Contralinea 308

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ÍNDICE DIRECTOR MIGUEL BADILLO oficiodepapel@contralinea.com.mx

ENSAYO/EL DESPOJO DEFINITIVO A LOS PUEBLOS INDÍGENAS

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Francisco López Bárcenas

SUBDIRECTOR JOSÉ RÉYEZ jreyez@contralinea.com.mx COORDINADOR DE INFORMACIÓN ZÓSIMO CAMACHO zosimo@contralinea.com.mx

PORTADA/IMPUNE, CONTRABANDO TEXTIL EN MÉXICO

COEDITORA WEB ÉRIKA RAMÍREZ erika@contralinea.com.mx COORDINADOR WEB GONZALO MONTERROSA gonzalo@contralinea.com.mx

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Claudia Villegas

COORDINADORA DE EDICIÓN NANCY FLORES nancy@contralinea.com.mx

CULTURA/PANISMO: SAQUEO Y DETERIORO DEL PATRIMONIO ARTÍSTICO DE MÉXICO

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Elva Mendoza

COORDINADORA DE PUBLICIDAD JANETT ALBA janett@contralinea.com.mx COORDINADOR DE DISEÑO MIGUEL MINERO mimiga@contralinea.com.mx COORDINADOR DE PRODUCCIÓN LUIS KUAN produccion@contralinea.com.mx REPORTEROS DAVID CILIA cilia@contralinea.com.mx FLOR GOCHE flor@contralinea.com.mx ELVA MENDOZA elva@contralinea.com.mx MARIELA PAREDES mariela@contralinea.com.mx ROGELIO VELÁZQUEZ rogelio@contralinea.com.mx DEFENSOR DEL PERIODISTA ÁLVARO CEPEDA NERI cepedaneri@prodigy.net.mx DEFENSOR DEL LECTOR JORGE MELÉNDEZ PRECIADO jamelendez@prodigy.net.mx EDITORIALISTAS FABIO BARBOSA fabiobarbosacano@gmail.com MARCOS CHÁVEZ mchm1995@gmail.com MIGUEL CONCHA MALO educacion@derechoshumanos.org.mx MARTÍN ESPARZA garrasleo6@yahoo.com.mx EDGAR GONZÁLEZ RUIZ edgargr@prodigy.net.mx PAULINA MARTÍNEZ paulina@pronatura.org.mx PABLO MOCTEZUMA BARRAGÁN pablomoctezuma@hotmail.com NETZAÍ SANDOVAL netzai@gmail.com JORGE LUIS SIERRA jlsierra@hotmail.com CORRESPONSALÍAS COAHUILA ROSA ESTHER BELTRÁN DURANGO HÉCTOR HERNÁNDEZ MORALES GUERRERO JUAN CARLOS GONZÁLEZ NUEVO LEÓN JOSÉ JAVIER MARTÍNEZ GUERRERO SONORA ÁLVARO CEPEDA TAMAULIPAS HUGO JIMÉNEZ BAJA CALIFORNIA • CAMPECHE • CHIAPAS • HIDALGO • GUANAJUATO MICHOACÁN • OAXACA • PUEBLA • QUINTANA ROO TABASCO • VERACRUZ • ZACATECAS ASISTENTE DE EDICIÓN DISEÑADOR ASISTENTE WEB CORRECTOR

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CARTONISTA DAVID MANRIQUE manrique@contralinea.com.mx

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Danilo Valladares/IPS

LÍNEA GLOBAL/LA CIA, EL 11 DE SEPTIEMBRE, AFGANISTÁN Y ASIA CENTRAL

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Peter Dale Scott/Red Voltaire

LÍNEA GLOBAL/PODER MEDIÁTICO, DESHUMANIZACIÓN Y PERIODISMO

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Isabel Soto Mayedo/Prensa Latina

CARTÓN

EMPRESARIOS, ÚNICOS APLAUDIDORES DE CALDERÓN

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TIEMPO DE PAGAR

CONTRAPODER NO QUIEREN TRABAJADORES, QUIEREN ESCLAVOS Y MÁS CAPITALISMO SALVAJE

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Martín Esparza Flores

Avilés

LUVINA, DE RULFO, ES CASI TODO MÉXICO

22 Iskra Sabino Márquez

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Álvaro Cepeda Neri

CARTÓN

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TRANSPARENCIA SINDICAL

Manrique

OPINIÓN EL CLUB DE LOS IMPACIENTES

EX LIBRIS

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Marcos Chávez M

AGUAS PROFUNDAS: UNA EVALUACIÓN REALISTA

ELECCIONES EN ESTADOS UNIDOS: COCA COLA O PEPSI

LEYES FUNDAMENTALES Y PLANES: 1821-1857

64 Álvaro Cepeda Neri

16 Fabio Barbosa

NATALIA CASTAÑEDA

ILUSTRADORES LEÓN BRAOJOS/CAJA NEGRA X cajanegra.x@gmail.com MIGUEL GALINDO/CAJA NEGRA X gonzomandela@gmail.com

PÁGINA DE INTERNET

LÍNEA GLOBAL/INDÍGENAS GUATEMALTECAS CONVERTIDAS EN ESCLAVAS DE MILITARES

AGENDA CULTURAL

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Natalia Castañeda

PASO A DESNIVEL

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LA MAESTRA

Pablo Moctezuma Barragán

Miguel Galindo

Portada: copias del oficio firmado por el agregado del ICE en la Embajada de Estados Unidos, por medio del cual informa a las autoridades mexicanas de la supuesta red de contrabando textil

CONTRALÍNEA. PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN –año 11, número 308, del 28 de octubre al 3 de noviembre de 2012– es una publicación semanal editada por Comunicación Colectiva y Periodismo de Investigación, SA de CV; Avenida Río Churubusco 590, col. Del Carmen, delegación Coyoacán, CP 04100, México, DF; teléfonos: 55 54 91 93 y 55 54 91 94; www.contralinea.com.mx, info@contralinea.com.mx.

Editor responsable: Agustín Miguel Badillo Cruz. Número de reserva al título de derecho de autor 04-2001-1206164804 00-102. Número de certificado de licitud de título 12264, y de contenido 8918. ISSN 1665-1626. Impresa por JR Impresiones, Bolívar 238, col. Obrera, delegación Cuauhtémoc, tel. 57 61 34 94; este número se terminó de imprimir el 26 de octubre de 2012. Distribuido por Publicaciones CITEM, SA de CV, Avenida Del Cristo 101, colonia Xocoyahualco, CP 54080, teléfono 52 38 02 00; y la Unión de Voceadores de México, despacho de Gloria Santillán, Ignacio Mariscal 44, colonia Tabacalera, CP 06030, México, DF, teléfono 55 92 08 91.

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CONTRAPODER

No quieren trabajadores, quieren esclavos y más capitalismo salvaje Álvaro Cepeda Neri* Para Guillermo Lugo e dice que no hay peligro, porque no hay agitación. Se dice que como no hay desorden material en la superficie de la sociedad, las revoluciones están lejos de nosotros. Señores, permítanme que les diga que yo pienso que están ustedes equivocados. Es verdad que el desorden no está en los hechos, pero ha penetrado muy profundamente en los espíritus. Miren lo que pasa en el seno de esas clases obreras, que hoy –lo reconozco– están tranquilas. Es verdad que no están atormentadas por las pasiones políticas propiamente dichas, en el mismo grado que lo estuvieron en otro tiempo, pero, ¿no ven ustedes que sus pasiones se han convertido de políticas, en sociales? ¿No ven ustedes que, poco a poco, en su seno se extienden unas opiniones, unas ideas que no aspiran sólo a derribar tales leyes, tal ministerio, incluso tal gobierno, sino la sociedad misma, quebrantándola en las propias bases sobre las cuales descansa hoy? “¿No escucháis ustedes lo que todos los días se dice en su seno?... ¿Y no creen ustedes que, cuando tales opiniones echan raíces, cuando se extienden de una manera casi general, cuando penetran profundamente en las masas, tienen que traer, antes o después –yo no sé cuándo, yo no sé cómo– pero tienen que traer, antes o después, las revoluciones más terribles?”. Las anteriores, son palabras del entonces diputado Alexis de Tocqueville, pronunciadas el 29 de enero de 1848. Casi un mes después, el 23 de febrero, estallaron manifestaciones antigubernamentales de los pobres contra los poderosos. Y es que “la clase que entonces gobernaba se había convertido, por su indiferencia, por su egoísmo, por sus vicios, en incapaz e indigna de gobernar” (Alexis de Tocqueville, Recuerdos de la Revolu-

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ción de 1848; edición preparada por Luis Rodríguez Zúñiga, para editora Nacional).

Sirve de introducción el párrafo anterior a la actual crisis general mexicana, cuyo factor común es que tenemos 50 millones en todas las modalidades de la pobreza, que llega a la hambruna y la miseria. Y que los conservadores de la derecha religiosa, encabezados por Calderón y su grupo, decidieron una guerra interna que en cifras oficiales arroja más de 100 mil homicidios.

Siete millones de jóvenes sin trabajo y sin acceso a estudios superiores, porque han construido más cárceles que escuelas y cada vez recortan más los subsidios a las universidades; atacando el carácter laico de la educación pública, y el laicismo del Estado cuestionado por las embestidas del clero político y sus secuaces del sector privado que proponen la intolerancia religiosa.

También vulneran las conquistas del liberalismo político: democracia directa e indirecta o representativa, y atacan las virtudes del republicanismo, mientras interrumpen la observancia de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al grado de que el Instituto Federal Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con la indiferencia o complicidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resuelven problemas electorales contrarios a los principios que ella sanciona (lo que es ya una rebelión desde el Estado, a la par del terrorismo sangriento de las delincuencias, que lleva visos de establecer un gobierno contrario al imperio de la ley constitucional).

Esto viene al caso porque con las contrarreformas al Artículo 123 constitucional y contra los trabajadores en todas las modalidades de la prestación de su fuerza laboral, la elite legislativa federal, la alianza Calderón-Peña y la misma Corte –intencionalmente pasando por alto sus facultades de tribunal constitucional para conocer de oficio violaciones a la ley suprema, y de acuerdo para favorecer a los patrones– harán que tras 12 años de panismo, con su conservadurismo derechizante, los mexicanos queden sometidos a otro sexenio que reinaugura al priísmo

más salinista-zedillista, para consolidar el capitalismo salvaje con su punta de lanza de privatizar Petróleos Mexicanos, último y muy acotado reducto del patrimonio nacional, para dar rienda suelta al neoliberalismo económico.

Se trata de alinear al país con la globalización de más explotación de los trabajadores que, presos de sus sindicatos que les roban las cuotas, padecen la pinza de los gobiernos y los patrones.

Se trata de unas cuantas migajas para disfrazar descaradamente que en lugar de trabajadores quieren esclavos. Es cierto que en la historia del trabajo, excepcionalmente hay rebeliones, revueltas y revoluciones contra la regla patronalcapitalismo irracional que obtiene únicamente ganancias y miserables salarios (Claude Fohlen, Francois Bédarida, Historia general del trabajo, tomo tres: La era de las Revoluciones, Grijalbo).

Calderón y el panismo, con el pretexto de que los sindicatos rindan cuentas y sus dirigentes sean electos por voto secreto, quieren implantar contrarreformas obreras. Peña y el Partido Revolucionario Institucional quieren lo mismo, salvo cuestionar la tradición de su sindicalismo caciquil y corrupto. Y el Partido de la Revolución Democrática, de Ebrard, los Chuchos y las tribus con el santo y seña del neocardenismo, tras el desprendimiento del lopezobradorismo, quieren coquetear a derecha y centro, con bandera de defensores obreros, como partido bisagra.

Patrones, empresarios, inversionistas extranjeros y nativos; la elite política, económica y los grupos de poder fáctico (Televisa y Tv Azteca y los amigos-enemigos Slim-Azcárraga, etcétera), quieren colmar de problemas a la sociedad para explotar a los trabajadores y convertirlos en esclavos. Ya veremos si con la pobreza, el desempleo, la hambruna, el alza de los precios y el peñismo como más de lo mismo, la nación seguirá resistiendo. O si en cualquier momento explota la crisis general, como es de esperarse.

Con más palabras de Tocqueville: “la nación es un volcán social”.3 *Periodista CONTRALÍNEA

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ENSAYO

El despojo definitivo a los pueblos indígenas Francisco López Bárcenas*/Segunda parte y última

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roducto de la revolución social de 1910, una de las primeras en América Latina, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos –como oficialmente se llama el Estado mexicano– reconoció el régimen social de la tierra y los recursos naturales, misma que en 1992 cambió sustancialmente para favorecer la intromisión del capital en ellas. El Artículo 27 de la Constitución de 1917 estableció la propiedad originaria de las tierras y los recursos naturales existentes en ella a favor de la nación, la cual se reservaba el derecho de transmitirla a los particulares para formar la propiedad privada y la social (ejidos y comunidades), que revestían carácter de inalienables, inembargables e imprescriptibles; además de la pública, que pertenecía al Estado.

De igual manera estableció que la propiedad derivada podría ser expropiada por causa de utilidad pública o sufrir las modalidades que dictara el interés social. En materia de recursos naturales fue más radical, pues no autorizó ningún tipo de propiedad derivada sobre ellos y los particulares sólo podrían explotarlos mediante concesiones, por lo que se reservó la explotación directa de algunos de ellos a la nación, entre los cuales se encontraba el petróleo, el uranio y otros necesarios para el desarrollo del país.

Esta característica de las tierras se transformó profundamente en 1992. En esa fecha se reformó la Constitución para quitar el carácter de inalienables, inembargables e imprescriptibles a los ejidos y comunidades, de tal manera que los derechos sobre ellos pudieran ser transmitidos por venta, renta, asociación y otros actos mercantiles. Junto con la Constitución se crearon nuevas leyes para reglamentar la explotación de las tierras, aguas, minas, vida silvestre, recursos forestales, flora y fauna, sanidad animal y sanidad vegetal, entre las más importantes; al tiempo que se crearon otras que no existían, entre ellas, las leyes sobre variedades vegetales y organismos genéticamente modificados. La característica de estas leyes es que, aunque hablan de “protección” e, inclusive, promoción de derechos, lo que hacen es desregular la protección anterior para facilitar su apropiación por el capital internacional.

Respecto de los recursos naturales, el párrafo cuarto del Artículo 27 constitucional determina que el dominio directo

de ellos corresponde a la nación, lo que equivale a afirmar 1 que son de su propiedad , y que a diferencia de las tierras no puede ser transmitida a los particulares y por lo mismo no pueden ser reducidos a ningún tipo de propiedad. Tan es así que la Ley General de Bienes Nacionales establece que los bienes señalados en los párrafos cuarto y quinto del Artículo 27 están sujetos al régimen de dominio público de la federación; y por lo mismo bajo la jurisdicción de los Poderes federales. El párrafo sexto del mismo Artículo establece que el dominio de la nación sobre los recursos naturales es inalienable e imprescriptible. Y la explotación, y el uso o el aprovechamiento de ellos, por los particulares o por sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas, sólo podrá realizarse mediante concesiones, otorgadas por el Ejecutivo federal. En otras palabras, los recursos naturales son propiedad de la nación, los administra el Poder Ejecutivo federal y los particulares sólo pueden aprovecharlos si éste se los concesiona. Veamos ahora cómo opera esto en la realidad.

Las nuevas rutas jurídicas del despojo La diversidad cultural, riqueza biológica y de saberes e incluso la existencia de los pueblos indígenas se han encontrado intensamente amenazadas en las últimas décadas, con la profundización de las políticas colonialistas contra ellos, mismas que se manifiestan en el despojo de sus lugares de vivienda, de convivencia, de siembra, de recreación y espirituales, pasando por el arrasamiento de sus territorios, la apropiación indebida de sus bosques, aguas, minas, y la patente de sus conocimientos sobre dichos bienes. Estamos ante la más cruda manifestación de los efectos de las políticas neocoloniales que algunos académicos han dado en denominar acumulación por desposesión: el capital ya no invierte para obtener alguna plusvalía, va a donde están los recursos y los conocimientos, la mayoría de ellos considerados comunes, los transforma en propiedad privada y los incluye en el mercado. Estas políticas, como es natural, atentan contra los derechos territoriales de los pueblos indígenas, para lo cual la legislación y las políticas estatales que promueven la privatización de los recursos han sido muy importantes.

1 Oscar Morineau, Los derechos reales y el subsuelo en México, Instituto de Investigaciones Jurídicas-Fondo de Cultura Económica, México, 1997, página 200

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Para que todo esto sea posible, paralelo a la negativa a reconocer el derecho de los pueblos indígenas a sus territorios, las tierras y los recursos naturales en ellos existentes (que además viola el contenido de las normas internacionales que reconocen estos derechos), existe una producción legislativa que establece formas y procedimientos que permite se despoje a los pueblos de sus tierras reconocidas legalmente y les impiden el acceso a los recursos naturales.

Entre los primeros se encuentran la expropiación, la imposición de modalidades a la propiedad derivada, sea social o privada, y la concesión de los recursos naturales, actos en los que se requiere la intervención estatal, que se hace de manera unilateral; entre las segundas se ubican la compraventa de tierras y la traslación del dominio de las mismas, así como los contratos de usufructo sobre éstas, los cuales no requieren la intervención estatal porque son actos entre particulares.

Expropiación Es una de las formas jurídicas de atentar contra la propiedad de las tierras y los territorios indígenas. Se trata de un acto unilateral emitido por los titulares de la administración pública, federal o estatal, cuyo fin es privar a los propietarios, privados o sociales, del uso, goce, disfrute y disposición de sus bienes “por causa de utilidad pública”. En otras palabras, la “propiedad originaria” vuelve a su propietario principal, lo cual al tratarse de privilegiar el bien común era entendible y hasta razonable. La figura no es nueva. Viene de los años cardenistas, cuando había un proyecto de fortalecimiento nacional. El problema es que ahora se está usando para fomentar el lucro individual en detrimento del bien común y de la propiedad social. Esto es posible porque, de acuerdo con la disposición del Artículo 27 constitucional, lo único que se necesita para llevarlo a cabo es que la mentada utilidad pública se encuentre contemplada en alguna ley, y no se encuentra en una sino en varias. Aparte de las causales contempladas en la Ley de Expropiación, también se contemplan en la Ley Agraria, la Ley de Aguas Nacionales, la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable, la Ley Minera y la Ley General de Asentamientos Humanos, todas ellas con incidencia en las tierras y los recursos naturales.

La expropiación es el mecanismo más socorrido por el Estado mexicano para llevar a cabo grandes obras públicas que luego se entregan a los particulares para que las usufructúen, entre ellas las presas hidroeléctricas, carreteras y otras obras públicas. Como ejemplo de lo que no debería repetirse, están las presas de La Angostura y Chicoasén, en Chiapas; la Miguel Alemán y Cerro de Oro, en Oaxaca; el Caracol, en Guerrero; la 02 en Hidalgo, y la Luis Donaldo Colosio, en Sinaloa. Todas ellas desplazaron a miles de indígenas de sus

lugares de origen y provocaron alteraciones al medio ambiente, daños de los cuales nadie se hizo responsable. El caso extremo es el de la Miguel Alemán y Cerro de Oro, donde después de más de medio siglo de construida, los chinantecos afectados siguen reclamando su indemnización. Pero no son el único caso. En la actualidad, son emblemáticos los casos de resistencia a la construcción de las presas Paso de la Reina, en Oaxaca; La Parota, en Guerrero; La Yesca y El Cajón, en Nayarit, y El Zapotillo, en Jalisco.

Imposición de modalidades La segunda forma de restringir el derecho sobre los territorios y los recursos naturales es la imposición de modalidades, una figura establecida en el propio Artículo 27 constitucional. De acuerdo con la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, “por modalidad a la propiedad privada debe entenderse el establecimiento de una norma jurídica de carácter general y permanente que modifique, esencialmente, la forma de ese derecho”, lo cual implica la introducción de “un cambio general en el sistema de propiedad” que se traduce en “una limitación o transformación del derecho de propiedad”. En síntesis, la modalidad es equivalente a limitación, consistente “en una extinción parcial de los atributos del propietario, de manera que éste no sigue gozando, en virtud de las limitaciones estatuidas por el Poder Legislativo, de todas las facultades inherentes a la extensión actual de 2 su derecho.

En el sistema jurídico mexicano, la norma que contempla las limitaciones a la propiedad es la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente; y lo hace fundamentalmente para la formulación del ordenamiento ecológico y la creación de áreas naturales protegidas. El primero es un instrumento de política ambiental que tiene por objeto “regular o inducir el uso del suelo y las actividades productivas, con el fin de lograr la protección del medio ambiente y la preservación y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, a partir del análisis de las tendencias de deterioro y las potencialidades de aprovechamiento de los mismos”.

Ahora bien, un área natural protegida es una zona del territorio nacional “en donde los ambientes originales no han sido significativamente alterados por la actividad del ser humano o que requieren ser preservadas y restauradas”.

Para lograr lo anterior, de acuerdo con el artículo 44 de la citada ley, “los propietarios, poseedores o titulares de otros derechos sobre tierras, aguas y bosques comprendidos dentro de áreas naturales protegidas deberán sujetarse a las modalidades que de conformidad con la presente ley, establezcan los decretos por los que se constituyan dichas áreas, así como a las demás previsiones contenidas en el programa de manejo y en los programas de ordenamiento ecológico que correspondan”.

2 Jurisprudencia, Semanario Judicial de la Federación, tomo 157-162, primera parte, séptima época, pleno, página 315. Citada en: Miguel Carbonell, Los derechos fundamentales en México, primera reimpresión, Porrúa, México, 2005, página 751

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En la actualidad, en la República Mexicana existen 174 áreas naturales protegidas (ANP), que se agrupan de la siguiente manera: 41 reservas de la biósfera que ocupan 12 millones 652 mil 787 hectáreas; 67 parques nacionales, con 1 millón 482 mil 489 hectáreas; cinco monumentos naturales, con 16 mil 268 hectáreas; ocho áreas de protección de recursos naturales, con 4 millones 440 mil 78 hectáreas; 35 de protección de flora y fauna, con 6 millones 646 mil 942 hectáreas, y 18 santuarios, con 25 millones 384 mil 818 hectáreas, como se muestra en el cuadro 1.

En conjunto abarcan 25 millones 384 mil 818 hectáreas, que representan el 12.92 por ciento del territorio nacional.

Creadas para proteger la riqueza biológica del país, difícilmente cumplen con su objetivo, pues –de acuerdo con la propia Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas– sólo 42 tienen programas de manejo; en otras palabras, de toda la tierra y recursos naturales a la que se le han impuesto modalidades, sólo alrededor de 9 millones de hectáreas tienen definidos los objetivos, planes y esquemas de conservación (“Narco, entre las nuevas amenazas para las áreas protegidas del país”, La Jornada, 30 de mayo de 2010).

Las limitaciones que el Estado puede imponer a la propiedad han servido de mecanismo para impedir a los pueblos indígenas, y a los campesinos en general, ejercer plenamente sus derechos mientras se favorece la actividad de las empresas trasnacionales interesadas en los recursos naturales en ellas existentes. Hay ejemplos de cómo sucede esto. Los miembros del pueblo cucapá no pueden pescar ni para obtener sus alimentos, porque el lugar donde acostumbraban a hacerlo quedó en la zona núcleo de la Reserva de la Biósfera Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado, en Baja California; por otro lado, los integrantes del pueblo wirrárika, en Jalisco, luchan porque su territorio sagrado no sea destruido por las mineras canadienses Minera Real Bonanza, filial de la empresa canadiense First Majestic Silver Corp, a quien el gobierno federal entregó 761 hectáreas de tierras para tal fin, y de Revolution Resources Corp y sus filiales Minera La Golondrina, Minera Cascabel y Minera Kennecott y Dyna-Nevada de México, cuyo proyecto tiene 350 mil hectáreas. En el mismo sentido, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas se niega a que los poblados de Ranchería Corozal, Nuevo Salvador Allende y San Gregorio, ubicados en la Cuenca del Río Negro, sean regularizados, no obstante el acuerdo al que han llegado con la comunidad agraria de la Selva Lacandona, en Chiapas. Todo esto sucede porque detrás de dichas Áreas Naturales protegidas existen fuertes intereses sobre los productos naturales que en ellas se encuentran.

Compraventa Existen otro tipo de actos por los cuales se puede atentar contra la propiedad sin que haya necesidad de la intervención del Estado. Uno de éstos es la compraventa, por la cual el titular de una propiedad o de los derechos sobre ella o 10

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ellos los transfiere a otro a cambio del pago de un precio determinado. Como ya dijimos, antes de las reformas que en 1992 se introdujeron al Artículo 27 de la Constitución, la propiedad social tenía carácter inalienable e imprescriptible, mismos que se suprimieron con dicha reforma para permitir que las tierras se convirtieran en mercancía y circularan libremente en el mercado.

Existen varias maneras para que las tierras entren al mercado. La primera es que la asamblea general del ejido o comunidad decida aportar las tierras de uso común como capital a una sociedad mercantil. Otra es la circulación dentro del mismo ejido de los derechos de parcelas asignadas individualmente por la misma asamblea entre sus integrantes, lo cual sólo requiere que se informe a la asamblea que el titular de los derechos parcelarios ha cambiado; la tercera es la adquisición del dominio pleno –es decir, la propiedad privada– de las parcelas por los titulares de los derechos parcelarios sobre ellas, esto también lo debe acordar la misma asamblea. Una vez que esto ha sucedido pueden transmitir libremente la propiedad de ellas al mejor postor. Como puede verse si esto llegara a suceder –la posibilidad jurídica siempre existe– los territorios indígenas se fraccionarían.

A casi dos décadas de aquellas reformas profundas al marco jurídico mexicano, los resultados comienzan a mirarse.

De acuerdo con datos del Registro Agrario Nacional (RAN), hasta 2000 se inscribieron 35 mil 803 actos de enajenación de tierras. Para 2008, la cifra había aumentado a 62 mil 55, lo que significa un incremento de 73.3 por ciento de este tipo de actos. De lo anterior se puede inferir que conforme el tiempo pasa aumenta la compraventa de tierras ejidales y comunales, principalmente en zonas conurbadas y costeras, de donde se deduce que el destino de las tierras que pasan del régimen social al privado no es la agricultura, sino los desarrollos turísticos e inmobiliarios. Hay que decir que la cantidad que registra el RAN es sólo indicativa, ya que muchos actos de este tipo no se registran pues no es una obligación legal hacerlo; lo que sí es obligatario es registrarlos en el Registro Público de la Propiedad, donde se asientan las propiedades privadas, pero de ésa no se cuenta con datos públicos oficiales.

Arrendamiento Otra manera de despojar a los ejidatarios de sus derechos sobre las tierras y sus recursos es el arrendamiento de las parcelas o las tierras de uso común, que la Constitución denomina asociación con particulares o con el Estado. Los eufemismos no terminan en eso, la Ley Agraria, en su artículo 79, establece que los ejidatarios pueden aprovechar sus parcelas directamente o conceder a otros ejidatarios o terceros su uso o usufructo, “mediante aparcería, mediería, asociación, arrendamiento o cualquier otro acto jurídico no prohibido por la ley, sin necesidad de autorización de la asamblea o de cualquier autoridad”. De igual manera establece que pueden aportar sus derechos de usufructo a la formación de sociedades tanto mercantiles como civiles.

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El único requisito que la ley exige para que el ejidatario pueda arrendar su parcela es que esté debidamente delimitada para que exista certeza de la superficie que arrenda y al tenerlo, ni la asamblea general de ejidatarios ni sus colindantes pueden oponerse a ello. Además de lo anterior, el artículo 45 de la Ley Agraria dispone que “las tierras ejidales podrán ser objeto de cualquier contrato de asociación o aprovechamiento celebrado por el núcleo de población ejidal o por los ejidatarios titulares, según se trate de tierras de uso común o parceladas, respectivamente”. Nótese que el objeto de este tipo de contratos se refiere a asociación o aprovechamiento y no al arrendamiento específicamente, por lo cual sólo una interpretación extensiva de este vocablo puede incluirlos. La misma disposición establece que “los contratos que impliquen el uso de tierras ejidales por terceros tendrán una duración acorde al proyecto productivo correspondiente, no mayor a 30 años, prorrogables”. Es decir, por 60 años. Lo que significa toda la vida del ejidatario y un plazo mayor que el del Código Civil para las propiedades privadas, que es de 20 años.

De acuerdo con el Censo Agrícola y Ganadero 2007, en el país se encuentran rentadas 2 millones 667 mil hectáreas; 667 mil, en aparcería; 1 millón 557 mil, prestadas, y “bajo otra forma”, 1 millón 435 mil hectáreas. En suma, 6 millones 300 mil hectáreas de tierra son usufructuadas por personas ajenas a los titulares de los derechos ejidales o comunales. El dato puede parecer menor, pero si se le ve en contexto no lo es tanto. Resulta que estas tierras sí se destinan a la agricultura. En conjunto, las que se dedican a este tipo de actividad ascienden a 31 millones de hectáreas, y de éstas, 22 millones se cultivan, de ahí que las tierras cuyo titular no las siembra representan el 28.8 por ciento de la tierra cultivable. Como es de suponer el arrendamiento lo realizan los agricultores que se dedican a la exportación de alimentos.

Existen otras actividades para las que también se rentan las tierras: los negocios de las empresas trasnacionales mineras y eólicas, como sucede en el Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca, donde los pueblos ikoots y binizaa sostienen una férrea lucha para que sus territorios no sean invadidos. Estas empresas se han introducido en México durante las dos últimas décadas, y ocupan gran parte del territorio nacional –tan sólo la industria minera, hasta 2010, tenía concesionado el 28.58 por ciento del territorio– y la manera de ocupar el territorio mexicano ha sido fundamentalmente el arrendamiento. Hay varias razones para ello. Una es que les resulta más barato, pues una vez que las han explotado pueden abandonarlas y marcharse sin problemas; otra es que, como ya anotamos, la Ley Agraria les permite un plazo más amplio que el Código Civil, además de que la primera es omisa mientras el segundo obliga al arrendatario a “responder de los perjuicios que la cosa arrendada sufra por su culpa o negligencia, la de sus familiares o sirvientes”, y le prohíbe “variar la forma de la cosa arrendada; y si lo hace debe, cuando la devuelva, restablecerla al estado en que la reciba, además de que es responsable de los daños y perjuicios”; aunado a ello, CONTRALÍNEA

“si el arrendatario ha recibido la finca con expresa descripción de las partes de que se compone, debe devolverla, al concluir el arrendamiento, tal como la recibió, salvo lo que hubiere perecido o se hubiere menoscabado por el tiempo o por causa inevitable”.

Eso no es todo. La Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, en su artículo 70, expresa que “los propietarios o poseedores de predios de dominio privado y los titulares de áreas concesionadas, cuyos suelos se encuentren contaminados, serán responsables solidarios de llevar a cabo las acciones de remediación que resulten necesarias, sin perjuicio del derecho a repetir en contra del causante de la contaminación”. Como consecuencia de esta disposición, las empresas pueden trasladar su obligación de reparar el daño ambiental a los dueños de los predios. Además, el siguiente artículo dispone que no puede transferirse la propiedad de sitios contaminados, salvo que la autoridad ambiental lo autorice. En conclusión, un ejidatario o comunero que renta su parcela, puede perder sus derechos sobre ella por 70 años, cuando se la devuelvan puede venir destruida. Y si está contaminada no podrá venderla.

Concesiones y permisos, reservas y vedas sobre los recursos naturales Respecto del despojo a través de las concesiones, el párrafo tercero del Artículo 27 constitucional, en su segunda parte, establece que la nación tiene el derecho “[…] de regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana. En consecuencia, se dictarán las medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y de planear y regular la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población; para preservar y restaurar el equilibrio ecológico; para el fraccionamiento de los latifundios; para disponer, en los términos de la ley reglamentaria, la organización y explotación colectiva de los ejidos y comunidades; para el desarrollo de la pequeña propiedad rural; para el fomento de la agricultura, de la ganadería, de la silvicultura y de las demás actividades económicas en el medio rural, y para evitar la destrucción de los elementos naturales y los daños que la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la sociedad”.

En esta disposición, la Constitución establece el derecho –en realidad, la facultad– de regular, a través de los órganos competentes, el aprovechamiento de los recursos naturales susceptibles de apropiación, es decir, aquellos que pueden ser convertidos en propiedad y tienen un valor potencial en el mercado. Pero no puede ser cualquier tipo de regulación, pues la propia Constitución la condiciona: debe ser en be28 DE OCTUBRE DE 2012

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neficio social y tener como fin la distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana. Es decir, una legislación con sentido social.

Entre las materias a regular se incluyen la ordenación de los asentamientos humanos, establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y de planear y regular la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población; preservar y restaurar el equilibrio ecológico; fraccionamiento de los latifundios; disponer la organización y explotación colectiva de los ejidos y comunidades; desarrollo de la pequeña propiedad rural; fomento de la agricultura, de la ganadería, de la silvicultura y de las demás actividades económicas en el medio rural, con la finalidad de evitar la destrucción de los elementos naturales y los daños que la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la sociedad.

El párrafo sexto del mismo Artículo 27 constitucional contiene una relativa a la forma en que los particulares pueden hacer uso y aprovechamiento de los recursos naturales en general. Dicha norma determina que “en los casos a que se refieren los dos párrafos anteriores, el dominio de la nación es inalienable e imprescriptible y la explotación, el uso o el aprovechamiento de los recursos de que se trata, por los particulares o por sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas, no podrá realizarse sino mediante concesiones, otorgadas por el Ejecutivo federal, de acuerdo con las reglas y condiciones que establezcan las leyes”.

Una concesión no es otra cosa que un acto a través del cual la administración pública otorga a los particulares la facultad 3 para explotar un bien propiedad del Estado. Que el dominio de la nación sobre las aguas es inalienable significa que su propiedad no se puede traspasar por ningún mecanismo jurídico.

Mientras sea imprescriptible, la propiedad no se puede adquirir por la ocupación y el paso del tiempo. Así, en otras palabras, no existe ninguna forma jurídica en que los particulares puedan adquirir la propiedad de los minerales, las aguas o los bosques.

Lo que se puede adquirir son derechos de uso y aprovechamiento, a través de concesiones que otorga el gobierno federal de acuerdo con lo que dispongan las leyes al respecto.

Como en el caso de la expropiación, que existe una ley general que establece la utilidad pública como causa de procedencia y muchas disposiciones particulares en diversas leyes, la Ley General de Bienes Nacionales también establece de manera general las reglas sobre las cuales pueden otorgarse concesiones, entre ellas a quiénes pueden otorgarse, las condiciones para hacerlo y las formas en que el Estado puede recuperar los derechos sobre los recursos naturales concesionados; pero también las leyes que regulan estas

materias contienen disposiciones específicas, entre ellas la Ley Minera, la Ley de Aguas Nacionales y la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable.

Ahora bien, lo que importa destacar es que ni las disposiciones legales ni la aplicación de la ley se han ajustado a lo que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el sentido de que el aprovechamiento de los recursos naturales debe ser en beneficio social, al buscar la distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de la conservación de dichos recursos, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población. Por ejemplo, mediante este procedimiento se ha instalado en el país la industria minera, que a 2010 había obtenido 24 mil 182 concesiones. Éstas abarcaban 49 millones 472 mil 55 hectáreas de terrenos, la mayoría de ellas de propiedad social. La totalidad de las empresas concesionarias son de capital extranjero, entre las que sobresalen las canadienses, seguidas de las estadunidenses e inglesas. Se concentran en los estados norteños de Sonora, Chihuahua y 4 Durango y explotan oro, polimetálicos y cobre. En ese mismo sentido, las concesiones de aguas están siendo acaparadas por las empresas embotelladoras, donde destacan las empresas Bonafont, Nestlé, Coca Cola y Pepsi Cola, de capital 5 extranjero y casi dueñas del mercado nacional.

Legislación, sin base constitucional Además de la anterior, existe otro tipo de legislación que no cuenta con base constitucional y su existencia obedece a mandatos de tratados comerciales internacionales, donde las empresas trasnacionales tienen una amplia participación para su elaboración. Es el caso de la Ley de Variedades Vegetales; la Ley de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados, y la Ley Federal de Producción, Certificación y Comercio de Semillas, que obedecen a compromisos contraídos por el gobierno mexicano a través del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, el Convenio sobre Diversidad Biológica y el Acuerdo sobre los Aspectos de Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, de la Organización Mundial del Comercio. Es cuestionable la existencia de este tipo de leyes, porque aunque técnicamente no resultan inconstitucionales –por no oponerse expresamente a sus mandatos– sí atentan contra el espíritu social de ella, que en su Artículo 27 establece que el aprovechamiento de los recursos naturales debe tener como objeto “una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana”.

3 Alfonso Nava Negrete y Enrique Quiroz Acosta, “Concesión administrativa”, en: Instituto de Investigaciones Jurídicas, Diccionario Jurídico Mexicano, tomo A-C, Universidad Nacional Autónoma de México-Porrúa, México, 2007, página 687 4 Anuario estadístico minero, 2007 5 Tony Clarke, Embotellados. El turbio negocio del agua embotellada y la lucha por la defensa del agua, Itaca-CASIFOP-UCCS-Instituto Polaris, México, 2009, páginas 338-349

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Como es lógico suponer, ninguna de estas leyes ni los tratados que las sustentan tienen ese objetivo. La Ley de Variedades Vegetales tiene por objeto fijar las bases y procedimientos para la protección de los derechos de los obtentores de variedades vegetales, es decir, aquellas personas que mediante un proceso de mejoramiento obtengan una variedad vegetal; la Ley de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados regula las actividades de utilización confinada, liberación experimental, liberación, comercialización, importación y exportación de organismos genéticamente modificados, con el fin de prevenir, evitar o reducir los posibles riesgos que estas actividades pudieran ocasionar a la salud humana o al medio ambiente y a la diversidad biológica o a la sanidad animal, vegetal y acuícola; y la Ley de Producción, Certificación y Comercio de Semillas regulan actividades relacionadas con la planeación y organización de la producción agrícola, de su industrialización y comercialización. No lo dicen claramente, pero el verdadero objetivo de estas leyes es apropiarse de los recursos naturales existentes en el territorio nacional aunque no en su forma de ecosistema, sino por medio de sus componentes químicos y biológicos.

Y los pueblos indígenas ¿qué?

Los territorios indígenas y los recursos naturales existentes en ellos sufren estas embestidas sin tener un fundamento jurídico sólido con qué hacerles frente. Para comenzar, la primera referencia no a territorios sino a las tierras se encuentra en el Artículo 27, fracción VII, párrafo segundo, de la Constitución, donde se establece de manera lacónica que la “ley protegerá la integridad de las tierras de los grupos indígenas”; la otra mención se halla en la fracción VI, del Artículo 2 constitucional, el cual prescribe que “reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para […] acceder, con respeto a las formas y modalidades de propiedad y tenencia de la tierra establecidas en esta Constitución y a las leyes de la materia, así como a los derechos adquiridos por terceros o por integrantes de la comunidad, al uso y disfrute preferente de los recursos naturales de los lugares que habitan y ocupan las comunidades, salvo aquellos que corresponden a 6 las áreas estratégicas, en términos de esta Constitución” .

Dos disposiciones bastante cuestionadas. La primera, porque nunca se reglamentó y la segunda porque simula recono7 cer un derecho al reenviar a lo que otras normas dispongan.

Ante este hecho, el camino que queda es el derecho internacional, que por disposición del Artículo 133 de la Constitución,

Áreas Naturales Protegidas en México

Número de ANP 41 67 5 8 35 18 174

Categoría Reservas de la Biósfera Parques Nacionales Monumentos Naturales Áreas de Protección de Recursos Naturales Áreas de Protección de Flora y Fauna Santuarios

Superficie en hectáreas

Porcentaje de la superficie del territorio nacional

12,652,787 1,482,489 16,268 4,440,078

6.44 0.75 0.01 2.26

6,646,942

3.38

146,254 25,384,818

0.07 12.92

también forma parte de nuestro orden jurídico interno y, de acuerdo con lo que dispone el Artículo 1 de la propia Constitución, así como las tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación forman parte del “bloque constitucional” y, por lo mismo, los derechos que regulan deben ser protegidos por el 8 Estado mexicano.

En este sentido, los caminos que quedan para la defensa de los territorios indígenas y los recursos naturales existentes en ellos son, especialmente, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y las jurisprudencias de los tribunales internacionales, entre ellas, la que en los últimos años ha producido la Corte Interamericana de 9 Derechos Humanos.

Pero no resulta suficiente para lograrlo. Los tribunales poco conocen este tipo de legislación y los litigantes no están acostumbrados a argumentar desde ellos. Además, hay que enfrentar las políticas institucionales que privilegian las disposiciones legales porque son las que favorecen los intereses de su clase. De ahí que los afectados, además de acudir a los tribuales, tengan que echar mano de otro tipo de estrategias para defender sus derechos, entre ellas las movilizaciones políticas y las denuncias públicas. Ellos saben que la lucha es contra el capital y que para salir airosos no bastan las normas jurídicas. En el fondo, están conscientes de que lo que les dará el triunfo será el cambio de un régimen que privilegia el dinero sobre la vida, y hay que cambiarlo por otro que ponga en el centro a ésta.3 *Abogado, especialista en derecho indígena y asesor agrario

6 Diario Oficial de la Federación, 14 de agosto de 2001 7 Para un análisis más amplio de lo que esto implica, puede verse: Francisco López Bárcenas, Legislación y derechos indígenas en México, Segunda edición, Cámara de Diputados-Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria, México, 2009; también: www.cedrssa.gob.mx/?doc=455 8 Varios 912/2010. 14 de julio de 2011. Mayoría de siete votos; votaron en contra: Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Jorge Mario Pardo Rebolledo (con salvedades) y Luis María Aguilar Morales (con salvedades). Ausente y Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Encargado del engrose: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Raúl Manuel Mejía Garza y Laura Patricia Rojas Zamudio. El Tribunal Pleno, el 28 de noviembre en curso, aprobó, con el número LXVII/2011(9a.), la tesis aislada que antecede. México, Distrito Federal, a 28 de noviembre de 2011 9 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Derechos de los pueblos indígenas y tribales sobre sus tierras ancestrales y recursos naturales. Normas y jurisprudencia del sistema interamericano de derechos humanos, 2010; internet: www.cidh.org

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El club de los impacientes Marcos Chávez M*

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P

or desgracia se interpone ese irritante interregno cuasi paralizante. Ese dilatado y ambiguo espacio de transición que caracteriza al senilmente esquizofrénico reino del sistema político autoritario mexicano y sus 30 años de salvaje fundamentalismo neoliberal. Donde el agonizante soberano, socialmente indeseable y que ya apesta a muerto, ve impotente cómo su autoridad se eclipsa irremisiblemente, y el príncipe heredero no se ha coronado legalmente como el rey sustituto. En el que el próximo dueño de los destinos de la nación se impacienta porque aún no puede ejercer sus potestades constitucionalmente concedidas como señor de horca y cuchillo, depositario absoluto del Poder Ejecutivo que avasalla a sus dóciles y supuestamente pares del Legislativo y Judicial, y somete a las mayorías que carecen de los mecanismos jurídicos para defender sus intereses ante las tropelías del bloque dominante político-oligárquico.

Esos meses espectaculares de saqueo procaz e impune del presupuesto (el año de Hidalgo) y últimos negocios turbios de los funcionarios; de vacío de poder, noches de cuchillos largos, reacomodos mafiosos de las elites; de traslapes en los deseos postreros del autócrata saliente y los anhelos anticipados del siguiente, negociados en las penumbras de los laberintos del poder e impuestos con arrogantes manotazos por la mayoría del Congreso.

Ese intervalo en el cual, por un lado, la sociedad exasperada no ve el momento de arrancarse definitivamente de sus espaldas el cadáver del monarca que asaltó el Estado, gobernó despóticamente, bañó de sangre al país durante seis años y lo empobreció masivamente. Y todavía, presuroso, tardía y sádicamente, le deja el regalo envenenado de la contrarreforma hacia la esclavitud laboral, por la vía de la abusiva iniciativa preferente, que revitaliza al omnímodo presidencialismo, al usurpar parte del quehacer legislativo, contrario a la democracia. Por decreto, Calderón le otorga al Ejecutivo el derecho de enviar al Congreso dos iniciativas prioritarias anuales que serán aprobadas sin una discusión seria y sin cambios significativos, porque a los legisladores sólo se les concederá un tiempo mínimo que impedirá analizarla. Se dice que con ello se busca superar la parálisis legislativa, hecho que, en realidad, evidencia el desinterés presidencial por negociar y alcanzar consensos con la oposición. Lo que se pretende es imponer. El Partido Revolucionario Institucional y sus aliados avalaron el decreto por una sencilla razón: el principal beneficiario será Enrique Peña Nieto.

En cambio, a los neofascios hijos de Francisco Franco, Repsol y los gallegos Mariano Rajoy (que somete a salvajes terapias de choques neoliberales a los españoles) y Alberto Núñez Feijóo, Calderón les ofrece parte de la renta petrolera, como si fueran caramelos, y la posibilidad de crear empleos y reanimar su comatosa economía. Un salvavidas político para la desacreditada extrema derecha. Firma con ellos oscuros negocios cuyos términos son guardados como secretos de Estado, escondidos a los mexicanos, por el gestor Juan José Suárez Coppel, el

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actual operador del descuartizamiento, la reprivatización y el pillaje de Pemex. ¿A cambio del exilio dorado entre los franquistas, jugosamente pensionado por seis años de teocracia neoliberal, en tanto condena a una vejez miserable a la mayoría de los esclavos asalariados, sin jubilación, o a una paupérrima a los que la alcancen, los menos, debido a la contra laboral?

Por otro lado, la población espera inquieta el arribo del nuevo César, malparido con las mismas artes priístas-panistas, que también está impaciente. Promete una “Presidencia democrática”, bienestar social, inclusión. Pero excluye al 99 por ciento de la población. Envía a sus falanges del Congreso, encabezadas por Manlio Fabio y Emilio Gamboa, junto con el Partido Acción Nacional-Partido Nueva Alianza, para que marginen a la oposición y aprueben la antilaboral contrarreforma empresarial, y protejan los intereses mafiosos de los capos del sindicalismo corporativo –verdadera carne de presidio– que tan buenos servicios han prestado al sistema. Con su séquito, el neosalinista viaja por el mundo y derrocha nuestros impuestos para anunciar la próxima existencia de mano de obra esclava (una de las más baratas del planeta, sin prestaciones ni derechos o con los mínimos, sometida; con escasos riesgos de huelga y con la “flexibilidad” de arrojarlos a la calle cuando se les pegue la gana, apoyados por el gobierno) y otro remate de las riquezas de la nación: las telecomunicaciones, el petróleo y la electricidad; entre otros sectores estratégicos, señuelos para tentar a los barones del capital foráneo. Respalda los oscuros acuerdos de Calderón con la ultraderecha española. Con los que sí se reúne son con los acelerados hombres de presa: Gerardo Gutiérrez, Claudio X González, Valentín Diez Morodo, entre otros, que le hablan al oído para que arme su programa de gobierno con los 21 puntos transexenales que ellos quieren: la Agenda por México. Entre éstos la bursatilización de empresas paraestatales, otra reprivatización agraria que les consolide el control de la tierra, participar en obras públicas, financiamiento (www.antad.net/cce/ CONTRALÍNEA

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programas_transexenales.pdf). Pero sobre todo les urge que les entregue la industria petrolera, porque como dice Luis Farías, fámulo de Lorenzo Zambrano (Cementos Mexicanos), “el sector energético está en crisis y frena el crecimiento del país”. Ésa es una “prioridad nacional” dice el católico Diez Morodo (le regaló a la esposa de Calderón “una Virgen de Guadalupe para que rece por todos nosotros”).

Se les hacen poco los 36 años de saqueo neoliberal, sumando el sexenio de Peña Nieto.

Viejos polvos manoseados de las contrarreformas neoliberales impuestas por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, los sicarios del Consenso de Washington, los depredadores globales; de la retórica mentirosa de los Chicago Boys, Agustín Carstens o Guillermo Ortiz, fracasados gerentes de Hacienda y del

Banco de México, que dicen que sin el desmantelamiento y reprivatización petrolera no habrá crecimiento.

Entre 1988 y 2012 se vendieron al menos 315 empresas públicas con precios fraudulentos. Se entregaron sectores estratégicos a la depredación empresarial. Se les permite hacer obras estatales de inescrupulosa calidad, con contratos leoninos y corruptos que les garantizan el saqueo impune, les evitan pérdidas y les aseguran ganancias corruptas. Además les recortaron las tasas fiscales y se les tolera la evasión y la elusión fiscal, por lo que prácticamente no pagan impuestos. Se les subsidia. Se les consiente la manipulación de los precios, la especulación, los abusos a los consumidores y a los trabajadores.

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Y el neosalinas se muestra dispuesto a cumplir sus deseos. Para eso lo impusieron.

Peña Nieto es un Taumaturgo: un mago que les hará el milagro que pudieron concederles de Miguel de la Madrid a Calderón.

También es una especie de Fata Morgana: un benefactor de sus hermanos de clase y el enemigo de los enemigos de su clase. ¿Cuál fue el resultado de la “economía de mercado” con su Estado como perro policía-militar?

El peor crecimiento durante el ciclo neoliberal: apenas 2.2 por ciento entre 1983 y 2012, 64 por ciento menor al registrado entre 1939-1982 (6.1 por ciento), cuando la economía estaba cerrada y el Estado intervenía activamente. La quiebra de las empresas y áreas privatizadas (bancos, ingenios, siderurgias, carreteras) que tuvieron que ser rescatadas con el dinero público para evitar que perdieran sus capitales. La pésima calidad de los bienes y servicios ofrecidos por las que sobrevivieron como monopolios o de las que medran en los sectores en los que se retiró el Estado (telecomunicaciones, gas, agua, distribución de gasolinas, etcétera).

La desaparición de quienes pugnaban por la apertura de la economía ante su incapacidad para competir.

Nuestros “empresarios” no son capitalistas, sino simples chacales que devoran y merodean alrededor de los bienes nacionales.

El Estado se jibarizó. Entre 1983 y 2012, las entidades públicas se redujeron de 1 mil 155 a sólo 212. Se supone que ello mejoraría la calidad de sus servicios y la eficacia del sector público, así como las finanzas totales. No obstante, ellas se encuentran en su peor momento: la oferta de energéticos (electricidad, gas, gasolinas, petroquímicos), los servicios sociales, la infraestructura... Es un Estado en ruinas.

Esa situación ha sido una estrategia deliberada de los neoliberales priístas-panistas, que las castigan presupuestalmente con el objeto de provocar su deterioro y la inconformidad social, para justificar su reprivatización. Las hojas de balance del Estado son indigentes debido a una pésima recaudación, una de las peores del mundo: apenas supera a la de las naciones más humildes del continente, como es el caso de Guatemala o Haití, que limitan el gasto gubernamental, así como a la corrupción y los negocios privados con los recursos públicos. De no ser por los ingresos petroleros, hace tiempo que el Estado hubiera quebrado fiscalmente. Para colmo, el panismo hereda un Estado dramáticamente endeudado. Los débitos públicos totales pasaron de 2 billones de pesos a 5.7 billones entre 2000 y 2012. Y todavía se pretende endeudarlo más por medio de la concesión de contratos a los empresarios locales y foráneos.

La oligarquía quiere todo y ya tiene a la elite política a su servicio.

Si alguien trata de oponerse, Calderón y Fausto Vallejo, el priísta gobernador de Michoacán, ya mostraron el expediente que están dispuestos a emplear como antídoto, el cual Peña Nieto no ve con malos ojos, si se considera que ha señalado una y otra vez que continuará la estrategia de seguridad calderonista: el gorilismo diazordacista, el brutal uso de los aparatos represivos que padecieron los normalistas de esa entidad, en nombre de la “modernidad” educativa.3 *Economista 28 DE OCTUBRE DE 2012

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Aguas profundas: una evaluación realista Fabio Barbosa*

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e difunden expectativas muy elevadas sobre el potencial de los recientes descubrimientos petroleros en aguas profundas al Norte del Golfo de México. En septiembre bastó el descubrimiento del pozo Trión, para que se adelantara la evaluación de 10 mil millones de barriles. En octubre, el propio Calderón al anunciar el segundo descubrimiento, con el pozo Supremus, elevó las expectativas a 13 mil millones de barriles. Su secretario de Energía, Jordy Herrera, ha proclamado que este país ahora cuenta con petróleo para 50 años más. Como escribimos en Contralínea, no dudamos del descubrimiento, lo que se pone en duda son las evaluaciones precipitadas exagerando el potencial. Esta nota pretende un escarceo sobre qué, más realistamente, puede esperarse del petróleo en la zona Norte del Golfo de México. ¿Qué puede esperarse, razonablemente, de la región del Cinturón Plegado Perdido?

Si utilizamos el método analógico, puede ser útil una revisión cuidadosa de lo que se ha descubierto del lado gringo, en la misma área, considerando no sólo los campos más cercanos, sino todos los descubrimientos, incluso también los ubicados a varios cientos de kilómetros al Norte y al Noreste.

Si seguimos ese criterio, tenemos los siguientes cuatro complejos: 1) El grupo en el que la compañía Shell es operadora comprende tres campos: Great White, Tobago y Silvertip. El primero inició su producción en abril de 2010 y el segundo en 2011. Silvertip permanece aún sin iniciar operaciones. El dato clave es que las instalaciones de proceso y transporte tienen una capacidad de producción de 100 mil barriles diarios de aceite, más 20 mil barriles de gas natural, expresados como crudo equivalente. Se trata de cifras suficientes para definirlas como correspondientes a un yacimiento gigante, es decir, “capaz de aportar 100 mil barriles diarios, por lo menos durante un año”.

2) Más distante, a unos 250 kilómetros al Noreste, se encuentran otros dos campos, cuyo operador es Petrobras: Chinook y Cascade. El primero arrancó operaciones en marzo pasado y Cascade inició producción apenas en septiembre (información de Gustavo Amaral, vicepresidente de Petrobras America’s Upstream, publicada en el último número de Offshore Engineer).

La explotación de ellos se realiza empleando, por primera vez en Estados Unidos, un barco de carga, mezcla y exportación llamado FPSO, por su sigla en inglés. Su capacidad de proceso es de 80 mil barriles diarios, es decir, menor a la del complejo de Shell, cercanas a la frontera con México, lo que no implica regatear su importancia.

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3) El tercer grupo lo forman campos donde Chevron es el operador: comprenden Jack y St Malo. El primero parece ser el más grande de los descubrimientos recientes en las aguas estadunidenses, según George Kirkland, vicepresidente de la empresa. Las instalaciones de proceso tendrán capacidad para producir 170 mil barriles de crudo, con posibilidades de expansión que podría llegar a 200 mil barriles. Sin embargo, Jack es un pozo en ambientes de muy altas presiones, que implican desafíos extremos. Nuestra hipótesis es que

lo anterior ha demorado el inicio del proyecto de explotación que tiene ya más de seis años sin poderse concluir.

4) Finalmente tenemos el grupo en donde British Petroleum es la operadora: comprende los campos Tiber y Kaskida. Andy Inglis, oficial ejecutivo en jefe de British Petroleum, afirmó que Tiber es un campo gigante, pero la consultoría Wood Mackenzie ha revelado datos que desmienten el optimismo: “queda mucho trabajo por hacer para confirmar el tamaño…”; y agrega que “la producción en proCONTRALÍNEA

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fundidades extremas, a muy altas presiones y temperaturas, es extremadamente desafiante, y es poco probable que el campo se encuentre en operación hasta la segunda mitad de la próxima década”. Esto quiere decir que no puede adelantarse ninguna cifra sobre su potencial (véase Financial Times, de septiembre de 2009).

En resumen y por analogía, en este momento lo que podría esperarse en el escenario más optimista es que Pemex podría aumentar su producción de crudos alrededor de 350 mil barriles diarios de aceite, equivalentes a los que tendrán, en el pico, los proyectos de Shell, Petrobras y Chevron, en el sector estadunidense. Desde luego, esa producción será para más allá de 2020.

El futuro inmediato Pemex había construido en el último sexenio, con investigación sísmica, una cartera de 30 localizaciones de perforación. Ahora ya reformuló el programa para aguas profundas pretendiendo perforar quince nuevos pozos entre 2013 y 2014, reconcentrando toda la actividad sólo en dos áreas: Perdido y Catemaco.

En conclusión, por los montos invertidos, la exploración en las aguas profundas del Gol-

Nuevo programa de perforaciones en aguas profundas 2013-2014

Número 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Pozo

Ubicación

Tirante de agua en metros

Titus Trion delimitador Extenso Exploratus Vasto Confu Pep Maximino Maximino delimitador Ahawil Tumtah Naajal Nat Hem Yoka

Perdido Perdido Perdido Perdido Perdido Perdido Perdido Perdido Perdido Catemaco Catemaco Catemaco Catemaco Catemaco Catemaco

730 2,540 2,766 2,830 2,750 2,090 2,917 2,922 2,933 1,940 2,310 2,470 2,660 2,600 2,090

Profundidad total en metros 5,000 4,200 4,550 7,275 8,500 5,050 6,640 6,640 5,700 3,200 3,700 7,500 8,600 5,030 6,600

Fuente: Pemex Exploración y Producción, septiembre de 2012

fo de México fue el proyecto estelar en el sexenio del presidente Calderón, y seguirá siéndolo en el gobierno de Peña Nieto.3 *Investigador en el Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México

Reformulación de los planes de Pemex para 2013

Fuente: Pemex Exploración y Producción, Activo de Exploración Región Norte, septiembre de 2012

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Elecciones en Estados Unidos: Coca Cola o Pepsi Pablo Moctezuma Barragán*

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os candidatos, una sola causa. En dos convenciones, en Tampa, Florida, los republicanos eligieron a su candidato Mitt Romney; y en Charlotte, Carolina del Norte, el Partido Demócrata eligió a Barack Obama. Dos opciones para conducir al imperio en una misma ruta: la dictadura de las corporaciones hábilmente disfrazada de “democracia” por la alternancia de dos partidos en el poder, para concretar los mismos fines. El bipartidismo es la dictadura modernizada; en Estados Unidos ha funcionado desde hace tiempo y ahora han logrado imponerlo en México, donde el Partido Revolucionario Institucional y el Partido Acción Nacional se turnan en el poder para seguir fielmente los dictados del gobierno en Washington, que habla de “integración”, “asociación” con México, y al mismo tiempo reprime a los migrantes y levanta el muro de la muerte.

Del otro lado, el pueblo estadunidense, harto de la guerra, crisis, vejación de los migrantes, exige democracia y se opone a la violencia.

Recientemente –del 5 al 7 de octubre– se llevaron a cabo en todo el país numerosos eventos antibélicos en un aniversario más del comienzo de la criminal guerra de Estados Unidos contra Afganistán en 2001. Los manifestantes apoyaron a los pueblos extranjeros con las demandas: “¡las tropas de Estados Unidos, de regreso a casa ya!”, y “¡no a los aviones no tripulados o drones!”. Expresaron también oposición contra la creciente represión hacia los migrantes. Se generalizaron las demandas contra un gobierno que impunemente aplica políticas racistas, como las detenciones con base en el perfil étnico, la política Stop & Frisk (detener y cachear) y las detenciones de musulmanes, por la Oficina Federal de Investigación y las redadas y asesinatos de migrantes.

El pueblo vecino cada vez toma mayor conciencia de que Washington planea continuar su política de agresiones. Ahora amenaza de in-

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vasión a Irán y Siria. Y, como consecuencia, aplica la política de militarización en la que jóvenes afroamericanos, mexicanos y centroamericanos son obligados a formar parte del ejército para agredir a otros pueblos.

Actualmente la mayoría de las personas en Estados Unidos quieren que se ponga fin a la guerra en Afganistán y regresar a todas las tropas.

Los trabajadores creen que lo que necesitan son relaciones de colaboración y beneficio mutuo con los pueblos del mundo, no de agresión, así como terminar con el racismo y el genocidio que Estados Unidos aplica en el extranjero y en su propio país. Pero en el sistema político actual no tiene peso la voluntad de la mayoría del pueblo y no están representada por los candidatos a la Presidencia. Tanto Barack Obama como Mitt Romney han recalcado que ellos tienen propuestas diferentes pero encaminadas en la misma dirección: favorecer a los ricos y a su dominio sobre el país, impulsar la guerra y la construcción imperial. Así que el sistema electoral estadunidense no deja otra opción: Coca Cola o Pepsi.

El gobierno de Estados Unidos es un promotor de la guerra y tanto demócratas como republicanos siguen esta misma línea. Haría falta un sistema electoral diferente para lograr que el pueblo esté en condiciones de elegir un gobierno antiguerra ya que con el actual sistema no se puede lograr que sea el pueblo quien decida si quiere paz o guerra.

Hoy lo único que se discute es quién –si Romney u Obama– puede hacer mejor la tarea. Obama fomenta el chauvinismo al decir que los estadunidenses trabajan “más y mejor que cualquier otra persona” y que “juntos podemos sobrepasar a cualquier otra nación en la Tierra”. Por su parte, Romney también atiza el chauvinismo al declarar que Estados Unidos es el país más grande “en la historia del mundo” y que “cuando el mundo necesita a alguien para hacer las cosas realmente grandes es porque necesitan a un americano [sic]”.

Así fomentan una competencia: el aplastamiento de los “ganadores” sobre los “perdedores”, de los “mejores” sobre los “atrasados” y con esto preparan el terreno para la represión y la guerra. Dice Obama: “Vamos a mantener el ejército más poderoso que el mundo haya conocido”; afirma Romney: “Vamos a mantener un ejército tan fuerte que ninguna nación nunca se atrevería a probarlo”. ¡Belicosos!

Barack Obama realiza la campaña más costosa de la historia, la cual rebasa los 1 mil millones de dólares (no le llega a lo que a trasmano gastó Peña Nieto) contra los 750 millones que costó la de 2008; y mantiene la alianza con los Clinton. Fue William Clinton quien lo nominó en la Convención Nacional Demócrata. ¿Qué habrá negociado Obama con ellos? No se sabe, pero los Clinton lo apoyan con todo. Este equipo pretende seguir empoderándose a través de los “decretos ejecutivos” e incluso saltarse al Congreso para imponer sus planes desde el Ejecutivo.

México y los mexicanos hemos sufrido la guerra en carne propia. Cuando llegó Obama al poder, Hillary Clinton impulsó la integración militar a partir de la visita hecha a Calderón en marzo de 2009 con grandes logros CONTRALÍNEA

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–todos anticonstitucionales– y ahora ya tienen oficina binacional, maniobras navales y militares conjuntas, actúan en bases militares, vuelan sus drones y dirigen clandestinamente Fuerzas Armadas y policía mexicanas, con lo que instigan en todo momento la guerra al interior de nuestro país; guerra que le recetó la Agencia Antidrogas estadunidense a Calderón. Esa “integración”, impulsada por Obama, conduce al sometimiento, violencia, falta de respeto a los derechos humanos y al neocolonialismo, lo cual se contempla clara y dramáticamente en la forma en que la Patrulla Fronteriza trata a los mexicanos.

La violencia en la frontera es sufrida a diario por miles de mexicanos y llega al extremo: José Antonio Elena Rodríguez, un adolescente mexicano de 16 años, oriundo de Nogales, Sonora, fue encontrado muerto en la noche del miércoles 10 de octubre en la frontera con heridas de bala, luego de que la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos le disparara en ocho ocasiones en la espalda. El 3 de septiembre ocurrió otro drama estremecedor: en Tamaulipas mataron a Guillermo Arévalo, albañil de 36 años. Él preparaba carne asada para celebrar el cumpleaños de su esposa. Sus hijas de 10 y 12 años de edad fueron testigos del asesinato de su padre, que fue baleado en el pecho cuando le gritaba, junto a otras personas, a la Patrulla Fronteriza que dejaran en paz a un mexicano al que la policía quería ahogar –haciendo olas con su lancha– cuando venía nadando rumbo a México.

El pasado 7 de julio asesinaron a balazos a Juan Pablo Pérez Santillán, de 30 años, en el puente internacional Los Tomates-Veterans, entre Matamoros, Tamaulipas y Brownsville, Texas. Siempre el pretexto es que “estaban aventando piedras”.

Tan sólo en junio de 2012 se reportó el hallazgo de 20 cuerpos en la frontera entre México y Estados Unidos, y los datos de 2010 registraron 360 cadáveres en el área. La represión contra los migrantes se ha intensificado. Particularmente con el gobierno de Barack Obama, las redadas y deportaciones han aumentado. Con estas acciones han dividido a decenas de miles de familias mexicanas y se ha extremado el maltrato, al grado de que los migrantes criminalizados no sólo no tienen derechos laborales, sino que se les niega todo tipo de derecho humano, incluso el derecho a la vida. Aún así, en el segundo debate presidencial del 16 de octubre, Obama dijo demagógicamente: “Hemos reforzado la frontera, pero persiguiendo a los delincuentes, no a los trabajadores ni a los estudiantes”. ¡Cuánta falsedad!

Los asesinatos públicos que efectúa la patrulla fronteriza quedan en total impunidad. En otra agresión, el 22 de junio de 2011 agentes estadunidenses asesinaron a un mexicano. Éste fue baleado en territorio nacional con el pretexto –otra vez– de que “lanzaba piedras”. José Alfredo Yáñez estaba en Tijuana, Baja California, a la altura de la colonia Castillo, cuando recibió un disparo en la cara por parte de la patrulla fronteriza a través de una malla. Yáñez era un trabajador, a quien obligaron a dejar un hijo de un año y medio, y a su esposa embarazada de cinco meses.

Los recientes crímenes en la frontera Norte son descarados, como el homicidio de Ramsés Barrón de apenas 17 años de edad. Él recibió un disparo de arma de fuego por la espalda el 5 de enero de 2011, en la frontera de Nogales.

Otro caso es el de Anastasio Hernández Rojas, quien el 28 de mayo de 2010 fue golpeado y pateado hasta la muerte por 19 policías en la ruta Tijuana-San Diego (como consta en un video). Él gritaba y pedía auxilio, pero de nada le valió; poco después, el 7 de junio de 2010, Sergio Adrián Hernández, de 15 años, fue asesinado en el cruce del ferrocarril trasnacional Puente Negro, que une a Ciudad Juárez, Tijuana, con el Paso, Texas. Un CONTRALÍNEA

agente fronterizo le disparó en la cabeza, pero Sergio estaba en territorio mexicano.

El gobierno de Calderón en vez de aplicar la ley en nuestro territorio y exigir la deportación del asesino, sistemáticamente, le pide al gobierno de Washington que efectúe una “profunda investigación”, y éste, tras “investigar”, declara lo que quiere. En el caso de Sergio Adrian lo acusó de ser un pollero (traficante de indocumentados) y en todos los casos habla de que aventaban piedras, como si eso justificara el asesinato a sangre fría.

Estados Unidos dice que somos “socios”, pero intensifica la represión y las deportaciones de mexicanos, que en ese país son tratados como criminales por el delito ¡de trabajar! Si con Bush la cosa iba mal, con Obama ha empeorado: Janet Napolitano, del Departamento de Seguridad Interior, informó el 6 de octubre de 2010 que durante aquel año fiscal –el primero en la presidencia de Barack Obama– se registró una cifra récord de 392 mil personas extranjeras deportadas, lo que significó un incremento del 70 por ciento en deportaciones respecto de 2009, en la etapa final de la presidencia de George W Bush. De este total, el 71 por ciento son mexicanos. En 2011 se alcanzaron las 400 mil deportaciones.

El gobierno del PRIAN (contracción de las siglas de los partidos Revolucionario Institucional y Acción Nacional) habla de “alianza estratégica” y de “compromisos compartidos” con Estados Unidos; entre cúpulas se abrazan, mientras que Washington –que construyó el muro de la muerte en la frontera– desarrolla una política de asesinatos indiscriminados contra los mexicanos, fomenta el odio racista y hay respeto nulo de nuestra soberanía, y de los mínimos derechos de nuestros connacionales, de hecho lo que estamos viviendo no es otra cosa que el neocolonialismo y el neofascismo. ¡Hemos de organizarnos para detener estos crímenes! ¡Ni Obama ni Romney son “aliados de México”!

Pero con los trabajadores y el pueblo de Estados Unidos habremos de desarrollar y fortalecer la solidaridad y la lucha constante. Por lo pronto, en estas elecciones presidenciales estadunidenses de 2012, nada bueno se espera para el pueblo de Estados Unidos o para el de México, ni del demócrata ni del republicano. ¡La democracia como la de Estados Unidos es democracia chatarra!3 *Politólogo y urbanista; vocero del Congreso de la Soberanía y dirigente de Mexteki 28 DE OCTUBRE DE 2012

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OPINIÓN

Empresarios, únicos aplaudidores de Calderón Martín Esparza Flores*

En un gobierno bien constituido las leyes se ordenan según el bien público y no según la ambición de unos cuantos Maquiavelo

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urante nuestra comparecencia en la Comisión del Trabajo del Senado de la República el pasado 11 de octubre, justo a tres años de perpetrado el golpe al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), dejamos bien establecida nuestra posición en contra de la Reforma Laboral impulsada por Calderón y exigimos a los senadores no ser serviles ante los empresarios; y menos, aplaudidores de las decisiones que en contra del pueblo de México ha tomado el Ejecutivo durante su sexenio.

Miles de trabajadores y miles de jóvenes han salido a las calles en todo el país para manifestar su rechazo a una contrarreforma que pretende cancelar el futuro laboral y económico de las nuevas generaciones, al privarlas de los beneficios de la seguridad social contenidos en el Artículo 123 constitucional. Insistimos a los miembros de la Cámara de Senadores que si quieren debatir una iniciativa de tales implicaciones sociales lo hagan de cara a los principales interesados, pero no, como es su costumbre, por la puerta trasera.

El descontento social que priva por doquier no es, como suponen los cortesanos oficialistas de Calderón, producto de complots o estrategias políticas. Los tiempos electorales ya quedaron atrás. Y que no se equivoquen: el pueblo es paciente pero no ingenuo; y sabe lo que implicará para su precario nivel de vida que se dé luz verde a un atentado social de tal naturaleza en el Congreso de 20

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la Unión: más pobreza y miseria.

Calderón se ha vuelto un presidente impopular porque se lo ha ganado a pulso desde que decidió anteponer su lucha fallida contra el narcotráfico a los proyectos y beneficios sociales; en su desesperación por legitimar su gobierno, olvidó las necesidades apremiantes de millones de mexicanos. Y de “presidente del empleo” pasó a ser el mejor agente de ventas de Gayosso, convirtiendo al país no en una nación de bonanza social sino en un gigantesco camposanto, sembrado de miles de cenotafios. ¿Cuál es el grupo minoritario que está feliz y aplaude a rabiar las políticas e iniciativas antisociales de Calderón? Por supuesto que los empresarios, representantes de los monopolios nacionales y extranjeros, que aplaudieron una y otra vez la ilegal extinción de Luz y Fuerza del Centro, cuyos encubiertos fines eran acabar con el Sindicato Mexicano de Electricistas y su contrato colectivo, adueñándose del multimillonario negocio de la fibra óptica, adquiriendo la infraestructura eléctrica, propiedad del pueblo de México, a precio de ganga.

La clase empresarial se unió a una voz con Calderón porque, supuestamente, cerrar Luz y Fuerza del Centro redundaría en un mejor servicio, se reactivaría la economía en la zona centro del país, bajarían las tarifas eléctricas, se crearían más empleos, y el país se ahorraría miles de millones de pesos del erario... A tres años, ninguno de tales supuestos se ha cumplido. Los hombres del dinero siguen diciendo que se actuó en la dirección correcta, aunque la Comisión Federal de Electricidad cometa miles de atropellos por ilegales cobros a los usuarios de menores recursos y mantenga una absoluta opacidad en el otorgamiento de materia de trabajo a empresas contratistas. Es evidente que su zalamería busca aderezar el servilismo de Calderón, y ahora el de los diputados y CONTRALÍNEA

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senadores, con la aprobación de una reforma laboral a modo, que les permita flexibilizar el trabajo a niveles de una moderna esclavitud.

Lo dijimos bien claro a los senadores y lo señalamos a la opinión pública: ¿quieren debatir una auténtica reforma laboral? Ahí les dejamos una prueba real e inatacable de lo que es una verdadera reforma laboral: un ejemplar de nuestro contrato colectivo de trabajo (CCT), donde se establecen con claridad las conquistas históricas de 98 años de lucha de los electricistas, donde sí se da la estabilidad en el empleo, donde sí se integran las prestaciones al salario, donde sí hay seguridad social y el derecho a una jubilación y a prestaciones dignas. ¿Quieren los senadores actuar en el papel que les impone la Constitución como representantes populares?

Pues que empiecen por consensuar una verdadera iniciativa de reforma constitucional al Artículo 123 con la participación de la sociedad y los diversos sectores involucrados, no únicamente con los patrones; que le entren, como les hicimos la invitación, a la revisión del papel en

teradamente busca poner de rodillas, es firme aspirante a juicio político por los costos que tendrá el país por su patológico resentimiento al SME, y junto con buena parte del gabinete de Calderón, deberá explicar al pueblo por qué se violentaron los derechos de miles de electricistas, a sabiendas de que se estaba violando la ley, y de las implicaciones legales y los costos que esto podría traer consigo.

Ha quedado demostrado que a los empresarios les produce resquemor la existencia de contratos colectivos como el del Sindicato Mexicano de Electricistas: instrumentos producto de la meritoria contratación colectiva, que resguardan el derecho constitucional de los trabajadores y sus familias a tener una vida honesta y decorosa. En aras supuestamente de la globalización y la competitividad, exigen al gobierno y a los legisladores avasallar las conquistas de la clase trabajadora cuando hay organismos como la Cepal (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) o la propia OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), que advierten que la

“A los empresarios les produce resquemor la existencia de contratos colectivos similares al del Sindicato Mexicano de Electricistas: instrumentos producto de la meritoria contratación colectiva, que resguardan el derecho constitucional de los trabajadores y sus familias a tener una vida honesta y decorosa”

la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA), manejada por el propio Ejecutivo, los patrones y los sindicatos corporativos; lo que pone en entredicho su verdadera independencia y autonomía a la hora de emitir sus fallos (tal y como sucedió con el asunto del SME donde, luego de 10 meses, en la JFCA se dieron por canceladas las relaciones individuales y colectivas de los electricistas por causa fortuita o de fuerza mayor, negándonos de paso, y sin litis de por medio, la figura del patrón sustituto, consideraciones que fueron echadas abajo por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al concedernos el amparo directo).

En tal escenario de atropellos, personaje central fue Javier Lozano Alarcón, el peor secretario del Trabajo que ha tenido nuestro país en su historia; esta lastimosa marioneta, que además de atentar contra nuestro CCT buscó inmiscuirse a través de personeros, en la vida interna de nuestro sindicato, y que ahora como senador sigue luciendo el disfraz de bufón de los empresarios; éste enemigo público número uno de los trabajadores, a los que reiCONTRALÍNEA

reforma laboral no es el camino para la creación de empleos y el fortalecimiento de nuestra economía.

Los hemos dicho reiteradamente en diversos foros y concentraciones: miremos lo que está sucediendo en países de Europa en los que, en un total desacierto oficial, se insiste en colocar en las espaldas de los trabajadores, y de los empleados públicos, el costo de la crisis económica. El descontento social en las calles amenaza ya la paz y la estabilidad en muchas naciones. Esperemos que en México no suceda lo mismo a consecuencia de la imprudente determinación de nuestros senadores.

Ojalá que la brújula del equilibrio republicano que debe privar entre el capital y el trabajo, guíe el rumbo de su decisión final, y no se sumen a los empresarios, como aplaudidores de Calderón.

Nuestra posición es firme y no daremos un paso atrás para evitar la contrarreforma laboral, amparando la movilización social del pueblo en dicho cometido.3 *Secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas 28 DE OCTUBRE DE 2012

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Luvina, de Rulfo, es casi todo México Iskra Sabino Márquez*

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a atmósfera que se describe en Luvina está impregnada de una esencia fantasmagórica y, al mismo tiempo, de una gran tristeza. Juan Rulfo, en este cuento, describe el ambiente del pueblo de San Juan Luvina, rodeado por la miseria y la muerte. Es un lugar en el que cualquiera que se atreva a cruzar sus límites vivirá sentenciado por la pesadumbre.

“Por cualquier lado que se le mire, Luvina es un lugar muy triste. Usted que va para allá se dará cuenta. Yo diría que es el lugar donde anida la tristeza. Donde no se conoce la sonrisa, como si a toda la gente le hubieran entablado la cara. Y usted, si quiere, puede ver esa tristeza a la hora que quiera” (Juan Rulfo, Pedro Páramo y El llano en llamas. Luvina, editorial Planeta, página 174).

Luvina consume todo lo que pisa sus terrenos. Se chupa la vida y seca las almas de todo ser vivo. “Allá viví. Allá dejé la vida... Fui a ese lugar con mis ilusiones cabales y volví viejo y acabado”. En Luvina habita un viento que sólo arrastra un aroma de muerte, que aterroriza a todo aquel que lo escucha. Es como si el pueblo estuviera maldito. En ese lugar la vida está negada.

Sus habitantes poseen una personalidad que confunde, como si fueran espectros que están condenados a habitar dentro del infierno; pero éste es un infierno terrenal.

San Juan Luvina es un pueblo lúgubre donde no hay cabida para la esperanza. Ahí todas las ilusiones están muertas, como las personas que alguna vez pudieron anhelar un suspiro de consuelo, y que en vez de dirigir su camino hacia una mejor existencia se tuerce, abruptamente, alrededor de la esperada muerte, esa muerte que es tan deseada por las personas que en ella ven el único medio para la liberación del gran sufrimiento que de Luvina nace.

“Nadie lleva la cuenta de las horas ni a nadie le preocupa cómo van amontonándose los años. Los días comienzan y se acaban. Luego viene la noche. Solamente el día y la noche hasta el día de la muerte, que para ellos es una esperanza” (página 177).

La soledad de Luvina es dolorosa. Su paisaje,

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grisáceo. Pero el viento que emana del fondo de la barranca es el más temible. Es como si tuviera voluntad propia. El viento de Luvina es como el alma maligna del cerro que somete y aterroriza a sus habitantes. Este soplo gris que penetra hasta los huesos, que fulmina el espíritu de quien lo inhala, que apaga el color de la vida y lo maquilla dejando un tono de aflicción, es el ser que vive dentro de Luvina.

“Dicen los de allí que cuando llena la luna, ven de bulto la figura del viento recorriendo las calles de Luvina, llevando a rastras una cobija negra; pero yo siempre lo que llegué a ver, cuando había luna en Luvina, fue la imagen del desconsuelo... Siempre” (página 174).

Este cuento no sólo hace referencia a un mundo que se encuentra encapsulado en una dimensión que es temida por muchos, es la fatal realidad que viven día con día los hombres del campo, una realidad devastadora, como ese viento aterrador que ronda el pueblo de Luvina, y es el hambre y la miseria que viven los campesinos de nuestro país desde hace mucho tiempo y que al enfrentarnos a esa verdad por medio de la lectura nos parece escalofriante. Ese mismo sufrimiento lo transmite Juan Rulfo por medio de este maravilloso relato, y es que el hambre duele y la pobreza se convierte en un animal que devora todo lo que a su paso se encuentra y que desconoce sexos y edades.

Lo que en Luvina se exalta es la miseria de la existencia y el mejor remedio que existe para ese mal se encuentra en la no existencia, en la muerte; esa muerte que promete parar el sufrimiento de todos esos hombres y mujeres que deambulan por las calles del pueblo como ánimas en pena, que ni siquiera tienen rostro.

En Luvina ni la fe ampara a sus más fieles creyentes, no hay esperanza de nada. “Al atardecer, cuando el sol alumbraba sólo las puntas de los cerros, fuimos a buscarla. Anduvimos por los callejones de Luvina, hasta que la encontramos metida en la iglesia. Allí no había a quién rezarle. Era un jacalón vacío, sin puertas, nada más con unos socavones abiertos y un techo resquebrajado por donde se colaba el aire como por un cedazo” (página 175).

El pueblo de San Juan Luvina hace recordar esas regiones de México que viven subyugadas y relegadas por la extrema pobreza y que a pesar de ubicarse dentro del mismo territorio parece que habitan otro mundo.

Zonas en las que sólo se pueden encontrar ancianos casi moribundos y mujeres solitarias acompañadas por sus pequeños hijos que desde muy temprana edad tienen que enfrentarse a las rudas labores del campo, para poder llevar el alimento necesario a sus bocas. Estas personas son las mismas que se enfrentan a esa atmósfera de miseria en la que la tierra ya no da más para sembrar porque se ha vuelto estéril.

Todo esto es Luvina, un poblado donde la vida ya no puede dar fruto alguno y la esperanza está muerta. Luvina no sólo es un cuento que parece relatar la historia de un pueblo fantasma, es la ficción literaria que nace de la brutal realidad. Es el retrato de una vida miserable.3 *Licenciada en humanidades, maestrante en educación CONTRALÍNEA

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Transparencia sindical

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PORTADA !

Impune CONTRABANDO TEXTIL EN MÉXICO Contrabando ilegal de telas, lavado de dinero, falsificación de documentos y evasión fiscal, entre los delitos cometidos por una red criminal que opera en México y en Estados Unidos. En el país vecino ya fueron condenados dos empresarios por estos hechos, pero aquí el gobierno de Felipe Calderón no sólo se ha mostrado lento, sino omiso en las pesquisas. Al menos 243 cargamentos provenientes de Indonesia y Shangái habrían servido para enriquecer a unas cuantas familias y presuntamente lavar dinero de Los Zetas

León Braojos

Claudia Villegas

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4Al menos 243 cargamentos de textiles provenientes de Indonesia y Shangái ingresaron a México por la frontera con Estados Unidos de manera ilegal

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pesar de la colaboración del gobierno de Estados Unidos, que ya condenó a dos empresarios confesos y cómplices del contrabando técnico de textiles hacia México, las autoridades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Procuraduría General de la República (PGR) han sido incapaces de juzgar a una red criminal que habría lavado dinero y se beneficiaría del ingreso de mercancías asiáticas defraudando al fisco.

Con la emisión de facturas y certificados de origen falsos, empresarios estadunidenses participaron entre 2005 y 2009 en una red de corrupción que permitió evadir el pago de aranceles y el ingreso al territorio mexicano de al menos 243 cargamentos de textiles provenientes de Indonesia y Shangái.

Una investigación del Grupo de Fraude Comercial en Laredo, Texas, del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por su sigla en inglés), demuestra desde 2009 que en México cuantiosas y frecuentes importaciones de textiles asiáticas fueron ordenadas por empresas fachada que ocultaban la identidad de sus accionistas.

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Hasta ahora, sin embargo, el gobierno mexicano ha sido incapaz de proporcionar información sobre el daño económico que provocó al fisco este fraude y contrabando técnico. Tampoco ha citado a declarar a los involucrados a pesar de que autoridades estadunidenses los tienen plenamente identificados.

La PGR, a través del titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, Irving Barrios Mójica, acepta que “el monto debe ser considerable porque las operaciones ilícitas se estuvieron realizando durante mucho tiempo”.

Aunque la investigación se inició formalmente en 2010, fue hasta 2011 cuando se abrió la averiguación previa UEIDFF/ FISM08/185/2011 en México, por los delitos de fraude fiscal y contrabando de productos textiles procedentes de varios países asiáticos, en donde se adquiría la mercancía para luego ser introducida a territorio mexicano por la frontera con Estados Unidos.

En ese expediente, cuyas copias tiene Contralínea, se establece que empresas estadunidenses les otorgaban facturas y certificados de origen amparados en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), con el fin de engañar

al gobierno mexicano y avalar que dichas mercancías se producían en Estados Unidos y por eso entraban exentas de impuestos.

Con base en el acuerdo firmado entre los gobiernos de México y Estados Unidos sobre Asistencia Mutua entre las Administraciones de Aduanas y en apego al Plan Estratégico Bilateral del 13 de agosto de 2007, la Administración Central de Investigación Aduanera mexicana solicitó el 9 de febrero de 2010, mediante el oficio 80005-00-00-00-2010-0609, el apoyo de las autoridades de Aduanas de Estados Unidos para verificar la existencia de las compañías estadunidenses NY Aynilian & Co, Inc, y Lulú Fashions, Inc, ambas con domicilio en Nueva York, así como para validar la autenticidad de facturas comerciales y certificados de origen expedidos por dichas empresas a favor de la compañía mexicana Comercializadora Luna Blue, SA de CV. Los avances, sin embargo, son nulos.

Así, a unas semanas de concluir el gobierno de Felipe Calderón, la PGR reconoce que el caso de contrabando de textiles y corrupción, que en Estados Unidos se investiga desde 2009, en México será heredado al próximo gobierno sin haber sido investigado adecuadamente.

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www.aclaimimages.com

“Esperamos que el próximo gobierno lo continúe porque es un asunto relevante que involucra miles de millones [de pesos] desde hace más de 10 años, y nos preocupa mucho”, asegura el subprocurador Barrios.

Pero en Estados Unidos, gracias al cruce de transferencias electrónicas a través de los circuitos del Valley National Bank en Wayne, Nueva Jersey, los investigadores del ICE pudieron confirmar la participación de al menos 20 mexicanos, a quienes los documentos oficiales y las declaraciones de los empresarios estadunidenses acusados ubican como parte de la “comunidad judía” y que habrían sido cómplices de esta red de corrupción.

Empresarios de la comunidad judía, según el ICE, habrían pagado por la emisión de certificados de origen que avalaron la importación de textiles estadunidenses y les permitió recibir en territorio mexicano los cargamentos de productos asiáticos pero declarados estadunidenses, con lo que recibieron ilegalmente el trato arancelario preferencial que marca el TLCAN. En México,

4Los empresarios mexicanos habrían obtenido los certificados de origen falsos para la importación de telas con el objetivo de evadir el pago de impuestos

4Copia del documento en el que el agregado del ICE detalla la participación de la empresa Aynilian y su propietario en el caso de contrabando de textiles CONTRALÍNEA

ninguno de ellos ha sido investigado por las autoridades de la PGR, la Secretaría de Hacienda o Aduanas.

Para empezar, los empresarios involucrados habrían incurrido en un delito tipificado como “contrabando por subvaluación”.

Los documentos falsos, emitidos por las empresa NY Aynilian & Co, Inc, con sede en Nueva Jersey, eran aceptados en las aduanas mexicanas, en donde, de acuerdo con expertos en comercio internacional, las autoridades mexicanas tenían la obligación de verificar la autenticidad de los certificados.

Hasta ahora, a pesar de que en Estados Unidos la investigación llevó a la identificación de los empresarios presuntamente involucrados (expediente que ya fue entregado al gobierno mexicano), las autoridades mexicanas han sido incapaces de concluir la averiguación previa y consignarla ante un juez federal que lleve ante la justicia a unas 15 empresas y sus dueños por los delitos de fraude, evasión fiscal, contrabando, soborno y los que resulten.

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En la lista de empresarios mexicanos que son investigados por Estados Unidos y cuyos nombres aparecen en documentos oficiales del ICE figuran José Husni Micha; Salomón Cojab Fallena; David Cojab Cohen, quien estaría involucrado en otro caso de contrabando de textiles; Moisés y Jaime Betch, dueños de Forromex; Noel Venado; Manolo Lua, dueño de Textiles Lua; Jack Casaab Attie, dueño de la empresa Casti y Casbo; Charlie Kim, dueño de Cini de México; Jorje Kim, de Kim Textiles y Grupo Cyprus; Mauricio y Eduardo Atri; Scion Shamosh, copropietario de Loubeck; Simón Shamosh, copropietario de Loubeck; Ronald Joseph Akiki Beirut; César y Ulises Sánchez, y Mauricio Niño Mora.

El titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, Barrios Mójica, confirma que, a pesar de que en Estados Unidos la investigación se inició hace varios años, en

4Las autoridades de Estados Unidos informaron del caso a las mexicanas desde 2010 28

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4Las facturas y certificados de origen apócrifos se amparaban en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte

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Saúl López /Cuartoscuro

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4Barrios Mójica, subprocurador de Delitos Federales

México es apenas hace ocho meses cuando comenzó la colaboración con las autoridades del ICE. En México, agrega Barrios Mójica, la investigación está viva. Las autoridades de la PGR dicen que están armando el expediente a partir de la información que proporciona la Secretaría de Hacienda pero sobre todo el gobierno de Estados Unidos.

A pesar de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos encontró culpables

4La Secretaría de Hacienda, principal fuente de información para las pesquisas que realiza la PGR sobre el caso del contrabando de telas por subvaluación

de México, algunos abogados ya cuenten con información para usar en los juicios [que se desahogan] allá”.

No obstante, la PGR también acepta que, hasta ahora, no se ha llamado a declarar a ninguno de los presuntos involucrados en el fraude y contrabando de textiles asiáticos, a pesar de que también podría configurarse el delito de lavado de dinero. Las autoridades esperan integrar todos los expedientes y confirmar que son

“Cuando procesen al responsable de estas operaciones en Estados Unidos vamos a ver si podemos interrogarlo. Porque los empresarios judíos no son los que directamente operaron esto, eso lo hizo quien está allá”: subprocurador Barrios de falsificación y contrabando a los empresarios Vahram Aynilian y a Fred Lukach, en México la PGR asegura que “ignora en qué momento se encuentra la investigación”.

En México la información sobre el caso fluye a cuentagotas. El subprocurador de Delitos Federales asegura que, por procedimiento, no se comparte toda la información hasta que se procede en contra de los responsables, con lo que se evita que, “desCONTRALÍNEA

responsables para generar, entonces sí, medidas cautelares de arraigo.

“Cuando en Estados Unidos procesen al responsable allá de estas operaciones vamos a ver si podemos interrogarlo. Porque los empresarios judíos no son los que directamente operaron esto, eso lo hizo quien está en Estados Unidos”, dice el funcionario de la PGR. Sin embargo, desde el 3 de diciembre de 2009, en Estados Unidos, el Departa-

mento de Justicia dio a conocer que Vahram Aynilian y Fred Lukach fueron declarados culpables de falsificar certificados de origen, facturas y de esquemas ilegales de exportación.

Para su defensa, Vahram Aynilian contrató al despacho de Cathy Flemming, abogada que defendió al exsubprocurador General de la República, Mario Ruiz Massieu, hasta que éste se “suicidó” en territorio estadunidense, cuando enfrentaba un juicio por acusaciones de lavar dinero para cárteles del narcotráfico en México.

Los agentes del ICE acordaron con la prestigiada abogada una reunión con el empresario acusado de contrabando de textiles para verificar la autenticidad de las facturas y certificados de origen que tenían de membrete la firma de su empresa NY Aynilian & Co, Inc. El primer encuentro se realizó en Nueva York el 5 de mayo de 2010, en donde el empresario Aynilian reconoció que dichos documentos no eran auténticos, pero aseguró que no habían sido emitidos por él ni por su compañía, y que la firma en el certificado de origen era falsa.

Sin embargo, el 14 de junio de 2010, el agregado del ICE de la Embajada de Estados Unidos en México, Jere Miles, le envió otro escrito –FRAU:1088:MX08UR 28 DE OCTUBRE DE 2012

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Ante agentes especiales del ICE, Aynilian declaró que fue en 1996 cuando conoció al empresario mexicano Anuar Name, con participación en el sector textil, exsocio de Isaac Saba y presidente del grupo Name.

Name Yapur, a quien el empresario estadunidense identificó como “comprador de textiles para México”, le presentó a su sobrino Juan Name Name, quien en 1998 le propuso utilizar su compañía para producir facturas y certificados de origen falsos para aprovechar, en el marco del TLCAN, las preferencias arancelarias para la exportación de telas a México.

Aynilian aceptó –de acuerdo con su confesión ante agentes del ICE– y comenzó la emisión de facturas y certificados que fueron utilizados para introducir textiles de Estados Unidos a México sin declarar ante las aduanas mexicanas su verdadero origen asiático.

De esta forma, Name Name, quien operaba en Laredo, Texas, un negocio de

almacenaje y reenvío de textiles a México, introdujo al empresario estadunidense en un círculo de falsificación de documentos que durante cinco años les habrían permitido evadir el pago de los impuestos correspondientes. Aynilian no sólo se involucró en la emisión de documentos falsos; también amplió su participación a la logística que permitió llevar los textiles asiáticos a México.

El sobrino del empresario textilero Name Yapur le presentó a otro empresario estadunidense: Fred Lukach, quien se dedicaba, a través de la empresa DR Logisticsk, a dar servicios de almacenaje y fletes en Laredo.

Juan Name le dijo a Vahram Aynilian que Lukach fungiría como intermediario en la logística de la elaboración y pago de los documentos fraudulentos. Con la participación de Lukach, Name evitaba aparecer en los registros bancarios porque era este empresario estadunidense quien enviaba a Aynilian las transferencias elec-

David Cilia

08LD0037:bs– al administrador central de Investigación Aduanera de México, Alfredo Fisher Melgar, en donde le informa que Vahram N Aynilian finalmente había declarado tener una sociedad con el ciudadano estadunidense Fred Lukach, quien en múltiples ocasiones le pagó, “en representación de terceras personas en México”, 1 mil dólares a cambio del consentimiento de Aynilian para que empresarios mexicanos produjeran fraudulentamente un juego de factura y certificado de origen TLCAN con el membrete de NY Aynilian & Co, como emisor de los mismos y ser utilizados en el contrabando de telas hacia México.

Fue así como Vahram Aynilian y Fred Lukach llegaron a un acuerdo con el fiscal del Departamento de Justicia de Estados Unidos a fin de declararse culpables de cometer actividades ilícitas. También habrían proporcionado información sobre sus “clientes” mexicanos que hoy forma parte de la investigación que sigue abierta en los tribunales estadunidenses.

El 8 de julio de 2010, Vahram Aynilian y Fred Lukach fueron sentenciados, en cada caso, a tres años de libertad supervisada y a pagar multas por 5 mil dólares. Adicionalmente, Aynilian entregó un cheque certificado por la cantidad de 199 mil 201 dólares como parte de su acuerdo de culpabilidad, cantidad que fue embargada como ganancia ilícita. Quien emite un certificado de origen para exportación es responsable, según las autoridades de Estados Unidos.

El expediente del ICE, así como información del Departamento de Justicia de Estados Unidos, revela que Aynilian recibió al menos 199 mil 201 dólares por la emisión de certificados de origen falsos que acreditaban los textiles exportados a México como productos manufacturados en la zona del TLCAN.

Vahram y Name, cómplices Graduado en la Universidad de Nueva York, en el Instituto de la Moda de esa ciudad, el estadunidense Vahram Aynlian fundó la empresa NY Aynilian & Co, Inc, dedicada a la compra y venta de textiles sin incluir la manufactura ni producción de telas.

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4Autoridades aduanales, responsables de comprobar la autenticidad de los documentos de importación CONTRALÍNEA

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4Los agentes del ICE corroboraron la relación entre las empresas

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estadunidenses y la mexicana Comercializadora Luna Blue CONTRALÍNEA

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Gilberto Molina/Cuartoscuro

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4A pesar de que en la PGR consideran que es relevante, el caso de los empresarios textileros se heredará a la próxima administración federal, admite la dependencia que encabeza Marisela Morales

trónicas que cubrían el pago por los certificados falsos. A los investigadores del ICE, Aynilian les explicó que por cada juego de factura y certificado de origen falso, el mexicano pagaba 1 mil dólares.

Además de Lukach, en la triangulación de los pagos, el expediente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas señala al mexicano Jesús Eduardo Magnuson Salinas, transportista con operaciones en Nuevo Laredo, Tamaulipas, y de quien una Corte de Distrito del Sur de Texas reporta como presunto involucrado en un caso de narcotráfico de al menos 50 kilogramos de mariguana. Magnuson impugnó la acusación ante el Poder Judicial de Estados Unidos.

Sobre el mexicano Jesús Eduardo Magnuson, en Laredo, Texas, agentes especiales del ICE reportaron haber encontrado información sobre la estrategia del transportista para lograr el ingreso de los textiles al territorio mexicano.

Jesús Eduardo Magnuso, reporta un documento del ICE con fecha 5 de mayo de 2009, le pagaba a la organización criminal Los Zetas para que permitiera el cruce de los embarques a México sin ser secuestrados o robados.

Jesús Eduardo Magnuson, a quien se le identificó con una cuenta bancaria en HSBC México, depositaba el dinero en una cuenta bancaria y un miembro de Los Zetas le daba la autorización para introducir los embarques de textiles a México.

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Además del supuesto pago a Los Zetas para lograr inmunidad, Magnuson también enviaba pagos a la compañía NY Aynilian por la compra de documentos fraudulentos, y a veces escoltaba los embarques de textiles a la Ciudad de México.

Los agentes especiales del ICE en Laredo, Texas, notificaron un requerimiento de información ante el Valley National Bank de Nueva York a fin de que proporcionara información sobre las transferencias electrónicas recibidas de 2007 a 2008 en la cuenta 41114841, que se abrió en dicho banco a nombre de Vahram Aynilian.

Derivado de lo anterior, el Valley National Bank de Nueva York proporcionó a los agentes especiales del ICE en Laredo, Texas, un listado sobre transferencias enviadas a la referida cuenta por diversas personas y compañías, entre las cuales se encuentra Jesús Eduardo Magnuson Salinas quien realizaba pagos a nombre de terceros involucrados.

Entre las empresas y personas que realizaron transferencias electrónicas se encuentran Platino World Limitied, SA de CV; Silvia Patricia Martínez Mancilla; Citiex Fabric; Comercializadora e Importadora Alba; Gerónimo Guevara Rodríguez; Alie Camara DBA PAPA; Dreamwell Collection; Adverting Creations; Paul W Huick; Deona E Magnuson Salinas; Artemide, Inc; Oscar García; Elloise International Corporation; Ward and Co, CONTRALÍNEA

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nales, en el Distrito de Texas, División de Laredo. En México, tienen conocimiento de este hecho de corrupción –que sigue impune después de 10 años– el secretario de Hacienda, José Antonio Meade Kuribreña; el jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena; la procuradora General de la República, Marisela Morales; el subprocurador de Delitos Federales de la PGR, Irving Barrios Mójica; el administrador General de Aduanas, Gerardo Perdomo Sanciprián; el administrador General de Auditoría Fiscal Federal, Alberto Real Benítez, y el administrador Central de Programas Especiales de la Administración Federal del SAT.

Las pruebas del contrabando En un escrito con clave FRAU:1081:MX 08UR08LD0037:bs, y fecha del 4 de junio de 2010, el agregado del ICE en la Embajada de Estados Unidos en México, Jere Miles, le informa al administrador central de Investigación Aduanera de México, Alfredo Fisher Melgar: “Investigadores del ICE adscritos a esta www.remates.sat.gob.mx

Ltd; Texport, Inc; María Antonia del Rivero Díaz; Salomon James; Abdou S Marong; CID Ribeiro; Proyecciones de Marca, SA de CV; Cotswold Industries, Inc; Libre Mercantil Mexicana, SA de CV, y Altex.

Vahram Aynilian siempre cobraba 1 mil dólares estadunidenses por cada juego de documentos fraudulentos, con lo que manifestaba que la mercancía (que nunca había visto y que, sabía, venía de otro país) había sido manufacturada en Estados Unidos.

Ante las autoridades estadunidenses, Lukach declaró que “el dinero utilizado para comprar los documentos fraudulentos a Vahram Aynilian usualmente era enviado directamente por los clientes judíos a la cuenta bancaria de Jesús Eduardo Magnuson Salinas y luego transferido electrónicamente a la cuenta bancaria de Vahram Aynilian en Nueva Jersey.

El documento del ICE, firmado por su agregado, Jere Miles, no precisa si la cuenta de Magnuson era la misma que tenía registrada en HSBC. Así, en Estados Unidos el proceso sigue y se encuentra a cargo del fiscal Roel Ca-

4El caso de la importación ilegal de telas involucraría también el presunto lavado de dinero para Los Zetas

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Agregaduría realizaron diversas búsquedas en las bases de datos comerciales a las que tiene acceso esta agencia respecto a la compañía estadunidense NY Aynilian & Co, Inc, y su propietario y presidente Vahram N Aynilian. Su domicilio se ubica en 381 Broadway St Westwoood, Nueva Jersey 07065.”

La segunda empresa es Lulú Fashions, Inc, con domicilio en 400 Broadway, Nueva York 10013, y su presidente es Vahram Aynilian. Los agentes especiales del ICE asignados al Grupo de Fraude Comercial en Laredo, Texas, ya habían realizado investigaciones sobre supuestas actividades ilegales relacionadas con el empresario.

Un documento de la Cámara de Diputados reconoce que al investigar el contrabando técnico –como sucedió en el caso del grupo español Inditex, operador de las tiendas Zara– la falsificación de los certificados de origen es difícil de comprobar ya que es necesario hacer la indagatoria en el país exportador y en la mayoría de los casos no se cuenta con el apoyo de los países exportadores para hacer las investigaciones necesarias, sino que, por el contrario, protegen a sus productores.

Además, según la Administración General de Aduanas, no cuentan con la autoridad suficiente para hacer estas indagatorias en el exterior. El caso de la colusión entre supuestos empresarios de origen judío –tradicionalmente ligados al sector textil– es diferente porque las autoridades estadunidenses no defienden a los empresarios estadunidenses vinculados en el caso, pues no se trata de fabricantes sino de comercializadores. El camino estaba libre para que el gobierno de Felipe Calderón aplicara la justicia en este caso. Sin embargo, no fue así.

En México, además, la investigación tendría que ampliarse a los compradores de esos textiles asiáticos. El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados asegura que “el contrabando técnico es una práctica en que incurren incluso las grandes tiendas de prestigio, evadiendo los pagos arancelarios y los impuestos”. Según la Administración General de Aduanas, las investigaciones por contrabando técnico se extenderían a 3 mil casos en donde se indagó la participación de tiendas de prestigio.3 CONTRALÍNEA

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CULTURA ?

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PANISMO saqueo y deterioro del patrimonio artístico de México En 12 años, al menos 1 mil 40 piezas de arte sacro fueron robadas en todo el país y 22 recintos religiosos fueron dañados o destruidos. Debido al alto número de incidentes, México es el país en América Latina de donde se sustrae más arte colonial. Puebla, la entidad en territorio nacional donde se registran más robos, seguido por el Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala y Guanajuato Elva Mendoza/Segunda parte y última

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4En los sexenios de Fox y Calderón, 1 mil 40 piezas de arte sacro fueron robadas Iván Stephens/Cuartoscuro

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l Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) guarda registro de, al menos, 307 incidentes que implican robo o daño de piezas e inmuebles religiosos. La cifra abarca 11 años de gestiones panistas e involucra el robo de 1 mil 40 piezas de arte, entre las que se encuentran retablos, óleos, pinturas, esculturas, imágenes de bulto, altos relieves y maderas talladas.

De acuerdo con el expediente del INAH –solicitado por Contralínea a través de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental– en la lista de bienes robados de los recintos religiosos de todo el país se inscriben 370 esculturas, sean éstas de madera o yeso; 351 pinturas; 205 objetos, donde se incluyen coronas, joyas, limosnas, prendas e incluso pilas de bautismo, y 114 artículos que no entran en dichas categorías como los altos y bajos relieves.

De la suma de bienes, más del 60 por ciento fueron sustraídos de iglesias, capillas, templos y conventos poblanos, de donde salieron 282 esculturas, 227 pinturas y 151 objetos.

Con 162 robos reportados de 2000 a 2011, y un total de 660 piezas de arte eclesiástico involucradas, Puebla es la entidad más saqueada en el rubro (Contralínea 307). Atrás se encuentran Estado de México con 31 robos en el mismo periodo, Hidalgo con 29, Tlaxcala con 21, Guanajuato con 19, Jalisco con 14, Morelos con 11, Zacatecas con nueve y Oaxaca con ocho robos.

Pablo Amador Marrero, investigador en el Instituto de Investigaciones Estéticas de la Universidad Nacional Autónoma de México (IIE-UNAM), hojea, con tristeza, el expediente de objetos robados. “Se me rompe el alma”, dice mientras repasa con avidez las páginas.

El también historiador de arte habla de la importancia de las piezas: “son eslabones de la historia de todas estas localidades y en general de la historia del arte de México. Son señas de identidad de estas localidades que se quedan huérfanas de pasado”; cuando se sustraen, se convierten en objetos descontextualizados y reducen su valor histórico, explica.

Sorprendido por la cantidad de robos,

Melitón Tapia/INAH/Cuartoscuro

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4Las piezas de arte robadas “son eslabones de la historia de las localidades y en general de la historia del arte de México. Son señas de identidad que se quedan huérfanas de pasado”

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Moisés Pablo/Cuartoscuro

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jeron: ‘nada sale de aquí’”.

Recuerda también que en una de sus visitas a la iglesia de Huaquechula, Puebla, la gente se mostró agresiva. Le preguntaban qué era lo que hacía ahí y le decían que se fuera. Pese a ello, la historiadora de arte les concede la razón: les habían robado una escultura de la iglesia. “Una pieza extraordinaria, bellísima, un San José traído de Guatemala, donde hacían esculturas muy bellas y ya no está”.

Recuperación de piezas

4”Las restauraciones equívocas son dañinas: una obra mal restaurada muchas veces es una obra perdida, porque utilizan sustancias que no se pueden quitar, como pintura para automóviles”

el experto sentencia: “Esto es impensable para cualquier país desarrollado o que pretenda serlo”.

La evaluación de la investigadora Clara Bargellini, también del Instituto de Investigaciones Estéticas, no dista de la de su colega. “Es espeluznante”, expresa, sorprendida ante el expediente.

Como especialista en arte colonial y virreinal, Bargellini ha visto de cerca el estado de emergencia en el que se encuentra el patrimonio artístico de México.

“Cuando uno va a una iglesia espera encontrar lo que vio ahí la última vez, porque no hay garantías”.

Bargellini fue convocada por el Mandato Antiguo Colegio de San Ildefonso para colaborar con la exposición Cicatrices de la fe. El arte de las misiones del Norte de la Nueva España, 1600-1821. La muestra, que permaneció abierta al público durante cuatro meses en 2009, reunió 137 obras de arte, entre pinturas, esculturas, platería, textiles, muebles, mapas y libros, pertenecientes a colecciones mexicanas, europeas y estadunidenses.

Relata la experta que cuando fueron en la búsqueda de piezas de arte para montarlas en las salas del Museo de San Ildefonso hallaron reacciones de apoyo y rechazo de las comunidades y el clero. “En Chihuahua el obispo nos apoyó mucho.

Les parecía un proyecto importante y les interesaba apoyarlo, eso ayuda mucho; pero también hubo pueblos que nos diCONTRALÍNEA

La tasa de recuperación de piezas es mínima. Pocas veces regresan al lugar del que fueron sustraídas. Ya sea porque no se denuncia el robo o porque se denuncia, pero no se lleva a cabo la investigación.

Elisa Ávila cuestiona el papel de las instancias de justicia: “habría que ver qué tanto seguimiento les dan las procuradurías a las averiguaciones previas. Hasta donde llegan las investigaciones de los agentes, generalmente son carpetazos. Quedan las averiguaciones abiertas por años.

No hay continuidad. Hay lugares donde venden patrimonio histórico y no hay quién investigue si esos objetos proceden de algún templo de otro estado [de la República”.

Para Pablo Amador Marrero, el sistema es ineficaz. “Hay que atrapar al ladrón y ejercer la ley”. De lo contrario el robo es “verdaderamente fácil. No los atrapan y si no los atrapan siguen robando”.

A decir de Clara Bargellini, falta interés por conservar el patrimonio. “Yo creo que no les interesa tanto a los que les debería de interesar. No puede ser que se roben tantas cosas y nunca dan con nadie; qué se puede decir de eso”.

Aunque pocos, la investigadora menciona casos de obras recuperadas. Entre ellos una pintura del estado de Hidalgo que fue hallada en el Museo de San Diego, y un relieve de San Francisco perteneciente a una iglesia de Puebla, “una pieza muy conocida”. Compara: “es como cuando roban a La Mona Lisa, todo el mundo sabe lo que es, pero la roban de todos modos”.

Elisa Ávila trae a la memoria otro caso, se trató de un cuadro de Tochimilco, Puebla, recuperado porque se ofrecía en venta por internet.

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Gustavo Herrera/Procesofoto

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4Sin registro, el acervo artístico e histórico en manos de la Iglesia Católica

Falta de registro Amador Marrero plantea que la dificultad en la recuperación de obra robada radica en la falta de registro. La Auditoría Superior de la Federación ha señalado repetidamente que el Instituto Nacional de Antropología e Historia carece de una base de datos que cuantifique y cualifique el patrimonio artístico nacional.

La Iglesia tampoco cuenta con los datos: “Todavía no”, responde el padre José Raúl Hernández, titular del Departamento de Arte Sacro de la Arquidiócesis de México, a la pregunta de si cuentan con el censo. Agrega que el INAH y el Instituto de Investigaciones Estéticas trabajan en ello.

“No sabemos lo que tenemos, no tenemos descripciones bien realizadas de ese patrimonio, descripciones pormenorizadas para protegerlo o para tener evidencia a la hora de recuperarlo y de eso somos conscientes los investigadores. ¿Cómo vas a recuperar una pieza si no sabes ni cómo es? ¿Cómo le vas a decir al juez: esta pieza viene de tal lugar, si no sabemos? ¿Cómo vamos a reclamar esa pieza?”, increpa Amador Marrero.

El experto pertenece al proyecto Uniarte del IIE-UNAM. El objetivo: registrar, inventariar y catalogar el patrimonio artístico de México para su estudio, enseñanza, conservación y protección. En la iniciativa de Renato González Mello, 40

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titular de la dependencia universitaria, participan expertos en cómputo, historia del arte y restauración.

Dice Marrero que hacen inventarios por necesidad, porque en parte no se están haciendo y porque les es vital para la investigación. “Se necesita saber qué hay y estudiarlo, conocer el patrimonio”.

Precisa que saber lo que se tiene es un elemento de disuasión. Documentar la obra conlleva a que cuando aparece la pieza se tienen argumentos para decir que fue robada.

Criminales “expertos” Para robar arte sacro se necesita una alta especialización, conocimientos sobre técnicas, autores, historia y equipo. Elisa Ávila, restauradora del INAH, sostiene que los autores intelectuales del robo son gente muy capacitada, con equipo, que estudia la pieza, el lugar, cómo van a ingresar, a qué hora.

Relata la también perito que en Tochimilco, Puebla, se llevaron un retablo que necesitaba ser cargado por, al menos, seis personas. “Es muy grande, muy pesada, un pedazote de madera”.

Aunque no precisa el lugar o la fecha, recuerda haber acudido a hacer peritajes a iglesias donde era evidente que los responsables del robo manipularon piezas y descartaron las que carecían de valor estético, artístico, histórico o económico.

Responsabilidad del Estado Para conservar el patrimonio se requiere de la cooperación de las instituciones y de la sociedad, coinciden los expertos. No obstante, tanto Bargellini como Pablo Amador y Elisa Ávila sostienen que la responsabilidad le corresponde al Estado y a la Iglesia.

Fortalecer el trabajo institucional, legislar eficientemente al respecto, ejecutar estrictamente la ley, establecer vínculos estrechos con los involucrados, las procuradurías de justicia, las agencias del Ministerio Público y la Iglesia, son algunas de las acciones que enumeran.

“El patrimonio artístico, la herencia cultural de un país, no puede estar en una situación de simpatías personales, tiene que haber un régimen preciso, informado y activo”, refiere Bargellini.

Contrario a México, España, Francia e Italia, naciones que cuentan también con elevados índices de patrimonio, han logrado reducir su número de robos con base en políticas precisas de salvaguarda, especifica Amador Marrera.

Problema mundial, sin importancia El robo y tráfico ilícito de bienes culturales ocupa el tercer sitio en el ranking mundial de los mercados ilegales, sólo después del tráfico de drogas y de armas, según estimaciones del gobierno Argentino.

En 2008, Diego Marquis, entonces director de Comunicación de la Secretaría de Cultura de Argentina, aseguró que el delito genera 6 mil millones de dólares por año en el mundo.

Aunque la International Criminal Police Organization (Interpol) se abstiene de otorgarle un lugar al robo de bienes culturales por la falta de información sustantiva, el delito ocupa un sitio en su portal de internet junto con el tráfico de armas, drogas y personas.

Al respecto, la investigadora Clara Bargellini refiere que, en reuniones con la Interpol, los agentes argumentan que para ellos el robo de arte es un asunto relativamente menor; si se piensa que también abordan casos de trata de personas, la historiadora les da la razón. No obstante, aclara que no hay suficiente interés en parar o CONTRALÍNEA

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por lo menos atajar el fenómeno.

Restauraciones erróneas En agosto de 2012, los medios internacionales sacaron a la luz la “restauración” ejecutada por una mujer a una pintura del Ecce Homo. El óleo, realizado en 1930 por el artista Elías García Martínez, fue pintado en uno de los muros del Santuario de Misericordia de la localidad de Borja, Zaragoza, al Este de España.

La mujer restauró sin autorización ni conocimientos la obra, misma que fue, prácticamente, “destrozada”. Los hechos se dieron a conocer por el Centro de Estudios Borjanos, que en su blog mostró fotografías del antes y después de la pintura, y expresó su “profundo pesar”.

Aunque el ayuntamiento de Borja no descartó la posibilidad de emprender acciones legales contra la mujer, su concejal sostuvo que no se puede dar una imagen de impunidad, porque “independientemente del valor de la obra” el hecho es que una persona ha entrado en una iglesia y ha actuado sin permiso, y eso es “una agresión al patrimonio artístico”.

Señala Bargellini que en el caso de Cicatrices de la fe, prácticamente todas las piezas que trajeron del Norte necesitaban restauración. Y agrega que aunque el robo es algo terrible, las restauraciones equívocas son igualmente dañinas, en el sentido de que una obra mal restaurada muchas veces es una obra perdida, porque utilizan sustancias que no se pueden quitar, como pintura para automóviles.

Ante la falta de registro y una política de conservación e investigación, las piezas de arte sacro y los bienes inmuebles, además de quedar a merced de los traficantes de arte, se enfrentan al paso del tiempo, incendios e inundaciones que desgastan y destruyen el patrimonio artístico.

Según el expediente del Instituto Nacional de Antropología e Historia –del que Contralínea posee copia–, de 2000 a 2011, 22 inmuebles sufrieron alguna clase de daño.

El caso Chihuahua Baja California, Quintana Roo, Chihuahua y Oaxaca –aunque este último en un 42

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grado menor– son los únicos estados que registran además de robos, daños y destrucción por inundaciones e incendios. En 11 años, tres incendios y cuatro precipitaciones pluviales afectaron inmuebles religiosos de las entidades.

El 9 de noviembre de 2005 un incendio acabó con cinco pinturas del siglo XVIII: San José con el niño, San Vicente Ferrer, Inmaculada concepción, Nuestra señora del Refugio, y San Francisco de Asís. Los óleos Virgen flanqueada por ángeles, Sagrada familia, Nuestra señora de Guadalupe, Nuestra aeñora del Carmen y La dolorosa, también del siglo XVIII, quedaron dañados por el fuego.

Los cuadros permanecían en la Misión de San Francisco Javier de Jicamurachi, municipio de Uruachi, en Chihuahua. La cubierta y pintura interior del inmueble también se vieron afectadas por el fuego.

Tres años después, en marzo de 2008, un incendio dañó la pintura interior y cubierta de la Misión de Nuestro Padre San Ignacio de Papajichi, Guachochi, Chihuahua. La pintura del siglo XVIII Virgen de Guadalupe y la escultura de Santa Ana quedaron totalmente destruidas, mientras que el retablo del siglo XVIII, de pino tallado con rosetón y ornamentos botánicos Sagrario se dañó en un 30 por ciento, y la escultura Virgen inmaculada recibió daños en el 60 por ciento de su estructura.

El 1 de julio de 2007, una inundación afectó la cubierta del baptisterio y derrumbó la sacristía de la Misión de Santiago y San Felipe de Janos, en el municipio de Janos, Chihuahua. Al año siguiente, en julio de 2008, la lluvia causó el colapso del 80 por ciento de la antigua Misión de San José, en Ciudad Juárez.

En 2010, un incendio en el templo católico de San Andrés Zabache, municipio de Ejutla de Crespo, Oaxaca, dañó monumentos históricos muebles e inmuebles que no fueron especificados por el Instituto Nacional de Antropología e Historia.

Las irreparables pérdidas patrimoniales Ante la pregunta de qué se pierde cuando se roba o se destruye el patrimonio artístico de una nación, Clara Bargellini habla de la memoria, de las características que le dan

Eduardo Miranda/Procesofoto

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4Alfonso de Maria y Campos, titular del INAH

personalidad propia a cada obra. “Son como individuos, no son producidas en serie: es una, si se pierde, se pierde para siempre”.

También habla de la obra de Miguel de Cervantes: “Si el texto del Quijote se hubiera perdido, quizá digan: no lo hubiéramos sabido, pero de todos modos es una pérdida enorme, en términos de lo que nos da. No estoy diciendo que una figurita de un Niño Dios en una iglesita de Puebla sea igual al Quijote pero en cierto sentido sí: es una pieza única que tuvo una historia en ese lugar, es parte del pasado de la gente, aunque no sean católicos. Se trata de una parte del legado de la humanidad que no se debe perder”, concluye la investigadora.

Para la realización de este trabajo se solicitó entrevista con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, a través de Cecil Silva; además se le hizo llegar la petición vía correo electrónico a Alfonso de Maria y Campos, titular; Paloma Sáenz de Miera, directora de Medios; Francisco de Anda Corral, director de Información y Prensa; y Arturo Méndez, subdirector de Atención a Medios. También se solicitó entrevista con la Interpol y la Procuraduría General de la República, al cierre de edición, no se obtuvo respuesta.3 CONTRALÍNEA

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LÍNEA GLOBAL ?

Indígenas guatemaltecas CONVERTIDAS EN ESCLAVAS DE MILITARES Mujeres mayas q’eqchi’ vieron cómo militares torturaron y asesinaron a sus maridos. Luego fueron sometidas para servir como cocineras y afanadoras. A diario, las víctimas eran violadas sexualmente hasta por cinco soldados. Los hechos ocurrieron en las comunidades indígenas de Guatemala durante la guerra con la que los kaibiles exterminaron a la guerrilla Danilo Valladares/IPS

G

uatemala, Guatemala. “En el destacamento tenían cuartos donde nos violaban; a veces eran tres, cuatro o cinco soldados”, relata ante la justicia guatemalteca Rosa Pérez*, una de las mujeres que fueron esclavizadas sexual y laboralmente por las Fuerzas Armadas guatemaltecas durante la represión a la guerrilla izquierdista.

Con el rostro cubierto y apoyada por 44

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una traductora y una sicóloga, esta indígena maya q’eqchi’ dice, entre lágrimas, cómo efectivos del Ejército secuestraron a su esposo y a ella la convirtieron en esclava sexual y laboral del destacamento militar Sepur Zarco, situado en el municipio El Estor, en el Nororiental departamento de Izabal.

La declaración de esta mujer se concretó en la audiencia preliminar –que celebrara en la última semana de septiembre un tribunal de la capital de Guatemala– junto

a otras 14 indígenas víctimas de esclavitud sexual y laboral entre 1982 y 1986, causas por las que están acusados 37 agentes militares.

“Se van al destacamento. Se necesita que se les lave la ropa, se les cocine el frijol y se les haga el café a los soldados”, les ordenó el comisionado militar Miguel Ángel Caal a Pérez y a otras mujeres, sin que imaginaran entonces los vejámenes que sufrirían durante meses dentro del cuartel, relata la testigo.

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“Me decían que si no me dejaba me iban a matar y me ponían una pistola en el pecho”. Mientras, era sometida por varios militares después de lavarles la ropa, prepararles y servirles sus alimentos desde las seis de la mañana, añade.

“Una vez me armé de valor y me fui a quejar con el teniente y él me dijo que tal vez yo los había acostumbrado así”, narra Pérez, quien sufrió un aborto espontáneo a raíz de los constantes abusos sexuales de los que fue víctima.

También señala que antes de ser conducida al destacamento militar, los soldados habían secuestrado a su esposo, con quien tuvo tres hijos y del cual no supo nada hasta que aparecieron sus restos mortales.

En el conflicto armado interno en Guatemala, de 1960 a 1966, fueron detenidas y desaparecidas 45 mil personas y murieron unas 250 mil; muchas enterradas sin identificar en cementerios, fo-

sas clandestinas y cuarteles, según la independiente Comisión para el Esclarecimiento Histórico.

Ese cuerpo especial señala, además, que la mayoría de los asesinados eran indígenas, que una de cada cuatro víctimas de violaciones a los derechos humanos era mujer y que el Ejército fue el responsable de más del 90 por ciento de esos crímenes.

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El hambre mata en la montaña

4“Guatemala está sentando un precedente histórico jurídico para la humanidad: nunca una corte nacional ha conocido hechos de violación y esclavitud sexual” 46

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Uno de los testimonios más desgarradores en la audiencia judicial de aquella semana fue el de Juana Morales, quien relata cómo huyó a la montaña en 1982 junto a sus tres hijos desde San Marcos, una comunidad situada entre Izabal y el vecino departamento de Alta Verapaz.

Morales dijo que a su casa llegaron varios militares a secuestrar a su esposo, cuyo paradero aún desconoce, y luego comenzaron a abusar sexualmente de ella.

“Me pusieron un arma en el pecho y me tomaron por la fuerza.

Fueron tres, y los demás sólo observaban. Uno de mis hijos, de cuatro años entonces, andaba conmigo y daba gritos al ver lo que me hacían”, relata.

Para intentar resguardar su vida y la de sus hijos, esta indígena q’eqchi’, como las demás declarantes, logró finalmente esconderse en la montaña próxima. “No teníamos nada que comer, ya no probábamos tortillas y mis hijos comenzaron a enfermarse” hasta morir, indica.

“Mi hija me decía que regresáramos a la casa, [porque] ahí hay huevos de las gallinas en la mesa’”, recuerda entre sollozos, mientras aclara que no lo pudo hacer. Uno a uno, sus hijos fueron muriendo de hambre en la montaña.

Tras seis años de permanecer aislada en el bosque, un día regresó a San Marcos, pero sus pertenencias y su vivienda habían desaparecido. “Tenía dos casas, pero las habían quemado. Me quedé sin nada”, asegura.

Lucía Morán, de la organización no gubernamental Mujeres Transformando el Mundo, dice a Inter Press Service (IPS) que con este caso “Guatemala está sentando un precedente histórico jurídico para la humanidad, pues nunca una corte nacional ha conocido hechos de violación y esclavitud sexual.

“La violencia sexual se ha usado como arma de guerra y no fue hasta la década de 1990 que los tribunales internacionales de lo que fue Yugoslavia y de Ruanda empezaron a hacer justicia en estos casos.”

La activista precisa que entre 1982 y 1988 no hubo enfrentamientos armados en la llamada Franja Transversal del Norte, donde se asentaban estas comunidades, pero el Ejército se instaló en el destacamento Sepur Zarco para proteger intereses económicos de grandes latifundios dedicados a la explotación de petróleo, minería y monocultivos.

“Así fue como procedieron a hacer listados para perseguir a los líderes campesinos que en ese momento procuraban la titulación supletoria de sus tierras”, una característica que comparten los hombres secuestrados y desaparecidos de estos 15 casos en proceso judicial, afirma Morán.

Otra de las víctimas que acudió al juzgado también da tesCONTRALÍNEA

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4“Me pusieron un arma en el pecho y me tomaron por la fuerza. Fueron tres [soldados], y los demás sólo observaban”: testimonio de una de las 15 indígenas que han llevado a juicio a 37 militares en Guatemala

timonio de cómo fue violada y sometida a servidumbre en Sepur Zarco.

“Fui abusada sexualmente por cinco soldados cada día. Estuve allí seis meses: un día sí y un día no”, relata Martha López, quien debía dejar solos a sus ocho hijos en la casa mientras acudía a la brigada. Las “jornadas” tenían un horario de las ocho de la mañana a las cinco de la tarde.

Pero antes de todo esto, el Ejército había ido por su esposo. “En 1982, los militares llegaron a la casa y se lo llevaron, lo mataron y lo tiraron en un hoyo”, recuerda.

Por eso, “la justicia debe ser igual para todos”, añade este sargento de reservas que en 2011 querelló a 26 personas por el secuestro del que fue víctima en 1982 a manos de la guerrilla. Hoy lidera las expresiones de defensa de los militares acusados de violar los derechos humanos durante la guerra civil.

“Es evidente que los testigos que está aportando el Ministerio Público y el querellante son personas de muy escasa formación, con muy poca educación. Incluso

Un sargento incrédulo

En el destacamento militar Sepur Zarco “fui abusada sexualmente por cinco soldados cada día. Estuve allí seis meses”

Mientras se suceden los testimonios, el militar Ricardo Méndez Ruiz admite que “el Ejército cometió abusos durante el conflicto”, pero “también la guerrilla”.

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no tienen idea de fechas exactas, lo cual da lugar a pensar en que puedan ser manipulados”, dice a IPS, refiriéndose a las mujeres que narran los crímenes que soportaron.

Méndez Ruiz ha dicho reiteradamente que el trabajo de la fiscalía está “parcializado” y que es utilizado “para buscar venganza” contra el Ejército.

En este caso, además, sostiene que el interés de las mujeres que rinden testimonio “es por dinero. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha condenado en otras oportunidades al Estado guatemalteco a pagar resarcimientos millonarios, que estoy seguro van a dar a los bolsillos de los querellantes”, acusa el militar.3 *Los nombres de las víctimas son ficticios por razones de seguridad.

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La CIA, el 11 de septiembre,

AFGANISTÁN Y ASIA CENTRAL La actuación premeditada de una facción del complejo militar-industrial estadunidense habría hecho posibles los atentados del 11 de septiembre de 2001.

Las evidencias, a pesar del cerco mediático, salen a la luz Peter Dale Scott/Red Voltaire/Primera parte

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l 11 de septiembre de 2001, en las horas que siguieron a los mortíferos ataques perpetrados aquel día, George W Bush, Donald Rumsfeld y Dick Cheney embarcaron a Estados Unidos en lo que posteriormente llamaron “guerra contra el terrorismo”. En mi opinión, deberíamos llamarla “guerra del terror”, pues fue utilizada contra los civiles, de forma repetida y por todos los beligerantes, incluyendo a los actores representantes de los Estados. Una guerra del terror se caracteriza por la preponderancia del uso de armas de destrucción que actúan de forma indiscriminada, ya sea de artefactos explosivos improvisados (AEI) emplazados al borde de las carreteras o de misiles disparados desde el aire por drones (aviones teledirigidos) de alta tecnología.

La guerra del terror podemos verla también como un elemento de un proceso más amplio, de alcance global. Con la guerra del terror todas las potencias importantes recurren al terror contra los civiles en el marco de campañas estrechamente vinculadas entre sí (China en Xinjiang, Rusia en Chechenia, así como Estados Unidos en numerosas regiones del mundo). En su contexto global, la guerra del terror puede verse como la última etapa de la extensión secular de la civilización transurbana a zonas en las que prevalece una resistencia rural. En esas regiones se ha podido comprobar que las formas convencionales de guerra no pueden llegar a un verdadero final, por razones geográficas y culturales.

La guerra del terror fue formalmente declarada por George W Bush la noche del 11 de septiembre de 2001, cuando anunció en su discurso a la nación que Estados Unidos no reconocería “diferencia alguna entre los terroristas que perpetraron estos actos y quienes los albergan”. Pero la noción según la cual el objetivo de la guerra era perseguir a los terroristas perdió su credibilidad en 2003, cuando se aplicó esa fórmula al Irak de Sadam Husein, país conocido no por albergar terroristas sino como blanco del terrorismo. En 2005, aquella noción siguió perdiendo credibilidad como consecuencia de la publicación en Gran Bretaña de lo que se conoce como el Memo de Downing Street. En ese documento, el director del MI6 (los servicios británicos de 50

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inteligencia exterior) informaba –después de una visita a Washington, en 2002– que “Bush quería derrocar a Sadam Husein mediante una acción militar, justificada por el vínculo entre el terrorismo y las armas de destrucción masiva (ADM). Pero los hechos y los datos de inteligencia estaban falseados para responder a los objetivos políticos”.

Posteriormente, toda una serie de historias falsas que vinculaban a Irak con las ADM, el ántrax y el concentrado de mineral de uranio del Níger (yellow cake) aparecieron en la prensa en el momento oportuno.

El presente ensayo demostrará que, antes del 11 de septiembre de 2001, una pequeña facción en el seno de la Unidad bin Laden de la Agencia Central de Inteligencia estadunidense (CIA, por su sigla en inglés) y de las agencias vinculadas a esta, el llamado “grupo Alec Station” ya venía maniobrando también para “falsear” los datos de inteligencia mediante su supresión. Esa maniobra permitió iniciar la guerra del terror, de manera premeditada o no. Consistió en esconderle a la Oficina Federal de Investigación estadunidense (FBI, por su sigla en inglés) una serie de pruebas sobre dos de los futuros presuntos piratas aéreos del 11 de septiembre, Khaled alMihdhar y Nawaf al-Hazmi, para evitar que el FBI vigilara a esos dos individuos y a sus colegas antes de los atentados.

Los autores del informe de la Comisión sobre el 11 de Septiembre reconocieron ese fracaso en el intercambio de información.

Pero lo consideraron un accidente que hubiera podido evitarse “si se hubieran asignado más recursos”. Esa explicación fue refutada posteriormente por Thomas Kean, el presidente de la Comisión sobre el 11 de Septiembre. Recientemente, cuando dos realizadores le preguntaron si el fracaso alrededor de al-Mihdhar y al-Hazmi podía ser un simple error, Kean respondió: “Oh, eso no fue una omisión motivada por la negligencia. Fue intencional. No cabe duda alguna […]. Nosotros llegamos a la conclusión de que esas agencias llevan el secretismo en su ADN. Y ese secretismo las lleva a no compartir su información con quienquiera que sea”.

En 2011, un importante libro de Kevin Fenton, Disconnecting the dots (Sembrando la confusión), demostró de forma irrefutable que la retención de información había sido

intencional, y que se había aplicado a lo largo de un periodo de 18 meses. Aquella interferencia y manipulación se hicieron especialmente flagrantes y polémicas en los días anteriores al 11 de septiembre, al extremo de llevar a Steve Bongardt, un agente del FBI, a predecir el 29 de agosto de 2001 –es decir, menos de dos semanas antes del 11 de septiembre– que “algún día, esto costará vidas”.

Como veremos posteriormente, las razones que motivaron esa retención de información siguen siendo un misterio.

Hubo una época en que yo mismo estuve de acuerdo con las especulaciones de Lawrence Wright, quien creía posible que la CIA quisiera reclutar a los dos sauditas y que “estuviera protegiendo también una operación en el extranjero [posiblemente en coordinación con Arabia Saudita] y temiera, por lo tanto, que el FBI la revelara”.

4La CIA obtuvo pruebas sobre los planes del ataque contra CONTRALÍNEA

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Hoy en día, los trabajos de Kevin Fenton me han convencido de que la explicación de Lawrence Wright –sobre el hecho de que la CIA estaba protegiendo una operación secreta– puede explicar también por qué la retención de pruebas comenzó en enero de 2000, pero no logra explicar su reanudación en los días anteriores al 11 de septiembre. Fenton analiza una lista de 35 ocasiones diferentes en que los presuntos secuestradores aéreos fueron protegidos de esa manera desde enero de 2000 hasta el 5 de septiembre de 2001, más o menos. Veremos que, según su análisis, esos incidentes pueden clasificarse en dos categorías esenciales. Los motivos que Fenton atribuye a la primera categoría eran “cubrir una operación de la CIA que ya estaba en marcha”.

Sin embargo, cuando ya “todas las alarmas del sistema [de seguridad nacional] estaban en rojo”, en el verano de 2001, y la CIA

esperaba un ataque inminente, Fenton concluye, al no poder encontrar otras explicaciones, que “el objetivo de la retención de información era, a partir de ahí, permitir el desarrollo de los ataques”.

Esta última cita de Fenton implicaría que los miembros del “grupo Alec Station” cometieron un crimen, aún si ese crimen no constituía un asesinato premeditado sino un homicidio involuntario.

Pudiéramos imaginar, en efecto, varias razones bien intencionadas para esa retención de información. Por ejemplo, que quizás la CIA toleró las acciones de los dos sauditas para poder localizar a sus compañeros. En ese caso, se trataría de un simple error de cálculo, aunque haya dado lugar a un homicidio.

El proyecto de dominación global

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El objetivo de este ensayo es sugerir que las razones que motivaron esa retención de información pueden haber estado vinculadas al objetivo, mucho más amplio, de los neoconservadores; objetivos que éstos imponían entonces a la política exterior de Estados Unidos: la consolidación de la hegemonía global estadunidense mediante el establecimiento de bases avanzadas alrededor de los yacimientos petrolíferos de Asia central.

En resumen, la retención de pruebas puede ser vista como un elemento del esquema, más amplio y siniestro, que venía desarrollándose en aquella época, incluyendo la ineficacia del gobierno de Estados Unidos en su respuesta a los ataques del 11 de septiembre, así como los envíos de cartas que contenían ántrax (todo lo cual facilitó el voto de la USA Patriot Act o Ley Patriota Estadunidense).

ontra las Torres Gemelas y el Petágono año y medio antes del 11 de septiembre de 2001

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En el marco de este ensayo, sin embargo, voy a detenerme en las actividades que realizó en Uzbekistán el director de la Unidad bin Laden de la CIA, Richard Blee. Uzbekistán era una zona que preocupaba mucho a Blee y su superior, Cofer Black. Pero era también un lugar muy interesante para Dick Cheney. En efecto, Halliburton, la empresa que Chenye dirigió entre 1995 y 2000, participaba desde 1997 –incluso desde antes– en la explotación de las reservas petrolíferas del Asia central. En 1998, en un discurso ante los magnates del petróleo, el propio Cheney declaró: “No recuerdo haber visto una región emerger tan bruscamente como zona de gran importancia estratégica como es el caso hoy para [la cuenca del] Caspio”.

Voy a demostrar que el objetivo y el resultado de la protección a los dos sauditas pudo haber sido alcanzar los objetivos de Dick Cheney, de Donald Rumsfeld y del Proyecto para el Nuevo Siglo estadunidense (PNAC, por su sigla en inglés). En efecto, el proyecto de esta facción de los neoconservadores consistía en establecer “fuerzas preposicionadas” en Asia central.

Veremos que, el mismo 11 de septiembre, en una llamada telefónica del director de la CIA, George Tenet, a Stephen Cambone (una figura central del PNAC en el Pentágono), el propio Tenet parece haber transmitido a Cambone ciertos datos importantes que nunca llegaron al FBI. 28 DE OCTUBRE DE 2012

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Uno de los objetivos de ese plan de los neoconservadores era mantener la dominación de Estados Unidos e Israel en esa región, por razones de seguridad. Como vamos a ver, el proyecto de ese grupo consistía también en crear condiciones favorables para futuras acciones preventivas unilaterales contra varios Estados inamistosos, como Irak. Ese plan del PNAC fue elaborado, en particular, para establecer nuevas bases militares permanentes en Oriente Medio, anticipando el previsible anuncio que hizo Donald Rumsfeld en 2003 al afirmar que Estados Unidos retiraría de Arabia Saudita “prácticamente todas sus tropas, con excepción del personal destinado al entrenamiento [militar]”. Sin embargo, otro objetivo de ese plan era reforzar la influencia estadunidense en los Estados del Asia central que acababan de obtener la independencia y que disponían de importantes reservas –no confirmadas– de gas y petróleo.

En ese contexto, la alarmante conclusión de Fenton sobre los actos de la CIA que condujeron a los ataques del 11 de septiembre cobra mayor importancia en relación con el plan del PNAC. Lo mismo sucede si nos detenemos en las otras tres anomalías flagrantes de la guerra del terror de George W Bush.

La primera anomalía es la paradoja que representa el hecho que esta supuesta lucha contra Al Qaeda se realizara junto a Arabia Saudita y Pakistán, precisamente las dos naciones más activas en el apoyo a esa organización a través del mundo. Veremos en este ensayo cómo los servicios de inteligencia de Estados Unidos y de Arabia Saudita cooperaron para proteger a los agentes sauditas en el seno de Al Qaeda, en vez neutralizarlos.

La segunda anomalía es que aunque la CIA pudo haberse movilizado para destruir a Al Qaeda, Rumsfeld y Cheney tenían desde el principio la intención de iniciar una guerra a una escala mucho más grande.

En septiembre de 2001, ninguna información sobre el 11 de septiembre vinculaba a Irak con los atentados. A pesar de ello, el secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, con el apoyo de su adjunto Paul Wolfowitz, observaba ya desde el 12 de septiembre “que no existían blancos convenientes que bombardear en Afganistán y [que había 52

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4Uno de los objetivos del plan de los neoconservadores era mantener la dominación de Estados Unidos e Israel en Asia central

que] bombardear Irak, ya que en [ese país] había, según él, mejores blancos”. El argumento de Rumsfeld estaba respaldado por un documento del Departamento de Defensa preparado para las reuniones que se desarrollaron en Campo David el 15 y el 16 de septiembre de 2001, documento que “proponía que ‘los blancos inmediatamente prioritarios para las primeras acciones’ debían ser Al Qaeda, los talibanes e Irak”.

Ese país ya estaba en la mira de Rumsfeld y Wolfowitz por lo menos desde 1998, año en que los dos firmaron una carta del PNAC, dirigida al entonces presidente William Clinton, en la que llamaban al “derrocamiento del régimen de Sadam Husein”.

Pero Irak no era el único blanco del plan de Cheney, Rumsfeld y Wolfowitz, proyecto que, al menos desde 1992, tenía como objetivo nada más y nada menos que la dominación global de Estados Unidos, o lo que el excoronel estadunidense Andrew Bacevich llamó “la hegemonía americana global y permanente. Era esa una importante prioridad de los neoconservadores.

Incluso antes de que George W Bush fuera electo por la Corte Suprema, en diciembre de 2000, ya Cheney venía maniobrando para garantizar a los firmantes de la carta del PNAC de 1998 el acceso a puestos clave en la Casa Blanca, en el Departamento de Estado y en el Departamento de Defensa. Entre los firmantes de la carta estaban

Richard Armitage, John Bolton, Richard Perle y otros miembros del PNAC, como Cambone, de quien hablaremos más adelante.

Ya desde sus inicios, la guerra del terror había sido concebida como una vía para concretar el proyecto de hegemonía global.

El 24 de septiembre de 2001, Condoleezza Rice, entonces consejera de Seguridad Nacional, “abordó la cuestión del apoyo estatal al terrorismo: ‘¿Cuál es nuestra estrategia hacia los países que apoyan el terrorismo, como Irán, Irak, Libia, Siria y Sudán?’”. En sus memorias, el general Wesley Clark reveló que desde noviembre de 2001 aquella interrogante se había convertido en un plan quinquenal del Departamento de Defensa: “Cuando volví al Pentágono en noviembre de 2001, uno de los principales oficiales entre los altos responsables del Ejército me concedió tiempo para conversar. Sí, seguíamos en camino de atacar Irak, según me dijo. Pero eso no era todo. Me hizo saber que aquel ataque estaba previsto en el marco de un plan quinquenal para la realización de una campaña militar. En total, había siete países en la lista, empezando por Irak, y después Siria, Líbano, Irán, Somalia y Sudán.”

En aquella época, el exoficial de la CIA, Reuel Marc Gerecht, publicó un artículo en The Weekly Standard apoyando la necesidad CONTRALÍNEA

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4Cheney,

parte del Proyecto para el Nuevo Siglo estadunidense, facción belicista que exhortaba a una acción militar contra Irak

de un cambio de régimen en Irán e Irak (desde ese semanario neoconservador, Gerecht sigue advirtiendo aún hoy a la opinión pública sobre la amenaza que supuestamente representan esos dos países). En tiempos de Clinton, Gerecht, al igual que Cheney y Rumsfeld, formaba parte del Proyecto para el Nuevo Siglo estadunidense, facción belicista que exhortaba a una acción militar contra Irak en particular, y más generalmente pedía un importante presupuesto para la Defensa, que hubiera “aumentado considerablemente los gastos de Defensa” para favorecer “la causa del liderazgo [global] de Estados Unidos”. El informe del PNAC, publicado en septiembre de 2000 –Rebuilding America’s defenses o Reconstruir las defensas de América– abordaba ampliamente el petróleo del Golfo Pérsico y la importancia de mantener y reforzar “fuerzas preposicionadas en esa región”.

Es interesante señalar que a finales de 2001, poco después del 11 de septiembre y del inicio de la guerra del terror, Estados Unidos ya había establecido nuevas bases militares en Uzbekistán, Tayikistán y Kirguizia. Estados Unidos estaba así en una posición mucho mejor para influir en las políticas de los gobiernos recientemente emancipados del Este de la cuenca del Caspio (región rica en hidrocarburos). A través de este ensayo veremos que el acuerdo de 2001 que permitió la instalación de la priCONTRALÍNEA

mera y más importante de esas bases –la de Karshi-Khanabad (también llamada K-2), en Uzbekistán– se basó en un arreglo anterior del Pentágono, completado por un acuerdo de enlace de la CIA negociado en 1999 por Richard Blee, del grupo Alec Station. La mayoría de los estadunidenses ignoran que el 11 de septiembre ya había Fuerzas Especiales de Estados Unidos desplegadas en la base K-2, en el marco de una misión uzbeka de entrenamiento militar.

Tampoco saben que el 22 de septiembre de 2001, dos semanas antes de un acuerdo militar formal entre los ejércitos de Estados Unidos y Uzbekistán, “la CIA ya estaba enviando sus equipos hacia la enorme base aérea de Karshi-Khanabad, situada en el Sur de Uzbekistán, donde ingenieros del US Army estaban preparando la pista de aterrizaje”.

La tercera anomalía de esta “guerra contra el terrorismo” es que condujo a un evidente aumento del uso del terror, léase la tortura, por parte de los propios Estados Unidos e incluso contra sus propios ciudadanos. Hay que señalar, en ese aspecto, que Cheney y Rumsfeld, a través de su participación en el ultrasecreto Proyecto Juicio Final, del Departamento de Defensa, habían participado también en la planificación de la Continuidad del Gobierno (Continuity of Government o COG). En Estados Unidos, la COG estaba destinada a socavar la Carta de Derechos (Bill of Rigths) mediante la vigilancia sin mandato y la detención arbitraria de los disidentes políticos.

Esa planificación –cuyo origen proviene del temor a los comunistas, reflejado en el macarthismo de la década de 1950– sirvió de base a los complejos planes que desarrollaron el Pentágono y otras agencias para contrarrestar las protestas de los movimientos antibelicistas contra su objetivo común: instaurar la dominación global de Estados Unidos.

Como ya he explicado, Estados Unidos gasta anualmente miles de millones de dólares en el sector de la seguridad interna.

Esos gastos se deben en gran parte a la creencia –formulada por el coronel del Cuerpo de Marines estadunidenses (US Marine Corps), Oliver North– de que la guerra de Vietnam se perdió en las calles estadunidenses y que es necesario limitar esa capacidad civil de disuasión contra las ope-

raciones militares de Estados Unidos. Como miembros del proyecto llamado Juicio Final, para la planificación de la Continuidad del Gobierno, Cheney y Rumsfeld contribuyeron a esos esfuerzos. En resumen, el 11 de septiembre permitió la aplicación de programas que una pequeña facción de responsables estadunidenses, permitió concretar nuevas políticas radicales en Asia central, pero también permitió implantar cambios en el propio Estados Unidos.

Resulta a la vez difícil y doloroso estudiar la posibilidad del crimen de homicidio que sugieren las meticulosas investigaciones de Kevin Fenton. Estados Unidos atraviesa hoy una crisis provocada por las actividades de bancos considerados demasiado importantes para permitir su quiebra (banks too big to fail). Como se ha subrayado, esos bancos eran también demasiado importantes como para permitir el encarcelamiento de sus dirigentes (banks too big to jail). En efecto, castigar a sus dirigentes como a vulgares criminales pondría en peligro la estructura financiera, ya amenazada, de Estados Unidos. El presente ensayo expone, de forma detallada, un fenómeno similar, lo que podría ser un crimen demasiado importante para ser castigado (crime too big to punish).

Y finalmente, como veremos, el 11 de septiembre tiene puntos en común con el asesinato de John F Kennedy.

La disimulación alrededor del 11/S Diez años después es importante reevaluar lo que se sabe o no sobre los acontecimientos que condujeron al 11 de septiembre, especialmente en lo tocante a las acciones de la CIA y del FBI, así como la negativa de comunicar información crucial a la Comisión sobre el 11 de Septiembre.

Hoy podemos afirmar con confianza: 1) Que las verdades más importantes siguen sin conocerse, en gran parte porque los documentos cruciales se mantienen en secreto o considerablemente censurados.

2) Que prosiguen los esfuerzos disimulatorios, incluso más agresivamente que antes.

3) Que, además de la disimulación, debemos analizar lo que John Farmer, exmiembro de la Comisión sobre el 11 de 28 DE OCTUBRE DE 2012

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Septiembre, llamó “una incompetencia administrativa sin precedentes o una mentira organizada” por parte de personajes clave en Washington. Entre esos personajes se cuentan el expresidente George W Bush, el exvicepresidente Dick Cheney, el general del Mando Estadunidense de Defensa Aeroespacial (NORAD, por su sigla en inglés), Richard Myers, y el exdirector de la CIA, George Tenet. También podemos incluir a Samuel Berger, el exconsejero de Seguridad Nacional del presidente William Clinton, quien antes de prestar declaración sobre esos temas se presentó en los Archivos Nacionales para retirar de allí –y quizás destruir– documentos cruciales. En su libro, Farmer confirma ambas posibilidades.

La primera, es decir “la incompetencia burocrática sin precedentes”, es en realidad la explicación que ofrece la Comisión sobre el 11 de Septiembre sobre las evidentes anomalías vinculadas a los atentados y que marcaron los 20 meses anteriores a esos hechos, cuando la Unidad bin Laden de la CIA (la llamada Alec Station) ocultaba información importante al FBI. Sin embargo, gracias al importante nuevo libro de Kevin Fenton, Sembrando la confusión, ya no es posible seguir atribuyendo el comportamiento anormal de la CIA a “problemas sistémicos”, o a lo que Tony Summers designa apresuradamente como la “confusión burocrática”.

Basándose en importantes libros de James Bamford, Lawrence Wright, Peter Lance y Philip Shenon, Fenton demuestra de forma irrefutable que existía en la CIA una práctica sistemática que consistía en esconder información crucial para el FBI, incluso cuando ese organismo normalmente tenía derecho a conocer esa información.

También demuestra, con más fuerza aún, que ese proceso de retención de información se mantuvo sistemáticamente a lo largo de las cuatro investigaciones sucesivas realizadas después del 11 de septiembre de 2001: la investigación del Congreso presidida por los senadores Bob Graham y Richard Shelby (parte de la cual se mantiene clasificada como secreta), la de la Comisión sobre el 11 de Septiembre, la del Inspector General del Departamento de Justicia y la del inspector General de la Agencia Central de Inteligencia.

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4Al igual que Irak, en la “lista” de los países que Estados Unidos pretende atacar militarmente –para aumentar Somalia y Sudán

Lo más determinante en los trabajos de Fenton es que demuestran que esas numerosas retenciones de información –tanto las anteriores como las posteriores al 11 de septiembre– fueron obra de un número de individuos relativamente restringido. La disimulación de información que debía ser de conocimiento del FBI fue principalmente obra del grupo Alec Station.

Dicho grupo se componía mayoritariamente de personal de la CIA, pero incluía también algunos elementos del FBI. Las figuras clave de ese grupo eran el oficial de la Tom Wilshire (al que la Comisión sobre el 11 de Septiembre llama John) y su superior directo en Alec Station, Richard Blee.

La disimulación posterior al 11 de septiembre alrededor de la actuación de Wilshire fue principalmente obra de una sola persona, Barbara Grewe. Esta última trabajó primero en la investigación del inspector general del Departamento de Justicia sobre el comportamiento de Wilshire. Barbara Grewe fue trasladada después a dos puestos sucesivos en el equipo de la Co-

misión sobre el 11 de Septiembre, en cuyo seno, y bajo la autoridad de su director ejecutivo Philip Zelikow, logró desviar la atención de los investigadores, que se interesaban por los resultados de la CIA, hacia los resultados del FBI. Independientemente de que Grewe haya dirigido o no las entrevistas con Wilshire y con otros funcionarios dignos de interés, “seguramente se inspiró en ellas al redactar sus segmentos en los informes de la Comisión [sobre el 11 de Septiembre] y en los del inspector general del Departamento de Justicia”.

Los sucesivos cambios de puesto de Barbara Grewe son sintomáticos de una disimulación voluntaria decidida a un nivel jerárquico superior. Como vamos a ver, lo mismo sucede con el traslado –en mayo de 2001– de Tom Wilshire, que pasó de Alec Station (la Unidad bin Laden de la CIA) al FBI, donde comenzó una nueva etapa de interferencias en el flujo normal de la información, organizando la obstrucción dentro del propio FBI. CONTRALÍNEA

su he

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entar su hegemonía global– se encuentran Siria, Líbano, Irán,

Ese proceso comienza a partir de la información obtenida gracias a la vigilancia, por parte de la Agencia de Seguridad Nacional estadunidense (NSA) y la CIA, sobre una importante reunión de la cúpula dirigente de Al Qaeda en enero de 2000 (probablemente el único encuentro de ese tipo antes del 11 de septiembre). En Estados Unidos, esa reunión llamó instantáneamente la atención de los responsables de la seguridad nacional debido a su vinculación indirecta con un elemento de apoyo logístico (un teléfono multilíneas basado en Yemen que Al Qaeda utilizaba).

Se sospechaba que aquel elemento de apoyo había servido de centro de comunicación para los atentados con bombas realizados contra las embajadas estadunidenses en 1998.

Como señala Kevin Fenton “[la] Agencia se dio cuenta de que aquella reunión era tan importante que puso al corriente a los directores del FBI y de la CIA [Louis Freeh y Dale Watson], al consejero de Seguridad Nacional Samuel Berger y a CONTRALÍNEA

otros altos responsables sobre las informaciones recogidas en aquella ocasión”.

Sin embargo, en el seno del Alec Station, Tom Wilshire y su adjunta en la CIA (designada como Michelle) bloquearon los intentos de Doug Miller –un agente del FBI destacado en esa unidad– de notificar a la Oficina Federal de Investigación que uno de los participantes en aquel encuentro tenía una visa estadunidense en su pasaporte (se trataba de Khaled al-Mihdhar).

Peor aún, en aquel momento, Michelle envió a otras estaciones de la CIA un cable que afirmaba –lo cual era falso– que “los documentos de viaje [de al-Mihdhar], incluyendo una visa estadunidense con entradas múltiples, habían sido copiados y transmitidos ‘al FBI con vista a más amplias investigaciones’”. Alec Station se abstuvo también de incluir a los participantes en aquel encuentro en una lista de vigilancia, como exigían las directivas de la CIA. Comenzaba así un proceso sistemático, y a veces mentiroso, a través del cual se ocultaban sistemáticamente al FBI las informaciones de la NSA y de la CIA sobre Khaled al-Mihdhar y su compañero de viaje Nawaz al-Hazmi. Aquellas informaciones fueron también deformadas, falseadas o manipuladas para evitar toda investigación del FBI sobre los dos sauditas y sus socios.

Ese proceso es un aspecto importante de la historia del 11 de septiembre. En efecto, el comportamiento de aquellos dos aprendices de piratas del aire era tan poco profesional que, sin aquella protección de la CIA, garantizada por el grupo Alec Station, es casi seguro que hubieran sido detectados y arrestados o expulsados, incluso mucho antes de que se prepararan para tomar el vuelo 77 hacia Washington.

Kevin Fenton termina su investigación con una lista de 35 ocasiones diferentes en que los dos presuntos piratas aéreos fueron protegidos de aquella manera entre enero de 2000 y el 5 de septiembre de 2001 más o menos, es decir, una semana antes de los secuestros aéreos. En el análisis de Fenton esos incidentes pueden clasificarse en dos categorías principales. Los motivos que Fenton atribuye a la primera categoría, como la retención del cable de Doug Miller, eran

Hay evidencias de que la CIA retuvo información sobre los atacantes del 11 de septiembre de 2001, a la que tuvo acceso desde 18 meses antes. El objetivo de esa Agencia: “permitir el desarrollo de los atentados” “encubrir una operación de la CIA que ya estaba en marcha”. Sin embargo, al referirse al momento en que “todas las alarmas del sistema [de seguridad nacional] estaban en rojo” en el verano de 2001, y en que la CIA esperaba un ataque inminente, Fenton concluye, al no poder encontrar ninguna otra explicación, que “el objetivo de la retención de información era, en lo adelante, permitir el desarrollo de los ataques”.

Después de su traslado al FBI, Tom Wilshire cambió ostensiblemente su manera de interferir. Mientras estuvo en la CIA, Wilshire maniobró para impedir la transmisión de información al FBI. Cuando llegó al FBI, emprendió una serie de revisiones de aquella misma información, pero tan lentamente que ésta no pudo tener efecto antes del 11 de septiembre.

Fenton sospecha que Wilshire se anticipó a un posible control de los documentos que estaba manejando y que estaba sembrando en ellos una serie de pistas falsas para neutralizar sus embarazosos resultados.

Pienso que actualmente debemos aceptar la conclusión proveniente de las investigaciones de Kevin Fenton: “está claro que la retención de aquellas informaciones no fue consecuencia de una sucesión de extraños incidentes, sino que fue intencional”. Yo sugiero, sin embargo, una explicación diferente para aquellas intenciones. Explicación que, a primera vista, puede parecer más simple, más inocente y también más explicativa de otros aspectos del misterio del 11 de septiembre (a pesar de que esos aspectos puedan parecer no estar relacionados).3 *Traducido al español por la Red Voltaire a partir de la traducción de Maxime Chaix al francés 28 DE OCTUBRE DE 2012

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LÍNEA GLOBAL -

Poder mediático DESHUMANIZACIÓN Y PERIODISMO DE DROGAS El poder, el dinero y la vanidad dominan el periodismo ejercido invariablemente por los grandes corporativos de la comunicación. Lejos de reflejar la realidad, los consorcios la construyen según los intereses de quienes mejor pagan. No todo está perdido: la propia emancipación de los pueblos construye nuevos medios para el cambio social

Manrique

Isabel Soto Mayedo/Prensa Latina

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David Cilia

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4“Escenas grotescas y plenas de morbo obran como reservorio” de los consorcios mediáticos

Idiotizar parece ser la meta de los aparatos ideológicos de la globalización de matriz neoliberal, como los calificó Ramonet.

Parajes turbios del entramado social y escenas grotescas y plenas de morbo obran como reservorio de donde los vasallos de los magnates de la comunicación sacan la materia prima para hilvanar historias con las www.apeuropeos.org

ara ejercer el periodismo, ante todo, hay que ser buenos seres humanos... Si se es una buena persona se puede intentar comprender a los demás, sus intenciones, su fe, sus intereses, sus dificultades, sus tragedias, afirmaba el periodista e historiador Ryszard Kapuscinski.

Esa opinión, plena de humanismo, casi queda fuera del juego en un mundo donde priman aplastantes consorcios mediáticos y formadores de opinión empeñados en legitimarse, sin otra preocupación que abarrotar bolsillos y egotecas.

“Tenemos un sistema que es amnésico, que sólo vive con la rapidez, y que además es puramente coral. Usted verá las mismas imágenes, los mismos análisis.

Entonces, para qué sirven esa cantidad de medios, si en realidad es la misma canción”, graficó el director de la revista mensual Le Monde Diplomatique, Ignacio Ramonet.

Las trasnacionales mediáticas y sus repetidoras nacionales hacen lo indecible por legitimar el supuesto valor del tener por encima del ser, lejos de contribuir a esclarecer, a reafirmar identidades o aunar esfuerzos a favor del bien común.

www.theatlantic.com

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4“Cuando se descubrió que la información era un negocio, la verdad dejó de ser impor-

cuales atraen al gran público.

Telenovelas, reality show, talking show y tablazos de todo tipo, por sólo citar algunos, son una invitación directa a enajenarse de las causas que impulsan los problemas apremiantes de la comunidad y a disfrutar sin recato del dolor ajeno.

“Cuando se descubrió que la información era un negocio, la verdad dejó de ser importante”, explicó Kapuscinski.

Desde entonces, el concepto de hecho noticioso se distorsionó y ganó terreno la reproducción de discursos que expropian la posibilidad de la palabra a los condenados en la escala de valores sacralizada por el poder mediático.

Rasgo distintivo de esta época es el endurecimiento del discurso de la exclusión, con la creación de héroes y antihéroes, la criminalización de lugares y personas, y la violación del derecho a la privacidad.

La impunidad prima en la actuación de estos difundidores de verdades únicas, cuyos agentes pagados persiguen la posible noticia, sin revelar las condiciones estructurales que explican, más allá del hecho, el drama de los actores sociales involucrados.

Los más afectados en este maremoto de informaciones y mensajes publicitarios, que circulan junto a los eslóganes de la democracia y de la libertad de expresión, son los pobres y entre ellos, de manera particular, las mujeres, indígenas, jóvenes y negros.

tante”: Kapuscinski, periodista y escritor fallecido en 2007 58

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www.tvlistings.zap2it.com

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4Telenovelas, reality show, talking show y tablazos de todo tipo, oferta de los empresarios de la comunicación a la sociedad

Crisis del periodismo A juicio de los especialistas, el periodismo está en crisis y muchos periodistas adolecen de una falta de identidad terrible, en gran medida debido a la crisis económica producida por la pérdida de credibilidad que enfrentan los medios concentrados. www.claudeadams.blogspot.mx

La estrategia ahora no es ocultarlos, sino reforzar su presunta condición de víctimas de un sistema que los redujo a estereotipos o simples representaciones de ignorante, maloliente, violento o productor de violencia, asociado a los diversos eslabones de la cadena delictiva.

Tal imaginario actúa como resorte del miedo, con lo cual posibilita justificar políticas represivas y la opresión.

Los medios de comunicación globalizados son la expresión más visible de una estructura de desigualdad que muestra sin recato el rostro más feo de la discriminación por razones de sexo, orientación sexual, edad, raza, credo político o religioso.

Como si no bastara, éstos acuñaron hace mucho el modo en que las personas deben vestir, mantener sus cuerpos, el cabello, oler y hasta andar, a despecho de la heterogeneidad impuesta por la madre naturaleza.

Salirse de la regla implica una condena directa al patíbulo de los cuestionamientos y hasta al rechazo. Por ende, a pagar el doble para avanzar hacia las metas personales.

La mercantilización de los medios está a la orden. Todo cuanto puede hacerse por ganar es poco, en desmedro de la cacareada objetividad o de análisis más reposados de lo que acontece para incentivar el pensamiento a la búsqueda de soluciones a los problemas de la comunidad.

Mantener el lugar alcanzado en la nómina de una empresa de renombre o al menos, bien pagada, obliga de forma constante a hacer concesiones y poco importa lo que pueda impactar el resultado final del trabajo, para bien de la sociedad, si arranca el aplauso de los contratistas.

El imaginario que condena a muchos y enaltece a unos pocos triunfadores, de bolsillos llenos y presencia ceñida al parámetro hollywoodense, es afianzado con la complicidad de los medios y aquellos que venden su intelecto al mejor postor.

Estos promueven lecturas únicas, despojadas de historicidad, donde los villanos y sus víctimas pueden diferenciarse sin gran esfuerzo ante determinadas situaciones, e incitan a amar con la misma crudeza que mueven al odio, incluso contra quienes ayer trataban como amigos.

La inmediatez es enarbolada muchas veces como paliativo de la rigidez en las reflexiones y evaluaciones simplistas de hechos que, divorciados de otros que contribuyeron a desencadenarlos, poco responden a la necesidad de crear espacios de intelección más profundos.

La batalla por democratizar la información suele entenderse como la lucha por romper con el oligopolio mediático, aun-

4“En este siglo, los medios de comunicación de masas han preparado el terreno para justificar guerras”

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www.siporcuba.it

www.whitehouse.gov

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4 “En ocasiones, el totalitarismo de los medios condiciona la actuación de los gobernantes”

4 “La industria mediática contribuye a eliminar a enemigos políticos, mediante la manipulación de la información”. En la imagen, el periodista Ignacio Ramonet

que cada vez son más los que abogan porque esta comprenda la búsqueda de alternativas reales a esa visión sesgada de la realidad.

El malestar con los medios genera frustraciones, miedos, soledades, seres de cartón, atraídos por el consumo irrefrenable, sin parar mienten en la magnitud de sus recursos monetarios para hacer frente a la avalan60

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cha de cosas que los tientan en el mercado.

Estos entes irreflexivos, egocéntricos, apáticos respecto de cuestiones medulares que atañen a sus congéneres, tienen un único sueño: entrar en la lista de los más ajustados al metamorfoseado concepto de modernidad vigente y convertirse en fetiche del resto, en modelo de turno.

Mientras esta masa crece, atraída por los cantos de sirena de los edulcorados programas donde reverencian a un bailador de stripper devenido estrella de cine o donde un cantante bajo la ducha gana miles de dólares en un concurso para aficionados, otra buena parte cuestiona.

La incredulidad está en juego, pero sobrevive, a pesar de las series plagadas de mujeres de belleza artificial, maquilladas y peinadas hasta para dormir, luciendo atuendos fastuosos durante el día, en casas que parecen salas de exhibición de opciones decorativas y jamás hogares.

Los inconformes polemizan ante tanta sangre y lágrimas bañando la pantalla, tanta publicidad insustancial, tanto sexo signado por lo animal sin dosis de espiritualidad, y tanto fetiche inalcanzable para seres de carne y hueso, de mundos diversos, desde todos los ángulos.

Para algunos resulta incuestionable el derecho a hacerle el juego a esta estrategia de domesticación, mas cabe escuchar a quienes alertan del gusto creciente por lo banal debido a la incidencia de las corpoCONTRALÍNEA

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y virilidad, jamás de delicadeza; pobres igual a marginalidad y violencia, en fin...

La satanización de las protestas populares, de líderes políticos y otros; la deformación de hechos noticiosos, y la manipulación de la jerarquía en la escala informativa, distinguen a este modo de concebir la comunicación.

Para sus artífices, son meras trivialidades las masacres étnicas, el deceso diario de miles de personas por hambre o enfermedades curables, o el ametrallamiento de poblaciones enteras bajo cuestionables ideales democráticos.

La crisis del modelo occidental de desarrollo impuesto y sus detonantes –la climática, energética, hídrica, medioambiental, económica y otras– poco importan a estos pulpos de la comunicación, y cuando son abordadas, la superficialidad reina.

Tal estado de hecho mantiene vivo el debate entre derechos humanos y comunicación, el cual alude a una relación cultural, porque ronda en lo esencial la polémica entre inclusión y exclusión.

El surgimiento de nuevas televisoras, radiodifusoras, productoras de cine, proyectos editoriales y otros; así como la elaboración de nuevas leyes sobre políticas de comunicación, apenas son pasos hacia la solución de esta problemática. www.solid-state-logic.com

raciones mediáticas, garantes del debatible “entretenimiento”.

Esta industria, razonada para crear adicción, creó códigos y signos que ejercen una suerte de imperio y restan al gusto individual la libertad para elegir.

La inocencia está descartada. Lo que llaman “guerra mediática” no es capricho de políticos trasnochados o de intelectuales bohemios empeñados en inventar novedades.

Los adictos a ciertos programas televisivos, publicaciones o páginas en internet de dudosa reputación sobrepasan la media en cualquier parte.

Quizás, sin darse cuenta de que son víctimas de lo que por cultura llega bajo el manto de la amplitud de horizontes regalada por los canales de la comunicación contemporáneos.

En este amanecer de siglo, en el cual el pensamiento personal y el social surgen y dependen cada vez más del funcionamiento de los medios, múltiples mensajes transmitidos por éstos violan los derechos humanos.

Mecanismos sutiles mal disfrazan la matriz patriarcal de la mirada única extendida: adultos poseedores de razón y jóvenes descarriados, mujer sujeta de goce para el macho, masculinidad sinónimo de fuerza

4 “En el desenfreno noticioso, la tendencia es hacer invisibles o criminalizar a los movimientos sociales populares y a sus líderes” CONTRALÍNEA

Es válido el derecho a la comunicación, pero esta debe estar dotada de contenido y es allí donde las cosas se complican, por la ligazón del tema a la disputa entre los diferentes proyectos sociales que pretenden conquistar hegemonía.

La solución de este diferendo, signado por un colosal componente político e ideológico, definirá quienes quedarán incluidos y quienes perderán espacio en medio de la inconformidad reinante con el desempeño de los medios, considera la investigadora peruana Rossana Reguillo.

Esta insatisfacción responde en buena medida al modo en que la mayoría de ellos aviva la sensación de que cuanto ocurre responde a un orden natural inalterable y que, por mucho que hagamos, el deterioro social seguirá cuesta abajo.

Los medios son las bombas que explotan y matan al enemigo político, pero también a los inocentes, mediante la manipulación de la información y a través del silencio, la censura y la propaganda, tendientes a crear dudas, temores y zozobras.

Las enseñanzas de cómo se prepara desde estos medios el terreno para justificar una guerra fueron constantes en este siglo y revelaron el incalculable potencial de la información para arrastrar a un conflicto.

En igual medida, demostraron la capacidad de la prensa y agentes publicitarios para usar la verdad, en menoscabo de sí y a riesgo de la credibilidad, tan reverenciada en el discurso.

El totalitarismo de los medios condiciona a veces la actuación de los gobernantes, y los negados a seguir esta corriente terminan descuartizados o cuando menos tambaleantes ante la opinión popular, tras recias campañas que ponen en entredicho sus consideraciones y trayectorias como personas.

En el desenfreno noticioso de cada día, que lejos de informar desinforma por exceso, la tendencia es hacer invisibles o criminalizar de igual modo a los movimientos sociales populares y a los líderes de sus luchas.

La progresiva concentración de los medios, a partir de la absorción de los más débiles –como en la Bella époque de fines del XIX– y su proclividad a transfor28 DE OCTUBRE DE 2012

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nunca previeron reacciones tan adversas a las constatadas por la red de redes en el último decenio.

En ese sentido destacaron las blogoguerras o insurrecciones mediáticas contra el proyecto estadunidense de crear un Área de Libre Comercio en las Américas, los tratados bilaterales llamados eufemísticamente de libre comercio y el golpe de Estado en Honduras (2009).

La acción resuelta de movimientos sociales e individuos aislados contra el poder de los medios en este siglo creció en el entorno de la globalización neoliberal, en la misma medida en que la comunicación www.theonbutton.wordpress.com

mar noticias en mercancías, expresan el importante espacio alcanzado por la comunicación en el ámbito económico.

De esta forma, se acrecienta la alienación del carácter social que debe adoptar la actividad informativa, con lo cual se resquebraja aún más la diversidad e independencia de las fuentes de información.

La coincidencia de intereses entre los más poderosos también estableció una suerte de consenso mediático, cimiento de lo que motivara al ensayista y poeta uruguayo Eduardo Galeano a distinguir esta etapa como la de la “macdonalización del pensamiento”.

4 “Los grandes medios de información funcionan como el principal partido articulador de las clases dominantes”

La uniformidad en los modos de decir y de fomentar opiniones distingue a la potente maquinaria propagandística que en esta era mediática procura apagar los vestigios de las culturas locales y amenaza la supervivencia hasta de numerosos idiomas ancestrales.

Razones para la esperanza El apego a las reglas del espectáculo está en el sustrato del arraigo obtenido por los pulpos mediáticos en esta batalla de símbolos, cuyos creadores e instigadores tal vez 62

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devino un renglón de punta de la economía a escala internacional.

Esto último, emparentado con los intereses de las trasnacionales y de otros grupos de notable fuerza, indujo a muchos a cuestionarse si el antes identificado como “cuarto poder” superó las débiles barreras que lo separaban de los primeros escaños.

Los medios funcionan como el principal partido articulador de las clases dominantes y, cuando ceden una brecha a voces críticas o sectores subalternos, los tergiversan de manera sistemática.

Cuestiones como éstas, denunciadas en

varios foros internacionales, impulsaron la creación de fuentes de información alternativas orientadas a rescatar la heterogeneidad cultural, lingüística y mediática.

En América Latina, en particular, batieron palmas la creación del canal multinacional Telesur (con sede en Caracas y corresponsalías en buena parte del mundo) y el surgimiento del Sistema de Radiodifusoras Culturales Indigenistas, en la región purépecha de Michoacán, México.

Propuestas como éstas, inclusivas e interactivas por esencia, estimulan la participación ciudadana en los debates actuales, el aprecio a las peculiaridades de las culturales locales y la aceptación de las diferencias a partir del reconocimiento a la diversidad social.

De eso se trata la otra comunicación, como la denominan algunos entendidos, que crece al calor de la resistencia al modelo impuesto por el capital en sintonía con los dictados de sus organismos financieros.

Contrario a lo previsto, internet y otras tecnologías de la comunicación devinieron búmeran para sus creadores, porque posibilitaron dialogar directamente con productores independientes, alfabetizadores mediáticos, defensores del software libre u observatorios de diversa índole.

Esto incidió en el proceso de recomposición gradual de las formas organizativas de los actores sociales y en la conformación de redes de carácter regional, interesadas en potenciar propuestas transformadoras.

El imperativo de recuperar la palabra como arma cobró fuerza en esa coyuntura, que exigió y/o animó a muchas y muchos a convertirse en suerte de maestros también de la escritura.

Si antes ser periodista era pertenecer a un selecto club de hacedores de palabra o una suerte de identidad, la profesión ganó otro sentido con la proliferación de espacios donde cualquiera puede exhibir su pluma fácil.

El cambio radical en el plano de la comunicación redobló el desafío para los encargados de ejercer esta disciplina científica.

Sin embargo, su misión sigue siendo la definida por Kapuscinski: más que pisar cucarachas, prender la luz, para que la gente vea cómo éstas corren a ocultarse.3 CONTRALÍNEA

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EX LIBRIS

Álvaro Cepeda Neri*

Leyes fundamentales y planes: 1821-1857

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n el mercado de los libros (porque la expresión ex libris significa: los libros que le pertenecen a alguien en particular) que recogen documentos históricos, el Fondo de Cultura Económica (FCE) ha publicado Planes políticos y otros documentos; La caricatura política; La huelga de Cananea; Manifiestos políticos; La cuestión del yaqui o del indigenismo en Sonora; Ocho mil kilómetros en campaña (autobiografía militar del general Álvaro Obregón); y Sonora en la Revolución, que dan un panorama de la Revolución Mexicana de 1910-1917, una revolución inconclusa en términos del espléndido ensayo del sociólogo Orlando Fals Borda Las revoluciones inconclusas en América Latina: 1809-1968 (Siglo XXI Editores). Su lectura se ha completado con el tercer tomo de la Historia de Europa, de Herbert A L Fisher (editorial Sudamericana).

Por las revueltas contra el capitalismo y los malos gobiernos que se expanden por todo el mundo,

adquiere más relieve el concepto de “revoluciones inconclusas”, parejo al de “democracias interrumpidas”, como plantea Jo Tuckman en su penetrante libro –sin traducción al español– México, democracy interrupted, publicado por la Yale University Press. Del cual, el politólogo y periodista Lorenzo Meyer nos ofrece una espléndida reseña en su columna semanal Agenda ciudadana, con el título “Democracia interrumpida”, en el periódico Reforma, el 11 de octubre de 2012.

Con esta introducción presento la edición facsimilar (copia de un original de la edición de 1857) del libro Colección de las leyes fundamentales que han regido en la República Mexicana y de los planes que han tenido el mismo carácter, de los años 1821 a 1857. Contiene un prólogo insulso que puede pasarse por alto de José Luis Soberanes.

Pero otro de indispensable lectura de Manuel González Oropeza.

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El facsimilar inicia enseguida y es un platillo de historia como lo propuso el historiador Leopold von Ranke (ir a sus libros Historia de los papas en la época moderna y Pueblos y Estados en la historia moderna, ambos del FCE). Historia evitando ficciones, invenciones e imaginación para “sujetarme a los hechos (…), mostrar lo que de hecho ocurrió”.

En el importante contenido de la Colección destacan: el Plan de Iguala; Efemérides y Acta declarando la Independencia Nacional; Plan de Veracruz proclamando el régimen republicano; Abolición del régimen monárquico; Acta Constitutiva de la Federación: Manifiesto del Congreso Constituyente de 1824, entre otros.

Son 25 documentos que nos proporcionan un conocimiento histórico de cómo entre revoluciones desde 1821 hasta las vísperas del alumbramiento de nuestra gran Revolución y Constitución de 1857, se constituyó el nacionalismo mexicano, con la participación popular como protagonista; y cómo sobresalientes dirigentes republicanos y demócratas supieron conducir a la naciente nación por entre contrarrevoluciones del conservadurismo religioso y reaccionario.

Un libro para quienes buscan una fuente documental sobre los fundamentos de la política de fines democráticos a través de medios legales.3

Ficha bibliográfica: Edición facsimilar: Ignacio Cumplido, de 1857 Título: Leyes fundamentales y planes de la República Mexicana, colección Editorial: Miguel Ángel Porrúa, 2009 *Periodista CONTRALÍNEA

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AGENDA CULTURAL EXPOSICIÓN4 Ofrenda Monumental en la Fortaleza de Emilio El Indio Fernández | La escritora Adela Fernández, hija del fallecido director y actor Emilio Fernández, explica la propuesta que lindera entre lo artesanal y lo artístico; lo cultural y lo folclórico.

—¿Cuál es el origen de la Ofrenda Monumental?

—Todo se inicia con el folclor. Pero originalmente aquí cobró seriedad por la servidumbre: La Casa [Fortaleza de Emilio El Indio Fernández] siempre estuvo en construcción, siempre había albañiles. Y era muy chistoso porque en noviembre todo mundo se iba a ver a sus muertos y regresaban con los tamalitos de cada región. Luego mi papá descubrió la grandeza del día de los muertos con la película Viva México. Llegábamos a Michoacán y veíamos la villa de ofrendas, todas las mariposas, las velas en el agua. Nos acercábamos a Janitzio y escuchábamos los cantos, los llantos, la fiesta de los muertos. Entonces conocimos la tradición en su pureza, cuando era todavía una festividad muy sagrada.

Quiero decir que ésta es una ofrenda a los familiares y a los amigos muy queridos que han significado mucho en nuestras vidas y que coincide con que son famosos; además de las fotografías que nos trae la gente de sus familiares. Es para la gente que fue cercana a esta casa.

—¿Qué opina de que las nuevas generaciones lo vean como el día de Halloween?

—Los viejos tenemos la obligación y el talento de saber platicar para que nos escuchen. Si no envuelves a los jóvenes, no te van a escuchar. Debemos contar la tradición. A veces, los que han visitado la ofrenda me traen fotografías de las que han erigido en sus casas. Entonces sí ha trascendido este esfuerzo; ha cumplido su función. Es increíble que en México encuentres ofrendas en los hoteles y no en las casas, que sean los extranjeros quienes se lleven el impacto de nuestra fiesta y no los propios mexicanos.

—¿Cuál es la ofrenda que recuerda con más cariño?

—La que le hice a mi mamá. Yo tuve cáncer y en mi en mi familia nadie había muerto de cáncer: todos por borrachos, cirrosis, cualquier otra cosa, y de pronto me di cuenta que mi madre tuvo cáncer y todas sus hermanas murieron de eso.

Yo no tenía considerada a mi mamá en mi vida, como no crecí con ella… Me quedé con mi papá desde los cuatro meses de edad, mi mamá es mi papá.

Entonces cuando me repitió el cáncer y tuve oportunidad de ver mi expediente, corrí con la doctora que me atendió y le dije: “Doctora, perdóneme, pero sí vengo de una familia cancerosa: mi madre…”. Entonces me di cuenta que no la había pelado a lo largo de mi vida en muchísimas cosas y que incluso ni un altar. El día que le hice un altar a mi mamá fue un alivio enorme, una especie de acercamiento muy extraño y muy bonito y coincidió con lo de los expedientes médicos.

—¿Por qué se decidió que este año fuera en honor a Chavela Vargas?

—Yo a Chavela la adoré, pero también este año va a ser [dedicada] a Julio Alemán, con mucho cariñito también; y luego insólito que se haya ido Pedro Armendáriz [hijo], tan divertido, tan lleno de vida. A ellos tres es la ofrenda porque murieron este año. Aquí se le da prioridad a los muertos frescos, los viejos se van haciendo chiquitos. Pero nos dimos cuenta que nunca hemos puesto a Antonio Bribiesca, que mi papá lo tenía aquí [en la casa] torturado, tocando [la guitarra] por semanas y nunca se nos ocurrió ponerle un altar; que musicalizó tanto de sus películas, que lo ayudó cuando [la actriz] Columba [Domínguez] lo abandonó; en todas sus borracheras y demás, por eso también va a entrar [en Ofrenda Monumental] junto con Chavela.

CONTRALÍNEA

Natalia Castañeda

—¿Cuáles son los planes para esta ofrenda?

—Lo que hay preparado es que de Chavela nos van a traer su jorongo. Ya le hicieron su calaca, yo ya le presté mis huaraches, creo que va a ser muy simple: lo de Pedro Armendáriz lo va traer [la actriz] Ofelia Medina; ella viene a ponerle el altar a Pedro; y a Julio, que lo queremos todos, compañero de trabajo maravilloso, todos, cada quien le irá agregando algo. Yo a él lo relaciono mucho con Cuautla: ahí comprábamos los costales de azúcar y de arroz para la casa, recuerdo las veces que me llevó Julio Alemán a las bodegas cargando costal, me ayudaba a cargar desde Cuautla a México los costales que traía. Su casa siempre abierta y su mesa con comida para todos. Siempre conectándote para que consiguieras trabajo. Un hombre muy armonioso.

—Cuál es el mensaje para las familias de México —Que vengan. Me importa que sepan que es un trabajo colectivo, que la gente que más trabaja aquí es mi prima Corín y también mi tío Jaime, su hermana Glendita, Olga Angulo, porque somos muchos en la familia: somos 73 primos, con eso te digo todo. Éstos son los que me ayudan: Cristóbal Arias, que está manejando todo lo de la publicidad; Leonardo Beltrán, que convoca a todos los periodistas y me convence de dar las entrevistas [risas]… Son muchos los que ayudan. Algunos tienen 15 años viniendo; entraron causalmente y se quedaron.

La Ofrenda Monumental

En su vigésima sexta edición, la Ofrenda Monumental constará de una visita guiada (cada hora), en la que se narrarán las historias de la Ofrenda y la casa. Los asistentes podrán ver, tocar y sentir la recreación de una época preciosa, de la mano de la familia Fernández (encargada de montar e idear la Ofrenda). Se exhibirán películas del Indio Fernández en la mismísima sala donde él las proyectaba en la pared. También se abrirá de nuevo la cantina al público (en los casi 30 años sólo se ha abierto en dos ocasiones), lugar donde José Alfredo Jiménez escribió La que se fue. Los asistentes podrán entrar y ser atendidos, personalmente, por las sobrinas del Indio. También podrán llevar y dejar las fotografías de sus difuntos en el altar que elijan, y escuchar música en vivo.

Este año, además, el público apreciará la participación de la familia de Frida Kahlo, que ha decorado una ofrenda en memoria de la pintora. Otros participantes son los nietos de Jorge Negrete, que ayudaron en el altar de Los Músicos, y el ingeniero José Alfredo Jiménez hijo, que apoyó en los preparativos.

4Ofrenda Monumental a los Fieles Difuntos, Casa Fortaleza de Emilio El Indio Fernández, Zaragoza 51, esquina Dulce Olivia, Barrio de Santa Catarina, Coyoacán, México, Distrito Federal (del 1 al 18 de noviembre, de 17:00 a 23:30 horas).

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PASO A DESNIVEL

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Miguel Galindo

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R E V I S TA S E M A N A L