Contralinea 394

ISSN: 1665-1626 REVISTA SEMANAL

ÍNDICE OFICIO DE PAPEL/CORRUPCIÓN Y SUICIDO EN LA DEFENSA

SUBDIRECTOR JOSÉ RÉYEZ jreyez@contralinea.com.mx ASESOR JURÍDICO

8

Miguel Badillo

DIRECTOR MIGUEL BADILLO oficiodepapel@yahoo.com.mx

PORTADA/POLICÍA FEDERAL VOLÓ FLOTA DE BOEING BAJO RIESGO DE EXPLOSIÓN

PEDRO RODRÍGUEZ

Zósimo Camacho

24

COORDINADOR DE INFORMACIÓN ZÓSIMO CAMACHO zosimo@contralinea.com.mx COORDINADORA DE EDICIÓN NANCY FLORES nancy@contralinea.com.mx

CAPITALES/POLÍTICA MONETARIA NO REACTIVARÁ LA ECONOMÍA Marcos Chávez M

COEDITORA WEB ÉRIKA RAMÍREZ erika@contralinea.com.mx COORDINADOR DE ECONOMÍA MARCOS CHÁVEZ marcos@contralinea.com.mx COORDINADOR WEB GONZALO MONTERROSA gonzalo@contralinea.com.mx COORDINADORA DE PUBLICIDAD JANETT ALBA janett@contralinea.com.mx COORDINADOR DE DISEÑO MIGUEL MINERO mimiga@contralinea.com.mx COORDINADOR DE PRODUCCIÓN LUIS KUAN produccion@contralinea.com.mx REPORTEROS FLOR GOCHE flor@contralinea.com.mx ELVA MENDOZA elva@contralinea.com.mx MAURICIO ROMERO mauricio@contralinea.com.mx DEFENSOR DEL PERIODISTA ÁLVARO CEPEDA NERI cepedaneri@prodigy.net.mx

EDUCACIÓN/UACM: NORMATIVIDAD INCOMPLETA Flor Goche

LÍNEA GLOBAL/TRABAJO INFANTIL: MILLONES DE NIÑOS SIN FUTURO Masiel Fernández Bolaños/Prensa Latina

LÍNEA GLOBAL/CRISIS DE VIVIENDA EMPEORA DESIGUALDAD EN EL PACÍFICO Catherine Wilson/IPS

LÍNEA GLOBAL/LA OTAN SE EXPANDE A UCRANIA, GEORGIA Y MOLDAVIA Manlio Dinucci/Tommaso di Francesco/Red Voltaire/Il Manifesto

36 44 52 56 60

DEFENSOR DEL LECTOR JORGE MELÉNDEZ PRECIADO jamelendez@prodigy.net.mx

ENSAYO EDITORIALISTAS FABIO BARBOSA fabiobarbosacano@gmail.com MIGUEL CONCHA MALO educacion@derechoshumanos.org.mx MARTÍN ESPARZA garrasleo6@yahoo.com.mx EDGAR GONZÁLEZ RUIZ edgargr@prodigy.net.mx ROBERTO GALINDO galeondelsur@hotmail.com SAMUEL LARA VILLA samuellaravilla@gmail.com PABLO MOCTEZUMA BARRAGÁN pablomoctezuma@hotmail.com ADRIÁN RAMÍREZ presidencia.limeddh@gmail.com JORGE LUIS SIERRA jlsierra@hotmail.com DISEÑADOR INFOGRAFISTA ASISTENTE WEB CORRECTOR

LUCIO SÁNCHEZ CECILIA MARTÍNEZ ARMANDO COVARRUBIAS OCTAVIO SALAS

ILUSTRADOR MIGUEL GALINDO/CAJA NEGRA X gonzomandela@gmail.com CARTONISTAS DAVID MANRIQUE GERMÁN AVILÉS PÁGINA DE INTERNET

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14 DE JULIO DE 2014

LA SEGUNDA FASE DE LA DESESTABILIZACIÓN EN VENEZUELA

OPINIÓN DESARROLLO CON INCLUSIÓN SOCIAL

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Jorge Retana Yarto

LEGITIMIDAD PERDIDA DEL SISTEMA

CONTRAPODER ROBINSON BOURS, EL INCENDIARIO DE LA GUARDERÍA ABC, EN LA IMPUNIDAD

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EL CALIFA DE BAGDAD

Adrián Mac Liman/CCS

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OPINIÓN

EX LIBRIS ECONOMISTAS: DEL NACIONALISMO AL NEOLIBERALISMO

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Álvaro Cepeda Neri

PASO A DESNIVEL

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Juan José Tamayo/CCS

LA IRREALIDAD GUBERNAMENTAL

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Xavier Caño Tamayo/CCS

Álvaro Cepeda Neri

TEOLOGÍA DE LA LIBERACIÓN: VIVA, NECESARIA Y EMANCIPATORIA

20

Miguel Concha Malo

66

FRONTERAS

Miguel Galindo

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Oscar Enrique Díaz Santos

Portada: comisionado nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido/Fotografía: Cuartoscuro

CONTRALÍNEA. PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN –año 13, número 394, del 14 al 20 de julio de 2014– es una publicación semanal editada por Editorial Libertad y Expresión, SA de CV; Avenida Río Churubusco 590, col. Del Carmen, delegación Coyoacán, CP 04100, México, DF; teléfonos: 55 54 91 93 y 55 54 91 94; www.contralinea.com.mx, info@contralinea.com.mx. Editor responsable: Agustín Miguel Badillo Cruz. Número de reserva al título de derecho de autor: 04-2001-1206164804 00-102. Número de certificado de licitud de título: 12264, y de contenido: 8918. ISSN: 1665-1626.

Impresa por Editorial Libertad y Expresión, SA de CV; Bolívar 238, col. Obrera, delegación Cuauhtémoc, teléfono 57 61 34 94; este número se terminó de imprimir el 11 de julio de 2014. Distribuida por Distribuidora de Impresos, S de RL de CV, Avenida Mariano Escobedo 218, col. Anáhuac, CP 11320, México, DF, teléfono 52 62 94 00; y la Unión de Voceadores de México, despacho de Gloria Santillán, Ignacio Mariscal 44, col. Tabacalera, CP 06030, México, DF, teléfono 55 92 08 91.

CONTRALÍNEA reconoce el deber de veracidad y la cláusula de conciencia de reporteros y articulistas. Los textos son responsabilidad de sus autores. Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda totalmente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos o imágenes de la publicación sin previa autorización de Editorial Libertad y Expresión.

Circulación certificada por Romay Hermida y Cía. SC, folio: 00010-RHY

CONTRALÍNEA

Alto a los ataques contra la libertad de prensa Enrique Peña Nieto, presidente de los Estados Unidos Mexicanos Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación Miguel Ángel Mancera Espinosa, jefe de Gobierno del Distrito Federal Las y los periodistas, trabajadores de los medios de comunicación, organizaciones defensoras de derechos humanos e integrantes de la sociedad civil abajo firmantes repudiamos los ataques contra las libertades de expresión y de prensa que se han venido cometiendo en el Distrito Federal y en toda la República Mexicana durante los últimos años. En particular expresamos nuestra condena enérgica al allanamiento y robo a las instalaciones de trabajo de las y los periodistas de la revista Contralínea.

Las agresiones contra el ejercicio del periodismo en general llevan la intención de impedir el libre flujo de la información de interés público y lastiman a toda la sociedad. En todo el país siguen creciendo las denuncias de agravios contra la prensa y los periodistas. Tan sólo en 2013 la organización internacional Artículo 19 documentó 330 agravios, mientras que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) registró 435 en toda la República. En ese contexto la Casa de los Derechos de Periodistas registró 12 asesinatos en los 18 meses del actual gobierno federal.

En el Distrito Federal, el asalto a las instalaciones de Contralínea el 24 de junio fue planeado para sustraer y destruir activos y documentos, y se suma a los 23 agravios que ha sufrido esta publicación. Este tipo de violencia contra un medio de prensa no se había registrado en mucho tiempo en el Distrito Federal, y eso eleva nuestras preocupaciones, porque de no castigarse rápidamente se corre el riesgo de que la violencia y las agresiones planeadas contra la prensa y los periodista sigan escalando en la capital del país, que ya en 2013 alcanzó el número más alto (125) de agravios de toda la república contra la libertad de expresión de ciudadanos, defensores de los derechos humanos y periodistas, de acuerdo con el monitoreo de la CDHDF. Exigimos justicia para todos y todas las periodistas y medios de comunicación que han sufrido represión, acoso, amenazas, secuestros, judicialización de trabajos periodísticos y otros crímenes. Demandamos a las autoridades de los tres niveles de gobierno que respeten el ejercicio de los derechos fundamentales de expresión y de prensa.

Creemos firmemente que sólo con una sociedad informada, crítica y activa en la defensa de los derechos humanos se podrá contener el autoritarismo, la represión y la violencia que padecemos en México. Es obligación de las autoridades ser sensibles y eficientes en la protección de las actividades de los defensores de los derechos humanos y de los periodistas, así como de investigar los delitos que se comenten en contra de ellos. Alto a la impunidad.

Por ello, y con base en los Artículos 8, 9 y 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que norman el derecho de petición, les solicitamos una audiencia para exponer ante cada uno de ustedes la situación que guardan quienes ejercen las libertades de prensa y defienden y promueven los derechos humanos. ¡Callar no ayuda! ¡El silencio mata!

Organizaciones Casa de los Derechos de Periodistas; Freedom House; Article 19; Voces Irritilas; Delegación Sindical de los trabajadores de Radio Educación DIII-57, Sección XI del SNTE; Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi); Asociación Mundial de Radios Comunitarias (Amarc México); Frente de Periodistas del Estado de México; Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas; Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, OP; Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh); Propuesta Cívica; Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia (Casede); Federación de Militares Retirados Francisco J Múgica; Sindicato Mexicano de Electricistas (SME); Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (conformada por 74 organizaciones en 22 estados de la República mexicana): Agenda LGBT (Estado de México); Asistencia Legal por los Derechos Humanos, AC (Distrito Federal); Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, AC (Guadalajara, Jalisco); Bowerasa, AC, “Haciendo Camino” (Chihuahua, Chihuahua); Casa del Migrante Saltillo (Coahuila); Católicas por el Derecho a Decidir, AC, (Distrito Federal); Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, AC (Tlaxcala, Tlaxcala); Centro de Apoyo al Trabajador, AC (Distrito Federal); Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, AC (San Cristóbal de Las Casas, Chiapas); Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa AC; Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria OP”, AC (Distrito Federal); Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, AC (Distrito Federal); Centro de Derechos Humanos “Don Sergio” (Jiutepec, Morelos); Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”, AC (Tapachula, Chiapas); Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, AC (Tlapa, Guerrero); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua); Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz “Bety Cariño”, AC (Tatahuicapan de Juárez, Veracruz) Centro de Derechos Humanos, “Juan Gerardi”, AC (Torreón, Coahuila); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Ciudad Juárez, Chihuahua); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, AC (León, Guanajuato); Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, AC (Oaxaca, Oaxaca); Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Orizaba, Veracruz); Centro de Derechos Indígenas, AC (Bachajón, Chiapas); Centro de los Derechos del Migrante (Distrito Federal); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, AC (Cepad) (Guadalajara, Jalisco); Centro de Reflexión y Acción Laboral (Cereal-Distrito Federal); Centro de Reflexión y Acción Laboral (Cereal-Guadalajara); Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”, AC (Saltillo, Coahuila); Centro Juvenil Generando Dignidad (Comalcalco, Tabasco); Centro Hermanas Mirabal de Derechos Humanos (León, Guanajuato); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Distrito Federal); Centro Mujeres (La Paz, Baja California Sur), Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, AC (Chilapa, Guerrero); Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, AC (Oaxaca, Oaxaca); Ciencia Social Alternativa, AC-KOOKAY (Mérida, Yucatán); Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, AC (Ciladhac) (Torreón, Coahuila); Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, AC (San Cristóbal de Las Casas, Chiapas); Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (Distrito Federal); Comité Cerezo (Distrito Federal); Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, AC (Tehuacan, Puebla); Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, AC (Chihuahua, Chihuahua); Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, AC (Cidhmor) (Cuernavaca, Morelos); Comisión Intercongregacional “Justicia, Paz y Vida” (Distrito Federal); Comisión Regional de Derechos Humanos “Mahatma Gandhi”, AC (Tuxtepec, Oaxaca); Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha AC (Oaxaca, Oaxaca); Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (Palenque, Chiapas); Comité de Derechos Humanos Ajusco (Distrito Federal); Comité de Derechos Humanos “Fray Pedro Lorenzo de la Nada”, AC (Ocosingo, Chiapas); Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, AC (Huayacocotla, Veracruz); Comité de Derechos Humanos de Colima, AC (Colima, Colima); Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, AC (Comalcalco, Tabasco); Comité de Derechos Humanos de Tabasco, AC (Villahermosa, Tabasco); Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, AC (Dolores Hidalgo, Guanajuato); Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, AC (Tulancingo,Hidalgo); El Caracol AC (Distrito Federal); Estancia del Migrante González y Martínez, AC (Querétaro, Querétaro); Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos (Culiacán, Sinaloa); Indignación, AC, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Mérida, Yucatán); Iniciativas para la Identidad y la Inclusión, AC (San Cristóbal de Las Casas, Chiapas); Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuria, SJ Universidad IberoamericanaPuebla; Instituto Guerrerense de Derechos Humanos, AC (Chilpancingo, Guerrero); Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Distrito Federal); Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, AC (IMDEC) (Guadalajara, Jalisco); Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente-Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz (Guadalajara, Jalisco); Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia, AC (Distrito Federal); Programa Universitario de Derechos Humanos UIA-León (León, Guanajuato); Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Distrito Federal); Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) (Distrito Federal); Promoción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Estado de México); Respuesta Alternativa, AC, Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí); Servicio, Paz y Justicia de Tabasco, AC (Villahermosa, Tabasco); Servicios de Inclusión Integral, AC (Pachuca, Hidalgo); Taller Universitario de Derechos Humanos, AC (Distrito Federal); Tequio Jurídico, AC (Oaxaca, Oaxaca). Revista Contralínea. Periodismo de investigación Personas Marie Claire Acosta, directora de Freedom House México; Agustín Ramírez, presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi); periodista Rogelio Hernández López, miembro del Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas, de la Secretaría de Gobernación; Francisco Sandoval Alarcón, periodista y oficial adjunto en protección de Article 19; Periodista Héctor Peñaloza; Evelia Barrón, del Frente de Periodistas del Estado de México; Fernando Velázquez, periodista en Radio Pacífica, California, Estados Unidos; Mario Manzano Huerta, secretario de Trabajo y Conflictos, DIII-57, Sección XI del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (Radio Educación); Fabio Barbosa Cano, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México; Pablo Moctezuma Barragán, politólogo y urbanista; dirigente de Mexteki y vocero del Congreso de la Soberanía; Edgar González Ruiz, maestro en Filosofía; doctor Adrián Ramírez López, presidente de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos; Samuel Lara Villa, presidente de la Federación de Militares Retirados Francisco J Múgica; Roberto E Galindo, maestro en ciencias en exploración y geofísica marina; Martín Esparza, secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas; Verónicas Herminia Basurto, periodista independiente; Luis Cardona, periodista de Diario 19; periodista Leopoldo Hernández; periodista Oswald Alonso; Jorge Emilio Lugo, periodista desplazado; Said Hernández, periodista de la revista Tucán, de Oaxaca; Roger López Martínez, periodista de Imagen, de Veracruz; Pedro Matías, periodista en el estado de Oaxaca; Carlos Alberto Monge; Sandra Bolaños Montes de Oca, periodista bióloga

CONTRALÍNEA

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OFICIO DE PAPEL

Corrupción y suicido en la Defensa Miguel Badillo*

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n la última década, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) –principal responsable forzosa del combate al crimen organizado en el país– ha padecido escándalos de corrupción, fabricación de delitos en contra de generales del Ejército Mexicano, escasez de transparencia en concursos y licitaciones nacionales e internacionales, manipulación de contratos multimillonarios de bienes y servicios, complicidades de militares con empresarios y la constitución de empresas en el extranjero para blanquear dinero producto de sobornos.

Por si faltara algo para dañar aún más la imagen de la principal entidad pública encargada de velar por la seguridad nacional y proteger el territorio, los mares y el espacio aéreo, así como cuidar el bienestar de 120 millones de mexicanos, un teniente coronel del Ejército, Héctor Castañeda Sainz, segundo comandante del XII Regimiento de Caballería en el Campo Militar 1-A, relacionado con el área de adquisiciones y licitaciones de la Sedena, se suicidó la semana pasada (afirman que su muerte ocurrió el miércoles 2 de julio) de un tiro en la cabeza en sus oficinas militares.

Este teniente coronel de 41 años se había desempeñado como jefe de la Sección de Adquisiciones Especiales y Servicios, dependiente de la Subdirección de Adquisiciones, frente a la cual estuvo en el sexenio pasado el general de brigada José Luis Castañeda Jiménez, quien enfrenta un proceso penal por corrupción en el área de adquisiciones y licitaciones de contratos de bienes y servicios.

En mayo pasado el reportero Abel Barajas, del diario Reforma, informó que Castañeda Jiménez buscó el amparo de la justicia federal ante una probable orden de aprehensión en su contra, pero el juez segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal del Distrito Federal, Antonio González García, lo negó, porque hasta esos días no había orden de captura en su contra. La solicitud de amparo, que tramitó el 9 de mayo el general de brigada, quedó registrada con el número 428/2014.

El 5 de enero de 2013, el diario Novedades de Quintana Roo publicó las declaraciones que hizo el general Castañeda Jiménez por las acusaciones de corrupción en su contra cuando se desempeñó como subdirector de Adquisiciones en la Sedena. El militar negó que fuera investigado por el órgano de control de la Secretaría de la Defensa Nacional.

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Ese día, en conferencia de prensa, el general de brigada Castañeda, quien el 1 de enero de 2013 fue nombrado por el presidente Enrique Peña Nieto comandante de la 34 Zona Militar con sede en Chetumal, Quintana Roo, declaró que nada tuvo que ver con la asignación, sin licitación de por medio, de al menos ocho contratos millonarios a una empresa estadunidense, pues aseguró que de haber tenido alguna responsabilidad no lo hubieran designado comandante de esa plaza, y asumió que su nombramiento era un premio a su desempeño en la Sedena, en donde ha ocupado los cargos de jefe de Prensa, jefe de Inteligencia y subdirector de Adquisiciones.

El general de brigada dijo que aplicaría las líneas principales del secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, y que son de “mucho respeto a la sociedad, mucho respeto a los medios, a los derechos humanos, mucha disciplina a los efectivos militares y con la misma tendencia de proteger a la sociedad como autoridad”. Sin embargo, 1 año después, el 15 de enero de 2014, Castañeda Jiménez fue removido del cargo bajo acusaciones graves de corrupción.

En aquella conferencia de prensa, el general procesado ya delineaba sus acciones a seguir en torno a la delincuencia y al crimen organizado, y al referirse a las instrucciones del jefe del Ejecutivo dijo: “La indicación del presidente Enrique Peña Nieto es de mucho respeto a la sociedad, cuidar a la sociedad y, bueno, creo que los delincuentes también son ciudadanos, saben lo que tienen qué hacer y dónde lo pueden hacer, eso no va a dejar de existir y vamos a tratar de convencerlos de que lo mejor es en convivencia armónica”.

Ambos militares y compañeros de trabajo, el general Castañeda Jiménez y el teniente coronel Castañeda Sainz, habrían participado directamente en la asignación de ocho contratos sin licitación por 5 mil 628 millones de pesos (ver nota de Contralínea del 22 de julio de 2012) que hizo la Secretaría de la Defensa Nacional, entre 2010 y 2012, a la empresa estadunidense Security Tracking, SA de CV, propiedad del empresario José Susumo Azano, a quien se investiga también por lavado de dinero en México y en Estados Unidos.

Sin embargo, fuentes de la Secretaría de la Defensa Nacional sostienen que el teniente coronel que se suicidó estaba sometido a una enorme presión por la investigación que había desatado en su contra el área de Inspección y Contraloría General del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, así como por el resultado de la auditoría sobre los supuestos detectores moleculares GT-200, que significaCONTRALÍNEA

Fuentes de la Sedena sostienen que el teniente que se suicidó estaba sometido a una enorme presión por una investigación en su contra y por el resultado de una auditoría al contrato de detectores GT-200, que habría significado un fraude por 211 millones de pesos

ron un fraude a la Defensa y un daño al erario federal por 211 millones de pesos.

Se trata de 739 dispositivos de los que se autorizó su compra durante la gestión del general Guillermo Galván Galván para combatir supuestamente al crimen organizado; pero dichos dispositivos fueron una farsa y todo resultó en un enorme fraude al erario cometido por la empresa inglesa Global Technica, Ltd, en complicidad con algunos mandos del Ejército.

Los contratos de la discordia En un amplio reportaje de Zósimo Camacho, publicado el 22 de julio de 2012 en Contralínea, se explica que los ocho contratos firmados entre la Sedena y una empresa estadunidense provocaron intensas auditorías de las dos instituciones fiscalizadoras en México: la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación, las cuales incluso trasladaron a sus titulares a las oficinas castrenses para encabezar las revisiones.

La propia Secretaría de la Defensa Nacional inició una investigación, a través de su Inspección y Contraloría General del Ejército y Fuerza Aérea, sobre los productos y servicios adquiridos para uso de las secciones Segunda y Séptima del Estado Mayor, y que se utilizarían para espiar y contener los movimientos armados y desarticular los cárteles del narcotráfico.

Eran los últimos días en Los Pinos de Felipe Calderón y de Guillermo Galván Galván en la Secretaría de la Defensa Nacional, por lo cual a ambos les urgía que todos los órganos de control y vigilancia avalaran esas compras directas del Ejército por miles de millones de pesos, pues dejarle la investigación al siguiente gobierno priísta representaba un enorme riesgo, porque podría enfrentar a ambos exfuncionarios con la justicia, como ahora ocurre con militares de menor rango.

El motivo de la preocupación de Calderón y del general Galván es que se otorgaron sin licitar ocho contratos y seis convenios modificatorios de los mismos celebrados por la Defensa con una empresa privada de capital estadunidense, por un monto total que alcanza los 5 mil 628 millones de pesos.

En el reportaje de Contralínea se explica que los equipos y servicios adquiridos mediante estas adjudicaciones directas son para uso de las secciones Segunda y Séptima del Estado Mayor de la Sedena, cuyo jefe era en aquel año el general de división Diplomado de Estado Mayor Luis Arturo Olivar Cen. La Sección Segunda es la encargada de las actividades de inteligencia y contrainteligencia del Ejército Mexicano. La Séptima, de las operaciones contra el narcotráfico.

CONTRALÍNEA

Los ocho contratos auditados –asignados sin licitación de por medio “por tratarse de asuntos de seguridad nacional”, a decir del entonces director de Comunicación Social de la dependencia, general brigadier Diplomado de Estado Mayor Ricardo Trevilla Trejo– se celebraron con la empresa Security Tracking, SA de CV. Otros 10 contratos fueron signados también con esta compañía y con AV y D Solutions, SA de CV. Ambas compañías son representantes en México de corporativos estadunidenses especializados en tecnologías de inteligencia y aeronáutica, respectivamente.

El objetivo de los ocho contratos fiscalizados fue incrementar las capacidades de espionaje y procesamiento de información de inteligencia de la Sedena. De acuerdo con las copias de los mismos –proporcionadas a Contralínea por fuentes que tuvieron acceso a ellos en el proceso de revisión– el Ejército Mexicano y la Fuerza Aérea Mexicana construyeron un Sistema de Inteligencia Regional para modernizar el Centro de Comando y Control, sus subcentros y módulos, y construir la Plataforma Pegasus.

De los contratos se desprende que el proyecto se denominó Sistema de Inteligencia Regional para Incrementar las Capacidades de la S-2 [Sección Segunda] (Intl) [Inteligencia] EMDN [Estado Mayor de la Defensa Nacional]. Consta de tres fases, las cuales están amparadas por sendos contratos firmados con Security Tracking Devices: 4550000033, 4550000007 y 4550000006. Además, otros contratos intermedios se firmaron con la misma empresa también para adquirir productos y servicios relacionados con las actividades de inteligencia: 4500006718, 4500006876, 4500006908, 4500000147 y 4500000525. El monto total de estos ocho contratos asciende a 5 mil 628 millones 499 mil 999 pesos.

El equipo adquirido por la inteligencia militar mexicana es de tal capacidad, que la empresa estadunidense debió contar con la autorización de la Secretaría de Estado de Estados Unidos para poder venderlo a la Sedena.

Según la descripción de los contratos, la Sección Segunda del Estado Mayor de la Defensa cuenta ahora con la capacidad de intervenir cualquier tipo de comunicación electrónica. Más aún, de manipular a distancia –mediante órdenes que pasan inadvertidas para los ciudadanos espiados– computadoras, radios, teléfonos celulares y cualquier tipo de teléfono “inteligente” o smartphone.

Según el general de división Diplomado de Estado Mayor Ricardo Trevilla Trejo, el procedimiento seguido para firmar los polémicos contratos “está conforme a derecho; no hay nada irregular. Ya se han auditado y no han encontrado nada. Y no van a encontrar porque todo ha sido apegado al procedimiento”.3 *Periodista 14 DE JULIO DE 2014

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ENSAYO

La segunda fase de la desestabilización en Venezuela Jorge Retana Yarto*

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xiste una alianza clara y manifiesta de la derecha venezolana con Estados Unidos y las políticas de confrontación con el gobierno de Nicolás Maduro. Desde el término de la jornada electoral presidencial de 2013, las manifestaciones violentas y el financiamiento de una oleada de marchas continuas (en donde, incluso, se produce un relevo dentro del bloque de las fuerzas de la derecha venezolana y Leopoldo López arrebata la conducción del movimiento de resistencia al resultado electoral a Henrique Capriles para imprimirle un perfil radicalizado al movimiento opositor), se engarzan con toda precisión con la política exterior estadunidense de hostilidad hacia la Revolución Bolivariana desde hace 1 década (desde la llegada de Hugo Chávez al poder), que en la coyuntura electoral presidencial en Venezuela (2013) toma el giro del “no reconocimiento de la victoria de Maduro”, articulándose con la política de la derecha de desconocer el triunfo, provocar violencia callejera, enfrentamientos, muertes, culpar al gobierno de Maduro y exigir la renuncia de éste; complementada con un conjunto de medidas de sabotaje económico que afectan especialmente la economía popular para minar las bases sociales de apoyo del gobierno bolivariano.

Estados Unidos se pone, además, a la cabeza de la campaña regional e internacional de esta confrontación externa y de denuncia contra el gobierno de Maduro, y cierra la pinza contra el gobierno constitucional venezolano, apoyando la versión radicalizada de la oposición al mismo. Una estrategia global en dos vías, aportando todo el dinero necesario y la cobertura diplomática para una ofensiva interna-externa sostenida. Esto es inaceptable y reclama la solidaridad latinoamericana, más allá de la opinión concreta que cada quien tenga sobre la Revolución Bolivariana y la construcción por ella del “socialismo del Siglo XXI”. La unanimidad sólo se produce en la dictadura.

En ambos casos, se trata de una política estructural (desde 1999) de confrontación con vistas a forzar un cambio de régimen en Venezuela, que ha asumido distintas expresiones, previa y posteriormente a la coyuntura postelectoral presidencial. Lo más importante es que esta estrategia de pinza ofrece una amplia cobertura a la ofensiva sostenida contra el gobierno bolivariano. Detrás de estas dos grandes fuerzas y su estrategia, se han alineado otras fracciones de la derecha subregional como la colombiana, encabezada por su expresidente Álvaro Uribe, y la paraguaya, desde el Congreso de dicho país, así como una serie de mandatarios del subcontinente agrupados en la Organización Estados Americanos (OEA) bajo el manto estadunidense, señaladamente.

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1. Los triunfos electorales presidenciales de Chávez y Maduro, focos de alarma: Las luces de alarma para esta coalición de derecha de corte intervencionista y golpista, fue el triunfo de Hugo Chávez en octubre de 2012, con el 54.42 por ciento de los votos (que significaba su tercera reelección), contra su opositor derechista Henrique Capriles, quien obtuvo el 44.97 por ciento. Luego vino el agravamiento del padecimiento cancerígeno de Chávez, su muerte (el 5 de marzo de 2013), el interinato de Nicolás Maduro y el nuevo proceso electoral.

Una vez concluida la jornada para elegir presidente en 2013, Nicolás Maduro obtuvo el 50.66 por ciento de los votos y Henrique Capriles el 49.07 por ciento. El opositor exigió que se hiciera un recuento de los sufragios. Este margen menor al 1 por ciento (200 mil votos) no sólo sorprendió a propios y extraños, sino que daba un inmenso espacio de maniobra a la coalición reaccionaria para presionar al gobierno, deslegitimarlo y acusarlo de fraude, es decir, desestabilizar la coyuntura y llevar al cabo un plan debidamente concertado que forzara la renuncia de Maduro a la Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela. Concentrar toda la presión posible era la fórmula del derrocamiento. El resultado electoral fue el primer espacio de esa lucha.

La coalición reaccionaria de la derecha interna-externa se aprestó a aprovechar dos debilidades de las fuerzas del gobierno bolivariano en la era poschavista: el evidente menor liderazgo de Maduro comparativamente con Hugo Chávez y la menor experiencia política del presidente actual; así como el reacomodo interno de fuerzas en la coalición gobernante que, sin Chávez, requerían de una mayor cohesión interna y unidad de criterios para actuar con la eficiencia política necesaria. La derecha decidió probar a Maduro en una situación de crisis política progresivamente agravada, bajo la hipótesis de que no podría sobreponerse a ella.

La experiencia de Chile en 1973: la “fórmula del caos” Sobre la experiencia del derrocamiento del presidente Salvador Allende en Chile por parte de la derecha chilena y la Agencia Central de Inteligencia (CIA)-gobierno estadunidense, Luiz Alberto Moniz Bandeira, autor brasileño del libro Fórmula para el caos (editorial Debate, Santiago de Chile, 2008), explica la esencia de la obra y de su título: “…fue inspirado en la expresión que el jefe de la estación de la CIA en Santiago, Henry Hecksher, usó para designar el conjunto de operaciones encubiertas (atentados terroristas, aseCONTRALÍNEA

sinatos, sabotaje, boicot económico) para impedir la elección, la toma de mando y, después, el derrocamiento del gobierno de Salvador Allende.

Entre el triunfo electoral de Allende el 4 de septiembre de 1970 y su instalación en el poder el 4 de noviembre de 1970, nos comenta el autor citado, surgió el Proyecto Fubelt, que contenía dos posibilidades para evitar el gobierno de Salvador Allende: uno, llamado Track I, que consistía en establecer los lineamientos precisos de orden legal para que el Congreso no reconociera el triunfo de la Unidad Popular, induciendo al entonces presidente Frei (saliente) a dar un “golpe constitucional”. Paralelamente, la “guerra sicológica” trataba de aterrorizar a la población para crear temor sobre las “medidas comunistas” que asumiría el nuevo gobierno, al igual que en el sector empresarial, pronosticando el caos económico que sobrevendría una vez instalado el gobierno socialista. Aquí se trataba de frustrar la asunción al poder de la Unidad Popular.

Y el Track II, cuyo propósito fue fomentar la crisis económica y social –una vez instalado Salvador Allende en el Palacio de la Moneda–, promover el desorden en la sociedad chilena, atemorizar a la población y crear las condiciones propicias para la ruptura de la legalidad por la fracción más dura del Ejército, ejecutando un golpe de Estado. “Éste era el objetivo de Estados Unidos, y provocar el caos significaba crear las condiciones objetivas al golpe de Estado en Chile, el 11 de sep-

profesionales afines al gobierno para inducir artificialmente la radicalización de las medidas y agudizar la crisis, intensificando y prolongando el periodo de agitación política, enfrentamiento y desorganización social, como una manera distinta de hacer más compleja la acción del gobierno al interior de sus bases de apoyo, que presionaran los alineamientos políticos e ideológicos internos y que coadyuvaran a su derrocamiento; b) Covert actions: actividades clandestinas o secretas destinadas a influir en los eventos, en los gobiernos extranjeros, organizaciones o personalidades, a favor de la política exterior de Estados Unidos respecto del gobierno de Salvador Allende, conducidas de tal manera que el gobierno estadunidense no apareciera directamente involucrado; c) Democratic procure: que estimulaban en demasía la intervención de los militares en el desarrollo de la política y la crisis interna, induciendo la ruptura del orden constitucional, bajo los pretextos que la situación reclame, es decir, reprimir a la subversión, a los agentes del “comunismo internacional”, imponer el orden, la democracia y la libertad, etcétera (página 76).

La “fórmula del caos” aplicada en Venezuela Por lo tanto, inflación inducida, desabastecimiento, acaparamiento, la lla-

“La estrategia consistió en provocar el caos, apoyado por los medios de comunicación financiados por la CIA, el desabastecimiento, movilizar a las clases medias y altas, radicalizar el proceso de cambio en las formas de propiedad...”

tiembre de 1973”, si no se podía lograr evitar la ascensión del nuevo gobierno al poder. Y agrega: “La estrategia, fundamentalmente, consistió en provocar el caos, con el apoyo de los medios de comunicación financiados por la CIA, provocar el desabastecimiento, movilizar a las clases medias y altas, radicalizar artificialmente el proceso de cambio en las formas de propiedad, para lo que contribuyeron ciertos sectores de la extrema izquierda inconsecuentemente.”

Es decir, bajo esas condiciones de caos y asedio, la radicalización del proceso de cambios era funcional a los planes desestabilizadores. Un detallado importante que hace también el autor de la fórmula aplicada es el relativo a las técnicas empleadas para vulnerar la cohesión interna del gobierno socialista, o bien, para inducir a los militares a la ruptura del orden jurídico. Dentro de esta segunda vía, el entrenamiento y financiamiento del grupo ultraderechista Frente Nacionalista Patria y Libertad, que ejecutó múltiples provocaciones callejeras y sabotajes, incluso terroristas, volando gasoductos y oleoductos, es de importancia capital. Obsérvense todas las semejanzas (desde luego, también las diferencias) con otras experiencias recientes en América Latina: Paraguay, Honduras, Venezuela, Ecuador, Bolivia y Argentina.

Fueron tres políticas y técnicas las que para ello aplicaban en las organizaciones sociales chilenas: a) Spoiling operations: operaciones de engaño que consistían en penetrar organizaciones políticas, sociales y CONTRALÍNEA

mada “marcha de las cacerolas” o consignas como “¡expulsión de los cubanos!”,son sólo algunos hechos producidos intencionalmente de los que el pueblo venezolano viene siendo víctima en los años de la Revolución Bolivariana, y que fueron recrudeciéndose a raíz de la enfermedad y posterior muerte del comandante Hugo Chávez, y que tomó una nueva faceta injerencista a partir del no reconocimiento, por parte del gobierno de Barack Obama, del triunfo electoral del presidente Nicolás Maduro como sucesor del otrora comandante Hugo Chávez.

Lo anterior, sin omitir que la economía venezolana tiene problemas estructurales serios, como su alta dependencia del petróleo y la necesidad política de mantener altos montos de gasto público para atender los programas sociales que le dan mayor sustento político-social. El desabasto y el sabotaje económico son posibles desde la empresa privada, dado que Venezuela posee un sistema económico mixto donde el sector privado comercializa mayoritariamente alimentos y artículos de primera necesidad, motivo por el cual el sector privado decide la escasez sobre los productos y el acaparamiento estratégico, obligando a la población venezolana a adquirir en el mercado negro los alimentos de primera necesidad, que en el marco general de un proceso inflacionario creciente, eleva considerablemente el precio de los artículos de primera necesidad. Sin embargo, las maniobras desestabilizadoras son justamente para quitar margen de acción al gobierno constituido y hacer más aguda la problemática, acom14 DE JULIO DE 2014

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pañada de una continua ofensiva de perfil político provocador en las calles.

En Venezuela, toda la etapa previa de medidas y acciones encubiertas contra los gobiernos del entonces presidente Hugo Chávez, incluido el frustrado golpe de Estado en abril de 2002, conforman una primera fase de la ofensiva de la derecha interna y externa continental contra la Revolución Bolivariana.

A partir del no reconocimiento del presidente Maduro por parte de Estados Unidos, junto a la oligarquía venezolana y la ultraderecha subregional, comenzó a efectuarse un nuevo plan sistemático de quiebre de la estabilidad político-institucional y del sustento social de la Revolución Bolivariana por diversas vías (política, mediática, cultural) pero, fundamentalmente, económica, que configuran la segunda etapa de la ofensiva sostenida contra la Revolución Bolivariana con nuevos métodos y acciones.

2. Primera fase: la ofensiva encubierta permanente: Con base en archivos desclasificados del Departamento de Estado de Estados Unidos y la CIA, la copiosa información procesada durante años por Jean Allard y Eva Golinger en su libro La agresión permanente: USAID, NED y CIA deja pocas dudas: de Irak a Venezuela, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por su sigla en inglés) es uno de los mecanismos de inteligencia y desestabilización más activos del mundo, concluyen los autores (www.rebelion.org/docs/122608.pdf). Y acuñan una frase importante, altamente ilustrativa: “la ofensiva imperial en América Latina se

para Washington, por supuesto, como Venezuela, donde se producen cambios importantes en la ofensiva estadunidense contra la Revolución Bolivariana.

Igualmente, el periodista del diario La Jornada, en México, también informó que en su reporte posterior al fallido golpe de Estado contra el gobierno del entonces presidente Chávez, Russell Porter estableció que: “una de las grandes debilidades en Venezuela es la falta de una sociedad civil vibrante”, es decir, que era necesaria una oposición más agresiva, radical, “vibrante”, como la actual en plena ofensiva concertada desde el Departamento de Estado.

Además agrega: “la USAID aumentó su presupuesto y reorientó la estrategia de su gestión enfocándola en la juventud (sector que no había sido explotado), con talleres sobre cómo utilizar redes como Twitter y Facebook. Desde 2006, USAID gastó más de 34 por ciento del presupuesto en el país (15 millones), hasta completar 57 millones de dólares en 2010.”

Un proceso similar se ha desarrollado para otros países como Bolivia, Ecuador, Argentina y Nicaragua, sustentado en una oposición que es “tan democrática” que vive y se nutre de las orientaciones políticas y del dinero desde el extranjero.

Son nuevos protagonistas, medios e instrumentos, pero los mismos objetivos injerencistas y de derrocamiento de los gobiernos del cambio social a la izquierda en América Latina, que evocan aquel lejano, y tan cer-

“La USAID es uno de los mecanismos de inteligencia y desestabilización más activos del mundo”. De fachada humanitaria, subsidia instituciones y grupos políticos cuyos objetivos apuntan a reforzar la política exterior estadunidense

evidencia en dólares” (página 14).

De fachada “humanitaria”, la USAID subsidia una densa red de instituciones y grupos políticos cuyos objetivos apuntan a reforzar la política exterior, cooperando con los gobiernos receptores en las áreas económica, agrícola, sanitaria, política y humanitaria. Sin embargo, documentos desclasificados de la CIA demuestran que millones de dólares de su presupuesto son manejados en operaciones coordinadas por agencias clandestinas.

En 2009, la CIA incorporó a la USAID en la denominada Iniciativa Interferencia de Contrainsurgencia, plan conjunto de intervención junto al Departamento de Estado y el Pentágono. Son ramas de un mismo árbol, brazos diferentes de un mismo mecanismo.

El periodista y ensayista José Steinsleger documentó, en febrero de 2012, que la USAID financió a la oposición venezolana con 57 millones de dólares acumulados a lo largo de poco más de 1 década.

La injerencia externa estadunidense desestabilizadora no es un artificio político: puede documentarse a través de los archivos desclasificados de la CIA. Eva Golinger sostiene que desde enero de 2002 (coincidente con la coyuntura del fracasado golpe de Estado contra Hugo Chávez), en que el señor Russell Porter llegó a Venezuela para dirigir la Oficina de Iniciativas hacia una Transición (OTI, división de la USAID), dedicada a la promoción de “transiciones democráticas” en países estratégicamente importantes 12

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cano a la vez, programa del 16 de marzo de 1960 elaborado y presentado por la CIA al Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos llamado Programa de Acción Encubierta contra el Régimen encabezado por Fidel Castro. El enemigo no descansa.

Pero también la “fórmula del caos” comprende el ataque a los frágiles tipos de cambio latinoamericanos, como síntesis de sus debilidades estructurales, tal y como ha sido la experiencia en Chile (1970-1973), la extinta Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (1980-1981) y como lo han hecho en distintas jornadas en los mercados de Argentina (20122013), aprovechando al máximo los problemas económicos de tales países para darle cobertura a la masiva “fuga de divisas”, a los mercados paralelos ilegales y para fragilizar por esa vía el tipo de cambio, potenciar la inflación y forzar el alza en las tasas de interés que lesionan la economía productiva al encarecer el crédito, los adeudos de las empresas, etcétera.

Plan de las oligarquías para agudizar los problemas financieros.

Confrontando estas maniobras, el presidente venezolano Nicolás Maduro firmó la creación de un “mercado cambiario alternativo con permuta de títulos valores”, en una medida que abre y flexibiliza el férreo sistema de control de cambios vigente desde hace más de 1 década y que estaba siendo vulnerado mediante un mercado paralelo ilegal que encarecía la moneda venezolana y favorecía la fuga de divisas.

CONTRALÍNEA

Este sistema “autoriza a que los privados compren o vendan divisas entre sí, a través de operadores cambiarios bajo supervisión del Banco Central” y permite “a Petróleos de Venezuela, SA, (PDVSA) y al Banco Central participar como oferentes”, dijo Maduro, en cadena nacional de televisión, el 19 de febrero de 2013.

La medida, cuyos detalles fueron anunciados por el vicepresidente para temas económicos, Rafael Ramírez, se tomó en momentos en que Venezuela soporta una inflación de 56 por ciento anual y fuertes presiones cambiarias que llevan al dólar estadunidense, en el ilegal mercado paralelo, a cotizar hasta 13 veces más que en el mercado oficial. La especulación cambiaria es brutal, devastadora, desde luego posible ante los problemas estructurales que confronta la economía venezolana, pero se aprovechan “óptimamente” dentro de una estrategia de desestabilización atizada externamente.

“Buscamos torcerle el brazo al sistema del dólar fantasma, perverso, llamado paralelo”, dijo Maduro, y precisó que este nuevo tipo de cambio fluctuará.

La tasa de cambio oficial en Venezuela, fuertemente subvencionada, es de 6.3 bolívares por dólar. Hace unas semanas, el gobierno decidió limitar ese tipo de cambio para las importaciones prioritarias (alimentos, medicinas) y derivar las importaciones no prioritarias y el turismo a un segundo mercado de subastas, que cotiza a 11.7 bolívares por dólar. En el ilegal mercado paralelo, el dólar estadunidense ha llegado a tener una tasa de cambio de hasta 75 y 80 bolívares. Esto debía detenerse porque desquiciaría los equilibrios monetarios y financieros.

Venezuela, con las mayores reservas petroleras del mundo, soportó el último año (2013) una fuerte caída de 9 mil millones de dólares en sus reservas. El país enfrenta, además, un déficit fiscal estimado en 15 por ciento del producto interno bruto. Evidentemente el control de las variables económicas fundamentales se está perdiendo y es necesario retomar su control a la brevedad posible. La medida de apertura parcial, flexibilización y subastas para compras importadas no prioritarias va en ese camino.

Ya un halcón disfrazado como John McCain, según la cadena estadunidense de televisión NBC, declaró sobre la eventualidad de “estar preparados con una fuerza militar para entrar y otorgar la paz en Venezuela y, sobre todo, garantizar y proteger el flujo petrolero hacia Estados Unidos, cuidando esos recursos estratégicos y velando por nuestros intereses globales” (17 de febrero de 2014).

Por otro lado, el ministro de Interior, Justicia y Paz de Venezuela, Miguel Rodríguez, afirmó que las protestas de las semanas pasadas “no son de carácter social, sino de carácter conspirativo”, que “buscan llevar al país a la guerra civil [...]. No se trata de un hecho espontáneo, sino que hay una organización que se viene gestando desde hace mucho tiempo y que intenta prender [incendiar] al país de una manera irracional”, señaló a Venezolana de Televisión.

3. Segunda fase: los planes para el derrocamiento del presidente Nicolás Maduro: Según el ministro de Interior, Justicia y Paz de Venezuela, Miguel Rodríguez, citado por la estatal Agencia Venezolana de Noticias (AVN), en el país hay “grupos violentos que buscan llevar a Venezuela a una guerra civil”. Sostuvo que “grupos de derecha” utilizaron la movilización de estudiantes “para introducir infiltrados e involucrar a una vanguardia preparada dentro y fuera del país”.

CONTRALÍNEA

El Plan Estratégico Venezolano: antecedentes en México La violencia en Caracas, Nueva Esparta, San Cristóbal y Mérida son acciones que forman parte de la serie de maniobras que desde 2010 gesta una organización radical de la derecha para conducir al país a una salida irracional, inconstitucional y violenta.

El funcionario subrayó que el presidente de la organización no gubernamental Humano y Libre, Gustavo Tovar, a quien calificó de derechista, coordinó una reunión que se efectuó en México en octubre de 2010. El encuentro lo financiaron el banquero Eligio Cedeño y el exsubsecretario adjunto para América Latina del Departamento de Estado de Estados Unidos, Otto Reich.

La finalidad era “adiestrar en métodos de desestabilización violenta a un grupo de líderes estudiantiles y de la juventud de un movimiento de extrema derecha venezolana”, explicó. Según la versión del ministro del Interior, a esa reunión asistió Gaby Arellano, quien atizó distintas movilizaciones junto al político opositor Leopoldo López, a quien Rodríguez acusó de “pretender incendiar el país”. Ambos representan la facción radical de la derecha venezolana. Henrique Capriles, excandidato presidencial de la derecha, condenó y se deslindó de las manifestaciones callejeras violentas lideradas por López.

También estuvieron en el encuentro Vilcar Fernández, Yon Goicoechea y el alcalde del municipio El Hatillo, en el área metropolitana de Caracas, David Smolansky, además del alcalde de San Cristóbal, Táchira, Daniel Ceballos, este último vinculado al expresidente colombiano Álvaro Uribe, aseguró Rodríguez.

Aunque en ningún momento involucró a autoridades mexicanas de ningún nivel político, la acusación es muy seria y debiera ameritar una investigación del Congreso de la Unión (mexicano) para deslindar responsabilidades. No puede quedarse en el olvido.

Es evidente que aún con Hugo Chávez en el poder, los planes se venían formulando y madurando. La muerte de Chávez y la reducida ventaja de Nicolás Maduro sobre Henrique Capriles encontró la coyuntura más oportuna para una ofensiva total.

Efectivamente, además de la reunión mencionada, se ha podido documentar que en junio de 2013, se conjuntó un plan estratégico de desestabilización y derrocamiento. El documento fue titulado Plan estratégico venezolano, creado por la Fundación Internacionalismo Democrático al mando del expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez (el lacayo mayor que finalizó su mandato con la ruptura de relaciones con Venezuela a iniciativa de Chávez, y en respuesta llamó a una intervención internacional en Venezuela), la Fundación Centro del Pensamiento Primero Colombia, y la empresa estadunidense FTI Consulting, el cual se redactó el 13 de junio del año citado durante una reunión entre representantes de las tres organizaciones y dirigentes de la oposición venezolana, como María Corina Machado, Julio Borges, Ramón Guillermo Aveledo, el experto en guerra sicológica JJ Rendón, y el encargado de la USAID para América Latina, Mark Feierstein. No olvidar que a la USAID la han expulsado de varios países por considerarla “un frente de la CIA” y por desarrollar maniobras encubiertas de espionaje y desestabilización bajo una coartada de “ayuda al desarrollo”.

Entre quienes la han expulsado están la propia Venezuela, Bolivia y Rusia.

Dicho plan señaló cuatro objetivos precisos: I) derrotar al gobierno en 14 DE JULIO DE 2014

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las elecciones municipales del 8 de diciembre de 2013; II) provocar el desgaste acelerado del gobierno para facilitar el triunfo opositor; III) la realización de actos de sabotaje al sistema eléctrico y otros servicios importantes para la población; y IV) especialmente, el desabasto de productos de primera necesidad, aprovechando todo ello para difundir internacionalmente una imagen negativa y negligente de la gestión del presidente Nicolás Maduro. En la sección de “Acciones”, el documento establece la necesidad de “perfeccionar el discurso confrontacional y denunciante de Henrique Capriles (entonces todavía actuaban conjuntamente, luego se diferenciaron), así como generar “emoción con mensajes cortos”. Además, se habla en el documento, de movilizar tras de su causa a personalidades internacionales promoviendo el concepto de que “se devuelva a Venezuela la verdadera democracia e independencia que se ha perdido desde hace 14 años” (www.actualidad.rt.com/expertos/eva_golinger/view/).

Adicionalmente, se estableció también la necesidad de “crear situaciones de crisis en las calles, que faciliten la intervención estadunidense y de fuerzas de la OTAN [Organización del Tratado del Atlántico Norte], con el apoyo del gobierno de Colombia”. Incluso, “la violencia debe provocar muertos o heridos” (los cuales ya superaron los 30). Hay que recordar que este último país está propuesto para ingresar al bloque militar OTAN. ¿Quiénes más le seguirán? Por último, en el documento se recomienda inducir en lo posible “una insurrección militar”, sabedores de que el Ejército es un soporte fundamental, sin el cual la correlación de fuerzas se modificaría radicalmente.

Como puede observarse, el plan estratégico injerencista y reaccionario se ha ejecutado –por esta coalición de “grandes patriotas y adalides de la democracia liberal”– con meridiana precisión y contundencia. La bazofia está al ataque. Podríamos decir que se han logrado prácticamente todos los objetivos, unos más, otros menos, con excepción de los dos más relevantes: no hay sublevación militar ni se produjo el derrocamiento del gobierno.

Los conspiradores se presentan en medios electrónicos ofreciendo una cara de lucha democrática, legal, cuando no son más que peones de tercera de la política injerencista y golpista de Estados Unidos en aquél país. Esto, independientemente de los conceptos, criterios y opiniones que podamos tener cada uno de nosotros sobre la Revolución Bolivariana, sus liderazgos y políticas.

En las elecciones municipales de diciembre de 2013, el mapa político de Venezuela se modificó respecto de 2008 ante el avasallamiento de la alianza dirigida por el entonces presidente Hugo Chávez. Esta vez experimentó un cambio notable bajo el mando de su sucesor Nicolás Maduro, toda vez que la oposición le arrebató la capital del estado natal de Hugo Chávez, Barinas, simbólica en muchos aspectos. La oposición también ganó las alcaldías de las cinco ciudades más pobladas del país. En 18 de los 23 estados venezolanos y el Distrito Capital, la alianza presentada por el gobierno ganó 196 municipios en disputa, mientras que la oposición triunfo en 53. Fue un avance espectacular de la derecha, pero no revirtieron la mayoría bolivariana preexistente al nivel de las cabeceras municipales.

Hubiera sido una catástrofe electoral.

Del Plan Colapso Total al Plan Secesionista: partir a Venezuela En septiembre de 2013, el presidente Nicolás Maduro denunció el plan “Colapso Total” para Venezuela, que se trató esencialmente de una ofensiva económica y de sabotajes a la infraestructura venezolana. Lo hizo en 14

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los siguientes términos: “Yo tengo los datos de la fecha en la que se hizo una reunión en la Casa Blanca, el nombre y apellido de quienes asistieron. Yo sé cuáles son los planes que ellos hicieron. Hicieron el ’Plan Colapso Total’ del país”, aseguró el mandatario en un acto en el estado Aragua. “Ellos piensan que en octubre Venezuela colapsa, así lo planificaron ahí, que iban a sabotear la comida de la gente, la electricidad, el combustible y las refinerías.”

La denuncia se hizo luego de que un apagón de gran magnitud dejó sin servicio eléctrico al 70 por ciento del territorio de la República de Venezuela, mismo que el gobierno denunció como un “acto fascista de sabotaje”. Aunque el interior de Venezuela padece continuos cortes y racionamientos en el suministro de energía, el problema llevaba años sin afectar a la capital, Caracas, que desde 2008 no sufría un apagón de tal magnitud. Este gigantesco corte se produjo inexplicablemente desde el punto de vista técnico, según Jesse Chacón, ministro de Energía: “Hemos avanzado en optimizar los procesos. Aumentamos la generación eléctrica en 1 mil 370 megavatios (MW), llegando hoy a generar 20 mil MW. Logramos avances significativos en la reducción de la demanda y en disminuir el 44 por ciento de interrupciones en el sistema. Es importante destacar la visita del presidente Nicolás Maduro a China, donde fueron presentados cuatro proyectos: robustecer las líneas de 400 kilovoltios (kV), 230 kV y 115 kV; la ampliación y modernización de la red de distribución; un plan de alumbrado público con tecnología LED; y la colocación de medidores en los hogares venezolanos (14 de octubre de 2013, www.eluniversal.com/economia/).”

De igual manera, los servicios de inteligencia del Estado venezolano recabaron información en el sentido de que la oposición posee un plan secesionista para que seis de los 23 estados que conforman la República de Venezuela se separen de la misma: Zulia y Táchira (Oeste), fronterizos con Colombia; así como Mérida (Oeste), Lara (Oeste), Carabobo (centro) y Nueva Esparta (Este), lo cual dio a conocer el propio presidente Maduro en cadena nacional, aunque aclaró que el plan viene de algunos años atrás, pero se atiza bajo la coyuntura actual de enfrentamientos y polarización político social (4 de abril de 2014).

El presidente Maduro agregó a este respecto: “En Carabobo ya se ha concretado la primera visita autonomista secesionista preliminar y luego vendrán los demás estados en crisis [...] en caso de que los ciudadanos decidan tomar esta determinación, cooperarán en la organización de dicha salida y serán los ciudadanos los que decidirán si toman el camino de constituirse como Estado autónomo. Y no es descartable, por cierto, la fusión con Colombia […]. Es un proyecto de la oligarquía. Ustedes sabrán en su momento. Máxima alerta a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y al Comando Estratégico Operacional de la FANB”, dijo. Comparó la situación con Yugoslavia, Libia, Ucrania o Siria.

Carabobo es uno de los estados más ricos e importantes de Venezuela –estratégicamente hablando– y está ubicado en el centro-Norte costero del país, en la región central, al filo de la cordillera de la costa, y cuya capital es Valencia. En su territorio se ubican la principal industria petroquímica y una de las más importantes refinerías de petróleo del país, así como la prestigiosa Universidad de Carabobo además de varias instituciones educativas que hacen de este estado el punto estudiantil principal de la región central venezolana.

Otros medios de comunicación han denunciado el desabastecimiento CONTRALÍNEA

combinado con acaparamiento (más de 3 mil acaparadores con toneladas de alimentos fueron detectados), escasez de medicinas, sabotaje por parte de las líneas aéreas… Teniendo como su vehículo, relativo a la “guerra desinformativa”, los medios de comunicación privados nacionales e internacionales, utilizando lo más avanzado y refinado de las redes sociales para el mismo efecto.

Actualmente empresas petroleras trasnacionales han interpuesto cerca de 20 demandas contra Venezuela debido a las expropiaciones realizadas en la faja petrolera, ante tribunales del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones por un monto estimado de entre 20 mil millones y 30 mil millones de dólares. Acción que representa un peligro potencial, ya que las trasnacionales podrían embargar bienes de Venezuela en el extranjero, tal como hicieron en Chile durante la época de la “fórmula del caos”, con su principal recurso de exportación, el cobre.

La penetración en las universidades autónomas y privadas fue el objetivo de otra, más que plan, estrategia denominada por Leopoldo López “La Salida” (se refiere a la salida de Nicolás Maduro de la Presidencia de la República), para provocar decenas de asesinatos directos y muertos indirectos que no fueron atendidos a tiempo debido a las barricadas e interrupción de autopistas y calles que no permitieron que las ambulancias con heridos y enfermos pasaran a tiempo para llegar a los hospitales.

Adicionalmente, la incorporación reciente de más de 200 paramilita-

La elaboración de un plan conjunto (es lo más sensato) con la derecha más moderada y que esté dispuesta a reconocer el carácter constitucional del gobierno de Maduro (de ser posible, porque la política es el arte de lo posible, no de lo deseable) tendría que girar en torno a dos ejes estratégicos: la diversificación económica y el impulso a la economía venezolana contando con el capital privado, negociando sus espacios de actuación garantizada y una cierta redistribución del poder con la oposición, a partir de aceptar ciertas demandas y procesarlas en los órganos de Estado controlados por el chavismo, como es la Asamblea Nacional. Es una vía.

Otra cosa puede ser la prolongación del conflicto y el riesgo de la reducción de los espacios democráticos en lo económico-social y en lo político, abiertos por la Revolución Bolivariana. El auge de los precios del petróleo que tanta fuerza le dio a esta última, nacional y regionalmente, hoy no está presente y la economía se cae a pedazos ante el peso de sus deficiencias históricas y la injerencia desestabilizadora de la alianza reaccionaria interno-externa.

Es necesario también impulsar con total determinación todas las resoluciones de la Comunidad de Estados Latinoamericanos, particularmente, y a propósito de lo aquí dicho, la relacionada con un plan de resistencia ante la injerencia de Estados Unidos, quien cada vez se queda más solo, respecto de las más grandes potencias, en su afán de provocar un cambio de régimen en Venezuela.

Por las expropiaciones, trasnacionales petroleras han interpuesto cerca de 20 demandas contra Venezuela ante tribunales del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, por hasta 30 mil millones de dólares

res al mando del expresidente Álvaro Uribe en Táchira, estado fronterizo entre Colombia y Venezuela, es otro ejemplo de que “La Salida” tiene su combinación con un paramilitarismo mercenario de corte internacional; aunado a ello, están las declaraciones injerencistas del gobierno estadunidense, particularmente del presidente Obama y el secretario de Estado, John Kerry, con el argumento de la “defensa” de los derechos humanos (www.alai.com, 23 de febrero de 2014). Cierran así la pinza de la ofensiva interno-externa contra un gobierno constitucional.

Es evidente que la derecha recalcitrante venezolana está dispuesta a todo. Las debilidades políticas de Nicolás Maduro la han favorecido, ya que podía imaginarse que se imponía una negociación temprana a partir del reconocimiento de la actual correlación nacional de fuerzas y la necesidad del aislamiento del sector más retrógrado, impulsado por Leopoldo López y las fuerzas extranjeras, para impedir cualquier acción conjunta con la derecha comandada por Henrique Capriles (con casi la mitad del electorado y los más grandes empresarios de su lado), y a partir de la condena de éste a las manifestaciones violentas encabezadas por el primero.

La mesa de negociaciones se dio a instancias de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), el Vaticano y los dos grandes actores venezolanos: el presidente Maduro y el propio Capriles. No hubo avances sustanciales.

CONTRALÍNEA

Son estos los planes fundamentales que se han dado a conocer (es difícil saber el grado de certeza sobre ellos y cuántos más puedan existir) y que se han conformado en la coyuntura postelectoral presidencial en Venezuela para derrocar al presidente Nicolás Maduro, más la ofensiva permanente de carácter encubierto desde el fracaso del golpe de Estado contra el entonces presidente Hugo Chávez en 2002. Estructura y coyuntura, largo plazo y corto plazo, se articulan para configurar una ofensiva total contra un gobierno constitucional. No parece importarles demasiado a los “campeones de la democracia y el humanismo”.

Es fundamental vencer la ofensiva del sabotaje económico. Lo dice la experiencia. Si se puede con tan sólo recursos propios, magnífico, pero si no, es necesario negociar, aunque sin dejarse chantajear; más aún, con un electorado nacional prácticamente divido en dos partes iguales, pero con una base territorial municipal que vira a la derecha y se aleja gradualmente de la coalición político-ideológica en el poder. Sin embargo, el gobierno de Nicolás Maduro tiene la palabra.3 *Economista y maestro en finanzas; especializado en economía internacional e inteligencia para la seguridad nacional; miembro de la Red MéxicoChina de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México 14 DE JULIO DE 2014

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CONTRAPODER

Robinson Bours, el incendiario de la Guardería ABC, en la impunidad Álvaro Cepeda Neri*

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l millonario Eduardo Robinson Bours Castelo es socio de las granjas avícolas Bachoco, dueño de latifundios, mansiones y una hacienda allá por El Quiriego, Sonora; y con su familia, sobre todo su hermano Ricardo, actualmente financia la precampaña –para la sucesión en el estado– del senador Ernesto Gándara, alias el Borrego. Robinson Bours y el entonces asesor y secretario Técnico Estatal Juan Carlos Lam Félix le ordenaron al chofer de ambos, Carlos Andrés López Meza, que le prendiera fuego a la papelería del Programa Sonora Sí y Sonora Progresa, para poder robarse más de 5 mil millones de pesos.

La incineración se llevó a cabo el 5 de julio de 2009 en un predio a espaldas de las instalaciones que albergaban la Guardería ABC, y que los pirómanos Bours y Lam sabían que contaba con techo de material combustible.

Eso provocó que el fuego se propagara a la Guardería, donde 49 niños murieron calcinados y 76 más sufrieron quemaduras de tercer grado, que les han dejado secuelas con daños físicos y sicológicos de por vida.

Uno de los responsables por la inseguridad de la Guardería fue el entonces director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Juan Molinar Horcasitas, señalado como negligente porque esa Guardería carecía de toda seguridad, a sabiendas de que atrás de ella había una bodega del gobierno de Bours donde se guardaba hasta gasolina.

Aunque durante estos 5 años ha estado encubriendo a Robinson Bours, ahora ha declarado: “se ha olvidado que el incendio empezó en una bodega sin elementos de seguridad” (entrevista de Juan Arvizu, El Universal, 5 de mayo de 2014).

Una y otra vez, madres y padres de los 49 niños, desde recién nacidos hasta de 3 años de edad que fue16

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ron víctimas de homicidio doloso, durante estos 5 años han estado amparándose, protestando en las calles de Sonora y de la capital del país, tocando las puertas de todas las instancias judiciales, administrativas (Peña ni “los ve ni los oye”, como hizo su maestro Carlos Salinas de Gortari para denegar justicia) y legislativas de la entidad y federales, sin que sean atendidas sus quejas y reclamos. Robinson Bours continúa escondido y saliendo constantemente al extranjero, en particular a su verdadera patria –donde tiene sus cuentas en dólares–, allá por Arizona y Nueva York.

Este personaje debería estar en una cárcel de alta seguridad si la Suprema Corte de Justicia de la Nación se atreviera a resolver el caso con justicia. Pero no lo hace porque está directamente involucrada una pariente cercana de la esposa del borrachín Felipe Calderón; y rozaría también al entonces director del IMSS, el tal Horcasitas, alias el Melenas; al exprocurador Eduardo Medina Mora, hoy embajador del peñismo en Washington, y a todos los beneficiarios de esa subrogación, que se enriquecieron con los pagos del IMSS. Y quienes para abaratar su funcionamiento alquilaron un exalmacén con techo de láminas de cartón altamente inflamable, donde los niños sufrían altas temperaturas que medio matizaban los ventiladores.

El exdesgobernador Robinson Bours ha tenido 5 años de impunidad y ahora goza de la protección de Jesús Murillo Karam, el procurador general de la República, primo hermano del Karam que relevó a Horcasitas en el IMSS, ya que si le echan el guante a Robinson Bours tendrían que hacerlo con todo el cártel de incendiarios que pretendió, con esa perversa maniobra, distraer a la opinión pública del desfalco. Y como también está de por medio el Partido Revolucionario Institucional (PRI), mucho menos le dan curso a la investigación de la Procuraduría General de la República (PGR), ni la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelve los otros amparos, ya que provocarían un cisma electoral en Sonora contra el Par“Se ha olvidado que el incentido Acción Nacional por las raterías del dio empezó en una bodega desgobernador, saqueador del agua de los sin elementos de seguridad”: indígenas yaquis, el señor Guillermo Padrés (quien con su hermano y su cuñado se enriMolinar Horcasitas quecen a tambor batiente de la corrupción); y porque el PRI busca rescatar al estado para la senadora Claudia Pavlovich Arellano (en cuya disputa están, asimismo, Jesús Cano Vélez y Ernesto Gándara, quien competiría con su primo hermano, el panista ricacho Javier Gándara).

Los familiares de todas esas víctimas inocentes y varios sectores de la sociedad sonorense, empero, no quitan el dedo índice del “yo acuso” a las actuales autoridades judiciales de la PGR, y a la promesa incumplida de Enrique Peña respecto a su complicidad con el socio de la empresa Bachoco (el casi monopolio avícola). Bours es un pillo de más de siete suelas. Se reúne con sus compinches en su hacienda y se burla de los padres de los 49 niños asesinados y los 74 que, por sus secuelas, están marcados de por vida. Apodado el Cabezón, Robinson Bours, con las acciones que mantienen los padres de esos niños, sigue en capilla, hasta que su expediente de criminal sea sacado de la caja fuerte de la PGR, donde se archivan los que implican complicidades, en este caso de Calderón y Peña.3 *Periodista CONTRALÍNEA

OPINIÓN

Teología de la Liberación: viva, necesaria y emancipatoria Juan José Tamayo*/Centro de Colaboraciones Solidarias

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a Teología de la Liberación, nacida en América Latina a finales de la década de 1960, es una de las corrientes más creativas del pensamiento cristiano nacidas en el Sur, lejos de los centros de poder político, económico y religioso, con señas de identidad y estatuto teológico propios. No es una sucursal de la teología elaborada en el Norte. Todo lo contrario: ha quebrado el norte-centrismo teológico, sea el moderno o el postmoderno, el europeo o el estadunidense.

Viene siendo objeto de sospecha desde sus orígenes, y muy especialmente durante los pontificados de Juan Pablo II y Benedicto XVI. Ha recibido acusaciones de lo más descabelladas e indemostrables, como defender la violencia, ser una sucursal del marxismo, introducir la lucha de clases en la Iglesia, politizar el cristianismo... Muchos de sus cultivadores han sido condenados, destituidos de sus cátedras y sus libros sometidos a férrea censura. La más grave de las condenas –comparable a la del Syllabus del papa Pío IX contra el modernismo– fue la llevada a cabo por la Instrucción sobre algunos aspectos de la Teología de la Liberación, de 1984, redactada por el entonces cardenal Ratzinger, cuando era presidente de la Congregación para la Doctrina de la Fe y ratificada por Juan Pablo II. A pesar de tanta persecución, la Teología de la Liberación no se ha rendido ni ha renunciado a sus primeras intuiciones ni al principio-liberación, pero tampoco se ha quedado en la foto fija de sus orígenes, ya que no es una teología perenne inmune a los cambios, ni de la razón pura, sino una teología de la razón práctica, histórica, que se reformula en los nuevos procesos de liberación.

Lo mismo que la Teología de la Liberación intentó responder a los desafíos sociales, económicos, religiosos, espirituales, culturales de Latinoamérica, hoy se elabora a partir de los nuevos sujetos que emergen y protagonizan los cambios estructurales en la sociedad y en las tradiciones religiosas: las mujeres, oprimidas por las dictaduras del patriarcado, del capitalismo y del colonialismo juntos; la Tierra, sometida a la depredación de un sistema voraz de desarrollo científico-técnico y económico; el campesinado sin tierra, los pueblos indígenas y las comunidades afroamericanas, humilladas durante siglos de dominación, las colectividades excluidas en nombre de la globalización neoliberal, las tradiciones religiosas perseguidas por un cristianismo intolerante, las identidades estigmatizadas y perseguidas...

CONTRALÍNEA

Son todas ellas otras formas de vida negadas que conforman los diversos rostros de la pobreza y la marginación, a quienes la Teología de la Liberación reconoce como sujetos activos, consciente de que se están empoderando para contribuir a la superación del racismo, el sexismo, el clasismo, la homofobia, y se ponen al frente de la lucha contra los etnocidios, genocidios y biocidios causados por el modelo de desarrollo de la modernidad occidental.

De aquí han surgido nuevas tendencias teológicas de la liberación: teología feminista, indígena, afrodescendiente, campesina, ecológica, queer, teología del pluralismo religioso, de la diversidad sexual.

Todo un mosaico de teologías y sabidurías que conforman el plural panorama de la Teología de la Liberación, que no es una anciana moribunda como pretende algún mandatario eclesiástico, sino que sigue viva y activa para responder a los nuevos desafíos de Latinoamérica.

Hoy está presente en todo el Sur, pero también en los ámbitos de marginación del Norte y se ha hecho visible en el Foro Social Mundial, donde ha creado su propio espacio religioso alter-globalizador, el Foro Mundial de Teología y Liberación, que cuestiona las creencias, revoluciona las conciencias de los creyentes y no creyentes y pretende transformar sus prácticas alienantes en emancipatorias, desde la convicción de que “otra teología es posible”, ¡y necesaria!, en plena sintonía con la consigna de los foros sociales de que “otra epistemología es posible”, y con los fundamentos y métodos del conocimiento científico del Sur sociológico que se están desarrollando en disciplinas y saberes.

Si el presidente del Consejo Episcopal Latinoamericano (Celam) quiere enterrar la Teología de la Liberación, debe saber que lo hará con una realidad viva, y eso es un delito más grave que el de considerarla “anciana” o “muerta”. ¡Qué lejos está el actual presidente del Celam de los obispos que dijeron adiós al paradigma de la Iglesia conquistadora, colonial y desarrollista e iniciaron el paradigma de la Iglesia de la liberación en la II Conferencia del Episcopado Latinoamericano en Medellín, Colombia, en 1968! Éstos pusieron las bases de la Iglesia de los pobres que el papa Francisco quiere recuperar. Con sus declaraciones, monseñor Carlos Aguiar Retes, lo que hace es dinamitar dichas bases. 3 *Director de la Cátedra de Teología y Ciencias de las Religiones Ignacio Ellacuría de la Universidad Carlos III de Madrid 14 DE JULIO DE 2014

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OPINIÓN

La irrealidad gubernamental Oscar Enrique Díaz Santos*

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s sorprendente la forma en que el gobierno trata de convencernos de que lo que está haciendo es correcto. Las declaraciones diarias se centran en decirnos que tenemos una economía fuerte y estable; que las reformas estructurales nos van a traer grandes beneficios, aunque aceptan que no será en forma inmediata; que la reforma fiscal era necesaria para elevar la captación de recursos y que en las licitaciones públicas existe todo un marco que permite la transparencia en su ejecución.

Lo peor de todo es que los mexicanos ya no hacemos caso y poco importa si la economía es poderosa y estable como lo dice Enrique Peña Nieto, porque finalmente en los bolsillos esto no se manifiesta. En las cifras del primer trimestre se registró un crecimiento económico insignificante (0.5 por ciento), la pobreza la

la afectación de la oferta y la demanda, y ésta significa una relación directa con el precio. Los factores que impactan negativamente en la economía afectan primordialmente al consumo. En economía la “función consumo” es la relación que existe entre el consumo y el nivel de renta (ingreso) de la población. Si el ingreso de los mexicanos es bajo, el consumo disminuye; y, por ende, la producción de bienes y servicios también disminuye. El efecto de esta relación es que muchas empresas tienden a producir menos y, por lo tanto, a emplear a menos personas. También se da el caso del cierre de empresas, primordialmente las pequeñas y medianas, lo cual implica un mayor desempleo. Frecuentemente el gobierno da cifras de generación de empleo, pero no dice qué tipo de empleos y qué salarios se pagan en ellos.

El gobierno siempre ha planteado que con las reformas estructurales el panorama cambiará. Cuando se discutieron las modifica-

México registró un crecimiento económico insignificante en el primer trimestre. Aunado a esto, 53 millones de personas sufren pobreza, la tasa del desempleo ronda el 5 por ciento y el promedio de salarios es de 5 mil pesos al mes

siguen sufriendo 53 millones de personas, la tasa del desempleo ronda el 5 por ciento, el promedio de salarios es de 5 mil pesos al mes (19 millones de mexicanos están en pobreza alimentaria); la Cruzada Nacional Contra el Hambre sólo es un paliativo para la pobreza y la balanza comercial sigue siendo deficitaria, entre otras situaciones que contradicen lo dicho por Peña.

De acuerdo con la teoría económica se puede aceptar una estabilidad económica, primordialmente, porque ésta se mide con sólo dos variables: la inflación y el tipo de cambio. Pero ello no implica fortaleza en la economía, porque se ha logrado con grandes sacrificios por parte de la población. La estabilización ha implicado un gran costo: bajo crecimiento, desempleo, pobreza, salarios bajos, bajos niveles de escolaridad y de salud.

El gran objetivo de este gobierno fueron las reformas estructurales. Cuando se habla de estructuras, en la economía, implica 18

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ciones constitucionales nos invadieron de comerciales con los cuales se trataba de convencer a la sociedad de que habría mayores empleos y mejor pagados; que disminuirían los precios de la energía eléctrica y que se acabarían los gasolinazos. Una vez logradas estas reformas, resulta que los impactos se empezarán a percibir dentro de 3 años, lo cual me parece demasiado optimista o engañador.

Una economía no funciona así, porque no es mover por mover y mágicamente se van a resolver los problemas del mercado, como lo establecía Adam Smith en su teoría de la “mano invisible”.

Lo complicado de una economía es saber en qué momento se mueven las principales variables y en qué dimensión se hace. Por ejemplo, el Banco de México reduce la tasa de interés con el fin de fomentar el consumo y con ello promover la producción. Hay que considerar que la tasa de interés es la variable clave que conecta al mercado productivo con el mercado de dinero. Si hay un interés alto, CONTRALÍNEA

La licitación pública es una de las áreas más reguladas del gobierno, pero también una de las más corruptas: para el sector público un lápiz cuesta el doble respecto del precio que se paga por el mismo producto en una papelería

el consumo se inhibe. Pero también hay que considerar el otro lado de la moneda, que nos dice que si la tasa de interés disminuye la inversión también lo hace. Entonces la pregunta obligada es ¿hasta qué punto se deben de mover las variables macroeconómicas?

Cuando se planteó la reforma fiscal –que no fue otra cosa que una miscelánea fiscal– el objetivo planteado por Luis Videgaray, secretario de Hacienda y Crédito Público, fue el de aumentar la captación de recursos tributarios y poner en orden a contribuyentes que evadían o eludían impuestos. Otro objetivo era la simplificación tributaria para detectar irregularidades en las contribuciones.

Sin embargo, uno de los problemas es que la captación de ingresos tributarios no se ha incrementado, y ha salido a relucir que uno de los factores que provocan esta reducción, entre otros, es la existencia de un sistema de privilegios fiscales. En donde sí se incrementó la captación es en los contribuyentes cautivos (los asalariados) y por ende, se afectó su consumo, y con ello se dio un impacto en la producción y una reducción en el empleo.

Ildefonso Guajardo, secretario de Economía, declaró que las licitaciones públicas eran transparentes porque se contaba con un marco jurídico que las regulaba, se contaba con el Sistema Electrónico de Contrataciones Gubernamentales (CompraNet), con el padrón de proveedores, con la presencia de un testigo social y otros mecanismos. Ciertamente es una de las áreas más reguladas del sector público, pero también es una de las más corruptas del gobierno. Una cosa es la letra escrita y otra es la no escrita. Vamos a ver: un lápiz para el sector público le cuesta el doble de lo que cuesta en una papelería.

Me pueden refutar que en CompraNet existe una lista de precios que se deben de seguir para realizar las compras. Y sí existe, pero esos precios están inflados. ¿Y por qué están inflados? Sencillamente porque al proveedor le cuesta un porcentaje (entre el 10 y 15 por ciento) que tienen que pagar al servidor público responsable de la licitación (soborno) para que le sea adjudicada.

Pueden decir y argumentar que no es cierto, pero como lo expresé, eso es la letra no escrita, es decir, se hace por debajo del agua. De acuerdo con la normatividad no hay corrupción, porque todo el procedimiento se realiza tal y como lo dicta la propia normatividad, pero en la práctica sí existe, lo cual es difícil o imposible de comprobar.

Aparentemente no existe peculado porque el proveedor factura en su totalidad, pero el soborno lo da fuera de la factura; pero al inflarse los precios, finalmente, el gobierno está pagando ese porcentaje. El negocio es significativo toda vez que actualmente las compras son consolidadas, es decir, se adquieren bienes y servicios para varias dependencias y cada una de ellas absorbe el costo que les corresponde.

Por su lado, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, señaló que bajo el liderazgo de Peña Nieto se han logrado las grandes reformas estructurales –pese a que existen opiniones contrarias– y lo único que muestra es que desconoce la realidad del país. Con esta declaración lo que salta a la vista es la insistencia del gobierno para ocultar esa realidad y hacer castillos en el aire. Para ilustrar esa miopía del gobierno, el secretario de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos ha manifestado que el ingreso per cápita de los mexicanos se verá incrementado hasta 2050, es decir, pasarán 36 generaciones para que los beneficios de las reformas estructurales lleguen a la población.

Lo que es cierto es que la renta que generen las reformas estructurales será disfrutada, casi inmediatamente, por los inversionistas. Lo peor de todo es que si se trata de inversión extranjera, la mayor parte de la renta generada en el sector energético será transferida al exterior.3 *Doctor en economía por la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en gasto público y presupuesto

El ingreso per cápita de los mexicanos se verá incrementado hasta 2050.

Esto es que pasarán 36 generaciones para que los “beneficios” de las reformas estructurales lleguen a la población CONTRALÍNEA

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OPINIÓN

Desarrollo con inclusión social Miguel Concha Malo*

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n junio pasado, la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) llevó a cabo su XLIV Periodo Ordinario de Sesiones.

La reunión tuvo lugar en la Ciudad de Asunción, Paraguay, del 3 al 5 de junio, sobre el tema del desarrollo sustentable y con el lema: “Desarrollo con inclusión social”.

Si se toman en cuenta los altos índices de pobreza que persisten en todo el Continente Americano, la relevancia de esta consigna es evidente. Recordemos que el documento Panorama social de América Latina, publicado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, sostiene que en la región existen 167 millones de personas en pobreza y 66 millones en situación de indigencia. Por su parte, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en sus resultados respecto a 2012, muestra que 53.3

para abatir la pobreza que aflige al Continente. En consecuencia, el desarrollo ha sido de nueva cuenta declarado como relacionado con una promesa de bienestar con relación a la calidad de vida. Es decir, el avance en los niveles de crecimiento económico, social, cultural y político de una comunidad o país. Con ello, no obstante, vale la pena también destacar que esta calidad de vida se ha visto avasallada por un modelo de cálculos mercantiles, en los que la felicidad depende de la capacidad de consumo.

Desde este punto de vista, el desarrollo responde a otro modelo aún más específico: el neoliberal. Dicho modelo concibe todo bajo un único estándar, el occidental, y para muchos, neocolonizador. Y en ese sentido se trata de un “desarrollo” económico “global” basado en la acumulación de riqueza, la explotación de los recursos naturales y la precariedad de las fuentes de trabajo. Y en un “progreso” político sustentado en la realización controlada de una democracia electoral,

El desarrollo no sólo debe tener como fin la acumulación de bienes y riquezas materiales, sino que debe comprender un concepto más amplio, como es el de desarrollo sostenible ligado a lo social, cultural, económico y medioambiental

por ciento de la población en México vive en pobreza, y 19.7 por ciento en extrema pobreza.

Gran parte de la responsabilidad recae sin duda en la falta de compromiso que los gobiernos de los países del área tienen con respecto del combate a la pobreza, pues actualmente muchos de ellos responden a organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) o el Banco Mundial, cuyos lineamientos son íntegramente de corte capitalista liberal, y cada vez están más lejos de la sensibilidad y el respeto por los derechos humanos. Recordemos sólo que el último “consejo” dado por el FMI en 2012 proponía aumentar la edad de jubilación y bajar las pensiones ante el crecimiento de la esperanza de vida, por “el riesgo de que la gente viva más de lo esperado” (El País, 11 de abril de 2012).

Los gobiernos de América Latina se han puesto de acuerdo en el discurso de que es necesario impulsar el desarrollo humano y social 20

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pero no participativa, que entrega el poder a unos cuantos y no toma realmente en cuenta la opinión y las expectativas de la sociedad en general. Un desarrollo cultural selectivo, que elitiza y controla los recursos culturales.

El debate en torno a esta visión del desarrollo ha hecho cuestionar su validez y dirigido la atención a aspectos que se deben atender para lograr los avances y mejoras que permitan satisfacer las necesidades humanas. Por ello en los debates sociológicos actuales el desarrollo no sólo debe hacer referencia ni tener como fin la acumulación de bienes y riquezas materiales, sino que debe también comprender un concepto más amplio, como es el de desarrollo sostenible, que está ligado a lo social, lo cultural, lo económico y lo medioambiental.

Por ello los Estados parte no deben olvidar sus obligaciones y compromisos adoptados en documentos regionales de protección de derechos humanos, como la Convención Americana sobre Derechos CONTRALÍNEA

Los Estados deben garantizar un entorno socioeconómico que promueva y permita un acceso total y sin discriminación alguna a condiciones en las cuales las personas puedan gozar plenamente de sus derechos fundamentales

Humanos y su Protocolo Adicional, el Protocolo de San Salvador, los cuales establecen definiciones, criterios y lineamientos para que los Estados adopten las medidas necesarias de orden jurídico, político, social y económico, a fin de lograr, progresivamente y de conformidad con la legislación interna, la plena efectividad de los derechos humanos de las personas que habitamos este Continente.

Los Estados deben garantizar un entorno socioeconómico que promueva y permita un acceso total y sin discriminación alguna a condiciones en las cuales las personas puedan gozar plenamente de sus derechos fundamentales, como son el derecho a la alimentación, la salud, la educación, la vivienda, los derechos laborales (como el contar con condiciones de trabajo seguras y sanas, así como con seguridad social), a un medio ambiente sano y a la participación ciudadana, principalmente cuando se trata de la toma de decisiones en materia de política pública.

Por ello, si se toma como marco de referencia la garantía y el cumplimiento de los derechos humanos, el desarrollo sólo puede tener como propósito promover el bienestar y la libertad sobre la base de la dignidad y la igualdad inalienables de todas las personas. Por tanto, el desarrollo con inclusión social sólo puede tener como objetivo el disfrute de derechos y el acceso a oportunidades para mejorar con equidad la calidad de vida de la población, y un sistema de procuración y administración de justicia que funcione. Un desarrollo con inclusión social debe buscar ciertamente como resultado la mejora en la calidad de vida de las personas, pero también la mejora en los procesos.

Hoy en día la pobreza no puede entenderse sólo como la falta de bienes materiales y oportunidades, como el consumo, el empleo y la propiedad, así como la democracia no sólo significa contar con elecciones populares y periódicas pero sin el acceso a la toma de decisiones por parte de la población. Los Estados deben garantizar instituciones que reflejen un interés fundamental por las personas y políticas públicas que tengan la cobertura más amplia, así como procesos que cuenten con la mayor participación, permitiendo con ello

que los bienes materiales y oportunidades sean accesibles y asequibles para todos, sobre todo para que los grupos en situación de discriminación no queden excluidos.

Sin embargo, cuando las personas y comunidades buscan un desarrollo basado en derechos humanos, suelen encontrarse con obstáculos principalmente en lo que toca a los derechos colectivos. Las dificultades están mayormente dirigidas al ámbito jurídico, principalmente cuando los Estados no determinan o reconocen quién tiene derecho a pedir qué. Aunque igualmente estos obstáculos se refieren a lo político, sobre todo cuando las autoridades ven la demanda y exigencia de los derechos como una amenaza para los intereses de algunos pequeños grupos de privilegiados, o de los propios intereses unilaterales del Estado. Ello se puede ver de manera más clara cuando se aborda el tema de la libre determinación, más aún cuando ésta se encuentra ligada con la toma de decisiones sobre el control y la explotación de los recursos, por lo que a menudo es objeto de grandes movilizaciones sociales.

Los derechos humanos refuerzan la exigencia de que la reducción de la pobreza sea la meta primaria de las políticas de desarrollo. De ahí la importancia de la Declaración de Asunción, adoptada en esta Asamblea por los miembros de la OEA, en la cual los países se comprometen firmemente en su lucha contra el hambre, la pobreza y la discriminación. En ella los Estados de la región reconocen la importancia de la inclusión social, la igualdad de oportunidades, la equidad y la justicia social como elementos fundamentales para la democracia.

También la importancia de impulsar políticas públicas y marcos normativos conformes con estos objetivos. Pero, es aún más indispensable que se haga real y efectivo su compromiso de generar un desarrollo basado en la inclusión social y la promoción, protección y garantía de los derechos humanos integrales en la región.3 *Filósofo, sociólogo y teólogo; director general del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, OP, AC

Cuando las personas y comunidades buscan un desarrollo basado en derechos humanos, suelen encontrarse con obstáculos principalmente en lo que toca a los derechos colectivos. Las mayores dificultades, en el ámbito jurídico CONTRALÍNEA

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Legitimidad perdida del sistema Xavier Caño Tamayo*/Centro de Colaboraciones Solidarias

ostiene el economista chileno Max Neef que la economía y 50 países. Acuerdo que, de firmarse, decapitaría la capacidad de los Estados neoliberal mata a más gente que todos los ejércitos del para regular, vigilar y controlar la inversión extranjera. Facilitaría el saqueo de mundo juntos. Pero, además de violar el fundamental derelos bienes comunes y servicios públicos por las multinacionales. Ese Tisa se cho a la vida, se perpetran de modo sistemático más violanegocia al mismo tiempo que el Tratado de Libre Comercio e Inversión entre ciones de otros derechos. Derecho al trabajo, a salario digno, Estados Unidos y la Unión Europea y el Acuerdo Estratégico Transpacífico de a vida digna, a vivienda adecuada, a educación, a asistencia Asociación Económica entre Estados Unidos y 11 países costeros del Océano médica, a seguro de desempleo... Violaciones que son delitos. Pero un hipócriPacífico. También en esos tratados se busca impedir que el Estado regule y conta doble rasero considera mayor crimen robar a una persona con una navaja que trole la actuación de las multinacionales y así asegurarles el saqueo. condenar a la pobreza, al hambre y a la enfermedad a cientos o miles.

La Internacional de Servicios Públicos, organización que agrupa a 650 sinEn 2011, Lourdes Beneria y Carmen Sarasúa definieron el crimen econódicatos de 148 países, ha advertido que, si se firma el Tisa, “se pondrá en peligro mico como una acción inhumana de carácter económico que causa graves la salud, la educación, el suministro de agua y otros muchos servicios públicos, al sufrimientos a una población civil. Y lo asociaron al crimen contra la humanidar vía libre a las multinacionales en cualquiera de los países firmantes”. Y si se dad, que la Corte Penal Internacional define como “cualquier acto inhumano acuerda el Tratado entre Estados Unidos y la Unión Europea será el acta de que cause graves sufrimientos o atente contra la salud mental o física de quien defunción de la democracia, porque el mecanismo regulador de conflictos entre los sufre, cometido como parte de un inversores y Estados que propone ese ataque generalizado o sistemático Tratado es una patente de corso para contra una población civil”. Fue que las multinacionales impidan entonces cuando se conoció la crimigobernar a los gobiernos en defensa El crimen económico es una nalidad de grandes empresas como de sus ciudadanías. acción inhumana que causa Goldman Sachs Group, Lehman Las multinacionales nos amegraves sufrimientos a una Brothers y bancos y aseguradoras en nazan con violaciones masivas de la gravísima crisis financiera que derechos con la infame complicidad población civil estalló en 2008 con terribles consede muchos gobiernos. Si el derecho a cuencias para el mundo. la vida, a no ser torturado, a no ser Cinco años después la situación detenido arbitrariamente, a la liberes peor. La pretendida respuesta a la tad de pensamiento y de religión, a crisis financiera se ha transformado en una auténtica ofensiva de la elite ecola libertad de opinión y expresión son sagrados y su violación provoca rechazo nómica contra el resto de la humanidad. En ese terrible escenario, la y genera respuesta penal, ¿por qué no ocurre lo mismo cuando se violan dereOrganización de las Naciones Unidas (ONU) ha aprobado elaborar un tratado chos económicos y sociales? Más aún cuando los tratados indicados amenazan vinculante para vigilar el respeto de los derechos humanos por las multinaciocon provocar una avalancha de sufrimiento colectivo. nales.

Gobiernos y voceros al servicio de las elites arguyen que ellos son la legaEl acuerdo ha sido aprobado en el Consejo de Derechos Humanos por 20 lidad. Y aquí cabe citar a Martin Luther King cuando recordaba que lo que hizo votos a favor, 14 en contra y 13 abstenciones. De los 14 votos opuestos, seis Adolfo Hitler en Alemania era legal. Porque no es cuestión de legalidad, sino son de Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Reino Unido y Estados Unidos. Países de justicia y legitimidad. Y la mayoría de los actuales gobiernos han perdido que presumen de defensores de los derechos humanos, pero que ahora ya toda legitimidad. Y como la democracia se ha convertido en un decorado, en sabemos que defienden los intereses de las multinacionales. una farsa las más de las veces, la ciudadanía no sólo tiene el derecho, sino el En ese panorama, documentos revelados por WikiLeaks muestran las deber de desobedecer, de rebelarse. O no lo contamos…3 intenciones de las grandes potencias con el Acuerdo sobre Comercio de Servicios (Tisa, por su acrónimo en inglés) que se negocia en secreto entre Estados Unidos *Periodista y escritor

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El califa de Bagdad Adrián Mac Liman*/Centro de Colaboraciones Solidarias

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odo empezó con un extraño e inesperado anuncio: los miembros del Estado Islámico de Irak y Siria (ISIS, por su sigla en inglés), incapaces de hacer frente a la ofensiva del Ejército regular de Damasco, decidieron abandonar Alepo para adentrarse en suelo irakí. Curiosamente, la mal llamada retirada estratégica desembocó en la espectacular ocupación de la mitad Norte de la antigua Mesopotamia y la proclamación del califato islámico, es decir, de una entidad confesional que desconoce las limitaciones geográficas del mundo moderno o, si se prefiere, los confines establecidos artificialmente a comienzos del siglo XX por el Acuerdo Sykes-Picot.

Los combatientes del ISIS no dudaron en procla-

“Uno de los valedores del Estado Islámico sería el primer ministro turco, Recep Tayyp Erdogan... Turquía habría pagado alrededor de 800 millones de dólares al Estado Islámico por suministros de oro negro”

mar califa a su líder, Abu Bakr Al Baghdadi, un radical islamista nacido hace 43 años en la localidad irakí de Samarra. El califa anunció que iba a destruir la Kaaba, la mítica piedra situada en la Meca, y conquistar poblaciones saudíes para poder trasladar el centro de operaciones del ISIS en la tierra de los wahabitas. Con esa advertencia, Al Baghdadi retoma el discurso de Osama bin Laden, quien solía calificar a la Casa Real saudí de excesivamente tibia a la hora de aplicar los preceptos del Islam tradicional. Para el autoproclamado sucesor de Mahoma por voluntad de Alá, el mundo musulmán tiene que volver a sus raíces, a la guerra contra el infiel.

Al Baghdadi, declarado en 2011 el hombre más CONTRALÍNEA

peligroso del mundo, dirige la agrupación religiosa más violenta del mundo islámico.

Los propios líderes de Al-Qaeda censuran el fanatismo de ISIS y se desolidarizan de sus acciones despiadadas. Por su parte, otros grupos de corte islámico critican la decisión del Estado Islámico de proclamar el califato, considerando que aún no se dan las condiciones objetivas para el establecimiento o, mejor dicho, el restablecimiento de las estructuras teocráticas abolidas hace 9 décadas, tras la desaparición del Imperio Otomano. En realidad, los cabecillas de los movimientos yihadistas que combaten en Siria no parecen muy propensos a rendir pleitesía al nuevo califa, como lo exige la ley islámica. Para ellos, Al Baghdadi sólo es uno de los suyos, uno más.

Curiosamente, la espectacular ofensiva de los combatientes de ISIS no provocó la ira (ni la preocupación) de la clase política occidental. El actual inquilino de la Casa Blanca se limitó a hacer oídos sordos a las llamadas de auxilio de las autoridades de Bagdad, alegando que Estados Unidos sólo interviene en los conflictos cuyas repercusiones suponen un peligro real y directo para su seguridad. En este caso concreto, Irak, el país bombardeado, ocupado y sometido por los duendes de la guerra transatlánticos, queda lejos. Sin embargo, Washington no disimula su malestar cuando la fuerza aérea irakí recibe aviones de combate de fabricación rusa. Moscú, con más criterio, hace todo lo que está en su poder para frenar el avance islamista. Pero los estadunidenses exigen, como contrapartida, cambios radicales en las estructuras de gobierno irakíes.

Mientras el primer ministro Nuri Al Maliki se niega a aceptar los ucases de Washington, el presidente del gobierno regional de Kurdistán, Masud Barzani, coquetea con la vía secesionista. Razones no le faltan. Y una, tal vez la más importante, sea el petróleo. ¡Qué duda cabe que se trata de un seguro de vida para muchas generaciones de kurdos!

A río revuelto… Los combatientes del ISIS cuentan, al parecer, con apoyos variopintos. Según Daniel Pipes, director de la publicación The Middle East Quarterly, uno de los valedores del Estado Islámico sería el primer ministro turco, Recep Tayyp Erdogan, quien se entrevistó en varias ocasiones con el emisario del ISIS, Yasin Al Qadi. Según Pipes, Turquía habría pagado alrededor de 800 millones de dólares al Estado Islámico por suministros de oro negro. Conviene señalar que la cadena de televisión estadunidense CNN llegó a emitir un reportaje titulado “Las rutas clandestinas de los contrabandos yihadistas a través de Turquía”.

Estadunidenses, turcos, árabes, europeos… todos aquellos que contaban con la derrota de Bashar Al Asad y la desaparición del régimen baasista apoyaron o apoyan a los grupúsculos yihadistas que combaten en Siria e Irak.

“A eso lo llamamos tirar piedras en el propio tejado”, confesaba recientemente un politólogo ruso, preocupado por el avance del radicalismo islámico en el Cáucaso. Es decir, en una posible, aunque por ahora hipotética región del califato de Bagdad.3 *Analista político internacional 14 DE JULIO DE 2014

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Cortesía Juan Carlos Guerra

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VOLÓ FLOTA DE BOEING BAJO RIESGO DE EXPLOSIÓN

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La Policía Federal hizo volar más de 420 horas dos aeronaves a sabiendas de que los aparatos no contaban con el mantenimiento mínimo requerido y de que se estaban violando directivas de aeronavegabilidad y boletines de servicios sancionados por la Dirección General de Aeronáutica Civil. Los aviones, con posibles fallas críticas que pudieron ocasionar su explosión en el aire, son de uso del comisionado nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido, y del propio comisario de la Policía, Enrique Galindo. Entre abril y mayo pasados se pusieron en riesgo a los funcionarios citados, a personal de tierra, tripulaciones y elementos que se transportaron en esos aparatos; además, se expusieron al fracaso las operaciones que de manera conjunta realiza la institución con otras dependencias federales, como el Estado Mayor Presidencial, la Sedena y la Semar. De todo da cuenta una investigación abierta en la Secretaría de la Función Pública a la que Contralínea tuvo acceso

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Cuartoscuro

Zósimo Camacho, @zosimo_contra

a Policía Federal (PF) puso en riesgo al comisionado nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido García; al propio comisario general de la Policía, Enrique Francisco Galindo Ceballos, y a la tripulación y elementos transportados en dos aeronaves Boeing 727-264. Además, expuso al fracaso las operaciones que la institución realiza de manera conjunta con otras entidades gubernamentales, como el Estado Mayor Presidencial, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Marina (Semar).

Durante casi 2 meses hizo volar dos aviones –con matrícula XC-OPF y XC-NPF– sin que contaran con los servicios de mantenimiento requeridos y sin que se acataran los boletines de servicios ni las directivas de aeronavegabilidad, a las que está obligada por ley. Las aeronaves pudieron haberse desplomado debido a que los sistemas críticos de los aparatos no recibieron el mantenimiento obligado.

Los aviones sumaron 420 horas de vuelo en condiciones inseguras, lo que podría equivaler a volar 140 veces de la Ciudad de México a Tijuana.

De acuerdo con el expediente abierto en la Secretaría de la Función Pública –luego de una denuncia anónima ante el Órgano de Control Interno en la PF–, desde el 3 de abril las aeronaves debían recibir la aplicación de los boletines de servicio SB 727- 4El comisionado nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido, habría estado en riesgo por volar en una flota sin mantenimiento 28A0128 y SB 727-28A0130 y la directiva de

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más nueve personas de tripulación. El valor convenido para aseguramiento de cada aeronave es de 3 millones de dólares. Fueron adquiridas por la PF –en una compra a la empresa Mexicana de Aviación– entre julio y diciembre de 2002, cuando la corporación policiaca estaba adscrita a la entonces Secretaría de Seguridad Pública. Desde el inicio de la administración de Enrique Peña Nieto, la PF es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación –que encabeza Miguel Ángel Osorio Chong–, y dependiente de la Comisión Nacional de Seguridad, a cargo de Monte Alejandro Rubido García.

La flota de Boeing 727-264 de la PF es utilizada para trasportar a los efectivos que participan en operaciones coordinadas con el Estado Mayor Presidencial, la Sedena y la Semar. Es común que en algunos de los vuelos se encuentren el comisario general de la Policía Federal, Enrique Galindo, y el comisionado nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido.

Tanto los boletines de servicio como las directivas de aeronavegabilidad son disposiciones que emiten los

aeronavegabilidad AD2009-05-03. Sin embargo, la Coordinación de Operaciones Aéreas de la PF, a cargo de Urbano Fernández Núñez, no puso en tierra –fuera de servicio– las aeronaves.

Según el expediente, una dirección general, una dirección de área y una encargatura no acataron la directiva ni los boletines y habrían ocultado a la Coordinación de Operaciones Aéreas que se estaban realizando vuelos sin la seguridad necesaria. Se trata de la Dirección General de Mantenimiento, a cargo de José Miguel Vásquez Sánchez; la Dirección de Ingeniería, cuyo titular es Héctor Fabián Cerritos Covarrubias, y el encargado de la Flota de Aeronaves Boeing 727-200, Alejandro Peña Rueda. Las aeronaves fueron puestas en tierra hasta el 1 de junio pasado.

Además de los dos aviones que estuvieron volando durante 2 meses, los otros dos que completan la flota aérea de Boeing de la PF –con matrículas XC-MPF y XC-FPA– tampoco recibieron los servicios que ordenan los boletines de servicio y la directiva de aeronavegabilidad. Sin embargo, se encuentran en tierra por otras fallas que se suman a las señaladas en los documentos.

Los cuatro aviones Boeing 727-264 datan de 1980. 4La directiva de aeronavegabilidad estableció como fecha límite para realizar los trabajos de mantenimiento de los aviones el 3 de abril de Cuentan con la capacidad de trasladar 150 elementos 2014. Advirtió del riesgo de incendio o explosión

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Cortesía Juan Carlos Guerra

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4En los aviones que no recibieron mantenimiento habría viajado el comisario general de la Policía Federal, Enrique Francisco Galindo

fabricantes de las aeronaves, respaldados por la estadunidense Federal Aviation Administration (FAA), y en México sancionadas por la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Ambos documentos constituyen algunos de los instrumentos con los que se regula la aeronavegación civil en México. Los boletines son recomendaciones que los operadores de aeronaves deben acatar. Las directivas tienen carácter obligatorio y son de observancia inmediata.

El jueves 3 de abril de 2014 venció el plazo para que las cuatro aeronaves Boeing 727-264, con matrículas XC-OPF, XCNPF, XC-MPF y XC-FPA, recibieran los trabajos necesarios para cumplir con los boletines de servicio SB 727-28A0128 y SB 727-28A0130 y con la directiva de aeronavegabilidad AD2009-05-03.

El primer boletín de servicio que no acató la PF se describe como: FUEL –Engine fuel feed system– Fuel pump control 28

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4El boletín de servicio 727 se refiere a la corrección de una falla en la bomba de alimentación de combustible del motor

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La directiva advierte del posible incendio o explosión que podría ocurrir en dos tanques de combustible, de no realizar el mantenimiento que ordena: “We are issuing this AD to prevent an electrical fault in the fuel pump system, which might cause a connector or end cap to burn through and subsequent fire or explosion inside the fuel pump or wing spar area. We are also issuing this AD to prevent uncommanded operation of the auxiliary fuel tank pumps, which can use them to run dry. This condition will increase pump temperature and could supply an ignition source to fumes in the fuel tank, which can result in a consequent fire or explosion”.

Lo anterior podría traducirse como: “Estamos emitiendo esta AD [directiva de aeronavegabilidad, por su sigla en inglés] para evitar una falla eléctrica en el sistema de la bomba de combustible, lo que podría [derivar en un] posterior incendio o explosión dentro de la bomba de combustible o el ala […]. También estamos emitiendo esta

4El boletín de servicio señala como una obligatoriedad reawww.qroo.gob.mx

lizar el mantenimiento de las aeronaves

ground fault interruptor relay installation, que se refiere a la corrección de una falla en la bomba de alimentación de combustible del motor.

La descripción textual del segundo boletín es: FUEL –Distribution– Auxiliary tank fuel boost pump uncommanded on relay, indication installation and related wiring change. Se refiere al cambio del cableado de un tanque auxiliar de combustible.

La directiva de aeronavegabilidad no observada por la PF se describe como Applies to Boeing Model 727 series airplanes, certificate in any category; as identified in Boeing Alert Services Bulletins 72728A0128, dated april 4, 2008. Remite a los trabajos del primer boletín. Es decir, señala como una obligatoriedad esas operaciones para que las aeronaves puedan seguir 4El 3 de abril de 2014 venció el plazo para que cuatro aeronaves Boeing 727-264 recibieran los trabajos necesarios para seguir volando volando.

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PORTADA flota de aeronaves Boeing 727-200, Alejandro Peña Rueda– firmó el oficio PF/SG/ COA/DGM/276/2014, dirigido a la DGAC, para solicitar una extensión del plazo por 180 días para la aplicación de la directiva AD 2009-05-03.

En su escrito, José Miguel Vásquez Sánchez señala que una extensión del plazo “nos permitirá la continuidad con la operación de las aeronaves para la realización de los operativos de Seguridad Nacional encomendadas a esta Institución [sic]”.

La solicitud se presentó para toda la flota de aviones Boeing 727-264: cuatro aparatos con las matrículas XC-OPF (con número de serie 22676), XC-NPF (serie 22663), XC-FPA (serie 22413) y XC-MPF (serie 22664).

4Documento por el que la Dirección General de

Aeronáutica Civil niega la extensión del plazo para realizar los trabajos de mantenimiento para la flota de Boeing 727-264 de la PF

AD para el funcionamiento de las bombas del tanque de combustible auxiliar […]. Esta condición aumenta la temperatura de la bomba y podría suministrar una fuente de ignición […] en el tanque de combustible, cosa que puede resultar en un incendio o una explosión consecuente”.

El documento de siete hojas señala en la página 5 que, a partir del 3 de abril de 2009, las aeronaves contaban con 60 meses para recibir los trabajos mencionados, plazo que se cumplía el 3 de abril de 2014.

Sin embargo, el pasado 2 de abril, menos de 24 horas antes de que se venciera el plazo, el director general de Mantenimiento, José Miguel Vásquez Sánchez –con el acuerdo del director de Ingeniería, Héctor Fabián 4Documento por el que la Policía Federal solicita a la Dirección General de Aviación Civil "extensión del plazo" para realizar los trabajos de mantenimiento ordenados Cerritos Covarrubias, y del encargado de la por la directiva de aeronavegabilidad y los boletines de servicio 30

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Archivo Contralínea

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4Las aeronaves que no recibieron mantenimiento operaron en riesgo

4La denuncia considera que por el incumplimieto la PF estaría violando la Ley de Aviación Civil, entre otras normatividades

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La respuesta de la DGAC demoró 22 días; pero fue contundente. Mediante el oficio 4.1.4.2 -424/14, el director de Ingeniería, Normas y Certificación de la DGAC, Pablo Carranza Plata, señala: “[…] esta Dirección no otorga [sic] la ampliación del intervalo que se refiere a la modificación de acuerdo con los boletines de servicio SB 727-28A0128 y SB 72728A0130 […]”.

Al respecto, la denuncia que dio origen a la investigación –ingresada a la Secretaría General de la PF el 3 de junio de 2014, a la Secretaría de la Función Pública el 4 de junio y al Órgano Interno de Control en la PF el 5 de junio– señala: “[…] es evidente que se están infringiendo las condiciones de seguridad en materia de aeronavegabilidad, poniendo en riesgo la seguridad de los elementos Adscritos a la Secretaría de CONTRALÍNEA

permane

www.qroo.gob.mx

n riesgo permanente de explosión

Gobernación y de otras Instituciones e inclusive del Estado Mayor Presidencial, ya que como parte de una coordinación Inter institucional se realizan operaciones con las aeronaves Boeing 727-200 de la Policía Federal, en apoyo a otros entes del Gobierno Federal [sic]”.

Lejos de poner en tierra las aeronaves, la PF las mantuvo operando de manera cotidiana y siguió gestionando el “permiso” de extensión del plazo de los trabajos ante la DGAC. El documento considera que, ante el incumplimiento de la directiva de aeronavegabilidad y de los boletines de servicio, la PF estaría violando la Ley de Aviación Civil; el Reglamento de la Ley de Aviación Civil; la Norma Oficial Mexicana NOM-039-SCT32001 (que regula la aplicación de directivas de aeronavegabilidad y boletines de servicio a aeronaves y sus componentes); la Norma Oficial Mexicana NOM021/3-SCT-2001 (que establece los requerimientos que deben cumplir los estudios técnicos para las CONTRALÍNEA

modificaciones o alteraciones que afecten el diseño original de una aeronave o sus características de aeronavegabilidad); la circular obligatoria CO AV43.2/07 R2 (que regula el mantenimiento de aeronavegabilidad de las aeronaves), y la Norma Oficial Mexicana NOM-145/1-SCT3-2001 (que regula los requisitos y especificaciones para el establecimiento y funcionamiento de los talleres aeronáuticos).

Pero no sólo incumplió la PF con la directiva de aeronavegabilidad y los boletines de servicio. La dependencia también omitió realizar un servicio de mantenimiento mayor a una de las aeronaves, la matriculada como XC-NPF. Se trata del servicio C, que “[…] involucra pruebas operacionales y pruebas funcionales que apliquen de acuerdo a su periodicidad y requiere de la apertura de registros de acceso para facilitar la inspección a ciertas áreas de la estructura de la aeronave, y requiera la puesta en tierra por un

Lejos de dar mantenimiento a las aeronaves, la PF las mantuvo operando de manera cotidiana y siguió gestionando el “permiso” de extensión del plazo

periodo determinado de tiempo [sic]”, de acuerdo con el manual de intervalos de los servicios y con el documento Operaciones del servicio ‘C’, emitidos por la propia PF. El servicio incluye revisión a los sistemas de frenos, de tableros, de tolvas, del tren de aterrizaje, así como un programa de prevención y control de corrosión de todo el fuselaje. El servicio de mantenimiento mayor debió de haberse llevado a cabo desde abril pasado.

Nada se realizó y así siguió funcionando la aeronave con el mismo número de operaciones hasta el 1 de junio pasado.

Contralínea solicitó entrevista con el comisario de la Policía Federal, Enrique Galindo, y con el comisionado nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido, a través de la Coordinación de Comunicación Social de la Comisión Nacional de Seguridad, que encabeza Armando Ordóñez Acosta. Hasta el cierre de edición no se obtuvo respuesta.3 14 DE JULIO DE 2014

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CAPITALES

Política monetaria NO REACTIVARÁ LA ECONOMÍA Mientras el Banxico siga luchando por prevenir la inflación, la economía mexicana no se reactivará: el mercado de crédito depende de los intereses de los grupos financieros. La recuperación económica no se logrará en el mediano plazo con las actuales políticas monetaria y fiscal, pues éstas no son contracíclicas Marcos Chávez M*, @marcos_contra

¿Cómo responde un creyente de la teoría de hipótesis del mercado eficiente y la teoría de las expectativas racionales cuando sus ojos y oídos le gritan a su cerebro “¡recesión, quiebra, colapso!”?

Quizá lleve tiempo absorber el golpe, puede que haya muchas víctimas, pero la mejor manera de gestionar la crisis es dejar que el capitalismo lidie con ellas sin ser sometido a más choques administrativos por las egoístas autoridades Yanis Varoufakis, El minotauro global

E

l recorte en la tasa de interés de referencia para las operaciones de fondeo interbancario a 1 día, decretado el 6 de junio pasado por el banco central, generó una peculiar reacción entre las legiones de analistas. Prestos a desbordar su sapiencia y destreza técnica, todo mensaje emitido por el Banco de México (Banxico), sea nimio, nítido o sibilino, es sometido a un escrupuloso escrutinio para tratar de desentrañar sus brumosas tribulaciones y sus implicaciones sobre el curso de la política monetaria. Hasta las

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extravagantes (descom)posturas de su gobernador, Agustín Carstens, son recelosamente escudriñadas. Por ejemplo, cuando es pillado públicamente in fraganti en una singular y recurrente situación, en la que no se sabe si se encuentra extraviado en sesudas reflexiones monetarias o de temas afines o simplemente dormita plácidamente en las soporíferas reuniones.

Todo gesto o apariencia proveniente del banco central son considerados como herméticos por los expertos. Dignos de ser tomados como una señal a los participantes de los mercados financieros sobre la posible trayectoria futura de las tasas de interés que desea alcanzar el Banxico.

Los especialistas llegaron a un punto de acuerdo: la baja en la tasa de referencia, de 3.5 por ciento a 3 por ciento, representó un sutil cambio en la orientación de la política monetaria. ¿Hacia dónde fue el giro? En el intento por explicar el supuesto cambio, el consenso se torna en disenso graciosamente argumentado: unos elogian la medida. Suponen que, preocupado porque el barco de la economía mexicana se hunde patéticamente en las traicioneras e inexplotadas aguas recesivas, y porque el capitán y el piloto de la nave, Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray, CONTRALÍNEA

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CAPITALES respectivamente, no tienen ni la menor idea de cómo enfrentar esa aciaga situación, Carstens y sus muchachos educados en las cábalas económicas de Chicago se compadecieron de los indolentemente perplejos y decidieron echarles una mano a sus pares doctrinarios.

Optimista, este grupo de entendidos señala que el Banxico pasó temporalmente a un segundo plano su trastorno de ansiedad inflacionario, atendido con los ansiolíticos monetarios restrictivos, los altos réditos reales y las operaciones de mercado abierto, destinados a reducir el dinero en circulación y elevar el precio de los préstamos bancarios. Con esas medidas pretende alcan-

Evolución de la inflación

zar su patológica meta de precios fijada anualmente, las cuales, por cierto, en parte, son corresponsables del menor crecimiento del consumo y la inversión productiva por medio del crédito y, por tanto, de la recesión y el estancamiento crónico de la economía.

La baja en la tasa de referencia, en un escenario en el que el Banxico vislumbra menores presiones inflacionarias, es interpretada por los analistas como un sesgo hacia una política monetaria expansiva, contracíclica, en beneficio de la reactivación económica, por la que tanto suspiran los peñistas desde hace 1 año y medio, 38

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es decir, durante todo el mandato transcurrido por el priísmo recuperado del tacho de basura histórico.

Bajo la lógica de la teoría económica convencional que norma el análisis de los versados de referencia, el nuevo rumbo monetario propiciará un círculo virtuoso. La reducción de otras tasas de interés de corto plazo, las aplicadas a las tarjetas de crédito y préstamos personales, al crédito hipotecario o al financiamiento a empresas, entre otras, que estimularán al consumo privado, las ventas, la inversión, la producción, el empleo y, por añadidura, ayudarán a que la economía a supere el soporífero estado recesivo en que se encuentra desde principios de 2013.

El otro grupo de homo economicus es pesimista sobre los efectos anticíclicos de la política monetaria. Esos aprendices de Milton Friedman y otros monetaristas se alarman gratuitamente por la aparente desviación del banco central de su objetivo único, así como por efectos perniciosos que pueden derivarse de la supuesta política monetaria expansiva: presiones inflacionarias; desaliento de los pobres especuladores porque sus ganancias se reducirán; riesgo de la salida en manada de los inversionistas de corto plazo y la desestabilización del tipo de cambio y de los mercados financieros.

Sin embargo, existen suficientes razones para afirmar que los juicios de los analistas optimistas y pesimistas son infundados. En realidad, el banco central no reniega de su mandato exclusivo en la lucha por la inflación. La política monetaria del banco central no es expansiva, sólo se ajusta a la evolución de la inflación. Las tasas de interés del mercado no se reducirán significativamente para estimular la reactivación, ya que el mercado de crédito está en función de los intereses de los grupos financieros.

La reactivación económica no se materializará con la política monetaria y fiscal, ya que ninguna de las dos son, en sentido estricto, contracíclicas.

La paranoia inflacionaria La reducción de la tasa de interés de referencia no es una manifestación de que el Banxico haya superado un trastorno que aqueja a un gran número de bancos centrales desde que les fue concedida su autonomía, bajo CONTRALÍNEA

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la retórica seductora de que así la política monetaria sería más creíble y respetada, y se les asignó un solo objetivo existencial: velar por la estabilidad del valor del dinero, a través de la contención de los precios y la prevención de la inflación.

Ni siquiera puede admitirse que esa aparente flexibilidad monetaria sea una licencia temporal. Aceptada a regañadientes por la junta de gobierno del Banxico – después de ingerir algún ansiolítico para atemperar su estado sicótico-inflacionario– como un mal necesario para combatir la recesión económica.

Contra las suposiciones de los analistas de uno y otro bando, el Banxico no subvierte el guión de la política monetaria fijado por su ley orgánica, una verdadera oda al monetarismo. No reniega de su único objetivo. Emplea sus instrumentos para cumplir ese propósito. Los intereses son ajustados en el mismo sentido de la dinámica y la tendencia de la inflación, según sus márgenes de acción disponibles.

El Banxico se encuentra cómodamente instalado en su “paranoia inflacionaria”, como calificara Joseph Stiglitz, Premio Nóbel de Economía 2001, a esa clase de trastorno, corporizado en el nuevo mantra conocido como “metas de inflación” (“inflation targeting”).

4Agustín Carstens,

la década de 1980 y de 1994, buscaron desesperadamente un nuevo mantra en el cual ampararse. Éste llegó con la sexy-etiqueta de las “metas de inflación” u “objetivos de inflación”, moda adaptada por una gran cantidad de bancos centrales, entre ellos el Banxico.

A decir de Stiglitz, “esta rudimentaria receta no se basa apenas en la teoría económica o en las pruebas empíricas”, y añade en su nota “el fracaso de las metas de inflación” de mayo de 2008: “Uno espera que la mayoría de los países tengan el sentido común de no aplicarlas. Mis condolencias a los desafortunados ciudadanos El Banxico desecha los objetivos anuales de de los países que lo hagan”. precios y define una meta inflacionaria Desde 1999 el Banxico se volvió adicto a ese esquema para la formulación de su de largo plazo de alrededor de 3 por política monetaria. Por ello desecha los objeciento cada año, con un rango de tivos anuales de precios y define una meta inflacionaria de largo plazo de alrededor variación de +/-1 punto porcentual de 3 por ciento cada año, con un rango de variación de +/-1 punto porcentual; es decir que se mantenga entre 2-4 por ciento anual.

Como otros humanos, los banqueros centrales tam- Esa trayectoria inflacionaria le concede al banco central bién son seducidos por las modas, en este caso las eco- cierta holgura para tratar de estabilizar las fluctuaciones de otras variables como la del producto interno bruto. nómicas. En la década de 1980 fueron hechizados por Peña y Videgaray proyectan esa meta hasta 2018. las simplistas recetas monetaristas friedmanianas y por las que buscaron la desinflación “racional” del “precio Bajar la inflación, el “secreto” único” (léase Carlos Salinas-Pedro Aspe) que descansó en la sobrevaluación cambiaria. Una vez que éstas caye¿Cómo se ha pretendido alcanzar dicha meta? El ron en desgracia, merced a sus catastróficos fracasos en CONTRALÍNEA

gobernador del Banco de México

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CAPITALES

4”Una política

monetaria demasiado rígida puede causar innecesariamente un aumento del desempleo”

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método es franca y aburridamente sencillo, porque es el mismo que se ha aplicado desde 1983 con las medidas fondomonetaristas, que recomiendan apretarle el cuello a la economía para bajar la inflación. Stiglitz lo explica nítidamente: “siempre que el aumento de los precios supere un tope establecido se deben aumentar los tipos de interés. Independientemente de la fuente de la inflación, la mejor respuesta [es] incrementar los tipos de interés”. Nada importa si la inflación se debe a la estructura de la oferta. Al aumento especulativo de los precios internos y de los importados. Al montón de gravámenes impuestos despóticamente por PeñaVidegaray o al alza mensual de las tarifas de los energéticos que imponen y que casi triplican al índice de precios y que impiden que Carstens, con todo su peso y el de sus Chicago Boys –en sentido figurado, por supuesto– le rompan el espinazo a la bestia inflacionaria con sus ridículas medidas monetarias, hecho que explica los reniegos constantes del agraviado Carstens. ¿Dónde está la coordinación del “equipazo” peñista, como diría el merolico Vicente Fox? El banco central sigue la lógica monetaria de su mandato, para desaguisado de los expertos, y con el síndrome de la pantomima.

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Con la tasa de referencia, también conocida como “tasa de interés objetivo”, el banco central fija el precio para el mercado interbancario a 1 día, es decir, la tasa que se cobrará en las operaciones entre los bancos comerciales que se prestan dinero entre ellos. La “tasa objetivo” determina las tasas de fondeo bancario (operaciones directas y en reporto al plazo de 1 día realizada con pagarés bancarios, aceptaciones bancarias y certificados de depósito que hayan sido liquidados en el sistema de entrega contra pago del Instituto para el Depósito de Valores) y de valores gubernamentales.

Con la tasa de referencia, el banco central envía una mímica “señal” a los intermediarios, con el objeto de anunciarles el nivel y la trayectoria que desearía para las demás tasas de interés, según sus expectativas inflacionarias. Un alza de la tasa de referencia busca reducir la liquidez del mercado, encarecer el costo del crédito, inhibir el consumo y la inversión, atenuar las presiones inflacionarias. Una baja implica el efecto contrario.

El banco central no interviene directamente en los mercados financieros. Sólo busca persuadir. En un mercado financiero desregulado, cada quien decide si le hace caso o no al Banxico y qué tasas de interés cobrarán.

CONTRALÍNEA

La evolución de las tasas de interés bancarias evi- paran: 1) la opulenta exclusión social, que es peor con dencia que no le hacen mucho caso. los neoliberales, pues han empobrecido al 80 por cienEn ese sentido se ha provocado la disfuncionali- to de la población; 2) el despotismo oriental político dad entre la política fiscal y monetaria. Se ha afectado con el que actúan; 3) que sus políticas estabilizadoras la formulación y la coordinación de los objetivos de han sido desestabilizadoras. El colapso devaluatorio de política económica, así como su instrumentación y efi- 1976 y el desastre subsecuente no fue más que la cacia. Al banco central sólo le interesa la inflación y herencia de los estabilizadores de aquella época, crisis aplica la terapia monetaria restrictiva que considera que los echeverristas no fueron capaces de enfrentar adecuada en el tiempo que estima necesario. El éxito adecuadamente (Clark W Reynolds, “Por qué el desade su tarea es la subordinación de todo lo demás. Exi- rrollo estabilizador de México fue en realidad desestage una política fiscal austera, la abstinencia social (con- bilizador”. El trimestre económico, Fondo de Cultura tención salarios reales y del consumo) y la moderación Económica, 250, 1996) o los desastres de 1994-1996 de la inversión. o 2009, entre otros, que han impedido el crecimiento, Actualmente los peñistas dicen que aplican una son responsabilidad de los actuales estabilizadores. política fiscal contracíclica, sólo de nombre. Pero chocan con la pared monetaria. El México-Estados Unidos: brecha inflacionaria, banco central quiere su inflación de 3 por ciento +/-1, pero se topa con la política de precios públicos voraces del peñista Videgaray. Hacienda, el Banxico y la población se estrellan con la banca privada insaciable.

Es un trágico juego de suma cero.

Han transcurrido 31 años y medio de experiencia desinflacionaria, y 21 años y medio de la autonomía del banco central.

En 1987 se registró una hiperinflación de 159 por ciento. En 2000, la tasa cayó a 9.5 por ciento, recuperándose el nivel de un dígito registrado desde 1972 (5.6 por ciento) y en 2014 se espera que cierre en alrededor de 4 por ciento. Para 2015-2018 se pretende que se ubique en la meta de 3 por ciento anual (ver gráfica 1).

El resultado es notable. La inflación media para 2001-2014 será de 4.4 por ciento, comparable a la del desarrollo estabilizador (1954-1970), añorado por los neoliberales (4 por ciento en promedio anual).

Carstens y Videgaray padecen de paranoia inflaPor sí mismo, lo anterior sería motivo de orgullo cionaria. Están obsesionados por la meta de 3 por para los neoliberales que se sientes herederos de aque- ciento para lo que resta del peñismo. lla nostálgica época dorada conservadora.

Stiglitz y George Akerlof, que compartieron el Pero un detalle impide que lo sea. En aquella épo- Nóbel de Economía en 2001, señalan que “controlar ca –que sueñan restaurarla– la economía creció a una la inflación no es un fin en sí mismo: es un simple tasa media anual de 7 por ciento. En la neoconserva- medio para lograr un crecimiento más rápido y más dora (1983-2014) apenas se ha expandido 2.3 por estable y con menor desempleo. Una política monetaciento, pese a que con las políticas estabilizadoras y las ria demasiado permisiva corre el riesgo de aumentar la contrarreformas estructurales neoliberales se prometió inflación; si es demasiado rígida, puede causar inneceun crecimiento alto. Técnicamente, ello equivale a un sariamente un aumento del desempleo, con todo el estancamiento dilatado. sufrimiento que éste entraña. Existen pocos testimoNo obstante, en al menos tres elementos se equi- nios de que los bancos centrales independientes que se CONTRALÍNEA

2000-2012*

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CAPITALES centran exclusivamente en la estabilidad de los precios obtengan mejores resultados en cuanto a esos aspectos decisivos. Existe una tasa óptima de inflación, superior a cero. De modo que la búsqueda a toda costa de la estabilidad de precios menoscaba, en realidad, el crecimiento económico y el bienestar” (“Mentiras graves sobre los bancos centrales”).

Este trastorno compulsivo tiene al menos una razón de ser: el problema de la productividad y competitividad que exige, entre otras cosas, la convergencia de la inflación interna y externa, es decir, con la estadunidense.

La brecha de precios se ha cerrado gradualmente.

En l981-1990 la inflación media anual de México fue

Precios al

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den su estabilidad en ese nivel, si es que lo logra algún día, La tasa optima deseada es de 2 por ciento +/-1, o de 3 por ciento +/-1.

No obstante, se enfrenta a varios problemas que escapan de su control. La política monetaria es como una red para atrapar fieras, pletórica de grandes agujeros. Ante todo, se le escapan por el gran orificio de su fundamento teórico. El banco central supone que la inflación es un problema monetario sobre el cual puede influir a través de la manipulación de la cantidad de dinero en circulación (la liquidez), por medio del movimiento de los altos (o menores) de interés reales y otras operaciones de mercado abierto. Con la mayor o menor liquidez busca inducir la demanda interna (el consumo y la inversión priconsumidor de bienes importados y públicos vada) por el acceso al crédito, su costo.

Altos intereses los afectan y los menores lo alientan.

Pero sabe que con esa medida es suficiente, pues sólo puede influir indirectamente, por lo que para contener y domesticar a la fiera inflacionaria necesita de otras directas: reprimir la demanda interna, a través de la austeridad del gasto público; la contención salarial o la eliminación de aranceles. O la estabilidad cambiaria (igual inflación interna y externa más una tasa de devaluación de cero por ciento). Esa estrategia se ha aplicado desde 1983 a la fecha con algunas variantes en el tiempo.

La fiera ha sido aturdida, pero temporalmente, y luego reaparece furiosa. En cambio, la economía ha sido atontada a palazos represivos de la demanda interna por 30 años y medio, lo que en parte explica los ciclos recesivos y de estancamiento.

Y seguirá hasta 2018, al menos, gracias a Carstens y Videgaray, los paranoicos inflacionarios. de 69 por ciento, y la de Estados Unidos de 4.7 por El enfoque presenta otros hoyos por donde se escaciento. En 2001-2014 en México será de 4.4 por ciento pa la inflación: sus causas estructurales, asociadas a la y la estadunidense de 2.4 por ciento. La tasa esperada producción (factores que reprimen la producción en 2014 será del orden de 4 por ciento, contra la de 159 interna) y las contrarreformas estructurales, la desreguregistrada en 1987. Para 2015-2018 se espera que sea lación interna, la apertura externa, la destrucción del de 3 por ciento y la estadunidense de 2 por ciento, una diferencia de un tercio anual si se cumplen las expecta- Estado economía.

Como dijera el economista José Antonio Ocamtivas que subsistirá al menos lo que resta de la década y po, exdirector ejecutivo de la Comisión económica que afectará a la competitividad (ver gráfica 2). para América Latina y el Caribe y exsecretario general Con un mandato único, no es exagerado afirmar que el Banxico mantendrá la misma política moneta- adjunto de la Organización de las Naciones Unidas: se ria hasta que se cierre la brecha y los precios consoli- restringe la estabilidad macroeconómica al equilibro

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fiscal y la estabilidad de precios, elimina el énfasis keynesiano en el crecimiento y suprime el rol contracíclico de la política macroeconómica (“Una visión amplia de la estabilidad macroeconómica”, Revista de Economía Política de Buenos Aires, marzo 2007).

El neoliberalismo, agrega Ocampo, suplanta al keynesianismo que dominó a la posguerra y cuya visión de la estabilidad macroeconómica era más amplia.

Una mezcla de equilibrio interno –el pleno empleo, el crecimiento económico estable y la baja inflación– y de equilibrio externo –desequilibrio de la balanza de pagos compatible con un tipo de cambio estable–, adecuado éste último al primero.

Si con la fórmula neoliberal el crecimiento dejó de ser un objetivo para el banco central, también sucedió 4”Una política monetaria expansiva derivaría en la salida de inversionistas de corto plazo y en la desestabilización del tipo de cambio y de los mercados financieros” lo mismo para la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, merced al imperativo neoliberal del equilibrio fiscal y el control inflacionario.

De Pedro Aspe a Videgaray se amputaron las piernas contracíclicas y promotoras del desarrollo (fiscal, planeación, etcétera) del Estado. Lo convirtieron deliberadamente en un minusválido.

Y los empresarios han sido inútiles para convertirse en la prótesis sustituta.

Por si fuera poco, esa política estabilizadora ha sido desestabilizadora. El control de la inflación ha sido acompañado y, por tanto, responsable del desequilibrio en otras variables claves de la economía: la sobrevaluación cambiaria –que depende del capital especulativo: baja el precio del dólar estadunidense cuando ingresa y se eleva cuando sale– que se suma a la destrucción del aparato productivo al abaratar las 4En México, el mercado de crédito está en función de los intereses de los grupos financieros importaciones que compiten deslealmente con la producción nacional (véase, por ejemplo, al sector agropecuario; las altas tasas de interés reales, la pérdida del poder de compra de los salarios; el desequilibrio comercial y de la cuenta corriente de la balanza de pagos).

Actualmente, el 25 por ciento de la oferta total depende de las importaciones, y sus precios, en lo que va del siglo, han sido altamente volátiles, gracias a los especuladores financieros (ver gráfica 3). Ante esa situación Carstens y Videgaray no sólo no hacen nada para enfrentarla. Para ser precisos, la agudizan.

Ante cada problema productivo o de abasto interno, profundizan la desgravación arancelara que agudiza el desastre. Es como si para controlar la inflación tuvieran que matar al paciente. Es la Doctrina del shock, como diría la economista canadiense Naomi 4”La política monetaria del banco central no es expansiva, sólo se ajusta a la evolución de la inflación” Klein.3 CONTRALÍNEA

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Rodolfo Angulo/Cuartoscuro

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La UACM tiene 13 años de vida, pero su orden normativo está inconcluso. Las pasadas administraciones han ignorado el mandato del Estatuto General Orgánico que instruye al Consejo Universitario, máximo órgano de gobierno, a elaborar el Estatuto del Personal Académico, el Estatuto del Estudiante Universitario, el Estatuto del Personal Administrativo, la Defensoría de los Derechos Universitarios y un catálogo de normas de convivencia.

La falta de estas legislaciones ha devenido en conflictos Flor Goche, @flor_contra

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l Estatuto General Orgánico de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) mandata al Consejo Universitario para que, a más tardar en 2 años a partir de la publicación de este ordenamiento, elabore el Estatuto del

Personal Académico, el Estatuto del Estudiante Universitario y el Estatuto del Personal Administrativo.

Han trascurrido más de 4 años desde la expedición del Estatuto General Orgánico y más de 13 desde que la UACM inició operaciones, pero la Universidad carece de este cuerpo normativo, elemental para el funcionamiento de cualquier institución de educación superior.

Derivado de este vacío, la joven institución ha sorteado problemas de diversa índole: laborales, organizativos y de derechos y obligaciones de los integrantes de la comunidad universitaria, refiere Javier Gutiérrez Marmolejo, secretario General del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (SUTUACM).

Por ello, el también profesor-investigador considera que uno de los principales retos de la gestión de Vicente Hugo Aboites Aguilar, CONTRALÍNEA

quien desde mayo pasado se desempeña como rector, es justamente la construcción normativa de la Universidad.

Explica que para subsanar esta carencia, la UACM ha emitido una serie de circulares y normas encaminadas a la resolución de situaciones específicas de los procedimientos cotidianos. No obstante, dice, esta legislación tiene una jerarquía menor.

Consultado respecto del porqué de la demora en la expedición de estos estatutos, el antropólogo de formación alude a una diversidad de causas. En primer lugar, responde a un problema de origen pues, a diferencia de otras universidades que nacen con reglas de operación preestablecidas, la UACM fue concebida al “cuarto para las 12” con apenas “los cimientos” mínimos de funcionamiento.

Ya durante sus primeros años, en la gestión de Manuel Pérez Rocha, la prioridad fue “el crecimiento la Universidad y no tanto el fortalecimiento de su vida orgánica”. Posteriormente, en el rectorado de Esther Orozco Orozco, la institución educativa libró un importante y prolongado conflicto que trajo consigo el “estancamiento” de diversos procesos académicos y administrativos.

Para el representante sindical, el hecho de que esta institución no cuente aún con los instrumentos específicos que regulen su vida académica y administrativa responde también a la inexperiencia de los trabajadores de la UACM, incluidos los dirigentes sindicales, en el diseño de este tipo de normativas.

—¿El Sindicato ha elaborado sus propias propuestas de estatutos? –se le pregunta.

—Nosotros vamos a revisar los estatutos una vez que se hagan públicos para evitar que se viole el Contrato Colectivo de Trabajo. Entendemos que es el Consejo Universitario el que los va a discutir y, en su caso, aprobar. Nosotros somos muy respetuosos del trabajo del máximo órgano de gobierno; sin embargo, en lo que nos toca, vamos a vigilar estos estatutos.

Cuauhtémoc Santos Jiménez, secretario técnico de la Comisión de Organización del CONTRALÍNEA

Tercer Consejo Universitario, constituido en octubre de 2012, confirma que es prioridad de la comunidad que representa –administrativos, técnicos y manuales– la reestructuración administrativa de la UACM. El consejero sustenta su dicho en los resultados del proceso de auscultación que fue realizada entre la comunidad universitaria previo a la elección del actual rector.

Al respecto, dice, el Congreso General Universitario –instancia en la que la comunidad discute y elabora propuestas relacionadas con la política y los planes generales de desarrollo de la Universidad– ha registrado avances. Destaca la Iniciativa de Adiciones y Reforma al Estatuto General Orgánico en materia de Estructura Académica y Administrativa de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, fechada el 9 de agosto de 2012. Ésta y otras propuestas encaminadas a la construcción del Estatuto del Personal Académico y del Estatuto del Personal Administrativo se encuentra en manos de la Comisión Temporal para la Organización del Congreso General Universitario y de la Comisión de Asuntos Legislativos, mismas que deberán presentarlas al pleno del Consejo Universitario, precisa Santos Jiménez.

Diseñar un manual de Aunque el máximo órgano de gobierno puestos, aprobar un de la UACM no ha fijado fecha para tal discusión, el trabajador administrativo connuevo tabulador, lograr fía en que la tercera legislatura, que llegará a la integración salarial, su fin en noviembre próximo, presentará avances en la materia. fortalecer la prima de De acuerdo con lo que establece el antigüedad, entre los Estatuto General Orgánico y la Ley de la pendientes UACM, el Estatuto del Personal Académico, el Estatuto del Personal Administrativo y el Estatuto del Estudiante Universitario definirían los derechos y obligaciones de la comunidad universitaria, y las consecuencias del incumplimiento de sus responsabilidades y de la violación a los principios de convivencia en paz y de trato respetuoso. El Estatuto del Personal Académico reglamentaría, además, los procedimientos de ingreso, permanencia y separación de los docentes, así como sus cambios de adscripción.

SUTUACM: cinco pendientes en materia laboral Diseñar un manual de puestos, aprobar un nuevo tabulador, lograr la integración salarial, otorgar mayor peso a la prima de antigüedad y fortalecer las comisiones mixtas son, a decir de Javier Gutiérrez Marmolejo, secretario General del SUTUACM, los principales pendientes de la Universidad en materia laboral.

Para el representante sindical resulta imprescindible que la nueva administración adopte una política laboral “muy responsable y a la altura de los retos del momento histórico que vivimos”.

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EDUCACIÓN en una detallada investigación, presentará propuestas de ambos instrumentos. El propósito de la representación sindical es concluir estos trabajos a más tardar en septiembre próximo para que el presupuesto de 2015 tome en consideración los gastos derivados de las nuevas reglas.

Legado de la “estructura burocrática” del Gobierno del Distrito Federal, la UACM no reporta al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) el salario total que perciben sus trabajadores, salvo los del nivel más bajo. Los efectos negativos de esta política se ven reflejados en el monto de las jubilaciones y prestaciones –calculado a

Rodolfo Angulo/Cuartoscuro

El integrante de la Academia de Promoción de la Salud de la UACM destaca la necesidad de crear un manual de puestos en el que se especifiquen las tareas que debe desempeñar cada trabajador. Y es que, dice, el no contar con este instrumento ha dificultado la elaboración de lineamientos para el ingreso, permanencia y promociones.

La siguiente tarea recae en la emisión de un nuevo tabulador, ya que el actual tiene “muchos problemas”, entre ellos: que tiene pocos niveles; que las diferencias salariales entre algunos niveles son bastante amplios; y, lo peor, que hay trabajadores que desempañan la misma función pero que perciben salarios distintos, hecho que ha provocado una serie de demandas ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje.

Con el objetivo de contar con un manual de puestos y un tabulador adecuados, el SUTUACM firmó un convenio con el Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical, quien, con base

4La “Instancia Universitaria” de la UACM que resolvió el despido del maestro Enrique González Ruiz es una figura inexistente en los estatutos de la Universidad

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Misael Valtierra Ruvalcaba/Cuartoscuro Juan Pablo Zamora/Cuartoscuro

partir del salario reportado y no del real– a las que tiene acceso el personal que labora en la UACM. Derivado de lo anterior, la integración salarial resulta prioritaria a los ojos del SUTUACM, que calcula una inversión de 35 millones de pesos para tal fin. “Nosotros pensamos que si construimos junto con la administración un plan para pagar estos 35 millones de pesos, que se incluyan en una partida especial del presupuesto y se dividan en 5 años, podemos lograrlo”, comenta Gutiérrez Marmolejo.

Respecto de la prima de antigüedad, el profesor universitario refiere que aunque ésta se encuentra normada en la Ley Federal del Trabajo, al interior de la UACM 4Esther Orozco, exrectora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México “todavía no tiene el peso suficiente”. Así, por ejemplo, no tiene ningún impacto salarial y no es un criterio “tan reconocido por la administración” en cuanto a los procesos de promoción.

Las comisiones mixtas, contempladas en el Capítulo X del Contrato Colectivo de Trabajo, son los órganos paritarios en los que los representantes de la Universidad y del Sindicato deciden sobre la materia laboral y verifican el cumplimiento de las disposiciones contractuales. No obstante su importancia, el personal que acompañó a Enrique Dussel en los puestos de confianza mostró “desdén” hacia dichas comisiones, según refiere el secretario general del sindicato de la UACM: nula seriedad para construir una agenda en común, incumplimiento de acuerdos, falta a las citas programadas, detalla.

Es así que el quinto pendiente en el ámbito laboral es, para la actual representación sindical, el fortalecimiento de este espacio de relación bilateral, lo que debe partir de la construcción de sus reglamentos.

UACM, sin normas para abordar los conflictos internos A finales de abril pasado, la UACM resolvió el despido de José Enrique González Ruiz, entonces académico de esta casa de estudios.

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4Privilegiar la

relación entre trabajadores y autoridades, uno de los pendientes de la UACM

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El excoordinador del posgrado de derechos humanos fue acusado de hostigamiento y acoso sexual y laboral por dos de sus colegas.

Aunque la resolución final recayó en la Junta Aclaratoria –contemplada en la Cláusula 28 del Contrato Colectivo de Trabajo– , el doctor en ciencias políticas fue procesado primero por la “Instancia Universitaria”, misma que ha intervenido en dos casos similares.

Se trata de una figura inexistente en la legislación universitaria, lo que le ha acarreado profundos cuestionamientos. González Ruiz y quienes se han inconformado con su despido señalan que se trata de un tribunal exprofeso impuesto de forma “arbitraria” y que el abogado general carece de facultades para crear una instancia de este tipo.

Federico Anaya Gallardo, encargado del Despacho del Abogado General, sostiene, en contraparte, que la creación de la Instancia Universitaria responde a la actitud “proactiva” y al “cuestionamiento ético” de la Universidad en el sentido de hacer algo más que acompañar a las presuntas víctimas a la “siguiente ventanilla”, que es el Ministerio Público.

En entrevista con Contralínea señala que “Aunque la Instancia aunque la Instancia Universitaria no está Universitaria no está contemplada en el orden normativo universitario, la institución está facultada y contemplada en el orden obligada por la Constitución Política de los normativo, la UACM Estados Unidos Mexicanos a investigar los hechos en materia de violencia, así como a está facultada y obligaevaluar las acciones y mecanismos de da a investigar los atención y protección pertinentes.

Aun así, Anaya Gallardo coincide en la hechos de violencia” necesidad de que la Universidad defina y norme sus propios procedimientos para el tratamiento y resolución de los conflictos entre sus miembros. Es el Consejo Universitario, dice, quien deberá sistematizar la experiencia para “dar, ahora sí, un proceso más reglado a lo que las leyes generales, como la Ley General de Víctimas y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, nos están diciendo”.

Al respecto, el Estatuto General Orgánico, expedido el 12 de febrero de 2010, instruye al Consejo Universitario a aprobar en un plazo no mayor de 6 meses a partir de la entrada en vigor de éste, la normatividad relativa a la conformación, atribuciones y funcionamiento de la Defensoría de los Derechos Universitarios que, como su nombre lo indica, estaría a cargo de la emisión y seguimiento de las recomendaciones relativas a la violación de los derechos universitarios.

Sin acotar un límite de tiempo, el mismo instrumento delega al Consejo Universitario la facultad de emitir un catálogo de normas de convivencia, cuya vigilancia recaería en la Comisión de Mediación y Conciliación del Consejo Universitario.

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Adolfo Valtierra/Cuartoscuro

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El mandato del Estatuto General Orgánico, sin embargo, no ha sido satisfecho.

Aunque la Universidad cuenta con una Comisión de Mediación y Conciliación al interior de su Consejo, no tiene una Defensoría de los Derechos Universitarios ni un catálogo de normas de convivencia. ¿Qué debe hacer la Universidad Autónoma de la Ciudad de México frente a los conflictos entre sus miembros? ¿Qué hace cuándo sus integrantes se agreden o violentan? ¿Cómo procede cuando alguno CONTRALÍNEA

4Aunque la de sus miembros interpone una denuncia ante las instancias universitarias? ¿Cuál es la concepción de justicia de la Universidad? ¿Deben existir tribunales internos?

Es un reto de la comunidad de la UACM, institución caracterizada por sus formas horizontales de gobierno, responder en colectivo a estas interrogantes.

Vicente Hugo Aboites Aguilar, rector de esta casa de estudios, da cuenta de la complejidad del debate. En entrevista con Contralínea, refiere que, por un lado, se CONTRALÍNEA

encuentran quienes consideran que la UACM debe fungir únicamente como protectora y no juzgadora y, así, limitarse a acompañar a las supuestas víctimas del delito a presentar su denuncia ante el Ministerio Público lo que, de facto, descartaría la posibilidad de justicia al interior de la Universidad.

Otra corriente de pensamiento, más cercana al mandato del Estatuto General Orgánico, apunta a la construcción de normas de convivencia, defensorías y/o comisiones de mediación, mismas que, inevitablemente, tenderían hacia la emisión de juicios.

Ambas posiciones se oponen, sin embargo, a la constitución de una figura punitiva, como es el Tribunal Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). En dicho

Universidad cuenta con una Comisión de Mediación y Conciliación al interior de su Consejo, no tiene una Defensoría de los Derechos Universitarios ni un catálogo de normas de convivencia

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Adolfo Vladimir/Cuartoscuro

tribunal las posibilidades de salir absuelto se reducen casi a cero, además de que se le acusa de castigar la disidencia y organización política (Contralínea 341).

Anaya Gallardo refiere los avances que la Universidad ha registrado en el tema. Comenta que en 2012, integrantes de la comunidad universitaria discutieron y elaboraron un borrador de normas de convivencia.

En el mismo año, la Comisión de Asuntos Legislativos del Consejo Universitario preparó una propuesta que contempla la construcción de una defensoría, de un área de investigación de quiebres a la norma universitaria y, en última instancia, cuando no es posible la coincidencia y el arreglo, de una especie de tribunal.

Más recientemente el Círculo de Estudios de Género del plantel San Lorenzo Tezonco ideó un protocolo de atención para dar acompañamiento y protección a las víctimas de violencia de género,

4La falta de normativas en la Universidad ha derivado en conflictos internos hostigamiento y acoso sexual, mismo que ya ha aplicado para algunos casos.

A través del acuerdo UACM/CU-3/EX-11/043/14, el pleno del Tercer Consejo Universitario expresó su más enérgico rechazo a todas las formas de violencia entre miembros de la comunidad universitaria. En el documento fechado el 26 de junio de 2014, se lee: “El Consejo Universitario entiende que construir una política general en la materia es una tarea ingente y que sólo se logrará paulatina y participativamente; no obstante deberá deliberar en lo inmediato en torno a cuál es la manera de avanzar para acercarse al objetivo de contar con una política general en la materia”.

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Cuauhtémoc Santos Jiménez, consejero administrativo, precisa que las comisiones de Asuntos Legislativos y de Mediación y Conciliación del Consejo Universitario trabajan en la elaboración de protocolos de prevención y actuación para casos de violencia.

¿Posible, fortalecer a la UACM? El mayor propósito de Hugo Aboites, rector para el periodo 2014-2018, es el fortalecimiento de la UACM. Para ello ha trazado una ruta que va desde la construcción de un plantel universitario en Milpa Alta hasta la conclusión de la normatividad faltante (Contralínea 392).

Javier Gutiérrez, secretario General del SUTUACM, se muestra optimista. Considera que a 16 meses de la destitución de Esther Orozco Orozco –quien fue revocada de su cargo de rectora por violar la legislación universitaria y los acuerdo del Consejo Universitario–, la comunidad está a la altura del reto que implica fortalecer y consolidar el proyecto UACM, y la llegada a la Rectoría universitaria de un personaje “atípico en el escenario nacional: un defensor del proyecto de educación pública ante el embate neoliberal”.

—¿Cómo percibió el recibimiento del nuevo rector? ¿Hay voces disidentes a su gestión? –se le pregunta.

—Considero que la expectativa, más que a la figura del propio rector, es al equipo de trabajo, porque lo que sucedió durante el rectorado de Enrique Dussel fue una aceptación amplia y, después, algunas decepciones en cuanto a su equipo de trabajo.

“Hoy en día hay académicos, administrativos y estudiantes que ven con escepticismo a Hugo Aboites no tanto por él, pues coincide mucho con el proyecto UACM, sino por la incertidumbre de quién será su equipo de trabajo.”

Desde que asumió el cargo de rector, Hugo Aboites ha realizado tres nombramientos: Micaela Rosalinda Cruz Monje, coordinadora Académica; Eduardo Alva Quintero, coordinador de Planeación; y CONTRALÍNEA

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humanos, es la siguiente: que aunque la trayectoria de Hugo Aboites es incuestionable, lo mismo que su plan de trabajo, él llega a la UACM solo, es decir, “los grupos que ostentan el poder y la toma de decisiones en la Universidad no cambian”.

Frente a este contexto, puntualiza la joven, la posibilidad de fortalecer y consolidar el proyecto UACM es aún incierta. Incierto también que Hugo Aboites pueda consumar “el proyecto educativo del que siempre ha hablado”: crítico, humanista, popular, gratuito…

Para la también integrante de la Asamblea de Estudiantes del Posgrado de Derechos Humanos –misma que se ha movilizado por la reinstalación del profesor José Enrique González Ruiz– es un hecho que durante la gestión de Enrique Dussel se detuvieron muchos procesos, como la construcción normativa, la apertura de la carrera de derecho y del doctorado en derechos humanos. Éste sería otro de los riesgos de conservar al equipo de trabajo que Juan Pablo Zamora/Cuartoscuro

Maribel Albíter Escobar, coordinadora de Certificación. Refiere que aún están pendientes tres o cuatro más, entre ellos los encargados de Espacio Estudiantil y de la Coordinación de Servicios Administrativos.

Aboites comenta que, aunque podría hacer alrededor de 50 nuevas designaciones (a excepción del abogado, del contralor y del coordinador de Comunicación, cuyo nombramiento corresponde al Consejo Universitario), todo lo que ha funcionado lo va a dejar intacto, porque “no tumbar a todo el mundo es parte del proceso de estabilidad y fortalecimiento”.

A decir de Ramón Islas Hernández – consejero que se abstuvo de voto durante la sesión de Consejo Universitario que eligió al nuevo rector por considerar que los profesores, bajo el discurso de que “Aboites era el que traía el presupuesto”, conminaron a sus alumnos a votar por él–, la UACM tiene un “serio problema con los externos” pues aunque “vengan con muy buena intención”, como fue el caso de Enrique Dussel, “terminan siendo devorados por los grupos internos”.

El estudiante de posgrado celebra el compromiso y las ganas de trabajar de Hugo Aboites, pero le advierte que hay grupos enquistados en la Universidad, en puestos clave, que pretenden desmantelar el proyecto además de obtener beneficios particulares como cotos de poder.

Por eso, le sugiere cambiar a todas las personas que ostentan puestos directivos si lo que quiere es fortalecer a la institución.

De lo contario, dice, los grupos existentes no le dejarán hacer. “Nosotros, en el Consejo Universitario, consensamos acuerdos que, sin embargo, se pierden en la manera en que bajan, en cómo y quiénes los operan”, comenta.

Islas Hernández considera que, aunque la UACM es fuerte (su comunidad es consciente, crítica y protectora del proyecto), está siendo alcanzada por problemáticas sociales como la corrupción y las prácticas de poder.

La preocupación de Azalea Marrufo Díaz, estudiante de la maestría en derechos

4Respetar y robusteacompañó al rector saliente.

Marrufo Díaz, pide a Hugo Aboites tener mucha claridad respecto de cómo operan las personas que fungen en puestos de poder. Asimismo, le solicita pugnar por la construcción de una legislación que transparente las acciones de todas las personas con cargos directivos: que rindan cuentas ante el rector, ante el Consejo Universitario y ante la comunidad.

De acuerdo con Cuauhtémoc Santos, secretario técnico de la Comisión de Organización del Tercer Consejo Universitario, el fortalecimiento institucional sólo será posible con planeación y gestión, por lo que el “Plan de Desarrollo Institucional es prioritario” para poder alcanzar este objetivo.3

cer los derechos laborales, solicita el sindicato de la UACM a la nueva administración

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Trabajo infantil MILLONES DE NIÑOS SIN FUTURO En el mundo, más de 168 millones de niños trabajan; de ellos, 85 millones realizan actividades peligrosas. La explotación infantil cancela el futuro de los menores: entorpece su proceso educativo y perjudica su salud y desarrollo integral. En América Latina, el número de infantes que laboran supera los 13 millones Masiel Fernández Bolaños/Prensa Latina/fotografías: Elizabeth Ruiz/Cuartoscuro 52

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a existencia de 168 millones de niños que trabajan en el orbe evidencia la insuficiencia de las medidas ejecutadas para evitar un fenómeno tan sensible para la sociedad.

“No hay secreto alguno sobre lo que es necesario hacer”, declaró el director general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Guy Ryder, en ocasión del Día Mundial contra el Trabajo Infantil.

La protección social, junto a la educación formal de calidad, universal y obligatoria –al menos hasta la edad mínima de admisión al trabajo–, conforman la respuesta adecuada para combatir dicho flagelo, afirmó.

Ryder advirtió que contribuyen a eliminar ese mal social un empleo decente para los adultos y los jóvenes en edad laboral, una legislación eficaz y un diálogo social consolidado.

Precisó que los programas de protección social bien concebidos, que respondan a las necesidades de los niños, pueden tener un impacto real en la lucha para erradicar el trabajo infantil.

Según las últimas estimaciones mundiales de la OIT, el número total de niños trabajadores descendió de 215 millones a 168 millones entre 2008 y 2012, por lo que la comunidad mundial debe analizar las causas que lo originan de manera más eficaz para sostener una línea descendente hasta su desaparición total.

Las cifras indican que a pesar de la tendencia a la baja del trabajo infantil aún del número total, 85 millones de infantes son empleados en puestos peligrosos.

La región de Asia y el Pacífico continúa registrando el número más alto de niños (casi 78 millones, el 9.3 por ciento de la población infantil), pero el África subsahariana es de las de más alta incidencia con 59 millones, superior al 21 por ciento.

En América Latina y el Caribe existen 13 millones de menores en situación de trabajadores, mientras que en Oriente Medio y África del Norte registran 9.2 millones.

La agricultura continúa siendo el sector con el mayor número en situación de trabajo infantil, pero la cifra en los servicios y la industria no es insignificante, mientras que la mayoría se encuentra principalmente en la economía informal.

progresos se están acelerando. Entre 2008 y 2012 su número pasó de 215 a 168 millones.

Sin embargo, numerosos especialistas alertan sobre la morosidad en el accionar al tratarse de un tema tan sensible para la sociedad.

Las inversiones insuficientes a favor de los menores comprometen sus derechos y su futuro, incluyendo el derecho a ser protegidos contra este tipo de trabajo.

Los gobiernos destinan en promedio 0.4 por ciento del producto interno bruto en prestaciones familiares y para los hijos, la cifra varía entre 2.2 por ciento en los países de Europa occidental y 0.2 por ciento en África y en la región de Asia y el Pacífico.

Datos que aún alarman De los 168 millones de niños que laboran en el mundo, 4En América Latina y el Caribe existen 13 millones de menores en 85 millones realizan actividades peligrosas. situación de trabajadores A partir de 2000, el trabajo infantil se redujo y los CONTRALÍNEA

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LÍNEA GLOBAL Estudios de la OIT remarcan que las prestaciones en efectivo y en especie para las familias con niños, sobre todo cuando están asociadas a un acceso a los servicios de salud y educación, pueden ser decisivas para combatir el trabajo infantil.

Estos programas de transferencia en efectivo para los niños y las familias han sido ejecutados ampliamente en América Latina, pero también existen en otras regiones del mundo.

Los ejemplos incluyen el Programa Bolsa Familia de Brasil, el programa de prestaciones familiares de Mongolia y el Subsidio de apoyo a la infancia de Sudáfrica.

Importancia de la protección social La protección social es un derecho humano y está sólidamente justificada desde el punto de vista económico y social, a juicio de expertos.

Permite el acceso a la educación, la salud y la nutrición, y desempeña un papel fundamental en la lucha contra el trabajo infantil.

Según la OIT, la mejor manera de eliminar ese fenómeno es volverlo innecesario para la protección de las familias. Se trata de brindarles a éstas protección social, económica y política, con el fin de que no necesiten recurrir a sus niños para asegurar su supervivencia.

Por ello, este año centró la atención pública en el papel de la protección social para mantener a los niños alejados del trabajo infantil o retirarlos de éste. 4”Las prestaciones en efectivo y en especie para las familias con niños pueden ser decisivas para combatir el trabajo infantil” En tal sentido, exhortó al establecimiento de medidas que permitan introducirla, mejorarla y ampliarla y de sistemas que tengan en cuenta las necesidades de los debido a los gastos en la sanidad. En la actualidad, niños y ayuden a luchar contra el trabajo infantil. alrededor del 40 por ciento del total del gasto en Las pensiones, las prestaciones por desempleo, salud está a cargo del enfermo. maternidad, discapacidad y accidentes en el trabajo contribuyen a prevenir las situaciones en que los Vida limitada pequeños tienen que laborar para complementar los ingresos insuficientes o inseguros de la familia.

El Fondo de la Organización de las Naciones Unidas Empero queda mucho por hacer, ya que, mun- para la Infancia define el trabajo infantil como “toda dialmente, apenas el 12 por ciento de los trabajado- actividad laboral, remunerada o no, realizada por los res desocupados recibe prestaciones por desempleo, niños y niñas menores de 15 años, que entorpezca su sólo 28 por ciento de las mujeres empleadas están proceso educativo o afecte su salud y desarrollo inteprotegidas por las prestaciones por maternidad y ape- gral”. nas 52 por ciento de las personas en edad de jubilaEn ese caso corresponde a alguna de las tres cateción reciben una pensión. gorías siguientes: La cobertura de la salud, que garantiza el acceso a Un trabajo realizado por un niño o niña que no la asistencia médica, permite mejorarla y además alcance la edad mínima especificada para una deterprotege los hogares del riesgo de caer en la pobreza minada labor y que, por consiguiente, impida proba54

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Unicef define el trabajo infantil como “toda actividad laboral, remunerada o no, realizada por los niños y niñas menores de 15 años, que entorpezca su proceso educativo o afecte su salud y desarrollo integral”

blemente la educación y el pleno desarrollo de estos menores.

Una faena que se denomina peligrosa porque, ya sea por su naturaleza o por las condiciones en que se realiza, pone en peligro el bienestar físico, mental o moral de adolescentes o niños y niñas, que están por debajo de la edad mínima para trabajar.

Cualquiera de las incuestionablemente peores formas de trabajo infantil, que internacionalmente se definen como esclavitud, trata de personas, servidumbre por deudas y otras formas de trabajo forzoso, como el reclutamiento de niños para utilizarlos en

conflictos armados, explotación sexual comercial, pornografía y actividades ilícitas.

Los menores que viven en los hogares más pobres y en zonas rurales tienen más probabilidades de ser víctimas de dicho mal. Por lo general, la variante doméstica recae en su mayor parte en las niñas.

Millones de ellas están expuestas a la explotación y al maltrato.

El trabajo suele interferir sobre todo con la educación de los pequeños. De ahí la necesidad de velar porque todos vayan a la escuela y reciban una educación de calidad.3

4Una de las repercusiones más graves del trabajo a edad temprana es que éste suele interferir con la educación de los infantes. De ahí la necesidad de velar porque todos los niños y las niñas vayan a la escuela y reciban una educación de calidad

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La pobreza en que vive la población rural en los países insulares del Pacífico provoca una migración masiva hacia las ciudades. Lejos de representar una solución, se profundiza la desigualdad y la miseria

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a rápida migración del campo a las ciudades por la falta de servicios públicos y de empleo en las zonas rurales genera un profundo cambio social en los países insulares del Pacífico, que se caracterizan por una fuerte población agraria.

Para peor, los problemas de vivienda en las ciudades 4Vanuatu tiene una frustran los anhelos de quienes abandonan el campo en población de 247 busca de una vida mejor, pues terminan viviendo en mil 262 personas asentamientos irregulares en rápida expansión.

En Vanuatu, con una población de 247 mil 262 personas, la población urbana crece a un ritmo de 4 por ciento, lo que coloca a este país en segundo lugar en este punto en la región, después de Islas Salomón.

A las afueras de esta capital, con 44 mil habitantes, se encuentra Freswota, un suburbio con seis divisiones administradas identificadas por números del 1 al 6 y donde viven 8 mil personas.

El jefe Maki Massing, originario de la occidental isla de Ambryn, en las provincias norteñas de este país insular, es viudo y tiene seis hijos, con quienes vive en Freswota 4 desde hace 30 años.

Cuando termina el día, la luz de las bombillas colgadas en el jardín alumbra la casa que construyó con cemento y chapas de hierro corrugado. Coloridas cortinas de tela visten las aberturas. Al caer la noche, el bullicio inunda la calle mientras Massing explica a Inter Press Service (IPS) por qué abandonó el poblado de Lalinda.

“Mis hijos vinieron a estudiar a Port Vila”, relata.

“Como mis ingresos del cultivo de copra no eran muy 4La población urbana de la isla crece a un ritmo de 4 por ciento buenos, me vine a buscar trabajo para poder pagar la escuela”, añade.

Massing tuvo suerte de encontrar un empleo en el El costo promedio de una vivienda básica decente sector formal. Tras trabajar 15 años en un banco, se fue ronda entre los 31 mil 600 y los 52 mil 700 dólares, un al Ministerio de Salud, donde permanece desde 1992. monto excesivo para muchas personas que cobran el Las circunstancias particulares de la mayoría de la salario mínimo de unos 316 dólares. La Corporación población de Freswota varían entre quienes tienen un Nacional de Vivienda, que carece de fondos, vende empleo permanente, los que laboran en el sector informal terrenos sin edificar en Freswota 3. (venta de frutas y verduras en el mercado) o aquellos que El Programa de las Naciones Unidas para el Deestán desempleados. Pero hay algo que todos tienen en sarrollo señaló que 16.8 por ciento de los servidores común: los bajos salarios y las malas condiciones de vida. públicos y 17.1 de los empleados del sector privado en Frank William, del Consejo de la Municipalidad de Port Vila viven en la pobreza.

Port Vila, dice a IPS que la tierra de la capital todavía no “Es muy caro para mí porque también tengo que se ha dividido en función de sus usos específicos, co- pagar agua, electricidad, transporte y escuela”, precisa mo residencial y comercial, lo que ha complicado la pla- Massing. Aun siendo funcionario, se ve obligado a rennificación urbana. “Hay vivienda pública para las tar dos habitaciones pequeñas de su casa para obtener personas que llegan a trabajar, pero la gente de bajos algún ingreso extra. ingresos no puede costearla”, explica.

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4El costo promedio de una vivienda básica ronda entre los 31 mil y los 52 mil dólares, un monto excesivo para la mayoría

migración del campo a la ciudad supera el crecimiento de la oferta laboral, la disponibilidad de tierras y la capacidad del Estado de aumentar las viviendas y ampliar los servicios públicos.

Treinta y cinco por ciento de la población de esta región, con 10 millones de personas, viven en pueblos y ciudades. En Vanuatu, 25 por ciento de los habitantes son residentes urbanos y se pronostica que en 2030 llegarán a ser 38 por ciento.

La falta de vivienda decente empeora la pobreza urbana. En las islas del Pacífico, 25 por ciento de los residentes de áreas metropolitanas viven en asentamientos irregulares. En Port Vila, un tercio de los niños y las niñas es pobre, 20 por ciento más que el promedio nacional, según el Foro de las Islas del Pacífico (PIF, por su sigla en inglés).

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Leias Cullwick, directora ejecutiva del Consejo Nacional de Mujeres de Vanuatu, arguye que el bajo salario mínimo y el alto costo de vida de esta ciudad dejan a las familias en graves dificultades.

“Ochenta por ciento de los residentes urbanos no pueden pagarse ni siquiera una comida decente al día.

En los hospitales, 70 por ciento de las mujeres que paren no puede costearse suficientes alimentos sanos, por lo que sus bebés quedarán malnutridos”, remarca.

La población también padece la falta de servicios básicos. Massing se queja de que en Freswota 4 se necesita con urgencia agua, electricidad y caminos.

“Los primeros 5 años que estuve aquí tenía que ir a buscar agua al río todas las tardes para lavar y para necesidades de la casa”, relata.

Los líderes tradicionales como Massing toman iniciativas para atender problemas de desarrollo y sociales en los asentamientos urbanos.

“Hablé con las autoridades y pusieron agua y electricidad en esta zona”, prosigue.

Si bien comprende los deseos que impulsan a la gente a emigrar del campo a Port Vila, él no cree que la ciudad sea la mejor opción para todo el mundo.

“Reúno a todo el mundo y les digo que para quedarse aquí tienen que tener empleo. Si no encuentran, deben regresar a su isla porque Port Vila es una ciudad muy cara”, explica Massing, quien subraya la necesidad de evitar la miseria y la delincuencia.

Según el PIF, las instituciones estatales deben tomar medidas para mejorar la planificación y reformar el mercado de viviendas para beneficiar a los más necesitados.

A muchos residentes de Port Vila, incluidos Massing y Cullwick, les preocupa el uso indebido de los fondos destinados a mejorar los servicios y la infraestructura. La Comisión de Corrupción de Vanuatu, creada en 2013, tiene el cometido de atender la mala gestión administrativa y política.

Cullwick sostiene que las viviendas tradicionales se pueden utilizar para atender las necesidades de las poblaciones marginadas en las ciudades. Según ella, si se adaptan las construcciones y se usan los materiales que abundan, como paja y bambú, se podría reducir el costo de construir una casa sana y segura.

Mientras, Vanuatu se unió al Programa Participativo de Mejora de Asentamientos ONU Hábitat –de la Organización de las Naciones Unidas–, que se propone mejorar las condiciones de vida y avanzar hacia el cumplimiento del séptimo de los Objetivos de Desarrollo del Milenio: mejorar “considerablemente, en 2020, la vida de al menos 100 millones de habitantes de barrios marginales”.3 14 DE JULIO DE 2014

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LA OTAN SE EXPANDE a Ucrania, Georgia y Moldavia

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Los acuerdos de asociación de Ucrania, Georgia y Moldavia con la Unión Europea lejos están de reflejar la vinculación cultural de esos tres países con la cultura europea. Lo que sí es seguro es que esas naciones han sido absorbidas por la esfera de influencia estadunidense. No sólo se trata de tres Estados que en el plano económico no están a la altura de los demás miembros de la Unión Europea, sino que ni siquiera se trata de una asociación provechosa. Los verdaderos ganadores son la OTAN y las trasnacionales estadunidenses

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Manlio Dinucci/Tommaso di Francesco/Red Voltaire/Il Manifesto

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s importante que esté muy claro hacia dónde quiere ir la Unión Europea, ha subrayado el primer ministro de Italia, Matteo Renzi. Pero hacer ese tipo de declaración es como tratar de forzar una puerta abierta, porque la dirección a seguir ya está decidida, pero no en Bruselas sino en Washington. Los acuerdos de asociación y de libre comercio que Ucrania, Georgia y Moldavia acaban de firmar con la Unión Europea no sólo tienen implicaciones económicas, sino también políticas y estratégicas.

La abolición de los derechos de aduana y otras medidas de “libe-

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ralización” previstas en los acuerdos, pondrán las economías de esos tres países –sobre todo la ucraniana, que es con mucho la más importante– en manos de las trasnacionales, pero no sólo de las trasnacionales europeas, sino de las estadunidenses.

Ucrania cederá el 49 por ciento de la propiedad de los gasoductos y depósitos subterráneos de gas a varias compañías estadunidenses –fundamentalmente a ExxonMobil y Chevron– y europeas, que de hecho ejercerán así el pleno control.

Al mismo tiempo, la prevista “modernización” de la agricultura ucraniana permitirá, sobre todo a las compañías Cargill y Monsanto –que ya habían logrado implantarse en ese país– apoderarse de lo que antiguamente se conocía, debido a la fertilidad de sus tierras, como “el granero” de la entonces Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS). Y se trata de un sector de primera importancia. La agricultura ucraniana, cuya producción aumentó en valor en un 14 por ciento en 2013, representa un 10 por ciento del producto interno bruto (PIB) y un 25 por ciento de las exportaciones.

El control de la red de gasoductos y de la agricultura ucraniana proporcionará, sobre todo a Estados Unidos y Alemania, un poderoso instrumento de presión sobre Rusia. Esta última depende en gran parte de los corredores energéticos ucranianos para exportar su gas hacia la Unión Europea, y absorbe más de una cuarta parte de las exportaciones ucranianas, sobre todo en el sector agrícola.

El instrumento económico está en correspondencia con la estrategia anunciada por el Grupo de los Siete (G7) que, reunido en Bruselas, Bélgica, justo antes del Consejo Europeo, hizo suya la línea de Washington. Después de anunciar un programa del Fondo Monetario Internacional ascendente a 17 mil millones de dólares para Ucrania, más otras 18 inversiones que harán los siete para apoderarse de la economía ucraniana en su totalidad, el G7 “condena a la Federación Rusa por su continua violación de la soberanía de Ucrania”. FórCONTRALÍNEA

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4De los 28 países miembros de la Unión Europea, 23 son integrantes de la Organización del Atlántico Norte

mula que el Consejo Europeo hizo suya el pasado23 de junio.

Todo lo anterior aplana el camino a la ulterior extensión de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) sobre territorios de lo que fue la URSS. No hay que olvidar que Ucrania, Georgia y Moldavia fueron repúblicas soviéticas y que la agresión del Ejército georgiano contra Osetia del Sur, en 2008, seguramente era parte de la estrategia de Estados Unidos y la OTAN. Tampoco hay que olvidar que 23 de los 28 países miembros de la Unión Europea son al mismo tiempo miembros de la OTAN. Así que las decisiones tomadas en la alianza atlántica, bajo la indiscutida dirección de Estados Unidos, determinan las intenciones de la Unión Europea.

En esa situación, el papel de Italia es el de la cazuela de barro (que no puede chocar con la de bronce porque se rompe). Por un lado porque la asociación de Ucrania con el área europea de libre comercio permitirá a las trasnacionales estadunidenses y europeas controlar –y en eso reside la paradoja del “liberalismo”–, a través de la introducción de los productos ucranianos, el mercado agrícola italiano, que ya está enfrentando graves dificultades de orden económico y social. Y eso va a suceder mientras que, de hecho, Estados Unidos practica un riguroso proteccionismo nacional a favor de su propia producción agrícola.

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4A través de acuerdos internacionales, la OTAN busca extenderse sobre territorios de la antigua URSS

Pero lo más interesante es la cuestión de las fuentes energéticas.

Basta con recordar que, bajo la presión de Estados Unidos, Bulgaria bloqueó desde hace unas semanas la construcción del gasoducto South Stream, el pipeline estratégico que debía transportar el gas ruso hacia Europa sin pasar por Ucrania. Esta maniobra estadunidense –respaldada por el presidente de la Comisión Europea– pone a Italia en peligro de perder contratos por valor de miles de millones de euros, entre ellos el contrato de 2 mil millones que la Saipen (una empresa de la Ente Nazionale Idrocarburi, la principal compañía petrolera de Italia) acababa de obtener.

Varias voces –desmentidas por el gobierno italiano– afirman insistentemente en la prensa internacional que Italia quiere “congelar” el proyecto, nacido de un acuerGazprom y OMV firmaron do ítalo-ruso firmado en 2007 por el un contrato que prevé la entonces ministro italiano de Desarrollo extensión de un gasoducEconómico Pier Luigi Bersani. Según ese proyecto, la terminal del South Stream to hasta Austria, país que debía construirse en Tarvisio, en la provinsustituiría a Italia cia italiana de Udine, que funcionaría como un verdadero nodo de la distribución de gas hacia otros países. Pero ahora el consorcio ruso Gazprom y la compañía austriaca OMV han firmado un contrato que prevé la extensión del gasoducto hasta Austria, país que podría sustituir a Italia como nodo de la distribución del gas.

En ese contexto, sería bueno que el primer ministro italiano, Matteo Renzi –quien tanto pide que se aclare hacia dónde quiere ir la Unión Europea– comenzara por aclarar él mismo hacia dónde quiere ir Italia. En otras palabras, Renzi tendría que aclarar si Italia va a seguir o no a remolque la estrategia de Estados UnidosOTAN, que está arrastrando a Europa hacia otra peligrosa y costosa confrontación Oeste-Este.3 14 DE JULIO DE 2014

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Economistas: del nacionalismo al neoliberalismo Álvaro Cepeda Neri*

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I.

El neoliberalismo económico o radicalización del liberalismo en las políticas públicas se inició cuando, en el periodo 1976-1982, el segundo secretario de Hacienda y Crédito Público David Ibarra Muñoz “empleó a un equipo cada vez mayor de jóvenes tecnócratas, entre los cuales se encontraba Pedro Carlos Aspe Armella, [quien] graduado del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) [y con su licenciatura en economía], había obtenido el doctorado en 1978 en el Instituto Tecnológico de Massachusetts”, apunta Sarah Babb, autora del libro Proyecto: México. Los economistas del nacionalismo al neoliberalismo . Aspe era el caballo de Troya del neoliberalismo en el sexenio de José López Portillo (1977-1982) y finalmente fue designado secretario de Hacienda y Crédito Público por Carlos Salinas (1988-1994), con lo que se consumó la transición del arsenal de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) al ITAM, institución de la que fue alumno, profesor y director de la maestría. La culminación de la etapa del primer neoliberalismo económico fue la designación de Francisco Gil Díaz “a la cabeza de la Secretaría de Hacienda, el mismo Chicago Boy que contribuyó a la revisión del programa del ITAM en la década de 1970 para la promoción de las reformas liberalizadoras de la década de 1980”, desde la subsecretaría de Hacienda con Jaime Serra Puche y Guillermo Ortiz Martínez en el sexenio de Ernesto Zedillo.

II. Aspe y Díaz introdujeron el neoliberalismo económico alentados por Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón hasta tener ahora a Luis Videgaray como nuevo gestor que, con las reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para privatizar Petróleos Mexicanos, cierra el férreo círculo de economistas “formados en Harvard, Yale, Instituto Tecnológico de Massachusetts y la Universidad de Chicago”. Ese neoliberalismo económico implica desempleo, mayor pobreza y el libre mercado mexicano engullido por la globalización del capitalismo financiero.

Aparecido en 2003, el texto de Sarah Babb no ha sido reeditado por el Fondo de Cultura Económica, cuyos directores obedecen instrucciones del neoliberalismo económico y de Hacienda a través de la Secretaría de Educación (cada vez menos Pública y más privada). Traducido por Ofelia Arruti, sus ocho capítulos son un recorrido de cómo transitó “la ciencia económica del nacionalismo al neoliberalismo para atender los intereses de los inversionistas [e] instituciones financieras internacionales”.

III. Esta investigadora llegó a nuestro país “en la época que Salinas daba los últimos retoques a un paquete de reformas políticas radicales [que] incluían la privatización de empresas pertenecientes al Estado y el ingreso de México al Tratado de Libre Comercio de América del Norte”. Apoya su texto en amplia bibliografía, entrevistas,

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un índice analítico, dos apéndices sobre tesis de economía de la UNAM y del ITAM, y un estudio de la base de datos de alumnos del ITAM. “Cuenta cómo se estructuró la experiencia económica de México a lo largo del Siglo XX [...]. Durante un periodo que se inició en la década de 1930, la profesión mexicana de los economistas evolucionó de la disciplina nacionalista e izquierdista hasta convertirse en un bastión de modelos neoclásicos al estilo estadunidense y de los tecnócratas que promueven el libre mercado”. Trata del asalto de Pedro Aspe –asesor de Videgaray– que sigue tratando de imponerse en una crisis de oposición política nacionalista.3

Ficha bibliográfica: Autora: Sarah Babb Título: Proyecto: México. Los economistas del nacionalismo al neoliberalismo Editorial: Fondo de Cultura Económica *Periodista CONTRALÍNEA

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PASO A DESNIVEL

Fronteras

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Miguel Galindo

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ISSN: 1665-1626 REVISTA SEMANAL