ISSN: 1665-1626 REVISTA SEMANAL Del 20 al 26 de enero de 2020
Año 18 • Número 676 • $30
CONTENIDO
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PORTADA
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HUIR O MORIR: DESPLAZAMIENTO FORZADO DE LA POBLACIÓN LGBTTTIQ+ En América Latina, la comunidad LGBTTTIQ+ está condenada al desplazamiento forzoso, por la violencia social e institucional, crímenes de odio, falta de oportunidades y acceso deficiente a servicios de salud, entre otros factores
CONTRALÍNEA. PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN –año 18, número 677, del 20 al 26 de enero de 2020– es una publicación semanal editada por Difusión de Información, SA de CV; Ignacio Aldama 74-8, colonia Del Carmen, alcaldía Coyoacán, CP 04100, Ciudad de México; teléfonos: 55 54 91 93 y 55 54 91 94; www.contralinea.com.mx, info@contralinea.com. mx. Editor responsable: Agustín Miguel Badillo Cruz. Número de reserva al título de derecho de autor: 04-2001-1206164804 00-102. Número de certificado de licitud de título: 12264, y de contenido: 8918. ISSN: 16651626. Impresa por Difusión de Información S.A de C.V., Insurgentes Centro 98, colonia Tabacalera, Ciudad de México, teléfono 55549192. Este número se terminó de imprimir el 17 de enero de 2020. Distribuida por la Unión de Voceadores de México, despacho de Gloria Santillán, Ignacio Mariscal 44, col. Tabacalera, CP 06030, México, DF, teléfono 55 92 08 91. CONTRALÍNEA reconoce el deber de veracidad y la cláusula de conciencia de reporteros y articulistas. Los textos son responsabilidad de sus autores. Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda totalmente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos o imágenes de la publicación sin previa autorización de Difusión de Información S.A de C.V.
OPINIÓN 6
NUESTROS LECTORES
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OFICIO DE PAPEL EN 2018 UTILIZARON “CUENTAS DE ORDEN” PARA EVADIR 730 MIL MILLONES Miguel Badillo
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ZONA CERO MÁS ALLÁ DEL EZLN: LA HORA DEL CONGRESO NACIONAL INDÍGENA Zósimo Camacho
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AGENDA DE LA CORRUPCIÓN JUICIO A GARCÍA LUNA: LA EROSIÓN DE LA “GUERRA” CONTRA EL NARCOTRÁFICO Nancy Flores
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DEFENSOR DEL PERIODISTA ¿SE CONSUMARÁN LAS AMENAZAS CONTRA EL REPORTERO EMIR OLIVARES? Álvaro Cepeda Neri ARTÍCULOS
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LA DESESPERANZA DEL 2020: VIOLENCIA EN LA SIERRA DE GUERRERO Isael Rosales Sierra/CDHMT
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DE LA PERSECUCIÓN CONTRA LA OCSS A LA TORTURA CONTRA PETRA BENÍTEZ Adrián Ramírez/Limeddh
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EL NARCOGOBIERNO DE CALDERÓN Y LA INFAMIA AL SME Martín Esparza
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DIRECTOR Miguel Badillo oficiodepapel@yahoo.com.mx COORDINADORES INFORMACIÓN Y EDICIÓN WEB Nancy Flores nancy@contralinea.com.mx EDICIÓN IMPRESA Zósimo Camacho zosimo@contralinea.com.mx COORDINADOR DE CONTENIDO DIGITAL Héctor Badillo hector@contralinea.com.mx CONTRALÍNEA TV Érika Ramírez esoemi@contralinea.com.mx DISEÑO Miguel Minero mimiga@contralinea.com.mx PUBLICIDAD Martha Moreno mmoreno@contralinea.com.mx
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EDITORIALISTAS Álvaro Cepeda Neri cepedaneri@prodigy.net.mx Fabio Barbosa fabiobarbosacano@gmail.com Martín Esparza garrasleo6@yahoo.com.mx Roberto Galindo galeondelsur@hotmail.com Samuel Lara Villa WEB Hugo Sadh ILUSTRADOR David Manrique manrique@contralinea.com.mx
INVESTIGACIÓN
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PORTADA Huir o morir: desplazamiento forzado de la población LGBTTTIQ+ Jordana González y Karen Ballesteros
ESPECIALES 32
A OCHO COLUMNAS Hambre, enfermedades y tristeza entre familias desplazadas de Guerrero Inés Giménez Delgado
ANÁLISIS
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Imagen de portada: 123RF
INTERNACIONAL ¿Por qué Turquía invadió Siria? Un negocio de 27 mil millones de dólares Alessandro Pagani
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INTERNACIONAL Latinoamérica: 2 décadas de crecimiento económico (excepto México) Nicolás Oliva
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INTERNACIONAL Gobernando desde Twitter: El Salvador de Nayib Bukele Nery Chaves García
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INTERNACIONAL Movilización y gestión: el desafío progresista en Colombia Javier Calderón Castillo/Celag
MISCELÁNEO
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EX LIBRIS Hannah Arendt: Seis ensayos sobre la promesa de la política Álvaro Cepeda Neri
REDACCIÓN 5554-9194 PUBLICIDAD 5554-9191 VENTA DE LIBROS 5554-9192 Ignacio Aldama 74-8, colonia Del Carmen, delegación Coyoacán, CP 04100, México, DF
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OPINIÓN NUESTROS LECTORES
LA JORNADA REINSTALARÁ A NUEVE TRABAJADORES PRÓXIMO 21 DE ENERO En el juicio laboral que 17 trabajadores sostienen contra el diario La Jornada, la empresa ofreció la reinstalación para nueve de ellos. Esto deberá realizarse el martes 21 de enero de 2020 a las 11:30 horas y el miércoles 22 de enero a las 12:00 horas en las instalaciones (ubicadas en Cuauhtémoc número 1236, colonia Santa Cruz Atoyac, a 2 calles de la estación del metro Zapata. ¡Los esperamos!). Después de 2 años de un juicio laboral en el periódico La Jornada, la empresa ofreció la reinstalación a nueve trabajadores despedidos que deberán presentarse a laborar el 21 y 22 de enero de 2020. Los afectados que llevan más de 48 meses denunciando lo arbitrario de la medida a nivel nacional e internacional, tenían entre 20 y 33 años de antigüedad cuando se les impidió la entrada al edificio. Esto ocurrió después de que en enero de 2017 la administración dejó de pagar todas las cláusulas del Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) –lo que representó 2 millones 800 mil pesos a la catorcena, unos 120 millones en 2 años– y los afectados colocaron las 6
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banderas de huelga en junio de ese año, exigiendo la restitución de sus prestaciones. En la audiencia efectuada en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JLCA) la semana pasada, los desempleados acompañados de su abogado Manuel Fuentes Muñiz recibieron la propuesta de reinstalación para Antonio Vera, Sandra Blanco, Mario Contreras, Óscar Gómez, quienes tenían entre 30 y 33 años de laborar. Así como para Maricela Delgado, Sara Juárez Buitrón, Guadalupe Silva, Mario Ruiz Tenería, quienes dieron servicio al diario durante 20 y 29 años. Está pendiente la situación de otros siete desempleados que interpusieron juicio contra la administración del diario. Los despedidos cuentan con el apoyo de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) y las organizaciones que la integran: Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM), de la Universidad Nacional Autónoma de México (STUNAM), Único de Trabajadores de la Industria Eléctrica (SUTIN), Central Campesina Cardenista (CCC),
entre muchas otras. Éstos expusieron su situación en Brasil durante el Tercer Encuentro de la Central Sindical Popular (2017), así como en el consulado de México en Chicago, durante una reunión sindical de solidaridad trinacional (México, EU y Canadá) y lograron más de 5000 firmas de apoyo. La Jornada –que surgió como un diario de centro izquierda con el lema de “dar voz a quienes no la tienen”– es dirigida desde hace 20 años por Carmen Lira Saade, quien argumentó desde 2014 que tenía problemas financieros y logró en 2015 que el Sindicato Independiente de Trabajadores de la Jornada (Sitrajor) aceptara la reducción de prestaciones en un 27 por ciento durante 14 meses. Con esto dejó de pagar 21 millones de pesos –entre sindicalizados y personal de confianza– que debían destinarse a modernizar el negocio e inyectar recursos al área de internet, según el convenio firmado por la empresa y la exdirigente Amalia Rivera de la Cabada. Ante el incumplimiento del acuerdo y la persecución contra sindicali-
zados y la liquidación de más de 10 jefes que fueron obligados a renunciar, los integrantes del Sitrajor se negaron a firmar nuevamente la disminución de ingresos, como lo pretendió Carmen Lira en noviembre-diciembre de 2016. Por su negativa, los asalariados fueron amenazados en una reunión que se realizó a puerta cerrada en el cuarto piso de la empresa, con la anuencia del entonces presidente del Consejo de Administración y poeta, ahora finado, Hugo Gutiérrez Vega. Se sumaron con apoyo incondicional a Lira Saade algunos accionistas, como Enrique Galván Ochoa, Rafael Barajas (Fisgón), Antonio Helguera, Luis Hernández, Josetxo Zaldúa (José Zaldúa) y Blanche Petriche (Blanca Petrich), Roberto González y Miguel Ángel Velázquez, Andrés Ruiz y Emilio Lomas, entre otros. Todo lo anterior fue orquestado por la gerente Tania Paulina Olmos, el abogado empresarial experto en desaparecer contratos Alejandro Roel Calvillo, la “asesora” de la directora Guillermina Álvarez y muchos otros incondicionales beneficiados
Crisis financiera Con el argumento de que había crisis financiera, La Jornada interpuso en la JLCA un conflicto de naturaleza económica que nunca demostró pero contó con el apoyo incondicional de la presidenta, Darlene Rojas. Antes de ese recurso, en enero de 2017 dejaron de pagar el CCT lo que equivale a 2 millones 800 mil pesos cada catorcena, es decir más de 120 millones en los 2 primeros años. Ahora, 48 meses después de la demanda de reinstalación, buscan de nueva forma ahorrarse lo que les correspondería a los despedidos por indemni-
TERCERO DÍAZ/CUARTOSCURO
con un esquema de ingreso doble. En cuanto los jefes cumplieron 60 años, renunciaron a la empresa, gestionaron su pensión en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la directora les autorizó una “gratificación” que osciló entre 400 mil y 1 millón de pesos y, posteriormente, los recontrató. De esta forma tienen la pensión (IMSS) y un ingreso del diario. Esa práctica inició con Carmen Lira, que tiene más 72 años, más de 10 años con doble ingreso, y se extendió a sus secretarias y exjefes con un solo requisito: ser incondicionales y atacar al sindicato.
zación (3 meses de salario, más 20 días por año) y ofrecen su reingreso que deberá concretarse, según el acuerdo, los días 21 y 22 de enero de 2020, al tiempo que se precisa en la JFCA el monto que deben recibir como pago de salarios caídos. Entre la lista de las personas reinstaladas no están los exdirigentes Judith Calderón Gómez y Leonardo Mondragón Román –que ocupaban los cargos de secretaria general y de organización, respectivamente– y quienes fueron acusados de privación ilegal de la libertad por una treintena de esquiroles que entraron a las instalaciones durante la huelga (30 de junio de 2017) y que, con varios jefes, entre ellos la gerente Paulina Olmos, publica-
ron el diario. En el proceso penal esta también Maricela Delgado, a quien sí le ofrecen la reinstalación. Ellos tres continúan en juicio mientras que el hijo de Judith Calderón Gómez –Alejandro Caballero Calderón, que tenía 21 años– fue exculpado en enero de 2018 por el juez Enrique Juárez Saavedra, y en esa ocasión el joven –ya fallecido– expuso en la audiencia su inconformidad contra la injusticia hacia los trabajadores.
La Jornada sigue sin pagar el CCT Ahora que se han cumplido 55 meses de que La Jornada no aplica el CCT pese a que las autoridades laborales le han mandatado hacerlo, conti-
núa la plantilla de trabajadores –que se ha reducido en unas 60 plazas– sin recibir las prestaciones del contrato: seguro de vida, ayuda para lentes, prótesis, más días de aguinaldo, de vacaciones, prima vacacional, ayuda para renta y despensa, premio por puntualidad, entre muchas otras que se lograron en los primeros 32 años de vida de esa organización sindical. El asunto se presentó ante el presidente Andrés Manuel López Obrador en septiembre de 2018, y ante Claudia Sheinbaum cuando era candidata al gobierno de la Ciudad de México y en la Comisión de Derechos Humanos capitalina, sin que los afectados tuvieran apoyo alguno. Atentamente, Judith Calderón Gómez www.contralinea.com.mx
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OPINIÓN OFICIO DE PAPEL
EN 2018 UTILIZARON “CUENTAS DE ORDEN” PARA EVADIR 730 MIL MILLONES MIGUEL BADILLO
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asta 2018, los gobiernos (priístas y panistas) utilizaban a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del Servicio de Administración Tributaria (SAT), como un instrumento para perseguir opositores o críticos y para premiar complicidades con familiares o amigos mediante los “perdones” fiscales. Por ello en 2018, último año del gobierno de Enrique Peña Nieto, se registraron exorbitantes créditos en “cuentas de orden” que no fueron recuperados por Hacienda. Documentos internos del SAT revelan que el importe total de esa evasión fiscal ascendió a 730 mil 122 millones 69 mil 158 pesos, cifra difícil de leer y más aún de entender si consideramos que aquel gobierno priísta dejó de cobrar esos impuestos, muchos de los cuales por razones de actos de corrupción, complicidad y sobornos. Ahora corresponde a la administración de Andrés Manuel López Obrador corregir esas fallas y, sobre todo, buscar recuperar esos recursos públicos que tanto necesita el país, para invertirlos en los programas sociales que servirán para disminuir la terrible pobreza y desigualdad que agobian a 80 millones de mexicanos. La cuenta de orden utilizada en el último año de la administración de Enrique Peña Nieto, según información interna del SAT, fue la número 794110201, con la clave de cómputo 860015, y el abono a la cuenta 794210201 y clave de cómputo 960020. Esos 730 mil millones de pesos no recuperados fueron “cancelados” por motivos diferentes al pago, situación que por lo menos debería despertar cu-
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riosidad a la nueva titular del SAT, Raquel Buenrostro, porque puede ser motivo de actos graves de corrupción gubernamental durante la administración anterior, sobre todo de aquellos que ocuparon la responsabilidad hacendaria y fiscal en el sexenio pasado: Luis Videgaray, José Antonio Meade y José Antonio González Anaya. En la información fiscal se explica que los cuatro estados de la República que tuvieron un mayor movimiento con los créditos fiscales “cancelados” fueron la Ciudad de México, con una cifra por 213 mil 229 millones 20 mil pesos. Es decir que, cuando el jefe de gobierno de la capital del país era Miguel Ángel Mancera y la titularidad de la Secretaría de Hacienda la ocupaba González Anaya, la capital concentró casi el 30 por ciento del total de créditos fiscales no recuperados. El segundo lugar lo ocupa Jalisco, con créditos en cuentas de orden no recuperados por 89 mil 495 millones 703 mil 465 pesos, que representó el 12.2 por ciento; el tercer lugar de evasores es para Nuevo León, con 61 mil 814 millones 987 mil 29 pesos, que significó el 8.5 por ciento; y el cuarto sitio aparece Tabasco, con 20 mil 881 millones 676 mil 111 pesos, que corresponde al 2.8 por ciento. De acuerdo con expertos en la materia, otro de los motivos de probable corrupción es la cancelación de créditos fiscales por “insolvencia”, a la cuenta de cargo 79461 y cuya clave es la 860077. Sólo el abono a la cuenta 79451, clave 960078, contiene un registro de 282 mil 894 millones 744 mil 310 pesos, y lo que llama la atención es que la Administración Desconcentrada de Recaudación (ADR) que la aplicó fue únicamente Michoacán.
OFICIO DE PAPEL
OPINIÓN
De ese expediente plenamente identificado Otro registro que los especialistas advierten poner atención es el de las formas de pago 950084: con su RFC, dicen los analistas, debería revisarse “condonaciones de multas y recargos”, aplicada dicho adeudo y además verificar la procedencia únicamente por Coahuila, en donde el gobernador del soporte documental, porque en esta decisión de reducción y condonación de impuestos se afeces Miguel Ángel Riquelme. De acuerdo con las cifras, datos e indicadores tó la Ley de Ingresos como son ISR y Accesorios. Así como ese contribuyente evasor hay muchos atípicos por contradecir la naturaleza de la evaluación del desempeño de este tipo de operaciones, se otros plenamente identificados, que deben ser redebe considerar indispensable llevar a cabo la re- visados por la nueva presidenta del SAT, quien es visión documental y justificadora del soporte com- una de las funcionarias más comprometidas con probatorio de las mismas, porque indudablemente las nuevas políticas de austeridad y cero corrupse tuvo que emplear “fundamentación oficial” para ción del presidente de la República. Otro dato relevante que se descubre en los su registro, por lo tanto, podrían recuperarse algunos cientos de miles de millones de pesos condo- archivos del SAT aparece con la clave (forma de pago) 950161, “condonación parcial de créditos nados. Los expertos fiscalistas señalan que esa misma fiscales”, cuyos registros se reportaron en la Ciusituación se observa en operaciones modificatorias dad de México en los meses de julio y agosto del en la contabilidad de Petróleos Mexicanos (Pemex) año pasado, a 3 meses de concluir el gobierno de en el sexenio pasado, respecto a los ingresos suje- Peña Nieto, por un monto de 5 mil 731 millones tos al pago del IEPS (impuesto especial sobre pro- 316 mil 298 pesos. En otra forma de ducción y servicios), en pago (9500246) se obdonde el objetivo sería Ahora corresponde al gobierno de servan muchas reducdeterminar la procedencia de la evaluación López Obrador corregir esas fallas y, so- ciones echas por la de los resultados, a fin bre todo, recuperar esos recursos públi- ADR a un solo contribuyente. Como se sabe, de establecer si hubo cos que tanto necesita el país las formas de pago perrecursos públicos desmitir distinguir si realviados correspondientes a 2018. Pero de Pemex nos ocuparemos en otra mente se realizó, que correspondería al efectivo y para lo cual se utilizas la claves 920048, 900000 y columna. En el seguimiento a los créditos fiscales por esta- 920051. Puntos suspensivos… Todo apunta a que por dos de la República, una contradicción aparece en el registro de Quintana Roo, con la clave 950245, fin conoceremos las trapacerías de quien fuera “condonaciones de créditos fiscales y sus acceso- presidente del Tribunal Superior de Justicia y la rios”, por un importe de 3.9 millones sólo en el mes fortuna que acumuló al ofrecer la justicia al mejor de febrero; mientras que con la clave 950150, “con- postor y otros negocios ilícitos que hizo con el predonación de multas”, llama la atención que algu- supuesto asignado a dicho órgano judicial. Se trata nos de los pagos no corresponden a dichas multas, del doctor Édgar Elías Azar, también exembajacomo señala el concepto, pues en abril hay un im- dor de México en Países Bajos, y quien ahora es porte de 64.3 millones de pesos que no son multas investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera que conduce el doctor Santiago Nieto. Secomo se asegura. Dentro del rubro de reducción de multas y con- guramente empezarán a aparecer informaciones donaciones aparecen enlistados algunos contribu- sobre los juicios vendidos, víctimas sobornadas, yentes muy beneficiados: por ejemplo, durante el inocentes encarcelados, funcionarios amenazados ejercicio fiscal de 2018, un contribuyente tuvo una y empresarios compradores de impunidad. Uno condonación parcial en un solo día, 8 de agosto, de esos casos de corrupción judicial en donde espor 3 mil 741 millones 589 mil 242 pesos, en 14 tuvo involucrado Elías Azar y la empresa Yahoo lo comentaremos próximamente. movimientos realizados.
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OPINIÓN ZONA CERO
MÁS ALLÁ DEL EZLN LA HORA DEL CONGRESO NACIONAL INDÍGENA ZÓSIMO CAMACHO
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ara el Ejército Zapatista de Liberación dad, eso no significa nada. Parece decir: ¿Qué Nacional (EZLN) no pasó desapercibido capacidades puede tener hoy el movimiento zapatista frenel “les guste o no les guste” de Andrés Ma- te la 4T con sus 30 millones de votos? De hecho, el nuel López Obrador. El presidente de la Repú- pasado martes 14 –durante la conferencia mablica habló claro y mandó un mensaje directo a ñanera– dijo literalmente: “No hay oposición quienes se oponen a los megaproyectos que pre- al Tren Maya”. Aseguró que “nadie” se opone a este megaproyecto, como si no supiera de la tende erigir sobre territorios indígenas. “Eso quiere decir –interpreta el EZLN– ‘así posición zapatista y de los pueblos del Congreso sea con ustedes vivos o muertos, pero lo vamos Nacional Indígena. O tal vez es una manera de a hacer’. Y nosotros los pueblos zapatistas lo to- decir: Se oponen ellos, pero son nadie. Lo cierto es que el EZLN es hoy el movimamos como que está retando, como que está diciendo que él tiene la fuerza y el dinero y a ver miento armado más grande de América Latina y la mayor guerrilla que ha visto México desde quién se opone a su mandato.” la Revolución de 1910En el comunicado 1929. Los datos públidel pasado 31 de di¿Están dispuestos los malos gobiercos más conservadores ciembre, firmado por el subcomandante in- nos a tratar de destruirnos al costo que del oficialismo señalan surgente Moisés, los sea, a golpearnos, encarcelarnos, desa- que los zapatistas suman 40 mil milicianos. zapatistas responden parecernos y asesinarnos? Es decir, la cifra real también claramente debe ser varias veces al “reto” del presidente: “Sí, estamos dispuestos a desaparecer como mayor. Con todo, la fuerza del zapatismo no radica propuesta de un nuevo mundo; sí, estamos dispuestos a ser destruidos como organización; en su número (que sí es considerable). Radica sí, estamos dispuestos a ser aniquilados como en su exitosa autonomía indígena que ha conspueblos originarios de raíz maya; sí, estamos truido en un vasto territorio y que en los últimos dispuestos a morir como guardianes y guardia- meses rebasó el cerco militar impuesto desde nas de la Tierra; sí, estamos dispuestos a ser gol- 1995. También radica en la basta red solidaria que peados, encarcelados, desaparecidos, asesinados cuenta entre movimientos, organizaciones, cocomo individuos e individuas zapatistas”. Y señalan que defenderán la Madre Tierra lectivos y personas de la izquierda social, aquella con todas las capacidades y recursos del EZLN. que no cabe en el sistema electoral mexicano y que no está representada ni en Morena, el PRD Hasta morir, si es preciso. Para el presidente, al menos en la formali- o sus satélites.
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Y sobre todo, radica en la organización de los pueblos, tribus y naciones de todo el país que vienen oponiéndose activamente al despojo de territorios: el Congreso Nacional Indígena, una organización creada a convocatoria del propio EZLN y que cumplirá 24 años construyendo, como dicen ellos, “redes de resistencia y rebeldía”. Se trata de una red tendida por toda la geografía mexicana. De levantarse, podría dislocar al Estado mexicano, aunque no se hable oficialmente de ella y esté ausente de la agenda mediática racista, clasista y más ocupada en la pirotecnia de fifís y conservadores contra chairos y liberales. Ya en el reportaje “CNI: la rebeldía indígena alcanza 24 estados” (https://bit.ly/373QDXj) dábamos cuenta de la magnitud del movimiento indígena anticapitalista. En el CNI participan 89 tribus, pueblos y naciones, de cientos de comunidades ubicadas en 179 municipios de 24 estados de la República. Los estados con mayor número de municipios con presencia del Congreso Nacional Indígena son Oaxaca (46); Chiapas (23); Guerrero (16); Veracruz (15) y Puebla (11). Le siguen Yucatán (nueve); Sonora, (ocho) Chihuahua y Estado de México (siete cada entidad); Jalisco (cinco) y Baja California y la Ciudad de México (cuatro cada una). Completan la lista Campeche, San Luis Potosí y Tabasco (tres por entidad); Morelos y Sinaloa (dos) y Colima, Durango, Guanajuato, Hidalgo y Quintana Roo (un municipio por cada estado). Un listado detallado puede consultarse en el texto citado y en “Cárteles, en guerra contra los pueblos indígenas” (https://bit.ly/2tjYlhG), donde además se señala qué cárteles del narcotráfico realizan labores de contrainsurgencia contra los pueblos originarios.
OPINIÓN
¿Acaso el presidente no lo sabe? Todo indica que sí, aunque diga que todo el “pueblo bueno” está con él. Como señalábamos en la entrega anterior, no es casualidad que haya decidido recorrer toda la geografía indígena como si anduviera en campaña. Y es que el EZLN ha devuelto el reto y doblado la apuesta. Lanza dos preguntas. La primera a la 4T: “¿Están dispuestos los malos gobiernos a tratar de destruirnos al costo que sea, a golpearnos, encarcelarnos, desaparecernos y asesinarnos?”
La segunda, está dirigida al CNI-Concejo Indígena de Gobierno y a organizaciones afines, aliadas, adherentes y simpatizantes: “¿A qué están dispuestos, dispuestas y dispuestoas para detener la guerra que hay contra la humanidad, cada quien en su geografía, su calendario y con sus modos?”. El EZLN ya sabe la respuesta del Estado mexicano. Espera conocer la del Congreso Nacional Indígena. Puede venir en los próximos días. Y no, no es sólo una consigna: los zapatistas no están solos.
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OPINIÓN AGENDA DE LA CORRUPCIÓN
JUICIO A GARCÍA LUNA LA EROSIÓN DE LA “GUERRA” CONTRA EL NARCOTRÁFICO NANCY FLORES
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a negociación del exsecretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón Hinojosa, Genaro García Luna, con las autoridades de Estados Unidos para volverse testigo cooperante y evitar el juicio en su contra –acusado de conspirar para trasegar cocaína, lavar dinero y cooperar con el Cártel de Sinaloa tras recibir sobornos– ya es, en sí misma, un duro golpe al expresidente de México, cuyo gobierno nunca fue legítimo. Además del tufo del fraude electoral, Felipe Calderón carga con la responsabilidad de haber causado la grave crisis humanitaria que aún padece el país, al imponer la supuesta “guerra” contra el narcotráfico con un claro uso de la violencia militar para contener la protesta de la sociedad, algo propio de las dictaduras. Precisamente por esa espiral de violencia que desató y que incluye crímenes de lesa humanidad, el expresidente de extracción panista debe ser juzgado y condenado por tribunales internacionales. Pero independientemente de que eso ocurra o no, ahora Calderón enfrenta una posibilidad real de ser señalado por su presunta vinculación con el crimen organizado, una vez que García Luna empiece a dar los nombres de sus cómplices y/o jefes en una estructura criminal paralela al gobierno. Por ello, será muy relevante para México toda la información que García Luna provea en las siguientes semanas a las autoridades estadunidenses con tal de reducir su futura condena. Habrá que estar atentos a las lealtades y deslealtades de este personaje, cuyo poder se ha diluido tanto como ocurrió con su semblante en la comparecencia del pasado 3 de enero, cuando agencias internacionales lo describieron al borde del llanto.
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En este contexto resulta muy interesante la lectura del análisis Mexico: organized crime and drug trafficking organizations –publicado por el Congressional Research Service el 20 de diciembre de 2019–, en el que se advierte la relevancia del caso: “en un inesperado desarrollo, Genaro García Luna, un exfuncionario de seguridad de alto rango, fue arrestado en Texas en diciembre de 2019 acusado de recibir sobornos multimillonarios del Cártel de Sinaloa. García Luna, quien dirigió la Agencia Federal de Investigaciones desde 2001 hasta 2005 (en el gobierno del expresidente Vicente Fox, miembro del Partido de Acción Nacional) y luego fue secretario de Seguridad Pública del país (con el presidente Calderón, también del PAN), dejó México en 2012 y había tratado de convertirse en ciudadano estadunidense naturalizado. El presidente López Obrador elogió el arresto de García Luna como evidencia de que la feroz estrategia del gobierno de Calderón no había repelido con éxito a los cárteles”. Además de calificarlo de “sorprendente”, el documento señala que el arresto del exsecretario ha amenazado con erosionar aún más la legitimidad de la burocracia mexicana encargada de ejecutar la estrategia contra el crimen, que incluye “matar o capturar a los principales capos”. “Los desafíos para Andrés Manuel López Obrador desde que asumió el poder incluyen un enfoque persistente ad hoc de la seguridad; la ausencia de inteligencia estratégica y táctica sobre un mercado criminal cada vez más fragmentado, multipolar y opaco; y la corrupción endémica de los sistemas judiciales y policiales de México. En diciembre de 2019, Genero García Luna, exsecre-
AGENDA DE LA CORRUPCIÓN
OPINIÓN
tario de Seguridad de la administración de Felipe Una vez que esto se logre, dice el análisis, se Calderón (2006-2012), fue arrestado en Estados podría transferir la responsabilidad de las fuerzas Unidos por cargos de haber recibido enormes militares a la policía. “Durante su mandato, el sobornos del Cártel de Sinaloa, erosionando aún presidente Peña Nieto no logró reducir el alcance más la confianza pública en los esfuerzos del go- de la función policial doméstica de los militares. bierno”. En cambio, el Ejército Mexicano ha enfrentado Respecto del sexenio calderonista, apunta que acusaciones de ejecuciones extrajudiciales por “en la experiencia latinoamericana, el aumento parte de miembros de sus fuerzas, y el uso de la en la tasa de homicidios en México y el número tortura y otras violaciones graves de los derechos absoluto de homicidios desde 2007 hasta el final humanos”. de la administración del presidente Felipe CalEn ese contexto identifica la corrupción de serderón en 2012 no tuvieron precedentes”. Lo que vidores públicos relacionada con los cárteles del no dice es que, con la Iniciativa Mérida, Estados narcotráfico, así como de políticos y miembros de Unidos patrocinó la estrategia militar y, por tanto, las fuerzas policiales de la nación, como desafíos también es responsable de los miles de muertos – para el actual gobierno. muchos de ellos inocentes: daños colaterales, los El informe destaca también la fragmentación de llamó cínicamente Calderón– que ha dejado esa las grandes organizaciones criminales que ha llevafalsa “guerra” contra el narcotráfico. do a una mayor violencia. “Una causa de la violenEl documento agrega que en materia de des- cia actual puede ser la transición que sufre el Cártel aparición de personas, “se estima un total de 40 de Sinaloa, con el aumento concomitante de un mil víctimas desde lucrativo comercio de 2006 –como informó heroína y la producción El arresto del exsecretario ha erosioel gobierno mexicano y tráfico de opioides sinen 2019–, lo que ha ge- nado aún más la legitimidad de la bu- téticos, lo que ha provonerado preocupación rocracia mexicana que se encargó de cado una competencia nacional e internacio- ejecutar la ‘guerra’ contra el narco renovada. Sin embargo, nal. La alarma ha aualgunos analistas siguen mentado sobre nuevos convencidos de la capaepisodios de violencia extrema y el continuo des- cidad del Cártel de Sinaloa y su principal competicubrimiento de fosas comunes [clandestinas] en dor: el expansivo Cártel Jalisco Nueva Generación, todo el país, que sigue siendo una señal preocu- para usar sus redes bien establecidas de soborno y pante”. corrupción, respaldadas por la violencia y así reteNo obstante, frente a lo que es ya un cambio ner un poder significativo en México”. de estrategia –pues ahora se privilegia la seguridad Además indica que, en los últimos meses de social de los más necesitados y se ha abandonado 2019, casi todas las investigaciones de incidentes prácticamente el enfoque de la mano dura–, el ser- flagrantes de violencia que involucraron a los gruvicio de investigación del Congreso estadunidense pos criminales en Culiacán, en la región de Tierra se muestra preocupado por lo que considera una Caliente y en Coahuila y Sonora resultaron de “falta de atención a los esfuerzos más amplios con- fragmentos de cárteles. tra la corrupción en México, a pesar de las promeFinalmente apunta que “muchos funcionarios sas de campaña del presidente López Obrador”. del gobierno de Estados Unidos tienen profundas El análisis indica que el objetivo de los sucesi- preocupaciones sobre la capacidad del gobierno vos gobiernos mexicanos –en referencia a los de mexicano para disminuir la violencia en México y Enrique Peña y López Obrador– ha sido dismi- frenar el poder de los grupos criminales del país”. nuir el alcance y el carácter de la actividad de las Como pueblo agraviado nos toca esperar que en organizaciones criminales de carácter trasnacio- algún momento Calderón pague sus culpas por nal, de una amenaza a la seguridad nacional a un esta tragedia humanitaria que cada día acaba con problema de orden público. la vida de más de 70 personas.
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OPINIÓN DEFENSOR DEL PERIODISTA
¿SE CONSUMARÁN LAS AMENAZAS
CONTRA EL REPORTERO EMIR OLIVARES? ÁLVARO CEPEDA NERI
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na y otra vez ha sido atacado y ame- ción y luego la Fiscalía General de la República, nazado el reportero de La Jornada Emir determinaran si los hechos contra el reportero Olivares, en este caso por los narcotra- se “relacionaban” con su actividad, para interficantes en su modalidad de narcomenudeo que venir. La actitud que ha mostrado el funcionario le operan dentro de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y sus alrededores, asegura a la delincuencia que la impunidad es sobre cuyo tema el periodista se ocupó en el des- la luz verde para continuar con el cumplimienempeño de su tarea de informar. En el primer to de sus amenazas. Y las que han enderezado ataque que recibió este trabajador de los medios contra el periodista Olivares era como para de comunicación, los sicarios entraron a su do- haber intervenido de inmediato conforme a la micilio particular en pleno mediodía a principios denuncia de hechos y no esperar –como le ha estado sucediendo– a del mes de diciembre que esté recibiendo del año pasado. Y a partir de entonces su Los reporteros son quienes trabajan más amenazas y chanteléfono celular cons- directamente en el lugar de los hechos; tajes; lo que confirma que los sicarios estatantemente ha estado inermes y expuestos a los delincuentes, ban decididos a dar el recibiendo toda clase ante la indolencia de las autoridades segundo paso: ultimar de advertencias intial reportero por haber midatorias, entre las investigado periodísticuales varias insisten en confirmarle que los narcos ofrecen 1 millón de camente la venta de drogas dentro de las principales instalaciones de Ciudad Universitaria, así pesos por asesinarlo. Y como este reportero, al igual que los demás como fuera de ellas. Información que afectó las integrantes del gremio periodístico no dejan de actividades de los narcos y quienes han ordenado cumplir con su deber profesional, los delincuen- eliminar al reportero. Son ya demasiados los ataques consumados tes persisten en sus intentos hasta llegar a los homicidios de esos trabajadores. El reportero Emir que han perpetrado contra los periodistas, y tanOlivares recurrió a denunciar los hechos ante la to López Obrador como la jefa de Gobierno de Procuraduría de la Ciudad de México y, al te- la capital del país, Claudia Sheinbaum Pardo, ner conocimiento de ella, el titular de la Fiscalía insisten en no usar la fuerza pública. Ambos tieEspecial para la Atención de Delitos cometidos nen los reclamos hasta el cuello por la imparable contra la Libertad de Expresión, al estilo buro- violencia que ha dejado su primer año en el pocrático, dijo que esperaría a que aquella institu- der público; pues hay una estela de sangre por
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JUAN CARLOS CRUZ/CUARTOSCURO
DEFENSOR DEL PERIODISTA
los miles de homicidios, secuestros, desapariciones, ¡feminicidios!, que ya tiene a los mexicanos víctimas de ese terror al que los periodistas no escapan. El caso es que un reportero ha sido el blanco de los delincuentes y los funcionarios citados apenas si prometieron ocuparse del mismo, cuando la amenazante intimidación de los sicarios, era como para haber intervenido de inmediato y, por lo contrario, su promesa de hacerlo expuso a Emir Olivares a ser hasta privado de su vida. Parece que esto es lo que esos funcionarios no contemplaron, o tal vez minimizaron. Y semejante indiferencia puede permitir que los narcomenudistas den la orden a sus matones de llevar a cabo su amenaza. Lo cual acusa, al menos, de omisión en las dos instancias investigadoras y, de plano, indolencia de la Fiscalía para la Atención de Delitos contra la Libertad
de Expresión. No hubo, pues, la acción adecuada para proteger al reportero y dar con los delincuentes que estuvieron impunemente amenazándolo. Y es que como los reporteros son quienes trabajan directamente ante los hechos para ofrecer a la opinión pública la información respectiva, están inermes y expuestos a la intensa criminalidad que los delincuentes llevan a cabo en las narices de los desgobernadores y del propio López Obrador. Y que se ha convertido en una barbarie sangrienta y atemorizante que se ha apoderado de todos los mexicanos, los que no encuentran la manera para que los gobernantes se interesen preventivamente; o ya de perdida actúen en consecuencia de las denuncias. Lo que le ha pasado al periodista Emir Olivares es otro caso en la larga lista que atenta contra la libertad de expresión y de publicación.
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LA DESESPERANZA DEL 2020 VIOLENCIA EN LA SIERRA DE GUERRERO ISAEL ROSALES SIERRA/INTEGRANTE DEL CENTRO DE DERECHOS HUMANOS DE LA MONTAÑA TLACHINOLLAN
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l 28 de diciembre de 2019, en vísperas de en la cabecera municipal de Chichihualco sino un año nuevo, llegó la tormenta con el en Cuernavaca, la Ciudad de México y al menos grito de los proyectiles de grupos arma- 10 familias han tenido que cruzar la frontera hados que se disputan el territorio en la comunidad cia los Estados Unidos. En la serranía de Guerrero los conflictos se de El Naranjo, municipio de Chichihualco. A las 6:00 dio inicio la balacera, que duró 8 horas. El dirimen con la ley de las balas. En 2010 se agudiresultado fue el asesinato de Sair López Salgado, za la violencia “pensando en que es por la siembra de amapola”. Recientemente dos grupos de 17 años de edad. El viernes 27 de diciembre de 2019 un grupo civiles armados mantienen el asedio y el control armado de Tlacotepec incursionó en la comu- de las comunidades serranas. Por un lado, los nidad de El Carrizal cuando sepultaban a doña autonombrados “policías comunitarios”, aliados y el grupo armado de Lucia Trujillo GuzTlacotepec, operado mán, desplazada por la violencia, en ChiNada hacen las autoridades estatales por Onésimo Marquichihualco. Murió de y federales. La violencia sigue tragán- na. Por el otro lado, Isaac Navarrete (el Seun derrame cerebral. dose vidas y desplazando personas. No ñor de la I) con el Cártel No importa el dolor impera otra ley que la de las balas del Sur que opera en de las familias desChichihualco. La geoplazadas, son más los grafía de la violencia intereses económicos y las disputas territoriales de los grupos delin- –en cuanto a los policías comunitarios de Tlacuenciales que se imponen en la región serrana. cotepec– abarca parte de Petatlán, pasa por la Nada hacen las autoridades estatales y fe- presa de El Caracol, Apaxtla, Iguala de la Inderales. La violencia sigue tragándose vidas y dependencia, Zumpango y llega Chilpancingo, desplaza a personas. De acuerdo con el Centro más de 27 comunidades (las más grandes serían Regional Integral de Derechos Humanos José Tlacotepec, Xochipala, Mezcala, Filo de CabaMaría Morelos y Pavón, hay más de 300 familias llos, Zumpango, Puerto del Varal, Huerta Vieja, y 120 niñas y niños desplazadas desde el 11 de Corral de Piedra, Huerto Verde Rico, Corralinoviembre de 2018, de las comunidades de Los tos, Campo de Aviación, Los Morros Tres CruMorros, Campo de Aviación, Filo de Caballos, ces, Mirabal, La Laguna, entre otras) de los muEl Carrizal, La Escalera y El Izote (de los muni- nicipios de Heliodoro Castillo, Leonardo Bravo, cipios de Leonardo Bravo y Heliodoro Castillo). Zumpango y Chilpancingo. Mientras, el Cártel Varias familias han tenido que refugiarse no sólo del Sur sólo controla Chichihualco, El Naranjo,
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1 JOSÉ I HERNÁNDEZ/CUARTOSCURO
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Yextla, El Carrizal de Bravo, El Palmar, Jalapa y Chilpancingo. Las fronteras entre comunidades o municipios son efímeras en un conflicto bélico donde el gobierno de Guerrero está ausente, más aún cuando trata de inclinar la balanza hacia un lado por parentesco familiar o compadrazgo. El aliado de Onésimo Marquina puede llegar a las altas esferas del Ejecutivo del estado de Guerrero. Sus alianzas se extienden a Apaxtla, Tierra Caliente (con el Pez), y también con Los Dumbos de Xaltianguis con Xavier Marquina, hermano de Onésimo, y el Carrete, detenido por el Caso Ayotzinapa. “Era quien financiaba la guerra en la sierra porque se dedicaba a secuestrar”, dice una fuente que debemos mantener bajo reserva. Otra alianza la mantiene con el Señor de los Caballos de Cuernavaca. Esta correlación de fuerza
del grupo armado de Tlacotepec, los supuestos sociales y la oralidad de las personas sierreñas apunta a la tesis de que la policía estatal está involucrada. ¿Verdad o mentira? ¿Cuál es el detonante en la férrea disputa de los grupos de la delincuencia organizada? Pueden ser los yacimientos minerales, empezando por las mineras de Carrizalillo y Mezcala, la explotación de madera y la siembra, trasiego y la comercialización de la droga. En realidad es más complejo, porque es todo eso y también el negocio del trasiego y venta de armas. Hablar de violencia es pensar en el desplazamiento como una de sus consecuencias. Máximo, uno de los desplazados, relata que por miedo salió de su pueblo. Desde 2013 estaba inconforme con la violencia que azotaba su
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La violencia, la marginación y la pobreza se comunidad, tenía la idea de “denunciar con el gobierno, con los derechos humanos, hasta con conjugan conspirando contra las y los desplazala PGR [la entonces Perocuraduría General de dos. La pesadilla sigue. En las comunidades no la República]” porque no somos personas de ar- hay maestros ni doctores porque no se brinda seguridad. El problema es un cáncer que sigue mas, sólo protejo a mi familia”. Continúa: “Nosotros nos dedicábamos a la contagiando la vida social y comunitaria. Si este agricultura, a la siembra de maíz, frijol, plantas tren de la violencia no se detiene, más pueblos frutales y siembra de amapola. La pobreza nos serán desplazados. Don Máximo piensa que el control de la lleva a sembrar esa droga, ya que el gobierno no nos apoya con proyectos productivos. Un cam- sierra lo tomarán las comunidades, pues ya no pesino que siembra poca amapola viene sacan- encuentran otra forma de parar la guerra de do unos 3 kilos. Cuando tenía buen precio, su despojo. “Lo único que queremos es que otras valor era de 20 a 25 mil pesos el kilo de goma. familias inocentes no sufran lo que nosotros El trabajo de peón era de 200 pesos al día. Los estamos padeciendo. No queremos agarrar las compradores llegaban a las comunidades, no armas porque estamos apostándole a los deresabíamos de dónde venían. Nada era seguro, chos humanos, pero con mucha desesperación como todo agricultor esperamos el tiempo y el y sufrimiento llegará el día que se tomarán las agua, en este caso se sumaba que en ocasiones armas. Entonces, responsabilizamos al gobierno venía helicópteros del gobierno a fumigar. Siem- de lo que pueda ocurrir”. La violencia escaló exponencialmente en los pre se sembraba maíz y frijol de todas maneras últimos años. El 28 de porque no había segudiciembre de 2019 la ridad de que fuéramos Al principio sí pensábamos que la comunidad de El Naa cosechar. “Yo empecé tra- violencia era por la siembra y el trasiego ranjo quedó bajo las bajando cuidando los de drogas. Ahora vemos que tiene más balas de los grupos armados. El tiempo se chivos de mi papá, que ver con los minerales y la madera detuvo con el terror inpero se fueron terfundido, pues acostumminando y empecé a sembrar maíz y frijol. Después miré que no bran a violar a las mujeres y matar a los homalcanzaba el dinero para mantener a una fami- bres. A las más jóvenes se las llevan. Nunca más lia de cuatro integrantes. Muchos sembraban la se vuelve a sabe de ellas. y cuando no les sirve las amapola y me animé para tener e irla pasando. matan o las desaparecen. La rapiña de los grupos Porque de todas maneras aunque no sembraba, armados no tiene límites para la imaginación huel vecino sí y cuando venía la fumigación tam- mana. Se ha llegado a un terrorífico clímax. El hecho más reciente tuvo lugar a las afueras bién fumigaban mi maíz. Fueron 8 años. No hay otra fuente de trabajo. La amapola tarda 4 Chichihualco cuando los desplazados protestameses desde que la siembras hasta la cosecha, el ban en un lugar llamado Guardaganado, para que la Guardia Nacional brindara seguridad riesgo está latente hasta que se vende. “Al principio sí pensábamos que la violencia ante el asedio de los grupos armados. Sin emera por los territorios, por la siembra, el tra- bargo, la policía estatal respondió con represión, siego y la distribución en los mercados. Pero encañonando y cortando cartucho. El director ahora vemos que no del todo, porque muchos del Centro Regional de Derechos Humanos José ya dejaron de sembrar la amapola porque ya María Morelos y Pavón, Manuel Olivares, y no vale, ya la desmancó el fentanilo. Y muchos Teodomira Rosales fueron retenidos por 40 miejidos y comunidades están viendo que el pro- nutos. El uso excesivo de la fuerza y su letalidad blema va más allá de las drogas, tiene que ver deja a la vista la irracionalidad de las corporamás con los minerales, la madera y las huertas ciones policiacas, máxime cuando deben seguir protocolos apegados a los derechos humanos. de aguacate.”
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DE LA PERSECUCIÓN CONTRA LA OCSS A LA TORTURA CONTRA PETRA BENÍTEZ ADRIÁN RAMÍREZ/PRESIDENTE DE LA LIGA MEXICANA DE DEFENSA DE DERECHOS HUMANOS
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sta colaboraci´ón también pudo llevar por mico que las enfrentan, incluso al discriminar con título “De Aguas Blancas a Petra Benitez y la distribución de la ayuda humanitaria. Con esto, Antonio Barragán Carrasco: los crímenes se provoca una confrontación social en la que los contra los más vulnerables y la impunidad de los paramilitares y parapoliciacos se ven fortalecidos, dañando el tejido social hasta los núcleos familiares. perpetradores”. La corrupción e impunidad, herencias del vieA casi 25 años de Aguas Blancas, tenemos además una masacre de 17 campesinos de la Orga- jo régimen con su maquinaria de represión, no se nización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), detienen. Avanzan dejando un saldo multiplicado perpetrada el 28 de junio de 1995. Y de ahí hasta de dolor y muerte, el gran reto para gobierno de la fecha, han ocurrido varias centenas de ejecucio- la “cuarta trasformación”. Atender urgentemente nes extrajudiciales y asesinatos políticos con cien- estos casos y resolverlos sólo requiere de voluntad tos de heridos; más de dos centenares de casos de política y de inversiones mínimas en materia social. Los delitos por los que se acusa a Antonio Bapersonas torturadas; cientos de detenciones arbirragán Carrasco –como trarias y cateos ilegales; hemos detalladado ya cientos de operativos policiaco-militares que Petra Benítez Barrios llegó a Morelos, en anteriores entregas– se ejecutan con tratos huyendo de Guerrero. Sufría persecu- han sido resultado de una fabricación encacrueles, inhumanos o ción política por participar en la Organibezada por Eduardo degradantes en contra Joaquín Gallo y Tello en de la población; dece- zación Campesina de la Sierra del Sur coalición con diversos nas de presos políticos, funcionarios públicos cientos de perseguidos políticos y amenazados decenas de ellos de muer- pertenecientes al Poder Judicial, incluidos jueces, te; cinco detenidos-desaparecidos permanentes: ministerios públicos, médicos legistas, custodios. De Gilberto Romero Vázquez, Gregorio Alfonso Al- entre todos ellos, destacan el juez Jesús Valencia Vavarado López, Benito Bahena Maldonado, Fredy lencia, el ministerio público Concepción Cuevas; el Nava Ríos; un exiliado político en Francia: Ranferi policía Rey David Hernández Flores y el el entonHernández Acevedo, y un sinnúmero de familias ces director del penal de Atlacholoaya, Morelos, Jedesplazadas por el conflicto que aún no se ha lo- sús Sebastián Insunza Gutiérrez. Este último con el apoyo de Genaro García Luna. grado resolver. ¿Pero qué relación tiene este caso con Aguas Las comunidades campesinas e indígenas de Guerrero, en la miseria, devastadas por huracanes, Blancas? Cuando el señor Gallo y Tello se dio incendios, caída de los precios del café, militarizadas cuenta de la paricipación de Antonio Barragán y divididas por grupos políticos o de poder econó- en la OCSS, él y varios de los funcioanrios citados
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trataron de vincular al propio Antonio y sus coacusados –sin pruebas y mediante la fabricación de delitos– con el Ejército Popular Revolucionario (EPR) o el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI). Así lo señaló Eduardo Gallo en notas de prensa y en un libro de su autoría. El señor Gallo cometió, como particular, múltiples excesos en el ejercicio de su carácter de “vengador social”, cometiendo ilícitos y daños, causando secuelas de orden jurídico, los que la autoridad tendría que conocer y juzgar. Recordamos la señora Petra Benítez Barrios, quien llegó a Morelos, al igual que algunos familiares y conocidos, huyendo de Guerrero, donde sufrían persecución política por ser integrantes de la OCSS. En Morelos fue procesada acusada de participar, junto con un hijo, en el secuestro de Paola Gallo, lo que no se comprobó, por lo que fue liberada. “Siempre fue inocente, la torturaron y violaron; fue otro abuso en su contra”, asegura su hija.
En el testimonio de Benítez Barrios, del 3 de abril de 2002, podemos leer: “[…] Salí de mi casa a las 7:00 horas rumbo a mi trabajo, cuando el señor Gallo junto con unos judiciales me agarraron mostrándome su placa, subiéndome a un carro rojo y acostándome en medio de los asientos. Después de una hora me bajaron, me metieron a una casa, me vendaron los ojos y me empezaron a golpear; me daban toques eléctricos y me tapaban la boca con una toalla mojada; me echaban agua por las narices, me tiraban en el piso y se me subían tres personas. Preguntaban por cocaína y armas. Yo les decía que no sabía nada, que no tenía nada de eso que me pedían. “Siguieron pegándome hasta que me desmayé. Cuando desperté, tenía mucha sangre en mi ropa y entre mis piernas. Ahí me tuvieron todo el día hasta la 1:00 de la madrugada, que fueron a tirarme por un lugar que se llama La Joya.”
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Queja ante Derechos Humanos de estado
su padre, José Adame Benítez. “Todos presentan el tiro de gracia en la cabeza, pero de acuerdo con los primeros peritajes fueron El 15 de mayo de 2002, la señora Petra Benítez sometidos y torturados con un arma punzocortante presentó una queja ante la Comisión Estatal de De- antes de quitarles la vida. “En tanto, la madre del menor, Pilar N, resultó rechos Humanos (CEDH) de Morelos. Se le asignó herida de gravedad y fue trasladada a un hospital el número de expediente 390/2002. El caso fue presentado ante la Comisión Inte- después del ataque, en el que según vecinos partiramericana de Derechos Humanos, la cual mandó ciparon sujetos armados que se trasladaban en dos una solicitud de información al gobierno de Méxi- camionetas de lujo. Los hechos ocurrieron alrededor de las 2 de la mañana en una de las colonias de co. El gobierno respondió a la CIDH que: “Con fecha del 21 de noviembre de 2001 las mayor pobreza en Jiutepec, en la cual se han preautoridades ministeriales del estado de Morelos sentado varias ejecuciones debido a la presencia de aceptan la recomendación hecha por la CEDH grupos delictivos en la zona.” (Excélsior, 23 de mayo iniciando la averiguación previa DH/156700-1. De de 2012) Doña Petra Benítez Barrios, mujer campesina la investigación de dicha averiguación se determinó como responsable a los elementos de la policía Ju- y luchadora social, junto a su joven hijo José de dicial del Estado de Morelos Nelly Flores y David 22 años y su nieto José Angel de apenas 4 años de Flores, quienes ya rindieron sus respectivas declara- edad, fueron asesinados en su domicilio. Se abrió ciones ministeriales. La Visitaduría General de Justi- la Carpeta de Investigación SC01/5363/2012 por parte de la Procuraduría cia del Estado investigó General de Justicia, sin los expedientes persoLas autoridades no hicieron nada por embargo, hasta a fecha nales de dichos agentes, existiendo antecedentes Petra, a pesar de las denuncias y quejas no muestra avance algude otras averiguaciones ante Derechos Humanos. Fue ejecutada no en la investigación y no hay ningún detenido. en su contra.” junto con su familia en mayo de 2002 No se investigaron Sin embargo, a pelas denuncias penales, sar de las denuncias no sólo a instancias nacionales sino internacionales, tanto de la violación como de la ejecución de la Pelas amenazas contra la señora Petra Benítez. Con- tra. Tampoco llegó a más la queja ante la CEDH. tinuaron. Fue ejecutada en su casa el 22 de mayo Y aunque no existen pruebas al respecto, no se desde 2012 junto con ortros integrantes de su familia. carta la posibilidad de que su muerte pueda tener relación con su inquebrantable decisión de denunUna nota periodística lo reportó así: “Comando masacra a una familia pobre, inclui- ciar la tortura a la que fue objeto al momento de su do un niño de 4 años. Abuela, padre e hijo fueron detención y la violación que sufrió, a decir de ella, a torturados y al final les dieron el tiro de gracia; la manos de Eduardo Gallo y Tello, y que a pesar de madre del pequeño sobrevivió al ataque en Mo- su avanzada edad, estaba en disposición de acudir a relos. Al menos tres integrantes de una familia de ampliar sus testimonios, cosa que ya no fue posible condición humilde fueron asesinados por un co- por su asesinato. El llamado a encontrar las vías para la libertad mando que ingresó a su vivienda, ubicada en el callejón San Juan y Tabique de la Colonia Maravillas de Antonio Barragán Carrasco y la reparación inde Xalixintla, en el municipio de Jiutepec. Entre las tegral de daños, requiere de la acción inmediata de múltiples actores del diversos órdenes y niveles de víctimas se encuentra un menor. “De acuerdo con los primeros informes emiti- gobierno, en consonancia con la voluntad reflejada dos por personal de la Procuraduría estatal, las per- por el presidente de la República, Andrés Manuel sonas que fueron ejecutadas fueron identificadas López Obrador. Libertad para Antonio Barragán como un menor de cuatro años, de nombre José Carrasco. Tortura nunca más. Ni un culpable faÁngel Adame; su abuela, Petra Benítez Barrios, y bricado más.
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EL NARCOGOBIERNO DE CALDERÓN LA INFAMIA AL SME MARTÍN ESPARZA FLORES, SECRETARIO GENERAL DEL SINDICATO MEXICANO DE ELECTRICISTAS/PRIMERA PARTE
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egunda parte. Molesto por no lograr que su títere Alejandro Muñoz ocupara la dirigencia del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) para iniciar su desmantelamiento, el secretario del Trabajo del narcopresidente Felipe Calderón movió sus piezas para que los funcionarios de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) admitieran la demanda de nulidad de las elecciones para elegir al secretario general para el periodo 2009-2011; además, de manera inmediata, instruyó a la Dirección del Registro de Asociaciones para negar la toma de nota a los miembros del comité votados democráticamente. Para el esquema de privatización del sector eléctrico en el gobierno neoliberal panista, apoderarse del SME era indispensable para no tener obstáculo alguno en la planeada desaparición de la empresa pública Luz y Fuerza del Centro; por eso, al no conseguirlo con su candidato a modo, se buscó dejar sin personalidad jurídica a la incómoda organización sindical. Vale recordar que antes del golpe al SME, perpetrado el 11 de octubre de 2009, en rueda de prensa el pianista fracasado Javier Lozano Alarcón, conocido en los meandros de la política como “La Changa” y tristemente célebre por haber acuñado la frase intimidatoria al empresario oriental Zhenli Ye Gon: “coopelas o cuello”, argumentó que hubo fraude electoral en las elecciones aduciendo que votaron más afiliados de los que estaban en la lista de agremiados. En su afán por enlodar la democracia interna smeita, se atrevió a decir que también habían
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votado los miembros fallecidos con anterioridad a los comicios. Curiosamente eran mismas argumentaciones que vociferaban a los medios los integrantes de la planilla Transparencia Sindical, con Alejandro Muñoz a la cabeza; pero lo más vergonzoso es que algunos exsecretarios siguen sosteniendo tal mentira, como es el caso del traidor a su sindicato Jorge Tapia Sandoval. Al paso del tiempo, que todo lo descubre y nada perdona, hoy sabemos que todo este entramado fue parte de un plan perverso que buscaba aminorar la falta de aceptación que Felipe Calderón enfrentaba ante millones de mexicanos por los nulos resultados de su gobierno en materia económica y de empleo. La detención de quien fuera su extitular de Seguridad Pública a nivel federal, Genaro García Luna, pone al descubierto que su supuesta guerra para combatir a los cárteles de la droga sólo fue una pantalla para ocultar la protección que su gobierno brindó a uno ellos: cártel de Sinaloa. El fiscal de la Corte estadounidense donde se lleva el juicio tiene pruebas contundentes en el expediente con el que se procesó y sentenció a Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, que apuntan directamente al exfuncionario policial protegido desde la presidencia por Calderón Hinojosa. Ambos personajes no sólo son responsables directos del clima de inseguridad que aún golpea a todo el país. Su disparatada estrategia contra el crimen organizado convirtió a los cuatro puntos cardinales del país en un gigantesco
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camposanto con más de 70 mil muertos y 22 mil quebrada. Lo cual era falso. Pero para imponer su Decreto de Extinción desaparecidos. Dos veces la terrorífica cifra que dejó, por ejemplo, la dictadura militar de Argen- de una empresa pública, el narco sexenio de Calderón no solo coptó a los comunicadores tina en los años 70s. Pero también tienen otra responsabilidad mercenarios, además hizo extensiva tal ignomique implicó un alto costo social al dejar sin em- nia a jueces, magistrados y hasta ministros de la pleo a 44 mil electricistas miembros del SME, Corte, que dictaron sus fallos fuera de la ley, de despedidos de forma injusta de la paraestatal hecho y no de derecho. Tal cadena de compliciLuz y Fuerza del Centro. Debemos recordar que dades también abarcó de eslabones a diputados, como nunca antes se echó a andar todo el en- senadores y, como ya lo mencionamos, hasta gogranaje oficial para agredir a una organización. bernadores. De ahí la importancia de que hoy los mexiDebe puntualizarse que la acción violenta contra los trabajadores del SME se desplegó canos conozcan a detalle las verdaderas razones desde Los Pinos, a través de un comité interinsti- que unieron a esta mafia política que no conoció tucional encabezado por Patricia Flores Elizon- de ideologías ni siglas partidistas, para golpear de do, jefa de la Oficina de la Presidencia y varios manera conjunta al SME, buscando aniquilarlo secretarios de Estado, como el de Trabajo, Javier por todos los medios. El gobierno de Calderón, Lozano Alarcón; de Gobernación, Fernando como ocurrió con el de Vicente Fox, dilapidó los Gómez Mont; Seguridad Pública, Genaro Gar- recursos obtenidos de los excedentes petroleros, cía Luna; Energía, Georgina Kessel –hoy conse- calculados en un billón de pesos, que en buena medida se emplearon jera de Iberdrola–, así para comprar conciencomo el director de la La violencia contra los trabajadores cias y otorgar presuComisión Federal de Electricidad (CFE), del SME se desplegó desde Los Pinos, puestos a políticos de a través de un comité interinstitucional oposición, a cambio de Alfredo Elías Ayub. no apoyar la lucha del Pero también figu- encabezado por el propio presidente SME y sumarse a su raron en el ruin atenlinchamiento. tado a los derechos Fue tal el desaseo y la opacidad que envollaborales de los smeitas los secretarios de Defensa y de Marina, el procurador general de la Re- vió al Decreto de Extinción de Luz y Fuerza del publica, sin faltar el titular de la Secretaría de Centro, que el narcogobierno de Calderón ordenó reservar el expediente relacionado con el caso Hacienda y Crédito Público. Además, al correr de los años, también nos por 12 años. Aún no se vence, pero las innumehemos enterado que los gobernadores de los es- rables fechorías y torcidas razones para lanzar a tados de Puebla, Morelos, Hidalgo, Estado de la calle a 44 mil trabajadores, sin mediar aviso o México, Michoacán y el jefe de Gobierno del juicio alguno, están saliendo a flote. El objetivo de quitar de en medio al SME fue Distrito Federal (hoy CDMX), entidades donde Luz y Fuerza y el SME prestaban el servicio desde siempre eliminar a una organización que eléctrico, estuvieron en Los Pinos, respaldando siempre se opuso a la privatización del sector la “valiente” decisión del espurio mandatario eléctrico y a reformas como la energética que, al paso del tiempo, se concretaron a favor del tras el golpe del 11 de octubre de 2009. No debe olvidarse, por supuesto, que medios neoliberalismo tras la imposición del Pacto por de comunicación como Televisa, Milenio y otros México, con el cual el gobierno de Enrique Peña más repitieron una y mil veces –a cambio de ju- Nieto culminó la política desnacionalizadora del gosos contratos de publicidad-- que Calderón sector energético, iniciada con los panistas. Moera el primer presidente que se había atrevido tivo por el que Felipe Calderón se negó a asua enfrentar a un sindicato para mejorar las fi- mirse como el patrón sustituto de los electricistas nanzas de una empresa que, según ellos, estaba del SME en la figura de la CFE. (continuará)
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INVESTIGACIÓN PORTADA
HUIR O MORIR
DESPLAZAMIENTO FORZADO DE LA POBLACIÓN LGBTTTIQ+
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PORTADA INVESTIGACIÓN
En América Latina, la comunidad LGBTTTIQ+ está condenada al desplazamiento forzoso, por la violencia social e institucional, crímenes de odio, falta de oportunidades y de servicios de salud JORDANA GONZÁLEZ Y KAREN BALLESTEROS
ISABEL MATEOS/CUARTOSCURO
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uir o morir es la decisión que deben tomar las personas de la comunidad lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero, travesti, intersexual, queer (LGBTTTIQ+) para sobrevivir en América Latina –incluido México–, ya que en sus países de origen se enfrentan a discriminación y crímenes de odio por su identidad de género, además de la propia violencia estructural que existe en la región. En México, de 2014 a 2018 se cometieron 402 homicidios contra personas de la comunidad LGBTTTIQ+, cifra que representa el 32 por ciento de los asesinatos registrados en toda América Latina contra esta población vulnerable. Por ello, Bianka Rodríguez –defensora de los derechos LGBTTTIQ+ en El Salvador– observa que “es esencial visibilizar la violencia y enfrentarla”. En muchos casos, esa violencia que obliga a las personas de la comunidad LGBTTTIQ+ al desplazamiento forzoso comienza en sus hogares. Por ello salen a las calles en busca de un mejor entorno; sin embargo, la realidad a la que se en-
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INVESTIGACIÓN PORTADA
frentan es a la violencia institucional, misma que les niega el acceso a derechos humanos fundamentales, como el de recibir educación, atención médica o tener trabajo, consideran activistas consultados. Al no contar con derechos básicos y garantías para su dignidad, algunas personas se ven orilladas a ejercer el comercio sexual. No obstante, en tales espacios la violencia aumenta: se enfrentan a extorsiones, a tener relaciones sexuales en las condiciones establecidas por grupos delincuenciales, son obligadas a “practicar cosas ilícitas [como la venta de drogas] por los mismos bandoleros. Y es que los pandilleros no dan opción de no hacerlo; si no lo hacen, no subsisten”, advierte Bianka Rodríguez, directora de la organización salvadoreña Comcavis Trans. La activista apunta que en la mayoría de casos de desplazamiento forzado, las víctimas han denunciado y se han desplazado una, dos y hasta tres veces antes de salir del país de origen. Lo anterior, como consecuencia de que el Estado “no contribuyó a generar la seguridad ciudadana que se establece dentro los planes de gobierno, [con el fin de] mitigar este problema. Lo ven desde un enfoque desde la inversión cuando no tiene que ser así”. Para la doctora en filosofía de la ciencia Shiobhan Fenella Guerrero, otro factor identificado en la región es la privatización del sector salud. Por ejemplo, en Chile el acceso a las terapias antirretrovirales es sumamente costoso y quienes son portadores del virus de inmunodeficiencia adquirida (VIH) se tienen que trasladar a México para someterse a dicho tratamiento. De acuerdo con el informe El silencio que yo cargo: revelando la violencia de género en el desplazamiento forzado –elaborado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR, por su sigla en inglés)–, en 2017 más de medio millón de personas desplazadas de Centroamérica viajaron al Norte del continente a través de
México. De este número, el 50 por ciento de las personas gays y transgénero sufrieron algún tipo de violencia sexual. Sin embargo, “muy pocos sobrevivientes reportan el daño que han sufrido”. La doctora Fenella Guerrero narra el caso de Ella, una activista en Perú que tenía un buen salario pero también la aspiración de conseguir un mejor trabajo, así que decidió irse a vivir a Holanda. “Fue tratada como una mujer trans racializada y no pudo conseguir trabajo en un país, aparentemente, ‘ejemplar’; eso la llevó a ejercer trabajo sexual y terminó cooptada por redes de trata. El capital cultural no fue suficiente”. Al participar en el conversatorio “Personas LGBTI en desplazamiento forzado: historias de vida, retos y oportunidades”, la investigadora detalló que “después, una red de apoyo de la comunidad trans la ayudó a salir de las redes de trata. Esto es una muestra del cisexismo [discriminación y no reconocimiento de la identidad de género] que tiene consecuencias en las mujeres y cómo, en este caso, ese cisexismo la orilló a terminar en el trabajo sexual. Este es el retrato de la vida a la que se enfrentan [las mujeres transgénero]”.
Las mujeres transgénero son quienes más violencia sufren. Por ello, tienen que emigrar de sus lugares de origen. Huyen ante amenzas de asesinato
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Mujeres trans, las más vulneradas en sus derechos Las mujeres transgénero son quienes más violencia sufren, indica la activista transgénero Bianka Rodríguez, pues ellas sufren nueve veces más violencia que una mujer cisgénero [quien su identidad de género corresponde a su sexo biológico]. Esto las lleva a migrar de sus lugares de origen. De acuerdo con el Informe sobre desplazamiento interno 2018 –elaborado por Comcavis Trans–, algunos de los hechos que motivan el desplazamiento forzado de las mujeres transgénero salvadoreñas son: amenazas por pandillas, intento de homicidio, violencia física, violación, abuso de
MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO
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Población vulnerable
autoridad, extorsiones, muertes de familiares, homicidios y/o violencia intrafamiliar. “La condición de vida de las mujeres trans en la región de Centroamérica es de pobreza extrema. No hay mujeres trans que tengan un status social alto, que puedan tener seguridad privada o que puedan ponerse implantes para reafirmar su identidad sexual. La mayoría se automedica o se fabrica los cuerpos de manera artesanal, que vienen a perjudicarle”, explica a Contralínea, Bianka Rodríguez. “Al desplazarse, toda esa pobreza extrema las orilla a aceptar la coacción del pandillero o del agente de seguridad y tienen que pagar una cuota. Eso mismo se repite al llegar a México (...) el acoso por la identidad es uno de los factores que conlleva al maltrato, [principalmente] por temor
a que llamen a migración”. Es mejor hacer lo dicho, pero es “ahí cuando las meten a redes de trata”, puntualiza. Tal es el caso de los albergues de Tapachula, Chiapas, donde a las mujeres se les excluye por su condición y donde se denigra su identidad genérica. “Se pueden quedar en el albergue, pero duermen en el comedor o en el suelo y sólo con una almohada. Lo hacen en específico con las mujeres trans. Los argumentos son religiosos: no pueden meterlas donde están las mujeres ni los hombres”, revela Bianka. Además, explica que hay albergues donde a las mujeres trans les dan habitaciones separadas donde dormir, pues piensan que podrían violar a un niño o una mujer “porque no ha dejado de ser hombre. Pero no ven la otra cara de la moneda,
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Lucha por reivindicación de derechos
donde la mujer trans puede ser abusada por un hombre de los mismos albergados”. Esta realidad es muy dura, ya que “al final las redes de trata salen de los albergues”, de ese contexto donde viven en la vulnerabilidad. Tales redes les ofrecen “una oportunidad de trabajo que en realidad es la explotación sexual (...) En Tapachula mataron a una mujer trans salvadoreña; y en el Estado de México, ni siquiera se ha dado una investigación o hipótesis del asesinato de Floriela [otra de las víctimas]”. Además, en México –un país de tránsito y de destino– los miembros de la comunidad LGBTTTIQ sufren mayores vulneraciones en las caravanas migrantes, como la que cruzó desde El Salvador en 2018 en donde mujeres trans sufrieron agresiones sexuales (abuso y violación) por
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personas que “venían en la misma caravana”, advierte la maestra Hilda Téllez Lino, integrante de la Coalición Mexicana LGBTTTI+.
Comunidad LGBTIQ+, invisibilizada Los Estados latinoamericanos no reconocen la problemática del desplazamiento forzado de la comunidad LGBTIQ pese ser una realidad. Mucho menos a las identidades genéricas no binarias (hombre-mujer). Muestra de ello, es la ausencia de datos oficiales y políticas públicas generadas por las instituciones gubernamentales. La carencia de información “tiene que ver con la invisibilización y la falta de preguntas o encuestas, que focalicen la información sobre estos
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colectivos”, opina en entrevista Martha Ferreyra Beltrán, directora general de Autonomía y Empoderamiento para la Igualdad Sustantiva del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres). La experta agrega que la invisibilización se debe a que no quieren conocer las necesidades de tal población, ya que “así no tienen que atenderlas con la creación de políticas públicas”. Para Sofía Cardona, integrante de ACNUR México, explica a Contralínea que hay dos razones por las que es difícil hallar datos e información al respecto: “una es que estamos atrasados en desagregación de datos, nos cuesta tener datos desagregados por sexo”, a pesar de que el Comité de las Naciones Unidas para la Vigilancia de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer “exige desagregar los datos por sexo, discapacidad, etcétera”. El segundo aspecto es que las personas LGBTIQ estarían en potencial riesgo si se revelen esos datos, asegura, ya que “todos usan los mismos albergues y, en general, los mismos servicios. Entonces en un albergue donde sientan a 150 personas de distintos países en un galerón y preguntan ¿eres gay? enfrente de todos, empiezan a enfrentar acoso y pueden correr riesgos”. La gran problemática es que los espacios seguros para evidenciar tales datos no son la norma y, al final, muchas personas que huyeron por discriminación, transfobia y homofobia, no necesariamente identifican que aquí eso va a cambiar. “La pregunta que hay que hacerse es qué tan ético es contar con esos datos, para qué preguntamos a las personas cuál es su orientación sexual o su identidad de género si no podemos, inmediatamente después, ofrecerles espacios seguros o servicios diferenciados sensibles a su identidad de género o a su orientación sexual”, agrega la integrante de la Agencia de las Naciones Unidas. Asimismo, atribuye la invisibilidad de datos en las instituciones públicas a que “falta bajar
el marco jurídico mexicano” y aplicarlo. Cita la cláusula de no discriminación, la cual es absoluta y está respaldada por la ley de igualdad, pero el ejemplo de que las leyes son letra muerta es que los solicitantes de asilo y los refugiados no están reflejados en el sistema de salud o de educación. Sin embargo, la también defensora de derechos humanos considera que el cambio no sucederá sin un trabajo en conjunto de las instituciones, la sociedad y los propios migrantes. Lo fundamental, a su parecer, es “empoderar a las propias personas para empezar a exigir estos espacios. Al final del dia, creo que el marco jurídico ahí está”. Con base en el artículo 1 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, todo individuo gozará de las garantías que otorga la Constitución, las cuales “no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que ella misma establece”. Es decir, “no es que no esté la disposición, sólo que es un trabajo completo, largo y colectivo. No nada más es [trabajo] del Estado ni de las organizaciones internacionales: es de todos”, finaliza Cardona. El no reconocimiento de las identidades deriva en que las instituciones de estado trabajen en asistencia para personas migrantes, refugiados o solicitantes de asilo y no en la deconstrucción del asistencialismo para garantizar “la reinserción de las personas en su modelo de vida o para que retomen sus planes individuales. Darles voz les permite posicionar sus necesidades específicas”, indica la activista Bianka Rodríguez. Por último, asegura que los cuerpos disidentes son formas políticas y deben ser utilizarlos para la sensibilización de los mismos, por lo que “no hay que dejar que otros hablen por nuestras necesidades, esos temas que nos atañen. Hay que arrancar toda forma de violencia desde dentro porque los derechos son transversales y luchar por los nuestros no vulneran los de otras personas”.
Los Estados latinoamericanos no reconocen la problemática del desplazamiento forzado de la comunidad LGBTTTIQ+
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s un mediodía de noviembre. El colectivo avanza a trompicones por la ruta, precariamente asfaltada. Atraviesa topes, puestos de quesadillas, graveras y varios retenes: de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), de la Policía
Federal, de una policía ciudadana. Finalmente, llega a Cruz Grande, donde aborda una camioneta de redila con dirección a Ayutla. Varios golpes en la plancha del auto indican que se llegó al destino. El colectivo baja por una trocha en la que han crecido las matas. En una
INÉS GIMÉNEZ DELGADO, TEXTO Y FOTOS
A 7 años del desplazamiento forzado, 45 familias de la Laguna y Hacienda de Dolores, Coyuca de Catalán, están en el abandono; su trauma, vivo; sus muertos, sin justicia; sus agresores, en la impunidad. El caso cayó en el olvido, a pesar de que la crisis humanitaria que padecen se ha agudizado
Hambre, enfermedades y tristeza entre familias desplazadas de Guerrero
ESPECIALES A OCHO COLUMNAS
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casa encuentra a varias niñas, de 7, 4, 5 años de edad, cuidando a una bebé que se mece sobre la hamaca. Poco a poco van llegando hombres y mujeres, muchos de ellos familia que fueron “reubicados” aquí, en la Colonia Libertad, La Unión, Ayutla de los Libres, tras el desplazamiento forzado que sufrieron de la Laguna en 2012. “Ya pasó tiempo, sí, ya pasó tiempo… pero para nosotros no pasa tiempo, porque tenemos los muertos en el corazón, los sentimos. Para nosotros es como si se hubieran ido nuestros familiares hace 8 días; a nosotros nos sigue doliendo”, dice Leonor Ochoa, una de las personas desplazadas. Ella, que fue reubicada en La Tondonicua, Sierra de Petatlán, incluso tuvo que salir del estado de Guerrero por las amenazas que padecía. Y es que este desplazamiento forzado, ocasionado a raíz de la lucha ecologista que llevaron a cabo para defender el bosque de la tala inmoderada y los incendios provocados, es una gran maraña de violencias: tres personas desaparecidas forzadas; fabricación de delitos a, al menos, 14 personas y más de 25 muertos en una sola familia, la de Rubén Santana. Tras este desplazamiento forzado, se detonarían muchos otros en Guerrero: en Tierra Caliente, Chilapa, Leonardo Bravo o San Miguel Totolapan; comunidades convertidas en pueblos fantasma, donde anida el miedo y el olvido. Fotografía. En Tenango, Ayutla de los Libres
Según estima el International Displacement Monitoring Centre (IDMC), a partir de datos de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), en diciembre de 2018 había 338 mil personas desplazadas en México, siendo Guerrero uno de los principales estados del país con más personas en situación de desplazamiento forzado. Aunque las cifras son pequeñas para los organismos internacionales comparadas con la de otros conflictos armados, como el de Colombia, el tema es considerado una bomba de tiempo, La historia de Rubén Santana, está vinculada a la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán (OCESP), un caso que en su momento llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh), y supuso la condena del Es-
La violencia y la lucha: las mujeres líderes ecologistas
una crisis humanitaria repercusión en toda América Latina, como país asilo y país frontera en el tránsito a Estados Unidos que México es.
tado mexicano por detención arbitraria y tratos crueles y degradantes e impunidad ante graves violaciones de derechos humanos, cuando Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera fueron detenidos en mayo de 1999, como señala la abogada María Helena Hernández, representante de la Asociación Nacional de Abogados del Pueblo (AMAP). Sin embargo, mientras se resolvía el caso de Montiel y Cabrera en tribunales internacionales, los intereses caciquiles no cedieron. La OCESP continuó trabajando en la defensa de los bosques. Los cacicazgos presentes en el territorio se reorganizaron y se articularon con agencias de seguridad estatal, que emprendieron una persecución
YA PASÓ TIEMPO, SÍ; YA PASÓ TIEMPO... PERO PARA NOSOTROS NO PASA TIEMPO PORQUE TENEMOS A NUESTROS MUERTOS EN EL CORAZÓN, LOS SENTIMOS. COMO SI SE HUBIERAN IDO HACE 8 DÍAS; NOS SIGUEN DOLIENDO
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contra las familias herederas de la lucha ecologista. Lo preciado en la región: la madera, el agua, los minerales y el control de las rutas de tránsito de estos recursos y de droga. Tras el asesinato de Rubén Santana Alonso el 18 febrero de 2011, varias familias de la Laguna salieron desplazadas a Puerto de las Ollas y fue su viuda, Juventina Villa Mojica, quien retomó el liderazgo de la lucha. Ante la diferencia climática y la pobreza, durante meses estuvieron tratando de regresar a su casa. Otras familias permanecieron en La Laguna, sufriendo una violencia que penetró con fuerza en quienes la padecieron y escucharon. Siendo tantos los hijos, los esposos y los hermanos muertos, las mujeres serían quienes garantizarían la continuidad de la memoria y de la vida. La violencia represiva de los grupos armados adquirió también una dimensión de género, que buscaba quebrar e invalidar tales liderazgos, tanto a través de la violencia directa sobre sus cuerpos como a través de la división, el chisme y la infravaloración. “Allá en la casa, en La Laguna –cuenta Leonor–, se quedó cuidando una hija de Rubén Santana, pero en cuanto nos fuimos mataron a su marido. Ella quedó embarazada con todo el montón de niños, y a los poquitos días, cayeron el montón allá a La Laguna, le decían que la iban a matar, se le subieron los sustos y se le murió su bebé en la Tras un plantón de meses en Chilpancingo las familias lograron un apoyo para construir casas y obtener un pequeño terreno en la Unión, Ayutla de los Libres, y en
Las condiciones de vida en La Unión y Tepango
su hermanito y a mi tía, que echaban sangre por la boca… Aunque los conociera, ¿iba a tener visto al montón que lo hizo? A uno de los que mataron a mi tía lo agarraron, y lo soltaron”, concluye con indignación.
Fotografía. Lla abogada Maria Helena Hernández de AMAP, el general Gallardo, el diputado Manzano, Leonor Ochoa y Mariana Diaz
panza. Así duró 3 días, le sacaron el bebé como si fuera animal, metiéndole la mano, no sé como se lo sacaron pero muriéndose ella ya, por poquito se muere, y sin poder ir mi tía Juventina a verla.” El intento de permanecer en su territorio terminó con el asesinato de Juventina Villa Mojica, un asesinato que podría haberse prevenido, pues la comunidad alertó a la Secretaría de Gobernación de las amenazas de muerte. El Estado llegó tarde. Siempre tarde. La abogada María Helena Hernández explica que gran parte de esa tardanza se debe a la negación sistemática de los testimonios de las víctimas, en particular si son mujeres, una práctica generalizada en la integración de expedientes judiciales, pero también a la hora de echar a andar medidas de protección. Relata Leonor: “Querían que les dijera quién lo había dicho, qué persona, y luego, cuando hay muertos, y preguntaban: ‘¿Tú viste cómo lo mataron? ¿Tú viste qué armas tenían? ¿Tú viste quién era? ¿Tú los conociste?’. Y cuando mataron a mi tía Juventina y al niño –prosigue– también estaba una niña allí. ¡Y querían que la niña les dijera quienes eran! ¡Qué caras tenían! ¡Qué armas tenían! Y la niña tenía siete años [de edad]. ¿Cree usted que la niña, que vio que mataron a la Tondonicua, Sierra de Petatlán. Poco después, se discutió y aprobó la Ley 487 para Prevenir y Atender el Desplazamiento Interno en el estado de Guerrero, pero las indagatorias de cómo se había dado la violencia en el caso de La Laguna y Puerto las Ollas quedaron inconclusas. Con ellas un mensaje firme por parte del Estado: la impunidad para los perpetradores, y la falta de garantías de protección para las víctimas. En su terreno de la Unión, de apenas 1 hectárea por familia, aunque el gobierno había prometido 3, las 10 familias desplazadas que se encuentran en la Unión cultivan maíz, flor de jamaica y algunos árboles frutales. También cuentan
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frieron impunemente. Como documentaron varios medios en su momento, en 2013, 4 meses después de que se establecieran en los nuevos terrenos, varios sicarios llegaron a rematarles. En aquel momento, lograron repeler la amenaza gracias al cobijo de la UPOEG y poco después lograron ciertas medidas de seguridad por parte del estado: un retén de la policía estatal que se colocó en la entrada de la colonia que habitaban, vigilando la entrada. Pero este retén fue retirado hace unos meses, dejándolos de nuevo
Fotografía. Juana Alonso Ochoa, madre de Rubén Santana
con gallinas y gallos: por lo menos, huevos. Nada comparado con el número de hectáreas que tenían antes de sufrir la violencia extrema que les obligó a desplazarse. Nada comparado con los chanchos, las cabezas de res, los chivos, el agua pura y los bosques que disfrutaban allá en la Sierra. Sus nuevas casas se las construyó el gobierno estatal tras un plantón que hicieron en Chilpancingo, y después de que los huracanes Ingrid y Manuel en 2013 arrasara lo poco que tenían. Hasta la fecha, las familias no pueden superar el terror que su-
a merced de las agresiones, señala Mariana Díaz. Y estas agresiones son fatales. Su hermano, Constantino Díaz Pérez, fue asesinado hace 3 años en Ayutla cuando se dirigía a comprar herramientas para su trabajo como mecánico. “Y Los niños van a la escuela, pero es peligroso. Tenemos que vigilarlos para que no se los lleven; y yo, que trabajo en la calle, pues tengo miedo de que me pase algo”, continúa Mariana. “Por eso pedimos a este nuevo gobierno, que nos mande seguridad… que atienda el caso de que no tenemos viviendas ni proyectos productivos, y que tome cartas en el asunto con el tema de las demandas porque tenemos presos políticos. Son presos
HASTA LA FECHA, LAS FAMILIAS NO PUEDEN SUPERAR EL TERROR QUE SUFRIERON IMPUNEMENTE. INCLUSO, YA DESPLAZADAS, SICARIOS LLEGARON A LOS NUEVOS LUGARES DE REFUGIO A REMATARLAS
políticos porque están presos por luchar, por andar luchando, por eso les sembraron delitos y cuando nosotros nos acercamos a poner una demanda de que tenemos familiares muertos pues qué hacen ellos: nos demandan ellos a nosotros, y nos siembran dos o tres delitos”. Explica los abogados de la AMAP que precisamente, por la criminalización que han sufrido, a muchas personas se les complica salir de la colonia para trabajar. Las amenazas vienen del crimen organizado, de los sicarios, pero también, eventualmente, de cuerpos policiales que responden a intereses oscuros. Una connivencia de poderes en un estado que, al menos para la administración pasada, la AMAP definió como “narco-Estado policiaco-militar”. El escaso jornal que pueden percibir por un día de trabajo, entre 100 y 130 pesos, tampoco es alentador. Sin embargo, no tienen otra opción y poco a poco van logrando algo, por ejemplo, están tramitando ante el Ayuntamiento de Ayutla – que desde julio de 2018 se rige por usos y costumbres– el servicio de agua potable. La situación de las familias que se encuentran en Tepango es todavía más precaria: no alcanzaron a que el estado les otorgara tierras o les ayudara en la construcción de sus casas, así que ellos mismos cortaron una palma y un árbol de mango y levantaron unos tablones de madera sobre un suelo irregular.
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Varios niños duermen sobre el piso, dentro de una carpa, pero cuando llueve las culebras y el agua entran, “por encima, por abajo, por los lados”. El esposo de Juana Alonso Ochoa y padre de Rubén Santana, va perdiendo la conciencia. “Nos dijo el doctor que por toda la tristeza, por todo lo que pasó”, dice su esposa mientras deshoja unas mazorcas. Su tensión es alta, su ritmo cardiaco irregular y el tono de la reunión triste: Fue difícil adaptarse al clima, a la falta de trabajo, a la incertidumbre, al abandono estatal y a la falta de tierras. ¿Y qué es un campesino sin tierra? A pesar del aplomo y la fortaleza que exhibe, Juana de vez en cuando se quiebra en llanto cuando recuerda a sus dos hijos asesinados, la violencia sufrida, y todas las personas muertas, entre las que también hubo niños. Pide condiciones mínimas para poder vivir con dignidad. El tema de la justicia es un deseo soñado. “Porque ya tenemos varios años desplazados, que ni siquiera nos dan un apoyo y por eso nosotros estamos aquí para que nos escuchen, nos oigan las necesidades que tenemos… Mi hijo, él tiene su casita con el puro techo de arriba, no tiene nada. Y yo lo que quiero es que nos den, que nos haga justicia este gobernador. Tengo un hijo preso, que tiene demandas. Hasta hace 2 años nos visitaba de vez en cuando el doctor Bertoldo [Martínez], vede la AMAP. Riqueza (aunque sea furtiva y fugaz) para unos, hambre y pérdida de autonomía para otros. A la pérdida de los bienes materiales, se suma el trauma por la violencia extrema sufrida. “Así que imagínese nosotros – continúa Leonor– teníamos 800 hectáreas de tierras, con papeles, con todo, más aparte otras que teníamos más para el otro lado del río… ¿Si no nos hubieran desplazado, creen ustedes que nosotros íbamos a estar sufriendo hambres? Si nosotros cada vez que teníamos ganas matábamos un becerro, un
Fotografía. Personas desplazadas en Colonia Libertad, La Unión, Ayutla
La violencia extrema y desplazamiento forzado en esta zona fueron consecuencia directa de las disputas por el control del territorio y distintos modelos de gestión del mismo, pero también un mecanismo de despojo y acaparamiento de los bosques, de las tierras, de las minas, del agua, explicam abogados
Justicia y reparación
nía con la Cruz Roja, con alguna comida y algunos medicamentos, pero luego también murió”, dice Edith, su nuera.
puerco, un chivo. Nosotros no teníamos necesidad de que el gobierno nos ayudara. Ahorita sí tenemos necesidad y por eso venimos, porque hoy sí tenemos necesidad. Tenemos hambre, tenemos miedo. Niños chiquitos y hasta de 15 años están sin estudiar todavía, que no se pueden bajar y no quieren bajarse unos porque no saben leer.” A pesar de que el tema del desplazamiento forzado interno está considerado en varios artículos de la Ley General de Víctimas, en la Ley 487 para Prevenir y Atender el Desplazamiento Interno en el Estado de Guerrero y, desde la reforma de abril de 2019, en el Código Penal Federal, los casos se desbordan. Todavía no está claro cómo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que prometió justicia y amnistía, va a resolver este y otros casos, ni a qué esquema de justicia vayan a incluirse estas familias. Sin embargo. el pasado 29 de noviembre, en conferencia de prensa, la AMAP, anunció que se habían reunido con Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, y empezaron a construir rutas de trabajo para la resolución del tema de las personas que se encuentran presas o con ordenes de aprehensión, de las personas desaparecidas forzadas y de las personas en situación de desplazamiento forzado. La atención sicológica a víctimas de violencia extrema también es un tema pendiente.
ANÁLISIS INTERNACIONAL
¿POR QUÉ TURQUÍA INVADIÓ SIRIA?
UN NEGOCIO DE 27 MIL MILLONES DE DÓLARES La intervención del Ejército turco en el Noroeste de Siria es uno de los más recientes episodios de una larga y terrible guerra, con más de medio millón de muertos y 6 millones de desplazados y de refugiados desde 2011. Hoy el pretexto son los kurdos. Seguridad nacional y lucha contra el terrorismo, los objetivos formales de Turquía; pero en realidad hay un negocio de 27 mil MDD
123RF
ALESSANDRO PAGANI, HISTORIADOR Y ESCRITOR. ES AUTOR DEL LIBRO DE LA ESTRATEGIA DE LA TENSIÓN A LA OPERACIÓN CÓNDOR: EL NEOFASCISMO ITALIANO AL SERVICIO DE LA GEOPOLÍTICA IMPERIAL ESTADOUNIDENSE
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INTERNACIONAL ANÁLISIS
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l 9 de octubre Turquía dio comienzo a una operación militar denominada “Primavera de Paz”, invadiendo el Noreste de Siria. El conflicto en el país de Oriente Medio, que muchos analistas definían como ya casi terminado, ha vuelto en el centro de la atención de la opinión pública internacional. Hoy las víctimas son las poblaciones kurdas, pueblo sin Estado, sacrificados otra vez en las lógicas políticas de las grandes potencias imperiales y de sus líderes políticos sujetos a los intereses nacionales de Estados Unidos. La guerra en Siria, empezada en marzo de 2011, ha conocido masacres y crímenes de lesa humanidad contra la población Siria. La opinión pública internacional se ha quedado con los brazos cruzados, sin casi solidarizarse con el valiente y heroico Ejército Árabe Sirio y su comandante en jefe, el presidente constitucional Bashar Al-Asad, con el soberano pueblo sirio y su unidad dentro del eje chiíta de la Resistencia Árabe. Homs, Alepo, la Ghouta oriental, Raqqua e Idlib, ciudades y territorios agredidos, bombardeados sin piedad, que se han vuelto el símbolo de batallas conducidas contra cualquier regla del derecho internacional. Aquí un ejército de mercenarios, asesinos y terroristas de más de 250 mil yihadistas de casi 100 paises del mundo empezaron una guerra financiada por Estados Unidos, Francia, Turquía, Emiratos Árabes Unidos, Catar y Arabia Saudita –todo bajo el apoyo militar de todos los Estados miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN)– para derrocar a la única nación árabe laica y socialista de la región y donde las tres principales religiones monoteístas convivían en armonía, para abrirse el camino hacia Asia desde Irán. Más de 500 mil muertos, 5.6 millones de refugiados registrados contando únicamente los países fronterizos, más de 6 millones de desplazados dentro del territorio nacional, en-
tre estos 2.5 millones de niños. Bastarían estos datos para comprender, finalmente, el horror y el sufrimiento vivido en estos largos años por la población Siria. Sin embargo, la creación de una “zona segura” en la frontera con Siria, impuesta por el sultán turco Recep Tayyip Erdogan, podría transformarse en un nuevo genocidio.
La “zona límite” de Erdogan: un negocio de 27 mil millones de dólares El sultán de Ankara quiere deportar unos 2 millones de refugiados sirios que al momento están viviendo en Turquía, en una línea fronteriza profunda de casi 30 kilometros y 480 kilómetros de longitud hasta Irak y que hoy es administrada por las poblaciones kurdas. El gobierno turco ya ha presentado los proyectos de aldeas, escuelas, mezquitas y hospitales que serán construidos para hacer realidad el retorno de los refugiados a su patria: un negocio de 27 mil millones de dólares. El presidente turco ha solicitado el apoyo de la Unión Europea. Más que solidaridad con el vecino sirio, se trata de una tremenda sustitución demográfica, que se realiza sobre las víctimas de una guerra sin límites e interminable. Pero antes de realizar sus proyectos imperiales, Ankara tiene que derrocar sus enemigos kurdos con la ayuda de los terroristas de Al-Nussra que a su vez tendrían la oportunidad de restablecer aquel control militar que han perdido desde que Irán y Rusia, luego de la petición de Asad de apoyar la resistencia siria contra el terrorismo (petición que no va contra el derecho internacional), los derrotaron en el campo obligándolos a retirarse en los territorios turcos. Obviamente Erdogan niega todo esto y declara que su objetivo es la ofensiva militar contra los combatientes de la YPG (Unidades de Defensa Popular) que Anka-
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ANÁLISIS INTERNACIONAL
kurdos fueron abandonados política y militarmente, prefiriendo una alianza con Estados Unidos en lugar del gobierno sirio, su enemigo histórico hacia sus ambiciones de revancha nacionalista. Estados Unidos los cooptó para luego echarlos a su aliado estratégico turco. Pero la justificación del presidente turco no debe tomarnos por sorpresa: toda la guerra en Siria tiene su lógica en una “guerra bastarda y sin gloria” al estilo OTAN y contra el gobierno y pueblo sirios. Al comienzo se quiso justificar el apoyo a los “rebeldes moderados” –en realidad terroristas yihadistas de ISIS, Al-Nusra y Al-Qaeda– inculpando a Asad, primero, de haber utilizado la fuerza para masacrar su mismo pueblo. Luego, como ya mencioné en “La humanidad hacia la Tercera Guerra Mundial” (Contralinea, 29 de abril de 2018), a través del intento cínico y grotesco de acusar al gobierno Sirio de haber utilizado armas químicas contra las poblaciones civiles. La participación de Rusia en apoyo de Damasco ha devenido en la misma estrategia de descalificación:
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Toda la guerra en Siria es ‘bastarda y sin gloria’, como le gusta a la OTAN. Y se realiza no sólo contra el gobierno sirio, sino también contra el pueblo
ra considera la extensión, el brazo militar, del PKK, el Partido de los Trabajadores Kurdos de Abdulah Ocalan (aún en una carcel turca) y que luchan desde la década de 1970 por la independencia de Turquía. Así que por un lado tenemos el Ejército turco, el segundo en potencia de fuego dentro de la OTAN luego de Estados Unidos, y por otro lado, las Fuerzas democráticas Sirias, compuestas por los ya mencionados kurdos, árabes y asiros, que desde 2015 han entregado sus vidas en la lucha contra los fanáticos del ISIS, cuando los mercenarios del Califato sembraban masacres y crímenes de lesa humanidad en Kobane o Tal Abyad, alrededor de la frontera turco-siria, donde estas formaciones terroristas encontraban la oportunidad de retirarse por el lado Turco (imposible pensar que Ankara no supiera nada). Ahí, en ese momento, los únicos que tomaron las armas fueron las mujeres y hombres de la YPG/YPJ, creando cuerpos de voluntarios y milicias populares. No es cierto que Estados Unidos y los europeos hayan ayudado a los kurdos. Nunca éstos fueron apoyados. Es más, los
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INTERNACIONAL ANÁLISIS
Erdogan. Negocios inocultables
inculpar a Putin de utilizar el mismo modus operandi de Asad y que las operaciones de la aviación rusa en territorio Sirio no iban contra las posiciones del ISIS, sino contra las poblaciones civiles. Lo que sí fue cierto: terminaron bajo las bombas de Estados Unidos y sus aliados terroristas hospitales, escuelas, centros religiosos, aldeas y poblaciones civiles. Aquí los terroristas cometieron asesinados, violaciones y masacres bajo el apoyo de aquellos mismos países ya mencionados y financiados por ellos. Y ahora, cuando Estados Unidos se encuentra imposibilitado de seguir en el pantano de Oriente Medio debido a su deuda interna y su gasto militar en esta guerra sin límites (que perdura desde la primera Guerra del Golfo contra Irak en 1991, pasando por Afghanistan, Libia, la antigua Yugoslavia y Siria). De aquí la necesidad de lanzar a la guerra a uno de sus más po-
derosos aliados en la region, la Turquía del sultán Erdogan.
Putin “el pacificador”: un equilibrio que podría romperse Con el inicio de las operaciones militares de Turquía, el presidente ruso se ha quedado como único árbitro reconocido por Siria. Moscú ha ocupado el vacío político y militar que Estados Unidos ha dejado. Las Fuerzas de Armadas rusas ya vigilan Mambij, en la gobernación de Alepo, donde hasta hace pocos meses estaban los marinos estadunidenses. “Ignoramos al momento qué hay detrás de la retirada tan rápida de los militares estadunidenses y, sobretodo, por qué nos han entregado este territorio a nosotros y no a los turcos, aliados de la OTAN. Tal vez se tra-
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ANÁLISIS INTERNACIONAL
Putin inicia delicado juego de equilibrios entre intereses opuestos. Su cometido, no enemistar a Rusia con alguno de sus celosos aliados
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ta de una gran oportunidad por parte de Estados Unidos para hacer explotar una guerra entre Rusia y Turquía”, declaró el oficial ruso Alexander Lavrentiev al periodista Maxim A Suchkov, de Al Monitor (16 de octubre de 2019). En el complejo ajedrez de Oriente Medio, es importante mencionar que Putin fue el único capaz de mantener las relaciones con todos los principales protagonistas en lucha entre ellos mismos: Arabia Saudita, Irán, Turquía e Israel. No hay país en esta área donde Moscú no pueda sentarse a dialogar. Además, con el fin de la “protección” estadunidense, los kurdos se están acercando a la Federación Rusa como nuevo mediador capaz de satisfacer sus aspiraciones milenarias. Es justo ahora que Putin empieza un delicado juego de equilibrios entre intereses opuestos. En este sentido hay que interpretar su recién viaje en Oriente Medio (Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos), pero también los acuerdos bilaterales entre Rusia y Turquía, al hacer imposible las preocupaciones de los analistas militares rusos aquí mencionados. Como en un partido de ajedrez, si por un lado hay Erdogan, al cual Moscú ha vendido los sofisticados sistemas de defensa antimisiles S-400, por otro lado hay Asad, el aliado que ha permitido a Rusia volver a ser una potencia internacional de gran relevancia y romper el cerco imperialista de la OTAN en las regiones orientales de Europa fronterizas a Rusia. De acuerdo con un artículo de la revista Turca en idioma ingles Bia News Desk del 17 de octubre de 2019 el primer ministro turco ha declarado: “Los Rusos nos han garantizado que el Ejército sirio mantendrá los kurdos alejados de la frontera”. Un trato capaz de terminar con la ofensiva, además de un momentáneo cese al fuego garantizado por Erdogan y Trump para permitir una retirada de los combatientes kurdos hacia Sur.
Al Assad. Ganar la guerra a Estados Unidos, gracias a Rusia
Por lo tanto Putin tiene la oportunidad de poner fin a la sangrienta guerra en Siria, una tarea muy delicada y que oculta grandes riesgos; uno sobre todo, al no solucionar todos los objetivos y peticiones políticas de los actores en el campo y los revanchismos de la región. Lo que estamos viendo es una división imperial del pastel sirio entre intereses imperiales y nacionalismos. ¿Los rusos lograran solucionar la grave crisis en esa region creada por Estados Unidos y su “imperio del caos” sin romper con su alianza estratégica con Asad y no caer en un conflicto bélico con Turquía? ¿Cómo solucionar las pretensiones nacionalistas de la variada galaxia kurda que vive dentro de autonomías regionales diferentes entre ellas y sin ofender las otras minorías y etnias que conviven pacíficamente entre ellos?
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Los kurdos, un pueblo dividido que quiere su propio Estado Para las poblaciones que viven en las regiones sirias del Rojava, la aprobación de Washington a los planes de invasión militar de Turquía es una traición, pero ésta no es la primera que les hacen las potencias occidentales. Y los kurdos siempre han preferido confiar en los acuerdos con estos países, alejándose de relaciones con Irak y Siria. A lo largo del siglo XX todas sus expectativas fueron derrocadas y el sueño de un Kurdistán independiente se quedó en meras palabras. La población kurda, dividida entre Turquía, Irak, Irán y Siria (también hay algunas comunidades que viven en Armenia y Azerbaiyán), han vivido en el pasado la traición de sus propias reivindica-
ciones nacionales. Con la caída del Imperio Otomano al final de la Primera Guerra Mundial, a los kurdos se le prometió la constitución de un Estado independiente. El Tratado de Sevres (1920) debió promover la creación de una comisión específica de la Sociedad de las Naciones que hubiera determinado las fronteras para la creación de un Estado-nación kurdo. Luego de pocos años (1923), otro tratado, esta vez firmado en Lozana, reconocía el nacimiento de la República de Turquía, acabando con las aspiraciones nacionalistas kurdas y esa región fue separada entre Francia (a la que venía entregado el protectorado de Siria) y la menarquía iraquí bajo el mando británico. Desde ese entonces, para los millones de kurdos empezó una lucha para reivindicar su propia cultura e idioma, pero sobretodo para conquistar su independencia económica y política, un área independiente de casi 450 mil kilómetros cuadrados rica de recursos naturales estratégicos.
Para las poblaciones de Rojava, es una traición que Washington aprobara la invasión militar de Turquía; pero no es la primera que soportan
Quién gana y quién pierde con la invasión turca en Siria Más allá del aspecto militar ya analizado, en el plano político la decisión de Erdogan tiene vencedores y vencidos. El primer vencedor es justo el sultán Erdogan, capaz de imponer al mundo la invasión militar del Noreste de Siria. También el gobierno sirio saldrá fortalecido: Bashar Al-Asad ahora podrá negociar un eventual acuerdo con los kurdos aprovechando de su debilidad. A pesar de las legítimas declaraciones del viceministro de relaciones exteriores sirio, Faisal Miqdad, reportadas en el periódico árabe en idioma inglés The New Arab (11 de octubre de 2019), donde define las fuerzas kurdas del YPG como traidores de la nación Árabe Siria en su alianza oportunista con Estados Unidos, para el gobierno de Siria es importante ahora trascender estas diferencias y crear una alianza táctica con
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Putin, convertido en “pacificador” de Oriente Medio
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las formaciones kurdas para poder restablecer el control de una region rica de recursos naturales –como el petróleo– en las manos de potencias extranjeras. También Rusia e Irán tendrán sus resultados positivos por la sorpresiva decisión de Trump de retirar sus tropas de Siria. El presidente estadunidense ya había anunciado en diciembre de 2018, luego de la derrota del ISIS, que los 2 mil militares desplegados en esta área volverían a casa. ¿Qué hay detrás de esta política? En un momento de grave crisis interna en Estados Unidos, podría ser un intento de la Casa Blanca de dejar que mediante la intervención turca, las formaciones mercenarias y terroristas vuelvan con fuerza a controlar una región estratégica. Además, se trata de una ruta inmersa en negocios criminales, como el trafico de droga entre Afganistán y los Balcanes y donde Irán y Siria representan el
bastión de la resistencia de los pueblos contra el narcotráfico, como destaca la lucha del ejercito iraní en su frontera. Luego de la batalla campal en Baghuz Fawquani –en marzo del 2018–, los yihadistas han perdido las últimas posiciones donde controlaban aquel territorio autoproclamado como Califato; pero miles de terroristas aún están libres y actuando. Y ahora hasta los que están detenidos en cárceles kurdas podrían ser liberados. Estamos hablando de casi 12 mil mercenarios, entre estos se destacan los foreign fighters, combatientes extranjeros, con ciudadanías francesas y que quieren volver en sus hogares en ese país transalpino que le había prometido una guerra relámpago como la que justo hace 8 años, el 20 de octubre, había terminado con la Revolución verde en Libia con el asesinato, televisado en directo, de Muamar Gadafi.
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primeros años de la década de 1970 hizo posible el renacer del sueño de una nación Árabe laica y socialista y que tenía su precedente histórico en el avanzado Egipto de Nasser, al final de la Segunda Guerra Mundial y en el Movimiento de los Países No Alineados. Aun otra vez, ancianos, mujeres y niños tendrán que huir de sus casas. Y a nadie le importará. Los medios de comunicación embedded nos presentarán otra vez la imagen caricaturizada de un gobierno sirio y criminal, mientras las élites kurdas que juegan con el pueblo kurdo por sus intereses personales serán presentadas a nivel mundial, no a través de sus intereses tribales y corporativos, no mediante sus alianzas que mutan como cambia de dirección una bandera cuando dobla el viento, sino como una comunidad resistente y por ende reconocida dentro las lógicas culturales de una “izquierda fi-fi”, de unos “revolucionarios de Facebook” necesitados de nuevas emociones desde sus casas y alineadas a la cultura neoliberal y que no molesten los juegos de guerra de Estados Unidos.
Otra vez ancianos, mujeres y niños tendrán que huir de sus casas. Y a nadie le importará. De nuevo, habrá campaña para justificar la guerra
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En esta crisis, como en las pasadas, la Unión Europea demuestra todo su cinismo imperialista al ser incapaz de solucionar con su socio turco en la OTAN una guerra que ellos por primeros –junto con Estados Unidos y sus socios de las mencionadas petromonarquías de Oriente Medio– han creado. Las supuestas “protestas” para la ofensiva militar turca caen en el ridículo, si pensamos que estas fueron dejadas en las manos de las cancillerías y gobiernos europeos a nivel individual. Francia, Alemania y Holanda han anunciado el fin de las ventas de armas a Turquía, pero esto parece no incomodar a Erdogan, que sigue firmando acuerdos estratégicos con otros socios de la region mediterránea como en el caso de Italia. La última, verdadera y gran víctima de este conflicto de casi 1 década es el pueblo sirio, su clase trabajadora, que desde luego tomó las armas para defender su soberanía y autodeterminación, su gobierno laico y constitucional, nacido detrás de la historia del movimiento pan-Árabe y el socialismo del Partido Baath y de Háfez Al-Asad, aquel gran líder político y militar que en los
Trump. Sabotear a Rusia
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2 DÉCADAS DE CRECIMIENTO ECONÓMICO (EXCEPTO MÉXICO) La liberalización de la economía no garantiza el crecimiento del PIB ni éste basta para ofrecer bienestar social. Los países latinoamericanos que abandonaron el neolibrealismo crecieron de manera sostenida. México, neoliberal hasta el sexenio pasado, con el peor desempeño de todos
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NICOLÁS OLIVA, ECONOMISTA POR LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR; MAESTRO EN ECONOMÍA DEL ESARROLLO POR LA FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES Y MÁSTER EN ECONOMÍA APLICADA POR LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA/CELAG
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ermina la segunda década del siglo XXI. Vale la pena repasar lo ocurrido en términos de crecimiento económico comparado en América Latina. Para tener una foto panorámica y comparable, indexamos el producto interno bruto (PIB) per cápita de 19 economías latinoamericanas en tres períodos de tiempo: (i) entre 2000 y 2019, (ii) 2010 y 2019 y (iii) 2015-2019 [1]. En cada período el año base (2000, 2010 y 2015) toma el valor de 100. Estos tres momentos (punto de inicio y fin) se muestran en los tres gráficos que acompañan este documento. Los números refuerzan dos ideas antiguas, pero aún vigentes: ni la liberalización de la economía garantiza el crecimiento del PIB, ni éste basta para ofrecer bienestar social. En definitiva, las recetas monolíticas no funcionan y la calidad del crecimiento es tan importante como el crecimiento mismo.
Viento de cola: 2000-2014 Entre los años 2000 y 2019 (gráfico 1) cuatro países lideran el crecimiento per cápita de las últimas dos décadas: Panamá, Perú, República Dominicana y Cuba. Panamá y Cuba son las antípodas de la relación América Latina-Estados Unidos. Por un lado Panamá, bajo la tutela estadunidense, se ha convertido en el centro logístico y una de las guaridas fiscales para gran parte de los capitales provenientes de la evasión y corrupción mundial. Esta lluvia de capitales oscuros exacerbada con la globalización hace de Panamá el campeón latinoamericano en crecimiento a costa del sacrificio del resto de naciones del planeta. Panamá, como ejemplo regional, es estéril pues no pueden replicarse 20 paraísos fiscales en la región, y la entrada de capitales en el istmo se dará hasta que Estados Unidos decida, en algún momento, eliminar los paraísos fiscales. En el otro extremo está Cuba, el país más mancillado por la hegemonía estadunidense
y víctima de un bloqueo de más de 60 años que le ha impedido comerciar con el mundo. El bloqueo impone un corsé a las exportaciones y al acceso a divisas que sigue siendo un lastre para la expansión del PIB cubano. A pesar de aquello la isla está dentro del grupo de países líderes en crecimiento económico per cápita de los últimos 20 años. Después de la crisis de la década de 1990 ha sabido reconducir su economía y las políticas dieron mejores resultados entre 2000-2008 y un modesto desempeño entre 2009 y 2019. Los casos de Perú y Bolivia son otro ejemplo que devela la falacia de las recetas únicas. Ambos países, siguiendo modelos distintos, lograron crecer, reducir pobreza y mantener estabilidad macroeconómica. Si miramos a estos dos países, tanto en el gráfico 1 y 2, se observa que Perú lidera el crecimiento latinoamericano de los últimos 20 años, pero se debilita entre 2010-2019 y es superado por Bolivia, país que basó su política económica en las nacionalizaciones y en un rol protagónico del Estado. De hecho, si miramos desde 2015 (gráfico 3), con la caída del precio del petróleo, Perú muestra un desempeño mediocre mientras que Bolivia sigue entre los 4 países que más creció entre 2015 y 2019. Esto deja en evidencia que el estímulo de la demanda interna vía gasto público es una política mucho más eficiente para expandir el PIB que la receta de la austeridad. El gráfico 1 muestra también a un segundo grupo de países con un desempleo medio: Chile, Costa Rica, Uruguay, Colombia, Paraguay, Honduras, Nicaragua, El Salvador y Ecuador. La gran mayoría, países donde la receta neoliberal se viene aplicando por más de 3 décadas. Chile, en una perspectiva más amplia (desde 1985 a 1999), está entre los países de la región que mostró más estabilidad en el crecimiento en el largo plazo, pero que en las últimas 2 décadas –y en especial desde 2013– está lastrando su PIB producto del estancamiento de salarios, privatización de servicios, etcétera, y
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El modelo de mercado seguido por México fue el más inefectivo para reducir pobreza y garantizar bienestar. AMLO recibió un Estado en ruinas
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ubican al país austral en una posición media respecto al crecimiento de Latinoamérica. Las últimas protestas en Chile muestran que el “oasis” escondía un gran malestar social a pesar de la “estabilidad”, el crecimiento, los bajos niveles de pobreza y ser la nación latinoamericana con el Índice de Desarrollo Humano (IDH, 0.84) más alto de la región. Parece que hay que repensar los indicadores de bienestar pues las políticas del goteo no parecen ser suficiente cuando se oprime en demasía a las clases medias, que han iniciado un proceso social y político disruptivo. Colombia, Paraguay, Honduras y El Salvador, por su parte, son ejemplos de crecimiento medio entre 2000-2019, pero de muy baja calidad. Colombia y Paraguay muestran reducción de pobreza en las dos últimas décadas, pero con alta inequidad, aumento de la precarización laboral y una gran parte del excedente económico cada vez más en manos del capital y menos en los trabajadores. Al igual que Chile, Colombia ha profundizado las políticas neoliberales y, al parecer, son el germen de las recientes manifestaciones ciudadanas en un marco
privatización, flexibilización laboral y desindustrialización de la estructura productiva. Honduras y El Salvador, muestran nula reducción de pobreza: en Honduras ésta no bajó del 60 por ciento entre 2000 y 2016, y en El Salvado pasó de 38 por ciento a 35 por ciento entre 2000 y 2015. Todo esto nos deja una serie de preguntas: ¿por qué Perú o República Dominicana crecieron tanto y, en cambio, Chile, Colombia o México no lo hicieron a ese ritmo a pesar de seguir la misma receta? ¿Por qué unos bajan más la pobreza que otros? Aquí está la gran incógnita de la receta monolítica del liberalismo. En el otro extremo del grupo de países de crecimiento medio encontramos a Uruguay, cuya economía crece como las de Chile o Colombia, pero sus niveles de desarrollo social, justicia y respeto democrático demuestran una gran diferencia respecto de la región. Uruguay ejemplifica que la calidad del crecimiento es tan importante como el crecimiento mismo. Costa Rica, por su parte –y a pesar de ser unos de los países con los más altos niveles de desarrollo humano (tercer lugar)–, paradójicamente en 20 años redujo muy poco la pobreza, que era ya relativamente baja para el año 2000. Ecuador, si bien crece en un rango medio, tiene un desempeño que es notablemente superior al período 1976-1999, en el que donde su PIB per cápita permaneció estancado. Además, desde 2007 se caracterizó por la calidad de su crecimiento y el país muestra avances sociales y reducción de pobreza importante: de 52 por ciento en 1999 a 23 por ciento en 2016. Después de 2015, con la caída del precio del petróleo, ha entrado en una fase de estancamiento. Finalmente, en estas 2 décadas encontramos un tercer grupo de países con crecimiento bajo respecto al resto de países. Por un lado, países centroamericanos como Guatemala, Puerto Rico, Nicaragua y El Salvador, muchos de ellos fieles seguidores de las
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recetas neoliberales y alumnos de la tutela estadunidense. En este grupo de países de bajo crecimiento relativo también encontramos a las tres economías más grandes de la región: Brasil, México y Argentina. En 20 años el PIB per cápita de Brasil es 26 por ciento más grande, el de México 12 por ciento y Argentina 19 por ciento. Esto significa que, en promedio, las economías se expandieron anualmente a 1.3 por ciento, 0.97 por cientto y 0.6 por ciento, respectivamente. A pesar que Brasil tiene un crecimiento menor a sus pares latinoamericanos, redujo mucho la pobreza con políticas de izquierda (de 35 por ciento a 15 por ciento entre 2000 y 2013). Lo mismo ocurrió con Argentina, que después de la crisis de 2001 la política social y un crecimiento sostenido llevó a la pobreza de 54 por ciento en 2003 a 5 por ciento en 2013. En cambio México, con políticas promercado, no lo pudo hacer:
la pobreza fue 45 por ciento en el 2000 y 43 por ciento en el 2012. Si observamos el crecimiento en el período 2010-2019 México recupera en parte el camino perdido durante la primera década, pero siguió siendo el modelo de mercado más inefectivo para reducir pobreza y garantizar bienestar: la economía es menos productiva, no ha vencido a la pobreza ni a la desigualdad y los tratados de libre comercio trajeron más perjuicios que beneficios. El nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha heredado una desaceleración y un Estado en ruinas que, por ahora, no logra reactivar la economía tras décadas de un neoliberalismo que ha destruido las instituciones públicas mexicanas. López Obrador deberá encontrar una salida a esta tesitura económica mediante una expansión clara de la demanda agregada.
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Los casos más críticos de la última década son Argentina y Brasil, que la culminan siendo los países que menos crecen de toda la región [2]. En este contexto de bajo crecimiento relativo, evidentemente, la puja distributiva en ambas naciones se ha exacerbado y ha generado un clima de cambio de gobierno en Argentina en 2015 y debilitamiento democrático en Brasil en 2016. Argentina, después de 4 años de feroz neoliberalismo, tiene el reto enorme de volver a encontrar la senda del crecimiento. Macri acaba de entregar una economía en ruinas. Brasil, por su parte, sigue en una débil recuperación, sin duda la más larga recuperación de las últimas décadas. Sin embargo, ésta parece debilitarse con las políticas de privatización y pulverización de las prestaciones sociales y los salarios que ha emprendido el gobierno del ultraderechista Jair Bolsonaro.
Fin del boom de commodities 2015-2019 Los commodities siguen siendo el motor
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de la región. Una vez que terminó el viento de cola 2000-2015, todos los países entraron en una ralentización de sus economías o, al menos, un crecimiento más modesto. La única excepción es República Dominicana, que muestra una evolución favorable en las últimas 3 décadas y que su crecimiento no depende de los recursos naturales. No obstante, República Dominicana tal vez es el mejor ejemplo de que el crecimiento no basta. Entre 1990 y 2019 el PIB per cápita se expandió al 5.4 por ciento en promedio, pero la pobreza no se redujo: en el año 2000 la pobreza urbana era 23 por ciento y la rural 46 por ciento; en 2013 alcanzaba 38 por ciento y 50 por ciento, respectivamente. Entre 2013 y 2016 la pobreza urbana y rural ha convergido levemente a 26 por ciento y 38 por ciento, respectivamente. Van 20 años de crecimiento económico y la pobreza sigue prácticamente igual que hace de 2 décadas.
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Ecuador la deuda externa es una espada de Damocles que mantiene en vilo a la economía y puede detonar, en cualquier momento, la fatídica crisis de la deuda de la década de 1980. Todo indica que las condiciones externas para América Latina en el período 20202030 no serán iguales al período 2000-2014. El viento de cola terminó y los países se enfrentan a la gran pregunta de cómo fortalecer la demanda interna sin los multiplicadores de las exportaciones. Lo único cierto es que el peor error será seguir una receta monolítica impuesta desde el Norte.
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Notas
El resto de países frenaron su crecimiento en el período 2015-2019. Los que mejor sortearon esta desaceleración fueron Panamá, Bolivia y Paraguay. Los de peor desempeño fueron Argentina, Nicaragua, Ecuador y Brasil. Argentina es, tal vez, el ejemplo más extremo por la velocidad de la caída, la gran deuda que deja y los condicionamientos que impuso y hereda a su pueblo Mauricio Macri. El caso de Ecuador es también crítico pues la falta de soberanía monetaria, una matriz de producción agroexportadora y la anemia de reservas internacionales hacen que la dolarización pueda terminar asfixiando las condiciones sociales de los ecuatorianos. En este sentido, se abre nuevamente un interrogante para Ecuador, Argentina y Brasil: ¿qué estrategia se debe tomar para recuperar la senda de crecimiento y que éste sea de calidad? Tanto en Argentina como en
[1] Para 2019 hemos usado las proyecciones del Banco Mundial. Para todas las cifras de pobreza que se citan en este artículo hemos usado la información del Centro de Estudios Superiores La Salle. [2] Exceptuando Puerto Rico, que crece en términos per cápita por un efecto de migración que hace que la población se reduzca.
Los países se enfrentan a la gran pregunta de cómo fortalecer la demanda interna sin los multiplicadores de las exportaciones
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GOBERNANDO DESDE TWITTER
EL SALVADOR DE NAYIB BUKELE
Mientras dispone de un presupuesto 2020 cargado de recortes para salud y educación, Bukele gobierna desde Twitter con un estilo cada vez más autoritario. El neoliberalismo sigue encontrando santuarios en América Latina
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NERY CHAVES GARCÍA, INTERNACIONALISTA CON ÉNFASIS EN POLÍTICA EXTERIOR Y DIPLOMACIA POR LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COSTA RICA/CELAG
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ras 6 meses de gestión, Nayib Bukele demuestra su verdadera corriente político-ideológica. Las dudas que surgieron durante las elecciones presidenciales, que acercaban a líder de Nuevas Ideas al centro e, incluso, al centro-izquierda se han desvanecido tras un ejercicio autoritario del poder centrado en la figura de la Presidencia. A ello se suma la cercanía de Bukele con la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), a Estados Unidos y a las formas de gobernar de “los mismos de siempre”.
Bukele: el centro de la administración El primer gesto simbólico de Bukele tras obtener la victoria electoral durante las jornadas del 3 de febrero ya daba la pauta de lo que iba a ser su gobierno. En esa ocasión, el presidente electo se encontraba completamente solo, no lo acompañaba su esposa ni su compañero de fórmula y tampoco sus copartidarios de la Gran Alianza por la Unidad Nacional (Gana) [1] o de Nuevas Ideas. Solo frente a una pared con el logo de Nuevas Ideas, Nayib Bukele aceptó su contundente triunfo en la carrera a la Presidencia [2]. Ya en el poder, Bukele ha dirigido el Ejecutivo vía Twitter. Sus tweets se caracterizan por las órdenes a ministros (as) de distintas carteras así como por declaraciones delicadas frente a coyunturas políticas –siendo la segunda ya una práctica común entre otros mandatarios–. Sin embargo, esta acción no se complementa con conversaciones con la sociedad civil ni con los medios de comunicación. Todo lo contrario: el periódico El Faro y la revista Factum denunciaron, por ejemplo, la negación de su participación en la conferencia de prensa sobre la instalación de la mesa técnica para la creación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en el El Salvador (CICIES) [3].
Tras hacerse pública la denuncia por parte de los medios de comunicación, el presidente Bukele tuiteó [4]: “Los de Factum y El Faro se están haciendo las ‘vístimas’, pero esta es la realidad” (sic). (@nayibbukele, 6 de septiembre 2019) Posteriormente, Bukele publicó un comunicado en el que alega mal comportamiento e irrespetuosos tratos al gobierno por parte de El Faro y la revista Factum. Tales supuestas actitudes son consideradas por el gobierno como una falta de un compromiso serio con la labor de comunicación. Asimismo, es importante señalar el tono del tweet, mediante el uso del “vístimas”. Esta acción parece conformarse en una tendencia, también frecuentemente denunciada. En general, distintos medios de comunicación denuncian que el Ejecutivo no es transparente con su información y más bien cierra los canales, limitándose a las redes sociales y a los medios de comunicación condescendientes con el gobierno. De acuerdo con una investigación periodística realizada por la Red Informativa ARPAS, sólo durante el primer mes del gobierno de Bukele la Telecorporación Salvadoreña (Tcs) acaparó el 35 por ciento del monto asignado para pautas: $193 mil 49.86 de $550 mil 49.86 dólares [5]. Ante esta situación, la Red Informativa ARPAS presentó un “Informe sobre retrocesos a la libertad de expresión, acceso a la información y el derecho a la comunicación” al relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza, durante su visita a El Salvador [6]. El que Bukele sea conocido como “presidente millenial” va más allá de que sea el presidente más joven de América Latina y se encuentra relacionado con su performance político-individual, en la que en él y solamente en él, recaen las de-
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Ahora se profundiza el largo proceso de militarización de la vida cotidiana. Va acompañado del desmantelamieno de lo programas sociales
cisiones y la imagen del gobierno. Este último carácter fue todavía más evidente durante los actos cívicos de la celebración de la Independencia el pasado 15 de septiembre. Durante el acto se llevó a cabo un simulacro policial-militar en el que un grupo de personas fueron escoltadas desde un autobús hasta el frente de la tarima en la que se encontraban Nayib Bukele y su esposa, y luego arrodilladas frente a la pareja presidencial y apuntadas con armas de fuego a la cabeza por militares y policías. El despliegue policial-militar resulta profundamente simbólico sobre la correlación de fuerzas, así como el largo proceso de militarización de la vida cotidiana. Todo parece indicar que el mensaje de Bukele es que él es la figura central de su gobierno y que su administración es incuestionable. La presunta apertura vía redes sociales se desvanece en el ejercicio político centrado en su figura, así como en la concentración de las vías de comunicación en los medios hegemónicos –aquellos que, por cierto, fueron tratados por él como “los mismos de siempre” en el período electoral–.
El FMLN en la mira La prometida reestructuración del Estado por parte de Bukele se consolidó en una sola tarea: la persecución directa contra los y las funcionarias que simpatizan con el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). Vía Twitter, Bukele dio ordenes a sus ministros de despedir a funcionarios (as) del FMLN, como Claudia Ivette Canjura, exembajadora en Washington e hija del exministro de Educación del Frente; Ilich Orlando Quintero, exdirector del Registro de Garantías, y Salvador Sánchez Villalta, hijo del expresidente Sánchez Serén, entre otras casi 1.000 personas. Todas fueron
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despedidas para combatir el nepotismo, según Bukele, lo que el FMLN niega y contrasta con el concurso y el debido proceso de selección para los cargos. De acuerdo con las personas afectadas son 736 los despidos realizados por la Presidencia, ninguno con el debido proceso y bajo la Ley de Salarios, que es la que garantiza los derechos laborales. Frente a esta situación se conformó el Movimiento de Trabajadores Despedidos (MTD); asimismo, algunas personas despedidas han interpuesto un recurso de amparo en la Sala Constitucional. Como consecuencia de estos despidos fueron cerradas las secretarías creadas por el FMLN para el respeto de derechos de la comunidad LGTBI así como de las personas afectadas por la Masacre de El Mozote, entre otros [7]. Por su parte, el secretario jurídico de la Presidencia, Conan Castro, ha sellado y guardado bajo llave el Informe Técnico de Casa Presidencial que da cuenta de los argumentos base para el despido de las 736 personas y el consecuente cierre de cinco secretarías. Castro es un funcionario muy cercano a Bukele pues también fue gerente legal en la alcaldía de San Salvador (administrada por Bukele), ha defendido a Nayib en litigios ante la Corte de Cuentas y es representante legal de Nuevas Ideas. El MTD, junto al Frente Sindical Salvadoreño (FSS) y la Concertación Popular por un País sin Hambre y Seguro (Conphas) solicitaron por escrito al Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) que ordenara la desclasificación de la información. Ante ello, el gobierno responde que la información es secreta debido a que puede poner en riesgo la estrategia de la administración Bukele para la reestructuración del Estado. Este criterio es puesto en duda por los movimientos de trabajadores, quienes consideran que al tratarse de un proceso administrativo
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no puede ser sellado. En esa misma línea, Xenia Hernández, experta en materia de acceso a la información pública, declaró a El Faro que el secreto no puede ser aplicado a este caso, pues la “decisión ya fue adoptada, implementada y ejecutada, y ya no compromete nada por más que los efectos estén en curso” [8].
Viejas recetas económicas con nueva cara La presunta transformación del Estado de Bukele no va más allá de esta persecución y el desmantelamiento de los programas estatales. Esto resulta evidente tras la bendición brindada por la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) que, tras 10 años de ruptura con el Ejecutivo del FMLN, en noviembre pasado
afirmó cercanía a la gestión de Nayib: “El gobierno ha enviado señales positivas: afirmar que la empresa privada es necesaria para el desarrollo y la generación empleos es una de las buenas señales” [9]. Otra señal contundente de la orientación de su gobierno corresponde al presupuesto aprobado para el 2020: un total de 6 mil 426.1 millones de dólares de los cuales 755.8 millones de dólares serán financiados con deuda pública [10]. El presupuesto para el próximo sigue la receta neoliberal. Por una parte, por ejemplo, recorta programas sociales específicos en el área de educación y salud, como es el caso de Escuela Inclusiva de Tiempo Pleno y el Instituto de Formación Docente, y promueve un ajuste de 33.5 millones de dóalres en atención en primer nivel. Por otra parte aumenta en un 18.4 por ciento
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el presupuesto del Ministerio de Defensa Nacional, alcanzando un total 172 millones de dólares. También [11], a través de la modificación de una partida presupuestaria de pagos financieros, será posible pagar más salarios en el Ejecutivo, medida que va a contramano de sus denuncias en campaña electoral y de lo establecido en la Ley de Responsabilidad Fiscal [12].
Como le indicó Donald Trump, Bukele Estados Unidos, su aliado deconoció como más importante presidente de En estricto cumplimiento a lo prometido en campaña, Nayib Bukele se ha Venezuela a acercado al gobierno de Donald Trump Nicolás Maduro mediante reuniones con Michael Pompeo y reconoció al en las que los asuntos de seguridad y migraciones han sido los más importantes autonombrado [13], aunque los alcances de los acuerdos Guaidó no han sido comunicados por el gobier-
no. Sin embargo, algunos alcances son muy obvios, sobre todo los que refieren a política internacional: Bukele, en noviembre, se unió a la lista de gobiernos que no reconocen al Gobierno Bolivariano de Nicolás Maduro y que respaldan la autoproclamación de Juan Guaidó [14]. En esa misma línea, y en relación con el discurso anticorrupción, Bukele prometió la creación de una Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (CICIES), basada en la experiencia guatemalteca. En el marco de los primeros 100 días, el gobierno presentó la instalación de una mesa técnica que, en principio, instalaría la CICIES a través de las negociaciones con las instancias respectivas –Fiscalía, Asamblea de Diputados (as), entre otras– [15]. A inicios de diciembre, Bukele declaró que la CICIES ya se encuentra investigando casos brindados por el Ejecutivo a pesar de que no hay convenios establecidos, investigadores trabajando y tampoco mayor claridad sobre el rol de la Organi-
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zación de Naciones Unidas (ONU) dentro de esta nueva institución. Este último punto ha generado un sinnúmero de críticas, pues es la Organización de Estados Americanos (OEA) la institución que respalda la instalación de la CICIES; se trata de la misma organización cuestionada por su rol preponderante en distintos golpes de Estado –siendo el de Bolivia el más reciente– [16]. Las dudas sobre los alcances de la CICIES aumentan con los actores involucrados porque, además, el Ejecutivo tendrá una participación fundamental en las investigaciones.
El “lapsus” chino Desde finales de noviembre, Bukele inició una gira en Asia que preveía visitas a los mandatarios de Japón, China y
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Bradford, consejero de Asuntos Públicos de la Embajada estadunidense, reaccionó señalando que en las relaciones diplomáticas entre El Salvador y China debía primar la cautela y declaró que “estamos evaluando si alguno de nuestros programas puede verse afectado por algún acuerdo que el gobierno de El Salvador acepte”.
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A modo de cierre
Catar. Según las declaraciones del presidente salvadoreño, vía Twitter, las reuniones tendrían como objetivo la búsqueda de inversiones y nuevos lazos comerciales. Dentro de las visitas despierta especial interés la realizada a China, principalmente porque durante la campaña electoral Bukele había declarado someter a revisión las relaciones con China, en vista de que Estados Unidos es el principal aliado de El Salvador. Entre los resultados del mencionado encuentro está la propuesta del presidente Xi Jinping de elevar las relaciones diplomáticas al más alto nivel, lo que profundizaría la alianza estratégica. Asimismo, Bukele declaró que recibirá por parte de China una “gigantesca cooperación” –no reembolsable– para las obras de infraestructura. Frente a este anuncio, Tobias
Se cayeron las máscaras de Bukele. Sin embargo, según las encuestas es el político más popular de El Salvador: en el marco de los primeros 6 meses de su gestión, Cid Gallup publicó que el 93 por ciento de 1 mil 200 personas entrevistadas, respaldan la gestión de Bukele porque cumple con lo prometido [17]. Habrá que ver qué sucede con dicha popularidad tras la implementación de los recortes proyectados para el 2020, escenario que podría dinamizar la tensión política. Ante ello, resulta necesario que el FMLN entre en un proceso de reflexión política y sin demoras defina el camino a emprender como oposición. Todo ello mientras Bukele cierra filas con el neoliberalismo, el autoritarismo y Estados Unidos.
Bukele sigue manteniendo los índices de aprobación más altos de la historia de ese país. Pero está por verse qué pasará con los recortes
Notas [1] Sigla que respalda la candidatura de Bukele al no poder inscribir Nuevas Ideas como partido. [2] https://www.celag.org/rechazo-bipartidismo-informe-postelectoral-el-salvador/ [3] https://elfaro.net/es/201909/ ef_foto/23624/Presidencia-bloquea-acceso-a-El-Faro-y-Revista-Factum-a-conferencia-de-prensa.htm [4] https://twitter.com/nayibbukele/status/1170184271660814336?lang=en [5] https://arpas.org.sv/2019/09/bukele-entrega-pauta-publicitaria-a-los-mismos-me-
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dios-de-siempre-tcs-recibe-la-mayor-tajada/ [6] https://www.integracion-lac.info/es/ node/43572 [7] https://elfaro.net/es/201911/el_salvador/23760/Federaci%C3%B3n-LGBTI-cuestiona-el-desamparo-a-la-diversidad-sexual-en-el-nuevo-gobierno.htm [8] https://elfaro.net/es/201910/ el_salvador/23719/Presidencia-pone-bajo-reserva-por-qu%C3%A9-cerr%C3%B3-secretar%C3%ADas-y-despidi%C3%B3-a-600-empleados.htm [9] https://elfaro.net/es/201911/el_salvador/23820/La-empresa-privada-consumasu-giro-y-aplaude-a-Nayib-Bukele.htm [10] Contradiciendo su promesa de campaĂąa. [11] http://bloquepopularjuvenil.org/presupuesto-2020-cuales-son-las-prioridades-del-gobierno-de-bukele/
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[12] https://elfaro.net/es/201911/ el_salvador/23686/Presupuesto-2020-usa-artificios-para-pagar-m%C3%A1s-salarios-de-lo-permitido-por-ley. htm [13] https://www.celag.org/bukele-demasiado-para-100-dias/ [14] https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-50296181 [15] https://elfaro.net/es/201909/el_salvador/23623/Gobierno-y-OEA-anuncian-mesa-t%C3%A9cnica-para-una-CICIES-dependiente-del-Ejecutivo.htm [16] https://www.celag.org/analisis-del-informe-final-de-la-oea-sobre-las-elecciones-enbolivia/ [17] https://www.lapagina.com.sv/ nacionales/gestion-de-nayib-bukele-esaprobada-por-el-91-de-salvadorenos/comment-page-3/
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MOVILIZACIÓN Y GESTIÓN
EL DESAFÍO PROGRESISTA EN COLOMBIA El desafío progresista en Colombia es mantener el descontento social hacia el uribismo y el neoliberalismo, y también mostrar que el cambio es posible. Por primera vez en décadas, el progresismo crece y puede dispurtarle a la derecha el poder en 2022
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JAVIER CALDERÓN CASTILLO, MAESTRO EN SOCIOLOGÍA POR LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES, ARGENTINA/CELAG
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l progresismo colombiano tiene un enorme desafío: construir una fuerza con la capacidad para derrotar al neoliberalismo. Tras los resultados de las últimas elecciones y la movilización social en las calles, el país vive un nuevo momento impulsado por el proceso de paz y la crisis de un modelo agotado que se sostiene manteniendo a millones de trabajadoras y trabajadores con salarios muy bajos y nulos derechos. Sin embargo, los resultados electorales favorables y la expresión del descontento social en las calles pueden no ser suficientes para cambiar el rumbo del país y constituir una alternativa. El neoliberalismo cuenta con poderosas fuerzas económicas y culturales que controlan más que el gobierno y se reproducen con un sentido común conservador (hasta ahora) efectivo para la continuidad, a pesar de los estragos de la corrupción, la pobreza y la profunda desigualdad. Se trata de un asunto nodal que requiere un primer acercamiento analítico para descomponer los mensajes y las claves políticas que indica el nuevo momento del país, necesarios para la configuración de una alternativa política.
Colombia movilizada La política colombiana está convulsionada por las movilizaciones masivas desarrolladas desde el 21 de noviembre (21N), extendidas por más de 1 mes, caracterizadas por múltiples e innovadoras formas de protesta social para el país: cacerolazos, batucadas, conciertos, asambleas en barrios y mucho activismo en redes sociales. Es una movilización social que desbordó los cálculos oficiales al igual que los pronósticos de los impulsores del 21N; ante el asombro, la respuesta del presidente Iván Duque fue el menosprecio a las demostraciones de descontento, apostando a la represión y el desprestigio, y esperando a que se apacigüen
con aún mayores limitaciones a las libertades democráticas. La arena política nacional se tensionó y empezó a moverse, ubicando las demandas sociales como el principal tema de debate público y al neoliberalismo como un foco de disputa cuestionado por amplios sectores sociales, trascendiendo las fronteras del progresismo y del activismo social. Las urnas manifestaron un rechazo a los partidos tradicionales de derechas y las protestas expresaron el cansancio de los efectos de desigualdad, pobreza y represión característicos del modelo neoliberal. Las disputas desarrolladas por más de 2 décadas en la ruralidad en contra de la depredación neoliberal se trasladaron con fuerza a los centros urbanos. El paro del 21N fue la cita, aunque el detonante del malestar y el enojo social se incubaron por años. Lo que se inició como un llamado a parar durante 24 horas, como medida de rechazo a otro ajuste neoliberal (un torniquete más para la empobrecida sociedad colombiana), terminó convirtiéndose en una ola social que removió el tablero político nacional y local, poniendo en cuestión el relato excluyente del “uribismo” y las bases programáticas del gobierno liderado por Iván Duque. Al mismo tiempo, desafió las interpretaciones y los discursos alternativos: los proyectos progresistas también resultaron sacudidos por las dinámicas derivadas de la indignación expresada en las calles. Analizar el mensaje social dirigido a los liderazgos progresistas puede resultar más esclarecedor en la identificación de los posibles escenarios futuros de la política nacional, aunque sean más difíciles para decodificar. La salida del neoliberalismo, tan arraigado (y violento) en el país, supone la construcción de una propuesta alternativa que, a diferencia de otras épocas, buena parte de la sociedad está dispuesta a escuchar, aunque no de cualquier manera.
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poco a poco, al tiempo que se desarrollarán nuevas protestas tras la aprobación de una reforma tributaria que profundiza la desigualdad, otorga una mayor carga impositiva a los que menos tienen y millonarias exenciones para los ricos. Todo indica que está comenzando un nuevo momento político, con mayor participación social y una creciente politización.
Participación y politización, un nuevo momento En los análisis políticos sobre la sociedad colombiana se suelen encontrar al menos dos variables que caracterizan la continuidad de las fuerzas de derecha. La primera es la baja participación de la ciudadanía en la política, tanto en los procesos electorales como en las organizaciones territoriales. Ella genera las condiciones propicias para la reproducción del clientelismo y de los mecanismos de cohesión cultural y material desarrollados por los poderes territoriales y los partidos neoliberales. La segunda, intrínsecamente vinculada a la primera, es
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Dos variables de la continuidad de la derecha en Colombia: la baja participación de la ciudadanía en las elecciones y la escasa politización de las personas
La sociedad no sólo se está expresando en las calles; en las elecciones regionales desarrolladas el 27 de octubre se generó un remezón en las grandes ciudades donde triunfaron propuestas independientes de los partidos tradicionales, con programas anticorrupción y con perspectiva de derechos sociales. El Partido Verde, el Polo Democrático, Colombia Humana-UP, y algunos movimientos locales independientes tuvieron una buena elección, aunque en algunos distritos electorales los poderes tradicionales (Cambio Radical, el Partido Conservador, el Partido Liberal, y el uribismo) mantuvieron el control de gobernaciones y alcaldías de ciudades medianas y pequeñas. Colombia está movilizada y está desgastando con rapidez al gobierno de Duque, cuya impopularidad sobrepasa el 70 por ciento a tan sólo 16 meses de gestión, al punto de obligarlo a convocar a otras facciones de derechas para que integren una coalición improvisada y con pronóstico reservado. Los cambios ministeriales y algunos ajustes de su programa se vendrán
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la escasa politización de las personas, cuyos efectos son el aislamiento del debate individual sobre los asuntos públicos y la delegación o abstracción de la disputa por sus derechos. Ambas situaciones parecen estar cambiando. La tendencia hacia la disminución de la abstención electoral, tanto en las elecciones presidenciales de 2018 como en las regionales del 2019, indica un mayor debate político y la recuperación de expectativas de representación activas. Las movilizaciones generaron gran empatía en distintos segmentos sociales y se transversalizó la protesta; algunos se unieron por solidaridad y otros porque sintieron propias las demandas. Mucha gente participó a su manera: aunque no se atreva aún a salir a las calles o no tenga interés en participar de un movimiento político,
los cacerolazos, las asambleas de barrios y la interacción por redes sociales no pueden ser menospreciadas (como tampoco sobrevaloradas). La gente comenzó a decidir, a informarse y a opinar, tres condiciones que le dan sentido concreto a la idea abstracta de participación. Claramente está comenzando un nuevo momento para el país y las fuerzas alternativas deben comprender esas formas de compromiso con el cambio y profundizar con criterio la politización necesaria para disputar el sentido común neoliberal. Los proyectos políticos alternativos tendrán que convencer a diversos grupos poblacionales, de diversas regiones del país, con problemáticas comunes y otras muy particulares, con intereses generacionales cada vez más relevantes, y una buena parte de ellos con la experiencia de la cacerola,
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la batucada y las asambleas en sus barrios. Quedan más de 2 años para que finalice el gobierno actual, un tiempo para seguir promoviendo la participación con sus múltiples formas y generando una pedagogía política del cambio.
El debate del progresismo: centro político y salida del neoliberalismo Mientras la sociedad da muestras de inclinarse hacia el cambio político, sin un proyecto definido los liderazgos considerados progresistas están centrados en dos acciones que resultan contradictorias. Están tratando de conectarse con esa sociedad movilizada que les sobrepasó en las calles y en las demandas y, al mismo tiempo, se encuentran en un verdadero canibalismo
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político, enfrentados como enemigos antagónicos, mientras Duque aglutina las facciones de derechas para defender al neoliberalismo y su propio estatus, hoy cuestionados con dureza. Si bien es cierto que las diferencias entre los liderazgos progresistas existen, lo es también que sus pujas facilitan la continuidad neoliberal. Gustavo Petro y el grupo parlamentario de Colombia Humana estuvieron muy activos durante las movilizaciones; con éxito Petro logró capilaridad y receptividad con sus mensajes políticos en amplios sectores sociales, aunque aún lejano de los segmentos que lo ven muy beligerante, en especial las capas medias inconformes –aunque no antineoliberales–, más cercanas a las propuestas de Sergio Fajardo o de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López. De la misma manera, Petro es re-
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chazado por algunos grupos más tradicionales de la izquierda, como el MOIR (de tradición maoísta) con incidencia en el Polo Democrático, por considerarlo moderado y cercano al gobierno de Santos. En un sentido similar, las críticas de Petro y de Colombia Humana a Sergio Fajardo y a Claudia López por su moderación, profundizan no sólo la división de estos sectores políticos sino que abonan a la confusión ciudadana. Para muchas personas del común esta pugna es desgastante y puede generar inmovilidad o desencanto. Sin embargo, el desafío generado en las elecciones que le delegó a sectores independientes y progresistas la gestión pública en los principales distritos electorales va más allá de este debate de liderazgos. A todos les conviene una excelente acción de gobierno, pues serán fundamentales para sumar en la disputa presidencial de 2022, y en la configuración de un discurso postneoliberal con hechos de gobierno, y no sólo abstractos o prospectivos. Todo ello teniendo en cuenta que lo harán bajo un gobierno central de ultraderecha con múltiples herramientas aún para impedir un cambio político en Colombia.
de la izquierda, que propone un cambio de matriz productiva y un sentido posneoliberal. Podría construirse una cuarta siguiendo el ejemplo de Argentina, donde se acordó un frente amplio y plural para derrotar al macrismo, una opción por ahora lejana, aunque no imposible. Las claves para el desarrollo de estas tres grandes facciones políticas en disputa están justamente en los mensajes emitidos en el paro, que pasan por el cansancio del autoritarismo uribista, la falta de derechos fundamentales, la corrupción en la administración del Estado y la baja capacidad adquisitiva de amplias mayorías. Pero también en la capacidad para gobernar con criterio transformador las ciudades de Cali, Medellín y Bogotá, pues de lo contrario los gobiernos progresistas podrían encargarse de apagar el descontento social y garantizar gobernabilidad a Duque. La situación del progresismo es paradojal en ese sentido: necesita demostrar capacidad de movilización, de gestión y, a su vez, seguir taladrando el piso del uribismo para impedir su continuidad.
El progresismo necesita demostrar capacidad de movilización, de gestión y seguir taladrando el piso del uribismo para impedir su continuidad
Hacia 2022
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Las elecciones regionales y las movilizaciones empiezan a configurar tres opciones políticas para el futuro del país. Una de continuidad neoliberal en la que se amontonan Cambio Radical, el Partido Conservador, lo que queda del uribismo y un sector del Partido Liberal. Otra de moderación, que apuesta a realizar reformas al modelo sin la pretensión de salir del neoliberalismo, en la que pueden confluir las derechas antiuribistas y el proyecto socialdemócrata que toma fuerza con la alcaldía de Claudia López, con la cabeza visible de Sergio Fajardo. Y una tercera liderada por Gustavo Petro, movimientos sociales y algunas facciones
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MISCELÁNEO
EX LIBRIS
HANNAH ARENDT ENSAYOS SOBRE LA PROMESA DE LA POLÍTICA ÁLVARO CEPEDA NERI
I.
Pensadora kantiana, estudiosa de Karl Marx, la escritora de primerísima línea republicana y democrática Hannah Arendt Cohn (1906-1975), precisó el mal y la maldad en la actividad política cuando analizó sobre todo el nazismo hitleriano en su trabajo publicado en 1963: Eichmann en Jerusalem, arrojando polémicas raciales, políticas, sociales y jurídicas. Nació en una familia judía-alemana domiciliada en Königsberg, capital de la Prusia Oriental, donde nació y vivió toda su vida Immnuel Kant (1724-1804); el mismo que dio la bienvenida a la gloriosa y vigente Revolución Francesa de 1789. Y antes saludó a la grandiosa Revolución Americana de 1774 y 1776 que alumbró los Derechos bautizados en Francia como del Hombre y del Ciudadano; vueltos a florecer en nuestro tiempo no obstante el vendaval de los nuevos totalitarismos y populismos. Filósofa cuyas reflexiones se centran en que “el hombre es la medida de todas las cosas” de la mano del gran sofista Protágoras, el de la ilustración griega donde nace la democracia que criticaron Platón y Aristóteles, más adeptos a las autocracias que fueron el fundamento de los totalitarismos nazi-fascistas y de autoritarismos que hoy se disfrazan de populismos a izquierda y derecha, pasando por tiranías; donde no hay más contrapesos que la voluntad del dueño del poder, y los poderes
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como un medio supremo”. en el Estado para arrastrar a los pueIII. En los ensayos que contiene blos a seguir al “Führer”, como guía, (“Sócrates”, “La tradición del pensaconductor, jefe, caudillo, profeta. miento político”, “La revisión de la II. En las investigaciones de esta tradición de Montesquieu”, “De Hegel pensadora se encuentran los fenómea Marx”, “El final de la tradición” e nos políticos modernos y contempo“Introducción a la política”) desfilan ráneos, por lo que sus libros son de los nombres que recoge el índice analíindispensable consulta. Su relación tico y de nombres. Agrega: “Si la polícon su profesor Martín Heidegger tica trae la desgracia y no puede aboestá reflejada en el libro Correspondencia: lirse, solo quedan la desesperación o la 1925-1975, editorial Herder, Barceloesperanza de que el diablo no será tan na, 2000. Pero son sus libros quienes malo como lo pintan”. Absolutamente la identifican y los que nos dan guía dedicada a su trabajo, toda su obra es de los temas que ocuparon su vida un manantial de quien estudió las intelectual en su estancia alemana tradiciones culturales para y luego estadunidense; El elaborar sus investigaorigen de los totalitarismos; La ciones, de Protágoras a condición humana; Entre el Autor: Hannah Arendt Kant-Kelsen, de que “el pasado y el futuro; Eichmann Título: La promesa hombre es la medida en Jerusalem; Sobre la revolude la política (Traducción de todas las cosas”. Es ción; Hombres en tiempos de de Jerome Kohn) Editorial: Paidós, el punto de partida para oscuridad; Crisis de la repúbli2008 reflexionar política y ética; La tradición oculta; Sobre camente democrática sobre Stefan Zweig: El mundo de ayer: la complejidad de las relaciones memorias de un europeo. Y cientos de humanas que son el tejido social, culensayos en revistas y periódicos. Esta tural, económico y político. Así que reseña presenta: La promesa de la polítinada como darse a la lectura de estos ca, trabajo centrado en las libertades ensayos donde la política de las libertarepublicanas y democráticas en un contexto jurídico, nos ofrece la concep- des es la condición para el pluralismo: “La libertad de expresar las opiniones, ción de Arendt sobre los problemas y el derecho a escuchar las opiniones de soluciones donde “hay varios finales los demás y ser asimismo escuchado, de las historias y varios comienzos”. que todavía constituye para nosotros Esto en la continuidad del quehacer un componente alienable de la libertad humano que plantea “a la política, en política”. un gobierno limitado constitucional,
ISSN: 1665-1626 REVISTA SEMANAL Del 20 al 26 de enero de 2020
Año 18 • Número 676 • $30