contralinea-274 by Revista Contralínea

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ÍNDICE OPINIÓN

DIRECTOR MIGUEL BADILLO oficiodepapel@contralinea.com.mx SUBDIRECTOR JOSÉ RÉYEZ jreyez@contralinea.com.mx COORDINADOR DE INFORMACIÓN ZÓSIMO CAMACHO zosimo@contralinea.com.mx COORDINADORA DE EDICIÓN NANCY FLORES nancy@contralinea.com.mx

EL PACTO DE LA MUERTE... PARA LAS MAYORÍAS La violencia de los descontentos es la réplica inmediata a la represión a la que son sometidos por el gobierno. El malestar social que le antecede se nutre, se desborda y estalla por factores como la crisis estructural capitalista Marcos Chávez M

COORDINADOR WEB GONZALO MONTERROSA gonzalo@contralinea.com.mx COORDINADORA DE PUBLICIDAD JANETT ALBA janett@contralinea.com.mx COORDINADOR DE DISEÑO MIGUEL MINERO mimiga@contralinea.com.mx COORDINADOR DE PRODUCCIÓN LUIS KUAN produccion@contralinea.com.mx REPORTEROS ISABEL ARGÜELLO isabel@contralinea.com.mx DAVID CILIA cilia@contralinea.com.mx FLOR GOCHE flor@contralinea.com.mx ELVA MENDOZA elva@contralinea.com.mx MARIELA PAREDES mariela@contralinea.com.mx ANA LILIA PÉREZ analilia@contralinea.com.mx ÉRIKA RAMÍREZ erika@contralinea.com.mx RUTH ROQUE ruth@contralinea.com.mx MAYELA SÁNCHEZ mayela@contralinea.com.mx ROGELIO VELÁZQUEZ rogelio@contralinea.com.mx DEFENSOR DEL PERIODISTA ÁLVARO CEPEDA NERI cepedaneri@prodigy.net.mx DEFENSOR DEL LECTOR JORGE MELÉNDEZ PRECIADO jamelendez@prodigy.net.mx EDITORIALISTAS ABEL BARRERA abel.barrera@tlachinollan.org MARCOS CHÁVEZ mchm1995@gmail.com MIGUEL CONCHA MALO educacion@derechoshumanos.org.mx EDGAR GONZÁLEZ RUIZ edgargr@prodigy.net.mx PABLO MOCTEZUMA BARRAGÁN pablomoctezuma@hotmail.com JORGE LUIS SIERRA jlsierra@hotmail.com CORRESPONSALÍAS BAJA CALIFORNIA LORENA ROSAS COAHUILA ROSA ESTHER BELTRÁN DURANGO HÉCTOR HERNÁNDEZ MORALES GUERRERO JUAN CARLOS GONZÁLEZ SONORA ÁLVARO CEPEDA TAMAULIPAS HUGO JIMÉNEZ CAMPECHE • CHIAPAS • HIDALGO • GUANAJUATO MICHOACÁN • OAXACA • PUEBLA • QUINTANA ROO TABASCO • VERACRUZ • ZACATECAS DISEÑADORES CORRECTORA

MARLENE CAMACHO/LUCIO SÁNCHEZ NATALIA CASTAÑEDA

ILUSTRADORES LEÓN BRAOJOS / CAJA NEGRA X cajanegra.x@gmail.com MIGUEL GALINDO / CAJA NEGRA X gonzomandela@gmail.com CARTONISTA DAVID MANRIQUE manrique@contralinea.com.mx PÁGINA DE INTERNET

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PORTADA

MINERAS PAGAN A MÉXICO 1% DE LO QUE EXTRAEN Trasnacionales mineras pagaron a México sólo un equivalente al 1.18 por ciento de los recursos obtenidos del territorio nacional. Las multinacionales extrajeron recursos minerales por más de 552 mil millones de pesos entre 2005 y 2010, pero sólo pagaron al país “derechos” por 6 mil 500 millones. Tan sólo en 2010, las empresas canadienses, estadunidenses, australianas y brasileñas sacaron de México más de 72 toneladas de oro y 3 mil 499 de plata Érika Ramírez

SOCIEDAD

EN CINCO AÑOS, MÁS DE 4 MIL FEMINICIDIOS En lo que va de este sexenio al menos 4 mil 419 mujeres y niñas han sido víctimas de feminicidio u homicidio doloso en 17 entidades del país, de acuerdo con las procuradurías locales. La Segob se disculpa y reconoce que no han logrado erradicar la violencia contra las mujeres. No obstante, asegura que hay “esfuerzos” y que han cumplido con el 75 por ciento de la sentencia de la Corte Interamericana “Campo Algodonero”. La presidenta de la Comisión Especial para el Seguimiento de los Feminicidios de la Cámara de Diputados no está de acuerdo: falta trabajo en materia de capacitación, bancos de información genética, investigación y reparación del daño. Durante este periodo, el Observatorio del Feminicidio ha documentado 3 mil 193 feminicidios. Denuncia que, en la “guerra contra el narcotráfico”, el 25 por ciento de éstos se adjudican al crimen organizado sin previa investigación Flor Goche/Primera parte

CONTRALÍNEA

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36 MUJERES EN MÉXICO, INEQUIDAD SALARIAL DEL 20 POR CIENTO Organismos internacionales observan que México es uno de los países en el que la inequidad salarial persiste hasta en un 20 por ciento, como en la década de 1990. La apertura comercial y las reformas legales sobre los salarios evidencian que las políticas comerciales han obligado a que más mujeres se inserten al mercado laboral por necesidad Érika Ramírez

Fotografía de portada: archivo Contralínea

EL SIQUIATRA

Manrique

CONTRAPODER

A OCHO COLUMNAS

DE LA INTOLERANCIA A LA IMPUNIDAD Álvaro Cepeda Neri

CÁRCELES: LOS FUGADOS DE LA “GUERRA”

CARTÓN

El gobierno federal anuncia como logros de la “guerra” contra el narcotráfico el incremento en el número de detenciones y encarcelamiento de hombres y mujeres acusados de vínculos con el crimen organizado, sin embargo no ha logrado minar el poder de los cárteles para quienes las cárceles se convirtieron también en áreas de operación; en los años de la “guerra”, un número aún indeterminado de reos ha logrado evadirse

¡NI UNA MÁS! Manrique

OPINIÓN

LA EDUCACIÓN PÚBLICA, ¿FANTASÍA O REALIDAD? FECSM

Ana Lilia Pérez

SUPREMA CORTE: ¿NUEVO ROSTRO? Sergio Méndez Silva

LA CFE Y LA COMPLICIDAD PRESIDENCIAL Martín Esparza Flores

LÍNEA GLOBAL

¿POR QUÉ UNA COMISIÓN DE LA VERDAD CON CIUDADANOS?

SE DISPARA VIOLENCIA EN CENTROAMÉRICA

José Enrique González Ruiz

Homicidios, robos, proliferación de pandillas asolan regiones de los países de América Central. El narcotráfico, al que se le adjudica ser el motor de todos los males, es en realidad una de las expresiones de la violencia que desborda a los gobiernos. Estudios muestran que el verdadero origen del problema es una aguda desigualdad social: concentración de la riqueza en pocas manos, falta de empleos, precarización de condiciones laborales, deficientes sistemas educativos y corrupción. En suma, lo que la mano dura no puede combatir Nils Castro/Prensa Latina

EX LIBRIS

CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA SOCIAL Álvaro Cepeda Neri

AGENDA CULTURAL

Ruth Roque

PASO A DESNIVEL SOCIEDAD

Miguel Galindo

60 EL SALVADOR: AGROQUÍMICOS SIEMBRAN DE TUMBAS UNA COMUNIDAD Sin protección ni servicios médicos, jornaleros salvadoreños riegan “veneno” en sus campos. Se trata de un herbicida altamente tóxico que ha provocado un incremento alarmante de casos de insuficiencia renal en toda la región del Bajo Lempa Edgardo Ayala/IPS-Voces de la Tierra

CONTRALÍNEA

CONTRALÍNEA. PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN –año 10, número 274, del 4 al 11 de marzo de 2012– es una publicación semanal editada por Comunicación Colectiva y Periodismo de Investigación, SA de CV; Avenida Río Churubusco 590, col. Del Carmen, delegación Coyoacán, CP 04100, México, DF; teléfonos: 55 54 91 93 y 55 54 91 94; www.contralinea.com.mx, info@contralinea.com.mx. Editor responsable: Agustín Miguel Badillo Cruz. Número de reserva al título de derecho de autor 04-2001-1206164804 00-102. Número de certificado de licitud de título 12264, y de contenido 8918. ISSN 1665-1626. Impresa por JR Impresiones, Bolívar 238, col. Obrera, delegación Cuauhtémoc, tel. 57 61 34 94; este número se terminó de imprimir el 2 de marzo de 2012. Distribuido por Publicaciones CITEM, SA de CV, Avenida Del Cristo 101, colonia Xocoyahualco, CP 54080, teléfono 52 38 02 00; y la Unión de Voceadores de México, despacho de Gloria Santillán, Ignacio Mariscal 44, colonia Tabacalera, CP 06030, México, DF, teléfono 55 92 08 91. CONTRALÍNEA reconoce el deber de veracidad y la cláusula de conciencia de reporteros y articulistas. Los textos son responsabilidad de sus autores. Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda totalmente prohíbida la reproducción total o parcial de los contenidos o imágenes de la publicación sin previa autorización de Comunicación Colectiva y Periodismo de Investigación.

Circulación certificada por Romay Hermida y Cía. SC, folio: 00010-RHY

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Escríbenos a info@contralinea.com.mx www.contralinea.com.mx

Condenan agresión contra el periodista Antonio Heras Tras la agresión física en contra del compañero Antonio Heras Sánchez, comunicadores independientes y dirigentes e integrantes de asociaciones periodísticas de Baja California hacemos un pronunciamiento público para exigir a las autoridades garantías para el ejercicio periodístico, labor fundamental en toda sociedad democrática, sustentada en el respeto irrestricto a la dignidad personal y protección de quienes desempeñamos esta profesión en la entidad. Exigimos que se investigue de manera clara, objetiva y expedita cualquier agresión o amenaza en contra de periodistas en el estado. Solicitamos que se establezca un plazo perentorio para que la Procuraduría General de Justicia estatal dé a conocer resultados concretos sobre la investigación de la agresión a Heras Sánchez, así como respecto de las amenazas en contra de los compañeros del semanario Zeta. Damos un voto de confianza a la Procuraduría de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana de Baja California para que vigile el proceso de investigación a cargo de las autoridades competentes y el procedimiento para la protección del corresponsal de La Jornada y de los compañeros del semanario Zeta. Confiamos en que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos concrete la facultad de atracción de la agresión contra Heras Sánchez, así como en la indagatoria que se abra respecto a las amenazas a los compañeros del semanario que dirigen Adela Navarro y René Blanco Villalón, que de acuerdo con la denuncia del propio medio de comunicación, corren el riesgo de un ataque mortal a manos de integrantes del crimen organizado de la región. Al colega Heras ya lo agredieron hasta dejarlo inconsciente en la vía pública y a plena luz del día. De igual forma exdirectivos del semanario han sido víctimas de arteros ataques. En uno de éstos, el fundador de ese medio, Jesús Blancornelas, quedó agonizando luego de una balacera. Al codirector Francisco Ortiz Franco lo acribillaron frente a sus pequeños hijos y a Héctor Félix Miranda, el Gato Félix, también lo ultimaron con arma de fuego. Hoy, de nuevo la amenaza de muerte circunda a Zeta. En virtud de estos hechos, exigimos que se instrumenten medidas de seguridad pública tendentes a proteger a la comunidad en general en las calles de municipios de la entidad, más allá de la simple presencia del Ejército o el desplazamiento común de patrulla policiacas. Los bajacalifornianos merecemos vivir seguros y en paz. Desterremos el miedo a posibles agresiones causales o deliberadas. Solicitamos la presencia y respuesta de policías preventivos de acuerdo con estándares policiales, como respuesta inmediata a las denuncias presentadas por los gobernados. Que lo de “mejor prevenir que lamentar” sea un objetivo real y no una mera propuesta demagógica. Las agresiones y amenazas que se precisan son una muestra de los riesgos que afrontan los periodistas en Baja California. Requerimos respuestas inmediatas, contundentes y claras por parte de instituciones públicas, principalmente de las que les corresponde realizar labores preventivas e indagatorias, y en su momento las 6

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correspondientes a la administración de justicia. Esperamos respuestas francas, concretas, reales e inmediatas. Por un periodismo libre, serio, responsable, ajeno a agresiones e intimidaciones, María de la A Gutiérrez, vicepresidenta en Tijuana; Enrique Méndez Álvarez, presidente de la Federación Estatal de Periodistas; Alfredo Calva, vicepresidente en Playas de Rosarito; Miguel Ángel Torres Ponce, presidente de la Asociación de Periodistas de Tijuana; Raúl Martínez II, Asociación de Cartonistas Políticos de Tijuana; Salvador Aguiar Labrada, presidente de la Asociación de Periodistas de Tecate; Carmen Olsen, Asociación Metropolitana de Comunicadores; Enrique Gómez, Asociación de Periodistas de Ensenada; Enrique Tellaeche, Unión de Periodistas Democráticos; Alma Rosa Burciaga, Asociación de Periodistas de Mexicali; Antonio Heras, vicepresidente de Mexicali; Claudio F Orenday, vicepresidente de Tecate; Jorge Emerth Macías, presidente de la Asociación de Reporteros Gráficos de Tijuana; Jesús Ramón Gil, presidente de la Asociación de Periodistas de Baja California; Fernando Pereyra, Club de Prensa de Playas de Rosarito Pedro Arias; Antonio Azuara Álvarez, Asociación de Periodistas de Tijuana y Rosarito; Jorge Gutiérrez, Club de Periodistas de Prensa, Radio y Televisión de Mexicali; Laura Tejeda, Comunicadoras de Mexicali; y la Federación Estatal de Periodistas de Baja California

Felicitan por artículo de Puzkón En Poza Rica, Veracruz, los petroleros y periodistas conocemos muy bien la capacidad profesional del maestro Fabio Barbosa Cano, quien es uno de los más completos especialistas en temas relacionados con la industria petrolera y sabemos también de lo minucioso y preciso que son sus trabajos. ¡Felicidades por el artículo “El extraño caso de Puzkón” y por el buen trabajo periodístico de Contralínea! Mario Ángel Román del Valle

México: ¿rico, pobre o adormecido? Excelente, el reportaje sobre el congelamiento de la ley de seguridad alimentaria. Desespera que tengamos un territorio rico con gobernantes de cerebro pobre… y un pueblo adormecido. Óscar Javier Millán Méndez

Solicita más reportajes sobre normales rurales Se agradece que existan medios de comunicación, como Contralínea, que permiten que se escuche la voz del pueblo, en especial la de los estudiantes de una organización estudiantil tan legendaria y auténtica: la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México. Me gustaría leer más acerca del seguimiento a la represión contra los alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero. Fernando J CONTRALÍNEA

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Demandan liberación inmediata de Israel Arzate Meléndez En la opinión 67/2011, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) declaró arbitraria la detención del señor Israel Arzate Meléndez, quien lleva más de dos años privado de su libertad en Ciudad Juárez, Chihuahua, acusado de haber participado en la masacre de Villas de Salvárcar. Recordemos que la acusación en su contra se sustenta en una confesión falsa arrancada bajo tortura en instalaciones militares. El Grupo de Trabajo considera grave que la jueza de garantías, Anabel Chumacero Corral, no tomara en cuenta las denuncias de tortura que hizo valer Israel en su audiencia de vinculación a proceso por homicidio, y que, hasta la fecha, el amparo interpuesto contra la vinculación a proceso no haya prosperado ni en primera ni en segunda instancia. Actualmente, tras ordenarse la reposición del juicio de amparo, éste se encuentra nuevamente ante el juez Noveno de Distrito en Ciudad Juárez. Con ello, el juez de amparo está en posibilidad de invalidar la vinculación a proceso de Arzate Meléndez. También, el Grupo de Trabajo observa que mientras Israel “fue detenido en la calle” el 3 de febrero de 2010, militares declararon, de manera inverosímil, que él había sido detenido en flagrancia el 4 del mismo mes. La opinión destaca que el fiscal a cargo del caso solicitó retirar el cargo de posesión del vehículo robado por falta de pruebas (es decir, sobreseer el proceso penal), pero después se retractó de la solicitud y siguió con la acusación. El Grupo de Trabajo considera que la acusación subsiste hasta hoy porque: “Era la única explicación que podría justificar flagrancia y cubrir la detención con una cierta apariencia de legalidad formal, revelando todo ello una falta de seriedad en el proceso.” Además establece que resulta violatorio del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos el que Israel fuera vinculado a proceso en ausencia por posesión del vehículo robado, por el juez de garantía Alberto Ocon Campos. El Grupo condena que, ante la ausencia de pruebas de la participación de Arzate en algún delito y después de vencerse el plazo de un año de prisión preventiva (sin que avanzara el caso) se recurriera a la figura de arraigo para mantenerlo privado arbitrariamente de su libertad. Cabe destacar que, aun cuando el Estado mexicano no respondió dentro del plazo establecido la solicitud para proporcionar información directamente al Grupo de Trabajo, dicho mecanismo de la ONU tomó en cuenta los documentos oficiales disponibles para abonar a su análisis del caso. En particular, éste señala: “Si alguna duda pudiese haber sobre la veracidad de los dichos de Arzate Meléndez, y especialmente, sobre las alegaciones de tortura, ésta se disipa luego de la contundente recomendación 49/2011 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos [CNDH]”, y menciona que el peritaje denominado Protocolo de Estambul realizado por la CNDH “comprueba las quemaduras por corriente eléctrica”, entre otras huellas de tortura presentes en el cuerpo de Israel. En conclusión, el Grupo de Trabajo expresa que “considerando que las violaciones a las normas internacionales sobre el derecho al debido proceso y a un juicio justo son de una gravedad tal, que otorga a la privación de libertad un carácter arbitrario”, pide al Estado mexicano “que disponga la libertad inmediata del señor Israel Arzate Meléndez”. También exige una investigación de las denuncias de tortura e insta al Estado a realizar las reformas necesarias para impedir el abuso de la figura de flagrancia y para suprimir la del arraigo; este CONTRALÍNEA

último, de acuerdo con lo que recomendó el Grupo de Trabajo desde su visita a México, en 2002. El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, compuesto por cinco expertos independientes internacionales, fue establecido en 1991 con el mandato de investigar casos de detención impuesta arbitrariamente o de manera incompatible con los instrumentos internacionales. Es el único procedimiento especial del Consejo de Derechos Humanos con la facultad de examinar y emitir opiniones sobre casos concretos mediante un mecanismo de comunicaciones individuales. Por todo lo anterior, las organizaciones abajo firmantes exigimos al Estado que acate los puntos señalados por el Grupo en su opinión 67/2011, empezando por la liberación inmediata de Israel Arzate Meléndez, víctima de detención arbitraria. Centro Juárez de Apoyo a Migrantes, SC; Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, AC; y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, AC

Más presupuesto para normales rurales Me ha producido una gran tristeza la lectura del reportaje “Normal Rural El Quinto, Sonora: los olvidados”. Esas raciones que actualmente ofrecen las autoridades como alimento para los estudiantes que están haciendo sus prácticas no alcanzan. Nunca fueron suficientes desde que yo era alumno. Tampoco los recursos para el material didáctico. Los propios estudiantes financiábamos su compra. Pero la lucha no debe acabar. Debemos de exigir lo suficiente. No es posible que los caballos del Ejército coman mejor que nosotros, los que “somos los encaminadores del futuro”. David Carlos Martínez

¿Qué beneficios recibieron funcionarios que concesionaron un cuarto de país? ¡Muy buena la información contenida en el reportaje “Entregan oro y plata de México a trasnacionales”! Es vergonzoso que las autoridades otorguen permisos pisoteando la Constitución y sus leyes. Si al saqueo de la riqueza material le sumamos las pérdidas culturales y sociales –como las que enfrentan los huicholes en Real de Catorce, San Luis Potosí–, el daño es aún más profundo. Pareciera que los actuales gobernantes pretenden dejar al país como la superficie de la luna. ¡Es verdaderamente indignante! Los otorgantes de permisos de explotación a cielo abierto son unos verdaderos trogloditas. Valdría la pena investigar los beneficios que recibieron estos seudofuncionarios. Héctor Meneses Rodríguez

Periodismo en libertad hace bien al país, opina ¡Muchas felicidades a Marcos Chávez por su artículo “La época infame”! Vaya que es un texto feroz, que me hace pensar en el México que deseo. No pertenezco a ningún partido político. Me gustaría que las campañas electorales se enfocaran a la realidad. Escritos como éste tienen muchísimo más valor que los puños de billetes que la Mota o el Copetón le puedan tirar a un periodista. ¡Felicidades a Contralínea! Que la revista siga con ese espíritu independiente que tanto bien hace al país. Carlos Martínez Quiñones 4 DE MARZO DE 2012

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CONTRAPODER

De la intolerancia a la impunidad Álvaro Cepeda Neri*

Quien se enoja por las críticas manifiesta merecerlas Cayo Cornelio Tácito a demanda para investigar a Felipe Calderón por abuso de sus facultades de general de cinco estrellas, al haber ordenado la “guerra” interna que tiene más de cinco años y, si antes no provoca un golpe de Estado, amenaza con mantener hasta el final de su mal gobierno antidemocrático y antirrepublicano, ha sido un acierto jurídico-político de los 23 mil 440 mexicanos que se atrevieron a suscribirla y llevarla ante la Corte Penal Internacional, en La Haya, Países Bajos. Esto después de agotar internamente todas las peticiones, individuales y colectivas, conforme al artículo 8 de la Constitución, formuladas de viva voz y por escrito, de manera pacífica y respetuosa, y cuyas respuestas, una y otra vez, han sido la mayor intensificación de esa “guerra” que ya arrojó 60 mil homicidios (semanario Zeta, 9 de diciembre de 2011). Admitida para su conocimiento penal y a la espera de su resolución, lo importante es que sean sometidos a juicio Calderón y sus funcionarios de ¡seguridad!: Genaro García Luna (Seguridad Pública), Guillermo Galván Galván (Defensa Nacional), Mariano Francisco Saynez Mendoza (Marina) y los narcotraficantes con su cara más representativa: el millonario Joaquín el Chapo Guzmán, jefe del cártel de Sinaloa, uno de los cárteles más criminales que tienen a más de la mitad del territorio como campo de batalla. La criminalidad de los gobernantes desquiciados (Yves Ternon, El Estado criminal, Ediciones Península; Vincenzo Ruggiero, La violencia política, un análisis criminológico, Anthropos; varios autores, Violencia y política, revista Sistema, 1996; y varios autores,

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Violencia y política, Monte Ávila Editores), conduce a generar más violencia para atemorizar a los ciudadanos y tenerlos bajo control autoritario, en un escenario supuestamente democrático y de aparente vigencia de los derechos humanos y sus garantías procesales, cuando lo que impera es un estado de guerra. Es el caso del gobierno de Calderón, quien apoya su terrorismo con base en la fracción VI del artículo 89 constitucional, que pasa expresamente por alto el 29 que exige, ante “una perturbación grave de la paz pública o de cualquier otro caso que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto”, la aprobación del Congreso de la Unión. Calderón, quien ni siquiera cumplió con el servicio militar y como abogado jusnaturalista ignora el derecho positivo mexicano e internacional, decidió unilateralmente una “guerra” sin resultados, ya que su “estrategia” ha servido únicamente para mantener la barbarie que ilustra el lema criminal de “que el poder es el poder de matar” de los regímenes dictatoriales que están siendo derrocados en los países árabes. Se ha convertido en un dictador dueño de la verdad única y absoluta al desatender peticiones y reclamos de movimientos sociales, protestas y la denuncia ante la Corte Penal Internacional. Tan es un dictador que, cobardemente porque no lo firmó, salvo los logotipos del gobierno federal con el escudo nacional, publicó un documento donde insulta a los 23 mil 440 mexicanos que firmaron la demanda y amenazó con “proceder legalmente” (varios periódicos, 28 de noviembre de 2011). Éste fue elaborado por Alejandra Sota (coordinadora de Comunicación Social de la oficina de la Presidencia) y los consejeros… ¡jurídicos! Gerardo Laveaga… ¡director de una escuelita penal patito, el Instituto Nacional de Ciencias Penales! Y Miguel Alessio Robles, quienes han descalificado la demanda como un par de intolerantes que cobran en Los Pinos y buscan impunidad para su defendido. Los “defensores” a sueldo son, por tanto, funcionarios candidatos a juicio político, porque sus actuaciones, sin conocer la demanda y sin esperar la resolución de aceptación o no para la investigación de crímenes de guerra y lesa humanidad, han procedido contra los intereses públicos fundamentales al defender a un individuo por encima de las instituciones del Estado y la Constitución, y de conformidad a los análisis de esas conductas (Otto Kirchheimer: Justicia política, Uthea; Otfried Höffe, Justicia política, Paidós; y Eduardo García de Enterría, La lucha contra las inmunidades del poder en el derecho administrativo, Civita). Laveaga, prepotente, burlón y para que Calderón sepa que desquita los más de 100 mil pesos mensuales que gana por la asesoría a control remoto, calificó con sorna de “muchachos acusadores” a quienes presentaron y suscribieron la demanda. Y el otro asesor –a quien le depositan también 100 mil pesos al mes– se puso sus moños y expresó que como le dedica su horario de trabajo por completo a Calderón, no tenía tiempo para comentar la demanda: “No me merece ni un minuto de mi tiempo”. Como cobra en Los Pinos por hora, el abogado patronal, empero, soltó una serie de juicios respecto a que la acusación no prosperaría. A lo mejor ambos son los abogados que al representar a Calderón demandarán a los 23 mil 440 mexicanos (más los que se sumen), y haciéndose eco de su panfleto acusarlos de “imputaciones falsas y calumniosas… por claramente infundadas e improcedentes (las acusaciones ante la Corte Penal Internacional), que afectan terriblemente el buen nombre de México”. Sería ante la Procuraduría General de la República y un juez de lo penal, donde veríamos a Calderón y sus abogados de marras. Y como él presume de abogado, pues, el proceso estaría interesante. La amenaza calderonista, por cierto, no pasa de ser un abuso de poder… uno más, del que ojalá no recule.3 *Periodista CONTRALÍNEA

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CARTÓN

¡Ni una más!

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OPINIÓN

El pacto de la muerte... para las mayorías Marcos Chávez M*

Herbert Spencer sostenía que “todos los seres vivientes progresan mediante el castigo”. El primer ministro inglés, lord Salisbury [Robert Gascoyne-Cecil, 1895–1902] combinó esa idea pedagógica con la teoría evolucionista de [Charles] Darwin y declaró: “El mundo puede ser dividido en naciones vivientes y naciones que desaparecen. Es natural que las naciones vivientes se vayan apropiando de los territorios de las que van sucumbiendo”. La orden del día era la misma en los tiempos de la reina Victoria [de Inglaterra] y Leopoldo de Bélgica y en los tiempos de [Adolf] Hitler: “Dejad morir a aquellos a quienes las leyes del progreso se lo ordenan”. Ahora los salvajes están en Europa. El honor, la justicia, la compasión, la libertad son ideas que no tienen creyentes verdaderos. Josep Conrad, El corazón de las tinieblas Párrafos tomados del texto Ya sabemos lo suficiente, de Juan Forn

mi juicio, las últimas líneas del libro Los bienes terrenales del hombre (del escritor socialista estadunidense Leo Huberman) describen adecuadamente las necias terapias impuestas por elites de naciones hegemónicas y organismos multilaterales para tratar de resolver la peor crisis sistémica del capitalismo, las cuales son aceptadas servilmente por envilecidos grupos dominantes de países más débiles, que a su vez las aplican como verdaderos programas de genocidio económico en contra de sus pueblos. El autor indica: “Hay una moraleja para los capitalistas en la historia de Arthur Morgan de cómo en las Indias Orientales capturan a los monos: toman un coco y hacen en la corteza un agujero lo bastante grande, nada más, para que la mano del mono pase a través. Colocan en el interior unos terrones de azúcar. Después atan el coco a un árbol. El mono desliza la mano dentro, agarra el azúcar e inmediatamente pretende retirarla. Pero el agujero no es lo bastante grande para que el puño cerrado del simio con los terrones pueda salir. Y, como la gula del animal no tiene límites, prefiere morir con la mano presa en el coco, a renunciar al azúcar”. Por varias razones a nadie debe sorprender que las manifestaciones pacíficas de la población se conviertan súbitamente en violentos disturbios como el del 12 de febrero pasado, en Grecia, el cual arrojó un saldo de 48 edificios en llamas, entre sedes bancarias, grandes tiendas, arcadas comerciales y el cine Asty –que durante la ocupación nazi, en la Segunda Guerra Mundial, fue usado por la Gestapo como centro de torturas y que, por razones similares, actualmente debería de ser la sede del Poder Ejecutivo o el Parlamento–, alrededor de 150 negocios saqueados, 170 personas heridas y 130 detenidas. Desde luego, las secuelas destructivas son injustificables. Sobre todo cuando se afectan a otras personas que también son víctimas, como los descontentos que salen a las calles a expresar su inconformidad. Sin embargo, la protesta y el estallido social tienen su explicación: son respuestas legítimas de una sociedad agraviada, que decide dejar el papel de silenciosos corderos, lógicamente calculadas y esperadas por los gobiernos, sus responsables. 12

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La violencia de los descontentos es la réplica inmediata a la represión a la que son sometidos por el gobierno. El malestar social que le antecede se nutre, se desborda y estalla fácilmente debido a factores como: 1) El desasosiego asociado a la magnitud de la crisis estructural capitalista, que afectó empleos e ingresos de la población, lo que desquició sus formas de vida, hundiéndolos en la incertidumbre, pobreza y miseria. En la Unión Europea el desempleo abierto pasó de 7 a 9.9 por ciento entre 2007 y 2011, de 16.5 millones a 23.8 millones de afectados (7.3 millones más). En el caso de los menores de 25 años, los indicadores aumentaron de 15.7 por ciento a 22.4 por ciento, de 4.2 millones a 5.3 millones. En la Eurozona, de 7.1 por ciento a 10.1 por ciento, la tasa más alta en los últimos 14 años (de 11.6 millones a 16.5 millones). Los jóvenes desmovilizados se incrementaron de 15.3 por ciento a 20.8 por ciento (de 2.6 millones a 3.2 millones). En siete países de la Unión (27), el índice supera el 10 por ciento, destacándose entre ellos España con la mayor tasa, que pasó de 8.3 a 21.6 por ciento, nivel cercano a su máximo histórico registrado en 1994 (24.5 por ciento), aunque de acuerdo con un análisis del Banco de España, si se calculara con los criterios actuales equivaldría al 18.2 por ciento. En números se incrementó de 1.8 millones a 5.4 millones. En Irlanda, sube de 4.6 por ciento a 14.3 por ciento; en Croacia, de 9 por ciento a 13.2 por ciento; en Grecia, de 8.3 por ciento a 13 por ciento; y en Portugal, de 8.9 por ciento a 12.7 por ciento. En 13 naciones, el desempleo entre jóvenes actualmente supera el 20 por ciento. Los casos más dramáticos son España, donde se ubica en 46.4 por ciento; Croacia, 35; Eslovaquia, 33.6; Grecia, 33; e Irlanda, 28.9 por ciento. En ese sector de la población se encuentra el principal núcleo de los nuevos Indignados que se suman a las filas de los antiguos descontentos de la globalización neoliberal y de los antisistémicos. A escala mundial el panorama es trágico. De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, en 2011 el desempleo llegó a 200 millones de personas, 27 millones más respecto de 2007, y podría elevarse a 204 millones si la economía global se contrae en 2 por ciento en 2012. Si se agregan a los que dejaron de buscar empleo, el total aumenta a 225 millones. También señala que 74.8 millones de jóvenes de entre 15 y 24 años estaban desempleados en 2011 (4 millones más que CONTRALÍNEA

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en 2007). Los trabajadores con un empleo vulnerable (que laboran por cuenta propia y los no remunerados) sumaron 1 mil 520 millones, 23 millones más comparado con 2009, y 136 millones más desde 2000. Novecientos millones de trabajadores y sus familias viven por debajo de la línea de la pobreza (2 dólares al día), la mayoría en países subdesarrollados. Uno de cada tres trabajadores en el mundo (cerca de 1 mil millones de personas) está desempleado o vive en la pobreza. 2) El temor y el descontento se han tornado en furia. Los culpables de la crisis se encuentran fuera de ésta; debido a que fueron rescatados por gobiernos y organismos multilaterales continúan con sus criminales ataques especulativos en contra de Grecia, España, Portugal o Italia, lo que contribuye a su bancarrota financiera. Como buitres picotean sus cuerpos agonizantes. En cambio, las mayorías, las víctimas pagan el desastre. Son arrojadas a la hoguera. 3) El retorno a la “consolidación fiscal” monetarista, en particular en Europa, impuesto por los neocoloniales Angela Merkel y su escudero Nicolas Sarkozy, mandatarios de Alemania y Francia, respectivamente –próximos cadáveres políticos–, el Banco Central Europeo, la Comisión Europea, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y los chacales financieros, a los gobiernos débiles de esa región, en insolvencia de pagos, como Grecia o próxima a ella (España, Italia y Portugal), el cual es rechazado por las mayorías. El ajuste con que se busca abatir rápidamente los déficits fiscales nacionales a 3 por ciento del producto interno bruto y el endeudamiento público a 60 por ciento será bárbaro. Del lado de los ingresos implica ampliar el pillaje de los bolsillos de las mayorías con el invento de nuevos impuestos directos e indirectos, alza de los existentes y de precios de bienes y servicios públicos. Del lado de los egresos, el despido masivo de empleados gubernamentales, el drástico recorte del gasto productivo, de subsidios y servicios sociales básicos, reducción de salarios nominales. En el caso de las contrarreformas neoliberales, la jibarización del Estado con el cierre y privatización de empresas estatales y sectores estratégicos, mayores concesiones al capital nacional y extranjero, la profundización de la destrucción de los derechos laborales con la llamada “flexibilidad” laboral, que implica ampliar las facilidades para despedir empleados a un menor costo, reducir sus salarios reales CONTRALÍNEA

y nominales, esquilmar aún más las prestaciones sociales, imponerles contratos leoninos, temporales, por horas, a “prueba”, subcontratarlos, cambiarles los horarios de trabajo cuando se les pegue la gana. En otras palabras, se busca fortalecer el escenario neoliberal donde se gestó el colapso sistémico. El rechazo de la población europea y del mundo es más que obvio, dado sus costos y resultados históricos chocantemente conocidos. El eufemismo “consolidación fiscal” busca inútilmente enmascarar el bestial programa de choque procíclico, que profundizará la recesión iniciada en el último trimestre de 2001, precipitada por el inicio de la “disciplina” fiscal, la segunda desde 2008, y dentro de la crisis sistémica irresuelta, que agravará el desempleo, la caída de los ingresos, la pobreza y la miseria y que extenderá la depresión de Europa en lo que resta del actual decenio. La magnitud del salvaje ajuste fiscal con el que se busca abatir el déficit y endeudamiento estatal está condenado al fracaso, porque lo anterior contrarrestará los ingresos estatales esperados. Los “apoyos” financieros sólo aguzarán el endeudamiento y sangría de la hacienda pública debido al pago de intereses y del principal. El colapso financiero de Grecia y otros países llegará tarde o temprano, junto con el agravamiento de conflictos políticos y revueltas y el derrumbe de la Eurozona. 4) La imposición de esa estrategia, de los intereses hegemónicos franco-alemanes en la región y del capital a escala mundial, así como el asalto final a los vestigios del Estado de bienestar del siglo XX, representan un triunfo temporal del “fascismo financiero”, del “poder del imperio totalitario de la globalización”, como lo calificaron en su carta abierta En defensa de Grecia, la democracia y Europa, los conocidos griegos Mikis Theodorakis (compositor e intelectual) y Manolis Glezos (político, periodista y escritor), que pese a sus 87 y 90 años, respectivamente, fueron atrozmente apaleados el 12 de febrero pasado, que con sus gobiernos de facto, de circunstancia, ilegítimos han subvertido la democracia formal burguesa y sometido a su dictadura a la sociedad y organizaciones (www.refundacion.com.mx/revista/index.php?option=com_k2&view=item&id=315:carta-abiertade-mikis-theodorakis-y-manolis-glezos-en-defensa-de-grecia-la-democracia-y-europa&Itemid=109). Antaño, el colonialismo y el pillaje requerían de ejércitos de ocupación. El neocolonialismo, de gobiernos “libres” y de elites cipayos. Ahora los imperialistas franco-alemanes y capitalistas financieros imponen a sus empleados en gobiernos y envían a sus comandos del Banco Central Europeo, la Comisión Europea y del FMI para “supervisar” ministerios, someter elites locales y cercenar soberanías políticas y económicas nacionales. El caso griego es la ilustración vergonzante. Su rescate es una ficción a cambio de seguir enchufados al respirador automático del dinero europeo –el crédito contingente por 130 mil millones de euros–, la cancelación de la deuda pública en 53 por ciento –unos 107 mil millones– y el ajuste fiscal; el gobierno griego capituló y aceptó una de las peores humillaciones, que ha sido comparado con el “acuerdo” de Versalles impuesto por Inglaterra, Francia y Estados Unidos a la derrotada Alemania, en 1919: el uso del crédito para pagar chacales financieros; la creación de una cuenta bloqueada para que el dinero recaudado se destine al pago del servicio de la deuda, antes que a las necesidades internas; la imposición de nuevos comisarios del “pueblo” (la Comisión Europea, el FMI y el Banco Central Europeo), que “supervisarán” el ajuste fiscal, al menos 24 medidas (recortes salariales de 20 por ciento-25 por ciento y de pensiones en 20 por ciento, despido de 15 mil empleados públicos en 2012, y 135 mil antes de 2015, privatizaciones, “flexibilidad” laboral, entre otras); el compromiso del retraso de elecciones y que el triunfador de éstas acepte la servidumbre. Que hundirá a Grecia (el nuevo México) en su quinto año de recesión y durante varios años más. Que se generalizará la miseria. Que tendrá que someter a palos a la población. Que se convertirá en una colonia “modelo”. ¿Qué importa? El objetivo es claro: que pague y que después se derrumbe. Para recuperar la dignidad y soberanía, a la población griega sólo le dejan una salida: repetir su hazaña. Acabar con la dictadura financiera como lo hicieron con la dictadura anticomunista de los coroneles (1967-1974). Ésa será la lección de los nuevos “clásicos” griegos para la humanidad que anhela un mundo postcapitalista, democrático, con justicia e inclusión social.3 *Economista 4 DE MARZO DE 2012

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OPINIÓN

La educación pública, ¿fantasía o realidad? Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México*

Que la victoria sea para los que luchan por algo justo

scuela Normal Rural Pantaleón Domínguez, Mactumactzá, Chiapas. La educación es la única herramienta que, en todo el mundo, puede liberar realmente a las clases oprimidas. También es un indicador del nivel de desarrollo alcanzado por un país. Como herramienta y como indicador no está ajena a la lucha de clases. La educación, como factor de cambio y de control, siempre ha sido dividida en dos clases: la que se imparte a los oprimidos y la que se imparte a las elites; hoy, la de los pobres y la de los burgueses. Que la mayoría de la población no reciba una educación equitativa, justa y de calidad, acorde con las necesidades y adecuada a las condiciones existentes no es un “error” del sistema, es que así lo exige éste. Las diferencias no sólo son, por supuesto, en el rubro de la educación: lo mismo ocurre con prácticamente todos los demás derechos. Para la clase pobre son malos los servicios de salud, los programas vivienda, el acceso a la alimentación, la cultura y el vestido. Esta clase es maltratada e ignorada… hasta que llega el periodo electoral. Lo cierto es que la educación, como proyecto popular de carácter nacional que busque la igualdad y calidad, ya no existe en México. Los Un pueblo sin educación pueblos depauperados son los que más sufren está condenado a vivir el rezago educativo que aumenta de manera alarmante. en la pobreza: carece de El artículo 3 de la Constitución Política de conciencia y de capacidad los Estados Unidos Mexicanos se ha convertido en letra muerta. Señala que la educación en para defender las causas México debe de ser “obligatoria, gratuita y populares laica”. El término obligatorio no se aplica: ¿cómo van a mandar a sus hijos los indígenas rarámuris de la Sierra Tarahumara o los me’phaa de la Montaña de Guerrero –por sólo poner dos ejemplos–, cuando ni cobertura educativa hay en esos lugares? Tampoco es gratuita: los alumnos de nivel medio superior, excluidos por cientos de miles de las instituciones públicas, deben de buscar escuelas privadas para continuar con sus estudios. La laicidad ha venido perdiendo terreno: son incontables las intervenciones de las jerarquías eclesiásticas en la educación, ejemplo fue su participación en los contenidos de los libros gratuitos o a través de los docentes que incluyen cuestiones religiosas en sus prácticas. La privatización en el sector educativo –que es sin duda uno de los objetivos de la reforma curricular que impulsan las autoridades educativas federales, estatales y la cúpula del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación– se realiza sin que siquiera las escuelas cuenten con los recursos mínimos necesarios para enfrentar esta “nueva” propuesta educativa. La formación del docente está totalmente relegada. Es necesario que las normales tengan los recursos suficientes, equipos y herramientas tecnológicas para que se puedan atender las necesidades educativas de la población. Esta reforma pone, de nueva cuenta, en desventaja a la población más pobre del país, pues 14

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son las comunidades indígenas y campesinas las que carecen de un soporte tecnológico mínimo. En efecto, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) señala a Chiapas como el estado con el mayor rezago educativo; le siguen Oaxaca, Guanajuato y Guerrero. Es lamentable que Chiapas, en los últimos 10 años, apenas haya avanzado 10 puntos en educación y no haya salido del último lugar nacional en todo ese periodo. Es imperdonable si tomamos en cuenta que se trata de una entidad rica en recursos naturales y diversidad cultural. Ahora bien, ¿quiénes son los culpables del declive educativo en México en el último lustro? Felipe Calderón en primer lugar, pues todo ha subordinado al “combate contra el crimen organizado” y ha dejado a un lado las verdaderas prioridades. También Elba Esther Gordillo, personaje que denigra los términos “sindicato” y “maestro”, debido a su poca capacidad de actuar en pro de la educación pública y sólo responder a sus intereses personales. Sin embargo, en un análisis más profundo, la población también es corresponsable. Campesinos, estudiantes, obreros poco hacemos para acabar con las injusticias y cesar la vejación de nuestros derechos. Resulta sorprendente el silencio del pueblo ante las incesantes injusticias que ha padecido por tanto tiempo. La solución se ha convertido en parte del problema: la educación, que podría emancipar a los pueblos, es deficiente, elitista y limitada. El mismo problema de la delincuencia organizada podría solucionarse de fondo con más oportunidades educativas y laborales. Si, como ahora, los jóvenes tienen siempre como opciones reales de supervivencia a la delincuencia y la migración, el problema nunca se solucionará. La educación es un derecho de todos, indispensable, por el cual hoy en día hay que luchar. La educación hace libre al hombre. Y todos como mexicanos, estudiantes, obreros, campesinos y asalariados no debemos de olvidar las luchas que lograron el primer programa de educación pública, gratuita en el país, en 1921. Un pueblo sin educación está condenado a vivir en la pobreza, sin conciencia ni capacidad para defender las causas populares. Por ello, la educación no se mendiga, se exige.3 *Organización estudiantil integrada por los estudiantes de las 16 escuelas normales rurales de México CONTRALÍNEA

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OPINIÓN

Suprema Corte: ¿nuevo rostro? Sergio Méndez Silva*

a Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene un nuevo rostro: el de los derechos humanos. La reforma constitucional en materia de derechos humanos del 10 de junio de 2011 y la buena voluntad de la mayoría de quienes integran el máximo tribunal de nuestro país lo han hecho posible. El tribunal constitucional de México hoy tiene características únicas en todo el mundo. Para empezar, es la única corte suprema que sesiona ante las cámaras de televisión. En ningún país de los llamados democráticos pasa algo semejante. Por ejemplo, los jueces de la Corte Suprema de Estados Unidos sistemáticamente se han opuesto a un ejercicio de rendición de cuentas y de transparencia de esta naturaleza, con el argumento de que la gente no tiene la suficiente preparación académica para entender los debates. Incluso los jueces han dicho que tienen temor de que la prensa tergiverse lo que se dice en las sesiones. Se sabe también que los jueces temen ser exhibidos, porque hasta la gente inteligente puede llegar a decir cosas poco inteligentes. Por ello, los debates públicos de los máximos jueces de nuestro país son algo que yo valoro mucho y me ha permitido conocerlos como juristas. Además, en los últimos años, los ministros y las ministras han demostrado un sincero interés en escuchar las preocupaciones y los argumentos jurídicos de las organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos y de la sociedad en general. Fueron históricas, sin duda, las sesiones en las que las organizaciones de la sociedad civil expusieron públicamente sus posturas ante la Suprema Corte cuando se discutió la constitucionalidad de la despenalización de la interrupción del embarazo en las 12 semanas de gestación en el Distrito Federal. CONTRALÍNEA

El ánimo de la Suprema Corte por facilitar la defensa de los derechos humanos no quedó allí. Los ministros y las ministras han ampliado, como nunca antes en la historia, las posibilidades de que los casos de interés y de trascendencia en materia de derechos humanos puedan ser conocidos por el tribunal constitucional. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que no cualquier persona puede solicitarle a la Suprema Corte que atraiga y que conozca algún caso importante. Sólo el procurador General de la República, los tribunales colegiados o los propios ministros pueden hacerlo. Esta limitación generaba que, antes, la Corte desechara de plano aquellas solicitudes que no provenían de estos funcionarios y órganos. Sin embargo, la Corte notó que esta circunstancia provocaba que muchos casos relevantes, o aquellos en que se habían cometido graves injusticias, quedaran fuera de su conocimiento. Es por ello que los jueces constitucionales decidieron no desechar de plano las solicitudes que los ciudadanos y sus abogados les hacían para que conocieran y resolvieran algún caso relevante. El Pleno de la Corte adoptó un criterio en el que señaló que las solicitudes de atracción que el público le hacía eran valiosas, pues de otra manera el tribunal constitucional no tenía manera de conocer de muchos asuntos que resultaban de gran interés jurídico, político, económico y social. Asimismo, la Primera Sala, que se encarga de los casos civiles y penales, creó el Programa de Derechos Fundamentales, integrado por cinco secretarios de estudio y cuenta especializados en derechos humanos, con el objetivo de dictaminar las solicitudes de atracción de casos relevantes y ponerlas a consideración de los ministros y de la ministra que integran la Sala. De esta manera, la Suprema Corte ha conocido y resuelto muchos asuntos de enorme importancia en materia de derechos humanos. Entre los casos, ahora ya son muchos, que ha conocido la Corte por medio del ejercicio de

la facultad de atracción están el de los presos políticos de Atenco que fueron liberados; los de Teresa González y Alberta Alcántara, dos indígenas acusadas falsamente de secuestrar a seis policías, quienes recuperaron su libertad; los de discriminación en contra de las radios comunitarias por la contratación de publicidad oficial, que fueron amparadas; los de acoso judicial en contra de varios periodistas, que han sido absueltos y protegidos; el de Tita Radilla, hija de Rosendo Radilla Pacheco, que fue amparada para que la PGR le entregara las copias de la investigación por la desaparición forzada de su padre. Es más, los ministros Arturo Zaldívar y José Ramón Cossío, que son dos jueces muy comprometidos con la defensa de la justicia y de las libertades en México, han hecho llamados públicos a las organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos para que sometan casos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Asimismo, el presidente del máximo tribunal, el ministro Juan Silva Meza, ha propiciado el acercamiento sano entre los defensores de los derechos humanos y la Suprema Corte. Se preparan foros, talleres, encuentros y se programan importantes audiencias con los ministros y las ministras. En esta labor, la Dirección General de Comunicación y Vinculación Social de la Corte, encabezada por Jorge Camargo, ha tenido un papel muy destacado. Recientemente, gracias a la diligencia de la Dirección de Vinculación Social, varias organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos de las personas con discapacidad fueron recibidas en audiencia por el Pleno de la Segunda Sala y, antes, por dos ministros y una ministra a título individual, con objeto de transmitirles a los jueces su inconformidad por un reciente fallo en el que se determinó limitar los derechos políticos de las personas con discapacidad. Los señores ministros y las señoras ministras fueron sensibles a este reclamo y ofrecieron escuchar las opiniones de las organizaciones de la sociedad civil para construir una política judicial constructiva y adecuada en la materia. Hoy, desde mi punto de vista, los defensores de los derechos humanos podemos tener en la Suprema Corte a una aliada para nuestra causa.3 *Abogado defensor de derechos humanos 4 DE MARZO DE 2012

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OPINIÓN

La CFE y la complicidad presidencial Martín Esparza Flores*

a corrupción que por más de dos décadas se apropió de las estructuras administrativas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha costado al país quebrantos por miles de millones de dólares y la entrega de la industria eléctrica a trasnacionales. A pesar de existir numerosas pruebas para castigar a los responsables de tan monumental daño patrimonial, éstos se ríen de la justicia, amparados en la impunidad del poder y cobijados por una abierta complicidad de las administraciones panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón. El primero tuvo en sus manos las pruebas de la corrupción de los colaboradores del exdirector de la CFE Alfredo Elías Ayub, que no sólo mantuvo intactas las redes de los negocios turbios, además, en un exceso de ignorancia e ingenuidad, se atrevió a otorgar, el 8 de febrero de 2006, el Premio Nacional de Calidad y Tecnología 2005 nada menos que a uno de los personajes más corruptos en la historia de la paraestatal: Néstor Moreno Díaz. El segundo, al que también se le entregó en agosto de 2009 un expediente con pruebas de los negocios ilícitos de los integrantes del “cártel de la Electricidad”, permitió en su momento, como secretario de Energía, contratos de la “empresa de clase mundial” con Siemens (compañía multinacional de origen alemán dedicada a las telecomunicaciones, transporte e iluminación), que fue inhabilitada por la Secretaría de la Función Pública, para concursar en las licitaciones del gobierno mexicano, por haberse negado a pagar impuestos ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, e incontables actos de corrupción que orillaron al Banco Mundial a alertar a muchos países de tener tratos con sus directivos. Pero Calderón no sólo desatendió los antecedentes de Siemens, además dio manga ancha a trasnacionales como Iberdrola (grupo energético español por capitalización, líder mundial del sector eólico y una de las mayores eléctricas globales por capitalización bursátil) para convertirla, vía la Comisión Reguladora de Energía, en una de las mayores generadoras de electricidad del país, garantizándole la compra total de su energía a elevados precios, por parte de la CFE. Pero también la firma resultó agraciada con el otorgamiento de permisos para la distribución,

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transporte y almacenamiento de gas natural. En su momento, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) descubrió incumplimientos de la Comisión Reguladora de Energía al reglamento interno de la Secretaría de Energía, ya que otorgó los permisos sin que existiera planeación, programación, organización y control para fortalecer el abasto de gas natural en México. Puede decirse que la corrupción en la CFE ha tenido sus momentos de gloria bajo la complacencia de los gobiernos panistas. Uno de los casos más ominosos fue el otorgamiento (en 2007, ya instalado Calderón en la Presidencia) del ventajoso contrato puesto en bandeja de plata por Elías Ayub y su mafia del “cártel de la Electricidad” a la empresa Repsol Comercializadora de Gas, SA (con actividades en exploración, producción, transporte y refino de petróleo y gas), que le permitirá a ésta vender en los próximos 20 años gas peruano a las plantas generadoras de la CFE a un elevado costo, lo que asegura ganancias por 15 mil millones de dólares (el precio real del combustible apenas llega a los 6 mil millones de dólares). No es aventurado suponer que si autoridades como la Secretaría de la Función Pública y la Procuraduría General de la República hicieran su trabajo, sin la consiga presidencial para encubrir los mil y un latrocinios cometidos por el “cártel” de la CFE, por lo menos una treintena de sus “capos” (disfrazados de servidores públicos, como Moreno) pagarían con cadena perpetua el robo a la nación que han cometido a lo largo de todos estos años. En el Centro Federal de Readaptación Social Número 1 Altiplano tendrían una crujía para ellos solos. Gente como el extitular del Órgano Interno de Control de la CFE, Manuel de Jesús Olvera Mazariegos y el auditor interno Marco Antonio Díaz Tobías han dado fe de que en la CFE casi el total de licitaciones y contratos representan ganancias para un grupo de no más de 50 altos funcionarios que, como ya anotamos con anterioridad, manejan y controlan la entidad como si fuera una empresa de su propiedad y no de los mexicanos. Sus revelaciones, empero, han sido un clamor en el desierto porque ninguna autoridad se ha dignado llamar a cuentas a los responsables. Por el contrario, pequeños constructores que han alzado la voz, como Leonel López Sánchez, propietario de la CONTRALÍNEA

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mejores condiciones para el Estado, o como los 60 millones de pesos erogados por supuestos pagos de derechos por servidumbre de paso, en Guerrero, autorizados por funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad para indemnizar a gente que oficialmente ya está muerta. En contrasentido y mientras altos funcionarios de la Comisión se enriquecen al lado de monopolios nacionales e internacionales, han sido los usuarios quienes terminaron por pagar los platos rotos de esta política de ineficiencia y corrupción, al grado de que la ASF exigió a la paraestatal la revisión de más de 6 millones de recibos a favor de los usuarios, ya que en lugar de realizar los cobros mediante la toma de lectura en los medidores (como lo marca la ley) simplemente los han “estimado”, por lo que las quejas y abusos ya se

Sánchez, boletinándolo con el “cártel de la Electricidad” como persona non grata para la mafia de la CFE. Por eso las anomalías halladas de nuevo por la ASF en la, por demás cuestionada “empresa de clase mundial” en su ejercicio de 2010 son el reflejo de la impunidad con que operan sus funcionarios gracias a la complacencia de Calderón y Antonio Vivanco Casamadrid, quien, tras sustituir en el cargo a Elías Ayub, nada ha hecho por atacar a la mafia heredada por su antecesor. A nadie debe de sorprender que ahora aparezcan otros fraudes: el otorgamiento de la fibra óptica a monopolios como Televisa a través de la licitación 21, que representa pérdidas por 2 mil 450 millones de pesos a las finanzas públicas, donde no se garantizaron las

suman por miles y miles (sobre todo en el centro del país). Si Vivanco tiene dudas sobre la cloaca en que se encuentra parado, es suficiente con que se asome por las bodegas de la CFE y constate la infinidad de materiales y equipos inservibles, empolvados, llenos de telarañas, que en su momento fueron adquiridos a empresas como Sensa, cuyo verdadero propietario –Moreno Díaz– se hizo multimillonario gracias a la complacencia y complicidad de los presidentes panistas que lejos de castigarlo, hasta lo premiaron y elogiaron como un funcionario modelo. De ese tamaño es el cinismo y corrupción que impera en la “empresa de clase mundial”.3

Manrique

firma Dobsa Construcciones, SA de CV, quedaron marginados de los concursos de la CFE por el hecho de haber denunciado, en su momento, el cobro de una “comisión” del 6 por ciento, 2 millones 625 mil pesos que le hizo en 2008 el subgerente de Distribución Centro Oriente, Rubén Loredo Romero, para ratificar el contrato DV000-18-08, consistente en construir un edificio de respaldo del Centro Nacional de Control de Energía, en Puebla, cuyo costo total fue de 43 millones 751 mil pesos. A pesar de que Dobsa presentó la oferta más baja, el empresario fue obligado a entregar la “comisión” por lo que se descapitalizó. Forzado por las circunstancias, presentó su queja ante Elías Ayub, pero lejos de obtener justicia, terminó por ponerse la soga al cuello ya que el director se abstuvo de aplicar la ley y castigar a su funcionario, pero sí consintió que se acusara de fraude a López

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*Secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas 4 DE MARZO DE 2012

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OPINIÓN

¿Por qué una comisión de la verdad con ciudadanos? José Enrique González Ruiz*

Quien logra que sus fechorías queden ocultas, seguramente las repetirá

a convivencia de quienes formamos la sociedad aspira a ser armónica; a desarrollarse en paz y con respeto a los derechos humanos. La mejor garantía de tranquilidad es la creación de las condiciones que permitan a todas y todos un desarrollo pleno e integral. Por eso, en los grupos humanos se dan reglas de idéntica validez para todos sus integrantes. Éstas se basan en valores que se pretenden fomentar y fortalecer. Lo contrario a esto son los antivalores, que se aspira a que sean suprimidos o evitados. El Estado es el encargado de ambas tareas: promover los valores y reprimir los antivalores, y para ello se le dota de fuerza. Al representar a la sociedad, los integrantes del Estado tienen que sujetarse estrictamente a las leyes. Éste es su estricto marco de acción. La guerra sucia se da cuando las autoridades rompen los límites jurídicos que la sociedad les ha impuesto. Con el pretexto de buscar “fines superiores” rebasan los linderos legales en que se deben de mover. Con esto pierden legitimidad y otorgan justificación a la resistencia social. Como depositario original del poder, el pueblo nunca pierde el derecho a resistir la opresión. Al quebrantar las reglas de la convivencia, el Estado se convierte en burlador de los derechos humanos y origina las más graves ofensas y lesiones a la sociedad. En la escala de infracciones a la ley, las de mayor rango son las consideradas como de lesa humanidad, tanto por el valor jurídico que tutelan (la salud y armonía de la vida social), como por la entidad a quien ofenden: la especie humana. Cuando el Estado emprende una guerra sucia contra la población produce daños que afectan el tejido social, y que dejan secuelas difí18

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ciles de restañar. Las heridas son tan profundas que se requiere de medidas reparatorias de suma trascendencia. Torturar, secuestrar, mantener a personas en prisiones clandestinas, perseguir y hostigar el entorno familiar y social de las víctimas, ejecutar extrajudicialmente y desaparecer forzosamente son acciones de poder indignas de estas políticas civilizadas. ¿Qué hacer cuando el Estado no castiga a los criminales? El Estado no existe por sí y para sí; únicamente tiene sentido en la medida en que responde a los intereses de la sociedad. Es decir, es un instrumento y no un fin. La obligación esencial de las autoridades es propiciar condiciones para que las personas se realicen con dignidad. Ninguna otra tarea tiene más relevancia. Incluso todas las funciones públicas se legitiman en esa obligación. Sólo que las violaciones a los derechos humanos son perpetradas por personeros del Estado. Por eso regularmente quedan sin castigo. Así ha ocurrido en México, donde no se ha llevado a juicio, seriamente, a ningún perpetrador de crímenes de lesa humanidad. Ha imperado la lógica de protección que se dan entre sí los que ejercen poder estatal. Ante eso, la sociedad tiene dos caminos: primero, hacer justicia por propia mano, lo cual es complicado porque implica quebrantar leyes, y segundo, crear instancias de justicia alternativas que suplan las omisiones de los órganos formales de autoridad. Esto último es lo que da origen a las comisiones de la verdad y a tribunales ciudadanos que juzgan éticamente. La historia demuestra que no basta con juicios simbólicos. Por ejemplo, el expresidente Luis Echeverría ha sido condenado casi unánimemente por los mexicanos, pero en los hechos eso no le ha quitado el sueño. Ante la prolongación por décadas de la impunidad, el mecanismo de la comisión de la verdad resulta atractivo. Aunque debe de reunir ciertos requisitos indispensables para funcionar. Las características de una comisión de la ver-

dad eficiente son: • No debe de ser sólo testimonial. Es cierto que los informes son útiles para que la sociedad conozca los hechos investigados (vinculados a conductas aberrantes de integrantes del Estado), pero no tiene que quedar ahí, sino avanzar al enjuiciamiento de los responsables. Verdad y justicia son inseparables. • Que sea creada por el Congreso de la Unión: es necesario que cuente con facultades legales para tomar declaraciones y para recibir testimonios, así como reunir otras pruebas. Tendrá que hacer públicos sus hallazgos, para que eso presione al Ministerio Público a la hora del ejercicio de la acción penal. • Lo más importante de una comisión de la verdad es su autoridad moral, y eso tiene relación con el origen de sus integrantes. Deben de ser ciudadanos y ciudadanas que no tengan cargos públicos en ninguno de los niveles de gobierno ni ser directivos de ningún partido político. Es deseable que su trayectoria de vida esté vinculada con la defensa de derechos humanos. Aunque la neutralidad pura no existe, sí es posible encontrar personas que no tengan intereses concretos que les impidan un juicio sereno ante las atrocidades de la guerra sucia. En México, los aparatos de justicia (jueces y ministerios públicos) han sido ineficientes para castigar a violadores de derechos humanos. Los delitos que se cometen desde el poder siempre han quedado impunes. Por eso es urgente crear comisiones de la verdad, ciudadanas y no testimoniales. México tiene derecho a conocer la verdad y a que se haga justicia. También los familiares que lo pidan deben de recibir la correspondiente reparación.3 *Coordinador de la maestría en derechos humanos de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; doctor en ciencias políticas por la Universidad Nacional Autónoma de México; integrante de la Comisión de Intermediación para el Diálogo entre el gobierno federal y el Ejército Popular Revolucionario CONTRALÍNEA

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PORTADA -

León Braojos

Mineras pagan a México 1% DE LO QUE EXTRAEN

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Trasnacionales mineras pagaron a México sólo un equivalente al 1.18 por ciento de los recursos obtenidos del territorio nacional. Las multinacionales extrajeron recursos minerales por más de 552 mil millones de pesos entre 2005 y 2010, pero sólo pagaron al país “derechos” por 6 mil 500 millones. Tan sólo en 2010, las empresas canadienses, estadunidenses, australianas y brasileñas sacaron de México más de 72 toneladas de oro y 3 mil 499 de plata Érika Ramírez

CONTRALÍNEA

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Alfredo Guerrero/Cuartoscuro

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4Las trasnacionales mineras pagan a México entre el 1 y el 10 por ciento del valor de los metales que extraen. En la imagen, el presidente Calderón durante un recorrido en la mina de Fresnillo, Zacatecas

ineras trasnacionales pagan a México poco más del 1 por ciento del valor total de lo que extraen del territorio nacional, del cual las administraciones panistas les han concesionado alrededor del 25 por ciento de los 2 millones de kilómetros cuadrados que lo conforman, hasta por 50 años. Tan sólo por la extracción de oro y plata las multinacionales se llevaron a sus arcas el 90 por ciento del valor de los metales preciosos. A México le dejaron un

equivalente de menos del 10 por ciento de esos recursos, durante el último lustro. De documentos de la Dirección General de Minas, dependiente de la Secretaría de Economía, y de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) se desprende la disparidad entre los beneficios obtenidos por las empresas y los montos que se retribuyen al erario. Del análisis de las estadísticas de producción y valor de los metales, publicadas por la Dirección General de Minas para el periodo 2005-2010, y del Informe del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2010 (presentado el 15 de febrero

Comparativo del valor de la producción minera-metalúrgica con los ingresos por derechos de concesiones mineras de 2005 a 2010 (cifras en pesos) Valor de la Año Toneladas producción

Derechos

2005 2006 2007 2008 2009 2010 Totales

394,775,900 51,736,938,900 322,696,600 78,238,539,700 421,572,900 89,850,145,900 1,667,042,800 92,351,252,600 1,781,762,700 93,035,111,900 1,955,566,500 140,667,022,900 6,543,417,400 545,879,011,900

40,697,037 43,967,590 45,813,099 45,910,031 43,093,364 47,017,649 266,498,770

52,131,714,800 78,561,236,300 90,271,718,800 94,018,295,400 94,816,874,600 142,622,589,400 552,422,429,300

Diferencia

Porcentaje pagado 0.76 0.41 0.47 1.77 1.88 1.37 1.18

Fuente: Informe del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2010, elaborado por la Auditoría Superior de la Federación

4 DE MARZO DE 2012

pasado), resulta que la mayor utilidad para México por la extracción de oro fue de apenas 10.61 por ciento, en 2008. Los documentos revelan que de los 15 mil 698 millones 429 mil 400 pesos en que se evaluaron los 50 mil 365 kilos de oro extraídos ese año, entraron al erario 1 mil 667 millones 42 mil 800 pesos por el concepto de pago de cuotas para explotar minas. En tanto, por plata –metal que coloca a México como el productor más importante a nivel mundial– la “ganancia” para el país fue del 11.93 por ciento del valor total de lo extraído, en ese mismo periodo fiscal. Ese año la producción del metal precioso fue de 2 millones 668 mil 28 kilos, lo que implica un valor de 13 mil 972 millones 569 mil pesos. La ganancia para las trasnacionales fue del 88.07 por ciento. El año en el que inició la administración de Felipe Calderón Hinojosa fue el que más pérdidas representó para México en este rubro: registró un pago de cuotas de tan sólo 322 millones 696 mil 600 pesos. No obstante, el oro se cotizó, en ese año, en 7 mil 628 millones 188 mil 800 pesos. El “beneficio” para el país fue de 4.23 por ciento de los valores mercantiles. El avalúo de la plata llegó a los 9 mil 777 millones 994 mil 200 pesos, por la extracción de 2 mil 413.147 toneladas. Durante ese mismo año, el pago por derechos, en más de 320 millones de pesos, dejó utilidades a las compañías extranjeras por 96.7 por ciento, contra el 3.30 por ciento aportado al fisco. Francisco López Bárcenas, coautor del libro El mineral o la vida. La legislación minera en México, asegura que las disposiciones “relativas a las actividades mineras no regulan derechos a favor de la nación ni de los propietarios de las tierras donde los minerales se encuentran, sino para favorecer a las grandes mineras”.

Cuotas simbólicas En México las compañías dedicadas a la extracción de minerales no pagan al gobierno por el valor de los recursos extraídos, sino por hectárea concesionada. En enero pasado, Contralínea documentó que las cuotas estipuladas van de 5 a 111 pesos semestrales, por cada hectárea concesionada. CONTRALÍNEA

Archivo Contralínea

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4Las autoridades que regulan al sector minero “no garantizan el correcto uso y aprovechamiento de los recursos naturales ni el beneficio a la nación”

ciento de los beneficios obtenidos por las compañías. La Auditoría Superior de la Federación, encabezada por Juan Manuel Portal, indica que el valor de la producción en ese lustro ascendió a 552 mil 422 millones 429 mil 300 pesos, y el de los derechos cobrados a 6 mil 543 millones 417 mil 400, los cuales equivalieron al 1.2 por ciento de la producción.

concesiones mineras son “mínimos y de fácil cumplimiento, por lo que no se encuentra garantizado el correcto uso y aprovechamiento de los recursos naturales y de proporcionar un beneficio a la nación”. Rodolfo Angulo/Cuartoscuro

Esta situación ha motivado iniciativas para reformar la Ley Federal de Derechos, que establece los montos de cobranza. Sin embargo, éstas permanecen en la congeladora de la Cámara de Diputados (Contralínea 268). El informe de la ASF, correspondiente al ejercicio fiscal 2010, precisa que los pagos por explotación y exploración de minas son “simbólicos” y “contrastan” con el valor de los recursos extraídos del territorio nacional. En cuatro años de administración calderonista y el último de Vicente Fox (periodo analizado en la Cuenta Pública 2010) sólo se aportó poco más del 1 por

Concesiones sin beneficio a la nación De acuerdo con el informe de fiscalización, los requisitos para el otorgamiento de

Producción de oro y plata en México* Mineral /año

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Oro Plata

26,782 2,565,586

35,899 2,413,147

39,355 2,351,570

50,365 2,668,028

51,393 2,693,265

72,596 3,499,470

*Volumen en kilos

4El secretario de Economía, Bruno Ferrari

Fuente: Estadísticas de la Dirección General de Minas, dependiente de la Secretaría de Economía

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Valor de la producción de oro y plata en México* 2005

Mineral /año

2006

2007

2008

2009

2010

Oro

4,191,692,200 7,628,188,800 9,622,240,500 15,698,429,400 21,712,205, 800 36,287,921,500

Plata

6,618,590,400 9,777,994,200 11,037,250,100 13,972,569,000 17,331,026,500 28,992,643,900

*Montos en pesos Fuente: Estadísticas de la Dirección General de Minas, dependiente de la Secretaría de Economía

general con la naturaleza [...]. Esto genera conflictos, porque los campesinos, pueblos o comunidades indígenas saben que tienen derechos, aunque la legislación minera no los contemple, y no están dispuestos a que les sean violados”. De acuerdo con información de la Secretaría de Economía, las principales beneficiarias de las concesiones son la aus-

traliana Azure Minerals, Ltd, y las canadienses Almaden Minerals, Ltd; Dia Bras Exploration, Inc; Pediment Gold Corp; y Goldcorp, Inc.

Efectos nocivos Una de las iniciativas que permanece congelada en la Cámara de Diputados es la

David Cilia

Los auditores del máximo órgano de fiscalización del país detectaron “deficiencias en la integración y datos del padrón de concesionarios y asignaciones mineras, así como en el contenido de los expedientes”. Igualmente, documentaron que la Secretaría de Economía, que encabeza Bruno Ferrari García de Alba, “carece de manuales de procedimientos o lineamientos específicos para el control de pagos de los derechos de solicitud y trámites diversos al título de concesión minera, de asignaciones mineras, así como de los adeudos”. López Bárcenas, maestro en derecho y desarrollo rural, expone que los problemas de la minería “se agravan cuando los propietarios de las tierras son los pueblos o comunidades indígenas, por la relación especial que mantienen con la tierra y en

4En la congeladora de la Cámara de Diputados, las iniciativas de reforma a la Ley Federal de Derechos que buscan fijar cuotas respecto del valor de los recursos extraídos y no de las hectáreas concesionadas 24

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Archivo Contralínea

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Enfermedades, contaminación, incendios, colapso de la superficie de la tierra, entre los costos que paga la sociedad por la minería

4 Las

trasnacionales buscan explotar las reservas de oro mexicanas, calculadas en 105.9 toneladas

El listado de la ASF contempla, también, “filtraciones de agua freática de las minas abandonadas, las cuales pueden tener un alto nivel de acidez o estar contaminadas con metales peligrosos; alteración de los acuíferos debido a su removimiento o la fracturación causada por trabajos de

Demián Chávez/Cuartoscuro

promovida por el legislador petista Jaime Cárdenas Gracia, quien hace énfasis en el impacto ambiental que producen las mineras en el país. Presentada el 6 de septiembre de 2011, solicita se realicen modificaciones a la Ley de Minería para “garantizar los derechos colectivos que se reconocen en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los convenios internacionales, ratificados por el Senado, a pueblos y comunidades indígenas, así como de los núcleos agrarios, ejidales y comunales, y para restringir la minería a cielo abierto y el uso de técnicas basadas en el cianuro”. Éste también fue uno de los aspectos observados por la Auditoría Superior, pues señala que los costos son significativos para la sociedad y que perduran en el tiempo: incendios en las venas de carbón mal selladas o restauradas, emanaciones de monóxido de carbono, fracturas y colapso de la superficie de la tierra.

extracción. Éstas pueden provocar la pérdida o degradación de las fuentes locales de agua freática”. Mientras que los minerales residuales peligrosos expuestos en las minas superficiales o esparcidos en pilas de desechos pueden ser causantes de enfermedades en la comunidad y los trabajadores. Actualmente México cuenta con reservas oficiales de oro por 105.9 toneladas. El oro extraído por las trasnacionales representaría el 50 por ciento de ese valor. Contralínea solicitó entrevista con la coordinadora general de Minería de la Secretaría de Economía, Jimena Velarde Altamirano. Hasta el cierre de edición, no se obtuvo respuesta.3

Ganancias empresariales en oro y plata (porcentaje) Año/ mineral

Oro

2005 2006 2007 2008 2009 2010

90.6 95.77 95.62 89.39 91.8 94.61

Plata 94.03 96.7 96.19 88.07 89.72 93.26

Fuente: Dirección General de Minas, dependiente de la Secretaría de Economía

4De 2006 a 2010, el valor de la producción de oro y plata superó los 550 mil millones de pesos mientras que los derechos cobrados a las mineras ascendieron a poco más de 6 mil 500 millones

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SOCIEDAD -

En cinco años, MÁS DE 4 MIL FEMINICIDIOS

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CONTRALÍNEA

León Braojos

C274 026-035 2/28/12 8:01 PM Página 27

En lo que va de este sexenio al menos 4 mil 419 mujeres y niñas han sido víctimas de feminicidio u homicidio doloso en 17 entidades del país, de acuerdo con las procuradurías locales. La Segob se disculpa y reconoce que no han logrado erradicar la violencia contra las mujeres. No obstante, asegura que hay “esfuerzos” y que han cumplido con el 75 por ciento de la sentencia de la Corte Interamericana “Campo Algodonero”. La presidenta de la Comisión Especial para el Seguimiento de los Feminicidios de la Cámara de Diputados no está de acuerdo: falta trabajo en materia de capacitación, bancos de información genética, investigación y reparación del daño. Durante este periodo, el Observatorio del Feminicidio ha documentado 3 mil 193 feminicidios. Denuncia que, en la “guerra contra el narcotráfico”, el 25 por ciento de éstos se adjudican al crimen organizado sin previa investigación Flor Goche/Primera parte

CONTRALÍNEA

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Rashide Frías/Cuartoscuro

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4Quince entidades federativas han omitido informar a la Comisión Especial de los Feminicidios de la Cámara de Diputados las estadísticas de la violencia de género

e diciembre de 2006 a enero de 2012 al menos 4 mil 419 mujeres y niñas han sido víctimas de feminicidio u homicidio doloso en 17 entidades de la república. Esto, de acuerdo con los informes que las procuradurías locales han rendido a la Comisión Especial para Conocer y Dar Seguimiento Puntual y Exhaustivo a las Acciones que han Emprendido las Autoridades Competentes en Relación a los Feminicidios Registrados en México, de la Cámara de Diputados. Se trata de funcionarios que en un acto de “voluntad” respondieron al llamado que les extendió dicha Comisión. El 28

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objetivo: dar cuenta de los feminicidios y desapariciones de mujeres a nivel local y seguimiento a los resolutivos de la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso González y otras versus México (conocida también como Campo Algodonero), y que se refiere a la “desaparición y ulterior muerte” de Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monárrez, cuyos cuerpos fueron encontrados en un campo algodonero de Ciudad Juárez, Chihuahua, en noviembre de 2001. Así, se sabe que Aguascalientes y Chiapas registraron, juntos, 89 feminicidios. En tanto, Nuevo León, Sonora, Sinaloa, CONTRALÍNEA

Nacho Ruiz/Cuartoscuro

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4En 17 entidades federativas, 4 mil 419 feminicidios ocurridos entre diciembre de 2006 y enero de 2012

Veracruz, Chihuahua, Estado de México, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Tabasco, Tamaulipas, San Luis Potosí, Quintana Roo, Guerrero y Guanajuato sumaron 4 mil 330 homicidios dolosos de mujeres. También, que durante la actual administración federal han sido consignados 947 casos, ya sea por feminicidio u homicidio doloso de mujeres, en 12 de estas 17 entidades. En el Estado de México, 236; Michoacán, 163; Sonora, 88; Sinaloa, 84; CONTRALÍNEA

Guanajuato, 71; Nuevo León, 68; Guerrero, 65; Jalisco, 58; Chiapas, 44; Oaxaca, 38; Tamaulipas, 27; y Aguascalientes, cinco Tabasco sólo notifica que 48 averiguaciones previas fueron determinadas. Las entidades con más homicidios dolosos de mujeres son Chihuahua, que en tres años acumuló 796; y el Estado de México, con 686, de 2007 a agosto de 2010. Destaca Sinaloa, que de 2007 a 2010 presentó un incremento del 131 por ciento, al pasar de 48 a 111 homicidios dolosos de mujeres; y Nuevo León, en donde estos crímenes también se dispararon: en 2007 sumaban 24 y en 2010, 78. En San Luis Potosí, el promedio anual de homicidios dolosos de mujeres, en 2005 y 2006, fue de 12; de 2007 a 2011, se incrementó a 34. Al tomar en cuenta los registros de una década (20002010), 2008 es el año en que Veracruz sumó más de estos delitos: 85; le sigue 2009, con 75. En el caso de Nuevo León, el número de homicidios dolosos de mujeres durante los primeros cuatro años del gobierno de Felipe Calderón (169) superó en 29 por ciento los que ocurrieron

durante el sexenio de Vicente Fox Quesada (131). Algo similar sucede en Quintana Roo: de 2003 a 2006 registró 96 homicidios dolosos de mujeres y de 2007 a 2011, 445, es decir, 364 por ciento más. La situación en Nuevo León es tal que el 8 de febrero pasado organizaciones de la sociedad civil, como Arthemisas por la Equidad, AC, y el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) se movilizaron, aunque sin éxito, para exigir al Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres que “emita la alerta de género” en Nuevo León. Arthemisas asegura que en esa entidad los feminicidios se incrementaron en 689 por ciento, de 2010 a 2011. En tanto, el Observatorio “registró un total de 176 asesinatos de mujeres, de enero de 2009 a junio de 2011”. Aguascalientes, Chiapas, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Chihuahua, Estado de México, Oaxaca, Tamaulipas, Guanajuato y Jalisco proporcionaron información relativa a la edad de las víctimas. De los datos de estas procuradurías se desprende que alrededor del 10 por ciento del total de mujeres asesinadas (en esas entidades) eran menores. 4 DE MARZO DE 2012

Demián Chávez/Cuartoscuro

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4Ciudadanos exigen justicia por feminicidios

También, que al menos el 50 por ciento eran jóvenes y adultas fuego. Sobre el móvil del crimen, Chihuahua menciona que en 492 casos es la delincuencia organizada. Nuevo León, que en 45, de entre 18 y 40 años. Cerca del 30 por ciento, de un total de 1 mil 344 mujeres es ejecución; en 29, pasional, y en 28, violencia familiar. Y –las víctimas en Chiapas, Nuevo León, Estado de México, Tamaulipas que en 13, pasional; en ocho, desavenencias Oaxaca y Tamaulipas– se dedicaban al hogar o eran amas conyugales, y en siete, consecuencia colateral de enfrentamiende casa. Respecto de la suma de Sonora, Chihuahua, Estado de to entre grupos delincuenciales. Nuevo León y Chihuahua coinciden en que la vía pública México y Tamaulipas, alrededor del 30 por ciento eran solteras; y del 20, casadas. Tamaulipas informa que 39 de las es el lugar en el que comúnmente son encontrados los cuerpos 169 mujeres asesinadas en la entidad cursaron estudios de sin vida. En el Estado de México y Tamaulipas, en cambio, es en casas habitación. secundaria; 35, de primaria; y 22, de nivel superior. Teresa del Carmen Incháustegui Romero, presidenta de la De los 1 mil 264 casos registrados en Nuevo León, Estado de México, Oaxaca y Tamaulipas, en 281, como mínimo, Comisión Especial para el Seguimiento de los Feminicidios, de la Cámara de Diputados, reconoce el existía algún parentesco entre la víctima “esfuerzo” realizado por las procuradurías y el victimario. En 130 de éstos, el de 17 entidades federativas para entregar la asesino es el esposo, cónyuge o concubi“Los datos referentes a información. Sin embargo, advierte que no. todavía 15 estados de la república “no A las características del crimen se los feminicidos y dan nada”. refieren Aguascalientes, Nuevo León, homicidios dolosos A decir de la diputada del Partido de la Sinaloa, Chihuahua, Estado de México, Revolución Democrática los esfuerzos son Jalisco, Oaxaca y Tamaulipas. Juntos contra mujeres y niñas insuficientes. Tener datos confiables es suman 2 mil 457 homicidios dolosos de están incompletos “una cuesta arriba”, pues éstos siguen sienmujeres y feminicidios. En el 50 por ciento de éstos, aproximadamente, las do “incompletos y, a veces, hasta inconsise incluso son víctimas fueron atacadas con arma de tentes”. Por eso, en marzo de este año, la

inconsistentes”

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CONTRALÍNEA

Comisión que preside presentará a la Conferencia de Procuradores y a la Conferencia Nacional de Gobernadores una propuesta “para un registro estandarizado” de feminicidios, de tal manera que la información sea “comparable, sistemática y consistente”. Un ejemplo claro de la inconsistencia y “enorme discrecionalidad” de los datos, que ya es de conocimiento del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, es el caso de Veracruz: “Entre dos gobiernos ha habido tres procuradores; cada uno nos ha entregado información distinta en muy poco tiempo”, explica Incháustegui. En octubre de 2010, Marco Antonio Ledezma, entonces encargado de la Procuraduría de Veracruz, informó que de 2007 a 2010 se abrieron 206 investigaciones ministeriales por homicidio doloso de mujeres. En mayo de 2011, Amaranta Mónica Castineyra Toledo, titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos de Violencia contra las Mujeres, aseguró que fueron 219. En tanto, en septiembre de 2011, el exprocurador Reynaldo Escobar indicó, en comparecencia, que

en estos cuatro años se registraron 292 denuncias por el mismo delito. De 2010 a la fecha, han comparecido o rendido algún tipo de informe a esta Comisión los siguientes procuradores y exprocuradores: Marco Higuera, de Sinaloa; Miguel Mancera, del Distrito Federal; Alfredo Castillo, del Estado de México; Carlos Zamarripa, de Guanajuato; Alberto López y David Sotelo, de Guerrero; Tomás Coronado, de Jalisco; Jesús Montejano, de Michoacán; Manuel López, de Oaxaca; Abel Murrieta, de Sonora; Gregorio Romero, de Tabasco; Bolívar Hernández, de Tamaulipas; Salvador Mikel y Reynaldo Escobar, de Veracruz; Felipe Muñoz, de Aguascalientes; Víctor Carrancá, de Puebla; Miguel García, de San Luis Potosí; Alicia Fragoso, de Tlaxcala; Gaspar García, de Quintana Roo; Arsenio Durán, de Querétaro; Arturo Nahle, de Zacatecas. También Carlos Manuel Salas, fiscal general de Chihuahua; Miguel Cebreros, coordinador de Averiguaciones Previas de Sinaloa; y las procuradurías de Nuevo León y Chiapas. Quien definitivamente se “ha negado a cooperar” con esta Comisión es Rommel

Rubén Darío Betancourt

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4La “guerra” contra el narcotráfico incremento e invisibilizó la violencia contra las mujeres: María de la Luz Estrada, coordinadora del Observatorio del Feminicidio

Moreno Manjarrez, procurador de Baja California. “Desde hace más o menos un año y medio se le ha pedido que venga reiteradas veces; y no [lo hace]. Tiene

4 mil 419 feminicidios y homicidios dolosos de mujeres y niñas

Entidad Chihuahua Estado de México Quintana Roo Guerrero Veracruz Sinaloa Oaxaca Michoacán Sonora San Luis Potosí Tamaulipas Nuevo León Guanajuato Jalisco Tabasco Chiapas Aguascalientes Total

Diciembre de 2006

CONTRALÍNEA

Enero de 2012

2007

2008

2009

2010

2011

176

204 205

370 144

222

161

796 686

36 67 60 48 31

180 100 75 69 64 78 59 31

24 30

28 40

24 19 4 546

22 18 1 734

38 44 58 18 15 2 1,240

89 59 72 111 48 67 48 58 95 78 32 52 14 28 2 1,367

76 46

30 12

64 74 85 50 43 81 34 18

445 346 292 278 240 226 171 171 169 169 146 110 85 80 9 4,419

51 74

530

Total

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una serie de barreras tan grades para llegar a él, que nos habla el secretario y el secretario del secretario”, indica Teresa Incháustegui. Incluso, por parte de la Cámara de Diputados hubo un punto de acuerdo para exhortar a dicho procurador. Lamentablemente –continúa la también secretaria de la Comisión Ordinaria de Seguridad Pública– el legislativo federal, “entre tantas limitaciones”, carece de “atribuciones” para obligar a un funcionario local a comparecer, salvo en casos extraordinarios.

OCNF: 3 mil 193 feminicidios en cuatro años De acuerdo con el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, de 2007 a junio de 2011 se han cometido al menos 3 mil 193 feminicidios en 13 entidades (sin contar Chihuahua). De 2007 a junio de 2008, 1 mil 14; de 2009 a junio de 2010, 890; y de 2010 a junio de 2011, 1 mil 235. Se trata, en todos estos casos, de asesinatos en los que la alianza constituida por 43 organizaciones de derechos humanos

y de mujeres afirma que “el componente de discriminación contra las mujeres está presente”. Durante el último periodo –enero de 2010 a junio de 2011–, el Observatorio logró documentar la problemática de ocho entidades: Estado de México, con 320 feminicidios; Tamaulipas, 169; Sinaloa, 168; Jalisco, 142; Nuevo León, 138; Distrito Federal, 125; Oaxaca, 102; y Sonora, con 71. Su análisis revela que los feminicidios no han disminuido y que en el Estado de México, Nuevo León, Tamaulipas y Sinaloa se han incluso incrementado; que los blancos son mujeres jóvenes en edad reproductiva (41 por ciento entre 11 y 30 años; 35, entre 31 y 50; y 13 por ciento, de más de 50 años); que el 60 por ciento de los casos se encuentran en trámite; y que sólo el 19 por ciento han sido consignados. De estos últimos, el 4 por ciento ha tenido sentencias. Preocupa al Observatorio uno de sus hallazgos: el hecho de que, a pesar de que las investigaciones se encuentran en proceso, las autoridades adjudican “todos los crímenes que les cuesta trabajo resolver”, en este caso el 25 por ciento de los asesinatos de mujeres, al crimen organizado, ejecuciones y

Estatus de averiguaciones por homicidio doloso de mujeres y feminicidios Estado de México

Sonora Sinaloa Nuevo León Jalisco Chiapas Oaxaca

Tamaulipas

Aguascalientes Guerrero

Guanajuato Michoacán Tabasco

•2007-agosto de 2010: 659 averiguaciones previas que involucran a 686 víctimas •272 (284 víctimas) determinadas y 387 (402 víctimas) en trámite •Determinadas: 236 (247 víctimas) consignadas; en 23 (24 víctimas) la acción penal no ejerció; 10 turnadas al juzgado penal de adolescentes; en tres se declaró incompetencia •Consignadas: 157 en proceso (161 víctimas); 76 (83 víctimas) con sentencias condenatorias; en uno se declaró incompetencia y en dos, sobreseimiento •2007-2010: 161 averiguaciones previas que involucran a 171 víctimas •88 consignadas; en ocho no se ejerció la acción penal –cinco de éstas en revisión–; tres remitidas a otra instancia; seis en reserva •2007-2010: 254 averiguaciones previas que involucran a 278 víctimas •84 consignadas: en 31 se giró auto de formal prisión y en 52, orden de aprehensión; uno no ejerció •1 de diciembre de 2006-2010: 169 averiguaciones previas •68 consignadas; 96 en investigación; cinco remitidas a la administración federal •2009-agosto de 2010: 108 averiguaciones previas que involucran a 110 víctimas •58 consignadas y 50 en investigación •2007-2010: 80 averiguaciones previas •44 consignadas; 29 en trámite; tres turnadas al fuero federal; en dos no ejerció la acción penal; dos en reserva •2007-26 de septiembre de 2011: 240 averiguaciones previas •38 consignadas; 107 en trámite; cuatro en archivo; dos vinculadas a proceso; dos en reserva; dos ejecutadas; tres judicializadas; una resuelta; en cuatro se dictó prisión preventiva y en tres, arraigo •En 2009: 19 sentencias condenatorias y tres absolutorias; 37 casos en proceso •2010-30 de septiembre de 2011: 117 averiguaciones previas que involucran a 169 víctimas •27 consignadas; 57 en trámite; 27 en reserva; en cuatro se declaró incompetencia; dos no ejercieron •Consignadas: 11 condenatorias; 14 en instrucción; dos en preinstrucción •2007-2010: nueve averiguaciones previas •Cinco consignadas –cuatro con sentencias condenatorias; uno en proceso penal–; tres en integración; en uno no se ejerció la acción penal •2007-septiembre de 2011: 346 averiguaciones previas •De 2007 a 2010: 62 consignadas y 238 en trámite •En 2011, se consignaron tres: se ejercitó acción penal por los delitos de homicidio calificado, secuestro agravado y feminicidio •2007-septiembre de 2011: 146 averiguaciones previas •71 consignadas; una archivada; 74 en investigación •2008-agosto de 2010: 226 averiguaciones previas •163 consignadas: 98 con y 65 sin detenido •2007-julio de 2011: 85 averiguaciones previas •45 determinadas

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CONTRALÍNEA

enfrentamientos entre grupos delincuenciales. Sinaloa, por ejemplo, informó que el 94 por ciento de los homicidios dolosos de mujeres están vinculados con el crimen organizado, aunque sólo ha consignado el 16 por ciento. Nuevo León atribuye a la delincuencia organizada el 52 por ciento, cuando ha consignado apenas el 30 por ciento. Durante su comparecencia del 23 de agosto de 2011 en la Cámara de Diputados, Carlos Manuel Salas, fiscal general de Chihuahua, señaló que el móvil en 492 casos –de los 796 que ocurrieron de 2009 a 2011, en esa entidad– es la delincuencia organizada. María de la Luz Estrada Mendoza, coordinadora ejecutiva del OCNF, lamenta que esta “guerra contra el narcotráfico” haya incrementado, exacerbado e invisivilizado la violencia contra las mujeres. “Lo que han hecho las autoridades es culpar a las víctimas. Para nosotras es una actitud muy cómoda de exonerarse de su responsabilidad. No es que nosotras digamos que ninguna mujer está implicada; nosotras queremos escuchar información profunda, clara, contundente”. Por otro lado, habla de la metodología que han construido para determinar cuántos feminicidios ocurren en el país. Lo primero es realizar solicitudes de información pública a las procuradurías locales respecto del número de homicidios dolosos de mujeres y sus características. A partir de ahí, analizan 17 variables, entre las que se encuentran: edad, ocupación, estado civil, escolaridad y nivel económico de la víctima; actos violentos anteriores a su ejecución; causa de muerte; motivo del asesinato; objeto o método empleado para tal fin; lugar y forma en que fue encontrado el cuerpo; relación víctima-victimario. Contribuye a su investigación el seguimiento hemerográfico y el litigio de algunos casos. Los obstáculos: la negativa de algunas entidades de proporcionar datos, así como la falta de información completa y de forma continua, por parte de otras. En esta situación se encuentra Chihuahua, que “tramposamente” limita la CONTRALÍNEA

Misael Valtierra/Cuartoscuro

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4En materia de violencia de género, el trabajo más importante está en las entidades. Los feminicidios no ocurren en la federación: Dilcya García, funcionaria de la Segob

información: “Solamente nos da números totales; no nos permite caracterizar más a las víctimas”. Otro ejemplo es Tlaxcala, “corredor de trata de blancas”, en donde ni siquiera sirve la investigación hemerográfica, puesto que la prensa no documenta este tipo de casos.

Segob: 75 por ciento cumplida la sentencia Campo Algodonero A finales de noviembre de 2011, Dilcya Samantha García Espinosa de los Monteros, titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia de Género contra las Mujeres (Conavim) –dependiente de la Secretaría de Gobernación (Segob)–, ofreció disculpas a las mujeres mexicanas, porque el gobierno no ha logrado erradicar la violencia en su contra. En aquella ocasión, en la que emitió la planilla postal con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la funcionaria pidió perdón a todas las mujeres vícti-

“El Estado mexicano todavía no logra soslayar la violencia contra las mujeres”

mas de violencia, feminicidio, vituperio, violación, insulto y violencia económica. Semanas antes, entre abucheos y reclamos, el ya fallecido Felipe de Jesús Zamora Castro, subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Segob, también se disculpó por las muertes y desapariciones de mujeres en el país y aceptó la responsabilidad del Estado mexicano por omisiones. Esto ocurrió durante la develación del Monumento en Memoria de las Mujeres Víctimas de Homicidio por razones de género en Ciudad Juárez –resolutivos 16 y 17 de la sentencia del Campo Algodonero–. El funcionario refirió en particular el feminicidio de Claudia González, Esmeralda Monreal y Laura Ramos. Los familiares de las víctimas y organizaciones de la sociedad civil calificaron de “simulación” el acto, pues además el monumento sólo fue presentado parcialmente. Por eso, y por la “negativa de incorporar los nombres de todas las víctimas desde 1993, y cuando menos hasta 2006, como ordenó el tribunal internacional en su sentencia del 10 de diciembre de 2009”, los parientes más cercanos de las víctimas declinaron estar ahí. Faltaron también, aunque por razones distintas –de agenda, de acuerdo con la titular de la Conavim–, el presidente Felipe Calderón; César Duarte Jáquez, gobernador de Chihuahua, y Héctor Murguía Lardizábal, presidente municipal de Juárez. A decir de Dilcya García, ésta fue una ceremonia “muy exitosa porque cada quien hizo lo que tenía que hacer”: el gobierno federal, “el acto de reconocimiento mediante un alto funcionario público, pues la sentencia no determina que tenga que ir el presidente”; las víctimas, “adoptar una postura ante esta situación”; y la sociedad civil, “gritar consignas, reprochar y reclamarle al Estado, porque ¿tú te imaginas a las Abuelas de la Plaza de Mayo, en un acto de reconocimiento público por parte del Estado, sentadas, calladas?”. Respecto de la ausencia de los familiares de las víctimas, la encargada de la Conavim aclara que Benita Monárrez, 4 DE MARZO DE 2012

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Las víctimas Aguascalientes Chiapas Nuevo León

Sinaloa Sonora

Chihuahua

Estado de México

Oaxaca Tamaulipas

Cuartoscuro

Guanajuato Jalisco

•Una menor. Edad modal: 33 años •Seis menores. Edades más comunes: 24, 27, 30 y 36 años •25 amas de casa, nueve estudiantes, ocho empleadas •19 menores. Edades más comunes: 30 y 31 años •32 dedicadas al hogar •14 no identificadas •Al menos 22 menores. Edad más común: entre 21 y 25 años •Siete no identificadas •Al menos 15 menores. Edad más común: entre 31 y 40 años •60 solteras, 39 vivían en unión libre, 33 casadas •Una no identificada •79 menores. Edad más común: entre 18 y 25 años •157 solteras, 83 casadas y 60 vivían en unión libre •10 por ciento no identificadas •Al menos 76 menores. Edad más común: entre 21 y 30 años •234 solteras, 152 casadas y 98 vivían en unión libre •194 amas de casa, 78 estudiantes, 75 empleadas, 62 comerciantes •76 no identificadas •Al menos nueve víctimas menores. Edad más común: entre 21 y 40 años •50 amas de casa •24 menores. Edad más común: entre 18 y 30 años •50 casadas y 31 solteras •53 amas de casa y 31 empleadas •39 con estudios de secundaria; 35, de primaria; 22, de nivel superior •19 no identificadas (más 25 cuerpos que tiene la Procuraduría General de la República) •20 menores, 107 adultas, 19 adultas mayores •10 menores. Edad más común: entre 18 y 30 años •Dos no identificadas

4Para la Secretaría de Gobernación, la sentencia de la Corte Interamericana sobre el Campo Algodonero lleva un avance del 75 por ciento

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mamá de Laura Ramos, “desde hace años no quiere saber absolutamente nada de nosotros ni de la sentencia Campo Algodonero”, por recomendación de su terapeuta. En cuanto a las “señoras Irma [Monreal Jaime] e Irma [Josefina González Rodríguez]”, mamás de Esmeralda Herrera Monreal y Claudia Ivette González, respectivamente, “ellas decidieron apoyar a sus abogados”, quienes “exigían a la Segob poner los nombres de más de 500 víctimas dentro del memorial”. Las autoridades “estamos abiertas a que se pongan todos los nombres que tengan que ir”, asegura Dilcya García. No obstante, explica que no pueden hacerlo sin el consentimiento de las familias, pues “las víctimas no son de nuestra propiedad”, además “porque es un tema muy doloroso; de respeto”. Así, informa que han girado cartas a los familiares, quienes tienen hasta el 8 de marzo próximo, para consentir, por escrito, que los nombres de sus hijas aparezcan en el monumento. —¿El Estado mexicano ha fracasado en el combate a la violencia contra las mujeres, que puede culminar en feminicidio? –se le pregunta a Dilcya García. —Me parece que decir que es un fracaso del gobierno sería muy fuerte. Pero sí creo que es algo que el Estado mexicano todavía no ha logrado soslayar. Y claro que por eso tenemos que pedirles perdón a las mujeres. ¿De quién es la responsabilidad más que de uno (el gobierno)? No obstante, la representante de la Segob asegura que el actual gobierno sí ha emprendido esfuerzos, “que sería muy ingrato no reconocer”. Por ejemplo, la Conavim participó en la elaboración de la Encuesta Nacional Sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares y de estadísticas judiciales con perspectiva de género. También en conjunto con la Universidad Nacional Autónoma de México realizó el Diagnóstico nacional sobre todas las formas de violencia contra las mujeres, que acredita que la mayoría de las procuradurías “no tienen datos, porque ni CONTRALÍNEA

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siquiera han construido un esfuerzo metodológico”; a finales de 2012, esta instancia y el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias presentarán el Estudio nacional sobre las fuentes, orígenes y factores que producen la violencia contra las mujeres. Para Dilcya García el trabajo más importante está en las entidades, “porque finalmente los feminicidios no ocurren en la federación”. Por eso, durante 2012, prevé visitar cada de una de éstas, en particular a los procuradores y diputados, para apuntalar la tipificación del feminicidio y “el tema de la política y estadística criminal con perspectiva de género”. A decir de la funcionaria, el principal reto es que las autoridades locales venzan el “miedo” a “descubrir que, de tantos años que se dejó el asunto, de pronto creció tanto, que algunos estados sienten que si encaran la situación van a encontrar algo por debajo de la alfombra tan terrible que se les va a salir de las manos”. Las entidades en donde “faltaría hacer un trabajo más fino” son Tamaulipas, Guanajuato y Tlaxcala –sin contar a la procuradora, “quien se está rompiendo la cara para sacar estos temas”–. Las más “valientes”: el Distrito Federal, Chihuahua y Baja California. Al cuestionarla respecto del cumplimiento de la sentencia Campo Algodonero –ya que la Conavim es la encargada de la observancia del derecho internacional y de garantizar el cumplimiento de las obligaciones del Estado, derivadas de convenios, acuerdos y tratados internacionales–, Dilcya García asegura que “está muy avanzada: en un 75 por ciento”. Explica que esta Comisión ha trabajado en “uno de los puntos más abandonados: la creación de un mode-

Características del homicidio y/o feminicidio Aguascalientes Nuevo León

Sinaloa Chihuahua

Estado de México

Jalisco Oaxaca

Tamaulipas

•Cuatro mujeres atacadas con arma blanca; dos, con arma de fuego; dos, con golpe contuso •70 mujeres atacadas con arma de fuego; 51, con fuerza física; 28, con arma blanca; 13, con objeto contundente •En 45 casos el móvil es ejecución; en 29, pasional; en 28, violencia familiar •En 32 casos existía parentesco entre la víctima y el victimario. En 16, el asesino es el esposo; en nueve, los papás; en cinco, el novio •90 cuerpos encontrados en la vía pública; 53, en domicilios; 21, en negocios •204 mujeres atacadas con arma de fuego; 26, con arma blanca; 17, sufrieron contusiones; 17, estrangulación •603 mujeres atacadas con arma de fuego; 62, con golpes contundentes; 44, con arma blanca; en 33, pasional; en 30, violencia de género •En 492 casos el móvil es delincuencia organizada •365 cuerpos encontrados en la vía pública; 165, en casas habitaciones •213 mujeres atacadas con arma de fuego; 103, con arma blanca; 39, con las manos •En 173 existía parentesco entre la víctima y el victimario. En 36, el asesino es el cónyuge; en 30, el concubino; en 25, la pareja; en 28, los papás •242 cuerpos encontrados en casas habitación; 181, en vía pública; 58, en parajes; 48, en terrenos baldíos; 26, en vehículos •46 mujeres atacadas con arma de fuego; 21, con golpes; 20, con arma blanca •41 ocurrieron en el interior de casas; 69, en el exterior •Al menos 55 mujeres murieron consecuencia de disparo con arma de fuego; 31, por lesiones con arma blanca; 17, por traumatismo craneoencefálico; 16, por asfixia •En 55 casos existía una relación de parentesco entre la víctima y el victimario. En 28, el asesino es el esposo •89 murieron a consecuencia de lesiones por arma de fuego; 22 de arma blanca •En 13 casos el móvil es pasional; en ocho, desavenencias conyugales; en siete, consecuencia colateral de enfrentamiento entre grupos delincuenciales •En 21 casos existía parentesco entre la víctima y el victimario. En 20, el asesino es el esposo o concubino •50 cuerpos encontrados en casas habitación; 41, en vía pública; 40, en carreteras o brechas

lo de salud específico para familias que han tenido la desgracia de sufrir un feminicidio. El gobierno del estado [Chihuahua] intentó darle cumplimiento a través del Seguro Popular, pero no fue muy exitosa la medida. Entonces estamos buscando crear un modelo de intervención mucho más eficaz que le abone a los recursos federales y locales”. —¿Coincide en que se ha cumplido ya el 75 por ciento de la sentencia Campo Algodonero?

A finales de noviembre de 2011, Dilcya García, titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia de Género contra las Mujeres , ofreció disculpas a las mujeres mexicanas, porque el gobierno no ha logrado erradicar la violencia en su contra

CONTRALÍNEA

—No. Para nada –expresa, tajante, Teresa Incháustegui. Para la diputada federal “hay un avance que no se puede despreciar” en términos de protocolos. Sin embargo, no ocurre lo mismo con los bancos de información genética, “hay como 12 entidades que no tienen ni siquiera cómo identificar cadáveres”; ni con la capacitación: “una cerecita minúscula frente a un pastel del lodo”. Además de que en muchas entidades no se capacita a los forenses y ministeriales, “esta parte no es significativa, ni está en los currículos de certificación, requisitos para la permanencia en el puesto, escalafón o estímulos”. Respecto del desempeño del gobierno de Chihuahua, la perredista señala que se está “dando un giro” porque, por ejemplo, ya se reconoció a los desaparecidos. Pero “en la investigación, en la reparación del daño que plantea la sentencia, todavía no conocemos avances”.3 4 DE MARZO DE 2012

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SOCIEDAD -

Mujeres en México INEQUIDAD SALARIAL DEL 20 POR CIENTO Organismos internacionales observan que México es uno de los países en el que la inequidad salarial persiste hasta en un 20 por ciento, como en la década de 1990. La apertura comercial y las reformas legales sobre los salarios evidencian que las políticas comerciales han obligado a que más mujeres se inserten al mercado laboral por necesidad Érika Ramírez

ocumentos internacionales colocan a México como una de las naciones donde prevalece la inequidad salarial. Mientras la participación laboral del sector femenino en condiciones de igualdad se incrementa en América Latina, la brecha económica en el país entre hombres y mujeres es hasta del 20 por ciento. Así lo indican el Informe sobre el desarrollo mundial 2012: igualdad de género y desarrollo y el análisis Mujeres de América Latina y el Caribe en busca de un nuevo equilibrio, ambos elaborados por el Banco Mundial. En éstos se destaca que el nivel de ingresos de las mujeres es 20 por ciento menor al de los hombres. El documento Informe sobre el desarrollo mundial 2012 presentado en enero pasado por Ana Revenga (coautora del documento) asegura que la población femenina tampoco puede acceder a mejores puestos de empresas donde laboran: “En México, como en otros países, han habido avances en algunas esferas pero siguen las brechas y barreras, las cuales no cambian mucho; entonces las mujeres de este país, como en otros, tienen más educación, trabajan más, pero siguen sin ganar más que los hombres”. Agrega que el “nivel de ingresos y desarrollo en sí no es la solución, porque estos países son relativamente avanzados y ricos en la región, pero en el tema de género están rezagados frente a naciones como Colombia”. 36

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Inequidad en América Latina Mujeres de América Latina y el Caribe en busca de un nuevo equilibrio es el segundo estudio que hace referencia a la “fuerza laboral” femenina. En éste se indica que las mujeres casadas con un alto nivel de educación muestran una mayor inclinación a permanecer en la fuerza laboral, respecto de las mujeres con educación básica como primaria o secundaria. Esto “porque las primeras tienden a considerar el trabajo más como una carrera que como simple fuente de negocios”. Por el contrario, indica el documento, las mujeres casadas con un nivel educativo menor al básico también demuestran tener vínculos más fuertes con la fuerza laboral, pero porque “es probable que se vean obligadas a trabajar por simple necesidad, en lugar de ver el trabajo como una opción”. Otro de los aspectos que revisa el organismo internacional es el llamado “culpabilidad de la madre”, que resulta de la lucha por alcanzar un equilibrio entre trabajo y calidad vida. El texto indica que “la presencia de hijos en el hogar está asociada con un mayor abandono de la fuerza laboral de las mujeres con educación terciaria, que probablemente se enfrentan a menos limitaciones de los ingresos que las mujeres con educación primaria o menos. “En América Latina y el Caribe, hombres y mujeres, cuyas ideas acerca de los roles tradicionales de género han permanecido prácticamente iguales desde la década de 1990, tienden a considerar CONTRALÍNEA

Iván Stephens/Cuartoscuro

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Iván Stephens/Cuartoscuro

4 Mujeres mexicanas enfrentan desempleo, falta de oportunidades laborales, malos salarios y trabajos precarios que la identidad va más allá de su rol y que madres trabajadoras pueden tener relaciones igual de sanas con sus hijos que madres que permanecen en casa.”

Desigualdad, impacto de la apertura comercial

4 Mujeres con bajo nivel educativo, obligadas a trabajar por necesidad CONTRALÍNEA

El reporte Salarios y calificación laboral en México, publicado por la Revista Mexicana de Economía, indica que el impacto de la apertura comercial y sus reformas al interior de México sobre los salarios, demuestra que las políticas comerciales han modificado el padrón del empleo hacia las industrias que utilizan más intensivamente la mano de obra calificada, esto ha producido incrementos sostenidos de la desigualdad salarial con mayor precariedad del trabajo. El artículo, escrito por Luis Huesca Reynoso y Reyna Elizabeth Rodríguez –investigador titular y estudiante de doctorado, respectivamente, del Centro de Inves4 DE MARZO DE 2012

Juan Pablo Zamora/Cuartoscuro

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Oscar Alvarado/Cuartoscuro

que los países que se encuentran en el mismo renglón que México son Chile, Israel, Portugal, Turquía y Estados Unidos. La OCDE, encabezada por José Ángel Gurría, clasifica a sus socios en cinco categorías de acuerdo con su grado de inequidad. El grupo en el que ubica a México se caracteriza con una alta tasa de pobreza y un ingreso disponible por hogar muy por debajo de los otros integrantes. En mayo de 2011, ubicó a México en el segundo puesto entre los países de la Organización en los que la brecha entre los salarios bajos y altos es mayor. Suiza, Islandia, Suecia, Dinamarca y Noruega, naciones en donde destaca que su sistema fiscal es eficiente, son los de menor desigualdad tanto en salarios como en empleo, de acuerdo con el documento.3

4 La brecha salarial entre hombres y mujeres por trabajo igual alcanza hasta el 20 por ciento

tigación en Alimentación y Desarrollo–, indica que el impacto de la apertura comercial y sus reformas al interior de México sobre los salarios, demuestra que las políticas comerciales han modificado el padrón de empleo hacia las industrias que utilizan más intensivamente mano de obra calificada. Lo anterior, indican los académicos, ha producido incrementos sostenidos de desigualdad salarial con mayor precariedad del trabajo. Un rápido crecimiento de la demanda de asalariados con más educación, habilidades y también mayor participación de la mujer en el mercado laboral.

México, de los países más desiguales: OCDE La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) es otro de los organismos que identifica a México como uno de los países con mayor desigualdad en salarios y distribución de la riqueza. En su reporte Reduciendo la inequidad en ingreso mientras se propicia el crecimiento económico: ¿puede hacerse?, la OCDE señala 38

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4 México se caracteriza por su alta tasa de pobreza e ingresos muy bajos por hogar, indica la OCDE

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Cárceles: LOS FUGADOS DE LA “GUERRA” El gobierno federal anuncia como logros de la “guerra” contra el narcotráfico el incremento en el número de detenciones y encarcelamiento de hombres y mujeres acusados de vínculos con el crimen organizado, sin embargo no ha logrado minar el poder de los cárteles para quienes las cárceles se convirtieron también en áreas de operación; en los años de la “guerra”, un número aún indeterminado de reos ha logrado evadirse Ana Lilia Pérez

l helicóptero azul sobrevolaba el patio del dormitorio uno. El ruido del rehileteo de las aspas se mimetizaba con la banda sonora de la película que ese día proyectaban en el auditorio del penal. Los custodios que lo vieron se hicieron los disimulados, como si el que una 40

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aeronave pretendiera aterrizar en el patio fuese algo ordinario y aturdido uno que otro interno indiferente a la película observaba la escena. Cuando parecía que finalmente aterrizaría, apenas unos metros a ras del suelo se abrió la puerta y desde dentro cayó la pequeña escalera en la que David Joel Kaplan y su amigo Carlos Contreras ascendieron

presurosos, dos compañeros de celda que a partir de esa memorable fuga del Centro de Readaptación Social Varonil Santa Martha Acatitla, se convertirían en leyenda. Aquello ocurrió en agosto de 1971. La audacia del traficante de armas de fugarse de la penitenciaría en sólo 10 segundos, o la del narcotraficante Alberto Sicilia Falcón,

quien cinco años después salió de la Penitenciaría de Lecumberri a través de un túnel de más de 100 metros que fueron construidos ex profeso; y aún la de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, quien, en enero de 2001, dejó al Penal Puente Grande dentro de un carrito de lavandería, palidecen ante las insólitas fugas masivas de prisiones en CONTRALÍNEA

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tiempos del presidente Felipe Calderón Hinojosa, en plena “guerra” contra el narcotráfico, cuando se dio a la Secretaria de Seguridad Pública, cabeza del sector penitenciario, facultades extraordinarias de operación y un presupuesto histórico una parte del cual debía destinarse a fortalecer los penales. En su Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, Calderón prometió la modernización del sistema penitenciario basada en el trabajo y coordinación de los tres órdenes de gobierno, “para mejorar los mecanismos de readaptación y rehabilitación de los internos”, pero los hechos recientes en los penales de Nuevo León, o los ocurridos en enero pasado, en Altamira, Tamaulipas, evidencian el legado. El gobierno federal anuncia con cifras de detenciones los supuestos logros de la “guerra”. En los cinco años de administración la población penitenciaria se incrementó de 210 mil 540 internos a 231 mil 510, más de la mitad acusados de delitos del fuero federal. De esos 21 mil nuevos reos, casi 9 mil identificados como supuestos integrantes del crimen organizado, encarcelados bajo cargos de narcotráfico, “halconeo”, secuestro, extorsiones, posesión de arma de fuego, delitos contra la salud, principalmente. CONTRALÍNEA

Miguel Galindo

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hecho “detenciones masivas con las que prácticamente se hacinaron los penales, lo que deterioró aún más la situación carcelaria”, y que, irresponsablemente, se envió a integrantes del crimen organizado con presos comunes. Edgardo Buscaglia, asesor de la Organización de las Naciones Unidas en temas de seguridad y experto en delincuencia organizada, considera que la estrategia de “guerra” debió de contemplar también las condiciones del sistema penitenciario. Y es que, en este sentido, la falta de estrategia es evidente: sin ninguna clasificación, fueron ingresados entre los 419 centros penitenciarios

cuya capacidad total es para 186 mil 176 personas. La sobrepoblación alcanzó a 211 penales, particularmente estatales, en proporciones diversas. Las primeras manifestaciones del explosivo coctel en que se convertían los penales, se reveló desde el primer año de “guerra”, con motines, masacres, ejecuciones y fugas en cárceles de Tamaulipas, Chihuahua, Baja California, Quintana Roo, Tabasco, Zacatecas y Veracruz, principalmente. Frente a cada evento, los gobiernos estatales le hicieron manifiesto a Calderón y al secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, la urgencia de trasferir a sus reos, pero la respuesta fue la omisión. En

consecuencia, el autogobierno, ahora en manos de los cárteles, se afianzó en más de la mitad de las cárceles del país. En su Diagnóstico nacional de supervisión penitenciaria, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) documentó la existencia de autogobierno en la mitad de los penales que visitó. Conforme su definición éste es “un sistema de gobierno paralelo al que legalmente debe de prevalecer en un centro penitenciario, con una estructura organizada a partir de una jerarquía de mando, mediante la cual, además de imponer métodos informales de control, efectúan actividades ilícitas intramuros”. El autogobierno, considera la

NTR Medios de Comunicación/Cuartoscuro

A pesar de que jurídicamente según los delitos imputados a todos ellos les correspondía ser ingresados a centros federales, se les encarceló de manera indistinta en su mayoría en penales municipales y estatales, convirtiéndose en algunos casos en el mayor porcentaje de población de cada centro, lo que –dado su nivel de organización y en medio de la corrupcion rapante que de por si imperaba en dichos penales– les facilitó seguir operando como si extuviesen libres (Contralínea 271). Adrián Ramírez, titular del Observatorio Mexicano de Prisiones señala que “para justificar los logros de la ‘guerra’ contra el narcotráfico” se han

4“La estrategia antidrogas debió contemplar las condiciones del sistema penitenciario”. En la imagen, el Cereso de Cineguillas, Zacatecas, tras la fuga de 53 reos en mayo de 2009

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CONTRALÍNEA

Amaranta Prieto/Cuartoscuro

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4“La cárcel ya no puede ser considerada como amenazante para prevenir el delito”. En la imagen, un motín en la prisión de Cancún, Quintana Fernando Carranza/Cuartoscuro

Roo

CNDH se evidencia claramente con las fugas.

Bodegas sin control En febrero pasado, días antes de la masiva fuga y matanza en el penal de Apodaca, Contralínea (271) publicó la opinión de destacados abogados expertos en el sistema penitenciario, criminalistas y representantes de organismos de derechos humanos, que concluyeron en definir la fallida estrategia de la “guerra” oficial contra el narcotráfico como el “tiro de gracia” a la posibilidad de readaptación de los internos en el sistema penitenciario mexicano, conclusión fundada principalmente en el hecho de que CONTRALÍNEA

4Aunque el secretario García Luna asegura que ningún preso de cárceles federales se ha fugado, en diciembre de 2011 escaparon tres internos del penal de Puente Grande, Jalisco

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Penales, bolsa de trabajo para el crimen e manera que las detenciones masivas no han minado el poderío de los cárteles, tampoco el nivel de violencia ni inseguridad en el país, y en el ámbito penitenciario, el panorama evidencia mayor deterioro debido también a la dilación para la resolución de procesos. Hasta diciembre de 2011, sólo el 58 por ciento de la población penitenciaria a nivel nacional tenía ya una sentencia, el resto estaba todavía en condición de proceso; en tal condición jurídica se incluía a muchos de los detenidos e ingresados bajo cargos de delincuencia organizada. De acuerdo con cifras oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública, que encabeza Genaro García Luna, hasta diciembre pasado, casi el 50 por ciento de los internos del fuero federal aún no estaba sentenciado. En su reciente informe de auditoría al sector de seguridad pública, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) destaca deficiencias en la actuación de la autoridad federal para la consignación precisamente de personas acusadas de delitos federales.

Marco Polo Guzmán/Cuartoscuro

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Cita la ASF que, aunque en el periodo de 2006 a 2010, el Ministerio Público federal incrementó 9.5 por ciento en promedio anual las averiguaciones previas consignadas ante los tribunales, ello “no se tradujo en una mejor procuración de justicia” porque, mientras en 2006, de cada 100 consignaciones 96 obtenían sentencia, para 2010, 94 se colocaron en esta situación; en contraste, “las averiguaciones previas devueltas al Ministerio Público federal por integración deficiente de los expedientes pasaron de significar cuatro, en 2006, a seis, en 2010”. Por cada 100 sentencias otorgadas por los órganos jurisdiccionales, en 2006, se registraron 96 sentencias condenatorias y cuatro absolutorias, mientras que en 2010, se obtuvieron 94 condenatorias contra seis absolutorias, “lo que significó una progresión adversa para fines de sanción de los delitos cometidos”. A las deficiencias en el sistema de procuración de justicia, que observa la ASF, se suma la responsabilidad por negligencia u omisión en el resguardo de los reos. En la “guerra” oficial contra el narcotráfico se ingresó a reos miembros de los cárteles en penales donde ni siquiera se hace una separación de internos ni por su estatus jurídico ni por su nivel de peligrosidad, en contravención a las normas mínimas para el tratamiento de internos. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) señala que “la inadecuada separación de internos por categorías obedece a que los centros penitenciarios que fueron diseñados para funcionar como reclusorios preventivos o penitenciarías, se utilizan para alojar a procesados y sentenciados de ambos fueros, a pesar de que no cuentan con las áreas necesarias para tal efecto”. Las detenciones de reos federales en prisiones estatales agudizaron el problema del autogobierno. Desde 2010, en el Diagnóstico nacional de la seguridad penitenciaria, la CNDH alertó: “El problema del autogobierno se agrava debido al aumento de internos vinculados con la delincuencia organizada, recluidos en centros estatales y municipales, quienes en repetidas ocasiones controlan a la población penitenciaria sometiéndola a un régimen personal de favores y privilegios, generalmente mediante el pago de cuotas, situación que es tolerada por algunas autoridades. Es del conocimiento público la existencia de diversas actividades delictivas en las que participan estos grupos de internos, los cuales corrompen a las autoridades con el fin de obtener toda clase de facilidades para organizar o seguir cometiendo delitos graves como secuestro, robo calificado, homicidio y narcotráfico”. Cuando se registraron las primeras fugas masivas, algunos directivos de penales alertaron al gobierno federal que los cárteles comenzaban a reclutar a los internos en penales municipales y estatales. En esa oportunidad de supervivencia es en las prisiones donde los cárteles reclutan a mucha de su fuerza de trabajo. Así por ejemplo, ocurrió en los penales de Veracruz, donde los Zetas organizaron la fuga tanto de sus integrantes como de quienes se reclutaron con ellos. De allí que Javier Carrasco, del Proyecto Presunción de Inocencia en México, de la Open Society Justice Initiative, señale que los reclusorios son “una potencial fuerza de trabajo para el crimen organizado”.3 CONTRALÍNEA

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ámbito local, y que de los centros federales que están directamente a su a su cargo ni un solo interno se ha escapado. En los ceferesos de García Luna también se fugan internos. Así lo demuestra el caso de Federico Álvarez Ávila, acusado de narcotráfico y delincuencia organizada. La noche del 26 de mayo de 2011, se escabulló del Cefereso 6 Sureste, ubicado en Villa Chontalpa,

el Occidente, en Jalisco; y el de Matamoros, en Tamaulipas, es decir, “de máxima seguridad”, pero 56 días después Álvarez se fugó dentro de un bote de basura.

Las fugas inexistentes Como cabeza del sector de seguridad pública y de la Plataforma México, la Secretaría de Seguridad Pública maneja las

siones a terceros, autoagresiones, suicidios, homicidios, motines y fugas. En las gráficas oficiales, está remarcada la línea ascendente que registra el número de detenciones correspondiente a los años de la “guerra” oficial contra el narcotráfico, pero llama la atención que en el rubro correspondiente a fugas, no se registra ninguno de los eventos ocurridos en ese mismo Ivaán Méndez/Cuartoscuro

se encerró a comandos perfectamente organizados y coordinados con delincuentes del fuero común. Indicativa la observación del abogado Luis González Placencia, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, quien advirtió que la cárcel “perdió esa condición de amenaza que se supone la haría el mecanismo para que la gente dejara de delinquir, para convertirla en un engranaje más en todo el proceso. Para quien se dedica al crimen se convirtió sólo en un riesgo de trabajo, e incluso en una oportunidad de supervivencia”. Javier Carrasco Solis, titular del Proyecto Presunción de Inocencia en México, de la Open Society Justice Initiative, definió que los reclusorios se convirtieron en “bodegas humanas y una potencial fuerza de trabajo para el crimen organizado”. Atestar esas “bodegas humanas” es en términos llanos lo que para el gobierno federal equivaldría a “combatir al crimen organizado”, pero como en el juego del gato y el ratón, una y otra vez, los cárteles han demostrado quien tiene el control, ahora de los penales. En impresionantes operativos donde a veces no se dispara siquiera una sola bala, en el lapso de la “guerra” contra el narco, un número aún indeterminado de internos se han fugado de penales a cargo de administraciones de todos niveles, incluidos los centros federales de readaptación social (ceferesos) de “alta seguridad”, contrario al argumento de García Luna, quien tras la evasión de reos en el Penal de Apodaca aseguró que el problema de las fugas está estrictamente en el

4Ni la Secretaría de Seguridad Pública federal ni los penales locales cuentan con estadísticas de los internos evadidos. En la foto, una toma del video captado durante la fuga del penal de Cieneguillas en mayo de 2009

municipio de Huimanguillo, Tabasco. Hacía apenas unas semanas que el penal había comenzado a operar, conforme el acuerdo 08/2009, signado por García Luna y el gobernador de Tabasco, Andrés Garnier. Se indicó que el grado de seguridad era al nivel de los Ceferesos del Altiplano, en el Estado de México;

cifras y estadísticas del sistema penitenciario de todo el país. El número de población penitenciaria centro por centro, el porcentaje entre internos bajo acusaciones de delitos del fuero común y federal; número de sentenciados e incluso las “incidencias” registradas al interior de los penales, entre éstas se cuentan las riñas, decesos, agre-

periodo, y que han ocupado incluso planas de la prensa internacional. Ni la Secretaría de Seguridad ni los centros penitenciarios manejan cifras claras ni precisas de la población que maneja cada cárcel, tampoco de las transferencias de reos, ni de los llamados “incidentes”, dentro de los que se ubica las fugas. Los repre4 DE MARZO DE 2012

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Tamaulipas a la cabeza Identificada como área de operación de los cárteles del Golfo y los Zetas, Tamaulipas registra la mayor incidencia de detenciones en el marco de la llamada “guerra contra el narcotráfico”, de allí que expertos como Edgardo Buscaglia refiera que la “guerra” está encaminada a debilitar a los enemigos del cártel de Sinaloa (organización que lidera Joaquín Guzmán Loera). Pero es también la entidad cuyas cárceles registran mayor número de fugas. Los primeros jefes zetas rescatados de un penal fueron Daniel Pérez Rojas, Manuel Alquicires García, Enrique González Rodríguez. En 2002, los sacaron del penal de Matamoros, ubicado a las afueras del fronterizo municipio, cuna del 46

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legendario cártel del Golfo, que fundara el matamorense Juan Nepomuceno Guerra en la década de 1970. Años después, de ese penal, el 25 de marzo de 2010, un comando liberó a 38 zetas y tres reos del fuero común que se reclutaron con ellos, es decir, salieron 41. Entre las 03:00 y las 05:00 horas un convoy de 15 camionetas llegó al Centro de Ejecución de Sanciones (Cedes) y sin hacer un sólo disparo sacó por la puerta principal a los 41 reos. Colaboraron con éstos dos custodios que también se fueron con el grupo. Del Cedes de Reynosa, el 9 de octubre de 2008, por la puerta principal, salieron en fuga 17 reos acompañados de

cuatro custodios. En 2010, la noche del 2 de abril, llegó un comando a bordo de 10 camionetas, abrieron fuego contra el personal de seguridad y custodia y sacaron a 13 internos, 11 de éstos acusados de delitos del fuero federal. Después de esa fuga, el gobernador Eugenio Hernández Flores advirtió que la infraestructura de los penales estatales no era viable para los reos capturados en el marco de la “guerra” emprendida por la Presidencia: “Los reos del fuero federal son peligrosos, relacionados con el crimen organizado y esto está mermando nuestra capacidad de vigilancia”. Pidió al gobierno federal garantizara la custodia de 1 mil 700 presos del

fuero federal ingresados en cárceles de la entidad. No hubo respuesta, y el 6 de abril un comando sacó a otros 40 internos del penal de Matamoros. El 7 de agosto fue ejecutado el director del panel Amado González, lo sustituyó Horacio Sepúlveda y un día después de que asumiera el cargo entró un comando y asesinó a 14 internos. El 17 de mayo, 17 internos se fugaron del penal de Reynosa, una semana después se fugaron otros 17; y el 7 de julio, 12. El 18 de agosto, al penal de Matamoros irrumpió otro comando y liberó a otros 40 internos; el 10 de septiembre, se fugaron 85, de éstos 66 enfrentaban cargos federales de narcotráfico y delincuencia

Bajas de la asociación civil a cárcel perdió esa condición de amenaza que se supone la haría el mecanismo para que la gente dejara de delinquir, para convertirla en un engranaje más en todo el proceso. Para quien se dedica al crimen se convirtió sólo en un riesgo de trabajo, e incluso en una oportunidad de supervivencia”: Luis González Placencia, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. “Solamente son bodegas humanas y una potencial fuerza de trabajo para el crimen organizado”, Javier Carrasco, Proyecto Presunción de Inocencia en México, de la Open Society Justice Initiative. “La situación que guardan actualmente los reclusorios en México no es de ninguna manera una situación satisfactoria. Sabemos que hay sobrepoblación en muchos reclusorios, que han ocurrido numerosos incidentes en muchas ocasiones sumamente graves, consistentes en suicidios, motines, evasiones, múltiples hechos de sangre e incluso delincuencia propiciada o generada desde el interior de estos reclusorios. “El panorama es muy preocupante y acreditaría soluciones inmediatas por parte de las autoridades correspondientes. Ha habido muchos actos de corrupción que están pendientes de ser esclarecidos. Todo esto nos da un panorama muy preocupante,

“L

David Cilia

sentantes de la CNDH y de la CDHDF coinciden en que la falta de claridad en esas cifras es uno de los principales problemas que abona a la ingobernabilidad en las prisiones. Con base en una revisión de las cifras que manejan algunos penales, así como de los casos que han documentado comisiones y organizaciones gubernamentales y no gubernamentales de derechos humanos, la estimación es que más de 700 internos se han fugado de las prisiones mexicanas en los últimos años. Las fugas de los penales, ya sea por el grado de estrategia o el número de reos evadidos son casos sin precedentes en la historia del sistema penitenciario mexicano. La evasión se suma a la numeraria de “guerra” que contabiliza más de 50 mil muertos, 250 mil despalzados y 30 mil desaparecidos.

4González Placencia, presidente de la CDHDF yo diría que inclusive crítico a propósito de las prisiones y en general en nuestro país”, Sergio García Ramírez, jurista, experto en el sistema penitenciario mexicano y expresidente de la expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.3 CONTRALÍNEA

Obed Campos/Cuartoscuro

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4El caso de Apocada, Nuevo León, puso en evidencia la debilidad de los penales. En la foto, detenidos por esa fuga masiva

organizada, el resto, delitos del orden local. El penal de Nuevo Laredo, ubicado al Sur del municipio, en el kilómetro 10 de la carretera hacia Monterrey, es un caso peculiar: la noche del 17 de diciembre de 2010, se fugaron 152 reos. Birlaron las rejas del Cedes Número 2, sin que nadie se los impidiera. En la que hasta ahora es la fuga de mayores dimensiones en la historia del sistema penitenciario mexicano, se escabuyó más del diez por ciento de los internos, 58 de ellos enfrentaban cargos federales, identificados como integrantes de los cárteles del Golfo y los Zetas. Tampoco ese escandaloso suceso, que ocupó grandes planas de la prensa internacional, hizo que la administración feCONTRALÍNEA

deral se hiciera cargo de los reos federales. Para junio de 2011, de ese mismo penal de fugaban 59 zetas. Tres meses antes, la directora del penal, Rebeca Vázquez fue asesinada durante una riña que dejó siete reos muertos.

Veracruz, fugas estilo kaibil El rechinido de las llantas al frenar anunció la llegada del comando. De una Hummer blanca y una windstar dorada bajaron 30 hombres enfundados en uniformes de la Agencia Federal de Investigación que después de la medianoche del 16 de mayo de 2008 tomaron por asalto el penal Duport Ostión de Coatzacoalcos, Veracruz. No pretendían pasar desapercibidos, ni aún cuando el

penal se ubica a sólo 100 metros de las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública estatal. Con sus R-15 y AK-47 hicieron varios disparos al aire, los estruendos enmudecieron a quienes no estaban al tanto de que aquella era la hora en que los zetas llegarían a sacar a sus muchachos, y los alertaron de que llegaban por ellos. Iban por seis, todos de Tamaulipas, jefes dentro de la organización, entre ellos Salvador Alfonso Martínez Escobedo alias la Ardilla, quien dos años después participaría en la matanza de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, en agosto de 2010, de acuerdo con la autoridad federal. Poco después de que comenzara la “guerra” oficial con-

tra el narcotráfico, y que los ceresos estatales en Tamaulipas, Veracruz, Tabasco y Coahuila se convirtieran en el principal receptáculo de integrantes de los Zetas y el cártel del Golfo, la mayoría de los penales (de esas entidades) quedaron en sus manos. Como los del Norte y Pacífico a cargo del cártel de Sinaloa, y el de Juárez; o los de Guerrero en manos de los Beltrán Leyva y a la muerte de Arturo Beltrán, disputados por el de Sinaloa y sus nuevas asociaciones locales. La CNDH identifica autogobierno prácticamente en todos los penales importantes de Veracruz, entre éstos el del puerto (Ignacio Allende), el de Chicontepec, Huayacocotla, Misantla, Ozuluama, Pacho Viejo, Tantoyuca y Tuxpan. 4 DE MARZO DE 2012

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El Duport Ostión se convirtió en un caso singular, sus cerrojos más resbaladizos que la mantequilla. En 2010, su director hizo llamados desesperados a la Presidencia para que transfiriera a los reos federales porque los 15 custodios a su mando de ninguna manera tenían capacidad de resguardo para 1mil 300 internos. Ese año se fugaron seis zetas y otro reo identificado como jefe de un cártel. Luego ocurrió un operativo espectacular. La manera en la que el comando ingresó a tres penales y selectivamente liberó a sus objetivos asemeja a las incursiones kaibil, comando de elite del Ejército de Guatemala, quienes se hacen llamar, “los mejores soldados del mundo”. La madrugada del 19 de septiembre de 2011, entre las 02:30 y las 04:00 horas, un comando de 80 hombres vestidos con ropa militar y encapuchados llegaron al penal Duport Ostión, pasaron de sección en sección y de dormitorio en dormitorio, y seleccionaron a 12 internos; del penal La Toma, en Amatlán de Los Reyes, sacaron a 16; y del de Cosamaloapan, a cuatro. De los 32 reos, 15 eran del fuero federal, los otros 17, del fuero común. Las poderosas armas no fueron necesarias: con solo verlos, los custodios les flanquearon la salida, todo estaba perfectamente sincronizado. Del penal de Tuxpan, el 16 de diciembre se fugó un interno acusado de delitos del fuero federal tráfico de drogas y delitos contra la salud.

Cieneguillas, 54 reos en cinco minutos Si la fuga de Kaplan había sido la más espectacular de la que se 48

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tuviera memoria, la que 40 años después ocurrió en el poblado de Cieneguilla, Zacatecas, quizá dejaría boaquiabierto al mimo Kaplan. El 16 de mayo de 2009, en un impresionante operativo que implicó el uso de un enorme comando en camionetas y un helicóptero, 80 zetas a bordo de diez suburban tomaron por asalto la fortaleza de cemento entintado en color gris y naranja, una de las prisiones más importantes en la región zacatecana. En sólo cinco minutos libraron a 54 internos, enlistados entre los 1 mil 500 reos. Tras esa fuga, al igual que el gobernador Eugenio Hernández en Tamaulipas, la entonces gobernadora de Zacatecas, Amalia García Medina le pidió al gobierno de Calderón que transfiriera a los reos federales porque el operativo “perfectamente planeado” demostraba el poderío de los cárteles. En esa entidad, las omisiones del gobierno federal incidieron hasta en los centros para menores. El mediodía del 20 de septiembre de 2011, al Centro de Internamiento y Atención Integral Juvenil de Villanueva, sobre la carretera ZacatecasGuadalajara, arribó un comando armado. Descendieron de cinco camionetas e ingresaron al tutelar y de entre toda la población se llevaron a dos muchachos. Se trataba de dos menores que una semana antes habían sido detenidos por el Ejército durante un enfrentamiento con los zetas, en el municipio de Mezquital del Oro. Después de ese operativo, el gobierno estatal emitió un nuevo comunicado en el que insistía al gobierno federal hacerse cargo de sus detenidos.

4Familiares de internos a la espera de noticias sobre la masacre ocurrida en el penal de A CONTRALÍNEA

Carlos Rangel/Cuartoscuro

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El caso Nuevo León Por incidencia de fugas, le sigue el caso de Nuevo León, donde del penal de Apodaca, el pasado 21 de febrero, poco después de que 44 integrantes del cártel del Golfo fueron asesinados, se evadieron 30 zetas liderados por Óscar Manuel Bernal, alias la Araña, o el Spider. En esa entidad, como en Zacatecas, del tutelar Centro de Internamiento para Adolescentes también un comando recató a cinco menores, el 27 de agosto de 2010. Desde 2010, el diagnóstico de la CNDH identificó que los penales de Nuevo León: Apodaca, Cadereyta y Topo Chico estaban controlados por internos y no por la autoridad. Penales bajo la ley de la selva, donde los cárteles deciden quien vive o muere, como los 14 internos que el 17 de mayo de 2011, murieron en el área de dormitorios de siquiatría en el penal de Apodaca. Ante los recientes sucesos en los penales de Apodaca y Topo Chico, es asertiva la reflexión que Luis González Placencia, doctor en política criminal por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, que hizo en entrevista con Contralínea al considerar que el enfoque de la “guerra” oficial “no debió de ser únicamente punitivo, porque ese enfoque generó la problemática que se vive ahora. Lo primero que debió de haberse pensado es si la cárcel los iba a contener o no”.

Oaxaca, muros de papel La CNDH, en voz de su quinto visitador general, Guillermo Andrés Aguirre destaca que uno de los problemas es que las cárceles se han utilizado sola-

l penal de Apocada

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mente como “lugares de contención para delincuentes”. Pero en algunos casos esos muros son más endebles que si fuesen de papel, como cuando el 12 de julio de 2010, un comando de 15 hombres entró al Reclusorio Regional Santo Domingo Tehuantepec, de Oaxaca y liberó a tres reos del fuero federal acusados de narcotráfico, delitos contra la salud y portación de arma exclusivas del Ejército. A los penales de Puebla –cuya sobrepoblación promedio es del 37 por ciento y que tiene un déficit de custodia de más del 50 por ciento–, se ingresaron también a numerosos acusados de delitos del fuero federal. Bajo esas circunstancias, el 27 de noviembre de 2011, del Cereso distrital de San Pedro Cholula, 11 reos se fugaron por un boquete, seis considerados de alta peligrosidad e identificados como integrantes de los Zetas, entre ellos Diego Frankis Contreras, a quien las autoridades identifican como el Apá o el Padrino. Diego yacía ingresado desde el 5 de diciembre de 2009, procesado por los delitos de privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro, asociación delictuosa y cohecho. Enfrentaba 19 órdenes de aprehensión y en su haber fugas de los penales de Orizaba, Altamira, Nuevo Laredo y Tamaulipas. Se le identificó como jefe de la plaza del cártel en Puebla. Años antes, otros 25 jefes e integrantes de esa organización habían sido liberados del penal de Apatzingán, Michoacán, por un comando que en enero de 2004, vestía de uniforme del Ejército Mexicano.

Dominio azteca No sólo los comandos zetas exhiben su poder al excarcelar a miembros de su organización así como a quienes se reclutan con ellos; en Chihuahua, los sicarios del cártel de Juárez y el de Sinaloa también dejan muestras de su poderío en los penales para sacar a quien quieran. El 17 de septiembre de 2010, en Ciudad Juárez, un comando armado interceptó un convoy de patrullas y unidades del Cereso para rescatar a un interno, Juan Pablo Castillo López, detenido por narcotráfico, acusado de 23 homicidios, e identificado como uno de los líderes de los Aztecas, sicario de la Línea (brazo armado del cártel de Juárez). Castillo salía del hospital general de la ciudad fuertemente custodiado por guardias del penal, tres de los cuales resultaron muertos en el operativo para su rescate. En Juárez, se volvieron frecuentes los asaltos a los convoys que transferían a los internos parte del crimen organizado. Uno de los más violentos se dio en la colonia Granjas Polo Gambia, cuando el convoy fue atacado por un comando, el saldo un custodio muerto y tres heridos, y los tres convictos que se fueron con el comando. En Aquiles Serdán, a 4 kilómetros de Chihuahua, el 17 de enero de 2011, 14 reos lograron evadir las medidas de seguridad del Cereso gracias al apoyo de un comando armado. En versión de la autoridad: “A las 05:00 horas de ese día se escucharon detonaciones al parecer de arma de fuego –a manera de distractor– y después un vehículo tripulado por varios hombres derribó una parte de la malla 4 DE MARZO DE 2012

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lancia y descender de éstas con una cuerda de cobijas. En los penales de Jalisco el cártel de Sinaloa manda. Del de Aguarutu, el 18 de agosto de 2008, sacaron a uno de sus integrantes que yacía en el módulo de alta peligrosidad. El narcotraficante se escabulló mientras custodios e internos departían en una fiesta

Mazatlán, a Luis Antonio Osuna Cevallos, quien era transferido del penal de Culiacán, detenido por narcotráfico, delitos contra la salud y portación ilegal de arma de fuego. De ese penal de Culiacán, el 10 de marzo se habían escapado tres reos federales. Un operativo similar se ejecutó en julio de 2010, en el

Saúl López/Cuartoscuro

perimetral del lado Oeste del reclusorio. Luego, dicho vehículo se aproximó a la barda del penal donde por un boquete salieron 12 internos quienes huyeron por diferentes rumbos. Hasta las 08:20 horas, la dirección del penal confirmó la recaptura de uno, de nombre Fernando García Rocha”. Policías y halcones que operan para los cárteles son también objetivo de esos estructurados operativos para libralos. El 26 de mayo de 2009, un comando de 15 hombres armados liberó del Cereso de Saucillo al expolicía Francisco Javier Alcantar Soria, alias el Virus, expolicía municipal de Delicias, identificado como jefe de plaza del cártel de Sinaloa. En los penales de Chihuahua hasta los menores infractores birlan la custodia. La noches del pasado 11 de enero, tres internos se dieron a la fuga al saltar la barda del Centro de Reinserción para Menores Infractores de Ciudad Cuauhtémoc, cuya capacidad es para 12 internos, pero alberga a 67.

Durango, el poder de los reos El Cereso Número 2 de Gómez Palacio se convirtió emblemático del poder de los cárteles en prisión, desde que quedó al descubierto que la directora Margarita Rojas permitía a los reos salir de noche y ejecutar a sus enemigos a lo largo y ancho de la Comarca Lagunera. Ante los increíbles excesos, las fugas parecerían algo natural. El 9 de marzo de 2009, un comando de 12 hombres armados liberó a cinco internos. El 23 de enero pasado, dos internos se fugaron al amagar a los custodios de las torres de vigi50

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4El presidente Calderón durante el foro Sistema de Justicia Penal en méxico

amenizada por un cantante de corridos y un grupo norteño. En Sinaloa, el 23 de junio de 2011, un comando interceptó a elementos de la Policía Estatal Preventiva cuando pretendían ingresar al Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito de

Estado de México, esa vez para librar a un integrante de La Familia. Yacía en el penal estatal de Tepachico, en Otumba, Estado de México y sería trasladado al Penal de Neza-Bordo, en Nezahualcóyotl. Tres guardias custodiaban su traslado cuando el comando, a bordo de

dos vehículos, los atacó sobre la carretera México-Tulancingo. Del penal de Tepic, en Nayarit, el 21 de julio de 2010, se fugaron tres internos. En el Centro de Reinserción Social de Morelos, en el municipio de Xochitepec, se evadieron seis internos, cuatro sentenciados y dos procesados. En Baja California, el 6 de septiembre de 2010, se fugaron tres internos del Centro de Ejecución de Medidas para Adolescentes, Bryan Julián Zatarain García, de 19 años; Tomás Canales Lomas, de 18, y Andrés N, de 16 años. Del penal de Ahualulco, Valles de Jalisco, el 27 de septiembre, ocho reos se fugaron. Dos días antes del de Pachuca, Édgar Jesús Méndez Cortés brincó la barda, del otro lado lo esperaban sus cómplices. El Distrito Federal no se salva, del Reclusorio Preventivo Varonil Norte se fugaron Alejandro López Medina y Arturo Torres Santana. No todas las fugas son aparatosas. Algunas son sin aspavientos, como la de los cinco internos que el 31 de diciembre de 2010, se escabulleron por la puerta principal del Cereso de Cancún con libretas falsas de liberación. Los fugados fueron el colombiano Bortell Archivolt Level, detenido en 2001 con un cargamento de una tonelada de cocaína, sentenciado a 21 años de prisión. El cubano Onel Ernesto del Sol Valdez, detenido en 2008 por tráfico de indocumentados; los mexicanos Alejandro Guzmán Nambo, acusado de secuestro y José Antonio Aquino y Jhonny Eduardo Rodríguez Rivero, de robo calificado.3 CONTRALÍNEA

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SE DISPARA VIOLENCIA EN Centroamérica

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LÍNEA GLOBAL ?

anamá, Panamá. Aunque los países centroamericanos, salvo una reciente excepción, no son productores de drogas ilícitas sino territorios de tránsito, esto no es prueba de inocencia y tiene diversas implicaciones. Una, ser integrantes de una cadena cuyos motores están fuera del área; otra, darles zonas y medios de trasiego (de recepción, custodia, reembarque, reclutamiento de personal, castigo de desleales, facilidades para operaciones marinas, aéreas y terrestres, lavado y movimiento de ganancias, etcétera). Eso conlleva tanto actividades de agentes foráneos y colaboradores oriundos, como corrupción y complicidad de funcionarios locales. 52

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La ilegalidad de esas actividades, junto con las rivalidades entre bandas e individuos que las llevan a cabo, dinamiza una violencia criminal que llega más allá de los personajes directamente implicados. Eso incrementa la delincuencia organizada y la violencia criminal en Centroamérica, pero no las explica en su totalidad; porque esos problemas ya ocurrían antes del auge del tráfico de drogas, que ahora los involucra y agiganta. En otras palabras, resolver la cuestión implica combatir al narcotráfico pero incluye más que esta necesidad inmediata. Por otra parte, el asunto no radica sólo en las pandillas. En el pasado V Encuentro Internacional sobre la Sociedad y sus Retos frente a la Corrupción, el representante regional CONTRALÍNEA

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CONTRALร NEA

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David Cilia

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Costa de Marfil, Jamaica, Belice (con 41), Venezuela y después Guatemala (con 41.4). El “triángulo del Norte” centroamericano es una de las zonas más mortales del mundo. En contraste, los países centroamericanos menos inseguros son Costa Rica (con 11.3 y tendencia en aumento) y Nicaragua (con 13.2 y tendencia a la baja). Panamá se encuentra en una situación peor, con 21.6 y subiendo. La Organización Mundial de la Salud considera “epidemia” a cualquier tasa superior a 10. Las implicaciones de las cifras se agravan con los altos índices de impunidad que las acompañan. De acuerdo con Ramón Custodio, comisionado nacional de derechos humanos de Honduras, “muy pocos de esos asesinatos son castigados”. Por el contrario, en los últimos 15 años la tasa de homicidios disminuyó en Asia, Europa y América del Norte. Como dato de referencia, la tasa de Estados Unidos es de cinco. El estudio de la ONUDD atribuye el aumento de la violencia en Centroamérica y el Caribe a las crecientes disparidades de los ingresos y la disponibilidad de armas de fuego. Una explicación que no es falsa pero dista de ser suficiente. No está de más recordar que, de acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Honduras, El Salvador y Guatemala –en este orden, que es el mismo de sus respectivas tasas de homicidios– aparecen entre los países latinoamericanos con los peores índices de pobreza, a lo que deben de añadirse los de desigualdad.

El Triángulo Fatídico: un ejemplo básico

4El crimen organizado y la corrupción mundial generan flujos de dinero por 2.1 billones de dólares anuales: Mazzitelli, representante regional de ONUDD

de la Oficina de la Organización de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) para México, Centroamérica y el Caribe, Antonio Mazzitelli, destacó que el crimen organizado trasnacional está diversificado, alcanza proporciones macroeconómicas y sus mercados, rutas de tráfico y dinámicas no tienen fronteras. Añadió que su incidencia invade múltiples instancias y sectores: comercial, financiero, político, social, cultural, entre otros, al señalar que el crimen organizado y la corrupción generan flujos de dinero de aproximadamente 2.1 billones de dólares por año. Al respecto, Mazzitelli observó que en 12 meses el sistema financiero internacional puede lavar sumas equivalentes al 2.7 por ciento del producto interno bruto mundial. El Estudio global sobre el homicidio 2011 –de la ONUDD– atribuye al narcotráfico el aumento de la violencia en Centroamérica. Destaca que en 2010, en Honduras se registraron 6 mil 200 asesinatos en una población de 7.7 millones de habitantes y en El Salvador hubo 4 mil homicidios entre 6.1 millones de habitantes. Es decir, en Honduras la tasa llega a 82.1 homicidios por cada 100 mil habitantes y en El Salvador a 66. A escala mundial, siguen 54

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Decir que Centroamérica es un canal de tránsito de drogas que fluyen hacia el Norte y de armas y capital que bajan al Sur, es una verdad a medias que esconde otra parte del asunto. Lo mismo ocurre al afirmar que el aumento de la persecución al delito en México y Colombia motivó que los narcotraficantes mudaran sus operaciones a Centroamérica. Esas verdades incompletas sirven de excusa a algunos funcionarios que no han cumplido oportunamente con sus obligaciones. Panamá y Costa Rica están más contiguas a Colombia. Pero aunque en estos países la situación sociopolítica ha venido deteriorándose, eso obedece a causas internas. En ambos Estados la criminalidad vinculada al narcotráfico ha crecido, pero está lejos de alcanzar los dramáticos extremos del triángulo del Norte. A su vez, Nicaragua está en medio del istmo centroamericano, pero tiene menores tasas de violencia. La mayor gravedad del problema se concentra en Honduras, El Salvador y Guatemala donde, sin embargo, el asunto difiere de una a otra nación. En otras palabras, ese género de explicaciones ayuda a resignar al público (aunque no a tranquilizarlo), sin que proporcione una solución. En Honduras, con la peor tasa mundial de homicidios, es claro que la situación social –especialmente la pobreza e ignorancia masivas–, el empleo precario y la desigualdad son la base del problema, sin que ello signifique que es su causa inmediata. CONTRALÍNEA

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4El aumento de la violencia en la región va acompañado por los altos niveles de impunidad

El triángulo fatídico: diferencias En ese escenario de precariedades, exclusiones y resentimientos sociales, de elites codiciosas y degradación institucional –con sus respectivas derivaciones culturales y morales–, el narcotráfico y otras modalidades de delincuencia internacional se insertaron.

En consecuencia, para desarraigarlos no bastará chapear la mata, sino remover sus raíces, lo que no pocas veces incluye depurar instituciones públicas y allegados a la elite, así como satisfacer urgencias sociales y reincorporar sectores marginados al quehacer económico formal. Los tres países del triángulo del Norte son la parte más integrada de la región

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Una subcultura de machismo y violencia, alimentada por muchos decenios de exclusión, despojo, represión y resentimientos, contribuye a traducirlos en violencia y criminalidad. Las conductas violentas de los afectados sociales son anteriores a la proliferación de armas de fuego y el narcotráfico, que luego han potenciado esas formas de actuación. Y un factor que contribuye a incrementar este efecto es la utilización de individuos y grupos contratados como matones y sicarios por integrantes de las elites de poder, para propósitos de imposición, despojo o represión. Ese vínculo con la elite le otorga a esos individuos y grupos cierto estatus y mayor impunidad. No es lo mismo ser un criminal de mala muerte que al servicio de potentados; en la subcultura de los marginales, esto confiere una peculiar “legitimación”. El extremo se da al emplear a agentes de órganos del Estado para cumplir funciones similares, lo que desvanece la diferencia entre las entidades represivas públicas y privadas. Esa degeneración ya estaba muy extendida en Honduras cuando dos cosas la aceleraron: la penetración del narcotráfico como un actor adicional y la crisis institucional precipitada por el golpe de Estado de 2009. Uno de sus efectos ha sido la incapacidad del gobierno para controlar varios estratos sociales y áreas territoriales, e incluso a algunas de sus propias instituciones. Eso amenaza la sostenibilidad del país y hace imperativo introducir correctivos. Sin embargo, la capacidad de afrontarlos está en entredicho por la degeneración de los instrumentos necesarios para llevarlo a cabo: la Policía, el Ejército y el sistema judicial, así como el sistema político tradicional, como lo dejan ver las dificultades del gobierno hondureño para cumplir su papel, aun bajo la presión de organizaciones, personalidades y medios de prensa, que pagan un altísimo costo por promoverla. Lo que ha convertido a Honduras en un inquietante problema regional.

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4En Guatemala, la violencia se liga a su característica como punto estratégico para el contrabando internacional de drogas

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4La mayoría de los jóvenes centroamericanos carece de oportunidades académicas y laborales

Mientras, en Guatemala ese papel lo cumplen las boscosas zonas de Alta Verapaz y el Petén, contiguas a Belice y México. A la vez, en Guatemala últimamente empezó a detectarse otra actividad: la producción de drogas sintéticas, que algunos relacionan con el cártel de Sinaloa. En cambio, en virtud de su ubicación geográfica, en El Salvador el narcotráfico es menos significativo, con lo cual la violencia criminal es cuantiosa por otros motivos. Lo que hace ver que el pandillerismo y esa violencia también pueden darse –en cada uno de esos tres países– incluso donde hay menor presencia del narcotráfico.

Las “maras”, sí o no

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centroamericana. Sin embargo, al obser- intrincada y abandonada Misquitia y el var la violencia criminal en Honduras se polo mercantil de San Pedro Sula. Los corresponsales de prensa suelen atribuir observa que el fenómeno ocurre de otra Como tampoco es poca cosa cuando el la feroz tasa de homicidios de los países del forma en Guatemala y en El Salvador. cártel de los Zetas trabaja las rutas costeras triángulo del Norte a las pandillas juveniles Aunque el sustrato de elites oligárquicas e isleñas del Caribe, mientras que su rival o “maras” (utilizado popularmente como e indignados sociales tenga semejanzas, de Sinaloa predomina en las del Pacífico. sinónimo de “grupo de amigos” durante las sus manifestaciones difieren. Esas circunstancias definen roles: las décadas de 1970 y 1980, el cual se fue deforEn el Salvador y Guatemala hubo costas y haciendas de la Misquitia son el mando en su significado hacia el de pancruentos procesos insurreccionales que cul- asiento más activo del contrabando marí- dilla). Éste es un modo esquemático de minaron en acuerdos de paz, que buscaban timo y aéreo de la cocaína que transita abordar el tema, que igualmente encubre la sanear y reformar la institucionalidad de Suramérica hacia Estados Unidos a ineficiencia de funcionarios que no se ocugubernamental. En el primer caso buena través de Belice, Guatemala y México. paron oportunamente del problema. parte de ese propósito se cumplió; en el segundo, quedó lejos de conseguirse, lo que añadió un saldo de decepción social. Honduras no pasó por allí, sino que fue plaza de armas de la Contrarrevolución nicaragüense. En consecuencia, allí la opción de arreglárselas a tiros proliferó sin las aspiraciones ni la disciplina de las organizaciones revolucionarias. En adición, Guatemala y Honduras tienen territorios mayores y complicados, más poblados –en el primero con una composición étnica muy compleja–, así como costas en ambos océanos, mientras que El Salvador carece de riviera en El Caribe. Esto no es insignificante cuando en la mayor parte de Centroamérica hay más atraso, aislamiento y descuido estatal en la vertiente atlántica y el subdesarrollo capitalista se concentra en las zonas ribereñas al Pacífico, salvo en Honduras 4La criminalidad en Centroamérica no se reduce a la presencia de las “maras”. Abarca también las condiciones de probreza y desigualdad donde la costa caribeña se divide entre la 56

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4Las políticas públicas de combate a la pobreza y la desigualdad, indispensables para reducir la violencia en la región

El origen y propagación de esas pandillas es anterior al arribo del narcotráfico. El fenómeno surgió en El Salvador, con la repatriación de miles de jóvenes expulsados de California –donde hace mucho hay numerosos trabajadores salvadoreños–, que llevaron a su país de origen los hábitos organizativos de las gangas (como se conoce en Puerto Rico y Estados Unidos a las pandillas) de Los Ángeles. El fenómeno pronto se extendió a Guatemala y Honduras, pero suele omitirse que no arraigó en Nicaragua ni Costa Rica. Las “maras” no son apenas grupos de maleantes. Son cofradías que acogen y dan identidad, formas de vida y de expresión a numerosos jóvenes que carecen de otros espacios, incentivos y oportunidades donde encajar. Agrupaciones con sus propios liderazgos, lealtades, subcultura y formas de diferenciarse –como la abundancia de tatuajes–, celosas guardianas de los territorios que se toman, por cuyo control rivalizan también con extrema violencia. Son comunidades cuya explicación antropológica hace falta estudiar. Sus actividades delictivas más comunes son la extorsión, robos y asaltos, y en menor escala el sicariato (lesiones o asesinatos por encargo). Le cobran “protección” a dueños o dependientes de tiendas, exigen cuotas a transportistas y, desde el arribo del narcotráfico, venden drogas al por menor. A su vez, son blanco de abusos policiales y a menudo cuentan con medios para eludirlos o enfrentarlos. Por otro lado, los narcotraficantes tienen sus propias estructuras, bandas y matones, que igualmente actúan sin la CONTRALÍNEA

participación de pandillas. En Honduras y Guatemala, donde la incidencia del narcotráfico es alta, éstas son un campo donde cooptar mulas (contrabandistas de drogas en pequeñas cantidades), custodios y sicarios. Pero en El Salvador, aunque esa incidencia es menor, las pandillas mantienen una activa presencia. Es decir, son dos cosas distintas que existen por sí mismas y que eventualmente se pueden asociar, sin que perseguir a una baste para eliminar a la otra. De acuerdo con las tasas de homicidios reportadas por la ONUDD, al comparar los casos de estos tres países se evidencia que la criminalidad puede ser alta donde el narcotráfico tiene una presencia menor, como en El Salvador. Ello obedece a que en cada país la violencia es más común donde los niveles crónicos de pobreza, abuso, desigualdad y conflictividad social son más fuertes. Y donde esos males son menos agudos, esa tasa es más baja, como en Costa Rica. Además, cuando los servicios de policía y el sistema judicial son más expeditos, la tasa es menor, como en Nicaragua. Un alto representante del nuevo gobierno guatemalteco afirmó que se combatirá la criminalidad al acabar con las “maras”. Pero éstas sólo son la parte más visible del asunto. Esa opinión es frecuente en el discurso político hondureño y en la derecha salvadoreña. Ciertamente, cuando el problema se comienza a atender después de haberlo dejado degenerar hasta los actuales extremos, se requiere determinado rigor para frenarlo. Sin embargo, a corto, mediano y largo plazos la situación sólo podrá revertirse al erradicar la corrupción institucional, las causas y efectos de injusticia y crispación sociales. 4 DE MARZO DE 2012

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No obstante, reducir el asunto a “acabar con las ‘maras’” es simplista y omite la parte del reto que en Guatemala y Honduras ha sido más difícil de conseguir: la de erradicar las estructuras y bandas del narcotráfico, introducidas y dinamizadas por factores externos –los de la producción y el consumo– que no tienen origen en la región, pero que agravan el tema al involucrar a personajes y pandillas locales. Por sus articulaciones externas, la eliminación de los gestores de esta actividad está fuera del alcance de los programas sociales, y en cada caso requiere inteligencia y acción policial, así como una eficaz cooperación intrarregional e internacional.

tico y sus instituciones es una pieza clave, pero dista de ser suficiente. La violencia propia del carácter del régimen social –de explotación, despojo, desigualdad, marginación, empleo precario, desatención, ignorancia y atraso, de arrogancia de los poderosos y humillación de los desposeídos– surte efectos de acumulación histórica donde la percepción de que no se pertenece a la sociedad que “sí cuenta” y la correspondiente crispación social contribuyen a alimentar y reproducir una subcultura de la cual esa violencia forma parte. Esta acumulación es bastante anterior al surgimiento de los movimientos guerrilleros, las “maras” y el narcotráfico. No hay por qué extrañarse: antes o después, quienes se perConfianza pública y criminalidad ciben excluidos de la sociedad debidamente reconocida tienden a considerarse excluidos de sus normas y valores. Julieta Castellanos, fundadora del Observatorio de la ViolenEse aspecto de dicha subcultura no sólo se manifiesta en la cia en Honduras y hoy rectora de la Universidad Nacional creciente brutalidad del asalto o el ajuste de cuentas pandilleAutónoma de Honduras, denuncia que en ese país el gobierno ro, sino también en la de la violencia doméstica, el feminicise encuentra “en estado de calamidad”, pues ya no puede con- dio, el abuso contra menores o ancianos, la reyerta callejera, el trolar todo el territorio ni a sus instituciones. linchamiento aldeano y otros excesos, que igualmente inciden La corrupción policial, junto con el descrédito de las auto- en la tasa de homicidios. ridades judiciales, lo inhabilita para La elevada proporción de asesinatos cumplir su misión básica de garantizar que se cometen por estrangulación, seguridad a la ciudadanía. arma blanca u objetos contundentes así “En Honduras, el golpe de Como alguna vez el jurista puertolo demuestra. En 2011, en Honduras rriqueño Fernando Martín indicó, refi- Estado de 2009 profundizó fueron asesinadas cerca de 300 mujeriéndose a Haití, esto marca la diferencia res, mayormente a manos de sus parela violencia. El gobierno entre una nación o un mero territorio jas, no del crimen organizado. En emplea de manera poblado. Guatemala, según el cálculo oficial, el La vigencia del respectivo sistema 60 por ciento de los asesinatos son perpermanente la represión político y la confiabilidad que el puepetrados por las “maras” y los narcotrablo aún le reconoce tiene mucho que policiaca y militar” ficantes, lo que significa que un ver con la calidad del orden público. cuantioso 40 por ciento –sobre un total El sistema político hondureño ya se 6 mil homicidios al año– es cometido encontraba desfasado cuando –para evitar todo cambio– se per- por ciudadanos. petró el golpe de Estado de 2009, que acabó de degradar la situaEso la mano dura no lo puede corregir. Antes bien requiere ción. La curva que describe este atraso y colapso es paralela al un poderoso trabajo educativo. Por supuesto que es indispencrecimiento de la delincuencia y la criminalidad. sable tener una eficaz policía, mejores jueces y eficiente reeduLa situación en Guatemala pareciera evolucionar en cación, así como también es perentorio recuperar los territorios sentido similar, como lo demuestra la frecuente inciden- conquistados por las bandas –incluso por medios militarizacia de los linchamientos con que los aldeanos toman la jus- dos, como en Río de Janeiro–, tanto para desarticularlas y aseticia por su propia mano, puesto que no hay agencias del gurar tranquilidad a sus habitantes, como para deparar mejores Estado o ya no queda motivo para confiar en las autoridades. oportunidades a los jóvenes. A contravía, en Nicaragua la violencia delictiva se ha mitigaComo es obvio, se requiere una cobertura de vigilancia, do. Y a su vez, donde el sistema político tradicional, otrora exito- disuasión y prevención. Pero la violencia del Estado, por si so, da signos de agotamiento, el problema tiende a crecer, como misma, no remedia la violencia social –ni la cultura de la lo sugiere Costa Rica. Sin embargo, es precipitado sacar conclu- violencia– sino que a la postre la llega a exacerbar. siones: ese factor pesa pero no es el único. Así lo prueba El SalNinguna batalla cultural se gana rápidamente, ni mucho vador, donde el sistema político y la eficiencia institucional menos con meras prédicas sean laicas o religiosas. Sólo podrán mejoraron al implementarse los Acuerdos de Paz, y donde se vencer las prácticas incluyentes de un régimen no apenas legírobusteció la eficacia institucional, sin que esto haya bastado para timo por su elección, sino legitimado por el sostenido éxito de revertir la violencia. sus capacidades para acabar con la injusticia y la exclusión y, Eso reitera que también hay de por medio un importan- especialmente, para reincorporar a toda la gente –a todos los te factor cultural, en el que la confianza en el sistema polí- grupos sociales– al río principal de las esperanzas fructíferas.3 58

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LÍNEA GLOBAL ?

ueva Esperanza, El Salvador. Sentado a la sombra de un árbol, Francisco Sosa observa cómo su hijo prepara la tierra para la siembra y rocía la maleza con el herbicida que sale de una bomba que lleva a cuestas. A Sosa, de 60 años, le gustaría ayudar a Saúl, su hijo de 25 años, pero lo tiene prohibido. Al igual que otros muchos agricultores de esta comunidad del Suroriente de El Salvador, sufre insuficiencia renal, una dolencia crónica que en su fase aguda es mortal. “Los médicos me han dicho que ya no riegue veneno, porque se puede complicar más mi enfermedad”, explica Sosa a la agencia de noticias Inter Press Service (IPS), en su finca de Nueva Esperan60

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za, una comunidad campesina de medio millar de habitantes, que surgió en la década de 1990, perteneciente a El Bajo Lempa, municipio de Jiquilisco del departamento costero-oriental de Usulután. Los pobladores y medios de comunicación han denunciado desde hace años el incremento alarmante de enfermedades vinculadas a fallos renales en la región del Bajo Lempa, dedicada por más de un siglo al cultivo de algodón y que, en consecuencia, fue asaltada por el uso intensivo de agroquímicos. El monocultivo algodonero se sustituyó en la década de 1970, pero herbicidas y pesticidas altamente tóxicos se siguen usando sin ninguna protección, en la producción de maíz, frijol y de otros vegetales.

En algunas comunidades del Bajo Lempa, como Ciudad Romero, la prevalencia de las enfermedades renales crónicas alcanzó un 20.7 por ciento de la población, y uno de cada cuatro hombres padece ese tipo de dolencia. Esas cifras son alarmantemente superiores a las de otros países, destaca el estudio Nefrolempa, una investigación iniciada en 2009 por el Ministerio de Salud, cuando llegó al poder el izquierdista moderado Mauricio Funes, apoyado por el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. La investigación indica que “la prevalencia de insuficiencias renales crónicas detectada por estudios epidemiológicos similares en diferentes países fue de entre 1.4 y 6.3 por ciento”. El informe, cuyos resultados finales se conocieron en octubre de 2011, no conCONTRALÍNEA

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EL SALVADOR: agroquímicos siembran de tumbas una comunidad Sin protección ni servicios médicos, jornaleros salvadoreños riegan “veneno” en sus campos. Se trata de un herbicida altamente tóxico que ha provocado un incremento alarmante de casos de insuficiencia renal en toda la región del Bajo Lempa Edgardo Ayala/IPS-Voces de la Tierra

firma que los agroquímicos sean los responsables por sí mismos de la epidemia, pero sí aporta elementos que refuerzan la hipótesis de los campesinos y ambientalistas de que los pesticidas y herbicidas tienen que ver. Entre los factores de riesgo, el documento señala que 82.5 por ciento de los hombres de la zona está en contacto con agrotóxicos. “La enfermedad tiene que ver con todos los contaminantes químicos existentes sobre todo en la zona agrocostera”, señala a IPS María Isabel Rodríguez, ministra de Salud. “Tenemos cifras alarmantes que no se dan en ninguna otra parte del mundo”, destaca Rodríguez, tras explicar que en los enfermos “hay un factor ocupacional, el agricultor entre los 18 y los 60 años”. “Cuando comienza a aparecer toda esta gente con problemas de insuficiencia renal, sin duda que hay un vínculo directo entre la enfermedad y el uso extensivo de insecticidas químicos”, señala el ambientalista Mauricio Sermeño, de la organización no gubernamental Unidad Ecológica Salvadoreña. Sermeño se refiere a la fuerte exposición a pesticidas y herbicidas que sufrieron estas tierras durante la bonanza del cultivo de algodón, en las que se utilizaron químicos como el DDT (dicloro difenil tricloroetano), un compuesto usado intensivamente como insecticida en el siglo XX, hasta que fue prohibido por sus efectos nocivos para la salud. Pero en El Salvador se siguen comercializando otros agroquímicos muy tóxicos, como el gramoxone o el hedonal, indica el experto. CONTRALÍNEA

La mayoría de los pesticidas químicos han sido comercializados por compañías internacionales, como la firma trasnacional alemana Bayer, responsable en gran parte de la agrotoxicidad en el Bajo Lempa, asegura Sermeño. Las oficinas de Bayer en El Salvador no respondieron al reiterado pedido de IPS de un comentario ante este señalamiento. En las comunidades del Bajo Lempa prácticamente no hay nadie que no tenga algún pariente o amigo que haya muerto de insuficiencia renal, aseguran activistas y campesinos. “Aquí cerquita estaba Chunguito, así le decíamos, también murió Isidro, Lidia Sorto, Toñón, Neftalí, Abrahán. Son un montón los que han muerto de eso”, recuerda Donato Santos, quien años atrás tuvo que ser hospitalizado tras intoxicarse con el pesticida que usaba en sus milpas (cultivos de maíz). Rosa María Colindres, enfermera de la primera clínica pública de atención renal que el gobierno instaló en la zona, afirma a IPS que el 95 por ciento de las tumbas del cementerio de Nueva Esperanza son de habitantes que murieron de insuficiencia renal. La clínica ofrece tratamiento para los diversos estadios de la enfermedad, que van del uno al cinco. En la fase cinco, que tiene mayor riesgo de muerte, los pacientes deben de ir a un hospital para recibir entrenamiento sobre cómo hacerse la diálisis en su hogar. Allí aprenden a colocarse una sonda en una cavidad previamente abierta en la zona pélvica, para que a través de ésta se expulsen los líquidos que el riñón no logra procesar. 4 DE MARZO DE 2012

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4La mayoría de los agricultores de Bajo Lempa no utilizan guantes ni mascarillas; por ello,

Por ejemplo, el artículo 5 señala que será obligación de los propietarios de cultivos, el importador, el comercializador y el usuario de agroquímicos velar porque las sustancias sean aplicadas por personas previamente capacitadas y con el equipo de protección personal recomendado para cada producto. Los agricultores del Bajo Lempa raramente son instruidos sobre cómo regar los pesticidas, y son pocos los que utilizan guantes y mascarillas para protegerse de los químicos. De hecho, mientras IPS conversaba con Francisco Sosa, a la sombra de un árbol de su finca, su hijo Saúl rociaba el pesticida utilizando a modo de mascarilla tan sólo una pañoleta del Barcelona Futbol Club.3

“Si no me hiciera la diálisis, ya me hubiera muerto”, dice a IPS Wilfredo Ordoño, otro agricultor que recuerda cómo, años atrás, los pesticidas que regaba con una bomba se salían y “me bañaban” toda la espalda. “Yo creo que eso me jodió a mí”. El Bajo Lempa es una zona costera donde desemboca, en el Océano Pacífico, el río del mismo nombre (el más largo de América Central) y que es golpeada cada año por inundaciones que destruyen las cosechas y obligan a la población a refugiarse en albergues. Tras el fin de la guerra civil, en 1992, esas tierras, antes en manos de terratenientes que cultivaban algodón y caña de azúcar, fueron parceladas y entregadas a exguerrilleros y sus familiares para que se insertaran a la vida civil como agricultores. La población de la zona es marcadamente de izquierda, y por ello algunos creen que los gobiernos anteriores, en manos de la derechista Alianza Republicana Nacionalista, no se interesaron en detectar y controlar la epidemia, ni en establecer los mecanismos legales para asegurar un adecuado comercio y manejo de agroquímicos. El Acuerdo Ejecutivo Número 18, de enero de 2004, establece algunas normas para controlar el sector, pero en la práctica resultan letra muerta, aseguran especialistas y afectados. 62

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atribuyen a los pesticidas las enfermedades que los asolan

4El importador y el comercializador de agroquímicos deben velar porque las sustancias sean aplicadas por personas previamente capacitadas y con el equipo de protección personal recomendado para cada producto

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EX LIBRIS

Criminalización de la protesta social Álvaro Cepeda Neri*

A Arturo Quintanar

n casi todos los países, sobre todo los que siguen su proceso político de liberalización hacia la democracia o más democracia con liberalismo político y para conquistar mejoras económicas, se sancionan penalmente las protestas de vanguardias de los pueblos que dan la cara y se exponen a sufrir homicidios, palizas (que pueden causar toda clase de lesiones) o hasta ser encarcelados; permanecer sujetos a procesos que intencionalmente se alargan, para después de años dictarles sentencias draconianas o dejarlos en libertad (porque no hay delito que perseguir y ni siquie-

ra un “usted disculpe”). Incluso, gobiernos de Estados con democracias consolidadas criminalizan manifestaciones públicas contra abusos de poder, que demandan soluciones a problemas o reclaman violación a los derechos universales consignados en documentos constitucionales y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (documento declarativo adoptado por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas). La criminalización de la protesta social en México es un texto coordinado por el jurista Oscar Correas (de cuantiosa obra con el factor común del derecho positivo y sobre teóricos de la talla universal de Hans Kelsen, jurista, político y filósofo del derecho austriaco), quien junto con Antonio Salamanca, Humberto Rosas, Daniel Sandoval, Enoé García Romero y Blanca Estela Melgarito Rocha en 360 páginas nos muestran trabajos de actualidad, en la medida que el binomio pobreza-desempleo aumenta; a lo que hay que añadir la hambruna, el robo de dinero público y la corrupción e incapacidad política de gobernantes que no cumplen con sus obligaciones, como salvaguardar la seguridad, lo que genera que las vanguardias de la sociedad afectada salgan a las calles para demandar soluciones. Gobiernos como el de México, en lugar de respuestas pacíficas, echarán mano de las fuerzas represoras y más ahora cuando los militares andan por la calle con la justificación de una “guerra” de los narcotraficantes contra las instituciones. Así, policías y soldados, como ya sucede, combatirán a delincuentes y manifestantes para criminalizar por igual a quienes sin nexos con la delincuencia ejercen su derecho a exigir que gobernantes de los tres poderes cumplan con sus obligaciones. Pero, como éstos sólo ejercen el poder por el poder, esa “guerra” también será contra la protesta social. De aquí que el libro sea un asidero de información, análisis y argumentos para tener más armas de la razón y voluntad legal y legítima que permita ubicar esa criminalización como un abuso del poder político (con la complacencia del poder económico). Dividido en tres partes: “Protesta social, represión”; “La protesta social y la teoría jurídica”; y “Judicialización de la protesta social”, más el hilo conductor de seis ensayos críticos que recorre el criminal panorama de lo que sucede en nuestro país. Y donde estamos a un tris de que se produzcan revueltas (¿la primavera mexicana?) para continuar las protestas y manifestaciones amparadas en el artículo 9 constitucional, pero que ya no respetan los gobernantes y enjuician penalmente a los que las encabezan.3

Ficha bibliográfica: Autor: Oscar Correas, et al Título: La criminalización de la protesta social Editoriales: Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades-Universidad Nacional Autónoma de México y Ediciones Coyoacán, 2011 *Periodista 64

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AGENDA CULTURAL D DANZA ANZA Raúl Flor Flores res e Canelo es Canelo, o,, XX aniver aniversario rsario sario | EEll BBallet allet IIndependiente ndependiente está sólidamente ligado a la personalidad de Raúl Flores Canelo Canelo,, piedr piedraa angular en el panorama de la danza contemporánea de nuestro país panorama país.. Esta compañía de danza fue fundada Poor su calidad Canelooo,, con la misión de desarrollar y difundir el arte coreográfico en 1966 por Flores Canelo, coreográfico.. Por característicass, el Ballet Independiente se ha presentado en México y en el extr anjero, al crear obr as que y características, extranjero, obras experimentan diversos aspectos técnicos y conceptuales conceptuales.. al del Bosque, Bosque, Paseo TTeatro eatro de la Danza del Centro C Cultural Cultur Paseo de la Reforma y Campo Marte, Marte, colonia Chapultepec-Polanco Chapultepec-Polanco as). (martes 6 de marzo marzo,, 20:00 hor horas).

TEATRO Los Cenci | Obra que narra lo sucedido a la familia Cen Roma de finales del siglo XVI. El poderoso conde Francesco Cenci cinco hijos a quienes odia y piensa matarr, con excepción de trice, de quien está enamorado y viola. Se trata de un una época posrenacentista, en la que el padre d ma autoridad en la sociedad y, por tanto, es im o). Beatrice, de 16 años, junto con su mad os por Cenci, piden la protección del pappa amilia se ve orillada a convertirse en el tribu cia al conde, quien es asesinado por sus hij La enorme fortuna de los Cenci pasa automá pado.

Teeatro

al del Bosque, Paseo de la Reforma y Campo Marte, 8 de marzo al 1 de abril de 2012: jueves y viernes, 20:00 s; domingos d g , 18:00 horas).

NE La bestia negr grra | Melodrama ferrocarrilero cuya trama gira en torno a una locomotora. Allí se refugia María, una niña fugitiva de un circo, quien es ayudada por el maquinista y su asistente. Filmado el mismo año de la expropiación petrolera (1938), cuenta con un excelente reparto y fotografía de Gabriel Figueroa.

Museo

de los Ferrocarrileros, Alberto Herrera s/n, colonia Aragón la Villa ((sábado 10 de marzo, 16:00 horas). )

EXPOSICIÓN Ó Seguiremos siendo. Ilustrrar a Café Tacvba | Artistas,diseñadores y productores gráficos se entregan al juego y al acto de imaginar formas flexibles para recrear paisajes que las canciones del grupo les sugieren: con Café Tacvba es preciso ir más allá del elogio al referente en que se han convertido. La muestra tiene un componente emotivo y nostálgico. Su recorrido pone en perspectivaa más de 20 años de trayectoria de la banda a travéés de sus creaciones, una marejada de himnos reconocibles al primer acorde, que al escucharlos traen a la mente su figura.

Galería Alternativa; Museo Universitario del Chopo, Doctor Enrique González Martínez 10, colonia Santa María la Ribera (hasta el 6 de mayo).

MÚ ÚSICA Cuando se nace cantando… | Espectáculo que con la voz, el piano, las percusiones y la danza engarza toda una gama de sentimientoss, emociones e idiomas, pasando del dramatismo operístico y de la zarzuela, al romanticismo del bolero. Pero no se limita a seguir los cánones del estilo, sino que se une el temperamento artístico de Pao Mena, su creadora, capaz de exteriorizar cada palabra, conformando un ambiente de intensidad.

Teatro Sergio Magaña, calle Sor Juana Inés de la Cruz LIBROS Periodismo en México o. Rec e interrprretaciones (Porrúa, 2011) por Carmen Avilés Solís, Emmanu Julio Horta, este libro se com elaborados por investi tas en periodism temáticas Mé

114, colonia Santa María la Ribera (viernes 9, 20:00 horas; sábado 10, 19:00 horas).

EXPOSICIÓN Heliogr H li rafías fí | León Ferrari, artista visual argentino, se vale de las heliografías como vehículo de la construcción de una nueva realidad con un lenguaje común y accesible, no exento de humor e ironía. El artista nos muestra figuras inofensivas e ingenuas, códigos en sí mismos de baja significación, para plasmar un mundo enloquecido con tópicos característicos de la condición humana: las situaciones de poderr, las jerarquíass, la masificación, la uniformidad, la disciplina, el hacinamiento, la explotación, el sometimiento y la desesperanza.

Galería Arnold Belkin/Underground, Museo Universitario del Chopo, Doctor Enrique González Martínez 10, colonia Santa María la Ribera (hasta el 11 de abril).

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PASO A DESNIVEL

Sociedad

4 DE MARZO DE 2012

Miguel Galindo

CONTRALร NEA

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