el contexto de un Golpe popular. Plantearlo como un golpe militar es no atender a los hechos. Pues habiendo sido dictaminado el fraude electoral, los militares le recomendaron, le pidieron a Evo Morales que renuncia-

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ra. Éste lo hizo, huyendo de La Paz –la capital boliviana–, y con él renunciaron los principales integrantes de la élite que se había apoderado del país. Morales llevó a cabo un buen gobierno durante nueve años; es decir, una elección y una reelección. Pero la segunda reelección ya dejó atrás a ese buen gobierno para dar paso a una dictadura. Esto colmó, pues, las críticas de los ciudadanos y cuando Evo Morales despreció a los bolivianos organizando su tercera reelección con sus seguidores –que eran la minoría–, entonces estalló la cólera social. Lo derrumbaron del poder con las protestas. Y hubo de irse. Así que está muy claro que la respuesta del pueblo boliviano ha sido una experiencia política democrática. Un pueblo que mayoritariamente ya no soportó a quien ya estaba comportándose como un autoritario que subestimó a su nación. Y de esta manera mostró el hartazgo que su presencia provocaba al controlar todos los poderes del Estado, gobernando para una minoría y viciando de autocracia el ejercicio presidencial. Las elecciones periódicas y la rotación de gobernantes es imprescindible en el desarrollo de la vida democrática de un Estado, ya que la permanencia de una sola figura y su grupo en el poder, manipulando las elecciones para no irse, inevitablemente conduce a las insurrecciones e incluso a las revoluciones; a veces más tarde que pronto, pero inevitablemente estallan las violencias políticas populares. En Bolivia Evo Morales había implantado un populismo dictatorial y no quiso entender que su tercera elección –ya fraudulenta–, conduciría a un golpe popular para deshacerse de él. Así que lo obligaron a renunciar. Y se fue.

OPINIÓN ARTÍCULO

ROSARIO PIEDRA LEGÍTIMA Y LEGAL JOSÉ ENRIQUE GONZÁLEZ RUIZ, DOCTOR EN CIENCIA POLÍTICA Y EN DERECHO CONSTITUCIONAL; EXRECTOR DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUERRERO

e levantó un coro de denuestos y calumnias Porque haber sufrido desde muy joven los efecen contra de Rosario Piedra Ibarra por el tos de un crimen atroz como ése, en el seno de atrevimiento de postularse y ganar el car- una familia ejemplar por combativa y entregada go de presidenta de la Comisión Nacional de los a la causa de la presentación con vida de Jesús Derechos Humanos (CNDH). El Senado de la y todas las personas desaparecidas, es un mérito República, en una votación legal, aunque car- muy grande (que por cierto, los demás no quisiégada de humo que lanzaron voceros de las dere- ramos tener). Olvida el autor de la crítica a Rochas de este país, la designó por mayoría para el sario que ésta ha militado durante décadas, por cargo. Los detractores jugaron con el derecho de decisión propia e independientemente de su oriveto que otorga a las minorías la votación de dos gen familiar, al Comité Eureka, que se caractetercios que para algunas cuestiones exige la ley. riza por su independencia respecto de cualquier Y persisten después con recursos procesales y poder, y privilegia la lucha por los derechos hucon falacias en la prensa. Una de ellas es el artí- manos. La combinación de esos elementos confiere autoridad moral y culo de Mario Patrón legitimidad a la actual (CNDH: ¿legalidad y Haber sufrido desde muy joven los ombudsperson. legitimidad?, La JorEn lugar de reconada, 21 de noviembre efectos de un crimen atroz, en el seno de una familia ejemplar, por combativa, nocer esos valiosos andel 2019, página 23). tecedentes de Rosario, Patrón sostiene es ya un mérito muy grande Mario Patrón afirma que el presidente de que López Obrador la República abonó la legitimidad de Rosario Piedra al asegurar que la habilitó, por ser hija de doña Rosario Ibarra “es algo extraordinario” que una afectada por de Piedra, no obstante que aquella –le parece a violación a derechos humanos, hermana de un Mario– “se ha destacado más en el mundo del desaparecido, se encargue del organismo men- activismo político que en el de los derechos hucionado. Pero al articulista le parece que “queda manos”. Inadmisible resulta el menosprecio a pendiente… (definir) por qué y cómo ser víctima la labor de Eureka (y antes del Frente Nacional te habilita para asumir un cargo público y, en contra la Represión, y más atrás el Comité de Defensa de Presos, Perseguidos, Desaparecidos particular, para dirigir la CNDH”. Más bien, Patrón debe elaborar argumentos y Exiliados Políticos), donde siempre participó para descalificar a una persona que ha sufrido Rosario Piedra. Pasa luego el firmante del artículo a analizar el daño de la desaparición de su hermano (Jesús Piedra Ibarra) para que ocupe la titularidad de la la “legitimidad derivada” que, en su concepto, CNDH o de cualquier otro organismo público. provendría de un proceso pulcro de selección

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OPINIÓN

GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO

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de los aspirantes a ocupar el puesto que ganó Rosario Piedra. Según él, tal cosa no ocurrió, sino que Morena “recurre a los mismos métodos oprobiosos” de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN), pues hubo desaseo en la designación. Incluso llega a compararla con dos anteriores titulares del puesto en cuestión. Concluye el documento que analizamos en que hay que aplicar cuatro principios: que la designada sea una persona independiente del poder y de los partidos políticos, que tenga conocimiento amplio de los derechos humanos, que conozca la realidad internacional y que sepa de gestión institucional. Con ello, asevera, se podría

ayudar a reivindicar “el perfil de los contendientes” y, sobre todo, a “objetivar y transparentar los criterios de selección”. Sin esto, remata, se debilita tanto la legitimidad de la persona, como la institucionalidad del organismo. Desde nuestra perspectiva, Rosario satisface sobradamente esos principios, además de que tiene la vivencia de haber luchado por los derechos humanos durante casi toda su vida, al lado de víctimas de la Guerra Sucia (no mal llamada). Y por ello está dotada de plena legitimidad. El procedimiento por el que fue nombrada se apega a los lineamientos normativos vigentes, por lo que tiene plena legalidad. Sin regateos, dudas ni mezquindades.

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RAFAEL MARTÍNEZ CORTÉS, VÍCTIMA DE LA IGNORANCIA DE NUESTRAS AUTORIDADES JURISDICCIONALES ADRIÁN RAMÍREZ/PRESIDENTE DE LA LIGA MEXICANA DE DEFENSA DE DERECHOS HUMANOS

“E

n la Fas, después de 7 horas de mi detención, me metieron a un cuarto y me hincaron. Seguía esposado. Se subían arriba de mis pantorrillas. Brincaban. Me levantaban los bazos hacia atrás y me preguntaban que qué hacíamos en Observatorio. Les dije que yo vivía a unas calles de ahí. Me golpeaban y decían que no era cierto, que yo era de Martín Carrera. Uno de ellos me jaló del brazo izquierdo para aventarme hacia el suelo y me zafó mi hombro. Empecé a gritar y como vieron que el dolor del hombro era insoportable, me jalaban más y me acercaron adonde se oía que alguien estaba escribiendo. Me dieron unas hojas a firmar. Y cuando quise leerlas, Macedonio Ángeles Chica me golpeó y me dijo que si no firmaba me mataría. Las firmé sin saber su contenido. Nadie me asistió. Ni un abogado ni mi familia, porque no me dejaron hacer llamadas. Pasé a la cámara de Gesell y decían que diera mi nombre y mi dirección yo decía mi nombre y al empezar a dar mi dirección, le gritaban a los policías: ‘Ya sácalo a chingar a su madre’. Fueron como 20 veces.” El testimonio es de Rafael Martínez Cortés, hoy preso injustamente. ¿Cómo comenzó esta historia? El 17 de mayo del 2014, a las 23:30 horas, fue secuestrado Ángel Hernández Islas. El 18 de mayo de 2014 a las 2:52 de la madrugada, familiares hicieron la denuncia formal por la que se inició la indagatoria FAS/T3/542/14-05, en la Fiscalía Especial para la Investigación de Secuestros (Fas). De inmediato, se realizaron los oficios para que se procediera con las investigaciones y se giraron los oficios para el rastreo

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telefónico. Esa misma madrugada, agentes de investigación acudieron al lugar del secuestro; sin embargo, no encontraron ninguna evidencia ni testigos presenciales, aduciendo que por ser de madrugada ningún vecino se atrevió a abrir. El 26 de mayo de 2014, a las 13:17 horas, los agentes del Ministerio Público se enteraron, por una nota periodística del diario El Gráfico, del hallazgo de un cuerpo que correspondía a las características del secuestrado, Ángel Hernández Islas. Pero en lugar de enviar de inmediato a personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México para agilizar la investigación, las autoridades deciden no hacer nada hasta el 29 de mayo del 2014, cuando reciben la carpeta de investigación respectiva, que se había iniciado el 25 de mayo del 2014.

Detención ilegal El 6 de junio de 2014, detuvieron a Rafael Martínez Cortés cerca de la estación Observatorio del Sistema de Transporte Colectivo Metro cuando estaba esperando a José César Bravo Mejía, quien dijo estar interesada en intercambiar, con una diferencia a su favor, el vehículo que le habían dado a vender su patrón a Rafael Martínez Cortés. Llevaba 25 minutos en el lugar, cuando una camioneta blanca llegó, de la cual descendió un hombre con una pistola; éste se dirigió hasta el auto y por la ventanilla —que tenía el vidrio abajo— golpeó el hombro izquierdo de Rafael, lo obligó a salir del coche y lo tiró al suelo. Minutos después, llegaron otras ocho personas sin identificarse.

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ROGELIO MORALES/CUARTOSCURO

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Empezaron a golpear a Rafael sin decir nada. La gente alrededor gritaba que lo dejaran porque lo estaban matando, pero no se detuvieron. Al cabo de un rato, lo esposaron y lo subieron a un auto negro sin ningún rótulo; encapuchado con su propia camisa. Le preguntaban quién era el Chícharo, pero él no lo conocía. No sabía de quién le estaba hablando, sólo sabía que así le decían al hombre a quien vería para concretar el negocio. Los agentes realizaron la detención de Rafael Martínez Cortés sin que existiera una orden de aprehensión.

Retención ilegal Lo golpearon durante todo el trayecto hasta que el auto se detuvo. Rafael sentía la sangre escurrir de su cara y de todo el cuerpo lastimado. Los policías que lo arrestaron decían que era cómplice de una banda de secuestradores y lo torturaron para que se declarara culpable. Horas más tarde fue presentado ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, Coordinación General de Servicios Periciales, Fas. Posteriormente fue consignado con la averiguación previa FAS/T3/542/14-05.

Libertad y detención El 8 de junio 2014, Rafael fue trasladado al Reclusorio Norte y ahí conoció a Cesar, el Chícharo, quien estaba muy golpeado y decía que no podía ver del ojo izquierdo a causa de una patada que le propinaron, junto con él se encontraban dos personas más; por ellos se enteró que estaba acusado de secuestro pero no sabían por qué. En el juzgado leyeron la declaración que venía firmada por Rafael Martínez Cortés. Se enteró lo que le habían hecho firmar a golpes manifestando que no reconocía dicha declaración; dando su declaración preparatoria narrando lo que había pasado días atrás y cómo lo detuvieron, que no conocía a Cesar ni a las otras dos personas, ni sabía a lo que se dedicaban. El día que Rafael fue consignado, el director del Reclusorio Preventivo Varonil Norte fue notificado a las 21:24 horas de ese 8 de junio de por la jueza Tercero Penal del Distrito Federal, Esperanza Medrano Ortiz, de que: “La suscrita determina no ratificar de legal la detención de detención ordenada del recién referido [Rafael Martínez Cortés], por lo tanto, el mismo

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queda en libertad con las reservas de ley por cuanto hace a esta causa y hechos que se refieren.” Los detenidos fueron sacados del Reclusorio y puestos en libertad, pero se les retuvo de manera ilegal. Fueron llevados, a la Agencia de la Procuraduría en Cuautepec, según el testimonio de Rafael Martínez Cortés, y ahí se les mantuvo hasta que fueron nuevamente regresados al Reclusorio, gracias a que la misma jueza Tercero Penal del Distrito Federal, Esperanza Medrano Ortiz, sin que se haya aportado nuevas pruebas, en el transcurso de la noche de ese mismo día resolvió: “…PRIMERO.- Se ordena la aprehensión de José César BRAVO MEJÍA (alias) “El Chícharo”, Rafael MARTÍNEZ CORTÉS (alias) “El Rafa”, Luis Alberto TREJO BLANCAS (alias) “El Huicho”, “El Güero”, “El Papirrín” y David JUÁREZ ILLESCAS (alias) “El Potro” o “El Benz” como probables responsables en la comisión del delito de secuestro agravado en agravio de Ángel HERNÁNDEZ ISLAS (occiso)” (sic).

Sentencia El 14 de noviembre de 2019 Rafael Martínez Cortés fue sentenciado a 47 años de prisión, a pesar de las observaciones de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Cada una de las violaciones a los derechos humanos constutyen una forma sistematizada y reiterada para la investigación de delitos. Violentan cada uno de los principios de universalidad de los derechos humanos que se encuentran establecidos en nuestra Constitución y en los Tratados Internacionales ratificados por el Estado mexicano. Rafael Martínez Cortés, José César Bravo Mejía y sus coacusados compurgan una pena trascendental que ha afectado su proyecto de vida y el de sus familias a causa de la notable ignorancia de las autoridades jurisdiccionales, quienes tienen la responsabilidad de dar interpretación a las disposiciones jurídicas en virtud del control difuso y control de convencionalidad, conforme con el principio pro persona, donde las autoridades de todo ámbito tienen la obligación promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de los gobernados, tomando en consideración el Artículo 39. La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana

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del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. Es el Estado quien debe servir al pueblo y no el pueblo al Estado.

Debe reparase de manera integral el daño causado a Rafael La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, al conocer e investigar las violaciones de las que fue víctima Rafael, emitió la recomendación 05/2018 el 17 de agosto de 2018. Y siendo que “las víctimas de violaciones a los derechos humanos o sus familiares tienen derecho a la reparación adecuada del daño sufrido, la cual debe concretarse a través de medidas individuales tendientes a restituir, indemnizar y rehabilitar a la víctima, así como de medidas de satisfacción de alcance general y garantías de no repetición, mediante los procedimientos previstos legalmente para esos efectos, lo cual no es una concesión graciosa, sino el cumplimiento de una obligación jurídica. Lo anterior deriva tanto del régimen previsto constitucionalmente como de los instrumentos internacionales ratificados por México y de los criterios de organismos internacionales, los cuales se manifiestan claramente en el sentido de que es un derecho efectivo de las personas agraviadas a nivel fundamental obtener una reparación proporcional a la gravedad de las violaciones y al daño sufrido”, dicha recomendación identifica la violación del derecho a la libertad personal y seguridades personales; a la integridad personal y al debido proceso. Considerando que la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México habían aceptado en su totalidad o parcialmente la recomendación, debieron ser consideradas bajo el mandato de cumplir con los puntos recomendatorios emitidos por la Comisión. El caso junto, con el de su coacusado José César Bravo Mejía, ha sido presentado ante el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas, organismo vinculante con el que se espera fortalecer las acciones tendientes a la Reparación Integral del Daño, el castigo a los responsables y las acciones para la no repetición del hecho. Libertad para Rafael Martínez Cortés. Tortura Nunca Más. Ni un culpable fabricado más.

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ELECCIONES ENTRE CACERÍAS EL PLAN DEL GOLPE EN BOLIVIA MARCO TERUGGI/TELESUR

a estrategia de descabezamiento y per- para eximir de responsabilidad penal a las Fuersecución es parte de la arquitectura del zas Armadas y una partida adicional de 4 mil golpe de Estado que se mueve según una 800 millones de dólares. El cuarto paso es el que está en desarrollo sin serie de pasos previstos. Me escribe una compañera que tuvo que irse haberse concretado aún, la convocatoria a elecde Bolivia. Es perseguida junto a su compañero ciones generales, para lo cual se deben nombrar a quien, le dijeron, lo buscan para “liquidarlo”. nuevas autoridades del Tribunal Supremo ElecDesde antes que Evo Morales fuera forzado a toral (TSE) y de los Tribunales Electorales Derenunciar comenzó a circular una lista de nom- partamentales. Este es el punto de mayor combres; su aplicación se aceleró una a partir de plejidad para quienes están al frente del golpe ese momento. Fue Arturo Murillo, ministro del de Estado. El nombramiento de autoridades del gobierno de facto, quien se encargó de ponerlo TSE debe pasar por el poder legislativo, donde negro sobre blanco: habló de “cazar” a tres di- el Movimiento al Socialismo (Mas) tiene los dos tercios. El gobierno rigentes, luego de perde facto y los poderes seguir parlamentarios La estrategia de descabezamiento y reales tras el golpe busacusados de “sedición” y “subversión”. persecución es parte de la arquitectura can forzar el acuerdo La ministra de comu- del golpe de Estado. Está en marcha una con el Mas para que acepten la convocatonicación Roxana Li- perscución militar contra dirigentes ria electoral según sus zárraga señaló a “pecondiciones. Eso signiriodistas y seudoperiodistas”, y el jueves 21 de noviembre el canal fica lograr que el Mas reconozca a Añez como presidenta, imponer las autoridades electorales, Telesur fue sacado de los televisores bolivianos. La estrategia de descabezamiento y perse- y, en simultáneo proscribir a Evo. Esto último ya cución es parte de la arquitectura del golpe de comenzó con el “inicio del proceso de investiEstado que se mueve según una serie de pasos gación” que anunció el fiscal general Juan Lanprevistos. El primero fue forzar la renuncia de chipa. El quinto y último paso será la elección como Evo y Álvaro García Linera. El segundo, construir un gobierno de facto, materializado a par- tal. No existe aún acuerdo dentro del bloque tir de la autoproclamación de Jeanine Añez. El golpista acerca de la fecha. Fernando Camacho tercero, iniciado desde antes y profundizado en afirmó que el plazo para la contienda es hasta estos días, es el de la persecución de dirigentes, el 19 de enero –el 20 culminaría el mandato de junto con el inicio de las represiones militariza- Evo– mientras que otras voces ya han planteado das. Esto último fue anunciado con el decreto que no existen condiciones para lograr la elec-

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PEDRO VALTIERRA ANZA/CUARTOSCURO

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ción en enero. Este punto es central en la estructura del golpe de Estado que desde el inicio se presentó como democrático y así fue respaldado por el presidente Donald Trump y su administración, por el secretario de la Organización de Estados Americanos Luis Almagro y por la Unión Europea. Pero la ficción democrática que encubre el golpe requiere la convocatoria a elecciones. Añez se presentó desde el primer momento como presidenta interina y la misma Organización de los Estados Americanos (OEA), que niega que haya existido un “quebrantamiento institucional” –como sí pidió, por ejemplo, Uruguay que sea incorporado en la última resolución– urge al gobierno de facto y a los actores políticos que logren esa convocatoria. Lo que debaten los golpistas, sin acuerdo interno hasta

el momento, es sobre los tiempos y condiciones para esas elecciones. Buscan garantizar la proscripción de Evo Morales, algunos sostienen realizar lo mismo con el Mas, y, a su vez, tener un TSE bajo control. Mientras eso sucede, la persecución se profundiza, las represiones policiales y militares han asesinado a más de 30 personas, el dolor y la rabia crecen. Ante eso existen resistencias en las calles y en el poder legislativo que avanzan de conjunto, aunque no necesariamente de forma coordinada. El Mas, ya lo ha anunciado, trabaja para lograr la salida electoral en las condiciones menos desfavorables. ¿Podrá? Varios parlamentarios están bajo amenaza en un contexto de impunidad golpista absoluta que ha llegado, como se vio, a autoproclamar sin quórum y perseguir hasta a los muertos.

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LAS VÍAS ABIERTAS DE ALBERTO FERNÁNDEZ ALFREDO SERRANO MANCILLA, DOCTOR EN ECONOMÍA POR LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA, ESPAÑA; ESPECIALISTA EN ECONOMÍA PÚBLICA, DESARROLLO Y ECONOMÍA MUNDIAL/GUILLERMO OGLIETTI, DOCTOR EN ECONOMÍA APLICADA POR LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA (ESPAÑA); POSTGRADUADO DEL INSTITUTO TORCUATO DI TELLA DE BUENOS AIRES/CENTRO ESTRATÉGICO LATINOAMERICANO DE GEOPOLÍTICA (CELAG)

amos al grano. El nuevo gobierno argentino necesitará liquidez. Actualmente existen poco más de 12 mil millones de dólares de reservas líquidas, monto insuficiente para enfrentar los vencimientos del 2019-2020, para desalentar la demanda de dólares “fuga”, y para activar la economía. Se mire por donde mire, el nuevo gobierno necesitará liquidez. Existen varias fuentes y/o restricciones. Una es el Fondo Monetario Internacional (FMI). Ha retenido un desembolso por 5 mil 400 millones comprometido para este año, a lo que se suman cinco desembolsos futuros que suman 4 mil 760 millones de dólares hasta 2020. Pero también tiene una deuda que querrá cobrar, de modo que intentará fijar condiciones al nuevo gobierno para conseguir sus objetivos. Sabemos que el Fondo siempre propone lo mismo: austeridad. Y también conocemos que esta receta no funciona (lo último ha sido Grecia, y antes Portugal). Esta vía difícilmente sea una fuente de recursos y seguramente será el origen de restricciones. Así que no quedará otra opción que renegociar para pagar lo adeudado. A partir de aquí, la gran pregunta es tan sencilla de exponer como compleja de resolver: ¿cuáles son las vías posibles para encarar la gestión con el FMI? Seguramente, la vía resultante tendrá una identidad argentina, como fue desde 2005 en adelante. No obstante es interesante aprender de algunas de las vías abiertas con relativo éxito (o no) en el mundo. Un caso es la vía portuguesa. En 2011, el país luso recurrió a un rescate de 78 mil millones de euros de los que el FMI aportó un tercio, acompañado,

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como siempre, de un conjunto de políticas neoliberales ampliamente conocidas. El resultado fue que, 4 años después, la ciudadanía le dio la espalda en las urnas a este plan del FMI luego de experimentar los efectos económicos y sociales de tales recetas. Ganó el socialista Antonio Costa, que gobernó de la mano de la izquierda portuguesa. A partir de ahí, se pagó al FMI sin aceptar sus condicionamientos, aunque tampoco se modificaron las condiciones de la deuda (ni hubo quita, ni cambio de plazos). Mejor dicho, se pudo pagar gracias a que no se aceptaron sus exigencias. Portugal decidió, en esos años, reactivar la economía con medidas no neoliberales: impulsó la demanda con mejores salarios, mejoró el sistema de pensiones, fomentó el turismo e implementó un plan de incentivos financieros a favor del modelo productivo con especial atención en las pequeñas y medianas empresas. Los resultados saltan a la vista. Se ha producido un crecimiento con políticas sociales, pero aún persiste el elevado peso de la deuda pública. Y, nuevamente, en las recientes elecciones, Costa salió ganador. Otro ejemplo es la vía uruguaya. Entre 2000 y 2002, el país charrúa recibió préstamos del Fondo por 1 mil 700 millones de dólares. En 2005 renegoció los plazos sin tocar el capital. Y, como ocurrió con el caso portugués, tampoco se aceptaron condiciones de políticas económicas. Así, gracias a que eligió su propio camino, basado en una política más keynesiana, logró pagar y crecer. Otra vía fue la ecuatoriana. Rafael Correa partía de una gran deuda heredada, y jugó con las mismas lógicas de los mercados. Planteó la necesidad de auditar la deuda porque no se pagaría deuda ilegítima,

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123RF

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hizo creíble su propuesta y esto generó una caída en el mercado secundario del valor de los títulos de la deuda, lo que permitió recomprarlos a valor promedio de 35 por ciento del total. Así se logró que el monto adeudado cayera de tal manera que el nuevo perfil fuese asumible. Correa nunca asumió presiones de FMI, y gracias a ello logró que el país creciera sostenidamente. Pero además de estos ejemplos exitosos, también existe otro que permite alertar del camino que no hay que tomar. Nos referimos a la vía griega. La economía acabó destruida al mismo tiempo que la ciudadanía se empobreció. Luego, Syriza perdió las elecciones. Pero el FMI no es el único asunto a tratar cuando queremos afrontar la restricción en dólares que tiene Argentina. Sería un pecado capital olvidarnos de la otra gran potencia que sí tiene un exceso de liquidez en dólares. Nos referimos a China. En este sentido, una alternativa puede provenir de las propias reservas internacionales menos líquidas, como los 18 mil millones de dólares del swap con China. A diferencia de swaps anteriores, el negociado entre Macri y China está condicionado al cumplimiento del acuerdo stand by con el FMI, por lo que un obje-

tivo prioritario para Fernández será renegociarlo y evitar esa condicionalidad. Otra fuente nada despreciable son los dólares fugados en manos de argentinos que volverán al circuito económico cuando la economía se reactive. El dinero siempre es codicioso. Si el camino con menos obstáculos y más rentable es el financiero, pues ahí se dirigirán las inversiones. Pero si, por el contrario, la ganancia está en el circuito de la economía real, en la producción, entonces el dinero se dirigirá hacia ese sector, siempre y cuando se logre desincentivar la “timba” financiera (como, por ejemplo, lo ha hecho Bolivia). Dicho de otra manera: una buena forma de financiarse hacia futuro es tener un proyecto económico serio, productivo, con una demanda interna sólida y, entonces, la fuga caerá; y hasta lo fugado podrá retornar. Como se puede observar, Alberto Fernández tendrá muchas vías abiertas. Ninguna será fácil. Ni tampoco habrá un único camino. De la combinación virtuosa de todas ellas dependerá el éxito de la vía argentina que, además, tendrá que añadir a esta ecuación un componente imprescindible: el papel de aquellos que fueron, en gran medida, los grandes beneficiados y responsables de la descapitalización del país en estos 4 años.

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MECANISMO DE PROTECCIÓN

A PERIODISTAS: HERENCIA DE VICIOS Y CORRUPCIÓN

9 de diciembre de 2019

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El Mecanismo para proteger defensores y periodistas mantiene vicios heredados: sobrecarga de trabajo y falta de coordinación interinstitucional. También, su relación con RCU Sistemas, acusada de corrupción MARCIAL YANGALI

TERCERO DÍAZ/CUARTOSCURO

11 meses de iniciado el gobierno de Anadrés Manuel López Obrador, el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas aún no supera los vicios que heredó del sexenio pasado. Uno de sus principales lastres es el aún vigente contrato con RCU Sistemas, la empresa que proporciona servicios de seguridad a los 1 mil 60 beneficiarios y ha sido calificada como corrupta e ineficaz por organizaciones civiles. En entrevista para Contralínea, el director de la Unidad de Recepción de Casos y Reacción Rápida del Mecanismo, Jorge Ruiz del Ángel, advierte que durante este sexenio las agresiones contra periodistas en México ha ido al alza y por eso las solicitudes de incorporación han aumentado. Ocurre que México se ha convertido en el peor escenario para ejercer periodismo de América: es el país con mayor número de periodistas asesinados –12– de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, por su sigla en inglés). Y el 90

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por ciento de las personas que ejercen esta profesión conocen un caso de agresión en el gremio local, señala el Informe sobre libertad de expresión 2019 del Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia (Casede). Hablar de una urgente necesidad de transformación y mejora en el desempeño del Mecanismo –organismo dependiente de la Secretaría de Gobernación (Segob)– implica conocer el origen y la complejidad de la violencia. Sara Mendiola, directora de Propuesta Cívica, explica que las agresiones contra la prensa se incrementaron durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Hace énfasis en que aunque el gobierno opta en su discurso por culpar al crimen organizado, “los principales agresores de la prensa en México son los servidores públicos”. La abogada especialista en temas de derechos humanos opina que el contexto es tan complejo que “ya no se distingue la línea entre poder y crimen organizado”. La organización que representa brinda acompañamiento legal a la familia de Miroslava Breach, una periodista asesinada “precisamente porque estaba investigando y tuvo el valor de destapar la narcopolítica que desde hace muchos años se gestaba en su estado [Chihuahua]”. Para el funcionario Jorge Ruiz del Ángel considera importante que el nuevo gobierno encabezado por López Obrador empezara por reconocer la crisis humanitaria que vive México y el contexto específico de violencia contra periodistas. “A partir de esta coyuntura, que se presenta desde el primero de diciembre de 2018, las personas se han acercado con mucha mayor frecuencia [a solicitar ayuda del Mecanismo]”, comenta. Pero este incremento en la demanda aún no se ha reflejado en una mayor capacidad de atención. Así lo evidencia el reciente Diagnóstico sobre el funcionamiento del Mecanismo elaborado por la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. El documento, realizado a petición de la Segob, pretende ser-

vir como punto de partida para realizar “mejoras” y “fortalecer” la institución con el objetivo de “garantizar un funcionamiento eficaz”.

Más beneficiarios, mismo personal “Las capacidades del Mecanismo, particularmente a nivel de recursos humanos, son al día de hoy insuficientes para dar respuesta a los requisitos legales y las necesidades reales de protección y se prevé que esa insuficiencia se agudice por la creciente tendencia de solicitudes de incorporación”, señala el Diagnóstico. Las cifras son claras: el total de 36 funcionarios se ha mantenido estable desde 2014 mientras que la proporción de personas beneficiarias que le correspondería a cada uno ha aumentado en 235 por ciento. “Por ejemplo, cada persona que opera funciones de seguimiento debe atender un promedio de 155 personas beneficiarias y, al 24 de abril de 2019, estaban pendientes 114 reevaluaciones y 22 evaluaciones, equivalentes a poco más de 3 meses de trabajo de acuerdo con el ritmo actual del equipo que realiza los estudios de riesgo”, detalla. Sara Mendiola, de Propuesta Cívica, advierte que “el número de beneficiarios que ha incorporado el Mecanismo supera las 900 personas y son muy pocos analistas para generar los análisis de riesgo”. La misma Segob prevé que al término de 2019 serán 1 mil 131 personas protegidas, y actualmente son 1 mil 60. “¿Cómo se va a solucionar esto? Bueno, hay todo el interés, al más alto nivel, del propio presidente de la República y, por supuesto, del subsecretario [Alejandro] Encinas de fortalecer con el mayor número de personal al Mecanismo”, comenta el directivo Jorge Ruiz del Ángel, a la vez que reconoce que los cambios en este sentido aún no se han concretado. No sólo se trata de más personal. Sara Mendiola se muestra preocupada porque los analistas “están poco o mal capacitados. Lo que genera deficientes

Se prevé que las insuﬁciencias del Mecanismo se agudicen por la creciente tendencia de solicitudes de incorporación

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análisis de riesgo y, por ende, el plan de protección va a ser inadecuado porque no va a ser acorde al riesgo real o potencial que puede estar sufriendo la persona”. Maurilio Santiago Reyes, abogado integrante del Consejo Consultivo del Mecanismo, coincide: “Hacen análisis sin fundamento, desde el escritorio se imaginan las cosas. Un buen análisis de riesgo siempre tiene que hacerse en campo. Considero que debe de haber personal suficiente y capaz. Y el personal que no sea eficiente tiene que ser destituido”. Cuestionado sobre la capacitación de los funcionarios, Jorge Ruiz del Ángel dice que “hay personas que integran el Mecanismo que son expertos en libertad de expresión y en derecho internacional de los derechos humanos. [Además] hay una capacitación y un fortalecimiento permanente de los conocimientos en materias básicas que son propias de la labor del Mecanismo”. Comenta, por ejemplo, que

estaban por tener una capacitación sobre género y seguridad como parte de un “programa permanente de capacitación”. El titular de la Unidad de Recepción de Casos y Reacción Rápida del Mecanismo también revela que “entrará en vigor un nuevo modelo de metodología de análisis de riesgo, que es el corazón del Mecanismo. Y esto tendrá que llevarnos necesariamente a transitar por una mejora de las personas que somos los y las operadores”. No obstante, el Diagnóstico elaborado por la ONU-DH es claro al mencionar que el Mecanismo aún “carece de suficiente personal especializado en materias como comunicación pública, gestión de recursos humanos, tecnologías de la información o gestión de medidas políticas y vinculación con autoridades”. Sara Mendiola señala que el personal –empezando por el titular– tiene que tener los perfiles adecuados. Comenta que “cuando te sientas

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a platicar con el titular del Mecanismo, Aarón Mastache, o con Alejandro Encinas [titular de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Segob], pareciera que no advierten cómo van a atender la problemática de agresiones hacia la prensa”. Por casi 2 meses, Aarón Mastache no tuvo tiempo para dar la entrevista solicitada por Contralínea. Al preguntar los motivos, José Luis Calderón –encargado de organizar su agenda– explica que el funcionario tiene otras responsabilidades dentro de la Segob, específicamente por parte de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración. El consejero Maurilio Santiago y abogado especialista en derechos humanos opina que estas otras tareas le restan mucho tiempo al funcionario. “Debe haber una persona especialmente dedicada al Mecanismo. Necesita ser de tiempo completo y no puede distraerse en otras actividades”. Y agrega: “Desde mi punto de vista Aarón Mastache es una persona sensible pero que está en un proceso de aprendizaje. Y yo siento que todavía está aprendiendo a integrarse al trabajo”. Sin embargo, al interior de la Secretaría de Gobernación parece no ser un problema. Jorge Ruiz del Ángel no ve “mayor inconveniente” en la carga extra de trabajo para Mastache. “Desde su primer día de llegar al Mecanismo nos instruyó para establecer acciones de coordinación y de atención en función de la coordinación que él está ejerciendo”.

El fin de RCU Sistemas, una exigencia La gran mayoría de medidas de protección que otorga el Mecanismo están privatizadas en una sola empresa y Sara Mendiola opina que esto “ha generado un caldo de corrupción”. Explica que “la situación [de violencia contra periodistas] amerita que el Mecanismo cuente con recursos suficientes tanto humanos como financieros para poder operar, pero tiene que haber transparencia en el uso. Y una de las grandes deficiencias del Mecanismo es la relación con la empresa RCU Sistemas”. Contralínea pidió conocer uno de los contratos con esta empresa mediante la solicitud de información 400319619, pero la Segob negó el acceso al documento argumentando que si se divulgan los 32

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ROGELIO MORALES/CUARTOSCURO

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Aarón Mastache, “en proceso de aprendisaje”

nombres de los proveedores existe riesgo para las personas beneficiadas de las medidas de seguridad. La Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos incluso solicita que esta información “se reserve por un periodo de 5 años”. A pesar de la negativa, Contralínea tuvo acceso a otros documentos “reservados” elaborados por la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Segob en la que se hacen observaciones sobre irregularidades en los contratos con RCU, con la presunción de que hubo corrupción y complicidad de servidores públicos que pagaron bienes y servicios a precios elevados supuestamente a cambio de comisiones y sobornos. Una lista detallada que incluye otras empresas además de RCU Sistemas ya ha sido publicado por este medio: https://bit.ly/36m8c4V En el caso de RCU Sistemas, SA de CV, representada por Israel González León, se especifica que el contrato SG/CPS/12-1/2016-2017 debió ser

ROGELIO MORALES/CUARTOSCURO

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Desesperación de periodistas amenazados

licitado y no se justificó la adjudicación directa. El monto, 28 millones de pesos, fue usado del fideicomiso 10233 Bansefi, SNC, para pagar servicios de “protección y seguridad técnica para el cumplimiento de medidas cautelares de organismos nacionales e internacionales de protección de derechos humanos”. De forma similar, en los contratos plurianuales SG/CPS/18/2018-2019 y SG/CPS/89/20172019 no está justificada la adjudicación directa “toda vez que la ‘confidencialidad de la información’ para brindar protección, no es en sí un supuesto que pudiera equipararse a ‘seguridad nacional’”, que fue lo que se argumentó. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador aún mantiene reservados estos análisis oficiales. El consejero Maurilio Santiago opina que “es una situación de corrupción que venimos arrastrando del priísmo” y que las relaciones con RCU Sistemas “tienen que ir rompiéndose”.

También organizaciones civiles y beneficiarios han exigido el fin de los contratos con esta empresa, porque además denuncian deficiencias graves de los servicios que proporciona. La directora de Propuesta Cívica, Sara Mendiola, comenta: “Hemos insistido muchísimo en que se fiscalice a esa empresa, cómo se han gastado esos recursos, porque son cantidades muy altas y muchas veces no son adecuadas o no son funcionales para el riesgo de la persona”. Jorge Ruiz del Ángel reconoce que también ha sido un “reclamo histórico” que el propio Estado mexicano, a través de sus diferentes instituciones, se haga responsable de la implementación de las medidas de seguridad. “Ya estamos en ello: a partir del primero de octubre empezaron procesos muy importantes relacionados con la intervención de la Auditoría Superior de la Federación hacia el propio Mecanismo y hacia la empresa [...]. Respecto al tema de escoltas, [el cambio] ya es una realidad”. El directivo se refiere al cambio de escoltas privados que RCU Sistemas contrataba, por elementos de la policía de la Secretaría de Seguridad Pública. Integrantes del Consejo Consultivo y organizaciones de la sociedad civil han celebrado esta modificación pero hacen énfasis en que hay varios otros servicios que proporciona esta empresa con deficiencias que se convierten en riesgos reales. Por ejemplo, el abogado Diego Martínez, de la organización Artículo 19, explica que han documentado como “incluso a través del botón de pánico hay periodistas que han recibido amenazas. Es el colmo del absurdo: es un aparato que debería funcionar para darte primero un poco de tranquilidad emocional y después una seguridad de reacción en caso de que tengas riesgo”. También explica que una de las fallas más recurrentes es que cuando los periodistas solicitan apoyo no les contestan. Un caso que acompaña Artículo 19 frente al Mecanismo es el de Julio Omar Gómez, un periodista que logró sobrevivir a cuatro atentados. Durante uno de los ataques, su escolta resultó herido de bala, usó el botón de pánico para pedir ayuda pero no le respondieron. Él mismo tuvo llevarlo al hospital, con todos los riesgos que esto implica. Finalmente el escolta perdió la vida. Aquí su historia completa: https://bit.ly/2plzWGt En otras ocasiones, narra el abogado Diego

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Martínez, les han llamado a los periodistas para cobrarles tarjetas de crédito del anterior dueño del número. Estos dispositivos funcionan con chip de telefonía Telcel y “si son números reciclados, también pueden ser una fuente de riesgo”. Por ello agrega que, aunque funcionan en zonas urbanas, no sirven en zonas rurales donde no hay señal. “Todas [estas deficiencias] son imputables al Mecanismo en tanto que es quien solicita el servicio de esta empresa y paga el contrato. Pero también la empresa es responsable, pues no ha hecho caso a todas las llamadas que les han hecho sobre las fallas que tienen este tipo de aparatos”. —¿Hay alguna acción concreta para presionar y exigir a RCU Sistemas un mejor desempeño? —Hay un esquema de supervisión que nos pidió emprender el propio ingeniero Mastache. Allí las reglas de funcionamiento son muy claras: Si no funciona A, procede B, y así sucesivamente. En 34

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eso estamos. Para que los servicios se brinden de manera oportuna, se mejoren y se corrija todo lo que se tiene que corregir hasta en tanto el contrato tenga vigencia y duración –responde Jorge Ruiz del Ángel. El director de la Unidad de Recepción de Casos y Reacción Rápida explica que aún faltan algunos meses para que concluya el contrato con RCU Sistemas y se está realizando un análisis porque hay servicios que no puede proporcionar el gobierno. “No estoy diciendo que sea esta empresa, sino a través de un concurso público, que respete la secrecía y las reglas de seguridad correspondientes, se pueda llamar a otras instituciones privadas para participar en este proceso”. Atziri Ávila López, integrante del Consejo Consultivo del Mecanismo, opina que no es una cuestión tan fácil. “Tampoco existen varias empresas que pudieran dar el servicio. La propia empresa

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se ha ido fortaleciendo y especializando de la mano del Mecanismo. Otras empresas que pudieran reemplazarla... No existen, no tan rápido. Lo que queremos es que la seguridad y protección [de personas defensoras y periodistas] se asuma desde las autoridades y que sean mínimas las medidas que tengan que rentarse o comprarse”.

La expeeriencia local

conocer las necesidades de esta población vulnerable, sus resultados y las gestiones realizadas para su atención. “No podíamos seguir a ciegas, sin tener mayor información, y diseñamos un diagnóstico. En nuestra metodología de primer contacto con personas en situación de refugio les comenzamos a hacer una serie de preguntas para saber cuál es su situación, si vienen acompañadas o solas”, explica la directora. Aunque no considera que no se trata de un proceso de investigación exhaustivo, esta recopilación de datos en expedientes les permitió identificar y ofrecer “atenciones específicas” para cada persona. Reconoce que un reto pendiente es realizar un trabajo más profundo con las familias. “Por diversos factores, como la desconfianza, no podemos tener información, de primera mano, de lo que necesita la esposa o el esposo, por ejemplo. Sino solo lo que la persona defensora [o periodista] nos dice de su núcleo familiar. Entonces hay que ir construyendo estos mecanismos de comunicación.” De acuerdo con los resultados del diagnóstico que se compartieron a Contralínea, hasta el 31 de agosto el Mecanismo de la Ciudad de México se atendieron 64 casos. De éstos, 30 son periodistas, tres colaboradores periodísticos y 31 personas defensoras. Además se hizo un desglose específico de las personas en condición de refugio. Las principales necesidades de este grupo fueron en materia de salud y “actividades familiares”. De forma más recurrente se identificó la necesidad de atención odontológica, y la carencia de de actividades culturales y recreativas. “Muchos de ellos no salen, nunca. No van ni al cine. Y tiene que ver con autonomía económica: si no puedes satisfacer tus necesidades básicas cómo vas a ir al cine”, explica Tobyanne Ledesma. La directora señala que están construyendo vínculos con Casa Refugio Citlaltépetl para que las personas desplazadas puedan ir a ver obras de teatro a partir del próximo año.

La violencia que vive México ha generado el desplazamiento forzado de personas. Y en el gremio periodístico ocurre lo mismo

En entrevista, la directora del Mecanismo de Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Ciudad de México, Tobyanne Ledesma, explica que la institución local que preside cuenta con diferentes empresas proveedoras y realizan el proceso de contratación tras una revisión de varias opciones. “Creo que debemos confiar en la nueva administración del Mecanismo federal. Claro, siempre con la atención de las personas [beneficiarias]. Que si ya pusieron su dedo en el renglón sobre los botones de pánico, que sea de las cosas que se revise prioritariamente”, comenta.

Periodistas desplazados, urgencia por atención integral El contexto de violencia que vive México ha generado el desplazamiento forzado de personas y en el gremio periodístico ocurre lo mismo. Su situación es alarmante: al huir del riesgo inminente muchos dejan atrás su empleo y sus propiedades para buscar refugio, se trasladan junto a sus familias a ciudades que desconocen y viven en precariedad. No tienen acceso a servicios de salud y mucho menos a actividades de esparcimiento. A diferencia del Mecanismo federal, los esfuerzos del Mecanismo de la Ciudad de México para instrumentar políticas de atención integral han sido reconocidos por especialistas y beneficiarios. En entrevista, la directora Tobyanne Ledesma, explica el proceso de diagnóstico realizado para

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Coordinación interinstitucional, fundamental Tobyanne Ledesma comenta que las necesidades de salud fueron las primeras que salieron a relucir durante el diagnóstico. Al día de hoy, la dinámica es la siguiente: Las personas refugiadas avisan al Mecanismo de la Ciudad de México qué alcaldías se les acomoda mejor y esta institución se encarga de hablar con la Secretaría de Salud local para que les abran las puertas un centro médico cercano. Los datos personales se cuidan en todo momento e incluso se cuida la distancia durante el monitoreo. “Nos avisan si llegaron, cómo están, y entonces inicia un proceso que ni siquiera tiene que pasar con nosotros. Se ve todo directamente con la Secretaría de Salud”, comenta. Gestiones similares se llevan a cabo con otras instituciones que dependen del gobierno de la Ciudad de México como la Secretaría del Trabajo y el Instituto de la Juventud. De esta manera se aspira brindar una atención integral echando mano de todas las dependencias, tal como lo permiten “las letras pequeñas” de la Ley para la Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Ciudad de México. Para el caso de la Ciudad de México, la ley señala que algunas instituciones como la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría General de Justicia integrarán de forma permanente el Consejo de Evaluación de Medidas. Sin embargo, se puede citar a cualquier otra dependencia que sea necesaria para garantizar la protección y salvaguarda de la persona. “[Ejercer esta facultad] nos permite que cuando llega un caso con múltiples factores de riesgo podamos echar mano de lo que otras instituciones ya tienen”, comenta Tobyanne Ledesma. La directora del Mecanismo local opina que las discusiones que se están teniendo en el poder legislativo ayudarán a fortalecer la relación del Mecanismo federal con otras instituciones. “Obviamente con la vinculación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que es una recomendación de ONU-DH. Y que claramente se definan los roles de nuestras instituciones para evitar procesos de revictimización”, comenta. El Diagnóstico de ONU-DH señala que el Mecanismo federal “no cuenta con un mensaje claro de 36

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priorización política que garantice su función principal de coordinar las acciones de la Federación y de las entidades federativas para proteger a las personas defensoras de derechos humanos y periodistas”. Jorge Ruiz del Ángel dice que el fortalecimiento de la interlocución “tendrá que ser una apuesta y se seguirá cultivando para casos en los que las personas tengan que salir de su lugar de origen. Para que puedan permanecer en un lugar seguro garantizando un estándar de vida muy similar al que tenían antes de la reubicación”. El director de la Unidad de Recepción de Casos y Reacción Rápida admite que atender el fenómeno de desplazamiento forzado “en algunos casos es un poco complejo. Afortunadamente tenemos redes de comunicación con periodistas y personas defensoras de derechos humanos”. El funcionario también comenta que están trabajando en un proyecto de de cooperación con el

México, el país más peligroso para ejecer el periodismo

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GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO

gobierno de la Ciudad de México para generar una atención más completa. “La intención es establecer reglas muy claras para generar atenciones integrales a favor de las personas que son beneficiarias del Mecanismo. Ese convenio va a establecer reglas de coordinación y operación que van a permitir generar una política pública de atención a quienes viven o transitan en la Ciudad de México, cuando se requiera desplegar alguna acción de protección”. Al tratarse de un proyecto integral, el Mecanismo busca regirse por los principios de Naciones Unidas para la atención de personas víctimas de desplazamiento forzado. “Hay que garantizar los mínimos vitales a los que tiene derecho toda persona: salud, educación, recreación, esparcimiento... El tema que representa un verdadero reto porque escapa y transita hacia otro esquema de abordaje: la generación de empleos”, comenta Jorge Ruiz del Ángel.

En otras entrevistas, Aarón Mastache ha comentado cifras aproximadas del número de personas defensoras o periodistas desplazadas en la Ciudad de México. Son alrededor de 70 personas y la inexactitud tiene que ver con una medida de protección de las personas reubicadas. Sara Mendiola señala que “el gobierno no tiene claro todo lo que implica el problema del desplazamiento y no tiene claro cómo generar esquemas de retorno a las comunidades”. Detalla que la impunidad en el sistema de procuración de justicia y la relación entre política y crimen organizado son elementos que permanecen en la base del problema. “No es un tema tan fácil de resolver: si partimos de que el agresor fue un gobernador, un presidente municipal, o un jefe policiaco del Estado, difícilmente el periodista va a poder regresar en un corto plazo”, explica. La directora de Propuesta Cívica señala que “tendría que haber una sanción para el servidor público. Pero para que exista una tendría que haber una investigación oportuna, efectiva y objetiva. Lo cual no se da”, lamenta Aquí entra en el tema la Fiscalía General de la República y específicamente la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle). Una institución que, tal como lo recuerda Sara Mendiola, tiene un índice de impunidad cercano al ciento por ciento. “Todas las instituciones tienen que involucrarse como corresponsables de esa protección de las personas. Se tiene que entender la lógica de que no solo la persona periodista es objeto de protección, de medidas policiacas, sino que, como sujetos de derechos, se debe garantizar su labor periodística”, concluye la abogada especialista en derechos humanos. Respecto al caso específico del Mecanismo, el directivo Jorge Ruiz del Ángel confía en que al término del sexenio de López Obrador se logre tener un avance claro en materia de protección a periodistas. Explica que ya está en marcha una “ruta” de transformación, un programa de cambios a mediano y corto plazo con base en las recomendaciones realizadas en el Diagnóstico realizado por ONU DH. Son modificaciones que “se tenían que dar desde hace muchos años”, reconoce el funcionario.

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DESDE ESPAÑA, PRESIONAN A PEMEX

CRISIS EN ASTILLERO VIGUÉS HIJOS DE J BARRERAS

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Pemex cesó a José García Costas de la dirección del astillero tras incumplir un contrato con la trasnacional Ritz Carlton. Ahora, la petrolera mexicana enfrenta presiones para ceder el 51% de sus acciones NANCY FLORES

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l incumplimiento en la construcción del crucero de lujo Azora, para la trasnacional Ritz Carlton, desató una de las peores crisis que ha vivido la industria de Vigo, España: Hijos de J Barreras –el astillero más importante de la región, y propiedad mayoritaria de Petróleos Mexicanos (Pemex)– se encuentra enfrascado en una pugna interna por su control, una profundización de su endeudamiento y hasta un paro de labores, que lo colocan en ruta de la quiebra. El conflicto ya habría generado la pérdida de unos 1 mil empleos en las empresas auxiliares, conocidas en México como subcontratistas, según han denunciado éstas. Medios locales señalan que, con el apoyo de las autoridades de Galicia, 32 de esas compañías acreedoras se organizaron en un frente común –la Unión de Industrias Navales Ría de Vigo, SL– para presionar a Pemex a que les ceda su parte o deje de tomar las decisiones del negocio. En este contexto crítico, medios como ABC de Galicia, La Voz de Galicia y Faro de Vigo también han reportado que –en octubre– la petrolera mexi-

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cana entró en un proceso de venta a favor del fondo de inversiones Oaktree. De confirmarse, la firma estadunidense se haría del total de las acciones que Pemex posee –51 por ciento– en condiciones muy desventajosas para México, donde nada de esto se ha ventilado a pesar de involucrar recursos del erario nacional. La venta también ocurriría pese a que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ordenó a la administración del ingeniero Octavio Romero Oropeza hacer valer la mayoría accionaria en la factoría naval, para imponer los intereses de este país y no los de España.

Consultada respecto a la participación de la petrolera en Hijos de J Barreras, la titular del ramo y presidenta del Consejo de Administración de Pemex, Rocío Nahle García, dice a Contralínea que “la Secretaría de Energía apoya y acompaña las acciones que ha tomado Pemex desde el inicio de esta administración”. Sin embargo, la secretaria no acepta abundar sobre las supuestas negociaciones con Oaktree, porque indica que es un tema que se discute en el Consejo. Ahí, advierte, es donde se está dando seguimiento al proceso que vive actualmente esa inversión pública triangulada.

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La venta ocurriría pese a que el gobierno de López Obrador ordenó al director de Pemex hacer valer la mayoría accionaria

Hijos de J Barreras, el astillero más importante de la región de Vigo, España

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Inversión de Pemex de casi 7 mil millones de pesos

El tema no es menor, pues la empresa productiva del Estado mexicano ha destinado por lo menos 6 mil 975 millones 667 mil pesos del erario al astillero español. De acuerdo con datos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), a 2017 Pemex –a través de su filial PMI Norteamérica, SA de CV– había destinado 6 mil 855 millones 445.2 mil pesos a la construcción de dos unidades habitacionales flotantes –Reforma Pemex y Cerro de la Pez–, y 120 millones 221.8 mil pesos –por conducto de PMI Holdings, BV– a la compra de las 510 acciones.

El conflicto Para el consorcio CESCE, a cargo de la cobertura del financiamiento que dio Caixabank a Hijos de J Barreras para la construcción del crucero

de lujo de Ritz Carlton, el de Azora era el mayor proyecto de construcción de una naviera española. Ahora es, sin duda, uno de los mayores fracasos de la industria. Y es que resulta que durante el concurso de adjudicación, Hijos de J Barreras presentó la menor y más atractiva oferta pero por un error en los cálculos, que ha resultado en un sobrecosto estimado en más de 50 millones de euros (más de 1 mil 80 millones de pesos). Por ello, a fines de septiembre de 2019, Pemex corrió a José García Costas de la presidencia del Consejo de Administración del astillero, en medio de acusaciones de presuntos casos de corrupción pero, sobre todo, por el incumplimiento de los plazos para la construcción del crucero Azora y los sobrecostos multimillonarios que mantienen a Hijos de J Barreras en una ruta hacia la quiebra. Fue así que la salida de García Costas precipitó

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la crisis en la industria naval, a tal grado que la Xunta de Galicia ya intervino para mediar entre los contratistas y acreedores, el astillero –representado por funcionarios de Pemex– y los trabajadores, que han mantenido paros escalonados para demandar seguridad laboral, según reportan los medios locales. De acuerdo con La Voz de Galicia, la salida de García Costas se dio principalmente por las presiones de la trasnacional Ritz Carlton a Pemex. Ello, porque los sobrecostos del crucero Azora podrían ascender a 100 millones de euros, atribuidos al mal cálculo de su administración.

La inversión pública Hijos de J Barreras es una de las inversiones más importantes de Petróleos Mexicanos en el extranjero. La petrolera mexicana reconoce que la adquisición de acciones se hizo de manera triangulada, a través de su Grupo PMI. Fue la filial PMI Comercio Internacional la que firmó un contrato de inversión para la compra de las 510 acciones del astillero Hijos de J Barreras, SA, el 26 de noviembre de 2013, cuando al frente de Pemex estaba el cuestionado Emilio Lozoya Austin; y para el 16 de diciembre de 2013, PMI asumió formalmente el control de la empresa, refiere el Informe anual 2013. La historia de esta compra, sin embargo, es atribuible al expresidente Felipe Calderón Hinojosa, pues fue su administración la que se comprometió a rescatar de la quiebra a Hijos de J Barreras, en un

Hijos de J Barreras, astillero rescatado por México por órdenes del entonces presidente Felipe C

contexto muy adverso para la industria viguesa y en contra de los intereses de México. Todo, para cumplir la voluntad del fallecido Juan Camilo Mouriño,

LA ASF YA HABÍA DETECTADO EL MAL NEGOCIO DE PEMEX EN EL ASTILLERO Al revisar la Cuenta Pública 2017, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) recomendó a Pemex desinvertir en Hijos de J Barreras. El máximo órgano de fiscalización del país emitió la Promoción de Responsabilidad 2017-9-90T9N15-0471-08-001, de carácter admi-

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nistrativa sancionatoria, para que “la Unidad de Responsabilidades en Petróleos Mexicanos o su equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que

en su gestión autorizaron invertir en el astillero Hijos de J Barreras, SA, por conducto de PMI Holdings, BV; inversión que no correspondió a una actividad sustantiva, situación que Petróleos Mexicanos no aclaró en virtud de que omitió información; en consecuencia,

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la historia de esta compra como “un largo proceso” que comenzó en la primavera de 2012, con la firma de un protocolo de intenciones para transferir tecnología y conocimiento al sector naval mexicano. Lo que jamás ocurrió. Más allá de la compra de acciones, el rescate del astillero se produjo gracias a los contratos para construir los dos floteles. En febrero de 2014 inició la construcción de las dos unidades flotantes de alojamiento para trabajadores de las plataformas marinas en los astilleros Navantía y Barreras, localizados en las ciudades de Ferrol y Vigo (en Galicia, España).

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Reestructura de Pemex

sidente Felipe Calderón

quien en 2007 prometió a los españoles invertir el erario mexicano en España. De hecho, en su Informe anual Pemex cuenta

no quedó justificada la inversión realizada, la cual reportó pérdidas, no obstante que su objetivo es maximizar el valor económico y la rentabilidad”. Dado a conocer el año pasado, el informe de la ASF también recomendó a Pemex evaluar si la inversión en acciones que mantiene en el astillero contribuye a generar y maximizar su valor económico, de conformidad con el eje rector

Aunque el objetivo de la participación de Pemex en el astillero se limitaba oficialmente a la construcción de las unidades Reforma Pemex –contratado por Pemex Exploración y Producción para dar servicio en la Sonda de Campeche– y Cerro de la Pez –actualmente ubicado en Coatzacoalcos, Veracruz–, concluidas en diciembre de 2016 y febrero de 2017, la petrolera permanece en esa empresa española. El problema también ha sido que su participación accionaria ha quedado en medio de la reestructura que ha emprendido la administración de Romero Oropeza en las empresas “privadas” ciento por ciento propiedad de Pemex, ligadas al llamado Grupo PMI. Y es que la tenedora de las acciones de Hijos de J Barreras –PMI Holdings, BV, constituida y ope-

establecido en el Plan de Negocios 2017-2021, a fin de que la empresa productiva del Estado cumpla con la focalización en actividades sustantivas. La auditoría Inversión en unidades habitacionales flotantes y su participación accionaria en astilleros refiere que, con motivo de la presentación de resultados finales y observaciones preliminares, la Subdirección de Análisis y Regulación

de Negocios y Empresas Filiales, adscrita a la Dirección Corporativa de Alianzas y Nuevos Negocios de Pemex, informó que PMI Holdings “está en espera del momento más conveniente para evaluar la posible venta, o conservar la inversión en Hijos de J Barreras, a pesar de que las circunstancias actuales del mercado propiciaron que Pemex ya no requiriera la construcción de nuevas embarcaciones”.

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En construcción, el Coastal Passenger Vessel

rada en Países Bajos– se encuentra en proceso de liquidación. De acuerdo con la ruta que sigue Pemex en este proceso de reestructura, el 51 por ciento de acciones pasará a manos de otra de sus filiales privadas: PMI Holdings Petróleos España, asentada en Madrid. 44

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Además de este proceso al interior de las PMI, el propio astillero fue objeto de una revisión exhaustiva ordenada por Pemex –con auditorías incluidas para conocer la situación real de la empresa–, hasta derivar en la salida de García Costas por las presuntas anomalías detectadas. Así, la relación del gobierno de AMLO con Hijos de J Barreras no ha sido tersa. Ello, porque desde antes de asumir la Presidencia, el equipo de transición ya había enfrentado fricciones con la presidencia del Consejo del astillero. Como Contralínea lo informó, funcionarios de los sectores de Energía y Hacienda intentaron vender “al vapor” y a un precio castigado el 51 por ciento de las acciones al cierre del gobierno de Enrique Peña Nieto, en noviembre de 2018, pero el equipo de transición frenó los acuerdos. [https://www.contralinea.com. mx/archivo-revista/2019/02/22/ frena-pemex-venta-maliciosa-de-acciones-a-un-astillero-espanol/ ] En aquel momento, los accionistas minoritarios del astillero habían emplazado a Pemex para que en diciembre de 2018 la paraestatal les cediera toda su participación accionaria y dejarlo fuera del plan de negocios que incluía la construcción de Azora. Ahora, quienes la emplazan a ceder sus acciones son las subcontratistas acreedoras, con el apoyo de la Xunta de Galicia en Vigo. No obstante, funcionarios de Pemex siguen negociando con Ritz Carlton para reanudar la construcción del crucero Azora y, con ello, destrabar el conflicto, refiere el portal Economía Digital al citar a Sergio Gálvez, presidente del comité de Hijos de J Barreras.

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LOS FLOTELES La auditoría Inversión en unidades habitacionales flotantes y su participación accionaria en astilleros da cuenta de que, en 2013, Pemex Exploración y Producción (PEP) licitó dos contratos de servicios de alimentación y hotelería a bordo de dos Unidades Habitacionales Flotantes, a fin de cumplir con las metas de producción de las subdirecciones de Producción Bloques Aguas Someras AS01 y AS02. La empresa ganadora, agrega, fue PMI Norteamérica, SA de CV [propiedad de Pemex e integrante del Grupo PMI], la cual, en conjunto con dos astilleros españoles, construyó los floteles Reforma Pemex y Cerro de la Pez. La Auditoría Superior determinó que no fue posible constatar que las dos unidades, entregadas por los astilleros a PMI Norteamérica, cumplieron con las características establecidas en las licitaciones públicas que emitió PEP, debido a que no se proporcionaron las actas de entrega-recepción correspondientes. También reportó que la aceptación final del Reforma Pemex –construido por Hijos de J Barreras– fue el 30 de diciembre de 2016, con un costo de 3 mil 740.18 millones de pesos. En 2017, esta unidad se encontraba en operación y fue contratada por PEP para prestar los servicios de alimentación y hotelería en las plataformas de producción. En el caso de Cerro de la Pez –construida por el astillero Navantía, SA– detalla que se entregó a PMI Norteamérica el 10 de fe-

brero de 2017, y su costo ascendió a 3 mil 115.26 millones de pesos. De acuerdo con la ASF, este flotel se mantuvo atracado en el astillero por 452 días, con un costo diario de guarda y custodia de 3.6 mil dólares, lo que generó un costo para su propietaria PMI Norteamérica de 1 millón 627.2 mil dólares, equivalentes a 30.41 millones de pesos, desde su entrega hasta el 11 de abril de 2018, fecha en que zarpó a México. En febrero de 2019, el máximo órgano de fiscalización de México “obtuvo información relacionada con el tráfico marino, mediante la cual se conoció que la unidad Cerro de la Pez se encuentra en la zona de Coatzacoalcos, Veracruz, México”. El informe agrega que, en julio de 2017, el Consejo de Administración de Pemex autorizó la desinversión de ese flotel, y se consideró que la desinversión permitiría cubrir las necesidades de PEP. Sin embargo, no se proporcionó el contrato mediante el cual se formalizó la compra-venta de Cerro de la Pez, lo que impidió comprobar la realización de esa operación,

argumentando que “forma parte de la operación propia de la empresa filial PMI Norteamérica, y se encuentra sujeto a cláusulas de confidencialidad negociadas entre partes privadas”. Ante la Auditoría Superior, “Pemex indicó que PMI Norteamérica no es una entidad de derecho público, no lleva a cabo operaciones que involucran recursos públicos federales o participaciones federales, se encuentra organizada conforme al derecho privado y las operaciones que realiza se rigen por el derecho común”. De acuerdo con la ASF, “la restricción de la información generada, como parte de las operaciones de las empresas filiales de Petróleos Mexicanos, impidió que durante la ejecución de la auditoría se comprobara que las unidades habitacionales flotantes Reforma Pemex y Cerro de la Pez, entregadas por los astilleros a PMI Norteamérica (empresa filial de Petróleos Mexicanos) cumplieron con las características de los bienes previstas en las licitaciones públicas que emitió Pemex Exploración y Producción”.

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KAREN BALLESTEROS

La emoción y euforia desbordaron el “corazón político, social y cultural” del país: en el Zócalo de la Ciudad de México, unos 250 mil asistentes –según la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad– vitoreaban al presidente López Obrador durante la conmemoración del primer año de su gobierno. Mujeres, hombres, jóvenes, niñas y niños se expresaban en una misma voz: “no estás solo”

“El lopezobradorismo está presente y vibra” a un año del triunfo en las urnas

Al medio día del 1 de diciembre entró a escena el hombre más vitoreado de la plaza: Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. “Es un honor estar con Obrador”, “¡pre-si-dente, pre-si-dente!”, “no estás solo” y

JORDANA GONZÁLEZ

“AMLO, tú sí me representas”… Los gritos, aplausos y porras inundaron la Plaza de la Constitución antes, durante y después de su discurso con motivo del informe sobre el primer año de su gobierno. Conforme avanzaba por la

ESPECIALES A OCHO COLUMNAS

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Fotografía superior. Optimismo Fotografía inferior. Base social

KAREN BALLESTEROS JORDANA GONZÁLEZ

calle Moneda, él y su esposa, la escritora Beatriz Gutiérrez Muller, saludaban a las personas que, “esperanzadas en acercarse al mandatario”, se encontraban ahí desde las 5 de la mañana. “¡Señor presidente, señor presidente! Una foto, por favor. Una foto”. Con los brazos estirados aclamaban por el saludo del Ejecutivo. López Obrador no dio un paso sin corresponderle al pueblo, ya fuera con fotos o estrechando sus manos. Al llegar al templete, la emoción de la gente de Sonora, Tabasco, Estado de México y otras entidades aumentó. Quienes desde temprano lograron apropiarse de alguna silla, se levantaban para escuchar al presidente. No se notaban las más de 6 horas de espera. El tabasqueño tomó su lugar en el escenario, ubicado frente a la Catedral Metropolitana, y todas las miradas se concentraron en él. “Amigas y amigos: el cambio que estamos realizando está a la vista. En el periodo neoliberal se hacían leyes sin considerar el interés público, ahora las reformas a la Constitución tienen el propósito de garantizar el desarrollo del país y el bienestar del pueblo”. Mientras enlistaba sus triunfos, de nuevo resonaba la incesante frase: “es un honor, estar con Obrador”. Ni los minutos ni las horas ni el calor sofocante del medio día contenían el apoyo de la gente. Las personas insistían en estar más cerca del escenario, hasta que el ánimo de observar y escuchar atentamente al mandatario borró los pasillos. “En los hechos estas modificaciones configuran una nueva Constitución, que refleja las demandas y la voluntad del pueblo que decidió emprender la cuarta transformación de la vida pública del país de manera legal, democrática y pacífica”, exclamaba el presidente. “De manera legal, democrática y pacífica, ¡eso!, ¡estamos contigo!”, repetía en voz alta Héctor, habitante de la alcaldía Tláhuac. “Creo que debemos valorar y darnos cuenta de todo lo que en 1 año se ha avanzado, después

“EN EL PERIODO NEOLIBERAL SE HACÍAN LEYES SIN CONSIDERAR EL INTERÉS PÚBLICO. AHORA LAS REFORMAS A LA CONSTITUCIÓN TIENEN EL PROPÓSITO DE GARANTIZAR EL BIENESTAR DEL PUEBLO”

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de que estuvimos en una época de estancamiento para el país. Es clarísimo que con el presidente estamos empezando a crecer como país. Hay conﬁanza por gran parte del pueblo”, dijo a Contralínea el hombre de 58 años. Carteles, pancartas y banderas se alzaban por doquier: “AMLO, juntos transformaremos México”; “Morena, la esperanza de México”; “We are AMLOvers”. “Esas no son las de Morena [Movimiento de Regeneración Nacional] – reclamaba María Guadalupe desde su asiento– ¡Traidores!” “Estamos hartos de tanta injusticia, robo, engaño, manipulación, mentiras, verdades a medias y saqueo a México, a la patria.

JORDANA GONZÁLEZ

Fotografía superior. Folclor Fotografía inferior. El municipop más pobre del país

Estamos hartos de que traten a nuestro país como si nuestros dueños fueran los extranjeros. Con Andrés Manuel tenemos más de 20 años apoyándolo, y hemos sido testigos de abusos de poder y traiciones en su contra. Quienes son los traidores y ponen en peligro a México son la ultraderecha”, aseguró la tabasqueña. Las promesas del presidente continuaban en los altavoces. Los pactos también: el derecho al acceso a la salud, a la educación, a una vida digna para los migrantes, el combate a la corrupción, la aus-

teridad republicana, la creación de nuevos empleos, el derecho a una vivienda, la instauración de la Guardia Nacional, la instauración de programas sociales y la protección y promoción del campo son los aspectos que más destacan en su informe. Son los aspectos que más celebraban los asistentes. En los balcones y terrazas de los ediﬁcios aledaños también se escuchaba el mensaje. “Este año, el ahorro por evitar la corrupción en la adquisición de bienes y servicios alcanzará la cifra de 200 mil millones de pesos. El presupuesto

de la Presidencia de la República pasó de tres mil 600 millones a 800 millones, una disminución del 75 por ciento. Esto es, en los hechos, la austeridad republicana”. Aplausos de nuevo. El confetti adornaba el momento. Las matracas resonaban en cada pausa. “La fórmula de acabar con la corrupción y reducir el costo del gobierno nos permite ﬁnanciar el presupuesto sin aumentar impuestos, sin incrementar los precios de los combustibles y sin endeudar al país (...) porque por el bien de todos, primero los pobres”. “Primero los pobres”, repetían al unísono decenas, centenas de personas. Federico, un hombre tabas-

JORDANA GONZÁLEZ

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JORDANA GONZÁLEZ

queño, dijo a Contralínea: “Vengo a apoyar a nuestro presidente; en el informe nos dio todo en relación a lo que se ha hecho y logrado para cambiar la política del país. Se cumplieron nuestras expectativas. Ahora tenemos que estar más unidos para recuperar nuestro país, que fue entregado a los neoliberales, a la iniciativa privada traidora y a los extranjeros”. Tras referirse a los 100 compromisos que realizó exactamente hace 1 año, en el mismo lugar, las personas preguntaron: “¿cuántos de ellos ha cumplido?”, a lo que en seguida el presidente contestó: “89 acciones se han realizado, sólo 11 quedan pendientes”. La sorpresa es indudable, aunque el mandatario insistía en que no es una simulación, sino “la forma de Fotografía. Convocatoria masiva

hacer política”. El ánimo se desbordaba aún más sobre las vallas de seguridad. López Obrador interrumpió su lectura para preguntar a los asistente “¿tienen calor?, ya casi termino”. Sin dudarlo, algunos gritaron: “con calor o sin calor, nunca lo dejaremos solo. No estás solo”. “Durante mi larga vida pública y sobre todo en los momentos más difíciles siempre he tenido un ángel de la guarda que se llama pueblo. Ustedes siempre me han apoyado y sacado a ﬂote. Al pueblo le debo todo lo que soy, por eso los seguiré escuchando, atendiendo, sirviendo y nunca jamás los traicionaré. Con el pueblo, todo; sin el pueblo, nada. ¡Viva la cuarta transformación!, ¡Viva México”. Los gritos y porras inundaban nuevamente la plaza. Las personas se emocionaban hasta la afonía. Mientras Andrés Manuel regresaba a Palacio Nacional, las sillas se iban vaciando. “Ahorita vemos cómo le hacemos para regresar”, decía una mujer a sus familiares mientras bailaba al ritmo de la marimba que musicaliza el ambiente. Un grupo de hombres con playeras blancas de “Morena” se retiraba de la plancha del Zócalo, tras alabar la frase KAREN BALLESTEROS

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o quería ver con mis propios ojos que eran muchos y mira: siguen llegando”, le co-

“Y

MARCIAL YANGALI

menta una señora de la tercera edad a una joven que acaba de sentarse a su lado. Desde una banca y con una sonrisa, aún no

El 1 de diciembre, una multitud heterogénea, apenas unida por su rechazo al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se citó en el Ángel de la Independencia para iniciar lo que sería una marcha de alrededor de 8 mil personas, que inundaron lentamente ambas vías del paseo de la Reforma

Miles contra López Obrador: juntos, pero no revueltos

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había visto pasar a la mitad de manifestantes. Blanco fue el color predominante: las guayaberas impecables de ﬁnos dobleces, el cabello de los manifestantes y los carteles. Combinado, claro, con pantalones cafés bien planchados, sombreros de paja y lentes de sol. Este grupo fue el que encabezó la manifestación y el que primero llenaría la explanada del Monumento a la Revolución, tras 1 mil 800 metros de recorrido y decenas de pausas intermedias. La mayoría pasaba de los 50 años y, aunque parecía que estaba de más, repetían una y otra vez: “No somos acarreados, somos informados”. En una lógica de tortas y playeras baratas, nadie hubiera puesto en duda la primera parte de esta consigna. También estaba el contingente amarillo. Equipados con mantas y banderas del Partido de la Revolución Democrática (PRD), se diferenciaban por tener un mayor repertorio de consignas y estar vestidos sin uniformidad ni costosos accesorios. Aquí, y sólo aquí, se escuchó la frase: “Como dice el Che Guevara, hasta la victoria”, misma que fue coreada un par de veces antes de confundirse entre otros gritos. En este grupo, una mujer que se cubría del sol con una bandera amarilla inició el coro: “Yo voté por ti y me arrepentí”. Se sumaron un par de voces, se repitió el MARIO JASSO/CUARTOSCURO

Fotografía superior. Miles de personas participaron en la marcha para exigir justicia ante la inseguridad que se vive en el país, la cual partió del Ángel de la Independencia al Monumento de la Revolución Fotografía inferior. Consignas contradictorias, la constante

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lamento tres veces más, cuando de pronto alguien interrumpió: “¿Cómo que votaste por él?” Estallaron las carcajadas. Divididos por las nochebuenas que adornan el centro de la avenida Reforma, los contingentes blanco y amarillo avanzaron sin mezclarse. Alguien preguntó en voz alta y tono de reclamo: “¿No se supone que esto era una marcha sin ﬁliación política?” Rieron de ambos lados: aunque resultaron minoría, el PRD llevaba días convocando a su militancia. También el mismo presidente del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés Mendoza, había anunciado con anterioridad su presencia física en la marcha. Además de estos grupos, destacó la participación de otro contingente inconforme que se adelantó una hora al inicio “oﬁcial”, acordado para las 11:00 horas. Con logística y demandas independientes, unos 200 jóvenes de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México también salieron del Ángel pero se desviaron rumbo al Zócalo capitalino. Su meta: hablar con el presidente para exigirle el cumplimiento de sus promesas en relación con el “fortalecimiento” de las Normales Rurales. También denunciaron injusticias y hostigamiento por parte del gobierno de Chiapas.

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Fotografía superior. Solidaridad con los LeBarón Fotografía inferior. Contra el asilo politico

Julián, Adrián y otros integrantes de la familia Le Barón participaron en la marcha para denunciar la violencia que vive el país. Aunque dejaron claro que no se manifestaban en contra del presidente López Obrador, su apellido fue estandarte de consignas contra las políticas de la “cuarta transformación”. Bajo el lema “todos somos Le Barón”, la multitud exigió el ﬁn del gobierno actual. Minutos antes de iniciar la marcha, rodeados por cámaras y micrófonos, los familiares relataron cómo sufrieron la masacre que les arrancó la vida de tres mujeres y seis niños. Y cuando Julián Le Barón mencionó que estaba allí para “ayudar y buscar soluciones” se inició un coro que repetía su apellido. En ese momento Julián elevó la voz y cambió la consigna a “México, México, México...” Aunque la oposición usó su apellido para mezclarlo con intereses políticos, en el monumento a la Revolución se respetó de forma unánime el minuto de silencio en honor de las víctimas. Este homenaje recordó, por instantes, que entre la multitud había personas que habían perdido algo más que la ilusión.

Le Barón, entre la solución y la oposición Exigencias e inconformidades de todo tipo tuvieron lugar. Su coexistencia, en ocasiones, resultó contradictoria y hasta cómica. Los temas más recurrentes, sin embargo, estaban relacionadas con la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, con el asilo político a Evo Morales y con las diversas formas de violencia que persisten en el país. Así, los coros que iniciaban con “Santa Lucía es una porquería”, continuaban con “México sí, López no”, seguían con “fuera Evo” y terminaban con “prensa libre”. Una bandera arcoiris pasó junto a un gran cartel que rezaba: “AMLO respeta la vida, no al aborto”. Y un hombre sostenía un letrero con la frase: “Yo no te voy a acusar con tu mamá, te voy a acusar con Trump”. A la altura de las oﬁcinas del Senado de la República, una familia numerosa salió del contingente “Michoacán”. Sudorosos y arrastrando los pies se sentaron a la sombra de un árbol mientras los niños se metían a las jardineras. “Bueno, ya cumplimos ¿no?”, resopló un joven mientras se acicalaba el cuello de la camiseta.

Letras e imágenes sueltas

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PRIMER AÑO DE GOBIERNO

AMLO ABARRORTA ZÓCALO, PERO TAMBIÉN LANZA A OPOSITORES A MARCHAR JORDANA GONZÁLEZ/ASENETH HERNÁNDEZ

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1 año de iniciado el gobierno de la “cuarta transformación”, el presidente Andrés Manuel López Obrador habló –ante un Zócalo abarrotado– de los avances de sus promesas de campaña en estos 12 meses. En la Plaza de la Constitución, los más de 120 mil asistentes reafirmaron entre banderas, rehiletes y consignas: “¡Es un honor, estar con Obrador!” Cada vez que el mandatario citaba sus “logros”, como echar para atrás las políticas

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neoliberales o crear programas sociales) los asistentes respondían con ovaciones, aplausos y el ya clásico “¡No estás solo, no estás solo!” El primer informe de gobierno, se celebró y amenizó entre música popular mexicana. En el templete y en todo el Zócalo capitalino, sonaron los zapateados y el cantar de la guitarra de la agrupación guerrerense Los Salermón. Al término de la participación del mandatario mexicano, siguió el grupo La Sonora Santanera con clásicos como La

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boa, Mi viejo San Juan y un tributo a Selena Quintanilla. Al tiempo, en la avenida Reforma con destino al monumento a la Revolución se desarrollaba la marcha contra el gobierno. “¡Es un honor, estar contra Obrador!”, “¡Fuera AMLO!”, “¡El que no brinque es AMLO!”, fueron algunas de las consignas que se escuchaban en la manifestación de los vestidos de blanco. A las 11:00 horas, alrededor

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de 8 mil personas reunidas en el Ángel de la Independencia iniciaron su protesta, convocada por la organización Nosotros Somos Chalecos México, políticos de los partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática e integrantes de la familia Le Barón. Entre las demandas de los manifestantes estuvieron que se reinicie el proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en Texcoco, construir

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más universidades; dejar de hacer consultas sin estar sujetas a las leyes; retirar el asilo político al indígena y expresidente de Bilivia, Evo Morales; cumplir con todo lo que prometió durante su campaña; mayor seguridad, y justicia en caso del asesinato de la familia LeBarón.

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RECORDANDO A MIGUEL ÁNGEL GRANADOS CHAPA (1941-2011) OTRO ZARCO ÁLVARO CEPEDA NERI

El pasado 16 de octubre se cumplieron 8 años que en su última columna –escrita el día anterior a su muerte– nos dijo adiós Miguel Ángel Granados Chapa. Dije una ocasión, en su presencia, que a mi juicio él era el Francisco Zarco de nuestro tiempo, por ser un individuo íntegro a toda prueba y por las cualidades éticas de republicanismo-democrático de su trabajo periodístico, a su paso por periódicos y revistas a los que dedicó su preparación, inteligencia, conocimientos y caballerosidad (con el “usted” por delante). Siempre humilde para con sus semejantes, hijo de una maestra hidalguense y con excepcional memoria, la gran capacidad para el manejo del idioma –con sus diccionarios de cabecera– en sus columnas fueron complemento de sus cátedras en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). Gran dedicación prodigaba a la amistad, dándose tiempo para sus hijos, sus amores y acceder a la Academia Mexicana de la Lengua, con el discurso: Letras de canciones como arte poética (amaba la música en general y sabía las letras de todos los boleros). En su trabajo escrito y en radio (Radio Educación) fue crítico, polémico y reconocía los aciertos de la vida pública; multiplicándose con férrea voluntad para cumplir con todas las obligaciones a las que se comprometía. II. A Granados Chapa lo sujetaba

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tales y del sector privado como actores un factor común: su racionalismo por de la Plaza Pública. el periodismo. “Desde niño quise ser III. Con el escudo de la Constitución periodista, me aficioné y hasta me defendió las libertades de prensa; las obsesioné por la información. Era la época de la radio. Entonces yo era muy que ejerció sin concesiones de ninguna especie para exponer su cotidiano mirar, aficionado a la radio. De ahí viene mi pensar y escribir, detrás de la seriedad apego a la música y a la información, que rompía con una sonrisa y acomooía los noticieros sistemáticamente” dándose las gafas constantemente con el (entrevista de Leonardo Frías Cieníndice izquierdo. Profesor universitario, fuegos; El Financiero, Página Cultural, 12 fue maestro de periodismo para quienes de octubre de 2016). En esas palabras leyeron sus casi 45 mil cuartillas; las que está la autobiografía del hidalguense serán seleccionadas para publicarlas que en su Plaza Pública (reproducida como libros. La banca nuestra de cada día; en casi todos los diarios de los estados), Alfonso Cravioto, un liberal hidalguense; ¡Nava hizo del columnismo una tarea por la sí. Zapata no! ¡Escuche, Carlos Salinas!; y libertad de expresión, la crítica su último libro: Manuel Buendía: elegantemente impecable e el primer asesinato de la narcopoimplacable, para dar a los lítica en México, con prólogo lectores su opinión sobre Autor: Miguel Ángel de Tomás Granados los hechos nacionales, Granados Chapa Salinas, son textos que facilitando con ellos el Título: Buendía. El primer ejemplifican su tarea de diálogo-discusión. No asesinato de la narcopolítica en investigación. Así que en hubo asunto que no México este su octavo aniversario abordara para cuestioEditorial: Grijalbo, 2012 luctuoso –como todos los narlo muy seriamente, pues días desde entonces– evocar su concepción periodística a Granados Chapa es recordar a un fue informarse para informar; muy nuevo Francisco Zarco; también por su atento a los acontecimientos de la vida patriotismo, la causa del pueblo con sus pública y sus actores. Sin tregua alguna demandas. Y quien no permitió ningún analizaba los hechos recogidos en su acto póstumo para celebrarlo, resistienperiodismo de investigación, dando en el blanco con sus comentarios. Siempre do firmemente todas las tentaciones. Ese fue y es Miguel Ángel Granados al día de los sucesos nacionales, con su Chapa, un mexicano ensimismado más apego a lo jurídico-constitucional y su de 3 décadas en su trabajo de periodista; criterio de las políticas republicanas, aunque también desempeñó actividades logró equilibrar el cómo, para qué y administrativas. porqué de las decisiones gubernamen-

ISSN: 1665-1626 REVISTA SEMANAL Del 9 al 15 de diciembre de 2019

Año 18 • Número 671 • $30