Contralinea 273

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CONTRALร NEA

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ÍNDICE OPINIÓN DIRECTOR MIGUEL BADILLO oficiodepapel@contralinea.com.mx SUBDIRECTOR JOSÉ RÉYEZ jreyez@contralinea.com.mx COORDINADOR DE INFORMACIÓN ZÓSIMO CAMACHO zosimo@contralinea.com.mx COORDINADORA DE EDICIÓN NANCY FLORES nancy@contralinea.com.mx COORDINADOR WEB GONZALO MONTERROSA gonzalo@contralinea.com.mx COORDINADOR DE FOTOGRAFÍA JULIO CÉSAR HERNÁNDEZ julio@contralinea.com.mx COORDINADORA DE PUBLICIDAD JANETT ALBA janett@contralinea.com.mx COORDINADOR DE DISEÑO MIGUEL MINERO mimiga@contralinea.com.mx COORDINADOR DE PRODUCCIÓN LUIS KUAN produccion@contralinea.com.mx REPORTEROS ISABEL ARGÜELLO isabel@contralinea.com.mx RUBÉN DARÍO BETANCOURT ruben@contralinea.com.mx DAVID CILIA cilia@contralinea.com.mx FLOR GOCHE flor@contralinea.com.mx ELVA MENDOZA elva@contralinea.com.mx MARIELA PAREDES mariela@contralinea.com.mx ANA LILIA PÉREZ analilia@contralinea.com.mx ÉRIKA RAMÍREZ erika@contralinea.com.mx RUTH ROQUE ruth@contralinea.com.mx MAYELA SÁNCHEZ mayela@contralinea.com.mx ROGELIO VELÁZQUEZ rogelio@contralinea.com.mx DEFENSOR DEL PERIODISTA ÁLVARO CEPEDA NERI cepedaneri@prodigy.net.mx DEFENSOR DEL LECTOR JORGE MELÉNDEZ PRECIADO jamelendez@prodigy.net.mx EDITORIALISTAS ABEL BARRERA abel.barrera@tlachinollan.org MARCOS CHÁVEZ mchm1995@gmail.com MIGUEL CONCHA MALO educacion@derechoshumanos.org.mx GUILLERMO FABELA QUIÑONES gmofavela@hotmail.com EDGAR GONZÁLEZ RUIZ edgargr@prodigy.net.mx PABLO MOCTEZUMA BARRAGÁN pablomoctezuma@hotmail.com JORGE LUIS SIERRA jlsierra@hotmail.com

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EL DRAMA DEL EMPLEO, HERENCIA DEL PANISMO Al margen de quien resulte ganador en las próximas elecciones presidenciales, el desastre laboral que le transferirá Felipe Calderón será un problema incómodo, que de no enfrentarse adecuadamente agravará la descomposición social, la inseguridad del país y el descontento de la población, con sus consecuentes efectos perniciosos para la estabilidad económica y política Marcos Chávez M

PORTADA

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PGR CONSIGNA 34 CASOS DE LAVADO EN LA BANCA La Unidad de Inteligencia Financiera presentó 52 denuncias de hechos ante la PGR por el probable delito de lavado de dinero cometido en el circuito financiero mexicano durante 2010, revela la Auditoría Superior de la Federación. De éstas, se consignaron 34 ante la justicia federal. La Procuraduría General también tuvo conocimiento de otros 70 reportes de inteligencia por operaciones presuntamente hechas con recursos de procedencia ilícita en el sistema financiero. Aunque el combate a este delito es una supuesta prioridad para la “guerra” antinarcóticos, a los delincuentes no se les tocaron sus finanzas: ese año, se lavaron al menos 88 mil millones de dólares en México Nancy Flores

CORRESPONSALÍAS BAJA CALIFORNIA LORENA ROSAS COAHUILA ROSA ESTHER BELTRÁN DURANGO HÉCTOR HERNÁNDEZ MORALES GUERRERO JUAN CARLOS GONZÁLEZ SONORA ÁLVARO CEPEDA TAMAULIPAS HUGO JIMÉNEZ CAMPECHE • CHIAPAS • HIDALGO • GUANAJUATO MICHOACÁN • OAXACA • PUEBLA • QUINTANA ROO TABASCO • VERACRUZ • ZACATECAS DISEÑADORES CORRECTORA

MARLENE CAMACHO/LUCIO SÁNCHEZ NATALIA CASTAÑEDA

ILUSTRADORES LEÓN BRAOJOS / CAJA NEGRA X cajanegra.x@gmail.com MIGUEL GALINDO / CAJA NEGRA X gonzomandela@gmail.com CARTONISTA DAVID MANRIQUE manrique@contralinea.com.mx PÁGINA DE INTERNET

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SOCIEDAD

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EN PENALES DEL DF, EJECUCIONES DISFRAZADAS DE SUICIDIOS Testigos clave en casos de corrupción, partícipes en delitos de alto impacto y reos llevados tras las rejas por la infiltración de la DEA en México han visto el final de sus días en cárceles del Distrito Federal.

Sus cuerpos se han encontrado colgados, en muertes declaradas oficialmente como suicidios, pero para la CDHDF hay indicios de que podría tratarse de ejecuciones o vendettas Ana Lilia Pérez

CONTRALÍNEA

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A OCHO COLUMNAS

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CASA NACIONAL DEL ESTUDIANTE: DESFALLECE MONUMENTO HISTÓRICO La Casa Nacional del Estudiante, monumento histórico que data de principios del siglo XX, desfallece ante la indiferencia gubernamental.

Con el objetivo de encontrar una solución al “marcado deterioro físico” del inmueble, así como a las demandas de seguridad, infraestructura y servicios, de 2009 a la fecha, la asociación civil a cargo se ha reunido con diversas instancias del Gobierno del Distrito Federal. Los resultados son mínimos: la poda de la vegetación nociva, la activación temporal del “código águila” y la disminución del 40 por ciento de una deuda de 124 mil 139 pesos, por concepto de suministro del agua Flor Goche/Segunda parte y última

EL SIQUIATRA

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Manrique

CONTRAPODER

TRABAJO

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UACM Y EXDIRIGENCIA SINDICAL RETIENEN 8 MILLONES A TRABAJADORES

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CONTINÚAN INQUISICIONES JUDICIALES CONTRA CONTRALÍNEA Álvaro Cepeda Neri

CARTÓN

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MODELO DE IZQUIERDA

La Universidad Autónoma de la Ciudad de México y la antigua dirigencia del Sindicato de Trabajadores retienen 8 millones de pesos a los obreros. Las autoridades universitarias mantienen en su poder más de 3 millones y medio, que liberarán hasta que el Sindicato cuente con la toma de nota y una nueva Comisión de Finanzas. Otros 4 millones se encuentran en manos de la antigua dirigencia sindical en cuentas a las que no tienen acceso los nuevos líderes. Mientras, la Universidad cesa a integrantes de la flamante representación gremial. Los trabajadores acusan al Gobierno del Distrito Federal de “inmiscuirse” en asuntos de la Universidad, pues –consideran– busca imponer a una dirigencia a modo en el sindicato Isabel Argüello

Manrique

OPINIÓN

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SABINES: LO BUENO Y LO MALO Edgar González Ruiz

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EL DERECHO A LA IGUALDAD Y LA NO DISCRIMINACIÓN EN MÉXICO Ana Luisa Nerio Monroy

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INSUFICIENTE, NUEVA MEDICIÓN DE LA POBREZA Aurelio Morales Posselt

LÍNEA GLOBAL

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CAMBIOS DE ÚLTIMA HORA Y CONFUSIONES Jorge Meléndez Preciado

PROYECTO JUICIO FINAL: LA MANIPULACIÓN

EX LIBRIS

El asesinato de Robert Kennedy, el Watergate y el escándalo Irán-Contras fueron hechos que beneficiaron a un puñado de magnates estadunidenses, entre los que se encuentran Rumsfeld y Cheney. Les permitió apoderarse progresivamente del complejo militar-industrial de un país que ahora vive bajo un estado de urgencia permanente. La primera exigencia de un movimiento como Occupy Wall Street debería de ser la abrogación del Patriot Act, que legaliza la solución de la crisis política en Estados Unidos por la vía militar Peter Dale Scott/Red Voltaire/Segunda parte y última

CRIMEN.ORG: INVESTIGACIÓN SOBRE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA

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Álvaro Cepeda Neri

AGENDA CULTURAL

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Ruth Roque

PASO A DESNIVEL EDUCACIÓN

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Miguel Galindo

60 GUERRAS MONETARIAS ANTECEDEN A CAMPAÑA MILITAR La mayoría de las aventuras bélicas de Estados Unidos han buscado no sólo asegurarle recursos naturales, sino frenar su debacle financiera. Husein, Gadafi y ahora Bashar al Assad han tenido en común que han renunciado al dólar y con ello debilitaron aún más la moneda.

Con guerras, Estados Unidos busca alargar la agonía de su endeudado y volátil sistema financiero, explican especialistas Alberto Rabilotta/Prensa Latina

CONTRALÍNEA

CONTRALÍNEA. PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN –año 10, número 273, del 26 de febrero al 3 de marzo de 2012– es una publicación semanal editada por Comunicación Colectiva y Periodismo de Investigación, SA de CV; Avenida Río Churubusco 590, col. Del Carmen, delegación Coyoacán, CP 04100, México, DF; teléfonos: 55 54 91 93 y 55 54 91 94; www.contralinea.com.mx, info@contralinea.com.mx. Editor responsable: Agustín Miguel Badillo Cruz. Número de reserva al título de derecho de autor 04-2001-1206164804 00-102. Número de certificado de licitud de título 12264, y de contenido 8918. ISSN 1665-1626. Impresa por JR Impresiones, Bolívar 238, col. Obrera, de-legación Cuauhtémoc, tel. 57 61 34 94; este número se terminó de imprimir el 24 de febrero de 2012. Distribuido por Publicaciones CITEM, SA de CV, Avenida Del Cristo 101, colonia Xocoyahualco, CP 54080, teléfono 52 38 02 00; y la Unión de Voceadores de México, despacho de Gloria Santillán, Ignacio Mariscal 44, colonia Tabacalera, CP 06030, México, DF, teléfono 55 92 08 91.

CONTRALÍNEA reconoce el deber de veracidad y la cláusula de conciencia de reporteros y articulistas. Los textos son responsabilidad de sus autores. Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda totalmente prohíbida la reproducción total o parcial de los contenidos o imágenes de la publicación sin previa autorización de Comunicación Colectiva y Periodismo de Investigación.

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Escríbenos a info@contralinea.com.mx www.contralinea.com.mx

Experimentos, la punta del iceberg de las malas prácticas médicas

Exigen redoblar esfuerzos en búsqueda de líderes ecologistas

Interesante el reportaje “En México, más de 5 mil experimentos clínicos con humanos”. Desde antes de que empezara a estudiar medicina –en 1959–, todos los estudiantes y médicos de los hospitales públicos teníamos que participar en los estudios llamados “doble ciego”, que son, ni más ni menos, los que denuncia la periodista Mayela Sánchez. La mayoría de los sujetos de experimentación eran y siguen siendo niños, ancianos y enfermos terminales, es decir, personas que no pueden protestar. A esta situación se suman los siguientes hechos: los enfermos no están informados; el producto activo puede ser venenoso; en caso de que sea realmente curativo se les niega a que reciben un placebo; el procedimiento sirve para enriquecer sin límites a la industria químico-farmacéutica, que después patenta y encarece los medicamentos; y, los médicos participantes violan el juramento de Hipócrates. Estos experimentos son una repulsiva suma de violaciones a la ética médica y conforman un cuerpo delictivo –incluida la yatrogenia y el homicidio premeditado–, conocido por las academias de medicina y de cirugía por las (supuestas) comisiones de bioética de los hospitales, la Comisión Nacional de Arbitraje Médico y las procuradurías de “justicia”.

Gracias a Contralínea por haber puesto nuevamente el dedo en la llaga, lo que nos obliga a actuar colectiva y organizadamente contra la medicina comercial.

Doctor Ricardo Loewe Reiss

En diversos medios de comunicación se difundió la información de la detención de José Johnny López Galván, el Güero. Junto con ésta se indicó que se encontraron los restos humanos de dos personas, supuestamente de los dirigentes ecologistas Marcial Bautista Valle y Eva Alarcón Ortiz, en la región de la Costa Grande, Guerrero.

En entrevista con autoridades de la Procuraduría General de la Republica y después del resultado de los análisis y peritajes, se nos informó que las cenizas no correspondían a restos humanos. Por tanto, nuestros padres y compañeros, dirigentes de la organización, están vivos. Queremos informar a la opinión pública internacional y nacional, y a la sociedad de Guerrero, en particular, que seguiremos en la búsqueda, hasta lograr encontrarlos.

Exigimos a las autoridades, tanto federales como estatales, redoblen su esfuerzo y compromiso en la búsqueda de nuestros padres y dirigentes de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán, AC. Reiteramos nuestra solicitud de solidaridad a organizaciones hermanas –tanto internacionales como nacionales– para que continúen con su apoyo a nuestra demanda fundamental de la presentación con vida de Marcial y Eva. También que manifiesten su apoyo al enviar a las autoridades federales y estatales mexicanas esta exigencia. ¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!

Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán, AC. Responsables: Victoria Bautista Bueno y Nenetzin Coral Rojas Alarcón

Empresas privadas biomédicas, más experimentos con humanos Es interesante la mención de la empresa Eulabor en el texto “En México, más de 5 mil experimentos clínicos con humanos”.

Por lo demás, el artículo es tendencioso al comenzar hablando sobre Tuskegee y Guatemala, casos definitivamente trágicos y deleznables, pero que representan sólo un lado de la moneda. Los ensayos clínicos no son perversos ni malvados. En México muchas personas se benefician de éstos. En el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán la gente está constantemente preguntando por periodos de reclutamiento, porque saben que inmediatamente los costos de atención se reducen y la calidad de la misma mejora.

Son tristes los motivos por los que el país es atractivo para los laboratorios transnacionales. La gente esta jodida, hay muchos enfermos en los centros de concentración y el reclutamiento es muy fácil.

Pero esto no es culpa de Pfizer o de Sanofi, sino de Felipe Calderón y su séquito de inútiles, que incluye a José Ángel Córdova Villalobos, exsecretario de Salud.

Finalmente, el texto dejó fuera a las “empresas de investigación biomédica privadas”, que funcionan también como proveedores de enfermos para ensayos clínicos, con estándares de calidad mucho más bajos y que además toman a los enfermos de los hospitales públicos donde trabajan dichos médicos. Son miles de empresas de este tipo.

Pablo Villaseñor Ovies

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Mueren defensores de derechos humanos de Chihuahua Con profundo dolor participamos la muerte de los señores Jerónimo y José Villanueva Talamantes, padre y tío de nuestra compañera, la licenciada Irma Villanueva Nájera, coordinadora del Área Legal de la organización.

Jerónimo Villanueva Talamantes y su esposa Victoria Nájera, por más de cuatro décadas fueron defensores de derechos humanos de los campesinos en la región de Guadalupe y Calvo, Chihuahua. Ambos realizaron un trabajo de recuperación de pequeñas propiedades heredadas por sus antepasados desde 1895. También encabezaron la defensa de derechos agrarios de decenas de campesinos en esa comunidad. Por ello, en diferentes ocasiones fueron amenazados por caciques, coludidos con las autoridades agrarias para que desistieran de sus exigencias y se alejaran del lugar.

En 1988, asesinaron a su hijo Jaime, quien entonces contaba con 18 años de edad; el crimen permanece impune. A pesar de este hecho tan doloroso, Jerónimo y Victoria nunca desistieron, organizaron, denunciaron, cuidaron el bosque como una herencia valiosa, se defendieron legalmente y ganaron todos los juicios a pesar de no ser abogados.

En los últimos tres años, la situación de inseguridad se agudizó.

El 19 de febrero pasado, de nuevo recibieron amenazas. El 20 de

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febrero, Jerónimo salió de Guadalupe y Calvo por la mañana, en compañía de su hermano el señor José, rumbo a Parral. En el trayecto desaparecieron. El 21 de febrero, sus cuerpos fueron encontrados en el fondo de un barranco.

Por las anteriores consideraciones solicitamos a las autoridades que se realicen con la debida diligencia las actuaciones que sean necesarias para conocer la verdad sobre los acontecimientos y se sepa con absoluta certeza la causa de muerte de ambos. También demandamos que se proporcione seguridad para la familia.

Centro de Derechos Humanos de las Mujeres

Atenquenses denuncian ardid para despojarlos de tierras A los pueblos de la orilla del agua; a la opinión pública; a las organizaciones hermanas y solidarias de México y el mundo: Desde los pueblos de la orilla del agua, Atenco, queremos denunciar el empecinamiento de los tres niveles de gobierno para despojarnos de nuestras tierras e invadirlas con su aeropuerto internacional y todo lo que un proyecto de esta magnitud requiere para beneficio de los grandes capitales y sus operadores, los vende-patrias.

En 2001, Vicente Fox intentó desterrarnos con la imposición de un decreto expropiatorio, pero la fuerza y la razón del pueblo movilizado derrotaron su intentona.

Cinco años más tarde, en 2006, los derrotados lanzaron su brutal venganza que ha dejado como agravios impunes el asesinato de los jóvenes Javier Cortés Santiago (14 años) y Alexis Benhumea Hernández (21) a manos de policías estatales, decenas de mujeres violadas y torturadas sexualmente, allanamientos brutales, perseguidos políticos, más de 200 presos y quedaron en calidad de rehenes por más de cuatro años, 12 hermanos presos políticos. No obstante, hoy estamos libres, pero seguimos sin justicia.

Conscientes estamos de que nuestras tierras –como territorio estratégico, dada la cercanía con el Distrito Federal–, son el fin último de cualquiera de las artimañas que han montado estos últimos años.

Como muestra de ello la Comisión Nacional del Agua (Conagua) ha servido de operadora a los capitalistas para despojar con chantajes, manipulaciones y amenazas a ejidatarios.

Sin embargo, dado que el trabajo sucio de la Conagua no es suficiente, lo que ahora pretenden es involucrar a las hordas de los antorchistas, vástagos del Partido Revolucionario Institucional. Bajo la dirección de Rubén Pacheco (achichincle de Enrique Peña Nieto y vendepueblos de Ixtapan). Esta organización, especialista en las invasiones, intentó el 20 de febrero pasado, entrar al de San Antonio, perteneciente al de Atenco (que colinda con el municipio de Chiconcuac de Juárez), alrededor del medio día, con el pretexto de que iniciará la ampliación de una avenida. Preparados con maquinaria de trabajo pesado (aplanadoras y chapopote) y cerca de 20 supuestos empleados e ingenieros, Pacheco y los antorchistas, por el momento, han tenido que replegarse.

Estos hechos no vienen solos y el pueblo no lo ignora. Forman parte del acecho permanente de las bestias que desde hace más de 10 años han tenido que disfrazar su infame despojo de “buenas intenciones”, como lo quiere hacer creer la Conagua y ahora la ampliación de una calle.

Por lo anterior, reiteramos lo siguiente: denunciamos al defraudador y vendepueblos Rubén Pacheco. ¡En Atenco no son bienvenidos los invasores!

De permitir la injerencia de gente ajena a nuestra comunidad, hacemos responsable al presidente municipal Mario Ayala, dado que CONTRALÍNEA

ha tenido y conocimiento tiene pleno de las artimañas de sus colegas priístas que laboran para el despojo de la tierra, incluidos los antorchistas y Pacheco.

En una fecha significativa para nuestros pueblos, donde se festeja el carnaval, nos queda claro que su accionar responde a una provocación para generar confrontaciones entre el pueblo. ¡Atenco no es una mercancía!, ¡Atenco no está en venta!

Hacemos un llamado a todo el pueblo para estar atentos a esta situa-ción y les pedimos que hagan llegar esta información a los más posibles.

Ante la situación se decidió bloquear la carretera federal TexcocoLechería, hasta que Ayala respete la voluntad del pueblo y el comisariado ejidal haga valer los acuerdos de asamblea del 20 de diciembre del 2011, donde se votó y se negó la obra por no convenir al ejido, lo que reafirma el compromiso de defender la tierra. ¡Viva el carnaval, herencia y júbilo de nuestros abuelos y madre tierra!

Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra

La pobreza de rarámuris, “inducida” En referencia a la precaria situación existente en la Sierra Tarahumara, es necesario decir que esas mismas condiciones prevalecen en muchos otros lugares del país.

Se trata de una pobreza inducida para que pueblos no reclamen sus derechos y se mantengan sumisos: que sólo reciban migajas para apenas sobrevivir y no los recursos para organizarse.

No tiene nada de malo ayudar a la gente necesitada... pero esta campaña de ayuda supuestamente para los tarahumaras me resulta sospechosa. Ahora resulta que la sociedad debe de entregar víveres y despensas, por caridad, para sacar de la miseria a otros igualmente pobres. Mientras, ¿cuántas toneladas de víveres se hubieran podido comprar con el dinero que se invirtió en la Torre Bicentenario?

Lorenzo Ángel Hernández

Casa del Estudiante no ha modificado estatutos, asegura Quiero hacer varias precisiones al reportaje “Conflicto en la Casa Nacional del Estudiante”, debido a que es un hecho notorio, para quienes hemos sido despojados, de que los estatutos de la asociación civil han sido violentados por quienes se autodenominan como “M15”. Éstos no han sido reformados desde la constitución de la asociación civil. Tan es así que quienes ocupan actualmente la Casa crearon reglamentos discrecionales y que jamás han sido aprobados por la asamblea general, máxima autoridad en la asociación. Si quienes hoy por hoy ocupan la Casa sostienen su acción en un supuesto reglamento que no fue aprobado por la asamblea general, carecen de legalidad y legitimidad todas las acciones emprendidas por este grupo de autodenominado “estudiantes conscientes”. Por otro lado, hago la petición para que sean valorados documentos y testimoniales con el único propósito de que sean claros los motivos por los cuales más de 40 estudiantes han sido despojados violentamente de sus posesiones y con el riesgo de perder documentos, como ha ocurrido en años anteriores.

Oscar Juarez Basilio, asociado con baja temporal de la asociación desde agosto de 2011 26 DE FEBRERO DE 2012

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México, “puesto de rodillas” ¡Los felicito por el reportaje “Plan 20-30, la ocupación integral de México”! Mi reflexión es la siguiente: si no queremos terminar como un país sin soberanía y maquilador, debemos de hacer algo semejante a lo que hicieron, en su tiempo, Francia o Japón, naciones que a pesar de estar en ruinas y de rodillas se levantaron y crecieron: crearon industrias, productos, marcas todas propias.

Invirtieron en investigación y desarrollo, y han tenido una verdadera política de seguridad nacional.

En México, por décadas, las Fuerzas Armadas han estado en el abandono, con bajos presupuestos, salarios de miedo, sin inversión en equipo y armamento. Además de que los centros de inteligencia y contrainteligencia dejaron de funcionar. En el país ya se percibe una falta de identidad nacional y se padece una educación deficiente. Es triste reconocerlo, pero como nación ya nos han puesto de rodillas y ahora prevalece la falta de empleo y oportunidades.

Jorge Villarreal Salinas Villarreal

Víctima de negligencia médica reclama justicia a autoridades poblanas Rafael Moreno Valle Rosas, gobernador de Puebla; Fernando Manzanilla Prieto, secretario de Gobierno; Jorge Fouad Aguilar Chedraui, titular de los Servicios de Salud; Víctor A Carrancá Bourget, procurador general de Justicia; Patricia Leal Islas, secretaria de la Contraloría; Adolfo López Badillo, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Puebla.; Alejandro Minor Castillo, director ejecutivo del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia; y el Observatorio Ciudadano de Puebla.

San Andrés Cholula, 19 de febrero de 2012. Corresponsabilizar a la ciudadanía en la prevención del delito, aunque deseable, es temerario e imposible de realizar si no se privilegia el derecho de audiencia.

Más que líneas de acción de ciudadano a ciudadano es necesaria la retroalimentación entre gobernantes y gobernados. Sólo así podrán lograrse los cambios esperados.

“Debemos asumir que la responsabilidad es de todos, del Estado, universidades, ciudadanos, jóvenes, de todos”, señaló el secretario de Gobierno, Fernando Manzanilla Prieto y agregó que con pluralidad e inclusión es posible la transformación. En su declaración tácitamente aceptó que concediéndole voz al pueblo se le incluye en los proyectos gubernamentales. Manzanilla muestra así el respeto que el artículo 8 constitucional (derecho de audiencia o petición) le merece.

Es plausible su sensibilidad. No tenerla significaría caer en la tentación del absolutismo, donde el gobernante cree saber lo que el gobernado necesita, sin tener la mínima idea de lo que le sucede.

Los problemas sociales estudiados por especialistas, históricamente han generado víctimas entre la población. Vale la pena mencionar algunos de esos problemas: riesgos previsibles, corrupción, marginación, discriminación, delincuencia, adicciones, pobreza, inseguridad, incultura sobre legalidad.

Las víctimas saben que el servidor público que les atiende sin escucharlos, respetarlos, ni tomarlos en cuenta tiene en sus manos la solución y no la aplica. Conocen las mañas, vicios, omisiones y corruptelas de los encargados de impartir justicia, regular normas y prevenir delitos. No ignoran que la solución está en la aplicación radical del programa Funcionarios que Funcionen.

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Como víctima de negligencia médica e impunidad de instituciones, fui doblemente vulnerado. Primero, por mi agresor: el doctor Alfonso Pedraza Aguilera. Después, por las autoridades, que lejos de brindarme protección y seguridad, cometen actos de omisión, simulación, corrupción, dilación y tráfico de influencias. Todo, a pesar de que existen pruebas que demuestran las infracciones y delitos cometidos por el ortopedista.

Respetuosamente pido a la autoridad que resuelva, con apego a derecho, la irregular atención que el sistema judicial y la Dirección de Regulación Sanitaria han prestado a mi denuncia penal y al trámite administrativo ante el sector salud, respectivamente.

Antecedentes de la irregularidad judicial: dilación en el envió del proceso penal 149/2010, correspondiente a la averiguación previa 4634/2007/NORTE, al Juzgado Penal 1 de Puebla. La documentación fue atraída en el Ministerio Público Mesa 4 Norte, por el director de Agencias de Ministerios Públicos Zona Metropolitana Norte en Puebla, Guillermo Arsención Serna. Una vez que las partes en conflicto renunciamos a la mediación ordenada por el Juzgado Décimo Primero de Distrito, que amparó (139/2011) a Pedraza Aguilera “únicamente” para que se repusiera el proceso de mediación, omitido por seis agentes ministeriales. No existe ningún motivo legal para que no se regrese el expediente al juzgado de origen, continuando con el proceso penal. Sin embargo, el tiempo transcurre y sin explicación se continúa protegiendo al acusado, lo que impide que el expediente se turne al juez, quien deberá de dictar la sentencia procedente. Es imperativo que la autoridad de procuración de justicia ordene la continuación del proceso penal sin más dilación, para terminar con la protección e impunidad que la autoridad ministerial ha otorgado a Pedraza Aguilera durante los últimos cinco años.

Antecedentes de la irregularidad en la Dirección de Regulación Sanitaria: presenté ante la Dirección de Regulación Sanitaria, en Puebla, una solicitud para que se requiriera al doctor Pedraza Aguilera la historia clínica en consulta externa (que estaba obligado a elaborar de conformidad con la NOM168-SSA1-1998) “del expediente clínico”. He demostrado documentalmente que el ortopedista no cumplió con la elaboración del documento. La Dirección de Regulación Sanitaria ha recibido de éste dos distintas versiones de historia clínica que demuestran que mi acusado ha burlado al personal de Regulación con información apócrifa, sin que el órgano encargado de que se cumplan las normas oficiales mexicanas en materia de salud dé muestras de que va a aplicar la sanción que corresponde al infractor por ley. Lo anterior, a pesar de que han transcurrido 15 meses desde que inicié mi trámite. Recordemos que la medicina es prevención, la cual se logra al vigilar el cumplimiento de las normas en materia de salud.

Solicito a las autoridades, a quienes he dirigido la presente, investiguen mis denuncias. Esta es una forma de retroalimentarse de lo que sucede en un caso que, aunque resulte común, se replica diariamente debido a la ineficiencia e indiferencia de algunos “funcionarios que no funcionan”.

Puebla camina por nuevos rumbos. Confiando en eso espero una solución justa y expedita a las denuncias referidas. Estoy a su disposición para presentar las pruebas documentales de lo expresado en la presente, al acudir de inmediato a las citas que ustedes consideren necesarias.

Me despido, recordando que la corresponsabilidad ciudadana en la problemática existente sólo es posible bajo el marco de diálogo y audiencia.

Gustavo Adolfo Vargas González San Andrés Cholula, Puebla CONTRALÍNEA

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DEFENSOR DEL PERIODISTA

Continúan inquisiciones judiciales contra Contralínea Álvaro Cepeda Neri*

o cesan los homicidios contra periodistas por todo el país. El de Miguel Ángel López Velasco (experto en temas de seguridad y narcotráfico, columnista del diario Notiver), quien fue asesinado junto con su esposa Agustina Solana y su hijo Misael, por un comando armado que entró por la fuerza a su casa, en el puerto de Veracruz, la madrugada del 20 de junio de 2011, a lo que el desgobernador Javier Duarte permanece indiferente; o el secuestro-desaparición de Marco Antonio López Ortiz, jefe de Información del periódico Novedades de Acapulco (que se distribuye en Guerrero), el 7 de junio de 2011, en el bar Dos Arbolitos, en Acapulco de Juárez. Hecho que también ha dejado en el olvido el desgobernador de filiación perredista-panista, Ángel Aguirre Rivero, aliado de Marcelo Ebrard, jefe del gobierno del Distrito Federal. Ambos son asesorados por el exsalinista y expriísta religiosamente fanatizado, Manuel Camacho, para seguir consumando la traición a Andrés Manuel López Obrador.

En Sonora, de Eduardo Bours Castelo a Guillermo Padrés Elías (exgobernador y actual mandatario de la entidad, espectivamente) cortados por la misma tijera de la corrupción, ya dejaron sin resolver la desaparición y ejecución de Alfredo Jiménez Mota (levantado el 2 de abril de 2005), periodista del diario El Imparcial de Hermo-sillo y que con el arribo de los panistas el gobierno se ha convertido en el parcial a esos intereses religioso-políticos.

Y todas las inquisiciones judiciales, en la forma de demandas civiles contra periódicos y sus editores se suman a las amenazas cumplidas de los delincuentes para impedir la información sobre éstos. De esta manera las libertades de

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prensa están acosadas, de tal forma que son ya cientos de trabajadores del periodismo a los que han privado de la vida, libertad y, de paso, impuesto la censura.

Empresarios y funcionarios que quieren censurar la información, sobre todo la que se genera dentro y fuera de Petróleos Mexicanos (Pemex), respecto a la voracidad de quienes desde el sector privado la tienen sitiada para seguir con sus intentos de privatizarla con el visto bueno del panismo-calderonista. Ahora, todos a una (como en el levantamiento histórico del pueblo de Fuenteovejuna, en 1476, y que el dramaturgo español Félix Lope de Vega y Carpio perpetuó en su drama teatral del mismo nombre) funcionarios y empresarios que han sido objeto del derecho a la información se han unido en una complicidad anticonstitucional al atacar las libertades de escribir y publicar sobre cualquier materia e infringen la jurisprudencia vigente para que la revista Contralínea deje de publicar investigaciones periodísticas e impedir que esa información circule en el contexto de análisis y críticas a su desempeño depredador.

El semanario sigue en la mira de esa complicidad, ya que el panismo (antes foxista hoy calderonista) ha fomentado la integración del sector público al privado con sus propósitos perversos de que en el mercado libre… ¡libre de controles y entramado jurídico para regular y sancionar los excesos empresariales!, sólo tengan cabida los intereses creados del sector privado. Pero como Contralínea acata no recibir “línea” y afianzarse en su hacer y quehacer periodístico sin cortapisas, insiste en exhibir a través de la información veraz y contrastada, cómo los empresarios despojan a Pemex y otros organismos como los institutos Mexicano del Seguro Social, de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, la Lotería Nacional, Pronósticos Deportivos, etcétera. Esos

funcionarios y hombres de presa se han dedicado a fincar inquisiciones judiciales a Contralínea, en la que sus reporteros publican investigaciones para el conocimiento de la opinión pública, la cual debe de estar informada con la máxima libertad de expresión constitucional.

Los órganos judiciales del Distrito Federal y de algunas entidades, tienen no denuncias civiles contra la revista, sino auténticas inquisiciones judiciales que jueces y magistrados de jure deberían de declarar improcedentes; pero sospechosamente les dan entrada para fijar procedimientos civiles con la mira de quebrarla con indemnizaciones a funcionarios y empresarios (e incluso a quienes demandan un pago por daño moral, como el caso contra el historiador y académico Lorenzo Meyer Cosío).

Contralínea sigue sufriendo los embates judiciales, no obstante que constitucionalmente “la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial” y de que “es inviolable la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquier materia”. Empero, funcionarios y empresarios que tienen a su servicio órganos judiciales decretan sanciones contra este semanario y no dejan de tener sobre éste la espada de Damocles como un peligro que amenaza de manera continua la libertad de prensa.

Se pretende, pues, intimidar a sus periodistas con inquisiciones judiciales y sanciones de inquisición administrativa, de pagos por dizque daño moral con la finalidad de que deje de publicarse. Pero no lograrán este cometido, pues antes recurrirá la revista a instancias internacionales si los órganos judiciales mexicanos insisten en dar cabida a las amenazas empresariales y de funcionarios de Felipe Calderón.3 *Periodista CONTRALÍNEA

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CARTÓN

Modelo de izquierda

CONTRALÍNEA

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11

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OPINIÓN

El drama del empleo, herencia del panismo Marcos Chávez M*

A

l margen de quien resulte ganador en las próximas elecciones presidenciales, el desastre laboral que le transferirá Felipe Calderón será un problema incómodo, que de no enfrentarse adecuadamente agravará la descomposición social, la inseguridad del país y el descontento de la población, con sus consecuentes efectos perniciosos para la estabilidad económica y política.

El drama del mercado laboral no se reduce a la imposibilidad estructural de la economía para generar los empleos formales anualmente requeridos, debido al estancamiento económico que priva desde 1983 hasta la fecha, y que se agudizó durante el calderonismo, el nuevo perfil de la estructura productiva integrada a la economía mundial y la política económica que centró sus esfuerzos en el control de la inflación sobre el crecimiento. También involucra a la precarización de las escasas plazas laborales creadas; la preeminencia de la temporalidad a la estabilidad; la falta de contratos, servicios médicos y otras prestaciones; bajos salarios nominales pagados o sin remuneraciones; el drástico deterioro de los ingresos reales de las

mayorías como consecuencias del control asociado a políticas desinflacionarias y la reducción de costos de producción; la proliferación del autoempleo y de micro y pequeñas empresas, de las actividades terciarias de baja productividad y de futuro incierto; la privatización de la seguridad social; el desempleo abierto; la informalidad; y las personas que han dejado de buscar una ocupación. Los flujos migratorios de las zonas rurales a las urbanas o hacia Estados Unidos, los altos índices de delincuencia o de las personas que padecen hambre no son más que otras manifestaciones del deterioro del mundo laboral.

Esa situación se ha enturbiado merced a las sistemáticas violaciones de las leyes laborales por empresarios y autoridades encargadas de garantizarlas, que llegó al paroxismo con el extitular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano Alarcón, tarea facilitada por la debilidad de organizaciones de trabajadores, ya sea por las limitadas nuevas contrataciones, pérdida de afiliados, subcontratación o por honorarios, el temor al desempleo, la persecución que han sufrido, desmantelamiento, persecución y destrucción, así como la expansión del sindicalismo patronal.

El problema es que ese escenario es un componente de la naturaleza de políticas de corto plazo y reformas estructurales neoliberales, en

particular de la llamada “flexibilidad” laboral.

Un modelo de desarrollo socialmente incluyente, que anteponga el bienestar de la sociedad como razón de Estado, debe de contener varios elementos básicos: recuperar el crecimiento sostenido a largo plazo a tasas de crecimiento real anual de al menos 6 por ciento, para generar los empleos requeridos e iniciar la reabsorción de los marginados del mercado laboral, lo que implica modificar la estructura productiva, recuperar la intervención activa del Estado, impulsar el mercado interno y modificar la apertura externa y la participación de México en la economía mundial; incrementar anualmente los salarios por encima de la inflación, con el objeto de revertir la pérdida de su poder de compra real iniciada en 1976; restablecer las conquistas laborales de los asalariados consagradas en la Carta Magna y las leyes secundarias; un nuevo pacto entre asalariados, empresarios y el Estado, al respetar los intereses de ambos sectores sociales y de acuerdo con las necesidades de la producción, es decir, desechar la “flexibilidad” laboral (que sólo ha servido para aumentar las ganancias de los grandes empresarios a costa de la pobreza y miseria de las mayorías).

Cualquiera de los candidatos presidenciales que proponga mantener el proyecto neoliberal y llevar adelante la contrarreforma laboral, bajo el falaz argumento de que así se mejorará el nivel del empleo y bienestar, sólo está engañando a los trabajadores, ya que en todos los lugares donde se han aplicado, han sido ellos los principales perjudicados.

La información disponible ofrece los elementos necesarios de lo que ha sido el panorama laboral durante el gobierno calderonista y del panismo. Entre 2007 y 2010, se necesitaron 1 millón 357 mil empleos nuevos en promedio anual, 6.9 millones de manera acumulada. De

Calderonato: El Empleos creados y déficit, 2007-2011 El calderonato: dramarequeridos, del empleo, desempleo, informalidad Desocup + Informales + disponibles

% ocupados

Ocupados Total

Asalariados

% ocupados

Con percepciones no salariales

% ocupados

Trabajadores por cuenta propia

% ocupados

Trabajadores no remunerados

% ocupados

Sin servicios de salud

% ocupados

Desocup

Anterior contabilidad

2007 2008 2009 2010

18,337 18,738 20,548 20,618

42.6 43.1 47.0 46.7

43,057 43,517 43,678 44,144

26,142 26,842 26,737 27,503

60.7 61.7 61.2 62.3

2,109 2,091 2,030 2,019

4.9 4.8 4.6 4.6

2010 2011

21,372 22,197

46.9 47.6

45,600 46,609

28,222 28,791

61.9 61.8

2,077 2,051

4.6 4.4

9,649 9,588 10,079 9,726

22.4 22.0 23.1 22.0

3,005 2,956 2,903 2,915

11.5 11.0 10.9 10.6

27,112 27,354 27,950 28,207

63.0 62.9 64.0 63.9

1,65 1,80 2,52 2,52

11.0 10.5

29,451 30,012

64.6 64.4

2,57 2,56

Nueva contabilidad basada en el censo de 2010

12

26 DE FEBRERO DE 2012

10,156 10,520

22.3 22.6

3,098 3,017

CONTRALÍNEA

% pados

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Calderonato: Empleos requeridos, creados Calderonato: Empleos requeridos, creadosy ydéficit, déficit,2007-2011 2007-2011

4,171 Miles 8,400de personas 8,000 7,600 7,200 6,800 6,400 6,000 5,600 5,200 4,800 4,400 4,000 3,600 3,200 2,800 2,400 1,357 2,000 1,600 1,200 800 400 0

8,139

Requeridos Trabajos asalariados remunerados creados Déficit de empleos formales

1,357

681 676

1,462

1,357 700

4,958

1,357

1,357

766

656

590

1,357

1,357 570

787

570

787

3,181 530

826

-105 2007

2008

2009

éstos, cada año se ocuparon como asalariados subordinados y remunerados apenas 525 mil, lo que suma 2.6 millones (casi el 40 por ciento del total). El resto, 834 mil personas anualmente, 4.2 millones en cinco años, se vieron obligados a buscar diversas formas de supervivencia.

Unos laboraron pero no recibieron ingresos, otros obtuvieron percepciones no salariales o se ocuparon por su cuenta en el mercado formal (en su mayoría en las peores condiciones de trabajo). El resto quedó desempleado, se incorporó a la informalidad o simplemente vegeta a costa de su familia o, en el peor de los casos, se dedica a la delincuencia. Durante el sexenio de Calderón se demandarán 8 millones y sólo tendrán suerte de encontrar algo 3.2 millones. En el panismo (2001-2012) se requerirán alrededor de 13 millones y poco más de 7 millones se quedarán a la vera del camino.

La suerte de aquéllos que han encontrado empleo en el mercado laboral formal es relativa: el 64 por ciento se vieron ocupados a emplearse sin prestación de servicios de salud y con ingresos cada vez más precarios. En 2007 habían 46.6 millones de ocupados en promedio.

De éstos sólo el 8.5 por ciento (cada vez menos,

2010

2011

2012

porque en 2007 equivalían al 12 por ciento) 3.9 millones recibieron ingresos mayores a cinco veces el salario mínimo. Los demás, junto con sus familias, no alcanzan a cubrir sus necesidades elementales (alimentación, salud, vestuario, educación o vivienda, entre otros). Peor aún, el 65 por ciento, 30 millones, no percibieron ingresos o sólo hasta tres veces el salario mínimo, lo que los condena a sobrevivir en la miseria y la pobreza extrema. La mayor parte de los empleos generados se ubican entre una y dos veces el salario mínimo.

La historia de los asalariados subordinados remunerados, 30 millones en promedio, reproduce la historia anterior. De éstos, 16 millones, el 53 por ciento, tiene acceso a los servicios de salud; 19 millones, el 60 por ciento, a prestaciones laborales; 13 millones, el 49.3 por ciento, tiene planta o contrato indefinido; la mitad trabaja una jornada laboral formal (35-48 horas semanales); y sólo 2.8 millones ganan más de cinco veces el salario mínimo. El resto sobrevive como puede.

Junto a las 46.6 millones de personas ocupadas que había en 2011, existían 4 millones de subocupados, equivalentes al 9 por ciento de

promedio anual 2007-2012 acumulados 2007-2012

los ocupados; 2.6 millones desempleados; 13.4 millones de informales, casi el 30 por ciento de los ocupados (al inicio del calderonismo eran 11.6 millones); y 6.2 millones de personas que desistieron de buscar un trabajo por considerar que no lo encontrarían. Los desocupados, los informales y los que ya no buscan empleo suman 22 millones, el 47 por ciento. Es decir que por cada dos ocupados uno se encuentra en la condición señalada. Al inicio del sexenio eran 18 millones.

En términos de los salarios reales sólo basta decir que los mínimos han perdido el 78 por ciento de su poder de compra que tenían en 1976, y los contractuales la mitad, equivalente al de finales de la década de 1940. En el cuadro y la gráfica anexos se ofrece una información más detallada de la situación del mercado de trabajo en el calderonismo.

De los candidatos a la Presidencia, los de los partidos Revolucionario Institucional y Acción Nacional, respectivamente, nada tienen que ofrecerle a los trabajadores, más que una sobredosis.3 *Economista

Trabajadores asalariados subordinados Desocupados

% de la PEA

subocupados

% de los ocupados

informales

Total

Sin serv. De salud y no especificados

Disponibles

% del total

Sin prestaciones sociales y no especificados

% del total

Contrato de base, planta o por tiempo indefinido

% del total

3.0 2.9 4.0 3.9

1,655 1,801 2,521 2,520

5.3 5.6 7.7 7.6

3,091 2,980 3,978 3,794

7.2 6.8 9.1 8.6

11,643 11,865 12,320 12,416

5,039 5,072 5,707 5,682

2007 2008 2009 2010

28,251 28,933 28,767 29,522

12,654 13,101 13,362 13,891

44.8 45.3 46.4 47.1

10,838 11,218 11,410 11,875

38.4 38.8 39.7 40.2

12,432 12,694 12,503 12,688

44.0 43.9 43.5 43.0

4.6 4.4

2,572 2,561

5.3 5.2

3,945 4,012

8.7 8.6

12,856 13,432

5,944 6,204

2010 2011

30,299 30,843

14,457 14,572

47.7 47.2

12,380 12,287

40.9 39.8

12,821 13,297

42.3 43.1

Fuente: Elaborado con datos del Inegi

Fuente: Elaborado con datos del Inegi Fuente: Elaborado con datos del Inegi.

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OPINIÓN

Sabines: lo bueno y lo malo Edgar González Ruiz*

L

a gestión de Juan Sabines Guerrero, gobernador de Chiapas, desafía los criterios éticos y las clasificaciones políticas.

Asumió el cargo en 2006, como abanderado del Partido de la Revolución Democrática, en plena época de efervescencia popular contra el fraude que llevó a Felipe Calderón a la Presidencia, pero apenas llegó al poder dio la espalda a los ideales democráticos para apoyar al mandatario espurio.

A lo largo de su administración ha desplegado un impresionante aparato mediático que promueve un verdadero culto a su personalidad, pero independientemente de ello, también ha puesto en práctica importantes programas sociales que desafían las tendencias neoliberales y que le han granjeado simpatías en sectores populares.

Su saña contra sus adversarios políticos, comenzando por su predecesor Pablo Salazar Mendiguchía, actualmente en prisión, llega a niveles increíbles: muchas personas han denunciado persecuciones políticas por parte de su gobierno.

A esto hay que sumar su cercanía con sectores reaccionarios, como la jerarquía católica, precisamente en momentos en que hace falta una vigorosa defensa del Estado laico en nuestro país.

Perredista, panista y católico

que el 16 de febrero pasado, ante las cámaras del Canal 10 de la televisión estatal hablaba del “cariño” que el “presidente de la República tiene por Chiapas”.

A más de cinco años de iniciado su mandato, algunos de sus principales críticos provienen de la izquierda, mientras que varios de sus más ardientes apologistas militan en el Partido Acción Nacional (PAN).

Así, en 2011, el presidente del Comité Directivo Estatal del PAN, Carlos Alberto Palomeque Archila se refirió obsequiosamente a la “calidad y sentido humanista del gobernador Juan Sabines Guerrero” (semanario Impacto de Chiapas: http://impactodechiapas.com/estatales/atinada-politica-humanista-del-gobernador-juan-sabines-guerrero-afir ma-carlos-alberto-palomeque-archila/), mientras que el 14 de febrero pasado, en el noticiario estatal de televisión TV Noticias, la diputada panista Claudia Orantes, con entusiasmo, lo elogiaba y felicitaba por “empoderar, como ningún otro gobernador, al pueblo chiapaneco”.

Otro aspecto muy cuestionable de su gestión es la ostensible falta de respeto hacia el Estado laico y su deseo de congraciarse con la jerarquía católica local, aunque no sea para bien de los chiapanecos.

Cada año, él y su esposa se reúnen con los cinco obispos de Chiapas, y, en agosto de 2011, Sabines, junto con otros funcionarios de su gobierno, fue a rendir homenaje al beato Juan Pablo II, así como al arzobispo de Tuxtla, Rogelio Cabrera. “Éstos fueron los desmesurados elogios con que se refirió al papa y al arzobispo: “…Todos los seres humanos admiramos a Juan Pablo II […] Indiscutible promotor de la democracia [?] en todo el mundo, todos lo admiramos y lo

Nacido en Tepetlaoxtoc de Hidalgo, Estado de México, el 20 de agosto de 1968, Juan Sabines Guerrero es hijo del exgobernador de Chiapas, Juan Sabines Gutiérrez, quien gobernó de 1979 a 1982, y sobrino del escritor Jaime Sabines.

Ha hecho parte de su trayectoria académica en instituciones confesionales, como la Universidad Iberoamericana, donde cursó ciencias políticas y administración pública, y el Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana, donde estudió doctrina social de la Iglesia.

En 2000, fue presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Tuxtla Gutiérrez; en 2001, diputado local; y en 2004, ese partido lo llevó a ocupar dicha alcaldía.

Hasta 2006, fue integrante del PRI al que abandonó para convertirse en candidato al gobierno estatal por la Coalición por el Bien de Todos, fuerza que encabezaba Andrés Manuel López Obrador.

No obstante, después de las elecciones estatales Sabines se apresuró a congraciarse con Calderón y ofrecerle su apoyo.

Incluso pretendía ponerle “Felipe Calderón Hinojosa” a una calle de la capital chiapaneca, de lo que desistió luego de que En agosto de 2011, Sabines, junto con otros Calderón canceló su visita a la entidad, según trascendió a principios de este año. funcionarios de su gobierno, fue a rendir Empero, Sabines continúa seguido moshomenaje al beato Juan Pablo II trando una actitud sumisa hacia éste, de suerte 14

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En la plaza central de Tuxtla Gutiérrez pueden recabarse numerosos testimonios de ancianos que han recibido apoyo económico o de vivienda o gente de escasos recursos a la que se ha ayudado a iniciar algún pequeño negocio. Pero también abundan las denuncias de críticos y opositores que han sido víctimas del hostigamiento del gobierno estatal respetamos” y en nombre de “todo el pueblo” también expresó admirar al prelado de Tuxtla (http://www.youtube.com/watch?v=IFiXiRgobEE).

Como parte de su idilio con el clero, en octubre de 2011, Sabines le devolvió un edificio del siglo XVIII, ubicado en San Cristóbal, que le fue confiscado desde la época de la segunda Guerra Cristera, en la década de 1930 (La Jornada, 17 de octubre de 2011).

Símbolo del poder de la jerarquía católica bajo el gobierno actual es la monumental escultura de más de 60 metros, denominada el Cristo de Chiapas, erigida en el mirador de Copoya, promontorio aledaño a Tuxtla Gutiérrez.

La idea es similar a la que se ha puesto en práctica en Torreón, Coahuila, donde el gobierno y empresarios han procurado convertir la escultura llamada Cristo de las Noas (también construida en un cerro cercano a la urbe) en un símbolo que identifique al catolicismo como elemento definitorio de la ciudad.

Beneficios y persecuciones Con bombos y platillos y de manera por demás insistente, los medios estatales proclaman los beneficios de las políticas sociales de Sabines, y en muchos casos tienen razón; en la plaza central de Tuxtla Gutiérrez pueden recabarse numerosos testimonios de ancianos que han recibido apoyo económico o incluso de vivienda o gente de escasos recursos a la que se ha ayudado a iniciar algún pequeño negocio. Pero también abundan las denuncias

de críticos y opositores que han sido víctimas del hostigamiento del gobierno estatal.

El caso más conocido es el del exgobernador Pablo Salazar, encarcelado por el gobierno de Sabines desde junio de 2011. En su momento, el periodista Miguel Ángel Granados Chapa comentó: “El cuervo creado por Salazar Mendiguchía está sacándole los ojos” (Miguel Ángel Granados Chapa, “Pablo Salazar y la venganza política”, Proceso en línea, 22 de junio de 2011).

Al encarcelamiento de Salazar ha seguido el de muchos otros de sus excolaboradores e incluso de parientes, como su cuñado José Luis Paulín Palma, detenido en febrero de este año, bajo la extravagante acusación de haber montado en su casa un centro de “espionaje” para ponerlo al servicio del exgobernador hoy recluido en el Centro de Readaptación Social número 7, en la ciudad de Huixtla.

La represión ha afectado también a muchos otros de sus críticos y adversarios: el penalista Horacio Culebro Borrayas, quien fuera encarcelado en 2010, luego de que se opuso exitosamente a una reforma electoral promovida por Sabines, con la que se pretendía evitar las elecciones de ese año, dejar a los diputados en sus puestos y permitir que el gobernador designara a los alcaldes. Finalmente, el famoso abogado fue liberado en junio de 2011.

Otro de los perseguidos políticos ha sido el priísta José Antonio Aguilar Bodegas, quien en 2006 fuera candidato a la gubernatura del estado.

Por su parte, periodistas críticos como Isaín Mandujano, corresponsal de Proceso, y Ángeles Mariscal Pioquinto, excorresponsal de La Jornada, han denunciado agresiones y campañas de acosamiento mediático por parte del gobierno sabinista.

En todos los casos la represión sigue burdos mecanismos, como el de inventar acusaciones judiciales disparatadas para encarcelar a disidentes por supuestos delitos comunes, lanzar campañas de linchamiento mediático o ejercer presiones para despojarlos de sus funciones o empleos. *Filósofo; especialista en estudios acerca de la derecha política en México

La represión sigue burdos mecanismos, como el de inventar acusaciones judiciales disparatadas para encarcelar a disidentes por supuestos delitos comunes, lanzar campañas de linchamiento mediático o ejercer presiones para despojarlos de sus funciones o empleos CONTRALÍNEA

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OPINIÓN

El derecho a la igualdad y la no discriminación en México Ana Luisa Nerio Monroy*

E

n medio de las numerosas violaciones a los derechos humanos, hay una que se presenta de manera cotidiana; a veces es imperceptible y otras, escandalosa: la discriminación. La Carta Magna en el artículo primero, conforme a la reforma del 11 de junio de 2011, prohíbe toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, de salud, religión, opiniones, preferencia sexual, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades humanas.

Tanto el concepto de discriminación como los instrumentos internacionales que la prohíben han evolucionado con los años. En 1969, la Convención

La realidad revela que la discriminación es algo que existe, que muchos conocemos y con la que de una u otra forma nos hemos topado, pero que está tan “naturalizada” que no nos damos cuenta de que discriminamos o somos objeto de la discriminación Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial se centraba en la discriminación por motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico. Con los aportes de otras convenciones y leyes que protegen a distintos grupos de población –si se añade la reflexión y construcción teórica, académica y de la sociedad civil–, la forma en que conceptualizamos la discriminación se ha transformado. La Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación (2003) toma en cuenta, además, la discriminación por sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencia sexual, estado civil o cualquier otra que tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de derechos e igualdad real de oportunidades. La Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación en el Distrito Federal (2011), amplía aún más el concepto y señala que en la capital del país se pro16

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híbe toda negación, exclusión, distinción, menoscabo, impedimento o restricción de alguno de los derechos humanos individuales, grupos y comunidades en situación de discriminación. La discriminación, de acuerdo con esta Ley, es imputable a personas físicas o morales o entes públicos con intención o sin ésta, dolosa o culpable, por acción u omisión. Entre las razones por las que nadie puede ser discriminado, (además de las ya mencionadas) la Ley del Distrito Federal añade el género, identidad indígena, expresión de rol de género, condición jurídica, apariencia física, características genéticas, opiniones políticas, académicas o filosóficas, identidad o filiación política, orientación o preferencia sexual, estado civil, forma de pensar, vestir, actuar, gesticular, tener tatuajes o perforaciones corporales o cualquier otra que tenga por efecto anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio de derechos y libertades fundamentales y la igualdad de las personas.

Si bien este marco legal puede ser un avance, la realidad revela que la discriminación es algo que existe, que muchos conocemos y con la que de una u otra forma nos hemos topado, pero que está tan “naturalizada” que no nos damos cuenta de que discriminamos o somos objeto de la discriminación. En ésta hay relaciones de poder porque generalmente se discrimina a quien por alguna característica o situación se encuentra en desventaja. Es una especie de enemigo invisible, silencioso que nos acecha en todas las etapas de nuestra vida: cuando somos niños porque se nos ve como propiedad de los padres; cuando somos jóvenes porque se nos considera inmaduros o porque en la construcción de nuestra identidad vestimos o hablamos de un modo particular e incluso se nos ve como potenciales criminales; y cuando somos adultos mayores porque en una sociedad de consumo, que privilegia la productividad y eficiencia, resultamos un estorbo.

La discriminación también la vivimos por otras características. Muchos hemos escuchado o vivido historias acerca de maltrato, insulto o negación de un servicio porque nuestra apariencia física no encaja con la concepción de lo “normal” o lo que los estándares de belleza o de la “buena presentación” dictan en la sociedad o en la mentalidad de la persona que nos discrimina. Tener tatuajes o perforaciones es en muchos casos motivo de rechazo. Ser mujer es en sí CONTRALÍNEA

Manrique

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misma una característica por la que se discrimina en los ámbitos del hogar, escuela, política, laboral y en el acceso a oportunidades de todo tipo. El feminicidio es un ejemplo de violencia extrema que tiene como base la discriminación por género, pero los abusos y maltratos que sufren mujeres como las trabajadoras domésticas demuestran que la discriminación abarca varias características: situación económicasocial, origen étnico (un gran número son indígenas) y edad, la mayoría son muy jóvenes, algunas incluso niñas. En México, la discriminación, la intolerancia y la consideración de la diversidad sexual como una amenaza social han alcanzado un nivel vergonzoso que se materializa en crímenes de odio por homofobia. Disfrazados como “crímenes pasionales”, estos crímenes por preferencia u orientación sexual son una expresión de extrema violencia y discriminación que viven día a día el grupo de población conformado por lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgéneros, travestistas e intersex. Entre 1999 y 2009, se registraron 640 homicidios por homofobia en 11 entidades de la república, aunque una investigación del Colegio de México, AC (institución pública, de carácter universitario, dedicada a la investigación y enseñanza superior), indica que esas cifras están por debajo de la realidad: recopiló datos de 1 mil 656 crímenes por homofobia.

En cuanto a las personas con alguna discapacidad, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía reporta que en México (datos de 2000) hay poco más de 814 mil personas con alguna discapacidad motriz; 290 mil viven con discapacidad mental; y 281 mil con discapacidad auditiva. Entre otros problemas, se enfrentan a la falta de infraestructura para el acceso físico en vías de comunicación e instalaciones públicas, lo que implica una forma de impedir, limitar o negar servicios y derechos. También padecen la insensibilidad, rechazo y violación de sus derechos por parte de familiares, cuidadores y autoridades, y a la falta de macos legales adecuados que los protejan.

CONTRALÍNEA

En días pasados, el Estado mexicano presentó su informe de avances y cumplimiento de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas la Formas de Discriminación Racial ante el Comité de la Organización de las Naciones Unidas contra la Discriminación Racial. Éste expresó su preocupación por la falta de garantías en el debido proceso de personas indígenas, ya que la falta de intérpretes y traductores limita de manera grave su derecho a un juicio justo. Organizaciones civiles de derechos humanos que presentaron informes alternativos ante el Comité, señalaron que la discriminación hacia pueblos y comunidades indígenas se manifiesta también en las condiciones de pobreza y marginación extremas en las que viven, ya que tienen acceso limitado a servicios básicos y a la justicia; sufren ataques al defender sus derechos por parte de militares, caciques o grupos de poder que actúan en la impunidad.

También señalaron que los migrantes padecen de discriminación mediante extorsión, malos tratos, secuestro, violación, asesinato y reclutamiento forzoso por bandas delictivas.

Lograr que todas las personas gocen sin distinción de todos los derechos humanos, entre éstos el derecho a la igualdad y la no discriminación es un trabajo y compromiso que enfrenta grandes obstáculos, prejuicios y barreras culturales arraigadas en las prácticas sociales de todo el país.

Existen organismos públicos especializados en la materia como los consejos Nacional para Prevenir la Discriminación y para Prevenir y Erradicar la Discriminación en el Distrito Federal, a los que será importante acercarnos y dar seguimiento a su trabajo. Como sociedad tenemos también una tarea importante por desarrollar. El cambio cultural a favor de la no discriminación es una labor de todos los días y de resultados en el mediano y largo plazo. El esfuerzo sin duda valdrá la pena.3 *Coordinadora general del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, OP, AC 26 DE FEBRERO DE 2012

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OPINIÓN

Insuficiente, nueva medición de la pobreza Aurelio Morales Posselt*

urante las últimas semanas los diarios destacaron los resultados del estudio del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). De acuerdo con éste la pobreza multidimensional ha aumentado en México de 48.8 millones de personas en 2008, a 52 millones en 2010, es decir que en sólo dos años 3.2 millones de personas pasaron a ser oficialmente pobres multidimensionales. Ésta es la nueva denominación que se añadió a la pobreza, al crear nuevos modelos de medición en cuyo diseño participan expertos, pero no los que son evaluados, solamente se les indica que tan pobres son. ¿A qué se refiere el término multidimensional?

Desde hace ocho años, dada la promulgación de la Ley General de Desarrollo Social, oficialmente se incorporaron los derechos económicos, sociales y culturales a la estrategia de medición de pobreza. También se consideran los avances de programas sociales para cumplir esos derechos (independientemente del ingreso económico con que cuenta cada familia). Se mide, por un lado, el acceso a la educación, seguro social, piso firme, agua, alimentación, etcétera; y, por el otro, el ingreso económico familiar. Por ejemplo, si una persona es privada de un derecho social y del ingreso económico necesario para satisfacer sus necesidades, se le considera dentro del conjunto de pobreza multidimensional. También se estima cuando coinciden las carencias de más de tres beneficios sociales e ingreso menor al costo de la canasta básica (11.2 millones de personas en 2008, de acuerdo con esta medición oficial).

Si bien es cierto que no hay que menospreciar este esfuerzo por optimizar las estrategias de medición de pobreza y reconocer el esfuerzo que implica, es necesario señalar algunas con-

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sideraciones desde el ámbito integral de los derechos humanos y, sobre todo, de los sociales. La primera de éstas (reconocida por el Coneval) es la imposibilidad de comprobar la calidad de un servicio social que se considera cumplido. La estrategia de medición, por razones de costos y practicidad, requiere medir el cumplimiento de los derechos económicos, sociales y culturales desde una lógica binaria, es decir, se cumplen o no. El derecho a la salud, por ejemplo, se considera efectuado cuando una persona cuenta con seguro médico, y no cumplido cuando no existe afiliación alguna. Si el servicio médico brindado por una institución de salud es limitado, eso ya no queda registrado como una carencia.

Otro problema es que este tipo de estrategias de medición pueden ser utilizadas como una herramienta política. Puede darse el caso de que algunos funcionarios al saber cuál es la carencia que más destaca en una entidad, enfoquen los programas sociales para agudizarla o inhibirla, de acuerdo con las conveniencias del erario, su bolsillo y, también muy importante, su imagen.

Consideremos –aunque sea sólo como una suposición– que el buen o mal uso de los datos que provee el Coneval no son su responsabilidad y que existe una verdadera vocación de servicio social en quienes lo dirigen (tanto interna como externamente). Aun así persiste una dificultad: la constancia de definir la pobreza desde fuera y sólo al considerar su cara material. Se ha pretendido agregar los derechos económicos, sociales y culturales a la medición de calidad de vida, pero en realidad no todos éstos están tomados en cuenta, sino sólo los que se pueden cuantificar económicamente o como una aportación concreta y directa del gobierno (programas de vivienda, salud, educación). Esta estrategia de medición deja fuera todos los derechos que, si bien, son observables no son cuantificables. Entre éstos uno que parece ser olvidado por las autoridades (pero reconocido en tratados interna-

cionales): el derecho a la libre determinación de los pueblos y con éste todo un conjunto de derechos que son más de percepción interna (o de altos costos de medición) que de observación externa, como el derecho a vivir en un ambiente sano y en paz, a la vivienda y a la alimentación adecuada, a la no discriminación, a ser consultados, a la información y varios más.

El Coneval mide la constancia con que una familia se alimenta, pero no la calidad del alimento ni la penetración de la comida chatarra en su dieta; considera si la vivienda cuenta con acceso al agua, pero no su calidad, no considera el efecto tóxico de los desechos industriales en ríos y aire; toma en cuenta la distribución territorial, pero no los desplazamientos forzados (cada vez más comunes en México y en el mundo por la construcción de mega proyectos). Mucho menos los efectos negativos que los programas sociales originan, como la corrupción, escisiones y enfrentamientos entre integrantes de comunidades, pérdida de la identidad social, asistencialismo. En fin, existe una estrategia integral de conteo, pero ninguna para atender la primera demanda del excluido: ser escuchado.

Los estudios del Coneval son importantes para el avance en el combate a la pobreza y el respeto de los derechos económicos, sociales y culturales; y es innegable el beneficio que aportan los programas sociales a millones de mexicanos; sin embargo, mientras las estrategias de medición de pobreza y programas sociales no se integren con estrategias de candados al uso político y en tanto el gobierno no dé la potestad de la demanda de sus derechos a quienes los manifiestan quebrantados; mientras las las matemáticas estén por encima de la sensibilidad social; las instituciones se adjudiquen el poder unívoco de determinar que derechos sí y cuáles no son ponderables y asistibles; hasta que no se integre al interesado en las decisiones de políticas públicas y se catalogue su pobreza desde fuera; y mientras no se escuche y se actúe a pesar del otro y por su bien, como pueblo, los mexicanos seguiremos inmersos en el círculo vicioso de sustituir un problema por otro (hambre por sobrepeso y diabetes, por ejemplo) y la sospecha del uso político de programas sociales prevalecerá sobre cualquier otra motivación.3 *Integrante del Área de Difusión de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, AC CONTRALÍNEA

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OPINIÓN

Cambios de última hora y confusiones Jorge Meléndez Preciado*

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o podían estar más enredados los comicios de julio próximo. La sucia elección panista lejos de bajar de sus aspiraciones electorales a Josefina Vázquez Mota, la impulsó para sentirse muy competitiva. La incorporación de Ernesto Cordero y su equipo le garantizará el apoyo de Felipe Calderón, no obstante que a muchos de los aspirantes a senadores y diputados albiazules los coloquen en donde nadie los conoce, lo que disminuirá su votación en muchos lugares. Lo terrible es que a Santiago Creel y sus acompañantes se les margine totalmente, lo que representa un berrinche más del esposo de Margarita Zavala.

Por su lado, Enrique Peña Nieto ya ha empezó a preocuparse. Tanto así que llamó a no confiarse, luchar voto por voto en todos lados y está grabando promocionales: muchos con un enorme trabajo porque uno de tres minutos le ocupa más de tres horas de filmación. Incluso ya ordenó que todos se quiten las prendas rojas –el color del viejo y denostado Partido Revolucionario Institucional (PRI)–. Y es que su baja en las encuestas resulta innegable.

Quien parece muy quitado de la pena es Andrés Manuel López Obrador. El tabasqueño, en entrevista con el periodista Carlos Puig, afirmó que con los 26 puntos que tiene en las encuestas puede ganar fácilmente, ya que los sondeos están trucados. Pero quienes aseguran que votarán por él son menos del 20 por ciento, lo que demuestra que ni con su lógica tiene ganada la contienda. Eso sí, un punto a su favor es ir indicando quiénes ocuparán las carteras en los diferentes cargos oficiales, lo que le ha permitido que los empresarios de Monterrey, que lo satanizaban ahora lo reciban muy sonrientes.

Pero en donde las cosas son más peliagudas es en los órganos electorales. A poco más de 100 días de la fecha cardiaca (1 de julio), hubo movimientos en la Procuraduría General de la República (PGR). Se dio de baja a José Luis Vargas (14 de febrero), encargado de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade). El asunto ya se veía venir, pues un día antes, el presidente del tricolor Pedro Joaquín Coldwell envió una carta a Marisela Morales, titular de la PGR, en la que señala que sería inconveniente la remoción de Vargas. No se le hizo caso. ¿Cuáles fueron las causas de la dimisión? Básicamente Vargas no impugnó la victoria del priísta Fausto Vallejo en Michoacán, quien le ganó a Luisa María de Guadalupe, hermana de Calderón, la famosa Cocoa. Y extrañamente, el día que le cantaron las golondrinas, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación avaló la elección en la tierra del general Lázaro Cárdenas, e incluso por cuatro votos contra tres no aceptó las impugnaciones de algunos promocionales a favor del exalcalde de Morelia.

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Además, Vargas había señalado en Washington, capital del imperio, que es casi imposible un fraude el 1 de julio, ya que existe una serie de candados fuertes y eficaces para impedir llevar adelante una operación que altere los resultados. Si además le agregamos que el centro de análisis Stratfor (con sede en Austin, Texas, Estados Unidos) señaló que el Partido Acción Nacional (PAN) no tiene ninguna posibilidad de triunfar, debido al mal gobierno calderonista, a menos que exista un golpe de último momento que precipite un cambio serio y contundente en los votantes (la captura del narcotraficante Joaquín el Chapo Guzmán Lorea, por ejemplo) nos daremos cuenta que todo está en contra de Vargas y su PAN. ¿Coincidencias? Ya sabemos que éstas no existen en política, sino más bien conveniencias.

Llega a la Fepade la bisoña Imelda Calvillo Tello. Se desempeñaba como encargada contra el lavado de dinero en la PGR. Algo que es sintomático, ya que en este sexenio únicamente se ha cerrado la Casa de Cambio Puebla, donde se efectuaron varias detenciones, ya que diferentes cárteles la utilizaban para blanquear su lana. Fuera de ello no hay mayores noticias de la solvencia de esa Unidad. Y se habla de decenas de millones de dólares que han circulado tanto aquí como en Estados Unidos, sin que exista una operación en contra de los responsables. Que el asunto huele mal lo demuestran las expresiones del influyente diputado panista Carlos Pérez Cuevas, quien se asombró por la salida de Vargas.

Donde hubo contradicciones fue en el Partido de la Revolución Democrática. Mientras el jefe del sol azteca, Jesús Zambrano Grijalva –de los Chuchos que hicieron alianza con el panismo–, indicó que el PRI quería curarse en salud por el movimiento extraordinario, Armando Ríos Piter (cercano a Marcelo Ebrard) señaló que era incorrecto que a estas alturas de la contienda electoral se hicieran esas desordenadas modificaciones.

También llegó otra mujer a un puesto importante. Angelina Borbolla Moreno, ahora titular de la Fiscalía Especial para la Atención a Delitos contra la Libertad de Expresión. Claro, será difícil su encomienda si recordamos a las decenas de periodistas caídos por las balas y a los que continúan desaparecidos sin que hasta el momento se haya realizado una sola acción para castigar a los responsables.

Mientras esto sucede, el Instituto Federal Electoral dio a conocer las reglas para los precandidatos a los diferentes cargos de elección. Hay tanto desconcierto que nadie sabe realmente hasta dónde se puede ir y cuándo se rebasan las normas. Prueba de ello es que hasta Gustavo Madero, el supuesto presidente de los blanquiazules, afirmó que ensayarán de la prueba al error.

Pero lo más grave es que algunos comentócratas ya incluso hablan de que dadas las circunstancias negativas para que siga en Los Pinos alguien del grupo de Vicente Calderón (la conjunción de Fox y Felipe), ya ronda la posibilidad de que se anule la elección de este año. Algo realmente desquiciante y que traería problemas más graves que la crisis de España y Grecia juntas. El asunto es complicado, más si continúa la amenaza latente de la justicia como forma para detener a quienes son contrarios al felipismo.

Es necesario desactivar, si existe, esa bomba con un encuentro entre Calderón y los partidos políticos. ¿O sólo Vázquez Mota puede desayunar en Los Pinos para hablar de la familia?3 *Periodista 26 DE FEBRERO DE 2012

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PGR consigna 34 casos DE LAVADO EN LA BANCA 20

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La Unidad de Inteligencia Financiera presentó 52 denuncias de hechos ante la PGR por el probable delito de lavado de dinero cometido en el circuito financiero mexicano durante 2010, revela la Auditoría Superior de la Federación. De éstas, se consignaron 34 ante la justicia federal. La Procuraduría General también tuvo conocimiento de otros 70 reportes de inteligencia por operaciones presuntamente hechas con recursos de procedencia ilícita en el sistema financiero. Aunque el combate a este delito es una supuesta prioridad para la “guerra” antinarcóticos, a los delincuentes no se les tocaron sus finanzas: ese año, se lavaron al menos 88 mil millones de dólares en México Nancy Flores

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rior del aparato de inteligencia civil, especializado en políticas antilavado y antifinanciamiento al terrorismo. Éstas, de entre un total de 4 millones 695 mil 31 reportes por operaciones inusuales, preocupantes y relevantes que recibió y analizó la Unidad en ese periodo.

En total, los expertos antilavado de la UIF dieron parte a la Procuraduría General de 122 operaciones en la banca comercial, casas de cambio, centros cambiarios, casas de bolsa, sociedades financieras de objeto múltiple (sofomes) y de objeto limitado (sofoles), y seguros que consideraron prácticamente constitutivas de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita (118 casos) y financiamiento al terrorismo y tráfico de armas (cuatro casos).

Con base en el oficio 110.-A.-065/2011 de la Unidad de Inteligencia Financiera, la ASF refiere que los 70 reportes se presentaron de la siguiente manera: 52 a la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda; ocho a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud; seis a la Dirección General de Control de Averiguaciones Previas; uno a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales; uno a la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas; uno a la Unidad Especializada en Investigación de Secuestros; y uno más a la Unidad Especializada en Investigación de Tráfico de Menores, Indocumentados y Órganos.

Saúl López/Cuartoscuro

n 2010 y en plena “guerra” contra el narcotráfico y la delincuencia organizada, la inteligencia civil de México sólo logró llevar a juicio 34 casos de presunto lavado de dinero en el sistema financiero mexicano, revela el Informe de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2010, presentado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a la Cámara de Diputados el pasado 15 de febrero.

Se trata de las 34 averiguaciones previas que la Procuraduría General de la República (PGR) consignó ante la justicia federal, de un total de 52 denuncias que presentó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) al Ministerio Público federal a lo largo de ese año, y que integraron igual número de indagatorias judiciales.

Del informe elaborado por el máximo órgano de fiscalización se desprende que el 59.6 por ciento de las denuncias se presentó ante la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda. En total, esta área abrió 31 averiguaciones por igual número de denuncias, pero sólo realizó 19 consignaciones.

La Unidad Especializada de Investigación de Delitos contra la Salud recibió el 26.9 por ciento de las denuncias: abrió 14 averiguaciones previas, de las cuales consignó 10. La Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas abrió y consignó tres averiguaciones previas. La Dirección General de Control de Averiguaciones Previas abrió tres indagatorias de las que sólo consignó una. Y la Unidad Especializada en Investigación de Tráfico de Menores, Indocumentados y Órganos abrió y consignó una.

Pero aunque en esas 34 operaciones tanto la Unidad de Inteligencia Financiera como la PGR presumieron que se vulneró el circuito financiero mexicano y sí se lavó dinero, hasta ahora ningún dueño, accionista ni alto ejecutivo de instituciones financieras legales ha sido encarcelado.

Además de los 52 casos denunciados, otras 70 transacciones que implican al sistema financiero en operaciones altamente riesgosas prendieron los focos rojos al inte-

4 En México, el narcotráfico lava entre 18 mil millones y 39 mil millones de dólares cada año CONTRALÍNEA

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Finanzas ilícitas intactas Las tres decenas de casos llevadas ante la justicia federal, así como los otros 90 casos enterados a la Procuraduría General de la República contrastan con la realidad del lavado de dinero en México, que provee a la criminalidad todo su andamiaje operativo: personal, armas, vehículos, casas de seguridad, capacidad de corrupción.

Desde que inició la administración del presidente Felipe Calderón Hinojosa y hasta la fecha, este ilícito implicaría operaciones por unos 88 mil millones de dólares anuales: 49 mil millones que trasnacionales y empresas sacan ilícitamente del país a través del sistema financiero y que constituyen operaciones de lavado de dinero, de acuerdo con la reciente investigación de la

4 La PGR consignó 34 de las 52 denuncias que presentó la Unidad de Inteligencia Financiera por presuntos casos de lavado de dinero en el sistema financiero

consultora Global Financial Integrity (Contralínea 271); y 39 mil millones de dólares que los criminales logran legalizar con éxito en el país, de acuerdo con el Centro Nacional de Inteligencia sobre las Drogas de Estados Unidos (Contralínea 237).

Por tanto, en 2010 los delincuentes de cuello blanco –incluidas las trasnacionales que operan en México con capacidad para realizar facturaciones fraudulentas en otros países– sacaron del país unos 49 mil millones de dólares; mientras que los criminales ingresaron al circuito financiero un porcentaje no determinado de esos 39 mil millones de dólares producto sólo de la venta CONTRALÍNEA

de narcóticos en Estados Unidos.

La bonanza de las finanzas ilícitas no es desconocida: en sus reportes International narcotics control strategy report 2010 y 2011, el Departamento de Estado de ese país señala que “México sigue siendo un centro de lavado de dinero” y que “el contrabando de embarques de dólares a granel y la repatriación de los fondos ilícitos a través de mensajeros, vehículos blindados y transferencias bancarias de Estados Unidos hacia México siguen siendo los métodos preferidos para el blanqueo de dinero del narcotráfico”.

No obstante, la inteligencia civil desti26 DE FEBRERO DE 2012

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especie para la comisión de los delitos previstos en los artículos 139 o 148 bis del Código Penal Federal o que pudieran ubicarse en los supuestos del artículo 400 bis del mismo Código y no cuentas o contratos a través de los cuales se administren o ejerzan recursos públicos federales (sic)”.

Banca trasnacional lava en México

4 Con los 70 reportes por operaciones sospechosas en el circuito financiero, la UIF presentó un total de 122 casos a la Procuraduría General

nada a detectar estas operaciones que llegan al circuito financiero en México ni siquiera tiene un sistema confiable, señala la Auditoría Superior: la Unidad reportó un total de 4 millones 695 mil 31 operaciones inusuales, preocupantes y relevantes, mientras que los organismos reguladores y supervisores reportaron en conjunto 11 mil 558 operaciones, “lo cual refleja que la información no es confiable y los reportes no son congruentes”.

El órgano fiscalizador dependiente de la Cámara de Diputados indica, además, que no se tuvo evidencia para determinar si los sujetos obligados emitieron los 24

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reportes trimestrales correspondientes al ejercicio fiscal de 2010 por todas las operaciones relevantes realizadas mediante el uso de cuentas concentradoras de sus clientes o usuarios.

Ello, porque la UIF se negó a proporcionar los datos con el argumento de que “la Auditoría Superior de la Federación no tiene facultades para tener acceso a la información contenida en los reportes de operaciones inusuales, preocupantes y relevantes, ya que dichas operaciones están relacionadas con posibles actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier

En todo el ejercicio de 2010, la Unidad de Inteligencia Financiera detectó un caso de probable lavado de dinero que involucró a una trasnacional financiera. Se trató de una oficina de representación de una institución extranjera que se registró ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) impedida para realizar actividades de intermediación financiera en el mercado nacional, por no contar con la autorización del gobierno federal.

La Unidad de Inteligencia, que depende de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, “determinó que dicha oficina deberá abstenerse de actuar, directamente o por medio de interpósita persona, en operaciones de captación de recursos del público, ya sea por cuenta propia o ajena, y de proporcionar información o hacer gestión o trámite alguno para este tipo de operaciones”.

No obstante, de 2002 a 2009, cuatro instituciones financieras nacionales realizaron operaciones con esa institución financiera extranjera “que motivaron 266 reportes de operaciones relevantes: el 76 por ciento, con la institución financiera A; 13 por ciento, con la B; 10 por ciento, con la C; y 1 por ciento, con la D. El 80 por ciento de esas operaciones se generaron en sucursales de una misma entidad federativa”.

El Informe de la Auditoría Superior de la Federación no hace públicos los nombres de la trasnacional financiera ni de las instituciones nacionales involucradas en las irregularidades. “La institución extranjera motivó que en 2007, 2009 y 2010, la institución financiera C reportara tres operaciones inusuales”, refiere el documento.

La Auditoría concluye que la Unidad de Inteligencia notificó a la CNBV para que ejerciera sus facultades de supervisión por el incumplimiento de las disposiciones CONTRALÍNEA

de carácter general en materia de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en que incurrió la trasnacional.

David Cilia

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Los hallazgos de la UIF La Auditoría Superior de la Federación también da a conocer los principales hallazgos de la UIF durante el ejercicio de 2010, y los desglosa por ente regulador. En ese contexto, la auditoría de desempeño 10-0-06100-07-1026 descubre que la Unidad de Inteligencia Financiera señaló a la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas que durante 2009 había una tendencia a la baja en la recepción de dólares en efectivo congruente con la actividad económica del país, “contrario con la situación de las instituciones de seguros”; por ello, la Unidad “determinó como riesgo el que las operaciones realizadas mediante cuentas concentradoras no se identifiquen como relevantes” en ese sector.

En el caso de la CNBV, con el oficio 110-A-032/2010 del 1 de julio de 2010, la UIF informó los principales hallazgos, tendencias y resultados del análisis de la información de enero de 2007 a mayo de 2010 que, en el ámbito de su competencia, detectó sobre la información generada en conjunto con el Banco de México sobre operaciones con dólares en efectivo, en particular de exportaciones hacia Estados Unidos. Los resultados “revelaron que una casa de cambio duplicó la exportación de dólares en efectivo a Estados Unidos”.

Respecto del Servicio de Administración Tributaria (SAT), encargado de regular a los centros cambiarios y transmisores de dinero, los resultados arrojaron que éste deberá de retroalimentar a los sujetos obligados para reducir el sobrerreporteo de operaciones inusuales y eliminar el envío de reportes de operaciones preocupantes cuando no lo sean. También se recomendó que el SAT encaminara a los sujetos obligados para que identificaran las actividades que desempeñan, orientarlos y supervisarlos, a fin de que en sus reportes de operaciones inusuales se incluyan los elementos para la detección de operaciones relacionadas con el lavado de dinero; además, se recomendó reforzar la supervisión en las zonas consideradas de riesgo.3 CONTRALÍNEA

4 Las consignaciones hechas por la PGR de los casos de operaciones con recursos de procedencia ilícita revelan la vulnerabilidad del sistema financiero respecto de ese delito

Operaciones analizadas por la Unidad de Inteligencia Financiera as disposiciones de carácter general aplicables a los participantes del sistema financiero mexicano definen las operaciones relevantes, inusuales e internas preocupantes como: 1. Operación relevante: aquella que se realice con billetes y monedas metálicas de curso legal en los Estados Unidos Mexicanos o en cualquier otro país, así como con cheques de viajero y monedas acuñadas en platino, oro y plata, por un monto igual o superior al equivalente en moneda nacional a 10 mil dólares de los Estados Unidos de América. Para efectos del cálculo del importe de las operaciones a su equivalente en moneda nacional, se considerará el tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la República Mexicana, que publique el

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Banco de México en el Diario Oficial de la Federación el día hábil bancario inmediato anterior a la fecha en que se realice la operación.

2. Operación inusual: operación, actividad, conducta o comportamiento de un usuario que no concuerde con los antecedentes o actividad conocida por el sujeto obligado o declarada a éste, o con el perfil transaccional habitual de dicho usuario, en función al origen o destino de los recursos, así como al monto, frecuencia, tipo o naturaleza de la operación de que se trate, sin que exista una justificación razonable para dicha operación, actividad, conducta o comportamiento, o bien, aquella operación, actividad, conducta o comportamiento que un usuario realice o pretenda realizar con el sujeto obligado de que se trate en la que, por cualquier causa, éste con-

sidere que los recursos correspondientes pudieran ubicarse en alguno de los supuestos previstos en los artículos 139, 148 bis o 400 bis del Código Penal Federal.

3. Operación interna preocupante: a la operación, actividad, conducta o comportamiento de cualquiera de los directivos, funcionarios, empleados y apoderados del sujeto obligado de que se trate que, por sus características, pudiera contravenir, vulnerar o evadir la aplicación de lo dispuesto por la ley o las disposiciones de carácter general, o aquella que, por cualquier otra causa, resulte dubitativa para los sujetos obligados por considerar que pudiera favorecer o no alertar sobre la actualización de los supuestos previstos en los artículos 139, 148 bis o 400 bis del Código Penal Federal.3

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EN PENALES DEL DF ejecuciones disfrazadas de suicidios

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Testigos clave en casos de corrupción, partícipes en delitos de alto impacto y reos llevados tras las rejas por la infiltración de la DEA en México han visto el final de sus días en cárceles del Distrito Federal. Sus cuerpos se han encontrado colgados, en muertes declaradas oficialmente como suicidios, pero para la CDHDF hay indicios de que podría tratarse de ejecuciones o vendettas Ana Lilia Pérez

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dos en prisión por internos, custodios, administrativos y funcionarios del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF).

Reyes era parte de la red de prostitución y trata de mujeres intrarreclusorios, que operan funcionarios y empleados del TSJDF, junto con administrativos y custodios adscritos al sistema penitenciario local, que tiene como clientes a los presos con mayor poder adquisitivo (los llamados padrinos) e inclusive a los propios custodios.

Una “red institucional de trata de personas”, de acuerdo con palabras del presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Luis González Placencia. Sin duda, el caso de más escandalosa corrupción que

ha envuelto al sistema penitenciario capitalino.

Oficialmente Reyes García trabajaba como “estafeta” (mensajero) en el área de juzgados. En realidad concertaba los encuentros sexuales entre las internas y sus clientes y llevaba los requerimientos judiciales y toda la documentación (en muchas ocasiones apócrifa), con la que las internas eran sacadas de sus dormitorios hasta el área en la que tendrían los encuentros sexuales, consensuados o forzados.

De manera que la función del Chatanuga era medular para esa red, cuya existencia documentó ampliamente la CDHDF, apoyada en quejas, denuncias y testimonios contundentes que detallaron santo y seña del modus operandi: que los encuentros sexuales entre internos e internas, o internas

Pedro Marrufo/Cuartoscuro

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l final del oscuro túnel que comunica al Reclusorio Preventivo Varonil Norte con el área de juzgados, José Luis Reyes García amaneció corbateado. Su cuerpo estaba suspendido de la rejilla de prácticas del Juzgado 11 Penal con una gruesa cuerda asida al cuello. Los ojos desorbitados, las manos inmóviles, los pies inertes que nunca más se volverían sobre el umbral que siete años atrás cruzó cuando lo enjaularon en la fortaleza custodiada por monos. El juez sentenció que 2 mil 555 noches tras las rejas sujeto al rancho y la vida canera lo redimirían de un robo.

Aquel 6 de mayo de 2010, cuando a las 02:30 de la madrugada se topó con la muerte, faltaban sólo 40 días para que el juez estampara el sello en su boleta de libertad. A finales de junio abandonaría la pestilente y hacinada estancia del dormitorio 6. Ante él se abrirían las pesadas puertas de hierro entintadas en azul índigo que flanquean el transitar de 12 mil 38 hombres, y respiraría por fin el aire del caótico andar citadino, caótico sí, pero al fin y al cabo en libertad. El día estaba cerca, casi podía arañarlo, José Luis lo esperaba con ansia sin saber que el destino le tenía preparada una mala jugada.

El parte oficial decretó suicidio, aunque el cuerpo del Chatanuga (mote con el cual le conocían en el Reclusorio) tenía diversos golpes, la indeleble huella de tortura. Las tendencias suicidas no eran parte de su perfil y tampoco era víctima del yugo canero, por el contrario, gozaba de muchos privilegios y, a diferencia de la mayoría de sus compañeros de estancia, aunque no era un padrino traía siempre los bolsillos llenos al participar en los negocios ilegales trama-

4Operativo para sacar el cuerpo de José Luis Calva, el 11 de diciembre de 2007. Éste es uno de los 26 casos de suicidio investigados por la CDHDF en los penales de la capital del país

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cretarios o secretarias de acuerdos adscritos al TSJDF. Con los documentos, a sabiendas de que son apócrifos, en cada reclusorio personal de seguridad y custodia autoriza la salida, confina y traslada a las internas previo pago de su cuota.

Que de lo que cobran las internas a cada cliente pagan hasta el 70 por ciento entre custodios y administrativos.

Que el negocio es tan lucrativo como que sólo para llegar al túnel de los sexoservicios los clientes pagan a los custodios 50 pesos. Dentro de éste hay un retén donde les cobran entre 200 y 300 pesos, para que se acerquen a la interna. El encuentro será allí, en los baños o en alguna sala, o incluso, si es después de las 16:00 horas, en las rejillas de prácticas.

Que las custodias presionan a las internas a prostituirse para que les entreguen parte de lo que reciben, y que uno de los custodios que facilita el acceso para los encuentros lo identifican como el Alacrán, y la caja donde depositan los sobornos se conoce como “la alacrana”.

En la recomendación 04/2010, por “violencia institucionalizada de género, hostigamiento sexual, explotación de la prostitución ajena y trata de internas en el sistema penitenciario del Distrito Federal”,

4Los indicios que hemos encontrado sugieren que los suicidios podrían ser en realidad homicidios: presidente de la CDHDF, González Placencia

Guillermo Perea/Cuartoscuro

y custodios en baños, túneles, rincones y hasta en las “cabañas” de la íntima son producto de actos de prostitución consensuada u obligada por la red que controla el negocio de la prostitución intrapenales.

Que la red maneja un catálogo vía internet con fotografías de las internas desnudas o en ropa interior para que los clientes las elijan, o si prefieren, las pueden observar de manera directa mediante pasarelas que organizan en túneles y áreas de los juzgados, donde convergen internos de todos los penales.

Que aún aquellas internas que no se prostituyen son obligadas a hacerlo bajo presiones de acoso y amenazas, “porque hay que darle a ganar a la jefa”.

Que elementos de seguridad y custodia acuerdan con clientes el monto económico por la mujer que les gustó y pactan la cita, y a su vez, custodias y custodios instruyen a las internas a acatar el encuentro. Un interno “estafeta” es quien se encarga de verificar qué mujer cede o no a las pretensiones de los internos y lo hace del conocimiento “de las jefas” o “de los jefes”.

Que la manera en la que custodios llevan a mujeres a las áreas de juzgados donde tendrán sexo es mediante órdenes de diligencias falsas, emitidas por abogados se-

David Cilia

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la CDHDF identificó como autoridades responsables a la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal, que encabeza José Ángel Ávila; el TSJDF, que preside el magistrado Édgar Elías Azar, y a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, entonces dirigida por Miguel Ángel Mancera (actual candidato del Partido de la Revolución Democrática a la jefatura del gobierno capitalino).

En mayo de 2011, cuando la CDHDF afinaba los últimos detalles de la recomendación, Reyes García amaneció ahorcado.

Su muerte está hoy bajo investigación de autoridades locales al hallar indicios de que en realidad pudo tratarse de un homicidio para que callara lo que sabía de la red.

Morir en cana

4El Reclusorio Norte, uno de los centros donde se han presentado la mayoría de los “suidicios” puestos en duda

CONTRALÍNEA

El jurista Sergio García Ramírez, autor de numerosos libros sobre las cárceles mexicanas, identifica las muertes de internos por homicidio o suicidio como una de las aristas que evidencian la deficiencia del sistema penitenciario y la responsabilidad de la autoridad al encontrarse los presos bajo su resguardo.

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Suicidios en duda

Iván Stephens/Cuartoscuro

En los reclusorios capitalinos, 400 internos han muerto en los últimos cuatro años. Se trata de la cifra más alta de decesos en la historia de las cárceles bajo tutela del Gobierno del Distrito Federal. Por lo menos el 30 por ciento fueron muertes violentas: homicidios y los calificados oficialmente como suicidios.

Sólo en 2011, hubo 109 muertes, 39 se identificaron como violentas, de éstas, 19 por “suicidio”.

La cifra de muertes, indica la abogada Rosalinda Salinas Durán, segunda visitadora general de la CDHDF, “nos indica que el sistema penitenciario debe de incrementar las medidas de seguridad para ver qué es lo que está sucediendo, porque aun en los casos de suicidio, la institución penitenciaria tiene como obligación garantizar la vida de los internos”. Señala que se trata de “una situación muy grave que tiene que ver con deficiencias y omisiones en el deber del custodia”.

4Autoridades de los reclusorios podrían estar involucradas en las muertes de al menos 26 internos que supuestamente se suicidaron 30

26 DE FEBRERO DE 2012

Luis González Placencia, titular de la CDHDF, señala que los suicidios de internos “son un ejemplo de cómo la autoridad penitenciaria no logra imponer condiciones de control que impidan que este tipo de hechos ocurran”.

Pero el tema toma otro cariz cuando hay indicios de que los declarados por la autoridad penitenciaria oficialmente como “suicidios” al parecer no fueron voluntarios. Actualmente la CDHDF tiene abiertas siete quejas por muertes de internos declaradas por la autoridad penitenciaria como suicidios, pero los familiares de los internos tienen en tela de duda, y por lo tanto pidieron a la Comisión realizara sus propias indagatorias.

El organismo sigue también 19 indagatorias de oficio que abrió en 2011, por igual número de supuestos suicidios ocurridos en los centros penitenciarios.

En algunos de esos casos, las pesquisas apuntan a que podría tratarse de homicidios “perpetrados desde la autoridad misma o bien por los grupos que controlan las prisiones”, revela González Placencia.

El ombudsman detalla: “En el último año y medio hemos estado siguiendo un patrón de estos suicidios. Encontramos pautas, particularmente de los sucedidos en el Reclusorio Norte, que nos hacen dudar de que estemos hablando efectivamente de suicidios. Es decir, podría ocurrir, lo estamos documentando que fuesen homicidios perpetrados o bien desde la autoridad misma, o bien por los grupos que controlan al interior de las prisiones”.

Sus palabras cobran fuerza no sólo por su cargo como ombudsman del Distrito Federal, sino por su amplia experiencia en temas penitenciarios. Y con tal conocimiento afirma que el sólo número de internos “suicidas” es para la CDHDF un foco rojo.

El tema se vuelve más espinoso al conocerse las circunstancias y sobre todo la identidad de los “suicidas”, muertos todos por ahorcamiento.

—¿Existe un perfil de los internos que supuestamente cometieron suicidio? –se le pregunta al abogado, doctor en política criminal por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, González Placencia.

—Sí, encontramos algunos criterios que nos permiten pensar que hay algún tipo de identidad. La investigación aún está en curso, pero es importante subrayar que hay elementos para pensar que hay relaciones entre estos suicidios que nos hacen sospechar que pueden no serlo.

Rosalinda Salinas, indica que otro elemento que atrae la atención de la CDHDF sobre algunos de esos casos, es que los supuestos “suicidios” se dieron en zonas restringidas a los internos, como túneles.

“A los túneles los internos no pueden pasar a menos que haya un requerimiento del juzgado. Son zonas donde difícilmente pueden tener acceso. No hay una razón de que ciertos internos estén allí a ciertas horas

4El “suicidio” de Henry Javier Vargas ocurrió en el Reclusorio CONTRALÍNEA

Sur, e

Guillermo Perea/Cuartoscuro

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4Las muertes de los reclusos, por homicidio o suicidio, evidencian la deficiencia del sistema peniLuis Carbayo/Cuartoscuro

tenciario: jurista Sergio García Ramírez

usorio Sur, en febrero de 2011

CONTRALÍNEA

y que hayan podido acceder a esos espacios y colgarse. Otros se han encontrado en zonas aisladas o detrás de puertas, y esto es parte de lo que se está investigando”.

Así, por ejemplo, para que José Luis Reyes accediera a la zona donde apareció “suicidado”, debió de pasar varias garitas de seguridad, en un horario en que los accesos están totalmente cerrados.

Entre los “suicidas” hubo otros que, como su caso, revelaron las entrañas de la corrupción del sistema penitenciario, otros implicados en supuestos delitos alto impacto o que rompieron el código omertà (ley del silencio) y pretendieron revelarse a la máxima de las prisiones mexicanas, de que “lo que ocurre en cana, en cana se queda”.

Joaquín y Orlando Acusaciones directas de la Agencia Antidrogas estadunidense (DEA, por su sigla en inglés) llevaron a Joaquín Alejandro Senderos Higuera y a Orlando Mijares Estévez a prisión. En diciembre de 2007, el gobierno federal los ingresó en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte a pesar de que los delitos imputados en su contra eran del orden federal: lavado de dinero y delincuencia organizada.

Senderos Higuera, administrador de empresas por la Universidad de Stanford, era dueño de varias empresas: Nutrivel, Life & Victory de México, Senaga y Life & Victory Importaciones, dedicadas a la venta de complementos alimenticios, las cuales dirigía en sociedad con su amigo Mijares Estévez, de origen cubano.

La historia que los llevó a la cárcel se dio a partir del cateo a la Casa de Cambio Puebla, en busca de pesquisas de lavado de dinero para los cárteles de la droga.

Como resultado de aquella indagatoria, se identificó a Pedro Alfonso Alatorre Damy, el Piri –detenido en noviembre de 2007–, como quien lavaba dinero producto del narcotráfico, para el cártel de Sinaloa.

Entonces el gobierno mexicano y agentes de la DEA efectuaron un operativo que llevó a la detención de Tito Miller Parra Isaza, alias Miguel Ángel o Tito, supuesto líder de una célula de las Fuerzas 26 DE FEBRERO DE 2012

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4Personal adscrito al Tribunal Superior de

del Valle, vinculados a las FARC, y que además estaban encargados de negociar con los líderes del cártel de Sinaloa, en el Distrito Federal.

La sociedad formal entre Joaquín Senderos y Horley se dio mediante la operación de una franquicia de Life & Victory, empresa propiedad de el primero, dedicada a la venta de alimentos naturales, que de acuerdo con las autoridades era un empresa fachada.

La detención de Joaquín y Orlando la realizó un grupo de la Policía Federal Preventiva dirigido por Édgar Bayardo del Villar, entonces jefe de la Tercera Sección del Estado Mayor, junto con agentes de la DEA que viajaban en camionetas tipo van con placas de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Aquella tarde, del 30 de noviembre de 2007, Joaquín comía en el restaurante El Cabrito Asador, en el centro de la ciudad, cuando al establecimiento, ubicado en Luis Moya y Ayuntamiento, llegó el grupo

Saúl López/Cuartoscuro

Justicia del Distrito Federal

Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en México, vinculada al cártel del Norte Valle de Colombia.

En sus declaraciones, Parra señaló al mexicano Joaquín Senderos como socio en México del colombiano Horley Rengifo Pareja, identificado por la DEA como uno de los principales operadores del cartel colombiano asociado al cártel de Sinaloa, que dirige Joaquín Guzmán Loera, el Chapo.

La acusación que el gobierno federal, a través de la Procuraduría General de la República (PGR), abrió en su contra señala que Joaquín Alejandro Senderos Higuera, alias el Licenciado; Ricardo Martínez Rodríguez y/o Richard Martínez Rodríguez; Horley Rengifo Pareja, alias el Flaco; Samuel Jiménez Roldán; Luis Román Mercado Hernández; Roberto Angulo Isaza y/o Carlos García Jiménez, alias el Costeño; Carlos Daniel Montoya Cárdenas, y la colombiana Jenny Hurtado Beltrán lavaron más de 50 millones de dólares del cártel Norte

4En el penal de Santa Martha Acatitla, al menos un caso de “sucidio” que podría implicar responsabilidad de los custodios

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4Ahorcamiento en áreas no accesibles para los reclusos, una de las características de la mayoría de los casos que investiga la CDHDF. En la imagen, internos del Reclusorio Oriente

encabezado por Bayardo, quien se autodenominaba el “fiscal de hierro”. Sin orden oficial y bajo supervisión de los agentes de la DEA realizó la detención.

Los trasladaron a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) donde, conforme denunciaron, fueron sometidos a supuesta tortura.

Para diciembre, ingresaron al Reclusorio Preventivo Varonil Norte. Pronto se convirtieron en internos incómodos para los directivos. En prisión, Joaquín tenía un celular Blackberry, mediante el que, a través de la cuenta simple_1029@telcel.blackberry. net, así como en dos cuentas en redes sociales (Facebook y Twitter) escribía incisivos mensajes en los que evidenciaba la corrupción rampante en el penal más sobrepoblado del país, donde se paga hasta por respirar, la droga corre a raudales, cada preso representa un gasto para el Estado y un negocio para la autoridad.

Orlando hacía lo mismo, y ambos tenían además frecuente comunicación con diversos medios donde ventilaban lo que ocurre en Reclusorio Preventivo Varonil Norte.

En 2011, Orlando enfermó gravemente y, según Joaquín, no recibió atención médica. Murió el 17 de julio, 15 minutos antes del mediodía Joaquín informó de su deceso, acusó negligencia homiCONTRALÍNEA

cida de las autoridades penitenciarias y por ello presentó una denuncia formal por homicidio culposo, misma que quedó integrada en la averiguación previa GAM1/T3/1350/11-07.

Dolido profundamente por la muerte de su amigo más cercano, Joaquín inició una huelga de hambre –que se prolongó durante 10 días– para que las autoridades dieran celeridad a su denuncia.

A pesar de que su salud se vio minada, Senderos Higuera no mostraba tendencias suicidas, por el contrario, exhibía un estado de ánimo aguerrido impulsado por el afán de que se hiciera justicia.

Por los estragos de su ayuno debió ser atendido en el Hospital General Doctor Rubén Leñero, cuyos galenos le prescribieron medicamento especializado, el cual, según se quejó ante el director del penal, José Alfredo Lara Guerrero, no se lo suministraron los médicos de Reclusorio Preventivo Varonil Norte.

Senderos Higuera temía por su vida.

Su suspicacia no era gratuita: férreamente había denunciado la corrupción en el penal, abusos de autoridad, la negligente actuación de administrativos, custodios y galenos.

Los visitadores de la CDHDF recomendaron a las autoridades penitenciarias que tuvieran especial cuidado de su integridad.

Elocuentes son sin duda algunos de los últimos mensajes que Senderos envío desde su Blackberry: “Estoy bastante mal, o sea que si algo me pasa publica esta carta en la que aviso a las autoridades que todo se debe a mi afán de evidenciar a Teresita Pérez quien nos cobra, nos maltrata y humilla a quien puede”.

En otro mensaje decía: “Como represalia por haber denunciado a esta mujer por el homicidio por omisión de mi hermano Orlando, fui amenazado de llevarme al Panal, un lugar aquí que es como una jaula para tender ropa, pero llena de orina y heces fecales de todos, y hay tal hacinamiento que parece una lata de sardinas”.

Aquel 1 de septiembre de 2011, personal de seguridad y custodia lo trasladaría a la consulta programada en el hospital Rubén Leñero para las 07:00 horas. Pasadas las 06:00, el custodio ingresó a la zona 3 del dormitorio número 2. Cuando llegó a la estancia 7, sus ojos se encontraron con un escenario dantesco. El hombre de 56 años de edad yacía suspendido de un barrote, el cuello liado con una cinta roja, el cuerpo exánime.

La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal inició la averiguación previa GAM1/T1/1609/11-09 por la muerte de Senderos. Para la CDHDF sus líneas de investigación incluyen la denuncia de Senderos por la muerte de Orlando y las acusaciones diversas que hizo sobre la supuesta corrupción.

Con la muerte de Orlando primero y luego de Joaquín se silenciaron las voces de quienes podrían testificar de primera mano la injerencia abierta que la DEA ha tenido en México, en el gobierno de Felipe Calderón, tema que hoy día se discute en el Congreso de Estados Unidos.

Pero el caso en el que la DEA implicó a Joaquín y Orlando tiene otras aristas importantes de destacar, como el asesinato de Bayardo, el policía que los llevó a prisión.

En 2008, mientras los supuestos narcotraficantes estaban tras las rejas, Édgar Bayardo fue identificado por la SIEDO como informante del narcotraficante Ismael el Mayo Zambada García. En la llamada Operación Limpieza se le detuvo y puso a disposición de las mismas autoridades a las que oficialmente servía.

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Tras admitir su culpabilidad, Bayardo se integró al programa de testigos protegidos de la PGR –bajo la clave “Tigre”– (autorizado por su exjefe, el entonces procurador Eduardo Medina Mora, de quien se desempeñó como asesor), y fue también informante de la DEA hasta el día en que murió asesinado (en diciembre de 2009) bajo una lluvia de metralla que un sicario le asentó en un café Starbucks de la colonia Del Valle.

Por aquel entonces Joaquín y Orlando alegaban inocencia, postura que mantuvieron hasta el final de sus días. Para su beneficio habían obtenido peritajes médicos que acreditaban la supuesta tortura física y sicológica, a la que, según él, fue sometido por Bayardo y otros policías frente a algunos agentes de la DEA, en las instalaciones de la SIEDO, el día de su detención. Sus coacusados hablaron también de supuestas torturas y extorsión por parte de altos funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública.

Buscaba mediante amparos y llamados epistolares al presidente Felipe Calderón evitar la extradición que demandaba Estados Unidos, la cual estaba en marcha a pesar de que en los cuatro años que habían permanecido encarcelados aún no recibía sentencia alguna.

Su muerte es otro de los casos cuyas circunstancias reales hoy indagan tanto autoridades de la PGJDF como la CDHDF. Para el organismo de defensa de los derechos humanos, tanto las denuncias que Senderos hizo durante su estancia en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte como su propio perfil son líneas de investigación.

Angélica, responsabilidad por omisión La CDHDF tiene abierta la investigación de siete suicidios ocurridos en años diversos, derivada de quejas presentadas por familiares o allegados a los internos que no creen que su familiar pudiera haberse suicidado.

Uno de esos es el de Angélica, quien en diciembre de 2011, murió en una celda de castigo en el Centro Femenil de Readaptación Social Santa Martha Acatitla. Su muerte generó fuertes disturbios en 34

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el penal ante versiones de que había sido asesinada por personal de custodia. La posición de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario fue que se ahorcó con una cobija y que cuando las custodias llegaron al módulo ya había muerto.

Las pesquisas de la CDHDF apuntan a responsabilidad por omisión por parte de las autoridades, dado que las custodias dilataron más de 30 minutos en acudir al llamado de auxilio que hacía otra de las internas que infructuosamente intentó ayudar a Angélica.

El caso está lleno de claroscuros, pues la familia de Angélica expuso la versión de las compañeras de celda de que previo a su segregación, habría sido golpeada severamente y que a las custodias “se les pasó la mano”. Su hermana mantiene la postura de que no tenía tendencias suicidas y que estaba a punto de salir libre bajo fianza.

Hasta ahora lo único claro es que en aquella celda de castigo, el llamado dormitorio de Conductas Especiales –a donde la segregaron acusada de robarle el bolso a una secretaria del penal–, Angélica Tello González dejó el último halo de vida a sus 39 años, y la frustrada esperanza de volver a ver a sus tres hijos.

En noviembre había sido detenida bajo el cargo de robo agravado e ingresada al Centro Femenil de Readaptación Social Santa Martha Acatitla.

Rosalinda Salinas, visitadora de la CDHDF, define el caso como “paradigmático de la falta de cuidado de la autoridad”, pues, “de las investigaciones que tenemos hasta el momento, el personal de seguridad y custodia tardó más de 30 minutos en abrirle la puerta y bajarla, y eso fue seguramente determinante para que perdiera la vida”.

Está también el caso de Frederick Alan Mcphail Fanger, empresario estadunidense dedicado a negocios inmobiliarios que fue detenido en Xochimilco e ingresado al Reclusorio Preventivo Varonil Norte, en abril de 2009, bajo los cargos de posesión de droga y armas. Él argumentó que le fueron “sembradas” por cuatro judiciales cuando lo detuvieron y revisaron la camioneta que conducía, propiedad de la actriz Sonia Infante, su amiga y expareja sentimental.

Frederick estaba envuelto en una disputa familiar por una herencia de 20 millones de dólares. Temía por su vida y pidió a la autoridad medidas para su protección. No hubo ninguna protección. En junio apareció muerto en su celda. Estaba tirado sobre el piso con un cable al lado. La dirección del penal emitió un informe en el que decretó suicidio, pero el cadáver presentaba diversos golpes.

El muchacho suicida Otro que destaca es el caso de Jorge Iván, el primer adolescente que se suicida en reclusión, desde que el sistema para menores en conflicto con la ley es administrado por el Gobierno del Distrito Federal.

En 2008, Jorge Iván Ortega Rangel fue ingresado a la Comunidad de Tratamiento Especializado para Adolescentes San Fernando, por su supuesta participación en nueve secuestros, sorprendente récord para un muchacho de 16 años de edad. Su minoría de edad le garantizó solamente cinco años tras las rejas, es decir, estaría libre en 2013.

El 19 de octubre de 2011, apareció colgado al interior del dormitorio número cinco. Personal de custodia escucho sus quejidos. Lo hallaron colgado de unas barras con un lazo al cuello. Agonizante lo trasladaron al Hospital General Doctor Manuel Gea González, donde murió. La causa real de su muerte está hoy bajo indagatoria.

El poeta El de Jorge Iván no es el único caso de un implicado en delitos de alto impacto que ha visto el fin de sus días en prisión, José Luis Calva Zepeda no acabó de cumplir su pena, apareció muerto a menos de 60 días después de su ingreso.

Soñaba con ser un escritor famoso, tenía una basta producción de 10 novelas, ocho obras de teatro y más de 800 poemas que vendía en hojas sueltas o cuadernillos en las calles de la colonia Roma o los sábados en el tianguis del Chopo. Irónicamente su nombre cobró notoriedad mundial no por sus dotes literarias, sino por sus instintos misántropos.

Cuartoscuro

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4De los 26 suicidios ocurridos en penales capitalinos que investiga la CDHDF, 19 son indagatorias de oficio y siete por denuncia

En octubre de 2007, la policías llegó a catear su vivienda –un departamento en la avenida Mosqueta, en la colonia Guerrero– en busca de su pareja Alejandra Galeana Garavito, cuya familia la había reportado como desaparecida.

No hallaron con vida a la mujer de 32 años de edad, sino lo que quedaba de ella: su tronco yacía dentro de un armario, el antebrazo frito en un sartén y otros restos de carne en un plato, sobre la mesa, un trozo de limón y un juego de cubiertos.

Dos meses permaneció José Luis Calva Zepeda tras las rejas. En octubre de 2007, fue detenido bajo tres cargos de homicidio y canibalismo.

Además de Alejandra, se le implicó en la muerte de otra de sus exnovias, a quien secuestró y mantuvo desnuda en un automóvil, la llevó a un basurero y allí la descuartizó; además de una sexoservidora, a quien también habría descuartizado.

En octubre, otra de sus exnovias, una profesora de inglés llamada Olga Livia denunció ante la fiscalía del caso, que José Luis la obligaba a ver películas pornográficas de zoofilia y tener relaciones sexuales sadomasoquistas.

El 11 de diciembre de 2007, el hombre a quien se le identificó con el mote del Cani-

bal, o el Canibal de la Guerrero apareció muerto en su celda del Reclusorio Varonil Oriente, el cuerpo pendido a la reja con un cinturón que su hermana identificó como ajeno. Ello y las huellas de tortura que su hermana identificó despertaron las sospechas sobre una posible ejecución y no un suicidio. José Luis tenía el ano y los genitales destrozados por violación anal con un palo.

Su deceso se registró entre las 06:00 y las 06:30 horas.

Días antes su novia en turno, Dolores Juana Mendoza, había denunciado que había sido golpeado y amenazado de que debía entregar su cuota económica.

La víspera de su muerte, durante la visita de su abogado Humberto Guerrero Plata, José Luis le había entregado un capítulo del libro que preparaba en prisión (El canibal poeta seductor).

Otros internos que han visto el fin de sus días en prisión por suicidio son el colombiano Henry Javier Vargas Cuadros, quien en febrero de 2011 amaneció muerto en el dormitorio uno del Reclusorio Preventivo Varonil Sur. Un año atrás, a sus 24 años de edad, la Secretaria de Seguridad Pública del Distrito Federal lo identificó como integrante de una banda de colombianos dedicados al

robo de automóviles en antros de la zona Sur de la capital. Lo detuvieron después de que junto con otros hombres hirió al portero del bar Dobby, en la colonia Florida, cuando éste se resistió a entregarles su automóvil.

También Jesús Martín Ramírez de 24 años de edad, quien en febrero de 2011 apareció sin vida en el área de regaderas de la zona 3 del Reclusorio Preventivo Varonil Norte: estaba estrangulado.

O Heriberto Oswaldo Valdez Flores, quien el 30 de mayo de 2010, a las 13:30 horas, apareció colgado en el baño del anexo del Reclusorio Preventivo Varonil Sur. El joven de 25 años de edad ingresó el 16 de julio de 2009, bajo el delito de robo agravado calificado. El juez 32 penal decretó una sentencia de siete años de prisión. La autoridad penitenciaria indicó haber encontrado en sus pertenencias una carta póstuma que citó: “Son muchas razones que son los problemas económicos, la soledad y sobre todo que ya no quiero dar lastima” (sic).

Contralínea solicitó una entrevista con la titular de la Subsecretaría de Sistema Penitenciario, Celina Oseguera Parra, para hablar de los casos de suicidios en los penales a su cargo. Hasta el cierre de esta edición, no se obtuvo respuesta.3 26 DE FEBRERO DE 2012

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Miguel Galindo

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Casa Nacional del estudiante: desfallece MONUMENTO HISTÓRICO 36

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La Casa Nacional del Estudiante, monumento histórico que data de principios del siglo XX, desfallece ante la indiferencia gubernamental.

Con el objetivo de encontrar una solución al “marcado deterioro físico” del inmueble, así como a las demandas de seguridad, infraestructura y servicios, de 2009 a la fecha, la asociación civil a cargo se ha reunido con diversas instancias del Gobierno del Distrito Federal. Los resultados son mínimos: la poda de la vegetación nociva, la activación temporal del “código águila” y la disminución del 40 por ciento de una deuda de 124 mil 139 pesos, por concepto de suministro del agua Flor Goche/Segunda parte y última

CONTRALÍNEA

Legislativa del Distrito Federal–, fue incluida en el Catálogo Nacional de Monumentos Históricos Inmuebles, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, con el número de ficha 090060071352. También el Instituto Nacional de Bellas Artes la nombró monumento histórico.

Hoy, la Casa Nacional del Estudiante, ubicada en el perímetro A del Centro Histórico de la Ciudad de México, desfallece ante la indiferencia gubernamental. Las cuotas de recuperación –50 pesos mensuales– que le aportan cada uno de los estudiantes de licenciatura que la habitan (jóvenes de escasos recursos económicos y provenientes del interior de la república, constituidos desde 1966 como asociación civil) no son suficientes para solventar los gastos de mantenimiento, mucho menos para revertir su inminente deterioro.

De acuerdo con la tesis profesional Remodelación de la Casa del Estudiante en el DF, para obtener el título de arquitecto por la Universidad Nacional Autónoma de México, elaborada por Carlos Salgado Sandoval, el edificio que lo albergó durante los últimos tres años de la

Rubén Darío Betancourt

H

ace 101 años, en una ceremonia presidida por destacados personajes del porfiriato, como el científico y entonces secretario de Hacienda y Crédito Público, José Yves Limantour Marquet, fue colocada la primera piedra de la Casa del Estudiante tallada con la insignia: “México, julio 6 de 1910”. En un cofre de hierro, bajo los cimientos del inmueble de aproximadamente 2 mil metros cuadrados, quedaron sepultadas el acta del día, envuelta en un ejemplar del periódico El Imparcial y una colección de monedas de la época.

Setenta años después, la obra a cargo del arquitecto Mauricio de María y Campos –quien también dirigió la construcción del recinto que actualmente alberga a la Asamblea

carrera y lo que duró su proceso de titulación tiene un “marcado deterioro físico” en fachada, acabados, herrería, estructura, cimentación e instalaciones.

Compuesta de tres cuerpos estilo ecléctico renacentista; con escudos labrados en cantería; piezas de talavera en color blanco, azul y verde; 37 ventanas de manera de pino enmarcadas en sillares de tabique; y dos columnas de orden toscano con relieves relativos a las ciencias, letras y artes, su fachada es una de las más afectadas. A los estragos del tiempo se suman los del clima, la contaminación y, por supuesto, la actividad humana.

Piezas faltantes de tabique rojo, deterioro de la capa de pintura de vinil y del aplanado de mezcla cemento-arena, vidrios rotos y madera en estado de putrefacción en las ventanas,

4Descuidada y en riesgo, la Casa Nacional del Estudiante, a pesar de ser monumento histórico

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frontón cerrado, así como del vestíbulo poligonal y de triple altura que comunica con las crujías laterales y el patio.

El auditorio, además, carece de diseño acústico e isóptico (que tenga una óptica igual desde cualquier ángulo) y de una adecuada instalación eléctrica; el frontón cerrado, de electricidad y su cubierta de lámina se encuentra perforada. En lo que

Rubén Darío Betancourt

azulejo cerámico y medallón de cantera gris con costras de mugre. La azotea con flora parásita, moho, fisuras y filtraciones de agua pluvial, como consecuencia de la falta de impermeabilizante.

Al interior, las escaleras de cantería con barandal de hierro y plomo que conectan los dos niveles de la casa estudiantil, permanecen en buen estado

Encuentros infructuosos

4Deteriorados, los 108 cuartos que conforman el inmueble

estructural, aunque con desprendimiento de pintura. No así el resto de la casa, con pisos, acabados, muros, herrería y vidrios en mal estado. Es el caso de las habitaciones, baños, auditorio, 38

profesional de nivel de licenciatura. Su tesis de remodelación de la casa estudiantil le valió una mención honorífica y la satisfacción de haber aportado una propuesta al espacio que le permitió concluir sus estudios universitarios. Un mes después, consecuencia del temblor de 6.5 grados en la escala sismológica de Richter que sacudió al país, el techo de uno de los 108 cuartos que conforman el inmueble se derrumbó.

se refiere a la instalación hidráulica, tres de cuatro tinacos presentan fisuras.

En noviembre de 2011, Carlos Salgado, originario de Guerrero, presentó su examen

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De 2009 a la fecha, durante la gestión de Karina del Consuelo Mares Flores como representante legal de la Casa del Estudiante José Ives Limantour, AC, los habitantes se han reunido una docena de ocasiones con diversos funcionarios del gobierno local. El objetivo: encontrar una solución al deterioro físico del inmueble y a las demandas de seguridad, infraestructura y servicios.

De acuerdo con los citatorios a las mesas de trabajo, expedidos por la Dirección General de la Concertación Política y Atención Social y Ciudadana del Gobierno del Distrito Federal, “la atención a la demanda ciudadana es interés fundamental del jefe de Gobierno del Distrito Federal, el licenciado Marcelo Ebrard Casaubón”.

No obstante, la solución a las peticiones estudiantiles ha sido limitada. Los últimos dos encuentros sucedieron a mediados de enero pasado, luego de que Pablo Téllez Munguía, habitante de la Casa y alumno del Instituto Politécnico Nacional, fuera golpeado y acuchillado por tres sujetos, justo en la puerta principal del inmueble estudiantil.

La representación de la asociación civil pidió al gobierno capitalino la activación de un “código águila” y “un circuito cerrado de cámaras administrado por la AC”, con el objeto de garantizar la integridad física, sicológica y jurídica de los asociados-habitantes de la Casa Nacional del Estudiante. También, cubrir los gastos médicos de Téllez Munguía, quien fue sometido a cirugía por el daño abdominal que sufrió; y que se “investigue y sancione” a los responsables.

El atentado contra Pablo Téllez ocurrió en el contexto de las agresiones y amenazas en contra de los estudiantes que, desde el 1 de enero pasado, restringen el acceso a 37 personas que fueron expulsadas de la asociación civil y del inmueble.

Uno de los expulsados es Jared Pérez Cid, militante del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y responsable, junto con otros dos individuos de una agresión el 9 de enero (Contralínea 271). Por eso, la mesa directiva de la Casa pidió al gobierno local esclarecer su relación con este joven.

Pedro Bello Aguilar, director de Gestión Social de la administración capitalina, refiere que de entre estas peticiones la única que tuvo respuesta favorable fue la activación del “código águila”.

No obstante, los habitantes de la Casa –quienes ya han sido beneficiaros de dicho esquema de vigilancia y, por tanto, conocen cómo opera– reportan que, hasta el cierre de esta edición, éste no se encontraba en funcionamiento.

—¿Ustedes tiene algún tipo de relación con Pérez Cid? –se le pregunta al funcionario–.

—Que yo sepa no. Se supone que está vinculado con el PRD y que conoce a funcionaCONTRALÍNEA

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rios. No sé a quién conozca, si es que los conoce.

Para Bello Aguilar, el conflicto por el que actualmente atraviesa la Casa del Estudiante es producto de una división interna en la que nada tiene que ver el gobierno capitalino.

Respecto del atentado contra el estudiante politécnico, el funcionario considera que es “circunstancial” porque “vivimos en una ciudad sobrepoblada” en la que la comisión de delitos es común.

decir en tiempo y forma, por lo menos hasta el 8 de febrero pasado, en la base electrónica del Sistema de Aguas de la Ciudad de México no constaba dicho pago.

Por eso, durante la reunión del 18 de enero pasado, Pedro Bello planteó el tema a la mesa directiva de la casa estudiantil.

Les pidió que, a la brevedad, solventaran su adeudo por concepto de suministro de agua,

alrededor de 200 mil pesos, pues de lo contrario “pueden perder el permiso administrativo temporal revocable”.

Y es que, a decir del funcionario, el inmueble es propiedad de la administración local, quien expidió un permiso de uso, aprovechamiento y posesión de suelo a favor de la Asociación Civil Casa del Estudiante. En contraste, fuentes de la Dirección General de Patrimonio

Inmobiliario del Distrito Federal indican que en “sus archivos no hay nada a favor del Distrito Federal” y que, incluso, existen “indicios” de que el predio es “patrimonio federal”.

En días recientes, la información referente a la asociación civil identificada como José Ives Limantour fue actualizada en la base electrónica del Sistema de Aguas de la Ciudad de México.

La deuda del agua En junio de 2009, Karina Mares dirigió un escrito a la Oficialía de Partes de la Procuraduría Fiscal del Distrito Federal para solicitar una “disminución del crédito fiscal por concepto de derechos por el suministro del agua”.

Luego de un año y cuatro meses de gestión y movilización por parte de la asociación civil, la instancia dependiente de la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal, a través del oficio SF/PFDF/SLCL/UDLL/2010/, con fecha de salida del 12 de octubre de 2010, emitió respuesta.

Resolvió disminuir en 40 por ciento el adeudo que esta asociación civil había acumulado en el transcurso de cinco años –del tercer bimestre de 2004 al tercero de 2009–, equivalente a 124 mil 139 pesos. A cambio, los integrantes de la casa estudiantil le entregaron un censo de sus habitantes, un reporte de las actividades que realizaron en 2009, y un balance general financiero de los últimos dos años para comprobar que sus ingresos son mínimos.

A pesar de que los estudiantes saldaron su deuda desde finales de octubre de 2010, es CONTRALÍNEA

4Copia del oficio emitido por la Procuraduría Fiscal del Distrito Federal en el que se resuelve reducir en 40 por ciento la deuda por concepto de suministro de agua a la Casa Nacional del Estudiante

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4Copia de uno de los citatorios de la Dirección General de Concertación Política del GDF en el que consta que Ebrard tuvo conocimiento de las reuniones con los asociados de la Casa

Así, se sabe que el actual adeudo, que data del quinto bimestre de 2009, asciende a 113 mil 748 pesos, con recargos incluidos.

Ahora, la mesa directiva de la Casa del Estudiante busca una nueva disminución del crédito fiscal por suministro de 40

agua y que, en adelante, se les cobre conforme a lo que marca su medidor, pues desde que se les instaló –en mayo de 2011–, nadie ha pasado a tomarle lectura. Karina Mares, representante legal, señala que el cobro por suministro del agua es exce-

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sivo, pues se considera a la Casa como una vecindad o multifamiliar con 108 tomas, y como tal se le cobra.

Fuentes del Sistema de Aguas de la Ciudad de México aclaran que el cobro que actualmente se hace a esta asociación

civil es con base en lo que marca el medidor y que el personal del Sistema de Aguas “no necesariamente requiere entrar al predio para tomar la lectura”.

Sin embargo, detectan irregularidades, ya que los últimos seis bimestres (de enero a junio de 2011) el costo es el mismo, 7 mil 290 pesos, “lo que indica que puede estar fallando el medidor”.

Otras demandas manifiestas durante este periodo y que tampoco han encontrado respuesta de la autoridad local son la impermeabilización del inmueble y la sustitución de los tinacos de asbesto (que de acuerdo con estudios de la Organización Mundial de la Salud desprenden material cancerígeno) por unos de polietileno. Lo que sí se realizó, acota Vanaquen Navarro Ramón –quien a partir de marzo de 2010 ejerce el cargo de representante legal al interior de la asociación civil–, fue “la poda de vegetación nociva” que crece, comúnmente, en construcciones antiguas como la casa estudiantil.

Finalmente, como consta en el oficio fechado el 29 de julio de 2009, y dirigido a la Subsecretaría de Programas Delegacionales y Reordenamiento Público de la Vía Pública, la actual representación estudiantil gestionó también el retiro del comercio ambulante de la zona aledaña a la Casa. Y es que, además de obstruir los accesos, los vendedores ambulantes sujetan sus puestos de la ya de por sí deteriorada estructura del inmueble histórico. También, porque el ruido excesivo que producen con altoparlantes a todo volumen afecta las dinámicas estudiantiles.

El 4 de agosto de 2011, dicha petición fue turnada, “para su mejor atención”, a la Coordinación General de la AuCONTRALÍNEA

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4El pago de agua, uno de los pendientes de la asociación civil a cargo de la Casa toridad del Centro Histórico, a cargo del coordinador de Acciones Sociales, Jesús Alberto Romero Cárdenas. “Lo que antecede es por considerar que su área está en posibilidades de otorgarle una mejor atención a las peticionarias y darle el seguimiento correspondiente”, se lee en el oficio SSRCVP/0244/ 2009, signado por Jorge A Martínez Castillo, subdirector de Seguimiento al Reordenamiento del Comercio en la Vía Pública. A la fecha, no hay respuesta.

En tanto, Pedro Bello asegura desconocer el deterioro físico en el que actualmente se encuentra el inmueble. “Ni sabía de ese tema. No sabía de las condiciones en que está al interior. No he entrado”.

CONTRALÍNEA

Del paternalismo estatal al proyecto autónomo Desde su creación hasta la fecha, la Casa del Estudiante ha transitado de un modelo paternalista hacia un proyecto autónomo y popular. Este último empezó a gestarse a partir de 2006, cuando algunos habitantes se organizaron para recuperar la razón social de la asociación civil: alojar a estudiantes de licenciatura de escasos recursos económicos y que provienen de interior de la república.

Entonces fueron expulsadas del inmueble y de la asociación todas las personas que no acreditaron su calidad estudiantil, alrededor del 70 por ciento de la comunidad de la Casa. Al frente

de este grupo se encontraba la familia López Cruz, que lucraba con el espacio, amedrentaba a estudiantes y se coludía con mafias de comerciantes y grupos políticos del gobierno local.

Hoy, a cinco años de ese hecho, hablar del proyecto autónomo popular de la Casa Nacional del Estudiante es más complejo. A decir de los asociados y egresados de la asociación civil, algunas de sus características son: la defensa de la educación pública, la solidaridad con luchas populares, la democratización de los mecanismos de toma de decisiones y de las relaciones sociales al interior del espacio; el apartidismo y la autogestión.

El viraje hacia el proyecto autónomo popular transformó

también la relación que hasta entonces se tenía con el exterior, incluidos partidos políticos, dependencias gubernamentales e instituciones de beneficencia privada.

En 2004, cuando Blanca Melgarito Rocha, hija de un indígena otomí y exasociada, ingresó a la Casa del Estudiante, la caridad y el corporativismo político representaban las formas primarias de obtención de recursos. Donaciones del Club Rotario (Rotary Internacional) a cambio de que los estudiantes les organizaran desayunos y les permitieran tomarse la “foto del recuerdo”; o apoyos de la delegación Cuauhtémoc, con la condición de que los jóvenes pintaran murales para campañas políticas y les “llenaran sus eventos”.

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4Copia de la ficha nacional del catálogo de monumento histórico inmueble otorgada a la Casa Nacional del Estudiante

“Nosotros nos dimos cuenta que vivir del asistencialismo no era digno y que teníamos que salir de eso. Fue cuando cortamos las relaciones corporativas con el Gobierno del Distrito Federal y, en concreto, con la

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delegación Cuauhtémoc. A partir de ahí y hasta la fecha, a manera de castigo, ellos comenzaron a denegarle a la asociación civil las aportaciones a las que tiene derecho todo ciudadano de la delegación”.

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En el contexto del conflicto por el que actualmente atraviesa la casa estudiantil, luego de que 37 personas, entre las que se encuentra Jared Pérez Cid, militante del PRD, fueran expulsadas de la asociación civil,

Blanca Melgarito, quien fungió como representante legal de 2006 a 2007, recuerda que durante su gestión “funcionarios del PRD” le ofrecieron aparecer en la nómina de este partido y así recibir un cheque mensual por 3 mil pesos “sin hacer nada; sólo lo que ya hacía en la Casa del Estudiante”.

“Yo no acepté”, asegura la también maestrante en estudios latinoamericanos. “Pero el trato de ellos es tan amable, tan buena onda, tan como si no te cooptaran; sino que ‘te ayudan en tu lucha justa’”.

Jared Pérez niega que detrás de él exista un “plan mafioso”: “No hay ningún funcionario de gobierno detrás de mí diciéndome qué hacer por la Casa”. No obstante, quienes han habitado el monumental inmueble saben que por su ubicación geográfica, comercial y turística, éste siempre ha sido objeto de intereses externos.

—¿Hay por parte de alguna instancia del gobierno del Distrito Federal la intención de acabar con el proyecto de la Casa Nacional del Estudiante y, por tanto, despojar a la asociación civil del inmueble?

—No, ¿por qué? Al contrario. Tú has visto con los [estudiantes] de Ayotzinapa todas la facilidades del mundo, independientemente de que traigan camiones secuestrados de por allá. No es nuestro interés meternos en situaciones políticas. ¿Cómo nos vamos a meter con la Casa del Estudiante?– responde Pedro Bello Aguilar, director de Gestión Social de la Dirección General de Concertación Política y Atención Social y Ciudadana del Gobierno del Distrito Federal.3

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TRABAJO ?

UACM Y EXDIRIGENCIA SINDICAL retienen 8 millones a trabajadores La Universidad Autónoma de la Ciudad de México y la antigua dirigencia del sindicato de trabajadores retienen 8 millones de pesos a los obreros. Las autoridades universitarias mantienen en su poder más de 3 millones y medio, que liberarán hasta que el sindicato cuente con la toma de nota y una nueva Comisión de Finanzas. Otros 4 millones se encuentran en manos de la antigua dirigencia sindical en cuentas a las que no tienen acceso los nuevos líderes. Mientras, la Universidad cesa a integrantes de la flamante representación gremial. Los trabajadores acusan al Gobierno del Distrito Federal de “inmiscuirse” en asuntos de la Universidad, pues –consideran– busca imponer a una dirigencia a modo en el sindicato Isabel Argüello

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Miguel Galindo

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Rubén Darío Betancourt

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4El Sindicato Único de Trabajadores de la UACM reclama casi 8 millones de pesos correspondientes a cuotas sindicales tanto a las autoridades universitarias como al antiguo sindicato

C

erca de 8 millones de pesos son “retenidos” al Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (SUTUACM). Las autoridades universitarias mantienen 3 millones 573 mil 251 pesos –respuesta a la solicitud 37000000038711, realizada por Contralínea a través de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal–, mientras Gabriela Cecilia Barrueta Ruiz y María Laura Cano Ordaz –quienes fungieron como secretaria general y secretaria de la Comisión de Finanzas, respectivamente, durante el periodo de 2007-2009– tienen bajo su poder 4 millones de pesos.

Por concepto de cuota sindical, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) aplica a 1 mil 175 trabajadores sindicalizados un descuento del 1 por ciento sobre el salario integrado vía nómina –la cifra de agremiados corresponde a la actualización que hace la Coordinación Ejecutiva del Sindicato ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje–. La institución está obligada a transferir a la cuenta bancaria del SUTUACM, durante los tres días 46

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hábiles siguientes a la quincena en que se haya practicado el descuento, el total de las cuotas (cláusula 88 Cuotas Sindicales, capítulo XII Apoyo a la Organización Sindical y Derechos Colectivos, del Contrato Colectivo de Trabajo).

El Comité de Transparencia de la Universidad, conforme el acuerdo 03/CTUACM/08/12/2011, restringió a Contralínea datos relevantes. “Se está solicitando el nombre del banco y el número de cuenta en la que se depositan dichas cuotas, lo

cual pone en riesgo la seguridad de los recursos económicos”.

José de Jesús Izquierdo Ubaldo, abogado general de la UACM, argumenta que el Sindicato se encuentra en una “irregularidad jurídica”. Con la entrega de la toma de nota a la Coordinación Ejecutiva, el 10 de febrero pasado, por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, no bastaría para que se les entregaran los recursos, pues un segundo requisito es la constitución de la Comi-sión de Finanzas, la cual tendría

Padrón general del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México Plantel de adscripción

Número de afiliados

Casa Libertad

146

Centro Histórico

115

Cuautepec de Madero

157

Del Valle

209

Eugenia

161

San Lorenzo

387

Total

1,175

Fuente: Abraham Guzmán de Blas y María Melania Patricia Hernández Ramírez, secretario General y secretaria de Organización, respectivamente, de la Coordinación Ejecutiva 2009-2011

CONTRALÍNEA

Rubén Darío Betancourt

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4María Esther Orozco, rectora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México

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te sus enlaces administrativos [de plantel], impide que los trabajadores vayan a asambleas cuando calcula que no les conviene”, comenta María Auxilio Heredia Anaya, secretaria general del SUTUACM, quien espera que los recursos por concepto de cuota sindical le sean entregados a la brevedad.

David Cilia

que elegirse en una asamblea general, como lo establece el artículo 26 de los Estatutos del SUTUACM. La “legalidad” con la que ha procedido la administración, de acuerdo con el funcionario, se basa en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (artículos 3, fracción VII, y 123), la Ley Federal del Trabajo (artículos 110, fracción VI, y 132, fracción XXII) y el Contrato Colectivo de Trabajo 2009-2011 (cláusula 1 Objeto y Ámbito de Aplicación, en el capítulo I Disposiciones Generales). Además, cita: la administración del patrimonio del Sindicato estará a cargo de la Comisión de Finanzas, de conformidad con sus atribuciones; los integrantes deberán contar con la experiencia en el manejo de bienes y atender a los principios de honestidad, oportunidad, transparencia y rendición de cuentas (artículo 65 de los Estatutos).

La dirigencia sindical señala que se trata de una argucia. “Al principio de nuestra gestión [como Coordinación Ejecutiva] tuvimos una reunión formal con la rectora [María Esther Orozco Orozco]; hubo una respuesta favorable, pero al final cerró diciendo ‘no tienen toma de nota’. Para nosotros es muy clara la intromisión de la administración en los asuntos del sindicato; es la injerencia en la vida de la organización y es una violación a la libertad sindical. Por ejemplo, [José Antonio] Cid Ibarra, median-

El 30 de mayo de 2011, a través del boletín 54, titulado El Ministerio Público da la razón a la rectoría de la UACM ante el conflicto con su sindicato, la Universidad informaba el “no ejercicio de acción penal en contra de Esther Orozco. “En el acuerdo, emitido el 9 de mayo pasado, se señala que el Sindicato no aportó los elementos para acreditar que la rectora actuó con fines de lucro, además de que el secretario general no se apegó a los ordenamientos internos del Sindicato al no exhibir constancia alguna que acreditara que la notificación de la cuenta bancaria del SUTUACM estaba suscrita en forma mancomunada por el secretario general y la Comisión de Finanzas, tal como lo señalan los Estatutos”.

La denuncia de hechos había sido interpuesta por Abraham Guzmán de Blas, secretario en ese entonces, y señalaba la supuesta comisión del delito de administración fraudulenta, relacionado con el manejo de las cuotas sundicales.

Carlos García Morales, secretario de Comunicación y Relaciones Externas del SUTUACM, declaró a nombre del Sindicato: “La rectoría de la UACM falta a la verdad una vez más […]. Nos encontramos

4Abraham Guzmán de Blas, quien denunció a las autoridades universitarias por la presunta comisión del delito de administración fraudulenta ante la procuraduría capitalina

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Rubén Darío Betancourt

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4Protesta universitaria contra la gestión de María Esther Orozco

ante una situación en la cual el apoyo del Gobierno del Distrito Federal a la doctora Orozco es clarísimo y tiene por objeto la aniquilación de nuestro Sindicato con los ataques de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y ahora de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal […]. Al Consejo Universitario le solicitamos no su intervención en asuntos internos del Sindicato, sino la revisión de las atribuciones normativas de la rectora para mantener secuestradas las cuotas sindicales de los trabajadores de la UACM” (Novena Sesión Extraordinaria de 2011, celebrada en el plantel Casa Libertad, el 31 de mayo).

“Ha ido creciendo el clima de hostigamiento y persecución” en contra de la

disidencia. Para Heredia Anaya, la Coordinación Ejecutiva electa está siendo vulnerada: José Alberto Benítez Oliva, suplente de la Secretaría de Organización, ha sido rescindido; José Eduardo Mosches Nitkin, de la Secretaría de Comunicación y Relaciones Externas, y Claudio Albertani Ganassini, de la Subsecretaría de Asuntos Laborales (sector académico), enfrentan un procedimiento administrativo ante la contralora general, Verónica Cuenca Linares. “Está clarísimo, se trata de una persecución contra la representación de los trabajadores”.

Según el boletín de prensa 001, del 26 de enero pasado, la UACM dice que, como “medida preventiva”, se suspendió “temporalmente” a Mosches Nitkin, Pedro de

Proceso de elección de la actual Coordinación Ejecutiva Votos Plantel de adscripción

Autonomía Sindical

Planilla Naranja

Casa Libertad

38

48

Centro Histórico

57

61

Cuautepec de Madero

78

60

Del Valle

86

82

Eugenia

133

59

San Lorenzo

78

123

Total

470

433 Fuente: Comisión Electoral 2011-2013

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León Rosas e Hiram Valverde Maldonado, los tres integrantes del área de Publicaciones de la Coordinación de Difusión Cultural y Extensión Universitaria, “por su presunta responsabilidad en el daño patrimonial de 3 millones de pesos en perjuicio de la institución”; y “se aclara que las rescisiones de los contratos laborales de los profesores Alberto Benítez y John [Erik] Hazard son el resultado de una queja presentada por consejeros estudiantiles, debido a las agresiones físicas y verbales que ambos académicos profirieron en su contra”.

En contraste, Guzmán de Blas precisa: “Lo central aquí es que las instancias [el Consejo Universitario, la Oficina del Abogado General y la Contraloría General] están siendo utilizadas políticamente en detrimento de los objetivos académicos de la Universidad; se hace para atacar a los que la doctora Orozco considera sus adversarios […] ¿Qué atribuciones tenía la administración para retener las cuotas sindicales?

Pues era un propósito político de ahorcar financieramente al Sindicato y hacerlo ver ante los trabajadores como deficiente; ésa era la dinámica, como se pretende ahora”.

Contralínea solicitó entrevista con las autoridades universitarias, por medio de Claudia Magdalena Macedo Ramírez, coordinadora de Comunicación. Hasta el cierre de esta edición, no se obtuvo repuesta por parte de la funcionaria. Izquierdo Ubaldo accedió por decisión personal.

Por otra parte, Barrueta Ruiz y Cano Ordaz, académicas sindicalizadas de San Lorenzo Tezonco, mantienen en cuentas de Bancomer y Grupo Financiero Inbursa 4 millones de pesos por el mismo concepto.

A decir de Abraham Guzmán, las antiguas dirigentes objetan que el proceso electoral no ha terminado, la comisión encargada renunció, y que la Comisión de Finanzas entrante requiere toma de nota otorgada por la Junta.

“La decisión del manejo de los recursos financieros deberá de tomarse de forma mancomunada entre el secretario General y el secretario de la Comisión de Finanzas. Ésta deberá de presentar el estado financiero del Sindicato en la primera semana de los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre de cada año” (artículo 66 de los Estatutos). Ante este hecho, ellas hacen un CONTRALÍNEA

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para la Coordinación Ejecutiva 2011-2013), José Hernández Vázquez, quien figuraba para ser suplente de la Secretaría de Organización, considera: “No hay retención de cuentas por parte de la autoridad. Si no tienes toma de nota o tienes una provisional y no puedes nombrar a una Comisión de Finanzas, pues no puedes mover ni un centavo porque no tienes personalidad jurídica para hacerlo”.

“Si las cuentas bancarias estuvieran a nombre del Sindicato, con la Comisión de Finanzas tendrían acceso. Si estuvieran a título de las compañeras, pues hay vías para ejercer ese derecho. Ambos casos nos remiten, desde un punto legal, a ver si tenemos la Comisión de Finanzas. Cualquier caso se resuelve si nuestra Comisión de Finanzas es reconocida en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje”, añade Samuel Vázquez Lima, quien también formaba parte de la planilla y sería secretario de Acción y Previsión Social.

Toma de nota y vida sindical El 78.38 por ciento de los sindicalizados eligieron, en octubre de 2011, a su dirigencia. “Conforme a los resultados de esta elección, el voto por la planilla Autonomía Sindical fue de 470 votos y por la Planilla Naranja emitieron su voto favorable 433 votantes”, según consta en el boletín de prensa, fechado el 28 de octubre de 2011, de la Comisión Electoral 2011-2013. No obstante, ambas planillas se disputaban la toma de nota que daría la Junta Local.

“Con respecto a la solicitud de toma de nota por parte de integrantes de la antigua Planilla Naranja, recordamos que el comunicado ‘No al charrazo’, del 20 de enero pasado, informamos que tres personajes con un negro historial, los abogados Gilberto Chávez Orozco, Elvia Palancares López y Miguel Ángel Aragón Audelo, acudieron ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje presentando docu-

David Cilia

uso ilegal de los recursos porque ninguna instancia u órgano de gobierno del Sindicato había autorizado su actuar a partir de que dejaran sus respectivas funciones, repara Guzmán de Blas y afirma que existen dos denuncias que están durmiendo el sueño de los justos en la Procuraduría local.

Personal de la Coordinación del Plantel San Lorenzo Tezonco y de la Coordinación Académica de la Universidad informa que Gabriela Barrueta se encuentra en año sabático –derecho apuntado en la cláusula 78, capítulo VIII Apoyos a la Actividad Académica y al Trabajo de Campo, del Contrato Colectivo–. Y, Laura Cano refutó: “No me interesa dar entrevista. Todo, algún día, saldrá a la luz. No quiero crear más controversia”, vía telefónica, el 7 de febrero de 2011.

A pesar de que “la recuperación de las cuotas sindicales” era uno de los puntos centrales del eje de trabajo propuesto por la Planilla Naranja (una de las contendientes

4La toma de nota, el “pretexto” para retener las cuotas sindicales CONTRALÍNEA

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Rubén Darío Betancourt

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Alicia Hernández expone que la Ley Federal del Trabajo la obliga a firmar todos los documentos que la Junta le presente.

“Me parece que cada quien debe de tomar su responsabilidad y yo lo hago al ser imparcial; no me voy a meter en esos problemas de si me pongo a favor de unos o de otros, porque dañaría a la institución al crear una mayor polaridad. Siempre he mantenido una relación cordial, sana y respetuosa con Alcalde y creo que el diálogo es lo que debe de prevalecer. Él es uno de los mejores abogados en la materia, pero no es un buen político. No podemos dejarle las decisiones a nuestros abogados porque nadie más que nosotros sabemos lo que representa el proyecto de la Universidad”.

La rectora instrumenta un “intento de charrazo” junto con “un grupo de afiliados al SUTUACM, algunos de los cuales, lamentablemente, son integrantes del Consejo General de Representantes […]. El montaje es evidente. En complicidad con el representante de rectoría, Lorenzo Gutiérrez Bardales, y los citados abogados utilizaron la documentación firmada para una supuesta impugnación, [pero fue] para una solicitud de toma de nota, incurriendo así en un delito que puede ser perseguido penalmente.

4Universitarios aseguran que el Gobierno del

mentación falsa, con la solicitud de la toma de nota en beneficio de aquella planilla”, se lee en el comunicado CE/04/2012, con fecha del 31 de enero pasado, de la actual Coordinación Ejecutiva Sindical.

Durante la junta aclaratoria del profesor John Hazard, el 16 de enero de 2011, Arturo Alcalde Justiniani explicaba: sin tener ninguna facultad, la representación de la Universidad pidió la toma de nota, lo cual es absurdo. Nunca en la historia el patrón pide eso porque no es autoridad, pero obviamente lo hace porque están boicoteando la toma de nota en la Junta a través de María Alicia Hernández Zamora y Lorenzo Gutiérrez Bardales. Las cuotas secuestradas son otra cosa absurda. Podemos emplazar a huelga, pero necesitamos que la gente vaya a las asambleas. Tenemos que ejercer presión sobre la base del gobierno de la Ciudad de México, porque quien coordina en la Junta es José Ángel Ávila Pérez, secretario del Gobierno del Distrito Federal.

Gutiérrez Bardales, Hernández Zamora y Etzel Blass Bautista son representantes del patrón y de los trabajadores ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. A decir del exsecretario General Abraham Guzmán “estos personajes se ostentan como funcionarios de la Junta” y perciben un salario.

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David Cilia

Distrito Federal se inmiscuye en la vida sindical de la UACM

Celebramos la honestidad y valentía de David [Gaytán Cabrera] y señalamos que los compañeros Mauricio Álvarez Estrada y Felipe García Hernández, antiguos integrantes de la Plantilla Naranja, también se han deslindado de las felonías que señalamos”, se lee en el comunicado enunciado.

El artículo 133, fracción V, de la Ley Federal del Trabajo prohíbe a los patrones intervenir en el régimen interno de un sindicato. Bajo esta perspectiva, el abogado general José de Jesús Izquierdo enfatiza en el hecho de que la Universidad no tiene competencia para determinar ni influir en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje.

“No tenemos preferencia [hacia una u otra planilla]. Que dentro de la Universidad haya una tendencia por contrarrestar la opinión de Autonomía Sindical es válido.

Si una de las planillas, la Naranja, supone que hubo irregularidades hará valer sus derechos ante las instancias prudentes y competentes; no porque lo digan las autoridades de la Universidad”.

Contralínea solicitó entrevista con Mayra Susana Carrillo Pérez y Pedro Mendoza Romero, integrantes del Consejo General de Representantes –órgano de deliberación y resolución, reglamentado a

4Afiliados al Sindicato Único de Trabajadores de la UACM señalan que son víctimas de represalias. Entre éstas, despidos supuestamente injustificados

CONTRALÍNEA

David Cilia

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4La problemática sindical ya se dirime en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje

partir del artículo 32 de los Estatutos–. Sin embargo, por decisión del resto del Consejo se abstuvieron de emitir declaraciones.

“Este juego de charrazo o sindicato blanco me parece un exceso en un ambiente universitario cuando se debe de tener la capacidad de argumentación. ¿Cómo han salido a comentar que se ingresó documentación falsa en la Junta? Con todo respeto, demuéstrenlo y las implicaciones legales son evidentes. Tenemos que encontrar mecanismos de inclusión. Hacemos un llamado a la cordura y a la sensibilidad.

En ausencia de una Coordinación Ejecutiva, la Asamblea aceptó una Comisión Negociadora, tres de un bloque y tres del otro. Tenemos un Consejo General de Representantes, ¿cuál es el papel que podría jugar en ese momento?”, puntualiza Vázquez Lima.

Gaytán Cabrera, excandidato a secretario general por la Planilla Naranja, en un comunicado del 27 de enero pasado, explica: “Accedí a firmar un poder para una impugnación, no para una solicitud de toma de nota y esto, en términos de principios, es bien diferente […]. Por ello, a partir de ahora, me deslindo públicamente de esta solicitud y de la Planilla Naranja e invito a todos, ‘naranjas’ y ‘autónomos’ u otros, a un diálogo racional a favor de la unidad sindical en estos momentos difíciles para los trabajadores y para nuestra universidad”.

CONTRALÍNEA

Aunque José Hernández y Samuel Vázquez no se retractan de haber firmado dicho documento, aseguran no ser personal allegado a la rectora Orozco Orozco. “Tenemos que buscar las formas de romper esos estereotipos. Si fuéramos gente de primer nivel, lo sospecharíamos.

Hay mucho trabajo que hacer y problemas que resolver. Debemos de responder por los votos que recibimos”.

Para Auxilio Heredia existía un contubernio entre la Junta Local, el Gobierno del Distrito Federal y la UACM para no entregar a Autonomía Sindical la toma de nota. “Me parece que hay una evaluación equivocada por parte del jefe de Gobierno [Marcelo Ebrard]; piensa que al Sindicato es mejor tenerlo con las manos atadas.

[Los que integramos] la Coordinación Ejecutiva hemos demostrado que somos trabajadores comprometidos con la institución. [Ante los procedimientos que se le siguen a Benítez, Mosches y Albertani] la lectura que hacemos es eso, un ataque frontal contra la representación sindical.

El Gobierno del Distrito Federal cree que golpeando al Sindicato la protegen a ella [Esther Orozco] y yo creo que no le hacen ningún favor. Nosotros no pedimos más que eso, que respeten nuestro Contrato Colectivo de Trabajo y eso implica que la administración y el gobierno no se metan en la vida interna del Sindicato”.

Para Alicia Hernández –quien fuera la primera secretaria general del SUTUACM–, José Hernández y Samuel Velázquez hay vacíos legales que deben de atenderse: la revisión y reforma urgente de los Estatutos, pues debió hacerse después de la primera elección de la Coordinación Ejecutiva; la constitución de las comisiones de Honor y Justicia, Garantías y Vigilancia, de Finanzas, y de Procedimientos Electorales (artículo 26 de los Estatutos); el desarrollo de las comisiones mixtas de Admisión, Evaluación y Escalafón del Personal Administrativo; de Seguridad e Higiene; de Formación, Capacitación y Adiestramiento; y de Tabuladores, todas éstas emanadas del capítulo X –Comisiones Mixtas del Contrato–; hace falta el Estatuto de Personal Acadé-mico y Administrativo; las coordinaciones ejecutivas salientes tendrían que emitir informes íntegros sobre su gestión, al acoger principios enumerados en el artículo 3 de los Estatutos; existe la necesidad de recuperar el carácter colegiado de las coordinaciones; y la actualización de la información sindical ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Durante la Asamblea General del 18 de agosto de 2011, en San Lorenzo Tezonco, se eligió a los integrantes de la Comisión Electoral 2011-2013: Juanita del Pilar Ochoa Chi y David Velázquez Suárez, de Centro Histórico; Cuauhtémoc Santos Jiménez y Laura Ivonne Mendoza Sánchez, de Casa Libertad; Beatriz Eugenia Romero Cuevas y Rafael Iván Azuara Monter, del Valle; Esther Manning Ortega y Luis Manuel Aburto López, de Eugenia; Alejandro Fragoso Domínguez y Ernesto Guijosa Hernández, de San Lorenzo Tezonco; José Doroteo Munive Espinosa y María del Rocío Álvarez Guerra, de Cuautepec (de Madero).

Dicha Comisión dio seguimiento al proceso en el que Autonomía Sindical ganaría. De acuerdo con el Comité de Observadores Independiente, conformado por varias asociaciones civiles, no se reportó durante la jornada de elección de la Coordinación Ejecutiva 2011-2013 “ningún incidente de gravedad que considerara algún recurso de impugnación”.3 26 DE FEBRERO DE 2012

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LÍNEA GLOBAL _

Proyecto Juicio Final: la MANIPULACIÓN El asesinato de Robert Kennedy, el Watergate y el escándalo Irán-Contras fueron hechos que beneficiaron a un puñado de magnates estadunidenses, entre los que se encuentran Rumsfeld y Cheney. Les permitió apoderarse progresivamente del complejo militar-industrial de un país que ahora vive bajo un estado de urgencia permanente. La primera exigencia de un movimiento como Occupy Wall Street debería ser la abrogación del Patriot Act, que legaliza la solución de la crisis política en Estados Unidos por la vía militar Peter Dale Scott/Red Voltaire/Segunda y última parte

T

odos los eventos profundos antes mencionados conducen a la atribución a Washington de poderes represivos cada vez más numerosos. Es evidente que la Comisión Warren usó el asesinato del expresidente John F Kennedy para recrudecer la vigilancia de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por su sigla en inglés) sobre la ciudadanía estadunidense. Como escribí en mi libro Deep politics, era el resultado “de las controvertidas recomendaciones de la Comisión Warren al imponer que se ampliaran las responsabilidades del Servicio Secreto en materia de vigilancia interna. Paradójicamente, la Comisión concluyó que Lee 52

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Harvey Oswald [el asesino de Kennedy] había actuado solo […] Pero también que el Servicio Secreto, la Oficina Federal de Investigación [FBI, por su sigla en inglés] y la CIA debían de coordinar en conjunto la vigilancia sobre los grupos organizados. En particular, recomendó al Servicio Secreto que se dotara de una base informática de datos compatible con la que ya había elaborado la CIA”.

Este esquema se repetiría cuatro años después con el asesinato de Robert Bobby Kennedy, exfiscal general de Estados Unidos. En las 24 horas transcurridas entre los disparos que lo alcanzaron y su deceso, el Congreso adoptó con carácter urgente una ley redactada de antemano (como

también lo estaban la Resolución del Golfo de Tonkín, de 1964, y la Patriot Act, de 2001), la cual amplió de nuevo los poderes secretos conferidos al Servicio Secreto en nombre de la protección de los candidatos a la Presidencia.

No se trataba de un cambio insignificante. Esa ley, aprobada con la mayor premura bajo la administración de Lyndon Baines Johnson, dio lugar a algunos de los peores excesos de la era de Richard Nixon.

Ese cambio contribuyó también al caos y a los actos de violencia de 1968, CONTRALÍNEA

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durante la Convención Demócrata de Chicago. Agentes de vigilancia de la inteligencia militar asignados al Servicio Secreto operaban entonces dentro y fuera de la sala de reuniones. Varios agentes equiparon a los “gamberros de la Legión de la Justicia, como la Chicago Red Squad [que] cometió actos de brutalidad contra los grupos antibelicistas locales”.

Fue así como los nuevos poderes secretos conferidos después del asesinato de Robert Kennedy propiciaron el catastrófico desorden de la Convención de Chicago, que prácticamente destruyó el viejo Partido Demócrata representante de los sindicatos. Los tres presidentes demócratas elegidos después de aquello fueron aún más conservadores.

Si se aborda la cuestión del Watergate o del Irangate, ambos CONTRALÍNEA

hechos constituyeron no una extensión sino un retroceso de los poderes represivos que ejercían Nixon y la Casa Blanca de Ronald Reagan. Aunque de forma superficial, es cierto que dieron lugar a reformas legislativas que parecen contradecir mi tesis de la extensión de la represión.

Pero hay que puntualizar la diferencia entre la fase inicial del Watergate (la efracción) y los dos años de crisis registrados como consecuencia de ese acto malintencionado. La crisis del Watergate mostró a un presidente obligado a dimitir por la conjunción de numerosas fuerzas en las que se incluían simultáneamente liberales y conservadores. Pero los personajes fundamentales de esa primera fase –Howard Hunt, agente retirado de la CIA; James W McCord, integrante de la Operación 40 de la CIA; el jefe de ope26 DE FEBRERO DE 2012

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4Donald Rumsfeld, presente en la ejecución de las políticas secretas del gobierno estadunidense en la década de 1970

Seguridad Nacional y se le comunicó al vicepresidente Nelson Rockefeller que quedaría al margen de la candidatura republicana en 1976. Esa importante reorganización fue planeada por otros dos personajes de la derecha: Donald Rumsfeld y Richard Dick Cheney, entonces integrantes de la Casa Blanca en la administración de Gerald Ford. www.msnbcmedia.msn.com

raciones de la Unidad de la Casa Blanca, G Gordon Liddy, y sus aliados cubanos– se situaban todos a la derecha de Nixon y del exsecretario de Estado, Henry Alfred Kissinger. Y el resultado de sus maquinaciones no se concretó hasta el momento de lo que se denominó la “masacre de Halloween”, en 1975, cuando Kissinger fue expulsado de su puesto de consejero para la

4Richard Cheney, entre los autores de los planes de Continuidad del Gobierno, vinculados al Proyecto Juicio Final

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Aquel día de 1975 se concretó la derrota final de la facción llamada “Rockefeller” –o facción liberal– del Partido Republicano.

Fue reemplazada por la conservadora “Goldwater-Casey”, que rápidamente lograría apoderarse de la candidatura presidencial y luego de la función suprema a través de Reagan. Esta revolución palaciega poco conocida, al igual que otras intrigas que se produjeron a mediados de la década de 1970, contribuyó al cambio en Estados Unidos: pasó de ser una economía capitalista de bienestar, que reducía paulatinamente las disparidades en materia de ingresos y de riqueza, a ser una “plutonomía” financiada en la que se invertían las tendencias anteriores.

A través del Irangate se constata la acumulación de poderes represivos encubiertos bajo reformas liberales. En esa época, no sólo la prensa sino también los profesores e investigadores universitarios –entre éstos yo– celebraron el fin del apoyo (estadunidense) a los contras en Nicaragua, así como el éxito del proceso de paz de Contadora. En cambio, lo que no se supo fue que, aunque el teniente coronel Oliver North había sido excluido del Proyecto Juicio Final, los planes de ese programa que preparaban la vigilancia, las detenciones arbitrarias así como la militarización de Estados Unidos siguieron extendiéndose después de su partida.

Tampoco el hecho de que el Congreso de Estados Unidos, a pesar de reducir su ayuda a un pequeño ejército narcofinanciado y vinculado con la CIA, estaba desarrollando en Afganistán un creciente apoyo a una coalición mucho más grande de fuerzas paramilitares aliadas a la Agencia y financiadas a través de la droga. Si bien el Irangate permitió que se conociera el asunto de los 32 millones de dólares que Arabia Saudita había entregado a los contras (a pedido del director de la CIA, William Casey), nada se supo sobre los 500 millones de dólares (probablemente más) que los sauditas, también por solicitud de Casey, habían entregado en aquella misma época a los muyahidines afganos. En ese sentido, el dramatismo utilizado al presentar el Irangate en el Congreso puede ser considerado como un montaje que desvió la atención del público, mucho más CONTRALÍNEA

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importante, de Estados Unidos en Afganistán –una política Mismos individuos en los eventos profundos secreta que ha evolucionado desde entonces para convertirse en la guerra más larga de toda la historia del país.

Nunca olvidaré la primera plana del diario The New York Times Si se amplía la visión del caso Irán-Contras, se verá que en del 18 de junio de 1972, el día siguiente a la efracción del hotel realidad se trata del caso Irán-Contras-Afganistán. Entonces se Watergate. Allí estaban las fotografías de los individuos que tendría que admitir que a través de ese habían entrado en el inmueble, inclusievento profundo, complejo y mal conove las de Frank Sturgis (alias Fiorini). cido la CIA recuperó en Afganistán la Sturgis no era un tipo cualquiera.

“Con el caso Irán-Contras, Excontratista capacidad paramilitar que el almirante de la CIA, contaba además la CIA recuperó su Stansfield Turner había tratado de quicon numerosos contactos en el medio de tarle cuando ocupó el cargo de director los expropietarios de casinos de La Habana, capacidad paramilitar de la Agencia (bajo la administración de Cuba, todos vinculados al hampa. Mis prien Afganistán” James Earl Carter). Fue, en resumen, meros escritos sobre el caso Kennedy se una victoria para una facción que se concentraron en los vínculos entre él y componía del oficial de la CIA, Riun campo de entrenamiento de anticaschard Blee, protector de uno de los cinco secuestradores del tristas cubanos cercano a Nueva Orleans, en cual Oswald había vuelo que se estrelló contra el Pentágono, como parte de un mostrado interés. También abordaban la implicación de Sturgis ataque suicida coordinado el 11 de septiembre de 2001, en falsos cuentos primarios que describían a éste como particiKhalid al-Mihdhar, y defensor en 2000, de una intensifica- pante en una conspiración comunista cubana. ción de las actividades paramilitares de la CIA en En 1983, cierto número de cubanos integrantes del ejérciAfganistán. to particular del agente Manuel Artime, respaldado por la CIA

4Con los eventos profundos, Estados Unidos ha justificado invasiones armadas como la de Irak CONTRALÍNEA

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en Centroamérica, ayudaron a Sturgis en la propagación de aquellos cuentos primarios. En 1965, la base de Artime, Costa Rica, fue cerrada supuestamente debido a su implicación en el tráfico de drogas. Durante la década de 1980, algunos de aquellos exilados cubanos estuvieron implicados en actividades de apoyo a los contras (integrantes de las bandas contrarrevolucionarias que Estados Unidos financiaba con el tráfico de drogas para utilizarlos en su guerra sucia contra el gobierno sandinista nicaragüense).

El mentor político del Movimiento de Recuperación Revolucionaria de Artime era Howard Hunt, uno de los organizadores de la operación del Watergate. En 1972, pagó la fianza de los cubanos que habían participado en ese escándalo político. Ramón Milián Rodríguez, que se dedicaba al lavado de dinero de la droga, declaró haber entregado a varios de los cubanos del Watergate 200 mil dólares provenientes de Artime.

Rodríguez dirigió después dos empresas costarricenses de mariscos –Frigoríficos y Ocean Hunter– que blanqueaban el dinero de la droga para prestar apoyo financiero a los contras.

También se indicó que Hunt y McCord habían estado implicados en los planes de Artime para invadir Cuba, en 1963. No creo que sea por casualidad que Artime, el protegido de Hunt, se metió en el tráfico de drogas. Hunt manejaba una cone- 4Los planes para la atención de crisis profundas capaces de desestabilizar al gobierno de Estados Unidos xión de narcóticos en Estados Unidos desde que fue, en 1950, jefe de misión de la Oficina de Coordinación Política en correo postal en Estados Unidos, en perio- Continuidad del gobierno México. do de conflicto armado”. Ésta formaba Pero McCord, quien sería después el parte del Programa de Seguridad de la La participación de James McCord en un cómplice de Hunt y de G Gordon Liddy en Información en Tiempo de Guerra que sistema de planificación de urgencias la preparación y ejecución de la efracción del tenía la responsabilidad de activar “los pla- encargado de (censurar) las telecomunicaWatergate, no sólo se había distinguido nes de urgencia para imponer la censura ciones sugiere la existencia de un denomipor sus actividades anticastristas en 1963. de prensa, correos y todas las telecomuni- nador común tras prácticamente todos los También era integrante de la Red de caciones (incluso de las comunicaciones eventos profundos analizados. Oliver Planificación de Crisis de Estados Unidos, gubernamentales) y para encarcelar de North –en la organización del Iránque más tarde ocuparía un lugar central tras forma preventiva a los civiles que represen- Contras, era el hombre de confianza del el Irangate y el 11 de septiembre de 2001. taran “riesgos securitarios” poniéndolos en tándem Reagan-Bush dentro de la Oficina McCord pertenecía a una pequeña unidad “campos militares”. Se trataba de los mis- de Preparación para Crisis– estuvo implide reserva de la fuerza aérea estadunidense mos planes identificados en la década de cado también en ese plan y tenía acceso a en Washington, dependiente de la Oficina 1980 bajo la denominación de Proyecto la red nacional supersecreta de comunicade Preparación para Crisis. La unidad estaba Juicio Final, los planes de Continuidad del ción del Proyecto Juicio Final.

La red de North, conocida con el encargada “de confeccionar la lista de extre- Gobierno en los que trabajaron Cheney y mistas y de organizar planes de urgencia Rumsfeld durante los 20 años anteriores al nombre de Flashboard, “excluía a los demás funcionarios que tenían puntos de para censurar los medios de prensa y el 11 de septiembre de 2001.

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inclu

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nidos incluyen comunicaciones secretas

vista opuestos […] y disponía de su propia red informática mundial dedicada al antiterrorismo […] a través de la cual sus integrantes podían comunicarse exclusivamente entre sí y con sus colaboradores en el extranjero”.

North y sus superiores utilizaron Flashboard en operaciones especialmente sensibles, que debían de permanecer secretas para los demás integrantes –sospechosos u hostiles– de la administración de Washington.

Las operaciones incluían entregas ilegales de armas a Irán y otras actividades, algunas de las cuales hoy siguen siendo desconocidas, que incluso pueden haber tenido como blanco a Olof Palme (líder del Partido Socialdemócrata de Suecia, asesinado por un desconocido mientras paseaba en compañía de su esposa tras salir del cine).

Flashboard, la red de urgencia de la década de 1980 en Estados Unidos, era en 1984 y 1986 el nombre que identificaba la red operativa de la Continuidad del Gobierno. Ésta fue planificada en secreto durante 20 años por un equipo que incluía CONTRALÍNEA

a Cheney y Rumsfeld, y su costo total implicó varios miles de millones de dólares. El 11 de septiembre de 2001, los dos hombres que desde hacía tanto tiempo la habían planificado volvieron a activarla.

Ya en 1963, se perciben indicios del Proyecto Juicio Final, cuando Jack Crichton, jefe de la 488 Unidad de Reserva de la Inteligencia Militar, participó en éste en su condición de jefe de Inteligencia para la Protección Civil de Dallas, desde el Centro Subterráneo de Operaciones de Urgencia. Russ Baker cuenta que “dado que debía de permitir garantizar la Continuidad del Gobierno en caso de un ataque, [el Centro] había sido enteramente equipado con material de comunicación”. Un discurso pronunciado en la inauguración del centro, en 1961, proporciona más detalles: “Este Centro de Operaciones de Urgencia forma parte del Plan Nacional tendiente a conectar las agencias gubernamentales federales, provinciales y locales a través de una red de comunicación, a partir de la cual será posible dirigir las operaciones de salvamento en caso de una urgencia local o nacional. Es parte esencial del Plan Operacional de Supervivencia, a nivel federal, provincial y local”.

En otras palabras, Jack Crichton, al igual que James McCord, Oliver North, Rumsfeld y Cheney, formaba parte de lo que en la década de 1980 se llamó Proyecto Juicio Final.

Pero el objetivo de ese programa se amplió considerablemente en 1988: ya no se trataba sólo de prepararse para un ataque nuclear, sino de planificar la suspensión efectiva de la Constitución de Estados Unidos ante cualquier tipo de urgencia nacional. Este cambio, introducido en 1988, permitió la aplicación de la Continuidad del Gobierno el 11 de septiembre de 2001. Hasta aquel momento, el Proyecto Juicio Final se había desarrollado hasta convertirse en lo que el Washington Post llamó “un gobierno de la sombra que ha evolucionado basándose en planes de continuidad de las operaciones preparados desde hace mucho tiempo”.

Está claro que la Oficina de Preparación para Crisis proporciona un denominador común para identificar a los personajes clave tras prácticamente todos los hechos estructurales analizados en este artículo. Queda mucho camino por recorrer antes de que se logre comprobar si la propia Oficina fue el origen de alguno de esos hechos. Creo, sin embargo, que las redes alternativas de comunicaciones internas de ésta (que más tarde serán incorporadas al Proyecto 908) han desempeñado un papel significativo al menos en tres eventos profundos: el asesinato de John F Kennedy, el Irangate y el 11 de septiembre de 2001.

Lo anterior se demuestra fácilmente con el caso del 11 de septiembre, donde ya se sabe que Cheney aplicó los planes de Continuidad del Gobierno del Proyecto Juicio Final, incluso antes de que se estrellara el último de los cuatro aviones secuestrados. La Comisión Investigadora fue incapaz de encontrar los registros que hubieran permitido reconstruir las principales decisiones que tomó Cheney, lo cual parece indicar que éstas sólo pudieron elaborarse a través del “teléfono seguro”, situado en el túnel que conduce al bunker presidencial –tan secreto que la Comisión Investigadora sobre el 11 de septiembre nunca pudo 26 DE FEBRERO DE 2012

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4El momento en que Jack Ruby disparó contra Lee Harvey Oswald (al centro), asesino de John F Kennedy

obtener las grabaciones telefónicas–. Probablemente se trataba de un teléfono del programa de la Continuidad del Gobierno.

En realidad no se sabe si el “teléfono seguro” pertenecía al Servicio Secreto o si, como cabe esperar, era parte de la red segura de la Agencia de Comunicaciones de la Casa Blanca. De ser correcta la segunda hipótesis nos encontraríamos ante una importante similitud entre el 11 de septiembre y el asesinato de Kennedy.

En efecto, la Agencia de Comunicaciones afirma en su sitio web que fue “un elemento clave en la documentación sobre el asesinato del presidente Kennedy”.

Sin embargo, no resulta fácil comprender quién compiló esa documentación ya que la Comisión Warren no logró que se le diera acceso a los registros y transcripciones de la Agencia.

El Servicio Secreto había instalado un transmisor de radio portátil de la Agencia de Comunicaciones de la Casa Blanca en el vehículo que encabezaba el cortejo presidencial. Éste utilizaba también la radio de la policía para mantenerse en contacto con el auto-piloto, en el que se hallaba George Lumpkin, director 58

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adjunto del Departamento de Policía de Dallas e integrante de la 488 Unidad de Reserva de la Inteligencia Militar.

Las grabaciones de los mensajes de la Agencia de Comunicaciones del convoy nunca fueron entregadas a la Comisión Warren, ni tampoco a la comisión sobre los asesinatos creada por la Cámara de Representantes ni al Comité de Estudio de los Archivos sobre Asesinatos. Por lo tanto, no se puede determinar si esas grabaciones pudieran explicar algunas de las anomalías comprobadas en los dos canales del Departamento de Policía de Dallas. Por ejemplo, las grabaciones habrían permitido aclarar la llamada de origen desconocido que grabó la policía de Dallas. Ésta proporcionó la descripción de un sospechoso exactamente de la misma estatura y peso –erróneos por demás– que aparecían en los expedientes del FBI y la CIA sobre Lee Harvey Oswald.

En 2012, todavía se vive bajo el estado de urgencia proclamado por el expresidente George Bush desde el 11 de septiembre de 2001. En todo caso, ciertas disposiciones de la Continuidad del Gobierno siguen vigentes y fueron incluso reforzadas por Bush a través de la Directiva Presidencial 51, en mayo de 2007. El Washington Post comentó en relación a la Directiva que, “después de los atentados de 2001, Bush nombró un centenar de altos funcionarios civiles, entre éstos a Cheney, para que se turnaran en secreto durante varias semanas o meses, en instalaciones de la Continuidad del Gobierno situadas fuera de Washington, para garantizar la supervivencia de la nación. Constituyen así un gobierno de la sombra que ha evolucionado con base en ‘planes para la continuidad de las operaciones’ preparados desde hace mucho tiempo”.

Es posible que este “gobierno de la sombra” haya definido los objetivos finales de los proyectos de la Continuidad del Gobierno ya previstos desde hace tiempo, como por ejemplo la vigilancia sin mandato (judicial), sobre todo gracias a la ley Patriot Act. Las controvertidas disposiciones de esta legislación ya habían sido aplicadas por Cheney y otros funcionarios, incluso antes de que el proyecto de ley llegara al Congreso, el 12 de octubre de 2001.

Otros proyectos de la Continuidad que fueron puestos en práctica incluían la militarización y vigilancia interna bajo la dirección del Comando Norte, así como el proyecto del Departamento de Seguridad Interna llamado Endgame, un plan decenal de ampliación de los campos de detención que sólo en el ejercicio fiscal correspondiente a 2007, alcanzó un costo de 400 millones de dólares.

Tengo, por consiguiente, una recomendación para el movimiento Occupy, que justamente se rebela en contra de los excesos plutocráticos que Wall Street ha

“Proyectos de la Continuidad que fueron puestos en práctica incluían la militarización y vigilancia interna bajo la dirección del Comando Norte” CONTRALÍNEA

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cometido durante las últimas tres déca“Desde el 11 de septiembre las instituciones estadunidenses y de la prensa dominante. das: llamar a que se ponga fin al estado de de 2001, se mantiene Esta disimulación de la verdad se ha urgencia que se mantiene en vigor convertido desde entonces en una embadesde 2001. En virtud de éste, desde en vigor el estado razosa prioridad para todas las adminis2008, una brigada de combate del de emergencia” traciones posteriores, inclusive a la actual.

Ejército se mantiene permanentemenEn ese sentido se puede citar, por ejemplo, te en posición, en Estados Unidos, en el caso de Todd Leventhal, funcionario del parte para que esté lista “a contribuir Departamento de Estado –bajo la administración de Barack al control de las multitudes y de disturbios sociales”.

Los amantes de la democracia deben de hacer todo lo posi- Obama– cuya función oficial consistía (hasta hace poco) en defenble por evitar que la crisis política que actualmente se desarrolla der la tesis del loco solitario en respuesta a las tesis de los llamados “conspiracionistas”. en Estados Unidos se resuelva por la vía militar.

Si Oswald no fue un asesino solitario, no sería sorprendente En conclusión, desde hace medio siglo la política estadunidense ha sido influida y alterada por la irresolución del asesi- que existiera un vínculo entre quienes falsificaron los infornato de Kennedy. De acuerdo con un memorándum del 25 de mes sobre él y quienes han deformado la política de Estados noviembre de 1963, redactado por el fiscal general adjunto Unidos en los posteriores eventos profundos, empezando por Nicholas Katzenbach, en aquel entonces era importante con- el Watergate.

Desde los eventos profundos de 1963, la legitimidad del vencer a la opinión pública de que “el asesino era Oswald” y que “no había cómplices”. Por supuesto, esta prioridad se hizo sistema político de Estados Unidos se ha visto atrapada en una más importante aún después de la adopción simultánea de esas mentira que los eventos profundos posteriores han ayudado dudosas proposiciones por parte de la Comisión Warren, de a proteger.3

4“El manejo de las crisis del sistema político de Estados Unidos implica el uso de la milicia, la restricción de los derechos sociales y la difusión de versiones oficiales no reales”

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LÍNEA GLOBAL ?

Guerras monetarias

ANTECEDEN A CAMPAÑA MILITAR 60

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www.iraq-businessnews.com

www.vox.com.mx

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4China, uno de los dos compradores leales del petróleo iraní en Asia

M

ontevideo, Uruguay.

La ya endémicamente peligrosa coyuntura en Oriente Medio se agravó con la adopción por parte de la Unión Europea del embargo sobre las compras de petróleo y petroquímicos iraníes, acompañadas por otra tanda de sanciones contra el Banco Central de Irán.

Cuando aún no se cumple el primer aniversario de los bombardeos de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), para cambiar el régimen en Libia, Trípoli, y se ven signos de una guerra civil con los combates entre las facciones “revolucionarias” y los ataques de los simpatizantes del derrocado político y militar libio Muamar el-Gadafi, los

La mayoría de las aventuras bélicas de Estados Unidos han buscado no sólo asegurarle recursos naturales, sino frenar su debacle financiera. Husein, Gadafi y ahora Bashar al Assad han tenido en común que han renunciado al dólar y con ello debilitaron aún más la moneda. Con guerras, Estados Unidos busca alargar la agonía de su endeudado y volátil sistema financiero, explican especialistas Alberto Rabilotta/Prensa Latina CONTRALÍNEA

gobernantes de Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña y otros países de la Unión Europea que reclamaron una acción rápida contra el gobierno de Trípoli están exhortando a acciones militares contra Siria e Irán.

Todo esto en el contexto de la crisis financiera y económica que azota a la Unión Europea, con secuelas de desempleo y empobrecimiento masivo y que va camino de convertirse en una “guerra monetaria” por los niveles estratosféricos de endeudamiento de países occidentales, en particular de Estados Unidos que financia su endeudamiento gracias a la primacía del dólar como moneda de reserva y de pago para las transacciones comerciales mundiales.

Muchos países ya están buscando una alternativa al dólar estadunidense porque, con el nivel altísimo de endeudamiento de Estados Unidos, la divisa moneda de un respaldo sólido a mediano y largo plazos, y por lo tanto no es una moneda de reserva confiable.

Incluso el Fondo Monetario Internacional planteó, hace menos de un año, que era necesario buscar una opción al dólar.

Otros países la quieren para liberarse de las presiones y sanciones de Washington y sus aliados europeos, y también para corregir las distorsiones en los términos de intercambio que actualmente provoca el uso casi exclusivo del dólar para el comercio mundial de materias primas.

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Billete verde y oro negro

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Oro negro sin billete verde Beijing está comprando petróleo con yuanes en otros países y negociando adquisiciones futuras de crudo con su moneda en Catar, ese pequeñísimo país del Golfo Pérsico gobernado por una monarquía absoluta que defiende totalmente la introducción por la fuerza de “la democracia de la OTAN” en naciones que están lejos de sus fronteras, como Siria y Libia.

El embajador Melkulangara K Bhadrakumar, exdiplomático de India que tuvo cargos en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Corea del Sur, Turquía y en

varios países asiáticos, y que escribe regularmente en diario Asia Times, analiza la reciente visita que el primer ministro chino Wen Jiabao hizo a Catar, y sus declaraciones a la prensa.

Indica que su país quiere invertir en Catar para producir petroquímicos, para lo cual Beijing y Doha destinarán dinero de manera conjunta en la construcción de una refinería en China. Añade que empresas chinas quieren participar en los “proyectos de infraestructura en Catar” y que, en lo tocante al gas natural, ambas naciones están en discusión sobre “una cooperación a largo plazo, estable y exhaustiva”.

Y como subraya Bhadrakumar, Jiabao dejó la sorpresa para el final cuando se refirió a “otro punto importante”: “A fin de encarar temas de inversión, nosotros [China y Catar] necesitamos apoyo financiero. Por lo tanto llegamos a otro acuerdo, uno de cooperación que vincula las finanzas con la inversión. Catar también propuso el uso de una moneda local en los pagos comerciales e incluso una tasa específica. Pienso que esta propuesta se puede estudiar”.

www.oregonlive.com

El analista y periodista brasileño Pepe Escobar, que desde hace años cubre la lucha de interéses imperialistas en los países clave por sus riquezas en hidrocarburos o porque son el tránsito ideal u obligado de los ductos para transportar petróleo o gas natural a los mercados occidentales, escribió a mediados de enero pasado (The myth of “isolated” Irán, http:// atimes.comy www.tomdispatch.com) que la “línea roja” en la crisis iraní no es la cuestión nuclear, sino el petróleo y los petrodólares.

Washington y sus aliados europeos quieren provocar un cambio de régimen en Irán –país que cuenta con más del 12 por ciento de las reservas globales de hidrocarburos–, para lo cual han lanzado una guerra monetaria destinada a provocar una “megadevaluación” del rial iraní mediante sanciones decididas por el Congreso estadunidense, en diciembre de 2011, a los bancos y empresas que hagan transacciones con el Banco Central Iraní.

Esta política, de acuerdo con Escobar y otros analistas, no tendrá necesariamente los resultados esperados, porque esas agresiones apuntalarán la política de “sustitución de importaciones” (que tanto sirvió en el pasado y que sirve actualmente en muchos países suramericanos) lo que generará empleos, facilitará la exportación de productos iraníes –que no son del ramo petrolero– y consolidará en el mercado iraní la predominancia de China como proveedor de bienes industriales y de alta tecnología.

Irán no está tan aislado como Washington quisiera. El gasoducto Irán-Pakistán –indica Escobar– está en marcha y el primer ministro paquistaní, Yusuf Gilani, visita con frecuencia Teherán. El presidente afgano, Hamid Karzai, asegura que quiere estrechar lazos con Irán y hasta las autoridades de Turquía, que actúa como punta de lanza contra el gobierno sirio en estos momentos, han “señalado su rechazo a más sanciones de Estados Unidos contra el petróleo iraní”, porque Turquía quiere ser la nación por la cual pase el gasoducto que “algún día” llevará el gas iraní a Europa.

Los analistas latinoamericanos, los que no están sujetos al filtro mediático europeo

o estadunidense, saben que la reciente gira del presidente iraní Mahmoud Ahmadinejad por varios países de América Latina –región donde si alguien está aislado es Washington– fue exitosa. Y en Asia, donde están los principales clientes del petróleo iraní, Teherán cuenta con al menos dos compradores fieles –India y China– que ya rechazaron participar en esa “guerra económica” lanzada por Washington y la Unión Europea.

4“La crisis que enfrenta Irán no es por una cuestión nuclear, sino por el petróleo y los petrodólares”

CONTRALÍNEA

www.harryhammer.wordpress.com

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4Países involucrados en el negocio del petróleo buscan sustituir al dólar como la divisa que rige el sector

Unos días antes, indica el exembajador y analista Bhadrakumar, el primer ministro chino firmó un acuerdo de intercambio monetario entre su país y los Emiratos Árabes Unidos por un monto equivalente a 5 mil 500 millones de dólares. Este “swap” (permuta financiera), conforme a la declaración del Banco Central de China, apunta a “fortalecer la cooperación financiera bilateral, promover el comercio y las inversiones y conjuntamente salvaguardar la estabilidad financiera regional”.

Al hablar frente a una “cumbre energética en los Emiratos Árabes Unidos, Wen lanzó la propuesta de crear un organismo internacional que tenga el mandato de determinar el precio del petróleo y que regule las políticas de toda la cadena de suministro, lo que involucraría a los países proveedores, consumidores e incluso a los de tránsito”, agrega el exembajador Bhadrakumar.

La introducción del yuan, el euro, la libra, el rublo y otras divisas, e incluso el plan de crear una “canasta” de divisas en el comercio petrolero para terminar con la “tiranía del dólar estadunidense” es una vieja aspiración de gobernantes que en algunos casos, como señala Escobar, terminaron siendo derrocados por intervenciones militares: en 2000, “[el expresidente de Irak] Sadam Husein abandonó el dólar como la divisa para las transacciones del petróleo que el país exportaba” y, tres años más tarde, Estados Unidos inició una guerra para efecCONTRALÍNEA

tuar un “cambio de régimen”; Gadafi había propuesto la creación de una moneda para los intercambios comerciales del continente africano –el dinar de oro–, y en marzo de 2011, “Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos, Canadá, Catar y otros países de la OTAN invadieron Libia”, para llevar a cabo un “cambio de régimen”.

Por eso mismo, de acuerdo con Escobar, si se deja de lado las nuevas sanciones contra el Banco Central Iraní (que tardarán meses en ser aplicadas en su totalidad) y se ignoran las amenazas de cerrar el tráfico petrolero en el Estrecho de Ormuz –algo improbable porque por ahí sale la mayor parte del petróleo que Irán exporta–, quizá la “clave principal de la crisis en el Golfo Pérsico proviene de este movimiento para estropear el petrodólar como la divisa para todo tipo de intercambio”.

Irán y Rusia ya utilizan sus divisas nacionales para realizar el comercio bilateral. India acordó con Irán que los pagos por las importaciones de petróleo iraní –que suman entre 12 y 14 mil millones de dólares anuales– serán efectuados en rupias indias y que después se convertirían en una moneda denominada de forma separada. Una fuente israelí cercana a los servicios de inteligencia (http://debka.com/) afirmó que Irán e India están negociando el pago en oro como alternativa.

Lo que el exembajador Bhadrakumar subraya es que mientras Rusia e India tienen posiciones no subordinadas ante Estados

Unidos, éste no es el caso de los Emiratos Árabes Unidos y Catar, monarquías que constituyen piezas clave de la estrategia occidental en Medio Oriente, y un vital apuntalamiento para el reciclado de los petrodólares.

El gobierno chino “está posicionándose en medio de la línea divisoria” y fortaleciendo sus intereses en ambas riberas del Golfo Pérsico, lo cual “abre un fantástico panorama de cooperación entre China y el Consejo de Cooperación del Golfo”, indica Bhadrakumar, quien añade que la utilización del yuan y de las divisas de los países del Golfo Pérsico en los intercambios bilaterales crea “una nueva matriz”, la que permite avizorar el reemplazo del dólar estadunidense como la moneda de intercambio en el comercio petrolero con los países asiáticos.

En el artículo Europe at war with Iran, el analista Escobar recuerda que nada menos que la gigantesca petrolera británica British Petroleum ha pedido al gobierno de Barack Obama ser exceptuada del sistema de sanciones contra Irán para no comprometer el desarrollo del yacimiento gasífero Shah Deniz II, en Azerbaiyán, que tiene un costo de 22 mil millones de dólares y que alimentará el proyectado gasoducto Nabucco, diseñado para abastecer a la Unión Europea con el gas del Mar Caspio, lo que evitaría el tránsito por Rusia (que actualmente es el principal abastecedor de gas natural de muchos países de la Unión Europea).

Y al añadir que Irán tiene una participación en este proyecto que le permite bloquearlo, Escobar ironiza sobre la “situación possurrealista” de British Petroleum “que implora a Estados Unidos que la exceptúe de sanciones porque de otra manera se pondrá en riesgo la seguridad energética europea”.

China, Rusia, India, Japón y otros países, entre éstos muchos de América Latina, están tejiendo una serie de acuerdos bilaterales para negociar con sus propias monedas que –de acuerdo con Escobar– se convertirá inexorablemente en un asunto multilateral, lo que significa que el dólar será paulatinamente desplazado como la divisa de reserva a nivel mundial, “con todas las consecuencias sísmicas que esto implica”.3 26 DE FEBRERO DE 2012

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EX LIBRIS

Crimen.org: investigación sobre la delincuencia organizada Álvaro Cepeda Neri*

“D

e repente se abre una puerta: entra silenciosamente el vicio apoyado en el brazo del crimen”.

Con esta cita de François-René, vizconde de Chateaubriand, autor de la monumental historia (en cuatro tomos) Memorias de ultratumba (Acantilado), inicia el libro Crimen.org: evolución y claves de la delincuencia organizada, de Luis de la Corte Ibáñez y Andrea Giménez Salinas. Le faltó agregar: y de las complicidades de banqueros, gobiernos, la Iglesia Católica (vía donativos a su banco en el Vaticano) y transacciones comerciales para inyectar miles de millones de dinero sucio al sistema monetario mundial. Y es que los narcotraficantes son empresarios exitosos con miles de empleados, asesinos, ingenieros, contadores, inversionistas… policías, militares y políticos, que a pesar de sus cuantiosas bajas por ajustes entre ellos, encarcelamientos y enfrentamientos contra quienes los combaten, se sustituyen de inmediato. Al parafrasear al vizconde de Chateaubriand: es lo mismo estar por encima que por debajo de los crímenes.

Esta completa investigación parte de una definición de delincuencia o crimen organizado: conjunto de individuos y/o de grupos asociados entre sí para conseguir ciertos fines y objetivos que asumen y desempeñan una variedad de funciones o tareas diferenciadas. Operan en forma coordinada y contraviniendo los órdenes

jurídicos para obtener beneficios económicos por todos los medios ilegales.

Desafían a gobiernos nacionales e internacionales; penetran mercados para abastecerse de armas y transportes por aire, tierra o mar, y lavan dinero en los sistemas 64

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financieros. Se dedican a secuestrar, comercializar drogas y a la trata de mujeres y niños (sobre todo para la prostitución). Se enfrentan a muerte con policías y militares, y se aprovechan de la corrupción política e inconformidades de los pueblos (hacen donaciones a los pobres, iglesias, etcétera).

Los autores del libro definen “organización criminal (delincuencia organizada) como toda organización creada con la finalidad expresa de obtener y acumular beneficios económicos a través de su implicación continuada en actividades predominantemente ilícitas y que asegure su supervivencia en diligencias, funcionamiento y protección mediante el recurso de la violencia y corrupción o la confusión en empresas legales”.

Cuenta con 12 capítulos, entre éstos “Narcotráfico en y desde México”, “Dos hipótesis clásicas sobre las causas estructurales del crimen organizado” y “Mercados del crimen organizado”; una bibliografía y tabla del crimen organizado por países con índices de homicidios, corrupción, blanqueo de capitales y extensión de la economía informal. La delincuencia organizada nos deja como atrapados sin salida… “en México, un peor escenario es si el crimen organizado llegara a desarrollar el potencial de violencia y voluntad necesarias para sumir al país en el caos, enfrentarse a sus fuerzas de seguridad […] Y poner en peligro su gobernabilidad, con la finalidad de lograr pleno control sobre una parte del territorio nacional”.3

Ficha bibliográfica: Autores: Luis de la Corte Ibáñez, Andrea Giménez Salinas Título: Crimen.org: evolución y claves de la delincuencia organizada Editorial: Ariel, 2010 *Periodista CONTRALÍNEA

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AGENDA CULTURAL CINE Juego sexual | Un estudiante apolítico y dos militantes de la lucha estudiantil de 1968 se enfrascan en una relación basada en el sexo mientras piensan cómo refundar los movimientos por completo politizados. El resultado es un ejemplo magistral del cine militante realizado en 1968, en el que las barricadas universitarias reales y su retrato sobre la liberación sexual se ven enmarcadas por el free jazz y la influencia del arte pop.

Cine Lido, Centro Cultural Bella Época, Tamaulipas 202 esquina Benjamín Hill, colonia Condesa (miércoles 29 de febrero, 18:00 horas).

MÚSICA La música de Miles Davis | Homenaje a una de las grandes figuras del jazz y la música en general. Trompetista reconocido por sus innovaciones y aportaciones al género, además de formar a decenas de jazzistas, Davis es una figura indiscutible para el desarrollo de la música del siglo XX.

Centro Cultural de España, Guatemala 18, colonia Centro (miércoles 29 de febrero, 22:00 horas).

DANZA Baile de Derviches | Un espectáculo de baile de origen turco en donde los danzantes mevleví o derviches (orden fundada por los discípulos del poeta sufí Jalal al-Din Muhammad Rumi) giran sobre sí mismos con los brazos extendidos, lo que simboliza “la ascendencia espiritual hacia la verdad, acompañados por el amor y librados del ego”.

Teatro Julio Castillo, Centro Cultural del Bosque, Paseo de la Reforma y Campo Marte s/n, colonia Chapultepec-Polanco (jueves 1 de marzo, 20:00 horas).

TEATRO La paz perpetua | En una habitación cerrada, tres perros compiten para obtener el codiciado puesto de buscador antiterrorista de elite.

Fuerza, sensibilidad, inferencia lógica y aun la condición moral son cualidades que entran en juego en esta incómoda metáfora de las políticas de Estado contemporáneas.

Teatro El Granero, Centro Cultural del Bosque, Paseo de la Reforma y Campo Marte s/n, colonia Chapultepec-Polanco (martes 28 de febrero, 20:00 horas).

LIBROS En En el marco de XXXIII la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, se presentan las obras Ciudad abatida: antropología de la(s) fatalidad(es), de Martha Mónica Curiel García y Salvador Salazar Gutiérrez, el jueves 1 de marzo a las 19:00 horas; Descubriendo la espacialidad social desde América Latina, de Efraín León, el viernes 2 de marzo a las 13:00 horas; y Violencia y crisis del Estado, coordinado por Jaime Osorio Urbina, el sábado 3 de marzo a las 12:00 horas..

Palacio de Minería, Tacuba 5, colonia Centro.

EXPOSICIÓN De mujeres y monitas . El Centro fuera del Centro | El Centro fuera del Centro. El trabajo realizado en el Taller de Historieta del Centro Femenil de Readaptación Social Santa Martha Acatitla será expuesto en el Museo de la Mujer. Se trata de un biombo de cinco metros realizado por internas, el que les permite compartir sus historias de vida y expresar sus inquietudes y aspiraciones. Por medio de historietas, individuales y colectivas, desmitificamos la imagen que tenemos de las personas presas al encontrar una obra realizada por auténticas mujeres libres. Las rejas sólo están en nuestra cabeza.

Museo de la Mujer, República de Bolivia 17, colonia Centro (hasta el 31 de marzo de 2012).

CONTRALÍNEA

EXPOSICIÓN Viridiana. 50 años después | Muestra de fotografías, videos y objetos relacionados con esta película del cineasta español Luis Buñuel, en la casa donde vivió exiliado en México desde 1952 hasta su muerte.

Casa de Luis Buñuel en México, cerrada Félix Cuevas 27, colonia Del Valle (hasta el 31 de marzo).

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PASO A DESNIVEL

Educación

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Miguel Galindo

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