Contralínea 694 by Revista Contralínea

ISSN: 1665-1626 REVISTASEMANAL Del 18 al 24 de mayo de 2020

Año 19 • Número 694 • $30

CONTENIDO

PORTADA

COVID-19 Y DELINCUENCIA ORGANIZADA, DOBLE LETALIDAD

El coronavirus SARS-CoV-2 impacta las ﬁnanzas del crimen organizado, que ya incursiona en mercados emergentes y adecua su estrategia ante nuevos escenarios para cometer delitos en medio de la pandemia, explican especialistas

CONTRALÍNEA. PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN –año 19, número 694, del 18 al 24 de mayo de 2020– es una publicación semanal editada por Difusión de Información, SA de CV; Ignacio Aldama 74-8, colonia Del Carmen, alcaldía Coyoacán, CP 04100, Ciudad de México; teléfonos: 55 54 91 93 y 55 54 91 94; www.contralinea.com.mx, info@contralinea.com. mx. Editor responsable: Agustín Miguel Badillo Cruz. Número de reserva al título de derecho de autor: 04-2001-1206164804 00-102. Número de certiﬁcado de licitud de título: 12264, y de contenido: 8918. ISSN: 16651626. Impresa por Difusión de Información S.A de C.V., Insurgentes Centro 98, colonia Tabacalera, Ciudad de México, teléfono 55549192. Este número se terminó de imprimir el 15 de mayo de 2020. Distribuida por la Unión de Voceadores de México, despacho de Gloria Santillán, Ignacio Mariscal 44, col. Tabacalera, CP 06030, México, DF, teléfono 55 92 08 91. CONTRALÍNEA reconoce el deber de veracidad y la cláusula de conciencia de reporteros y articulistas. Los textos son responsabilidad de sus autores. Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reﬂejan la postura del editor de la publicación. Queda totalmente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos o imágenes de la publicación sin previa autorización de Difusión de Información S.A de C.V.

OPINIÓN 6

OFICIO DE PAPEL EL EXPEDIENTE DE CORRUPCIÓN QUE NARRO OCULTÓ EN LA UNAM Miguel Badillo

ZONA CERO “4T”, SIN NOTICIAS DE LOS DESAPARECIDOS DEL EPR Zósimo Camacho

CONTRAPODER LOS LEGISLADORES DE MORENA LE DIJERON “NO” A LÓPEZ OBRADOR Ávaro Cepeda ARTÍCULOS

FIN DEL PETRODÓLAR, OPORTUNIDAD PARA LA REFINERÍA DOS BOCAS Erick Limas

Circulación certiﬁcada por Romay Hermida y Cía, SC, folio: 00010-RHY

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LA PANDEMIA Y LOS DERECHOS SOCIALES Mario Santiago

EL ACCESO A LA JUSTICIA EN TIEMPOS DE COVID-19 Ivonne Carolina Flores Alcantara

LEONA VICARIO, MUJER PATRIOTA Pablo Moctezuma Barragán

CONTENIDO

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DIRECTOR Miguel Badillo oﬁciodepapel@yahoo.com.mx COORDINADORES INFORMACIÓN Y EDICIÓN WEB Nancy Flores nancy@contralinea.com.mx EDICIÓN IMPRESA Zósimo Camacho zosimo@contralinea.com.mx COORDINADOR DE CONTENIDO DIGITAL Héctor Badillo hector@contralinea.com.mx CONTRALÍNEA TV Érika Ramírez esoemi@contralinea.com.mx DISEÑO Miguel Minero mimiga@contralinea.com.mx PUBLICIDAD Martha Moreno mmoreno@contralinea.com.mx

EDITORIALISTAS Álvaro Cepeda Neri cepedaneri@prodigy.net.mx Fabio Barbosa fabiobarbosacano@gmail.com Martín Esparza garrasleo6@yahoo.com.mx Roberto Galindo galeondelsur@hotmail.com Samuel Lara Villa WEB Hugo Sadh ILUSTRADOR David Manrique manrique@contralinea.com.mx

INVESTIGACIÓN

PORTADA COVID-19 Y DELINCUENCIA ORGANIZADA, DOBLE LETALIDAD José Réyez

SOCIEDAD SEGURIDAD NACIONAL, AÚN VULNERABLE ANTE EL CRIMEN ORGANIZADO José Réyez

SOCIEDAD LOS MUCHACHOS DEL GENERAL Zósimo Camacho Imagen de portada: 123RF

ANÁLISIS

INTERNACIONAL LOS ACTUALES GABINETES LATINOAMERICANOS: MÁS ALLÁ DE LOS PRESIDENTES Amílcar Salas Oroño/Celag

INTERNACIONAL LA ERA TRUMP Y LA DEPENDENCIA EN AMÉRICA LATINA: UNA APROXIMACIÓN Silvina Romano, Aníbal García Fernández, Tamara Lajtman y Arantxa Tirado

MISCELÁNEO

EX LIBRIS Tucídides y la peste cuando la guerra entre atenienses y peloponesios Álvaro Cepeda Neri

REDACCIÓN 5554-9194 PUBLICIDAD 5554-9191 VENTA DE LIBROS 5554-9192 Ignacio Aldama 74-8, colonia Del Carmen, delegación Coyoacán, CP 04100, México, DF

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OPINIÓN OFICIO DE PAPEL

EL EXPEDIENTE DE CORRUPCIÓN QUE NARRO OCULTÓ EN LA UNAM MIGUEL BADILLO

ra 2015, último año de la gestión del rector tura presidencial por ese partido, el exrector y exsepriísta José Narro Robles en la Universidad cretario de Salud ha vuelto a su activismo político Nacional Autónoma de México (UNAM), en contra del gobierno de Andrés Manuel López cuando la Dirección General de Responsabilida- Obrador y eligió para sus ataques a la figura prindes, Inconformidades y Registro Patrimonial (Con- cipal en la lucha de salud en contra de la pandemia traloría) elaboró un informe de 34 páginas, bajo el Covid-19, el doctor Hugo López-Gatell Ramírez, número DGRIRP/DERE/01/2015 y fechado el a quien sólo le bastó recordar la pésima gestión 8 de junio de ese año, en donde denunciaba graves de Narro en Salud, en donde dejó 307 hospitales irregularidades en el manejo del presupuesto uni- abandonados. Pero volvamos a los últimos meses de gestión de versitario y en la contratación de bienes y servicios para la realización de la Olimpiada Nacional 2014, rector priísta José Narro Robles, a quien la Contraloría de la máxima casa de estudios, a cargo de que tendría como una de sus sedes la UNAM. En poder de una copia de esa auditoría, Con- Humberto Moheno Diez, le informó de las graves irregularidades en el tralínea buscó en aquel manejo del presupuesto, año a Narro Robles para que explicara las La propia auditoría univesitaria reco- pero contrario a que se impusieran sanciones a irregularidades descubiertas por su órga- noció que ‘hubo múltiples irregularida- los responsables, las auno de control: desvío des e incumplimientos en la aplicación toridades universitarias protegieron a los resde recursos públicos, de la normatividad’. Todo se ocultó ponsables y ocultaron mala administración, las faltas administrativas violaciones a la normatividad, negligencia y omisión, pero el en- y los desvíos de recursos públicos de la UNAM, setonces rector rechazó dar alguna explicación y gún se da cuenta puntualmente en un informe de menos sancionar o denunciar penalmente a los 34 páginas. Durante 3 meses, del 13 de octubre de 2014 al involucrados por el mal manejo de recursos y, al contrario, lo que hizo fue premiar al principal res- 15 de enero de 2015, la Contraloría de la UNAM ponsable del desfalco y del abuso, Severino Ru- revisó las operaciones financieras, los procedimienbio Domínguez, director general de Actividades tos y la normatividad para el control y ejercicio de Deportivas y Recreativas (Dgadyr) de la UNAM, 20.7 millones de pesos aportados por la Comisión incorporándolo a su equipo de trabajo cuando Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) con asumió la Secretaría de Salud, en donde le asignó motivo de la Olimpiada Nacional 2014, en donde la Universidad fue subsede en las disciplinas de una Dirección General Adjunta. Después de sus fracasos por intentar dirigir al remo, nado sincronizado, canotaje, tiro con arco, PRI y convertirse en aspirante fallido a la candida- hockey sobre hielo y polo acuático.

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OPINIÓN

MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO

OFICIO DE PAPEL

Esa auditoría universitaria reconoce contundentemente que “hubo múltiples irregularidades e incumplimientos en la aplicación de la normatividad e instrumentación de controles para el buen uso de recursos financieros por parte de la Dirección General de Actividades Deportivas y Recreativas (Dgadyr) de la UNAM, a cargo de Severino Rubio Domínguez, y de sus subalternos Maximiliano Aguilar Salazar, director de Deporte Representativo, y José Luis Marín Correa, secretario académico”, entre otros. Por ejemplo, de las muchas anomalías descubiertas en ese entonces, destaca que el 30 por ciento de las erogaciones, que ascendieron a 6 millones 381 mil 535.11 pesos, se realizaron con cargo a fuentes distintas al patrocinio otorgado por la Conade. Además, en la adquisición de bienes y servicios no se realizó licitación alguna y tampoco hay evidencia de la celebración de contratos, lo que habría permitido actos de corrupción, desvíos de recursos y abusos por parte de directivos universitarios. También se observaron otros desvíos por 829 mil 232 pesos a conceptos ajenos a la Olimpiada.

Entre esos desvíos se suman los 326 mil 372 pesos para pagar una comida de convivencia entre exjugadores de futbol americano de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia y los jugadores de Pumas CU Liga Mayor, que tuvo un costo de 43 mil 500 pesos, así como la alimentación y hospedaje del equipo de baloncesto en el hotel Villas Posadas, por un costo de 282 mil 873 pesos. Actividades totalmente ajenas a lo establecido en el contrato. Sin sanción alguna por la mala administración al frente de la Dgadyr, su titular Rubio Domínguez sólo “renunció”, dicen en la Contraloría, al cargo que tenía en la UNAM, y de inmediato fue contratado en la Secretaria de Salud como director de Educación en Salud, con tres subdirecciones bajo su nuevo mando que ocupó desde el 1 de enero de 2016. Su jefe inmediato explicó haber verificado con el contralor de la UNAM si había algún impedimento para contratarlo y ahí le confirmaron que “no hubo sanción alguna por lo ocurrido”. Este universitario priísta es quien rechaza ahora a un gobierno distinto a los intereses mafiosos que el defendió primero como rector de la UNAM y después como secretario de Salud.

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OPINIÓN ZONA CERO

“4T”, SIN NOTICIAS

DE LOS DESAPARECIDOS DEL EPR ZÓSIMO CAMACHO

l próximo 25 de mayo se cumplirán 13 años de la desaparición forzada de los activistas Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya. Ha pasado año y medio de la administración de Andrés Manuel López Obrador y, como con los gobiernos anteriores, no avanzan las indagatorias. La más reciente edición de El Insurgente, el órgano de difusión y análisis del Ejército Popular Revolucionario (EPR), fustiga al gobierno morenista. El decano movimiento armado mexicano le señala al presidente que ya es corresponsable de ese delito de lesa humanidad. Le advierte que, al igual que los familiares de los desaparecidos, la organización no estará nunca conforme con su política de: “perdón, sí; olvido, no”. De hecho, le recrimina que esta posición es la causante de que ahora, bajo esta administración, no se sepa aún del paradero de estos activistas ni de los autores intelectuales y materiales de tales crímenes cometidos en el sexenio de Felipe Calderón. La desaparición de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya constituye probablemente el mayor golpe propinado por el Estado a la estructura del EPR en más de 50 años. A los 8 días de la desaparición forzada de los activistas, ocurridas en el contexto de las movilizaciones pacíficas de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), la guerrilla denunció el crimen y reivindicó a los activistas como sus militantes. Para los órganos de inteligencia civiles y militares, Gabriel Alberto es hermano de Tiburcio Cruz Sánchez, es decir, del máximo líder del EPR y que en una segunda identidad se conoce como Francisco Cerezo Quiroz. El propio Ga-

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briel Alberto era parte de la Comandancia General del movimiento armado. Para aquel 25 de mayo de 2007 el entonces presidente Felipe Calderón había desatado la carnicería de su fingida “guerra” contra el narcotráfico. El gobernador de Oaxaca era Ulises Ruiz. Lo cierto es que el nivel de inteligencia requerida para llegar hasta un dirigente del EPR como Gabriel Alberto no está al alcance de un gobernador. Ni de cualquier agencia de inteligencia. El EPR acusa principalmente al Ejército Mexicano de la detención de sus militantes, pero involucra a otras instancias en la tortura y desaparición, como la entonces Procuraduría General de la República, la Secretaría de Seguridad Pública y la Policía de Oaxaca. En distintos comunicados ha señalado que Gabriel Alberto y Edmundo fueron desaparecidos entre las 20:00 y las 22:00 horas de ese viernes 25 de mayo de 2007. Lo que pudo acreditar la Comisión de Mediación (Comed, integrada en su momento para buscar a los activistas e intermediar entre el gobierno federal y el EPR) fue que la misma noche de las desapariciones y en el mismo hotel El Árbol, donde se hospedaban Gabriel Alberto y Edmundo, tuvo lugar un sorprendente operativo militar con apoyo policiaco. El Ejército aceptó que el jefe del Estado Mayor de la Sección Segunda (inteligencia militar) envió un escuadrón de fusileros de la Octava Región Militar, compuesto por 37 soldados de tropa, un oficial y un mayor de infantería. Inmediatamente acordonaron el hotel. Las calles aledañas fueron tomadas de manera coordinada por elementos de tres corporaciones policiacas estatales que acudieron en apoyo: la Ministerial, la de Seguridad Pública Estatal y

ZONA CERO

OPINIÓN

ido, que nunca se fue. Las de Edmundo y Gabriel la Municipal. Oficialmente no se detuvo a nadie; que se trató resultaron las primeras de una nueva oleada de desade una confusión y una falsa alarma. El periodista pariciones forzadas cometidas contra luchadores soEmiliano Ruiz Parra, en Los hijos de la ira. Las víctimas ciales, activistas, estudiantes, ambientalistas, indígenas. Andrés Manuel López Obrador tiene la oporde la alternancia mexicana (Océano, 2015), ofrece una síntesis de las versiones de los hechos y un esmerado tunidad de desmarcarse de sus antecesores en este tema. Es claro que hay resistencias de sectores imperfil biográfico de los guerrilleros desaparecidos. En distintos comunicados, el EPR aclaró que portantes del aparato militar, incólume sexenio tras sus militantes realizaban al interior de la APPO un sexenio; y de otros actores de las catacumbas del trabajo político pacífico, principalmente de redac- viejo Estado mexicano, activos hoy y con capacición de análisis que distribuían entre el movimiento. dades de desestabilizar su gobierno. Pero una preLo cierto es que el operativo contra Gabriel tendida “cuarta transformación” no podría dejar Alberto y Edmundo no pudo ocurrir sin el cono- en la oscuridad a las personas desaparecidas y en la cimiento del presidente en aquel momento, Cal- impunidad a los perpetradores. Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo derón, y sus entonces funcionarios: Guillermo Reyes Amaya, guerrilleros, activistas, trabajadores, Galván Galván, secretario de la Defensa Nacional; Francisco Ramírez Acuña, secretario de Gober- hermanos, hijos, padres… no pueden seguir denación; Genaro García Luna, secretario de Segu- saparecidos por razones políticas. Es momento de que con ellos y los esridad Pública; Eduardo tudiantes de AyotzinaMedina-Mora Icaza, El operativo contra Gabriel Alberto pa el gobierno actual procurador general de la República, y Guillermo Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya empiece a poner fin al Valdés Castellanos, di- no pudo ocurrir sin el conocimiento de Estado criminal. rector del Centro de In- Calderón, Galván y García Luna vestigación y Seguridad Fragmentos Nacional, entre otros. El manto de impuEste jueves 14 la nidad para los responsables abarca ya 3 sexenios. Coordinadora Regional de Autoridades CoEn el editorial de la edición más reciente de El munitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), Insurgente, el EPR señala: “Instancias jurídicas, de Guerrero, solicitó al Congreso de ese estaorganismos no gubernamentales defensores de do que dictamine, discuta y apruebe la reforma los derechos humanos y personalidades del área constitucional presentada desde el 17 de dichan concluido en diferentes momentos que la des- iembre de 2019. La CRAC-PC es un sistema de aparición de Edmundo y Gabriel la cometieron seguridad y justicia indígena construido por los agentes del Estado […] ¿Por qué no actúan en pueblos Mepha’a, Na’Savi, Nahua, Nn’anncue consecuencias las [actuales] autoridades corres- y Afromexicano. Está presente en 28 municipipondientes? Porque desde el Estado se procura os y 173 comunidades de la entidad. El objetivo garantizar la impunidad a los perpetradores de la de la iniciativa es que algunas de las actividades desaparición forzada por motivaciones políticas” que realizan legítimamente las autoridades (https://bit.ly/3cyLVDD). comunitarias no caigan en el vacío jurídico… Incluso, el movimiento armado considera que El exhorto de la CRAC-PC no es el único. tampoco está en camino de saberse el paradero La Comisión Nacional de los Derechos Hude los 43 normalistas de Ayotzinapa. Que lo que manos también apoya el proyecto de reformas se prepara es una exculpación del Ejército y una a la Constitución estatal en materia de derechos responsabilidad que sólo alcanzará al narcotráfico indígenas. Se busca “respetar, reconocer y ary funcionarios policiacos menores. monizar los derechos a la libre determinación, Las desapariciones de los guerrilleros fueron un autonomía y autogobierno de los Pueblos origiduro recordatorio de que la Guerra Sucia no se había narios de México”.

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OPINIÓN CONTRAPODER

LOS LEGISLADORES DE MORENA LE DIJERON “NO” A LÓPEZ OBRADOR ÁLVARO CEPEDA NERI

esulta que conforme avanza la peste del coronavirus, López Obrador también avanza para abusar del poder presidencial. Recién envió un decreto de ley al Congreso de la Unión para disponer, a su antojo, del Presupuesto de Egresos de la Federación, de tal manera que no tenga ninguna limitación y que esos ingresos sean dispuestos conforme lo quiera el huésped de Palacio Nacional. Buscar lo anterior significa seguir abusando de los dineros de la sociedad, no conforme a las necesidades de los 32 estados federales, sino de plano para lo que quiera. Es decir, sin freno; y como si tuviera las riendas de un caballo desbocado. Empero, más tardó el Presidente de la –todavía y a duras penas– República, en mandar el decreto que en recibir la respuesta de los legisladores del PAN, PRD, PRI y Movimiento Ciudadano, encabezados por Morena en la voz de Ricardo Monreal, en el sentido de que las leyes vigentes no facultan a López Obrador para quitarles el aguinaldo a los burócratas del poder Ejecutivo Federal ni tampoco para quitarles un 25 por ciento de sus sueldos, para los fines lopezobradoristas. En la nota de los reporteros Horacio Jiménez y Alberto Morales (El Universal, 25 de abril de 2020), y por medio de otros sectores de la comunicación, supo la opinión pública que no habrá ninguna autorización para que López Obrador pase por encima de los representantes de los ciudadanos y de los estados: diputados y senadores, ni de la Constitución; ni siquiera en estos momentos que quiere aprovecharse de la pandemia que está azotando al mundo entero, para continuar acumulando control. Así que le dijeron

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que no pasará por encima del Congreso. No se trata de darle más facultades a la secretaría de Hacienda para hacer y deshacer los ingresos, lo cual es un pretexto, ya que realmente quien quiere hacer de esos millones de pesos lo que mejor le parezca es el propio López Obrador. Y es que se ha estado aprovechando de la crítica situación, para estar aumentando sus facultades de hecho, sin la menor legalidad, o por medio de decretos para disfrazar que se trata de actos legales; aunque es claro que son notoriamente arbitrarios. Monreal dijo textualmente: “Un decreto, y lo digo con todo respeto al Ejecutivo, jerárquicamente, constitucionalmente, la ley debe estar por encima de él; si una ley general, como es la Ley Federal del Trabajo que establece el aguinaldo y el salario como un derecho irrenunciable, entonces quienes se someten a una donación voluntaria es asunto de ellos, en el momento de solidaridad, así lo entiendo yo, pero no se puede aplicar el decreto por encima de la ley”. Y aunque titubeante, Monreal se atrevió a rechazar el abuso lopezobradorista. Una acción que los representantes de los demás partidos apoyaron en el Senado. De esta manera es como rechazaron el decreto donde López Obrador pretendía manejar a discreción los ingresos a través de Hacienda. Así que en un acto de valentía y defendiendo los intereses del pueblo, los legisladores han dicho “no” a un abuso presidencial. Ha sido un acierto republicano y democrático lo que llevó a cabo la mayoría legislativa; pues es imperativo parar en seco a López Obrador para que la Presidencia no se convierta, cada vez más, en un autoritarismo dictatorial.

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ARTÍCULO

OPINIÓN

FIN DEL PETRODÓLAR OPORTUNIDAD PARA LA REFINERÍA DOS BOCAS ERICK LIMAS, DOCTOR EN ECONOMÍA POR LA UNIVERSIDAD LIBRE DE BERLÍN, ALEMANIA.

n su artículo “How Wall Street Controls Oil”, Philip Verleger –doctor en economía por el MIT– explica cómo desde la década pasada los participantes en el mercado comenzaron a acumular reservas y a construir nuevas instalaciones de almacenamiento de crudo, lo que terminó socavando la capacidad de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) para fijar precios. Este uso de los inventarios se engrana en un mercado ya de por sí altamente especulativo, el de los contratos futuros. Debido a la naturaleza de este mercado, la mayor parte del petróleo que se comercia no son barriles reales, sino barriles de papel. Estos barriles, reales o imaginarios, deben pagarse en petrodólares, los cuales se comercian en el mercado más volátil de todos, el mercado de divisas, y en donde, al igual que en el mercado de futuros del petróleo, la mayor parte de los petrodólares no son más que aire. Sólo para dar una idea: en su libro Currencies, Capital Flows and Crisis, John T Harvey estimó que en 2004 el valor de las transacciones de divisas era suficiente para acomodar 40 veces el comercio mundial de bienes y servicios. Este casino global, montado sobre petrodólares, es lo que hoy se desmorona. Es importante observar, como acertadamente señala Mikhail Khazin en “The End of the Petrodollar”, que la caída del WIT en terreno negativo no significa que el precio del petróleo sea negativo, sino el de los contratos futuros. No es aclaración menor. Sobre todo para quienes piensan que a raíz del desplome del WTI México debería abandonar su proyecto petrolero. Eventualmente llegará el momento de sustituir al petróleo, pero no en el mediano plazo. De acuerdo con la agencia Reuters, este año China disminuyó en 30 por ciento el subsidio a las energías renovables y aumentó, en plena pausa por

el coronavirus, en 31 por ciento sus importaciones de petróleo ruso, que paga en renminbis, y disminuyó en 1.6 por ciento las compras de petróleo saudita, que paga en petrodólares. La movida china tiene varias lecturas: 1) las energías renovables tendrán que esperar; 2) acumula inventarios porque estima una recuperación del precio; 3) China quiere petróleo real, no barriles de papel; 4) el centro de gravedad geopolítico se aleja cada vez más del petrodólar. El reacomodo del mercado petrolero, apenas en sus primeras etapas, ha sido tal que el Urals, el petróleo ruso, normalmente con un precio 13 por ciento menor al Brent, tuvo el precio más alto del mercado el 24 de abril pasado. Añádase a esto el caso de Irán, a quien China le compra el petróleo utilizando un sofisticado diseño financiero en el que las petroleras chinas crean bancos con el fin exclusivo de firmar convenios con instituciones financieras iraníes a las que les depositan en renminbis. El fin del petrodólar es cuestión de tiempo. Los grandes perdedores no serán las petroleras sino los bancos detrás del mercado de futuros. En este contexto México ha jugado bien sus cartas. Prueba de ello fue la negociación con la OPEP, en donde el respaldo de coberturas petroleras permitió sostener la posición mexicana. El exitoso resultado no pasó desapercibido. De acuerdo con el portal oilprice.com, la compañía petrolera más grande de China se ha planteado la idea de copiar el modelo mexicano. Pero México debería ir más allá, sobre todo frente al fin del petrodólar y del casino petrolero global: la lección de lo sucedido con el WTI no es tener mayor capacidad de almacenamiento sino fortalecer la integración vertical de la industria. Por eso el proyecto Dos Bocas y la rehabilitación de las seis refinerías son ahora más estratégicos que nunca.

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OPINIÓN ARTÍCULO

LA PANDEMIA Y LOS DERECHOS SOCIALES MARIO SANTIAGO, DOCTOR EN DERECHO; PROFESOR INVESTIGADOR DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TLAXCALA

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o urgente generalmente atenta contra hay que ser muy perspicaz para responsabilizar a lo necesario”. Esta frase –atribuida a las refresqueras de esa otra pandemia, mucho más Mao Tse-Tung– es casi siempre acer- mortífera que la propio Covid-19. La empresa Coca-Cola, con el 47 por ciento tada. Sin embargo, lo urgente en México, salvar del mercado de bebidas azucaradas en México, vidas durante la pandemia, ha abierto el debate en el país sobre la necesidad de contar con un sis- es la principal responsable del desastre, aunque tema de salud universal, efectivo y de calidad. Los también es verdad que el gobierno mexicano no hechos de corrupción, de una dimensión que raya ha tomado una sola medida efectiva contra este en lo inverosímil, minaron durante años al siste- vicio que nos enferma y mata. Los más liberales, y ma público de salud y lo dejaron al borde de la no faltan, dirán que la responsabilidad de ingerir inutilidad frente a la Covid-19. Escases de camas bebidas azucaradas recae en cada uno de nosode terapia intensiva, de médicos especialistas e in- tros. No obstante, hay que recordar que en las zofraestructura hospitalaria y de un largo etcétera, nas más marginadas, justo ahí donde hay menos colocaron a México en los últimos lugares de los educación y trabajo, se encuentran las concentraciones más grandes de países de la Organizadiabetes ocasionadas ción para la CoopeEl problema que enfrentamos, más por la ingesta diaria de ración y el Desarrollo Económicos (OCDE). allá de la urgencia médica, es el de haber esos productos. La mayoría de los Apurado por la minimizado la responsabilidad del Estado mexicanos no podeemergencia, el gomos acceder a los serbierno ha equipado para generar vida digna para todos vicios de salud con los hospitales, contrataestándares que se espedo personal médico y destinando grandes recursos con el propósito de rarían de la decimotercera economía mundial. Y volver operante el sistema de salud, anquilosa- sucede lo mismo con el resto de los derechos sociado y dividido en varias instituciones que otorgan les: no contamos con un seguro de desempleo, que una atención médica dispar. Es justo ese fraccio- sería de gran ayuda en situaciones como la que namiento del sistema de salud nacional (IMSS, estamos atravesando, por ejemplo. La seguridad social, que implica entre otras ISSSTE, INSABI, Pemex, SEDENA y SEMAR) y de cada una de las 32 entidades estatales lo que prestaciones, derecho a una jubilación, no garancrea diferentes condiciones de acceso de la pobla- tiza un retiro digno por edad avanzada. Tampoco se ha logrado hacer efectivo el acceso a la educación a estos servicios. Además del precario sistema de sanidad públi- ción de calidad, a la alimentación, al agua potable, ca, se hizo patente la muy diezmada salud de los ni a la vivienda digna. Derechos que determinan mexicanos: el 15 por ciento padece de obesidad y el bienestar integral de la población. El problema al que nos enfrentamos, más allá diabetes, lo que convierte a este segmento en potencial grupo de riesgo frente a la pandemia. No de la urgencia en la atención médica, es al de

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ARTÍCULO

sólo una norma constitucional que no se ve garantizada por el gasto público. Es el Estado el que tiene que hacer frente a la pandemia y otorgar servicios de salud digna para todos, pero, ¿cómo se puede hacer eso sin una recaudación de impuestos suficiente? Para lograrlo, el ejercicio universal y efectivo del derecho a la salud, nuestro modelo de referencia debe ser el europeo. En los países de la Unión Europea, los sistemas de salud son en principio universales, por lo que no se limita a los derecho-

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haber minimizado la responsabilidad del Estado en la generación de las condiciones básicas para ejercer los derechos de forma plena. No obstante, existe una solución a todo esto, una muy sencilla en términos teóricos, pero muy complicada en términos fácticos: la redistribución del ingreso. México ocupa el quinto lugar con más porcentaje de pobres de todo el continente, según la Cepal, sólo por debajo de Honduras, Venezuela, Nicaragua y Guatemala. Todos los avances tras la Revolución Mexicana parecen quedar eclipsados por este único hecho. Los grandes empresarios mexicanos buscan la reducción de la carga fiscal. Esto incluso quedó plasmado en la Ley de Ingresos, reformada el año pasado, y que posibilitaba la condonación de impuestos. Algunas de las medidas tomadas hasta hoy por la llamada cuarta transformación, como desenmascarar a empresarios y políticos corruptos que continúan con una visión egoísta, es fundamental; sin embargo, aún es pronto para emitir un juicio sobre los efectos reales de estas acciones. En todo caso, éstas, por más superficiales que parezcan, son importantes para dar el siguiente paso: que el gobierno aproveche su legitimidad para buscar una mejor redistribución de la renta nacional. Redistribución que por fuerza causaría resistencias. No hay duda de que el cobro de impuestos progresivos es la base de toda redistribución justa del ingreso. Sólo así se pueden financiar los servicios sociales necesarios para el bienestar general. Todo acto de justicia social parece provocar pánico de los mercados. Los más liberales dirán que el aumento de impuestos progresivos ahuyentaría al capital. Empero, muchos de ellos no podrían irse a ningún otro país a hacer negocios: aquí están las minas de plata y cobre de Grupo México, aquí está la mina de litio más grande del mundo y también Cancún, uno de los destinos turísticos más importantes del continente. En este momento parece haber un consenso en México entre los más liberales y los que apuestan por la construcción de un Estado de bienestar, en el que el sistema de salud sea una realidad y no

OPINIÓN

habientes. En materia de derechos sociales, debemos dejar de imitar a Estados Unidos. Nuestro vecino del Norte, que ha acumulado más riqueza que ningún otro en la historia, es el mismo donde viven 27 millones de personas que no cuentan con un seguro que les garantice atención sanitaria mínima. Una vez pasada la crisis ocasionada por la Covid-19, una nueva reforma fiscal debería ponerse en marcha en México; una reforma que, de una vez por todas, ponga a México en la senda de la igualdad.

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OPINIÓN ARTÍCULO

EL ACCESO A LA JUSTICIA EN TIEMPOS DE COVID-19 IVONNE CAROLINA FLORES ALCÁNTARA, DOCTORA EN DERECHO POR LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

a Comisión Interamericana de Derechos Humanos estableció, mediante la Resolución 1/2020, la obligatoriedad de los Estados miembros para hacer efectivo el acceso acceso a la justicia. En este instrumento internacional quedó asentada la obligatoriedad de garantizar el derecho a la vida, la integridad personal y la prohibición de tortura, tratos inhumanos, crueles y degradantes, la prohibición de esclavitud y servidumbre, la protección a la familia, los derechos de la niñez, el derecho a la nacionalidad y los derechos políticos. El organismo multilateral señaló que los Estados miembros debían de abstenerse de suspender procedimientos judiciales idóneos para garantizar la plenitud del ejercicio de los derechos y libertades. Además, resaltó la obligatoriedad de abstenerse de suspender aquellas garantías judiciales indispensables, como el recurso de amparo. Sin embargo, mediante el acuerdo V-15/2020, el 28 de marzo pasado el Pleno del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México el 28 estableció que durante la vigencia de la contingencia los Juzgados Familiares de Proceso Escrito deberían recibir demandas o solicitudes única y exclusivamente en los casos en que se argumente violencia contra la mujer, adolescentes, niñas y niños, así como comparecencias en materia de alimentos. Aunado a lo anterior, estableció que para hacer efectivo el acceso a la justicia también admitiría demandas en: actos prejudiciales relativos a la separación provisional de cónyuges; separación cautelar de personas, así como la guarda y custodia provisional de menores de edad; demandas de juicios de alimentos; asuntos relativos al régimen de visitas y convivencias, en los casos que por urgencia sea necesario, en pro del interés superior del menor y en aras de evitar un

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peligro derivado de violencia familiar y con la finalidad de protección a la integridad física y sicológica de los hijos. Para hacer efectivo el “acceso a la justicia”, en el caso de los Tribunales Familiares en la Ciudad de México fue establecido un calendario de guardia. Pero, en la práctica, en estos tribunales violan lo señalado por el Artículo 8 Constitucional, ya que la facultad de admisión de las demandas (pensión alimenticia, régimen de visitas, violencia de género) ha quedado a cargo del personal de vigilancia, el cual señala que tiene indicaciones de no recibir nada y que si los demandantes gustan, llamen al juzgado que está en turno para ver si quiere recibir la demanda. El pretexto es la pandemia de Covid-19 causada por el virus SARS-Cov-2. En los hechos la protección en materia de derechos humanos y acceso a la justicia está suspendida por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, al violar la garantía judicial y protección judicial del Estado mexicano. En la Resolución 1/2020 se señala que los Estados deben protegerlos atendiendo las necesidades particulares de protección de las personas y que esta obligación involucra el deber de los Estados de organizar todo el aparato gubernamental y, en general, todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos en cualesquiera situaciones. Cabe señalar que los Tribunales Familiares de la Ciudad de México omiten que el deber de respeto de derechos comprende y refiere a que cualquier órgano o funcionario del Estado o de una institución de carácter público se abstenga de violar los derechos.

OPINIÓN ARTÍCULO

LEONA VICARIO MUJER PATRIOTA PABLO MOCTEZUMA BARRAGÁN, DOCTOR EN ESTUDIOS URBANOS, HISTORIADOR, POLITÓLOGO,Y MILITANTE SOCIAL

a mujer mexicana jugó un papel relevante en la lucha por la independencia de México. Desempeñando en todo momento un papel clave, muchas fueron las grandes heroínas: Josefa Ortiz de Domínguez, Gertrudis Bocanegra, Carmen Camacho, María Josefa Huerta y Escalante, Rafaela López Aguado de López Rayón, María Josefa Martínez Navarrete, María Josefa Natera, María Ubalda Sánchez, Mariana Rodríguez del Toro, Ana Villegas y muchas otras patriotas que se entregaron a la lucha por la liberación. Una de nuestras heroínas más destacadas es Leona Vicario. Leona nación el 10 de abril de 1889. Fue una de las impulsoras de la lucha patriótica por la Independencia de México y de la organización revolucionaria de un pueblo cansado de siglos de abusos. Luego de la Independencia continuó la lucha contra los conservadores y hasta su muerte mantuvo en alto su dignidad, y como mujer jugó un rol revolucionario. Los invasores españoles comenzaron hace 500 años, a partir de que Hernán Cortés tocó nuestras tierras el 12 de marzo de 1519, el robo, el saqueo, el genocidio, los asesinatos y violaciones en el Anáhuac. A inicios del siglo XIX el pueblo ya estaba preparado par dar la guerra sin cuartel el invasor europeo; se fortalecía la conciencia nacional en mentes como la de Leona Vicario, quien era una mujer que defendía los derechos. Desde niña se preparó y estudió, cosa rara durante el colonialismo español que mantenía sometida a la mujer siempre sujeta a las decisiones de sus padres o marido, y que a veces era encerrada en un convento por tomar sus propias decisiones. Por lo contrario, Leona siempre fue un espíritu libre y rebelde. Quedó huérfana a los 18 años y heredó una

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gran fortuna de sus padres, así como una céntrica mansión. Todo lo pondría más tarde el servicio de la lucha insurgente, convirtiéndose su casa en el centro de operaciones y sus recursos los destinó a reforzar la lucha independentista. Quedó a cargo de su tío don Agustín Pompeo Fernández de San Salvador, hombre conservador con gran influencia en la Corte del Virrey, pero nunca se sometió a los designios de su tutor. En esa época Leona tuvo un novio que era hijo de Ignacio Obregón de León, oriundo de León, Guanajuato, quien era el hombre más rico de la región y que tenía ideas avanzadas. Fue aprehendido y más tarde asesinado por el invasor español debido a su apoyo a la causa de la Soberanía en 1808. Leona tuvo estas influencias, conoció y simpatizó desde entonces por la lucha para liberar a México. Su novio Octaviano Obregón fue uno de los electos en 1810 para participar en las Cortes de Cádiz en España y partió rumbo a Madrid, razón por la cual se separaron los novios, que ya estaban comprometidos. En 1810, Leona Vicario formó parte de “Los Guadalupes”, sociedad secreta que apoyaba la Independencia. Era gente de alta sociedad, con muchos contactos de donde obtenían información sobre los planes y estrategias realistas que hacían llegar a Miguel Hidalgo y más tarde a Morelos. Convirtió su casa en un centro rebelde, daba dinero, apoyaba fugitivos, mandaba medicinas, hasta desarmó una imprenta que pasó oculta entre sus vestidos, burlando los retenes del invasor español. En 1811 conoció Andrés Quintana Roo, su pareja y compañero de vida. Su amor se basó en sus grandes ideales y en la lucha por su pueblo y su patria. Ambos dedicaron todos sus esfuerzos al combate independentista.

ARTÍCULO

riodismo como arma de lucha; editó El Federalista, que fue su trinchera hasta el 21 de agosto de 1842, día en que murió a los 43 años de edad. Al morir fue declarada Benemérita y Dulcísima Madre de la Patria y hasta la fecha ha sido la única mujer en México a la que se le han brindado funerales de Estado. Su ejemplo fue y es un gran impulso para la causa de la mujer y de la equidad de género. El conservador Lucas Alamán decía que las mujeres habían ido a la guerra de Independencia por amor a sus hombres. Leona le contestó: “Confiese, señor Alamán, que no sólo en el amor es el móvil de las acciones de las mujeres; que ellas son capaces de todos los entusiasmos y que los sentimientos de la gloria y libertad no les son unos

ALFREDO GUERRERO/CUARTOSCURO

En marzo de 1813 fue descubierta su actividad y fue detenida por las autoridades virreinales y llevada encarcelada el convento del Colegio de Belén de las Mochas. Fue procesada e interrogada, se le declaró culpable y le incautaron todos sus bienes: estuvo presa 42 días, hasta que en mayo fue liberada en una acción audaz por un comando de tres insurgentes disfrazados de realistas. Con grandes trabajos y en medio de peligros sin fin, Leona logró llegar a Oaxaca territorio insurgente, para unirse a la lucha de Morelos. A lo largo de 1814 y gran parte de 1815, Leona siguió colaborando y trabajando en los periódicos El Ilustrador Americano, el Semanario Patriótico Americano y el Correo Americano del Sur, siendo la primera periodista mexicana y revolucionaria. A la muerte de Morelos, ella y Andrés Quintana Roo continuaron la lucha, rechazando el indulto que les ofreció el virrey a cambio de abandonar su causa. Entonces tuvieron que vivir a salto de mata, al grado de que su primera hija, Genoveva, nación en 1817 en una cueva de Achipixtla, Tierra Caliente, donde se escondían. El 14 de marzo de 1818, fueron capturados en Tlatlaya. Pensando en las consecuencias que significaba para su hija, su esposo Andrés aceptó el indulto. Al enterarse Leona, montó en furia pues no la había consultado. Consumada la Independencia y en compensación por la confiscación de sus bienes, el Congreso de la República concedió a Leona Vicario, en la sesión celebrada el 8 de agosto de 1823, una liquidación en metálico, una hacienda llamada Ocotepec, en los Llanos de Apan y tres casas en la Ciudad de México. En 1827, el Congreso del Estado de Coahuila y Texas acordó que la villa de Saltillo se denominase en adelante “Leona Vicario”, conocida en esas épocas como la mujer fuerte de la Independencia. Lograda la consumación de la Independencia, Leona Vicaria continuó su lucha, ahora contra los conservadores enfrentándose a Iturbide y Anastasio Bustamante que la persiguió. Usó la poesía y el pe-

OPINIÓN

sentimientos extraños: antes bien vale obrar en ellos con más vigor, como que siempre los sacrificios de las mujeres, sea cual fuere el objeto o causa por quien las hacen son desinteresados, y parece que no buscan más recompensa de ellos que la de que sean aceptadas. “Por lo que, a mi toca, sé decir que mis acciones y opiniones han sido siempre muy libres, nadie ha influido absolutamente en ellas, y en este punto he obrado con total independencia y sin atender las opiniones que han tenido las personas que he estimado. Me persuado de que así serán todas las mujeres, exceptuando a las muy estúpidas, y a las que por efecto de su educación hayan contraído un hábito servil. De ambas clases hay también muchísimos hombres.”

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INVESTIGACIÃ&#x201C;N PORTADA

COVID-19

Y DELINCUENCIA ORGANIZADA, DOBLE LETALIDAD

18 de mayo de 2020

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La pandemia impacta las finanzas del crimen organizado, que ya incursiona en mercados emergentes y adecua su estrategia a los nuevos escenarios para cometer más delitos JOSÉ RÉYEZ

RODOLFO ANGULO/CUARTOSCURO

a crisis derivada de la pandemia de Covid-19 golpea las finanzas de cárteles de la droga y el crimen organizado, que ya adaptan sus actividades delictivas e incursionan en mercados emergentes como los de alimentos y medicamentos, aseguran expertos en seguridad nacional, narcotráfico y delincuencia organizada. Aseguran que el giro en el quehacer delictivo se da por el confinamiento social y disminución de la movilidad; por ello los ciudadanos están más expuestos a otras formas de violencia y delincuencia digital, ante la contracción de ilícitos como tráfico de drogas, secuestro, extorsión, trata de personas, robos a negocios, peatones, casas, vehículos, combustibles. Martín Barrón Cruz, investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), advierte que la epidemia impactará en la delincuencia, los delitos y actos de violencia que tendrán algún cambio significativo en el país. “El cierre de comercios y la pérdida de empleos afectará a la extorsión (cobro de derecho de

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piso)”, pues “se asume que si los negocios están cerrados y sus dueños no obtienen ganancias, no podrán pagar a los extorsionadores. Por tanto, la delincuencia modificará su actuación”, apunta el especialista. Ante la menor movilidad de los ciudadanos, disminuirá el robo a casa habitación; se incrementarán los casos de defensa propia por la

Aumentará la incidencia de delitos, entre ellos los robos, los asaltos, los cibernéticos, los de violencia doméstica y los de tipo sexual

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defensa de insumos; ante la escasa circulación vehicular, el robo en el transporte público o el robo de automóviles descenderá, pero aumen-

tará el robo de autopartes, “cristalazos”, robo de vehículos sin violencia al encontrarse estacionados. En su análisis Covid-19: impacto en la delincuencia, Barrón Cruz, experto en seguridad nacional y miembro del Sistema Nacional de Investigadores, señala que se puede incrementar el robo a cuentahabientes quienes usarán con mayor regularidad los cajeros automáticos. Indica que, contradictoriamente, el confinamiento en casa trae como consecuencia el incremento en la violencia al interior de los hogares. “La violencia física y verbal, en donde ya se ejercía, aumentará por el tiempo de estadía y convivencia al interior de las viviendas”. Explica que en el contexto de la violencia doméstica, hay diversos factores de riesgo, por lo que se debe enfocar de manera distinta aquellos cuyas víctimas son adultos mayores, jóvenes, contra indígenas, migrantes y refugiados, entre personas del mismo sexo, o bien contra policías, militares y personal médico. Otros delitos que se prevé que aumenten serán los de naturaleza sexual. Por ejemplo, el incesto o la

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Crimen organizado diversificará ingresos

violación y en los casos más extremos los homicidios y feminicidios. En hogares donde un miembro de la familia es adicto, ante la escasez o incremento de precio de la droga, habrá acentuación en actos violentos por la falta de consumo de la droga, asegura el académico. En otros ámbitos la situación luce igual de desalentadora, ya que otros segmentos dentro del amplio abanico de posibles fuentes de financiación que toca el crimen organizado se verán afectadas, señala María Luis Pastor Gómez, analista del Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE). “Como el contrabando de ropa de lujo de imitación con la que comercia la Unión Tepito procede de China o la trata de personas, también sensiblemente perjudicada por la reducción acelerada de la emigración, consecuencia del confinamiento y del cierre de fronteras”, acota. El robo de combustible se verá igualmente afec-

tado por la disminución del consumo de gasolina y la caída considerable de los precios del combustible ilícito, indica la académica. Observa que respecto al secuestro, con la mayoría de los comercios cerrados y casi nadie en las calles no habría a quién poder secuestrar. Asegura que ante estas circunstancias, es posible que las proactivas organizaciones criminales, además de subir los precios a los consumidores, intenten hacerse fuertes en algunos mercados emergentes como el de medicamentos o alimentos, con lo que ganarían legitimidad. No obstante, Pastor Gómez considera que levantar toda esa logística requiere tiempo que de momento no tienen los narcos, por lo que se agudiza el peligro de que se multipliquen los robos y aumente la violencia, como modo más sencillo para que las organizaciones criminales palíen la escasez que atraviesan como consecuencia de la Covid-19.

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Delitos cibernéticos, problema colateral La expansión del coronavirus SARS-CoV-2 representa un problema colateral para la ciberseguridad, indica en entrevista Martín Barrón Cruz, doctor en Ciencias Penales y Política Criminal en el Inacipe. “Los ciberataques se incrementarán, ya que las medidas de confinamiento han permitido a los delincuentes cibernéticos tener un campo fértil para realizar actos delictivos”, afirma. Hoy, dice, ante el incremento en la demanda de los servicios electrónicos y el uso masivo de la red los delincuentes están realizando envíos de email con phishing mediante spam o ataques con malware o ransomware. Así como atracos a la banca comercial y electrónica, para obtener ganancias en virtud del problema global de salud. Y con el uso intensivo del trabajo en casa es factible que la ciberdelincuencia obtenga acceso a las redes de empresas o compañías. Los delincuentes han creado sitios en la web donde ofrecen servicios de comercio electrónico y no tienen reparo alguno en usar nombres de empresas legalmente constituidas. Pero no son los únicos. Por el incremento en el uso de red por parte de menores de edad, porque el aislamiento permite mayor exposición en línea y puede haber menos supervisión de los padres o familiares, están más expuestos a ser cooptados por agresores sexuales quienes no solo buscan material fotográfico sino hacer contacto para establecer vínculos afectivos. Por el desabasto de bienes o productos las estafas vía electrónica aumentarán. Ante la escasez la oferta se incrementará y con ello los precios se elevarán o bien habrá descuentos jugosos; sin embargo, es factible ser víctima de fraudes, apunta el catedrático del Inacipe. “Ante la Covid-19 los delincuentes aprovecharán la ansiedad y el temor de los ciudadanos para cometer fraudes. La pandemia es un nicho de oportunidad rentable para los estafadores. Éstos tienen capacidad para adaptarse rápidamente ante las nuevas circunstancias. “El fraude vía telefónica aumentará; se ofrecerá a los ciudadanos toda clase de suministros (desde alimentos hasta bienes o servicios, incluidos los funerarios), naturalmente el pago se hace a través de 22

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Amplio, el abanico de actividades ilícitas

transferencia bancaria electrónica.” La delincuencia aprovechará las nuevas circunstancias para realizar estafas de inversión con la promesa de obtener buenas ganancias. Habrá nuevos esquemas de fraude, incluso aún después de la pandemia”, subraya el catedrático. Gracias al virus SARS-CoV-2, la economía de la falsificación incrementa sus ganancias con la venta de productos falsos o “piratas”, con la especulación y desabasto galopante de productos sanitarios ante la demanda creciente de mascarillas, guantes, desinfectantes, medicamentos antivirales, productos de limpieza, equipos de protección o kits de pruebas para detectar el coronavirus. También, la Covid-19 ha provocado que la delincuencia tenga nuevos escenarios para cometer delitos, como el robo mediante algún engaño. “Las nuevas formas de artegio están presentes, en el que los adultos mayores son uno de los blancos de este

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subrayar, tan solo en marzo de 2020, se cometieron 2 mil 500 homicidios dolosos.

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Crisis financiera de los cárteles

tipo de delincuentes; por tanto, es probable el incremento en el número de robos y fraudes a domicilio”, enfatiza Barrón Cruz. La táctica es acercarse a los hogares de este grupo vulnerable, para ofrecer pruebas para detectar la enfermedad, la suplantación de algún familiar o bien hacerse pasar por funcionarios de salud para verificar en qué situación se encuentra. Así lograrán entrar a los hogares para saquearlos, refiere. El confinamiento tendrá un impacto en homicidios (culposos y dolosos). En ambos casos debe haber una disminución. En el primero, por ejemplo, ante el descenso en el tráfico vehicular el número de accidentes disminuye, así como la pérdida de vidas humanas –por atropellamientos–; igualmente, sucede con los accidentes laborales. En el segundo, el número de muertes vinculadas a la delincuencia organizada mermaría; pero, los decesos intramuros aumentaría (feminicidios). Vale

La crisis del coronavirus ha afectado a todas las economías y la de los narcotraficantes no ha estado exenta, pues ha impactado severamente a las finanzas de los principales cárteles mexicanos, fundamentalmente por la falta de abastecimiento para producir fentanilo cuyos precursores químicos para su fabricación proceden de China, afirma la especialista María Luisa Pastor Gómez. Aunque China parece que se recupera de la pandemia, “la crisis se recrudece en Occidente, Europa y Estados Unidos, su principal mercado, presagia malos tiempos para los narcotraficantes e incrementa las posibilidades de que incursionen en otros segmentos de la economía como la alimentación o medicamentos, con el peligro que ello conlleva”, advierte. En su análisis El coronavirus golpea las finanzas de los cárteles mexicanos, documento informativo del Instituto Español de Estudios Estratégicos fechado el 15 de abril de 2020, Pastor Gómez anota que desde el inicio de la pandemia en China, los cárteles de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Sinaloa se encuentran ante serios problemas de abastecimiento. La razón es que una de sus principales fuentes de negocio en los últimos años ha sido la fabricación de fentanilo, el cual se obtiene a partir de precursores químicos que proceden principalmente de Wuhan, el epicentro de la pandemia. Otro elemento es que las fronteras de Estados Unidos están cerradas desde el pasado 20 de marzo, con lo que las exportaciones desde México para abastecer al mercado estadounidense están bajo mínimos, agrega. A ello se suma la caída de la demanda estadounidense de drogas por la cuarentena vigente en la mayoría de los estados del país y por el cierre de canales tradicionales de distribución como lugares de ocio o la venta en la vía pública, lo que presagia malos tiempos para la economía ilegal. Los principales cárteles del narcotráfico enfrentan problemas para conseguir en China precursores químicos para producción de fentanilo y metanfe-

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MARGARITO PÉREZ RETANA/CUARTOSCURO

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Violencia homicida, al alza

taminas. Sin materia prima, pronto habrá poco fentanilo que enviar a Estados Unidos y eso significa que para sobrevivir el cártel tendrá que a aumentar sus precios, asegura la académica del IEEE. De hecho, explica que el kilo de fentanilo que los cárteles compraban a 31 mil 800 euros ahora cuesta 38 mil 100 euros, en un mercado donde los herederos del imperio del Chapo Guzmán y sus antiguos socios se comen el mayor trozo de una tarta global del narcotráfico internacional que mueve entre 426 mil millones y 652 mil millones de dólares al año. De tal suerte que la falta de precursores es solo el primero de los problemas que enfrentan las organizaciones del narcotráfico, ya que las drogas sintéticas, mucho más baratas y manejables que las clásicas, ya son la primera fuente de ingresos de los principales cárteles mexicanos, especialmente el de Sinaloa y el de Jalisco Nueva Generación. 24

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Sin embargo, la reducción del flujo comercial, como consecuencia del confinamiento de los consumidores, en paralelo a un endurecimiento de los controles fronterizos para frenar la expansión del virus, sin duda dificulta sensiblemente a los grupos criminales el contrabando de droga al país vecino. El efecto combinado va a ocasionar una contracción drástica en la economía del narcotráfico que inclinará a los cárteles a intentar suplir esa carencia, ya que a las dificultades de abastecimiento se suma la caída de la demanda estadounidense de drogas por la cuarentena vigente y por el cierre de canales tradicionales de distribución como bares, fiestas o la venta en la vía pública, destaca Pastor Gómez. En efecto, la dinámica de oferta y demanda en el mercado de drogas cambiará. De inicio se observan dificultades en la producción, transporte y suministro de los precursores químicos; por tanto, repercute en la elaboración y costo de las drogas sintéticas de

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todo tipo, coincide el experto en delincuencia organizada Martín Barrón Cruz. Señala que la razón es que el principal mercado de abastecimiento de los precursores, era China; pero, ante la pandemia las fronteras cerraron y se colapsaron. Entonces, sugiere que se debe analizar el mercado negro para el suministro. Sin embargo, se desconoce la capacidad de almacenamiento de precursores o productos químicos esenciales para la producción de drogas, que tienen las organizaciones delictivas. Por lo cual, es probable que los laboratorios de las empresas farmacéuticas, sufran algún tipo de robo o bien la línea de suministro, enfatiza el catedrático. Indica que el cierre de fronteras provocará un aumento en el consumo de drogas a nivel nacional cuya escasez o disminución en la producción inducirá al incremento en la violencia entre dealers (vendedores, proveedores y distribuidores). La competencia por obtener ganancias será el factor a considerar. El costo de la droga se incrementará, así como el uso de solventes –resistol cinco mil, thiner, activo o el uso de inhalación de spray (poppers)–, resume el experto del Inacipe. Sin embargo, matiza que las organizaciones delictivas son las únicas que cuentan, en estos momentos, con capital suficiente para consolidar o expandir su presencia tanto en el campo como en las ciudades. Prueba de ello es cómo en días pasados los cárteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, Familia Michoacana y del Golfo reparten despensas, para fortalecer el apoyo y respaldo social entre la población hacia ellas. Al mismo tiempo, su poder económico les puede permitir enganchar a más personas sin empleo, con lo cual lograrán expandirse en nuevos territorios.

Repercusiones post-pandemia Barrón Cruz alerta que la grave afectación derivada de la contingencia ha ocasionado la pérdida de cientos de miles de empleos. Si se prolonga el confinamiento domiciliario y permanece el cierre de negocios, muchos de éstos entrarán en banca rota; los bancos tendrán problemas de liquidez y el gobierno puede ver comprometidas sus finanzas. La suma de todo provocará que las personas vean afectado su

patrimonio. Uno de los efectos, al concluir la pandemia, será el desempleo masivo –en algunos casos ya desde la pandemia–; quizá esto provoque el aumento de los delitos de robo de toda índole, así como de otros actos delictivos. O bien, haya mayor número de suicidios., porque uno de los efectos de la crisis económica será la carga de deudas en los hogares.

Las organizaciones delictivas son las únicas que cuentan, en estos momentos, con capital suficiente para expandir sus negocios El desempleo afectará la capacidad de las personas para el pago de hipotecas, tarjetas de crédito y otro tipo de préstamos. La falta de capital permitirá el incremento de la usura, el empeño (joyas, autos, electrodomésticos, etcétera); de las hipotecas; compra de bienes muebles e inmuebles a precios irrisorios y la extorsión en otras modalidades. También, aumentará la prostitución y la venta de órganos. La violencia criminal ni siquiera se redujo hacia fines de mes, cuando entró la Fase 2 de la pandemia y las medidas de distanciamiento social se generalizaron. De hecho, el 31 de marzo fue uno de los días más violentos, con 82 ejecuciones –cantidad que ha permanecido constante durante los primeros días de la cuarentena–, mientras que, hasta el 11 de abril, el máximo de muertes por coronavirus en México en un lapso de 24 horas era de 40. De acuerdo con el monitoreo de Lantia Consultores, marzo concluyó con 1 mil 971 homicidios vinculados con el crimen organizado. Esta cifra es muy cercana a la registrada en febrero (1 mil 983), en enero (2 mil 57), y al promedio mensual para 2019 (1 mil 997). Tampoco hubo mayores cambios en la distribución geográfica de la violencia que nos hagan pensar en una transformación importante de las prioridades y conflictos de los criminales.

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INVESTIGACIÓN SOCIEDAD

SEGURIDAD NACIONAL

AÚN VULNERABLE ANTE EL CRIMEN ORGANIZADO

18 de mayo de 2020

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La desaparición del Cisen marcó apenas el principio del rumbo que sigue la seguridad nacional en el actual gobierno. No obstante los esfuerzos por reencausarla con la creación del CNI, los órganos de inteligencia del Estado siguen siendo vulnerables ante el crimen organizado JOSÉ RÉYEZ

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l fracaso del operativo de captura de Ovidio Guzmán López –el 17 de octubre de 2019– evidenció la vulnerabilidad de las secretarías de la Defensa Nacional, Marina Armada de México, y del Centro Nacional de Inteligencia –sustituto del Centro de Investigación y Seguridad Nacional. La eficacia que mostró la defensa del hijo del narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, alias Chapo, también reveló la falla en la toma de decisiones del Gabinete de Seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador frente al poder del crimen organizado, quien puso en jaque el sistema de seguridad nacional, advierten expertos y académicos. En su análisis Inteligencia y contrainteligencia militar frente a fallos y desafíos. El caso de Culiacán, Paloma Mendoza Cortés –doctora en asuntos organizacionales en la Universidad Autónoma Metropolitana y egresada del William J Perry Center for Hemispheric Defense Studies, National Defense University– subraya que ese operativo de captura constituye “el mayor fallo de la historia contemporánea de México”.

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Al respecto, observa “fallos analíticos, prejuicios, falta de tolerancia al error y falta de intercambio de información interagencial, por una tendencia natural hacia la competitividad entre los organismos de inteligencia del Estado”. En entrevista, el vicealmirante Diplomado de Estado Mayor Raymundo Pedro Morales Ángeles, director del Centro de Estudios Superiores Navales

Las Fuerzas Armadas hacemos un análisis permanente coyuntural del país; no es la excepción, es un trabajo cotidiano que incluye al poder (Cesnav), explica que “el presidente ya lo dijo: el gobierno de México tomó la decisión de suspender una operación para evitar un daño mayor a la sociedad y en eso coincidimos porque se evitó un daño a la nación”. �¿Pero se dejó de aplicar la ley y la Constitución? �Ése es un debate que habría que profundizar un poco más porque tiene muchas variables. �¿En qué momento se encuentra la inteligencia y contrainteligencia en México? �Está avanzando: hay una mejor coordinación cada vez, comparten informaciones un tema que no manejo (el Cesnav) es una área académica, no de inteligencia, pero si se ve un trabajo de mayor conjunto. Todo es perfectible, no podemos decir que todo está mal, sino que todo se puede mejorar. Desde la academia vamos a aportar ideas para mejorar. “Las Fuerzas Armadas en el Cesnav como en la (Secretaría) de la Defensa hacemos un análisis permanente coyuntural del país; no es la excepción, es un trabajo rutinario, analizamos todos los campos de poder y básicamente es una visión académica que nos permite definir nuestros conceptos”, dice a Contralínea el vicealmirante. Para el general de brigada Diplomado de Estado Mayor Armando Gómez Mendoza –director del Colegio de la Defensa Nacional–, el fallido operativo 28

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en Culiacán “es un problema que se atendió en su momento y la opinión ya la expresaron en forma oficial el Estado mexicano […]. Nosotros analizamos los temas desde el punto de vista académico; vemos temas de seguridad nacional y ése es un problema que se sucedió y que atendió el gobierno del estado”. Por su parte, Emilio Vizarretea Rosales, experto en seguridad nacional, advierte que la manera en que se comunicaron las instituciones de inteligencia del país y autoridades civiles durante el evento de Culiacán fue deficiente, pero asegura que “la responsabilidad es del presidente del Consejo de Seguridad, es decir, el presidente de la República”. Y subraya: “no creo que haya fallado todo el aparato de seguridad e inteligencia, sino que fue un problema en la toma de decisiones de alguien que decidió abortar, porque todo se estaba siguiendo conforme a los protocolos y manuales de operaciones militares y policiacos”. En entrevista, resalta que la amenaza de asesinar a familiares de militares como ocurrió en Culiacán siempre estará latente o manifiesta. Sin embargo, considera que ése no era el problema. “Debieron detenerlo y extraditarlo [a Ovidio Guzmán], porque, ¿la ley se cumple o no se cumple? El presidente dijo que se hizo para proteger vidas humanas, pero no por arriesgar vidas vamos a permitir que la delincuencia pulule por todo el territorio nacional”. Doctor en ciencias políticas por la UNAM, Vizarretea Rosales considera que hay un problema de toma de decisiones, pero no de inteligencia ni de operativo: “ya tenían el objetivo determinado y sólo faltaba la extracción y alguien tomó la decisión y dijo: ‘libérenlo’”. Estima que es difícil que pueda repetirse una falla de esta naturaleza, pero aclara que el episodio de Culiacán sí deja una mala escuela, porque ese día se estaba replicando la violencia de narcodelincuentes en Oaxaca y Quintana Roo y otros estados del país. “Si seguimos por esa ruta es contra producente, porque pareciera ser que los delincuentes tienen un salvoconducto de hacer lo que quieren”. El catedrático matiza que los órganos de inteligencia del Estado están en una fase de readaptación a las nuevas formas de trabajar de la nueva administración: es un proceso de readaptación del manejo que tiene el secretario de Seguridad Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño.

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SOCIEDAD INVESTIGACIÓN

Gabinete de Seguridad explica repliegue de tropas ante Ovidio Guzmán para evitar pérdida de vidas civiles

Por su parte, el doctor Javier Oliva Posada advierte que hubo un problema de coordinación incluso con las autoridades locales. “Los delincuentes cruzaron líneas rojas que eran impensables como tomar por asalto una unidad habitacional militar, disponer de armamento militar procedente de Estados Unidos, y se conjuntaron varios aspectos que llevaron a este resultado”. El catedrático de la UNAM señala que “falló la coordinación interinstitucional con las autoridades locales, junto a la ausencia de comunicación”. La falta de coordinación me parece clave, es un antecedente que se tiene que corregir, acota. Indica que todos los países –“no sé si en México existe– todas las áreas de inteligencia tienen un centro de lecciones aprendidas y a veces se aprende más de los fracasos, porque cuando logras un éxito no tienes que mejorar aparentemente mucho; en cambio, ante un fracaso, es importante analizar al detalle. Espero

que eso se esté ocurriendo en las áreas especializadas civiles de inteligencia”.

Fallos graves El análisis Inteligencia y contrainteligencia militar frente a fallos y desafíos. El caso de Culiacán –de la doctora Paloma Mendoza Cortés– enumera la cadena de errores de los órganos de inteligencia para la seguridad nacional del país, que condujeron al fracaso en la captura de Ovidio Guzmán el 17 de octubre del año pasado en Culiacán, Sinaloa. “Fallo en contrainformación y contrainteligencia de engaño: en momentos críticos, el crimen organizado posee un mejor manejo de redes sociales que las fuerzas de seguridad, que saben aprovechar la desinformación y la información falsa para obtener sus objetivos”. Señala que ello resultó en el posicionamiento de Ovidio Guzmán como figura pública del crimen

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Durazo, a la izquierda del presidente. Justificaciones

organizado, al ser un presunto narcotraficante que logró doblegar al gobierno mexicano y así evitar su arresto y extradición a Estados Unidos. Falló la cooperación interagencial, ya que el caso muestra la evidente falta de intercambio de información y coordinación operativa entre las fuerzas de seguridad de México, especialmente en operativos conjuntos entre organismos civiles y militares de seguridad, indica. La conclusión del operativo –sostiene– se hizo sobre dos premisas que no lograron aclararse: “si se trató de un operativo experimental de la Guardia Nacional o un fracaso operativo y de coordinación interagencial entre esta y el Centro Nacional de Inteligencia, por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el Ejército Mexicano y la Secretaría de la Defensa Nacional”. -Fallo de contrainteligencia defensiva: “la vulnerabilidad de las comunicaciones y transmisiones del 30

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Ejército Mexicano fue evidente al ser intervenidas para exigir la liberación de Guzmán e incluso para amenazar de muerte a las familias en instalaciones militares de Culiacán”. -Fallo de manejo de crisis: “se evidenció la inexistencia de comunicación en el interior y hacia el exterior del gobierno federal para situaciones de emergencia en materia de seguridad. En el interior, con la incomunicación entre el presidente de la República y el Gabinete de Seguridad para la toma de decisiones (fin último de la inteligencia)”. Mendoza Cortés destaca que el presidente no tuvo conocimiento del operativo hasta 3 horas antes de ejecutarlo. Es decir, “existió incertidumbre de quién tomó la decisión de liberar a [Ovidio] Guzmán y con base en qué información”. Y hacia el exterior, la nulidad de información oficial propició el incremento de rumores y desinformación en redes sociales y medios de comunicación, citaron hasta seis

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versiones diferentes de lo ocurrido. También observa que hubo un fallo de contrainteligencia ofensiva, por incompetencia de organismos de seguridad para prevenir y contrarrestar los efectos de Operaciones Psicológicas en el ciberespacio de las redes sociales, en dos frentes: las acciones del Cártel de Sinaloa, que buscaban el objetivo de liberar a Guzmán y opositores políticos que aprovecharon la coyuntura para atacar al presidente López Obrador. En este aspecto –prosigue la académica– vale la pena considerar el papel de las subsecciones y los grupos de acopio de propaganda y contrapropaganda, de guerra electrónica, de monitoreo de sistemas computarizados y de información a medios de comunicación, que corresponden a la Sección Segunda del Estado Mayor de la Defensa Nacional. Esto sucedió ante la falta de un cibercomando (Centro de Operaciones del Ciberespacio), que Sedena no ha podido concretar por falta de presupuesto, a pesar de que en las hipótesis de conflicto está considerado el ciberespacio como teatro de operaciones. Y pese a que la Semar cuenta con la Unidad de Ciberseguridad, “debemos cuestionarnos en qué áreas de Sedena se hace operativa la Estrategia Conjunta de Ciberdefensa Sedena-Semar, más allá de la asistencia a conferencias sobre ciberseguridad”, ironiza Mendoza Cortés. Finalmente, apunta que falló la toma de decisiones críticas y delimitación de responsabilidades por las consecuencias de la operación, que resultó de una cadena de omisiones, incomunicación y pérdida de control. “Los sucesos concluyeron en la liberación de Guzmán a cambio de proteger la integridad de la población de Culiacán frente a las amenazas de escalada de violencia de los delincuentes”.

Pérdida de control y falta de inteligencia En su análisis, publicado en Revista Latinoamericana de Estudios de Seguridad (enero-abril 2020), Mendoza Cortés refiere que aunque la operación militar fue exitosa por la captura de Guzmán, el gobierno perdió el control de la situación y, según la versión oficial, no tuvo más alternativa que liberarlo para pacificar la ciudad, apelando a información de inteligencia con la cual no contaban. “Hasta el momento la decisión no tiene nombres,

apellidos o cargo para asumir la responsabilidad pública. A ello se suma la interrogante sobre el papel del Centro Nacional de Inteligencia en el planeamiento de la operación y en la información en la cual se basó la decisión crítica de liberar a Guzmán”, destaca la autora de El proceso de toma de decisiones en el Ejército Mexicano: la función de la Inteligencia Militar (tesis doctoral, 2018). Califica como un hecho inédito e histórico que el presidente López Obrador ordenara al secretario de Defensa hacer públicas las funciones, el personal e incluso el nombre del jefe del Grupo Inteligencia Contra el Narcotráfico (GIAN) adscrito a la Sección Segunda del Estado Mayor de la Defensa Nacional. “Generó malestar dentro del Ejército, tanto para militares en activo como en retiro, que cuestionaron la relación institucional con el presidente de la República”. Egresada del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores Monterrey, del Centro de Investigación y Docencia Económicas y del Instituto Nacional de Ciencias Penales, la experta sugiere necesario investigar las fallas de los organismos de seguridad. Sin embargo, considera poco probable, en vista del anuncio de reserva por cinco años de la información militar sobre la operación para capturar a Guzmán. Los fallos en la detección de las vulnerabilidades y su anticipación dan cuenta de disfunciones, necesidades y desafíos para los servicios de inteligencia. Es indispensable identificar y contrarrestar las causas por las cuales los analistas de inteligencia fallaron en la anticipación del uso del ciberespacio como teatro de operaciones para difundir desinformación y pánico entre la población, como un acto de guerra psicológica. Es necesario reconocer que los organismos civiles de seguridad no cuentan con solidez institucional, situación que es evidente en sus continuas transformaciones y en las señales de desconfianza, principalmente entre los servicios de inteligencia civil y militar. En Culiacán fueron muy graves los fallos de contrainteligencia y contrainformación, así como la argumentación, delimitación y comunicación de responsabilidad de las decisiones del Gabinete de Seguridad. Si bien ese es un aspecto que rebasa los límites de la inteligencia, es una variable que aprovechó a su favor el Cártel de Sinaloa. Esto potencialmente será imitado en el futuro por otras organizaciones.

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ACOSTA CHAPARRO

UTILIZÓ ESCUADRONES DE LA MUERTE EN GUERRA SUCIA 32

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Acosta Chaparro siempre estuvo dispuesto a todo. Encabezó “interrogatorios” a guerrilleros y contó con grupos armados secretos para hacer cualquier clase de “operativos”. Una parte de la historia del general se revela en documentos bajo resguardo del AGN ZÓSIMO CAMACHO

OSWALDO RAMÍREZ/CUARTOSCURO

astros de sangre dejaron las botas del militar Mario Arturo Acosta Chaparro Escápite doquiera que caminaron. Integrante de la Dirección Federal de Seguridad (DFS), jefe de policías judiciales estatales, director de seguridad de estados de la República, jefe de la Policía Judicial Militar, comandante de Batallón o asesor federal en materia de seguridad, respondió siempre a las Fuerzas Armadas y a lo que asumió era la “razón de Estado”: sostener, bajo cualquier método y a toda costa, al viejo sistema político mexicano. Documentos de la DFS –hoy bajo resguardo del Archivo General de la Nación (AGN)– revelan una constante del militar: contó invariablemente con grupos armados que actuaron al margen de la ley y que le reportaban sólo a él. Lo mismo en Guerrero, que en Veracruz o en la Ciudad de México, estos grupos no podían ser detenidos por nadie. El expediente de la antigua DFS da cuenta de cómo los propios elementos de esta policía política tenían que hacerse a un

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lado cuando se encontraban con los muchachos del militar. También en los papeles de la DFS queda evidencia de que el propio Acosta Chaparro encabezaba los “interrogatorios” extrajudiciales a los que eran sometidos guerrilleros u opositores pacíficos de izquierda. Asimismo, los archivos dan cuenta de que los elementos a su cargo realizaban campañas encubiertas para generar terror, desmovilizar a las organizaciones sociales y justificar masacres. Sobre el militar Mario Arturo Acosta Chaparro, el AGN integró en 2015 un legajo con 92 fojas provenientes de la DFS. Contralínea tuvo acceso a la copia maestra –sin censura– de lo que seleccionaron entonces los agentes del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) incrustados ilegalmente en el AGN (https://bit.

ly/2wyFjoH, https://bit.ly/2Ikjzjc y https://bit. ly/2IggOPQ). El archivo se advierte incompleto, pues el militar desempeñó un papel preponderante durante la Guerra Sucia y la conformacion de los modernos cárteles de la droga. Al respecto, apenas unas cuantas tarjetas están contenidas en la copia maestra, de las que diversos medios de comunicación ya han dado cuenta. Sin embargo, los documentos sin censura ahora dejan al descubierto algunos de los métodos del general y de las tareas que estaba dispuesto a hacer. Incluso, proporciona una breve descripción de su persona. La copia maestra “Acosta Chaparro Mario Arturo” se encuentra en el depósito 1, caja 1, de la serie DFS,

Reporte de la DFS que da cuenta de actividades en Hidalgo de un grupo armado controlado por Acosta Chaparro

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Treinta “muchachos” de Acosta Chaparro atacan cuartel de la policía en Oaxaca

puesta para consulta en una de las salas del AGN. Uno de los primeros documentos del expediente se refiere a retenciones ilegales que realizaban corporaciones del Estado mexicano contra integrantes del entonces movimiento armado y contra activistas pacíficos. Al militar Acosta Chaparro se le asignaron “interrogatorios” extrajudiciales, al menos, desde que era capitán, en 1972. De lo anterior da cuenta un informe de la DFS sobre la operación para liberar al joven Cuauhtémoc García Terán, en manos de la guerrilla de Lucio Cabañas, el Partido de los Pobres. El documento, fechado el 15 de abril de ese año, está firmado por el entonces titular de la DFS, Luis de la Barreda Moreno. Se asienta que a cargo de la operación estaba el entonces tenie-

te de infantería Macario Castro Villarreal. Pero “En caso de haber detenciones, los detenidos serán interrogados por los Agentes de la Dirección Federal de Seguridad, Capitán ACOSTA CHAPARRO y Agente BRAVO, así como por el Cmdte. de la Policía Judicial de Acapulco, WILFRIDO CASTRO y el Jefe de Grupo ISIDORO GALEANA ABARCA” (sic). Es decir, tales “interrogatorios” no contaban con la autorización del Poder Judicial ni presentaban las condiciones mínimas para que se obsevaran las garantías individuales y se realizaran en el marco de los derechos humanos. El politólogo y sociólogo Valeriano Ramírez Medina señala que esos “interrogatorios” son el último rastro de cientos de personas que permanecen en calidad de desaparecidas hasta el día

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de hoy. Pero las víctimas no sólo provenían de los círculos de la disidencia. Dos informes contenidos en la copia maestra consultada por Contralínea dan cuenta de la desaparición forzada de la que fueron objeto dos policías preventivos. Están fechados en Guerrero el 6 y el 12 de noviembre de 1976, respectivamente. Quienes llevaron a cabo tal delito eran policías al servicio de Acosta Chaparro. Los documentos están firmados por el propio capitán Luis de la Barreda Moreno, entonces director de la DFS. Están dirigidos al secretrio de Gobernación, en ese tiempo Mario Moya Palencia. En uno de ellos, el fechado el día 6, se consigna la zozobra que tal desaparición había dejado entre las propias filas de los policías: “[…] varios elementos de esa corporación han manifestado su descontento contra sus superiores […]”. Los policías sabían que cualquiera de ellos podría ser el siguiente. Consideraban que en caso de que sus compañeros desaparecidos hubieren “[…] ser merecedores a un castigo por faltas cometidas en el servicio, deberían ser juzgados por autoridades competentes y no en la forma en que fueron tratados […]”, es decir, desaparecidos y considerados “desertores”. El segundo documento da cuenta de la aparición de los policías secuestrados. Finalmente fueron presentados a las autoridades luego de que sus familiares lograran el apoyo del estudiantado de las escuelas preparatorias 2 y 7 del estado y del entonces Comité de Huelga de la Unión Sindical de Catedráticos de la Universidad Autónoma de Guerrero. Gracias a la presión social, los policías aparecieron en calidad de “detenidos” e “investigados”, con evidentes muestras de tortura. No hubo consecuencia alguna para el militar. Entonces Mario Arturo Acosta Chaparro ostentaba el grado de mayor. Se desempeñaba como jefe de Policía y Tránsito y comandante de la Policía Judicial en Acapulco y las regiones de Costa Grande y Costa Chica de Guerrero. Las operaciones del militar también incluían actividades para desmovilizar y desincentivar la participación política de la población. Estaba al 36

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xxx Reporte de la DFS define a Acosta Chaparro como “Miloitar de Mano Dura”

frente de campañas para desprestigiar a líderes sociales y generar terror. Un informe de la DFS firmado por su titular, Luis de la Barreda Moreno, da cuenta de un operativo para criminalizar una protesta de maestros universitarios. Fechado el 4 de marzo de 1977, el documento explica que dicho operativo estuvo a cargo de elementos de la Dirección de Policía y Tránsito de Acapulco, a cargo del ya para entonces mayor Mario Arturo Acosta Chaparro. Entre las acciones que se realizaron, policías repartieron falsa propaganda a nombre de la Unión Sindical de Catedráticos de la Universidad Autónoma de Guerrero. Tales volantes llamaban a la lucha armada y violenta. E invitaba a quienes asistirían al mitin convocado por los profesores –en realidad, de manera pacífica– a

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iniciar en ese mismo lugar la insurrección. La propaganda apócrifa iniciaba con: “LA HORA DE INICIAR LA GUERRILLA URBANA EN GUERRERO HA LLEGADO” (sic). Luego de supuestos argumentos para sostener que las condiciones para acabar con el régimen por la vía de las armas estaban dadas, el volante señalaba: “¡TE INVITAMOS AL MITIN MÁS VIOLENTO QUE SE HAYA REALIZADO EN ACAPULCO! ¡DEBEMOS DESENMASCARAR A TODOS LOS PELELES DEL RÉGIMEN! (sic)” Y al final, luego de un “análisis” de las condiciones objetivas y subjetivas para hacer la Revolución: “¡HASTA LA VICTORA SIEMPRE! ¡PROLETARIOS UNIDOS LOGRARE-

MOS LA VICTORIA! ¡LOS COMUNISTAS TE CONVOCAMOS A LA REVOLUCIÓN ARMADA! ¡CON EL FUSIL EN LA MANO SALVARÁS A TUS HERMANOS!” El propio informe señala que finalmente la actividad política sí se llevó a cabo. Se realizó de manera pacífica pero, a decir del documento, con escasa participación. De la existencia de grupos armados irregulares bajo el mando de Acosta Chaparro, el expediente contiene evidencias. Estos grupos actuaban en cualquier estado de la República y no sólo donde el militar ostentaba algún cargo. Un informe dirigido al director de la DFS, elaborado por el entonces agente de esa corporación Juan Cruz Mera, da cuenta de “grupos de personas” bajo el mando de Acosta Chaparro actuando en el estado de Hidalgo. El documento data del 28 de agosto de 1982, cuando el militar contaba con el grado de teniente coronel y se desempeñaba como director de Seguridad Pública de Veracruz. Aquel día elementos de la DFS dectaron a un grupo de ocho personas vestidas de civil y armadas con fusiles de asalto de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. “El día de la fecha a las 10.00 horas se detectó a un grupo de 8 personas con armas largas, parando a todos los vehículos que se encontraban sin placas en la entrada a Huejutla de Reyes, Hgo. […]” (sic), inicia el escueto informe. El documento señala que, una vez detectadas a las personas armadas, enseguida los elementos de la también temida DFS se les acercaron para “entrevistarlos”. Querían saber a qué corporacion pertencían y con qué identificaciones contaban. Del jefe de grupo de hombres armados no obtuvieron nada. Ni se identificaron ni dieron más respuesta que su mando era el entonces teniente coronel Mario Arturo Acosta Caparro, quien en aquel tiempo era director de Seguridad Pública de Veracruz. Al esuchar el nombre del militar, los elementos de la Federal de Seguridad los dejaron actuar. Los hombres armados se retiraron “a las 10.15 horas de dicho lugar, sin haber provocado incidentes de mayor alcance”, concluye el informe del Departamento de Información Foránea de la DFS.

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Interrogatorios extrajudiciales, a cargo del militar desde que ostentaba el grado de capitán

Los muchachos de Acosta Chaparro protagonizarían otro “incidente” fuera de Veracruz. Un grupo de 30 personas con armas largas atacaron la sede de la Policía Municipal de Acatán de Pérez Figueroa, Oaxaca. Por los hechos resultaron muertas dos personas y, al menos, cuatro heridas. En el mismo documento se señala que el grupo atacante sólo es parte de una formación más numerosa que posee “armas largas modelos M16, M1, R15 y M18 de calibres 2.23, 35 y 5.56, así como pistolas automáticas 38 y 45 super y asimismo se hace notar que controlan toda esta 38

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región […] entre los límites de Oaxaca, Puebla y Veracruz” (sic). Líneas más abajo, el documento consigna: “Estos individuos se encuentran protegidos por el Teniente Coronel Mario Artuto Acosta Chaparro” (sic). Al final, el informe del agente de la DFS Roberto Ortega Susarey señala: “Se hace notar que existe intranquilidad e inconformidad entre los habitantes de esta población por los hechos antes registrados y hasta las 21 horas de hoy, no se han registrado más incidentes” [sic]. Un informe más de la DFS, éste del 6 de abril de 1983, señala la persistencia de grupos armados bajo el mando de Acosta Chaparro. Con uniformes o sin él, estos grupos realizaban actividades en Veracruz por encima de las leyes. Luego de presentar una relación de las armas con las que cuentan, el documento señala las acciones en las que están involucrados: “Asaltos bancarios, a comercios y negociaciones [sic], así como agresiones físicas en contra de la población, sin motivo aparente”. En tres fojas, de la 78 a la 80, se señala que entre quienes cometen estos delitos se encuentran personas originarias del estado de Guerrero llevadas por Acosta Chaparro a Veracruz. Y que las ciudades veracruzanas eran “patrulladas” por grupos de fuereños que encontraban protección en las corporaciones policiacas del estado. También señala que los propios elementos de la Dirección General de Seguridad Pública eran los que cometían “toda clase de desmanes […] en perjuicio de la ciudadanía”. Acosta Chaparro fue el militar más tristemente célebre durante la Guerra Sucia del Estado mexicano contra los movimientos armados que encabezaron Lucio Cabañas y Genaro Vázquez en Guerrero y contra cientos de comunidades en Guerrero que las autoridades sospechaban que simpatizaban con las respectivas guerrilas. El médico y coordinador del Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (Ccti), Raymundo Díaz Taboada, señala que el militar no sólo reprimió a los movimientos sociales desde los cargos que oficialmente ostentó. Incluso, cuando no tuvo cargo oficial alguno se mantuvo al frente

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de operativos de desaparición de personas y en los “vuelos de la muerte”, es decir, en aquellas torturas contra mujeres y hombres acusados de subversivos que concluían con su lanzamiento al mar desde aeronaves militares y civiles. Con sede en Acapulco, Guerrero, el (Ccti) ha atendido la salud de manera integral de sobrevivientes de tortura, tanto de décadas anteriores como de los últimos años. Principalmente, casos de Guerrero, la Ciudad de México y el Estado de México. Para Díaz Taboada, una verdadera transformación del país pasa por resolver los casos de los miles de muertos y cientos de desapariciones de la época de la Guerra Sucia. En este sentido, el doctor en estudios políticos y sociales Valeriano Ramírez Medina advierte que “no sólo es necesario no olvidar, sino llevar a juicio a quienes cometieron esos crímenes en nombre del Estado”. Adscrito al Centro de Estudios Políticos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y especialista en movimientos sociales, Ramírez Medina señala que el “borrón y cuenta nueva” que ofrece la actual administración a los gobiernos anteriores es sencillamente impunidad. Raymundo Díaz Taboada, por su parte, señala que en México no se han abolido las condiciones que permitieron masacres como las de la Guerra Sucia y el surgimiento de personajes como Acosta Chaparro. “Me atrevo a decir tristemente que mientras no se sancionen esa violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad perpetrados por las Fuerzas Armadas Mexicanas y las corporaciones policiacas, esos hechos pueden repetirse.” El coordinador del Ccti explica que no basta con que ahora el presidente de la República no ordene ese tipo de acciones. Las Fuerzas Armadas Mexicanas son permanentes, trascienden los vaivenes temporales de poder civil. “Mientras la impunidad siga, la probabilidad de que ocurran de nuevo hechos como los de los sexenios anteriores está latente.” Una investigación del periodista Miguel Badillo, publicada en el diaro El Financiero en julio de 1995, documentó el involucramiento de

Acosta Chaparro en la masacre de Aguas Blancas, Guerrero. Un contingente de campesinos de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) fue detenido por policías estatales cuando se dirigía a una manifestación pacífica eñ 28 de junio de ese año. Sin más, los uniformados dispararon indiscriminadamente y asesinaron a 17 campesinos. Mario Arturto Acosta Chaparro Escápite fue ultimado el 20 de abril de 2012. La autoridades presentaron a un supuesto asesino material del general. Las investigaciones no avanzaron y quedaron en las sombras tanto los autores intelectuales como los motivos del crimen.

Panﬂeto apócrifo para justificar represión contra un movimiento pacífico

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Uno de los grupos contaba con armas largas de última generación y controlaba la región limítrofe de Veracruz, Puebla y Oaxaca

LUIS CARBAYO/CUARTOSCURO

Las últimas fojas del legajo, en específico de la 88 a la 91, informan de la disputa política por la entonces Secretaría General de Protección y Vialidad del Distrito Federal. Corría 1984 y varios militares y policías querían el control de la poderosa instan-

cia que contaba con cinco direcciones generales, 10 corporaciones policiacas, un “grupo especial” de inteligencia y una unidad de aeronaves. Entre los militares y civiles con “la ambición” (así lo consigna el documento) de ocupar el puesto se encontraba Acosta Chaparro, ya entonces coronel y comandante del 65 Batallón de Infantería. De la lista de ocho personajes en la disputa, según los documentos, destaca el caso del militar. Los analistas de la DFS ofrecen una pequeña anotación luego de cada nombre. Generalmente señalan el puesto que ocupaban en ese momento o, en el caso de los elementos castrenses, consignan: “militar de carrera”. Menos para Mario Arturo Acosta Chaparro. El documento destinado a mantenerse en secreto lo define en cuatro palabas, las últimas dos escritas con la inicial en mayúscula: “militar de Mano Dura” (sic).

Lugar del asesinato del general Acosta Chaparro, el 20 de abril de 2012 en la Ciudad de México

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LOS ACTUALES GABINETES LATINOAMERICANOS MÁS ALLÁ DE LOS PRESIDENTES Gran parte del análisis se concentra en los presidentes, dejando muchas veces de lado las características de los gabinetes: proempresariales, a favor de movimientos sociales, militaristas, de formación en el extranjero… cuántos son, quiénes son, qué injerencia tienen en las opciones políticas que definen a un gobierno. En el presente estudio se analiza la dinámica de los gobiernos latinoamericanos desde los gabinetes nombrados por los respectivos mandatarios

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AMÍLCAR SALAS OROÑO/ CENTRO ESTRATÉGICO LATINOAMERICANO DE GEOPOLÍTICA (CELAG)

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ste informe pretende describir algunos aspectos de los gabinetes latinoamericanos actuales (de forma exhaustiva, al comenzar el período de la actual pandemia en América Latina), es decir, tomando como referencia las composiciones ministeriales que están hoy en día al frente de los gobiernos. Las informaciones se presentarán, a grandes rasgos, de dos formas complementarias: por un lado, a partir de una exposición comparativa que permita determinadas clasificaciones según ciertos criterios y, por otro lado, a partir del análisis más específico sobre aspectos que hacen a las singularidades de algunos gabinetes, lo que puede resultar en un insumo relevante a la hora de definir rasgos de los presidencialismos latinoamericanos. Aquí, algunas conclusiones: • El tamaño del gabinete no está correlacionado con la dimensión geográfica o demográfica ni con el alineamiento político a izquierdas o derechas. Encontramos gabinetes pequeños, medianos y grandes de forma independiente de estas variables. • En un contexto de creciente circulación de información, múltiples actores intervinientes en la confección de las agendas públicas, los gabinetes ministeriales –los ministros y las ministras–- parecieran mostrar una mayor capacidad de injerencia –o determinación– política propia (aún en los gabinetes considerados “menores”), lo que redunda en un tipo de presidencialismo diferente si lo comparamos con los que emergieron en los primeros lustros del siglo XXI. • La cuestión de la presencia empresarial en los gabinetes latinoamericanos arroja algunas conclusiones interesantes. Numéricamente no se identifica una cantidad muy alta de ministras/os que hagan de su “éxito” como empresarios/as un criterio de legitimación y autorización para el ejercicio del cargo (aproximadamente un 7 por ciento promedio de los gabinetes

latinoamericanos son ocupados por empresarios/as). Es interesante observar el fenómeno en relación con el presidente: la autoridad política proveniente del “mundo empresarial” funciona más para el cargo presidencial que para el ministerial, como fue el caso de Mauricio Macri o actualmente Sebastián Piñera, donde no se pone en juego tanto su legitimación (derivada, en ultima instancia, de la designación del presidente) como su capacidad de gestión. Al respecto, también es importante notar que los gobiernos/presidencias progresistas suelen desestimar en mayor medida los vínculos –más o menos orgánicos– con el mundo empresarial, cuestión que muchas veces está por detrás de las desestabilizaciones de las que son objeto. • La inclusión de mujeres en los gabinetes debería ser –pero aún no lo es– una discusión central de todas las fuerzas políticas. Hoy en la región puede hablarse de un 18 por ciento promedio de mujeres en cargos ministeriales. El debate debería ser amplio, poniendo en discusión que esa presencia también pueda proyectarse (de forma reiterada y no tan sólo de manera episódica) a ministerios como los de Economía, Defensa, Seguridad o Jefaturas de Gabinete. Esta es una cuestión central para las fuerzas progresistas, si se pretende disputar las tensiones culturales alrededor de la polarización iniciada desde las fuerzas de derecha con la llamada “ideología de género”, sobre la cual se han construido imaginarios ultraconservadores y que, a grandes rasgos, puede decirse que pautan una proporción de los gabinetes latinoamericanos. • Es notable la presencia de ministros/ as con formación en el exterior: el Informe distingue que en promedio un 25 por ciento de los gabinetes latinoamericanos están compuestos por miembros con estudios (de grado/posgrado/especializaciones intelectuales o profesionales de diverso tipo)

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Se está pasando a una etapa donde el gabinete juega un papel clave al momento de administrar la excepcionalidad de la pandemia actual

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en el exterior. Esto implica dos cuestiones relevantes: por un lado, que todavía es relativamente baja la oferta de formación en muchos países de la región y, por otro lado, que sigue siendo bien arraigada la cosmovisión en buena parte de las élites políticas y económicas latinoamericanas respecto de la importancia del vínculo con el exterior, sea como socialización y prestigio personal, sea desde el punto de vista de la legitimidad de las nociones que se ponen en juego al momento de definir cuestiones que hacen a los asuntos públicos de un país. • Viendo las tendencias regresivas de la democracia en la región, donde los militares vienen jugando un papel importante, se hace necesario generar una discusión sobre el poder de estos y cómo expresan sus posiciones e intereses políticos; negar su relevancia cada vez mayor en algunos ámbitos de decisión –en la consideración amplia aquí distinguida respecto de aquello que es considerado como “fuerzas militares”– y el tipo de poder que su actuación supone, puede constituir una negación conducente a mayores regresiones en materia democrática. Al momento de indagar las características de los presidencialismos latinoamericanos se suele colocar el énfasis en las virtudes o rasgos distintivos de los liderazgos presidenciales que llevan adelante la tarea del Poder Ejecutivo. Buena parte del foco del análisis se concentra en la figura del presidente, dejando muchas veces de lado las características de los gabinetes: cuántos son, quiénes son, como interactúan entre ellos, qué injerencia tienen en las opciones políticas que definen a un gobierno, qué vinculo puede establecerse entre el gabinete y la estabilidad/inestabilidad política del presidente durante su mandato. Este informe pretende describir algunos aspectos de los gabinetes latinoamericanos actuales, es decir, tomando como

referencia las composiciones ministeriales que están hoy en día al frente de los gobiernos (observados, en particular, al comienzo de la pandemia en América Latina, con las correcciones del caso). Las informaciones se presentarán, a grandes rasgos, de dos formas complementarias: por un lado, a partir de una exposición comparativa que permita determinadas clasificaciones según ciertos criterios y, por otro lado, a partir del análisis más específico sobre ciertos aspectos que hacen a las singularidades de ciertos gabinetes, lo que puede resultar en un insumo relevante a la hora de definir rasgos de los presidencialismos latinoamericanos. Se han considerado todos los países latinoamericanos, a excepción de los del Caribe. Si bien el interés central de este informe es realizar una caracterización actual (con la anterior advertencia realizada) para un detalle más significativo se han considerado los elencos salientes y entrantes de aquellos cinco países que han cambiado de gobierno mediante elecciones durante el 2019 (Uruguay, Argentina, El Salvador, Panamá, Guatemala) y Bolivia, cuyo golpe de Estado ha modificado el panorama ministerial de forma abrupta, obligando también a tener en cuenta los ministros/as salientes y entrantes del caso. Un aspecto suplementario ha reforzado el considerar otros gabinetes más allá de los que hoy están en ejercicio: ampliar los casos hacia el pasado reciente permite una serie de observaciones que amplían algunas consideraciones que pueden resultar interesantes. El informe se divide en tres secciones. En la primera sección se brindan algunos detalles sobre la composición de los gabinetes ministeriales, tanto como instrumento político para la dinámica del propio poder presidencial, como en relación con las características de sus integrantes, observadas a partir de 5 aspectos destacados:

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la proporción (de la presencia en el gabinete) de mujeres, militares, empresarios, religiosos (no aquellos/as que profesan una determinada fe sino aquellos que hacen del factor religioso parte constitutiva de su propio discurso y acción política) y representantes de movimientos sociales o sindicales. En la segunda sección, el interés está puesto en lograr una caracterización del tipo de gabinete, tomando en cuenta, por la proporción de sus integrantes y su dinámica de funcionamiento, su principal identidad ministerial: si el gabinete está definido por la “coalición electoral” que permitió la consagración del presidente en las elecciones; si se caracteriza por un perfil “técnico” de gestión, donde la legitimidad de su actuación está sustentada prioritariamente en la expertise de sus miembros; si está conformado según la necesidad de equilibrar la constante “negociación parlamentaria” con el Poder Legislativo del país en cuestión, indispensable para la vehiculización de sus propuestas de gobierno; o si está moldeado principalmente por un “centro ideológico-político” directamente identificado y definido por la voluntad del presidente. Desde ya también se consideran, como posibilidad para la clasificación, aquellos casos donde el gabinete es el resultado de una combinación de esas características, lo que permite catalogarlo como un “gabinete híbrido”. En la última y tercera sección se pasará, brevemente, a un análisis diacrónico general sobre el tema: ampliando el universo de estudio a otros gabinetes un poco más lejanos en el tiempo para los países considerados, y se establece un cruce entre los tipos de gabinetes definidos en la segunda sección del informe y la variable “cambio ministerial” –una alteración significativa, de nombres y/o composiciones– asociada a una específica coyuntura política por la que atraviesa un gobierno determinado,

lo que puede ser expresivo de una correlación con la gobernabilidad presidencial. En las reﬂexiones finales del informe se realizará un balance de los datos expuestos. En todo caso, como se advertía, se trata de una aproximación al tema de los gabinetes, procurando acercarse a un interrogante doble que va tomando forma en los últimos tiempos: por un lado, para ver en qué medida, pasado un reciente período en el cual la impronta de los liderazgos políticos fue determinante para traccionar las dinámicas políticas (progresistas), ahora se estaría pasando a una etapa donde la importancia del gabinete juega un rol clave (incluso al momento de administrar la excepcionalidad de la pandemia); y, por otro lado, cuánto de esos nuevos diseños podrán asegurar lo que muchas veces se presenta como un problema democrático: la desagregación institucional latinoamericana. Una inicial aproximación a la cuestión morfológica de los gabinetes supone distinguirlos a partir del criterio numérico. No se trata siempre de un ejercicio sencillo, porque para una clasificación del tipo es importante considerar no sólo la denominación –de ministerio– o el rango

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instituido por Ley, sino también las “derivaciones institucionales” que determinados organismos generan (es decir, las secretarías que contiene un ministerio y, a partir de allí, las otras que se generan). Esto implica también considerar ministerios o dependencias con rango ministerial compuestos en consulta con otros poderes, así como también dependencias semiestatales que son tan importantes como un ministerio pero que no forman parte inmediata del organigrama del gabinete. Es tomando en cuenta estas circunstancias que para los presidencialismos latinoamericanos identificamos los agrupamientos cuantitativos expuestos en ell Cuadro 1. Un segundo nivel de aproximación morfológico supone distinguir determinados criterios cualitativos de clasificación. En primer lugar, es importante señalar que en buena parte de los gabinetes latinoamericanos se pueden identificar las presencias de determinada “clase política” –aquellos “profesionales de la política”– provenientes de actuaciones pasadas en los poderes ejecutivos que, o bien forman parte del sistema político por su capacidad individual sobre ciertas habilidades, o bien son social y políticamente estimados como hombres y/o mujeres (ministros/ as) de Estado. Asumiendo la existencia de este grupo, que es bastante irregular, el análisis trata de ir más allá focalizando la caracterización de los gabinetes a partir de observar si hay: a) Militares en el gabinete (retirados o en actividad;

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condición que vale también para algunos representantes característicos de las fuerzas de seguridad internas). b) Religiosos en el gabinete (no se trata de aquellos que profesan una fe determinada; son aquellos que han ingresado al sistema político a partir de su predicamento religioso como fundamento para los asuntos públicos; o bien aquellos que utilizan el discurso religioso para dirimir cuestiones a ser resueltas por el poder público). c) Mujeres en el gabinete. d) Empresarios en el gabinete (no son aquellos que pueden llegar a tener una empresa o ser accionistas de una empresa –al menos que sea muy grande– sino más bien aquellos que han hecho carrera política a partir de su rol empresario (o han sido presidentes del Consejo de Administración de alguna compañía importante), considerando, sobre todo, la forma en como se presentan ante la ciudadanía política, desde el punto de vista de su legitimidad para el cargo). e) Representantes de movimientos sociales o sindicales en el gabinete. En los Cuadros, las informaciones sobre las composiciones ministeriales están referenciadas con el titular del Poder Ejecutivo porque, si bien este es un informe sobre los actuales gabinetes latinoamericanos, en algunos casos se mencionan gabinetes pasados para marcar el hecho de que el gabinete actual ha significado una alteración abrupta respecto de su constante reciente para el país –como puede ser, por ejemplo, el caso de Brasil con el gabinete de Jair Bolsonaro respecto del de Dilma Rousseﬀ–. Al mismo tiempo, luego de cada cuadro hay una observación complementaria que amplía algunas consideraciones sobre el criterio distinguido. Está claro que la significación de “lo militar” no tiene ni el mismo peso ni la misma densidad histórica en los países distinguidos. Ello se expresa, también, en los

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diversos modos de participación del poder que circula alrededor de los militares en los gobiernos latinoamericanos –incluyendo grupos de contratistas y/o proveedores extranjeros–. La tendencia en todos los países es la predominancia civil en los gabinetes: los militares no aparecen como protagonistas de los Poderes Ejecutivos, al menos, no de forma directa (salvo algunos casos puntuales). Al mismo tiempo, es importante advertir sobre las asociaciones de militares retirados que están coligados a las agendas de seguridad y defensa, un clivaje fundamental para el desarrollo de las campañas electorales y del convencimiento a la ciudadanía. Argentina, Uruguay, Chile, Colombia, Perú, El Salvador, Panamá, Costa Rica y Bolivia (tanto en el gobierno de Evo Morales, como en el gobierno de facto de Jeanine Áñez) no tienen militares en sus gabinetes, lo que no significa una inclinación a desvincular la política de las Fuerzas Armadas y/o de seguridad, ya que en algunos casos es clara la preeminencia en la agenda gubernamental. Se puede constatar en algunos países, como en Colombia, Brasil, Chile, Perú, y en la Bolivia postgolpe de Estado, una fuerte incidencia de la agenda securitaria (en un sentido amplio) en los gabinetes; así como la participación de empresarios/contratistas de las fuerzas militares, como en Colombia con el exministro de Iván Duque, Guillermo Botero. De otro lado, la “doctrina militar” es muchas veces enarbolada por civiles, como lo hace el ministro de Defensa de facto en Bolivia, Luis Fernando López Julio, iniciado desde muy joven en la materia (estudió en Colegio Militar e hizo el curso para ingresar a las Fuerzas Armadas, aunque luego abandonó), quien sostiene posiciones orientadas a proscribir las libertades democráticas para las mayorías indígenas, movilizando las Fuerzas Armadas en territorios focalizados para impedir

la participación en la campaña electoral. También debe destacarse, como llamativo, el caso de Brasil: un gabinete inaudito con la participación de nueve militares en el gabinete y de otros 2 mil 500 miembros de las Fuerzas Armadas en diferentes instancias de gobierno –incorporados en muy poco tiempo, durante el período que va desde que asume Michel Temer al arribo de Bolsonaro al Gobierno, en 2018–. No son pocos los países con presencia militar en sus gabinetes: Guatemala, México, Honduras, Ecuador y Paraguay también mantienen a militares activos y retirados como ministros de Defensa, y en varios casos en “Seguridad Interior”. En Venezuela, un caso particular desde hace décadas por la importante presencia de militares en la política, mantiene en su

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gabinete a un importante número de militares retirados –y a algunos activos–; como Nicaragua, que tiene en su gabinete tres militares retirados. En este caso, tal como se aclara al inicio del apartado, no se trata de la profesión de fe de tal o cual ministro o ministra, sino considerar en qué medida lo religioso comporta un elemento relevante para la definición de los asuntos públicos para determinado integrante. En ese sentido, resulta fundamental mencionar la creciente participación de pastores y pastoras evangélicos/as en partidos políticos gubernamentales –de creación específica o al interior de los partidos tradicionales–. Con una clara injerencia en las agendas públicas, el fenómeno se concentra sobre

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todo en todo Centroamérica, donde tiene una participación creciente y, en muchos casos, amplia, como el caso de la expresidencia de Jimmy Morales de Guatemala. En otros casos, se verifican agendas evangelistas con mucha inﬂuencia en los gobiernos actuales, como en Honduras, Costa Rica, Nicaragua, Colombia y Brasil, donde también se puede ver un (significativo) cruce católico/evangélico y una reorganización de las relaciones entre las iglesias, en función de su vínculo con el gobierno. La cuestión de la fe como atributo de las y los miembros de los gabinetes y como agenda estatal tiene también otra connotación, más directamente geopolítica. Por ejemplo, dos altos funcionarios de la administración de Donald Trump, Mike Pence y Mike Pompeo, han promocionado –durante los últimos años– en toda Latinoamérica a “Capitol Ministries”, una organización neopentecostal liderada por Ralph Kim Drollinger, dedicada al lobby con gobiernos que tienen una amplia “amistad” con la Casa Blanca. De hecho, el propio presidente Trump, creó la “Oficina de la Fe y la Prosperidad” desde la cual se desarrollan diversos eventos donde han participado y participan destacados políticos, como el presidente Juan Orlando Hernández, de Honduras, y se establecen visitas de incidencia evangelista y judaica en otros países, como ocurrió con Nicaragua, Guatemala, El Salvador. Viendo las composiciones de los gabinetes de Guatemala, Argentina (en el mandato de Mauricio Macri), México, Brasil y Paraguay, donde han sido nombrados ministros o ministras con jerarquía en sus cultos religiosos, es plausible afirmar la existencia de una tendencia creciente de injerencia política de la fe en las agendas públicas. Así no sea, incluso, de formas episódicas pero con gran repercusión, como la simbólica y expresiva

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alusión religiosa al momento del golpe de Estado en Bolivia el año pasado. La agenda de las mujeres en Latinoamérica es indudablemente creciente: el movimiento feminista se expresa de distintas formas y con distintos matices por prácticamente todo el continente, con reivindicaciones políticas de diverso tenor y contenido, como la paridad en cargos públicos y la igualdad salarial, asuntos que se ha instalado en la agenda política y en la opinión pública al punto de estar incorporados como debate en casi todas las campañas electorales y en los distintos ámbitos de la vida pública. Sin embargo, sigue siendo un ámbito dominado claramente por hombres, como lo demuestra el Cuadro 4, pues tan sólo cinco países se aproximan al 50 opr ciento de mujeres en el gabinete: Costa Rica, El Salvador, Colombia, Perú, y México, y únicamente Nicaragua ha superado en ciertos momentos más del 50 por ciento. Al mismo tiempo, y como elemento contextual a la cuestión, hoy en día se advierte una innegable ofensiva regional conservadora que supone que la igualdad, las leyes de cuotas y la agenda de derechos de las mujeres son elementos a ser contenidos y reducidos. Esta tendencia también se proyecta en esta baja incorporación de mujeres en los gabinetes y en la “normalización social” de los gabinetes compuestos por hombres, reforzando la continuidad de la idea heteronormativa masculina como predominante para la política, y para la esfera pública en general. En este panorama regional, aparecen algunas contratendencias institucionales auspiciosas, como el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, en la Argentina. En tanto empresarios –tal como es distinguido como criterio en el presente informe– el cuadro 5 puede dar a entender una presencia (actual) mediana o baja en los gabinetes latinoamericanos contempo-

ráneos. Sin embargo, es importante tener en cuenta dos elementos: por un lado, que esa misma presencia se registra con mayor proyección en los países más importantes –por población y PIB–, donde los sistemas políticos responden a trayectorias de desarrollo más complejas e interconectadas, marcando en cierta medida algunas de las tendencias en curso en la región. Por otro lado, que en los países con una presencia baja hay, sin embargo, un número expresivo de ministros/as con “redes de socialización” vinculadas a intereses empresariales, lo que también tiene efectos sobre los destinos de las agendas del gobierno. Presidentes empresarios como Sebastián Piñera en Chile (2018-2022) y Mauricio Macri en Argentina (2015-2019), son

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muestra irrefutable del interés de los grupos económicos por controlar y subsumir los recursos estatales en beneficio de los negocios de sus empresas: aquí la característica “empresarial” ya no describe al gabinete sino al gobierno en su totalidad. Y, al respecto, las denuncias judiciales encaradas sobre esta contradicción son clarísimas en ambos casos. En contrapartida, los medios de comunicación hegemónicos han desdoblado el problema presentando la idea de que estas interferencias pueden llegar a ser hasta “beneficiosas”. En otros países, como en Colombia, Guatemala, El Salvador, Panamá, Brasil, Paraguay y Perú, los grandes empresarios no se presentan a las elecciones o no ha-

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cen parte de gabinetes, pero respaldan la incorporación política de nombres de gerentes o asesores de sus empresas a puestos ejecutivos. Lo hacen, por ejemplo, en el caso de Brasil, para funcionarios de segundo y tercer escalón de la administración estatal, lo que los deja afuera de una consideración exclusivamente ministerial pero no significa que no sea preocupante desde el punto de vista de la colonización económica de las estructuras gubernamentales. La presencia de empresarios en los gabinetes interpela, en términos generales, un asunto más complejo y estructural de las democracias latinoamericanas: en qué medida el Estado se convierte en una fuente de ampliación de la riqueza para aquellos sectores ligados al poder establecido. Si bien la retórica neoliberal marca como “inconveniente” una interferencia del Estado en el marcado, lo cierto es que la “colonización empresarial en los gobiernos” es uno de los recursos más directos y expresivos del avance –o no– del neoliberalismo como proyecto social y político en la región. Salvo excepciones, los movimientos sociales o sindicales no suelen con tar con representantes en los gabinetes latinoamericanos. Al respecto, la comparación entre los gabinetes salientes y entrantes de Argentina y salvo excepciones, los movimientos sociales o sindicales no suelen contar con representantes en los gabinetes latinoamericanos. Al respecto, la comparación entre los gabinetes salientes y entrantes de la Argentina y Bolivia son bastante llamativos. En el caso de Argentina, el gabinete de Alberto Fernández repone una característica de presencia de representantes de expresiones sociales y sindicalismo (deudora también del diagrama peronista de organización del Estado) muy ausente como principio ministerial en el gobierno de Mauricio Macri. Al caso inverso de sustitución lo

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ejemplifica Bolivia, entre el gabinete de Evo Morales y el de Jeanine Áñez. En el gabinete de Morales se expresaron de forma contundente los movimientos sociales y los sindicatos, marcando un momento inusitado para la historia latinoamericana reciente; y no tan sólo por esa presencia, sino por las acciones y reﬂexiones realizadas en torno a la relación entre Estado y Movimiento Social –cuestión que abrió, incluso, todo un ámbito de conceptualización sobre los paradig- mas de la gestión pública-; situaciones parecidas pueden encontrarse para Venezuela y Nicaragua, donde es importante la presencia de movimientos sociales en los gabinetes, relacionados con movimientos estudiantiles y de trabajadores. En la mayoría de los países latinoamericanos la no presencia de liderazgos sociales o sindicales expresa justamente el carácter todavía elitista (socialmente) de los gobiernos. En la mayoría de los gabinetes es difícil encontrar representantes directamente conectados con grupos sociales activos. Como puede observarse en el cuadro 7, en la mayoría de los países las y los ministros formados en el exterior representan un porcentaje no menor, vinculado en la mayoría de los casos a estudios superiores en finanzas, economía y administración. Los casos más emblemáticos son los de Chile, Bolívia y México, donde hay una alta presencia de ministros y ministras con formación y/o trayectorias profesionales en el extranjero (más de 10). Contar con un gabinete donde las figuras designadas para dirigir carteras tienen formación en el exterior supuestamente dotaría de “prestigio” a las políticas propuestas por los gobiernos. Como ocurre en Bolivia en la actualidad, bajo la presidencia de facto de Jeanine Áñez: aquí la conformación del gabinete “a las apuradas” se hizo promoviendo a repre-

entantes que tuvieran “recorrido “internacional”. Está claro que esta dimensión de la formación no se agota en este punto: se trata de una problemática más profunda vinculada con la relación centro/periferia de la clase dirigente latinoamericana en general. Como cierre de una puntualización morfológica de los gabinetes no hay que dejar de precisar que las distintas constituciones latinoamericanas han dado distintas funciones a la figura del vicepresidente (cuando existe) y/o al presidente del Consejo de Ministros, cuando este no es el presidente de la República, circunstancias que amplían lo que estrictamente debe reconocerse como “gabinete”, en tanto forma parte del Poder Ejecutivo. Existen, en ese sentido, varios tipos de figuras vicepresidenciales con alto nivel competencial, como en Bolivia, donde es un cargo de elección popular. En otros países, como Venezuela, el/los vicepresidentes son cargos de elección presidencial, funcionando como algo así como “superministros”. Situación similar ocurre con el presidente del Consejo de Ministros en Perú, una figura relevante –tanto administrativa como políticamente– pues es el

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encargado de gran parte de las relaciones del Ejecutivo con el Legislativo.

Sobre una caracterización de los gabinetes latinoamericanos Luego de un primer acercamiento a las composiciones de los gabinetes latinoamericanos, ahora se procura establecer un “perfil” del gabinete a partir de otros criterios, más vinculados con aquello que resulta determinante para comprender su dinámica o mecánica de funcionamiento y, en relación con uno de los objetivos del informe: los resortes de sostenimiento y legitimación con los que cuentan los presidentes en sus gobiernos. Para ello se han distinguido los siguientes “círculos” prioritarios que permiten caracterizar a un gabinete de otro; los criterios de dis-

tinción serían: a) Gabinete con centro presidencial o ideológico: se distingue por aquellos ministros “amigos” de los presidentes, personalidades ideológicas claves del proyecto político o cuyo reclutamiento es por decisión directa del presidente. b) Gabinete electoral: en referencia a aquellos gabinetes de ministros/as que prioritariamente son formados a partir de negociaciones con las fracciones de la coalición electoral, o que ha sido incorporados según los necesarios equilibrios correspondientes a la coalición electoral que permitió el arribo a la presidencia. c) Gabinete parlamentario: el compuesto por ministros/as que cumplen predominantemente la función de equilibrar y facilitar las necesarias relaciones con el Poder Legislativo; no quiere decir que lo logren (de hecho, en la mayoría de los casos referidos, éstos no han podido estructurar vínculos sólidos con sus Congresos). d) Gabinete técnico: se distingue por la presencia de ministros/as con (supuesta) idoneidad “técnica” para la resolución determinados problemas de agenda, cuya consagración pública suele estar por fuera de la trayectoria política tradicional (no son integrantes de la “clase política” mencionada”) e) Gabinete híbrido: son los casos en loscuales se combinan los diferentes tipos de gabinetes sin ninguna preponderancia. A partir de estos criterios se propone una tipología para los gabinetes latinoamericanos, ubicando a cada caso a partir de la preponderancia de un determinado perfil, por encima de los otros.

Los gabinetes presidenciales y el análisis diacrónico En este último cuadro/sección se amplía el universo de los gabinetes latinoamericanos a considerar –no de forma

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exhaustiva, tan sólo a los fines de algunas visualizaciones complementarias– para poder tener más ejemplos que permitan poner en relación los tipos de gabinete y una cuestión central de los regímenes políticos latinoamericanos: la estabilidad presidencial, aspecto que se pone a prueba al momento de una determinada “crisis política” –que puede ser ocasionada por diversas circunstancias y con diferentes magnitudes–. Impulsada esa “crisis política” por varios factores, deben destacarse las movilizaciones y protestas sociales de la ciudadanía en cuestión. Así, la intención en este caso fue poder establecer si hay un tipo de correlación entre un determinado tipo de gabinete y la ausencia o incremento de determinadas “crisis política”. Como podrá observarse, no hay una correlación específica entre tipo de gabinete y su mayor ductilidad para sobrellevar determinadas “crisis políticas”. Todos los tipos de gabinetes tienen modificaciones ministeriales y tienen que lidiar con “crisis políticas” en algún momento de sus mandatos, que es indistinto según su orientación ideológica. Sin embargo, lo que sí vale la pena resaltar es un hecho que muchas veces se presenta como su contrario: los gobiernos con una determinada organización ministerial “electoral”, “parlamentaria” o “técnica” –que es, como muestran los ejemplos aquí considerados, los tipos de gabinetes que compatibilizan mejor con una orientación neoliberal del gobierno– suelen ser potencialmente vistos como más proclives a garantizar la “estabilidad política”, con más atributos (supuestamente) para conjugar intereses sociales que vayan metabolizando diferentes tipos de conﬂictos. En la práctica, sucede todo lo contrario; estos gabinetes terminan siendo de los más conﬂictivos y menos estables, característica que bien vale pensar

para una reﬂexión más profunda acerca de los formatos y proyectos políticos para los presidencialismos latinoamericanos.

Reflexiones Finales: los gabinetes y los presidencialismos La composición actual de los gabinetes, los criterios utilizados por los presidentes para decidir esa composición y el vínculo de los gabinetes con la estabilidad de los mandatos presidenciales habilitan a una serie consideraciones para la reflexión. Sin ser conjeturas taxativas sobre el tema –porque, además, la excepcionalidad de la pandemia también puede llegar a contribuir en los diseños institucionales futuros– lo importante es tratar de contribuir para una reflexión sobre una dimensión cada vez más relevante en los respecta al funcionamiento de los Poderes Ejecutivos de la región: sus gabinetes presidenciales. a. En un contexto de creciente circula-

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Se conjuntan dos elementos en la región. Por un lado, la tendencia regresiva de la democracia en varios países y el protagonismo de los militares

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ción de información, múltiples actores intervinientes en la confección de las agendas públicas, los gabinetes ministeriales parecieran mostrar una mayor capacidad de injerencia o determinación política propia (aún en los gabinetes considerados “menores”), lo que redun da en un tipo de presidencialismo diferente si lo comparamos con los que emergieron en los primeros lustros del siglo XXI. b. La cuestión de la presencia empresarial en los gabinetes latinoamericanos arroja algunas conclusiones interesantes. Numéricamente no se identifica un número muy alto de ministras/os que hagan de su “éxito” como empresarios/as un criterio de legitimación y autorización para el ejercicio del cargo (aproximadamente un 7 por ciennto promedio de los gabinetes latinoamericanos son ocupados por empresarios/as). El fenómeno es interesante observarlo en relación con el presidente: la autoridad política proveniente del “mundo empresarial” funciona más para el cargo presidencial que para el ministerial, como en el caso de Mauricio Macri o Sebastián Piñera, donde no se pone en juego tanto su legitimación (derivada, en ultima instancia, de la designación del presidente) como su capacidad de gestión. Al respecto, también es importante notar que los gobiernos/presidencias progresistas suelen desestimar en mayor medida los vínculos –más o menos orgánicos– con el mundo empresarial, cuestión que muchas veces está por detrás de las desestabilizaciones a las que son objeto. c. La inclusión de mujeres en los gabinetes debería ser –pero aún no lo es– una discusión central de todas las fuerzas políticas. Hoy en la región puede hablarse de un 18 por ciento promedio de mujeres en cargos ministeriales. El debate debería ser amplio, poniendo en discusión que esa presencia también pueda proyectarse (de

forma reiterada y no tan sólo de manera episódica) a ministerios como los de Economía, Defensa, Seguridad o Jefaturas de Gabinete. Cuestión central para las fuerzas progresistas, si se pretende disputar las tensiones culturales alrededor de la polarización iniciada desde las fuerzas de derecha con la llamada “ideología de género”, sobre la cual se han construido imaginarios ultraconservadores. d. Es notable la presencia de ministros/as con formación en el exterior: el Informe distingue que en promedio un 25 por ciento de los gabinetes latinoamericanos están compuestos por miembros con estudios (de grado/posgrado/especializaciones intelectuales o profesionales de diverso tipo) en el exterior. Esto implica dos cuestiones relevantes: por un lado, que todavía es relativamente baja la oferta de formación en muchos países de la región y, por otro lado, que sigue siendo bien arraigada la cosmovisión en buena parte de las élites políticas y económicas latinoamericanas respecto de la importancia del vínculo con el exterior, sea como socialización y prestigio personal, sea desde el punto de vista de la legitimidad de las nociones que se ponen en juego al momento de definir cuestiones que hacen a los asuntos públicos de un país. e. Viendo las tendencias regresivas de la democracia en la región, donde los militares vienen jugando un papel importante, se hace necesario generar una discusión sobre el poder de éstos y cómo expresan sus posiciones e intereses políticos; negar su relevancia cada vez mayor en algunos ámbitos de decisión– en la consideración amplia aquí distinguida respecto de aquello considerado como “fuerzas militares”– y el tipo de poder que su actuación supone puede constituir una negación conducente a mayores regresiones en materia democrática.

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LA ERA TRUMP Y LA DEPENDENCIA

EN AMÉRICA LATINA: UNA APROXIMACIÓN El siguiente informe es un intento preliminar de aproximación al nivel de dependencia económica, política y de seguridad de los países de América Latina y el Caribe respecto de Estados Unidos. Se trata del inicio de una vasta tarea de sistematización de datos cuantitativos y cualitativos que pueden ayudar a visualizar el modo en que se materializa la presencia de los intereses del gobierno y el sector privado estadunidenses en la región

123RF

SILVINA ROMANO, DOCTORA EN CIENCIA POLÍTICA/ANÍBAL GARCÍA FERNÁNDEZ, MAESTRO EN ESTUDIOS LATINOAMERICANOS/TAMARA LAJTMAN, MAESTRA EN ESTUDIOS LATINOAMERICANOS Y ARANTXA TIRADO, DOCTORA EN RELACIONES INTERNACIONALES E INTEGRACIÓN EUROPEA/ CENTRO ESTRATÉGICO LATINOAMERICANO DE GEOPOLÍTICA (CELAG)

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on la llegada de Trump a la presidencia de Estados Unidos, numerosos análisis plantearon que vendría un cambio en la relación con América Latina y el Caribe, augurando una disminución en los vínculos económicos (en virtud de las medidas proteccionistas) e incluso advirtieron sobre el desinterés de la región para el gobierno republicano, ahondando en la tesis de la insignificancia de la región para la política exterior estadunidense [1]. Sin embargo, desde su carrera a la Presidencia en adelante, América Latina y el Caribe está en el centro de las “preocupaciones” de Trump: desde el muro con México y la “cuestión migratoria”, hasta la “amenaza comunista” de Venezuela, Nicaragua y Cuba [2]. Recientemente (en el medio del caos en Estados Unidos por el coronavirus y pocos días después de haber lanzado un “Marco para la transición democrática de Venezuela”) [3], Trump ha anunciado un megaoperativo antinarcóticos en el Caribe y el Océano Pacífico con el argumento de que los cárteles de la droga se están aprovechando de la pandemia para amenazar las vidas de los estadunidenses. Semanas antes, el jefe del Comando Sur advertía que en 2020 aumentará la presencia militar de Estados Unidos en la región. La Administración Trump le ha dado un nuevo impulso al histórico expansionismo estadunidense en la región, reforzando la presión económica, política, militar y diplomática contra Venezuela, pasando por la asfixia económica a Cuba, e incluyendo el apoyo a golpes de Estado como el de Bolivia. Todo operacionalizado a través de un tejido institucional instalado hace décadas, especialmente a partir de la Guerra Fría. Estas instituciones y organismos, nacionales y multilaterales, que articulan los

intereses del gobierno y el sector privado estadunidense –en ocasiones fuertemente arraigados en las sociedades locales– constituyen la arquitectura sobre la cual se construye la hegemonía en la región, desplegándose en lo económico, político, y militar, marcando tendencias, organizando con mayor o menor incidencia la institucionalidad (y el tipo de institucionalidad) en estos ámbitos. ¿Cómo hacer visible, diseccionar, identificar los componentes de este proceso de construcción de hegemonía por parte de Estados Unidos y el reforzamiento de la dependencia por parte de los países latinoamericanos? El trabajo a continuación constituye un intento preliminar para aproximarnos a algunas respuestas, utilizando datos provenientes de los programas y actividades del sector público y privado de Estados Unidos., que suelen estar dispersos o dejados al margen a la hora de comprender la situación económica, política o social de los países de ALC pero sirven para ponderar su nivel de dependencia respecto de Estados Unidos. Se trata sólo del inicio de una vasta tarea de sistematización de datos que ayudan a visualizar el modo en que Estados Unidos construye y aplica herramientas de poder blando y duro para consolidar su hegemonía.

Dependencia En términos económicos implica, entre otras cuestiones: deterioro de los términos de intercambio de las materias primas, el déficit crónico de las balanzas de pago, la rigidez en la composición de las exportaciones y la descapitalización progresiva. Pero no se reduce a lo económico, pues se enmarca en las dinámicas centro-periferia propias del imperialismo y

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La dependencia no sólo se mide en términos económicos; también, políticos, de seguridad, tecnológicos e inﬂuencia ideológica

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el neocolonialismo en el sistema internacional organizado en una estructura de instituciones y de clases de acuerdo con el poder. Esta estructura está diseñada por los países centrales y debe ser asumida por los países periféricos, limitando su libertad de acción económica, política y geopolítica, si es que han de evitar las sanciones del sistema [4]. La dependencia no se mide sólo en términos económicos, sino en aspectos políticos, de seguridad, tecnológicos, culturales y, en última instancia, en la inﬂuencia en la construcción de un sentido común/reproducción ideológica sobre “cómo deben ser las cosas”, qué es (o debería ser) el “buen funcionamiento” de la economía, qué debemos entender por democracia, igualdad, etcétera. Es muy complejo cuantificar aspectos tan cualitativos como las relaciones políticas: una mayor dependencia no emana siempre de la cantidad de reuniones oficiales o visitas diplomáticas; tampoco se reduce a la cantidad de acuerdos para el desarrollo tecnológico o en materia comercial. Las llamadas telefónicas entre Bolsonaro o Macri y Trump, o las visitas y reuniones entre ellos, valen más en términos cualitativos que cuatro visitas

de diplomáticos del Departamento de Estado a cada país. La intimidad de los vínculos no se mide por la cantidad de encuentros sino por el tipo de personalidad (jerarquía) que se reúne y los temas que tratan, así como por la importancia de los intereses en juego. Además, hay que tomar en cuenta las alianzas, acuerdos tácitos y relaciones políticas entre élites gobernantes de Estados Unidos y América Latina y el Caribe que discurren fuera del ámbito de lo público o, cuando menos, no acaparan los focos. Lo mismo puede decirse para aspectos económicos: la venta de Embraer a la estadunidense Boeing es “una sola”, pero tiene un peso relativo enorme, considerando el rol de Embraer en el complejo industrial-militar y de aviación civil no sólo en Brasil, sino a nivel regional [5]. La asistencia “para el desarrollo” obedece a una lógica similar: por ejemplo, en el caso de Bolivia, no es de gran relevancia el monto de la asistencia sino los organismos locales que la canalizan y en qué sectores, destacando el ámbito de formación política, de jóvenes líderes y asesoría a partidos políticos, en un escenario de tensión con el gobierno del Movimiento al Socialismo (Mas), creciente desestabilización y culminación en un

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golpe de Estado [6]. Del mismo modo, el acuerdo que permite la presencia de una base de asistencia humanitaria de Estados Unidos en Neuquén, Argentina, en el área de yacimientos de hidrocarburos clave como los de Vaca Muerta [7], no se compara con las numerosas bases de las que dispone Estados Unios en Colombia, pero es de un enorme impacto al mostrar la intención de presencia militar a nivel territorial en la Patagonia, extendiendo el ya “tradicional” espectro de control en la Triple Frontera entre Argentina, Paraguay y Brasil. En el ámbito de defensa, se expresa no sólo en la formación y el adoctrinamiento de las Fuerzas Armadas respectivas o la coordinación entre las fuerzas de Estados Unidos y América Latina y el Caribe sino también en términos de la dependencia en la tecnología militar (fabricación de equipos, compras de armamento y repuestos). Esta dependencia tecnológica militar implica ser rehén de un conjunto de intereses geopolíticos y económicos hegemónicos lo que, en última instancia, implica asumir una forma de pensar, de hacer las cosas, incluso la definición de ciertos enemigos [8]. La asistencia y ayuda militar, en términos generales, son un indicador de dependencia pero, además, abren la puerta a la desestabilización de los gobiernos de la región, especialmente los de la izquierda o progresistas [9]. Por un lado, entonces, exponemos algunos datos cuantitativos con respecto a los montos en intercambio económico, vínculos diplomáticos y políticos (incluida la asistencia para el desarrollo) y de relaciones en el ámbito de la seguridad. No obstante, en cada tabla presentamos también una serie de aspectos cualitativos que parecen fundamentales para contextualizar los números y dimensionar el tipo de vínculo, la intensidad y

profundidad de las relaciones que cada país o gobierno va tejiendo con el sector público-privado de Estados Unidos. En consecuencia, la ponderación sobre el nivel de dependencia bajo, medio y alto, en términos económicos, políticos y de seguridad de cada país, obedece a la articulación entre indicadores cuantitativos y cualitativos. México, Colombia, Guatemala y Honduras muestran los indicadores cuantitativos y cualitativos más altos de dependencia, y son el punto de referencia para la valoración de los demás países; a su vez, la ponderación obedece a las continuidades y cambios

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más significativos en los últimos años, que en general se asocian a los cambios de gobierno y el tipo de proyecto (neoliberal, neoliberal conservador, progresista, etcétera) planteado. Los datos no son exhaustivos, se trata de una aproximación más bien representativa, con el objetivo de contribuir a pensar y debatir en qué medida y en qué aspectos dependen nuestros países de Estados Unidos. La mayor parte de la información proviene de fuentes oficiales estadunidenses, de modo que tienen la impronta de ese país (qué se mide y cómo se lo mide). A pesar de esta limitación, los datos pueden ser útiles para cruzar con información proveniente de los gobiernos de Latinoamérica y el Caribe. Los países analizados son Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay. No incluimos a Venezuela, Cuba y Nicaragua, porque plantean procesos políticos y económicos en permanente tensión con Estados Unidos. Eso no significa que no existan vínculos con Estados Unidos (inversiones y relaciones comerciales, intercambio político, asistencia para el desarrollo, etcétera) pero el escenario en el que se desarrollan esas relaciones es el de guerra híbrida permanente y no cabe analizar las mismas categorías insinuando la existencia de una “normalidad” [10].

Países más dependientes Colombia, México y los países de Centroamérica (Guatemala y Honduras) tienen Tratados de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos y muestran mayor dependencia económica, a la vez que tienen acuerdos de seguridad alineados totalmente a la doctrina de seguridad hemisférica antinarcóticos y

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antiterrorista: Plan Colombia, Iniciativa Mérida, Iniciativa Regional de Seguridad para América Central. Esto se materializa también en una alta dependencia política en el caso de Colombia y Centroamérica, con la excepción de México a partir del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que busca alternativas y “grietas” en una relación previa altamente dependiente (“dependencia estratégica”, según algunos analistas) para implementar una política nacional e internacional soberana. Llamativo es el caso de Perú, que muestra una “dependencia silenciosa” o desapercibida. Es impactante la capacidad de injerencia de Estados Unidos en aspectos políticos, de desarrollo y de seguridad.

Los vínculos económicos

En términos generales, a pesar de las voces de alarma frente al proteccionismo de la Administración Trump, e incluso ante la imposición de aranceles en algunos productos, se conservan las relaciones comerciales de los países de la región con Estados Unidos, caracterizadas por el expansionismo estadunidense y la lógica neoliberal. Aún aquellos países que han sido castigados severamente a través de restricciones migratorias y medidas antimigrantes, en general, como México, Guatemala y Honduras, no han mermado su vínculo comercial con Estados Unidos. Entre los países con mayor brecha entre lo que exportan y lo que importan (brecha a favor de Estados Unidos) encontramos a Argentina, Chile y Brasil. A su vez, destaca el caso de Bolivia, que mostraba antes del golpe el mayor equilibrio a nivel regional en importaciones y exportaciones. Con respecto a la Inversión Extran-

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Asistencia “para el desarrollo”

jera Directa, los países con tratados de libre comercio y alineados a la doctrina de seguridad de Estados Unidos son los que reciben mayor inversión: Colombia, México, Honduras y Guatemala. Estos dos últimos conforman el área comercial del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana, que incorpora al Caribe. Destaca que la mayor inversión de Estados Unidos en la región no es en recursos naturales. En Colombia, la mayor parte de las inversiones es en servicios y luego en recursos naturales; en Centroamérica y México destaca la inversión en manufactura. En estos casos, Estados Unidos recurre a la mano de obra barata, la cercanía territorial, las ventajas comparativas por exención impositiva y otras medidas de atracción de inversiones, a la vez que utiliza y se ve beneficiado por la histórica presencia institucional de sus empresas y diversos organismos del sector público-privado estadunidense que facilitan el “hacer negocios” (esta trayectoria institucional y tendencias a las joint ventures, etcétera data, al menos, de la década de 1950).

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Esta presencia institucional se materializa o visualiza especialmente a través de las agencias y proyectos de asistencia para el desarrollo. Si bien la Administración Trump advirtió desde un inicio que recortaría la ayuda (y así lo hizo) esto no significa que tal asistencia haya desaparecido pues, en muchos casos, se ha reconducido, incluso para propósitos para los que no había sido diseñada, como el respaldo al “cambio de régimen” en Venezuela [11]. Los fondos tendieron a fluir a través del sector privado: agencias como la Overseas Private Investment Corportation (OPIC), la US Trade and Development Agency (USTDA), que se reformaron desde 2018 mediante la Ley BUILD [12], o incluso las ya tradicionales fundaciones emanadas del gobierno y los partidos Demócrata y Republicano, como la National Endowment for Democracy (NED), el National Democratic Institute (NDI), y el International Republican Institute (IRI). Es clave la presencia de esta asistencia (por la vía bilateral o por la vía privada), pues abarca desde asistencia a sectores vulnerables, como mujeres, niños, comunidades indígenas y el cuidado de la naturaleza, pasando por la promoción de micro-emprendimientos, el asesoramiento para la mejora del aparato legislativo y judicial, hasta la formación de cuadros, jóvenes líderes y democracias transparentes. Es un espectro bastante completo de control en términos de poder blando. Los países que mayor cantidad de asistencia reciben, y en diversos rubros, son Guatemala, Honduras, Colombia y México, sumando la asistencia antinar-

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cóticos y antiterrorismo que es considerada como parte de la “asistencia para el desarrollo” por el Departamento de Estado. Destaca, en términos generales, el aumento de la asistencia a Brasil en 2019, así como la asistencia a Perú –incluida la asistencia al aparato jurídico y a organizaciones no gubernamentales dedicadas a transparencia y anticorrupción–. También en México ﬂuye la asistencia en proyectos “anticorrupción” y reformas del aparato judicial, así como estrategias de transparencia democrática, entre otras. En todos los países es una constante la presencia de la NED, NDI, el IRI; organismos como la Inter-America Foundation y la Pan American Development Foundation, así como las empresas Checchi, Chemonics, TetraTech, en procesos electorales [13]. Otras empresas e instituciones: FHI360; World Vision; RTI International; Mercy Corps; DevTech Systems; Consortium for Elections and Political Process Strenghtening, vinculadas a religión, procesos electorales, salud, etcétera. Se suma la presencia de universidades estadunidenses, de la cual destaca la Vanderbilt University que está presente en todos los países (es la que elabora la encuesta sobre opinión pública de mayor alcance a nivel regional a través del Latin American Public Opinion Project). En la mayoría de los países se encuentra la Red Innovación financiada por el Instituto Democrático Internacional (vinculado a USAID y NED), para formación de nuevos líderes, transparencia, gobernabilidad, etcétera.

Vínculos políticos y diplomáticos Destaca el estrechamiento de relaciones y la multiplicación de visitas entre la

Administración Trump y los gobiernos de Bolsonaro en Brasil, Macri en Argentina y Moreno en Ecuador. También el apoyo a los golpistas bolivianos por parte del Departamento de Estado, y el respaldo explícito a los gobiernos de Piñera en Chile y Moreno frente a las protestas sociales suscitadas en sus respectivos países. El mantenimiento de las estrechas relaciones políticas entre los presidentes de la derecha colombiana y chilena con Estados Unidos es una constante. Con México se mantiene el alto intercambio a pesar del cambio de signo ideológico. En los casos de Honduras y Guatemala, se observa de manera más nítida el tutelaje estadunidense sobre la política interna a través de un mayor número de comunicados emitidos sobre dicho aspecto. En cuanto a inﬂuencia (o apropiación) de desarrollo tecnológico, destaca el lugar creciente que va ocupando Estados Unidos en la asesoría en el desarrollo nuclear, en joint ventures para patentes en países clave como Brasil y Argentina, a la vez que ha logrado acuerdos sobre ciberseguridad con la mayoría de los gobiernos de la región.

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Vínculos en materia de seguridad Los países de la región no dejaron de comprar armas al gobierno de Trump. Por el contrario, en los primeros años del gobierno de Macri en Argentina y de Bolsonaro en Brasil, aumentaron exponencialmente las compras a Estados Unidos. Esto forma parte de los objetivos del gobierno estadunidense de ensanchar su complejo industrial militar, lo que implica lograr mayores ventas. Las medidas del gobierno de López Obrador en México, han alcanzado el ámbito de la seguridad, articulándose también con una posible diversificación de proveedores, incluyendo la cooperación técnico-militar con Rusia. Se mantiene la tendencia de Estados Unidos como principal proveedor de armas y cursos de capacitación en la región. Lo novedoso es la mayor presencia

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de fuerzas de seguridad de Estados Unidos en países como Brasil y Argentina, que se suma a la presencia ya estable y apabullante en Colombia, Perú y Centroamérica. Esto otorga una dominación de espectro cada vez más completo, al menos desde la perspectiva de una geopolítica hegemónica y dura, que permite cierto control en costas del Pacífico (a través de la alianza con Chile y Perú), en la Amazonía (Perú y cada vez mayor presencia en Brasil) y el Atlántico Sur (Brasil y Argentina). En lo que respecta a la asistencia militar, es fundamental el hecho de que el recorte presupuestario en muchos programas (lo que también se verifica en la asistencia para el desarrollo) no significa una disminución de la presencia militar en la región, sino justamente lo contrario. Según el Comando Sur, una mayor presencia militar compensa las pérdidas ocasionadas por el recorte de fondos en cooperación para la seguridad [14]. Todo lo anterior nos permite demostrarque la expansión de los intereses estadunidenses en América Latina el Caribe no se detiene, ni siquiera con gobiernos como el de Donald Trump, a quien que algunos analistas califican erróneamente de “contrario a la globalización”, es decir, a la expansión de los capitales en una lógica neoliberal. La Administración Trump, como sus precedentes, reproduce un liberalismo asimétrico, nada recíproco, pues exige apertura a terceros mientras mantiene su mercado protegido. Esta presencia comercial se asegura gracias a la gran inﬂuencia política del gobierno y el sector privado, y por la presencia de sus Fuerzas Armadas en la región, con un espectro de control cada vez mayor en territorios estratégicos. Ello contribuye a profundizar la dependencia de los países estudiados de la mano, en la mayoría de

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casos, de gobiernos de una derecha que representa a las élites políticas y económicas de la región, pero no necesariamente a sus pueblos.

Notas [1] Tesis refutada en los trabajos de autores como Atilio A Boron, John Saxe-Fernández, TelmaLuzzani, Mónica Bruckmann, Luis Suárez Salazar, María José Rodríguez Rejas, Ana Esther Ceceña, entre otras. [2] https://www.celag.org/rol-america-latina-en-las-elecciones-eeuu/ [3] https://translations.state. gov/2020/03/31/marco-para-la-transicion-democratica-de-venezuela/ [4] Definición sintetizada a partir de los aportes de: Dos Santos, Theotonio, La teoría de la dependencia. Balance y perspectivas. Buenos Aires: Plaza & Janes, 2003; Sunkel, Osvaldo y Paz, Pedro, El subdesarrollo latinoamericano y la teoría del desarrollo. México: Siglo XXI, 1980; Sweezy, Paul, Capitalismo e imperialismo norteamericano. Buenos Aires: Merayo, 1973; Johnson, Dale “Dependencia, desnacionalización del desarrollo y sistema internacional” en Guder Frank, Andre; Cockroft, James y Johnson, Dale, Economía política del subdesarrollo en América Latina. Buenos Aires: Signos, 1970, pp. 93-192. [5] https://www.celag.org/brasil-for-sale-bolsonaro-y-estados-unidos/ [6] https://www.celag.org/ee-uu-y-la-construccion-del-golpe-en-bolivia/ [7] https://www.celag.org/argentina-ajuste-militarizacion-alineamiento-ee-uu/ [8] Tellería Escobar, Loreta, “Estados Unidos-América Latina: la tecnología de la dependencia militar”, en Quintana Taborga, Juan Ramón, América Latina en el proyecto de domi-

nación de Estados Unidos. Pautas y perspectivas en el siglo XXI, La Paz, Editorial del Estado, 2019, p. 126. [9] Saxe Fernández, John, Petróleo y Estrategia. México y Estados Unidos en el contexto de la política global, México, Siglo XXI, 1980. [10] https://www.celag.org/lawfare-guerra-hibrida-disputa-geopolitica-america-latina/ [11] https://elperiodico.com.gt/ mundo/2019/07/17/eeuu-desvia-fondos-destinados-a-centroamerica-para-ayudar-a-oposicion-venezolana/ [12] https://www.usaid.gov/work-usaid/ private-sector-engagement/build-act [13] Cuando fueron las elecciones en Argentina en 2019, se señaló la vulnerabilidad del sistema electrónico. https://www.jornada.com. mx/2019/07/30/mundo/022n2mun [14] https://dialogo-americas.com/articles/ southcom-deploying-more-ships-forces-to-latin-america/

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MISCELÁNEO

EX LIBRIS

TUCÍDIDES Y LA PESTE CUANDO LA GUERRA ENTRE ATENIENSES Y PELOPONESIOS ÁLVARO CEPEDA NERI

atenienses se mostraron como buenos De gran ilustración y filosa políticos y dieron paso a un moderado crítica en sus columnas, como equilibrio entre los notables y el puela titulada “Dos fracasos de blo. Y fue eso sobre todo lo que levanla palabra” (publicada el pasado tó a la ciudad de la pésima situación día 27 de abril en varios medios de en que se encontraba”. comunicación), con la finalidad de II. Eso viene muy a la medida de pasarle revista a los excesos y abusos lo que está ocurriendo mundialmente: presidenciales del lopezobradorismo, estamos padeciendo la enésima peste el periodista Jesús Silva-Herzog Márque está devastando todos los capíquez ha tenido a bien recordarnos lo tulos, empezando por la devastación que significó la peste cuando la guerra humana (como la muerte del mismo de Atenas en la Historia del Peloponeso, estratega-estadista Pericles) y la desinvestigada y escrita nada menos que trucción económica que arrastra por el que fue un gran historiador al pueblo que representa el y militar ateniense: Tucídiaspecto social. Esa peste des (460-396? antes de contribuyó a la victoria Cristo). Y quien fue Autor: Tucídides de Esparta y Persia al precursor de Maquiafrente del Peloponeso, velo, lo cual no le resta Título: Historia de la Guerra derribando lo que originalidad al florendel Peloponeso había construido la tino, pues ambos comEditorial: Akal, Cátedra democracia Ateniense parten esa grandeza de o Gredos que encabezó a las casi pensadores-historiadores 200 ciudades-polis de que con sus trabajos han Solón. Pericles, Protágoras, seguido alumbrando con sus Clístenes, crean la democracia; la luces la antigüedad, lo moderno y lo que en sentido estricto es una forma contemporáneo. Es importante invode organización del Estado donde el car a Tucídides para traerlo a la crisis pueblo adopta las decisiones colectivas de nuestro tiempo, ya que uno de los a través de la participación directa o factores que colaboraron a la derrota indirecta que confiere legitimidad a sus de los atenienses fue precisamente representantes. Y en sentido amplio, es la peste de entonces. Y al final, una una forma de convivencia social en la Atenas casi totalmente destruida en lo que los miembros son libres e iguales económico, lo social, así como su funy las relaciones sociales se establecen damental vida marítima y su imperio, conforme a mecanismos contractuales. supo levantarse y, dice Tucídides: “los

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El término democracia proviene del griego antiguo y fue acuñado en Atenas en el siglo V antes de Cristo a partir de los vocablos: demos, el que puede traducirse como “pueblo”, y kratos, que puede traducirse como “poder”. III. Iba bien la Liga ateniense, pero crecía amenazante la Liga peloponesia, que era la rivalidad de Atenas-Esparta. La guerra entre esas dos potencias de entonces tanto en el mar como en la tierra tuvo un actor más: la peste. La que atacó sobre todo a los atenienses. Y debilitó a la democracia, favoreciendo a la autocracia. Eso, a su vez, corrompió el lenguaje, la palabra en una Atenas de oradores (donde demostró sus cualidades nada menos que Demóstenes) y con ello desgració el nacimiento de la democracia griega. Habrá que releer a Tucídides, el historiador-político por excelencia (con permiso del padre Herodoto), para explicarnos lo que tenemos enfrente: la enésima peste que está dejando serios rastros de miseria en salud y economía en todos los sistemas nacionales. Y criticar a los actuales “políticos”, quienes empezando por Trump, ninguno parece encontrar la forma de cómo contener la peste de coronavirus y la pavorosa crisis de los capitalismos, de los supuestos socialismos (China y Rusia), los despotismos de Corea del Norte, y las democracias parlamentarias de Europa.

ISSN: 1665-1626 REVISTASEMANAL Del 18 al 24 de mayo de 2020

Año 19 • Número 694 • $30