Contralinea 305

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R E V I S TA S E M A N A L

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ÍNDICE DIRECTOR MIGUEL BADILLO oficiodepapel@contralinea.com.mx SUBDIRECTOR JOSÉ RÉYEZ jreyez@contralinea.com.mx COORDINADOR DE INFORMACIÓN ZÓSIMO CAMACHO zosimo@contralinea.com.mx COORDINADORA DE EDICIÓN NANCY FLORES nancy@contralinea.com.mx COEDITORA WEB ÉRIKA RAMÍREZ erika@contralinea.com.mx COORDINADOR WEB GONZALO MONTERROSA gonzalo@contralinea.com.mx COORDINADORA DE PUBLICIDAD JANETT ALBA janett@contralinea.com.mx COORDINADOR DE DISEÑO MIGUEL MINERO mimiga@contralinea.com.mx COORDINADOR DE PRODUCCIÓN LUIS KUAN produccion@contralinea.com.mx

OFICIO DE PAPEL/LOS ACUERDOS DE PEMEX EN ESPAÑA Miguel Badillo

PORTADA/CNDH: MÁS DE 6 MIL EXPEDIENTES ABIERTOS POR DESAPARICIÓN FORZADA Flor Goche

MEDIOS/SONORA: ATAQUES CONTRA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

DEFENSOR DEL PERIODISTA ÁLVARO CEPEDA NERI cepedaneri@prodigy.net.mx DEFENSOR DEL LECTOR JORGE MELÉNDEZ PRECIADO jamelendez@prodigy.net.mx EDITORIALISTAS FABIO BARBOSA fabiobarbosacano@gmail.com MARCOS CHÁVEZ mchm1995@gmail.com MIGUEL CONCHA MALO educacion@derechoshumanos.org.mx MARTÍN ESPARZA garrasleo6@yahoo.com.mx EDGAR GONZÁLEZ RUIZ edgargr@prodigy.net.mx PAULINA MARTÍNEZ paulina@pronatura.org.mx PABLO MOCTEZUMA BARRAGÁN pablomoctezuma@hotmail.com NETZAÍ SANDOVAL netzai@gmail.com JORGE LUIS SIERRA jlsierra@hotmail.com

SOCIEDAD/CASINO ROYALE: COMPLICIDAD E IMPUNIDAD

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Celso Cantú/Contralínea Nuevo León

EDUCACIÓN/UNA SIMULACIÓN, LA OBLIGATORIEDAD DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

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LÍNEA GLOBAL/BARCOS DE LA UNIÓN EUROPEA ARRASAN MARES DE MAURICIO

LA BLASFEMIA COMO TÁCTICA

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7 DE OCTUBRE DE 2012

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Thierry Meyssan/Red Voltaire

UN LUSTRO DE CRISIS ECONÓMICA Y FINANCIERA, ¿HASTA CUÁNDO?

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Cira Rodríguez César/Prensa Latina

ENSAYO

Edgar González Ruiz

Fernando Velázquez

CARTÓN

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EL FUTURO SECRETARIO DE LA DEFENSA

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Samuel Lara Villa

Avilés

DEFENSOR DEL PERIODISTA ¿Y EL MECANISMO DE PROTECCIÓN A PERIODISTAS?

CARTÓN

Jorge Meléndez Preciado

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OPINIÓN

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Álvaro Cepeda Neri

AGENDA CULTURAL

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Natalia Castañeda

Annalisa Melandri Portada: Nepomuceno Moreno Núñez (asesinado por exigir la presentación con vida de su hijo) y Cecilia Ortega Verdugo, durante una protesta contra las desapariciones forzadas/Foto: Luis Gutiérrez/Cuartoscuro

EX LIBRIS EN EL CORAZÓN DE LA INSURGENCIA CRIMINAL MEXICANA

Manrique

ESTAR Y NO ESTAR

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CÁRCELES

Álvaro Cepeda Neri

AVISO OPORTUNO

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LA ULTRADERECHA RUMANA EN MÉXICO

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HERENCIA CORRESPONSALÍAS COAHUILA ROSA ESTHER BELTRÁN DURANGO HÉCTOR HERNÁNDEZ MORALES GUERRERO JUAN CARLOS GONZÁLEZ NUEVO LEÓN JOSÉ JAVIER MARTÍNEZ GUERRERO SONORA ÁLVARO CEPEDA TAMAULIPAS HUGO JIMÉNEZ

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Nasseem Ackbarally/IPS

LOS CUATRO JINETES DEL IMPERIO

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Mariela Paredes

Flor Goche REPORTEROS DAVID CILIA cilia@contralinea.com.mx FLOR GOCHE flor@contralinea.com.mx ELVA MENDOZA elva@contralinea.com.mx MARIELA PAREDES mariela@contralinea.com.mx ROGELIO VELÁZQUEZ rogelio@contralinea.com.mx

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PASO A DESNIVEL SERVIDUMBRE INTELECTUAL

66 Miguel Galindo

CONTRALÍNEA. PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN –año 11, número 305, del 7 al 13 de octubre de 2012– es una publicación semanal editada por Comunicación Colectiva y Periodismo de Investigación, SA de CV; Avenida Río Churubusco 590, col. Del Carmen, delegación Coyoacán, CP 04100, México, DF; teléfonos: 55 54 91 93 y 55 54 91 94; www.contralinea.com.mx, info@contralinea.com.mx. Editor responsable: Agustín Miguel Badillo Cruz. Número de reserva al título de derecho de autor 04-2001-1206164804 00-102. Número de certificado de licitud de título 12264, y de contenido 8918. ISSN 1665-1626.

Impresa por JR Impresiones, Bolívar 238, col. Obrera, delegación Cuauhtémoc, tel. 57 61 34 94; este número se terminó de imprimir el 5 de octubre de 2012. Distribuido por Publicaciones CITEM, SA de CV, Avenida Del Cristo 101, colonia Xocoyahualco, CP 54080, teléfono 52 38 02 00; y la Unión de Voceadores de México, despacho de Gloria Santillán, Ignacio Mariscal 44, colonia Tabacalera, CP 06030, México, DF, teléfono 55 92 08 91.

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Escríbenos a info@contralinea.com.mx www.contralinea.com.mx

La Comed anuncia el fin de sus actividades Al Partido Democrático Popular Revolucionario-Ejército Popular Revolucionario, al gobierno federal, a la opinión pública La Comisión de Mediación (Comed), como instancia de la sociedad civil surgida el 25 de abril de 2008 a propuesta del Partido Democrático Popular Revolucionario-Ejército Popular Revolucionario (PDPR-EPR), ha mantenido contacto con la Secretaría de Gobernación y otras dependencias federales y del gobierno de Oaxaca en demanda de la presentación con vida de Edmundo Reyes Amaya y de Gabriel Alberto Cruz Sánchez, procurando el esclarecimiento de los hechos de su desaparición, dar con el paradero de Edmundo y Gabriel y, en su caso, llevar a juicio a los responsables materiales e intelectuales de su desaparición forzada, crimen de Estado considerado de lesa humanidad.

En el inicio de nuestra labor de mediación propusimos, y el EPR aceptó, una tregua en sus acciones armadas, que valoramos como un gesto muy significativo. Sin embargo, no hubo de parte del gobierno federal una medida proporcional y equivalente; por el contrario, se ha reforzado a lo largo de estos años el carácter contrainsurgente de las Fuerzas Armadas, particularmente cuando se trata de organizaciones político-militares. Además, ha sido una constante del Estado negar la existencia, en los hechos, del delito de desaparición forzada de persona, que se caracteriza porque el perpetrador es agente del Estado y en él intervienen servidores públicos o individuos con la aquiescencia del Estado. Aunque en este caso es clara la participación de agentes de corporaciones policiacas y de las Fuerzas Armadas, ha seguido la negativa a reconocer la desaparición forzada, e informar sobre el paradero de la persona, elucubrando como si este delito nunca se cometiera. Por ello, con ser excepcional, el logro de la apertura de una línea de investigación por este delito para el caso de los dos integrantes del EPR, es notoriamente insuficiente, tanto por los pobres resultados de la investigación del caso mismo, que no conducen a su esclarecimiento, como para la situación general de las desapariciones forzadas que existen en el país.

Después de más de cuatro años y con la interlocución de cuatro secretarios de Gobernación –con sus respectivos equipos– las investigaciones ministeriales sobre la desaparición de Edmundo Reyes Amaya y de Gabriel Alberto Cruz Sánchez no han llevado al esclarecimiento del crimen; por el contrario, hemos constatado los obstáculos y la eliminación de huellas de los hechos. Destacamos, entre otros: a) El 25 de abril de 2008, soldados de la Décima Zona Militar tomaron las instalaciones de la Procuraduría de Oaxaca y se sustrajeron ilegalmente los Libros de Gobierno, en los cuales podría haber constado el ingreso de los dos desaparecidos a esas mismas instalaciones. b) Han sido ejecutados los comandantes de la policía ministerial estatal señalados como directamente involucrados en la detencióndesaparición forzada de Edmundo y de Gabriel. c) El 26 de abril de 2008, nueve elementos de la delegación de la Procuraduría General de Justicia de Oaxaca, entre ellos el subdirector Operativo de la Policía Ministerial, presuntamente vinculado al caso, fueron detenidos, siendo dos de ellos arraigados por la Procuraduría General de la República (al haber sido mencionados por un “testigo protegido” como autores de la desaparición forzada de Edmundo y Gabriel), CONTRALÍNEA

pero les fue levantado el arraigo y fueron liberados sin explicación. d) La Secretaría de Gobernación, con instrucciones de proteger al Ejército, desde un inicio ha impedido la interlocución directa de la Comed con la Secretaría de la Defensa Nacional, no obstante que muchos indicios señalan a los militares como perpetradores corresponsables en este caso.

No obstante que la Comed no logró su principal objetivo, consiguió visibilizar –junto con familiares de los desaparecidos, diversas instancias de la sociedad civil, el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas, y con el apoyo invaluable de Servicios y Asesoría para la Paz– la lamentable recurrencia y dimensión de la desaparición forzada en el México contemporáneo, desde los años de la llamada Guerra Sucia hasta nuestros días; sendas publicaciones de la Comed dan cuenta de ello. Asimismo y en relación con el caso que nos aboca, se logró determinar el iter criminis, y a partir de ello establecer la única hipótesis plausible de la Comed en la que el último dato sobre el paradero de Edmundo y Gabriel apunta a que fueron detenidos por elementos de la Procuraduría del estado de Oaxaca, los tuvieron vivos y eran brutalmente golpeados en una casa de seguridad de las usadas en esos tiempos por elementos de la Procuraduría; trasladados en una ambulancia a las instalaciones de dicha Procuraduría también conocida como Los Pinos; posteriormente, según algunos testimonios, fueron entregados al Ejército, mientras que otros apuntan al propio gobierno estatal. Como fuera, el responsable resulta ser el Estado mexicano, un Estado que hasta la fecha no ha enjuiciado ni declarado formalmente preso a un sólo individuo por este delito lamentablemente ocurrido en muchos otros casos.

En suma, aunque en la interlocución con la Comed está reconocida la verdad histórica de la desaparición forzada de Edmundo y de Gabriel, con participación de autoridades locales y federales, no se ha podido configurar la verdad jurídica correspondiente. Por ello, considerando que ante la nueva etapa política del país las partes han de rehacer los términos y mecanismos dialogantes de este proceso, informamos que con esta fecha terminan las actividades de la Comisión de Mediación entre el Partido Democrático Popular Revolucionario-Ejército Popular Revolucionario y el gobierno federal.

Al tomar esta decisión, rendimos tributo a nuestros entrañables compañeros Carlos Montemayor, Samuel Ruiz García y Miguel Ángel Granados Chapa, quienes aportaron su inteligencia y compromiso invaluables en las tareas de esta Comisión, aún después de haber partido. Lo hacemos de manera consciente y responsable, y llamamos al Estado mexicano a superar la falta de voluntad política para encontrar con vida a Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, militantes del EPR detenidos-desaparecidos en la ciudad de Oaxaca entre el 24 y 25 de mayo de 2007, y en su caso a reconocer y proceder contra la desaparición forzada de personas que México no debe consentir. Al Partido Democrático Popular Revolucionario-Ejército Popular Revolucionario le llamamos a consolidar su sensibilidad política y social para avanzar por las vías del diálogo en la consecución de la justicia.

Atentamente, Miguel Álvarez Gándara, Jorge Fernández Souza, Dolores González Saravia, José Enrique González Ruiz, Miguel Ángel Granados Chapa (+), Juan de Dios Hernández Monge, Rosario Ibarra de Piedra, Gonzalo Ituarte, Gilberto López y Rivas, Carlos Montemayor (+), Pablo Romo Cedano, Samuel Ruiz García (+) 7 DE OCTUBRE DE 2012

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Demandan el regreso de familiares secuestrados

Se pronuncian contra proyecto eólico

La desaparición forzada de Ana Belém Sánchez Mayorga, Diego Antonio Maldonado Castañeda y Luis Enrique Castañeda Nava fue perpetrada por un grupo armado, cuya identidad ha sido encubierta hasta ahora por las autoridades de Michoacán, donde precisamente se dio este suceso la noche del 21 de julio pasado, dentro de las instalaciones del Hotel Santa Fe, en el municipio de Paracho.

En el segundo testimonio del señor Ricardo Gómez Hernandez (nombre probablemente falso usado por el recepcionista del Hotel Santa Fe), aseguró que aquella noche, Ana Belém, Diego y Luis Enrique llegaron al hotel acompañados de dos mujeres. Detrás de los tres jóvenes y sus acompañantes, una persona encapuchada burló al recepcionista haciendo como si hablara por su teléfono celular, caminando deprisa y diciendo “vengo con ellos”. Esta persona comenzó una acalorada discusión en el piso superior del hotel. El recepcionista afirma que en ese momento bajó la escalera Luis Enrique con una pistola. Luis Enrique pidió a la recepción que llamara a la policía, pues el desconocido estaba agrediendo a los demás. Ricardo Gómez dijo no tener el número de emergencias. Luis subió de nuevo las escaleras y se escucharon cuatro detonaciones, gritos y ruido de forcejeos. Las mujeres que acompañaban a Diego y Luis bajaron las escaleras. Ambas, armadas.

Algunos vehículos llegaron. Se escucharon puertas que se abrían y cerraban. Las mujeres armadas salieron a la calle y de entre los recién llegados alguien preguntó con tono familiar: “¿Qué hacen ustedes aquí?”.

La dueña del Hotel Santa Fe dijo en su declaración que el pleito afuera del hotel duro casi una hora y media, durante la cual no se atrevió a mirar a la cara a los secuestradores. Después de la balacera y de haber sacado a los jóvenes heridos, los agresores pidieron cubetas y trapos para limpiar la sangre que quedó en el pasillo del piso superior. La dueña del Hotel facilitó dichos utensilios, autorizó la limpieza de las huellas de este ultraje y cerró el Hotel por razones de “mantenimiento”.

Supuestamente una de las mujeres que acompañaban a Diego y a Luis era la novia de un conocido personaje de la región, apodado el Pájaro, quien fue encontrado asesinado a mediados de agosto junto con Cuitláhuac Mauricio Hernández, alias el Güero.

Las autoridades estatales jamás investigaron a los sospechosos más obvios: al Hotel Santa Fe, a las mujeres acompañantes, al recepcionista, etcétera. La versión dada a los familiares carece de lógica. Diego y Luis no llevarían mujeres a su hotel, pues son jóvenes que tienen relaciones estables: Diego tiene planes de matrimonio y Luis tiene una familia, por no decir que ambos están íntimamente comprometidos con un cambio social que resulte en una claridad política. Son profesionistas. Ni Luis ni Diego tienen conocimiento sobre armas de fuego y, al igual que Ana, son pacifistas. ¡Recordemos que ellos fueron contratados por el municipio mismo de Paracho para dar talleres de ciencias a los niños de la comunidad! Ahora el presidente de Paracho, Nicolás Zalapa, se deslinda de su responsabilidad e incluso no responde más las llamadas telefónicas de los desesperados familiares.

Los padres de los desaparecidos dicen en una de sus cartas a los medios: “No sólo nos sentimos desamparados: nos sentimos traicionados por nuestras propias autoridades, quienes se niegan a buscar a nuestros hijos. Ante un crimen de tan fácil solución buscan pretextos para evitar continuar y esperan que el tiempo diluya nuestros esfuerzos”.

Nuestros hijos y hermanos son mexicanos orgullosos de su país, de su gente y sus raíces. Quienes han luchado por su educación con el fin de ayudar a otros, los necesitados. ¡No podemos dejar que sus ideales para la nación desaparezcan con ellos!

Eduardo Sánchez Mayorga

Frente a las pretensiones de la empresa Preneal México, ahora Mareña Renovables, y en el marco de la de resistencia, denuncias y demandas de asambleas de los pueblos y comunidades indígenas del Istmo de Oaxaca, la comunidad ikoots de San Mateo del Mar, en resistencia por la defensa sus tierras y territorio milenario, declara: No al proyecto eólico en San Mateo del Mar, en la Barra Tileme, en el sistema lagunario.

Los ikoots de San Mateo del Mar seguimos conservando y defendiendo nuestra identidad y dignidad, por el respeto a nuestra autonomía y libre determinación, en la defensa de nuestro sistema normativo, nuestros lugares sagrados y por la conservación del espacio de vida-pesca y demás recursos naturales. No obstante, hoy en día, nuestros adversarios se vuelven nuestros enemigos porque tenemos los tesoros que ellos necesitan; ellos siguen imponiendo los proyectos de “desarrollo” y pretendiendo despojarnos de nuestras tierras y territorio, violando flagrantemente nuestro derecho a la información, a la consulta, al consentimiento libre, previo e informado, a la libre determinación y a nuestra autonomía.

Los hijos de los pueblos de los vientos y de la tempestad, desde 2007, nos hemos declarado en resistencia en defensa de nuestros derechos colectivos a nuestros recursos naturales, acordando en nuestra máxima asamblea un no al proyecto eólico en San Mateo del Mar y en la Barra Tileme-sistema lagunario. En este sentido, en la comunidad hermana de San Dionisio del Mar hemos compartido la situación de nuestros pueblos frente a proyectos neoliberales y acordamos impulsar acciones conjuntas.

De principio, hemos expresado nuestro compromiso por el respeto a nuestras formas de vida comunitarias y por enfrentar todo tipo de proyecto que signifique el despojo de los bienes naturales y culturales de nuestros pueblos.

Las comunidades y pueblos de la cultura ikoots, la Asamblea de Pueblos y Comunidades Indígenas del Istmo, organizaciones, colectivos y medios alternativos solidarios, demandamos: Al gobierno de Gabino Cué Monteagudo y al Estado mexicano el respeto irrestricto, al ejercicio y vigencia al derecho de los pueblos indígenas a la consulta, al consentimiento previo, libre e informado.

La cancelación inmediata del megaproyecto eólico del Istmo de Tehuantepec, por violentar los derechos de los pueblos indígenas, en específico el proyecto eólico San Dionisio del Mar. Alto total a las acciones y actos promovidos por el gobierno del Estado mexicano, actores políticos, organismos y empresas nacionales y trasnacionales, que siguen atentando contra la autonomía y libre determinación de los pueblos y comunidades del Istmo.

Alto a la agresión y hostigamiento en contra de los indígenas y comuneros de San Dionisio del Mar, defensores de su territorio frente al proyecto eólico San Dionisio, del consorcio Mareña Renovables.

Alto a las amenazas del gobernador Cué Monteagudo, quien el 14 de mayo pasado amenazó de propia voz con el derramamiento de sangre y con la liberación de las órdenes de aprehensión que existen en contra de los indígenas que se han atrevido a defender su territorio, poniéndoles el ejemplo tan claro de que les pasaría lo mismo que les pasó a los compañeros de San José del Progreso.

Alto a la represión de los movimientos sociales y fin a los abusos de la Comisión Federal de Electricidad.

Exigimos un alto a los negocios sucios de las trasnacionales de energía limpia, que vienen a saquear nuestras tierras y recursos naturales.

Por el respeto a la autonomía y libre determinación de los pueblos indígenas.

Comunidad de San Mateo del Mar, región del Istmo, Oaxaca, México, septiembre de 2012 [carta resumida]

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7 DE OCTUBRE DE 2012

CONTRALÍNEA

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OFICIO DE PAPEL

Miguel Badillo*

Los acuerdos de Pemex en España l ambiente electoral en Galicia, España, y la crisis económica que está dejando a millones de españoles en el desempleo se convirtió en el caldo de cultivo perfecto para profundizar la crisis que protagoniza la paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex).

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Una vez más, la opacidad de sus operaciones en el exterior, a través de su subsidiaria privada PMI Comercio Internacional, se develó al darse a conocer (a fines de septiembre pasado) el acuerdo para la contratación de astilleros en provincias españolas, para la construcción de barcos (concretamente, un par de hoteles flotantes). En Galicia, la noticia es tan buena que sirvió para apuntalar las propuestas políticas con aspiraciones reeleccionistas del Partido Popular.

Uno de los astilleros beneficiados por el contrato, la legendaria pero alicaída empresa naval Navantias, ha sido rescatada por el gobierno español, por lo que el contrato de PMI CONTRALÍNEA

Comercio Internacional, en teoría una entidad del gobierno mexicano, no podía llegar en mejor momento. Las suspicacias, sin embargo, surgieron en ambos continentes. ¿Por qué en Galicia se anuncia con bombo y platillo el contrato en medio de la contienda electoral? ¿Por qué en México no se licita la compra de dichos barcos como marca la normatividad? Pareciera un rescate a marchas forzadas de los astilleros españoles con dinero del erario mexicano, en el cual las preguntas en torno a la obligación de Pemex de informar y buscar al mejor proveedor sobran y llaman a la suspicacia.

En México se tuvo, hasta hace unas décadas, la aspiración de impulsar a la industria naviera nacional. Pero la crisis económica de 1994, con el “error de diciembre” y sus secuelas (el manejo del Fondo Bancario de Protección al Ahorro y la devaluación del peso frente al dólar) impidió que empresas como Astilleros Unidos de Veracruz escribieran una historia de éxito.

De esta forma, la industria mexicana sólo construye embarcaciones para el mercado local y no muy especializadas. No son, claro, las que necesitan las subsidiarias Pemex Exploración y Producción, Pemex Refinación y Pemex Petroquímica.

La relación comercial y de negocios en el caso de los barcos que se comprarán en el extranjero no es lo criticable, sino la falta de claridad y el contexto en el que se establecen los negocios con los astilleros españoles.

Fue la opacidad de Pemex y, en especial, de su director general, Juan José Suárez Coppel, la que complicó un caso que nació viciado, al involucrar a PMI Comercio Internacional para no licitar estos contratos en los mercados internacionales. Ahora PMI, sin rendir cuentas, se prepara para comprar barcos en Galicia, para sumarlos a su patrimonio y para usufructuar un servicio logístico. De las ganancias de esta operación tampoco se enterarán los mexicanos, porque esta filial no está obligada a informar.

Así, como si fuera una empresa privada, Pemex usó a su brazo comercial para evadir las restricciones legales a las que se encuentra sujeta. No sabremos qué tan caros serán los barcos gallegos.

Mientras tanto, ya se anuncia que el gobierno de Galicia autorizó a PMI la ampliación y operación de una planta de mezcla de gasolinas en Punta Langosteira, con una inversión de al menos 470 millones de pesos. Llama la atención la celeridad con la que se cumplen los acuerdos de inversión fuera del país, mientras a cuenta gotas se liberan los recursos para la construcción de la refinería de Tula, Hidalgo, que debió operar desde 2010.3 *Periodista 7 DE OCTUBRE DE 2012

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ENSAYO

Los cuatro jinetes del imperio Fernando Velázquez*

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as intervenciones estadunidenses y europeas en la ex Yugoslavia, Irak, Afganistán, Libia, y ahora en Siria son vistas por analistas y críticos de la Alianza del Tratado del Atlántico Norte como un presagio de más destrucción y baños de sangre encaminados a asegurar el control de los recursos estratégicos del planeta, antes que éstos sean comprados por China, proyectada como segunda potencia económica mundial.

Las operaciones militares y de inteligencia de la alianza en nombre de la “guerra contra el narcotráfico” se han ampliado en América Latina a través del Plan Colombia en Sudamérica, Iniciativa Mérida, en México, y son mayores en el “teatro centroamericano” con Operación Martillo.

La política exterior estadunidense por décadas ha incorporado prácticas de narcotráfico que aprendió de su madre Britania, quien financiaba su poderío naval con dinero obtenido de la venta de opio en China y la India. Esa política se ha expresado a través de su Agencia Central de Inteligencia (CIA, por su sigla en inglés) combinada con golpes de Estado, asesinatos políticos, manipulación de elecciones y ahora ejecuciones extrajudiciales desde el aire usando aviones drones. El reconocido escritor William Blum, autor del libro Matando la esperanza, describe a la agencia como una organización lawless que actúa fuera de la ley.

Operación Gladio Al terminar la Segunda Guerra Mundial, mientras decenas de miles de nazis escapaban rumbo a Sudamérica con asistencia de El Vaticano y la Oficina de Servicios Estratégicos estadunidense, en Europa se hacían preparativos para derrocar o desbaratar las democracias, con las llamadas Unidades que se Quedan Atrás (Stay Behind Units) que formaban parte de la Operación Gladio.

William Colby, exdirector de la CIA, explicó después que Gladio incluía grupos armados clandestinos que entrarían en acción después de una invasión militar soviética a la Europa occidental.

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7 DE OCTUBRE DE 2012

En Italia, donde el Partido Comunista tenía fuerza y muchos de sus miembros resistieron el nazismo con armas en mano, los grupos terroristas que formaban Gladio realizaron una serie de atentados con explosivos, entre ellos, el de la Piazza Fontana en 1969, el de la Piazza Della Loggia en 1974, y el del ferrocarril en Bolonia en 1980. Esos atentados fueron atribuidos a grupos de izquierda, pero investigaciones y procesos judiciales revelaron después que los responsables eran elementos derechistas operando en conjunción con el servicio de inteligencia italiano como parte de “la estrategia de tensión”.

Esta estrategia estaba diseñada para desacreditar a la izquierda italiana, incentivar el apoyo al corrupto statu quo, o quizá ir más allá de la democracia, dice el escritor Peter Dale Scott.

Vincenzo Vinciguerra, uno de los conspiradores, diría después que la explosión de diciembre de 1969 debería ser el detonador que convencería a las autoridades políticas y militares que era necesario declarar el estado de emergencia. Vinciguerra también reveló que él y otros eran miembros paramilitares de la red Unidades que se Quedan Atrás, organizadas por la CIA y la OTAN como parte de Operación Gladio.

La red de fascistas actuaba coordinadamente para realizar actos terroristas y luego culpaba de éstos a la izquierda democrática, principalmente a los comunistas que gozaban de un alto índice de popularidad, acota Pascual Serrano, periodista español y fundador del diario cibernético Rebelión.

Una de las figuras más prominentes en esa red era Lucio Gelli, quien tenía amplios nexos con grupos fascistas y de extrema derecha en el continente europeo y en América Latina. Gelli asistió en el escape de unos 50 mil nazis. Ellos (Estados Unidos y sus aliados europeos) temían que la izquierda europea tomara el poder por la vía electoral y Gladio era la forma de bloquearla, dice William Blum.

Gladio permitiría obstaculizar el crecimiento de la izquierda política que, de triunfar, amenazaría los intereses económicos y la recién adquirida hegemonía estadunidense en la región, la misma amenaza que se cierne sobre los capitalistas con los gobiernos progresistas que se multiplican en América Latina.

Algunos que rechazan las explicaciones oficiales sospechan que la CIA –con su larga historia de trabajo conjunto con grupos criminales, narcotraficantes y otros elementos del bajo mundo– bien podría estar detrás del baño de sangre de la “guerra” contra las drogas/crimen organizado en México.

Veamos algunos ejemplos de las actividades de la CIA y que el lector saque sus propias conclusiones.

La CIA antes y después de Gladio La estadunidense Oficina de Servicios Estratégicos (OSS, por su sigla en inglés) y la Oficina de Inteligencia Naval (ONI, también por su sigla en inglés) reclutaron en Nueva York y Chicago líderes de la mafia italiana y del bajo mundo: Charles Lucky Luciano, Meyer Lansky, Joe Adonis y Frank Costello. Eso con el fin de prevenir sabotaje en los puertos de la costa Este de Estados Unidos, conseguir información necesaria para la invasión de las fuerzas aliadas en Italia y reprimir al creciente Partido Comunista italiano. Al concluir la guerra, Luciano fue perdonado y deportado a Italia donde comenzó su imperio de heroína.

Líneas de ratas y narcotráfico Al concluir la Segunda Guerra Mundial, Allen Dulles, alto oficial de la OSS y después director de la CIA, negoció la Operación Amadeus con Karl Wolf, general del cuerpo de combate de elite –o la escuadra de protección, Schutztaffel, SS por su sigla en alemán– y jefe de la Gestapo (policía secreta nazi). El acuerdo daba amnistía a decenas de miles de miembros de la SS y la Gestapo a cambio de que se unieran a Estados Unidos en su lucha contra el comunismo, es decir, que formaran parte de la recién nacida Guerra Fría.

Entre los que escaparon usando las rutas o líneas de ratas con ayuda del Vaticano estaban Franz Stangl y Gustav Wagner, encargados de dos campos de exterminio; Adolf Eichmann; Joseph Mengele, y Klaus Barbie. Este último sería instrumental en “El golpe de la coca”, en Bolivia, en julio de 1980. El escape de los criminales de guerra nazi fue financiado en gran parte con los activos acumulados con la venta de drogas, el oro confiscado a las víctimas y dinero falso fabricado en campos de concentración.

CONTRALÍNEA

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En esos días se forjaron alianzas entre miembros de la inteligencia militar y civil, el crimen organizado, el Vaticano y los criminales de guerra nazis, incluyendo uno entre la inteligencia naval estadunidense y el mafioso Charles Lucky Luciano.

El triángulo dorado y la CIA La OSS y la ONI también desarrollaron nexos con los gánsteres chinos. El escritor Alfred W McCoy, en su libro La política de la heroína en el Sudeste asiático, habla de cómo el ejército organizado por la CIA para luchar contra los comunistas en China fue la cuna de los barones de la droga en el triángulo de oro entre Burma, Tailandia y Laos, los mayores productores de opio (usado para fabricación de heroína) en el mundo durante el conflicto en Indochina.

Christopher Robbins, en el capítulo 9 de su libro Air America, habla de cómo esa aerolínea, propiedad de la CIA, transportaba el opio y la heroína en la región. El laboratorio construido en el cuartel general de la agencia en el Norte de Laos era usado para refinar la heroína.

En la actualización de su libro La política de la heroína en el Sudeste asiático, McCoy señala que los helicópteros de la CIA llevaban drogas de los campos a los centros de distribución. La agencia de investigación estadunidense introducía las drogas a Estados Unidos en bolsas de plástico escondidas en los huecos de los cadáveres de los soldados que retornaban desde Vietnam, diría después Gunthar Russbacher, exempleado de la CIA. Los cadáveres tenían códigos secretos que permitían que los contrabandistas los identificaran al llegar a las bases militares, particularmente la Base Aérea de Travis, en California.

La CIA y el lavado de dinero Jonathan Kwitny, en su libro The crimes of patriots: a true tale of dope, dirty money and the CIA, relata cómo el coronel Paul Helliwell, fundador de Air America y Sea Supply, Inc (dos frentes de la CIA), abrió una oficina legal en Miami y creó el Banco Castle, en Nassau. Este banco serviría para lavar dinero de la CIA y fondos del crimen organizado.

En 1976, el Banco Castle fue clausurado y simultáneamente inició sus operaciones el Banco Nugan Hand. Los activos de este banco eran utilizados para financiar el tráfico de drogas, lavado de dinero, ventas internacionales de armamentos y acciones encubiertas de la CIA alrededor del mundo.

Entre los más notables oficiales del Banco Nugan Hand estaban el admirante Earl F Yetas, el general Edwin F Black, George Farris, Bernie Houghton, Thomas Clines, Richard L Armitage, Dale Holmgreen, Walter McDonald, el general Erle Cocke hijo, el general Leroy J Manor, el doctor Guy Parker y Michael Hand, un boina verde y coronel del ejército asignado a la Agencia Central de Inteligencia.

También hay evidencia de que la CIA usaba el banco para pagar campañas electorales contra políticos en varios países, para asegurarse de que los votantes apoyaran al candidato favorito de la Agencia (www.fas.org/irp/congress/1998_cr/980507-l.htm y http://www.sourcewatch.org/index.php? title=Nugan_Hand_Bank).

Operación Atalaya Las plataformas de perforación petrolera costa fuera también han sido tema de discusión entre los estudiosos del ingenio aplicado por la CIA en sus operaciones de narcotráfico. Una de las más conocidas es la llamada Operación Atalaya, que consistía en una serie de faros electrónicos situados desde fuera de Colombia, al Noreste de Panamá, con el fin de enviar señales a los aviones, de acuerdo con un affidávit (acta notarial) firmado por el coronel Edward P Cutolo, quien en 1978 asumiera el comando del grupo 10 de Fuerzas Especiales en Fort Devens, Miami, y quien había recibido órdenes de la CIA de supervisar la Operación Atalaya. El exoficial de la CIA, Edwin Wilson, explicó que la Operación Atalaya debía permanecer secreta, pues al hacerse pública socavaría los intereses estadunidenses en el mundo.

Wilson dijo que la CIA y otras agencias de inteligencia estaban usando los activos generados por el tráfico de drogas para apoyar fuerzas que lucharan por derrocar gobiernos comunistas o gobiernos que no eran amigos de Estados Unidos.

Según explica Rodney Stich, en su libro Drugging America a trojan horse, “Gunther Russbacher estuvo involucrado por décadas en actividades clandestinas de la CIA y la Oficina de Inteligencia Naval.

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Russbacher explicó a Rodney Stich que la Operación Indigo Sky, iniciada desde 1976, consistía en producir heroína en los campos de amapola de Nigeria, procesarla en la capital de Lagos, y transportarla después a Europa y a Estados Unidos.

El transporte de las drogas desde Lagos fue realizado inicialmente por la CIA y la Agencia Antidrogas estadunidense (DEA, por su sigla en inglés), y después a cargo de operadores por contrato; la mayor parte era enviada a Ámsterdam y después transportada a otros lugares de Europa y Estados Unidos.

El nacimiento del cártel de Medellín El excoronel de la Infantería de Marina y exoficial de la CIA, Trenton Parker, fue empleado de la agencia entre el 23 de diciembre de 1964 y el 24 de mayo de 1992. Él jugó un importante papel en las actividades de “la compañía” en el Caribe. Parker dijo al escritor Rodney Stich que la CIA organizó en 1981 las reuniones de varios narcotraficantes colombianos que después formarían el cártel de Medellín. La primera reunión incluyó a 20 de los mayores vendedores de cocaína de Colombia; la segunda y última fue realizada en el Hotel Internacional en Medellín, y estuvo atendida por unos 200 traficantes, vendedores y contrabandistas.

En diciembre de 1981 se estableció el cártel de Medellín y cada uno de sus miembros pagó una cuota inicial de 35 mil dólares para contratar una fuerza de seguridad que protegería la operación de las drogas.

Russbacher asegura haber estado presente en la reunión de septiembre de 1981, la misma que fue iniciada por la CIA para facilitar el tráfico de drogas hacia Estados Unidos y permitir que la agencia tratara con un sólo cártel en lugar de hacerlo con muchos vendedores independientes.

El exempleado de la CIA, Russell Bowen, al hablar con el escritor Rodney Stich, corroboró la historia de Russbacher y Parker, y agregó que el trato con el cártel de Medellín dio paso a la adquisición de varias aerolíneas que servirían como cobertura para la CIA. Bowen señaló que cuando Ted Shackley era jefe de estación de la CIA –a cargo de operaciones de centro y Suramérica– dirigió un tráfico masivo que después floreció.

Según Bowen, uno de los frentes de la CIA operado por Shackley era el banco Intercredit, con oficinas en Medellín, Ámsterdam y Fort Lauderdale, en Florida. Shackley era el cerebro detrás de la operación, acotó Bowen.

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“El golpe de la coca” en Bolivia De acuerdo con el libro Cocaine politics, de Peter Dale Scott y Jonathan Marshall, durante la dictadura en Bolivia, el coronel Luis Arce Gómez, primo del capo Roberto Suárez, reclutó terroristas, como el italiano Stefano Della Chiaie que trabajaba con los escuadrones de la muerte argentinos.

El doctor Alfredo Candia, líder de la Liga Anticomunista Mundial, en Bolivia, coordinó el arribo de los operativos paramilitares de Argentina y Europa.

Mientras que la CIA por un lado estaba promoviendo ese agresivo anticomunismo, Michael Levine y otros agentes de la DEA intentaban golpear a algunos de los conspiradores con cargos de narcotráfico (Mike Levine, The cocaine coup in Bolivia, www.expertwitnessradio.org/essays/ e6.htm).

La ejecución de “El golpe de la coca” El 17 de julio empezó “El golpe de la coca”, liderado por el nazi Klaus Barbie y sus novios de la muerte, asesinos extranjeros que hablaban español con acento alemán, francés e italiano.

Sus uniformes no tenían identificación nacional, sin embargo muchos de ellos portaban una banda con esvásticas en el brazo.

Michael Levine relata que cuando los asesinos tomaron la sede de los sindicatos bolivianos, el líder laboral Marcelo Quiroga fue herido y arrastrado a la jefatura de policía, donde fue objeto del juego practicado por los expertos en tortura en la Escuela de Mecánica de Argentina.

Quiroga fue mantenido vivo y sufriendo por horas. Su cuerpo castrado y torturado fue encontrado días después en un lugar conocido como El Valle de la Luna en el Sur de La Paz. Las mujeres capturadas fueron violadas sexualmente por traficantes liberados de las cárceles y otros, como parte de su tortura.

Los golpistas, siguiendo los pasos de sus homólogos fascistas chilenos, también encerraron a los detenidos en un campo de concentración y poco después sacaron fuera y ejecutaron a los que estaban marcados para el exterminio, “los subversivos”.

Paperclip y los científicos nazis Otro aspecto poco conocido de las actividades de la CIA y el uso de drogas tiene que ver con la 10

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evolución de operaciones sicológicas, las Psyops. De acuerdo con el reconocido teórico en comunicaciones Christopher Simpson, al terminar la Segunda Guerra Mundial, Washington quería incorporar científicos y otros nazis de alto rango a sus planes.

El Programa Paperclip permitiría después reclutar a nazis como Reinhard Gehlen, exjefe de inteligencia militar de la Alemania de Hitler en el frente de guerra de Europa del Este, en donde entre 20 millones y 30 millones de personas fueron asesinadas; así como “la contratación” de Werner Von Braun, uno de los más capaces constructores de cañones, cohetes y misiles, además de otros expertos en guerra química.

La incorporación de los nazis coincidió con una serie de experimentos con drogas, como la dietilamida de ácido ligérsico o LSD, mezcalina y otras en Suráfrica, Chile y Brasil, dice Simpson.

La aplicación de esas drogas tenía como fin perfeccionar técnicas de interrogación y el desarrollo del lavado de cerebro.

Detrás de esos experimentos estaba la convicción de que la guerra no se gana en el campo de batalla sino en los corazones y la mente de la gente, y para ello usaban un concepto llamado Stablemate. La persona que debía “ser influida” recibía grandes dosis de LSD o una droga parecida, luego el agente de la CIA desmembraba la mente de la víctima y posteriormente la reensamblaba, en forma tal que fuera ventajosa para la CIA y para el gobierno estadunidense.

El poder de los narcodólares El exagente de la división de narcóticos para la policía angelina, Mike Ruppert, declara categórico: “la CIA ha traficado con drogas todos sus años de existencia”. En 1979, los estadunidenses consumían 50 toneladas métricas de cocaína, y para 1985, después de la Guerra de los Contras la cantidad ascendió a 600 toneladas métricas.

Ruppert pone como ejemplo al legendario colombiano Pablo Escobar: “usa narcodólares para comprar 1 mil automóviles Suburvan a General Motors y 2 mil millones de dólares en cigarrillos Marlboro a la empresa Phillip Morris”.

Esas ventas elevan la posición de esas dos empresas en la bolsa de valores, y el Departamento de Justicia documenta las transacciones.

El propósito de la CIA en el narcotráfico es generar dinero ilegal en efectivo, una fluidez de capital que permite que esas empresas tengan una ventaja injusta en el mercado.

En 1972, el presupuesto para hacer cumplir las leyes antidrogas en Estados Unidos era 110 millones de dólares y para el año 2000 se había elevado a 17 mil millones de dólares. Sin embargo, ahora hay más drogas en el mercado y son más potentes que las de 1972. Durante la guerra del opio, en China, también se hablaba de una guerra contra los chinos, pues éstos bajo el efecto de las drogas entraban en un estado de pasividad y cesaban de ser una fuerza capaz de defenderse.

“Las drogas sirven una meta racista y eso toma más sentido cuando se examinan las leyes contra el uso de la cocaína de roca en los barrios negros en Estados Unidos”, dice Ruppert.

Los ingleses sembraban amapola en las lomas del Himalaya e introducían el opio de contrabando a China.

El efecto de esa política en 100 años cambió una población china homogénea en otra de regiones, donde barones de la droga se disputaban violentamente los territorios y los mercados. Algo similar fue introducido a la parte Sur de la ciudad de Los Ángeles en la década de 1980. El modelo es exactamente el mismo.

Narcodólares compran políticos Catherine Austin Fitts, quien fuera asistente del secretario de Vivienda estadunidense bajo la administración de George Bush (padre), al hablar del efecto de los narcodólares, dijo: “los cuatro estados de la Unión Americana que importan más drogas son Nueva York, Florida, Texas y California”.

Esos mismos estados ocupan los primeros lugares como centros de lavado de dinero (entre 200 mil millones y 300 mil millones de dólares cada año). “Además, el 80 por ciento de todas las contribuciones a las campañas electorales provienen de Nueva York, Florida, Texas y California”, acota Fitts.3 *Periodista en Radio Pacífica en California, Estados Unidos CONTRALÍNEA

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Herencia

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DEFENSOR DEL PERIODISTA

¿Y el mecanismo de protección a periodistas? Álvaro Cepeda Neri*

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os dos sexenios panistas (aunque no de todos los militantes de Acción Nacional, desfundado por foxistas y calderonistas) políticamente fueron un fracaso como alternancia. Y es que resultaron más y peor de lo mismo. En consecuencia, tampoco hubo transición a más democracia, ya que han dejado menos democracia representativa y combatieron a la democracia directa, es decir, la que se manifiesta en las protestas, combatieron huelgas, críticas y derecho de petición tratando de acotar el derecho a reunirse y asociarse pacíficamente para tomar parte en los asuntos políticos del país; y desoyeron las protestas contra actos de autoridad.

En todos los aspectos de la vida nacional, por lo que corresponde a las obligaciones federales, Calderón deja un país sin ninguna solución a sus problemas. En cambio, los aumentó y complicó. Y el peñismo, notoriamente incapaz, salvo al estilo del ídolo de Peña, el sonorense Álvaro Obregón en cuanto a su lado más oscuro, dictatorial y sangrientamente represivo, solucionaría las demandas sociales, económicas y políticas, como lo hizo en Atenco. La tesis para obtener su título de licenciatura en derecho por una universidad del Opus Dei versa sobre el presidencialismo de Álvaro Obregón; y es ya objeto de análisis por varios investigadores que darán a luz el libro Peña y Obregón, para exhibir la ideología del parido por el grupo tenebroso de Atlacomulco: de Hank a Montiel (Jorge Toribio, El grupo Atlacomulco: secretos, Editora Ágora).

Las libertades de prensa duramente conquistadas, desde Francisco Zarco a Miguel Ángel Granados Chapa, nunca han sido bien vistas desde Antonio López de Santa Anna a Calderón. Sin embargo, han sido defendidas por los mismos periodistas y sectores de la opinión pública, sin que se haya podido, todavía, crear un defensor de periodistas y del libre ejercicio de sus libertades. Un defensor de la prensa con competencia federal y uno en cada entidad, incluyendo la capital del país. O uno de carácter nacional.

A lo más que se ha llegado es, perversamente, a incluir una fiscalía en la tenebrosa Procuraduría General de la República, dependiente del presidente en turno (y que es uno de los que más embisten esas libertades), con una unidad para dizque investigar de-nuncias contra el abuso de los poderes que se han visto implicados en homicidios contra periodistas. Para nada han servido, salvo para aparentar protección a quienes ejercen sus derechos constitucionales en los medios de comunicación.

Con toda la malévola intención, el señor Poiré y el señor Calderón decidieron, de último momento pues ya están de salida, crear un mecanismo de Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas,

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que no aterriza en forma y contenido, ya que su consejo consultivo no se ha constituido. Y es que el calderonismo quiere manipular la selección de sus miembros y utiliza a sus adeptos con la mira de poder controlarlo, en lugar de que los periodistas y las asociaciones de comunicación, plenamente identificados, sean los que elijan a quienes presidan el órgano colegiado en cuestión. Se debe erradicar toda sospecha de intervención gubernamental, que garantice la independencia y libertad para conocer las denuncias y demandas del gremio periodístico y actuar eficazmente ante las amenazas de funcionarios y particulares al desempeño individual, si bien sobre todo de los reporteros, de cuantos quieren cumplir con sus tareas en radio, televisión, internet, prensa escrita y demás medios de información y crítica.

Calderón –colérico y alcohólico como es su fama pública, que confirman sus propios compañeros de viaje panista, adversarios y enemigos al grado de que, también por su militarismo, lo han comparado con Victoriano Huerta– ha sido un mal presidente. Ha odiado a los periodistas que informan y a quienes lo critican por sus actos y omisiones, pero es solícito con quienes lo adulan (elogios sin sustento que la prensa complaciente tiene derecho a hacerle y Calderón a recibirlos), de tal manera que ninguna de sus propuestas supuestamente para proteger la actividad de los periodistas ha tenido éxito, porque se ha encargado de que sean sus buenos propósitos de los que está empedrado el camino a su infierno de maldades y fracasos.

Ya no tiene tiempo Calderón para más de sus acciones salvo que, como presidente protegido por la inmunidad estadunidense para cubrirlo de impunidad, haga más cosas desesperadas para hacer polvareda en estos últimos dos meses para que se vaya como llegó: despreciado por el pueblo que se lo demostró la noche del 15 de septiembre pasado.

El periodismo, como la nación, ha pagado con las vidas de más de 70 profesionales de la información, otros secuestrados, desaparecidos y miles amenazados por la criminalidad gubernativa y la criminalidad de las delincuencias. Y como el reyecito autócrata, se va desnudo de legitimidad y dejando a un país en el total desastre y la barbarie de la violencia, repitiendo la frase aquella de “después de mí, el diluvio…”.3 *Periodista CONTRALÍNEA

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Aviso oportuno

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OPINIÓN

Annalisa Melandri*

A Francisco Paredes Ruiz, a cinco años de su desaparición forzada ocurrida el 26 de septiembre de 2007, en Morelia, Michoacán

Todo te recuerda Tu presencia la sentimos, y no estás. ¿Cómo describir tu presencia ausente?

Así, sencillamente así como te sentimos, como nos animas, como te miramos.

Francisco, resiste como has resistido siempre, sigue dándonos tu fuerza; así nos ayudas a encontrarte. ¿Cuántos millones de personas han pasado por la historia? ¿Cuántos han dejado huella?

Hay millones y millones de desaparecidos anónimos Pero no ustedes los detenidos desaparecidos.

Ustedes no han desaparecido; sus nombres los tenemos con nosotros, sus biografías son la historia.

Son parte de la lucha por la democracia y las libertades fundamentales, por ser más humanos.

Los desaparecidos son constructores de democracia Francisco Michoacán, Francisco Zirahuem, Francisco Pueblo, Francisco con nosotros.

En Michoacán eres tú, Sin ti pero tú, Todos te buscamos.

Te encontramos en Yanahui; te vemos en la fuerte Cristina.

Francisco, ahora eres rostro de mujeres que buscan con sonrisa viva y tierra.

Lucha y vida.

Francisco, miramos tu rostro, apareces con nosotros; fuiste a buscar a los demás, y con ellos te encuentras.

Te acompañamos y te buscamos, a ti y a todos hasta encontrarlos.

Adrián Ramírez López, Poemas disonantes 14

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Estar y no estar

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n 2006 fue aprobada la Convención de la Organización de las Naciones Unidas sobre las desapariciones forzadas, consideradas “un ultraje a la dignidad humana”. Sin embargo, el fenómeno –lejos de ser un recuerdo de los años de las dictaduras– existe todavía, por ejemplo en México y en Colombia.

La desaparición forzada es considerada desde 1983 como un crimen contra la humanidad por la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Es, por lo tanto, imprescriptible y continuado, sin posibilidad de indulto o amnistía.

Se entiende por desaparición forzada “el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de la libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley” (artículo 2 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas).

Lamentablemente aún sigue perpetrándose en América Latina y en otras regiones del mundo, no obstante sean ya lejanos los lúgubres años de la Guerra Sucia y de las dictaduras.

Esa práctica era usada como instrumento de represión política en la llamada “guerra contrainsurgente” por la eliminación física de militantes y de opositores a los regímenes dictatoriales. Los desaparecidos eran activistas sociales, líderes comunitarios, sindicalistas, políticos y estudiantes.

A los militares latinoamericanos, cómplices de las dictaduras, la práctica de la desaparición forzada les pareció el crimen perfecto: sin aparente derramamiento de sangre, sin verdugos y, sobre todo, sin culpables porque de hecho no existía tampoco la víctima.

En cárceles clandestinas, en lugares de detención legales e ilegales, en casas privadas, los desaparecidos perdían su identidad de seres humanos, de ciudadanos, de personas, para ser solamente un cuerpo en manos de las ferocidades más atroces. La muerte bajo tortura o por eliminación directa, frecuentemente, era la conclusión del periodo de desaparición forzada.

En este escenario reinaba la impunidad: no

existía el verdugo porque no había una víctima.

Recordamos la Argentina de los generales.

Desde 1976 hasta 1983 han sido 30 mil los desaparecidos. Hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, hasta los neonatos, entregados ilegalmente en adopción a las familias de los generales después de que las madres habían sido arrestadas y recluidas hasta el momento del parto y luego desaparecidas en los llamados “vuelos de la muerte” sobre el Río de la Plata.

El exdictador Jorge Videla, quien está pagando en una cárcel militar una condena a cadena perpetua por crímenes cometidos durante la dictadura, ha recientemente confesado haber asesinado entre 7 mil y 8 mil personas. Los cuerpos de éstas han sido desaparecidos para evitar la atención de la comunidad internacional.

En México, el periodo conocido como Guerra Sucia (en las décadas de 1960 y 1970) fue caracterizado por una dura política represiva del gobierno con la intención de romper la unidad del tejido social y desmovilizar la resistencia armada, que se estaba difundiendo rápidamente en las zonas rurales del país. Sobre todo en Guerrero, Chiapas y Oaxaca se registraron más de 1 mil 300 casos de desapariciones forzadas. La mitad solamente en Guerrero, donde eran activas las guerrillas de Lucio Cabañas y de Genaro Vázquez.

Y así en el resto de toda América central: El Salvador, Guatemala, Honduras han sido el laboratorio perfecto desde la década de 1980 para experimentar técnicas de contrainsurgencia. En otros países de América Latina, como Colombia y Perú, las desapariciones forzadas han sido práctica de Estado para reprimir la rebelión y frenar así cualquier reivindicación social.

Hasta 2006, la Asamblea General de las Naciones Unidas ha adoptado la Convención para la Protección de Todas las Personas de las Desapariciones Forzadas. Firmada en París, Francia, el 6 de febrero de 2007, ésta se logró después de 25 años de luchas llevadas por asociaciones internacionales para la defensa de los derechos humanos y por las asociaciones de los familiares de los desaparecidos. La Convención reafirma los principios de la precedente Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra la Desaparición Forzada de 1992 y estipula precisas disposiciones a las que deben atenerse los Estados.

La Convención ratifica formalmente dos nuevos derechos humanos: “el derecho de cada perCONTRALÍNEA

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sona a no ser desaparecido y el derecho a la verdad para las víctimas de las desapariciones forzadas” (Gabriella Citroni, delegada para Italia ante las Naciones Unidas).

La Convención cobró vigencia el 23 de diciembre de 2010, después de la vigésima ratificación. Aunque Italia ha firmado la Convención del 3 de julio de 2007, aun no la ha ratificado. ¿Las desapariciones forzadas pueden considerarse un triste recuerdo del pasado? Louise Arbour, Alto Comisionado de la ONU por los Derechos Humanos, en un artículo escrito a la vigilia de la firma de la Convención en París en 2007, recordaba cómo, “solamente en 2006, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU, recibió más de 300 nuevos casos provenientes de 12 países alrededor del mundo. Y esto es sólo la punta del iceberg, dado que muchos casos no llegan a ser presentados ante el Grupo de Trabajo”.

A título emblemático recordamos la desaparición el 18 de septiembre de 2006, en Argentina, de Julio López, el 31 mil desaparecido en la dictadura, testigo clave en los juicios contra los militares y la policía de Buenos Aires, desaparecido ya una primera vez por tres años (1976-1979).

En México, la desaparición forzada es una práctica que sigue siendo utilizada también en tiempos más recientes, aunque con características diferentes respecto al pasado. El doctor Adrián Ramírez, presidente de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, menciona los “más de 15 mil desaparecidos que se cuentan solamente en los últimos seis años del gobierno saliente de Felipe Calderón. Se dan en un contexto nuevo, que si bien no es estrechamente político, se caracteriza como una verdadera política de Estado”. Mejor dicho, de Estados: Ramírez responsabiliza a los gobiernos de México y de Estados Unidos, que con los operativos ilegales, como por ejemplo Receptor Abierto y Rápido y Furioso, han entregado un sinnúmero de armas a los grupos criminales que operan en el país, no solamente los que están vinculados al narcotráfico sino también los que dirigen trata de personas, de niños, del juego de azar, etcétera. Por las enormes ganancias y la completa impunidad, explica el doctor Ramírez, los grupos de elites de las Fuerzas Armadas han entrado masivamente en las citadas organizaciones. Además, agrega: “Lamentamos que Calderón haya vetado la Ley General de Víctimas y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo avale”.

Colombia registra números escalofriantes: apenas hace un año, Christian Salazar, Alto CoCONTRALÍNEA

misionado de las Naciones Unidad para los Derechos Humanos, ha afirmado que en ese país hay, a causa del conflicto armado, por lo menos 57 mil personas desaparecidas. De éstas, 15 mil 600 han desaparecido forzosamente por “agentes del Estado y por las fuerzas paramilitares que colaboran con él”.

También pueden considerarse como desapariciones forzadas los más de 3 mil casos de “falsos positivos”, cuando ciudadanos luego aparecen asesinados por los militares y disfrazados de guerrilleros supuestamente asesinados en combate, para así obtener premios monetarios o promociones de varios tipos.

La lucha contra la impunidad, pilar fundamental de un estado de derecho, no puede más que ir a la par con la lucha contra las desapariciones forzadas, que es una de las violaciones de los derechos humanos más graves, ya que tiene efectos destructivos sobre la víctima, sobre sus familiares y en gran medida también sobre el cuerpo social al que pertenecen, disgregando como último pasaje también la cohesión del tejido social del país.

Algunas recientes sentencias de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) respecto a casos de desapariciones forzadas:

Perú El 22 de septiembre de 2009 la CIDH ha establecido la responsabilidad internacional de Perú por la desaparición forzada del estudiante Kenneth Ney Anzualdo Castro, el 16 de diciembre de 1993.

Tenía 25 años y era un estudiante de economía de la Universidad Técnica del Callao. Agentes del Servicio de Inteligencia del Ejército Peruano lo llevaron a un centro de detención clandestino llamado Pentagonito y hasta la fecha no se conoce su paradero.

Es una sentencia que crea jurisprudencia, porque ha condenado específicamente la violación al derecho de la víctima al reconocimiento de su personalidad jurídica: “la desaparición deja a la víctima en una situación de indeterminación jurídica que imposibilita, obstaculiza o anula la posibilidad de la persona de ser titular o ejercer en forma efectiva sus derechos en general, en una de las más graves formas de incumplimiento de las obligaciones estatales de respetar y garantizar los derechos”.

República Dominicana El 2 de abril de 2012 la CIDH sentenció al Esta-

do dominicano por la desaparición forzada de Narciso Gonzales Medina. El caso en el país se conoce como el “Narcizaso”.

Activista y periodista, desapareció el 26 de mayo de 1994. Hasta la fecha no se conoce su paradero y no se ha desarrollado una investigación efectiva de los hechos. En particular, fue comprobado por la CIDH que el señor Gonzales Medina al momento de la detención se encontraba bajo custodia de agentes policiales.

Además la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos está investigando también el caso de Juan Almonte, miembro del Comité Dominicano de los Derechos Humanos, sospechoso de haber participado en un caso de secuestro, pero que también desapareció el 28 de septiembre de 2009.

Uruguay En 2012 la CIDH ha condenado a Uruguay por la desaparición forzada en 1976 de María Claudia García Iruretagoyena de Gelman y del secuestro de su hija recién nacida, María Macarena Gelman García, nuera y nieta, respectivamente, del poeta argentino Juan Gelman. De María Claudia no se tienen noticias desde entonces, su hija Macarena ha sido encontrada hace algunos años. Es un caso de desaparición forzada que se dio en el llamado Plan Cóndor.

México Con una histórica sentencia, México ha sido condenado por la CIDH por el caso de la desaparición de Rosendo Radilla Pacheco, ocurrida en el marco de la llamada Guerra Sucia, en 1974. La sentencia se dio el 23 de noviembre de 2009 y el gobierno mexicano no ha cumplido lo substancial.

Entre los varios casos recientes de desapariciones forzadas en México, recordamos el de Francisco Paredes Ruiz, quien el 27 de septiembre pasado cumplió cinco años desaparecido.

Francisco Paredes, luchador social y militante por la defensa de los derechos humanos de larga trayectoria humana y política, pertenece a la Fundación Diego Lucero. El caso de su desaparición forzada se inserta en un contexto de criminalización de protesta social y de persecución contra los defensores de derechos humanos. 3 *Integrante del Área de Cooperación Internacional de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (artículo escrito en su versión original en italiano para la revista digital L’Indro) 7 DE OCTUBRE DE 2012

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OPINIÓN

La ultraderecha rumana en México Edgar González Ruiz*

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a Guardia de Hierro, que floreció en la década de 1930 en Rumania, fue un grupo de extrema derecha, antisemita, anticomunista, militarista, opuesto a la democracia, y que tenía como prioridad la defensa del cristianismo.

Sus métodos iban desde el asesinato y el terrorismo hasta la participación electoral.

Formó parte de los movimientos totalitarios de la época, como el fascismo, el nazismo y el falangismo, con los que tuvo fuertes afinidades, a la vez que representó una de las expresiones de la lucha racial y religiosa que tiene una historia secular en esa región.

Hoy se encuentran brotes de ese movimiento ultraderechista de origen rumano lo mismo en internet que en alguna población de nuestro país.

Codreanu en Alto Lucero En 2010, en Alto Lucero, Veracruz, Ediciones U, que difunde textos de tendencias pronazis y profascistas, publicó una reedición del libro de Carlo Sburlati, titulado Codreanu: el capitán. Vida y muerte de Codreanu , fundador y jefe de la Guardia de Hierro rumana.

Curiosamente, la ultraderecha rumana de la primera mitad del siglo XX encuentra promotores en ese poblado, situado a 35 kilómetros de Jalapa, y que es cabecera del municipio Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, en honor al político Fernando Gutiérrez Barrios (1927-2000), oriundo de ese lugar.

Evidenciada la forma de pensar de sus editores, la obra mencionada, que es una biografía muy elogiosa del fundador de la Guardia de Hierro, lleva como pie de imprenta: “…se acabó de imprimir el día 12 de octubre de 2010, Día de Nuestra Señora del Pilar, Día de la Hispanidad, Otoño Celta de 2010”.

Corneliu Zelea Codreanu (1899-1938) participó a corta edad en la Primera Guerra Mundial y posteriormente estudió en el Liceo Militar donde, en 1918, junto con una veintena de sus compañeros, fundó una organización secreta, “disfrazándola con fines culturales” (página 29).

A lo largo de su vida, Codreanu promovió el nacionalismo, antisemitismo y anticomunismo; la defensa radical de la religión cristiana y el autoritarismo, a la vez que se opuso a la democracia.

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En 1920, cuando era estudiante de derecho, encabezó un movimiento para exigir que se llevaran a cabo ceremonias religiosas (de la Iglesia Ortodoxa, hegemónica en Rumania) en los recintos universitarios.

En 1922 participó en disturbios antisemitas que habían surgido en las universidades rumanas; al año siguiente se fundó la Liga de Defensa Nacional Cristiana (LANC, por su sigla en rumano), presidida por el profesor Cuza, mentor de Codreanu. Esa organización, al igual que Codreanu, se oponía a que la Constitución de Rumania otorgara derechos civiles a los judíos “sin discriminación alguna” (página 48).

El 24 de junio de 1927, Día de San Juan Bautista, Codreanu fundó la Legión de San Miguel Arcángel, con una rama para adolescentes de 14 a 18 años, denominada Cofradía de la Cruz. En esos grupos se firmaban con sangre pactos de fidelidad y se inducía a los adeptos al sacrificio y a la “continua autodisciplina” (página 70).

De acuerdo con las ideas que lo inspiraban, su organización era totalmente jerárquica, basada en núcleos, o “nidos”, cada uno de los cuales es “un grupo de hombres al mando de uno solo. No tiene consejo; tiene únicamente un jefe que coordina…” (página 73).

Sus reuniones eran presididas por un icono de San Miguel, un retrato de Codreanu (pues su organización rendía culto a su personalidad) y una cruz.

Terrorismo en nombre de Dios Frecuentemente, esos militantes recurrieron al terrorismo e incluso al asesinato de sus adversarios, entre los que se contaban políticos, periodistas, policías, así como los disidentes de su propio grupo, cuya “traición” se llegaba a castigar con la muerte.

No obstante, Codreanu apelaba a una retórica profusa de “Dios” y del “amor”, y para evitar la contradicción de matar en nombre de Dios y del amor, los asesinos pertenecientes a la Legión solían entregarse a las autoridades luego de cometido el crimen y pedían que se les castigara, con lo que, según ellos, quedaban perdonados.

Eso ocurrió luego del asesinato del primer ministro, el liberal Ion Gheorghe Duca, el 30 de diciembre de 1933, a manos de un “comando” de las huestes de Codreanu.

El apologista de Codreanu relata otro de esos asesinatos, el de Stelescu, un disidente de la Legión: “Stelescu, que se encontraba en el hospital […] convaleciente de una vulgar operación de apendicitis, recibió, el 16 de julio de 1936, la visita de aquel grupo de legionarios llamados Los Vengadores o Los Decenviros.

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Le liquidaron sin piedad en el lecho que ocupaba y, lo que es peor, se ensañaron con su cadáver. Los 10 autores del atentado, de acuerdo con la costumbre legionaria, se presentaron a las autoridades; [fueron] condenados a trabajos forzados a perpetuidad […]” (página 138).

El 20 de junio de 1930, Codreanu había constituido oficialmente la Guardia de Hierro, rama paramilitar de la Legión, que convocaba a los rumanos a cerrar filas “en torno a Dios, al Ejército y al País” (sic, página 106).

A sus integrantes también se les conoció como camisas verdes, porque vestían uniformes de ese color; usaban el saludo romano y su símbolo, “la Cruz de San Miguel Arcángel”, era el dibujo de un enrejado que representaba la prisión que Codreanu y muchos de sus seguidores habían sufrido, por sus actividades políticas y atentados terroristas.

En 1934, Codreanu fundó el partido Todo por la Patria; en 1938 fue encarcelado nuevamente y el 30 de noviembre de ese año fue ejecutado junto con 13 de sus partidarios en un supuesto intento de fuga.

A la muerte de Codreanu, la Guardia de Hierro subsistió algunos años en su país, presidida por Horia Sima, quien por cierto escribió un prólogo al libro de Sburlati. La organización de ultraderecha pasó al exilio con el triunfo de la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial y la consecuente implantación del régimen socialista en Rumania.

Con Hitler, Franco, Mussolini y Bush La Guardia de Hierro encarnó uno de los movimientos totalitarios de la época, al igual que el nazismo, el fascismo y el falangismo, con el que se consideraba más cercano por su defensa de la religión.

Los militantes de la ultraderecha rumana participaron al lado de las tropas franquistas en la guerra civil española, donde murieron Ion Mota y Vasile Marin, dos de los principales colaboradores de Codreanu.

También combatieron en la Segunda Guerra Mundial, contra el ejército soviético y al lado de los nazis.

En aquellos tiempos, algunos intelectuales que luego fueron muy famosos pertenecieron a la Guardia de Hierro, como el filósofo Emil Cioran (1911-1995), y el estudioso de las religiones Mircea Elíade (1907-1986).

Posteriormente, renegaron de ese episodio de su pasado, que quedó como uno de sus errores de juventud (Claude Contine, El fascismo rumano y los intelectuales, http://juliusevola.blogia.com/2006/100501-elfascismo-rumano-y-los-intelectuales.php).

Militantes de la Guardia de Hierro, como Florian Galdau y Valerio Trifa, se trasladaron a Estados Unidos, donde trataron de crear una rama de esa organización reclutando a rumanos emigrados a ese país. Trifa, quien participó activamente en crímenes de guerra en la época de los nazis, fue nombrado en 1952 arzobispo de la Iglesia Ortodoxa Rumana en Estados Unidos. Por su parte, el también clérigo Galdau, excapellán de la Guardia de Hierro, se dedicó a facilitar la huida a Estados Unidos de rumanos que colaboraron con el nazismo; fue partidario de Ronald Reagan y promotor de la campaña presidencial de George Bush padre, en 1988 (http://www.antipasministries.com/html/file0000049.htm).

A la fecha, en páginas en internet de corte neonazi se pueden leer encendidas apologías de la Guardia de Hierro (véase por ejemplo la página “Brigadas fascistas de México”: www.paginasprodigy.com/eolmos74/ textosvariosylinks.html), e incluso exhortaciones a formar parte de la legión fundada por Codreanu.

En una página en internet de la ultraderecha española, se compara a los militantes de la Guardia de Hierro con los cristeros, por su defensa de CONTRALÍNEA

la religión: “… Codreanu es claro: no se puede separar a Dios de lo meramente político; porque la misión a desarrollar es precisamente enarbolar su bandera. Los cristeros de México (antiguo virreinato de la Nueva España) ya regaron su tierra con su sangre ante la furibunda masonería por la defensa del reinado social de Cristo…” (http://hispanismo.org/politica-y-sociedad/2228-legion-de-san-miguel-arcangel-e-hispanismo.html).

De hecho, el Sinarquismo, movimiento de la derecha católica mexicana, nacido en la década de 1930, de orígenes cristeros y tintes fascistas, muestra semejanzas con ideas y prácticas de la Guardia de Hierro, como la exaltación del martirio, el uso de atuendos y marchas militares y de tácticas de provocación, así como el énfasis en la defensa de la religión y el antisemitismo de corte religioso más que racial.

Un portal en internet de los fascistas mexicanos reproduce estas declaraciones de uno de sus jefes en Jalisco: “El Fascismo es la única solución para nuestro Pueblo y nuestra Patria… llamamos Fascismo a la cosmovisión que aglutinó a los distintos pueblos del globo con un socialismo propio, verdadero y nacional, (Nacional-Socialismo en Alemania, Rexismo en Bélgica, Falangismo y Nacional-Sindicalismo en España, La guardia de Hierro en Rumanía, y el Fascismo Italiano, entre otros tantos)…” (sic, 6 de enero de 2012: “Confederación Nacionalista Orgullo por México”, www.confederacionnomex.mex.tl/blog_36338_Ensayo--de--Como-Veo--a-Mexico--del-Lider-de-l-Estado-de-Jalisco.html).

¿Hijos de Drácula?

Por otra parte, según algunas versiones, la Guardia de Hierro se inspiró además en la Orden del Dragón, encabezada en el siglo XV por el famoso y sanguinario príncipe Vlad Tepes, el Empalador, también conocido como Drácula.

Esa orden pregonaba la defensa del cristianismo en las luchas contra los turcos, donde Tepes mostró una gran ferocidad, al grado de empalar a miles de sus enemigos, lo mismo que a delincuentes, mendigos, gitanos, y otros grupos perseguidos, así como a las mujeres acusadas de adulterio y a familias enteras, incluso a los bebés, si consideraba que lo merecían.

En ese personaje se inspiró Bram Stoker para crear su famoso personaje, el sanguinario conde Drácula. Leemos en esa obra literaria: “ese vampiro debe ser aquel Voivo de Drácula, famoso por sus luchas contra los turcos... Poseía un poderoso cerebro, y un corazón que no conocía el miedo ni el arrepentimiento”.

En el plano ideológico, Vlad Tepes y su orden quedaron como símbolos de la aniquilación de los “infieles” y de los disidentes del orden establecido en esas regiones.

En su obra, Carlo Sburlati menciona que luego de la fundación del Partido Todo por la Patria, de Codreanu, ingresaron a él “muchos miembros” de la Liga Vlad Tepes, “con lo que proporcionaron al capitán una victoria de incalculable valor, especialmente desde el punto de vista sicológico” (página 163).

Hoy, la herencia espiritual de Drácula, de Hitler, de Mussolini, de Franco y de Codreanu, resurgen como resultado de la globalización que afecta a todas las fuerzas políticas y en particular a la ultraderecha, que se expresa lo mismo en páginas en internet que en poblaciones de diferentes países.3 *Maestro en filosofía; especialista en estudios acerca de la derecha política en México 7 DE OCTUBRE DE 2012

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OPINIÓN

El futuro secretario de la Defensa Samuel Lara Villa*

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l próximo secretario de la Defensa Nacional debe ser un militar. Estoy convencido del patriotismo ejemplar del soldado mexicano que tradicionalmente se enfrenta al enemigo en condiciones de inferioridad: sin instrucción bélica contra el español ganando la Independencia, contra las intervenciones europeas y las del imperio del Norte por la soberanía. Ese soldado implantó las leyes de Reforma y derrocó, con la Revolución Mexicana, al tirano, escribiendo con sangre su Constitución de 1917. Sobre todo, se requiere que el nuevo titular de la Secretaría de la Defensa Nacional no olvide –como desafortunadamente hicieron sus antecesores– la protesta de “cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen”. Lamentablemente en el siguiente siglo, desde el poder, serían arrastrados los soldados del pueblo a obedecer altos mandos plegados a mandatarios que violaban la Constitución, usándolos represivamente contra el pueblo para enmendar sus errores políticos; consecuentemente sufrieron los militares el desprecio y el repudio de la sociedad. Si ahora pusieran un civil al frente de las Fuerzas Armadas, serviría para asegurarse de que las cosas sigan como están, con asesoría militar.

En cuestiones de la estrategia de seguridad nacional, mi opinión es que en nuestro país no hay gente más capaz de refundarla que los militares mismos, siempre y cuando dejen de acatar órdenes contra la Constitución; defenderla La reforma debe establecer es su responsabilidad, como decretaba facultades al Congreso de la la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas Mexicanas antes de ser reformada por Unión, para evitar “guerras” Luis Echeverría Álvarez, quizá temeroso particulares de legitimación de que el Ejército Mexicano decidiera cumplir con su misión.

Indudablemente que son inaplazables las reformas constitucionales.

Urge dar forma al nuevo Ejército Mexicano a partir de la forma de designar al secretario de la Defensa Nacional. Conformar una sola Secretaría de la Defensa Nacional que incluya al Ejército Mexicano, la Armada de México y la Fuerza Aérea Mexicana con un Estado Mayor conjunto, encargado del planeo, conducción y valoración de las operaciones, vigilando que no se aparten del objetivo.

Dichas reformas no pueden dejar pasar aspectos importantes, como son: 1. Establecer facultades al Congreso de la Unión en cuanto a las decisiones del Poder Ejecutivo respecto del cumplimiento del inciso VI del Artículo 89 constitucional, facultades del presidente de la República Mexicana, para evitar “guerras” particulares de legitimación del Ejecutivo federal.

2. Fundamentos existenciales de las Fuerzas Armadas Mexicanas.

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3. Funciones de las Fuerzas Armadas Mexicanas en la política de seguridad nacional.

4. Misiones generales.

5. Precisar funciones del Servicio Militar Nacional y de los Cuerpos de Defensas Rurales.

6. Precisar competencias y condiciones en la aplicación del Fuero de Guerra. La tropa en el cumplimiento de órdenes superiores, cuando éstas se apartan de la ley. En tal caso, la responsabilidad es de quien ejerce el mando, lo que puede alcanzar a los altos mandos, mandos superiores y hasta el mando supremo. Los soldados reciben en la calle los insultos públicos que ameritan los generales y los políticos responsables que las imparten.

7. Actualización de reglamentos y leyes militares.

Estas reformas deben ser al fondo del interior de las Fuerzas Armadas, desde la preparación del personal en las escuelas militares, incluyendo la Academia de Estado Mayor. No debe haber lugar a tentaciones de los altos mandos de realizar “maniobras conjuntas” obedeciendo estrategias estadunidenses de dominio continental.

El reclutamiento debe continuar asegurando el acceso de la gente del pueblo a los altos grados, evitando la formación de elites castrenses privilegiadas por gobernantes empeñados en asegurarse la “lealtad” de los altos mandos, los mandos superiores y los generales mediante salarios de magistrados; y por otra parte, contentando a mandos medios, oficiales y tropa con bonos y privilegios que se pierden al llegar a la situación del retiro.

No hay tiempo para más cuando se aprestan a instalar a otro espurio.3 *General brigadier en retiro, presidente de la Federación de Militares Retirados General Francisco J Múgica, AC. Sirvió ininterrumpidamente en el Ejército Mexicano 32 años, en más de 20 unidades en 13 estados de la República CONTRALÍNEA

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OPINIÓN

Cárceles Jorge Meléndez Preciado*

E

l asunto viene de lejos. Tanto, que antes de que fuera yo a visitar a los compañeros detenidos por el movimiento estudiantil de 1968, ya tenía referencias: en las prisiones –me decían– hay quienes gozan de amplias libertades, tratos amables, y aquellos que viven en la zozobra, casi en la esclavitud.

Lo comprobé cuando asistí al llamado Palacio Negro. Uno de los domingos que fui a ver a Pablo Gómez, mi compañero en la Escuela (hoy Facultad) de Economía, de la Universidad Nacional Autónoma de México, me comentó: “aquí lo único que no se puede comprar es un automóvil, ya que no sirve para nada. Todo lo demás lo consigues si tienes el efectivo necesario”.

En otra ocasión, el que ha sido legislador en varias ocasiones, dijo que en una inspección para ver si los reclusos no tenían droga, mientras estaba el operativo, uno de ellos fumaba mariguana y gritaba: “¡Pinches monos [los carceleros], se hacen tontos o simulan!”.

Muchos años después, en el Reclusorio Sur, visité a otro amigo, y pude constatar: los ricos estaban en una crujía y tenían comodidades a la mano.

Incluso vi la celda clausurada de un guatemalteco que se fugó, apodado el Mexicano, el cual no ha sido aprehendido nuevamente.

Es decir, el caso de Joaquín Guzmán, el Chapo, no es algo fuera de serie.

Hay una buena cantidad de quienes escapan, seguramente, con la complicidad de las autoridades: otra faceta de que el billete es lo que abre y cierra puertas en esta sociedad, donde el Estado es más débil de lo que uno imagina.

Enterarnos ahora, por la ineficaz Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que los reos gobiernan en los penales no es algo novedoso, más bien es parte de lo que ha ocurrido con el Partido Revolucionario Institucional gobernando, aunque es cierto, el mal “se agudizó en los últimos años con la presencia del crimen organizado y la corrupción estructural de las autoridades” (Reforma, 25 de septiembre de 2012).

Desde 2010 han existido 14 fugas en las cuales se evadieron 521 internos; 75 riñas deCONTRALÍNEA

jaron un saldo de 352 fallecidos y en dos motines fallecieron dos individuos. Las cifras no son mayores porque las diferentes bandas han llegado a ciertos acuerdos para no hacer más notorias sus diferencias; y seguramente a que en determinados territorios está al mando el cártel de la región.

Una fuga muy conocida ocurrió en un penal en Zacatecas (video a la mano en Youtube), cuando desgobernaba la perredista Amalia García. Entonces todos huyeron en camionetas, incluidos los aparentes custodios. Seguramente los que salieron, fueron a sustituir a los que habían sido eliminados ya en la guerra de las drogas.

En Piedras Negras, Coahuila, no es la primera ocasión que sucede ese tipo de incidentes.

Antes, en el estado que controlan los hermanos

Moreira, ya habían ocurrido otros hechos espectaculares. “Nadie ha podio remediar la situación”, como dice la canción. Tanto que en dicha prisión ni siquiera pudieron entrar los de la CNDH. Es increíble lo que asegura Raúl Plascencia Villanueva, el titular de la Comisión: este problema “no despierta mayor interés en la sociedad”.

Indudablemente el funcionario no ha ido un domingo a hacer cola para visitar a un recluso, no le ha llevado comida ni ha tenido que pasar por el sistema de vigilancia y corrupción que hay

cuando a uno lo esculcan o hasta desnudan.

Claro, los toros se ven mejor desde la barrera, y si uno gana centenas de miles de pesos al mes, es muy lindo dictar lecciones.

Que los burócratas de los derechos humanos no hayan averiguado qué cárteles manejan centros penitenciarios, no es nuestra culpa.

Necesitan, eso sí, algunas lecciones de periodistas que han informado de quién es quién en el negocio de los estupefacientes y dónde operan, incluidas las prisiones.

Mientras este diagnóstico horrible de vicio y perdición se relataba, en Estados Unidos, Felipe Calderón exaltaba que su gobierno había preservado “la ley y la seguridad de las familias”. Los hechos muestran que no es así. Pero además Felipe llamaba a Peña Nieto a seguir con la misma fallida estrategia que el panista llevó a cabo y cuyos resultados son lamentables y terroríficos.

El presidente colombiano Juan Manuel Santos, al entender que la represión y la detención de supuestos o reales capos de la mafia no resolverán el intrincado asunto, ha iniciado un diálogo con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la guerrilla más vieja del mundo, para llegar a acuerdos de paz.

El presidente de El Salvador, Mauricio Funes, hizo un trato con los miembros de las diversas fuerzas de la Mara Salvatrucha, quienes están en prisión y han tenido enfrentamientos terribles, para evitar que se sigan masacrando.

Hay más ejemplos en Brasil o Guatemala.

Pero he aquí lo importante a destacar: no es con la represión, el encarcelamiento y las medidas de fuerza que se evitarán los ríos de sangre y la corrupción, que posibilita mujeres, vino, drogas, peleas de gallos y hasta la presencia de conocidos o poco famosos artistas en las prisiones controlados por la mafia.

Si queremos en serio corregir los problemas, tenemos cuando menos que evitar la corrupción, el hacinamiento –lo cual se debe empezar por no meter en una celda a un delincuente menor– y una vigilancia de la sociedad a la policía y a las cárceles. También, tener desde luego elementos que no convivan y disfruten del poder como ocurre actualmente con varios mártires.3 *Periodista 7 DE OCTUBRE DE 2012

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PORTADA -

CNDH: más de 6 mil expedientes abiertos POR DESAPARICIÓN FORZADA Más de 6 mil expedientes abiertos por desaparición forzada, 2 mil casos de tortura y tratos crueles e inhumanos y 210 agresiones contra defensores de derechos humanos son algunos de los saldos de la “guerra” contra el narcotráfico denunciados ante la CNDH, revela en entrevista con Contralínea el presidente de esa Comisión. A pesar de que el organismo autónomo ha emitido diversas recomendaciones sobre asesinatos atribuibles a servidores públicos, el ombudsman se resiste a definirlos como ejecuciones extrajudiciales. Raúl Plascencia asegura que en el origen del incremento de las violaciones a los derechos humanos durante este sexenio está la decisión de involucrar a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública sin estar preparadas ni facultadas para ello; también, el aumento de la impunidad y la falta de coordinación entre las instituciones de los tres niveles de gobierno Flor Goche 20

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León Braojos

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A

cuentes o estos últimos “actuando con la anuencia o complacencia de servidores públicos”.

Por lo pronto, la CNDH conoce de 408 casos que datan de 2007 a la fecha y que comprenden a 660 víctimas, en los que hay una “línea clara de involucramiento de autoridades federales”. Las entidades con más incidencia son Tamaulipas, Chihuahua, Coahuila, Chiapas, Veracruz, Tabasco y Durango.

Plascencia Villanueva explica que esto es reflejo del aumento exponencial de las violaciones a los derechos humanos durante el mandato de Felipe Calderón Hinojosa. Por ejemplo, mientras en 2006 obraban en los archivos del organismo autónomo cinco o seis quejas por tortura o tratos crueles e inhumanos, en 2011 la cifra se disparó a 2 mil. Lo mismo ocurrió con las desapariciones forzadas, puesto que en 2006 “se contaban con los dedos”, asegura.

4 La CNDH conoce 408 desapariciones con una “línea clara de involucramiento de autoridades federales”: Plascencia Villanueva

Iván Stephens/Cuartoscuro

finales de marzo de 2011, luego de concluir su recorrido por México, el Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas e Involuntarias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) denunció que durante el actual sexenio se habrían perpetrado al menos 3 mil desapariciones forzadas; esto es 300 por ciento más que las ocurridas durante 25 años de la Guerra Sucia.

Transcurrido un año y medio de aquel anuncio, Raúl Plascencia Villanueva, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), reconoce que este número “está un poco corto”.

En entrevista con Contralínea, revela que el organismo a su cargo tiene más de 6 mil expedientes abiertos por desaparición forzada, mismos que se encuentran en etapa de integración para determinar a los responsables: agentes del Estado, delin-

Archivo Contralínea

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4 El presidente Calderón, acompañado (de izquierda a derecha) por Marisela Morales, titular de la PGR; Alejandro Poiré, secretario de Gobernación; Silvano Aureoles; Guillermo Galván, secretario de la Defensa Nacional, durante la celebración del 97 aniversario de la Fuerza Aérea y el 99 aniversario del Ejército 22

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CONTRALÍNEA

A decir del ombudsman, en el origen de este incremento está “la decisión de involucrar a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, sin estar preparadas, sin estar facultadas constitucionalmente, sin tener un marco jurídico adecuado para ello”.

También está la carencia de controles adecuados de supervisión de los servidores públicos autorizados para ejercer la fuerza del Estado, particularmente de los policías; el aumento en los niveles de impunidad, que invita a los delincuentes a seguir con sus conductas contrarias a la sociedad y a los “malos” servidores públicos a actuar al margen de la ley; así como la falta de comunicación y coordinación entre las instituciones públicas.

Ejemplo de lo anterior es el ataque de policías federales a una camioneta con placas de la embajada estadunidense, en la que viajaban agentes de aquel país y un capitán de la Secretaría de Marina, ocurrido el pasado 24 de agosto en Tres Marías, Morelos.

—Cuando se presentan casos como éstos es importante que la respuesta de la justicia sea inmediata para que a la sociedad en general le quede muy en claro que se trata de comportamientos indebidos, prohibidos. Han transcurrido ya días y no sucede absolutamente nada –dice Plascencia Villanueva.

Organizaciones no gubernamentales dedicadas a la defensa, promoción y difusión de los derechos humanos, como el Comité Cerezo México, han advertido que en la raíz del incremento de violaciones a los derechos humanos durante este sexenio está una política sistemática de Estado, a la que denominan “guerra contra el pueblo”.

Para Raúl Plascencia, se trata, en cambio, de una “tendencia de algunos servidores públicos, no de todos, por rechazar recomendaciones, por resucitar prácticas que parecían ya olvidadas en el Estado mexicano”.

Apunta que, en orden de quejas, son los elementos de la Policía Federal, el Ejército y la Armada quienes más atentan contra los derechos humanos.

En la recta final de este sexenio, el Comité Cerezo hizo público el Informe de violaciones a los derechos humanos en México. Las víctimas del proceso de configuración de un Estado terrorista. En éste se documentan 353 ejecuciones extrajudiCONTRALÍNEA

Gabriela Pérez/Cuartoscuro

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4 En lo que va del sexenio, la CNDH ha abierto 6 mil expedientes por desapariciones forzadas. La cifra equivale a 600 por ciento más de la registrada durante la Guerra Sucia

ciales, desapariciones forzadas, agresiones contra defensores de derechos humanos y encarcelamientos de personas a causa de la manifestación de sus ideas políticas, cometidas entre el 1 de enero de 2011 y el 31 de mayo de 2012.

El título de su informe alude a la política de seguridad encabezada por Felipe Calderón que evolucionó de “guerra” a “lucha contra la delincuencia organizada”, en esencia, al “proceso a través del cual el Estado se configura como un Estado terrorista, y éste se ha convertido en el instrumento principal de una minoría para profundizar las políticas económicas neoliberales en nuestro país para su beneficio y en perjuicio del resto de la sociedad”.

Cuestionado al respecto, el titular de la CNDH pide “tener mucho cuidado” al calificar al Estado en su conjunto de terrorista, pues en el Estado estaríamos incluidos todos: el gobierno, los poderes Legislativo y Judicial y la sociedad. De ser así, “de ninguna manera creo que pudiéramos emitir un adjetivo de esas características”.

CNDH niega ejecuciones extrajudiciales En su editorial del 23 de agosto pasado “México, espiral de la barbarie”, el diario francés Le Monde se refirió así a la “guerra” contra el narcotráfico del presidente Felipe Calderón: “esta auténtica hecatombe constituye, y de lejos, el conflicto más mortífero

del planeta en los últimos años”.

La afirmación del diario surgió luego de que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía hiciera públicas las cifras sobre el número de homicidios perpetrados en territorio mexicano de 2007 a 2011: 95 mil 632.

Plascencia Villanueva dice que indudablemente “en lugar de existir mayor protección a la vida, existe un mayor peligro de perder la vida por factores muy distintos”.

No obstante, llama a distinguir entre los homicidios atribuibles al crimen organizado y los que ocurren como consecuencia de peleas en cantinas, atropellamientos o situaciones en donde una persona decide matar a un conocido.

Respecto de los crímenes cuya responsabilidad recae en funcionarios del Estado, el también doctor en derecho manifiesta que la CNDH ha emitido diversas recomendaciones que refieren el asesinato de “personas que sin tener nada que ver con un operativo terminan perdiendo la vida”, como consecuencia de “procederes inadecuados de [los] servidores públicos”.

Es el caso de Javier Francisco Arredondo Verdugo y Jorge Antonio Mercado, estudiantes del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (Monterrey, 2010); de los menores Brian y Martín Almanza Salazar (Tamaulipas, 2010); de los jóvenes Víctor Manuel Chan Javier y Ramón Pérez Román (Tabasco, 2010), y de Jorge Otilio Cantú Cantú (Monterrey, 2011).

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Del 1 de enero de 2011 al 31 de mayo de 2012, 158 luchadores sociales o defensores de derechos humanos fueron detenidos: en 2011, 78, y hasta mayo de 2012, 80

ceso de configuración de un Estado terrorista, alude 29 ejecuciones extrajudiciales consumadas de enero de 2011 a mayo de 2012.

Aclara que aunque éstas son “justificadas e invisibilizadas como muertes producto de la lucha entre los cárteles de la droga por el territorio”, se trata, en realidad, de crímenes cometidos por fuerzas estatales (45 por ciento por paramilitares con la aquiescencia del Estado y 14 por ciento por policías) motivados contra la defensa de derechos humanos que desempeñaban las víctimas.

Advierte, asimismo, que esta práctica va en aumento. En 2009 y 2010 esta organización contabilizó un total de 15 ejecuciones extrajudiciales; en 2011, 17; y de enero a mayo de 2012,12.

Presos políticos: “criminalización de la protesta social” En materia de presos políticos (personas Gabriela Pérez/Cuartoscuro

El ombudsman se resiste, sin embargo, a calificar a éstos y otros hechos como ejecuciones extrajudiciales, pues “en la Comisión hemos sido muy cautos en analizar y utilizar este calificativo, porque la ejecución extrajudicial implica eliminar a una persona como parte de una decisión de un servidor público y utilizando la fuerza del Estado”.

Por lo tanto, asegura que en los últimos años no “hemos encontrado una acción de estas características, esto es en donde exista un plan específico diseñado para privar de la vida a un individuo”.

En contraste, el Comité Cerezo México, que el pasado 1 de septiembre recibió el Premio Alemán de la Paz de Aquisgrán por su lucha en contra de la represión política y las detenciones arbitrarias, ha documentado la ejecución extrajudicial de 70 activistas y defensores de derechos humanos, de 2008 a mayo de 2012.

En su Informe de violaciones a los derechos humanos en México. Las víctimas del pro-

4 El Comité Cerezo documentó 353 ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, agresiones contra defensores de derechos humanos y detenciones políticas, de enero de 2011 a mayo de 2012. En la foto, la madre de una víctima exige justicia 24

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detenidas por romper el marco jurídico al declarar, manifiestamente, la guerra al Estado) y de conciencia (personas detenidas por participar en acciones en defensa de los derechos humanos que se desarrollan dentro del marco legal), el Comité Cerezo México ha documentado 970 casos en lo que va del sexenio de Calderón.

En su informe más reciente, que comprende el periodo del 1 de enero de 2011 al 31 de mayo de 2012, da cuenta de las detenciones de 158 luchadores sociales o defensores de derechos humanos. Éstas también van al alza: en 2011 fueron 78 y en 2012 (hasta mayo), 80.

Sin brindar una cifra sobre esta problemática, el presidente de la CNDH menciona que en algunas entidades, particularmente en Chiapas, “hemos observado una dinámica de estas características”.

Tal es el caso de la coordinadora estatal Plan de Ayala, cuyos líderes fueron detenidos y acusados de diversos delitos como consecuencia de las movilizaciones que realizaban.

De hecho, asegura Plascencia Villanueva, la CNDH emitió una recomendación con el objetivo de que “se puedan tomar medidas para evitar estar criminalizando la protesta social”; también, envió un comunicado al gobierno de Chiapas en el que le solicita revisar los procedimientos y garantizar un proceso justo a “aquellas personas cuyo delito que se les atribuye es precisamente estar afectando intereses del gobierno, cuando no hay otra justificación para tenerlos en prisión”.

Cifras de la CNDH menores que las de organizaciones civiles De acuerdo con la asociación civil Acción Urgente para Defensores de los Derechos Humanos y el Comité Cerezo México, de 2008 a mayo de 2012 se han cometido 451 agresiones contra defensores de derechos humanos: amenazas, allanamientos, intervención de comunicaciones, daño a la propiedad, hostigamiento y criminalización.

Las cifras de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos son menores en 214 por ciento, a pesar de que comprenden un periodo más amplio. A decir de Raúl Plascencia, de 2007 a la fecha, la CNDH investiga 210 casos de defensores de dereCONTRALÍNEA

4 “Elementos de la Policía Federal, el Ejército y la Armada, quienes más atentan contra los derechos humanos”

chos humanos que se vieron agraviados “a partir de actos delincuenciales” o de servidores públicos.

El ombudsman refiere un caso de Baja California en el que una defensora civil fue objeto de amenazas por parte del titular de una corporación policial “a propósito de la acción que estaba llevando a cabo”. También habla de Alejandro Solalinde, sacerdote católico, “cuyo único delito es tratar de ayudar a los migrantes y a propósito de ello ha recibido embestidas de la policía federal, de la delincuencia y de otra serie de personas con el ánimo de contenerlo, de intimidarlo para que [no] siga trabajando en la lucha por los migrantes”.

CNDH: una recomendación por desaparición forzada Desde el inicio de la gestión de Calderón hasta mayo de 2012, la Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada de PersoCONTRALÍNEA

nas (integrada por 63 organizaciones de derechos humanos y sociales a nivel nacional y 13 organizaciones internacionales) ha contabilizado la desaparición forzada de 61 activistas y defensores de humanos.

Durante el mismo periodo, la CNDH sólo ha reconocido, a través de la recomendación 7/2009, un caso de desaparición forzada de luchadores sociales: el de Edmundo Andrés Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, integrantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR), quienes habrían sido detenidos-desaparecidos en mayo de 2007 en un operativo a cargo de policías de Oaxaca y elementos del Ejército Mexicano (Contralínea 222).

—¿Por qué las cifras de la CNDH distan tanto de las que ofrecen las organizaciones no gubernamentales? –se le pregunta a Raúl Plascencia.

—Quizá por la calificación que les están dando ellos. Por ejemplo, el tema del EPR, en la recomendación de estos dos señores

Archivo Contralínea

Cuartoscuro

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4 El incremento de las violaciones a los derechos humanos, por “involucrar a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad” 7 DE OCTUBRE DE 2012

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Ricardo Castelán/Cuartoscuro

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4 Tamaulipas, Chihuahua, Coahuila, Chiapas, Veracruz, Tabasco y Durango, las entidades con más incidencia en desapariciones forzadas

tado cumpla en materia de derechos humanos?

—La primera recomendación sería el que pudiera existir una instrucción muy clara, directa, a todos los servidores públicos en el sentido del deber que tienen de servir a la sociedad, cumpliendo con la ley y evitando violar los derechos de las personas. En segundo lugar, tiene que darse un proceso de capacitación, de educación muy intenso para los servidores públicos del país.

“En la Comisión le apostamos a poder prevenir las violaciones de los derechos humanos, y la mejor forma de prevenirlas es si existe una capacitación, una educación que propicie en el servidor público la conciencia de lo que está haciendo y, por lo menos, cuando decida torcer la ley esté consciente de lo que está haciendo.”

—¿Y la CNDH qué tiene que hacer para fortalece su labor?

—Bueno, estamos haciéndolo. Sobre todo, buscando hacer realidad la reforma de junio del año pasado, que es una reforma a la que califiqué como la más importante desde 1917 en la materia. De tal manera que tenemos los elementos adecuados, de momento, como para poder otorgarle una mayor fuerza al trabajo.3

Cuartoscuro

en ninguna parte se hace referencia a un muy difícil de acreditar. tema de contenido político, ni siquiera —Mi punto de vista será tratar de antecedentes o filiación o ideología. Algu- influir de la mayor forma para que se elinos actores, algunos organismos guberna- mine la reserva a la Convención sobre mentales prefieren no hacerlo. En la desapariciones forzadas, pero también que Comisión no solemos hacerlo porque inde- se pueda discutir en cuanto a la convenienpendientemente de la ideología, forma de cia de la federalización de este delito, o bien, pensar o partido al que pertenezcan, no- al menos, una ley general que obligue a sotros tenemos que investigar las cosas de todos los estados a legislar en igualdad de la misma manera. circunstancias en la materia.

—¿Entonces, además de esta recomen—¿Qué recomendaciones haría al pródación no tienen otras que refieran especí- ximo presidente de México para que el Esficamente desapariciones de activistas?

—No recuerdo casos como el de Edmundo Amaya; no recuerdo algo similar.

Además se hubiera generado un escándalo nacional también, como lo fue en su momento.

A casi dos años de la entrada en vigor de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas de la ONU, el Estado mexicano no ha reconocido la competencia de su Comité, órgano encargado de su cumplimiento y de recibir y examinar las comunicaciones de personas que alegaren ser víctimas de violaciones a las disposiciones de dicho instrumento.

Al respecto, el titular de la CNDH dice que “estaremos ahí dialogando con el nuevo gobierno federal con el objetivo de que puedan eliminarse estas reservas”. Manifiesta, asimismo, la necesidad de abrir la discusión en torno al delito de desaparición forzada. Ello, porque al no estar le- 4 “El aumento en los niveles de impunidad invita a los delincuentes a seguir con sus conductas contrarias a la sociedad y a los malos servidores públicos a actuar al margen de la ley” gislado en la mayoría de las entidades es 26

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CONTRALÍNEA

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MEDIOS ?

Sonora

ATAQUES CONTRA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Luego de más de 300 intentos de vulnerar la seguridad electrónica de Dossier Político –medio informativo sonorense–, los administradores de la página de internet encuentran evidencia de que los ataques provinieron de una dirección electrónica aparentemente ligada al gobierno de Sonora. Dossier Político ha sido víctima de otros ataques en el pasado; sin embargo, ésta es la primera vez que los agresores dejarían un rastro contundente: la dirección IP 201.147.203.82. Actualmente, al ingresar este código en la barra de dirección aparece una página con la imagen del sistema de constancias de no inhabilitación del gobierno estatal. Luego de denunciar ante la Procuraduría General de la República y pedir explicación al gobernador Guillermo Padrés Elías, no se ha dado respuesta ante este ataque contra la libertad de expresión Mariela Paredes

L

a noche del pasado miércoles 29 de agosto, Dossier Político, medio de información sonorense especializado en temas de política y corrupción, sufrió más de 300 intentos de violar la seguridad electrónica para ingresar a su sistema de internet. A decir de Óscar Castro Valdez, director general de la publicación, ésta no es la primera vez que Dossier se enfrenta a ataques cibernéticos.

Luego de las evidencias que llegaron al administrador del sitio en internet de Dossier (www.dossierpolitico.com) se encontró que había rastro de quienes estuvieron ejecutando la instrucción para penetrar en el sistema. La dirección IP (Internet Protocol) que se encontró en uno de los mensajes lleva direc28

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tamente a una página del gobierno de Sonora con logotipos de la administración anterior, a cargo del priísta Eduardo Bours.

Gabriel Bojórquez, responsable de la administración del sitio electrónico de Dossier Político explica, en entrevista con Contralínea, que en ataques anteriores no se había logrado identificar a los agresores; ésta es la primera vez en la que “descaradamente ahí está la evidencia”.

El proveedor del mantenimiento de la página de internet aclara que, aun cuando la dirección IP lleva a un sitio con la imagen del gobierno de Sonora, no se puede asegurar que el gobierno sea el perpetrador, pues el dueño de la dirección IP puede darle cualquier apariencia a su página de internet.

Gabriel Bojórquez, sin embargo, señala que “para ser una mera CONTRALÍNEA

Miguel Galindo

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pantalla, está muy bien elaborada”, pues la dirección IP no sólo muestra una imagen del gobierno, sino que tiene ligas que llevan hacia otras secciones.

El director general de la publicación sonorense no descarta que el principal sospechoso sea el gobierno, pues los temas que Dossier Político ha publicado suelen ser incómodos para quienes están en el poder. A decir de Óscar Castro, “Dossier ya se ha posicionado como un medio social […], como un medio que informa

manteniendo una sana distancia con el poder político”.

Con 10 años de publicación impresa y nueve de publicación vía internet, el consejo editorial de Dossier Político decidió retirar sus contenidos de internet a manera de protesta. Pues si bien los intentos fueron frustrados, decidieron exigir que se respete la libertad de expresión, que se permita la libre circulación de sus contenidos y que actos como éste sean castigados y no se repitan.

Moisés Pablo/Cuartoscuro

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4El político panista y actual gobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías

4No se puede descartar que el principal sospechoso del ataque cibernético sea el gobierno, pues los temas que Dossier Político ha publicado suelen ser incómodos para quienes están en el poder: Óscar Castro, director general de la publicación 30

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Durante el segundo semestre de 2009, Dossier Político sufrió un ataque que no se pudo evitar. Los agresores, no identificados en esa ocasión, ingresaron hasta la administración del sitio y eliminaron notas informativas. Los archivos de respaldo permitieron que sólo unos minutos más tarde pudiera restablecerse la información.

Gabriel Bojórquez, proveedor de servicios de internet bajo la marca Hecho en Sonora, explica que ataques como éste obligan a incrementar los candados de seguridad del sitio, lo cual implica mayores gastos.

Se espera que con las modificaciones hechas al sistema de Dossier Político, agresiones de este tipo puedan ser bloqueadas desde un inicio.

Luego de 16 días de permanecer fuera del espacio digital y de no obtener respuesta de las autoridades, Dossier Político continuó con su publicación habitual en internet.

Hasta ahora el caso ha sido denunciado ante la Procuraduría General de la República (PGR), en su delegación estatal. Se ha pedido respuesta al actual gobernador Guillermo Padrés Elías y se ha solicitado apoyo a través de organizaciones no gubernamentales, como la Casa de los Derechos de Periodistas. Sin embargo, no ha habido respuesta gubernamental.

CONTRALÍNEA

4“La dirección IP que se encontró en uno de los mensajes del ataque lleva directamente a una página del gobierno de Sonora con logotipos de la administración anterior”

Esto dejaría en evidencia la animadversión del gobernador sonorense hacia este medio informativo, declara Óscar Castro.

Omar Viniegra, coordinador jurídico de la Casa de los Derechos de Periodistas, explica en entrevista con Contralínea, que desde mayo de este año se tienen registros de agresiones contra la libertad de expresión en Sonora. El 18 de mayo, por ejemplo, Marco Ávila García, periodista del diario El Regional y el Diario de Sonora, fue asesinado. El caso de Dossier se suma a la falta de protección a la libertad de expresión y al ejercicio periodístico en esa entidad.

Viniegra, a cargo del acompañamiento del caso, solicitó que éste fuera atraído por la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, de la PGR. Hasta la última semana de septiembre no ha sido atendida esta solicitud. La Casa de los Derechos de Periodistas, explica Viniegra, no cejará en su intento para que el caso sea atraído y se dé el tratamiento que corresponde a este tipo de agresiones. Óscar Castro confirma que hasta ahora no ha sufrido otro tipo de agresiones, sólo las cibernéticas contra el sitio. Sin embargo, si existieran otro tipo de ataques solicitaría medidas cautelares para él y su familia. El director general de Dossier sentencia: “Responsabilizo a la autoridad de cualquier cosa que me suceda o a mi familia o a mi equipo de trabajo”.

Señala que es necesaria la solidaridad del gremio, pues si bien recibieron manifestaciones de apoyo verbales, no hubo mayor respaldo en los medios para defender su caso. Esto, indica, se suma a la falta de respuesta de las autoridades.

Omar Viniegra evidencia que “hay una desconexión entre las delegaciones de la PGR”. A decir del coordinador jurídico de CONTRALÍNEA

David Cilia

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4La Fiscalía de la PGR desconoce los delitos cibernéticos en contra del derecho a la información y la libertad de expresión: Omar Viniegra, abogado de la Casa de los Derechos de Periodistas

la Casa de los Derechos de Periodistas, “hay un desconocimiento de este tipo de delitos a nivel federal, porque no están bien enterados de que éste era un caso sujeto de análisis de la Fiscalía”.

Dossier Político reanudó su publicación y se mantiene a la espera de que las autoridades castiguen a los responsables y de que el gobierno de Sonora dé una respuesta ante las demandas de este medio informativo. Hasta ahora, las evidencias señalan como único agresor al gobierno sonorense, a menos que éste ofrezca pruebas que lo deslinden de esas acusaciones.

Al cierre de esta edición, la Secretaría de Comunicación Social del gobierno de Sonora no respondió a la solicitud de entrevista de Contralínea con el gobernador Guillermo Padrés Elías.3 7 DE OCTUBRE DE 2012

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Casino Royale

COMPLICIDAD E IMPUNIDAD La magnitud del ataque al Casino Royale, con un saldo de 52 muertos, llevó al gobierno de Felipe Calderón a afirmar que existe en México el terrorismo vinculado a la delincuencia organizada. A más de un año de la tragedia, la justicia se muestra por lo menos deficiente: de los 26 presuntos delincuentes detenidos tras el ataque, sólo 13 han sido consignados. Mientras los niños que perdieron a sus padres están en el desamparo, los operadores de los negocios de apuestas siguen “trabajando” con nombres distintos Celso Cantú/Contralínea Nuevo León

M

onterrey, Nuevo León. La agresión cometida la tarde del 25 de agosto de 2011 en esta ciudad inició tras llegar al casino un convoy de cinco vehículos con hombres armados y una camioneta cargada con 10 bidones de 20 litros de gasolina cada uno.

Al Casino Royale, según los acusados, unos 13 jóvenes ingresaron portando armas largas, con las que aterrorizaron a unos 100 asistentes; luego empezaron a rociar el combustible sobre máquinas, alfombras y prendieron fuego. El incendio que provocaron causó la muerte de 42 mujeres, una de ellas embarazada, y 10 hombres.

Al día siguiente, el presidente Felipe Calderón decretó luto nacional y convocó a los líderes partidistas, coordinadores parlamentarios, al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (ministro Juan Silva Meza) y al líder del Consejo Coordinador Empresarial (Mario Sánchez).

Asimismo, a José Narro, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, y al presidente del Instituto Federal 32

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Electoral, Leonardo Valdés, para compartirles información del ataque y pedirles cerrar filas contra la delincuencia organizada.

Ante el hecho se suspendieron todo tipo de eventos en Nuevo León, algunos a destacar correspondieron al del Museo del Palacio de Gobierno, el cual anuló la fiesta por su quinto aniversario. El Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey (Marco), canceló el concierto estelar de la serie que organizó para celebrar sus 20 años.

Treinta horas después del ataque contra el casino Royale, iniciaron las controversias sobre cuál era el nombre del concesionario o el dueño del casino.

La autoridad estatal, encabezada por el gobernador Rodrigo Medina, pidió a la Secretaría de Gobernación que abriera los expedientes de los casinos para saber quiénes eran los verdaderos dueños.

Además anunciaba en conjunto con el municipio de Monterrey un plan de cinco puntos contra las casas de juego ilegales, advirtiendo que buscarían que ni un casino más fuera instalado en la entidad.

CONTRALÍNEA

Manrique

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Cortesía de la Familia Lomelí

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4Nora (a la izquierda), una de las 52 víctimas mortales del ataque contra el Casino Royale, ocurrido el 25 de agosto de 2011

hubiera presentado su renuncia o lo “hayan renunciado”, era evidente que existía una relación del exfuncionario [Solís] con la delincuencia organizada y había que tomar otras medidas.

Por otro lado, durante una conferencia de prensa en Monterrey, Nuevo León, el ya fallecido secretario de Gobernación,

Contralínea Nuevo León

Como parte del programa instrumentado por el gobierno de Medina, José Alfonso Solís, magistrado del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, fue el primer servidor público que perdió su cargo tras el ataque al Casino Royale.

El alcalde de San Pedro, Mauricio Fernández, insatisfecho, declaró que, aunque

4”La idea original del ataque era desalojar el lugar y posteriormente quemar el centro de apuestas”

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Francisco Blake, y el entonces alcalde de Monterrey, Fernando Larrazábal, aseguraban que únicamente en la capital existían 17 casinos instalados, que contaban con licencia de uso de suelo o de construcción, otorgadas por el municipio.

Sin embargo, otros 12 no cumplían con este requisito y debían ser clausurados de inmediato.

Estos casinos carecían de los permisos federales y municipales que requerían para su funcionamiento, además de permitir juegos aún prohibidos por la ley, como la ruleta, los naipes y los dados.

El 27 de agosto de 2011, dos días después de uno de los actos más violentos que se registraron en el país, la empresa CYMSA Corporation aceptó públicamente ser la operadora del Casino Royale.

Declaró que se deslindaban de su responsabilidad de hacerse cargo de los gastos de las 52 víctimas y los 10 lesionados que dejó como saldo el ataque al casino, resaltando que únicamente responderían por los empleados sobrevivientes y las familias de aquellos que fallecieron en los hechos.

Posterior a esto, el 28 de agosto de 2011, las autoridades iniciaron los protocolos para hacer frente a la problemática legal con la que operaban los casinos en el área metropolitana.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el apoyo de policías federales, elementos del Ejército y de la Policía Federal Ministerial, incautó cerca de 3 mil 500 máquinas de 11 casinos en Monterrey.

Cuatro días después del crimen en el casino, la cúpula empresarial de Nuevo León se reunió con el presidente Felipe Calderón en la ciudad con el fin de dialogar sobre la agenda de seguridad en el estado y los avances la investigación sobre este crimen.

Entre los asistentes estuvieron los empresarios Adrián Sada, presidente de Vitro; Armando Garza, presidente de Alfa; Eduardo Garza, presidente de Frisa; Enrique Zambrano, director de Proeza; Eugenio Garza, presidente y director de Xignux; Federico Toussaint, presidente de Lamosa, y Francisco Garza, vicepresidente de Cemex México.

CONTRALÍNEA

Una reunión similar a ésa únicamente se había registrado el 9 de septiembre de 2010, en Cintermex, luego del paso del huracán Alex.

El 29 de agosto de 2011, la Procuraduría de Justicia de Nuevo León presentó a los sospechosos, quienes, según las autoridades, ya habían confesado su participación en el atentado. Su captura, dijeron oficialmente, se logró gracias a las huellas dactilares y la revisión de videos que permitieron identificarlos.

En una entrevista para medios electrónicos en la Ciudad de México, el vocero estatal de Seguridad, Jorge Domene, aseguró que los detenidos afirmaron haber sido “regañados” por sus jefes tras confirmarse la muerte de 52 personas. Además, que confesaron que la idea original del ataque era desalojar el lugar y posteriormente quemar el centro de apuestas.

Gabriela Pérez/Cuartoscuro

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4”En 2011 tuvimos uno de los eventos más tristes para México: un cobarde atentado contra civiles inocentes en Monterrey, que derivó en el homicidio de 52 personas”

No más mentiras: deudos onterrey, Nuevo León. La nebulosa gris que se desprendió del incendio provocado por integrantes de la delincuencia organizada la tarde del jueves 25 de agosto de 2011 sigue presente en la memoria de Héctor Lomelí y en la de sus hijos, quienes de manera inesperada y sin saber por qué, perdieron a Nora Elia Ortegón, su esposa y madre, respectivamente.

“Hemos decidido seguir adelante; no podemos estar tristes porque es parte de lo que ella sembró, tanto en mí como en mis hijos, al enseñarnos a vivir y a gozar sin importar lo que pase alrededor. Ella es para nosotros un ejemplo de vida y de entrega”, dice Héctor.

“Ella siempre nos preparó increíblemente para ese día.

Hablaba de la muerte todos los días y decía que no te preocuparas por tal o cual cosa si a lo mejor mañana no estamos. Les decía claramente a

M

CONTRALÍNEA

nuestros hijos que iba a morir joven y Dios se lo concedió”, manifiesta el viudo, que ahora se encarga de la casa. El pasado 4 de agosto, apenas habrían celebrado sus 49 años.

Para él ha sido difícil aceptar que Nora ya no está físicamente. Recalca que no hay día en que deje de pensar en ella, debido a que pasó los mejores 30 años de su vida junto a “ese ser que siempre irradió felicidad. La sonrisa fue su mejor antídoto para vivir al máximo”.

Lomelí se refiere a ella: “Fue mi amiga, mi esposa y mi cómplice desde que la conocí hasta que se fue y estuvimos unidos prácticamente toda una vida, incluso le llegué a decir a sus padres que era más mía que de ellos”.

Ser padre y madre “Eso de ser papá y mamá es complicado: la rutina cambia”, asevera Héctor. “Ya no está la encargada de mante-

ner en orden la casa y distribuir esas dosis de alegría por cada habitación”.

Confiesa: “No sabía ir al súper, qué y cuánto comprar, no sabía qué pasaba. Ahora te preocupas por venir a trabajar e ir a la tintorería, supervisar si las hijas irán a comer a casa, entre otros aspectos como el de la convivencia diaria y los momentos en que sólo éramos ella y yo…

Cambió todo”.

Exige justicia: “no más mentiras” Hacer justicia ante sucesos delictivos y masivos como el ataque al Casino Royale no es cosa que les interese lo suficiente a las autoridades, puesto que no se han generado avances en el caso que aún mantiene con dudas a los familiares de las víctimas.

Héctor Lomelí resalta la inconformidad que siente con las mentiras que las autoridades han dicho. Señala la

ineficiencia de éstas para esclarecer las dudas respecto al porqué se dio tan lamentable hecho, en el que su esposa y 51 personas más dejaron de existir.

“La justicia es algo que el humano siempre necesita; justicia es cuando menos saber por qué pasó todo eso. Pero aquí hay mentiras, secretos, cosas que no se dicen. Que no me engañen, que no me quieran ver la cara porque aunque hayan atrapado a algunos autores materiales, sé que hay algo más”, indica.

—¿Siente coraje o enojo?

–se le cuestiona.

—Con quién me voy a enojar. ¿Con Dios? ¿Con el chavo que agarraron? No voy a ganar nada, sería como estar muerto en vida; pero si nosotros investigáramos ciertamente qué pasó, tendríamos una decepción del sistema de gobierno de este país –dice, molesto. (Arely Ramos/Contralínea Tamaulipas)3

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Contralínea Nuevo León

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4Al día siguiente de la tragedia, el presidente Felipe Calderón decretó luto nacional y convocó a cerrar filas contra la delincuencia organizada

De los primeros cinco detenidos, dijo Domene, dos condujeron los vehículos, uno realizó labores de halcón (vigilancia), y dos más rociaron la gasolina en el interior del sitio de apuestas.

Los capturados fueron Luis Carrazco, alias el Chihuas, de 25 años de edad; Javier Martínez, el Javo, de 37 años; Jonathan Gutiérrez, de 18; Juan Flores, el Casillas, de 20 años, y Julio Ramírez, el Julio Rayas, de 28 años.

En paralelo a esto, el gobernador Rodrigo Medina anunciaba también ya estar trabajando de manera conjunta con el gobierno federal en la búsqueda de los propietarios del casino, los hermanos Raúl y Jorge Alberto Rocha Cantú.

Ante estas declaraciones, el abogado del Casino Royale, Juan Gómez, declaró que los hermanos Rocha estarían dispuestos a colaborar con la investigación siempre y cuando existieran las condiciones óptimas para presentarse.

Para apoyar a las familias afectadas, Medina declaraba que el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia estatal había otorgado apoyos de gastos funerarios a 26 de las víctimas del atentado y asesoría legal a 270 trabajadores del casino.

Agregó que seguirían otorgando becas educativas, asesoría legal a empleados, atención médica y sicológica, y apoyos sociales para las familias afectadas.

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Corrían los días y ya se cumplía casi una semana del asesinato de las 52 personas en el Casino Royale. Entonces, un operativo militar apoyado por policías estatales y municipales cerró tres casinos que operaban sin licencias de desarrollo urbano.

Los casinos que cayeron bajo la presión de un gobierno queriendo mostrar que sí acatan la ley fueron el Yak de Plaza Cumbres, el Yak de Galerías Valle Oriente y el Winland, ubicado en la Avenida Garza Sada y Alfonso Reyes.

El 1 de septiembre de 2011 se cumplía una semana del ataque al casino y un policía de Seguridad Pública del estado era detenido por participar como halcón o espía del crimen organizado durante la masacre.

Durante una rueda de prensa en la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR) en Nuevo León, anunciaba que agentes de la Policía Federal arrestaron a Miguel Barraza, quien participó como chofer de una de las camionetas que arribaron al lugar y que además

contaba ya con nueve años en la corporación de Seguridad Pública.

Con esta captura ya eran seis los detenidos por participar en el ataque al casino, una de la matanzas que ocuerren contra la población civil en México.

Buscan más culpables El coordinador del Partido de Acción Nacional (PAN) en el Congreso local, Hernán Salinas, el 2 de septiembre de 2011, aseguró que hubo negligencia de Protección Civil del estado en la revisión del Casino Royale, por lo que la bancada del PAN en el Congreso de Nuevo León presentaría una denuncia ante el Ministerio Público.

El coordinador albiazul argumentaba en la demanda que dentro del inmueble había irregularidades en materia de protección civil, lo que había incrementado el número de víctimas en el lugar.

Por ello, Salinas manifestó que el principal responsable que debía presentarse a

El peritaje hecho por las autoridades federales concluyó que las 52 víctimas perecieron por la acción de los criminales. Con ello, se desechó la hipótesis de la negligencia empresarial y estatal CONTRALÍNEA

declarar era el actual titular de Protección Civil estatal, Jorge Camacho.

El 3 de septiembre de 2011, el atentado contra el Casino Royale ya era mencionado en el contexto de la entrega del Quinto informe de gobierno del presidente Felipe Calderón.

“Tuvimos uno de los momentos de mayor alegría como mexicanos, el Bicentenario, pero también, declaró el titular del Ejecutivo federal.

Cierre de casinos

efectuado el municipio de Monterrey, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano, tras la tragedia del Royale.

Para el 5 de septiembre de ese año, Raúl Rocha, accionista de la empresa CYMSA Corporation y operadora del Casino Royale Monterrey, hizo su primera declaración pública, a través de una carta enviada al diario Reforma.

En dicha carta expresó a la sociedad de Nuevo León, a las autoridades y los medios de comunicación que él también era víctima y manifestaba que había cumplido con todas sus obligaciones con las familias de los empleados que habían perdido la vida en el atentado.

Aseguró que el Casino Royale era un negocio lícito, legítimo y legalmente en regla, que contaba con todos los permisos y autorizaciones necesarias para operar y con las certificaciones de las autoridades de Protección Civil que aplicaban para el establecimiento.

Agregó que estaría dispuesto a rendir su declaración cuando las autoridades le garantizaran que su vida no corría peligro.

Tras este acontecimiento, en donde Raúl Rocha prácticamente dijo temer por su vida, el asesor de éste, Juan Iván Peña,

4El peritaje se concluyó 103 días después del atentado

Contralínea Nuevo León

Inspectores del SAT, en colaboración con militares y fuerzas federales, rodearon el casino Abu Dhabi, cuyo establecimiento abrió sólo con un permiso de construcción otorgado en diciembre de 2010 por la administración del alcalde Benito Caballero, en Apodaca.

El segundo negocio clausurado fue el casino Hollywood Entertainment. Éstehabía iniciado sus operaciones a principios de 2010, luego de que el exalcalde de Monterrey, Adalberto Madero, autorizara su construcción antes de terminar su periodo.

El cierre de estos dos establecimientos se sumaba ya al de otros cuatro que había

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4El Casino Royale es un negocio lícito, legítimo y legalmente en regla, cuenta con todos los permisos y autorizaciones: Raúl Rocha, accionista

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denunció ataques y hostigamientos hacia su persona antes y después del atentado a la casa de juegos del 25 de agosto.

En su declaración, el asesor aseguró que antes de la agresión al Royale, su casa en Morelia, Michoacán, fue saqueada con el propósito de robar información confidencial relacionada con la casa de apuestas.

Posteriormente, Juan Iván Peña fue detenido por agentes michoacanos, acusado del delito de violación, y luego de su detención, el dueño del Casino Royale, Raúl Rocha, señaló que el detenido no era representante legal de él ni de sus empresas.

A dos semanas de la masacre de las 52 personas, el 7 de septiembre la Procuraduría General de la República anunciaba la identificación de otros 18 supuestos implicados en el ataque.

Entre los sospechosos estaban el Comandante Quemado, señalado como el líder del grupo criminal en Nuevo León; y el Mataperros, supuesto líder de la “plaza” de Monterrey. Del resto de los implicados no se contaba con su identidad, solamente con algunos alias, según declaró en conferencia de prensa Cuitláhuac Salinas, titular de la Subprocuraduría de Control Regional de la PGR. Con los 18 nuevos implicados suma7 DE OCTUBRE DE 2012

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ban ya 24 los atacantes identificados en torno a la masacre del 25 de agosto.

Días después, Salinas dio a conocer parte de la declaración que rindió el empresario Rocha ante la PGR. Supuestamente, éste revelaría que su casa de apuestas había enfrentado dos intentos de extorsión durante 2011, sin especificar si lo hacia el crimen organizado, las autoridades o servidores públicos.

El 15 de septiembre de 2011, a 20 días del ataque, la PGR identificó a cuatro de los 18 sospechosos que participaron en el ataque. Respecto de éstos, la PGR ofreció una recompensa de hasta 15 millones de pesos a quien aportara información que ayudara a su captura.

Entre los identificados con nombre y fotografía por Cuitláhuac Salinas, subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo y actual

chosos identificados y buscados, nueve habían sido capturados.

Una semana después, la PGR anunció la captura en Jalisco de Roberto López, elToruño, y José Loera, el Voltaje, señalados por las autoridades como dos de los cuatro cabecillas que cometieron la masacre en el Casino Royale.

Seguido de esto, el 14 de octubre se detuvo a Carlos Oliva, la Rana, identificado como el emisor de la orden del ataque aquel 25 de agosto, de acuerdo con las últimas investigaciones de la Procuraduría General de la República.

Así, a 61 días del incendio, la investigación no encontraba responsabilidades de servidores públicos (más allá de los policías municipales implicados), las 52 familias esperaban justicia y el resultado del peritaje aún no llegaba.

La detención de 15 presuntos implica-

A más de un año de la tragedia, negocios relacionados con el Casino Royale únicamente cambiaron el nombre de su operador y continúan activos, revelan documentos de la PGR y de la Secretaría de Gobernación

subprocurador de Investigación en Delincuencia Organizada, estaba Alberto Loera, el Voltaje, quien había sido policía de Nuevo León en 2010; los otros: Francisco Medina, el Quemado; Baltazar Sauceda, el Mataperros, y Roberto López Castro, el Toruño, expolicía municipal de Saltillo, Coahuila.

Además, el gobierno estatal informó que un trabajador del municipio de Monterrey había participado en el ataque al Casino Royale, rociando gasolina en el interior del negocio, de nombre José Rodríguez. El Tejón, como se le conoce, fue detenido junto con Jonathan Pérez, el Tita, y Tomás Barbosa, el Tomy. El primero se desempeñaba como chofer y el otro como halcón, según Jorge Domene, vocero de Seguridad.

Al 21 de septiembre de 2011, casi un mes después del atentado, de los 24 sospe38

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dos y las conclusiones de una “verdad” sin ninguna trascendencia judicial, eran los avances más significativos de la investigación respecto a uno de los casos más violentos en contra de la sociedad civil en México.

Luego de protagonizar una mala coordinación con el gobierno del estado en torno al peritaje del Casino Royale, el subprocurador de la PGR, Cuitláhuac Salinas Martínez, fue ascendido como titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO).

Sin embargo, la PGR decidió que el funcionario seguiría al frente de la investigación del Royale, por ser uno de los colaboradores de más confianza de la procuradora Marisela Morales.

En ese contexto y ante la constante

apertura de casinos en el estado, el municipio de San Pedro presentaría ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una controversia constitucional contra la Secretaría de Gobernación, con el fin de evitar que operaran negocios cuyo giro no estaba contemplado en el Reglamento y Plan Municipal de Desarrollo Urbano, como el caso de los casinos. Dicha controversia se presentó en un momento en el que todavía no se sabía quién sustituiría al recién fallecido secretario de Gobernación Francisco Blake.

A 103 días de ocurrida la tragedia del casino, y después de múltiples retrasos, Cuitláhuac Salinas, ahora ya como titular de la SIEDO, y Adrián de la Garza, procurador de Justicia estatal, presentaron por fin el peritaje en materia de seguridad industrial y protección civil del casino.

Pese a versiones contrarias de sobrevivientes y personal de auxilio que intervino ese día, según la investigación, la tragedia fue causada exclusivamente por los integrantes del crimen organizado que irrumpieron armados. Con ello se desechaba la idea de una eventual negligencia por parte del casino y de las autoridades.

Desesperados, a cinco meses de la tragedia y ante la falta de resultados, los propios familiares de las víctimas mortales hicieron un llamado a clientes y trabajadores que estuvieron en el lugar al momento de la tragedia, para que apoyaran en una reconstrucción de hechos.

Edmundo Jiménez, quien perdió a su esposa Rosa María Ramírez en el atentado, detallaba que la Procuraduría estatal había autorizado darles acceso al inmueble para realizar una inspección; sin embargo, ésta no tendría ninguna trascendencia.

Para el 5 de enero de 2012, la PGR anunció la detención de Baltazar Saucedo Estrada, el Mataperros, señalado por la dependencia como uno de los líderes del narcotráfico que ordenaron el ataque al Casino Royale.

Después de la captura, fue hasta el 12 de febrero cuando la PGR emitió un comunicado diciendo que el Mataperros se encontraba internado desde el 9 de enero en el Penal Federal de Máxima Seguridad del Altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez, en el Estado de México.

Hasta entonces, los sobrevivientes y CONTRALÍNEA

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4Para los deudos, los apoyos del gobierno estatal se han limitado a becas de estudios para los menores huérfanos y la entrega de despensas

familiares de los fallecidos continuaban en espera de la ayuda prometida por las autoridades estatales y federales. Un ejemplo es el caso de Francisco Flores, de 60 años, y María Navarro, de 56, quienes pasaron de abuelos a padres cuando su hija Carmen Adriana murió en el atentado.

La pareja sobrellevaba los gastos de Abel Francisco, de 12 años, y Adriana Alondra, de 10, con sus propias pensiones, como la del Instituto Mexicano del Seguro Social, pero ninguna otorgada como ayuda a víctimas.

Meses después, respecto de los presuntos implicados, se anunciaba la muerte de Francisco Medina, el Quemado, señalado como uno de los autores intelectuales del incendio. De acuerdo con CONTRALÍNEA

informes militares, el Quemado y tres de sus escoltas murieron tras un enfrentamiento con soldados en la carretera Nuevo Laredo-Piedras Negras.

El 25 de abril de 2012, al cumplirse ocho meses del ataque, los familiares de las víctimas recibieron respuesta al compromiso, por escrito, de ayuda de parte de la Procuraduría Social de Atención a Víctimas del Delito. Las víctimas se entrevistarían con la procuradora Sara Irene Herrerías con el objetivo de que las promesas de apoyo que hicieron el presidente Felipe Calderón y su esposa, Margarita Zavala, por fin se cumplieran.

A más de un año de la tragedia, los familiares de las 52 víctimas del atentado contra el Casino Royale renovaron las cruces que recuerdan a los muertos. Aún

continúan con la demanda de justicia.

Hasta hoy, los apoyos por parte del gobierno estatal se han limitado a becas de estudios para los menores huérfanos y la entrega de despensas.

Sin un apoyo total para las víctimas y a más de 25 meses del crimen, la justicia aún no llega para 52 familias afectadas. De los 26 presuntos delincuentes detenidos, sólo 13 han sido consignados y el Ministerio Público continúa un proceso en el que hay más de 400 pruebas por revisar.

No obstante, los negocios relacionados con el Casino Royale únicamente cambiaron el nombre de su operador para continuar activos, revelan documentos de la PGR y la Secretaría de Gobernación.3 7 DE OCTUBRE DE 2012

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León Braojos

EDUCACIÓN !

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Una simulación LA OBLIGATORIEDAD DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

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A casi ocho meses de la entrada en vigor de la reforma constitucional que obliga al Estado a garantizar la educación media superior, las autoridades educativas no cuentan con un proyecto para hacerla realidad. Ni siquiera han realizado las adecuaciones legales correspondientes; además siguen aplicando mecanismos de ingreso ilegales y discriminatorios, como los exámenes del Ceneval, aseguran especialistas Flor Goche

H

Rodolfo Angulo/Cuartoscuro

No obstante, la impresión que deja ciente a partir del ciclo escolar 2012-2013 an pasado ya casi ocho meses de la entrada en la conversación con las autoridades de la y hasta lograr la cobertura total en sus vigor la reforma al Artícu- Secretaría de Educación Pública (SEP) y diversas modalidades en el país a más tarlo 3 de la Constitución de la Subsecretaría de Educación Media dar en el ciclo escolar 2021-2022”; que Política de los Estados Superior “es que no previeron, no antic- “en los presupuestos federal, de las entiUnidos Mexicanos, que iparon, no han discutido con las institu- dades federativas y de los municipios se establece la obligatoriedad del Estado de ciones como la UNAM [Universidad incluirán los recurso necesarios”; y que “se garantizar la educación media superior. Nacional Autónoma de México] o el establecerán los mecanismos para impulEl tiempo transcurrido no ha servido, sin Politécnico [Instituto Politécnico Na- sar la implementación de presupuestos embargo, para consolidar el mandato cional] qué en concreto va a significar plurianuales que aseguren a largo plazo los recursos económicos crecientes para constitucional. El ahínco que a princi- esta reforma”.

Se advierte, asimismo, que ni siquiera infraestructura. pios de 2012 acompañó el anuncio de la “Lo único que nos han dicho es que reforma, con el paso del tiempo, se es- cuentan con un proyecto respecto de cómo hacer realidad la obligatoriedad de la el Conaedu [Consejo Nacional de Autofumó.

Y es que, a la fecha, ni siquiera se han enseñanza de nivel medio superior, más ridades Educativas], que es una especie realizado las adecuaciones correspon- allá de lo que establece el propio decreto de asamblea de todos los secretarios de dientes a la Ley General de Educación y de reforma en sus artículos 2 y 3 transi- educación de los estados, tiene un grupo a otras normatividades, tal como lo mar- torios: que “será de manera gradual y cre- de trabajo que está tratando de ver cuáles ca el Decreto por el que se Declara Reformado el Párrafo Primero; el Inciso C de la Fracción II y la Fracción V del Artículo Tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado el 9 de febrero de 2012 en el Diario Oficial de la Federación.

De acuerdo con el artículo cuarto transitorio de esta disposición, “dentro de los 180 días siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, el Congreso de la Unión y las legislaturas de los estados deberán adecuar en el ámbito de sus respectivas competencias, la Ley General de Educación y demás disposiciones legales aplicables en la materia”.

Hugo Aboites Aguilar, doctor en educación por la Universidad de Harvard y acompañante del Movimiento de Aspirantes Excluidos de la Educación Superior (Maes), refiere que durante los encuentros que recientemente han sostenido con diversos funcionarios del ramo educativo, han logrado incorporar 4”Las autoridades ni siquiera cuentan con un proyecto respecto de cómo hacer realidad la obligatoriedad de la enseñanza de nivel medio superior” el tema a la agenda de discusión.

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Victoria Valtierra/Cuartoscuro

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4”México necesita un plan muy claro, a 10 años, para garantizar la universalización de la educación media superior y la atención consecuente al crecimiento que vamos a tener de demanda en materia de educación superior”

CONTRALÍNEA

tros derechos básicos se vuelven aspiracionales”, la Suprema Corte de Justicia de la Nación “ha empezado a dar señales muy claras de que la norma máxima, la Constitución, no es aspiracional; que los derechos que están contenidos en ella deben ser de cumplimiento obligatorio”.

Consultada al respecto, Yoloxóchitl Bustamante Díez –directora General del Instituto Politécnico Nacional–, dice que “quizá el único cambio drástico” que esta David Cilia

son las implicaciones de la reforma”, agrega el también catedrático de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

La ausencia de un plan de trabajo concreto y coordinado entre las autoridades educativas del país en torno a esta reforma es evidente. Al respecto, José Narro Robles, rector de la UNAM, declara a Contralínea que “a lo largo de estos próximos años, meses, días, vamos a estar insistiendo reiteradamente en la necesidad de que el país cuente con un plan muy claro, a 10 años, para garantizar la universalización de la educación media superior y la atención consecuente al crecimiento que vamos a tener de demanda en materia de educación superior”.

Por lo pronto, la máxima casa de estudios del país da cabida a más 100 mil estudiantes de bachillerato. Anualmente recibe a unos 35 mil alumnos de este nivel y egresa a casi 26 mil bachilleres.

Los temas que tendrán que incluirse en el proyecto que garantice el cumplimiento de la más reciente reforma al Artículo 3 de la Constitución son, a decir del rector universitario, la calidad educativa, la infraestructura y, lo más importante, la planta docente. Y es que “se puede construir rápidamente, en unos cuantos meses, un edificio, [pero] no se puede formar en unos cuantos meses a un profesor”.

Narro Robles apunta que aunque “la sociedad se ha acostumbrado a que nues-

institución ha realizado “para apoyar la definición de la universalización de la educación media superior” es la eliminación de la cuota que antes se cobraba en el bachillerato a distancia; ahora sólo existe la figura de un donativo que “ellos [los estudiantes] pueden dar cuando se inscriben”.

Respecto de las medidas que se planean a futuro, Bustamante Díez explica que se acaba de poner la primera piedra para la construcción de una unidad de nivel medio superior en Hidalgo y que próximamente se hará algo similar en León, Guanajuato. También, que el pasado 4 de septiembre esta casa de estudios firmó un convenio con el gobierno de Guerrero, el cual está interesado en contar con la presencia del IPN. “Quizá una de las unidades que pudiéramos construir fuese otra de nivel medio superior en Guerrero”.

Para el doctor en derecho Rodrigo Gutiérrez Rivas, la reforma educativa vigente desde el 9 de febrero pasado es “afortunada” pero tardía, considerando que se prevé alcanzar la cobertura total hasta 2022.

El también integrante del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM

4Investigador Aboites Aguilar: cualquier mecanismo de selección a la educación media superior es de facto ilegal

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4En una queja dirigida a la CNDH en 1999, una particular advertía la existencia de un “sesgo de género” en los exámenes de selección

explica que México atraviesa por un momento coyuntural en el que la población en edad de trabajar es mayor que la dependiente, mismo que los estudiosos de las poblaciones humanas denominan bono demográfico.

Por eso, “hoy deberíamos tener la posibilidad de dar acceso a la educación a todas esas personas, no en el año 2022 cuando ya va a empezar a disminuir ese boom generacional. Vamos a tener educación media superior garantizada para todas las personas cuando ya se pasó el momento histórico para ofrecer a los jóvenes todo ese arsenal educativo fundamental para que el país crezca, se desarrolle”.

Anticonstitucionales, cobros en el bachillerato Con la reforma que eleva a rango constitucional la obligatoriedad de la educación media superior “queda explícitamente 44

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establecido” que ésta debe impartirse de manera gratuita, apunta Rodrigo Gutiérrez Rivas.

Desde febrero pasado, en el primer párrafo del Artículo 3 de la Constitución se lee: “todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado federación, estados, Distrito Federal y municipios, impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias”. Más adelante, la fracción IV, señala: “toda la educación que el Estado imparta será gratuita”.

A pesar de la claridad de la norma jurídica fundamental, el grueso de las instituciones educativas de nivel medio superior, de carácter público, siguen cobrando cuotas como una contraprestación del servicio, algunas de ellas cuentan incluso con reglamentos de pago, asegura Aboites Aguilar.

El investigador del Departamento de Educación y Comunicación de la UAM, campus Xochimilco, refiere lo que las autoridades educativas manifestaron al respecto durante el encuentro que sostuvieron con miembros del Maes el pasado 21 de agosto.

En aquella ocasión, Elena Verdugo Quiñones, coordinadora de asesores de la Subsecretaría de Educación Media Superior, de la SEP, aseguró que actualmente no se realizan cobros de manera coercitiva y que, en caso de existir aportaciones, éstas deben ser voluntarias y acordadas previamente con las familias y los estudiantes, y no requisito para la prestación del servicio educativo.

Ilegales, exámenes de selección A partir de 1996, nueve instituciones que ofrecen programas de educación media superior pública en el Distrito Federal y en 22 municipios del Estado de México deCONTRALÍNEA

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Pliego petitorio del Maes a propósito de la obligatoriedad del bachillerato Isaac Esquivel/Cuartoscuro

legan la responsabilidad de su ingreso estudiantil a la Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media Superior. Ésta, a su vez, encomienda al Centro Nacional de Evaluación (Ceneval) la elaboración del mecanismo de selección de los aspirantes al bachillerato: un examen estandarizado que consta de 128 preguntas de opción múltiple.

Así, año con año, en un concurso que dura hasta cuatro horas (tiempo límite para responder a las preguntas), miles de personas, en su mayoría adolescentes y jóvenes, se juegan su futuro académico.

El examen del Ceneval y en general el procedimiento de selección a cargo de la Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media Superior atentan contra la letra y el espíritu de la Carta Magna, aseguran especialistas e integrantes del Maes en el documento Derecho a la educación en el nivel medio superior.

Algunas de sus implicaciones.

En sus ocho cuartillas, con fecha de julio de 2012, Hugo Aboites, Rodrigo Gutiérrez y Manuel Ulloa Herrero (investigador del Centro de Estudios en Economía de la Educación) señalan que no pueden establecerse criterios adicionales a los que marca la Constitución, mucho menos si éstos contravienen su mandato.

Y es que, mientras el Artículo 3 constitucional, reformado el 9 de febrero pasado, contempla como únicos requisitos de ingreso al nivel medio superior tener la edad típica y haber concluido la educación básica, la Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media Superior condiciona el ingreso al examen que cuesta 300 pesos. Además, establece que el criterio de asignación de lugares es dar prioridad a los aspirantes que obtienen un mayor número de aciertos y dejar fuera a los que tienen menos de 30 o a quienes no entreguen su certificado de secundaria en el tiempo estipulado.

A la luz del Artículo 1 constitucional, que brinda un marco de igualdad al plantear que “todas las personas gozarán de los derechos humanos”, como lo es el derecho a la educación, Aboites, Gutiérrez y Ulloa redundan en la ilegalidad del proceso de selección a la educación media superior para la zona metropolitana, que se replica también en otras entidades del país.

Q

ue la Secretaría de Educación Pública y las instituciones mexicanas propongan de inmediato una ruta que describa los pasos para lograr que a partir de 2013 opere un mecanismo de ingreso a la educación media superior respetuoso del derecho humano a la educación y a la Constitución. Ésta debe contemplar la realización de foros públicos en donde pueden escucharse las diversas opiniones sobre las características que tendría el nuevo procedimiento.

Considerando que el procedimiento actual de ingreso al bachillerato atenta contra el derecho a la educación, que se adopten medidas paliativas e inmediatas que reparen los efectos de tal violación, como: Establecer la gratuidad total del procedimiento y la cancelación de las colegiaturas y otros gastos en los planteles de este nivel educativo.

Garantizar que todos los demandantes registrados que cumplan con los dos requisitos constitucionales (que tengan la edad típica y que hayan concluido la educación básica) tengan un lugar en la educación media superior.

Establecer asesorías y cursos de apoyo propedéutico en las escuelas técnicas y en los planteles de otros sistemas que lo requieran, y restaurar materias como filosofía que fueron eliminadas con la reforma integral de la educación media superior con el fin de que los estudiantes puedan acceder a la educación de amplios horizontes que plantea la Constitución.

Reparar las desigualdades en el ingreso en perjuicio de ciertos grupos sociales.

Se propone correr los techos de admisión de las personas de estos grupos hasta que se igualen las tasas de acceso.

Concretar el compromiso de que este año se aumentará la matrícula en el bachillerato, particularmente en las instituciones más demandadas.3 7 DE OCTUBRE DE 2012

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Enrique Ordóñez/Cuartoscuro

Así en el documento, respaldado por el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria y Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos, manifiestan que cualquier requisito o práctica encaminada a establecer diferencias, preferencias o prioridades que sirvan para excluir a las personas a partir, por ejemplo, de sus posibilidades económicas o de su desempeño en exámenes de selección “cuyo objetivo es precisamente diferenciar entre los demandantes”, deben desaparecer.

Hugo Aboites refiere que este punto se abordó también durante las reuniones entre el Maes y las autoridades educativas.

Entonces, los representantes de la Subsecretaría de Educación Media Superior se comprometieron de palabra –no quisieron firmar una minuta– a revisar la pertinencia de seguir aplicando este tipo de exámenes estandarizados.

No obstante, en el mismo encuentro, los funcionarios de la SEP y la Subsecretaría de Educación Media Superior negaron que estas pruebas atenten contra la Constitución, pues, según ellos, se trata de

4La obligatoriedad es de parte del Estado.

Nosotros no podemos recibir a todos: Bustamante Díez, directora del IPN 46

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4Discriminatorios, los exámenes estandarizados del Ceneval para ingresar a las instituciones públicas de

meros mecanismos de ubicación. A partir de su experiencia en el tema, Aboites Aguilar replica que el objetivo de exámenes como los del Ceneval es precisamente “seleccionar a unos poquitos y excluir a una gran mayoría”.

—¿A raíz de la reforma de principios de año al Artículo 3 de la Constitución Política del país, han pensado en modificar los mecanismos de ingreso al IPN? –se le pregunta a Bustamante Díez, directora General del Instituto.

—El Politécnico está, en todas sus actividades, coordinado por lo que es nuestra ley orgánica; y esta ley dice que para el ingreso a cualquiera de nuestros procesos tiene que pasarse por un examen de ad-misión. Y en ese examen de admisión, el número de alumnos que son aceptados depende de la capacidad que tenemos en cada una de las escuelas y las carreras.

El proceso se hace a través de la Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media Superior; no lo

hacemos directamente.

—¿La obligatoriedad de la educación media superior, plasmada en la Constitución, obliga al Politécnico a aceptar a todos los alumnos que le soliciten un espacio a nivel bachillerato?

—No, de ninguna manera. Es decir, la obligatoriedad está por parte del Estado en cuanto a ofrecer la formación, pero nosotros no podemos recibir a todos ¿En dónde los recibimos? Cada institución tiene limitaciones marcadas por la capacidad física de su infraestructura. Entonces nosotros recibimos a los que caben en nuestras escuelas –responde la directora del Instituto Politécnico Nacional.

Discriminatorio, examen de ingreso Otra vertiente de ilegalidad de los exámenes estandarizados del Ceneval es la discriminación. De acuerdo con el libro La medida de una nación. Los primeros años de la evaluación en México. Historia de poder, CONTRALÍNEA

educ

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“El derecho a la no discriminación es fundamental y está plasmado en la Constitución y en instrumentos internacionales signados por el Estado mexicano” criminatorio de las mujeres, y que violenta el derecho humano elemental que éstas tienen a un trato no discriminatorio”.

Como consta en el oficio 00030383, fechado el 9 de septiembre de 1999, la respuesta de la CNDH a la segunda de estas quejas fue que “no se actualizan violaciones a derechos humanos cometidas por parte de la Secretaría de Educación Pública, en agravio de las jóvenes mujeres que participan en los exámenes que el Ceneval aplica para su ingreso a la educación media superior y superior, ya que tanto en la elaboración como en la aplicación de éstos intervienen calificados representantes de las instituciones públicas de educación en el país aportando los criterios para determinar cuáles aspirantes son aceptados, vigilando y auditando el procedimiento de inicio al fin, lo que garantiza la transparencia y honestidad del Ceneval y sus exámenes”.

No obstante, datos de la UNAM, que es la institución con más demanda, ponen en duda tal fallo. Por ejemplo, en 1997 sólo en tres de los 14 planteles de bachille-

resistencia y alternativa (1982-2012), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha desestimado el hecho, a pesar de conocerlo desde el 8 de marzo de 1999.

Entonces, un grupo de jóvenes –respaldado por los escritores Elena Poniatowska y Carlos Monsiváis, ya fallecido– presentó una queja ante la CNDH en la que asegura que “constituía una violación a los derechos humanos la discriminación que venía ocurriendo en los exámenes estandarizados, como el examen único en contra de las mujeres, los más pobres y los que provienen de escuelas públicas con menos recursos”.

Un mes después, un particular ingresó una queja similar al organismo autónomo.

Argüía la existencia de un “sesgo de género” en estos exámenes. “Lo anterior con base en que las autoridades federales están utilizando un instrumento de evaluación de un tipo que ha sido reconocido y comprobado como sistemáticamente disCONTRALÍNEA

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as de educación superior

rato con que cuenta esa casa de estudios (nueve preparatorias y cinco Colegios de Ciencias y Humanidades) fueron admitidas más mujeres que hombres. La tendencia se mantuvo para 2000: 32.7 de cada 100 aspirantes hombres lograron ingresar al bachillerato universitario y tan sólo 29.9 de cada 100 aspirantes mujeres.

Esta situación se extiende a otros sectores de la población: a los egresados de escuelas públicas, a los hijos de familias populares, a los aspirantes de las zonas periféricas y a los indígenas, apunta Hugo Aboites, autor del libro Viento del Norte: TLC y privatización de la educación superior en México.

Rodrigo Guitérrez, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, explica que el derecho a la no discriminación es un derecho fundamental plasmado no sólo en la Constitución Política de México, sino en diversos instrumentos internacionales signados y ratificados por el Estado mexicano. Así, cualquier acto discriminatorio producido en un Estado constitucional es ilegal y, por tan-

4”El examen único discrimina a las mujeres, a los más pobres y a los que provienen de escuelas públicas con menos recursos”

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tanto, gozar plenamente de este derecho.

—¿En términos de la actual redacción del Artículo 3 constitucional, se puede afirmar que la aplicación de cualquier tipo de exámenes de ingreso al bachillerato es ilegal? –se le pregunta.

—En tanto la autoridad no nos demuestre de una manera más razonada, justificada, que explique con claridad cuáles son las razones que están detrás de un examen, ese examen es ilegal.

Para Aboites Aguilar, cualquier mecanismo de selección a la educación media superior es de facto ilegal, más aún a la luz de la reforma del 9 de febrero al Artículo 3 constitucional, que establece claramente los criterios de ingreso a este nivel: tener la edad típica y haber concluido la educación básica.

El especialista en educación plantea, asimismo, que los exámenes del Ceneval

son “irredimibles”. Sustenta su afirmación en una serie de estudios elaborados en Estados Unidos, en donde este tipo de pruebas se aplican desde la década de 1960. A pesar de que la Educational Testing Service (el Ceneval estadunidense) ha reformado en diversas ocasiones sus exámenes estandarizados con el objetivo de eliminar la discriminación de género y clase social, ha fracasado.

—¿Si estos exámenes desaparecieran, se corre el riesgo de demeritar la calidad de la educación?

—No. Estos exámenes no se hacen para medir el nivel de calidad de conocimientos. Se trata de preguntas deliberadas, cuyo propósito es que unos pocos obtengan un alto número de aciertos y una gran mayoría un bajo número de aciertos.

El profesor universitario se pronuncia

David Cilia

to, debe ser “corregido y expulsado”.

Con base en la observación general número 20 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, refiere que el examen del Ceneval conlleva un tipo de discriminación considerada indirecta y que es más difícil de identificar. Consiste en que aunque no existe una disposición explícita de que las personas de escasos recursos, las mujeres o los indígenas no pueden ingresar a la educación media superior, en los hechos el propio diseño del examen les limita el acceso.

Lo mismo sucede, por ejemplo, con las personas discapacitadas que desean acceder a la educación media superior y superior. No hay disposiciones legales que se los impidan, pero tampoco hay rampas en las calles o en las escuelas que les permitan moverse con facilidad y, por

4Instituciones con espacios disponibles, opción para los 29 mil 973 jóvenes que no alcanzaron el número de aciertos necesarios o que no obtuvieron un promedio mínimo de siete en secundaria

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Moisés Pablo/Cuartoscuro

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Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media Superior, aseguró que quienes sumaron menos de 30 aciertos tendrían un lugar en el sistema abierto, y que las 29 mil 973 personas que no alcanzaron el número de aciertos necesarios para la opción de su elección o que no obtuvieron un promedio mínimo de siete en secundaria y solicitaron ingresar a la UNAM o el IPN podrían elegir entre alguna de las instituciones con espacios disponibles.

Aboites Aguilar considera que las alternativas que plantea la Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media Superior representan una forma de cumplir de manera “aparente”, “burocrática” con el derecho a la educación.

En lo que se refiere al sistema abierto o a distancia, el catedrático de la UAM apunta que estas modalidades no son las adecuadas para jóvenes de 14 a 18 años de edad, quienes además de conocimientos requieren dprocesos de socialización y convivencia grupal para formarse como personas. Además, porque “es muy complicado para esos jóvenes asumir individualmente la responsabilidad de su formación, porque eso requiere la edu-

4Para quienes sumaron menos de 30 acier-

por una admisión libre, es decir, sin examen, como ocurre actualmente en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. En caso de existir una evaluación, considera que debe basarse en la trayectoria de las personas y contemplar, por ejemplo, el promedio de la secundaria. Éste, a diferencia del examen del Ceneval que dura cuatro horas, es fruto de tres años de exámenes, maquetas, investigaciones, trabajos de campo, desde unas 30 perspectivas distintas.

Más de 40 mil excluidos Durante el reciente proceso de selección de los aspirantes al bachillerato, que se celebró cuatro meses después de la última reforma al Artículo 3 de la Constitución, 42 mil 710 personas (el 13.9 por ciento), de un total de 307 mil 23 que demandaron un lugar en la educación media superior que se imparte en la zona metropolitana, no fueron asignadas a alguna opción académica.

La justificación de la Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media Superior es que estas personas no cumplieron con los requisitos: 12 mil 796 no acudieron al examen, 24 mil 449 no presentaron certificado de secundaria y 5 mil 462 no obtuvieron como mínimo 31 aciertos.

Javier Olmedo Badía, vocero de la CONTRALÍNEA

Moysés Zúñiga/Cuartoscuro

tos en el examen único, el sistema abierto

cación a distancia: forzarse a leer y trabajar en soledad, sin el apoyo de un colectivo de profesores, de una institución, de un grupo de estudiantes”.

Respecto de las personas a las que se les asignarían los espacios disponibles (que son generalmente los de la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial o del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica), apunta que no basta con ofrecer una banca a cada uno de los aspirantes; se trata de garantizar que éstos reciban un tipo específico de educación acorde con lo que establece la Constitución. Se trata de un “proceso de formación integral de amplios horizontes: democrático, científico, nacional, orientado a la mejor convivencia humana, el interés general y la igualdad”, mismo que no brindan las escuelas técnicas.

Para la realización de este trabajo se solicitó entrevista con Ángel Martínez Espinosa, subsecretario de Educación Media Superior. La gestión se realizó con dos semanas de anticipación a través de Oyuki Sánchez, del área de Comunicación de la Subsecretaría de Educación Media Superior. Finalmente, la funcionaria informó de la negativa a la petición por cuestiones de agenda.3

4En 2012, 42 mil 710 jóvenes que demandaron un lugar en escuelas públicas de educación media superior de la zona metropolitana fueron rechazados

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LÍNEA GLOBAL !

BARCOS DE LA UNIÓN EUROPEA

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arrasan mares de Mauricio

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Un acuerdo entre la Unión Europea y el gobierno de las Islas Mauricio permite que barcos modernos arrasen con todo tipo de peces en la zona económica exclusiva del pequeño país, ubicado en el Océano Índico. Pescadores locales, imposibilitados de competir con los europeos, reducen su pesca hasta en un 70 por ciento. Señalan que una vez que hayan acabado con las especies y dejen un desastre ecológico, los barcos europeos buscarán otro país de la región para repetir el “saqueo” Nasseem Ackbarally/IPS

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IPS

ort Louis, Mauricio. “Mire allá, el azul, ése es un pesquero de la Unión Europea que amenaza nuestro sustento”, dice Lallmamode Mohamedally, pescador de Mauricio, mientras señala un barco que descargaba su captura en el puerto Les Salines, cerca de esta capital.

Mohamedally es uno de los pescadores que regresó tras un arduo día de trabajo con la barca casi vacía. La contaminación y la actividad turística redujeron en los últimos años la captura para ellos.

Pero los pescadores locales sostienen que el acuerdo suscrito en febrero entre la Unión Europea y este país insular del Océano Índico empeoró la situación. El tratado permite que, por tres años, los pesqueros europeos se lleven 5 mil 500 toneladas de peces anuales a un costo de 740 mil dólares.

Los 3 mil 500 pescadores locales, que ahora compiten con pesqueros industriales modernos, denuncian que su captura disminuyó entre 50 y 60 por ciento, pero no hay cifras oficiales que lo confirmen.

Los pescadores de Les Salines creen que los 86 barcos de las empresas de la Unión Europea que están en la zona les roban el sustento.

“Esos grandes barcos recorren el mar alrededor de Mauricio y se llevan los peces”, se lamenta Mohamedally.

La mayoría de los pescadores quieren que se vayan los barcos de la Unión Europea.

Pero Mohamedally dice que no le importaría que operaran en aguas de Mauricio “si pescaran como los demás, como los taiwaneses y los japoneses”.

“Sólo barcos palangreros, por favor, no los de redes de arrastre. Esos barcos capturan todo tipo de peces, pequeños y grandes por igual”, explica.

La pesca con palangre es una técnica comercial que usa cien- 4“Esos grandes barcos recorren el mar alrededor de Mauricio y se llevan los peces”, lamenta el pescador local Mohamedally tos o a veces miles de anzuelos cebados que cuelgan de un solo cordel. Es considerada la pesca más selectiva, pues la especie que se captura depende del tipo de gancho y de carnada que se elija. Si los pescadores locales tuvieran la capacidad de adentrarse Este aparejo se usa para pez espada, atún, fletán y bacalao negro. tanto en el mar podrían ganar unos 18 millones de dólares por Las autoridades de Mauricio consideran que ésa es la única las 5 mil 500 toneladas que la Unión Europea extrae”.

Pero el ministro de Pesca, Nicolas Von-Mally, sostiene que forma de explotar su vasta zona económica exclusiva (ZEE) de Mauricio necesita ayuda para explotar la ZEE. 2.3 millones de kilómetros cuadrados.

“No tenemos barcos pesqueros. Si dependemos de la pesca Las compañías pesqueras locales son pequeñas y no tienen capacidad para pescar a gran escala. Las 5 mil 500 toneladas que local, los peces se morirán de viejos”, arguye.

Las fábricas de conservas de la isla procesan el atún que capMauricio permitió extraer a los barcos europeos están en marcado contraste con las pocas que capturan los 34 pescadores de turan los barcos de la Unión Europea, apunta Von-Mally. Pero, dice, se vende principalmente en el mercado europeo.

Les Salines al año.

El atún es un pez migratorio y si no lo capturan en la ZEE La pesca representa sólo 1 por ciento del producto interno bruto (PIB) de Mauricio, y la producción local es de 5 mil 100 de Mauricio, se irá a las islas vecinas de Seychelles y Maldivas: “Perderemos ingresos”, apunta. toneladas al año.

El dueño de la pequeña empresa local Taher Seafoods, Bahim Mohamedally recuerda que antes abundaban los peces a 3 o 4 millas náuticas de la costa. Pero ahora, los pescadores van Khan Taher, dice a IPS que le gustaría explotar los recursos pesqueros de Mauricio, pero necesitaría equipo y barcos modernos mar adentro y regresan con el barco vacío. “¿Qué pasará dentro de cinco años con nuestro trabajo?”, e incentivos para operar en la ZEE. “Con ayuda del gobierno en términos de incentivos fiscales, se pregunta.

El presidente del Sindicato de Pescadores, Judez Rampol, podríamos pescar allí. Eso estimularía nuestras exportaciones está furioso: “es una miseria –dice a Inter Press Service (IPS)–. de recursos marinos”, indica Taher.

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www.momentosdeltiempo.wordpress.com

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4”Extraer 5 mil 500 toneladas al año es sobrepesca; se agotarán los recursos del único océano donde todavía quedan peces”: ingeniero ambiental Vassen Kauppaymoothoo CONTRALÍNEA

Mientras, a los ambientalistas les preocupa que la sobrepesca agote las reservas de atún del Océano Índico.

“Los barcos de la Unión Europea están aquí porque las reservas de otros océanos se agotaron”, dice a IPS el oceanógrafo e ingeniero ambiental Vassen Kauppaymoothoo.

“Hubo una sobrepesca de barcos de Portugal, Francia y España. El único océano donde todavía quedan peces es el Índico”, explica. Extraer 5 mil 500 toneladas al año es sobrepesca y agotará los recursos, añade.

El hecho de que Mauricio no tenga capacidad para explotar su ZEE no significa que deba permitir que lo hagan extranjeros, arguye. Marruecos, por ejemplo, decidió cerrar la suya a fin de preservar las reservas para la población local, apunta.

Por su parte, el jefe de la delegación de la Unión Europea en Port Louis, Alessandro Mariani, dice a IPS que los barcos europeos ayudan a crear empleo, no a reducirlo.

“En Mauricio, 5 mil 500 puestos de trabajo se benefician del atún desembarcado por los barcos de la Unión Europea”, indica.

Según él, no hay competencia entre los barcos de la Unión Europea y los pescadores locales porque operan muy lejos entre sí. Los primeros se ubican a 15 millas náuticas de la costa, en tanto, los segundos lo hacen a tres. “Además pescamos distintas especies”.

Mariani destaca que la Unión Europea es muy sensible al tema de las reservas de atún en el Océano Índico.

“Nuestra pesca se guía por investigaciones científicas. El comité científico de la Comisión del Atún del Océano Índico señaló en octubre de 2011 que no hay sobrepesca en la región”, arguye.

“Queremos que siempre haya peces en el mar para las futuras generaciones”, subraya Von Mally.

Ambos niegan que haya presiones de la Unión Europea sobre el gobierno de Mauricio para suscribir el acuerdo.

“No es real. Mauricio y la Unión Europea son socios y siempre discutimos cosas de interés para ambas partes”, replica Von Mally, ministro de Pesca.3 7 DE OCTUBRE DE 2012

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La blasfemia COMO TÁCTICA La difusión de varios fragmentos del filme La inocencia de los musulmanes, en el que se insulta al Islam, ha provocado una ola de cólera en el mundo árabe.

El asunto es más complejo de lo que parece, ya que la difusión que dio lugar a la ira se realizó, primeramente, en lengua árabe a través de YouTube y del canal salafista egipcio de televisión Al Nas. La cinta en cuestión no está destinada al público estadunidense. Tampoco al público musulmán, sino únicamente al público árabe. Lo divulgaron los mismos que ahora exigen que sea prohibido. ¿Quién se esconde detrás de esta provocación?

Thierry Meyssan/Red Voltaire

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4“Desde el punto de vista táctico, la provocación de ira en el mundo árabe se puede ver como una manipulación antiestadunidense; en el plano estratégico,

L

a difusión a través de internet de varios fragmentos del filme La inocencia de los musulmanes ha suscitado manifestaciones de cólera. Una de ellas desembocó, en Bengazi, en un grave incidente en el que resultaron muertos el embajador de Estados Unidos en Libia y varios miembros de su escolta.

A primera vista, todo el asunto parece ser parte de una larga lista de sucesos similares, que va desde la publicación de los Versos satánicos de Salman Rushdie hasta 56

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las quemas del Corán organizadas por el pastor Terry Jones.

Sin embargo, este nuevo ataque contra la religión musulmana se distingue de los anteriores por el hecho de que el filme en cuestión no está destinado al público occidental, sino que fue concebido únicamente como un instrumento de provocación hacia los musulmanes.

En el plano político, este caso puede analizarse desde dos ángulos. Se puede ver, desde el punto de vista táctico, como una manipulación antiestadunidense o, en el

plano estratégico, como un ataque sicológico antimusulmán.

El filme ha sido presentado como una producción de un grupo sionista conformado por varios judíos con doble nacionalidad (israelí-estadunidense) y un copto egipcio. Realizado hace varios meses, fue utilizado en este preciso momento para provocar una serie de motines dirigidos contra Estados Unidos. Agentes israelíes desplegados en varias grandes ciudades se encargaron de orientar la cólera de las multitudes contra objetivos estadunidenses o CONTRALÍNEA

como

ción de aquella sede diplomática, lo cual dejó un importante número de víctimas.

Posteriormente, los países occidentales que querían derrocar el régimen libio financiaron publicaciones salafistas que acusaron al coronel Gadafi de haber protegido el Consulado de Dinamarca porque él mismo había ordenado la publicación de las caricaturas.

El 15 de febrero de 2011, los salafistas organizaron en Bengazi una manifestación para conmemorar el aniversario de la represión de la protesta frente al Consulado de Dinamarca. Y fue precisamente durante esa conmemoración que se produjo el tiroteo que marcó el comienzo de la insurrección contra Gadafi en la región de Cirenaica. La policía libia arrestó en aquel momento a tres miembros de las fuerzas especiales de Italia que confesaron haber disparado simultáneamente, desde techos adyacentes, sobre manifestantes y policías para sembrar así la confusión. Aquellos tres miembros de las fuerzas especiales italianas estuvieron en prisión durante toda la guerra de la Organización del Tratado Atlántico Norte (OTAN) contra Libia. Al ser liberados, durante la toma de la capital libia por los “rebeldes” de la OTAN, los tres agentes ita-

lianos fueron enviados hacia la isla de Malta a bordo de un pequeño barco pesquero, donde yo mismo coincidí con ellos.

Esta vez, el 11 de septiembre de 2012, la nueva manipulación de la multitud en Bengazi tuvo como objetivo específico asesinar al embajador de Estados Unidos en Libia, lo cual constituye un acto de guerra sin precedente desde que la marina de guerra israelí cañoneó el USS Liberty, en 1967. Se trata, por demás, del primer asesinato, desde 1979, de un embajador de Estados Unidos en funciones. La gravedad del incidente se acentúa por el hecho de que, en un país cuyo gobierno no pasa de ser una mera ficción política, el embajador estadunidense, lejos de ser un diplomático más, es en realidad una especie de gobernador, un jefe de Estado de facto.

En estas últimas semanas, con una serie de declaraciones en las que reafirmaban su decisión de interrumpir el ciclo de guerras (Afganistán, Irak, Libia, Siria) iniciado a raíz de los hechos del 11 de septiembre de 2001, los principales responsables militares estadunidenses entraron abiertamente en conflicto con el gobierno israelí. Pero los acuerdos oficiosos de 2001 entre Washington y Tel Aviv incluyen aún varias

www.risingkashmir.in

www.startribune.com

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gico, como un ataque sicológico antimusulmán”

coptos (en ningún caso israelíes). Como era de esperar, el máximo efecto se obtuvo en Bengazi, Libia.

Es bien conocido que en Bengazi existen numerosos grupos particularmente reaccionarios y racistas. Basta recordar el ataque de grupos de salafistas contra el consulado de Dinamarca, cuando se registró el caso de las caricaturas de Mahoma. En aquel momento, y en aplicación de la Convención de Ginebra, el gobierno libio de Muamar el Gadafi se vio obligado a uti- 4”El máximo efecto se obtuvo en Bengazi, Libia, donde existen numerosos grupos particularmente lizar el ejército para garantizar la protecreaccionarios y racistas” CONTRALÍNEA

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4“El filme La inocencia de los musulmanes –que ha suscitado manifestaciones de cólera– constituye un medio de presión para recordar a Estados Unidos que no debe apartarse del camino trazado del imperio global”

guerras más (Sudán, Somalia, Irán). El primer disparo de advertencia se materializó semanas atrás, bajo la forma de ataque contra el avión del jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas estadunidenses, el general Dempsey. El segundo, como ya puede verse, ha sido mucho más brutal.

Por otro lado, si analizamos el asunto en términos de sicología social, veremos que presenta el aspecto de un ataque frontal contra las creencias de los musulmanes. Y no muy distinto del episodio de las Pussy 58

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Riot, que viola la libertad de culto en la mismísima catedral ortodoxa del Cristo Salvador y sus anteriores performances de pornografía conceptual, se trata, en definitiva, de operaciones contra los elementos más sagrados de las sociedades que oponen resistencia al proyecto de dominación global.

En las sociedades democráticas y multiculturales, lo sagrado se expresa únicamente en la esfera privada. Pero un nuevo espacio sagrado de carácter colectivo está hoy en plena formación. Los Estados de

Europa occidental se han dotado de leyes sobre la memoria que transforman un hecho histórico –la destrucción de los judíos por parte de los nazis– en un hecho religioso: la Shoah, según la terminología judía, o el Holocausto, según el vocabulario evangélico. Aquel crimen se eleva entonces a la categoría de acontecimiento único, en detrimento de todas las demás víctimas del nazismo. Oponerse a ese dogma, es decir, a la interpretación teológica de ese hecho histórico, se castiga hoy con sanciones de carácter penal, como antes sucedía con la blasfemia.

De esa misma manera, en 2001, Estados Unidos, los países miembros de la Unión Europea y muchos de sus aliados impusieron por decreto a sus pueblos un minuto de silencio en memoria de las víctimas de los atentados del 11 de septiembre de 2001. Aquella iniciativa se acompañó de una interpretación ideológica de las causas de los atentados. Tanto en el caso del Holocausto como en el de los atentados del 11 de septiembre, el hecho de ser asesinado por ser judío o por ser estadunidense otorga a las víctimas un estatus especial ante el cual debería inclinarse el resto de la humanidad.

En ocasión de los Juegos Olímpicos de Londres, las delegaciones de Israel y Estados Unidos trataron de extender aún más ese espacio sagrado imponiendo un minuto de silencio durante la ceremonia de apertura de los Juegos, el acontecimiento televisivo de mayor audiencia a nivel mundial. Se trataba, supuestamente, de un gesto de homenaje a los rehenes muertos durante los Juegos Olímpicos de Múnich. La proposición fue rechazada y el Comité Olímpico Internacional se limitó a organizar una discreta ceremonia solemne, fuera de la ceremonia de apertura. En todo caso, el verdadero objetivo es crear una liturgia colectiva tendente a legitimar el imperio global.

En ese contexto, el filme La inocencia de los musulmanes constituye a la vez un medio de presión para recordar a Washington –tentado hoy de alejarse del proyecto sionista de dominación– que no debe apartarse del camino trazado y una herramienta para garantizar la continuación de ese proyecto pisoteando las creencias de los que oponen resistencia.3 CONTRALÍNEA

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Un lustro de crisis económica y financiera

¿HASTA CUÁNDO? Luego de cinco años de crisis económico-financiera mundial, el panorama sigue siendo incierto. Nada indica que en el corto plazo las economías occidentales, especialmente la estadunidense y las europeas, se recuperen de la recesión más grande desde 1929.

El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, tan prestos a imponer recetas a naciones deudoras, incapaces de prever y contener el desastre Cira Rodríguez César/Prensa Latina

A

finales de agosto se cumplió un lustro de la crisis económica y financiera desatada en 2007, con dimensión planetaria que resquebrajó los cimientos del sistema capitalista y cuyas consecuencias aun están envueltas en la incertidumbre, pues no se sabe hasta cuándo

acabarán.

Lo que comenzó con el estallido de la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos provocó un efecto dominó en la economía mundial, y dio origen a una complicada situación cuyo final sigue siendo incierto.

Según un viejo refrán, recordar es volver a vivir. Pues bien, en agosto de 2007 estalló una serie de descalabros económicos, financieros e inmobiliarios en las naciones más desarrolladas, que CONTRALÍNEA

completaron episodios comenzados y no concluidos.

Todo derivó muy pronto en una tormenta financiera perfecta, que hizo tambalear las estructuras de los sistemas financieros estadunidenses y europeos.

Desde su arranque, reconocidos economistas calificaron la actual crisis como la más profunda desde la ocurrida en la década de 1930 del pasado siglo, pues se trataba de una recesión global marcada por un elevadísimo grado de desarrollo del mercado financiero internacional, en el que operan las llamadas grandes burbujas, por encima del producto interno bruto mundial real.

Informaciones sobre despidos masivos, cierre de empresas, aumento de la pobreza, quiebra de bancos y elevadas deudas fiscales recorrieron el mundo, pero cinco años después esas mismas noticias se repiten a diario.

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4Durante cinco años se han tenido informaciones sobre despidos masivos, cierre de empresas, aumento de la pobreza, quiebra de bancos y elevadas deudas fiscales por todo el mundo

do Monetario Internacional y el Banco Mundial– todavía buscan hasta la cuerda más delgada para agarrarse y pretender una salvación.

Con el colapso de Lehman Brothers, en septiembre de 2008, comenzó la inflexión de la actual crisis, ya que la caída del gigante financiero no sólo hirió casi de muerte el modelo de banca de inversión como negocio específico e individual, sino www.utreraweb.com

Lo que para muchos fue una crisis financiera o inmobiliaria, para otros era una impactante crisis económica global, a la que nadie escapa ni escapará, porque se trata de un conflicto que compromete a las finanzas internacionales y a la economía real.

Por eso los que no supieron o quisieron predecirla ni atajarla y mucho menos presentar propuestas para su solución –el Fon-

4Desempleo, una de las consecuencias más devastadoras de la crisis económico-financiera que inició en 2007 y aún no termina

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que propició el cierre de los mercados de financiamiento.

Ese factor, en mayor o menor medida, ha estado presente a lo largo del último quinquenio y ha provocado una feroz desconfianza entre las entidades financieras que aún perdura.

Cinco años después, Estados Unidos no acaba de encontrar el camino a la recuperación, Alemania se esfuerza a la cabeza de la Eurozona para evitar el hundimiento y no perder a la moneda única, el resto de la Unión Europea quiere escapar de un efecto dominó si desaparece el euro y Japón ve caer su producción industrial y con ella las exportaciones.

Dentro de la zona euro, Grecia, Irlanda, Portugal, España y Chipre han pedido rescates para sus economías o sus sistemas bancarios.

Tales ayudas poco han solucionado esos complejos escenarios económicos, pues por ejemplo, Grecia espera por sus acreedores internacionales para completar un paquete de 130 mil millones de euros, marcada por cinco años de recesión, con una caída del 17.5 por ciento del producto interno bruto (PIB) y un desempleo del 23 por ciento.

España aprobó su tercera reforma financiera, ante las exigencias de Europa, para desbloquear el rescate de hasta 100 mil millones de euros, con los cuales pretende sanear el deteriorado sector bancario.

El PIB de Italia se contrajo un 1.9 por ciento en el segundo trimestre del presente año, con lo que acumula ya cuatro trimestres consecutivos en negativo, retroceso que ha provocado la disminución del valor añadido en los tres grandes sectores de la economía: agricultura, industria y servicios.

En Francia, el gobierno de François Hollande afronta el aumento del desempleo y un deterioro de la economía, en tanto el Reino Unido cayó en una segunda recesión sin dar señales aun de recuperación, luego de que el producto interno bruto retrocediera durante el segundo trimestre de este año.

Con la llegada del quinto aniversario de la crisis económica global no son pocos los que coinciden en afirmar que tras la crisis hipotecaria, inmobiliaria y crediticia sobrevinieron la recesión y la crisis de deuda soberana, fruto precisamente del elevado endeudamiento en que incurrieron los CONTRALÍNEA

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Aún hoy expertos, centros de investigaciones, instituciones y líderes políticos son incapaces de prever cuánto durará la crisis en general y, en particular, si la integración monetaria perdurará en la Eurozona.

En lo que sí coinciden todos es en que las consecuencias serán largas y severas para Europa y el resto de la economía mundial, con efectos nefastos para las menos desarrolladas.

Sin embargo, para regiones como América Latina, sin escapar de sus efectos, estos cinco años de crisis le han favorecido pues continúa con buen financiamiento internacional y términos de intercambio muy positivos, que para el caso europeo funcionan al revés.

Además, en sus países no hay desbalances macroeconómicos ni debilidades en sus sistemas bancarios, a pesar de que continúa siendo la zona del planeta con más desigualdad.

No obstante, el contagio es inevitable y aunque Europa no se recuperara rápidamente y Estados Unidos siguiera estancado, además de otros impredecibles acontecimientos, como la inestabilidad del precio del petróleo por las tensiones en Oriente Medio, la región puede afrontar el futuro con más optimismo que los países ricos.

Y como vaticinan los observadores, a no ser que ocurra algo extraordinario y desfavorable para Latinoamérica, la recuperación de sus economías será mucho más rápida y menos mala.3

www.pikatoust.wordpress.com

Estados para mitigar los efectos del bache económico.

Como un huracán de gran intensidad, la crisis ha derribado gobiernos, grandes bancos y sembrado el caos, sobre todo en Occidente, mientras las entidades financieras traspasan los riesgos hasta el punto de que no hay manera de saber el valor total de los activos tóxicos y quiénes están expuestos a ellos.

Lo ocurrido en agosto de 2008 contagió y colapsó a los mercados financieros y obligó al Banco Central Europeo, la Reserva Federal de Estados Unidos y otros bancos centrales a tomar medidas extraordinarias.

Tal es la magnitud del fenómeno económico global que hoy es un vendaval que arrasó con los gobiernos de Atenas, Roma y París, financieras hipotecarias como Fannie Mae y Freddie Mac, el banco de inversión Bear Sterns y el gigante de Wall Street, Lehman Brothers.

Además, llevó a la quiebra a las economías de Grecia, Portugal e Irlanda, y puso en entredicho la capacidad de España e incluso Italia para formar parte de la zona del euro.

Según los analistas, la crisis financiera (de confianza y de crédito) que arrancó en agosto de 2008, provocó una recesión tras otra en el mundo desarrollado y frenó el crecimiento en mercados emergentes, como Brasil o China, pero sobre todo puso en jaque la supervivencia de la moneda única europea y en evidencia la falta de un proyecto común europeo.

4En Europa, Alemania se esfuerza por evitar el hundimiento de la Eurozona mientras que el resto de los países quiere escapar de un efecto dominó si desaparece el euro

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EX LIBRIS

Álvaro Cepeda Neri*

En el corazón de la insurgencia criminal mexicana

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n lugar de que los mexicanos abrevaran cultura en novelas, poesía, ciencia jurídica, medicina, teorías políticas, económicas, etcétera, tenemos textos sobre el trágico asunto de las drogas-narcotraficantes y su conexión con el golpismo militar que las combate, arrojando cientos de miles de homicidios, secuestros, desapariciones, fosas comunes; más cárceles y presos (sin capturar a sus cabecillas: Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, es una leyenda desde que fue dejado en libertad con el camuflaje de una fuga de película de gánster estadunidense: sacado de un penal ¡de alta seguridad!, entre la ropa sucia. La guerra calderonista empuja a la nación a una guerra de todos contra todos y nuestras vidas penden de un hilo que jalan sicarios, policías, soldados y marinos como si no hubiera gobierno ni Estado.

Las investigaciones sobre el narcotráfico producen películas y textos que con hechos explican sentencias penales, deportaciones o extradiciones; testigos a los que se reducen las penas a cambio de “cooperar” con acusaciones, propiciando venganzas... Ioan Grillo, periodista-corresponsal en nuestro país, ha escrito El narco: en el corazón de la insurgencia criminal mexicana, publicado en inglés con traducción de Antonio-Prometeo Moya. Sus casi 500 páginas no lo vuelven atractivo (ante kilos y kilos de ese material en el mercado librero); pero una vez consultada su bibliografía, sus notas a los 16 capítulos y empezar su

lectura, cae uno en la cuenta de que es un trabajo que vale la pena.

Pésimo subtítulo porque la criminalidad no es una insurgencia, sino contrainsurgencia. Pero sus tres partes: Historia, Anatomía y Futuro son un acertado rastreo de cómo se implantó el comercio de mariguana y amapola silvestre, de heroína y cocaína. El narcotráfico desde Nixon (1969) con la Operación Intercepción, hasta Obama y Calderón (2012), es asunto financiero, de inversiones, bancos, infiltración, sobornos de policías, militares y políticos-gobernantes. Y la amante de un presidente mexicano narcotraficante recorre el país siguiendo las huellas de las drogas, los cárteles, los capos (con pelos y señales). Los narcocorridos, las lujosas tumbas de capos, la Santa Muerte, la narcoviolencia. Ampliamente documentado, el libro no deja rincón sin investigar.

“El crimen organizado tiene dos funciones básicas: puede ofrecer un producto que el comercio legal no puede proporcionar; y puede robar o extorsionar. La primera categoría engloba la venta de drogas, prostitución, artículos piratas, juego, armas, tráfico de inmigrantes. La segunda: el secuestro, robo de cargamentos, de vehículos, atracos a los bancos”. Esta investigación nos allana el camino al menos en detalles, nombres, biografías, datos y fotografías.

Con entrevistas, datos duros, descripción de la telaraña de cada cártel, sus cabezas y ganancias de más de 30 mil millones de dólares; cómo generan empleo y con su circuito cerrado de lavado de dinero, “los banqueros creen que el narcotráfico contribuyó a mantener el peso a flote durante la crisis económica mundial de 2008 a 2009”.3

Ficha bibliográfica: Autor: Ioan Grillo Título: El narco: en el corazón de la insurgencia criminal mexicana Editorial: Tendencias editores, 2012 *Periodista 64

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AGENDA CULTURAL Natalia colombiano mintió para ocultar lo suCastañeda cedido.

La Historia de una infamia tiene continuidad por casi cuatro años, por una campaña mediática de difamación contra los cinco estudiantes mexicanos, la cual tiene su origen en la prensa colombiana auspiciada desde la Casa de Nariño, en Bogotá, para justificar un crimen de Estado. El crimen y la impunidad se alargan con la persecución de la única sobreviviente y con la indiferencia del régimen de México, quien lejos de hacer un enérgico reclamo al gobierno colombiano, ha hecho lo contrario: estrechar más y más las relaciones con los responsables confesos de la masacre de cuatro ciudadanos mexicanos.

Historia de una infamia porque el expresidente Álvaro Uribe Vélez, el actual mandatario Juan Manuel Santos Calderón, el alto mando y los mandos superiores del Ejército y la Policía colombianos, gozan de impunidad bajo el resguardo de sus investiduras de mando y poder.

Los autores de esta obra han logrado darles voz de réplica a los familiares de las víctimas de Sucumbíos, ante la campaña de los sicarios de la información y han logrado asomarse a la perversa historia de Álvaro Uribe Vélez. Sucumbíos, historia de una infamia reivindica la memoria de aquellos jóvenes a quienes les arrebataron sus vidas cuando emprendían un trabajo académico como distinguidos universitarios y un politécnico.

LIBRO4Refugio Bautista Zane, et al, Sucumbíos, historia de una infamia, Universidad Autónoma de Chapingo-Universidad Autónoma de la Ciudad de México, México, 2011, 247 páginas | Por diferentes medios de comunicación se dio a conocer que en las primeras horas del 1 de marzo de 2008, en el Sector de Angostura o la Ceiba, Parroquia Santa Elena, Cantón Putumayo, provincia de Sucumbíos –una región selvática del Amazonas de Ecuador–, integrantes del Ejército y Policía de Colombia efectuaron un bombardeo y ataque a un campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo, donde sus ocupantes dormían, quienes no tuvieron ninguna oportunidad de salvarse, a excepción de tres mujeres que resultaron heridas. Ese hecho ha sido una de las más terribles masacres de la historia de Ecuador, cometida por un ejército extranjero. Veinticinco víctimas, de las cuales cuatro jóvenes eran mexicanos: Soren Ulises Avilés Ángeles, Fernando Franco Delgado, Juan González del Castillo y Verónica Natalia Velázquez Ramírez, y la única sobreviviente, Lucía Andrea Morett Álvarez.

Ante este hecho cuatro historiadores, profesores de la Preparatoria Agrícola de la Universidad Autónoma Chapingo y un sociólogo de la Universidad Nacional Autónoma de México se dedicaron por más de dos años a elaborar este libro con fuentes hemerográficas, bibliográficas y testimonios orales de los familiares de las víctimas mexicanas asesinadas.

Es la historia de una infamia, porque el Ejército de Colombia violentó la soberanía de Ecuador, asesinó a gente en total estado de indefensión, ultimó a los heridos, aunado a que el gobierno EXPOSICIÓN4A partir de mañana, todo | La obra busca articular una reflexión que tome ventaja de las distintas capas de significación que envuelven a DANZA4Diálogos bipolares: signos... el cuerpo de la la Estela de Luz –y que ha adquirido en el contexto electoral y postelectoral en noche | El arte se ocupa de lo subjetivo y de lo individual: torno a la movilización social detonada por el movimiento estudiantil Yo Soy la danza escénica pide ser una manifestación de la voz única 132– para investigar las posibilidades del individuo como sujeto político, poniene irrepetible de cada individuo. A través del signo del cuerpo do un énfasis en el papel que toma el poder detrás de los flujos de información y que baila, esperamos poder apreciar la forma personalísilos códigos de representatividad, haciendo referencia a los diferentes niveles de ma en que cada uno estructura sus energías, cómo se aprointensidad –de los gestos individuales a las acciones colectivas– propia de los códigos generales de discurso y los individualiza, ducidos por distintas experientransformándolos, sintetizándolos, mezclándolos, todo en un cias geopolíticas y contextos históricos: marco de total absorción en el momento presente; la esdesde la Primavera de Praga a la pontaneidad creativa y el sentido lúdico se postulan como Primavera Árabe, pasando por la Revalores en la escena contemporánea. Lo que nos apasiona volución Rumana que destituyó a es ser testigos y partícipes de ese momento único donde el Nicolae Ceausescu y lo enjuició por el artista del cuerpo pone en juego su creatividad y su imagigenocidio de más de 60 mil personas, nación para estar totalmente absorto en la vida del instanel levantamiento zapatista en México te, en el juego de su oficio. Signos... el cuerpo de la noche y los disturbios en Francia de 2005, parte de este cuerpo espontáneo e inteligente, este cuerpo entre otros. encendido en el juego, para proponer una complicidad al es4Museo Nacional de la Estampa, Avepectador: construir juntos los nuevos conceptos y significados.

4Centro Cultural del Bosque, Reforma y Campo Marte, Chapultepec Polanco, Miguel Hidalgo (del 11 al 14 de octubre; jueves y viernes, 20:00; sábado, 19:00; domingo, 18:00 horas).

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nida Hidalgo 39, Centro Histórico, Cuauhtémoc (de martes a domingo, hasta el 28 de octubre, de 10:00 a 18:00 horas).

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PASO A DESNIVEL

Servidumbre intelectual

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Miguel Galindo

CONTRALร NEA

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R E V I S TA S E M A N A L