Contralinea 310 by Revista Contralínea

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R E V I S TA S E M A N A L

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ÍNDICE DIRECTOR MIGUEL BADILLO oficiodepapel@contralinea.com.mx

OFICIO DE PAPEL/MALESTAR EN PEMEX POR EL OFICIO DG-320/2012 Miguel Badillo

SUBDIRECTOR JOSÉ RÉYEZ jreyez@contralinea.com.mx COORDINADOR DE INFORMACIÓN ZÓSIMO CAMACHO zosimo@contralinea.com.mx COORDINADORA DE EDICIÓN NANCY FLORES nancy@contralinea.com.mx

PORTADA/GOBIERNO PRIVATIZARÁ EL OXÍGENO DE LA SELVA LACANDONA Elva Mendoza

COEDITORA WEB ÉRIKA RAMÍREZ erika@contralinea.com.mx COORDINADOR WEB GONZALO MONTERROSA gonzalo@contralinea.com.mx COORDINADORA DE PUBLICIDAD JANETT ALBA janett@contralinea.com.mx COORDINADOR DE DISEÑO MIGUEL MINERO mimiga@contralinea.com.mx COORDINADOR DE PRODUCCIÓN LUIS KUAN produccion@contralinea.com.mx REPORTEROS DAVID CILIA cilia@contralinea.com.mx FLOR GOCHE flor@contralinea.com.mx ELVA MENDOZA elva@contralinea.com.mx MARIELA PAREDES mariela@contralinea.com.mx ROGELIO VELÁZQUEZ rogelio@contralinea.com.mx

CAPITALES/ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS: EL DISFRAZ DEL DESPOJO Elva Mendoza

RENDICIÓN DE CUENTAS/SISTEMA DE SALUD DE NUEVO LEÓN: IRREGULARIDADES POR 460 MILLONES DE PESOS Rogelio Velázquez

LÍNEA GLOBAL/LOS CHARRÚAS: GENOCIDIO Y RESISTENCIA

DEFENSOR DEL PERIODISTA ÁLVARO CEPEDA NERI cepedaneri@prodigy.net.mx DEFENSOR DEL LECTOR JORGE MELÉNDEZ PRECIADO jamelendez@prodigy.net.mx EDITORIALISTAS FABIO BARBOSA fabiobarbosacano@gmail.com MARCOS CHÁVEZ mchm1995@gmail.com MIGUEL CONCHA MALO educacion@derechoshumanos.org.mx MARTÍN ESPARZA garrasleo6@yahoo.com.mx EDGAR GONZÁLEZ RUIZ edgargr@prodigy.net.mx PAULINA MARTÍNEZ paulina@pronatura.org.mx PABLO MOCTEZUMA BARRAGÁN pablomoctezuma@hotmail.com NETZAÍ SANDOVAL netzai@gmail.com JORGE LUIS SIERRA jlsierra@hotmail.com CORRESPONSALÍAS COAHUILA ROSA ESTHER BELTRÁN DURANGO HÉCTOR HERNÁNDEZ MORALES GUERRERO JUAN CARLOS GONZÁLEZ NUEVO LEÓN JOSÉ JAVIER MARTÍNEZ GUERRERO SONORA ÁLVARO CEPEDA TAMAULIPAS HUGO JIMÉNEZ BAJA CALIFORNIA • CAMPECHE • CHIAPAS • HIDALGO • GUANAJUATO MICHOACÁN • OAXACA • PUEBLA • QUINTANA ROO TABASCO • VERACRUZ • ZACATECAS ASISTENTE DE EDICIÓN DISEÑADOR

NATALIA CASTAÑEDA LUCIO SÁNCHEZ

Jorge Luna/Prensa Latina

LÍNEA GLOBAL/9/11: EN ACCIÓN, LOS “SERVICIOS SECRETOS PARALELOS” Peter Dale Scott/Red Voltaire

CONTRAPODER

CORRECTOR

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BOMBEROS EVIDENCIAN A EBRARD DERECHOS CONCULCADOS A MILITARES EN RETIRO

PERIODO AZUL

REFORMA LABORAL, PIROTECNIA EN EL CONGRESO

CENTRO FRAY FRANCISCO DE VITORIA: 28 AÑOS EN LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

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Martín Esparza Flores

EX LIBRIS

Miguel Concha Malo

¿LOS OTROS? NO SON HIJOS DE MOREIRA

15 Samuel Lara Villa

Avilés

OPINIÓN

Roberto Galindo

Álvaro Cepeda Neri

CARTÓN

GRANADOS CHAPA: EL HOMICIDIO DE MANUEL BUENDÍA

Álvaro Cepeda Neri

AGENDA CULTURAL

Octavio Salas

PASO A DESNIVEL

OCTAVIO SALAS

CARTONISTA DAVID MANRIQUE manrique@contralinea.com.mx

ARMANDO COVARRUBIAS

ILUSTRADORES LEÓN BRAOJOS/CAJA NEGRA X cajanegra.x@gmail.com MIGUEL GALINDO/CAJA NEGRA X gonzomandela@gmail.com

PÁGINA DE INTERNET

OPINIÓN

LA LOTERÍA EN LA SONORA DE NAVARRETE

Jorge Ledesma ASISTENTE WEB

Portada: Selva Lacandona, Chiapas. Niño perteneciente al pueblo lacandón/Foto: archivo Contralínea

TRANSGÉNICOS

Miguel Galindo

CONTRALÍNEA. PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN –año 11, número 310, del 11 al 17 de noviembre de 2012– es una publicación semanal editada por Comunicación Colectiva y Periodismo de Investigación, SA de CV; Avenida Río Churubusco 590, col. Del Carmen, delegación Coyoacán, CP 04100, México, DF; teléfonos: 55 54 91 93 y 55 54 91 94; www.contralinea.com.mx, info@contralinea.com.mx. Editor responsable: Agustín Miguel Badillo Cruz. Número de reserva al título de derecho de autor 04-2001-1206164804 00-102. Número de certificado de licitud de título 12264, y de contenido 8918. ISSN 1665-1626. Impresa por JR Impresiones, Bolívar 238, col. Obrera, delegación Cuauhtémoc, tel. 57 61 34 94; este número se terminó de imprimir el 9 de noviembre de 2012. Distribuido por Publicaciones CITEM, SA de CV, Avenida Del Cristo 101, colonia Xocoyahualco, CP 54080, teléfono 52 38 02 00; y la Unión de Voceadores de México, despacho de Gloria Santillán, Ignacio Mariscal 44, colonia Tabacalera, CP 06030, México, DF, teléfono 55 92 08 91. CONTRALÍNEA reconoce el deber de veracidad y la cláusula de conciencia de reporteros y articulistas. Los textos son responsabilidad de sus autores. Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda totalmente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos o imágenes de la publicación sin previa autorización de Comunicación Colectiva y Periodismo de Investigación.

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OFICIO DE PAPEL

Malestar en Pemex por el oficio DG-320/2012 los múltiples problemas que enfrenta la paraestatal; uno de ellos, el indiscriminado robo de combustibles en todo el país, sin que autoridad alguna haga algo para evitarlo. ace unos días Juan Según el director general de Pemex Refinación, el ingeniero José Suárez Coppel Miguel Tame, sólo en 2011 la paraestatal perdió poco más de 5 comparecía ante mil millones de pesos por el robo de combustibles. A diario se diputados de la Co- extraen ilícitamente entre 7 mil y 8 mil barriles de crudo. Por su misión de Energía gravedad, la situación se considera un tema de seguridad nacuando sintió que cional, al grado de que son la Secretaría de la Defensa Nacional, le movían el piso. Un terremoto con epicen- la Secretaría de Marina, la Procuraduría General de la República tro en aguas del Pacífico provocó el miérco- y la Policía Federal las que custodian, de manera parcial, los 14 les pasado un sismo en estados del Sur mil kilómetros de ductos. de la República Mexicana, lo que ocaLas cifras no dejan dudas respecto de la magnitud del prosionó que se interrumpiera la sesión y el blema: al cierre de junio de 2012, Pemex Refinación estimó que el combustible sustraído ilícitamente a 1 millón 841 mil 478 barriles. Esta cantidad representa 18 por ciento más que el faltante calculado para el mismo periodo de 2011, por 1 millón 557 mil Altos funcionarios se quejan del director general 569 barriles. Para el director general de Pemex de Pemex, Suárez Coppel, y lo acusan de Refinación es imposible vigilar cada centímetro abuso de autoridad y de pretender controlar de los ductos; Miguel Tame asegura que la suby gestionar en las últimas semanas de su sidiaria que encabeza reacciona lo más pronto posible ante una toma clandestina: una vez que administración los contratos para las se detecta, el personal tarda entre una y dos adquisiciones de bienes, arrendamientos o horas para llegar al lugar, debido a las dificulcontratación de servicios del área de tades del camino. tecnologías de la información Pero otro asunto que los diputados no pudieron preguntar a Suárez Coppel porque, para variar, están desinformados, es el relativo a la inconformidad que hay en todas las direcciodirector general de Petróleos Mexica- nes generales de las subsidiarias de la empresa petrolera, por nos (Pemex) tuviera que desalojar por unos un oficio confidencial (DG-320/2012) que el propio Juan José minutos el edificio del Congreso de la firmó el 6 de septiembre y envió a la plana mayor de Pemex. Unión. Altos funcionarios petroleros se quejan de su director gePor tratarse de la principal empresa neral (fuentes cercanas al próximo gabinete aseguran que del Estado, los legisladores arremetie- Suárez Coppel ya no repetirá en la Dirección General de Pemex ron duro en contra del funcionario petro- como él pretendía) y lo acusan de abuso de autoridad y de prelero y también del titular de la Secretaría tender controlar y gestionar en las últimas semanas de su adde Energía, Jordy Herrera, a quienes cul- ministración los contratos para las adquisiciones de bienes, pan de la privatización del petróleo y de arrendamientos o contratación de servicios del área de tecnoMiguel Badillo*

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logías de la información. El gran malestar ha llegado a tal grado, que funcionarios petroleros acusan a su jefe Juan José de pretender hacer negocios al final del sexenio en colusión con el director corporativo de Tecnología de Información y Procesos de Negocio, para impedir la libre contratación con empresas diversas. Ese oficio de la Dirección General, que ha causado enojo en muchos funcionarios, fue dirigido a los directores generales de Pemex Exploración y Producción, Carlos A Morales Gil; Pemex Refinación, Miguel Tame Domínguez; Pemex Gas y Petroquímica Básica, Alejandro Martínez Sibaja; y Pemex Petroquímica, Rafael Beverido Lomelín. También a los directores corporativos de Operación, Carlos Murrieta Cummings; de Administración, Agustín Castro Pérez; y de Finanzas, Ignacio Quesada Morales; y al director Jurídico, Marco Antonio de la Peña Sánchez. El oficio DG-320/2012 firmado por el director general de Pemex instruye a todos los directores de la paraestatal petrolera para que cumplan lo siguiente: “Con el objeto de fortalecer la implementación [sic] de estrategias institucionales así como la gobernabilidad de las tecnologías de información (TI), entre las que se encuentran la infraestructura de hardware, software, comunicaciones, automatización industrial, sistemas técnicos y SCADA [software que permite controlar y supervisar procesos industriales a distancia], es necesario que se observe en aquellos casos en que las direcciones corporativas de Petróleos Mexicanos o los organismos subsidiarios a su cargo estén llevando o vayan a llevar a cabo cualquier tipo de procedimiento para la adquisición de bienes, arrendamientos o contratación de servicios que contengan componentes de TI, incluyendo los servicios de supervisión relativos a dichos bienes y servicios, se cuente con el dictamen técnico favorable de la Dirección Corporativa de Tecnología de Información y Procesos de Negocio (DCTIPN). “Para que la DCTIPN esté en posibilidades de emitir el dictamen técnico que corresponda, será indispensable que las áreas anexen a sus solicitudes de dictamen de procedencia los siguientes documentos: • Antecedentes y objetivo del requerimiento. • Riesgo en caso de no llevar a cabo la contratación. • Justificación del requerimiento y estudio de mercado. • Monto a ejercer. • Especificaciones técnicas. “Asimismo, personal de la citada Dirección deberá participar en la evaluación de las propuestas, en cada una de las disCONTRALÍNEA

tintas etapas del proceso de contratación, incluyendo la junta de aclaraciones y evaluación de las propuestas técnicas, con la finalidad de emitir la opinión correspondiente de los elementos de TI eva-

El oficio DG-320/2012 instruye a que cualquier procedimiento para la adquisición de bienes, arrendamientos o contratación de servicios que contengan componentes de tecnologías de la información cuente con el dictamen técnico favorable de la Dirección Corporativa de Tecnología de Información y Procesos de Negocio

luados, conforme a las especificaciones técnicas que previamente dictaminó. “Agradeceré se lleve a cabo la debida difusión del presente documento al interior de los organismos subsidiarios y unidades administrativas a su cargo para sus efectos inmediatos, y se remita la documentación antes referida, así como la que, en su caso, sea requerida por dicha Dirección para el dictamen de las contrataciones que se estén llevando a cabo o se realicen en lo sucesivo”.3 *Periodista 11 DE NOVIEMBRE DE 2012

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CONTRAPODER

La Lotería en la Sonora de Navarrete Álvaro Cepeda Neri*

na de las banderas electorales de Peña Nieto, y ya como uno de sus propósitos político-administrativos, es combatir la corrupción de la elite gobernante, que el foxismo y el calderonismo llevaron a sus últimas consecuencias. Y busca crear una comisión anticorrupción que sustituya a la ineficaz Secretaría de la Función Pública, adorno burocrático de los panistas que, según Fox, iba a pescar peces gordos y ni siquiera un charal logró. Con Calderón, a quien en lugar de Las golondrinas le entonan aquella letra de “Estás que te vas, y te vas, y te vas… Y no te has ido”, la corrupción se entronizó a grado tal que si Peña no le prometió impunidad, será el primer expresidente en ser llevado ante el Congreso de la Unión para que en juicio político se le deslinden responsabilidades junto con García Luna, y uno que otro de los que fueron directores de la Lotería Nacional y Pronósticos Deportivos, donde organizaban autopremios para sus funcionarios. Los panistas salieron con las uñas largas e insaciables, y con su gobierno proempresarial y la violencia sangrienta han llevado al partido más antiguo, Acción Nacional (PAN, que se fundó en 1939; mientras el Partido Revolucionario Institucional, PRI, como tal en 1946) a su total desintegración y al borde de su final (como le está pasando también al Partido de la Revolución Democrática, PRD, y su chuchismo). Los funcionarios y empleados –mal llamados “servidores públicos”– se enriquecen en los cargos de la administración pública central, descentralizada, paraestatal y de órganos autónomos (como en el Instituto Federal Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con sueldos, bonos y prestaciones millonarias). Abusan del poder y, en una red de complicidades, se conceden favores para hacer del dinero del pueblo un botín. Las cúpulas sindicales (petrolera, de educación, etcétera) saquean las cuotas de los trabajadores y además reciben aportaciones extras, que van a parar a sus cuentas en paraísos fiscales, en bancos de Francia, Suiza y, como los narcotraficantes, en bancos ingleses, canadienses y estadunidenses. HSBC admite multimillonarios depósitos para lavarlos con todo el descaro del mundo. Las elites del PAN, PRD, PRI, Verde Ecologista y Nueva Alianza no viven para la política, sino exclusivamente para sus transas politiqueras. Los mexicanos que sobreviven con sus ingresos, los pobres que, con las víctimas de la miseria (¡50 millones creados del salinismo al calderonismo!) apenas medio calman su hambre y están secuestrados por el mito del Seguro Popular para la salud. Saben que sobre todo la corrupción política en la administración pública es el origen del empobrecimiento masivo que padece la nación. El peñismo, al que autoritariamente ronda el fantasma del dia-

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zordacismo y cuya aparición prendió el movimiento Yo Soy 132, difamado y perversamente atacado por los que insisten en cancelar la protesta social, ha logrado escalar hasta la Presidencia electa con una larga, larguísima estela de corrupción nacida en el Estado de México y su núcleo Atlacomulco. Este peñismo priísta y salinista (el retorno de los brujos, con la cabeza rapada y la sonrisa congelada de Salinas de Gortari, quien burlonamente dijo necesitar una cirugía para que se la borren), sabe bien lo que es la corrupción. Y no ha investigado –o lo sabe y calla– que uno de sus integrantes: Jesús Alfonso Navarrete Prida, es beneficiario de todas las agencias de la Lotería Nacional (ahora bajo la dirección del expriísta, panista-panalista, Benjamín González Roaro) en Sonora. ¿Cómo obtuvo esa concesión para ser el amo y señor en Sonora? Ha servido a Peña desde hace más de seis años y ahora mismo está enfilado para ser titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Desde el sexenio del desgobernador José Eduardo RobinsonBours Castelo y los tres años que lleva el desgobernador Guillermo Padrés Elías, le otorgaron a Navarrete Prida la explotación de las casi 100 agencias de la Lotería Nacional. De ellas obtiene ganancias ilícitas, ya que la ley respectiva prohíbe que funcionarios y empleados federales y de las entidades, tengan dichas agencias para su beneficio. Navarrete Prida tiene además una notaría. Y no sabemos cuántos negocios más, amparado a la sombra del peñismo. ¿Ya lo tiene enlistado Murillo Káram, a quien proyectan para la Procuraduría General de la República? ¿Será investigado por la comisión contra la corrupción, igual que Humberto Moreira, Fidel Herrera y su sucesor-cómplice Duarte, Ulises Ruiz, Juan Sabines, etcétera? ¿Qué hubiera pensado Jorge Carpizo, quien fue empujando a Navarrete Prida hasta escalar ahora una secretaría de Estado? En Sonora saben y comentan que Navarrete se apoderó de todas las agencias de la Lotería. Y que gozará de esos millonarios beneficios durante otros seis años para completar 15 años de enriquecimiento ilícito. El presidente electo, si quiere llegar a presidente constitucional sin más colas que le pisen, debe investigar a sus 47 transitorios ya con encargos de la agenda política. Sin transparencia a toda prueba, el peñismo que mal empieza, cuestionado por su calificación electoral en el Instituto Federal Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, arrastrará más problemas sociales y políticos que le provocarán más deslegitimación. Esto mella toda gobernabilidad. Y viciaría de corrupción la propuesta de su comisión contra la corrupción. La alternativa es: con la Constitución Política de México o contra ella. Con la corrupción o contra ella.3 *Periodista CONTRALÍNEA

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CARTÓN

Periodo azul

CONTRALÍNEA

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OPINIÓN

Centro Fray Francisco de Vitoria: 28 años en la defensa de los derechos humanos Miguel Concha Malo*

l Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, OP, AC, busca contribuir en la defensa y promoción de los derechos humanos, con el firme deseo de que juntas y juntos generemos una cultura basada en el respeto de la dignidad humana. En 2012 cumplimos 28 años de trabajo, tiempo en el que hemos tratado de acompañar a los pueblos y grupos de personas en situación de vulnerabilidad. Desde sus inicios, el Centro Vitoria ha tenido su inspiración en las tradiciones liberadoras de América Latina. No se explica su trabajo y modo de proceder sin la fuerte influencia del pensamiento emancipador originado desde los movimientos sociales que derrocaron las dictaduras que entre las décadas de 1960 y 1980 atormentaban a Latinoamérica. Muchos años de trabajo –esperamos que sean muchos más– respaldan a este Centro, el cual fue una de las primeras organizaciones defensoras de derechos humanos en México a partir de la década de 1970. La situación por la que atraviesa actualmente nuestro país hace urgente que se fortalezcan espacios organizados, desligados de todo partido político y sin fines lucro, con el objetivo de seguir en la lucha por la vida y la dignidad de todas las personas, que tejan esperanza y reconstruyan lo que el actual sistema destruye. Requerimos, pues, de organizaciones que se pronuncien en contra de un sistema que deshumaniza a los pueblos, les borra su identidad y les arrebata su tierra. Nos hemos pronunciado durante estos años a favor de las personas marginadas y excluidas, y en contra de los intentos por devaluar la dignidad humana y el respeto a la naturaleza en México y en el mundo. En el Centro Vitoria intentamos, desde nuestra sencillez, colaborar con las luchas organizadas poseedoras de causas legítimas, por lo cual levantamos la

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voz al unísono con otras muchas organizaciones hermanas, pues tenemos claro que formar redes de redes solidarias es una estrategia eficaz para la defensa de los derechos. Hacemos explícita nuestra opción preferencial por las víctimas, sobre todo por las que se sitúan en grave situación de vulnerabilidad. No conocemos otro camino que no sea el de la vía pacífica y dialógica. No olvidamos nuestra postura crítica y firme frente al poder mal encauzado que detentan quienes olvidan que deben mandar obedeciendo. Consideramos al conflicto como una oportunidad para evidenciar lo que no funciona en esta estructura injusta, y lo aprovechamos para visibilizar a las personas que sufren las violaciones a sus derechos, para que sean ellas las que den testimonio de las arbitrariedades por las que pasan. Realizamos interlocución con el gobierno con una actitud responsable y participativa, pero jamás solapamos desvíos a la centralidad de los derechos humanos. No apostamos, cuando nos piden opinión, por programas asistencialistas o meros paliativos para la población, pues lo que interesa, desde nuestro punto de vista, es que haya soluciones reales a problemas concretos que repercutan en la transformación estructural de nuestra sociedad. La labor de defender los derechos humanos es un modo de vida. Así lo hemos demostrado en este caminar de 28 años. Por este Centro Vitoria han colaborado personas sensibles a los grupos más vulnerables. Ello les ha permitido incurrir, después de terminado su periodo en el Centro Vitoria, en diversos espacios, para aportar en la defensa y construcción de la dignidad humana. A todas las personas que son parte de la historia de este Centro les tenemos y les seguiremos teniendo aprecio y admiración por su compromiso con los derechos humanos. Esta labor por defender y promover los derechos humanos se torna cada vez más problemática, pues en México las cosas no son nada fáciles, y lograr que CONTRALÍNEA

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el Estado promueva, respete, proteja y garantice los derechos es un constante conflicto, incluso con el riesgo de sufrir algún ataque o amenaza por realizar este tipo de labores. Es por muchos sabido que las ejecuciones extrajudiciales y asesinatos hacia defensoras y defensores ha sido una constante en los últimos seis años. Parece ser que se ha convertido en una práctica sistemática de exterminio y obstaculizaciones contra las personas que nos dedicamos a defender y promover los derechos humanos. El gobierno que termina nos deja un saldo de más de 90 mil personas asesinadas, y una cadena de impunidad que deja a la vista la sucia corrupción de la que está llena la estructura gubernamental. En este escenario, la lucha por la dignidad humana es más riesgosa, e implica exigir al Estado un compromiso claro con los derechos humanos. De igual manera es necesaria una fuerte solidaridad con los espacios que resisten los embates del poder corrupto, y luchan por crear escenarios alternativos, en los que se dignifiquen los pueblos y las personas. Felizmente, estos espacios siguen emergiendo frente a la grave crisis institucional, y nosotros colaboramos en su multiplicación. Nos atrevemos a afirmar que frente a la grave crisis civilizatoria a la que nos enfrentamos, con éstos también caminamos y seguiremos urdiendo diversas propuestas que nos lleven a una transformación de nuestra realidad y a una convivencia social más digna, al facilitar el diálogo y el empoderamiento de las personas y los pueblos. Deseamos que tengamos por delante otros 28 años de trabajo, y muchos más, pero siempre queremos que sea un trabajo sensible, coherente y comunitario, donde la solidaridad y fraternidad sean un componente básico. Durante 10 años hemos venido realizando nuestra Escuela para Promotoras y Promotores Juveniles de Derechos Humanos, de la que han egresado ya poco más de 500 personas, pertenecientes a diversos espacios, que ahora construyen desde sus propios lugares una cultura alternativa de los derechos humanos. Cabe mencionar que este proyecto no hubiera sido posible sin las herramientas que la educación popular y la educación para la paz nos brindan. La experiencia de intercambio entre nuestras y nuestros egresados, y con otros proyectos similares, han hecho que hoy seamos una referencia en el tema de educación no formal para los derechos humanos entre las organizaciones de la sociedad civil. Asimismo hemos tejido otros proyectos para la promoción de los derechos, principalmente con jóvenes y con movimientos sociales, con la finalidad de proporcionarles heCONTRALÍNEA

rramientas para la defensa de su dignidad y la de sus pueblos. El Centro Vitoria, en efecto, entre otras de sus actividades realiza desde hace 10 años un informe anual sobre la situación de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (conocidos como DESCA) en el país, mismo que ha sido retomado por diversos sectores dedicados al tema, ya sea en la investigación o bien en la defensa de los DESCA. De igual forma, el Centro Vitoria cuenta con un área de defensa jurídica que ha contribuido a la orientación jurídica de todas aquellas personas que han sufrido una violación a sus derechos y que acuden a las instalaciones de nuestro Centro, o bien se comunican con nuestro equipo por algún otro medio. Esta área jurídica ha sido clave, por ejemplo, en el caso de la Supervía Poniente, con la que logró obtener algunos fallos, en los tribunales, a favor de las víctimas de este megaproyecto en el Distrito Federal. No podemos dejar de mencionar que este Centro es parte de la Red Nacional de Organismo Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos desde su fundación, lo que le permite también estar incidiendo en temas relacionados con los derechos humanos de mayor envergadura en nuestro país. Somos además parte activa de la Campaña Sin Maíz No Hay País, con la que realizamos un esfuerzo conjunto para colaborar en la defensa de los derechos de las y los campesinos y de los pueblos originarios relacionados con el campo y sus formas tradicionales de alimentarse y vivir en armonía con la naturaleza. No podemos dejar de mencionar el apoyo de la Orden de Predicadores (Frailes Dominicos), y el respaldo que nos da ser parte de una tradición espiritual que por siglos ha optado por las y los pobres de este mundo. El Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, OP, AC, no llega solo a estos 28 años, sino todo lo contrario. Llega acompañado de muchas esperanzas y vida, pues gracias al apoyo y solidaridad de todas las personas y pueblos que reconocen en nuestra labor un incentivo para continuar en la lucha por la dignidad humana es como nos mantenemos. Necesitamos seguir fortaleciéndonos. Necesitamos seguir luchando al lado de las comunidades. Necesitamos seguir contando con el apoyo económico de la gente, sin importar lo modesto que sea. De lo contrario no hallaríamos razón de ser a nuestro trabajo.3 *Filósofo, sociólogo y teólogo; director del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, OP, AC 11 DE NOVIEMBRE DE 2012

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OPINIÓN

¿Los otros? No son hijos de Moreira Jorge Ledesma*

l 3 de octubre pasado, en las cercanías de Ciudad Acuña, Coahuila, fue descubierto el cuerpo de José Eduardo Moreira Rodríguez, hijo del exgobernador Humberto Moreira. El asesinato cimbró a la clase política del país, donde la criminalidad, desde la irrupción de la pareja presidencial Fox-Sahagún, ha sentado sus reales de sanguinaria manera, corrompiendo estructuras medulares de funcionarios gubernamentales, socios de los capos, quienes los consideran iguales entre los suyos. La ejecución del joven Moreira es resultado –según distintos medios de información– de una venganza del líder de Los Zetas, Miguel Ángel Treviño Morales, por la muerte de su sobrino Alejandro Treviño Chávez, quien cayó en combate contra la policía estatal una semana antes en la zona, justificando el móvil con narcomantas con el lema: “familia por familia”. El control absoluto de la delincuencia sobre la autoridad fue desnudado grotescamente por la participación “aleatoria” –término novedoso en la jerga, mas qué incoherente, utilizado por la Procuraduría General de Justicia de Coahuila– del subdirector operativo de la policía de Ciudad Acuña, Rodolfo Castillo, y de elementos a su mando, quienes entregaron a la víctima a sus asesinos, según los resultados de las investigaciones. La villanía irreparable cometida en contra del indefenso muchacho de 25 años debe ser castigada con la máxima severidad de la ley. Sin embargo, es una deferencia que raya en burla a las familias de otras miles de víctimas inocentes, cuyas demandas de justicia no han sido atendidas. Conducta elitista que causó la repulsa popular en las redes sociales, cuando se trata además de

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una muestra de solidaridad a un político estigmatizado como depredador en el ejercicio de la función pública, irónicamente expuesto rudamente con fines electorales hace dos años por el mismo gobierno que ahora lo apoya públicamente en forma desmesurada. Esto confirma que en México sólo los encumbrados son proclives a la distinción de recibir justicia y a la mera lambisconería política de Felipe Calderón al gobierno priísta entrante.

El crimen de Jorge Ledesma Rojas En otras latitudes, también en octubre pero de 2008, fue asesinado cobardemente en Zapopan, Jalisco, el abogado de 25 años de edad Jorge Ledesma Rojas (hijo de quien esto escribe), quien trabajaba como secretario relator del Consejo de la Judicatura de Jalisco. La agresión, derivada de una discusión baladí al interior de una discoteca, degeneró en golpes. La peor parte se la llevó el narcotraficante Moisés Montiel Figueroa –el Moy Valencia, en Jalisco, o el Chirris, en Petatlán, Guerrero–, quien ordenó con voz altisonante y ante numerosos testigos dispararle a Jorge. Su hermano Gustavo Montiel, jefe de los sicarios, ejecutó el imperativo . Perpetrado el crimen, los homicidas huyeron por la parte trasera con ayuda de los dueños del establecimiento, Édgar Moreno Prats y Hugo Ramírez Rosales, prestanombres del crimen organizado (ambos ya asesinados), quienes habían permitido entrar al establecimiento a los Montiel pese a que portaban armas de fuego. Los parroquianos los señalaban como responsables de realizar los disparos. La actitud de los “narquillos prepotentes” (así dicen los declarantes en la averiguación previa 225/2008 HI de la Procuraduría General de Justicia de Jalisco) de asiduas visitas a los principales antros de la zona, hizo posible su rápida identificación tanto por clientes como por empleados del lugar. Pese a los elementos de prueba, la averiguación previa permaneció estancada debido a que los Montiel Figueroa eran parte del grupo criminal dueño de la plaza, mismo que había financiado la campaña política del gobernador Emilio González, y que por tanto no serían perseguidos. El procurador del estado, Tomás Coronado, recibió 20 millones de pesos para asegurarles impunidad. Personal de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) lo considera un sujeto despreciable, capaz de cualquier canallada, y quien en insólito y vergonzoso caso fue indiciado –¡en funciones!– por la propia PGJ de Jalisco (averiguaciones previas 010935/2007/039-24 y C/1737/SEX, por prostitución y pornografía infantil, además de tener otras dos acusaciones en el ámbito federal: la averiguación PGR/ CONTRALÍNEA

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FEVIMTRA/054/2008 por trata de menores y violencia contra la mujer, y la SIEDO/2010/DORN/5034, donde Tomás Coronado es señalado por policías ministeriales de dirigir una banda dedicada al robo de tráileres). Por si fuera poco, y para ejemplificar el nivel de inmoralidad y corrupción irradiado por la PGJ en tiempos de este megadelincuente oficial, en julio de 2011 se subió a You Tube un video que muestra a cinco funcionarias en las oficinas de la PGJ con desnudistas y alcohol en horario laboral, encabezadas por la titular de la Fiscalía de Delitos Sexuales, Italia Medina Flores, quien festejaba su cumpleaños. El 4 de febrero de 2009, algunas llamadas telefónicas alertaron al personal de la Secretaría de Marina (Semar), en Puerto Vallarta, Jalisco, de que un peligroso narcotraficante del cártel de Los Valencia se encontraba en un hospital de la localidad (averiguación previa 328/2009), después de resultar herido en una cantina de Tomatlán. Fue detenido Moisés Montiel en compañía de su hermano Gustavo; ambos fueron entregados a la entonces Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO). Esta institución cambió de nombre en septiembre pasado, para convertirse en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO). Que estos dos sujetos hubieran sido detenidos me acercó al director de Homicidios de la Procuraduría, Carlos Alberto Rayas, quien dictó la orden de arraigo 01/2009-B en contra de los hermanos Montiel para que, en caso de ser liberados por la actual SEIDO, fueran entregados a la Procuraduría de Jalisco por el homicidio del abogado Ledesma Rojas. Se realizaron una serie de cateos en contra de propiedades de los asesinos con miras a fortalecer el proceso judicial que encerraría por muchos años a Moisés Montiel, lo que no fue posible por la ejecución de Carlos Alberto Rayas –ordenada por los hermanos Valencia desde el centro de arraigo de la PGR en el Distrito Federal– un mes después en Guadalajara. Los narcoasesinos de tercera generación fueron liberados por la SIEDO. No obstante, el licenciado Carlos Alberto Rayas había remitido ya tres averiguaciones previas donde los sicarios aparecen como miembros del crimen organizado. Finalmente fueron puestos a disposición de la PGJ de Jalisco y encerrados en el Centro de Readaptación Social de Puente Grande, Jalisco. Al iniciar las investigaciones, la PGJ evitó dolosamente concentrar la atención sobre el autor material del homicidio y dejó libre a Gustavo Montiel a pocos días de su arraigo, para luego, merced a otros 20 millones de pesos pagados a los magistrados Gilberto Garabito y Guillermo Valdez, y ante la oposición del magistrado Félix Luna –que acusó en voto particular a sus colegas de violar el Artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos–, se revocó el auto de formal prisión a Moisés Montiel, quien abandonó sigilosamente la cárcel en octubre de 2009. CONTRALÍNEA

A la fecha no hay nadie en prisión por el homicidio de mi hijo, aun cuando existen indicios irrefutables de que los sanguinarios hermanos Montiel son protegidos por mandos corruptos del Ejército en Jalisco, por su pertenencia al cártel de los Beltrán Leyva. Considero que el protector de los Montiel es el procurador Coronado, además de inductor principal en la exoneración de los asesinos de marras y el nefasto gobernador del estado, Emilio González, por proteger a ese gánster a cambio de apoyo electoral, y dejar que Coronado se hinche los bolsillos al vender impunidad. Es la complicidad la que a nivel regional permite a gobernadores, procuradores y alcaldes asociarse impunemente con el crimen organizado, lo que permite la comisión de actos delictivos. Por eso cuando cae un capo las organizaciones no paran operaciones ni ven menguado su poderío, ya que el andamiaje oficial de protección está presto para recibir al sucesor. Los mandos militares, con pleno conocimiento de esta asociación delictuosa, disimulan al obedecer a rajatabla la política desplegada desde la Presidencia de la República, de no actuar contra los protectores políticos de la delincuencia organizada porque afectarían sus negocios personales. Un escenario desgarrador en el que, muy orondo, Felipe Calderón dilapida miles de millones de pesos recorriendo el país a manera de despedida, “orgullosamente satisfecho de la misión cumplida”. Vaya cinismo, cuando las cortes internacionales lo esperan para ser juzgado por genocida. Justo sería que el gobierno federal entrante lo encarcelara y lo hiciera pagar por su conducta criminal y el empobrecimiento generalizado de la población. Miles de mexicanos agraviados lucharán sin tregua para que Felipe Calderón esté en la cárcel, igual que Tomás Coronado, Emilio González Márquez y, por supuesto, los cobardes narcoasesinos Moisés y Gustavo Montiel Figueroa.3 *Periodista; padre de Jorge Ledesma Rojas, víctima de la “guerra” 11 DE NOVIEMBRE DE 2012

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OPINIÓN

Roberto Galindo*

Bomberos evidencian a Ebrard

inaliza la gestión de Marcelo Ebrard al frente del Distrito Federal y hay opiniones encontradas sobre su desempeño. Sin embargo, la mayoría de los capitalinos han calificado su mandato como satisfactorio; de otra forma no se hubiera dado la aplastante victoria de su sucesor, Miguel Ángel Mancera, en las pasadas elecciones. Considero el ejercicio de Ebrard como bueno, pero puede que influya en mi perspectiva trasladarme cotidianamente entre el Distrito Federal y el Estado de México, y que sienta a cada paso, en los transportes, en la calle y en cualquier parque, entre ambas entidades, una insoslayable diferencia; y que me sienta, como peatón o conductor, más seguro en la capital del país. Hay que tomar en cuenta la gran descomposición de las estructuras políticas del Estado de México, la avasalladora corrupción en todos los niveles, y la escalada de violencia en el territorio mexiquense a causa del crimen organizado, y que entonces, al ver la mejor situación del Distrito Federal sobrevalore el trabajo de Ebrard. En este contexto, me parece válido reflexionar sobre un aspecto que considero negativo de su administración: el conflicto con los bomberos. Un fuego iniciado por las protestas de los mismos en una marcha el 25 de junio pasado, y que evidencia las pésimas condiciones laborales que padecen, así como el deterioro del equipo, instalaciones y transportes de los que dependen sus vidas al realizar su labor. Los inconformes no pidieron incremento salarial, pedían capacitación, equipo y herramientas adecuadas para afrontar los riesgos de su profesión, aspecto que de ser atendido no solamente los beneficiaría, sino que derivaría en una mejora sustancial en la seguridad de los ciudadanos, cuyas vidas pueden depender de la preparación y el equipamiento de los vulcanios. El movimiento de protesta fue objeto de represión, hostigamiento y el despido de nueve trabajadores, lo que los llevó a instalar un plantón en el Zócalo e iniciar una huelga de hambre. Los estragos en su salud fueron tan evidentes como el apoyo de la ciudadanía a su lucha. Los bomberos fueron desalojados violentamente la madrugada del 13 de septiembre (Mirna Servín, La Jornada, 14 de septiembre de 2012) para limpiar la explanada del Zócalo y dar paso a los festejos de la Independencia. En las negociaciones con el gobierno del Distrito Federal, se acordó que los despedidos serán reinstalados en otras fuentes de trabajo, como la Secretaría de Protección Civil o en Protección Civil del Sistema de Transporte Colectivo Metro. Bien por la reinserción laboral de los huelguistas. Pero una pregunta debemos hacernos: ¿por qué no fueron readmitidos en el Heroico Cuerpo de Bomberos? La respuesta: el conflicto evidenció la deplorable situación en esa dependencia: falta de equipo y, “en el mejor de los casos”, herra-

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mientas y vehículos obsoletos que no aprueban las normas internacionales de la National Fire Protection Asociation (NFPA); así como una corrupción en la que directivos de la agrupación venden las plazas de trabajo a personas no calificadas para tan demandante y riesgosa actividad (Rodrigo Vera, Proceso, edición 1871, 9 de septiembre de 2012). Por eso y por otras cosas que salieron a la luz es que los despedidos no serán reinstalados en su fuente de trabajo. ¿Por qué la Ciudad de México no cuenta con un eficiente departamento de bomberos cuando Marcelo Ebrard –galardonado con el World Mayor Prize como el mejor alcalde del mundo en 2010 (www.worldmayor.com/contest_2010/world-mayor-2010-results. html)– ha comparado varias veces a nuestra capital con urbes del primer mundo que sí los tienen? Los inconformes mencionaron la situación de sus homólogos en San Diego, California, que es superior a la de los nuestros. El County Fire Authority de esa ciudad tiene 129 estaciones, mientras que el Distrito Federal tiene 16. Es una diferencia de ocho a uno. El dato se endurece más si consideramos que en San Diego residen 1 millón 307 mil 402 personas (http://2010.census.gov/news/releases/operations/cb11-cn68sp. html) y en el Distrito Federal, 8 millones 851 mil 80 habitantes (www3.inegi.org.mx/sistemas/mexicocifras/default.aspx?src=487& e=9). Los estadunidenses tienen suficiente equipo, herramientas y vehículos, mismos que aprueban las normas de la NFPA. Entonces me pregunto: ¿cómo uno de los mejores alcaldes del mundo cuenta con un grupo de bomberos tan disminuido en comparación con el de San Diego, cuando esa ciudad ni siquiera es una de las más importantes en Estados Unidos? Ebrard se va a la Organización de las Naciones Unidas como presidente de la Red Global de Ciudades Seguras (Bertha Ramírez, La Jornada, 4 de septiembre de 2012). Antes de que se vaya debe saber que en una ciudad que se precie de ser segura es fundamental garantizar la vida de sus ciudadanos en situaciones de siniestros, lo que es imposible con las carencias del Cuerpo de Bomberos. Aunque en apariencia el conflicto se resolvió, Ebrard dejó una tarea pendiente: reabastecer y reorganizar a los bomberos, pues para los ciudadanos eso no es un asunto de mejores alcaldes o de ciudades con aspiraciones primermundistas: eso es materia de vida o muerte. Esperemos que Mancera promueva una depuración de los directivos corruptos y mejore al Heroico Cuerpo de Bomberos y con ello la seguridad de más de 8 millones de habitantes en la Ciudad de México.3 *Maestro en ciencias; arqueólogo subacuático; diseñador gráfico; integrante del taller Madre Crónica CONTRALÍNEA

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OPINIÓN

Derechos conculcados a militares en retiro Samuel Lara Villa*

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l personal en situación de retiro de las Fuerzas Armadas Mexicanas es sujeto de discriminación por parte de las autoridades que moralmente, por mandato Constitucional y por apego al cumplimiento de las leyes y reglamentos militares están obligados a proporcionar condiciones de vida digna a quienes honrosamente sirvieron a la nación en las filas del Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea Mexicana y la Armada de México. A estos servidores de la nación les son conculcados los múltiples beneficios que dispone la Ley Federal del Trabajo por el desempeño del servicio. El incumplimiento de la Ley del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM) por parte de quienes la debieran procurar, contra la penuria en que se debaten los militares retirados, marcadamente la tropa, es también causa de la decepción que lleva a manifestar su indignación a este depauperado servidor de la sociedad. Los bonos, gratificaciones y vales de fin de año, decretados por el gobierno federal para los trabajadores al servicio del Estado, son reconocimientos y estímulos independientes del aguinaldo que marca la ley. No se pueden comprender los motivos que el mando supremo, los altos mandos, el ISSFAM y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) tienen para argumentar pretextos cuyo fin es el de excluir a los militares retirados. Los militares retirados recordamos a la SHCP, al mando supremo y a los altos mandos del Ejército y de la Armada que somos trabajadores al servicio del Estado encuadrados en la Primera Reserva de las Fuerzas Armadas, según lo mandado por la vigente Ley Orgánica, artículo 180: “la Primera Reserva se integra con: 1. los generales, jefes, oficiales y sargentos profesionales que obtengan digna y legalmente la separación del activo incluyendo a los que pasen al retiro voluntario, debiendo permanecer en esta reserva todo el tiempo que se encuentren físicamente aptos para el servicio de las armas”. Y el 189: “situación de retiro es aquella en que son colocados los militares con la suma de derechos y obligaciones que fije la ley de la materia”. Lo reafirma el Reglamento General de Deberes Militares, artículo 324, que dice: “los militares retirados están sujetos a las leyes que rigen el Ejército”. Lo cual implica que las autoridades citadas evaden la Ley de Disciplina del Reglamento General de Deberes Militares que manda: “…es la norma a que los militares deben ajustar su conducta; tiene como bases un alto concepto del honor, de la justicia y de la moral, y por objeto el fiel y

exacto cumplimiento de los deberes que prescriben las leyes y reglamentos militares”. No establece ninguna diferencia entre “activos” y “retirados” (respecto de su cumplimiento). Es violatorio aplicarlas enérgicamente para hacerlas cumplir a los retirados y guardar omisión cuando se trata de los derechos y prestaciones de los mismos. Inobjetablemente están cometiendo una injusticia. Por lo anteriormente expuesto y descrito, los militares en situación de retiro presentamos ante la SHCP un pliego petitorio, con el que buscamos la solución positiva de nuestras demandas, seguros como estamos de que la ley así lo ordena. Con fundamento en los Artículos 1 y 8 constitucionales, en cumplimiento de los preceptos legales emanados de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como de las leyes secundarias que nos rigen, y conscientes de que la expresada legislación guarda el objetivo de proporcionar vida digna a los servidores de la nación; así como de que no existe diferencia legal entre la situación del servicio activo y la situación de retiro en las Fuerzas Armadas Mexicanas, conforme a derecho elevamos el siguiente pliego petitorio. 1. Pago del bono gratificación de fin de año de 2012 para los militares retirados, como trabajadores al servicio del Estado. 2. Pago anual en vales de despensa por la cantidad fijada para los trabajadores al servicio del Estado, sin exclusión de los militares retirados. 3. Pago del bono sexenal correspondiente al fin del sexenio. 4. Se informe a esta Federación de Militares Retirados General Francisco J Múgica de las disposiciones al respecto dictadas por la Secretaría de Hacienda a la Dirección General del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas Mexicanas.3 *General brigadier retirado; presidente de la Federación de Militares Retirados Francisco J Múgica, AC 11 DE NOVIEMBRE DE 2012

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OPINIÓN

Reforma laboral, pirotecnia en el Congreso que si quieren realmente luchar por la defensa de sus derechos sindicales, deben empezar a marcar una clara línea divisoria de gobiernos y partidos para autentificar y hacer valer su omo en las fiestas po- autonomía. pulares donde nunca No hay asomo a la menor duda de que hace varias décafaltan los llamativos das, en todo el mundo, el predominio del modelo neoliberal juegos pirotécnicos que ha buscado restar fuerza a los sindicatos, y de manera espetras de sí dejan una cial a las organizaciones independientes que han enarbolado, densa cortina de hu- con sus contratos colectivos de vanguardia, la lucha de toda mo que todo lo confunde, lo mismo pa- la clase trabajadora. Por supuesto que México no es la exceprece acontecer con la reforma laboral, ción. tan llevada de una cámara a otra, primePor esta razón cae en el terreno de lo inexplicable que hasta ro como iniciativa preferente y ahora la propia izquierda política se haya enfrascado, en el Senado como modificada minuta senatorial. de la República, en la denodada búsqueda de una reforma sindical más que laboral, es decir, que antepusiera el interés político de arremeter contra el corporativismo del Partido Revolucionario Institucional a la prioridad de debatir temas El aumento al salario mínimo, de 4.3 por ciento, como la contratación por hora, los contratos de ha sido una auténtica burla si consideramos que prueba y capacitación, las enfermedades de tracon los gasolinazos, el alza de precios al gas bajo. En esta inercia, sencillamente no analidoméstico, al huevo y otros productos de primera zaron el verdadero sentido de las afectaciones de los derechos individuales de los trabajanecesidad, la canasta básica ahora es un artículo dores. de lujo para millones de familias de escasos Y ni qué decir del tema de los salarios mínirecursos. Estos rubros de elemental justicia social mos a los que los empresarios ya anticipan con pasan inadvertidos en el Congreso de la Unión otorgar un micro aumento de entre el 4.5 y 5 por ciento. El año pasado, apenas llegó a un 4.3 por ciento. Una auténtica burla si consideramos que con los gasolinazos, los aumentos Nada queda en claro sobre temas al gas doméstico, al huevo y a otros productos de primera netrascendentes para el futuro de los tra- cesidad, la canasta básica ahora es un artículo de lujo para bajadores, como la democracia, la trans- millones de familias de escasos recursos. Rubros de elemental parencia sindical y las afectaciones a justicia social como éstos pasan como el día y la noche en el asuntos de primer orden, como la segu- Congreso de la Unión, inadvertidos e inexistentes si los comridad social. paramos con los jugosos sueldos de los legisladores. Empero, de toda la trama política y Voces de expertos, no sólo en materia jurídica sino econólegislativa montada en torno a su polé- mica, coinciden en señalar que la contrarreforma calderonismica aprobación, a los trabajadores y a ta tiene un origen ciento por ciento empresarial, que no busca los sindicatos les ha quedado bien claro elevar el nivel de vida de millones de mexicanos, sino llevar Martín Esparza Flores*

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a niveles de precarización su mano de obra. No puede aceptarse bajo ningún sentido que los partidos políticos, incluidos los de la izquierda, pretendan aprobar cambios en la materia que sólo contribuirán a legalizar la explotación laboral y a polarizar, aún más, la concentración de la riqueza en unas cuantas manos. Como si México no fuera ya un país de abismales diferencias y contrastes sociales. El camino que le dejan como alternativa a los trabajadores sólo es uno: optar por la ruta de la organización a través de una necesaria unidad de todos los sindicatos para integrar un gran frente nacional de defensa, pues ya quedó demostrado que tanto a los partidos políticos, como al gobierno, les tiene sin cuidado que sea la clase trabajadora la que pague las consecuencias de la crisis financiera. Ya varias organizaciones del Congreso del Trabajo han alzado la voz en contra de las decisiones legislativas de sus representantes populares, pues tras evaluar a conciencia las graves implicaciones que traerá a la existencia de los propios sindicatos la puesta en marcha de la reforma laboral propuesta por Calderón, han calificado como una traición el voto de sus diputados y senadores a favor de la entonces iniciativa preferente. Deben plantearse los caminos a seguir para informar y crear conciencia a los trabajadores sobre las afectaciones que esta calamidad jurídica traerá a su depauperado nivel de vida, y peor todavía, para que los millones de jóvenes que inician su vida laboral se enteren a detalle de la pérdida de derechos que enfrentarán como trabajadores eventuales bajo el esquema de los contratos de prueba o de capacitación. Es hora de que los sindicatos retomen su función elemental de ser los legítimos representantes y defensores de los trabajadores, para que a través de las movilizaciones y la integración de foros en una gran consulta nacional ocupen el vacío que no han querido llenar los partidos políticos, que antes que nada debieron consensuar con la clase trabajadora la controversial iniciativa. Es responsabilidad del Congreso atender a todas las partes implicadas, pero sus integrantes la están rehuyendo. Cientos de voces quieren ser escuchadas; hay decenas de estudios que plantean alternativas más acordes a lograr una equitativa y sana relación entre el capital y el trabajo que deben ser tomados en cuenta, pues en su elaboración participan verdaderos expertos en la materia y no políticos advenedizos o subordinados a los caprichos e intereses de los políticos en turno. Ahora que la minuta del Senado está de regreso en la CONTRALÍNEA

Cámara de Diputados, aderezada con los asuntos de la transparencia y democracia sindical, la cortina de humo que surge tras la pirotecnia legislativa se hace más densa, ocultando a los trabajadores el verdadero sentido y fin de la contrarreforma. El común denominador es que para todos los partidos la prioridad no son los sindicatos y, claro, menos la clase trabajadora. El momento de que cada quien

Es inaceptable que los partidos políticos, incluidos los de la izquierda, pretendan aprobar cambios a la legislación del trabajo que sólo contribuirán a legalizar la explotación laboral y a concentrar la riqueza en unas cuantas manos, como si México no fuera ya un país de abismales diferencias y contrastes sociales

pinte su raya ha llegado. Las organizaciones gremiales han tomado conciencia de que si no se defienden por sí mismas nadie las va a defender. Veremos, pues, de qué lado están la fuerza y la razón de millones de mexicanos.3 *Secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas 11 DE NOVIEMBRE DE 2012

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GOBIERNO privatizará el oxígeno de la Selva Lacandona 18

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Bajo el esquema REDD+ el gobierno de Chiapas impulsa la venta del oxígeno de la Selva Lacandona al mercado de carbono. Sin consulta pública ni transparencia, el aún gobernador Juan Sabines abre paso en México a un mercado que, de acuerdo con expertos, pretende privatizar un bien público: el aire. El programa piloto confronta a las comunidades que habitan la selva y pone en riesgo su permanencia en ella. La falta de monitoreo, reportes o verificación de los resultados contradice el éxito del proyecto y coloca en la incertidumbre a uno de los principales pulmones de América: la selva chiapaneca Elva Mendoza

ada mes, el gobierno de Chiapas entrega 3 millones 356 mil pesos a 1 mil 678 comuneros a cambio de conservar la Selva Lacandona. Un programa piloto de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Evitada, conocido como REDD+, es el esquema bajo el cual son entregados los recursos. Puesto en marcha desde 2011, el programa REDD+ del gobernador Juan Sabines Guerrero se ejecuta dentro de las comunidades Nahá, Metzabok, Lacanjá Chansayab, Nueva Palestina, Frontera Corozal y Ojo de Agua Chankin, asentadas sobre 614 mil hectáreas de selva. En 2010, los representantes de las subcomunidades de los Bienes Comunales Zona Lacandona firmaron el Pacto por el Respeto y Conservación a la Madre Tierra, un acuerdo con el gobierno estatal en el que se establece el compromiso de las partes para el programa REDD+: preservar la selva a cambio de 2 mil pesos mensuales por comunero.

REDD+ se aplica en Chiapas, pero aún no es aprobado por la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático

Pese a su aplicación en Chiapas, REDD+ aún no es aprobado. La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático discute los detalles de su aplicación. Y aunque México desarrolla una estrategia nacional de REDD+, continúa en estatus de borrador. 20

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REDD+ Frente a la crisis climática, los países integrantes del organismo internacional han planteado, entre otros, los programas de pago por servicios ambientales, REDD y ahora REDD+. Dichos programas tienen como objetivo formal reducir la emisión de gases de efecto invernadero por medio de la conservación de bosques o bien la restauración de las áreas forestales que han sido degradadas. El programa REDD+ se diseña para otorgar compensaciones económicas, por parte de los países del Norte, que tienen compromisos de reducción de emisiones en el Protocolo de Kioto, a los países del Sur, para mantener en pie sus bosques. REDD+ parte de la idea de que los bosques son sumideros de carbono, al capturar uno de los principales gases de efecto invernadero, el dióxido de carbono. De acuerdo con el documento REDD+ y los territorios indígenas y campesinos del Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano (Ceccam), REDD es un instrumento de la economía verde y pretende financiar la captura de carbono que realizan los bosques, a partir de la emisión de certificados o bonos por captura de carbono. A partir de que se determinó en el Protocolo de Kioto el límite sobre la cantidad de gases contaminantes que pueden ser emitidos a la atmósfera, a los países industrializados se les permite financiar proyectos de captura o reducción de estos gases en países en vías de desarrollo. De este modo, las empresas que necesiten aumentar las emisiones por encima de su límite compran bonos (certificados) que les representan el derecho a emitir una cantidad determinada de residuos. Con CONTRALÍNEA

Gobierno de Chiapas

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4De los 170 pueblos esto, el comprador paga por contaminar, mientras que el vendedor se ve compensado al evitar la deforestación, la degradación y la tala. Al no obligar a las empresas contaminantes a reducir sus emisiones a la atmósfera, el esquema es objeto de la oposición de organizaciones, como Vía Campesina, Red Indígena Ambiental, Ceccam y Asamblea Nacional de Afectados Ambientales.

El mercado especulativo de la economía verde Octavio Rosas Landa, catedrático en la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), asegura que estos programas no resuelven el cambio climático. “El programa REDD y el pago por servicios ambientales apuntan hacia la mercantilización de los bosques”. El también miembro de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales explica que REDD+ crea un mercado donde antes no existía. Mercado que implica la privatización de las condiciones ambientales para la producción de oxígeno y la captura de dióxido de carCONTRALÍNEA

bono. “Con REDD+, los recursos naturales son vistos como explotables, mercantilizables y, por lo tanto, susceptibles de generar un lucro económico”. A decir del profesor de economía política, la Organización de las Naciones Unidas ha trabajado en una propuesta que le asigna un valor económico a cada uno de los recursos naturales. Con ello, se promueve claramente la mercantilización de los bienes comunes, como los bosques, el oxígeno que respiramos, “que ya se está convirtiendo en mercancía, y por la cual en algún momento nos van a empezar a cobrar”, y no está impidiendo que las empresas o los procesos industriales, de transporte o consumo reduzcan sus emisiones. “Mientras sigue aumentando la temperatura de la tierra, las empresas trasnacionales y los gobiernos que apoyan estas iniciativas están generando un negocio con la crisis climática. Un negocio especulativo y ficticio.” A la fecha no existen parámetros para establecer los precios de los bonos de carbono o el de los recursos naturales. “Se han definido arbitrariamente: 2 mil pesos al mes en Chiapas; en otros casos, 360 pesos por hectárea conservada al año... ¿Cuáles fueron los criterios a

que “invadían” alguna reserva de Chiapas, sólo quedan siete, aseguró el gobernador Juan Sabines durante la entrega de recursos de REDD+ a los comuneros beneficiados

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partir de los que se determinaron esos precios para la conservación de los bosques? Eso es algo que no han querido ni han sabido explicar”, refiere Rosas Landa. Subraya que se trata de un “problema” que la teoría económica no ha podido resolver: establecer cuál es el valor de los recursos naturales. Por ello pregunta si este tipo de recursos deben ser tasados en dinero, o si, más bien, se debiera reformular el modo en que se produce y consume la riqueza. Advierte que en medio de la crisis climática, hídrica, tecnológica global, resulta lucrativo conservar los bosques porque representan un buen negocio especulativo. Pero eso no significa que en un momento determinado la tala de bosques o la deforestación se conviertan también en un negocio lucrativo con el fin de mantener altos los precios de los bonos de carbono.

Leticia Olvera/Cuartoscuro

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GCF impulsa proyectos subnacionales En el marco de la tercera Cumbre Global de Gobernadores ante el Cambio Climático, en noviembre de 2010, el entonces gobernador de California, Arnold Schwarzenegger; el de Chiapas, Juan Sabines Guerrero, y el de Acre (Brasil), entonces Arnobio Marques de Almeida Junior, firmaron un acuerdo que establece las bases para iniciar un mercado de compra-venta de bonos de carbono, según consta en el boletín 3258 del gobierno de Chiapas. Fernando Miguel Rosas Palafox, secretario de Medio Ambiente e Historia Natural del estado, en entrevista con Contralínea, asegura que, no obstante los objetivos del acuerdo, Chiapas no vende bonos de carbono. “El mercado de California todavía no está en funcionamiento. Todavía no podrían, oficialmente, comprar bonos de carbono de Chiapas, de Acre o de Indonesia. Se firmó un memorándum de entendimiento para una futura relación, para estructurar nuestros programas; de alguna manera que puedan entrar a su mercado cuando entre en vigencia. No se ha hecho porque el mercado aún no entra en vigencia”, explica el funcionario. Rosas Palafox señala que, aunque tienen identificado a California como “un gran mercado en el que el gobierno de Chiapas quiere entrar”, también se tiene el mercado voluntario a nivel internacional. “Se ha hablado con el mercado de Brasil, pero también con México, hay muchas empresas a nivel nacional que están muy interesadas en conservar nuestra selva. Sí, con California se ha tra22

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David Cilia

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4”La Organización de las Naciones Unidas ha trabajado en una propuesta que le asigna un valor económico a cada uno de los recursos naturales. Con ello, se promueve la mercantilización de los bienes comunes, como los bosques y el oxígeno”

El comprador paga por contaminar, mientras que el vendedor se ve compensado al evitar la deforestación, la degradación y la tala

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bajado muchísimo, se firmó un memorándum, son líderes en la materia. Tanto California como Acre nos han servido mucho para generar nuestros programas y sí nos van a abrir las puertas, pero no estamos atados al gobierno de California”. Aunque de manera formal el gobierno de Chiapas no vende bonos de carbono al mercado, en territorio chiapaneco hay organizaciones no gubernamentales que sí lo hacen, señala el secretario.

Proyectos de carbono en Chiapas Rosas Palafox ignora el número de proyectos que se ejecutan en el estado con el perfil de la venta de bonos de carbono. “Son muchísimos; se tiene todo tipo de programas: son para la conservación, proyectos municipales, federales y de organizaciones… exactamente no tengo ese dato”. Menciona algunos ejemplos, como los programas de pago por servicios ambientales, de conservación de la selva y actividades no dañinas para el ambiente, de la Comisión Nacional Forestal (Conafor); también refiere a Ambio (Ambiente y Bio), una organización no gubernamental ubicada en Chiapas que coordina proyectos de manejo racional de los recursos naturales y ambientales para la captura de carbono y quien, a decir de Rosas Palafox, “tiene vendiendo bonos de carbono al mercado voluntario hace muchísimos años” (sic). Ambio, según consta en su portal de internet, a casi 15 años de su fundación en 1997, colabora 11 DE NOVIEMBRE DE 2012

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en el mercado voluntario de carbono y en el “potencial mercado de Reducción de Emisiones de Deforestación y Degradación”. La organización no gubernamental Greenpeace ha detectado que en Chiapas, además del programa piloto de REDD+, operan al menos cuatro proyectos más de carbono forestal: Socolel’Te, establecido en 1997; Proyecto en la Sepultura, establecido en 2008; Proyecto Piloto en la Reserva de la Biósfera Selva El Ocote, establecido en 2009; e Integración de Esfuerzos para la Conservación de Servicios Ecosistémicos y Biodiversidad a Escala de Microcuenca en Chiapas, establecido en 2010. Sus autores van desde instancias nacionales, como la Conafor, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y el gobierno del estado, hasta trasnacionales como Starbucks, organizaciones como Ambio, e incluso Conservación Internacional y Pronatura-Sur que, a decir de Octavio Rosas Landa, han trabajado en la privatización de las Áreas Naturales Protegidas. 24

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El financiamiento de REDD+ en Chiapas Oficialmente, en su origen, el proyecto piloto REDD+ para Chiapas fue financiado por un impuesto a la tenencia vehicular caduco. Sin embargo, algunas organizaciones han denunciado que en el financiamient también hay fondos del gobierno de Noruega; Conservación Internacional; la Agencia Internacional para el Desarrollo, del gobierno de Estados Unidos; la Embajada de Gran Bretaña en México, y el Fondo Mundial para el Medio Ambiente, administrado y controlado por el Banco Mundial. Al respecto, Rosas Palafox asegura que hasta el momento no se ha obtenido ningún tipo de recurso internacional. “Por lineamientos y legislaciones internacionales no se ha obtenido este recurso, se están preparando los proyectos para que en un futuro se pueda entrar a los mercados internacionales, por lo pronto se ha seguido conservando con proyectos de inversión estatal”. El catedrático de la UNAM, Octavio Rosas LanCONTRALÍNEA

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da, especifica que es común que en los programas subnacionales de pago por servicios ambientales y REDD los recursos aparezcan, en principio, como salidos del gobierno estatal, pero que están siendo financiados de origen por el Banco Mundial. “El gobierno de Chiapas podría estar incurriendo en una deuda con una institución financiera internacional. Una deuda financiera para los habitantes de Chiapas”. En ello, el economista prevé riesgos: “Lo que hoy es un subsidio después se puede convertir en un convenio entre una empresa trasnacional y la comunidad, un convenio privado entre particulares. Esto implica que si los bosques no se conservan, son talados o no capturan la cantidad de carbono establecida, la empresa puede acusar a la comunidad de violar el contrato, con lo que abre la posibilidad de sancionar a la comunidad o incluso de hacerla perder el bosque para ser propiedad de una trasnacional”. En el caso de Chiapas, de acuerdo con cálculos de la Secretaría de Medio Ambiente y en voz de su titular, el estado cuenta con la capacidad de capturar 200 miCONTRALÍNEA

llones de toneladas de dióxido de carbono al año. “En el mercado voluntario eso podría significar un recurso por alrededor de 1 mil 500 millones de dólares para toda la comunidad chiapaneca”, dice a Contralínea Fernando Miguel Rosas Palafox. Desde enero de 2012, REDD+ fue autorizado para recibir financiamiento del Fondo Estatal Ambiental de Chiapas. No obstante, como lo señala en el Boletín 3634, el gobierno de Chiapas busca financiamiento del gobierno federal o de otra institución nacional o internacional.

REDD+ en territorio indígena En México, el 58 por ciento de los bosques son propiedad de los pueblos indígenas y campesinos que los habitan bajo la tenencia ejidal o comunal, indican cifras del Centro de Estudios para el Cambio en el Campo de México. Como una conquista de la Revolución Mexicana de 1910, la mayor proporción de los bosques y selvas mexicanos son propiedad de las comunidades fores-

REDD+ fue autorizado para recibir financiamiento del Fondo Estatal Ambiental. No obstante, el gobierno de Chiapas busca financiamiento federal o internacional

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David Cilia

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4Evitar la tala de bosques, uno de los pretextos utilizados por las trasnacionales que compran bonos de carbono para seguir contaminando con gases de efecto invernadero

tales y de los pueblos indígenas. No así el resto de Latinoamérica y Asia, donde sólo el 25 por ciento de los bosques son propiedad de las comunidades forestales. En África, pertenecen al Estado el 98 por ciento de los bosques. Al adquirir los bosques un valor renovado, la Organización de Naciones Unidas ha expresado que para el correcto funcionamiento de REDD+ es necesario establecer una posesión clara de la tierra. Sin embargo, tal como lo indica la Ceccam, los pueblos indígenas y las comunidades rurales no cuentan con títulos formales de propiedad de tenencia sobre estos territorios ni están reconocidos sus derechos sobre los bosques. Ante este hecho, según la Red Indígena Ambiental Internacional, REDD+ prepara la mayor usurpación de tierras de todos los tiempos. “El riesgo para las comunidades de los bosques es el desalojo de la tierra, su privatización a favor de las corporaciones y las restricciones de uso de su propio territorio a los indígenas, aunque dependen de este hábitat para garantizar su existencia como sociedades y culturas distintas”. 26

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4”Al entregarle 2 mil pesos a cada comunero a cambio de cuidar el bosque, el Estado le enseña

a las clima. Al limitar el uso de suelo de las tierras, los obliga a abandonar la producción agrícola; con e

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nseña a las comunidades a depender de los recursos monetarios y a adquirir medios de subsistencia producidos por el mismo mercado que está calentando el ícola; con ello, los pueblos pierden su capacidad de independencia”

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Gobierno de Chiapas

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4Además de REDD+, que afecta a la Selva Lacandona, en Chiapas operan los proyectos de carbono forestal Socolel’Te, Sepultura, Reserva de la Biósfera Selva El Ocote e Integración de Esfuerzos para la Conservación de Servicios Ecosistémicos y Biodiversidad a Escala de Microcuenca

El Ceccam estima que en el mundo 1 mil 600 millones de personas, más de un cuarto de la población, viven de los bosques; de ellas, al menos 60 millones pertenecen a algún pueblo indígena y dependen por completo de los bosques para su sustento, alimentación, medicina y materiales de construcción. Rosas Landa señala que en el proyecto que diseña Naciones Unidas se pierde de vista que los bosques desempeñan, además de funciones ecosistémicas –como la transformación de dióxido de carbono en oxígeno, la captura de agua o la conservación de suelos y de biodiversidad–, funciones sociales específicas, sobre todo en el caso de las comunidades indígenas que tienen bosques. “Para las comunidades, los bosques son espacios dentro de sus territorios indispensables para el sostenimiento de su existencia individual y colectiva, 28

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cumplen con funciones culturales, económicas y de sustentabilidad de las comunidades.” Sostiene que al entregarle 2 mil pesos a cada comunero a cambio de cuidar el bosque, el Estado le enseña a las comunidades a depender de los recursos monetarios y a adquirir medios de subsistencia producidos por el mismo mercado que está calentando el clima. Agrega que al limitar su uso de suelo, los obliga a abandonar la producción agrícola; con ello, dice, los pueblos pierden su capacidad de independencia. “Un pueblo que se puede autoalimentar es un pueblo con autonomía política y económica”, señala. Agrega: “Las políticas de los Estados, especialmente de los Estados neoliberales como el mexicano, han hecho todo para impedir que las comunidades forestales puedan vivir del manejo de sus bosques. La destrucción de la soberanía del país comenzó por la destrucción de la soberanía alimentaria”. CONTRALÍNEA

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Conflicto por la tierra En la Selva Lacandona existe un conflicto histórico por la tierra. Y aunque en 1971 el gobierno en turno entregó a 66 comuneros certificados agrarios, el vasto territorio lacandón es hogar de choles, tzeltales, tojolabales y tzotziles, dueños ancestrales de la tierra que carecen de títulos de propiedad y pese a su petición, sus derechos no han sido reconocidos. REDD+ ha profundizado el conflicto dentro de la zona, denunció la organización Greenpeace el 20 de septiembre pasado.

ponerlos cerca de áreas metropolitanas donde tengan más acceso a los recursos. Sin embargo, “no se ha encontrado alguna solución en la que estén de acuerdo las partes, pero están conscientes de la situación, del programa y que la mejor solución sería una reubicación; mas no se están sacando y no se va a sacar a nadie usando la fuerza”. —¿Hay posibilidades de que participen en el programa en lugar de ser reubicados? —Sí, nada más ahí la dificultad que presenta es que se tienen que hacer mediciones, actividades constantes dentro de las áreas para verificar que no se están

“Mientras sigue aumentando la temperatura de la Tierra, las empresas trasnacionales y los gobiernos que apoyan estas iniciativas están generando un negocio con la crisis climática. Un negocio especulativo y ficticio” En enero de 2011, durante la entrega de recursos de REDD+, el gobernador Juan Sabines dijo ante los comuneros “beneficiados” que de los 170 pueblos que permanecían invadiendo alguna reserva, sólo quedan siete. Viven bajo amenaza de desalojo. Miguel Ángel García, coordinador general de Maderas del Pueblo –organización no gubernamental que busca el respeto a los derechos colectivos de los pueblos y comunidades y el respeto a los derechos de la naturaleza– relata, con pesar, que dentro de la selva, además de las comunidades que pactan con el gobierno, cinco pueblos resisten el embate del despojo. Los pueblos en resistencia están dentro de la Reserva de la Biósfera Montes Azules, área declarada así en 1978 que se extiende 321 mil hectáreas sobre el territorio chiapaneco. Ahí se refugian del hostigamiento y de la represión militar y paramilitar de la que son objeto. El defensor sostiene que la entrega de los 66 títulos que hizo el gobierno en la década de 1970 fue un acto ilegal e ilegítimo, porque dejó a la deriva a 47 pueblos que inmediatamente fueron declarados invasores de un territorio que históricamente les pertenece. Según el secretario de Medio Ambiente local, el gobierno del estado no va a sacar a la fuerza a las siete comunidades que permanecen en la Reserva de la Biósfera. Dice que el gobierno busca programas de reubicación social, en conjunto con las comunidades para CONTRALÍNEA

realizando actividades fuera de los lineamientos (eso incrementa el costo). Se está viendo con ellos los diferentes esquemas. Estamos abiertos a trabajar con ellos, pero lo más benéfico para ambas partes sería poderles brindar los servicios fuera de la Reserva. —¿Considera que REDD+ ha profundizado los conflictos por la tierra en Chiapas? —No, al contrario. El programa REDD lo que ha hecho es que ha empezado un proceso de registro. Aunque, claro, como en todo surgen conflictos, problemas, dudas de quién es el dueño de la tierra. Ha sido benéfico más que problemático.

Espejitos por oxígeno l Grupo de Trabajo de los Gobernadores sobre Clima y Bosques (GCF, por su sigla en inglés) es un órgano de colaboración subnacional entre 14 estados y provincias de Estados Unidos, Brasil, Indonesia, Nigeria y México, que busca integrar el programa REDD y actividades de carbono forestal a los regímenes de cumplimiento emergentes para gases de efecto invernadero. Los proyectos subnacionales de

“deforestación evitada”, como REDD+, han sido rechazados por los 194 países que son parte de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, incluso por los gobiernos nacionales de todos los miembros del GFC, afirma Greenpeace en el documento Espejitos por aire. Imponiendo compensaciones subnacionales de REDD provenientes de México, en el mercado de carbono de California.3

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Ingeniería del conflicto

Especial

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Rosas Landa afirma que proyectos y programas ambientales y mineros (estos últimos ampliamente documentados por la organización a la que pertenece), vienen acompañados de una ingeniería del conflicto prediseñada: “uno de los propósitos que sirve al éxodo rural es la fabricación de un conflicto”. Agrega que las trasnacionales pueden operar a sus anchas en territorios divididos, porque lo que se busca es que no haya organización colectiva que pueda frenar o detener este tipo de avances y agresiones, y el Estado mexicano actúa como gestor, promotor y defensor de las trasnacionales. Miguel Ángel García coincide: “los negocios verdes, el ecoturismo y los bancos genéticos, necesitan territorio despejado [es decir], sin resistencias, sin zapatistas”.

Conservación a pesar de las políticas Rosas Landa recalca que los bienes, propiedad de comunidades, han sido conservados y protegidos a pesar de las políticas de gobierno, pero que ahora la crisis financiera y ambiental de escala global pretende ser paliada por medio de mecanismos de mercado que no van a solucionar el problema. “¿Por qué presionar a los campesinos y ejidatarios a que acepten este tipo de convenios si son ellos quienes más contribuyen a que el calentamiento global no se agrave? Y si no aceptan, ¿son ellos quienes no quieren detener el calentamiento global?”, pregunta, con ironía, el académico. Para él, REDD+ “es un mecanismo extremadamente perverso” de apoyos miserables en relación con la importancia de los bosques, se traduce a un mecanismo que despoja a los pueblos del control de sus territorios, un mecanismo de despojo de tierras a escala mundial. “Frente a lo que estamos es a una entrega de la soberanía nacional a través de la entrega de los recursos y del manejo del territorio”, concluye. El Ceccam estima que de las 64.8 millones de hectáreas de bosques y selvas que hay en México, 8.4 millones de hectáreas están bajo manejo forestal, ya sea por parte de sus poseedores o a través de contratos de las comunidades con compañías privadas para vender su bosque (sin derribar árboles).3

4“¿Por qué presionar a los campesinos y ejidatarios a que acepten este tipo de convenios si son ellos quienes más contribuyen a que el calentamiento global no se agrave?” 30

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Chevron, comprador de bonos de carbono hevron es la corporación más grande de California y una de las 10 corporaciones más grandes del mundo. Su refinería en Richmond, una de las más antiguas en Estados Unidos, es una de las mayores emisoras de carbono de California y una de las principales fuentes de contaminación peligrosa. Tan sólo en los últimos cinco años, la refinería ha sido citada más de 90 veces por violaciones a las regulaciones de aire. Además, registra un

número de incidentes cada vez mayor, tanto en 2010 como en 2011. En lugar de reducir la contaminación generada donde opera, Chevron gastó casi 4 millones de dólares en cabildeos para aprobar la Propuesta 26 en California (que evitará que los contaminadores tengan que pagar por los impactos ambientales y de salud que provocan), mientras proporcionó 3 millones de dólares a The Nature Conservancy para el proyecto de Acción Climática de Guaraquecaba (compensaciones REDD+), en Brasil.3

Fuente: Espejitos por aire. Imponiendo compensaciones subnacionales de REDD provenientes de México, en el mercado de carbono de California. Greenpeace, septiembre de 2012

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Áreas Naturales Protegidas: EL DISFRAZ DEL DESPOJO Frente a la crisis climática global, los bosques y las selvas son territorios en disputa. Contenedores de biodiversidad, madera, agua y oxígeno, las tierras son altamente codiciadas. Sus habitantes (pueblos indígenas y campesinos) son empujados a participar en la llamada economía verde. La estrategia pretende garantizar la existencia de las áreas bajo dinámicas de mercado. Para organizaciones nacionales e internacionales, las políticas diseñadas para preservar los ecosistemas y así evitar el calentamiento global (que van desde el pago por servicios ambientales y los programas REDD, hasta las declaratorias de Áreas Naturales Protegidas) resultan en mecanismos de despojo masivo de tierras y privatización de los recursos naturales Elva Mendoza

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León Braojos

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www.iisd.ca

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4La ONU, principal promotora de la llamada economía verde, por medio de la cual se impulsa a la industria contaminante a comprar bonos de carbono en lugar de reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero

n México existen 175 Áreas Naturales Protegidas. Más de 25 millones de hectáreas del territorio nacional están catalogadas como Reservas de la Biósfera, Parques Nacionales, Monumentos Naturales, Áreas de Protección de Recursos Naturales, Áreas de Protección de Flora y Fauna o Santuarios. Algunas de ellas fueron establecidas en territorios propiedad de ejidatarios y comunidades agrarias, y otras, como Bonampak, Nahá o Metzabok, se ubican íntegramente en territorios de pueblos indígenas. La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas ha propuesto que las áreas bajo alguna categoría de protección cumplan un nuevo papel en el programa Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Evitada (REDD+) y logren tanto sus objetivos de conservación de la biodiversidad, como los nuevos objetivos de captura de carbono.

Los bosques en la economía verde Los bosques y las selvas albergan más de la mitad de las especies de vegetales y animales del planeta, regulan el flujo de agua y la lluvia a distancias intercontinentales, son ricos en maderas y generadores de oxígeno. Frente a la crisis climática global juegan un papel vital en la estabilización de la atmósfera y el clima de la Tierra mediante la captura y almacenamiento de grandes cantidades de dióxido de carbono (CO2), uno de los principales gases de efecto invernadero. Esta capacidad de absorción del CO2 es el argumento pilar sobre el que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) pretende combatir el calentamiento de la atmósfera: la economía verde. 34

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Para Octavio Rosas Landa, profesor en la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la economía verde cambia el paradigma económico para ponerlo todo en función de la captura del dióxido de carbono o la producción de biomasa (materia orgánica aprovechable como fuente de energía), que son utilizados como mercancías. El concepto fue introducido formalmente a la mesa de discusión en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible que organizó, en 2012, la Asamblea General de la ONU en Río de Janeiro, Brasil, conocida también como Río+20. La Conferencia tenía por objeto construir una economía verde para lograr el desarrollo sostenible y con ello “obtener un compromiso político renovado”. Entre los objetivos que se establecieron en Río de Janeiro se encuentra el de lograr un mejor ordenamiento de los bosques para conseguir “beneficio” y reducir la deforestación a la mitad, antes de 2030, para evitar daños asociados al cambio climático. No obstante que el principal emisor de gases contaminantes a la atmósfera es la industria, Río+20 no planteó el cambio en la producción y consumo de bienes. “La propuesta mantiene el supuesto de que es posible continuar con el actual modelo de producción y consumo y, al mismo tiempo, cuidar el medio ambiente y el clima”, sostienen organizaciones como Vía Campesina, la Red Indígena Ambiental, el Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano (Ceccam) y la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales. El calentamiento global fue planteado desde 1994 con la entrada en vigor de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Dos años más tarde, con el Protocolo de Kioto, Japón, se establecieron metas cuantificadas de emisiones de contaminantes a la atmósfera. Para cumplir los compromisos contraídos en el Protocolo, a los países indusCONTRALÍNEA

Francisco Guasco/Cuartoscuro

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4Bajo tenencia ejidal o comunal, los pueblos indígenas y campesinos son dueños del 60 por ciento de los bosques, selvas y zonas áridas. En la imagen, la reserva natural Parque Izta-Popo, en Puebla

trializados se les permite financiar proyectos de captura o reducción de estos gases en países en vías de desarrollo. En esa dinámica, la industria no está obligada a invertir en investigación para reducir la emisión de contaminantes en sus procesos de producción, sino que se le brinda la posibilidad de pagar compensaciones a los países en vías de desarrollo por conservar los bosques que consumen el dióxido de carbono que ellos generan. El Programa Pago por Servicios Ambientales, Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación (REDD), y Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Evitada (REED+) son instrumentos de la economía verde que buscan financiar la captura CONTRALÍNEA

de carbono que realizan los bosques, a partir de la emisión de certificados o bonos.

Derechos indígenas, sin garantías Vía Campesina, la Red Indígena Ambiental, el Ceccam y la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales han mostrado su preocupación frente a la introducción de las Áreas Naturales Protegidas (ANP) a las dinámicas de la economía verde y la venta de bonos de carbono.

La industria no está obligada a invertir en investigación para reducir la emisión de contaminantes en sus procesos de producción, sino que se le brinda la posibilidad de pagar compensaciones a los países en vías de desarrollo por conservar los bosques que consumen el dióxido de carbono que ellos generan 11 DE NOVIEMBRE DE 2012

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Estas organizaciones no gubernamentales sostienen que además de brindar servicios ambientales, las extensiones de bosques y selvas cumplen funciones sociales y culturales: son hogar histórico de pueblos y comunidades. En el documento REDD+ y los territorios indígenas y campesinos, el Ceccam advierte que aunque los derechos de propiedad y posesión de la tierra y los recursos forestales están garantizados legalmente por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las comunidades no cuentan con derechos territoriales. “Los derechos indígenas al territorio, y la autonomía entendida como libre determinación, continúan siendo una meta y una demanda para el movimiento indígena del país”, advierte la organización. Frente a ello, la organización no gubernamental Maderas del Pueblo del Sureste sostiene que las declaratorias impactan directamente en los pueblos y las comunidades indígenas y campesinas. Señalan como las más agresivas a los Parques Nacionales, las Reservas de la Biósfera, las Áreas de Protección de Flora y Fauna Silvestre, las Áreas de Protección de Recursos Naturales y los Monumentos Naturales. Cuando se decreta a un territorio Parque Nacional, se expropia la tierra y sus pobladores son expulsados, advierte la organización civil a favor del medio ambiente y los derechos de los pueblos indígenas en el documento Las Áreas Naturales Protegidas en los territorios indígenas y campesinos de México. “Sólo en el Desierto de 36

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los Leones, en el Distrito Federal, el gobierno pagó la indemnización a los campesinos”. Ante la creciente oposición, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas creó las Reservas de la Biósfera, categoría que no tiene carácter expropiatorio y contempla la consulta y participación de las comunidades en su establecimiento y operación. “Hasta ahora, el gobierno no ha informado, consultado, ni permitido la plena participación de los campesinos e indígenas que habitan y son dueños de los territorios donde se decretan las Reservas. Aunque no le quitan la tenencia de la tierra a las comunidades, sí les quitan el derecho a decidir sobre su territorio y a controlar sus recursos naturales”, denuncia Maderas del Pueblo. Las 41 Reservas de la Biósfera declaradas ocupan casi el 50 por ciento del territorio protegido, con más de 12 millones de hectáreas. La más extensa se encuentra en Calakmul, Campeche, con 723 mil hectáreas. CONTRALÍNEA

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A decir de la organización civil, la política conservacionista busca apoderarse del control de las Áreas Naturales Protegidas al despojar a las comunidades del manejo de su territorio. “Les quitan la decisión y el control sobre sus ricos recursos naturales; y hasta en algunos casos, como en Montes Azules, llegan a exigir el desalojo violento de las comunidades pobres, acusándolas de destructoras de la naturaleza”. La asociación con sede en Chiapas sostiene que si todavía existen en nuestro país montañas con selvas y con esa rica diversidad de árboles, plantas y animales es gracias a que la mayoría se encuentran dentro de territorios de los pueblos indígenas. Pueblos que, por la herencia de sus ancestros, han mantenido una relación de intercambio y no de explotación con la naturaleza. E incluso que han sido ellos quienes han defendido los territorios, a veces hasta con armas y con sus vidas o su libertad, de la ambición de finqueros, madereros, empresas en general y del gobierCONTRALÍNEA

no. “Ahora se les acusa de ignorantes y destructores de la selva y exigen su desalojo para salvar las selvas”. Con ello, el Estado viola los más elementales derechos de los pueblos indígenas y demuestra una visión racista y discriminatoria, porque considera que son ignorantes e incapaces de defender y conservar los recursos naturales, señala.

La propiedad ejidal y comunal Según cifras del Ceccam, el 70 por ciento del territorio nacional está cubierto por vegetación forestal. Los bosques, las selvas y las zonas áridas del país se extienden sobre 138 millones de hectáreas. Bajo tenencia ejidal o comunal, los pueblos indígenas y campesinos son dueños del 60 por ciento de esos territorios; 8 mil 928 ejidos y comunidades del país poseen superficies cubiertas por bosques y selvas. Hasta antes de la reforma al Artículo 27 constitucional, a ellos perteneció, como resultado de la Revolución de 1910, el manejo, cuidado y la salvaguarda de las áreas naturales. La modificación en 1992, en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, significó el fin del reparto agrario, la apertura al mercado de las tierras de propiedad social –ejidal o comunal– los que les quitó su carácter de inembargables, imprescriptibles e inalienables. La reforma derivó en la publicación de una nueva Ley Agraria que se ejecutó a través del Programa de Certificación de Derechos 11 DE NOVIEMBRE DE 2012

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4Las modificaciones al Artículo 27 de la Constitución y el programa Procede, fundamentales para que los bosques y las selvas en México que están en posesión de las comunidades campesinas e indígenas puedan ser transformadas en mercancía

Ejidales y Titulación de Solares (Procede), un instrumento del gobierno federal para regularizar la propiedad social. Para Maderas del Pueblo, dicho programa busca parcelar, individualizar y privatizar los terrenos ejidales y comunales, incluyendo las tierras de uso común donde están los bosques, los ríos y las montañas, para favorecer su venta y acaparamiento por parte de caciques, finqueros, ganaderos privados y empresas multinacionales. Octavio Rosas Landa, profesor de economía política, explica que tanto las modificaciones al Artículo 27 de la Constitución como el programa Procede, “que dota de certificados de propiedad individualizada a los campesinos para posibilitar la venta de tierra a cambio de dinero, por encima de las autoridades comunales”, fueron fundamentales para que los bosques y las selvas en México que están en posesión de las comunidades campesinas e indígenas puedan ser transformadas en mercancía, introducirse en el mercado, en la bolsa de valores y sea posible especular con los bonos de carbono. 38

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Los negocios Maderas del Pueblo del Sureste explica que, dentro de la dinámica de la economía verde y sus instrumentos, los bosques y las selvas son constantemente asediados porque son vistos como bancos de información genética por empresas farmacéuticas, como Bayer, Aventis, Syngenta, Pharmacia, Novartis, Schering Plough; o aquellas que producen semillas y agroquímicos, como Monsanto, Dow Chemical, Dupont (fabricantes de los pesticidas Gramoxone, Faena o Foley). O porque son útiles al negocio del agua embotellada, donde participan empresas multinacionales como Coca Cola o Nestlé, que CONTRALÍNEA

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Corredor Biológico Mesoamericano, Yucatán; El Programa Especial para la Conservación, Restauración y Aprovechamiento Sustentable de la Selva Lacandona; el proyecto de silvicultura comunitaria en Amanalco, Estado de México, y un Proyecto Piloto REDD+ en Ocosingo, Chiapas.

La llegada de agentes externos a las comunidades

además comercializa café y leche en polvo. “Esas empresas multinacionales que negocian hoy con el agua, están muy interesadas en apoderarse de los territorios donde hay montañas, selvas, ríos y manantiales”. Y son codiciados por la producción de oxígeno. “Un nuevo negocio multimillonario”.

Denuncia el Ceccam que con los programas llegan también nuevos agentes con poder político y económico a las comunidades que cuestionan la gobernabilidad de los territorios forestales y el papel político que cumplen las estructuras comunitarias. Expone que el proyecto en la Cuenca Baja del Río Ayuquila, Jalisco, busca apoyar la formación técnica y operación de una Junta Intermunicipal de Medio Ambiente (integrada por 10 municipios) y sistematizar el modelo de gobernanza resultante. En él participan la Agencia Francesa de Desarrollo y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo con fondos del Latin American “La economía verde Investment Facility de la Unión Eurocambia el paradigma pea, los gobiernos estatales y municipales de Yucatán, Campeche, Quintana Roo, económico y lo pone Chiapas y Jalisco, la Comisión Nacional todo en función de la para el Conocimiento y Uso de la Biocaptura de dióxido de diversidad y la Comisión Nacional Forestal. carbono o la producción Además, como parte del proyecto se de biomasa para ser pretende establecer un convenio en el Corredor Biológico Mesoamericano para utilizados como replicar el modelo de gobernanza basado mercancías” en la asociación de municipios y fortalecer las capacidades técnicas a nivel local, en preparación, para poner en marcha actividades REDD+ en la Península de Yucatán. “La acción no considera la participación de las instancias de gobernabilidad comunitarias, como las autoridades ejidales y comunales, que representan a los dueños y poseedores de los recursos sobre los que los municipios pretenden trabajar.”

Proyectos en México

REDD+ en Chiapas

El Ceccam tiene registro de que desde 2003 hay comunidades que participan en el Programa de Pagos por Servicios Ambientales, hidrológicos o por captura de carbono. Así como de al menos cinco acciones piloto de REDD+ en operación. Se trata de los proyectos ubicados en la Cuenca Baja del Río Ayuquila, Jalisco; el

Desde 2011, el gobierno de Chiapas financia un proyecto piloto REDD+ en la Selva Lacandona. Opera sobre ocho Áreas Naturales Protegidas: Metzabok, Nahá, Yaxchilán, La Cojolita, Bonampak, Chan-Kin, Lacantún y Montes Azules. La Reserva de la Biósfera de Montes Azules es la primera que se declaró bajo esa categoría. Ocupa 321 mil hectáreas y se ubica en el corazón de la Selva Lacandona. Ahí resisten el despojo siete comunidades. Y tal como lo ha señalado públicamente el gober-

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CAPITALES Oaxaca; la Unión de Ejidos Forestales Emiliano Zapata, en Amanalco, Estado de México; Nuevo San Juan Parangaricutiro, Michoacán, y Cuetzalan, Puebla, son algunos de los lugares donde trabajan bajo el esquema comunitario, enumera la organización.

La sombra de la privatización En entrevista con Contralínea, Fernando Miguel Rosas Palafox, secretario de Medio Ambiente e Historia Natural de Chiapas, niega que los programas pretendan privatizar los recursos:

4“Los pueblos indígenas son quienes han defendido los territorios, hasta con armas y con sus vidas o su libertad, de la ambición de finqueros, madereros, empresas en general y del gobierno”

nador Juan Sabines, desde que REDD+ llegó a la Selva, 100 comunidades más han sido desplazadas de su territorio.

Evasión de responsabilidades En el marco de la presentación del documento Espejitos por aire. Imponiendo compensaciones subnacionales de REDD, provenientes de México, en el mercado de carbono de California, Greenpeace dice que cualquier enfoque para REDD+ tendrá que evitar financiar la protección de bosques que de todos modos hubieran sido protegidos. “No está claro en qué medida el programa REDD+ de Chiapas está proporcionando una genuina reducción de emisiones en relación con lo que habría sucedido en ausencia del programa” (sic). La organización explica que debe ser financiado únicamente lo que se perdería de no recibir los recursos. “En el caso de la Selva [Lacandona] es un tema a discusión porque esa región incluye Áreas Naturales Protegidas, que en teoría ya tendrían que estar protegidas”.

México, exitoso en empresas forestales comunitarias Estima el Ceccam que 3 mil 56 ejidos tienen como su principal fuente de ingresos las actividades relacionadas con las selvas y los bosques. Cerca de 2 mil 400 ejidos y comunidades aprovechan comunitariamente sus bosques y, de ellos, alrededor de 600 núcleos agrarios tienen empresas forestales comunitarias. De acuerdo con Greenpeace, México es ejemplo a nivel internacional de experiencias exitosas de manejo forestal comunitario, donde las comunidades deciden organizarse para manejar y conservar sus bosques. Calpulalpan de Méndez, en Ixtlán de Juárez, 40

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tificados. Una empresa, una fundación, una persona particular puede otorgar recursos para que las personas que se encuentran del otro lado del mecanismo conserven”. Remarca que los beneficios que obtienen las empresas con el intercambio consisten en la obtención de títulos de responsabilidad social y la posibilidad de continuar con las “actividades necesarias para seguir avanzando y cumplir con la legalidad de sus países”. Y concluye: “No se vende el aire, no se vende la tierra, es un mecanismo para que los países subdesarrollados ayuden a los desarrollados a conservar el ecosistema. Si nosotros pudiéramos como estado otorgar los recursos para conservar y darle un nivel de vida adecuado a todos los comuneros lo haríamos, pero la realidad de las cosas, no solamente aquí en Chiapas, sino a nivel mundial, es que los países que están en desarrollo necesitan del recurso de los países desarrollados”.3 Moisés Pablo/Cuartoscuro

“No se está privatizando nada. En ningún momento afecta la propiedad de los comuneros, de los chiapanecos ni de los mexicanos. Se intenta juntar las necesidades de conservación con aquellas entidades que tienen los recursos. El que a nosotros nos otorguen recursos, el que a los comuneros les otorguen los recursos para conservar este gran ecosistema no están privatizando absolutamente nada, están generando un mecanismo que beneficia a los chiapanecos y a los países desarrollados”. El funcionario asegura que en ningún momento se intercambia la propiedad de la tierra o del aire. “Lo que haces es emitir cer-

4Para despojar de sus tierras a los pueblos originarios, se les acusa de ignorantes y destructores del medio ambiente. En la imagen, comuneros de Tila, Chiapas, se manifiestan en contra de la expropiación de sus tierras

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Miguel Galindo

RENDICIÓN DE CUENTAS

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SISTEMA DE SALUD DE NUEVO LEÓN irregularidades por 460 millones de pesos Los servicios de salud pública de Nuevo León habrían incurrido en presuntas anomalías por más de 460 millones de pesos, señala la Auditoría Superior de la Federación. De este total, 303 millones se destinaron a objetivos distintos a los etiquetados y a pagos irregulares al personal médico; los otros 157 millones de pesos, provenientes del Seguro Popular, se subejercieron, indica el máximo órgano fiscalizador de México. Con ello, la entidad que gobierna Rodrigo Medina incumplió el 38.8 por ciento de las metas previstas por el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud federal. De éste, en 2010 el estado recibió casi 1 mil 500 millones de pesos para la atención de personas desprovistas de seguridad social Rogelio Velázquez

l gobierno de Rodrigo Medina, en Nuevo León, incumplió las metas y los objetivos trazados para el ejercicio de casi 1 mil 500 millones de pesos, del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, indica la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en el Informe del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2010. El máximo órgano de fiscalización detectó anomalías como un subejercicio por 157 millones de pesos y el manejo irregular de otros 213 millones, que se CONTRALÍNEA

destinaron a fines distintos, por lo que exige que se finquen responsabilidades contra los servidores públicos causantes de los presumibles daños al erario. El Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud tiene como objetivo principal brindar servicios a la población que carece de seguridad social. De los recursos etiquetados en 2010 a Nuevo León para ese fin, al 31 de diciembre de ese año se habían utilizado 1 mil 495 millones 717 mil 500 pesos, el 98.9 por ciento. Sin embargo, sólo se cumplió el 61.2 por ciento de las metas pronosticadas. Para la Auditoría Superior, esto significa que la 11 DE NOVIEMBRE DE 2012

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Rodolfo Angulo/Cuartoscuro

Eduardo Morales/Cuartoscuro

RENDICIÓN DE CUENTAS

4 Detecta la Auditoría Superior de la Federación que el sistema de salud del gobierno de Rodrigo Medina (a la izquierda) habría incurrido en irregularidades por 460 millones de pesos

4 Juan Manuel Portal, auditor Superior de la Federación 44

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atención médica a los beneficiarios fue limitada de manera sustancial. Además, el servicio de salud y el abasto de medicamentos carecieron de oportunidad, cobertura y calidad, toda vez que en la muestra revisada de recetas médicas sólo el 48 por ciento fueron surtidas completamente; por ello, los pacientes gastaron adicionalmente un promedio de 27.30 pesos por receta. En Nuevo León existen 396 unidades públicas para la atención de la salud, pero sólo el 66.7 por ciento –dos de cada tres– cuenta con la acreditación que garantiza la calidad en los servicios de salud. Otro problema detectado por el máximo órgano de fiscalización del país es la falta de médicos en la entidad: 0.7 por cada 1 mil habitantes. Asimismo, la atención de éstos no es exclusiva para la población objetivo del fondo, sino para aquella afiliada al Seguro Popular. La Auditoría Superior emitió ante la Contraloría y Transparencia Gubernamental de Nuevo León siete promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria (PRAS). La primera fue debido a una diferencia de 123 millones 975 mil 900 pesos entre CONTRALÍNEA

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las cifras de los ingresos presentados entre los Servicios de Salud de Nuevo León, la Secretaría de Finanzas y la Tesorería General del estado. Otra fue por un pago de 13 millones 233 mil 200 pesos a 49 funcionarios con cargos de mando medio y superior por concepto de “compensaciones funcionales”, sin que a la fecha del mismo el tabulador oficial los ubicara en esos mandos. Además, se destinaron 6 millones 896 mil 600 pesos para 1 mil 109 pagos a personal eventual sin que existiera un contrato que los ampare, por lo cual se generó otra promoción de responsabilidad. Otra anomalía fue la emisión de pagos por 1 millón 235 mil 300 pesos a 87 personas [personal eventual] superiores a lo establecido en el catalogo de honorarios. Igualmente, se pagó 1 millón 619 mil pesos a médicos que no presentaron sus documentos que los avalen como tales. La Auditoría Superior presume un probable daño a la hacienda pública federal por un pago sin autorización a personal precario por 41 millones 628 mil 700 pesos, y otro por un pago de terceros institucionales de personal precario equivalente a 26 millones 491 mil 700 pesos. Al realizar la auditoría, la ASF también constató que en los Servicios de Salud del estado no existen mecanismos de control que permitan la identificación de medicamentos próximos a caducar o ya caducados: los registros se realizan de forma manual o con tarjetas kárdex, “lo cual dificulta la práctica de inventarios rotativos y su actualización”. El informe revela otra irregularidad: la compra de vales por un monto de 13 millones 233 mil 200 pesos para personal que no corresponde al Fondo. Aunado a ello, y a pesar de que se reportaron los indicadores de desempeño y la información relativa a servicios personales del ejercicio fiscal 2010 a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, éstos no fueron de manera detallada ni pormenorizada. Por estas anomalías, el gobierno de Nuevo León incumplió los lineamientos del Presupuesto de Egresos, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley de Coordinación Fiscal, el Reglamento Interior de los Servicios de Salud.

ASF detecta subejercicio En otra auditoría, esta vez sobre recursos federales transferidos a través del Acuerdo de Coordinación CONTRALÍNEA

celebrado entre la Secretaría de Salud y el gobierno estatal, la ASF determinó que la administración de Rodrigo Medina no cumplió de manera adecuada con los objetivos de la política en materia de salud, la cual se coordina entre los gobiernos federal y los estatales. Al 31 de diciembre de 2010, la administración de Nuevo León no había ejercido 157 millones 453 mil 400 pesos, lo que representa el 22.9 por ciento del total de los recursos por concepto de Cuota Social y Aportación Solidaria Federal, que reciben los estados del programa Seguro Popular. Por lo cual, “se limitó de manera sustancial la atención de la población que no tiene acceso a la seguridad social en salud, al propiciar que los servicios prestados por medio del Seguro Popular no fueran de mayor calidad”. La Auditoría emitió 33 observaciones: 13 recomendaciones, 14 pliegos de observaciones y siete promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria. La primera de las promociones se debió a que, hasta el 31 de diciembre de 2010, el gobierno del estado había subejercido 157 millones 453 mil 400 pesos de la Cuota Social y la Aportación Solidaria Federal, por lo que los servicios otorgados a los beneficiarios del seguro popular fueron limitados. Otras dos fueron por el desabasto de medicamentos en las recetas médicas y porque los funcionarios responsables no destinaron en acciones de promoción y prevención de la salud al menos 20 por ciento de la Cuota Social y la Aportación Social Federal. Además de dichas aportaciones, se compró equipo sin tramitar a tiempo la autorización ante la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, y se otorgaron 2 mil 83 atenciones directas a beneficiarios del Seguro Popular sin contar con el documento prescrito por el médico. Conjuntamente, se presume un probable daño a la hacienda pública federal por 40 millones 550 mil 700 pesos en cuentas del Seguro Popular para ejercicios fiscales que no correspondían; 21 millones 779 mil 600 por el pago sin documentación justificativa de los montos por servicios médicos y medicamentos al prestador de servicio. También, por 12 millones 148 mil 700 pesos transferidos para el pago de nóminas por un monto superior al remunerado; 11 millones 435 mil 900 por aportaciones de seguridad social no pactadas para su pago con recursos del Seguro Popular; y 4 millones 951 mil 200 pesos por pagos a personal que no cuenta con contrato que establezca una relación laboral. 11 DE NOVIEMBRE DE 2012

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4 Al 31 de diciembre de 2010, el gobierno de Nuevo León no había ejercido 157 millones 453 mil 400 pesos de la Cuota Social y Aportación Solidaria Federal, del Seguro Popular. Por ello, “se limitó de manera sustancial la atención de la población que no tiene acceso a la seguridad social en salud”

Para la ASF, el gobierno estatal incumplió con el Presupuesto de Egresos de la Federación, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley General de Salud, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y la Ley Financiera local.

Optimismo gubernamental En su tercer informe de actividades, Rodrigo Medina señaló que, desde que se puso en marcha el Seguro Popular, se han invertido 97 millones de pesos en el proceso de afiliación, y su cobertura representa 1 millón 151 mil personas. “Ahora nadie en Nuevo León está fuera de la cobertura de salud”, comentó el gobernador. Además, mencionó que para 2013 se iniciará la construcción de un hospital de 60 camas en el municipio de Sabinas Hidalgo, y uno de 90 camas en 46

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Montemorelos, por lo cual se destinará una inversión estimada de 550 millones y 230 millones de pesos, respectivamente. “Pero el proyecto más ambicioso es la construcción de un hospital de alta especialidad y medicina avanzada para la población abierta que tanta falta nos hace, éste se ubicará detrás del Hospital Universitario y se realizará con una inversión de 1 mil 200 millones de pesos, la de mayor envergadura desde la inauguración del Hospital en 1943.” Finalmente, comentó que el recurso global para los primeros tres años de su administración creció un 30 por ciento respecto a la de su antecesor.

Demián Chávez/Cuartoscuro

Especial

RENDICIÓN DE CUENTAS

Falta de voluntad, la realidad Víctor Fuentes Solís, diputado del Partido Acción

4Desabasto de medi came

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Demián Chávez/Cuartoscuro

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4 El sistema de salud pública de Nuevo León está completamente en quiebra: diputado Víctor Fuentes Solís

medi camentos, atención deficiente y de poca calidad, consecuencias de las anomalías

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Nacional por el distrito 4 de San Nicolás de los Garza, explica que las áreas de salud del estado están completamente en quiebra. Observa falta de voluntad por parte del gobierno estatal para atender los temas prioritarios, como es la salud. “No se invierte lo suficiente en ese rubro y el dinero se utiliza para otras cosas, como gastos de representación, por lo cual se deja de atender a la población más vulnerable”. Menciona que hay una válvula de escape de los recursos públicos, la cual, debe de cerrarse e invertir el dinero en obras benéficas para la sociedad que realmente garanticen una buena atención médica a las personas que están afiliadas a alguna institución de salud pública y a las que no. “Hemos sido testigos que, por ejemplo, en el Hospital Mater Infantil y en el Hospital Metropolitano, debido a la falta de atención a los pacientes y la carencia de materiales, se han perdido vidas de la gente buena y humilde del estado.” No obstante, señala, a pesar de esta “terrible situación”, no se ve por dónde puede llegar un cambio si no se hace una revisión integral de la política estatal en materia de salud; se tiene que hacer un diagnóstico para luego emprender acciones que puedan vislumbrar un cambio.“Pero para que esto se dé, falta voluntad del Ejecutivo estatal y de sus secretarios”, concluye el legislador.3 11 DE NOVIEMBRE DE 2012

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Manrique

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Los charrúas: GENOCIDIO Y RESISTENCIA Los indígenas charrúas sufrieron un proceso de exterminio que duró más de 200 años. En ese lapso ocurrieron varias masacres en su contra, cometidas por los colonizadores europeos y el propio gobierno “independiente”. Incluso sus líderes fueron apresados y exhibidos en Europa como animales. Ahora sus descendientes luchan por su lugar en la historia de Uruguay, Argentina y Brasil y por reivindicar sus derechos Jorge Luna/Prensa Latina

ontevideo, Uruguay. El grito de “garra charrúa”, empleado mundialmente por los aficionados al futbol para identificar a la selección uru-guaya, fue expresado por primera vez en 1935, durante un campeonato suramericano que la selección de ese país ganó. Pocos conocen el significado de la expresión, originada en las luchas de resistencia de los primeros pobladores de lo que hoy es Uruguay (y partes de Argentina y de Brasil): indígenas que fueron víctimas en 1831 de un genocidio que redujo a casi cero su etnia, coinciden los historiadores. Diversas fuentes relatan que sólo unos pocos indios sobrevivieron a la matanza ejecutada por tropas del primer presidente general, Fructuoso Rivera, en Salsipuedes, departamento de Paysandú, a unos 320 kilómetros al Norte de Montevideo.

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Entre los sobrevivientes, el cacique Vaimaca (junto a Guyunusa, Tacuabé y Sanaqué) fue apresado y llevado a Francia para ser exhibido como animal. Tras su muerte, Vaimaca fue momificado y devuelto a Uruguay. Tacuabé huyó sin que se conozca su destino. Por ello, éste es un tema terrible, muy poco divulgado, que viene arrastrando la historia nacional. En 1938 cuando los artistas uruguayos Edmundo Prati, Gervasio Furest Muñoz y Enrique Lussich lograron inaugurar el monumento de bronce y granito Los últimos charrúas, en una céntrica plaza de esta capital, que les rinde homenaje.

Derechos indígenas El pasado 12 de octubre, fecha que los pueblos originarios de la región conmemoran como el Día de la Raza, pequeños grupos de jóvenes, orgullosos 11 DE NOVIEMBRE DE 2012

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LÍNEA GLOBAL tidad sustentado en documentos históricos y en la memoria oral salvaguardada en las costumbres transmitidas de generación en generación, indica el Conacha. Integrado por nueve comunidades indígenas, el Conacha funciona bajo los valores ancestrales de horizontalidad y consenso. Entre sus demandas destaca también un llamado al Estado a reconocer el papel que cumplieron los indígenas en la lucha independentista y la gestación de la identidad nacional. Piden asimismo la protección de sus ecosistemas y la biodiversidad y la promoción de prácticas productivas en armonía con la Madre Tierra.

Contra la invisibilidad

4En el censo nacional de 2011, un 4.9 por ciento de la población (unas 159 mil personas) afirmó tener ascendencia indígena

de sus ancestros indígenas, recordaron allí, en pie de lucha, la “garra charrúa” en demanda del reconocimiento pleno de sus derechos. Entre los primeros pedidos de organizaciones indígenas uruguayas figura el reclamo de que el Estado reconozca el genocidio de Salsipuedes y lo incorpore a la historia del país y a la enseñanza escolar. En 1989 surgieron algunas organizaciones indígenas que actualmente adelantan un proceso de reconstitución como pueblo-nación, junto a descendientes de charrúas en la vecina Argentina, según el Consejo de la Nación Charrúa (Conacha), que fue fundado en 2005. Nos encontramos en un proceso de recuperación de nuestra cultura y de fortalecimiento de nuestra iden50

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Aunque n 2005 el país ratificó el Convenio Constitutivo del Fondo Indígena y algunas instituciones reconocen a las organizaciones indígenas, los descendientes de los charrúas se siguen considerando “invisibles”. Desde 2007, un representante del Conacha integra la Comisión contra la Discriminación, Racismo y Xenofobia, que depende de la Presidencia de la República Uruguaya y del Ministerio de Educación y Cultura, con lo que se ha logrado incluir la revisión, revalorización y recuperación de la cultura de los pueblos originarios en los programas educativos. En 2009 se aprobó una ley que declara al 11 de abril como Día de la Nación Charrúa y la Identidad Indígena. Otras dos dispocisiones le precedían: primero, en 2002, la repatriación de los restos del cacique Vaimaca desde el Museo del Hombre, en París, y su entierro como héroe nacional; y luego, en 2004, la prohibición de realizar experimentos científicos en su cadáver. El Conacha también realizó una campaña por una mayor identificación de la población indígena en el Censo 2011, entre otras medidas, a favor de la ratificación gubernamental del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. La Encuesta nacional de hogares ampliada 2006, del Instituto Nacional de Estadística, reveló que un 3.8 por ciento de la población uruguaya (unas 115 mil personas) se reconocieron como descendientes de indígenas. En el censo nacional realizado cinco años después, en 2011, un 4.9 por ciento de la población (unas 159 mil personas) afirmó tener ascendencia indígena. Un dato histórico revela que en 1828, cuando Uruguay obtuvo su independencia, la población indígena alcanzaba 30 mil personas y la de los blancos, unas 70 mil. CONTRALÍNEA

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4El monumento Los últimos charrúas rinde homenaje a la etnia que casi fue exterminada en 1831, durante el genocidio de Salsipuedes

Los charrúas opusieron resistencia a la colonización española. El primer episodio conocido fue la muerte de Juan Díaz de Solís durante su “descubrimiento” del Río de la Plata. En el afán de los gobernadores de Buenos Aires (Argentina) por “civilizar” la llamada Banda Oriental (Uruguay) hubo numerosos combates contra los indígenas. Después, muchos de ellos lucharon en los ejércitos independentistas de José Gervasio Artigas y otros, hasta que se produjo la matanza de Salsipuedes y la persecución de los sobrevivientes.

La “garra charrúa”

4Durante la época de la Conquista, los charrúas opusieron resistencia a la colonización española. Después, muchos lucharon por la independencia de Uruguay CONTRALÍNEA

Para el profesor Lincoln Maiztegui Casas, la desaparición de los charrúas fue “un proceso paulatino que llevó más de 200 años y que se generó a partir de la ocupación del territorio por europeos”. En ese periodo, miles de charrúas murieron, otros miles huyeron a Brasil y otros más se quedaron como siervos y se mestizaron con los blancos. Con el tiempo, el término “charrúa” adquirió connotaciones de valor, fuerza, fiereza, orgullo guerrero y victoria, aunque, por ahora, quede restringido sólo al terreno de futbol.3 11 DE NOVIEMBRE DE 2012

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en acción los “servicios secretos paralelos” Los organismos de inteligencia de los Estados aliados permiten el desarrollo de servicios secretos paralelos y la realización de operaciones no controladas. Éste fue el método que permitió a los conspiradores del 11 de septiembre de 2001 utilizar los mecanismos del aparato estatal estadunidense a espaldas de sus propios colegas Peter Dale Scott/Red Voltaire, segunda parte

haled al-Mihdhar y Nawaf alHazmi –dos de los presuntos piratas aéreos del 11 de septiembre de 2001– posiblemente tuvieron protección desde el principio porque habían sido enviados a Estados Unidos por los servicios de inteligencia de Arabia Saudita, conocido en el mundo por su nombre en inglés General Intelligence Directorate (GID). Eso explicaría por qué, después de su llegada, parecen haber sido financiados de forma indirecta por la Embajada de Arabia Saudita en Washington. Paul Church resume esos hechos en Asia Times Online (edición del 12 de febrero de 2012): “Entre 1998 y 2002, hasta 73 mil dólares en cheques bancarios fueron transmitidos por Hayfa bint

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Faisal [la esposa del embajador de Arabia Saudita en Washington, el príncipe Bandar], a dos familias californianas conocidas por haber financiado a al-Midhar [sic] y a al-Hazmi (Bandar describió un día a George H W Bush y su esposa como ‘mi madre y mi padre’). La princesa Hayfa enviaba con regularidad pagos mensuales que iban de 2 mil a 3 mil 500 dólares a Majeda Dweikar, la mujer de Osama Basnan (quien era un espía del gobierno saudita, según varios investigadores). “Numerosos cheques estaban [también] destinados a Manal Bajadr, la mujer de Omar al-Bayuni, a su vez sospechoso de trabajar en secreto para el reino [saudita]. Anteriormente, las familias Basnan, alBayuni y los dos piratas aéreos del 11 de septiembre habían vivido en el mismo inmueble en San Diego. CONTRALÍNEA

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LÍNEA GLOBAL Salaam y Nairobi, en 1998, “Estados Unidos y Uzbekistán realizaron discretamente operaciones secretas comunes tendentes a contrarrestar el régimen talibán en el poder en Afganistán, así como a sus aliados terroristas […], según los responsables de esos dos países”. Aquella implicación en Uzbekistán correspondía a un esquema regional mucho más amplio. Desde 1997, Estados Unidos había iniciado una serie de maniobras militares con las Fuerzas Armadas de Kazajstán, Kirguistán y Uzbekistán. Aquellos ejercicios simulaban un posible despliegue de fuerzas de combate estadunidenses en la región: “Centrazbat’97 [sic], como se designaba, era claramente un test sobre la capacidad estadunidense de proyección de fuerzas en la cuenca del Caspio en caso de crisis. ‘No existe sobre la faz del planeta ninguna nación que esté fuera de nuestro alcance’, declaró el general Jack Sheehan […], el oficial de más alto rango en este ejercicio. Y para quien tenga dudas sobre la naturaleza de nuestros intereses en esta región, Catherine Kelleher, quien acompañaba a Sheehan como asistente del secretario adjunto de Defensa, citó ‘la presencia de Khaled al-Mihdhar y Nawaf al-Hazmi –dos de los presuntos enormes recursos energéticos’ como justifipiratas aéreos del 11 de septiembre de 2001– habrían sido cación de la implicación militar de Estados enviados a Estados Unidos por el General Intelligence DiUnidos. La operación de 1997 fue la primera de una serie de ejercicios anuales rectorate (los servicios de inteligencia de Arabia Saudita) [llamados] Centrazbat, concebidos para poner a prueba la rapidez con la que Washington podría directamente desplegar en esta región fuerzas basadas en Estados Unidos y emprenContraterrorismo (CTC), lo cual incluía a Alec Station der aquí operaciones de combate”. (la Unidad bin Laden, de la CIA). En ese contexto, el En otras palabras, la actividad del Pentágono en CTC quería instaurar su plan, adoptado seis meses antes, Uzbekistán precedía en cuatro años el acuerdo público que consistía en “mejorar las capacidades de los servicios firmado en octubre de 2001 por Donald Rumsfeld y el de seguridad extranjeros que habían proporcionado presidente Islom Karimov. información a través del enlace”. Respecto del acuerdo de enlace que Richard Blee y Ésa era una especialidad de Richard Blee. Steve Coll Cofer Black negociaron con Uzbekistán –como exdiinformó que Blee y su superior, Cofer Black, estaplomático que soy– permítanme observar que éste proban muy entusiasmados con las posibilidades que se bablemente habría requerido acreditaciones especiales abrían gracias a los acuerdos de enlace, ya que permitían para quienes estuvieran al tanto de ese arreglo y para extender la influencia y la capacidad de acción de la CIA quienes intercambiaran información en el marco de ese en regiones cruciales. Así que, en 1999, Cofer Black y enlace. Eso explicaría la exclusión de los agentes del FBI Richard Blee volaron juntos a Taskent, donde negocia(Oficina Federal de Investigación estadunidense) no ron un nuevo acuerdo de enlace con Uzbekistán. Según autorizados a tener acceso a aquella información, así Steve Coll y el Washington Post, aquel arreglo conducomo el comportamiento de los demás agentes no jo al rápido establecimiento de un enlace de la CIA con acreditados de la CIA, que seguían recogiendo y disela Alianza del Norte, en Afganistán, a través de Taskent. minando información sobre los dos supuestos piratas Thomas Ricks y Susan Glasser reportaron en el Waaéreos. El Grupo Alec Station necesitaba a las dos cateshington Post que después de los atentados con bombas gorías de agentes para proteger la doble identidad del contra las embajadas de Estados Unidos en Dar es Fue Omar al-Bayuni quien recibió a los asesinos cuando llegaron a Estados Unidos por primera vez y fue también él quien les proporcionó un apartamento y tarjetas de seguridad social (además de otras formas de colaboración). Incluso los ayudó a inscribirse en varias escuelas de pilotaje aéreo en la Florida”. Si los dos sauditas habían sido realmente enviados por el GID es prácticamente seguro que fueron admitidos en Estados Unidos en el marco de un acuerdo de enlace entre el GID y la CIA (Agencia Central de Inteligencia estadunidense). El príncipe Turki ben Faisal, exdirector del GID, declaró que él mismo intercambiaba con la CIA sus informaciones sobre Al Qaeda y que en 1997 los sauditas “establecieron una comisión de inteligencia con Estados Unidos para intercambiar informaciones sobre el terrorismo en general y sobre […] Al Qaeda en particular”. El Informe de la Comisión sobre el 11 de Septiembre agrega que, como consecuencia del paso al año 2000, se emprendieron reformas en el Centro de

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U S Air Force

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4Previo a los ataques contra las Torres Gemelas y el Pantágono, las agencias de inteligencia estadunidenses habrían protegido a quienes serían identificados como los supuestos piratas aéreos de los actos terroristas del 11 de septiembre de 2001

tándem de sauditas, y para garantizar que el FBI no les arrestara, lo cual hubiera traído complicaciones. Es casi seguro que la CIA tenía importantes acuerdos de enlace, no sólo con el GID saudita y con Uzbekistán sino también con la Dirección de Inteligencia Interservicios de Pakistán (ISI, por su sigla en inglés). La CIA también había establecido acuerdos con los servicios de inteligencia de Egipto, y probablemente incluso con los de Yemen y Marruecos. Existen incluso razones para pensar que Ali Mohamed fue admitido para residir en Estados Unidos como agente de un servicio extranjero (probablemente egipcio) en el marco de algún arreglo de ese tipo. Mohamed era un doble agente cuyo arresto en Canadá había sido impedido por el FBI, lo cual le permitió organizar los atentados de 1998 contra las embajadas estadunidenses. Figura simultáneamente entre las fuentes y el contenido del célebre Contacto Presidencial Cotidiano del 6 de agosto de 2001 (PDB, por su sigla en inglés), en el que la CIA avisó al presidente Bush de que “[Osama] bin Laden [estaba] decidido a atacar Estados Unidos”. CONTRALÍNEA

Según Jack Cloonan, el enlace de Ali Mohamed con el FBI, “todas esas informaciones [contenidas en el contacto presidencial] venían de Ali”, mientras que el PDB atribuía aquellos importantes descubrimientos a lo que “un agente operativo de la Yihad Islámica Egipcia (JIE, por su sigla en inglés) declaró a un servicio”. Es evidente que Ali Mohamed era miembro de la JIE y que el servicio en cuestión probablemente era egipcio, pero cuando Ali Mohamed fue inoportunamente admitido en Estados Unidos, al igual que Khaled al-Mihdhar y Nawaf al-Hazmi, no fue la CIA sino “otra agencia federal” quien se hizo cargo de él. Probablemente se trataba de una agencia del Pentágono ya que entre 1987 y 1989, Ali Mohamed “estuvo destacado en el Comando de Operaciones Especiales (Socom, por su acrónimo en inglés) del Ejército estadunidense en Fort Bragg, la base de los Boinas Verdes y de Delta Force (la unidad de elite del contraterrorismo). El Socom, que incluye el Comando Mixto para las Operaciones Especiales (JSOC, por su sigla en inglés), tiene su propia división de inteligencia. Por otro lado, el Socom es el Comando que estableció en 1999 11 DE NOVIEMBRE DE 2012

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4En el Contacto Presidencial Cotidiano, del 6 de agosto de 2001, la CIA avisó al presidente Bush que “[Osama] bin Laden [estaba] decidido a atacar a Estados Unidos”

el programa Able Danger para vigilar a los agentes de Al Qaeda, y que también detuvo ese mismo programa, sin la menor explicación, antes del 11 de septiembre de 2001 y destruyó su base de datos. Por otra parte, el Socom operaba en Uzbekistán con agentes de la CIA gracias al acuerdo de enlace que habían negociado Cofer Black y Richard Blee, ambos miembros del CTC, el Centro de Contraterrorismo de la CIA. Por todas esas razones, sugiero reconceptualizar lo que Kevin Fenton llama el “anormal” Grupo Alec Station. Pudiéramos considerar a esa facción como un equipo (o varios equipos) de enlace interagencias que disponía de acreditaciones especiales y que incluía miembros de Alec Station, colaboradores del FBI y probablemente elementos del Socom. Uno de esos colaboradores era la agente Dina Corsi, agente del FBI que, según Fenton, ocultó información vital a su colega, el agente Steve Bongardt, incluso después de que la NASA (Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio estadunidense) autorizara el acceso de dicho agente.

Obligado recuento: el Safari Club y William Casey Bajo diferentes formas, esos arreglos tienen su origen, al menos, en la década de 1970. En aquella época, importantes oficiales de la CIA, tanto en activo como ya retirados (entre los que se encontraba Richard Helms), estaban descontentos por los recortes de per56

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4Algunos informantes del FBI sobre Al Qaeda, como Ali Mohamed, estuvieron involucrados en los atentados del 11 de septiembre

sonal que el director de la CIA, Stanfield Turner, había realizado bajo la presidencia de James Carter. En respuesta, organizaron una red alternativa conocida como Safari Club. Supervisado por los directores de los servicios de inteligencia de Francia, Egipto, Arabia Saudita, Marruecos e Irán (en aquel entonces bajo el poder del Shah), el Safari Club se convirtió en una base para oficiales de la CIA que, como Theodore Shackley y Thomas Clines, habían sido marginados o despedidos por el director de la CIA, Stanfield Turner. Como explicara después el príncipe Turki bin Faisal, el objetivo del Safari Club no era el simple intercambio de información, sino también dirigir operaciones secretas que la CIA no podía seguir realizando directamente a causa del escándalo del Watergate y de las reformas que se realizaron como consecuencia de aquel escándalo. Hacia la década de 1970, el director de la CIA, William Casey, tomó decisiones cruciales en la direcCONTRALÍNEA

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4Donald Rumsfeld, uno de los funcionarios que impulsó la guerra contra

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Irak

segunda agencia, o una CIA de dos canales construyendo con los sauditas la futura Al Qaeda en Pakistán, a pesar de que la jerarquía oficial de la agencia, la que Casey tenía bajo su mando en Langley, “pensaba [con toda razón] que aquello era una imprudencia”. En American war machine (edición francesa: La machine de guerre américaine), incluí al Safari Club y al BCCI en una sucesión de arreglos elaborados en el seno de una “CIA alternativa” o de una segunda CIA que da-

ción de la guerra secreta en Afganistán. Pero todas aquellas decisiones se elaboDurante la guerra entre la Unión Soviética y Afganistán, el raron fuera del marco burocrático de la entonces director de la CIA, William Casey, contribuyó a la CIA dirigida por Casey ya que habían sido preparadas con los directores de la increación de una red extranjera de apoyo a los muyahidín teligencia saudita (primeramente con afganos, que posteriormente se conoció como Al Qaeda Kamal Adham y después con el príncipe Turki ben Faisal). Entre aquellas decisiones podemos citar la creación de una legión extranjera destinada a ayudar a los muyahidín afganos que luchaban contra los soviéticos. taban de la creación, en 1948, de la Oficina de CoorEn otras palabras, la creación de una red de apoyo que dinación Política (OPC, por la sigla en inglés de Office posteriormente conocimos como Al Qaeda cuando of Policy Coordination). Es por lo tanto comprensifinalizó aquella guerra entre la Unión Soviética y Afga- ble que George Tenet, el director de la CIA en tiempos nistán. Casey puntualizó los detalles de aquel plan con de George W Bush, haya seguido el precedente de los dos jefes de la inteligencia saudita y con el director Casey y que se reuniera casi mensualmente con el del Bank of Credit and Commerce International príncipe Bandar, el entonces embajador de Arabia Sau(BCCI), el banco pakistano-saudita en el que tenían dita en Washington, sin revelar el contenido de aqueacciones tanto Kamal Adham como el príncipe Turki llas conversaciones a los oficiales de la agencia a cargo de los temas sauditas. ben Faisal. Al hacerlo, Casey estaba dirigiendo entonces una El propio Kevin Fenton invocó el ejemplo del Safari CONTRALÍNEA

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4Con los atentados, “se crearon y explotaron

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las condiciones para planificar un incidente necesario para justificar la guerra”

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Club para proponer una posible explicación del hecho que Richard Blee y Tom Wilshire utilizaban una “red paralela” para vigilar a al-Mihdhar y al-Hazmi en territorio estadunidense. Según Kevin Fenton, “retener las informaciones sobre Almihdhar et Alhazmi [sic] sólo tiene sentido si la CIA estaba vigilando a los dos hombres en el propio Estados Unidos, oficialmente o no”. Sin embargo, pudiéramos analizar una tercera posibilidad. En efecto, el GID pudiera haber estado vigilando sus movimientos, lo cual correspondería a las afirmaciones del príncipe Bandar de que los servicios de seguridad sauditas habían “seguido activamente los movimientos de la mayoría de los terroristas de manera detallada”. Joseph y Susan Trento oyeron decir a un exoficial de la CIA –que había estado basado en Arabia Saudita– que “Hazmi y Mihdhar ambos eran agentes sauditas”. Si eso es cierto, es evidente que eran agentes dobles, que actuaban como terroristas (o se hacían pasar por terroristas) a la vez que actuaban como informantes (o se hacían pasar por informantes). En el campo del espionaje, los agentes dobles son extremadamente valiosos y a veces útiles, pero confiar en ellos puede resultar peligroso, como lo demuestra el ejemplo de Ali Mohamed. Y así resultó para la CIA en relación con Arabia Saudita. En efecto, el GID respaldaba enérgicamente a Al Qaeda en países como Bosnia, en virtud de un acuerdo que estipulaba que esa organización yihadista “no interferiría en los asuntos políticos de Arabia Saudita ni de ningún otro país árabe”. El ministro del Interior de Arabia Saudita, Nayef ben Abdel Aziz, había negociado aquel compromiso con Osama bin Laden. El ISI pakistaní estaba mucho más activamente implicado con Al Qaeda y ciertos elementos de esa agencia de inteligencia probablemente se sentían más cercanos de los objetivos ideológicos de esa organización que del gobierno nominalmente laico de Pakistán. En todo caso, recurrir a informantes ilegales no sólo es peligroso y puede arrojar resultados imprevisibles sino que es, además, un factor de corrupción. En efecto, para desempeñar su papel, los informantes tienen que violar la ley, y quienes los supervisan conociendo esa necesidad tienen que protegerlos absteniéndose a denunciarlos. También sucede, con demasiada frecuencia que los supervisores se ven obligados a intervenir 11 DE NOVIEMBRE DE 2012

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LÍNEA GLOBAL las fuerzas del orden, demuestra que las autoridades estaban en mejor posición de lo que dijeron en cuanto a tratar de frustrar los atentados con bomba del 26 de febrero contra los edificios más altos de Nueva York. La explosión mató a seis personas, hirió a más de 1 mil y provocó daños que sobrepasaron los 500 millones de dólares. Cuatro hombres están siendo procesados ante la Corte Federal de Manhattan por aquel ataque”. Lo que hace aún más interesante el complot de 1993 es el hecho de que, según varias fuentes, Emad Salem era un agente del servicio de inteligencia egipcio enviado a Estados Unidos para espiar las acciones de Omar Abdel Rahman, a quien llamaban el Jeque Ciego. Por lo tanto es posible que el supervisor del FBI, que tenía “otras ideas” sobre la manera de utilizar a Emad Salem, fuera miembro de un equipo de enlace que no podía revelar lo que sabía a los demás agentes del FBI. Por ejemplo, es posible que ese supervisor estuviera al tanto de una posible negativa de la inteligencia egipcia a que se revelara la cobertura de Salem. Esa posibilidad es a la vez hipotética y problemática; pero permite dar una explicación relativamente coherente a un comKhalid Sheikh Mohamed –supuesto cerebro del ataque del portamiento del FBI que puede calificarse 11 de septiembre de 2001– estuvo involucrado en el como desconcertante. atentado con bomba cometido contra el World Trade Esta explicación no excluye la posibiCenter en 1993, que el FBI deliberadamente no impidió lidad de que algunos funcionarios del FBI tuvieran motivaciones más siniestras para permitir la realización de atentados con bomba, y disimularlo posteriormente. En las grabaciones de sus encuentros con el FBI, Salem efecto, en aquel preciso momento el jeque Omar declaró que el propio FBI había decidido –por propia Abdel Rahman era uno de los elementos centrales de iniciativa– no impedir el proyecto terrorista. Ralph Blu- un programa saudita muy sensible, en el que también menthal escribió para The New York Times un detalla- participaban funcionarios estadunidenses. Aquel prodo recuento de aquella acción, anterior al misterio del grama estaba destinado a reclutar y enviar combatientes muyahidín a Bosnia para luchar contra Serbia 11 de septiembre de 2001: “Se reveló a los funcionarios de las fuerzas del orden (incluyendo individuos como Ayman al-Zawahiri), [el FBI] que había terroristas tratando de concebir una que posteriormente fueron acusados en el complot bomba, finalmente utilizada para volar el World Trade del 11 de septiembre de 2001. Después de haber visto el comportamiento de los Center. Pensaron frustrar a los malhechores sustituyendo secretamente los explosivos por una pólvora ino- investigadores y de las autoridades judiciales, resulta evidente que cierto número de agencias estadonidenses fensiva, declaró un informante después del atentado. “El [informante] supuestamente debía ayudar a los no querían interferir en las actividades del jeque Rahmalhechores a fabricar la bomba y proporcionales la man. Incluso después de su inculpación, en 1995, en pólvora falsa, pero aquel plan fue anulado por un super- un caso de asociación de malhechores con vista a comevisor del FBI que tenía otras ideas sobre la manera de ter atentados contra varios monumentos de Nueva York, el gobierno de Estados Unidos siguió protegiendo a Ali utilizar al informante [llamado] Emad A Salem. “Esta historia, sacada de la retranscripción de cien- Mohamed, que era un personaje crucial en ese caso. Peor todavía, el hecho de que el FBI permitiera la tos de horas de grabaciones que el señor Salem realizó en secreto durante sus conversaciones con agentes de realización de esos atentados con bomba, forma parte para evitar que los informantes sean arrestados por otras agencias. Así que los supervisores se convierten constantemente en cómplices de los crímenes de sus informantes. Incluso en las mejores circunstancias, la agencia interesada se ve obligada a decidir si autoriza al informante a perpetrar su crimen o si se lo impide, arriesgándose en ese último caso a que el informante deje de serle útil. Ante esa disyuntiva, las agencias tienden la mayoría de las veces a tomar decisiones contrarias al interés general. Un buen ejemplo de lo anterior es el primer atentado con bomba cometido contra el World Trade Center (WTC) en 1993. Es un caso interesante porque Khalid Sheikh Mohamed, el supuesto cerebro del 11 de septiembre de 2001, también estuvo entre los organizadores del atentado de 1993, entre los que se hallaba también Emad Salem, informante del FBI. Posteriormente, basándose en pruebas provenientes de

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hay que agregar las relaciones fundamentalmente malsanas y corruptas que mantienen las agencias de inteligencia estadunidenses con las de Arabia Saudita y Pakistán. Esas relaciones han sido, hasta ahora, profundamente antidemocráticas, tanto en Asia como en Estados Unidos. Mediante un mecanismo de reciclaje de riquezas, la dependencia estadunidense del petróleo saudita ha subvencionado en realidad una propagación del islamismo por todo el mundo. Al mismo tiempo, el dinero que el 99.9 por ciento de los estadunidenses paga por su gasolina y su gas genera sumas gigantescas, sumas que los sauditas reciclan en las instituciones www.murdoconline.net

de una serie de errores y de oportunidades no aprovechadas –todas vinculadas entre sí– que alcanzaron su clímax el 11 de septiembre de 2001. La serie comienza en 1991, con el asesinato de extremista judío Meir Kahane. En ese caso, el FBI y la NYPD [sigla en inglés del Departamento de Policía de Nueva York] arrestaron a dos de los asesinos y después los soltaron, permitiendo así que participaran posteriormente en los atentados con bomba de 1993 contra el WTC. Uno de los principales instructores de aquellos dos individuos era Ali Mohamed, quien por aquel entonces aún era miembro de las Fuerzas Especiales estadunidenses. Pero Patrick Fitzgerald, el fiscal a cargo del caso, evitó sistemáticamente que se diera a conocer públicamente el nombre de Ali Mohamed. En 1994, cuando Ali Mohamed fue arrestado en el aeropuerto de Vancouver por la Policía Montada de Canadá, el FBI intervino para obtener su liberación. Aquella iniciativa del FBI permitió que Mohamed viajara a Kenia, donde se convirtió en el principal organizador del atentado con bomba de 1998 contra la embajada de Estados Unidos en Nairobi. Ali Mohamed fue finalmente arrestado por los estadunidenses en 1998, pero no fue encarcelado de inmediato. Es evidente que fue como hombre libre, que Ali Mohamed confió sin reservas a Jack Cloonan, su contacto en el FBI, que él conocía al menos a tres de los presuntos piratas aéreos del 11 de septiembre de 2001, y que incluso había ayudado a enseñarles cómo secuestrar aviones. En un libro publicado en septiembre de 2011, Ali Soufan afirma que 12 años después de haber aceptado su culpabilidad, en mayo de 1999, Ali Mohamed seguía esperando su condena en 2011. Lo anterior hace pensar que hay en Estados Unidos un grave problema de funcionamiento muy anterior al 11 de septiembre. Se trata en realidad de un problema que ha seguido existiendo bajo las dos mayorías políticas. Las condiciones de confidencialidad garantizadas por las acreditaciones especiales no sólo impidieron que se conocieran las anomalías de funcionamiento –como demostraré más adelante– sino que contribuyeron a engendrarlas. La historia del espionaje demuestra que el poder, cuando se ejerce en la esfera de las actividades ilegales, se convierte poco a poco en una fuerza contraria al poder público democrático. Mientras más restringido es el grupo de planificadores especiales que dispone de sus propias acreditaciones, menos posibilidades hay de que sus decisiones correspondan a las exigencias de las legislaciones nacionales e internacionales, y menos aún a la moral y al sentido común. A esas ambiguas condiciones de confidencialidad

4Antes del 11 de septiembre de 2001 existía en la cúpula del gobierno estadunidense un poderoso consenso a favor de la guerra

financieras del 0.1 por ciento que conforma la cúpula dominante en Wall Street. De la misma manera, la oscura relación de Estados Unidos con el ISI pakistaní dio lugar a un considerable aumento del tráfico internacional de droga, esencialmente gracias a los clientes afganos de la CIA y del ISI. En resumen, el mal funcionamiento burocrático que ya mencionamos al referirnos al 11 de septiembre es síntoma de un problema mayor. Ese problema tiene su principal origen en la relación que Estados Unidos mantiene con Arabia Saudita, con Pakistán y –a través de esos países– con el resto del mundo. 11 DE NOVIEMBRE DE 2012

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Los acuerdos de enlace y la protección de Khaled al-Mihdhar y Nawaf al-Hazmi

plan la pérdida de cuatro aviones comerciales llenos de pasajeros? Por supuesto, la dimensión trágica del 11 de sepAún sin tener en cuenta el sugestivo precedente del tiembre de 2001 se vio considerablemente amplificaatentado con bomba de 1993 contra el World Trade da cuando los aviones se estrellaron contra las Torres Center, resulta totalmente justificado pensar que cier- Gemelas y contra el Pentágono. A pesar de ello es positos acuerdos de enlace hayan podido impedir el arresto ble pensar que las personas que estaban al corriente de Khaled al-Mihdhar y de Nawaf al-Hazmi. Analice- del acuerdo de enlace sobre los dos sauditas no pensamos, en primer lugar, lo que descubrió Kevin Fenton: ran que dichos individuos fuesen capaces de concre“Es evidente que esas informaciones [sobre los dos indi- tar algo de aquellas proporciones. Debemos recordar viduos] no fueron retenidas como resultado de una que las lecciones de vuelo que recibieron, a pesar de sucesión de incidentes extraños sino de forma inten- ser simplemente a bordo de un Cessna, fueron tan cional”. Yo pienso que se trata de un descubrimiento desastrosas que terminaron prematuramente. El insimportante e irrefutable. Pero no podemos estar tan tructor les dijo que “simplemente no estaban hechos seguros de la explicación que propone Fenton, según para pilotear”. Permítanme sugerir que los ataques del 11 de sepla cual “el objetivo de la retención de información era, tiembre se dividen en tres etapas diferentes: los secuesen lo adelante, permitir el desarrollo de los ataques”. En realidad, yo pienso que tras esa intención hay tros aéreos, los estrellamientos contra los edificios y cierto número de posibilidades, que van desde la ex- los sorprendentes derrumbes de tres edificios del plicación relativamente inocente (los bloqueos provo- World Trade Center. Es posible que el equipo de encados por un acuerdo de enlace) hasta la más espantosa. lace del Grupo Alec Station previera solamente la Antes de analizarlas tenemos que estudiar la noción primera etapa, sin imaginarse la existencia de las dos de “permitir el desarrollo de los ataques”. Es evidente etapas siguientes. Una explicación inicial de las retenciones de inforque si los presuntos piratas aéreos no eran arrestados en las puertas de embarque de los aeropuertos, la con- mación sobre dos de los presuntos piratas aéreos –explicación a la vez simple y menos retorcida– sería la hipótesis que propuse en el caso de Emad Salem: las restricciones de acceso a la información impuestas por la existencia de las acreditaciones especiales “La oscura relación de Estados Unidos con el ISI pakistaní requeridas en el marco de un acuerdo de dio lugar a un considerable aumento del tráfico internaenlace. Sin embargo, al igual que en 1993, cional de droga, esencialmente gracias a los clientes los poderes secretos constituidos tras la afganos de ambas agencias de inteligencia” muralla de las acreditaciones restrictivas podían utilizarse para alcanzar otros objetivos. La peligrosa situación creada entonces –es decir, la existencia de posibles secuencia sería que habría muertos. ¿Pero cuántos? piratas aéreos protegidos del arresto precisamente en Recordemos que en los documentos de la operación momentos en que se esperaba un ataque– pudiera Northwoods, sobre la planificación de ataques bajo haber incitado a ciertos individuos a explotar las bandera falsa [las operaciones “bajo bandera falsa” o condiciones de secreto ya creadas como una oportufalse flag son provocaciones organizadas y realizadas nidad para planificar un incidente necesario para jussecretamente con la intención premeditada de atri- tificar la guerra. Hay que subrayar entonces un buirlas al adversario] que debían justificar una inter- importante parecido entre el 11 de septiembre y el falvención militar contra Cuba, varios responsables del so segundo ataque del Golfo de Tonkín, en agosto de Comité de Jefes de Estados Mayores Interarmas (JCS) 1964, utilizado para justificar la agresión contra Viethabían escrito: “Podríamos desarrollar una campaña nam del Norte. Efectivamente, al igual que en aquede terrorismo [falsamente atribuida a los comunis- lla época, existía en la cumbre del Estado una poderosa tas de Cuba]” durante la cual “podríamos hundir un bar- facción que estaba decidida a desencadenar una acción co lleno de cubanos”. ¿Sería acaso muy diferente a ese militar unilateral. Se trata de la camarilla del proyec62

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4”La historia del espionaje demuestra que el poder, cuando se ejerce en la esfera de las actividades ilegales, se convierte poco a poco en una fuerza contraria al poder público democrático”

to del nuevo siglo estadunidense (PNAC, por su sigla en inglés), que maniobraba en 2001 en el seno del gobierno de Estados Unidos. Uno de los indicios de esa siniestra intención es el hecho de que el modelo de disimulación que detalla Kevin Fenton no se limita a los dos sauditas y a sus supervisores de la estación de la CIA. También podemos comprobar una cadena de retenciones de información por parte de otras agencias. Para ser más precisos, se trata de las informaciones del grupo Able Danger que fueron destruidas por el Socom y de la disimulación que evidentemente cometió la Agencia de Seguridad Nacional estadunidense (NSA, por su sigla en inglés) de una intercepción importante, que aparentemente tenía que ver con los presuntos piratas aéreos y con Zacarias Mussaui. Si en aquel entonces la NSA disimulaba información a los responsables interesados se trataría de un comportamiento que recuerda el papel de esa agencia en tiempos del segundo incidente de Tonkín, en agosto de 1964. En un momento crucial, la NSA envió 15 segmentos de ROEM (datos de inteligencia de origen electromagnético) que indicaban –equivocadamente– un supuesto ataque de los norvietnamitas contra dos destructores estadunidenses. Al mismo tiempo, la NSA disimuló 107 segmentos de ROEM que deCONTRALÍNEA

mostraban –con toda exactitud– que no se había producido ningún acto hostil de parte de los norvietnamitas. En aquella época, el comportamiento de la NSA encontraba su eco en la CIA. Ambas agencias estaban conscientes de la existencia de un poderoso consenso en el seno de la administración de Johnson. En efecto, dicha administración ya había decidido que era necesario provocar a Vietnam del Norte con la esperanza de crear una oportunidad para una respuesta militar. Gracias a numerosos relatos provenientes de fuentes internas de la administración de Bush, sabemos que antes del 11 de septiembre de 2001 existía también en la cúpula del Estado un poderoso consenso a favor de la guerra. Ese consenso orbitaba alrededor de Dick Cheney, de Donald Rumsfeld y de la llamada facción del PNAC, que antes de la elección de George W Bush había desarrollado un enérgico cabildeo a favor de una acción militar contra Irak. Sabemos también que la inmediata respuesta de Rumsfeld a los atentados del 11 de septiembre de 2001 fue proponer un ataque contra Irak, y que la planificación de ese ataque se inició el 17 de septiembre de ese mismo año. Es por lo tanto necesario analizar la posibilidad de que los individuos que protegieron a los presuntos piratas aéreos hayan podido compartir esas ambiciones guerristas.3 11 DE NOVIEMBRE DE 2012

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EX LIBRIS

Granados Chapa: el homicidio de Manuel Buendía Álvaro Cepeda Neri* Para Aída S Bird Neri

a última investigación periodística de Miguel Ángel Granados Chapa (1941-2011) es el libro de casi 300 páginas Buendía, el primer asesinato de la narcopolítica en México. Tiene dos agregados de última hora, pues el Francisco Zarco de nuestro tiempo no pudo concluirlo como él quería. Una nota editorial de Tomás Granados Salinas y un apéndice con tres apartados (uno del periodista Tomás Tenorio Galindo, El crimen de Estado; El cuestionario-entrevista a Manuel Bartlett; y 12 columnas de Granados Chapa con relación al caso, que aparecieron de 2009 a 2011); y finalmente una cronología de Manuel Buendía (1926-1984) con 13 fotografías de quien fue privado de la vida desde los pasillos del poder, cuando el narcotráfico ya se había infiltrado, desde Miguel de la Madrid hasta Calderón. En estos seis sexenios se ha borrado la frontera entre funcionarios y delincuentes, llevando al país a una disputa por los poderes de todo nivel. Siempre reportero, Granados Chapa escribía su columna Interés Público en la revista Proceso; y desde 1994 en el periódico Reforma la Plaza Pública. Para un acercamiento a su obra periodística, consultar la compilación de testimonios de Rosalba Cruz Soto, Yolanda Zamora Casillas y Juan Romeo Rojas, Miguel Ángel Granados Chapa: maestro y periodista, publicado por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, de la Universidad Nacional Autónoma de México; Por la izquierda. Medio siglo de historias en el periodismo mexicano contadas por Miguel Ángel

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Granados Chapa, de Silvia Cherem, Khálida Editores; y de Humberto Musacchio, Granados Chapa. Un periodista en contexto, Editorial Planeta. Manuel Buendía le brindó a Granados Chapa la oportunidad para iniciarse en el periodismo y éste desplegó sus alas hasta hacerse el columnista más relevante y solidario con las libertades de prensa y quienes las ejercían en todas sus facetas, al salir al frente de sus compañeros de viaje del periodismo sin importar su militancia. Su última aportación fue el prólogo del libro del periodista sonorense Carlos Moncada, Oficio de muerte. Recopilación de homicidios de periodistas en el cumplimiento de su deber desde los últimos 30 años de 1800 hasta los siniestros foxismo y calderonismo. En los capítulos seis y siete, Granados Chapa nos pone al tanto de la vida y obra periodística de Manuel Buendía, quien publicaba su columna de análisis político Red Privada, en los soles de la Organización Editorial Mexicana, con sus 37 periódicos repartidos en el país. Después en El Universal. Para luego ser distribuida por la Agencia Mexicana de Información. Luego Excélsior compró los derechos para reproducirla y ahí se publicó hasta su homicidio. El libro se centra más en cómo y por qué fue asesinado Buendía, pues había llegado a las puertas del infierno de narcotráfico y funcionarios, desde entonces denominado narcopolítica, que hoy más que nunca tiene atrapado al sistema y a su régimen. Quienes tramaron su muerte cumplieron lo que Dante escribió a la entrada del infierno: “pierda toda esperanza quien entre aquí”.3

Ficha bibliográfica: Autor: Miguel Ángel Granados Chapa Título: Buendía. El primer asesinato de la narcopolítica en México Editorial: Grijalbo, 2012 *Periodista CONTRALÍNEA

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AGENDA CULTURAL CINE4 Benghazi: el frente no armado | En medio de la guerra, de la revolución, además de balas y sangre, hay gente. Seres humanos que se aprestan a defender sus ideales y convicciones, sus casas, sus familias. En medio de una lucha armada hay ideas, mismas que habrán de jugar un papel fundamental en virtud de los deseos y necesidades de quienes no tienen consigo un fusil o un avión bombardero. Ése es el aspecto que muestra Natalia Orozco en su documental Benghazi: el frente no armado. El aspecto de quienes, sin estar apostados en una trinchera, lucharon desde sus propias casas u oficinas, en el epicentro de la resistencia no armada, contra el régimen dictatorial de quien fuera uno de los personajes más influyentes y temidos en el mundo árabe de mediados del siglo XX y principios del XXI: Muamar el Gadafi. Así, desfilan por el lente desde odontólogos (uno que posteriormente sería líder de las juventudes libias y miembro de un partido político de transición), mujeres abogadas, comunicólogos ávidos de independencia, músicos y militares desertores (que prefirieron enfrentar las amenazas del régimen antes que masacrar a la población civil, a sus propias familias y amigos que se quejaban del autoritarismo), todos ellos protagonistas de la transformación del régimen gadafista. Este documental no es un parte de guerra. Es un testigo que acompaña a los ciudadanos de a pie en su organización para resistir los embates militares del dictador y su estrategia para conservar el poder; es la efigie del combate de civiles que sustituyeron las armas por cámaras de televisión para difundir su propia perspectiva al levantar la voz, evidenciando; es la historia de los actores que no perdieron la esperanza pese a haber sido presos y torturados por su inconformidad por más de 20 años; es donde consta la tenacidad de aquellos que supieron que una vez comenzado el movimiento revolucionario no claudicarían hasta presenciar los cambios que ansiaban desde hacía mu-cho tiempo; es la conmovedora faceta del lado humano del conflicto bélico en Libia de 2011; es la pérdida de familiares y amigos, pero también es el coraje y el valor de los disidentes, de sus fuerzas sacadas de la destrucción y el caos; son las lamentaciones, el desasosiego. Pero es también la voz de júbilo, de la esperanza nuevamente asida por el fracaso de la tiranía, por el éxito de la impostergable insurrección, de una de las piezas del rompecabezas llamada la Primavera Árabe…

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Octavio Narrado en español por la misma Salas Natalia Orozco (Colombia) –quien antes de ser cineasta es periodista– el documental enfrenta al espectador consigo mismo al develar la profundidad de las emociones humanas, al dejar exhibida la realidad que aconteció, no sólo en Libia, sino, paralelamente, en muchas otras partes del mundo y que perdura. Dolor, tristeza y frustración son algunas de las emociones universales que atañen a todos sin distinguir situación geográfica, sexo y mucho menos religión; y que hacen reflexionar sobre las cosas importantes de la vida cuando se ven amenazadas por una lluvia de balas, bombas y sangre amiga. Pero también están la alegría, el orgullo de la victoria, el deseo consumado, la celosa memoria de quienes cayeron haciendo de la guerra no armada una posibilidad tangible; está el nuevo rumbo para las generaciones venideras, la ruta trazada, la puerta abierta. La importancia de este documental para la sociedad mexicana, entre otras cosas, radica en que en la internacional producción ejecutiva, una empresa mexicana tomó parte. Se trata de Once Tv México, que al lado de canales franceses y colombianos, hicieron posible que este trabajo de investigación llegara a feliz puerto. 4Museo Nacional de Arte, Tacuba, 8, Cuauhtémoc (de martes a domingo, de 10:00 a 17:30 horas). LIBROS4El 9 de noviembre pasado dio inicio la 32 edición de la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil en el Centro Nacional de las Artes. En este espacio diseñado para los jóvenes lectores –la mayoría del material impreso está pensado para gente entre los 0 a 17 años– los adultos podrán disfrutar igualmente y de manera gratuita de talleres, lecturas en voz alta, teatro y danza. Todo girando alrededor de los libros. El tema de este año será la lectura como vínculo de la diversidad cultural, al arrojar luz sobre las nuevas tendencias literarias en medio este mundo globalizado. Además de presentar lo más vanguardista en materia de libros electrónicos e interactivos. Los visitantes de esta feria encontrarán más de 100 fondos editoriales y una amplia gama de temas, estilos y géneros literarios. 4Centro Nacional de las Artes (Río Churubusco 79, Country Club, de 10:00 a 20:00 horas. Hasta el 19 de noviembre de 2012).

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PASO A DESNIVEL

Transgénicos

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Miguel Galindo

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