Contralínea 272

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ÍNDICE OPINIÓN DIRECTOR MIGUEL BADILLO oficiodepapel@contralinea.com.mx SUBDIRECTOR JOSÉ RÉYEZ jreyez@contralinea.com.mx COORDINADOR DE INFORMACIÓN ZÓSIMO CAMACHO zosimo@contralinea.com.mx COORDINADORA DE EDICIÓN NANCY FLORES nancy@contralinea.com.mx COORDINADOR WEB GONZALO MONTERROSA gonzalo@contralinea.com.mx COORDINADOR DE FOTOGRAFÍA JULIO CÉSAR HERNÁNDEZ julio@contralinea.com.mx COORDINADORA DE PUBLICIDAD JANETT ALBA janett@contralinea.com.mx COORDINADOR DE DISEÑO MIGUEL MINERO mimiga@contralinea.com.mx COORDINADOR DE PRODUCCIÓN LUIS KUAN produccion@contralinea.com.mx REPORTEROS ISABEL ARGÜELLO isabel@contralinea.com.mx RUBÉN DARÍO BETANCOURT ruben@contralinea.com.mx DAVID CILIA cilia@contralinea.com.mx FLOR GOCHE flor@contralinea.com.mx ELVA MENDOZA elva@contralinea.com.mx MARIELA PAREDES mariela@contralinea.com.mx ANA LILIA PÉREZ analilia@contralinea.com.mx ÉRIKA RAMÍREZ erika@contralinea.com.mx RUTH ROQUE ruth@contralinea.com.mx MAYELA SÁNCHEZ mayela@contralinea.com.mx ROGELIO VELÁZQUEZ rogelio@contralinea.com.mx

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LA ÉPOCA INFAME: ¿ADIÓS A TODO ESO? La alternancia electoral no parió la democratización del sistema, la igualdad política y la justicia. Tampoco dio paso a un modelo económico socialmente incluyente. Sólo provocó un reacomodo entre las fracciones de los grupos gobernantes, entre éstas la de la derecha neoliberal priísta y la reacción neoliberal panista que han preservado el régimen cleptocrático impuesto desde 1983 Marcos Chávez M

PORTADA

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EN MÉXICO, MÁS DE 5 MIL EXPERIMENTOS CLÍNICOS CON HUMANOS Un total de 5 mil 25 ensayos clínicos –investigaciones que emplean a seres humanos– se han emprendido en el país entre 1983 y 2011. No obstante que más de la mitad de los estudios se han hecho en institutos de alta especialidad y hospitales públicos, el gobierno estadunidense también ha desarrollado investigaciones biomédicas en México a través de sus institutos de salud. Detrás de la realización de pruebas médicas en humanos está el financiamiento de la industria farmacéutica, de la que destacan laboratorios extranjeros como Pfizer, Eli Lilly and Company, Roche, Sanofi-Aventis y Astrazeneca, algunos de éstos señalados por sus “conductas poco éticas” Mayela Sánchez

DEFENSOR DEL PERIODISTA ÁLVARO CEPEDA NERI cepedaneri@prodigy.net.mx DEFENSOR DEL LECTOR JORGE MELÉNDEZ PRECIADO jamelendez@prodigy.net.mx EDITORIALISTAS ABEL BARRERA abel.barrera@tlachinollan.org MARCOS CHÁVEZ mchm1995@gmail.com MIGUEL CONCHA MALO educacion@derechoshumanos.org.mx GUILLERMO FABELA QUIÑONES gmofavela@hotmail.com EDGAR GONZÁLEZ RUIZ edgargr@prodigy.net.mx PABLO MOCTEZUMA BARRAGÁN pablomoctezuma@hotmail.com JORGE LUIS SIERRA jlsierra@hotmail.com CORRESPONSALÍAS BAJA CALIFORNIA LORENA ROSAS COAHUILA ROSA ESTHER BELTRÁN DURANGO HÉCTOR HERNÁNDEZ MORALES GUERRERO JUAN CARLOS GONZÁLEZ SONORA ÁLVARO CEPEDA TAMAULIPAS HUGO JIMÉNEZ CAMPECHE • CHIAPAS • HIDALGO • GUANAJUATO MICHOACÁN • OAXACA • PUEBLA • QUINTANA ROO TABASCO • VERACRUZ • ZACATECAS DISEÑADORES CORRECTORA

MARLENE CAMACHO/LUCIO SÁNCHEZ NATALIA CASTAÑEDA

ILUSTRADORES LEÓN BRAOJOS / CAJA NEGRA X cajanegra.x@gmail.com MIGUEL GALINDO / CAJA NEGRA X gonzomandela@gmail.com CARTONISTA DAVID MANRIQUE manrique@contralinea.com.mx PÁGINA DE INTERNET

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19 DE FEBRERO DE 2012

32 SEGURIDAD ALIMENTARIA, CONGELADA Más de tres cuartas partes del territorio mexicano son afectadas por la sequía invernal; el impacto recaerá en 2 millones de habitantes, de acuerdo con cifras oficiales. En tanto, desde 2006 permanece en la congeladora del Senado de la República la Ley de Planeación para la Soberanía y la Seguridad Agroalimentaria y Nutricional Érika Ramírez

SEGURIDAD

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PASTA DE CONCHOS, IMPUNIDAD TRANSEXENAL A seis años de la tragedia de Pasta de Conchos, el luto permanece. No sólo la impunidad y la indolencia gubernamental persisten: también las condiciones laborales, administrativas y empresariales que ocasionaron la catástrofe. Las familias no cejan en la lucha por el rescate de los 65 cuerpos. Saben que van a contracorriente de intereses políticos y económicos: si los cuerpos fueran rescatados se sabrían con certeza los motivos de la explosión. “El 19 de febrero [de 2006] se detuvo el tiempo; para nosotros no hay Navidad, ni Año Nuevo ni Día del Amor y la Amistad. Vivimos pensando en esa noche cuando ya no regresaron”, expresa familiar de uno de los mineros víctimas Rosa Esther Beltrán Enríquez/Contralínea Coahuila

CONTRALÍNEA

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SOCIEDAD

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SUBSIDIOS FEDERALES PARA VIVIENDA, SIN CONTROL El Programa Ésta es tu Casa –único proyecto del gobierno federal para entregar subsidios para la adquisición de vivienda– carece de mecanismos adecuados para identificar a sus beneficiarios, coinciden el Coneval y la Auditoría Superior. En sus primeros cuatro años, el Programa operado por la Comisión Nacional de Vivienda ha atendido a casi 700 mil personas, pero la institución no ha podido acreditar que todos los recursos se destinaran a la población que los necesita

Ilustración de portada: León Braojos

Mayela Sánchez

CONTRAPODER

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LA COMPLICIDAD CALDERÓN-PADRÉS EN SONORA Álvaro Cepeda Neri

LÍNEA GLOBAL

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CARTÓN

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IMPERIO MERCENARIO

PARAGUAY: LA TIERRA ES DE 500 FAMILIAS

Manrique

Quinientas familias poseen el 90 por ciento de las tierras de Paraguay; en contraste, 351 mil familias jornaleras no tienen nada. Además, la mayoría de las posesiones son ilegales. El gobierno de Fernando Lugo, indeciso ante el problema

EL SIQUIATRA

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Manrique

Juan Carlos Díaz Guerrero/Prensa Latina

OPINIÓN

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¿MÁS DE LO MISMO O UN CAMBIO VERDADERO? Pablo Moctezuma Barragán

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LA CFE Y LOS FICTICIOS COMITÉS DE AUDITORÍA Martín Esparza Flores

52 ALIMENTOS, INSUFICIENTES PARA POBLACIÓN MUNDIAL

EX LIBRIS

Las cosechas de los principales granos que se consumen a nivel mundial –arroz, trigo y maíz– son insuficientes para alimentar a toda la población del mundo. A pesar de que en 2011 se lograron cosechar 2 mil 295 millones de toneladas, la demanda fue de 2 mil 280. El ser humano debe compartir los cereales con el ganado y con las destiladoras que producen etanol

SCHERER IBARRA: EL YO ACUSO A CALDERÓN Y SU “GUERRA”

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Álvaro Cepeda Neri

AGENDA CULTURAL

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Ruth Roque

Janet Larsen/Earth Policy Institute-IPS-Voces de la Tierra

PASO A DESNIVEL IGNORANCIA

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Miguel Galindo

56 PROYECTO JUICIO FINAL: LOS AMOS DE ESTADOS UNIDOS El Estado profundo, la estructura secreta que controla el poder político y económico en Estados Unidos, sacrifica las apariencias democráticas y muestra al sistema estadunidense como es: autoritario y violento. A lo largo de la historia, algunas veces se ha quitado la careta para golpear sin rubor. El mundo estaría entrando a una nueva etapa de este tipo Peter Dale Scott/Red Voltaire/Primera parte

CONTRALÍNEA

CONTRALÍNEA. PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN –año 10, número 272, del 19 al 25 de febrero de 2012– es una publicación semanal editada por Comunicación Colectiva y Periodismo de Investigación, SA de CV; Avenida Río Churubusco 590, col. El Carmen, delegación Coyoacán, CP 04100, México, DF; teléfonos: 55 54 91 93 y 55 54 91 94; www.contralinea.com.mx, info@contralinea.com.mx. Editor responsable: Agustín Miguel Badillo Cruz.

Número de reserva al título de derecho de autor 04-2001-1206164804 00-102. Número de certificado de licitud de título 12264, y de contenido 8918. ISSN 1665-1626. Impresa por JR Impresiones, Bolívar 238, col. Obrera, delegación Cuauhtémoc, tel. 57 61 34 94; este número se terminó de imprimir el 17 de febrero de 2012. Distribuido por Publicaciones CITEM, SA de CV, Avenida Del Cristo 101, colonia Xocoyahualco, CP 54080, teléfono 52 38 02 00; y la Unión de Voceadores de México, despacho de Gloria Santillán, Ignacio Mariscal 44, colonia Tabacalera, CP 06030, México, DF, teléfono 55 92 08 91.

CONTRALÍNEA reconoce el deber de veracidad y la cláusula de conciencia de reporteros y articulistas. Los textos son responsabilidad de sus autores. Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda totalmente prohíbida la reproducción total o parcial de los contenidos o imágenes de la publicación sin previa autorización de Comunicación Colectiva y Periodismo de Investigación.

Circulación certificada por Romay Hermida y Cía. SC, folio: 00010-RHY

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Escríbenos a info@contralinea.com.mx www.contralinea.com.mx

El privilegio de estar en resistencia con el SME Nosotros teníamos un trabajo formal hasta antes de las 23:00 horas del 10 de octubre de 2009, en que nos trataron de robar el futuro y que hoy seguimos construyendo en la resistencia. Éramos causantes cautivos, o sea, pagábamos nuestros impuestos. En nuestro talón de pago, que nosotros llamábamos “cheque”, veíamos nuestras percepciones, deducciones y descuentos. Ahí aparecía todo. No había dudas y, en caso de alguna, acudíamos al tercer piso del edificio de Luz y Fuerza y ahí se aclaraba. El 11 de octubre de 2009, ya éramos candidatos a ser parte del sector informal de la economía de este país. Se asegura que se han creado más puestos de trabajo en la informalidad que los tipos de puestos que nos quitaron por decreto de la noche a la mañana. Eso sí, el del atropello fue el autollamado “presidente del empleo”. Buscaba justificarse al decir, entre otras cosas, que además de ser caros éramos improductivos y que teníamos prestaciones onerosas, aun cuando el ingreso promedio mensual era por el orden de los 6 mil pesos (tres salarios mínimos) o bien, en nuestro caso, de 200 pesos al día en promedio. La canasta básica recomendada tiene un costo de 170 pesos más o menos.

El periodista del diario La Jornada Roberto González Amador explica en un detallado reporte la información reciente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía sobre el empleo y los salarios: el 35.61 por ciento del total de los trabajadores remunerados tienen un ingreso no mayor a dos salarios mínimos; 25.65 por ciento de la población ocupada percibe de dos a tres salarios mínimos; 18.8 por ciento devenga de tres a cinco salarios; y otro 9 por ciento cobra por su trabajo más de cinco salarios mínimos, mientras que el restante 10.9 por ciento tiene un ingreso no especificado (La Jornada, 26 de febrero de 2012).

En Luz y Fuerza se podría decir que el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) siempre se preocupó por tener un salario conveniente, lo más parecido a un salario constitucional, como se dice que debería de ser el salario mínimo nacional que hoy en día en el área geográfica A es de 62.33 pesos diarios. Aun a dos años y cuatro meses de que nos quitaran nuestro empleo, el promedio diario (sin aumento salarial) seguiría siendo de poco más de tres salarios mínimos. ¿Acaso será un privilegio ganar un poco más de lo que vale una canasta básica recomendada de productos sólo para alimentarnos y ya ni hablar de ropa, salud, esparcimiento y educación? ¿Será acaso que tener un ingreso diario lo más parecido al salario que indica la Constitución es un privilegio? ¿Cuánto gana el presidente de la República, un secretario de Estado, senador, diputado federal, presidente municipal, regidor…? ¡Cientos de veces más que el mínimo! ¡Claro!, legalmente hablando, pues se llevan aún más por los “extras”.

Mi estimado lector, ahora que aseguran que el salario mínimo es sólo un indicador, pregúntate y contesta: ¿cuántos salarios mínimos ganas al día? En mi caso –y no sabía– tengo un ingreso no especificado (de esos del restante 10.9 por ciento). ¿Por eso, quizá, es que yo soy un privilegiado? La verdad es que sí, pero por ser un integrante activo en resistencia del SME. Estoy jubilado pero no inactivo.

Martín Juárez Vique

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19 DE FEBRERO DE 2012

Los derechos humanos no son una realidad vigente en el país: Red TDT El 7 de febrero pasado, la Secretaría de Gobernación (Segob) emitió un comunicado en el cual señala que la defensa y protección de los derechos humanos son la más alta prioridad del gobierno federal.

En conferencia de prensa el titular de la Segob, Alejandro Poiré Romero, presentó tres puntos a los que se ha comprometido el gobierno del presidente Felipe Calderón en la materia: primero, los derechos humanos son una política de Estado y deben de permear todas las actividades de éste, así como estar presentes en la agenda de los tres órdenes de gobierno; segundo, el gobierno federal seguirá trabajando incansablemente a favor del proceso de institucionalización de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; y tercero, la Estrategia Nacional de Seguridad Pública emprendida por el gobierno reafirma y fortalece la protección de los derechos humanos como uno de sus principales ejes.

Al respecto, las organizaciones de derechos humanos señalamos –a partir de hechos concretos– la brecha existente entre el discurso de la Segob y la realidad imperante en el país a lo largo de todo el sexenio. En contrapartida de la posición sostenida por Poiré Romero, lo cierto es que no se han implementado con suficiencia y un alto nivel de prioridad acciones para dar cumplimiento a las obligaciones contraídas por el Estado frente a las víctimas como ante la comunidad internacional.

Las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra del Estado mexicano son un importante referente sobre el compromiso real en materia de derechos humanos. En su conferencia, Poiré omitió informar que las cinco sentencias que la Corte ha emitido continúan sin cumplirse en sus aspectos más relevantes, a pesar de que la Segob cuenta con un presupuesto asignado de 31 millones 500 mil pesos para este año. Ejemplo de ello es que, desde 2009, las indígenas –pertenecientes a la comunidad me’phaa, en Guerrero– Inés Fernández Ortega (víctima de agresión y violencia sexual por parte de tres integrantes del Ejército Mexicano, en 2002) y Valentina Rosendo Cantú (amenazada, golpeada y violada por dos elementos del Ejército Mexicano, en 2002) continúan a la espera de que se presente el plan de implementación de las medidas relativas al plan de salud, educación e indemnizaciones para sus hijos e hijas por los daños ocasionados.

Otro tema de particular preocupación es la falta de una implementación efectiva de medidas de protección para las y los defensores de derechos humanos, cuya coordinación –y en casos específicos– es responsabilidad exclusiva de la Segob. De conformidad con el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2012, esta dependencia cuenta con 26 millones de pesos para el diseño y la instrumentación de un mecanismo de protección a periodistas y 2 millones 500 mil pesos para los mecanismos de protección a periodistas y defensores y defensoras de los derechos humanos. Sin embargo, a la fecha no ha sido explicado cómo y en qué se está ejerciendo dicho presupuesto, pues el mecanismo de protección para las y los defensores de derechos humanos no se ha puesto en marcha, aun cuando la sociedad civil ha elaborado propuestas concretas al gobier-

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no federal. Peor aún, son varios los casos en los que la Segob ha fallado en otorgar o reponer medidas de protección ordenadas por instancias internacionales.

Ejemplo de ello es lo que ocurre en Guerrero, donde 107 defensores y defensoras de derechos humanos cuentan con medidas provisionales ordenadas por la Corte Interamericana, pues desde 2009 éstas se limitaron a la entrega de cuatro aparatos de comunicación (a las personas beneficiarias) de los cuales ninguno funciona desde agosto de 2011, sin que se adopten acciones para su reparación.

Igualmente, ejemplifica la inadecuada implementación de medidas provisionales y la persistencia de patrones de criminalización ilegítima de defensores comunitarios, como el caso de Maximino García Catarino, defensor na’saavi (mixteco), preso en Ayutla de los Libres, Guerrero, desde el 21 de enero pasado por un delito que no cometió, aun cuando es beneficiario de medidas provisionales desde 2009.

La invariable posición del gobierno federal sobre el fuero militar es también ejemplificativo de la brecha que hay entre el discurso y la práctica de las autoridades. Si bien es patente el reconocimiento hecho por el secretario respecto de las obligaciones incumplidas, en los hechos se encubre y promueve tal incumplimiento, como el hecho de que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en representación de Calderón, impugnó a principios de 2012 la histórica sentencia del 2 de diciembre de 2011, mediante la cual familiares de Bonfilio Rubio Villegas, indígena nahua que en 2009 fue privado arbitrariamente de la vida por elementos del Ejército Mexicano, obtuvieron el amparo de la justicia federal en un juicio donde habían impugnado la extensión del fuero militar sobre la investigación y el juzgamiento de dicha ejecución extrajudicial. En el mencionado recurso, a nombre de Calderón, la Sedena dio claras muestras de que no se sujetará al control civil en tanto no se reforme el Código de Justicia Militar. Esto, en abierta contravención a lo afirmado por él, el 9 de diciembre de 2011, cuando en el marco de la entrega del Premio Nacional de Derechos Humanos afirmó: “Hoy anuncio que he dado una instrucción fundamental a la Procuraduría General de la República y a las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, a fin de que exploren mecanismos para que, sin violentar la ley vigente que nos obliga, en los casos de violaciones a los derechos humanos en que sean acusados integrantes de las Fuerzas Armadas, se busque la manera de poder transferir o declinar la competencia militar en favor de los ministerios públicos y de los jueces civiles”.

Finalmente, el continuo aumento de violaciones a los derechos humanos cometidas en el marco de las políticas de seguridad adoptadas en la llamada “guerra contra el narcotráfico”, contradice también el discurso del titular de la Segob: entre 2006 y 2011, las violaciones cometidas no han sido investigadas con suficiencia, como afirma, sino que en su mayoría permanecen en la impunidad. Cabe señalar que las infracciones a derechos humanos cometidas por elementos de la Policía Federal que participaban en el Operativo Guerrero Seguro –durante el intento de desalojo contra estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos, de Ayotzinapa, realizado el 12 de diciembre de 2011, en Chilpancingo, Guerrero– no han sido sancionadas conforme a derecho e incluso el cuerpo policial intentó deliberadamente ocultar información y distorsionar los hechos al negar inicialmente la presencia de sus elementos en el lugar.

En materia del cumplimiento de compromisos internacionales también se han presentado oportunidades que no han sido tomadas. Por ejemplo, para demostrar con hechos que existe un compromiso real para que los derechos humanos por fin sean el componente principal de la política de Estado, el gobierno deberá de suscribir sin más demoras el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos CONTRALÍNEA

Económicos, Sociales y Culturales, y dar muestras claras de un cambio en su política para atender las violaciones de derechos humanos de personas migrantes. En ambos temas (como en muchos otros) no hace falta más que una decisión de parte del gobierno federal para ajustar la política exterior al respeto y garantía de los derechos sociales (como ordena el artículo 89 constitucional a partir de la reforma de derechos humanos, el 10 de junio de 2011), en el primer caso, o bien, que su agenda y actividades en verdad se rijan por el respeto, protección, prevención, investigación, sanción y reparación de violaciones de los derechos de personas migrantes, en el segundo caso. En ambas cuestiones no sólo el secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, sino Calderón también tiene la obligación de mostrar a la sociedad que su compromiso es más que un discurso vacío.

Todos los temas que hemos mencionado atañen directamente a la Federación. Indicar la situación de los estados y la preocupación por la existente descoordinación y desconfianza entre autoridades estatales y federales exigiría otro espacio. No obstante, el breve recuento que ponemos a consideración de la opinión pública basta para evidenciar la enorme distancia que separa al discurso de la Segob de la realidad. Mientras el gobierno federal continúe negando las deficiencias existentes y los retos pendientes en su justa dimensión, los esfuerzos que se emprendan estarán condenados a no poder revertir una situación que se ha convertido en insostenible.

Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez; Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos; Fundar, Centro de Análisis e Investigación; Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia; Litiga OLE; Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos y Todas, conformada por 75 organizaciones en 22 estados de la república

Denuncia recorte a programa de posgrado en la UNAM ¡Muy buena la investigación sobre lo que eroga la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) a exfuncionarios!

Sorprende que en la Universidad haya dinero para pagar sueldos extraordinarios a quien ya tiene un puesto, sueldo, prestaciones e incentivos (pero no hay dinero para la formación de nuevos recursos humanos).

Acaban de reducir el Programa de Fomento a la Graduación para los Alumnos de Posgrado de la UNAM; así que al terminar este semestre muchos tendrán que trabajar en vez de hacer tesis y, lo peor, el trabajo no será con la formación recién concluida, sino con la anterior porque los trámites se demoran.

Vladimir S De Jesús

En la Corte, derecho a la información Ahora que el caso de la revista Contralínea está en la Suprema Corte de Justicia de la Nación es momento de decir que estamos con sus reporteros. Si es necesario hacer movilizaciones de colegas, en cada ciudad podemos impulsarlas. Empezamos en Tamaulipas. Marchas y manifestaciones dejarán en claro ante la opinión pública qué defendemos: si nos atropella la Corte y falla contra la libertad de expresión y el derecho a la información, no perdemos los periodistas, pierde la sociedad, la democracia, pierde México.

Miguel Ángel Domínguez Gallegos 19 DE FEBRERO DE 2012

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Defensores de derechos humanos condenan agresiones en Coahuila Las organizaciones que conformamos la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos y Todas (Red TDT) condenamos el hostigamiento por parte de elementos del Ejército, la Policía Federal y estatal hacia defensores y defensoras de derechos humanos, integrantes del Centro de Derechos Humanos Juan Gerardi, quienes forman parte de esta Red. El 9 de febrero pasado, aproximadamente a las 20:00 horas integrantes del Ejército, la Policía Federal y estatal irrumpieron en las instalaciones de la parroquia de San Judas Tadeo, en Torreón, Coahuila, dentro de las cuales se encuentran también las oficinas del Centro de Derechos Humanos Juan Gerardi, AC. Los funcionarios de las instituciones de seguridad llegaron a bordo de cinco camionetas. Sin presentar ninguna orden judicial, sin identificarse ni solicitar permiso para ingresar, entraron a las instalaciones cuestionando a las personas que se encontraban ahí. El operativo se realizó supuestamente a consecuencia de una llamada anónima que denunciaba la presencia de droga en la parroquia. Además de entrar y revisar el lugar, varios soldados ingresaron a la parroquia, al área de las criptas y cuestionaron al encargado de administración y al sacristán.

Cabe mencionar que el Centro de Derechos Humanos Juan Gerardi y la comunidad jesuita de San Judas Tadeo se han caracterizado por el trabajo a favor de la defensa de derechos humanos, así como por actividades de difusión y educación en la zona de la comarca lagunera.

La Red TDT condena la irrupción del Ejército, la Policía Federal y estatal en las instalaciones del Centro Juan Gerardi y la parroquia de San Judas Tadeo, y su consecuente hostigamiento y cuestionamiento al trabajo de las defensoras y defensores que ahí laboran. Actos como éste vulneran la seguridad de nuestros colegas y ponen en duda el compromiso de las autoridades estatales y federales con sus obligaciones nacionales e internacionales en la materia.

Destacamos que el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante el decreto publicado el 10 de junio de 2011, en el Diario Oficial de la Federación, establece que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

Exigimos coherencia a Coahuila y al gobierno federal con el discurso pronunciado por el presidente Felipe Calderón durante el anuncio del acuerdo para la implementación del mecanismo de protección a defensores, que él mismo dio a conocer en julio de 2011, en el marco de la visita de la alta comisionada de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navanethem Pillay, en el que menciona la importancia que tienen los defensores y defensoras para México: “Si queremos que se protejan los derechos de todos, debe ser ejerciendo, precisamente, una actividad pública que proteja los derechos de las personas”. ¡Basta ya de agresiones contra las defensoras y defensores de derechos humanos!

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos y Todas, conformada por 75 organizaciones en 22 estados de la república: Agenda LGBT; Asistencia Legal por los Derechos Humanos; Asociación Jalisciense de Apoyo a 8

19 DE FEBRERO DE 2012

los Grupos Indígenas; Asociación para la Defensa de los Derechos Ciudadanos Miguel Hidalgo; Casa del Migrante Saltillo; Católicas por el Derecho a Decidir, AC; Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos y Desarrollo Local; Centro de Apoyo al Trabajador, AC; Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas; Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, OP; Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, AC; Centro de Derechos Humanos Don Sergio; Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova; Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; Centro de Derechos Humanos de las Mujeres; Centro de Derechos Humanos Juan Gerardi; Centro de Derechos Humanos Ñu u Ji Kandii; Centro de Derechos Humanos Paso del Norte: Centro de Derechos Humanos Solidaridad Popular; Centro de Derechos Humanos Tepeyac del Istmo de Tehuantepec; Centro de Derechos Humanos Victoria Diez; Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto; Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo; Centro de Derechos Indígenas; Centro de los Derechos del Migrante; Centro de Estudios Fronterizos y Promoción de los Derechos Humanos; Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo; Centro de Reflexión y Acción Laboral; Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios; Centro Juvenil Generando Dignidad; Centro Hermanas Mirabal de Derechos Humanos; Centro Mexicano de Derecho Ambiental; Centro Mujeres; Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón; Centro Regional de Derechos Humanos Bartolomé Carrasco; Ciencia Social Alternativa, AC, Kookay; Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos; Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos; Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos; Colectivo contra la Tortura y la Impunidad; Comité Cerezo; Comisión de Derechos Humanos La Voz de los Sin Voz; Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacan; Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos; Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos; Comisión Intercongregacional Justicia, Paz y Vida; Comisión Parroquial de Derechos Humanos Martín de Tours; Comisión Regional de Derechos Humanos Mahatma Gandhi; Comité de Defensa de las Libertades Indígenas; Comité de Derechos Humanos Ajusco; Comité de Derechos Humanos Fray Pedro Lorenzo de la Nada; Comité de Derechos Humanos Sembrador de la Esperanza; Comité de Derechos Humanos Sierra Norte de Veracruz; Comité de Derechos Humanos de Colima No Gubernamental; Comité de Derechos Humanos de Comalcalco; Comité de Derechos Humanos de Tabasco; Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo; Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo; Frente Cívico Sinaloense; Indignación Promoción y Defensa de los Derechos Humanos; Iniciativas para la Identidad y la Inclusión; Instituto Guerrerense de Derechos Humanos; Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia; Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario; Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente-Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz; Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia; Programa de Derechos Humanos-Universidad Iberoamericana Puebla; Programa Universitario Derechos Humanos Ibero León; Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; Promoción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales; Respuesta Alternativa Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario; Servicio, Paz y Justicia de Tabasco; Servicio, Paz y Justicia-México; y Servicios de Inclusión Integral; Taller Universitario de Derechos Humanos CONTRALÍNEA

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“¿Hasta cuándo vamos a despertar?”

Muy interesante el artículo de Édgar González Ruiz acerca de la trayectoria de Josefina Vázquez Mota. A ver si el pueblo ya despierta. ¡Ya basta! ¿Hasta cuándo vamos a reaccionar? Este gobierno nos está matando de hambre con sueldos miserables. ¡Felicitaciones a Contralínea!

Andrés Arango

¿Quién autorizó concesionar un cuarto de país?, cuestiona Es indignante leer las revelaciones del reportaje “Un cuarto de país en poder de mineras extranjeras”. Quisiera preguntar a nuestros amos gobernantes: ¿en qué momento pidieron autorización a los ciudadanos para concesionar las riquezas del subsuelo? Si lo hacen a nuestras espaldas y con la anuencia del Congreso de la Unión debería de aplicárseles un juicio de responsabilidad. Los únicos beneficiarios de estas tranzas son sus bolsillos. ¡Tengan un poco de dignidad!

Arturo Tovar

Indignada por concesiones a trasnacionales mineras Es una absoluta vergüenza que los dirigentes de todos los partidos, de una o de otra manera, sean vendedores de nuestra casa-tierra.

Sorprende la información publicada en el reportaje “Un cuatro de país en poder de mineras extranjeras”. ¿Quién les autorizó a vender parte de mi país? Yo no. Lo más importante es que a los indígenas de nuestros pueblos les afecta sobremanera, pues son tierras que les sustentan, donde siembran para ellos (porque nosotros hasta el frijol y el maíz tenemos que importar).

No hay calificativo para los gobernantes, bola de ladrones alevosos que sólo desean llenar sus arcas a costa de lo más sagrado para todos nosotros: nuestra tierra, con todo lo que de ésta brota y con todo lo que lleva en sus entrañas. ¡Fuera traidores, ladrones y violadores de nuestra voz!

María Teresa Carrillo L

Madre de preso pide atención Soy madre de un joven que se encuentra internado en la Colonia Penal Federal Islas Marías. Resulta que ahora muestra problemas de salud, pero no recibe atención médica. Temo por su vida, ya que sufre de hepatitis C, miopía y otras enfermedades. Ya hizo solicitud para que un médico lo vea por fuera, pero no le han hecho caso.

Yo vivo en Ciudad Juárez, Chihuahua, y tampoco me han autorizado poder visitarlo. He hecho el trámite dos veces y no hay resultado.

Además de que uno marca el teléfono y suena, lo descuelgan y así lo dejan. ¡No se vale! Son de lo peor estos asistentes sociales. ¡Cuánto gasto en llamadas inútiles!

Virginia N

Pueblo wixárika, “unido y en pie de lucha espiritual” Los hermanos y hermanas provenientes de los centros ceremoniales y comunidades de Santa Catarina, Nuevo León; El Ciruelillo, CONTRALÍNEA

San Andrés Cohamiata, Las Guayabas y Pochotita, Las Latas, municipio de Mezquitic, Jalisco; San Sebastián, Jalisco; Ocota de la Sierra, municipio de La Yesca, Nayarit; Tuxpán de Bolaños, municipio de Bolaños, Jalisco; Guadalupe Ocotlán, Jalisco; Bancos de Calitique, Mesa Nuevo Valey, Santiago Ixcuintla, Bancos de San Hipólito, San José, el Cerro de los Tigres, el Nayar, Zitakua, Tepic, Mezquital Durango, Puerto de Guamuchil, municipio de Mezquital, Durango, reunidos el día de hoy hacemos el siguiente pronunciamiento: que en seguimiento a la lucha iniciada por los pueblos wixaritari y de las organizaciones de la sociedad civil, hacemos del conocimiento a la sociedad en general: primero, al tomar en consideración que los sitios sagrados que nos han legado nuestros ancestros, los hemos seguido caminado por la ruta de los cuatro puntos cardinales, es por ello que de manera respetuosa y pacífica estamos defendiendo lo que para nosotros es nuestra esencia de la vida.

Segundo, que a partir de esta ceremonia realizada por los pueblos presentes se crearon más lazos espirituales que fortalecen nuestros caminos hacia el respeto de la diversidad cultural.

Tercero, reafirmamos que el conocimiento ancestral heredado por nuestros padres y mayores es un legado para la humanidad y el mundo.

Cuarto, los sitios sagrados para el pueblo wixárika son escuelas de formación espiritual, por ello en el momento que se realizan proyectos que causan daño en nuestro entorno ese día entristecen nuestros corazones y muere nuestro ser.

Quinto, declaramos que este encuentro es trascendental e histórico por la estrecha relación cultural que nos hermana, porque el camino espiritual está guiado por el mismo color del maíz, del venado y del jícuri (peyote).

Sexto, que continuamos defendiendo nuestro lugar sagrado Wirikuta de las concesiones mineras que pretenden destruir nuestros recursos naturales como una forma de vida ancestral.

Séptimo, ofrecemos y pedimos un trato respetuoso a nuestros hermanos habitantes en el área protegida de Wirikuta, ya que nuestra lucha espiritual no es contra su bienestar familiar y económico, pues nuestra causa es por la protección del ecosistema como patrimonio de nuestra madre tierra.

Octavo, exigimos de nuestras autoridades competentes mayor sensibilidad para la atención de los proyectos mediante una consulta previa informada y consensuada en los pueblos.

Noveno, nuestro reconocimiento y gratitud a todas aquellas personas, organizaciones, redes civiles, universidades, artistas, intelectuales, medios de comunicación, organizaciones no gubernamentales internacionales que se han solidarizado y hermanado con esta causa haciéndonos sentir que no estamos solos en esta lucha, partimos y llegaremos juntos a cerrar este ciclo con un buen final.

Décimo, hacemos saber a la opinión pública que el pueblo wixárika se encuentra unido, en pie de lucha espiritual, que no permitiremos que muera nuestra herencia cultural y como consecuencia nuestra convivencia con nuestros ancestros y de la madre tierra.

Real de Catorce Wirikuta, San Luis Potosí, 7 de febrero de 2012.

Juan Torres González, presidente comisariado, Tuapurie-Santa Catarina; Fermín Muñoz Carrillo gobernador tradicional, Comunidad Mesa de Nuevo Valey; Felipe Serio Chino, Unión Wixarika; Santos de la Cruz Carrillo, presidente Bienes Comunales Autónomo de Bancos de San Hipólito, Mezquital, Durango; Totopica Robles Tela presidente de cultura, Tuapurie-Santa Catarina, Mezquitic, Jalisco; Alejandro Carrillo Enríquez, Consejo de Vigilancia de la Comunidad de Santa Catarina de Cuexcomatitlán; Pascual Pinedo Hernández, gobernador de la Comunidad de Santa Catarina Cuexcomatitlán; Marcos Torres Robles, juez auxiliar de la Comunidad de Santa Catarina Cuexcomatitlán 19 DE FEBRERO DE 2012

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CONTRAPODER

La complicidad Calderón-Padrés en Sonora Álvaro Cepeda Neri*

tra de las características del mal gobierno, en lo administrativo y en la política del Partido Acción Nacional (PAN)-Felipe Calderón (por lo que este partido perderá las elecciones generales), es la conducta de sus funcionarios en los puestos legislativos y en los cargos de los poderes ejecutivos: presidencias municipales, gobernadores y Calderón como titular de la Presidencia de la República. A lo largo de la historia nacional ha existido lo que el historiador, sociólogo, politólogo y ensayista mexicano Daniel Cosío Villegas calificó y fundamentó como el “relajamiento constitucional” (análisis vigente que apareció en el primer tomo de la Historia moderna de México y que remata con su ensayo “La Constitución de 1857 y sus críticos”).

Nunca como en estos sexenios panistas dejaron de tener vigencia el cumplimiento de la constitucionalidad y la separación de poderes. Y no es que antes de la ya frustrada alternancia presidencial los gobernantes del Partido Revolucionario Institucional se hayan lucido al atacar el imperio de la ley. El estado de derecho no es el santo y seña para la relación entre sociedad y gobierno. Ha imperado el gobierno de los hombres por encima de las instituciones, configurando una modalidad del despotismo. Y el abuso de poder, ahora policiacamente militarizado para combatir una criminalidad que no cede.

La mayoría de los funcionarios juran cumplir y hacer cumplir la ley, pero es mínimo su acatamiento. Los integrantes de los poderes judiciales, en los estados y en la federación, andan en las mismas. Por eso es que la impunidad prevalece en la medida que las resoluciones no se cumplen. Ha sido necesario recurrir a instancias internacionales para que Calderón y su secretario de la Defensa, Guillermo Galván Galván, a regañadientes y a medias hagan como que se someten al cumplimiento de sentencias. Pero se rehúsan a tomar en cuenta las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Y a sabiendas de que nuestros tribunales no aceptarían una demanda contra Calderón, decidieron denunciarlo ante la Corte Penal Internacional (Contralínea, 20 de noviembre de 2011). Y ahora, ante el robo del agua por parte del desgobernador Guillermo Padrés Elías –a través de un acueducto desde el municipio de Cajeme al de Hermosillo–, apoyado por Calderón y José Luis Luege Tamargo, titular de la Comisión Nacional del Agua, los afectados le advierten a la com-

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plicidad Padrés-Calderón que no tienen más opción que “acudir en demanda de justicia ante cortes internacionales”.

Los agricultores, ganaderos, campesinos, la tribu yaqui y los cajemenses –que no tienen más agua que la que se acumula en la presa El Novillo, para consumo y riego de Ciudad Obregón, el municipio de Cajeme y el Valle del Yaqui–, llevan casi dos años librando, pacífica y legalmente, una lucha judicial de competencia federal –ante la jueza Octava de Distrito– que les ha sido favorable, con una resolución definitiva para suspender la construcción del acueducto, bautizado irónica y burlonamente como Independencia. Y Padrés alentado y apoyado por Calderón (quien ordena a las fuerzas militares no ejecutar la resolución judicial) ha continuado la obra sobre la que pende el fallo.

Una y otra vez los cajemenses han buscado la manera legal de hacer valer su derecho constitucional. Y Calderón, para respaldar en su arbitrariedad al desgobernador Padrés, es quien con una orden presidencial impide que vayan en auxilio judicial la fuerza militar y policiaca. Éstas, por medio de sus funcionarios: el general de brigada Jesús Gabriel López Benítez y Moisés Robles Cruz, se excusan con justificaciones anticonstitucionales.

Los representantes cajemenses por enésima vez han publicado un documento donde denuncian que el presidente, por medio del entonces secretario de Hacienda y Crédito Público, aprobó darle 2 mil millones de pesos a Padrés para continuar el acueducto y que éste, al manipular al PAN de Sonora, empujara la candidatura del favorito de Calderón. Está claro que el inquilino de Los Pinos está dispuesto a continuar con su complicidad para el robo del agua al Valle del Yaqui.

Agotadas las instancias, peticiones y gestiones, quienes defienden su derecho al agua, le avisaron que si no se cumple la resolución judicial realizarán “actos contundentes y determinantes de desobediencia civil” y, simultáneamente, interpondrán demandas internacionales en derechos humanos y tribunales, para hacer prevalecer el orden constitucional que ambos han pisoteado con toda la impunidad que los caracteriza.

El documento-carta (publicado en El Universal el 30 de enero pasado) está redactado en ejercicio del derecho de petición y por última vez tras haberlo hecho durante casi dos años en la prensa escrita de Sonora y del Distrito Federal. Calderón se niega a acatar el fallo de detener la obra (expedido por el Juzgado Octavo de Distrito del Poder Judicial federal) que no ha tenido el apoyo constitucional de recurrir a la fuerza pública.

En consecuencia, los afectados se han reunido para suscribir la denuncia de desobediencia de Padrés, esperando en un lapso razonable respuesta a su petición de cumplir con la obligación constitucional de apoyar la resolución judicial. Si esto no es atendido, los cajemenses ejercerán sus demás derechos constitucionales. Y avisan que están dispuestos a una serie de actos de desobediencia civil en caso de que Calderón-Padrés, en su complicidad, insistan en resquebrajar el orden constitucional.3 *Periodista CONTRALÍNEA

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CARTÓN

Imperio mercenario

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OPINIÓN

La época infame: ¿adiós a todo eso?

Marcos Chávez M*

Entrégale a un simio un sombrero y un bastón, ¿y qué obtendremos?: un ensayo de dictador Ignacio Ramírez, el Nigromante Querían ganar la mayor cantidad de dinero lo más rápido posible, de manera poco honrada en lo posible y honradamente si no quedaba más remedio Mark Twain No leí la Biblia completa. Cuando llegué a no robarás y no matarás, ya no me gustó y dejé de leerla Ironía de un tuitero prole

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Estado y cuenten “con los elementos y los procedimientos para echar de la Presidencia a los impostores, a los embaucadores o a los aventureros que hacen perder tiempo a la nación y cuestan grandes cantidades de dinero”; y “por salud de la nación, [un] Poder Judicial independiente, autónomo, transparente, probo”, designado por el Congreso, que hará “entender al presidente y a sus empleados que no hay nadie por encima de la ley”, que “permita saber al pueblo que la justicia se aplicará con todo rigor, incluso al presidente no importando su alta investidura” (Emilio Arellano, Ignacio Ramírez, El Nigromante. Memorias prohibidas, Planeta, 2009).

Siglo y medio después, sus palabras resuenan con fuerza, acusatorias, lapidarias, toda vez que definen con precisión lo que ha sido el sistema político mexicano posrevolucionario y, en especial, evidencian la magnitud del retroceso histórico observado por el país desde que los gobiernos priístas de Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo Ponce de León, los “ensayos de dictadores” tropicales, asaltaron el poder, el cual, después, se vieron obligados a compartirlo con los panistas confesionales de Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa con el objetivo de asegurar la continuidad autoritaria y neoliberal del proyecto de nación impuesto por las elites dominantes. ¿Cómo esperar que los poderes Legislativo y Judicial velen por la Constitución, jueguen su papel de contrapeso y, ante sus abusos y excesos, destituyan al Ejecutivo y sus empleados para restablecer el imperio de las leyes, si su independencia no es más que una fantasía, si son sus cómplices que legitiman y legalizan sus violaciones del estado de derecho, si ellos lo subvierten y se benefician de esa situación?

n 1857, durante las discusiones del Congreso Constituyente, Ignacio Ramírez, el Nigromante, propuso que “el saqueo del erario [fuera] considerado [como] un delito grave y equiparable a la traición a la patria, porque los Estados y su gente cuentan con esa erogación presupuestal que resolvería sus apremiantes necesidades”. También manifestó que el presidente debería de ser destituido por el Congreso, sin más declaratoria que la votación por mayoría simple, por “traición a la patria, comprometer la soberanía política o económica de la nación, el patrimonio y los recursos nacionales a favor de Estados o empresas extranjeras o nacionales, en detrimento del pueblo, por asociarse en forma reiterada con minorías o congregaciones religiosas que promueven fueros, privilegios o exenciones legales, al violar con ello las leyes de equidad vigentes en México por disponer del Ejército o de las fuerzas del orden público en contra del pueblo, por mentir a éste y no acatar las resoluciones y las leyes emanadas del Congreso”.

Para evitar la acumulación de poder, las facultades discrecionales y los excesos del presidente y las instituciones, dada “la dolorosa experiencia que ha tenido el país” –se refiere a los Iturbide, los Santa-Anna, los conservadores o el clero–, el Nigromante siempre tuvo claro el Ignacio Ramírez, el Nigromante, imperativo categórico de la “división y el equipropuso que “el saqueo del erario [fuera] librio de poderes”. De un lado, un “presidente que vigile y observe la Constitución y las leconsiderado [como] un delito grave y yes que de ésta emanan, labor difícil de cumplir equiparable a la traición a la patria, porque cuando el mismo presidente es juez, parte y quejoso del mismo asunto”. Del otro, “el Congreso, los Estados y su gente cuentan con esa los representantes del pueblo que [cumplan] a erogación presupuestal que resolvería cabalidad los compromisos y las promesas que hizo al pueblo”, nombren a los secretarios de sus apremiantes necesidades” 12

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CONTRALÍNEA

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La alternancia electoral no parió la democratización del sistema, la igualdad política y la justicia. Tampoco dio paso a un modelo económico socialmente incluyente.

Sólo provocó un reacomodo entre las fracciones de los grupos gobernantes, entre éstas la de la derecha neoliberal priísta y la reacción neoliberal panista que han preservado el régimen cleptocrático impuesto desde 1983.

Una forma de acumulación capitalista y de enriquecimiento basados en la institucionalización de la rapiña y el pillaje del erario, las obras públicas, las riquezas y los sectores estratégicos de la nación entregados a los hombres de presa locales y extranjeros que pisotean la Constitución; en el prevaricato, el nepotismo, el clientelismo, el peculado y otras prácticas delictivas amparadas en la impunidad, el solapamiento y la protección de los diferentes órdenes de gobierno, por los grupos de poder corrompidos. Popularmente, esas formas son conocidas como un gobierno corrupto y ladrón.

“Tengo las manos limpias” “Mírese la manos, ¿tiene algo que le manche?”, le preguntó un plumífero mercenario, el 23 de enero de 2005. “Tengo las manos limpias”, respondió Calderón a Joaquín López Dóriga, uno de los más feroces cancerberos del sistema. “No tengo nada que ocultar.

Tengo las manos limpias; 20 años de una trayectoria de servicio honrado en la vida pública. Con estas manos limpias voy a entrar a la Presidencia, con estas manos voy a salir en 2012. Manos limpias, manos firmes, manos de México y para México. Tengo las manos limpias de sangre. Queremos un gobierno dirigido por una generación que tenga las manos limpias: ético, honesto, y la mirada puesta en el futuro” (sic; www.esmas.com/noticierostelevisa/ mexico/506153.html).

La expresión “tengo las manos limpias” se ha convertido en una especie de agua bendita, quizá consagrada por la mano santa del cardenal Norberto Rivera, en la que, como “un Pedro que se hunde en el agua” (Calderón a López Dóriga), los políticos mexicanos se lavan las manos y purifican sus pecados. Recién la usó Fernando Herrera, precandidato panista al Senado, acusado de emplear recursos públicos para su campaña electoral y repartir despensas a cambio del CONTRALÍNEA

El Nigromante siempre tuvo claro el imperativo categórico de la “división y el equilibrio de poderes”. De un lado, un “presidente que vigile y observe la Constitución y las leyes que de ésta emanan, labor difícil de cumplir cuando el mismo presidente es juez, parte y quejoso del mismo asunto”. Del otro, “el Congreso, los representantes del pueblo que [cumplan] a cabalidad los compromisos y las promesas que hizo al pueblo” voto; también Rogelio Alonso Vizcarra, delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), denunciado por disponer de los recursos del Instituto –una aeronave– para asistir a mítines panistas; la repitió José M Anaya, extitular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, precandidato panista por el municipio de Cortázar, Guanajuato, y que se equivocó al apoyar a Ernesto Cordero, sobre quien gravita la misteriosa desaparición de 15 millones de pesos en la dependencia que encabezó; la coreó Miguel Ángel Yunes Márquez, del programa Oportunidades, al conocerse un desvío de 50 millones de pesos cuando fue alcalde de Boca del Río, Veracruz; la salmodió la diputada priísta Sofía Castro, inculpada por una operación dolosa que benefició a un hermano, durante la gubernatura de Ulises Ruiz, exgobernador de Oaxaca.

“Tengo las manos limpias”, aseguró la virtual candidata del Partido Acción Nacional a la Presidencia, Josefina Vázquez Mota, en relación al turbio negocio entre Calderón y Elba Esther Gordillo, en 2006.

A cambio del apoyo ilegal a su campaña presidencial, Calderón le concedió a Gordillo puestos públicos (una Subsecretaría de Educación y la dirección del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, por ejemplo) y jugosas partidas presupuestales, entre otros beneficios económicos y políticos, como si las plazas y el dinero estatales fueran de su propiedad. En ese momento, Vázquez Mota era la coordinadora de campaña de Calderón. Las tienen intachables ella, Cordero y Santiago Creel, denunciados por disponer de la hacienda pública durante sus precampañas. Tan límpidas como las de Enrique Peña Nieto y los misteriosos 25 millones provenientes del gobierno priísta veracruzano, presumiblemente para financiar su carrera presidencial. Tan diáfanas como las garras que desaparecieron millones de las arcas federal, estatal y municipal por los hoyos negros de las campañas de 2000, 2006, 2009, y lo volverán a hacer en 2012, gracias a la generosidad del Congreso de la Unión y a cambio de unos cuantos pesos de multas impuestas por las hazmerreír autoridades electorales.

Tengo “las manos limpias de dinero y sangre”, afirmó el gobernador de Michoacán, Leonel Godoy Rangel, ante el fantasma de la persecución política-policial que se cierne en su contra, en vísperas del término de su gestión.

A decir verdad, pulcras, lo que se dice pulcras, no han sido las manos del “pecador standard, con aciertos, errores, virtudes, defectos, de carne y hueso” (como se confesó Calderón ante López Dóriga). Ya traía unas manchitas luego de su paso por el Banco Nacional de Obras 19 DE FEBRERO DE 2012

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En 2011, el 2.9 por ciento de los altos funcionarios de las 18 secretarías de Estado, la Procuraduría General y la Presidencia acapararon el 22 por ciento del presupuesto para sueldos y prestaciones y Servicios Públicos (el crédito hipotecario que se concedió) y la Secretaría de Energía (sus tratos con la trasnacional Repsol) durante el foxismo. Luego agregó otras con el financiamiento de su campaña presidencial y su guerra sucia. La transacción con Gordillo se las enmugreció aún más. Por acción u omisión, las tiene tan negras como la conciencia del cardenal Rivera. O rojinegras. Sus palmas y dorsos chorrean sangre de los asesinados durante su “guerra” de limpieza social.

Dada las penurias de la hacienda pública, el Nigromante repartía equitativamente su salario entre sus empleados. Al momento de su muerte llevaba año y medio sin recibir el pago por su trabajo, y su familia no pudo costear el funeral. “Era el liberal más honrado y decente de México”, expresó Ignacio L Vallarta, exgobernador de Jalisco (1861-1862).

Los priístas y los panistas convirtieron en botín de guerra al erario.

En 2011, el 2.9 por ciento de los altos funcionarios de las 18 secretarías de Estado, la Procuraduría General y la Presidencia acapararon el 22 por ciento del presupuesto para sueldos y prestaciones. Si se suma la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las cámaras y el Instituto Federal Electoral, probablemente se duplica el porcentaje. Percibieron 3.4 millones al año, mientras oficialmente 58 millones de mexicanos (extraoficialmente casi 80 millones) sobreviven en la miseria, la pobreza y mueren de hambre.

Calderón tiene las manos de un renegrido chillante en su trato con las mafias del poder, insaciables cuando se trata de los recursos nacionales. Hasta el momento, las familias Mouriño y Fox-Sahagún disfrutan de las rentas de sus negocios privados con los bienes públicos. El exsecretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas, una de las dueñas de la Guardería ABC, Marcia M Altagracia Gómez del Campo Tonella (prima de la primera dama Margarita Zavala) y otros duermen tranquilos luego de comerciar la vida y la muerte en las guarderías del IMSS. Felipe el católico dio a los mercaderes de Dios lo que es del César.

Mezcló jugosamente la política y la religión. La concesionaria española del ferrocarril suburbano, Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles ha sido rescatada y mantiene el negocio. Una historia que rememora a la de la banca y las empresas constructoras de carreteras privadas.

Con la Ley de Asociaciones Público-Privadas dio un paso más para entregar la riqueza nacional a la depredación. A la Iglesia Católica le reparte el diezmo público. A los hombres de presa les va mejor. Los sobreprecios de los proveedores del IMSS encarecen 36 por ciento el costo de los fármacos, de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Las joyas de la corona son sometidas a un portentoso saqueo. La Organización señala que Petróleos Mexicanos otorga 46 por ciento de sus contratos de manera directa a sus proveedores, mientras que en otras empresas petroleras apenas llega al 15 por ciento. Equivalen a 139.4 mil contratos de 303.1 mil 100. Los proveedores suman más de 4 mil y los favorecidos son menos de menos 450 (Repsol, Royal Dutch Shell, Exxon Mobile Corporation, etcétera), alrededor del 10-11 por ciento. En lugar de bajar los costos, éstos se elevaron entre 10 y 35 por ciento –equivalentes a 32-113.8 mil millones de pesos–. Un negocio redondo. Y para 2009-2018, se tiene 14

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pensado otorgar 731 proyectos de largo plazo, por un monto de 227.7 mil millones de dólares anuales. Por éstos la OCDE recomienda “luchar contra licitaciones fraudulentas”.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE), que ha reprivatizado un tercio de la industria, otorgó más de 2 mil 400 contratos a firmas privadas durante 2011, y pagó 3 mil millones de pesos a los contratistas. Curiosamente, le venden a la CFE la energía más cara de la que ésta produce. El pueblo paga.

Ahora Dionisio Pérez-Jácome, actual titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, indica que Calderón sueña con abrir completamente las telecomunicaciones al capital extranjero. Ese sector, propiedad de la nación, que los oligarcas Emilio Azcárraga Jean, presidente del Consejo de Administración del Grupo Televisa; Ricardo Salinas Pliego, dueño, presidente y director general del Grupo Salinas, y Carlos Slim, considerado por la revista Forbes el hombre más rico del mundo en 2010 y 2011, se pelean con una ferocidad digna de perros de caza.

Apesta a corrupción. ¿Cuántos nuevos ricos arrojarán el calderonismo? Ese sí que es el verdadero crimen organizado.

Y pensar que el yerno del rey de España, Iñaki Urdangarin, está imputado por delitos de falsificación y corrupción, equivalentes a unos cuantas decenas de millones de euros. Y el expresidente de Francia Jacques Chirac fue condenado por cosas similares.

El monumento emblemático la Estela de Luz, cuyo costó pasó de 398.9 millones de pesos a 1 mil 110 millones 575 mil, es la mejor expresión de la corrupción y la depredación en la que han chapoteado el presidente y las elites dominantes, política y económica. Hombre de escasas luces, Calderón nunca se imaginó que será el símbolo de su podredumbre con la que pasará a la posteridad. Hasta que la población arrase con esa insultante construcción de horrendo gusto arquitectónico y de mayúsculo oprobio social. Ésa es la herencia que se disputan Vázquez Mota y Peña Nieto.3 *Economista CONTRALÍNEA

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OPINIÓN

¿Más de lo mismo o un cambio verdadero?

Pablo Moctezuma Barragán*

Para Luis Javier Garrido, querido compañero y valiente patriota, cuya obra y ejemplo perdurarán en el futuro y darán frutos en el México renovado

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n las próximas elecciones presidenciales se enfrentarán dos opciones: el continuismo de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN), por un lado, y por otro, el cambio de rumbo para construir un México soberano y en paz que buscan el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y Andrés Manuel López Obrador. El proyecto del PRI-PAN –dos caras de la misma moneda– busca subordinar al país y a su pueblo a la construcción imperial de Estados Unidos, impulsa la profundización de la guerra en territorio nacional y la consolidación de la integración militar bajo la bandera de la “alianza estratégica” con la nación más agresiva del mundo. El continuismo para dar prioridad a corporaciones extranjeras y nacionales y entregar las riquezas con base en la explotación al máximo de pueblos y trabajadores, al negar derechos fundamentales y obstruir el futuro a los jóvenes. Por otra parte, está la iniciativa del cambio verdadero que pasa por la derrota del PRI y el PAN y el triunfo de un gobierno que dé prioridad a la defensa de la paz, el desarrollo del país, la defensa de la soberanía y el inicio de la transformación política, económica y social que permita la construcción del México del siglo XXI. Enrique Peña Nieto avaló (el 11 de noviembre de 2011, en Washington, Estados Unidos) la “guerra” del presidente Felipe Calderón. La virtual candidata a la Presidencia de la República, Josefina Vázquez Mota, el 6 de febrero pasado, en entrevista con la periodista Carmen Aristegui, dejó claro que apoya la “guerra” y “que no tiene ninguna duda o contradicción” con la estrategia calderonista de respaldar la permanencia del Ejército en las calles. Por cierto, en el punto más álgido de la entrevista “se cortó la llamada”. Una postura diametralmente opuesta es la de López Obrador, que opta por la paz, el retiro gradual del Ejército y la Marina del combate contra el narcotráfico y el cese de la represión contra movimientos sociales. Reivindica la soberanía nacional, plantea validar los principios de no intervención, autodeterminación de los pueblos, solución pacífica de los conflictos y el freno a la “asistencia militar de Estados Unidos”. Tres candidatos, dos posturas, una por la guerra, otra por la paz.

Más de lo mismo con el PRI y el PAN, lo que conduce a que México se subordine a los intereses estratégicos de Estados Unidos y la integración militar llevará en su momento a la participación de nuestros hijos en las guerras que ese país desate en un futuro. El imperio en decadencia cocina una gran guerra y quiere a los mexicanos como 16

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carne de cañón. Eso no lo permitiremos: estamos cansados de que las decisiones se tomen en Washington y no en México.

Mientras que el nuevo proyecto de nación de Morena propone un cambio de rumbo para enfocarse en el desarrollo nacional, al crear una nueva economía con soberanía política y económica, autosuficiencia alimentaria y aprovechamiento de nuestras riquezas para los mexicanos, lo que rompería así con el neocolonialismo. ¿Cómo es posible que sean los canadienses quienes se llevan nuestro oro y plata y que el 25 por ciento del territorio nacional es otorgado a las corporaciones mineras?

El PRI y el PAN siguiendo las recetas del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), han arruinado el campo y haciéndolo aún más vulnerable en época de sequía. Pero además el PRIAN ha tenido políticas desastrosas en cuanto al manejo del agua. Ahora quieren echarle toda la culpa al “cambio climático” para eludir responsabilidades en lugar de aplicar los recursos para lograr soluciones. La riqueza no se va en resolver problemas, sino que se destina para una minoría rapaz. Hoy nos lamentamos de la tragedia de los rarámuris, pero ¿qué han hecho los gobiernos panistas?

Un grupo de rarámuris apostados afuera de la sede donde se dio el segundo debate entre los panistas desplegaron una manta que decía: “Josefina devuelve los 56 millones de pesos que robaste a los tarahumaras cuando estabas en Sedesol”. El periodista José Reveles señala que, cuando menos durante 2005, se desviaron y malversaron 1 mil 800 millones de pesos de programas sociales que manejó la Secretaría de Desarrollo Social, entonces a cargo de Vázquez Mota. Puntualiza que en el caso del fondo para la vivienda rural tanto rarámuris como otros grupos indígenas fueron utilizados sólo como un membrete para sus burdos fraudes.

Fraudes e impunidad con el PRI y el PAN: cerca de 50 mil millones de dólares salieron cada año de manera ilegal de México, en la última década, principalmente a través de facturaciones fraudulentas de exportaciones de bienes, estimó el 30 de enero pasado Raymond Baker, director de la consultora Global FinanCONTRALÍNEA

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cial Integrity, al presentar el informe México: flujos financieros ilícitos, desequilibrios macroeconómicos y la economía sumergida. La media anual durante el decenio de 1970 fue de “3 mil millones de dólares; en la década de 1980, 10 mil millones; en 1990, 17 mil millones, y casi 50 mil millones de dólares en el primer decenio del siglo. El especialista estima que entre 1970 y 2010 salieron fondos ilegales por 872 mil millones de dólares, sin contabilizar las transacciones en efectivo y el tráfico de drogas y personas, que el estudio no midió. Global Financial Integrity ubicó a México, entre 160 países del mundo, en el segundo lugar de salida de fondos ilícitos. El PRIAN y la cúpula financiera han permitido el saqueo de las riquezas y los 12 años del PAN han sido desastrosos. Como vemos, sí hay dinero pero se lo llevan al extranjero. Los flujos ilegales se incrementaron tras la entrada en vigor del TLCAN, en 1994, firmado entre

acumulan 145 mil millones de dólares, mientras 52 millones de mexicanos viven en la pobreza. Todo tiene solución si el Estado se pone al servicio del pueblo y de México, para lo que hay que crear una nueva economía, como lo proponen Morena y López Obrador. Y que hay recursos, ¡hay recursos, pues!

Una economía en provecho propio. Pero Peña Nieto y Vázquez Mota sólo piensan en Washington, donde Peña se mostró a favor de la presencia de capital privado en Petróleos Mexicanos, aunque lo prohíba la Constitución. Y cuando el periodista y escritor Pablo Hiriart Le Bert y la periodista y comunicadora Ana Paula Ordorica le preguntaron a Vázquez Mota ¿cómo se había sentido después del debate?, contestó (entre otras incoherencias): “A ver, aquí vamos a ver qué es lo que tenemos, mira yo creo que son momentos de sumar […] Y éste será el entorno sin duda más […] Que podíamos vivir allá desde Washington”.

Es obvio que en ese momento no estaba en sus cabales, después explicó que no había dormido en 48 horas, pero lo preocupante es constatar como tiene a Washington como punto de referencia. Y ambas caras de la derecha, PRI y PAN, pretenden continuar con la “alianza estratégica” que no es más que una “subordinación patética”, como la de Calderón que se reunió el 18 de enero pasado con el jefe de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por su sigla en inglés), David Petraeus, con quien acordó la agenda “antinarco” entre México y Estados Unidos (Reuters). Antes de la reunión se congregó con todo el gabinete de seguriFraudes e impunidad con el PRI y el PAN: dad: las secretarías de la Defensa Nacional, cerca de 50 mil millones de dólares salieron Marina, Gobernación, Seguridad Pública, la Procuraduría General de la República y el Cencada año de manera ilegal de México, en la tro de Investigación y Seguridad Nacional. última década, principalmente a través de ¡Qué subordinación de este gobierno a los facturaciones fraudulentas de exportaciones designios de Washington! El jefe de la CIA es un funcionario de tercer nivel y aquí se le trata de bienes como máxima autoridad. Eso es inadmisible.

Los mexicanos nos autodeterminamos y nuesEstados Unidos, Canadá y México. Un año más tra seguridad depende de nosotros; nadie, ni un jefe de Estado y menos tarde, llegaron a representar 12.7 por ciento uno de la CIA debe tener acceso a información y el trato que le dieron del producto interno bruto del país, lo que aquí, no es un protectorado de Estados Unidos. Sin embargo ya se están equivale a 36 mil 291 millones de dólares. Este construyendo bases militares (lo que viola la Constitución) donde interdato lo dio a conocer el 30 de enero pasado, vienen los estadunidenses –como en Puebla, Chihuahua ¿y dónde Baker, en el informe antes mencionado. Desde más?–. A este respecto López Obrador ha rechazado explícitamente la varios puntos de vista, el TLCAN ha sido absoalianza militar con Estados Unidos, las bases militares extranjeras en lutamente negativo para la economía mexiterritorio nacional y el intervencionismo, al propugnar una relación de cana y el bienestar del pueblo. Aparte de esta respeto entre ambos países. salida de recursos, legalmente salen del país Para que prevalezcan los intereses del imperio y las corporaciones alrededor de 50 mil millones de dólares necesitan de operadores ineptos y que se presten a ser sus títeres. Por anuales por el pago de la deuda interna y eso Peña Nieto no supo hablar de tres libros que hayan marcado su externa: en 2011, el gobierno dejó un boquete vida, desconoce el precio de la tortilla y el monto del salario mínimo. fiscal de 743 mil millones de pesos, con el Así los quieren y los requieren las corporaciones que son las que manFondo Bancario de Protección al Ahorro-Instidan y no necesitan operadores pensantes, sino que obedezcan. Tamtuto para la Protección al Ahorro Bancario se bién a Vázquez Mota le gritaron “burra” en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, cuando era secretaria de Educación Pública en ha pagado el rescate de bancos extranjeros 2008, ya que confundió al autor Carlos Fuentes con el escritor Octavio con cientos de miles de millones de pesos, más Paz, y la obra la Región más transparente con la “ciudad más transpalos capitales que año con año salen del país. rente”. Y hasta se atrevió en 1999 a ponerle como título a su libro Dios En resumen, vivimos un saqueo neocolonial mío, hazme viuda por favor. Las corporaciones necesitan políticos superrapaz y despiadado. En el Banco de México se CONTRALÍNEA

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ficiales, irresponsables, como Vázquez Mota que sólo asistió a ocho de La política estadunidense consiste en cam134 votaciones, subió a tribuna una vez, pero que sí cobró su sueldo pañas de chismes y ataques personales, de evicompleto, que aunque muy generoso no alcanza como para que use denciar la vida íntima y juzgarla, de ahondar los aretes de 40 mil pesos y más que porta. ¿De dónde? Políticos de gusen la sexual y pleitos familiares de los cantos caros, elitistas, lejanos al pueblo como ella o Peña Nieto, cliente fredidatos para desviar la atención de los problecuente de la exclusiva tienda de ropa de diseño para hombres de Rodeo mas nacionales y de las propuestas de políticas Drive (considerada la más cara del mundo en su tipo) donde se distingue públicas. El monopolio de medios al servicio a quienes han gastado 2 millones de dólares en vestuario: los príncipes del PRIAN fomentan esta política de lavadero y desvían la atención de las propuestas de de Gales, William Arthur Philip Louis Windsor y Charles Philip Arthur fondo. Por lo contrario, la política popular y George Windsor; el rey de España, Juan Carlos I de Borbón, y grandes progresista pone por delante el proyecto de magnates que son a los que sirven el PRI y el PAN. En contraste, teneacción, solución a los graves problemas del mos un proyecto basado en las necesidades populares y el contacto con país, las políticas públicas y los programas la gente, de un candidato que ya recorrió uno a uno los 2 mil 456 municide trabajo; la discusión y el debate de las pios del país, incluso los 418 municipios indígenas. Y que tiene una inigrandes salidas nacionales. Por eso es imporciativa en la que se prioriza a los jóvenes con planes concretos de empleo tante que Morena y López Obrador hayan y estudio. discutido, trabajado, elaborado 50 puntos El 1 de julio próximo, se enfrentará López Obrador y todas las fuerzas del nuevo proyecto de nación y que de anteprogresistas unidas, contra el personaje del PRI o el PAN que haya salimano se den a conocer las propuestas para do adelante en la pugna interna por ser el “campeón” de la oligarquía el gabinete y que sean mexicanos capaces y y el imperio. Lo hará en una situación de desventaja, porque ya desde reconocidos. el inicio es evidente la inequidad. Vázquez Mota lleva semanas anunciándose en spots televisivos, mientras que a López Obrador se le ha prohibido por ser “candidato único”. También lo es Peña Nieto, pero Las corporaciones necesitan políticos él lleva años promocionándose en televisión superficiales, irresponsables, como con el presupuesto del Estado de México. Lo hará con encuestas arregladas para dar la imaVázquez Mota que sólo asistió a ocho gen de que el PRIAN va a ganarle, pero no se puede 134 votaciones, subió a tribuna una de tapar el sol con un dedo y el fortalecimiento y crecimiento de la campaña de Morena y de vez, pero que sí cobró su sueldo completo López Obrador es evidente.

Las fuerzas progresistas y populares están construyendo una gran unidad, ejemplo de ello es el apoyo del ingeDos proyectos se enfrentan, uno defendiniero Cuauhtémoc Cárdenas al candidato López Obrador y todo el prodo por el PRI, el PAN y algún otro candidato ceso unitario en curso, mientras que por el lado de las fuerzas del que surja para hacerle el caldo gordo a la mafia en el poder; el otro, el nuestro, que está retroceso cunde la división. Calderón usa todo su poder contra el PRI y tomando cada vez más fuerza es el plan unilo seguirá haciendo y hasta prepara un escenario extremo de difícil realitario de fuerzas progresistas y que tiene en zación que podría llegar incluso a cancelar las elecciones con el pretexObrador a un digno representante de los mexito de una situación de emergencia. canos que queremos construir un futuro para Además del pleito PAN-PRI, el candidato del PRIAN que sobreviva llegará desgastado por las pugnas internas de sus propios partidos que nuestros hijos y gozar de un país en paz. Es la son cada vez más fuertes, lo que evidenció la elección del PAN que fue alternativa para quienes amamos nuestra particularmente sucia y enconada: hubo de todo, robo de papelería elecpatria y nuestro pueblo. Es la hora de la unidad toral, acarreo masivo, canjeo de votos por despensas, padrón rasurado para rescatar, renovar, reconstruir la nación. y urnas embarazadas, robo de urnas por comandos armados (como Es la hora de derrotar al retroceso y la posucedió en Zozocolco, Veracruz), desviación de recursos de entidades dredumbre que representan el PAN y el PRI. públicas para favorecer a precandidatos. Todas las marrullerías que, Como dijo López Obrador el 9 de febrero pasaademás, han quedado impunes. La crisis interna de la reacción ha quedado: “Votar por Peña Nieto o Vázquez Mota es do manifiesta a su vez con el rompimiento de Elba Esther Gordillo con una especie de suicidio colectivo”. Ya no queel PRI. El candidato que surja del Partido Nuevo Alianza será un factor remos más de lo mismo, llegó la hora del vermás de pleito y negociación entre ellos. Por su parte Vázquez Mota ya dadero cambio.3 contrató al especialista en guerra sucia, de origen español, Antonio Solá, *Politólogo y urbanista; dirigente de Mexteki quien inventó que López Obrador era un peligro para México, por lo que y vocero del Congreso de la Soberanía se ve que la situación va a ser grotesca.

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OPINIÓN

La CFE y los ficticios comités de auditoría Martín Esparza Flores*

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nunciados por el presidente Felipe Calderón como la panacea de su gobierno para la transparencia en el sector energético, los comités de auditoría que deberían de haber funcionado en organismos como la Comisión Federal de Electricidad (CFE), con el fin de evitar actos de corrupción en el manejo de los recursos públicos, resultaron una más de las ficciones oficiales que sucumbieron ante el poder de los intereses creados por los integrantes del “cártel de la Electricidad”, que desde hace más de dos décadas se adueñó del control interno de la paraestatal.

En la amplia investigación elaborada en el seno de la Comisión de Energía de la LX Legislatura, y entregada en Los Pinos a Calderón, en agosto de 2009, quedaron de manifiesto numerosas irregularidades cometidas por funcionarios de la CFE, en el manejo y otorgamiento de contratos, en muchos de los cuales sus propias empresas, a través de prestanombres, fueron beneficiadas al solapárles incluso la entrega de equipos defectuosos, no sólo a destiempo sino fuera de los parámetros de concurso establecidos por la normatividad.

Se detalla en el acucioso análisis, la forma en que personajes como el ahora prófugo de la justicia, Néstor Moreno Díaz, actuaron fuera de la ley en perjuicio del patrimonio de la CFE, burlándose tanto de los órganos de control interno como de la Procuraduría General de la República (PGR) y de la entonces Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam), hoy Secretaría de la Función Pública.

Aquí expongo dos casos irrefutables de la corrupción de la CFE y que Calderón se negó a analizar en la denuncia presentada a las puertas de la residencia oficial por la Comisión de Energía, lo que permitió que gente como Néstor Moreno siguiera sangrando a la hoy ilógicamente llamada “empresa de clase mundial”.

El 22 de diciembre de 1995, se firmó el contrato 951047 entre la Comisión Federal de Electricidad y la contratista Apycsa, cuyos trabajos, de acuerdo a lo establecido, estarían encaminados a concluir el proyecto Salamanca-Texcoco. En su cláusula 1.1.2 se establece: “El contratista se obliga a diseñar, suministrar y construir las subestaciones eléctricas de potencia y las líneas de potencia”.

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Una semana después de concretar el acuerdo, la CFE pagó a Apycsa los anticipos pactados en la cláusula 9 para el cumplimiento del contrato. El contratista expidió a la paraestatal las facturas 3287 y 3288; a su vez, la Comisión amparó la emisión de dos cheques a favor de la empresa con las pólizas 046888 y 046890.

Pero de manera increíble, un año y medio después de firmado el contrato, Apycsa no había movido un dedo para iniciar los trabajos pese a haber recibido el adelanto y, peor aún, el 22 de abril de 1997, el ingeniero Héctor Sierra, responsable del proyecto de la CFE, informó a Apycsa que, mediante el oficio CPTT.7C.016.012/97, la Coordinación de Proyectos de Transmisión y Transformación (a cargo nada menos que de Moreno Díaz) “pondrá ( sic ) a su disposición en calidad de préstamo y en función de existencia en almacenes de la CFE aquellos equipos y materiales que conforme a los programas de obra electromecánica fueron requeridos”.

El 30 de abril de 1997, el ingeniero Julio Ruiz Guerrero, coordinador de Proyectos de Transmisión y Transformación de la Subdirección de Construcción, dio también luz verde al fraude al aducir “necesidades propias del sistema interconectado nacional”. Pero de nuevo, el 12 de mayo de 1997, Ruiz Guerrero solicitó al ingeniero Isidro Becerril, gerente de Construcción de Proyectos de Transmisión y Transformación, que “debido a la urgencia que esta Coordinación tiene para concluir la subestación Texcoco, se haga el traspaso del material”.

Los días 10, 12, 14, 19, 20, 23 y 25 de junio de 1997, salieron de las bodegas de la CFE los materiales y el equipo para ser entregados, de manera ilegal, al Grupo Apycsa. Todo ello con un valor superior a 16 millones de pesos. La pandilla de Néstor Moreno nunca comprobó que Apycsa devolviera los materiales que se le entregaron en bandeja de plata . Tampoco dieron ninguna explicación sobre el destino que la empresa privada dio a los adelantos entregados ni por qué los trabajos se iniciaron casi dos años después de lo pactado. Tales irregularidades motivaron la demanda presentada ante la PGR, el 26 de mayo de 2006, por el exapoderado legal de la CFE, Ismael Macías Barrón, en contra de los presuntos responsables.

Pero la queja pasó como el día y la noche para los funcionarios de la Secodam y la PGR. De hecho, dos años antes, CONTRALÍNEA

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en la CFE en contubernio con el Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana y de su central antiobrera, la Confederación de Trabajadores de México.3

e

*Secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas

M a n ri q u

y en pleno auge de sus negocios ilícitos, Néstor Moreno había sido destituido e inhabilitado de su cargo como coordinador de Transmisión y Transformación de la CFE, por 10 años, pero no por la irregularidad de los contratos ni el retraso de las obras, sino por un asunto administrativo en el que despidió “sin causa justificada” a un trabajador, conforme avaló en su defensa, hace un año, el exsecretario de la Función Pública, Salvador Vega Casillas. Poco después de su sanción, el corrupto funcionario obtuvo un recurso de revocación y regresó a su puesto.

Por el quebranto ocasionado por Apycsa –uno de los tantos cometidos por el “cártel de la Electricidad”– nadie resultó responsable y menos castigado.

Otro botón de muestra de la impunidad que priva en la CFE: el 17 de enero de 2001, la Secodam dio curso a los procedimientos administrativos DR/044/00 y DR/045/00, realizados por la Contraloría Regional Golfo Centro de la paraestatal, en los mismos se detectaron irregularidades relacionadas con contratos de las empresas SEPAC (Sistemas Eléctricos de Potencia, SA de CV) y SENSA (Control Digital, SA de CV), para el suministro de unidades sicles, que de acuerdo con las indagatorias “no funcionaron y se encuentran en almacenes [de la CFE], lo mismo para los pedidos de unidades centrales maestras y siscoproms (sistemas equivalentes a los sicles, pero en el área de distribución). Se menciona además que Moreno Díaz es dueño bajo prestanombres de la empresa SENSA, y solicitan una intervención rápida para evitar que se consume un fraude de grandes proporciones”.

Pero tampoco ocurrió nada, pues parece que el entonces contralor federal, Francisco Barrio Terrazas, estaba tan enajenado con el Pemexgate que ni se preocupó por volver los ojos a los gigantescos fraudes que se cometieron frente a sus narices en la CFE, donde nadaban a sus anchas los auténticos peces gordos de la corrupción. Uno de éstos, Néstor Moreno, se sigue riendo de la laxitud de las leyes mexicanas agradecido de que Calderón no haya concretado sus comités de auditoría y menos que se tomara la molestia de enterarse de sus mil y un fechorías, encubiertas por su exjefe y socio, Alfredo Elías Ayub.

Por cierto, a pesar de que la Organización Internacional de Policía Criminal contaba ya con una ficha del hoy prófugo, una juez decidió cancelar la orden de aprehensión dictada en contra del exdirector operativo de la CFE, con lo que todo indica que podrá seguir disfrutando de los millonarios sobornos, los yates y los ferraris por los que lo investigó la justicia estadunidense. Todo, gracias también a la red de complicidades que sigue operando

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EN MÉXICO, MÁS DE 5 MIL experimentos clínicos con humanos Un total de 5 mil 25 ensayos clínicos –investigaciones que emplean a seres humanos– se han emprendido en el país entre 1983 y 2011. No obstante que más de la mitad de los estudios se han hecho en institutos de alta especialidad y hospitales públicos, el gobierno estadunidense también ha desarrollado investigaciones biomédicas en México a través de sus institutos de salud. Detrás de la realización de pruebas médicas en humanos está el financiamiento de la industria farmacéutica, de la que destacan laboratorios extranjeros como Pfizer, Eli Lilly and Company, Roche, Sanofi-Aventis y Astrazeneca, algunos de éstos señalados por sus “conductas poco éticas” Mayela Sánchez CONTRALÍNEA

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a doctora Susan M Reverby llevaba cinco años in- que se realizan ensayos clínicos son los institutos Nacional de Carvestigando acerca del estudio Tuskegee –que consis- diología Ignacio Chávez, Nacional de Ciencias Médicas y Nutritió en el seguimiento de los efectos de la sífilis no ción Salvador Zubirán, Nacional de Enfermedades Respiratorias tratada en 400 hombres pobres de raza negra infec- (INER), Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco tados, a quienes se les negó cualquier tipo de tra- Suárez, Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes, tamiento durante 40 años– cuando inesperadamente encontró algo totalmente insólito: otros experimentos sobre la sífilis se habían realizado en Guatemala, en la década de 1940.

Los guatemaltecos que fueron parte de esas pruebas –presos, soldados y enfermos mentales– no supieron que habían sido infectados con sífilis deliberadamente. Al igual que en el estudio Tuskegee, los involucrados ni siquiera fueron informados de que eran parte de un experimento clínico.

El hallazgo de Reverby no sólo impulsó una investigación al respecto en Estados Unidos, sino que incluso motivó a su actual presidente, Barack Obama, a ofrecer una disculpa a su homólogo Álvaro Colom, en octubre de 2010.

La razón de ello es que los experimentos en Guatemala fueron financiados por los Institutos Nacionales de Salud (NIH, por su sigla en inglés), instancias del sistema de salud estadunidense que se encargan de realizar ensayos clínicos en todo el mundo.

A la fecha, los NIH han llevado a cabo 120 mil 753 ensayos clínicos en 178 países, incluido México. De acuerdo con datos de los NIH, en el país se han efectuado 1 mil 549 estudios; de éstos, sólo el 5 por ciento ha consistido en investigaciones basadas en observación. Es decir, en el 95 por ciento los participantes han sido sometidos a intervenciones.

Pero el millar y medio de ensayos clínicos que han realizado o realizan los NIH no son los únicos que se efectúan en México. Datos de las instituciones de salud pública –obtenidos a través de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental– revelan la existencia de, cuando menos, 3 mil 476 estudios similares desarrollados en éstos.

De la docena de instituciones de salud pública que existen en el país, cuyo objetivo es la prestación de servicios médicos de alta especialidad y la investigación científica en el campo de la salud, aquéllos en los 4En 2011, la Cofepris autorizó 538 protocolos de investigación a farmacéuticas extranjeras y a instituciones de salud pública. En la imagen, Mikel Arriola (a la izquierda), titular de la Comisión

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4Por lo menos 14 mil 187 personas han sido utilizadas en México para desarrollar experimentos clínicos

se tendrían que incluir a las instituciones de salud públicas locales, a los centros académicos de investigación (tanto públicos como privados), a las clínicas y hospitales privados y a los laboratorios que desarrollan investigaciones biomédicas.

A fin de conocer la cifra exacta de ensayos clínicos que se llevan a cabo en México, Contralínea solicitó a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos

Sanitarios (Cofepris) el número de protocolos de investigación que ha autorizado, mediante la solicitud de información 121500001412.

De acuerdo con la Ley General de Salud y el Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Investigación para la Salud, para emprender un ensayo clínico en México es necesario que la autoridad sanitaria autorice el protocolo de investi-

Archivo Contralínea

Nacional de Siquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, Nacional de Rehabilitación, Nacional de Salud Pública y el Hospital Infantil de México Federico Gómez. También realizan este tipo de investigaciones los hospitales General de México y Juárez de México.

Si bien todas estas instituciones públicas admitieron que desarrollan ensayos clínicos, la cifra referida no contempla la totalidad de estudios realizados, pues dos instancias no proporcionaron información al respecto.

Una de éstas fue el Instituto Nacional de Rehabilitación, que sólo dio detalles sobre dos ensayos (los únicos concluidos) sin especificar cuántos más se encuentran en proceso. El argumento fue que esos datos fueron reservados por 12 años.

El Hospital Infantil de México tampoco brindó información sobre la cantidad y características de los ensayos clínicos ya concluidos. Respecto a los que están en proceso, también respondió que están clasificados como reservados.

En el caso del Instituto Nacional de Pediatría, si bien proporcionó a Contralínea información sobre el número de proyectos de investigación registrados y desarrollados entre 2005 y junio de 2011, no se tomaron en cuenta debido a que no detalló cuáles de éstos involucraban experimentación con humanos.

Del total de 3 mil 476 ensayos clínicos contabilizados en el resto de los institutos y hospitales, destacan el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez, que registra 1 mil 398 estudios de este tipo entre 1985 y 2011, y el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, con 1 mil 353 investigaciones iniciadas desde 1996 y hasta 2010.

Respecto al número de personas que han participado en este tipo de pruebas, tampoco todas las instituciones públicas consultadas otorgaron el dato preciso. De las cifras proporcionadas se desprende que, por lo menos, han sido 14 mil 187.

Pero así como el número de mexicanos que ha tomado parte de un ensayo clínico podría ser mayor, también lo podría ser la cantidad de este tipo de investigaciones que se hacen en el país. Y es que

Archivo Contralínea

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4Estados Unidos ha realizado mas de 1 mil 500 ensayos clínicos en México. En el 95 por ciento de los casos, los pacientes han sido sometidos a intervenciones

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David Cilia

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También argumentó que la Comisión de Autorización Sanitaria fue creada en diciembre de 2007, e inició sus actividades en enero de 2008, por lo que “después de haber realizado una búsqueda exhaustiva en la totalidad de los archivos físicos y electrónicos del área técnica de protocolos de investigación en seres humanos de la Comisión, el resultado es igual a cero”.

Farmacéuticas, detrás de los ensayos clínicos La información proporcionada por los institutos de salud mexicanos, así como la consultada en la base de datos de sus pares estadunidenses, revela que la mayor parte de los ensayos clínicos que se desarrollan en el país son patrocinados por la industria farmacéutica.

4Además de los 5 mil 25 ensayos clínicos que reportaron los institutos nacionales de salud, hospitales públicos y privados realizan investigaciones biomédicas con humanos

gación que lo sustenta. Dentro de la Cofepris, la Comisión de Autorización Sanitaria se encarga de revisar los protocolos de investigación en seres humanos.

Sin embargo, en la respuesta elaborada por el secretario general y titular de la Unidad de Enlace de la Cofepris, José Rafael Fernández de Lara y Olivares, sólo se entregó información referente a 2011.

Se trata de 538 autorizaciones que se otorgaron el año pasado para realizar investigaciones en seres humanos.

En la relación de protocolos palomeados por la Cofepris se aprecia que la mayoría proviene de instancias privadas de investigación, como el Instituto de Investigación Clínica de Occidente, SA de CV; el Centro de Estudios Científicos y Clínicos Pharma, SA de CV, y el Instituto de Investigación en Farmacología Clínica y Experimental, SA de CV. También figuran instituciones privadas de salud como el Centro Médico ABC, en donde se autorizó una investigación de la farmacéutica Baxter, SA de CV; el Hospital Ángeles de Puebla, en el que Eli Lilly y Compañía de México, SA de CV, tiene dos protocolos permitidos; o el Hospital Médica Sur, donde Productos Roche, SA de CV, tiene la venia para desarrollar una investigación.

Respecto a la información de años anteriores, la Cofepris contestó que antes de 2011 no se realizaban estadísticas referentes a las autorizaciones de protocolos de investigación, por lo que no estaban en la posibilidad de expedir dicha información.

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4La franco-alemana Sanofi-Aventis, entre las farmacéuticas que han patrocinado, al menos, 290 ensayos clínicos en México

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Ingelheim, Abbott, Pharmacia & Upjohn, Wyeth (desde 2009 subsidiaria de Pfizer), Tibotec, Janssen, Kendle y Johnson & Johnson, todos ellos de origen extranjero.

Aunque no se trata de los únicos laboratorios farmacéuticos que desarrollan ensayos clínicos en México, esta veintena ha concentrado el 46 por ciento de las 1 mil 152 investigaciones de las que se conoce el nombre del patrocinador.

No obstante, la cifra podría variar, pues sólo contempla los datos del INER; los institutos Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes; Nacional de Salud Pública; Nacional de Ciencias Méwww.wikimedia.org

En lo referente a los institutos mexicanos de salud pública, una veintena de laboratorios farmacéuticos trasnacionales están detrás de casi la mitad de las investigaciones que éstos realizan. A la cabeza se encuentran la alemana Merck, las estadunidenses Bristol-Myers Squibb y Pfizer, la inglesa Glaxo Smithkline, la franco-alemana Sanofi-Aventis y la suiza Roche, que han patrocinado 299 de los ensayos clínicos.

Los otros laboratorios que más incidencia han tenido en la realización de este tipo de investigaciones en el país son Eli Lilly and Company, Astrazeneca, Novartis, Schering-Plough, Bayer, Boehringer

4Por causar daños irreparables en los pacientes y violar principios éticos durante sus experimentos clínicos, los laboratorios trasnacionales han sido enjuiciados en otros países

dicas y Nutrición Salvador Zubirán, y del Hospital General de México, que proporcionaron dicha información. No se incluyeron los 116 ensayos realizados en el Instituto Nacional de Siquiatría entre 1983 y 2011, dado que, de acuerdo con la institución, los proyectos han sido financiados con recursos fiscales propios.

Tampoco se tomaron en cuenta los ensayos del Instituto Nacional de Cardiología, que sumaron 224 entre 2001 y 2011. De éstos, 156 fueron investigaciones de origen interno, por lo que no contaron con financiamiento alguno. Aunque el Instituto señala que 65 proyectos se realizaron mediante convenios con entes privados, no detalla sus nombres.

El Hospital Juárez de México, que ha iniciado 78 ensayos clínicos desde 2003 y hasta 2011, clasificó la información sobre los patrocinadores como reservada, con base en un convenio de confidencialidad y no uso de la información que mantiene con éstos. Sin embargo, en su respuesta a la solicitud de información 1219000021011, contestó que el contenido de los protocolos de investigación que amparan esos ensayos “es el desarrollo de medicamentos con fines de patente”.

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El Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel La primera ha financiado 159 estudios (98 a través de los NIH, Velasco Suárez también refirió un acuerdo de confidencialidad 61 mediante sus pares mexicanos), mientras que la compañía funpara no proporcionar los nombres de los patrocinadores de los en- dada por el coronel y farmacéutico Eli Lilly ha patrocinado 136 sayos clínicos en proceso. ensayos clínicos en el país.

En el caso del Instituto Nacional de Rehabilitación, la inforEli Lilly and Company, que tuvo entre sus directivos al exmación sobre los dos protocolos de investigación concluidos, de- presidente estadunidense George Bush, ha estado involucrada talla que ninguno de éstos contó con patrocinio externo. en varios escándalos que han puesto en duda su ética. Uno de Los datos de los institutos de salud estadunidenses son más reve- los más conocidos es el caso Zyprexa, en el que se denunció ladores respecto a la incidencia de la industria farmacéutica: de los 1 que la farmacéutica ocultó información sobre la posibilidad de mil 549 ensayos clínicos que han emprendido en México, el 60 por crear una propensión a la diabetes a consecuencia del medicaciento está patrocinado por alguno de los laboratorios mencionados. mento.

Pero a diferencia de lo que reportan las cifras de las instituciones Un artículo publicado en el diario estadunidense The New de salud pública nacionales, la farmacéutica que más investi- York Times, el 17 de diciembre de 2006, reveló que durante una gaciones ha financiado en el país –a través del sistema de salud década la empresa había mantenido en secreto esa información, estadunidense– es Pfizer, con 156 patrocinios (incluidos los de su subsidiaria Wyeth).

Si se le suman los 61 ensayos que ha financiado a través de los institutos de salud mexicanos, alcanza un total de 217, lo que la convierte en la empresa farmacéutica con mayor incidencia en las investigaciones en seres humanos en el país.

Considerado el más importante laboratorio farmacéutico a nivel mundial, Pfizer fue el primero en producir penicilina industrialmente y fue el creador del Viagra.

Pero también es responsable de haber realizado ensayos clínicos en 1996, en Nigeria, para probar el medicamento llamado Trovan con personas afectadas por una epidemia de meningitis, sin informarles que utilizaba un producto experimental.

La consecuencia fue la muerte de 11 niños y malformaciones físicas y mentales de gravedad en 200 infantes más. Tiempo después se sabría, a través de los cables de 4Diversidad étnica y alta proporción de personas adultas, entre las ventajas que encuentran en México los laboratorios para sus experimentos clínicos la embajada de Estados Unidos filtrados por Wikileaks, que la farmacéutica de origen estadunidense había negociado en abril de 2009, un acuerdo pues el Zyprexa –utilizado para tratar la esquizofrenia– era el procon el gobierno nigeriano para intentar evitar el juicio emprendi- ducto más vendido de la compañía. do por Nigeria en su contra. Al final, el laboratorio pagó 75 milloOtro escándalo fue el del caso Fentress, en el que un hombre nes de dólares a las familias afectadas para evitar que la causa penal medicado con Prozac (antidepresivo creado por el laboratorio) prosperara. disparó un rifle de asalto en su lugar de trabajo, matando a ocho En el registro de los NIH, los laboratorios de Sanofi-Aventis personas e hiriendo a una docena, antes de suicidarse. figuran como los segundos que más ensayos han patrocinado en Para evitar un juicio en el que se escrutara la posible relación el país. Se trata de la compañía farmacéutica más importante de entre el antidepresivo y la inducción al suicidio, la compañía Europa y la tercera a nivel mundial. En México tiene presencia no corrompió al abogado de la parte demandante para que no presólo por los medicamentos que comercializa, sino por los 167 en- sentara al jurado evidencia que la perjudicara. Aunque el veredicto sayos clínicos que realiza (123 mediante los institutos de salud es- fue favorable para la farmacéutica, el juez remitió el asunto a la tadunidenses, 44 a través de los mexicanos).

Suprema Corte de Kentucky, que revocó la sentencia al descubrir Las farmacéuticas estadunidenses Bristol-Myers Squibb y Eli la corrupción en el proceso judicial.

Lilly and Company también se encuentran entre las que más inDe acuerdo con el reporte México: situación y perspectivas del vestigaciones que involucran a humanos llevan a cabo en México. sistema de regulación ética de la investigación biomédica y la protec28

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para que cumplan con los estándares locales.

México, en la mira Durante mucho tiempo, las compañías farmacéuticas de Estados Unidos y Europa llevaron a cabo ensayos clínicos en países asiáticos, particularmente en India. Gracias a la externalización de sus estudios clínicos en ese país, las farmacéuticas reducían sus costos hasta un 60 por ciento.

Pero las empresas han descubierto nuevos “mercados” para llevar a cabo sus Archivo Contralínea

ción a los sujetos de investigación, una de las mayores inquietudes sobre la práctica de ensayos clínicos es el patrocinio de la industria farmacéutica, debido a conductas “reprobables” que se han dado.

Como ejemplos, el documento refiere el acercamiento directo de los laboratorios a médicos para ofrecerles dinero por el reclutamiento de pacientes o la incorporación de pacientes “vírgenes” (que no se han sometido a ningún tratamiento médico previo para tratar su padecimiento) en ensayos clínicos, o la realización de estudios con el único fin de promocionar productos.

4 Argentina, Brasil y México, los países latinoamericanos donde más ensayos clínicos se realizan

“Éstas y otras conductas han ocasionado que se considere que la investigación patrocinada por la industria farmacéutica es, en general, en la que más riesgos se corren de que no se respeten estándares éticos”, sentencia el reporte, elaborado por la Comisión Nacional de Bioética en 2006, y que forma parte de un proyecto de la red internacional Eulabor.

Además se han detectado problemas en los protocolos de investigación de la industria farmacéutica, pues al tratarse de estudios multicéntricos no necesariamente se adaptan a la normatividad de cada país y es difícil modificarlos CONTRALÍNEA

investigaciones, que les ofrecen costos más bajos. Uno de esos nuevos destinos es América Latina.

De acuerdo con el artículo “Trials in Mexico: addressing the challenges” (“Ensayos en México: afrontando los desafíos”), publicado en febrero de 2009 en la revista inglesa Good Clinical Practice Journal, Argentina, Brasil y México son los países en donde más se realizan ensayos clínicos.

Sin embargo, indica la publicación, “México, en particular, se ha convertido en un líder en el mercado farmacéutico y una prominente locación para ensayos clínicos”.

Las razones de ello, explica la autora del texto, Karen Politis Virk, son el bajo costo que existe para llevar a cabo investigaciones clínicas en el país (30 por ciento menor que en Estados Unidos) y la posibilidad de inversión que tienen las farmacéuticas extranjeras gracias al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, signado entre México, Estados Unidos y Canadá, vigente desde 1994.

Pero no se trata de las únicas “ventajas” que las farmacéuticas pueden encontrar en México para hacerlo destino de sus investigaciones. El país también tiene un índice de reclutamiento superior al de Estados Unidos y un alto porcentaje de pacientes no sometidos previamente a tratamientos (conocidos como pacientes “vírgenes”).

La cercanía geográfica con Estados Unidos también se anota como una “ventaja”, así como la diversidad étnica de los pacientes y la alta proporción de personas adultas, lo cual es favorable para desarrollar investigaciones relacionadas con padecimientos como alzheimer, parkinson y osteoporosis.

La prevalencia de enfermedades cardiovasculares, pediátricas o reumatoides, así como de diabetes u osteoporosis en la población mexicana, también hacen atractivo al país para ser locación de investigaciones en seres humanos.

Politis Virk apunta como desventajas las condiciones de pobreza de la población, el analfabetismo (de 8 por ciento en adultos) y las barreras lingüísticas. La autora sugiere a los interesados en emprender ensayos clínicos en México que tomen en cuenta estos factores, particularmente porque suelen dilatar los procesos regulatorios.

Y es que la obtención del consentimiento informado del paciente, indispensable para que se autorice un protocolo de investigación, puede demorarse debido a que muchas instituciones de salud solicitan una segunda carta de consentimiento, escrita en un lenguaje sencillo y con el visto bueno de dos testigos.

Si bien la autora reconoce que se trata de un procedimiento adoptado para ayudar a eliminar los problemas éticos que pueden interferir en la obtención de un consentimiento informado en la población 19 DE FEBRERO DE 2012

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www.wikimedia.org

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4La suiza Roche, una de las patrocinadoras de investigaciones biomédicas con mexicanos

“menos educada”, considera que quedan “varias cuestiones pendientes”.

La red Eulabor, que se enfoca en la evaluación de sistemas de regulación ética en investigación médica que involucra a humanos, emprendió en 2006 un proyecto para analizar comparativamente los panoramas de distintos países respecto a la realización de ensayos clínicos.

El diagnóstico sobre México, que estuvo a cargo de la Comisión Nacional de Bioética (órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud) aborda los factores que considera problemáticos para el desarrollo de este tipo de estudios en el país.

Uno de éstos es el bajo nivel de escolaridad de la población, pues el sistema de regulación ética de la investigación biomédica contempla cartas de consentimiento que están redactadas de tal forma que no son entendidas por los participantes. Así, la larga extensión de éstas y su redacción en un lenguaje complicado “dificulta que el participante efectivamente comprenda el alcance de su colaboración en una investigación”.

La diversidad lingüística del país es otro de los elementos que deben ser considerados para garantizar una participación libre e informada en los ensayos clínicos, particularmente respecto de la población indígena que no habla español, o lo hace precariamente.

Otro aspecto a tomar en cuenta, continúa el informe de Eulabor, es el acceso a la seguridad social en México. Aunque hay servicios de salud tanto públicos como privados, un amplio sector no tiene acceso a ninguno, con lo que queda desprotegido frente a casos adversos. Simultáneamente, muchas personas no pueden acceder a los medicamentos que requieren, pues les resultan incosteables.

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Esta situación complica el sistema de regulación ética de los ensayos clínicos, advierte Eulabor.

“Por una parte, los pacientes no evalúan objetivamente los alcances de su participación en una investigación, si ésta representa ‘la diferencia entre la vida y la muerte’ ante la falta de acceso a un determinado medicamento.

Por otra parte, tanto los médicos como los integrantes de los comités de ética en investigación entran en conflicto, pues comprenden que la participación en un determinado proyecto puede ser la única opción viable para que un paciente reciba tratamiento”, sentencia el informe.

Otro factor que impacta en el desarrollo de investigaciones biomédicas en el país es la falta de fondos para la investigación en salud. Esta carestía se traduce en bajos sueldos y pocas oportunidades de desarrollo para los investigadores, quienes podrían buscar financiamiento de cualquier forma.

Con ello, la protección de los sujetos de investigación se ve comprometida, pues el objetivo primordial de los investigadores es obtener recursos. Además, como su desempeño se mide con base en indicadores cuantitativos, los investigadores están más preocupados por la cantidad de publicaciones que tengan que por la integridad de la investigación y de los participantes.

A fin de conocer los mecanismos de control y supervisión que la autoridad sanitaria lleva a cabo respecto a los ensayos clínicos que se realizan en el país, Contralínea solicitó entrevista con el titular de la Cofepris, Mikel Arriola. Al cierre de edición, la licenciada Rosalba Villanueva, del Área de Comunicación Social de la Comisión y a través de quien se hizo la petición, no había dado respuesta.3 CONTRALÍNEA

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Seguridad alimentaria,

CONGELADA Más de tres cuartas partes del territorio mexicano son afectadas por la sequía invernal; el impacto recaerá en 2 millones de habitantes, de acuerdo con cifras oficiales. En tanto, desde 2006 permanece en la congeladora del Senado de la República la Ley de Planeación para la Soberanía y la Seguridad Agroalimentaria y Nutricional

Miguel Galindo

Érika Ramírez

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L

a sequía en 19 entidades del país afectará a más de 2 millones de personas este año.

El impacto, indican especialistas y legisladores, es consecuencia de la falta de leyes y programas que garanticen la seguridad alimentaria. Desde 2006, se mantiene en la congeladora del Congreso de la Unión la Ley de Planeación para la Soberanía y la Seguridad Agroalimentaria y Nutricional.

En tanto, Estados Unidos (principal “socio” comercial de México en materia agropecuaria) dispone, desde la firma en 1994 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), de leyes agrícolas quinquenales que respaldan a sus productores.

El 1 de febrero pasado, Francisco Mayorga Castañeda, titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, indicó que “la sequía está dañando en forma extraordinaria a [los estados de] Zacatecas, Durango, Chihuahua, Coahuila y San Luis Potosí, pero que perjudica también, en la clasificación de sequía severa, a partes de otras 14 entidades con una mayor afectación.

Esto no se ha traducido en una afectación muy grave a la producción agrícola porque son estados áridos; pero sí en la producción ganadera”.

La Ley de Planeación para la Soberanía y la Seguridad Agroalimentaria y Nutricional establece “la obligación para el Estado mexicano, con base en la participación de los sectores privado, público y social, de planear las actividades económicas, con el objeto de garantizar el logro de los objetivos nacionales”.

En 2006, el pleno de la Cámara de Diputados avaló por 328 votos a favor, cinco en contra y seis abstenciones, el dictamen por el que se expidió la Ley, y que incluye la aplicación de ciencia y tecnología en la preservación de la biodiversidad y respeto a la cultura indígena. Entre sus objetivos principales se encuentra el de garantizar la soberanía, la seguridad agroalimentaria y la nutrición adecuada de todos sus habitantes.

Con la Ley se pretende “aumentar la capacidad productiva de pequeños propietarios, ejidatarios y comuneros, en un sis34

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Guillermo Perea/Cuartoscuro

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4Zacatecas, Durango, Chihuahua, Coahuila y San Luis Potosí, los estados dañados por la sequía: Francisco

tema eficiente, equilibrado económica y socialmente, en el mercado nacional y mundial”. Además propone un subprograma de Emergencia para la Erradicación de la Desnutrición, que debiera de estar listo a más tardar en 2015, a cargo de la Secretaría de Salud, en coordinación con la de Desarrollo Social.

Víctor Suárez Carrera, diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en 2006, promovió la Ley con la que, indica, se pretende enfrentar el incremento de la dependencia agroalimentaria y la inexistencia de una política de Estado a largo plazo.

Aprobación urgente Suárez Carrera, autor del libro Políticas públicas para la agricultura mexicana, y actual director ejecutivo de la Asociación Nacional de Empresas Comercializado-

ras de Productores del Campo (ANEC), expone que la Ley es de carácter programático-presupuestal y propone una estrategia multianual para el sector agroalimentario.

Antonio Mejía Haro, secretario de la Comisión de Desarrollo Rural en el Senado de la República, explica que la iniciativa de ley es un instrumento legal para promover una política de Estado que mantenga la soberanía y la seguridad alimentaria insertadas en un mundo global.

“Se trabaja para que antes de que se termine esta legislatura se dictamine. No puede quedar en letra muerta”.

El legislador zacatecano señala que México es de los países de América más vulnerables, pues importa el 48 por ciento de lo consumido y se tiene una balanza comercial deficitaria. “Una nación que no produce el 75 por ciento de sus alimentos es susceptible a la inseguridad alimentaria.

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Mayo

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la doctrina estadunidense han estado impregnados por la importancia de la agricultura, los agricultores y por la obligación superior del gobierno y los ciudadanos de brindarles su apoyo y protección. Así se considera a la agricultura como una virtud moral y al agricultor como el portador de la verdadera y original cultura estadunidense”.

Suárez Carreta analiza las leyes agrícolas quinquenales orientadas a solucionar los

problemas de la agricultura; como la inestabilidad en los precios agropecuarios y los ingresos de los agricultores; la depresión severa periódica de precios e ingresos; la preocupación acerca de la eficiencia y la rentabilidad de la agricultura, su impacto en la seguridad alimentaria y en las exportaciones; la sobrevivencia de las granjas familiares y las comunidades rurales; así como la erosión de los terrenos agrícolas y el deterio-

Programas de apoyos para el campo de Estados Unidos

E

Apoyo a los precios y al ingreso (price support programs)

cisco Mayorga, secretario de Agricultura

Lo que es peor, a un sólo país: Estados Unidos. Cuando el maíz se utilizó para la producción de etanol en ese país, en México se elevaron los precios de la tortilla”.

Max Correa Hernández, secretario general de la Central Campesina Cardenista, urge a la aprobación de la Ley, pues es necesario dar un viraje a las políticas públicas del país y el ritmo de una nueva actuación del Estado mexicano.

Tiene como principal objetivo mantener los precios rurales que deban de recibir los productores participantes ante una caída de los precios de mercado debajo de los niveles mínimos específicos. Estos programas funcionan a través del esta-

blecimiento de un precio mínimo o piso para cada una de las mercancías elegibles y que estará vigente a lo largo del quinquenio en cuestión.

Apoyo al ingreso (income support price) En la ley agrícola se establece para determinados productos un precio objetivo o precio meta, referencia para los pagos directos compensatorios al productor a lo largo del quinquenio en cuestión.

Control de la oferta (supply control/management) Las farm bills (políticas agroalimentarias) incluyen diversos

programas que reducen y controlan la oferta de los productos agropecuarios, con el objetivo de aumentar y estabilizar los precios y reducir el costo fiscal de los pagos de deficiencia y de los préstamos garantizados sobre cosechas futuras.

Reducción de superficies (acreage reduction program) Programa de retiro voluntario de superficies de siembra de determinados productos (trigo, sorgo, maíz, arroz y algodón, principalmente), en el cual los granjeros participantes dejan de sembrar un porcentaje de su superficie de cultivo para destinarla a fines de conservación.3 Nacho Ruiz/Cuartoscuro

n el libro Políticas públicas para la agricultura mexicana, de Víctor Suárez Carrera, actual director ejecutivo de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo, se exponen los programas con los que se rige la agricultura estadunidense.

México en desventaja con Estados Unidos En el libro Políticas públicas para la agricultura mexicana, Suárez Carrera hace énfasis en las políticas de protección y apoyo a la agricultura ligadas a la historia de Estados Unidos, que han pasado por las sucesivas etapas de expansión, crisis y surgimiento como potencia imperialista. “Los principios filosóficos e ideológicos que han moldeado CONTRALÍNEA

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senta un hecho sin precedente que afectará gravemente no sólo a la agricultura mexicana, sino a toda la agricultura y el comercio agrícola internacional.

Mejía Haro, senador por el PRD, señala que el campo mexicano se ha enfrentado a reformas estructurales “drásticas”, con un impacto negativo, entre éstas la participación en el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio y la firma del TLCAN. Además, el desmantelamiento de instituciones “pilares” del desarrollo agropecuario, como la Compañía Nacional de Subsistencias Populares, Fertilizantes Mexicanos, Productora Nacional de Semillas y el Banco Rural, entre otras.

El líder de la Central Campesina Cardenista, Max Correa Hernández añade que “el campo no sólo debe de estar en un contexto macroeconómico adecuado, sino también debemos de aprovechar que tiene un carácter multifuncional. Además de producir bienes económicos, hay los públicos, ecológicos, de seguridad nacional, culturales, entre otros. Por lo que es necesario que la Ley sea aprobada en el corto plazo”.

La Unión Europea prioriza a sus campesinos En el sistema global se afirma que la idea de soberanía es “obsoleta”. Sin embargo, países integrantes de la Organización Mundial de Comercio como Estados Unidos, los de la Unión Europea, Japón o China priorizan sus políticas estatales.

Los integrantes de la Unión Europea, que a través de la política agrícola común garantizan la seguridad alimentaria, son los que desde el término de la Segunda Guerra Mundial dieron prioridad a este sector, expone Suárez Carrera.

En la reconstrucción de la economía europea después de la etapa bélica, explica, la recuperación de la agricultura fue lo primero que se hizo. Esto “a fin de lograr en el corto plazo la suficiencia alimentaria, el suministro de alimentos a las ciudades a precios bajos y una oferta suficiente de materias primas agroindustriales; en síntesis, coadyuvar a la construcción del aparato productivo a partir de la agricultura”.3

Rashide Frías/Cuartoscuro

ro del medio rural y la subalimentación y el hambre de los ciudadanos y naciones.

Para ello, el gobierno estadunidense ha establecido leyes quinquenales para mantener e incrementar los ingresos de los agricultores, promover la estabilidad en los precios agropecuarios, garantizar la seguridad alimentaria y preservar la granja familiar, la comunidad rural y propiciar la conservación ecológica.

Mientras que los acuerdos multilaterales y bilaterales de comercio, así como las políticas internas de los países subdesarrollados han establecido compromisos para la reducción y eventual desaparición de los subsidios agrícolas desestabilizadores del comercio, señala el director ejecutivo de la ANEC, “Estados Unidos no solamente no cumple con sus compromisos de reducción, sino que incrementa de manera significativa el monto de los subsidios agrícolas para obtener una ventaja desleal en la disputa por los mercados agrícolas internacionales”.

Alerta que el incremento de los subsidios agrícolas de Estados Unidos repre-

4Más allá de las secuelas provocadas por la sequía, expertos en el sector rural alertan que México debe de atender con urgencia su incapacidad para producir al menos el 75 por ciento de los alimentos que requiere la población 36

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Pasta de Conchos

IMPUNIDAD TRANSEXENAL A seis años de la tragedia de Pasta de Conchos, el luto permanece. No sólo la impunidad y la indolencia gubernamental persisten: también las condiciones laborales, administrativas y empresariales que ocasionaron la catástrofe. Las familias no cejan en la lucha por el rescate de los 65 cuerpos. Saben que van a contracorriente de intereses políticos y económicos: si los cuerpos fueran rescatados, se sabrían con certeza los motivos de la explosión. “El 19 de febrero [de 2006] se detuvo el tiempo; para nosotros no hay Navidad, ni Año Nuevo ni Día del Amor y la Amistad. Vivimos pensando en esa noche cuando ya no regresaron”, expresa familiar de uno de los mineros víctimas Rosa Esther Beltrán Enríquez/Contralínea Coahuila

S

altillo, Coahuila. Se cumplen seis años de la tragedia que cubrió de luto a Coahuila: la explosión de la mina de Pasta de Conchos, en San Juan de Sabinas, en la que fueron sepultados 65 mineros el 19 de febrero de 2006. El estado fue noticia en el ámbito internacional porque la muerte dejó huérfanos, viudas, hermanos y padres que todavía lloran a sus familiares y exigen justicia. Es una historia antigua que se repite con periodicidad: en Coahuila los pobres, los trabajadores, están a merced de su suerte: en la Cuenca Carbonífera no existen leyes que resguarden la seguridad ni la vida de los mineros.

En el estado no se olvidan las conferencias de prensa en que privaba la consternación de las familias, las voces de 38

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mujeres: madres, esposas, hermanas que, con desesperación, reclamaban información. Y que a medida que transcurrían las horas se esfumaban las esperanzas de que los mineros salieran con vida. Los grupos de rescate no avanzaban.

Sin embargo, Pasta de Conchos no pertenece al pasado. No sólo porque la tragedia fue tan grande que es imposible olvidar, sino porque las condiciones de inseguridad en las que laboran los mineros del carbón prevalecen. A pesar de la catástrofe continúa la cadena de complicidades, corrupción, irresponsabilidad y negligencia de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, de los grandes y pequeños empresarios que son quienes las operan y de las instituciones de protección civil y de justicia.

El crimen no sólo está impune. Permanecen intactas las condiciones labo-

rales, administrativas y legales que se conjuntaron para la tragedia.

El minero sigue siendo un trabajador que labora en las peores condiciones de seguridad e higiene, como en los siglos XVI-XVII, y es además el peor pagado –difícilmente su salario sobrepasa los 800 pesos semanales, a pesar del enorme riesgo que su trabajo implica–. Además, su sueldo nunca compensa el deterioro físico que le causa; para un minero los días son noches, pero las empresas son inmisericordes.

El trabajador de la mina baja a diario a las profundidades; lleva en su conciencia la idea de que es probable que no regrese, que quizá sea la última vez que vea a su familia o que termine por ser uno con las rocas de los oscuros cañones. En los pueblos mineros de la carbonífera anida la pobreza, son poblados que huelen a miseCONTRALÍNEA

Isaac Esquivel/Cuartoscuro

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ria. En Barroterán, Las Esperanzas, Aura, están algunas de las minas que rodean a San Juan de Sabinas. Las de Palaú y Sabinas son lugares de desolación; siempre iguales, las casas no cambian, el progreso no pasa por ahí.

La complicidad como estrategia La empresa Industrial Minera México, SA de CV (IMMSA); el Sindicato Nacional de Mineros y Metalúrgicos de la República Mexicana, y las autoridades federales y estatales dieron la vuelta a la página en cuanto los medios de comunicación internacionales y nacionales se fueron. Hicieron todo lo que estaba a su alcance para borrar la presencia y los reclamos de las viudas, los huérfanos, los padres y hermanos, inconsolables, y la historia volvió a comenzar en el mismo nivel que mantiene desde hace décadas: la omisión, la compliCONTRALÍNEA

cidad, la hipocresía de las instituciones encargadas de velar por la seguridad laboral y civil, símbolos de la ineficacia.

La sepultura de 65 mineros en que se convirtió la mina 8 de San Juan Sabinas, en la región Santa Rosita, evidenció las condiciones arcaicas de seguridad y la violación a derechos laborales en los que trabaja este gremio en Coahuila. Gracias a la presión social ejercida en esos días, las autoridades responsables tuvieron que reconocer que hubo negligencia en la inspección, vigilancia, dictaminación, emplazamiento, revisión y verificación de las condiciones de trabajo. Así lo indicó el entonces secretario del Trabajo, Francisco Javier Salazar Sáenz. Parecía que llegarían hasta los dictámenes de responsabilidades penales de IMMSA. El primer informe elaborado por el Centro de Reflexión y Acción Laboral, conformado por cinco abogados especia-

listas en cuestiones laborales, es un documento de 91 páginas presentado en la caravana que llegó hasta Pasta de Conchos en el primer aniversario de la explosión. Éste establece que del análisis de las inspecciones realizadas por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a partir de 2000, fue negligente, ya que las condiciones de seguridad e higiene en que se trabajaba en la mina 8 ponían en grave riesgo la salud y la vida de los trabajadores.

De acuerdo con el informe, los inspectores de la Secretaría del Trabajo y la delegación estatal incurrieron también en negligencia y omisión, ya que los Emplazamientos de Medidas de Seguridad tardaban hasta un año en entregarse a la empresa y en éstos no le exigían la documentación, sino que era entregada con un excesivo retraso o simplemente no se otorgaba.

En cuanto a la información que la empresa debía de proporcionar al Insti19 DE FEBRERO DE 2012

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Perfil económico Carbonífera

David Cilia

tuto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se encontraron discordancias en los informes entregados y las hojas patronales de IMMSA, así como en la prima de riesgo. La institución gubernamental omitió realizar las investigaciones de riesgos de trabajo y emitir las recomendaciones a la empresa para prevenirlos, a pesar de que su ley interna lo establece (artículo 82).

También las actas de la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene evidencian contradicciones que reflejan negligencia, rutina burocrática. Para IMMSA resultaba más barato pagar multas de más de medio millón de pesos por inspección que acatar la ley en materia de seguridad e higiene; de acuerdo con testimonios de trabajadores, no disponían de guantes (indispensables para trabajar), no se les dotaba de lámparas de emergencia ni se les realizaban los exá-

Fuente: Secretaría de Fomento Económico

menes médicos periódicos que la ley señala. A pesar de todas las evidencias no hubo ningún tipo de sanción.

La lucha de la Familia de Pasta de Conchos

4El secretario del Trabajo Javier Lozano, uno de los funcionarios federales que prometió atender las solicitudes de los deudos

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Trinidad expresa: “El 19 de febrero [de 2006] se detuvo el tiempo; para nosotros no hay Navidad, ni Año Nuevo ni Día del Amor y la Amistad. Vivimos pensando en esa noche cuando ya no regresaron. Nos preguntan que si comemos, pero las tortillas y los frijoles no nos saben, ya no tenemos tranquilidad. Ha sido muy difícil ir y venir todos los días [a la mina]”.

Elvira rememora: “Dos números están presentes en mi vida diaria: el 19, el día de la explosión; y el 65, por las vidas que se perdieron [...]. Si de algo estoy segura es de que no he podido aceptar su muerte.

Es una realidad incompleta que se va a definir cuando tenga delante de mí su cuerpo dentro de un ataúd [...]. Mi vida

ha cambiado completamente. En este tiempo he aprendido mucho, me he dado cuenta de que nos mienten para que los ánimos se calmen, que el gobierno nos cita para una cosa y es para otra, para confundirnos, desinformarnos. Aprendí a ver a la Iglesia más allá de mi parroquia y de la diócesis. Ahora sé que la Iglesia tiene una Comisión de Pastoral Laboral [...], que han sido los únicos que se quedaron desde la explosión hasta ahora para apoyarnos y acompañarnos”.

Lo que los trabajadores sepultados habían advertido a sus familias: que la seguridad era endeble, que las fugas de gas se percibían, que los inspectores de la Secretaría del Trabajo sólo firmaban y se retiraban, que lo que ellos denunciaban no era tomado en cuenta ni por la dirigencia sindical ni por la empresarial… todas fueron llamadas en vano.

Después de un mes, la prensa se esfumó y aquel hecho terrible se difuminó.

Pasta de Conchos volvió a ser lo que siempre fue: una mina ignorada en el CONTRALÍNEA

desierto de la región Carbonífera, una mina de donde se extrajo una enorme riqueza, nadie sabe cuánta, pero ésta pasó a engrosar las chequera del Grupo México –encabezado por el empresario Germán Larrea Mota Velasco–, y ya.

La justicia, en todo caso, le dio una manita de gato al asunto para calmar los ánimos pero, quieran o no, el “homicidio industrial” (como fue calificado por sindicatos internacionales) se convirtió en un paradigma de la situación que impera en el ámbito laboral mexicano: desprotección, abuso, encubrimiento, connivencia.

Durante varios años, frente a las oficinas del Grupo México (en Polanco) se han celebrado misas en recuerdo de los 65 mineros sepultados, para exigir justicia y el rescate de los cuerpos. Y así es en este sexto aniversario.

La organización Familia Pasta de Conchos en muchas ocasiones ha manifestado que los mineros y sus familiares “tienen derecho a la verdad”, y que en reuniones con la Secretaría del Trabajo (tanto con el entonces titular de esa dependencia, Francisco Javier Salazar Sáenz, como después con Javier Lozano Alarcón) y con legisladores federales llegaron a acuerdos para el rescate de los cuerpos. Nunca se cumplieron.

David Cilia

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4Para los familiares de las 65 víctimas, la tragedia no ha llegado a su fin

La Familia de Pasta de Conchos denunció en numerosas ocasiones su preocupación por la situación de angustia que han vivido los familiares de los mineros a causa de la negligencia y tozudez de la empresa IMMSA y la lenidad de los servidores públicos responsables del caso. El rescate de los cuerpos habría significado la diferencia entre conocer o no las causas del siniestro.

Principales actividades económicas en la Cuenca Carbonífera de Coahuila

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Delegación Coahuila. Estadísticas de Asegurados Permanentes

Nota: en el ramo de la construcción se incluyen los eventuales de este rubro Otros: incluye los ramos de agricultura, industria eléctrica y suministro de agua, transportes y comunicaciones, servicios sociales y comunales CONTRALÍNEA

Así que la deuda del rescate de los cuerpos por justicia y no impunidad, sigue viva y los mineros y sus familias concluyen una vez más que fue la corrupción y no la explosión lo que asesinó a los 65 mineros hace un sexenio.

Ataque a defensores de derechos humanos en Torreón El 9 de febrero pasado, efectivos del Ejército Mexicano, la Policía Federal y la Policía Estatal, a bordo de cinco camionetas llegaron a las instalaciones de la parroquia de San Judas Tadeo, en Torreón, Coahuila, en las que se encuentran las oficinas del Centro de Derechos Humanos Juan Gerardi, AC, y sin presentar ninguna orden judicial, sin identificarse ni solicitar permiso para ingresar, entraron a las instalaciones del Centro.

Policías y militares interrogaron al personal de la parroquia y del Centro de Derechos Humanos. Los integrantes de éste repudian la arbitraria irrupción de contra todo derecho. Por muchos años el Centro se ha distinguido por su defensa de los derechos humanos de los sectores más desprotegidos de la región Lagunera.3 19 DE FEBRERO DE 2012

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Enrique Ordóñez/Cuartoscuro

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Subsidios federales para vivienda,

SIN CONTROL El Programa Ésta es tu Casa –único proyecto del gobierno federal para entregar subsidios para la adquisición de vivienda– carece de mecanismos adecuados para identificar a sus beneficiarios, coinciden el Coneval y la Auditoría Superior.

En sus primeros cuatro años, el Programa operado por la Comisión Nacional de Vivienda ha atendido a casi 700 mil personas, pero la institución no ha podido acreditar que todos los recursos se destinaran a la población que los necesita Mayela Sánchez

E

l Programa de Esquema de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda Ésta es tu Casa, de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), ha sido señalado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) por deficiencias en su operación relacionadas con la selección, identificación y control de sus beneficiarios.

Se trata del único programa del gobierno federal dirigido a la población de bajos ingresos que otorga subsidios para la adquisición de vivienda. Ésta es tu Casa también tiene entre sus objetivos el apoyar proyectos de adquisición de lotes con servicios, de construcción y mejoramiento de la vivienda.

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Con su creación en 2007 se pretendió que el programa atendiera la demanda de vivienda en los sectores socioeconómicos más bajos, cuyos ingresos son menores a cinco salarios mínimos. Se calcula que tan sólo durante este sexenio, alrededor de 6 millones de personas tendrían necesidad de una vivienda.

Sin embargo, el programa presenta deficiencias operativas importantes. De acuerdo con la ASF, durante 2009 la Conavi no incluyó en las reglas de operación del programa cuál habría de ser la metodología utilizada para la distribución de los subsidios por región, entidad federativa, grupo social y género. El Coneval indica en la Evaluación específica de desempeño 2010-2011, con base en el análisis del diseño de Ésta es tu Casa, no se especifica cuántos subsidios se otorgan para

cada destino o tipo de subprograma, por lo que la información no se puede corroborar.

Igualmente el Consejo detectó disparidades en el acceso a los subsidios, ya que el Programa tiene como población objetivo tanto a la que es derechohabiente de los fondos de vivienda de instituciones públicas como a la que no está afiliada.

El organismo indica que en 2008 la población no afiliada constituyó el 80 por ciento de la población potencial, pero recibió apenas el 22 por ciento de los recursos. Además, los no afiliados a sistemas de crédito a la vivienda solicitaron más créditos de menores montos para el mejoramiento de sus viviendas, con lo que concentraron el 52 por ciento de los préstamos de dicha modalidad; empero, sólo obtuvieron el 22 por ciento del monto total de los subsidios.

Asimismo, en el documento Diagnóstico que propicia la creación del programa Ésta es tu Casa, el Coneval indica otra disparidad entre la población, ya que una persona no afiliada requiere un salario bastante mayor para ser elegible que un derechohabiente.

Subsidios sin control En la información revisada por el Coneval, correspondiente a 2010, el organismo revela que en la plantilla de población atendida no hay información sobre cómo se han apoyado a los distintos grupos de población y qué subsidio ha recibido cada uno.

Para el Coneval, encargado de evaluar la política social del gobierno federal, tampoco 19 DE FEBRERO DE 2012

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Marco Polo Guzmán/Cuartoscuro

Otras irregularidades se detectaron en Veracruz: el Instituto hay claridad sobre cómo se define la población objetivo. Y es que en 2010, ésta fue mucho menor a la población objetivo: de las 3 millo- Veracruzano de Desarrollo Urbano Regional y Vivienda contrató nes 53 mil 201 personas consideradas como población objetivo, se por adjudicación directa a Intempo Sistemas Constructivos, SA de CV, aun sin contar con un dictamen dispuso que se atenderían únicamente a favorable para realizar dicha adjudicación.

198 mil.

El contrato avala la adquisición de De acuerdo con las cifras referidas por “Irregular, la entrega materiales por un monto máximo de 46 el Coneval, en sus primeros cuatro años de de 4.7 millones de pesos millones 100 mil pesos, de los cuales se existencia, la Conavi ha beneficiado a 696 ejercieron 24 millones 239 mil pesos mil 520 personas con el Programa Ésta es a 112 beneficiarios durante 2009. tu Casa. En ese periodo, la población del Programa Ésta Otra adjudicación directa se hizo objetivo no ha variado, con lo que la con el proveedor Panelmod, SA de CV, Comisión ha atendido a 23 por ciento de es tu Casa” por un monto similar. En este caso, la las personas susceptibles de recibir un subConavi no había recabado la fianza que sidio para su vivienda. garantizara el cumplimiento del contraPero en su Informe de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2009, la ASF revela que incluso to, además de que no supervisó ni verificó que el subsidio se estas asignaciones no han estado exentas de irregularidades. aplicara adecuadamente, no obstante que realizó visitas a la Una de ellas fue la entrega de subsidios por 4 millones 750 mil entidad para conocer los avances en la edificación de vivienda.

Se trató nada menos que de 2 mil 6 subsidios para un propesos a 112 beneficiarios que se habían favorecido de subsidios de los programas Vivienda Rural y Ahorro y Subsidio para la grama emergente operado por la instancia pública estatal. Por Vivienda Tu Casa, operados por el Fondo Nacional de Habitaciones tal razón, la ASF hizo del conocimiento de la Contraloría del Populares. estado estas irregularidades para que realizara las investigacio-

4En cuatro años, la Conavi ha beneficiado a 696 mil 520 personas por medio del Programa Ésta es tu Casa 44

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Enrique Ordóñez/Cuartoscuro

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nes pertinentes y, de ser necesario, fincara las responsabilidades y sanciones correspondientes.

En otros 29 casos, los expedientes no incluyeron el comprobante de domicilio o de posesión de la tierra, a pesar de lo cual se les entregaron apoyos por un total de 2 millones 382 mil pesos. Otro de los beneficiarios recibió dos subsidios (164 mil 400 pesos en total). Y a dos más les concedieron materiales de construcción por montos similares, a pesar de que las actas de entrega-recepción de los materiales no cuentan con su firma.

Además de estas irregularidades, 73 beneficiarios, que recibieron subsidios por 5 millones 998 mil pesos, se registraron incorrectamente en el padrón de beneficiarios. Por esto, la ASF sentencia que “la información generada en el padrón de beneficiarios de la Conavi no es confiable”.

Las reglas de operación del programa revisadas por la ASF tampoco son las más óptimas. Y es que, de acuerdo con éstas, el subsidio no se limita a personas que no cuentan con vivienda; además, el ingreso se puede calcular tanto individual como familiar.

Al respecto, la revisión de la Auditoría detectó que en Chihuahua, la empresa 4Para la Auditoría Superior, los procedimientos de la Conavi no aseguran que los subsidios se Hipotecaria Vértice, SA de CV, Sofom, canalicen a las personas de bajos ingresos ENR, ejecutora de los subsidios de la Conavi, entregó ocho subsidios –por un En esa misma entidad, otra empresa la entidad ejecutora– se establecen los total de 316 mil 800 pesos– sin tomar en ejecutora de nombre Hábitat para la Hu- documentos que tendrían que recabarse cuenta sus ingresos familiares. A otro bene- manidad México, AC, entregó 29 paquetes para acreditar la propiedad de los inmueficiario se le concedió un financiamiento de materiales para autoconstrucción que no bles en caso de otorgar subsidios a ejidapor 43 mil 700 pesos, a pesar de que contenían el documento requerido para acre- tarios. reportó tener dos casas propias. ditar la propiedad de los inmuebles. Dado El órgano fiscalizador indica que “no que se trataba de ejidatarios, los beneficiarios Subsidios, importantes para la se asegura que los subsidios se canalicen a entregaron permisos de construcción conce- industria personas de bajos ingresos, no obstante didos por el comisariado ejidal, contratos de que uno de los objetivos del Programa es compra-venta o donación, sin estar inscritos De acuerdo con datos aportados en el apoyar la capacidad adquisitiva de las per- en el Registro Público de la Propiedad Estudio de subsidios del sector vivienda en México, la mayor parte de la demanda de sonas de bajos ingresos para la formación o local. consolidación de un patrimonio habitaY es que ni en las reglas de operación ni habitación en el país se encuentra en la cional”. en el convenio de adhesión –celebrado con población que percibe entre cero y tres salarios mínimos. Se trata del sector que menos acceso tiene a mecanismos y opciones para adquirir una vivienda.

El estudio elaborado en 2010 por “La información generada en el padrón de beneficiarios la consultora Lean House Consulting de la Conavi no es confiable” y la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de la Vivienda, también refiere que el 69 por ciento de CONTRALÍNEA

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Rubén Darío Betancourt

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4La mayor demanda habitacional se ubica en la población que percibe entre cero y tres salarios mínimos

Al analizar el Programa Ésta es tu Casa, el estudio apunta que hay avances en cuanto a los procedimientos de otorgamiento, verificación y compromisos con las entidades ejecutoras, pero advierte de una “gran debilidad” en cuanto a la metodología para la distribución de los subsidios.

El documento no pasa por alto que la ausencia de una línea de aplicación y difusión de los subsidios se debe a los frecuentes cambios en las reglas de operación que ha tenido el Programa, “en donde los desarrolladores y las mismas entidades financieras, que son las instancias ejecutoras del subsidio, no pueden prever los riesgos en sus inversiones”.

Debido a ello, propone que se establezca una metodología más clara y transparente con el fin de difundir, ante la industria de la vivienda, cuáles son los escenarios de la aplicación de los recursos y su porcentaje por modalidad y por entidad federativa. Entre éstos, anota la incorporación de criterios de sustentabilidad, reubicación de familias en caso de ubicarse en zonas de riesgo, atención a damnificados por desastres naturales.

Además, menciona que la diversidad de programas que ampara el plan de subsidios hace que éstos “se pulvericen” sin establecer paralelamente una instrumentación adecuada, lo que encarece su 4En México, el 69 por ciento de la población económicamente activa no cuenta con seguridad social en materia de vivienda operación.3 Enrique Ordóñez/Cuartoscuro

la población económicamente activa no cuenta con ninguna afiliación a una institución pública con derecho a ejercer un crédito, pues son autoempleados o trabajan en la economía informal.

Por ello, señala la necesidad de redefinir a los beneficiarios de subsidios, con el fin de atender las necesidades de vivienda de este segmento de población.

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Miguel Galindo

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Paraguay

LA TIERRA ES DE 500 FAMILIAS Quinientas familias poseen el 90 por ciento de las tierras de Paraguay; en contraste, 351 mil familias jornaleras no tienen nada. Además, la mayoría de las posesiones son ilegales. El gobierno de Fernando Lugo, indeciso ante el problema Juan Carlos Díaz Guerrero/Prensa Latina

A

sunción, Paraguay. Este país tiene la peor distribución de tierra en América Latina y la situación se vislumbra como el problema más complejo a resolver por las autoridades, ante la demanda del esfuerzo conjunto de los poderes del Estado.

Los datos ilustran que 500 familias poseen el 90 por ciento de las tierras, 351 mil propietarios concentran 9.7 millones de hectáreas, y 351 mil familias carecen de éstas.

El actual gobierno del presidente Fernando Lugo se ha visto imposibilitado con trabas de todo tipo para impulsar la reforma agraria integral.

La Comisión Verdad y Justicia revela en un informe que 7 millones 851 mil 295 hectáreas mal habidas (19 por ciento del territorio nacional) fueron distribuidas de manera irregular entre 1954 y 2003, periodo en el que gobernó durante 35 años el dictador general Alfredo Stroessner y durante las administraciones de la Alianza Nacional Republicana (Partido Colorado).

Un comunicado de la Conferencia Episcopal Paraguaya expone que es imperativa la elaboración de un catastro nacional “que posibilitará la recuperación de CONTRALÍNEA

tierras mal habidas y mal adjudicadas y la adecuada titulación de las propiedades”.

Es necesario y urgente que los poderes públicos asuman su responsabilidad en ordenar el caos existente sobre la tenencia y la propiedad de la tierra en el país.

“Somos conscientes –indica el texto– que el problema es complejo y la solución demanda la acción coordinada de los poderes del gobierno para el logro del bien común, en orden a la construcción de un estado social de derecho, tal como reza nuestra Constitución nacional.”

Ñacunday: un caso paradigmático Las tensiones generadas en la última semana de enero pasado, por el conflicto de tierras en Ñacunday, Este de Paraguay, reavivaron el viejo problema y sus contradicciones.

El enfrentamiento entre productores de origen brasileño y campesinos paraguayos generó tensión y algunos exabruptos, pero no llegó a correr la sangre, como pretendieron algunos políticos y medios de comunicación.

Los colonos y los llamados carperos (porque viven en carpas) sin tierra mantienen una disputa por la posesión de miles de hectáreas de terrenos cultivables en los

distritos de Ñacunday, Santa Rosa del Monday y Cedrales, departamento de Alto Paraná.

Entre las propiedades bajo sospecha están las 12 mil hectáreas que se adjudica Tranquilo Favero, considerado el Rey de la soya en Paraguay (el 64 por ciento de la superficie agrícola del país está destinado a ese cultivo).

El ministro de la Secretaría de Información y Comunicación, Augusto Dos Santos, reveló que en 2009 dos abogados presentaron ante la Fiscalía General los documentos en los que se reconocen la existencia de tierras públicas con títulos apócrifos.

“Existen dudas sobre la legalidad de los títulos de los actuales dueños y este procedimiento busca aclararlas”, expresa al referirse a la mesura judicial impulsada por el Poder Ejecutivo.

Dos Santos considera necesario transparentar la tenencia de las grandes extensiones de tierras que históricamente han sido apropiadas de manera ilegal.

Al respecto comenta que las tierras de Ñacunday son un caso paradigmático, al ser posesiones arrebatadas al Estado paraguayo tras la guerra de exterminio de la Triple Alianza (1864-1870) y fueron recuperadas en 1958, con una sentencia definitiva de la Corte Suprema de Justicia.

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4Productores de origen brasileño y campesinos paraguayos pugnan por la titularidad de las tierras ubicadas en Ñacunday, al Este de Paraguay

El secretario de Estado manifiesta que “estamos esperando los resultados de los trabajos de deslinde a cargo del Servicio Geográfico Militar, y si existen irregularidades en la forma del procedimiento serán investigadas y aclaradas [las tierras] como corresponde”.

El conflicto y las acusaciones

www.lanacion.com.py

Precisamente la presencia de uniformados en la zona agudizó las contradicciones entre

productores y campesinos, cuando los militares comenzaron a realizar mediciones, de acuerdo con los colonos, sin orden judicial.

La situación generó denuncias mutuas, se acusó al gobierno de ser el responsable de instigar las invasiones y hasta sectores de la derecha vincularon el Protocolo de Montevideo con el conflicto por la tierra.

No puede obviarse que la situación se presenta en un año netamente electoral y los discursos y declaraciones buscan sus réditos en río revuelto.

4El presidente de Paraguay, Fernando Lugo 50

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Ese instrumento legal –conocido también como Ushuaia II– fue suscrito por los presidentes del Mercado Común del Sur y países asociados en la Cumbre del Bloque Suramericano, el 20 de diciembre de 2011, y reafirma el compromiso con la democracia.

El gobernador del departamento de San Pedro, José Ledesma, desmiente que las mediciones realizadas en la zona por el personal militar de la Dirección del Servicio Geográfico obedezcan a “un plan del oficialismo”.

Asegura que son las organizaciones de lucha por la tierra las que exigen hoy día al Ejecutivo para promover la medida.

Puntualiza que “nosotros no manejamos esos documentos ni es una actividad que emprenda el Poder Ejecutivo”.

Augusto Dos Santos, titular de la Secretaría de Información y Comunicación, subraya que los ataques contra el presidente, por las acciones emprendidas en la zona de Ñacunday, desvían el debate de fondo relacionado con la recuperación de tierras del Estado mal adjudicadas.

“La gente de Ñacunday hace 12 años que está ahí”, y existen documentos en mano de los reclamantes de que los colonos [brasileños y paraguayos] estarían usufructuando en forma irregular las fincas, por lo cual se requiere la medida judicial.

El dirigente campesino Belarmino Balbuena señala que la medida judicial impulsada por el gobierno no sólo favorecerá al sector campesino sino también a los dueños, ya que podrían conocer las dimensiones de sus terrenos y si son auténticos los documentos.

Sin embargo, reconoce que la medida provoca el disgusto de sectores interesados en continuar manteniendo esas tierras mal adjudicadas.

Si bien existe el compromiso del Ejecutivo de localizar eventuales tierras mal habidas mediante la medida judicial, el Estado debe de hacer respetar su soberanía nacional, ajustándose a las leyes nacionales.

Para Hugo Ruiz, asesor de Asuntos Internacionales de la Presidencia, vincular el Protocolo de Montevideo con el conflicto por la tierra por parte de sectores de la derecha paraguaya es irracional y “está fuera de toda realidad”.

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4El gobierno paraguayo impulsa una medida legal, que ejecuta el Ejército, para recuperar las tierras que se usufructuan de manera irregular

Señala que al pretender la mínima relación entre la lucha por la tierra contra el latifundio y el documento firmado en la capital uruguaya “estamos entrando en el terreno de la irracionalidad”, porque “no hay ninguna justificación o parámetro posible de comparación”.

El asesor expresa que ambos temas requieren de debates sociales más profundos al estar vinculados con una mayor democratización del país.

La reacción de sectores de la derecha en el caso del Protocolo de Montevideo muestra cómo éstos “entienden que con una mayor democratización van a perder sus privilegios y cuotas de poder”, sentencia.

En medio de las disputas, el embajador brasileño en Asunción, Dos Santos, manifiesta su deseo de superar de forma pacífica y dentro de la ley la situación, y expresa que el problema, como toda situación de conflicto, genera tensión.

“Esperamos que el ambiente se pacifique, haya diálogo y que el gobierno paraguayo pueda encaminar este inconveniente”.

Los militares y su misión En un comunicado, las fuerzas militares aclaran que su labor en la zona de Ñacunday es de carácter técnico profesional y se desligan respecto de los hechos de alteración del orden ocurridos en el lugar.

Los uniformados ingresaron a la propiedad de los productores por solicitud del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra, indica el texto.

Las propiedades se encuentran ubicadas en la zona de seguridad fronteriza (50 kilómetros de la frontera terrestre o fluvial) entre Paraguay y Brasil.

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El decreto 7525/2011 sobre la Ley de Seguridad Fronteriza faculta en su artículo cuatro al Ministerio de Defensa, conforme el documento, a inventariar las condiciones de dominio de los inmuebles rurales como parte de la Comisión Interinstitucional Zona de Seguridad Fronteriza.

La disposición señala que el personal militar queda plenamente autorizado para ejercer la función indicada, en coordinación con el Servicio Nacional de Catastro y el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra.

Augusto Dos Santos explica, al respecto, que el trabajo que se ha hecho en la zona por técnicos militares no es nada nuevo al tratarse de la aplicación de una ley vigente desde 2005, referida a la “zona de seguridad fronteriza de la República del Paraguay”.

Añade que los efectivos de las Fuerzas Armadas comenzaron desde 2007 el trabajo de registro de las tierras fronterizas.

La situación derivó en que integrantes de la Comisión Permanente del Congreso viajarán a la zona de Ñacunday para entrevistarse con todas las partes y después convocarán al ministro del Interior, Carlos Filizzola.

El secretario de Estado niega la invasión de tierras por campesinos en la zona del conflicto, y explica que en el lugar se reforzó el plantel policial y “de ser necesario enviaremos más personal”.

Medios periodísticos paraguayos publicaron que campesinos allanaron en territorio de propiedad privada, aunque las imágenes transmitidas por la televisión no eran del todo claras ni demostraron el hecho. La policía nacional dispuso el envío hacia la zona de Ñacunday de 200 uniformados, los cuales están a cargo del jefe de Orden y Seguridad del departamento de Alto Paraná, el comisario Óscar Ferreira.3 19 DE FEBRERO DE 2012

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ashington, Estados Unidos. Los agricultores de todo el mundo produjeron mucho más granos en 2011 que nunca antes. Estimaciones del Departamento de Agricultura de Estados Unidos indican que la cosecha a nivel mundial llegó a 2 mil 295 millones de toneladas. Esto es 53 millones más que el récord previo de 2009.

Pero el consumo aumentó 90 millones de toneladas en 2011, para sumar 2 mil 280 millones.

Como la producción de grano fue deficitaria respecto del consumo en siete de los últimos 12 años, las reservas son todavía muy bajas, lo que deja al mundo en una situación de vulnerabilidad ante los nuevos aumentos de los precios.

Casi la mitad de las calorías consumidas en todo el mundo proceden directamente de los granos y, gran parte de las restantes, de productos de animales alimentados con éstos.

Tres granos dominan la cosecha mundial: el trigo y el arroz, consumidos directamente como comida, y el maíz usado en gran medida como alimento para el ganado.

El trigo era la principal cosecha mundial hasta mediados de la década de 1990, cuando emergió el maíz en respuesta a la creciente demanda de productos de animales alimentados con granos, y más recientemente del etanol.

A pesar de registrarse una caída en la cosecha estadunidense, debido fundamentalmente a las altas temperaturas del verano boreal, la producción global de maíz alcanzó el récord histórico de 868 millones de toneladas, en 2011.

Las cosechas de trigo (689 millones de toneladas) y de arroz (461 millones) también fueron récords.

Las reservas de granos sobrantes (el monto que queda cuando comienza la nueva cosecha) ahora suman 469 millones de toneladas, lo suficiente para cubrir 75 días de consumo en los actuales niveles.

Entre 1984 y 2001, las reservas se mantuvieron en el nivel de los 100 días.

Sin embargo, en 2002, su producción tuvo un déficit de 88 millones de toneladas respecto a la demanda, y desde entonces las reservas sobrantes han tenido un promedio de 72 días de alcance, cerca del límite de la seguridad alimentaria.

En 2006, las reservas sobrantes llegaron al tope, al cubrir sólo 62 días de consumo, lo que preparó el escenario para el aumento de precios de 2007-2008, cuando éstos se duplicaron o triplicaron en un corto periodo.

A las familias pobres en los países en desarrollo que gastan la mitad o más de sus ingresos en comida (por lo general en granos), esta situación los ha llenado de frustración. En 35 países estallaron protestas, mientras el número de hambrientos en el mundo superó los 1 mil millones.

Las reservas mundiales cayeron una vez más en 2010, cuando la sequía, los incendios y un calor calcinador diezmaron los cultivos de trigo en Rusia y en países aledaños. Las exportaciones de ese país fueron prohibidas, y los precios de los alimentos volvieron a aumentar, lo que desató el temor de una segunda crisis de precios en tres años.

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Alimentos INSUFICIENTES PARA POBLACIÓN MUNDIAL Las cosechas de los principales granos que se consumen a nivel mundial –arroz, trigo y maíz– son insuficientes para alimentar a toda la población del mundo. A pesar de que en 2011 se lograron cosechar 2 mil 295 millones de toneladas, la demanda fue de 2 mil 280. El ser humano debe compartir los cereales con el ganado y con las destiladoras que producen etanol Janet Larsen/Earth Policy Institute-IPS-Voces de la Tierra

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www.bilaterals.org

4La ganadería, amenazada por el déficit en la producción de granos

4El aumento en la producción de etanol pone en riesgo a los países importadores de granos, incapaces de cubrir las necesidades alimentarias con su propia producción

El incremento de los precios entre junio y diciembre de 2010 arrastró a 44 millones de personas más a la pobreza extrema, de acuerdo con el Banco Mundial.

Las perspectivas de los más pobres en el mundo continúan siendo lúgubres. La producción récord de 2011 no logró superar suficientemente el consumo como para recuperar las reservas.

La volatilidad de los precios de los alimentos y las magras reservas tienen como contexto una disminución de la cantidad de tierra cultivada por persona.

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En todo el mundo, los cultivos de granos crecieron a casi 700 millones de hectáreas. Pero como la población mundial llegó a 7 mil millones de habitantes en 2011, el promedio de hectáreas plantadas con granos por persona fue de 0.1, la mitad del registrado a comienzos de la década de 1960.

Aunque el área total cultivada con granos cayó de su pico de 732 millones de hectáreas en 1981, la producción es más de 50 por ciento mayor gracias a los suelos mejorados. En 1950, los agricultores podían esperar cosechas de un promedio de una

tonelada de grano por hectárea. Ahora los cultivos son tres veces más productivos.

El problema de las perspectivas alimentarias del mundo es que la agricultura ya no es, como se le conocía proverbialmente, “un fruto al alcance de la mano de todos”.

En varias partes se adoptan variedades de cultivo más eficientes y nuevas prácticas de irrigación y clases de fertilizantes.

Tres países produjeron casi la mitad de los granos del mundo, en 2011: China en primer lugar, con 456 millones de toneladas; Estados Unidos, 384 millones, e India, 226 millones. Los 27 países de la Unión Europea cosecharon en conjunto 286 millones de toneladas.

Un creciente número de naciones dependen de los granos importados para cubrir sus necesidades alimentarias, lo que ha ocasionado que la parte de las cosechas que éstos ingresan al comercio internacional aumente a 12 por ciento.

Estados Unidos es por lejos el mayor exportador: en 2011, vendió 73 millones de toneladas, lo que equivale a una cuarta parte del mercado mundial. Es seguido por Argentina, con 32 millones de toneladas, Australia y Ucrania, cada uno con 24 millones, y Rusia y Canadá, ambos con 20 millones.

En cuanto al maíz, Estados Unidos domina el mercado mundial, con 40 por ciento del total. Por esta razón los países importadores están preocupados por la creciente parte de las cosechas estadunidenses (40 por ciento, en 2011) convertidas en etanol.

Japón sigue siendo el mayor importador de granos, compró más de 25 millones de toneladas del exterior en 2011, usadas principalmente como alimento para animales.

Egipto, México, Corea del Sur y Arabia Saudita siguen en la lista de países que importan más de 10 millones de toneladas de granos.

La dependencia del mercado internacional de granos es alta en todo Oriente Medio. Por ejemplo, Arabia Saudita ahora depende de importaciones en un 90 por ciento para su consumo. Como el país casi agotó todas sus reservas de agua subterránea, está abandonando sus cultivos de trigo en el desierto.3 CONTRALÍNEA

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Proyecto Juicio Final: El Estado profundo, la estructura secreta que controla el poder político y económico en Estados Unidos, sacrifica las apariencias democráticas y muestra al sistema estadunidense como es: autoritario y violento. A lo largo de la historia, algunas veces se ha quitado la careta para golpear sin rubor. El mundo estaría entrando a una nueva etapa de este tipo Peter Dale Scott/Red Voltaire/Primera parte 56

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4“El asesinato de Kennedy, uno de los cuatro eventos profundos que ha favorecido la construcción de un poder represivo en Estados Unidos”

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uatro hechos han sido sumamente importantes; sin embargo, también han sido mal analizados: el asesinato de John F Kennedy, los escándalos del Watergate y del Irangate (también conocido en Latinoamérica como Irán-Contras), y el 11 de septiembre de 2001. Se trata de hechos o eventos “profundos”, como parte integrante de un proceso político aún más profundo que los vincula entre sí, de un proceso que ha favorecido la construcción de un poder represivo en CONTRALÍNEA

Estados Unidos, en detrimento de la democracia.

He mencionado, durante los últimos años, la existencia de una fuerza oscura detrás de esos hechos; fuerza que, a falta de encontrar algo mejor, le he dado el nombre o calificativo de “Estado profundo”, estructura que se mueve simultáneamente dentro y fuera del Estado público.

Hoy trataré por vez primera de identificar una parte de dicha fuerza, que ha venido funcionando al margen del Estado público desde hace al menos cinco décadas. Su nombre que no es de mi invención es Proyecto Juicio Final (Doomsday Project).

Así designa el Departamento de Defensa los planes de contingencia tendentes a “garantizar el funcionamiento de la Casa Blanca y del Pentágono durante y después de una guerra nuclear o cualquier otra crisis de gran envergadura”.

Aunque simple, este trabajo tiene un importante objetivo: demostrar que el Proyecto Juicio Final de la década de 1980, así como los anteriores planes de crisis que condujeron a la estructuración de dicho proyecto, desempeñaron entre bastidores un papel determinante en los eventos profundos que pretendo analizar.

Esta planificación fue un factor primordial tras los tres preocupantes fenómenos que hoy amenazan la democracia en Estados Unidos. El primero fue la transformación de nuestra economía en una plutonomía: una economía con objetivos plutocráticos, caracterizada por una creciente división de Estados Unidos en dos clases –los opulentos y los desfavorecidos, los que pertenecen al “1 por ciento” y los integrantes del “99 por ciento”–. El segundo fenómeno es la creciente militarización de Estados Unidos, y sobre todo su tendencia a librar o desatar guerras en regiones lejanas, lo cual se ha hecho cada vez más corriente y previsible. Es evidente que las operaciones de esta maquinaria de guerra han estado al servicio de los intereses del 1 por ciento que ocupa la cúspide de la pirámide.

El tercer fenómeno, que constituye el tema central de este ensayo, es la considerable influencia de los eventos estructurales profundos sobre la historia del país, influencia cada vez más nefasta: acontecimientos misteriosos (como el asesinato del expresidente Kennedy, el caso de los “plomeros” del Watergate y los atentados del 11 de septiembre de 2001, que afectan brutalmente la estructura social) 19 DE FEBRERO DE 2012

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En aquella época, en su memorándum de 1971, el futuro juez de la Corte Suprema Lewis Powell advirtió que la supervivencia del sistema de libre empresa dependía de “la planificación y la aplicación cuidadosas, a largo plazo”, de respuestas ampliamente financiadas contra las amenazas que representaba la izquierda. Dicha advertencia engendró una violenta ofensiva de la derecha, coordinada por varios círculos de reflexión y generosamente financiada por un pequeño grupo de fundaciones familiares.

Hay que tener presente que todo aquello respondía al surgimiento de graves motines en Newark, Detroit y otras ciudades, y que la izquierda lanzaba por entonces un creciente número de llamados a la revolución (tanto en Europa como en Estados Unidos). He de concentrarme aquí en la respuesta de la derecha y en el papel de los eventos profundos en la facilitación de dicha respuesta.

La verdadera importancia del Manifiesto Powell residía no tanto en el documento en sí como en el hecho de que se redactó a pedido de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, uno de los grupos de presión más influyentes y más discretos.

Por otra parte, aquel memorándum era www.britannica.com

tienen un tremendo impacto en la sociedad de Estados Unidos. Por otro lado, constantemente implican la ejecución de actos criminales o violentos. Y son generados, para terminar, por una fuerza oscura y desconocida.

La actual descomposición del país en términos de disparidades de ingresos y de desigualdad en materia de riqueza, o de su militarización y su creciente tendencia belicista, ha sido objeto de muchos análisis. Mi enfoque en este ensayo tiene un carácter inédito: consiste en señalar que las disparidades en materia de ingresos –la “plutonomía”–, al igual que las tendencias guerreristas de Estados Unidos han sido considerablemente favorecidas por los “eventos profundos”.

Es necesario comprender que las disparidades en materia de ingresos en la economía estadunidense no son fruto de una acción de las fuerzas empresariales independiente de la intervención política. Por el contrario, esas desigualdades fueron en gran parte engendradas por un proceso político continuo y deliberado que data de la década de 1960 y 1970, periodo durante el cual los individuos más ricos del país temían perder el control de éste.

4El escándalo del espionaje telefónico conocido como Watergate –que derivó en la dimisión de Richard Nixon–, relacionado con el Proyecto Juicio Final, un ambicioso y cuestionado plan para las crisis 58

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sólo un síntoma entre tantos de que una guerra de clases estaba tomando forma en la década de 1970, un proceso más amplio que venía desarrollándose tanto dentro del gobierno como fuera de éste (y que incluía lo que el publicista considerado el fundador del neoconservadurismo, Irving Kristol, calificó de “contrarrevolución intelectual” y que llevó directamente a la autoproclamada “revolución Reagan”).

Resulta evidente que aquel proceso más amplio se desarrolló durante prácticamente cinco décadas, mientras que la derecha inyectaba miles de millones de dólares en el sistema político de Estados Unidos. Lo que quiero demostrar aquí es que los eventos profundos también fueron parte integrante de estos esfuerzos de la derecha, desde el asesinato de Kennedy hasta los atentados del 11 de septiembre de 2001.

El resultado del 11 de septiembre fue la aplicación del plan para la Continuidad del Gobierno, que fue calificado en las audiencias de Oliver North sobre el escándalo Irangate, en 1987, como un plan preparatorio para “la suspensión de la Constitución de Estados Unidos”. El plan para la Continuidad del Gobierno, elaborado con base en planificaciones anteriores, fue meticulosamente desarrollado desde 1982, en el marco del Proyecto Juicio Final (Doomsday Project), por un equipo secreto nombrado por el expresidente Ronald Reagan. Dicho equipo se componía de personalidades públicas y también privadas, entre las que se encontraban el exsecretario de Defensa, Donald Rumsfeld, y el vicepresidente de Estados Unidos, Richard Dick Bruce Cheney.

Trataré de probar que, bajo esa perspectiva, el 11 de septiembre de 2001 no fue otra cosa que el resultado de una secuencia de eventos profundos que se remonta al asesinato de Kennedy, o incluso a una época anterior, y que los inicios del Proyecto Juicio Final están presentes en cada uno de éstos.

Para ser exacto, sobre estos eventos profundos trataré de demostrar: 1) que en el seno de la Agencia de Inteligencia Central (CIA, por su sigla en inglés) y de otras agencias estadunidenses hubo comportamientos malintencionados que contriCONTRALÍNEA

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4Dick Cheney (a la izquierda), entre los funcionarios que delinearon los planes para la continuidad del gobierno de Estados Unidos

buyeron al asesinato de Kennedy y a los atentados del 11 de septiembre; 2) que las consecuencias de cada evento profundo incluyeron un recrudecimiento del poder represivo autoritario a favor de esas agencias, en detrimento del poder democrático persuasivo; 3) que existen coincidencias sintomáticas en la presencia de ciertos individuos entre los autores de estos diferentes eventos profundos; 4) que se observa en cada uno de esos eventos la implicación de elementos vinculados al tráfico internacional de drogas –lo cual sugiere que la actual plutonomía es también, en cierta medida, una narconomía; y 5) que tras cada uno de esos eventos se puede observar la presencia del Proyecto Juicio Final (cuyo papel se hace cada vez más importante con el paso de los años), es decir, de la estructura alternativa de planificación de urgencia que dispone de sus propias redes de comunicación y opera como una red de la sombra al margen de los canales gubernamentales normales.

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Los “errores” burocráticos El asesinato de Kennedy y los atentados fueron facilitados por la forma como la CIA y la Oficina Federal de Investigación (FBI, por su sigla en inglés) manipularon sus propios expedientes sobre los presuntos autores de cada uno de esos hechos (Lee Harvey Oswald, en lo que llamaré el Caso JFK, y los presuntos piratas aéreos Khaled al-Mihdhar y Nawaf al-Hazmi, en los atentados del 11 de septiembre de 2001). La decisión tomada el 9 de octubre de 1963, por Marvin Gheesling, un agente del FBI, de borrar a Oswald –el asesino de Kennedy– de la lista de vigilancia del FBI es parte de esa facilitación.

Esa decisión se aplicó después del arresto de Oswald en Nueva Orleáns, en agosto de 1963, y de su posterior viaje a México en septiembre. Es evidente que ambos hechos deberían haber convertido a Oswald en candidato a una vigilancia reforzada.

Ese comportamiento malintencionado constituye un paradigma si lo asociamos con las acciones de otras agencias, en particular con las de la CIA, en el caso JFK y en el 11 de septiembre. En efecto, el comportamiento de Gheesling va claramente en el sentido de un ocultamiento culposo de información por parte de la CIA, durante octubre (de 1963) –información que ocultó al FBI y según la cual Oswald se había reunido en México con Valery Kostikov, un presunto agente del Comité para la Seguridad del Estado (KGB, por su sigla en ruso).

Ese ocultamiento contribuyó también a garantizar que Oswald no estuviera bajo vigilancia.

En efecto, el exdirector del FBI Clarence Kelley se quejó en sus memorias de que la retención de información por parte de la CIA fue la principal razón que explicaba por qué Oswald no estaba bajo vigilancia el 22 de noviembre de 1963. La provocación de la Inteligencia 19 DE FEBRERO DE 2012

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4“Durante los atentados del 11 de septiembre de 2001 se recurrió a la estructura alternativa de planificación de urgencia, que además de disponer de su propia red de comunicación opera al margen de la ley”

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Militares, en Fort MacDill, Florida, la base preparada para desatar un posible ataque de represalia contra Cuba.

Aquella comunicación no era una aberración aislada. Contaba con el respaldo de otros falsos cuentos primarios provenientes de Dallas sobre el fusil que supuestamente había utilizado Oswald. Aquellas historias falsas se basaban en particular en

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Militar en 1963 fue más alarmante aún.

En efecto, no contenta con retener información sobre Lee Harvey Oswald, una de sus unidades fabricó incluso datos falsos de inteligencia que parecían destinados a provocar una respuesta (militar) contra Cuba.

Yo califico ese tipo de provocaciones como cuentos primarios. En este caso se trata de intentos de describir a Oswald como un conspirador comunista (todo lo contrario de los posteriores cuentos secundarios, igualmente falsos, que lo describen como un rebelde solitario). Un cable del mando del IV Ejército, con sede en Texas, puede ser considerado un revelador ejemplo de cuento primario. Recoge una información proporcionada por un policía de Dallas que era también miembro de una unidad de reserva de la Inteligencia Militar: “El primer asistente Don Stringfellow, (de la) Sección de Inteligencia, Departamento de Policía de Dallas, notificó al 112 Grupo INTC (de inteligencia asignado) a este cuartel general que las informaciones obtenidas de Oswald revelaron su defección hacia Cuba en 1959, y su condición de integrante del Partido Comunista, del que posee un carnet”.

El 22 de noviembre de 1963, día del asesinato de Kennedy, aquel cable fue enviado directamente al Mando de Ataques

4“En las audiencias del teniente Oliver North ante los congresistas, el escándalo IránContras fue calificado como un plan para suspender la Constitución de Estados Unidos”

una serie de traducciones erróneas del testimonio de Marina Oswald, cónyuge de Lee Harvey. El objetivo de aquellas falsificaciones era sugerir que el fusil de Oswald en Dallas era un arma que había conseguido en Rusia.

Estos últimos informes falsificados sobre Marina Oswald, aparentemente no relacionados con los anteriores, pueden sin embargo llevarnos de regreso a la 488 Unidad de Reserva de la Inteligencia Militar, a la que pertenecía Don Stringfellow. Ilya Mamantov, el intérprete que proporcionó inicialmente la falsa traducción de los testimonios de Marina Oswald, fue escogido por Jack Crichton, un magnate del petróleo de Dallas, y por George Lumpkin, el director adjunto de la policía de la misma ciudad. Ambos eran (respectivamente) el jefe y el primer adjunto de la 488 Unidad de Reserva de la Inteligencia Militar.

Dentro del círculo de petroleros de Dallas, Crichton era también un simpatizante de la extrema derecha: administrador de la Fundación HL Hunt, fue además miembro del Comité Americano de Ayuda a los Combatientes de la Libertad de Katanga (American Friends of the Katanga Freedom Fighters), organización de oposición a las políticas de Kennedy con respecto al Congo.

Es importante tener en mente que ciertos integrantes de la Junta de Jefes de Estado Mayor (JCS, por su sigla en inglés) estaban extremadamente irritados porque la crisis de los misiles de 1962 no había desembocado en una invasión contra Cuba. Por otro lado, en mayo de 1963, y bajo la dirección de su nuevo jefe, el general Maxwell Taylor, la JCS seguía convencida de que “una intervención militar de Estados Unidos en Cuba sería necesaria.

Habían pasado seis meses desde el momento en que Kennedy ofreciera garantías explícitas a Jruschov para la solución de la crisis de los misiles, en octubre de 1962, asegurándole que Estados Unidos no invadiría Cuba (garantías que sin embargo dependían de importantes condiciones).

Aquellas garantías presidenciales no impidieron que el J-5 de la Junta de Jefes de Estado Mayor (el J-5 es la Dirección de Planificación y Política) elaborara una CONTRALÍNEA

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ba con un centenar de hombres, de los cuales unos 40 o 50 provenía del Departamento de Policía de Dallas”.

Estos comportamientos malintencionados en el seno de las burocracias de la CIA, del FBI y del Ejército –las tres agencias con las que Kennedy había tenido serios desacuerdos durante su trunca presidencia– difícilmente pueden explicarse invocando la simple casualidad. En la segunda entrega demostraré la existencia de un vínculo entre el petrolero de Dallas, Jack Crichton, y la planificación de crisis de 1963, que se convirtió en el Proyecto Juicio Final.

El mismo tipo de comportamiento malintencionado se produce en el seno de la burocracia alrededor del 11 de septiembre de 2001.

En 2000 y 2001, antes del 11 de septiembre, la CIA volvió a abstenerse de comunicar al FBI la existencia de importantísimas pruebas (informaciones que, de

haber sido compartidas, habrían llevado al FBI a vigilar a Khaled al-Mihdhar y a Nawaz al-Hazmi, dos de los presuntos piratas aéreos). Debido a esta importante retención de información un agente del FBI predijo con toda exactitud, en agosto de 2001, que “un día habrá gente que pierda la vida”. Después del 11 de septiembre, otro agente del FBI declaró, refiriéndose a la Agencia: “Ellos [la CIA] no querían que la Oficina se metiera en sus asuntos, es por eso que no dijeron nada al FBI. […] y es por eso que se produjo el 11 de septiembre. […] Ellos tienen las manos manchadas de sangre. Son responsables de la muerte de 3 mil personas”. En este caso, la retención de información crucial antes del 11 de septiembre –información que la Agencia estaba obligada a transmitir al FBI en virtud de sus propias reglas– era comparable a las disimulaciones de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, por su sigla en inglés). www.pakalertpress.com

lista de “provocaciones fabricadas para justificar una intervención militar” (uno de los ejemplos de “provocaciones fabricadas” incluía “utilizar aviones del tipo MiG pilotados por aviadores estadunidenses para […] atacar barcos mercantes o el ejército de Estados Unidos”.

Las mentiras sobre Oswald que emanaban de Dallas fueron lanzadas inmediatamente después del asesinato de Kennedy, por lo tanto no bastan para probar que haya sido un complot que implicara engaño y provocación. Sí son reveladoras, en cambio, del sentimiento anticastrista que prevalecía en la 488 unidad de reserva de la Inteligencia Militar en Dallas, y nos confirman que aquel estado de ánimo era llamativamente similar al que existía en el J-5 en mayo de 1963, es decir, se trataba del estado de ánimo que produjo una lista de “provocaciones fabricadas” para justificar un ataque contra Cuba. De acuerdo con Crichton, “la 488 unidad de reserva conta-

4“La aplicación de los programas anticrisis ha incluido planes de intervención militar”

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4“En los cuatro eventos profundos, la CIA ocultó al FBI (en la imagen) información que pudo evitar las crisis posteriores” Sin esas retenciones de pruebas, ni el asesinato de Kennedy ni el 11 de septiembre hubieran podido concretarse como lo hicieron. Como señalo en mi libro American war machine, tal parece como si en un momento dado “Oswald, y más tarde Al-Mihdhar, hubieran sido preseleccionados como sujetos designados para una operación. El objetivo inicial no sería obligatoriamente cometer un crimen contra Estados Unidos. Por el contrario, probablemente se actuó para preparar a Oswald en relación con una operación contra Cuba y a al-Mihdhar para una operación contra Al-Qaeda (como yo mismo sospecho). Pero a medida que los mitos (los que era posible explorar) comenzaban a acumularse alrededor de esos dos personajes, se hacía posible que individuos mal intencionados lograran subvertir la operación autorizada convirtiéndola en un sangriento plan cuya existencia misma se escondería después. Ya en ese punto, Oswald (y por analogía al-Mihdhar) dejaba de ser un simple sujeto designado para convertirse también en un culpable designado”.

Kevin Fenton llega a la misma conclusión sobre el 11 de septiembre en su libro, muy completo, Disconnecting the dots (Sembrando la confusión). Es decir, que “a partir del verano de 2001, el obje62

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tivo de la retención de información era permitir el desarrollo de los ataques”.

Fenton identificó también al principal responsable de ese comportamiento administrativo malintencionado: el oficial de la CIA, Richard Blee, director de la Unidad Bin Laden de la CIA. Cuando William Clinton todavía era presidente, Blee había sido integrante de una facción de la CIA que militaba activamente por una implicación más belicista de ésta en Afganistán, de conjunto con la Alianza del Norte afgana. Esos proyectos se concretaron inmediatamente después del 11 de septiembre de 2001, y Blee fue ascendido al rango de jefe de Estación de la CIA en Kabul, Afganistán.

Cómo se desató la guerra contra Vietnam Ahorraré a los lectores del presente artículo los detalles de esta retención de información, ya ampliamente explicada en mi libro American war machine. El incidente del golfo de Tonkín es, sin embargo, comparable al asesinato de Kennedy y al 11 de septiembre ya que la manipulación de pruebas contribuyó a poner a Estados Unidos en el camino de la guerra (muy rápidamente en ese caso).

Hoy en día, historiadores como Fredrik Logevall están de acuerdo con la evaluación del subsecretario de Estado, George Ball, de acuerdo con la cual la misión de los navíos de guerra estadunidenses en el golfo de Tonkín –que acabó dando lugar a los incidentes– “tenía un carácter esencialmente provocador”. La planificación de aquella misión provocadora venía del J-5 de la Junta de Jefes de Estado Mayor, el mismo equipo que había estimado en 1963, en el caso de Cuba, que “la fabricación de una serie de provocaciones tendentes a justificar una intervención militar era realizable”.

La disimulación de la verdad por parte de la NSA y de la CIA, el 4 de agosto de 1964, se produjo en un contexto marcado por una voluntad confesa (pero controvertida), en los más altos niveles del Estado, de atacar Vietnam del Norte.

En este aspecto, el incidente del golfo de Tonkín es notoriamente similar a la disimulación de la verdad –por parte de la CIA y de la NSA– que condujo directamente al 11 de septiembre, en momentos en que también existía una voluntad gubernamental de desatar la guerra (a pesar de que también en ese caso se trataba de una voluntad controvertida).3 CONTRALÍNEA

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EX LIBRIS

Scherer Ibarra: el yo acuso a Calderón y su “guerra” Álvaro Cepeda Neri*

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a guerra de Calderón, el dolor de los inocentes, es un análisis autoría del abogado Julio Scherer Ibarra, en no más de 100 páginas, para reflexionar sobre el drama de una estrategia fallida que no amedrenta a la delincuencia; a pesar de que su general de cinco estrellas, Felipe Calderón Hinojosa, la justifique como un medio para rescatar la seguridad perdida que atemoriza a la nación y cuya cosecha es de más de 60 mil homicidios, miles de desaparecidos y niños huérfanos (porque sus padres fueron asesinados, están presos o han huido como asilados) en el contexto de esta “guerra” donde mueren civiles, soldados y marinos, ha convertido al país en un cementerio. La cruzada de más de cinco años a sangre y fuego del inquilino de Los Pinos es una “guerra” intestina sin resultados a favor de la paz social. Una “guerra” estúpida.

El libro se sustenta en la información dentro del contexto del análisis jurídico, político, democrático y sus consecuencias sociales; aborda la desgracia nacional de una violenta “guerra” presidencial contra la delincuencia que se extiende a los ciudadanos que ejercen su libre tránsito y que se convierten en “daños colaterales”. Cuestiona la “estrategia” calderonista, escalándola a través de sus capítulos: “Orden y seguridad”, “El marco político de la guerra”, “El marco jurídico de la guerra”, “Las responsabilidades”. Las consideraciones finales y un apéndice con información veraz de que el “general” Calderón, que abusa del poder presidencial, emprendió una “guerra” que tiene a la nación, con sus 113 millones de integrantes, contra la pared y paredón. Y donde militares y sicarios se matan entre sí y ambos privan de la vida a quienes son ajenos a ese baño de sangre, lo que hace de la inseguridad la “victoria” del “general de cinco estrellas”.

La guerra de Calderón fue decisión del panista (que comulga previa confesión de sus pecados, buscando salvar su alma…) pero está pendiente un deslinde de responsabilidades constitucionales, mediante juicio político ante el Congreso de la Unión. Y uno penal y civil ante los tribunales del fuero común. Una decisión a su estilo del “haiga sido como haiga sido”. Y que Scherer puntualiza para poner al presidente ante el yo acuso de los mexicanos, hartos de una “guerra” que tiene al país ante una alternativa: levantarse para ejercer sus derechos y obligaciones –cuyos factores comunes son los artículos 39 y 136 constitucionales–, para someter al imperio del Estado a militares y delincuentes, o dejar que la nación sea devastada por soldados y criminales. El trabajo de Scherer recorre acusatoriamente la “guerra” calderonista y la expone como lo que es: una violencia en la mira de una afrenta contra los narcotraficantes y demás delincuencias… y contra los demás mexicanos “víctimas inocentes en todos los órdenes: torturados, mutilados, desaparecidos”. Y asesinados.3

Ficha bibliográfica: Autor: Julio Scherer Ibarra Título: La guerra de Calderón, el dolor de los inocentes Editorial: Grijalbo Mondadori, 2011 *Periodista 64

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AGENDA CULTURAL LITERATURA Calderón de cuerpo entero (Grijalbo Mondadori, 2012) | En esta obra, el periodista Julio Scherer García exhibe una serie de documentos irrebatibles que muestran los ilícitos sobre de los que tanto se ha hablado en torno al controvertido proceso que llevó a Felipe Calderón a la presidencia de México, en 2006. El libro se propone plasmar un retrato completo de quien ha gobernado el país durante los últimos cinco años con los resultados que todos conocemos; también se consignan importantes testimonios, comprometedores pero convincentes, sobre el comportamiento irresponsable, por decir lo menos, del actual mandatario. Esto permite arrojar luz sobre temas como la traición o la muerte, tan presentes en este tajante recuento acerca de un presidente que concluye su mandato en medio de la desolación y la violencia.

DANZA Tres=seis frecuencias abiertas, voces, rostros y recorridos | Presentación con obras de Abigail Jara, Mauricio Nava y Antonio Salinas. Tres=Seis muestra parte de nuestro acervo dancístico a través de las distintas voces, rostros y recorridos que conforman la danza contemporánea mexicana.

Teatro de la Danza, Centro Cultural del Bosque, Paseo de la Reforma y Campo Marte s/n, colonia Chapultepec-Polanco (sábado 25 de febrero, 19:00 horas).

CINE La cueva de los sueños olvidados. (Proyectada en el marco del Festival Ambulante) | Por medio de tecnología 3D, el legendario director Werner Herzog nos lleva dentro de las Cuevas Chauvet, al sur de Francia, donde se encuentran las más antiguas pinturas rupestres, y nos invita a reflexionar sobre el deseo primigenio de comunicarnos y representar el mundo que nos rodea.

Cinépolis Universidad, avenida Universidad 1000, colonia Santa Cruz Atoyac (miércoles 22 de febrero, 21:00 horas).

EXPOSICIÓN Tiempos violentos. Reinterpretando la colección del Museo de Arte Carrillo Gil. | Una aproximación fresca y renovada de la colección del museo a través de la noción de violencia como eje articulador de la investigación y los contenidos. Esta muestra es el resultado de un proyecto de colaboración entre el Museo, Americas Society y el posgrado en historia del arte de la Universidad Nacional Autónoma de México, con el objeto de coadyuvar a la formación de una nueva generación de historiadores y críticos de arte.

Museo de Arte Carrillo Gil, avenida Revolución 1608, esquina Altavista, colonia San Ángel (hasta el 25 de marzo).

TEATRO La pequeña habitación al final de la escalera | Al fondo de un pasillo, en la pequeña habitación al final de la escalera se encuentra Gracia. Las 28 habitaciones de la magnífica casa no le fueron suficientes, algo más fuerte que ella la empujó a investigar y enfrentarse a realidades de las cuales había sido siempre resguardada, cuidada, apartada.

Teatro El Granero, Centro Cultural del Bosque, Paseo de la Reforma y Campo Marte s/n, colonia Chapultepec-Polanco (jueves 23 de febrero, 20:00 horas).

EXPOSICIÓN Las Américas | Exposición que permite entender la evolución de las repúblicas americanas en el siglo XX, visibilizando la contribución de las mujeres en la construcción de la América Latina actual. Presentada en el marco de las conmemoraciones de los bicentenarios, en colaboración con: Acción Cultural Española, Cátedra Unesco de Políticas Culturales y Cooperación, ONU Mujeres, Agencia Efe, Instituto Nacional de las Mujeres federal y Programa Universitario de Estudios de Género de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Centro Cultural de España, Guatemala 18, colonia Centro (hasta el 26 de febrero)

MÚSICA El sonido de la Orquesta Típica de la Ciudad de México llega al Museo de la Ciudad de México

Museo de la Ciudad de México, Pino Suárez 30, colonia Centro (viernes 24 de febrero, 18:00 horas)

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PASO A DESNIVEL

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Miguel Galindo

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