Contralinea 367

ISSN: 1665-1626 R E V I S TA S E M A N A L

CONTRALÍNEA

1 DE JULIO DE 2013

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ÍNDICE PORTADA/DERECHOS HUMANOS, LA GRAN DEUDA DEL GOBIERNO FEDERAL Nancy Flores

DIRECTOR MIGUEL BADILLO oficiodepapel@yahoo.com.mx SUBDIRECTOR JOSÉ RÉYEZ jreyez@contralinea.com.mx ASESOR JURÍDICO

PEDRO RODRÍGUEZ

SOCIEDAD/LA CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA SOCIAL

COORDINADORA DE EDICIÓN NANCY FLORES nancy@contralinea.com.mx COEDITORA WEB ÉRIKA RAMÍREZ erika@contralinea.com.mx COORDINADOR DE ECONOMÍA MARCOS CHÁVEZ marcos@contralinea.com.mx COORDINADOR WEB GONZALO MONTERROSA gonzalo@contralinea.com.mx COORDINADORA DE PUBLICIDAD JANETT ALBA janett@contralinea.com.mx COORDINADOR DE DISEÑO MIGUEL MINERO mimiga@contralinea.com.mx COORDINADOR DE PRODUCCIÓN LUIS KUAN produccion@contralinea.com.mx

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Marcos Chávez M

COORDINADOR DE INFORMACIÓN ZÓSIMO CAMACHO zosimo@contralinea.com.mx

LÍNEA GLOBAL/CRISIS DEL CAPITALISMO: DESEMPLEO EN TODO EL ORBE Masiel Fernández Bolaños/Prensa Latina

LÍNEA GLOBAL/ENFERMOS MENTALES MUEREN A MANOS DE LA POLICÍA EN ESTADOS UNIDOS Judith Scherr/IPS

LÍNEA GLOBAL/LA ABDICACIÓN DE IRÁN Thierry Meyssan/Red Voltaire

REPORTEROS FLOR GOCHE flor@contralinea.com.mx ELVA MENDOZA elva@contralinea.com.mx ROGELIO VELÁZQUEZ rogelio@contralinea.com.mx DEFENSOR DEL PERIODISTA ÁLVARO CEPEDA NERI cepedaneri@prodigy.net.mx DEFENSOR DEL LECTOR JORGE MELÉNDEZ PRECIADO jamelendez@prodigy.net.mx EDITORIALISTAS FABIO BARBOSA fabiobarbosacano@gmail.com MIGUEL CONCHA MALO educacion@derechoshumanos.org.mx MARTÍN ESPARZA garrasleo6@yahoo.com.mx EDGAR GONZÁLEZ RUIZ edgargr@prodigy.net.mx PABLO MOCTEZUMA BARRAGÁN pablomoctezuma@hotmail.com JORGE LUIS SIERRA jlsierra@hotmail.com CORRESPONSALÍAS BAJA CALIFORNIA LORENA ROSAS COAHUILA ROSA ESTHER BELTRÁN HUASTECA SALOMÓN HERNÁNDEZ LEÓN GUERRERO JUAN CARLOS GONZÁLEZ TAMAULIPAS HUGO JIMÉNEZ DISEÑADOR INFOGRAFISTA ASISTENTE WEB CORRECTOR

LUCIO SÁNCHEZ CECILIA MARTÍNEZ ARMANDO COVARRUBIAS OCTAVIO SALAS

ILUSTRADORES LEÓN BRAOJOS/CAJA NEGRA X cajanegra.x@gmail.com MIGUEL GALINDO/CAJA NEGRA X gonzomandela@gmail.com CARTONISTAS DAVID MANRIQUE manrique@contralinea.com.mx GERMÁN AVILÉS aviles.german@gmail.com PÁGINA DE INTERNET

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CONTRALUZ/INVIDENTES EN LA CIUDAD DEL CAOS Sergio Ortiz

CARTÓN

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OPINIÓN

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“REFORMA INNOVADORA”

Nández

DEFENSOR DEL PERIODISTA

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José de Jesús Palacios Serrato

20 AÑOS DEL PERIÓDICO REFORMA Y LA AUSENCIA DE GRANADOS CHAPA 10

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BLANQUEO CONSENTIDO

Álvaro Cepeda Neri

CARTÓN

Marta González Borraz/CCS

SEGURIDAD A COSTA DE LA LIBERTAD Y LA JUSTICIA

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LA ABUNDANCIA

POR UN MANUAL DE HERRAMIENTAS JURÍDICAS PARA LA DEFENSA DE LOS DESCA

Manrique

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José Carlos García Fajardo/CCS

OPINIÓN ARQUEOLOGÍA SUBACUÁTICA EN MÉXICO: BALANCE Y PERSPECTIVAS

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Javier Fernández Díaz/CCS

Roberto E Galindo Domínguez

OPINIÓN 2013, EL AÑO DE LA GRAN TRAICIÓN A LA PATRIA

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CULTIVAR ESPERANZA

EX LIBRIS MAQUIAVELO ES MUCHO MÁS QUE EL PRÍNCIPE

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66 Álvaro Cepeda Neri

Pablo Moctezuma Barragán Ilustración de portada: Cecilia Martínez

CONTRALÍNEA. PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN –año 12, número 367, del 6 al 12 de enero de 2014– es una publicación semanal editada por Editorial Libertad y Expresión, SA de CV; Avenida Río Churubusco 590, col. Del Carmen, delegación Coyoacán, CP 04100, México, DF; teléfonos: 55 54 91 93 y 55 54 91 94; www.contralinea.com.mx, info@contralinea.com.mx. Editor responsable: Agustín Miguel Badillo Cruz. Número de reserva al título de derecho de autor: 04-2001-1206164804 00-102. Número de certificado de licitud de título: 12264, y de contenido: 8918. ISSN: 1665-1626. Impresa por Editorial Libertad y Expresión, SA de CV; Bolívar 238, col. Obrera, delegación Cuauhtémoc, teléfono 57 61 34 94; este número se terminó de imprimir el 3 de enero de 2014. Distribuida por Distribuidora de Impresos, S de RL de CV, Avenida Mariano Escobedo 218, col. Anáhuac, CP 11320, México, DF, teléfono 52 62 94 00; y la Unión de Voceadores de México, despacho de Gloria Santillán, Ignacio Mariscal 44, col. Tabacalera, CP 06030, México, DF, teléfono 55 92 08 91.

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CARTÓN

“Reforma innovadora”

CONTRALÍNEA

Nández

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Escríbenos a info@contralinea.com.mx www.contralinea.com.mx

Exigen cese de hostigamiento contra periodista de Baja California Integrantes del Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas hace un enérgico llamado a las autoridades de Baja California para que cese el hostigamiento contra la periodista María del Carmen Cabañas o Carmen Olsen.

La periodista Carmen Olsen fue agredida el 4 de enero de 2013, razón por la que fue incorporada al Mecanismo desde el 31 de enero y cuenta con medidas de protección dictadas por la Junta de Gobierno de este órgano.

En la agresión a la periodista habrían participado funcionarios del ayuntamiento de Playas de Rosarito, entre ellos el señor Francisco Castro Trenti, entonces director de Seguridad Pública de este ayuntamiento, hoy subprocurador de Derechos Humanos para la zona costa de Baja California.

El 14 de noviembre, con la finalidad de dar seguimiento a las medidas dictadas por el Mecanismo, autoridades de la Secretaría de Gobernación y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se reunieron con autoridades locales de las secretarías de Seguridad Pública, de Gobierno, así como de la Procuraduría General de Justicia del estado.

En días recientes el acoso a la periodista Carmen Olsen se ha expresado en la reactivación de acciones de criminalización en su contra, en particular un juicio penal por el delito contra el honor, a través del proceso penal 525/2013 radicado en el Juzgado de Primera Instancia Penal ubicado en Playas de Rosarito Baja California. En este sentido resulta oportuno precisar que los llamados “delitos contra el honor” no son compatibles con los tratados internacionales ratificados por México debido a que coartan el derecho a la libertad de expresión y configuran censura indirecta.

El Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha reiterado al Estado mexicano la necesidad de eliminar los delitos contra el honor, en el mismo sentido las relatorías sobre Libertad de Expresión de la ONU y la Organización de Estados Americanos recomendaron a México despenalizar los delitos de calumnia, difamación e injurias. Modificaciones que no se han realizado en el marco normativo vigente en Baja California.

El juicio penal en contra de la periodista Carmen Olsen también contraviene la Recomendación General 29 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos “sobre agravios a periodistas en México y la impunidad imperante”, que establece para el caso particular de Olsen: “Dar vista a la Sindicatura Municipal del ayuntamiento de Playas de Rosarito, Baja California, para la investigación por la responsabilidad administrativa de servidores involucrados.”

Y en lo general (al gobernador entre otras autoridades mexicanas): “Primera. Se emprendan las acciones necesarias y contundentes para garantizar las condiciones de seguridad y prevención suficientes, a fin de que el desempeño de los integrantes del sector periodístico no se vea coartado ni amenazado por circunstancia alguna; asimismo, se implementen [sic] las políticas públicas tendentes a garantizar la seguridad de las y los periodistas, especialmente para quienes cubren situaciones de riesgo.

“Segunda. Se promuevan, ante las respectivas legislaturas, la adiciones y reformas necesarias para que en los códigos Penal y de procedimientos penales federales, así como en los códigos penales estatales, se establezca la despenalización de los llamados delitos de prensa; y, de manera expresa, se proteja el secreto periodístico, siendo necesario también que, por cuanto hace a las calumnias y difamación, en su caso se prevea en la legislación civil las acciones a seguir cuando se cause un daño.”

En virtud de lo expuesto hacemos un llamado a los distintos órdenes de gobierno de Baja California a que cesen las agresiones y actos de intimidación en contra de la 6

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periodista Carmen Olsen. Cumplan con su responsabilidad y garanticen las condiciones para que todos los periodistas en la entidad puedan continuar ejerciendo su labor de manera segura, inhiban la participación de funcionarios en actos que atenten en contra de éstos, respeten las decisiones tomadas por la Junta de Gobierno del Mecanismo y realicen lo que corresponda derivado de las medidas de protección dictadas.

Exhortamos a las autoridades del ayuntamiento de Playas de Rosarito a que investiguen las agresiones en contra de la periodista Carmen Olsen, garanticen su seguridad y el ejercicio de su labor periodística.

Este Consejo reafirma su compromiso con la labor de periodistas y profesionales de la comunicación, ejercicio que a través de la libertad de expresión coadyuva en la conformación de escenarios democráticos.

Invitamos a las y los periodistas de Baja California y de todas las entidades federativas a coadyuvar en el fortalecimiento del Mecanismo, su acompañamiento y exigencia en colaboración con el Consejo Consultivo. Lo anterior permitirá que no se relajen los esfuerzos por garantizar el ejercicio pleno de la defensa de derechos humanos y libertad de expresión.

Atentamente, Integrantes del Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Consejeras y consejeros: Agnieszka Raczynska, Édgar Cortez, Jade Ramírez, Jorge Israel Hernández, Michael Chamberlain, Pablo Romo y Rogelio Hernández López

Solicitan a Secretaría de Gobernación desista de “tácticas dilatorias” para declarar alerta de género en el Estado de México Licenciado Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación: Por medio de la presente misiva, las organizaciones firmantes hacemos referencia a la solicitud de Alerta de Género para el Estado de México presentada por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) en diciembre de 2010.

Como es de su conocimiento, ante la negativa infundada de admitir la procedencia de la solicitud de Alerta de Género por parte del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (en adelante, el Sistema), cuya presidencia recae en la Secretaría de Gobernación que usted encabeza, la CMDPDH presentó un amparo indirecto en febrero de 2011 impugnando aquella resolución, mismo que recayó en el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal.

Le informamos que en la sentencia de fecha 28 de noviembre de 2012, el juez de amparo estableció en la parte medular de la resolución lo siguiente: “…[conforme a lo dispuesto por la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia,] al momento de presentar la solicitud únicamente se debe afirmar en la misma que existe violencia sistemática contra las mujeres, que se traduce en delitos del orden común contra la vida, la libertad, la integridad y la seguridad jurídica de las mujeres y si existe un contexto de impunidad o permisibilidad social y que la violencia proviene de un conjunto de conductas misóginas que perturban la paz social.”

En efecto, no se debe comprobar que existen esas circunstancias, pues será hasta la etapa de investigación en donde se analizará si se cumple con los requisitos establecidos en el artículo 24 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

En ese sentido, la procedencia de la solicitud no será declarada hasta que se formen CONTRALÍNEA

los grupos interinstitucionales de investigación, por lo que para admitir la solicitud del quejoso únicamente era necesario que afirmara que se cumplen las tres condiciones a que se hizo referencia y los datos de la solicitud.

Como consecuencia, en el resolutivo de la sentencia, el juez de amparo ordenó a las autoridades responsables: “1) Reunirse de nuevo para declarar insubsistente la sesión del 11 de enero de 2011 y por tanto el acuerdo 07-E 11/02/201.

“2) Llevar a cabo diversa sesión ‘en la que estudien y resuelvan de manera fundada y motivada, con base en la solicitud para declarar la Alerta de Género en el Estado de México y las pruebas presentadas por la quejosa y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y su Reglamento, si se encuentran o no reunidos los requisitos de procedencia de la solicitud, explicando los motivos para declarar la improcedencia o procedencia de la solicitud y citando los artículos que sustenten su decisión’; y “3) Emitir otro acuerdo debidamente fundado y motivado.”

El 24 de abril de 2013, el Decimosexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en su sentencia de revisión confirmó lo resuelto por el juez en la sentencia de noviembre de 2012.

En este tenor, desde mayo de 2013 el juicio de amparo se encuentra en etapa de cumplimiento de sentencia. Las autoridades responsables, por conducto de la dependencia a su cargo y del Instituto Nacional de las Mujeres, este último en su carácter de Secretaría Ejecutiva del Sistema, han pretendido dar cumplimiento a la sentencia de amparo en dos ocasiones. En la última ocasión, el Instituto Nacional de las Mujeres hizo llegar al juez de la causa una resolución de fecha 3 de octubre de 2013, misma que constituye un extracto de la sesión extraordinaria del Sistema, de fecha 19 de julio de 2013, en la que de nueva cuenta se resolvió la improcedencia de la solicitud de Alerta de Género.

En el acuerdo con fecha 28 de octubre de 2013, el juez de amparo resolvió que las autoridades responsables aún no habían dado cumplimiento a la sentencia, reafirmando lo citado en la presente y ordenando al Sistema llevar a cabo una nueva sesión en la que se cumpla de manera puntual lo señalado en la resolución, de conformidad con lo establecido en la Ley de Amparo.

Ahora bien, resulta preocupante que, a pesar de que el juez de amparo ha otorgado a las autoridades responsables un plazo muy amplio para acatar la sentencia, éstas se hayan negado a dar cumplimiento puntual a dicha resolución.

Como prueba de ello, el 5 de noviembre de 2013 la Unidad General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobernación interpuso un recurso de queja en contra del acuerdo referido en el párrafo anterior. Además de resultar claramente improcedente dicho recurso de queja, las organizaciones firmantes reclamamos lo que a todas luces constituye una táctica dilatoria de la Secretaría de Gobernación que tiene el objeto de postergar el cumplimiento de la sentencia de amparo.

Señor secretario, es conveniente recordarle que la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia es resultado del esfuerzo conjunto de organizaciones de la sociedad civil y autoridades, a fin de responder a la desoladora realidad que vive nuestro país en términos de violencia contra las mujeres. En este sentido, los mecanismos que dicha ley prevé no fueron incorporados como un mero recurso retórico, sino con la finalidad de hacerlos efectivos para así enfrentar la discriminación y violencia en la que se encuentran las mujeres en México. Uno de estos mecanismos es la Alerta de Género, misma que ha sido solicitada al Sistema en ocho distintas ocasiones, de las cuales en seis ha sido rechazada (Oaxaca, Estado de México, Nuevo León, Hidalgo y dos ocasiones en Guanajuato), todas ellas sin siquiera haber procedido a la siguiente etapa de integración de los grupos interinstitucionales de investigación.

Motivo de esto es que usted, dentro de la sesión del Sistema Nacional para Prevenir Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres que usted mismo presidió en mayo, manifestó su compromiso por hacer funcionar los mecanismos previstos en la ley para proteger a las mujeres.

Por lo anterior, las organizaciones firmantes exigimos que el gobierno federal cumpla de manera cabal con lo establecido en la última resolutiva emitida por el juez Noveno de Distrito en lo relativo al mecanismo de Alerta de Género previsto en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en cumplimiento de las recomendaCONTRALÍNEA

ciones internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres; solicitándole que instruya a los funcionarios competentes para que la Secretaría de Gobernación se desista del recurso de queja interpuesto ante el juez de amparo, a fin de que las autoridades del Sistema den cumplimiento puntual a lo ordenado por el juez de garantías.

Atentamente: Centro las Libres, de Información en Salud Sexual, Región Centro, AC (Guanajuato); Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, conformado por 43 organizaciones en 19 estados del país (Baja California: Mujeres Unidas, Olympia de Gouges; Campeche: Observatorio de Violencia Social y de Género en Campeche; Chiapas: Red Nacional de Asesoras y Promotoras Rurales, Grupo de Mujeres de San Cristóbal de las Casas, ACCOLEM; Chihuahua: Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, Mujeres por México en Chihuahua, Nuestras Hijas de Regreso a Casa, Justicia para Nuestras Hijas, Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez; Coahuila: Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios; Colima: Comité de Derechos Humanos de Colima no Gubernamental; Guanajuato: Centro de Derechos Humanos Victoria Díez; Jalisco: Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer; Distrito Federal: Academia Mexicana de Derechos Humanos, Católicas por el Derecho a Decidir, Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Red Mujer Siglo XXI; Morelos: Academia, Litigio Estratégico e Incidencia en Derechos Humanos, AC; Nuevo León: Centro de Derechos Humanos Solidaridad Popular, AC; Arthemisas por la Equidad, AC; Oaxaca: Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, Comisión de Derechos Humanos Mahatma Gandhi, Colectivo Bolivariano; Sinaloa: Asociación Sinaloense de Universitarias, AC; Frente Cívico Sinaloense, AC; Sonora: Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio Sonora; Estado de México: Red de Promotoras en Derechos Humanos de Ecatepec, Visión Mundial de México; Tabasco: Asociación Ecológica Santo Tomás, Centro Juvenil Generando Dignidad, AC; Tlaxcala: Centro Fray Julián Garcés de Derechos Humanos y Desarrollo Local, Colectivo Mujer y Utopía, AC; Veracruz: Red Nacional de Periodistas; Yucatán: Ciencia Social Alternativa, Red por sus Derechos, Mujeres en Red), Amnistía Internacional México, Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (conformada por 74 organizaciones en 20 estados de la República Mexicana)

Denuncian acoso e intimidación contra Libre en el Sur La Casa de los Derechos de Periodistas acompañará a los periodistas Francisco Ortiz Pinchetti y Francisco Ortiz Pardo en un proceso de defensa y denuncia del acoso sistemático que han venido sufriendo durante los últimos años por parte de servidores públicos de la delegación Benito Juárez en el Distrito Federal, por su labor informativa en el periódico Libre en el Sur. De acuerdo con información proporcionada por Ortiz Pinchetti y Ortiz Pardo, el periódico impreso mensual Libre en el Sur realiza periodismo local en la delegación Benito Juárez desde hace 10 años, quehacer informativo que se ha visto fortalecido con la edición de su propia página en internet.

En ambos medios de comunicación, la ciudadanía tiene la oportunidad de ejercer su derecho a difundir información que es de su interés personal y colectivo, ya que Libre en el Sur representa un foro de intercambio que atañe a vecinas y vecinos de esta demarcación en temas de servicios públicos, seguridad pública y diversas acciones del gobierno de la referida delegación.

Sin embargo, desde hace 1 año y medio se han registrado una serie de acciones de acoso en contra de ambos periodistas por parte de servidores públicos de la delegación Benito Juárez y del Comité Delegación del Partido Acción Nacional (PAN) por medio de redes sociales con la finalidad de descalificar y desprestigiar su actividad periodística, debido a que Libre en el Sur se ha convertido en un medio de comunicación incómodo para los intereses políticos de servidores públicos de la citada delegación en el Distrito Federal.

Ante el acoso en contra de los citados periodistas, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) abrió el expediente 13/8109 para iniciar una 6 DE ENERO DE 2014

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investigación contra el jefe delegacional panista en Benito Juárez, Jorge Romero Herrera, y funcionarios de su administración, por violación al derecho a la información a través de agresiones, hostigamiento e intimidación contra directivos del periódico zonal Libre en el Sur, así como también por incumplir con su obligación de proporcionar información de manera cotidiana a ese medio y discriminarlo de eventos públicos oficiales en esa demarcación.

En la queja de los periodistas, que fue asignada a la Cuarta Visitaduría de la CDHDF, se detalla la manera en que el gobierno delegacional ha marginado al periódico de todas las informaciones y actividades cotidianas oficiales de esa dependencia a lo largo de todo el primer año de la actual administración, dando un trato inequitativo y discriminatorio a un medio de comunicación que circula desde hace más de 10 años.

Asimismo se establece cómo el delegado Romero Herrera, de manera personal o a través de sus subordinados, que son a la vez directivos del comité delegacional del PAN en Benito Juárez, ha agredido en las redes sociales al medio informativo, al grado de proferir amenazas sobre supuestas acciones penales en contra de los periodistas Francisco Ortiz Pardo y Francisco Ortiz Pinchetti.

En efecto, Luis Mendoza Acevedo, actual presidente del Comité Directivo del PAN en Benito Juárez, ocupa al mismo tiempo la Secretaría Particular del delegado Romero Herrera. Y Rosalía Rangel, titular de Comunicación del PAN juarense, pertenece simultáneamente a la estructura delegacional como subdirectora de Atención a Medios de la Dirección de Comunicación Social.

En sus mensajes, como quedó documentado en los anexos de la queja presentada ante la CDHDF, buscan desvirtuar la línea crítica e independiente de Libre en el Sur, tanto en su versión impresa como en la digital.

La Casa de los Derechos de Periodistas se pronuncia en contra de un caso más de acoso sistemático a un medio de comunicación, ahora por servidores públicos de la delegación Benito Juárez vinculados a un partido político.

Los equipos de Protección y Asesoría Jurídica de la Casa de los Derechos de Periodistas acompañarán a los directivos y demás personal de Libre en el Sur para continuar documentado el acoso, así como en las instancias federales y locales competentes para defender sus derechos a la libertad de expresión e información.

Atentamente: Martha Olivia López, directora de la Casa de los Derechos de Periodistas

Mandela purificado Nació Rolihlahla en julio de 1918, en una nación donde no era realmente ciudadano, en un país llamado la Unión de Sudáfrica que formaba parte del imperio británico.

El mundo llegaría a conocerlo como Nelson, el nombre que le puso un maestro de primaria: Nelson Mandela.

Finalmente, después de vivir 95 años, Mandela ha regresado a sus antepasados.

Entre el nacimiento y la muerte, él abrió el camino a una vida asombrosa de amor y revolución, de lucha y resistencia, de prisión y aislamiento, de libertad y tránsito.

A su deceso, los medios estadunidenses lo han pintado como un tipo de líder africano, promotor de los derechos civiles, tal vez un Martin Luther King hijo, con halo de cabello blanco.

Un presidente emitió una declaración lamentando su “condena ilícita”.

De hecho, es peligrosamente engañoso hacer de Mandela un King o un Malcolm.

No era ni el uno ni el otro.

Era simplemente él mismo: un abogado africano que utilizó cada herramienta a su disposición, legal cuando fue posible, ilegal cuando fue necesario, para resistir un sistema que aplastaba las vidas africanas como si fueran cáscaras de cacahuate. Era un revolucionario, un guerrillero armado y comandante de un ejército guerrillero: Umkhonto we Sizwe (Lanza de la Nación) del Congreso Nacional Africano.

Después de 1948, el gobierno de Sudáfrica se volvió un instrumento de terror y tortura que sólo un pueblo paranoico como los bóers [colonos] sudafricanos pudo montar.

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Bajo el estandarte del Partido Nacional, el gobierno erigió la odiosa barrera del Apartheid (“el estar aparte” en afrikáans), la cual llevó la supremacía blanca y la subordinación negra a niveles verdaderamente demenciales y deshumanizantes.

Sudáfrica se volvió la encarnación del racismo blanco legalizado y de una descarada opresión brutal, diseñada principalmente para obtener y explotar el trabajo de los negros al precio más bajo. A cada oportunidad, este sistema sembró humillación, dolor y violencia en la vida de los africanos. Corrompió cada faceta de la vida africana –economía, educación, salud, empleo y familia– para el beneficio de los blancos.

El doctor Nelson Mandela fue encarcelado después de ser encontrado culpable de sabotaje como parte de sus actividades guerrilleras, y recibió una sentencia de cadena perpetua.

El creciente movimiento contra el Apartheid y la subsecuente campaña de desinversión que obligó a las instituciones occidentales a retirar su capital invertido en el régimen Apartheid, persuadió a los sectores líderes del poder blanco sudafricano a sentarse a la mesa de negociaciones y transformar su política.

Lo hicieron con una importante condición: entregaron la maquinaria política del país al Congreso Nacional Africano. Pero liberaron la economía del control político.

Kwame Nkrumah, el primer presidente de la Ghana postcolonial dijo una vez que “la independencia política sin independencia económica es sólo una ilusión”.

La certeza del adagio de Nkrumah se demostró cuando se ganó la Independencia Sudafricana: a los negros se les abrió la puerta a cargos electos, pero se les cerró la puerta a la inmensa riqueza del país al ponerla en manos privadas.

El doctor Nelson Mandela fue contratado para consolidar esta situación, y hoy en día Sudáfrica es una de las naciones más desiguales económicamente sobre la faz de la tierra, sólo rebasada, tal vez, por Estados Unidos.

Dicho esto, lo que hizo Mandela fue dirigir a una nación conocida como una paria internacional y transformarla en una de las naciones más respetadas del mundo. Cerró la puerta de la historia a un país que, al parecer, buscaba tomar el lugar de los nazis en el racismo y el odio.

El hijo de una familia real de una tribu africana en tierra ocupada por el imperio británico, en una nación donde la raza y color de la piel dio a uno el derecho a la opresión, abrió la puerta a una nueva nación cuando salió de la prisión política para llegar a la Presidencia. Ésta es materia de una obra de gran dramatismo, de sueños hechos realidad, de pérdidas épicas, de hiriente soledad, de hacer lo correcto en el momento correcto.

Mi cuñado y diplomático estadunidense me dijo una vez que Sudáfrica era el país más hermoso que jamás había visto, pero que sus políticas y prácticas racistas lo habían convertido en uno de los más feos.

El doctor Nelson Rolihlahla Mandela y el enorme movimiento internacional antiapartheid ayudaron a devolver esa hermosura.

Mandela inspiró a millones dentro y fuera de Sudáfrica. Inspiró a millones de personas blancas y europeas con lo que se llamó “reconciliación”, pero lo que esto significaba para ellos era que el gobierno les permitió quedarse con sus tierras y ganancias ilícitas.

Los africanos recibieron orgullo y dominio político; los blancos recibieron riqueza, tierras y privilegios económicos.

Una vez más los negros pagaron el precio de la “paz social” y de un acuerdo político.

Tal vez se eliminó el Apartheid, pero el privilegio no.

Para millones de sudafricanos, la larga caminata a la libertad no termina.

Desde la Nación Encarcelada, soy Mumia Abu-Jamal, 8 de diciembre de 2013 Traducción y envío: Amigos y Amigas de Mumia, sección México

Felicita por reportaje sobre agresiones a la libertad de expresión Excelente investigación la titulada “Atlas de riesgo del periodismo en México”. La información es la mejor manera de revertir la impunidad.

Rogaciano Méndez CONTRALÍNEA

En riesgo, periodista en huelga de hambre, denuncian Licenciado César Duarte Jáquez, gobernador de Chihuahua: Llamamos su atención sobre el caso de Ildefonso Chávez Olveda, periodista y director del medio de comunicación El Pueblo, que se encuentra en huelga de hambre desde hace 18 días, orillado a una acción de esta naturaleza por una serie de demandas hacia su gobierno y en estos últimos días, está pidiendo una entrevista con usted.

Consideramos que los medios de comunicación sirven para materializar el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a la información, donde la pluralidad se valora porque tiende a significar mayores contrapesos y variedad de puntos de vista a los que las y los ciudadanos podamos optar.

El caso del licenciado Chávez Olveda pone en la palestra que faltan políticas de comunicación social que obliguen a dar transparencia en los convenios de publicidad oficial y sobre el presupuesto destinado a este rubro.

Los trabajadores reporteros-comunicadores sin duda requieren mejores condiciones laborales y el respeto a su trabajo, temas pendientes que nos llevan a la reflexión del necesario reordenamiento de la estructura mediática en Chihuahua: que los recursos públicos y contratos discrecionales no sirvan de moneda de cambio para servir incondicionalmente al partido en el poder, sino al contrario, que contribuyan en el desarrollo equilibrado de nuestra entidad.

Por lo anterior expuesto, le solicitamos atentamente sea atendida en la solicitud de audiencia con usted y se procure llegar a una justa solución.

Red por la Participación Ciudadana, FEDECO, El Barzón Chihuahua, Grupo Promotor de los Derechos Políticos de las Ciudadanas, Mujeres por México en Chihuahua, UCD, Grupo Observa Ciudadana, Centro de Derechos Humanos de las Mujeres y Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos 19 de diciembre de 2013

Movimiento por Justicia del Barrio, de Nueva York, se solidariza con indígenas de San Sebastián Bachajón, Chiapas Miembros de Movimiento por Justicia del Barrio fuimos de caravana de nuestro barrio al Consulado Mexicano de Nueva York para hacer eco al digno movimiento con las justas demandas que nuestros hermanos del ejido de San Sebastián Bachajón han puesto en marcha desde hace mucho tiempo.

Con nuestros corazones llenos del espiritu de nuestro muy querido compa Juan Vázquez Guzmán fuimos al Consulado a protestar en contra de la cruel represión del Estado hacia la lucha digna de los ejidataros de San Sebastián Bachajón, Chiapas, México, los cuales también son adherentes a La Sexta, y que están defendiendo sus recursos naturales contra la depredación de las empresas trasnacionales disfrazada de “plan ecoturístico”.

Para nosotros toda esta lucha por la comunidad de Bachajón –por la autonomía indígena, por la tierra y el agua, por la dignidad humana– sigue llenándonos de ánimo para continuar luchando. Hoy día nos encontramos más que nunca con el corazón latiendo de rabia y los pulmones respirando ganas de luchar.

Con estas acciones de solidaridad, la esperanza del pueblo humilde y sencillo de El Barrio es hacer eco de la historia verdadera del pueblo de Bachajón y de su digna lucha por defender sus tierras y los recursos naturales de la rapacidad de las corporaciones multinacionales y sus lacayos políticos.

Durante la protesta, una carta fue entregada al Consulado Mexicano con las siguientes demandas: - Exigimos una investigación exhaustiva y justa de los autores materiales e intelectuales del asesinato de Juan Vázquez Guzmán, y el castigo de los responsables.

- El respeto de los derechos humanos fundamentales de los pueblos indígenas tseltales de San Sebastián Bachajón, y las garantías para su seguridad e integridad.

CONTRALÍNEA

- El respeto y garantía de su derecho al uso y goce pleno de su territorio.

- El respeto de su derecho a la libre determinación y la construcción de su autonomía.

- Que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ejerza su facultad de atracción para resolver de manera justa, imparcial y objetiva el juicio de amparo 274/2011 del índice del Juzgado Séptimo de Distrito en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y actualmente en trámite el amparo en revisión 274/2013 ante el Tercer Tribunal Colegiado en Tuxtla Gutiérrez.

- Poner fin al saqueo y el despojo, el robo de bienes comunes, la militarización de la zona, y las amenazas y la violencia que se vive.

- La liberación inmediata de Antonio Estrada Estrada, Miguel Demeza Jiménez y Alejandro Díaz Santiz.

Movimiento por Justicia del Barrio

Tortura y privación arbitraria de la libertad contra Hiber García Según información documentada por este Centro de Derechos Humanos, el día 21 de julio de 2013, en Simojovel, fue detenido sin que se le mostrara ninguna orden de aprehensión y con uso desproporcionado e indebido de la fuerza pública, por elementos de la policía especializada de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas (PGJE), Hiber Audentino García Villafuerte (en adelante Hiber), actualmente en injusta detención y con graves obstrucciones al debido proceso.

Hiber fue detenido a las 06:30 horas por Daniel García Zárate y Eduardo López Vázquez, efectivos de la policía especializada de la PGJE, quienes a la fuerza lo trasladaron a las instalaciones del Ministerio Público de la cabecera municipal, mientras amenazaban con agredirlo físicamente si no se declaraba culpable del robo de una camioneta.

En esa dependencia fue introducido a un cuarto y golpeado con la culata de la pistola; asimismo, le propinaron puñetazos en el tórax y en la cabeza, mientras lo insultaban y preguntaban dónde se encontraba el vehículo robado. Iba esposado y al contestarles que no sabía dónde se hallaba la camioneta, le vendaron los ojos y le pusieron varias veces una bolsa negra en la cabeza. Esto de manera intermitente durante 15 minutos.

En ese lapso fue inmovilizado, mientras un policía le sujetaba ambos brazos hacia atrás en el respaldo de una silla; ahí nuevamente le pegaron en el tórax, en los costados y le dieron un fuerte golpe en la cabeza que le hizo perder el sentido 6 horas. Más tarde, otro policía le dio un puñetazo en la cara y después, a las 18:00 horas, lo obligaron, con amenazas y más golpes, a firmar una declaración para posteriormente trasladarlo a la cárcel distrital de Simojovel, donde actualmente se encuentra detenido.

De lo ocurrido, hay retraso y violaciones al debido proceso y, según lo documentado por el Frayba, Hiber permanece privado de su libertad sin ninguna prueba en contra. El vehículo fue encontrado días después en el municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán, por lo que al no haber un objeto robado no subsiste el delito, además de la falta de elementos que no sustentan las acusaciones en su contra.

Para este Centro de Derechos Humanos el caso de Hiber ejemplifica un patrón reiterado de detenciones arbitrarias y tortura que en Chiapas no se ha erradicado; denunciamos las múltiples violaciones a los derechos humanos cometidas en contra de Hiber, como a la integridad, dignidad y libertad personal; el debido proceso, protección jurídica y garantías judiciales entre otros derechos incluidos en tratados, convenciones americanas e internacionales, promovidas, firmadas y ratificadas por el Estado mexicano.

Por lo recurrente de este tipo de violaciones a los derechos humanos en contra de la población en general, nos preocupa el uso desproporcionado de la fuerza pública, el manejo de la procuración y administración de justicia que el gobierno de Chiapas aplica para acusar injustamente a personas que, sin prueba alguna y con delitos prefabricados, mantiene en las cárceles.

Finalmente, exigimos la libertad inmediata del joven Hiber Audentino García Villafuerte y que se investigue de manera pronta, imparcial, seria y exhaustiva la detención ilegal, para fincar responsabilidades a los autores materiales e intelectuales de las violaciones a los derechos humanos anteriormente denunciadas.

Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas 6 DE ENERO DE 2014

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DEFENSOR DEL PERIODISTA

20 años del periódico Reforma y la ausencia de Granados Chapa Álvaro Cepeda Neri*

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l diario matutino Reforma acaba de cumplir 20 años de haberse publicado por primera vez, principalmente, en la capital el país, aunque sus ejemplares llegan a municipios de los estados al filo del mediodía; y lo ha celebrado con innovaciones en el formato de todas sus secciones (a mi parecer hay demasiados colores que perturban su lectura). Es un periódico que ha sabido cubrir con información todo el abanico para satisfacer los requerimientos de los lectores que aún tenemos en la prensa escrita la fuente para conocer los resultados del periodismo de investigación y de contrastada veracidad, que ofrecen sus reporteros, columnistas, editorialistas, ensayistas y reporteros gráficos, coordinados y dirigidos por un grupo que aparece en su directorio encabezado por Alejandro Junco de la Vega. Todos ellos han mantenido a Reforma como uno de los actores indispensables del periodismo mexicano.

Que ha cumplido su tarea aplicándose diariamente al quehacer moderno de lo que puede y debe ser un periódico contemporáneo, no hay la menor duda, salvo excepciones, y eso lo hace imprescindible y de imperiosa lectura de tirios y troyanos, atenienses y espartanos, gobernador y gobernados.

La plantilla de colaboradores tanto en política económica, análisis sociológico, literatura y cultura en general, como politólogos e investigadores que reflexionan apuntando respuestas y soluciones como propuestas para problemas privados y públicos (sobre todo), han convertido a Reforma en un medio muy completo, que se suma a los servicios que ofrece a quienes buscan en sus páginas conocimientos periodísticos, que se abren paso por entre las opiniones individuales y colectivas o que recurren a él para obtener información en general.

Y en lo particular, porque gustan de alguno de sus colaboradores.

Sus reporteros demuestran que metódicamente están pendientes de sus fuentes y son persistentes para darle seguimiento a sus notas. Y es que sus reporteros, como en otros espacios de la prensa escrita, oral y audiovisual, son el factor clave de un periodismo que, ya cercado por las innovaciones tecnológicas, en nuestro país sigue vigente y ejerciendo, hasta sus últimas consecuencias, las libertades de escribir y publicar, haciendo circular sus fines para informar, criticar, cuestionar y manifestar peticiones sociales, entre otras cosas.

El periodismo que practica Reforma conforme a sus lineamientos teóricos y su política abierta al pluralismo es un intermedio entre la democracia representativa (sobre cuyos actos publica entrevistas y noticias, pero nunca boletines, salvo inserciones pagadas) y la democracia

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directa de la sociedad en sus diversos sectores (cuando quieren hacer una declaración de apoyo, disidencia por desacuerdos entre ellos y con relación a los funcionarios de los poderes del Estado en sus tres descentralizaciones, o respecto a toda la estructura de las administraciones públicas).

Durante sus 20 años, el periódico Reforma ha cumplido con todas esas funciones, por lo cual ha sabido conquistar a su público lector. Y aunque los informativos de la radio y televisión no lo digan, y menos citen la fuente, consultan al periódico Reforma para completar lo que hacen sus reporteros. Y como todos los demás, este diario es necesario.

Ninguno sobra, tanto en los municipios como en la Ciudad de México, donde Reforma cumple con su deber de colaborar con la información que requieren los lectores, un periodismo que es contrapoder (en los términos del brillante ensayo de Luis María Anson y los trabajos del libro Contra el poder, Temas de Hoy).

Como el resto de los periódicos, Reforma no es el “cuarto poder” como deslizan algunos para cortejar a la prensa o para achacarle una función que no tiene. Y esta “es una verdad que, tarde o temprano, acaba por ser descubierta” (Merlin Holland, Oscar Wilde ante la justicia, Papel de Liar, 2008). Y ha continuado la línea del periodismo nacido y consolidado para abrirle cauce a las demandas de información oportuna, integrándose como uno de los vasos comunicantes con la opinión pública.

Ha cumplido 20 años con la frente en alto, ya que su periodismo, cubriendo todos los ismos en todos los frentes de la noticia, las declaraciones, las reuniones, etcétera, le han permitido dar cuenta y razón de los hechos diarios. Y darlos a conocer por medio de sus voceadores todas las mañanas de todos los días. Un balance cualitativo y cuantitativo de esos 20 años, apareció en su suplemento semanal “Enfoque”.

Solamente se nota la ausencia de Miguel Ángel Granados Chapa y su columna Plaza Pública. En las páginas de Reforma (1993-2013), el periodista –a la altura de Francisco Zarco– publicó gran parte de su trabajo.

Hoy saludamos al diario Reforma.

Por sus páginas ha transcurrido la vida cotidiana de la nación, visualizándola a través de su periodismo en permanente alerta profesional. Y así ha cumplido con su deber de periódico libre e independiente al servicio de sus lectores.3 *Periodista CONTRALÍNEA

CARTÓN

La abundancia

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OPINIÓN

Arqueología subacuática en México: balance y perspectivas Roberto E Galindo Domínguez*

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éxico es un país con más de 11 mil kilómetros de línea de costa, con alrededor de 3 millones 149 mil 920 kilómetros cuadrados de zonas marítimas de jurisdicción nacional, zonas en las que se encuentran más de 1 mil 300 formaciones insulares y áreas de arrecifes con alrededor de 1 mil 780 kilómetros cuadrados, así como gran diversidad de bajos, cayos y atolones. Todos éstos son espacios que contienen restos culturales paleontológicos, de navegación de cabotaje prehispánica e histórica, así como de embarcaciones transpacíficas coloniales, como los restos del navío San Felipe, un galeón de Manila, que naufragó en las bravas costas bajacalifornianas en su derrota con rumbo a Acapulco hacia finales del siglo XVI; y por supuesto pecios de embarcaciones de la navegación trasatlántica, entre los que destacan los de la Flota de la Nueva España de 1630-1631, y restos de toda índole de navegación posterior a nuestro proceso independentista de España. Incluso se conocen sitios correspondientes a buques de guerra como el USS Somers, navío de filiación estadunidense que se hundió frente a la costa veracruzana durante la guerra entre México y Estados Unidos de 1846-1848; y otros contextos arqueológicos correspondientes a restos de barcos de carga y pasajeros, como el pecio del SS Golden Gate, navío que realizaba la travesía San Francisco-Nueva York a través del Canal de Panamá y que en uno de sus viajes naufragó en el Pacífico frente a las costas de Manzanillo, Colima, en 1862. Asimismo se sabe de la posibilidad de que en nuestras aguas se encuentren los restos de USS Dorado (SS-248), un submarino de la Segunda Guerra Mundial hundido en el Mar Caribe, entre otros pecios de gran valor histórico de los que también se conoce su nombre y filiación cultural y muchos más de los que no se sabe su identidad. Nuestro territorio también cuenta con diversos sitios arqueológicos relacionados con la cultura náutica, que se encuentran fuera del agua y muy cerca de la línea de costa en la mayoría de las playas mexicanas, principalmente diversos restos de embarcaciones más modernas localizados en la Península de Baja California, como la canoa de Laguna Manuela en el complejo lagunar Ojo de Liebre, cuya verdadera historia sobre su descubrimiento revelé en el número 363 de este semanario.

Además nuestra nación tiene gran cantidad de cuerpos de agua continentales como cenotes, lagos, lagunas, embalses, presas, manantiales y 12

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ríos. Y en muchos de éstos se encuentran vestigios paleontológicos y de diversas culturas prehispánicas, como por ejemplo los manantiales de la Media Luna, en San Luis Potosí, y de Cuatrociénegas, en Coahuila; los innumerables cenotes de la Península de Yucatán; y las lagunas del Sol y la Luna en la alta montaña del Nevado de Toluca; así como restos de diversas poblaciones de la época colonial y periodos posteriores que se encuentran en presas, lagos y lagunas, como en el caso de la iglesia del lago de Tequesquitengo, en Morelos (Roberto Galindo, El pueblo sumergido del Lago de Tequesquitengo, Morelos. Siglo XIX. Historia, arqueología y geofísica subacuática, editorial Académica Española-LAP LAMBERT Academic Publishing GmbH & Co KG, Alemania, 2012); entre muchos otros contextos sumergidos y/o relacionados con la navegación.

Es así que México es un país que, además de contener gran cantidad de restos culturales prehispánicos terrestres, tiene una enorme cantidad y diversidad de restos culturales que son materia de estudio de la arqueología subacuática, que no es otra cosa que arqueología ejercida en el agua. De esta subdisciplina existen ramas como la arqueología marítima y la arqueología náutica que, más allá del grado de especialización en los objetos de su estudio, periodos, cuestiones de construcción naval y de aspectos antropológicos de la navegación y la relación del hombre con el agua, se avocan a la investigación y preservación del patrimonio cultural sumergido.

En nuestro país existe la Subdirección de Arqueología Subacuática (SAS), del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), dependencia que es, en teoría, la encargada de realizar esas tareas de investigación y protección. Fundada con el nombre de Departamento de Arqueología Subacuática, en 1980, por diversas personas y los esfuerzos de varias instituciones, a lo largo de 33 años esa dependencia ha manejado y monopolizado el ejercicio de la arqueología subacuática en el país, y si bien es cierto que en sus inicios, y tal vez en sus primeras 2 décadas de vida, impulsó fuertemente la subdisciplina y realizó grandes esfuerzos por proteger legalmente, preservar físicamente e investigar y difundir el patrimonio cultural sumergido de México, también es cierto que después de más de 3 décadas la dependencia y su eterna titular, Pilar Luna Erreguerena, no han logrado consolidar un pequeño grupo de investigadores de larga trayectoria y experiencia en las diversas disciplinas que se ven envueltas en el ejercicio de la profesión. Es así que el grupo de investigadores que integran la SAS ronda la treintena, incluyendo fotógrafos, buzos profesionales, biólogos, arquitectos, historiadores, etnohistoriadores y administrativos, además, por supuesto, de los arqueólogos, profesionales que en primera instancia deben ser los encargados de las tareas de investigación y preserCONTRALÍNEA

vación de los vestigios arqueológicos mencionados. De ese grupo la mayo- de videos documentales que la SAS presentó el año pasado (Tras la ría son adeptos nuevos, ingresados durante los últimos 5 años. Un grupo huella del Juncal, Un galeón de Manila, Banco Chinchorro y Cuevas y menor colabora desde hace 10 años y dos o tres lo hacen desde mediados cenotes) en los que se reseñan los cuatro principales proyectos de de la década de 1990, y me refiero a los investigadores, pues algunos admi- investigación que mantiene la dependencia, éstos son insuficientes nistrativos han acompañado durante más años a la dependencia. después de 33 años y varios millones de pesos del erario adjudicados Si después de más de 30 años no se ha consolidado un pequeño a la SAS. grupo de investigación, al grado que se siguen trayendo extranjeros para Sin lugar a dudas ha pasado el tiempo en que México era punta de cubrir tareas fundamentales en la exploración submarina como en el lanza en la arqueología subacuática en Latinoamérica. Debo confesar caso de profesionales con conocimientos en geofísica, como sucedió en que yo mismo creía ese cuento hasta hace poco menos de 1 lustro. Pero la expedición a bordo del buque oceanográfico Justo Sierra de la Univer- actualmente, y desde hace tiempo, países como Argentina y Chile, entre sidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en 2012 (Roberto Galin- otros, han conseguido enormes avances en este tipo de investigaciones do, “La infructuosa búsqueda de Nuestra Señora del Juncal” Contralínea y han alcanzado de diversas maneras y en la mayoría de los casos con 289, 17 de junio de 2012), tomando en cuenta que la dependencia cuen- menos recursos económicos, y en menor tiempo, logros verdaderamente ta con equipo de prospección geofísica desde finales de la década de sobresalientes, como la investigación de principio a fin de la corbeta bri1990, y si siguen desfilando por la SAS gran cantidad de arqueólogos de tánica de guerra Swift (Elkin, Murray, Bastida, Grosso, Argüeso, Vainstub, Underwood y Ciarlo, El naufragio de la HMS Swift –1770– Arqueología diversas generaciones de la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH) y de otras universidades, profesionales que finalmente no per- marítima en la Patagonia, Vázquez Mazzini Editores, Argentina, 2011), manecen en la Subdirección, creo que es tiempo de que los directivos del proyecto muy completo en tan diversos aspectos de arqueología marítiINAH, así como los investigadores que integran la Coordinación Nacio- ma sobre un pecio, que no tiene comparación con ninguno de los que se nal de Arqueología, el Consejo de Arqueología y la Dirección de Estudios han intentado realizar en México. Y qué decir de las aplicaciones geofíArqueológicos revisen a detalle el sicas a la arqueología subacuática en devenir de la dependencia y pongan Chile y sus ejercicios museísticos (www.arkachile.cl/ y www.unesco. en la balanza varios factores: el tiemINAH debe revisar el po que su subdirectora ha manejaorg/new/es/media-services/singledo el destino de la dependencia; el view-tv-release/news/patrimo presupuesto que la Subpresupuesto que a lo largo de 33 nio_cultural_subacuatico_exposidirección de Arqueoloaños se le ha otorgado a la misma; cion_en_el_puerto_de_valparaiso/). y los logros de investigación, preserAcciones y hechos producto del esgía Subacuática ha vación y difusión del patrimonio culfuerzo de reducidos grupos de invesejercido en 33 años tural sumergido, mismos que existen, tigadores, quienes tal vez en un pues debo reconocer que se ha leprincipio se vieron inspirados por el vantado un inventario importante caso mexicano. Sin embargo es evide sitios arqueológicos sumergidos dente que ahora han tomado su proprincipalmente en el Golfo de México y en el Mar Caribe, así como de pio camino y nos han enseñado que desde hace ya varios años México varios cenotes de la Península de Yucatán; y se han realizado trabajos no es la vanguardia. excepcionales, como la investigación en las dos lagunas del Nevado de Es momento de que la arqueología subacuática empiece a dejar de Toluca, cuya publicación es de una gran calidad en todos sentidos (Luna, ser vista como una actividad difícil, que sólo pocos especialistas pueden Montero y Junco, coordinadores, Las aguas celestiales, Nevado de Tolu- realizar con enormes sacrificios y salvando gran cantidad de dificultades, ca, INAH, México, 2009), o la publicación Arqueología marítima en Méxi- ideas que se fijan en la gente gracias a los comentarios que varios miemco. Estudios interdisciplinarios en torno al patrimonio cultural sumergido bros de la SAS vierten a los medios de comunicación. Es tiempo de que (Vera Moya, coordinadora, INAH-Conaculta, México, 2012). Este último las autoridades de la ENAH incluyan en el programa de estudios de la libro permite apreciar diversos aspectos que intervienen en el ejercicio licenciatura en arqueología materias de arqueología subacuática, teóride la subdisciplina como: teorías; métodos y técnicas de prospección, cas, técnicas y prácticas, que no sean sólo optativas, para que los estuexcavación y registro subacuático; manejo de recursos culturales sumer- diantes conozcan y se formen en esa subdisciplina, y si así lo desean gidos y cuestiones legales, de los cuales, algunos rubros se han logrado comiencen a participar en ella a través del servicio social y las prácticas desarrollar más que otros, como el caso de los aspectos legales a nivel de fin de carrera, y qué mejor dependencia para hacerlo que la SAS. Asimismo es fundamental que se rompa el monopolio que esta subinternacional, que es con mucho uno de los mayores logros de la SAS; pero no así en cuanto a aspectos teóricos y/o técnicos como la interpre- dirección ha ejercido y que se descentralice el ejercicio de la profesión, y tación arqueológica marítima y la exploración geofísica, debido en gran no me refiero con eso a que la SAS tenga representantes en cada centro medida a la falta de formación de cuadros de investigadores con expe- INAH estatal, pero sí a que cada uno de éstos abra espacios para arqueóriencia. Y aunque se tienen esos y otros logros menores, como la serie logos que investiguen sus contextos sumergidos, y que con ello cada cenCONTRALÍNEA

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tro INAH sea responsable del patrimonio cultural sumergido o relaciona- mueva e impulse la arqueología subacuática a mayor escala, tarea que do con la cultura náutica de su entidad. En este sentido lo más sano sería sin duda es su obligación, pues es el Instituto garante de la defensa e investigación del patrimonio cultural sumergido de la nación. que los arqueólogos subacuáticos le rindan cuentas a su centro de trabaDebe quedar claro que el propósito de este texto no busca la desajo y éste, a su vez, al Consejo de Arqueología, pero no a la SAS, pues de continuar esta práctica podrán pasar otros 33 años y se seguirá teniendo parición de la SAS, al contrario, busca que se incremente el número de un reducido grupo de elite de noveles investigadores y algunos expertos investigadores en el campo de la arqueología subacuática y que se aproincondicionales a Luna. Y con ello se habrá frenado la investigación y pro- veche a aquellos que ya están especializados en la subdisciplina. Y no me tección del patrimonio cultural sumergido, lo que indudablemente deven- refiero sólo a los arqueólogos, pues existen muchos profesionales de didrá, como hasta ahora, en la pérdida del mismo, pues los cazadores de versas áreas comprometidos con el patrimonio cultural sumergido que han tesoros no descansan, el saqueo no para y la SAS está muy sola en su his- sido relegados por la SAS, así como muchos otros que no han sido tomatórica gesta. Basta realizar una búsqueda en la red para encontrar innu- dos en cuenta. La idea es que los centros INAH estatales le ayuden a la merables noticias de saqueo, deterioro, vandalismo y otras atrocidades SAS y beneficien a la nación en la tarea fundamental e impostergable de cometidas contra la integridad del patrimonio cultural sumergido, notas investigar, preservar y difundir la riqueza cultural sumergida de México. emitidas por diversas autoridades y personas comprometidas, y también Simplemente es necesario delimitar los espacios marítimos, costeros y aquepor los mismos integrantes de la SAS; esto último no es malo, al contra- llos cuerpos de agua continentales donde sea pertinente la intervención rio, de eso se trata, de denunciar esos atentados, pero lo cierto es que eso de los centros INAH estatales y aquellos que deban ser abordados por la SAS. Por ejemplo, sería eficaz que cada centro INAH estatal prevalezca en constata la insuficiencia de la SAS al respecto.

Es tiempo de que cada estado de la República Mexicana tenga su el mar territorial (hasta 12 millas náuticas de la línea de costa) de su estadepartamento de arqueología subacuática, y muy importante es que el do y en sus cuerpos de agua interiores, y que la SAS opere en el resto de Consejo de Arqueología no solamente consulte a la SAS para la valora- la zona económica exclusiva (hasta 200 millas náuticas de la línea de costa) de nuestros mares. Con esta simple ción de los diversos proyectos de división del trabajo por zonas suinvestigación que se gesten: que tammergidas, los centros INAH de los esbién tome en cuenta a los otros esA diario, México piertados federativos le quitarían una pecialistas, que a lo largo de estos 33 gran carga de trabajo a la SAS e inaños se han formado en la materia, de su patrimonio cultududablemente coadyuvarían a la tanto en el país como en el extranjeral sumergido: los protección del patrimonio cultural ro y que por una u otra razón no labosumergido. Con lo anterior, los miemran más en la SAS, aunque algunos cazadores de tesoros no bros de la SAS se verían liberados de de ellos sí trabajan en el INAH. Es de descansan defender tantos frentes y podrían desobra sabido que no se debe ser juez dicarse de tiempo completo a la búsy parte a la vez. Otros investigadores queda y, en su caso, a la investigación del INAH y de otros centros de invesa profundidad de los pecios de la Flota tigación del país han realizado esfuerzos en la materia y han propuesto proyectos de investigación que no han de la Nueva España de 1630-1631, tarea que por casi 2 décadas ha oculogrado concretarse debido al monopolio en que se encuentra sumergida pado un gran esfuerzo intelectual e innumerables recursos económicos sin la arqueología subacuática, esfuerzos que deben ser conocidos por la opi- resultados claros hasta ahora, así como a la prospección para la localización de todos aquellos pecios en la zona mencionada y a la investigación nión pública.

La SAS se enorgullece en decir que ha localizado cientos de contex- y protección de aquellos que en ésta ya tienen ubicados.

Con este texto no sólo apelo a las autoridades del INAH a hacer algo tos arqueológicos sumergidos (www.inah.gob.mx/reportajes/5168-en-laweb-exploracion-arqueologica-bajo-el-mar). Habrá que preguntarle al respecto, sino a todos aquellos arqueólogos e investigadores de otras cuántos de estos contextos han sido investigados a profundidad y qué disciplinas, buzos profesionales y demás gente comprometida con el patrifrutos de la investigación de los mismos son del conocimiento del pueblo monio cultural sumergido que han visto naufragar sus nobles propósitos de México. También es preciso inquirirles en cuántos de esos sitios se han ante la voracidad de la SAS. También exhorto a nuestros legisladores e llevado a cabo revisiones, digamos anuales, para constatar su integridad; intelectuales, en suma a todos los mexicanos, únicos y verdaderos dueo tal vez sea mejor saber a cuántos de éstos han regresado después de ños del patrimonio cultural sumergido, propietarios de esa riqueza cultuhaber realizado los primeros registros. Son 32 entidades federativas ral que no ha sido atendida como es debido.3 de las cuales 17 tienen mar, además de aquellas que si no cuentan con línea de costa, sí albergan cuerpos de agua interiores. Es evidente que la *Maestro en ciencias en exploración y geofísica marina; licenciado en SAS es una dependencia cuyo personal e infraestructura es insuficiente arqueología especializado en contextos sumergidos y buzo profesional; para garantizar la investigación y la preservación del patrimonio cultural licenciado en letras hispánicas; licenciado en diseño gráfico; integrante subacuático. Es tiempo de que se rompa el monopolio y que el INAH prodel taller Madre Crónica 14

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CONTRALÍNEA

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OPINIÓN

2013, el año de la gran traición a la patria Pablo Moctezuma Barragán*

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ermina 1 año amargo. México va para atrás con todas las medidas que se desarrollaron en el marco del Pacto contra México (Pacto por México) que firmaron el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), por encima del Congreso de la Unión, que ha favorecido a los más ricos y las corporaciones extranjeras, y que significan un ataque a los derechos del pueblo y la soberanía de la nación. Las reformas que les dictaron desde Washington a los peleles del PRIAN fueron impuestas este año, una a una, por los círculos de poder imperial. Ya desde 2012 habían comenzado con la reforma laboral, que niega todo derecho a los trabajadores, legaliza la subcontratación, quita límites a la jornada laboral, elimina prestaciones y derechos en materia de salud, vivienda, pensiones y jubilación, etcétera, para luego continuar este tétrico 2013 con las reformas educativa, financiera, fiscal, en telecomunicaciones, política y energética, que estaban en la agenda neoliberal desde hace décadas, con medidas de gobierno que nos han conducido al caos.

El año que termina ha sido desastroso: por los siniestros que sufrimos, los huracanes que asolaron varios estados, miles de damnificados por lluvias, deslaves, pérdidas materiales y humanas. Tuvimos el nivel más alto en lluvias de los últimos 125 años, lo que generó daños en varias entidades. En Guerrero murieron 102 personas, quedaron destruidas más de 20 mil viviendas, se derrumbaron caminos, puentes y carreteras; el presupuesto que el gobierno federal ha entregado para la reconstrucción no es suficiente y los gobiernos locales no lo ocupan para ayudar a la gente, sino para la reparación de infraestructura carretera y de servicios. Fue también 1 año de grandes desastres económicos, sociales y políticos.

Un año con un “crecimiento” del 1.2 por ciento, en el que se disparó el desempleo, contradiciendo las promesas del año pasado que afirmaban que la reforma laboral traería más de 300 mil empleos en los meses posteriores a su aprobación. Pero la economía está estancada y la criminalidad desatada. Hubo gran incremento en la violencia y los homicidios que llegaron a los 19 mil asesinados en 10 meses que, comparados con los 2 mil 826 en los primeros 10 meses de Felipe Calderón o con los 18 mil 161 de los últimos 10 meses del sexenio anterior, muestran que ha empeorado la situación de guerra que sufrimos.

También aumentó en 35 por ciento el número de secuestros (1 mil 802 16

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secuestros) y en 53 por ciento los asaltos con violencia. En Guerrero, Estado de México, Chihuahua y Michoacán, el caos es evidente y siguen los levantones y las extorsiones. Creció la inseguridad, a pesar de que se militariza el país y se desarrolla un estado policiaco, que además niega garantías individuales y colectivas en todo el territorio, a pesar del aumento en el número de efectivos del Ejército que en todo México realizan, fuera de sus cuarteles, labores de combate al crimen organizado. Así, su presencia fuera de los cuarteles pasó de 50 mil a 76 mil 500, más 20 mil policías federales en las mismas labores.

En el aspecto de la violencia del Estado contra la sociedad, en la criminalización de los jóvenes y de las protestas, resalta la represión desatada en todo el país durante 2013, desde el 1 de diciembre pasado y que continuó en el Distrito Federal el 10 de junio, el 2 de octubre y el 14 de septiembre. Para justificar la criminalización de la protesta y el desprestigio de las manifestaciones, es conocida la infiltración de provocadores vándalos que causan destrozos y cuyas acciones pasan una y otra vez en la televisión –y que nunca son detenidos– mientras la policía se dedica a detener inocentes que sólo acuden a protestar.

Para el pueblo, la vida cada vez es más difícil. Los salarios son cada vez más raquíticos, aumentaron bárbaramente los precios de la canasta básica (huevo, pollo, carnes, frijol, pan, etcétera), así como los precios de gas, luz, gasolina (aumento de 8 centavos mensuales para gasolina Magna y de 6 para la Premium), transporte, vivienda, colegiaturas, servicios de salud y, para colmo, aumentan a 5 pesos (un 66 por ciento) el precio del boleto del Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México.

Según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) dados a conocer en la prensa el 5 de diciembre de 2013, México es el único país de América Latina en el que creció la pobreza: subió a 60.6 millones el número de mexicanos que viven bajo la línea mínima de bienestar. La economía del país no ha podido despegar mientras crece la desigualdad de ingresos. Más de 10.5 millones de personas indígenas (ubicadas en 871 municipios) sufren discriminación, falta de empleo y pobreza.

El inolvidable 2013 ha sido el año de las reformas funestas. La reforma fiscal –en la que se logró que el PRI no incluyera un incremento al impuesto al valor agregado (IVA) en alimentos y medicinas– aumentó impuestos en comida y venta de mascotas, además del 16 por ciento de IVA a los transportes foráneos. Se canceló el tratamiento preferencial en la frontera y se homologó el IVA, para pasar del 11 al 16 por ciento. Además sube el precio de combustibles de aviones (turbosina y querosenos) y se pagarán nuevas cuotas en el impuesto especial sobre producción y eervicios, que ahora será de CONTRALÍNEA

12.4 pesos por litro. Se marca un límite del 50 por ciento en deducción de impuestos.

La reforma de telecomunicaciones, lejos de democratizar el acceso a los medios, los entrega al mejor postor para que se beneficien Emilio Azcárraga, Ricardo Salinas Pliego, Carlos Slim e incluso inversionistas extranjeros en esta área tan delicada.

La reforma educativa, con su “autonomía de gestión”, busca responsabilizar a los padres de familia de los pagos para el mantenimiento de las escuelas, además de ser una reforma laboral simulada que le niega la estabilidad en el empleo a los maestros, no contempla planes y programas de estudio y se enfoca a un proceso de privatización de la educación pública, que comienza por la “evaluación” de los maestros para luego pasar (como sucede en Estados Unidos) a la evaluación de las escuelas para cerrarlas y luego entregarlas, con todo y presupuesto público, a corporaciones privadas. Esta reforma ha provocado un histórico movimiento magisterial en toda la República, que ha llevado a los maestros a la defensa de sus derechos, con el apoyo de todos los sectores progresistas de México y el ataque y criminalización de los medios de desinformación.

La reforma financiera le da poder a los bancos y deja en la indefensión a los deudores, a quienes se les podrá criminalizar, arraigar en sus domicilios, embargar y encarcelar por deudas bancarias; además de legalizar que más del 85 por ciento del capital financiero esté en manos extranjeras. Por supuesto que no se impiden los abusos de los bancos, la mayoría extranjeros.

Este negro 2013 culmina con el robo del siglo, el peor de los crímenes que significa la entrega de nuestro sector energético a las grandes corporaciones extranjeras y nacionales. A pesar de que prohíbe la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en los artículos 25, 27 y 28 los contratos y concesiones, Enrique Peña y el Congreso de la Unión, dominado por el PRIAN, cambiaron la Constitución en un acto ilegal y anticonstitucional, que no es otra cosa más que una vil y descarada entrega y una traición a la patria que será juzgada en el momento en que el pueblo de México pueda romper las cadenas actuales de opresión y tome el destino en sus propias manos. Y todavía tienen el cinismo de culminar su atentado a la soberanía el 12 de diciembre, día en que se festeja a la Guadalupana, que ha sido un símbolo de la Independencia desde tiempos de Miguel Hidalgo y José María Morelos.

No sólo se ataca la soberanía energética, sino también la soberanía alimentaria. Este año continuó el desastre agrario y fue acrecentada la dependencia del exterior, al dejar de producir aquí nuestros alimentos y desalentar la producción de maíz, arroz, frijol, soya, algodón, etcétera, lo que implicó en la importación de más del 50 por ciento de los alimentos. Todo lo cual provoca la migración hacia Estados Unidos y otras partes del mundo. Y encima están los abusos contra los mexicanos en Estados Unidos, víctimas de maltrato, deportaciones y hasta de la separación arbitraria de las familia, debido a las nuevas prácticas que ha llevado a cabo Barack Obama para retener a miles de niños mexicanos alejados de sus familias en guarderías del gobierno del país del Norte.

Contra los ataques del mal gobierno se ha organizado un movimiento que va en ascenso en lo social, con los maestros, electricistas, mineros, en las comunidades con la organización de su autodefensa.

Por otra parte, crecen los conflictos en las comunidades que se niegan CONTRALÍNEA

a la ocupación de sus territorios por parte de las compañías mineras (nacionales y extranjeras), que con los nuevos métodos de extracción provocan la destrucción del medio ambiente de su región, sus terrenos de siembra, de vivienda, envenenan la tierra y el agua, al igual que el rechazo a las corporaciones que para producir energía eólica afectan a comunidades enteras.

En lo político se desarrolla una alternativa de lucha para rescatar derechos y soberanía con un nuevo proyecto de nación, con la organización del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) que lleva 23 asambleas en todo el país con más de 3 mil asistentes y casi medio millón de afiliados, y que demanda su registro como partido político para derrotar al PRIAN. La organización que impulsa Andrés Manuel López Obrador desarrolló intensas movilizaciones, cinco en el Distrito Federal en esta coyuntura y se convirtió en la principal organización política que se enfrentó al pacto de Peña (Pacto por México) y a sus reformas nefastas.

En la vida hay épocas buenas y malas, avances y retrocesos, épocas de esplendor y de decadencia; día y noche. El año que termina ha sido de oscuridad, retroceso e ignominia. La rueda de la historia ha ido para atrás, y el mal gobierno del PRIAN se confirma al servicio de las grandes corporaciones extranjeras y nacionales y del imperio yanqui.

Sin embargo todo es cambio y movimiento: hemos de ver de nuevo la luz y hemos de organizarnos para recuperar todo lo que nos han arrebatado. El siglo XXI será el de la conquista de la plena independencia y del establecimiento en México de una sociedad justa, soberana y democrática. Para lograr estas metas hemos de revertir este proceso de neocolonialismo, neoesclavismo y neofascismo que estamos atravesando, un momento en el que las grandes corporaciones imponen su dictadura disfrazada de “democracia a la gringa”. Es necesaria la renovación democrática que conduzca a que los representantes populares sean seleccionados, electos y controlados por sus electores, para que respondan a la voluntad popular y la expresen y que nunca más aprueben disposiciones de espaldas al pueblo, como la reforma energética privatizadora que aprobaron a pesar de que el 80 por ciento de los mexicanos está en contra de la privatización del petróleo.

Para culminar se realiza una reforma política en la que se permite la reelección de los legisladoras hasta por 12 años, con lo que garantizan que los actuales congresistas, que se han subordinado a los dictados de Peña y sus patrones extranjeros, puedan permanecer en su puesto y continuar colaborando con la venta y desmantelamiento de México, y que aumenta del 2 al 3 por ciento el porcentaje de votos para que un partido conserve su registro, lo que busca consolidar al bipartidismo representado por el PRIAN. Toda la política elaborada por el PRIAN en 2013, y en particular la reforma energética, ha significado una clara traición a la patria. Los mexicanos conscientes hemos de trabajar para hacer justicia en este país, restablecer el derecho, desarrollar la educación, la organización y la movilización para que el pueblo tome en sus manos el poder de decisión y lleve a juicio, por violación de la Constitución y traición a la patria, a Peña y a todos sus cómplices en el Congreso y el gobierno federal.3 *Politólogo y urbanista. Dirigente de Mexteki y vocero del Congreso de la Soberanía 6 DE ENERO DE 2014

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OPINIÓN

Por un manual de herramientas jurídicas para la defensa de los DESCA José de Jesús Palacios Serrato*

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l derecho (las leyes, la doctrina, los principios, la jurisprudencia, etcétera) es innegablemente un producto social; pero, como todo producto social, no surge en masa de toda la sociedad, sino de un proceso que refleja las diferenciaciones y tensiones de la misma. Es innegable también que el derecho ha sido elaborado tradicional y principalmente desde sectores que han detentado el poder político y económico, el cual se ha ido modificando por la inevitable manifestación de intereses de otros grupos, como los sindicatos, estudiantes o campesinos.

Los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA) son un terreno jurídico que se ha ganado mayormente por movimientos sociales que reafirman y buscan el reconocimiento de

jurídicas que se han diseñado para defender múltiples derechos, pero que en la práctica sirven más bien para obstaculizarlos, o bien hemos tenido que enfrentarnos a imposibilidades de defensa por carecer de herramientas eficaces.

También, muchos de los movimientos sociales y personas víctimas de alguna violación a sus derechos se han visto atadas de manos por la carencia de herramientas jurídicas, por las carencias técnicas de quienes los asesoran, por los entresijos y vericuetos de las figuras jurídicas o por la dificultad léxica que representa el discurso del derecho.

Sin duda alguna, igualmente nos hemos enfrentado a las cargas ideológicas del derecho, a que algunas sentencias son tendenciosas y son expresamente resultado de intereses particulares que no se identifican con los intereses de las comunidades. Esta situa-

En 2013 fuimos testigos de un embate cínico, cruel y progresivamente más contundente contra los derechos y las condiciones de vida digna de las personas. Por ello, la defensa de éstos es estratégica y urgente

la dignidad humana y de condiciones mínimas para vivir una vida digna y justa, es decir, no han sido concesiones gubernamentales sino el resultado de tensiones entre un pueblo cada vez más oprimido y gobiernos cada vez menos transigentes.

En el año que recién concluyó, además de ser testigos de un embate cínico, cruel y progresivamente más contundente contra los derechos y las condiciones de vida digna de las personas, vemos que la defensa de los DESCA resulta estratégica y urgente. Desde una organización como el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria vemos con preocupación cómo se va dilapidando de manera acelerada la calidad de vida de las personas.

Las abogadas y abogados de las organizaciones defensoras de derechos humanos hemos tenido que valernos de herramientas 18

6 DE ENERO DE 2014

ción hace que percibamos el derecho como algo que sólo sirve a quienes poseen el poder económico y político, un arma de dominación y de opresión, que es ineficaz, inservible, que poco abona a las luchas populares, que poco hace por eliminar desigualdades…

En pocas palabras, que el derecho les pertenece a otros.

Ante esta preocupación surge la necesidad de que sean los movimientos, los intereses de los trabajadores, de las madres y padres de familia, de los estudiantes, quienes se apropien del derecho, que lo construyan y le den sus propios contenidos, sus propios significados.

Los DESCA son derechos estratégicos. Su defensa y promoción es un asunto que debe importar tanto a los gobiernos como a la sociedad, puesto que por medio de estos derechos se fincan las CONTRALÍNEA

La política de violación, opresión y saqueo ha minado las certezas jurídicas de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales; esto ha derivado en que cada vez es más complicado exigir su cumplimiento

condiciones dignas para que las personas puedan vivir de manera armónica, decorosa y justa. Además, al ser derechos que están íntimamente relacionados con la producción material de la vida, son derechos sumamente importantes y, en particular, delicados. Tal vez por esta razón sean los derechos que están detrás de las más variadas luchas y manifestaciones de la sociedad, la cual en su actuar disputa su exigibilidad legal y política, y su defensa judicial (judiciabilidad).

La política de violación, opresión y saqueo ha minado las certezas jurídicas de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, lo que se traduce en que sea cada vez más complicado exigir su cumplimiento, o exigirlos legítimamente a pesar de las obligaciones estatales de protegerlos, promoverlos, respetarlos y asegurarlos y de que se cumplan bajo los principios de universalidad, indivisibilidad, interdependencia y progresividad.

En el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria estamos conscientes de este contexto y de estas necesidades y urgencias, y hemos pensado en recoger algunas experiencias de académicos, funcionarios, jueces y magistrados, defensores y defensoras de derechos humanos, movimientos sociales y víctimas de violaciones para la defensa de los DESCA, y nos hemos dado a la tarea de elaborar un Manual de herramientas jurídicas para la defensa de los DESCA que sirva como un paso en esa constante lucha por el derecho y por el reconocimiento de la dignidad de las personas.

Este Manual será presentado este 7 de enero de 2014, y será motivo de mucha alegría para quienes participamos en él, pero también una responsabilidad para su formulación y refinamiento, pues se hizo pensando no en la dinámica que ha seguido el derecho constantemente, sino bajo la idea de que el derecho pueda servir para las causas populares, para las luchas sociales de los excluidos, de los pobres, de los vulnerados sistemática e históricamente.

Sabemos que hay diferentes mecanismos para hacer exigibles los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Pueden ser jurisdiccionales (que son los recursos legales establecidos en tratados internacionales, reformas, leyes, reglamentos, etcétera), o no jurisdiccionales (como las marchas, los plantones, las denuncias, el activismo artístico, etcétera).

Todos pueden ser eficaces o combinarse para lograr una defensa integral; quizá algunos grupos sociales han encontrado más capacidad en algunos en comparación con otros; sin embargo, lo que buscamos recoger con este Manual son las herramientas que nosotros vemos más eficaces –o que podemos volver más eficaCONTRALÍNEA

ces– y que sirva como guía, no como la verdad absoluta e inamovible.

El Manual responde a la necesidad de aclarar el derecho, construir otra justicia y reinterpretar o reformular las leyes en favor de los derechos humanos, a favor de las personas que, por siglos, no han sido escuchadas, las personas que han sido el objeto de la depredación y la injusticia.

Los criterios que le dieron origen a este documento son, por un lado, las posibilidades que representa la reforma constitucional en materia de derechos humanos de junio de 2011; y por el otro, el reconocimiento en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del llamado “interés legítimo”, que abre la posibilidad de que personas y colectividades reclamen los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales y demás derechos humanos por la vía del nuevo juicio de amparo, de las acciones colectivas e incluso por el procedimiento de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental.

Esta propuesta del Centro Vitoria incorpora, efectivamente, la estrategia de defensa integral que otras organizaciones como Greenpeace México; Fronteras Comunes, AC, y Colectivas, AC, han desarrollado; las dificultades y dudas, pero también las apreciaciones y experiencia de los movimientos sociales, y víctimas de violaciones a derechos humanos. Se ofrece como una herramienta de defensa para abogadas y abogados, organizaciones civiles y todas las personas que diariamente luchan por reafirmar las dignidades humanas.

Los mecanismos de defensa que se exponen en el Manual invitan a ser reflexionados con el enfoque del acceso a la justicia, que no se limita al acceso a tribunales para dirimir conflictos de derechos, sino en un sentido más amplio que se extiende al acceso a la justicia y dignidad, y que implica contar con condiciones estructurales de acceso a una verdadera justicia, y con los requerimientos de cumplimiento de los derechos humanos, teniendo en cuenta la dignidad de las personas que han sido violentadas históricamente.

La apuesta del Manual sigue siendo que el contenido de los derechos sea construido desde el pueblo, y no sólo desde el Estado.

Apostamos a que sea una manera de decir que estamos dispuestos a seguir luchando por todas las vías por la justicia y la dignidad. Es una manera de decir que, en esta labor de defensa, lo que nunca nos va a faltar será creatividad y mucha esperanza.3 *Integrante del área de Defensa Jurídica del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria 6 DE ENERO DE 2014

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OPINIÓN

Blanqueo consentido Marta González Borraz*/Centro de Colaboraciones Solidarias

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udolf Elmer trabajó durante 15 años para el banco suizo Julius Baer Bank. Ayudaba a empresarios y cuantiosas fortunas a evadir impuestos como jefe de operaciones en la filial del banco en las Islas Caimán, hasta que se atrevió a cambiarse de bando. Decidió no ser cómplice durante más tiempo y reveló datos de cientos de cuentas secretas e información sobre dinero procedente de fraude fiscal, pero ni el banco ni la justicia lo escucharon. Lejos de apoyarlo, las autoridades suizas lo persiguieron y amenazaron; incluso llegó a ingresar en la cárcel por vulnerar el secreto bancario, imprescindible para llevar a cabo operaciones de blanqueo de dinero, protegidas por gobiernos de todo el mundo.

Lo que Rudolf Elmer quiso denunciar fue la opacidad con la que operan los bancos en los paraísos fiscales, que eximen del pago de impuestos y permiten que se laven miles de millones de dólares de dinero negro cada año. El objetivo es regularizarlo y ocultar su proceden-

La ley los obliga a evaluar al cliente y conocer la procedencia del dinero para no negociar con el que provenga de actividades criminales.

Sin embargo, Peláez afirma que la mayoría de usuarios “saben qué preguntas van a hacer y lo que tienen que contestar. Pasan los protocolos con facilidad”. Asegura que los bancos se benefician porque “se mueve mucho dinero” al que no quieren renunciar “aunque sepan que proviene de actividades delictivas”. Las entidades financieras son, en muchos casos, cómplices de criminales que actúan a nivel global.

Por su parte, las autoridades no muestran demasiado interés por perseguir estas prácticas. Las de los paraísos fiscales porque son territorios en gran medida dependientes de este tipo de actividades financieras, y las del resto porque tendrían que comenzar por investigar a sus propios bancos y empresas. De hecho, en España, 33 de las 35 empresas del Ibex35, formado por las compañías con mayor liquidez de la bolsa española –entre ellas los principales bancos–, operaban, hasta 2011, en paraísos fiscales, según un informe del Observatorio de la Responsabilidad Social Corporativa. Los lugares más atractivos para ellas son Delaware, en Estados Unidos, seguido de Holanda y Luxemburgo. Sorprende comprobar que para la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) sólo existen dos paraísos fiscales en el mundo: Nauru y Niue.

Elmer denunció la opacidad con la que operan los bancos en los paraísos fiscales, que eximen del pago de impuestos y permiten que se laven miles de millones de dólares de dinero negro cada año. A cambio, fue encarcelado

cia, muchas veces de actividades delictivas como el narcotráfico, el terrorismo, el tráfico de armas o la corrupción. El primer paso es esconderlo para que, a través de diversas técnicas de ingeniería financiera, vuelva limpio a manos de su dueño. Esto es posible gracias a la desregulación financiera, que enarbola la libertad de circulación de capitales por encima de todos los demás principios. De esta forma el dinero vuelve a introducirse en los circuitos económicos y financieros.

Para ello es necesaria la colaboración entre bancos, clientes y autoridades, además de un lugar que asegure el anonimato: los paraísos fiscales. Caracterizados por un fuerte secreto bancario, permite a las entidades financieras mantener confidencial la información sobre sus clientes, incluso ante administraciones públicas y tributarias. Según José María Peláez, inspector de Hacienda del Estado español, “casi todos los bancos cuentan con filiales en paraísos fiscales” que gestionan cantidades enormes de capital.

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Las sociedades y sus ciudadanos deben tener el poder de controlar los flujos de dinero y saber de dónde procede, para lo que es indispensable una mayor transparencia. Son los más vulnerables los que notan el peso de la crisis mediante recortes y eliminación de derechos, mientras ven cómo los mismos que aplican estas recetas permiten que grandes fortunas y empresas evadan sus responsabilidades fiscales y refuercen un sistema que protege actividades delictivas. Para luchar contra ello son necesarias más personas como Rudolf Elmer, que cree que “el secreto bancario es el robo más grande de la humanidad y tiene consecuencias catastróficas para los más pobres de la Tierra”. Todo el dinero oculto en paraísos fiscales debería ser empleado en mejorar la sanidad, la educación o las pensiones de “millones de personas humildes de todo el mundo”, afirma.3 *Periodista CONTRALÍNEA

OPINIÓN

Seguridad a costa de la libertad y la justicia José Carlos García Fajardo*/Centro de Colaboraciones Solidarias

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n 2011, soldados estadunidenses dispararon al terrorista Osama bin Laden. La orden la dio el presidente de Estados Unidos.

Cuando se informó de la muerte del terrorista, en el país norteamericano se desató el júbilo popular. Barack Obama declaró orgulloso: “se ha hecho justicia”. La canciller alemana dijo: “Me alegro de que se haya logrado matar a bin Laden”.

Sin embargo, se pregunta Ferdinand von Schirach, ilustre jurista alemán en un lúcido artículo publicado en Der Spiegel: “¿puede una única persona o un gobierno decidir como acusador, defensor y juez al mismo tiempo quién vive y quién muere? Se presentaron un sinnúmero de intentos de justificación, pero la mayoría de los juristas en derecho internacional los desecharon. Bin Laden no murió en acción de guerra sino que lo ejecutaron sin un juicio previo con arreglo a derecho”.

Se adujo el caso de los cuatro supervivientes de un carguero inglés que en un pequeño bote salvaron sus vidas. Agotadas las provisiones, decidieron acabar con la vida del grumete de 17 años. Así lo hicieron y El Estado tiene el monopolio de comieron parte de su cuerpo. Cuando fueron rescatados, la opinión pública se pola violencia, pero siempre dentro sicionó a favor de los náufragos. Pero la de la ley... Matar a terroristas sin fiscalía ordenó su detención y los llevó a juicio. La única pegunta del proceso fue: un juicio atenta contra la ¿tenían derecho los marinos a matar al dignidad humana grumete para salvar sus propias vidas?

Tres vidas por una. Quizás muchas personas se sentirían mal en caso de una absolución, pero cómo reaccionarían si la muerte del muchacho no hubiera salvado a tres sino a 300 o a 30 mil. ¿Es una cuestión cuantitativa? El tribunal inglés condenó a los supervivientes por asesinato, pero recomendó su indulto. La sentencia decía: “A menudo nos vemos obligados a establecer normas que ni siquiera nosotros mismos podemos respetar. No es necesario advertir del terrible peligro que supondría renunciar a estos principios”.

El caso es de plena actualidad. Recordemos el secuestro del avión con pasajeros por un terrorista durante el ataque a las Torres Gemelas y que amenazaba con estrellarlo contra la población civil de Shanksville, Pensilvania. Lo abatieron los cazas estadunidenses. ¿Es lícita la teoría del mal menor cuando se trata de seres humanos? Von Schirach afirma que no se puede calcular el valor de una vida, que no se puede medir una vida contra otra. Creemos que cada vida es única y este convencimiento es la base de nuestra civilización. El Estado tiene el monopolio de la violencia, pero siempre dentro de la CONTRALÍNEA

ley. No puede haber terrorismo de Estado. Detener, juzgar y condenar es la máxima que debe imperar, y en la mayor parte de los casos estas máximas se siguen respetando. Pero se detecta cierta tendencia que tiene que preocuparnos. Matar a terroristas sin un juicio atenta contra la dignidad humana. Y si dejamos de confiar en nuestro derecho, estamos perdidos.

Cuando asumió el cargo, Obama declaró que Estados Unidos proseguiría la lucha contra la violencia y el terrorismo, pero “de una manera que respete nuestros valores e ideales”. Dijo que cerraría la prisión de Guantánamo. Se diría que Estados Unidos, el garante mundial de la libertad, la justicia y la decencia, recuperaba sus ideales. Pero Guantánamo sigue reteniendo, humillando y torturando a personas sin derechos.

Ahora estamos ante la mayor operación de acaparamiento, por parte de la Agencia de Seguridad de Estados Unidos (NSA, por su sigla en inglés), de millones de datos personales y confidenciales de ciudadanos de muchos países que no han dado su consentimiento y que han sido objeto de espionaje.

Las vulneraciones del derecho por parte de la política están a la orden del día cuando se trata de la persecución de terroristas. El increíble alcance de las escuchas telefónicas y el control de los correos electrónicos por parte de la NSA vulneran los principios éticos de nuestras constituciones políticas y del derecho internacional.

Contra esto nos tenemos que defender. ¿Y cómo lo podemos hacer? Seguramente necesitamos pactar una directiva de protección de datos que haga que en Europa se aplique la ley de protección más dura del mundo. Los autores de la Declaración de la Independencia estadunidense, en 1776, habrían aplaudido una medida así porque habría encajado con su concepción de los derechos civiles.3 *Profesor emérito de la Universidad Complutense de Madrid; director del Centro de Colaboraciones Solidarias 6 DE ENERO DE 2014

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OPINIÓN

Cultivar esperanza migran buscan un trabajo que les permita comer y alimentar a los suyos y se debe promover que no tengan que dejar sus hogares para encontrarlo. Así se fijaría la población y se evitarían viajes que se realizan, en ara alimentar a los más de 9 mil millones de per- muchas ocasiones, en condiciones penosas. Para que puedan construirsonas que habitarán la Tierra en 2050 habrá que se un futuro son necesarias inversiones en infraestructuras y servicios aumentar la producción de alimentos un 70 públicos. Más caminos, ambulatorios y escuelas; mejor abastecimiento por ciento. Todo ello en un planeta que cada vez de agua, tendido eléctrico y acceso a financiamiento.

Pero para que los pequeños productores puedan adaptarse a las cuenta con materias primas más escasas y donde se ha elevado la temperatura media, lo nuevas oportunidades y al mercado es esencial que lo entiendan. De que ha dificultado la labor de los agricultores: trabajan en los mismos ahí el valor de la educación para dejar atrás la pobreza extrema y la campos pero se han visto obligados a cultivar verduras distintas, ca- miseria. Y para aumentar la seguridad y la confianza de quienes luchan, paces de sobrevivir con condiciones climáticas diferentes. Un reto glo- debe promoverse su unión a través de organizaciones que faciliten la bal que trae de la mano la oportunidad de asestar un duro y efectivo comercialización de los vegetales. Asociaciones que además puedan defender sus intereses, negociar en su nombre con el sector privado y golpe a los índices mundiales de pobreza.

Según datos del Informe sobre la pobreza rural, elaborado por el también con los distintos gobiernos, con capacidad para influir en las decisiones políticas y pedir resFondo Internacional de Desaponsabilidades. rrollo Agrícola (FIDA), el 55 por También es imprescinciento de la población mundial dible que se ponga freno a la todavía habita zonas rurales y Cada vez que se juega con especulación con productos el 70 por ciento de las perlos precios de la comida alimentarios. Cada vez que se sonas muy pobres, muchas de juega con los precios de la coellas niños y jóvenes, viven leson los más pobres los que la mida son los más pobres los jos de las ciudades, en lugares ven desaparecer de su mesa. que la ven desaparecer de su donde la agricultura aún es el principal motor de la economesa.

Así sucedió entre 2006 Tras la crisis de 2008, 100 mía. Estas cifras podrían mey 2008: los precios internamillones de personas que ya jorar de forma significativa, cionales de los alimentos se pero para ello son necesarios duplicaron, y aunque desde atravesaban dificultades quepasos previos que favorezcan entonces ha habido una ligera daron condenadas al hambre un aumento en la producción disminución todavía son más de frutas y verduras por parte de caros que antes de que subielos pequeños agricultores. ra su precio. Como consecuenPor sí sola, una mayor procia, 100 millones de personas ducción –que podrían abordar las grandes cadenas mundiales de sumi- que ya atravesaban dificultades quedaron condenadas al hambre y a nistros agrícolas– no soluciona el problema. Gobiernos y entidades una miseria aún más extrema. internacionales tienen que cultivar esperanza.

Para que a mediados de siglo pueda alimentarse a la población En primer lugar, tal y como recoge el Informe sobre pobreza rural, global habrá que aumentar la producción agrícola. Más personas nedeben esforzarse por realizar las inversiones necesarias para que se cesitarán más comida, y unir ese incremento al desarrollo de los campueda llevar una vida digna en los pueblos más empobrecidos. Evitar pesinos serviría para reducir los elevados índices mundiales de pobreza. que el éxodo a las ciudades sea masivo y que no quede nadie para cul- Pero es necesario un esfuerzo inversor y voluntad política. Preocupativar la tierra. Los datos del FIDA apuntan que, entre 2020 y 2025, la ción por los que más sufren e intención de facilitarles los medios para población rural alcanzará su máximo y comenzará a disminuir a partir aliviar su situación. Sembrar alimentos que traigan consigo nuevas de entonces. En América Latina, el Caribe y Asia oriental y suroriental oportunidades, o dicho de otro modo: cultivar esperanza.3 esta tendencia es ya un hecho, dentro 10 años lo será en Oriente Medio y África del Norte y dentro de 20 en África Subsahariana. Quienes *Periodista Javier Fernández Díaz*/Centro de Colaboraciones Solidarias

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CONTRALÍNEA

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1 DE JULIO DE 2013

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PORTADA

Derechos humanos

Miguel Ángel Reyna/Procesofoto

LA GRAN DEUDA DEL GOBIERNO FEDERAL

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PORTADA

La crisis humanitaria en el país no cesa: en el primer año del actual gobierno, más de 17 mil civiles fueron asesinados; una veintena de ellos eran defensores de los derechos humanos y otros seis, periodistas; en ese mismo lapso se registraron 68 desapariciones de carácter político. Aunado a esto, la CNDH investiga más de 7 mil violaciones consideradas por convenciones internacionales como crímenes de lesa humanidad, ocurridas desde diciembre de 2006, tras la militarización del territorio. La violencia que asuela a la población preocupa a 87 países, advierte el representante de la Oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU en México Nancy Flores, @nancy_contra

M

ás de 90 mil militares “patrullan” ciudades y áreas rurales... carreteras, calles, plazas. Lejos de combatir la criminalidad, la presencia de esos 76 mil 546 soldados y 17 mil 25 marinos en labores de seguridad pública ha incrementado las violaciones graves a los derechos humanos.

Privación de la vida, desaparición forzada, tortura y tratos crueles son algunas de las consecuencias directas de la militarización del territorio mexicano. Ésta junto con el incremento de la violencia atribuida al crimen organizado son las secuelas vigentes de la “guerra” contra el narcotráfico que impulsó el expresidente Felipe Calderón durante su administración, y que se ha continuado en la actualidad.

En ese contexto, más de 17 mil civiles fueron asesinados en el primer año del gobierno de Enrique Peña Nieto, indica información del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

De esas víctimas mortales, al menos una veintena eran defensores de los derechos humanos. En esa lista se anota el nombre de Luis Olivares Enríquez, líder de la Organización Popular de Productores de Costa Grande, y su esposa Ana Lilia Gatica Rómulo, asesinados el 10 de noviembre pasado en Coyuca de Benítez, Guerrero. Ambos eran opositores a la actividad minera y a la tala clandestina.

Rocío Mesino Mesino es otra activista que integra esa lista. La dirigente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur fue ejecutada el 20 de octubre en Atoyac, Guerrero. También se apunta a Herón Luciano Sixto López, integrante del Centro de Orientación 26

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y Asesoría a Pueblos Indígenas, asesinado el 20 de julio en San Sebastián Tecomaxtlahuaca, Oaxaca.

Entre los activistas victimados están los dirigentes de la Unidad Popular. Arturo Hernández Cardona, Rafael Banderas Román y Ángel Román Martínez fueron asesinados a inicios de junio de 2013 en Iguala, Guerrero.

Para Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, la crisis que aún enfrenta el país se debe, en parte, a la militarización: es un problema que se complica sobre todo en los pueblos originarios.

Agrega: “no ha cedido; al contrario, se ha incrementado la presencia de militares y esto ha hecho que los abusos y los casos que siguen afectando la situación de los pueblos indígenas [de Guerrero] se sigan dando”.

Respecto del actual gobierno federal, el defensor de derechos humanos indica: “en este año se han incrementado la violencia y la inseguridad, y el sistema de justicia no ha podido garantizarle a las víctimas acceso real y, sobre todo, apropiado para que tengan justicia”.

Tales son los casos de los seis periodistas que se cuentan entre las víctimas de 2013, y que continúan impunes. Se trata de los crímenes de Jaime Guadalupe González, cuyo homicidio ocurrió en Chihuahua el 3 de marzo; Alonso de la Colina Noriega, asesinado el 14 de abril en Puebla; Daniel Alejandro Martínez Bazaldúa, ejecutado en Coahuila el 24 de abril; Mario Ricardo Chávez Jorge, victimado el 26 de junio en Tamaulipas; Alberto López Bello, asesinado en Oaxaca el 17 de julio; y Alberto Angulo Gerardo, cuya muerte violenta ocurrió el 6 de noviembre en Sinaloa.

CONTRALÍNEA

Alan Ortega/Cuartoscuro

4Lejos de combatir

Crisis humanitaria, vigente En materia de derechos humanos hay muchos temas pendientes, asegura Jaqueline Sáenz Andujo, coordinadora del Programa de Derechos Humanos de Fundar, Centro de Análisis e Investigación. Uno de ellos, indica, es la crisis humanitaria que vive el país.

“La militarización sigue y la violencia sigue, y pareciera que lo que ha cambiado es el discurso: que en la CNDH [Comisión Nacional de los Derechos Humanos] tenemos menos quejas ahora, menos recomendaciones.”

Y es que aunado a los miles de asesinatos, la población continuó sufriendo desapariciones forzadas, levantones, secuestros. El Comité de Familiares de Detenidos-Desaparecidos Hasta Encontrarlos señala que en este año ocurrieron 68 desapariciones de carácter político.

La situación que enfrenta el país es tal que preocupa a los 87 países que intervinieron en el Examen Periódico Universal de México, ocurrido en octubre de 2013, considera Javier Hernández Valencia, representante en CONTRALÍNEA

México de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). “Ésta no es una preocupación de personas, de individuos y en particular de mi persona, sino de 87 países.

El Consejo [de Derechos Humanos de la ONU] tiene

la criminalidad, la presencia de 76 mil 546 soldados y 17 mil 25 marinos en labores de seguridad pública ha incrementado las violaciones graves a los derechos humanos

“Ésta no es una preocupación de individuos[...] sino de 87 países[...] que quieren mantener un diálogo vivo para mejorar la situación de los derechos humanos en México”: Javier Hernández, representante de la ONU

47 miembros, esto quiere decir que muchos más países de los que sólo participan del Consejo han tenido interés en el tema mexicano. Entre esos 87 países estuvieron 14 de América Latina y el Caribe. Es decir, no son sólo europeos y del Norte, del mundo industrial o del 6 DE ENERO DE 2014

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Margarito Pérez/Procesofoto

PORTADA primer mundo quienes tienen preocupación y quieren mantener un diálogo vivo para mejorar la situación de los derechos humanos en México; son también países hermanos de sangre, de cultura, de lengua. También intervinieron los cinco países miembros permanentes del Consejo de Seguridad.”

Consultado el 27 de noviembre de 2013 al término de su participación en la presentación del reporte Jurisdicción militar y derechos humanos: elementos para las reformas pendientes –editado por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan–, Hernández Valencia señaló que la situación de México en materia de derechos humanos sí sigue siendo una preocupación para la Oficina de la Alta Comisionada. Por ello dijo: “Estamos tratando de ayudar a que estos debates produzcan, tanto a nivel legislativo como a nivel de conductas, de cambio institucional, de reformas en políticas públicas, los cambios que las ciuda-

Desde diciembre de 2006, la CNDH ha investigado más de 7 mil quejas por presuntas violaciones de agentes del Estado en contra de civiles 4En la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 210 expedientes por los deliGabriela Pérez/Cuartoscuro

tos de “privación de la vida” y “violación al derecho a la vida” que involucran, sobre todo, a las fuerzas federales

4De diciembre de 2006 a enero de 2013, la CNDH integró 437 expedientes por

desaparición forzada. En la imagen, manifestación de familiares de desaparecidos en Nuevo León, en el contexto de la “guerra” contra el narcotráfico

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danas y ciudadanos han pedido desde hace mucho tiempo”.

Crímenes de lesa humanidad Ese tiempo del que habla Hernández Valencia se remonta a la Guerra Sucia, pero sobre todo se centra en el sexenio pasado. Y es que de 2007 a 2012 se registraron más de 100 mil asesinatos de civiles, 30 mil desapariciones y 250 mil desplazamientos por violencia, entre otras consecuencias de la militarización y la criminalidad.

Desde diciembre de 2006, cuando se inició la supuesta “guerra” contra el narcotráfico, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha investigado y documentado más de 7 mil quejas por presuntas violaciones en las que incurrieron agentes del Estado –federales, estatales y municipales– en contra de civiles.

Los reportes generales de las quejas –de los que Contralínea obtuvo copias por medio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública GuberCONTRALÍNEA

Bernandino Hernández/Cuartoscuro

4Una veintena de namental– refieren que hasta enero de 2013 ese organismo autónomo abrió 210 expedientes por los delitos de “privación de la vida” y “violación al derecho a la vida”, es decir, asesinatos cometidos por servidores públicos de los tres niveles de gobierno, pero en su mayoría por las fuerzas federales.

El primer expediente relacionado con una ejecución extrajudicial en este gobierno implicó a personal de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa. De acuerdo con el Reporte general (quejas) de la CNDH, se trata del archivo 2012/10930-Sin-2, abierto el 18 de diciembre de 2012 por tres presuntas violaciones: emplear arbitrariamente la fuerza pública, imputar indebidamente hechos y privar de la vida.

De diciembre de 2006 a enero de 2013, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos también integró 437 expedientes por desaparición forzada; 95 por tortura; y 6 mil 667 por tratos crueles, inhumanos y degradantes, que también pudieron constituir hechos de tortura. Cada expediente se refiere a una o más víctimas y siempre implica a servidores públicos.

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Las tres primeras quejas por desaparición forzada que recibió la CNDH en este sexenio presuntamente involucran a integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Policía Federal.

Así lo indican los expedientes 2012/138613, 2012/ 139959 y 2013/10633.

El primero de ellos, que se registró el 17 de diciembre de 2012, indica: “Manifiesta el quejoso que aproximadamente a las 19:00 horas del 4 de diciembre de 2012 arribaron a su domicilio un regimiento de militares y navales debidamente uniformados y encapuchados en varios vehículos, introduciéndose al mismo con lujo de violencia deteniendo arbitrariamente a [la víctima], sin mostrar ninguna orden para ello; que la golpearon, la envolvieron en una sábana y se la llevaron, sin conocer su paradero, ya que no ha sido puesta a disposición de ninguna autoridad”.

Respecto de las presuntas autoridades responsables de esa violación, la CNDH identifica a la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina.

El segundo expediente, 2012/139959, señala: “El quejoso expresó que en la madrugada del 15 de

defensores de los derechos humanos y seis periodistas fueron asesinados en el primer año del gobierno de Enrique Peña Nieto. En la imagen, el entierro del defensor Luis Olivares

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Bernandino Hernández/Procesofoto

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4Rocío Mesino Mesino, una de las luchadoras sociales asesinada en lo que va del actual gobierno. La dirigente de la Organización Campesina de Margarito Pérez/Procesofoto

la Sierra del Sur fue ejecutada el 20 de octubre en Atoyac, Guerrero

4“La militarización sigue y la violencia sigue, y pareciera que lo que ha cambiado es sólo el discurso”

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diciembre de 2012, el agraviado, su hermano Antonio González Bañuelos, se encontraba en una fiesta con varios amigos y estaban tomando bebidas embriagantes y al terminarse éstas fueron a comprar más, por lo que abordaron un coche y cuando se encontraba circulando sobre la avenida Prolongación San Isidro, en el municipio de Guadalupe, Zacatecas, se encontraron con varias patrullas de la Policía Federal; y los elementos les marcaron el alto, pero el conductor hizo caso omiso y emprendió la huida, por lo que comenzaron a dispararles y el conductor perdió el control del vehículo, chocando contra un poste de teléfono y estando [la víctima] y otros en el interior del coche, los elementos policiacos les siguieron disparando; luego sacaron [a la víctima] y [a] sus amigos del interior de esa unidad y los introdujeron a una de las patrullas y se retiraron, y desde CONTRALÍNEA

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PORTADA De acuerdo con el Estatuto de Roma, de la Corte Penal Internacional, entre los crímenes de lesa humanidad se encuentran el asesinato, el desplazamiento forzoso, la tortura, la violación, la encarcelación o persecución por motivos políticos, la desaparición forzada, el secuestro o cualquier acto inhumano que cause graves sufrimientos o atente contra la salud mental o física de quien los sufre, cuando dichas conductas se cometan como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque.

En el tema de tortura, el primer expediente (2012/ 201) integrado por la CNDH en este sexenio implica a funcionarios del Instituto Nacional de Migración, dependiente de la Secretaría de Gobernación, y de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz.

Además de la tortura, las víctimas sufrieron otras violaciones: “acciones y omisiones que transgreden los derechos a los migrantes y de sus familiares; detención arbitraria; efectuar una detención sin contar con la orden correspondiente fuera de los casos de flagrancia; faltar a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia en el desempeño de las funciones, empleos, cargos o comisiones; prestar indebidamente el servicio público; trato cruel, inhumano o degradante”.

Defensores de los derechos humanos consideran que la militarización ha ido de la mano de la impunidad. En breve entrevista, Santiago Cantón –director del Centro Robert F Kennedy para la Justicia y los Derechos Humanos– señala que es importante que el Estado mexicano tome acciones decisivas y concretas de avanzar en la lucha contra la impunidad.

Al respecto, dice, es necesario lograr un efectivo control civil sobre las Fuerzas Armadas y que no haya impunidad por las violaciones a los derechos humanos que han ocurrido. “El debate sobre la impunidad militar es fundamental y esperemos que el gobierno tenga la voluntad política de avanzar en la aprobación de la ley [sobre el fuero militar] este año, porque sería un avance muy importante para lograr una supervisión civil sobre las Fuerzas Armadas”.

Jaqueline Sáenz Andujo considera que “si hubiera habido de verdad una decisión por parte del Ejecutivo federal de retirar al Ejército también hubiera avanzado la parte del fuero militar, es decir, parece que va en un pacto político una cosa con la otra”.3 Óscar Alvarado/Cuartoscuro

entonces no sabe nada del paradero de su familiar ni de los otros que lo acompañaban. Agregó que lo ha buscado en las policías municipales, estatales y federales, en las diversas procuradurías generales de justicia y en la Procuraduría General de la República, sin resultados positivos”.

Como autoridad responsable, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos identifica a la Policía Federal, dependiente de la Secretaría de Gobernación.

El tercer expediente –el 2013/10633, registrado el 30 de enero de 2013– indica: “Manifiestan los quejosos que el 28 de diciembre de 2012, aproximadamente a las 13:30 horas, [las víctimas] transitaban en un vehículo por la avenida Ejército Mexicano, colonia Primero de Mayo, en Boca del Río, Veracruz, siendo inter-

4”La presencia de

militares se ha incrementado y esto ha hecho que los abusos y los casos que afectan la situación de los pueblos indígenas se sigan dando”: Abel Barrera, director del Centro Tlachinollan (en la imagen, a la izquierda)

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venidos [sic] para que detuvieran la marcha, llevándose detenidas a las dos personas, motivo por el cual han solicitado información sobre el paradero de los agraviados en distintas instancias estatales y federales, pero aún desconocen dónde se encuentren, que presentaron denuncias ante las autoridades competentes, iniciándose la investigación ministerial en la Agencia Séptima del Ministerio Público Investigador de Veracruz, Veracruz, y la investigación ministerial en la Agencia Segunda del Ministerio Público Investigador de Boca del Río, Veracruz”.

La Secretaría de Marina figura como la autoridad presuntamente responsable de dichas desapariciones forzadas.

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En México se agudiza la desigualdad social y se profundiza la lucha de clases. Al mismo tiempo, se atenta contra los derechos económicos, políticos, sociales y ambientales: todo aquello que huela a colectivo, comunal y estatal está bajo ataque. Políticos de los tres poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), todos de la misma clase social, imponen a las mayorías un futuro de carencias y miseria. Como el despojo será absoluto, también criminalizan la protesta. Con ello, sin embargo, legitiman las formas de lucha extralegales y justifican la subversión. Ya es el único camino Marcos Chávez M*, @marcos_contra

Ésta es la historia de una sociedad que se hunde. Que mientras se va hundiendo no para de decir: “hasta ahora todo va bien, hasta ahora todo va bien. Lo importante no es la caída, sino el aterrizaje” Mathieu Kassovitz, La haine (El odio) No hay democracia sin protesta. Toda protesta es política. Toda protesta importa. Protestar es un derecho, reprimir es un delito Roberto Gargarella, constitucionalista y sociólogo argentino

a señora Navanethem Pillay, mejor conocida internacionalmente como Navi Pillay, de origen sudafricano y con un doctorado en leyes obtenido en la rancia y aristocrática Universidad de Harvard, es considerada como una seria y tesonera defensora de los derechos civiles, como los sindicales, los de la infancia, los de la mujer, los de los presos o las víctimas de la tortura, por mencionar algunos de ellos; además de que fue una luchadora en contra del racismo en su país. Sus impecables credenciales, sin embargo, nunca afectaron su estado de ánimo y su gusto literario por el humor negro, digno de maestros en la materia como Ambrose Bierce, autor de los deliciosos libros El club de los parricidas y El diccionario del diablo, entre otros, mismo que Pillay trata de emular desde su puesto de alta comisionada para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, que ocupa desde 2008. Al cabo, alguna vez escribió Friedrich Nietzsche: “el hombre sufre tan terriblemente en el mundo que se ha visto obligado a inventar la risa”. Aunque ésta a menudo sea corrosiva.

El punzante humor negro de Navi quedó de manifiesto con su felicitación a la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México, luego de que las Naciones Unidas, organismo con quien la señora comparte su frivolidad por lo serio y su seriedad por lo frívolo, le concediera el premio de Derechos Humanos 2013, el primero otorgado a un tribunal. Según Navi Pillay, el galardón a esa institución –que en México es, paradójicamente, mejor conocida como la Corta de Justicia o de la Suprema Injusticia– es más que merecido, en virtud de que

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su “trabajo, sus decisiones en [materia] de jurisdicción militar, [por] el interés superior del niño, los derechos de los pueblos indígenas, la prohibición de la tortura y la libertad de expresión, ha[n] sido crucial[es] para promover el desarrollo, implementación [sic] y protección de los derechos humanos en México”. Y porque “los jueces, a todos los niveles, son garantes” de los mismos. En un exceso de lirismo, la señora añadió su “esperanza de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación [mexicana] continuará aplicando los más altos estándares de protección de los derechos humanos”.

El premio de las Naciones Unidas y la jerigonza de compromiso de la alta comisionada fueron una especie de sarcasmo injurioso para algunos mexicanos. Son como el eco de las últimas palabras emitidas en 1936 por el escritor antirrepublicano español Pedro Muñoz Seca ante el pelotón de fusilamiento republicano: “Me temo que ustedes no tienen intención de incluirme en su círculo de amistades. Podéis quitarme la hacienda, mis tierras, mi riqueza, incluso podéis quitarme, como vais a hacer, la vida, pero hay una CONTRALÍNEA

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Adriana Álvarez/Cuartoscuro

4Navi Pillay, alta organismo que se supone que vela por el derecho internacional y que premia a los poderes Ejecutivo y Legislativo mexicanos que, en lugar de someterse a la Constitución y al imperio de las leyes, son los primeros en mancillarlos y pisotearlos, que actúan impunemente y se colocan en la ilegalidad al violentar el estado de derecho ante la ausencia de mecanismos de supervisión, sanción y destitución. Que criminalizan y reprimen la protesta social.

Simboliza un lamentable patrocinio a un Poder Judicial, desde la Suprema Corte hasta el Ministerio Público, que en lugar de asumir su

comisionada para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas

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cosa que no me podéis quitar… Y es el miedo que tengo”.

La mordaz y ocurrente estrellita en la frente de la “bien portada” Corte y la ingeniosa soflama de la señora Navi llegan en el momento más inoportuno para los mexicanos y el más oportuno para las minorías dominantes: justo cuando se ensancha y se profundiza el abismo y las tensiones entre las llamadas “sociedad civil” y “clase política”; cuando los conflictos de clase se tornan ríspidos, irresolubles, y el malestar, el descontento y la protesta social se deslizan por la pendiente de la confrontación pacífica hacia el enfrentamiento violento.

Son como un balde de agua fría para los sectores de la sociedad que se desprenden del paralizante miedo y desafían a la derecha y a la llamada “izquierda” gobernantes, en particular a la administración capitalina, en defensa de sus intereses y sus derechos económicos, sociales y políticos que son meticulosamente cercenados por éstos últimos.

Representan un trágico respaldo a unos gobernantes que atentan en contra de los derechos sociales básicos –el derecho a un empleo estable y digno, un salario remunerativo, las prestaciones sociales (jubilación, seguridad social), la vivienda, la educación laica y gratuita, o la cultura, la seguridad alimentaria– y los políticos –el derecho al disenso, la libertad de manifestación, de crítica y expresión–.

Esos derechos civiles consagrados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1966 y que entró en vigencia el 3 de enero de 1976 como parte de la Carta Internacional de Derechos Humanos, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de los cuales México es signatario, son destruidos y disminuidos por las contrarreformas económicas neoliberales, los cambios en las leyes penales y contra el terrorismo, equiparándolos con los delitos comunes.

Constituyen un apoyo inusitado de un

4El derecho al disenso, la libertad de manifestación, de crítica y expresión, salvaguardados por la Constitución mexicana

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papel de cancerberos del orden constitucional, de contrapeso de los otros poderes del Estado y de impartidor de la justicia, salvo la honrosa excepción de algunos de sus miembros como Genaro Góngora Pimentel, Juventino Castro y Castro y algunos cuantos jueces, se ha convertido en un siervo y en un cómplice corrompido, ciego, mudo y sordo, como el simio, ante los abusos y las tentaciones despóticas de los príncipes en turno, de los congresistas que legislan arbitraria e ilegalmente, de los dueños del poder real, la oligarquía y los capitalistas.

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La actuación y el sometimiento del Poder Judicial se deben a varias razones. Una de ellas es que, a diferencia del Ejecutivo y el Legislativo, que en la mascarada democrática son favorecidos por los electores, los miembros del Poder Judicial no están sujetos a la elección ni a la remoción populares.

Los ministros de la Corte son elegidos por el CONTRALÍNEA

4En lugar de tratar Ejecutivo en turno y a él le deben su cargo.

Sometido al príncipe, el Senado sólo los ratifica. El resto son calificados dentro de la misma estructura judicial.

Como dice el constitucionalista Roberto Gargarella en su trabajo El derecho frente a la protesta social: “No los elegimos, ni removemos y tampoco podemos reprochar en CONTRALÍNEA

cuanto al camino que eligen para fundar sus opiniones. Este Poder que no controlamos tiene (porque se ha autoarrogado esta capacidad) la posibilidad de decir la última palabra sobre todas las cuestiones constitucionales. El Poder Judicial decide sobre todas las cuestiones importantes a las que nos enfrentamos, desde privatizaciones, hasta el divorcio, el aborto, los alcances de nuestra libertad de expresión, cómo pensar la democracia, cómo actuar frente a la protesta social. Éste es justamente el poder que tenemos: menos po-

de atemperar los conflictos sociales, el gobierno los ha agudizado con sus contrarreformas educativa y energética, con la represión de sus opositores y la violación del proceso legislativo

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Juan Pablo Zamora/Cuartoscuro

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4El líder del Frente

sibilidades institucionales de controlar. Está compuesto por gente con un perfil particular, para bien o para mal; máxime los jueces que ocupan los lugares más importantes: la mayoría son hombres, católicos, de ideología conservadora, de clase media alta”.

Sus argumentaciones jurídicas, añade Gargarella, que deberían representar el escalón más alto en materia de discusión pública, se caracterizan por sus formalismos y formulismos, su debilidad y sim-

Germán Canseco/Procesofoto

de Pueblos en Defensa de la Tierra, Ignacio del Valle, quien fuera injustamente encarcelado por oponerse a la construcción de un aeropuerto en Atenco

4El presidente de México, Enrique Peña Nieto, y el jefe del gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera

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plismo teórico y argumentativo, por su pobreza, clasismo, prejuicios e ignorancia. “Esto se nota en las decisiones que toman las más altas instancias judiciales. Basta leer esos fallos para darse cuenta de la ausencia de argumentos, de la falta de esfuerzo por ser claros, por ser persuasivos, para hacernos entender cómo es que piensan los derechos. Basta leer esos fallos, también, para darnos cuenta de la brutalidad con la que muchos jueces piensan la idea de democracia, la tosquedad con la que se acercan a la idea de Constitución” (“No hay democracia sin protesta. Las razones de la queja”, entrevista realizada por Esteban Rodríguez en 2012).

En ese sentido, agrega Gargarella, “todos tenemos el deber cívico de someter a la crítica más radical –en el sentido más interesante de la palabra– muchas de las decisiones judiciales que hoy toman nuestros jueces. Pero creo que nuestro deber cívico va más allá. Es un deber empezar a pensar críticamente el modo en que hemos organizado el poder, en que poco a poco hemos ido perdiendo control y decisión sobre las cuestiones que más nos importan, en que sigilosamente se nos ha expropiado la capacidad de decidir sobre cómo es que queremos vivir juntos”.

El silencio del Poder Judicial ante la conculcación de los derechos señalados, de la libertad de expresión y manifestación, del disenso, de la criminalización de la protesta social, no sólo es ostensible y vergonzante, se ha convertido en cómplice de sus promotores de los poderes Ejecutivo y Legislativo.

En lugar de asumir dignamente su papel de valladar del estado de derecho, de vigilar y limitar los abusos del poder, el Poder Judicial se ha convertido “en el brazo jurídico armado del poder político”, como dice Gargarella en su trabajo Carta abierta sobre la intolerancia.

Los ejemplos sobre la leguleya y retorcida aplicación de las leyes son incontables.

Algunos de ellos son los casos de la arbitraria detención de Ignacio del Valle Medina, quien fuera el líder más destacado de la reCONTRALÍNEA

belión civil de San Salvador Atenco (20012006), Estado de México, y de otros 10 atenquenses; la detención de Alberto Patishtán, profesor indígena tzotzil encarcelado durante 13 años luego de un sucio proceso penal (Patishtán fue indultado en 2013 por Enrique Peña Nieto, el responsable de la violación de los derechos de los atenquenses y que actualmente gobierna impunemente a México); las ominosas detenciones de Jorge Mario González García, quien llevó a cabo una huelga de hambre de más de 50 días, y de Alejandro Piña Bautista, sentenciado a 5 años 9 meses de prisión, a raíz de la movilización estudiantil del pasado 2 de octubre; la injuria en contra de estos últimos debe ser endosada a Miguel Ángel Mancera, de invisible color de izquierda rosácea mexicana, quien se comporta como policía antes que como jefe de gobierno de la capital.

Otro caso especial es el de Miguel Badillo, director de la revista Contralínea, y a otros trabajadores y colaboradores de esta revista por añadidura, debido a su irreductible decisión por ejercer un periodismo serio, independiente, crítico; por dar voz a los sin voz, los mancillados y excluidos por el sistema; por jugar un papel alegre de contrapoder. Todos padecen las presiones del poder económico-político en contra de la libertad de expresión sin doblegarse. Una verdadera cacería penal instrumentada por el grupo Zeta, propiedad de la familia Zaragoza, y el Poder Judicial, por la simple osadía de documentar la supuesta corrupción existente entre ese grupo y los funcionarios de Petróleos Mexicanos; entre el poder político y el económico.

Esos y otros casos guardan varios rasgos en común: la defensa de los intereses sociales y el ejercicio de su derecho a la protesta ante la arbitrariedad, los abusos y la impunidad del poder, la fabricación de delitos, la venalidad del Poder Judicial, la criminalización de la disidencia y el descontento.

Con la desprotección legal ante los abusos del poder, las mayorías pagan el tributo de la vida cortesana, el derroche presupuestal, el poder político y el enriqueCONTRALÍNEA

cimiento insultante de las autoridades judiciales, a veces mal habidas.

La injusticia, base social de la rebelión John Locke, calificado como el padre del liberalismo, señalaba en sus Tratados sobre el gobierno civil que cuando el gobierno se comprometía a respetar los derechos individuales, el pueblo tendía a reconocer y a honrar tales esfuerzos; estaba dispuesto a sufrir antes que comprometerse con las acciones de rebeldía contra el gobierno.

Thomas Jefferson sugería, en sus Escritos políticos, restringir el uso de los aparatos represivos del Estado en contra de los “violadores” del derecho a partir de razones asociadas con el valor público. Sostenía que era necesario mantener al gobierno bajo la crítica permanente y que los representantes sintieran el peso de la responsabilidad que estaba a su cargo.

Pero cuando no sucede así, llega la era de la resistencia y la búsqueda del cambio.

Dijo Locke: “el hombre o gobierno que ha perdido la confianza de su pueblo carece “El hombre o gobierno del derecho de gobernarlo”. El corolario es que ha perdido la conlógico: el derecho del pueblo a la rebelión, a fianza de su pueblo deponer a un gobierno cuando éste haya dejado de gestionar los asuntos públicos de carece del derecho de acuerdo con el interés de los ciudadanos. gobernarlo”. El pueblo Ésa fue la historia de Abdala Bucaram (1997), en Ecuador; Raúl Cubas Grau (1999), tiene derecho a la rebeen Paraguay; Alberto Fujimori, en Perú, y lión, a deponer a quien Jamil Mahuad, en Ecuador (ambos en 2000); Gonzalo Sánchez de Lozada (2003), ya no representa sus en Bolivia; o de los cinco presidentes argenintereses tinos que se esfumaron en 13 días, entre finales de 2001 y principios de 2002, tras la renuncia del entonces presidente Fernando de la Rúa. Ése fue el costo que pagaron los gobiernos despóticos y neoliberales cuando los pueblos decidieron ejercer su derecho a la resistencia.

Carlos Salinas y Felipe Calderón sobrevivieron a sus sendos golpes de Estado “técnicos”. ¿Pasará lo mismo con el actual presidente?

Las bases sociales de la rebelión, escribió el sociólogo político estadunidense Barrington Moore, descansan en la injusticia. En aquel momento en que el rey ha fallado en sus obligaciones, su relación con los súbditos se ha roto, el contrato social ha llegado a su fin temporal y las emociones humanas más potentes pueden derribar tronos. “La forma de crítica verdaderamente subversiva empieza cuando la gente pregunta si una función social específica debe necesariamente ser desempeñada, y si los reyes, sacerdotes, capitalistas y los burócratas revolucionarios son algo sin lo cual la sociedad no puede vivir”.

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SOCIEDAD En una situación de esa naturaleza es cuando la sociedad resiste, desafía y busca cambiar el orden establecido.

El descontento y la protesta social en México, con sus acciones violentas, no surgen de la nada. Es una consecuente respuesta, natural e inevitable, e incluso válida y saludable para una sociedad con aspiraciones republicanas, democráticas, ante las políticas antisociales y despóticas de los grupos dominantes ante su desdén, abuso y desprecio por el daño que le causan a las mayorías, ante la ausencia de mecanismos legales que permitan canalizar pacífica e institucionalmente los conflictos.

Los últimos seis gobiernos despóticos y neoliberales, entre ellos el de Enrique Peña Nieto, no han hecho más que violentar los derechos civiles de los mexicanos. Y una vez cerradas todas las puertas legales e institucionales, a la sociedad no le queda más que derribar al antiguo régimen despótico, como enseñaron los jacobinos, encabezados por Robespierre, los comuneros de París, Marx y Engels, Lenin o Fidel Castro, entre muchos otros.

El ascenso al gobierno de Peña Nieto –por medios ilegales– y la brutal represión instrumentada por Calderón, Peña, MarceEl descontento y la prolo Ebrad y Mancera desde el 1 de diciembre testa no surgen de la de 2012 en contra de quienes se opusieron a nada: son una respuesta esa anomalía, agravaron el malestar de la población nutrido por la “guerra” declarada válida para una sociedad por Felipe Calderón en contra del narco que con aspiraciones repusirvió para reprimir y asesinar a sus opositores; su golpe de Estado ejercido en contra blicanas, democráticas, del Sindicato Mexicano de Electricistas o la ante las políticas antisocontrarreforma neoliberal laboral con sello calderonista-peñista. ciales y despóticas de En lugar de tratar de atemperar los conlos grupos dominantes flictos sociales, Peña los ha agudizado con su contrarreforma neoliberal educativa que tiene a los maestros en ebullición, su miscelánea fiscal, la neoporforista reelección de senadores, diputados federales y locales y alcaldes, sin mecanismos de sanción, el paso previo a la reelección presidencial; la reprivatización energética (petrolera y eléctrica), la represión de sus opositores y la descarada violación del proceso legislativo por el Partido Revolucionario Institucional, el Partido Acción Nacional y el mercenario Partido Verde Ecologista de México encabezada por Manlio Fabio Beltrones (ensuciado por el asesinato de Luis Donaldo Colosio) y Emilio Gamboa (manchado por la pederastia), y la solución diazordadista a la protesta social.

Y la Corte, regenteada por Juan Silva Meza, está muda, ciega y sorda ante los abusos de sus pares y los gritos furiosos y de dolor de los descontentos reprimidos. Disfrutan de su absurdo premio.

La efervescencia social es consecuencia del neoliberalismo y el despotismo del sistema, ahora liderado por Peña Nieto. Puede estarse o no de acuerdo con los furiosos métodos destructivos empleados 42

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por los grupos anarquistas que colorean las manifestaciones desde el 1 de diciembre de 2012. Lo que no se les puede negar es la legitimidad de las causas que los orillaron a caminar por ese sendero. La principal crítica a sus silvestres acciones es que ellas han servido al gobierno federal y el capitalino para justificar la represión en contra de los demás descontentos, y que en nada contribuyen a un cambio poscapitalista.

En todo caso, como dijera Lenin, que veía con recelo a los anarquistas y los terroristas, “la revolución no se lleva a cabo con guantes de seda”.

En 2012, Eugenio Raúl Zaffaroni, juez de la Corte Suprema de Justicia argentina, señaló “que la justicia no es un terreno para resolver los conflictos sociales […]. La protesta social y la desobediencia civil, como formas de reclamo, como una vía no institucional, son un derecho constitucional […]. Esos derechos a la protesta en general, es un derecho que no entra en el ejercicio legítimo de un derecho como causa de justificación sino que directamente está exento de toda posibilidad de tipificación o prohibición penal como cualquier ejercicio de un derecho. Las primeras manifestaciones de protesta social inorgánicas pueden sufrir la intervención de exaltados y la consabida infiltración táctica de provocadores orientada a justificar la represión. La protesta social más o menos organizada no conoce por completo la táctica de la no violencia y, como consecuencia, incurre en ocasiones en los errores que conspiran contra sus propios fines, pues neutraliza la publicidad que busca.

De cualquier manera es necesario precisar que estas pocas contradicciones –como con frecuencia sucede frente a reclamos de derechos sociales– suelen ser magnificadas al extremo por quienes deslegitiman los reclamos y propugnan la represión indiscriminada de cualquier protesta social, pese a que la magnitud de la violencia contradictoriamente practicada no sea ni remotamente comparable con el grado de las violencias a las que históricamente se ha sometido a quienes protestaron, las que, como es público y notorio, se han traducido en múltiples hoCONTRALÍNEA

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pero no lo hace. Si los jueces se preocuparan por estudiar teoría de la democracia, teoría de los derechos, teoría de la interpretación constitucional, teoría de la justicia, fácilmente llegarían a conclusiones opuestas a las que hoy llegan”.

La criminalización de la protesta social no es más que una manifestación del autoritarismo. ¿Cómo la han enfrentado los gobiernos neoliberales mexicanos? A través de su criminalización, la represión, la infiltración, la provocación, la detención, el encarcelamiento, el asesinato, a menudo fabricando delitos ridículos aceptados por jueces venales. Con cambios en las normas penales que llegan al ridículo para equipararla con el terrorismo, tal y como acaban de hacer los diputados de los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional y Verde Ecologista, que aprobaron una ley que busca acotar las manifestaciones en la capital, reducirlas al horario de 11:00 a 18:00 horas,

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micidios y todo género a arbitrariedades y maltratos” (Criminalización de la protesta social).

Gargarella afirma que “toda protesta es política. Toda protesta importa. Toda protesta debe ser tomada en serio por el gobierno, para repensar los alcances de las propias políticas, mucho más cuando la protesta tiene un carácter masivo. En el núcleo esencial de los derechos de la democracia está el derecho a protestar, el derecho a criticar al poder público y privado. No hay democracia sin protesta, sin posibilidad de disentir, de expresar las demandas. Sin protesta la democracia no puede subsistir”. En un sistema institucional donde se delega la toma de decisiones, agrega: “Lo mínimo que podemos hacer es preservarnos el derecho de criticar a aquellos en los que hemos delegado todo.

Mucho de lo más importante de nuestras vidas está en manos de otros. Por eso es que me parece importante reclamar el derecho a la protesta como un derecho esencial. De allí que lo podamos llamar el ‘primer derecho’. Si se cancela ese derecho los demás pueden caer”.

Uno de los argumentos más escuchados, que se utilizan para criminalizar, que aportan el consentimiento social para que el gobierno decida la criminalización de la protesta es: “el derecho de uno termina donde empiezan los de los demás.” Esa consigna es ridícula, sostiene Gargarella, “es una frase que no dice absolutamente nada. Alguien que quiera defender la protesta podría decir lo mismo: ‘coincido, sus derechos terminan donde comienzan los míos, entonces por qué usted no respeta mis derechos sociales’. Cuando se la piensa desde la Constitución la idea es exactamente la contraria, o sea [sic], qué nivel de protección requieren ciertos derechos y ciertos sectores que carecen de ellos, qué derechos queremos priorizar, cómo queremos vivir juntos. Desde la Constitución se busca proteger la libertad de expresión, el derecho a protestar, la crítica de la minoría. Desde el Código Penal lo que se busca es pensar sobre los niveles adecuados del reproche y la represión estatal. La justicia tiene margen para situarse de una manera totalmente distinta,

4Contrarreformas y violaciones a los derechos humanos, principales motivos del descontento ubicarlas en vías secundarias y condicionarlas al otorgamiento de un permiso oficial.

La criminalización de la protesta ha sido un proceso en el que participa la Suprema Corte, que en septiembre de 2013 determinó poner un freno a la aplicación plena de los tratados internacionales suscritos por México cuando sean contrarios a la Constitución. Con ello aspira a amputar la posibilidad de los mexicanos a recurrir a los foros internacionales cuando sus derechos humanos son pisoteados en México.

En esa perspectiva neoliberal y autoritaria, a la población sólo se le deja la salida de la violencia para defender sus intereses sociales básicos y sus derechos políticos.3 *Economista 6 DE ENERO DE 2014

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LÍNEA GLOBAL

Crisis del capitalismo

DESEMPLEO EN TODO EL ORBE El año que concluyó fue desastroso para los trabajadores de todo el orbe: se redujeron las posibilidades de empleos dignos, los salarios reales bajaron, la explotación laboral aumentó… En su informe, la OIT revela que todo ha sido consecuencia de un fenómeno que, si bien ha estado presente por siempre, se ha agudizado en los últimos lustros: la desigualdad económica y social. La riqueza se concentra en menos manos y crece el número de parias Masiel Fernández Bolaños/Prensa Latina/Ilustraciones: Manrique

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LÍNEA GLOBAL a persistencia de elevados niveles de desempleo y la insuficiente creación de puestos de trabajo caracterizaron al mercado laboral en el orbe durante 2013.

Las desigualdades por regiones y países es uno de los elementos que llaman la atención y preocupan a los académicos.

Algunos especialistas advirtieron una recuperación gradual del empleo, la cual consideran un desafío para la mayoría.

Muchas de las llamadas “naciones en desarrollo” experimentaron un incremento de la ocupación y una disminución de las desigualdades de los ingresos en contraste con los países de altos ingresos, según un informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Las desigualdades de los ingresos aumentaron en las economías avanzadas durante los 2 últimos años, en un contexto de incremento del desempleo mundial que, se prevé, se elevará desde los actuales 200 millones a cerca de 208 millones para 2015, señala el texto.

También las diferencias económicas subieron a medida que las pequeñas empresas quedaron rezagadas con respecto a las más grandes, en términos de ganancias e inversiones productivas.

Tal situación constituye un problema para la recuperación del empleo en la actualidad y afecta las perspectivas a largo plazo.

El documento de esa agencia de la Organización de Naciones Unidas muestra que los grupos de ingresos medios en muchas naciones avanzadas se redujeron, una situación incentivada, en parte, por la desocupación por largo tiempo,

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el debilitamiento de la calidad del empleo y el abandono del mercado laboral por parte de los trabajadores.

Por el contrario, en muchos de estos países la remuneración de los directores ejecutivos se comportó al alza.

Ante dicha situación, la OIT opinó que son necesarios más y mejores trabajos, de manera que pueda haber una mejor distribución de los ingresos a nivel global.

En los países en desarrollo, el desafío más importante es consolidar los progresos recientes en la reducción de la pobreza y las desigualdades. Las inversiones productivas, el salario mínimo y la protección social han contribuido con ese esfuerzo en Brasil, Costa Rica, India, Indonesia, Turquía y Vietnam.

Las inversiones La incapacidad de transformar las ganancias en inversiones en las economías avanzadas retarda la recuperación del empleo, un hecho que constituye uno de los principales señalamientos de los analistas.

Los expertos plantean que mejorar la actividad de inversión es fundamental en aras de permitir que las empresas aprovechen las nuevas oportunidades y contraten a más personas.

En los llamados “países desarrollados”, el crecimiento de la ocupación sigue débil y los niveles de empleo permanecen por debajo de los niveles anteriores al inicio de la crisis en 2008.

En el caso de las economías emergentes, éstas representan aproximadamente el 47 por ciento de las inversiones mundiales, en contraposición con sólo el 27 por ciento en 2000.

La reducción del acceso al crédito, en especial para las pequeñas empresas, es un gran obstáculo para las inversiones, las cuales son inhibidas por la insufiCONTRALÍNEA

ciencia de la demanda de bienes y servicios en general, así como por una falta de confianza en el futuro de la economía.

En tal sentido, la OIT defendió la necesidad de centrarse en la economía real y de adoptar medidas dirigidas a reducir la incertidumbre y a estimular el crecimiento, que tienen repercusiones positivas sobre la demanda agregada y la creación de empleo.

reducir la pobreza laboral y ofrecer protección social a los trabajadores vulnerables, un problema presente en todo el mundo.

Aunque el número de trabajadores pobres en los países en desarrollo sigue siendo alto, en Estados como Brasil el gobierno aumentó considerablemente el sueldo mínimo, una medida que mantuvo en los peores años de la crisis.

Salarios crecen menos que productividad

Los jóvenes: un caso especialmente preocupante

Estudios especializados muestran que el crecimiento de los salarios continúa muy por debajo del periodo anterior a la crisis a nivel mundial y que es negativo en las economías desarrolladas, pero aumentan en las emergentes.

Los sueldos mensuales crecieron 1.2 por ciento en 2011, frente a 3 por ciento en 2007 y 2.1 por ciento en 2010, situación que impacta negativamente sobre los trabajadores.

Un elemento remarcado es que los salarios crecieron a un ritmo menor que la productividad laboral durante la última década.

Esta tendencia, alertan las investigaciones, ha generado un cambio en la distribución de los ingresos, lo cual significa que los trabajadores se benefician menos de los frutos de su faena mientras que los propietarios del capital se favorecen más.

En Estados Unidos, por ejemplo, la productividad laboral por hora en las firmas no agrícolas aumentó cerca del 85 por ciento, mientras que las remuneraciones ascendieron en sólo 35 por ciento, aproximadamente, desde 1980.

En Alemania, llamada la Locomotora Europea, la productividad laboral subió en casi un cuarto a lo largo de las 2 últimas décadas, mientras que los sueldos se mantuvieron estables.

La OIT insta a sus 185 Estados miembros a adoptar políticas sobre salario mínimo como un medio para

Más allá de las diferencias regionales, cifras recientes evidencian que la tasa de desempleo entre los jóvenes a nivel mundial sigue creciendo, y está previsto que alcance el 12.8 por ciento en 2019, con lo cual se ratifica como uno de los sectores más perjudicados en materia laboral.

Expertos alertan que el impacto a largo plazo de la crisis del empleo juvenil podría hacerse sentir durante décadas creando una generación en peligro de no encontrar nunca un trabajo decente, por lo cual ya muchos hablan de una “generación perdida”.

Tras lo alarmante de los datos, sobresale la persistencia de la cesantía, la proliferación de empleos temporales, el creciente desaliento, las ocupaciones de baja calidad, informales y de subsistencia.

En el caso de las naciones desarrolladas, la tasa de desempleo juvenil en 2012 fue de 18.1 por ciento. Los pronósticos apuntan a que es probable que permanezca por encima de 17 hasta 2015 y no está previsto que disminuya por debajo de 17 puntos antes de 2016.

El caso de Europa es especialmente preocupante debido al recrudecimiento de la situación desde el estallido de la crisis de deuda en 2009. En Grecia y España, más de la mitad de la población juvenil económicamente activa está desempleada.

Por ello, la OIT llama a favorecer un crecimiento con alto coeficiente de empleo y la creación de trabajo decente a través de políticas macroeconómicas, políticas del mercado laboral y derechos de ese sector poblacional, para abordar las consecuencias sociales de la crisis y al mismo tiempo garantizar la sostenibilidad financiera y presupuestaria.3

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ENFERMOS MENTALES mueren a manos de la policía en Estados Unidos Falta de capacitación de la policía, la principal causa de las muertes de personas con alguna afectación mental a manos de agentes del orden.

Esquizofrénicos, deprimidos o con trastorno de personalidad, entre las víctimas de la negligencia o incapacidad policiaca Judith Scherr/IPS/Ilustraciones: Manrique

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erkeley, Estados Unidos. Al menos la mitad de las entre 375 y 500 personas que mueren cada año a manos de la policía en Estados Unidos padecen una enfermedad mental, según una investigación de los diarios Portland Press Herald y Maine Sunday Telegram. Uno de esos casos es el de Kayla Xavier Moore, quien sufría esquizofrenia paranoide.

Poco antes de la medianoche del 12 de febrero de 2013, el compañero de piso de Kayla Moore llamó al 911, el número de emergencias que en este país remite

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a la policía, los bomberos o los servicios de salud. Moore, de 41 años de edad, no había tomado sus medicamentos y estaba muy agitada.

Su compañero pensaba que la llevarían a un hospital siquiátrico, la estabilizarían con la medicación y la devolverían a su casa en 72 horas, como era habitual.

Pero eso no fue lo que sucedió. La policía de la occidental ciudad de Berkeley, en el estado de California, descubrió que Moore tenía una orden de arresto pendiente y decidieron detenerla. Cuando los agentes intentaron esposarla, Moore, quien también era afroestadunidense y transgénero, se resistió y murió.

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LÍNEA GLOBAL El forense dictaminó que su fallecimiento se debió a obesidad, consumo de drogas y enfermedad cardiovascular, pero la familia de Moore acusa a la policía.

Moore no protagonizó un disturbio ni representaba peligro alguno, dijo su hermana Maria Moore a representantes de esta comunidad de California en una reunión que se realizó para tratar el incidente.

“Cuando usted pone sus manos sobre alguien que es esquizofrénica paranoide, que no confía en la policía, esa persona va a resistirse”, explicó. “Si [la policía] se hubiera detenido por un minuto a escuchar y enterarse de la situación, Kayla estaría viva.”

“Siempre fue un niño feliz” Arthur Moore recuerda el día en que llevó a su primogénito a casa desde el hospital, y la alegría que Xavier trajo a la familia (este artículo se refiere a Xavier en su infancia, con el género masculino, y a Kayla de adulta, con el femenino).

“Xavier siempre fue un niño feliz. Cualquier cosa a la que se dedicaba lo hacía con mucha alegría e intensidad”, recordó Arthur Moore en una entrevista en su casa. “Tenía curiosidad por todo”.

A medida que crecía, Xavier se escondió dos veces por periodos prolongados, algo que la familia consideró luego como una señal temprana de su enfermedad.

Ya en su edad adulta, Kayla Moore oía voces inexistentes y muchas veces prefería consumir drogas en lugar de los medicamentos que le recetaban. Conocida por sus amigos y familia como una poeta, talentosa cocinera y excelente imitadora, Moore vivió en refugios, la calle, hoteles baratos, la casa familiar y, finalmente, en un apartamento subsidiado.

Cuando se instalaba en un lugar nuevo, “de repente personas invisibles en el apartamento comenzaban a perseguirla y ella se veía obligada a mudarse otra 50

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vez”, contó Elysee Paige-Moore, madrastra de Kayla.

Los informes policiales indican que en un principio Kayla Moore cooperó con los agentes la noche en que murió saliendo de su apartamento para hablar con ellos. Pero cuando le dijeron que la llevarían a la cárcel, se precipitó en el interior de su vivienda y exigió una confirmación de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por su sigla en inglés).

La policía pidió refuerzos para someter a Moore, de 157 kilos de peso, hasta que la pusieron boca abajo sobre un colchón en el suelo. Varios agentes se colocaron encima de ella para esposarla y atarle los tobillos. Cuando dejó de luchar, la pusieron de lado. Según la policía, en ese momento respiraba, pero pronto dejó de hacerlo y no fue posible revivirla.

Varios policías de Berkeley realizaron un curso de 40 horas en Capacitación para Intervenciones en Casos de Crisis (CIT, por su sigla en inglés), pero ninguno estuvo presente durante la detención de Kayla Moore, y el Equipo Móvil para Crisis, integrado por técnicos en salud mental, ya había terminado sus actividades a las 23 horas.

“Si va a tener una crisis de salud mental en Berkeley, asegúrese de hacerlo en horario de oficina”, advirtió el comisario de Salud Mental de la ciudad, Paul Kealoha, en una reunión comunitaria.

Desactivando el modo policía La CIT se basa en el principio de que las personas que experimentan angustia por salud mental necesitan compasión y tratamiento, no cárcel.

“Las tácticas que nos enseñan en la academia no siempre son las mejores para tratar con alguien en crisis”, reconoce el capitán de la policía de Filadelfia, Fran Healy, en Un enfoque integrado de apaciguamiento y CONTRALÍNEA

minimización del uso de la fuerza, publicado por el Foro sis”, y se dan cuenta de que son personas como ellos, Ejecutivo de Investigación Policial. agrega.

“Reiteramos a nuestros oficiales que deben desacMuchas comunidades tienen Equipos Móviles en tivar el ‘modo policía’ en estas situaciones [...]. La CIT Casos de Crisis, integrados por profesionales de salud les da a los agentes la conciencia de cuándo tienen que mental que atienden a personas con este tipo de procambiar su enfoque y activar más el modo trabajador blemas. El Equipo de Oakland, en California, trabaja social”, escribe Healy. en conjunto con la policía y está disponible entre semaIniciado en Memphis, Tennessee, na 9 horas al día. en 1988, el curso enseña a los agenStephanie Lewis, quien dirige el Equipo, tes cómo reconocer problemas de explica que cuando la policía recibe una llasalud mental, técnicas de apaciguamada diciendo, por ejemplo, que un ser miento y la forma de “derivar a las perquerido está agitado o gritando, en sonas con enfermedades mentales graves primer lugar la policía confirma que del sistema de justicia penal hacia el sistela situación sea segura, luego los ma de cuidados comunitario”, explimédicos tratan de conectarse con la có Jeffrey Shannon, coordinador persona llamándola por el de CIT de Berkeley. nombre que prefieran, moSólo 8 por ciento de dulando su tono de voz, y, los policías de Bersobre todo, con respeto. keley tienen entreLa colaboración namiento CIT, con la policía lleva aunque Shannon más de 10 años, espera que la ciexplica George fra suba a 20 por Karabakakis, ciento. La maquien es direcyoría de las 2 mil tor de Health comunidades con Care & Rehabiestos programas sólo entrelitation Services, nan a una fracción de la fuerza. la organización sin La ciudad de Portland, en fines de lucro que conel noroccidental estado de trata al personal del EquiOregon, entrena a todo el po. departamento.

En Berkeley, una coaA pesar de su importanLa colaboración con la lición liderada por la Asocia, los Equipos Móviles comunidad de salud menciación Nacional para el tal es clave para la capaciProgreso de las Personas de en Casos de Crisis sólo tación, dice Laura Usher, Color (NAACP, por su sigla trabajan en horarios de directora del programa CIT en inglés), el grupo de dereoficina con la Alianza Nacional de chos civiles más antiguo Enfermedad Mental, una de Estados Unidos, reacciode las organizaciones que nó ante la muerte de Kayla creó el curso en la ciudad Moore presionando a las de Memphis. autoridades de la ciudad para que consideren Equipos En una parte del curso, las personas “sólo cuentan Móviles en Casos de Crisis las 24 horas del día y lisus historias, cómo es tener una enfermedad mental, miten la participación policial en casos de salud menestar en crisis y qué se siente al estar en recuperación” tal ante las situaciones de peligro. expresa Usher.

“Tenemos que darle sentido a la muerte de Kayla”, “Los agentes dicen que es la primera vez que ven dijo Maria Moore. “Tenemos que lograr algún cama alguien con enfermedad mental que no está en cri- bio de esto”.3 CONTRALÍNEA

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Mientras los corporativos mediáticos aplauden el acuerdo anunciado entre Irán y los 5+1, el arreglo implica una abdicación del nuevo gobierno iraní. No se puede creer que las partes han disipado un simple malentendido que subsistió durante 8 años por culpa del presidente Ahmadineyad. La realidad es que Irán ha renunciado a su investigación nuclear y ha comenzado a desmantelarla, sin recibir nada a cambio… fuera de una promesa de levantamiento progresivo de un sistema de sanciones que es ilegítimo. En pocas palabras, Irán se ha rendido Thierry Meyssan/Red Voltaire

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amasco, Siria. La firma del acuerdo sobre el Programa Nuclear Iraní el 24 de noviembre de 2013 en Ginebra, Suiza, ha sido saludada en el mundo entero –excepto Israel– como el fin de un quid pro quo. Todos los firmantes han tratado de convencer de que, sin los pronunciamientos excesivos del expresidente Mahmud Ahmadineyad, las partes hubiesen podido llegar mucho antes al actual arreglo.

Es decir que se destruyó el comercio internacional de Irán y se estuvo al borde de la guerra sólo ¡porque las partes no se habían notado que estaban de acuerdo!

La realidad, por supuesto, es muy diferente. Los occidentales mantuvieron sus exigencias, pero Irán sí renunció a las suyas. Es cierto que el texto firmado en Ginebra es de carácter transitorio, pero Irán renuncia a la construcción de la central de Arak, a su uranio ya enriquecido al 20 por ciento y a la técnica de enriquecimiento.

En 2005, la elección del presidente Ahmadineyad dio un nuevo impulso a la Revolución iniciada por el ayatolá Jomeini. Contrariamente a sus predecesores, los presidentes Rafsanyaní (1989-1997) y Jatamí (19972005), Ahmadineyad no sólo favorecía una política de independencia nacional, sino que era un antiimperialista de la estirpe del pensador de la Revolución iraní,

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Alí Shariatí. En pocos años, Ahmadineyad convirtió a Irán en una potencia científica e industrial. Desarrolló la investigación nuclear con vista a la creación de un tipo de central adaptado a las posibilidades del tercer mundo y que fuese capaz de aportar a la humanidad la verdadera independencia energética, liberándola del uso del carbón, del gas y del petróleo.

Jamás se destacará lo suficiente la oposición entre los partidos iraníes. Rafsanyaní y Jatamí son clérigos.

Ahmadineyad es un guardián de la Revolución. Durante la agresión iraquí fueron los guardianes de la Revolución quienes salvaron el país, arriesgando para ello sus vidas, mientras que los clérigos recurrían a todo tipo de trucos para evitar que sus propios hijos tuviesen que ir a la guerra. La clase clerical dispone de bienes inmensos: el propio Rafsanyaní es el hombre más rico de Irán, mientras que los guardianes de la Revolución son gente de pueblo y practican un modo de vida realmente espartano. Occidente no se equivocó durante 8 años al ver en Ahmadineyad un adversario. Lo que verdaderamente nunca correspondió a la realidad fue el calificativo de Hombre de los Mulás que se le aplicaba en Occidente a ese líder, tan místico como anticlerical.

En respuesta a las aspiraciones revolucionarias de Ahmadineyad, los occidentales comenzaron a sembrar la duda sobre la naturaleza del programa nuclear iraní CONTRALÍNEA

y utilizaron a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para prohibir que Irán enriqueciera su propio uranio, del que tiene gigantescas reservas. Impedían así que utilizara sus propios recursos naturales y lo obligaban a la vez a vender ese precioso mineral a bajo precio. Impusieron, tanto en el Consejo de Seguridad de la ONU como de manera unilateral, una serie de sanciones sin precedente histórico para estrangular así la República Islámica. Iniciaron además una campaña de propaganda que presentaba a Ahmadineyad como un “loco peligroso”. Y finalmente organizaron, en 2009 y con la colaboración de Rafsanyaní y de Jatamí, un intento de revolución de color.

Todos recordamos aún la falsa traducción de un discurso de Ahmadineyad que trataba de hacer creer que el entonces presidente iraní quería exterminar a los israelíes. La agencia Reuters afirmó, incluso, que había dicho que había que “borrar Israel del mapa”. Muchos recuerdan también la manipulación occidental sobre el verdadero sentido del Congreso sobre el Holocausto realizado en Teherán, encuentro que tenía como objetivo mostrar que los occidentales han destruido la espiritualidad de sus propias sociedades y que la han reemplazado por una especie de nueva religión que gira alrededor de ese hecho histórico. La manipulación occidental consistía en hacer creer que, a pesar de la presencia de varios rabinos en aquel congreso, se trataba de una celebración del negacionismo. Y ni siquiera entraremos a mencionar aquí las múltiples afirmaciones de que Ahmadineyad discriminaba a los judíos.

El equipo de trabajo de Rouhaní representa simultáneamente los intereses de los clérigos y los de la burguesía de Teherán y de Isfahán. Su objetivo es la prosperidad económica y no le interesa la lucha antiimperialista. La promesa de levantamiento progresivo de las sanciones le permite alcanzar un vasto respaldo popular en la medida en que los iraníes ven –por el momento– el acuerdo como una victoria que debe garantizarles un aumento de su nivel de vida.

Los occidentales, mientras tanto, siguen en pos del mismo objetivo. El plan de ataque del expresidente George W Bush preveía destruir Afganistán, destruir después Irak y, posteriormente, destruir de forma simultánea Libia y Siria (a través del Líbano) así como la destrucción, también simultánea, de Sudán y Somalia, antes de terminar en Irán. Desde el punto de vista de los occidentales, las sanciones impuestas a Teherán con un pretexto más que dudoso eran simplemente un medio para debilitar al país. Para ellos, la rendición del jeque Rouhaní es comparable a la de Muamar el GadaCONTRALÍNEA

fi, ya que el nuevo presidente de Irán abandona el programa nuclear y se somete a todas las exigencias de Washington con tal de evitar la guerra. Pero, al igual que en el caso de Gadafi, estas concesiones de Rouhaní serán utilizadas más tarde contra su país.

Muamar el Gadafi creyó erróneamente que el belicismo estadunidense en su contra se debía a sus convicciones políticas. Pero el único factor que determinó la decisión de George W Bush fue de orden geopolítico. En 2010, Libia se había convertido en un aliado de Washington en el marco de la “guerra contra el terrorismo” e incluso había abierto su mercado interno a las

trasnacionales estadunidenses. Pero eso no impidió que la Jamahiriya fuera calificada de “dictadura” ni que fuese finalmente arrasada por los bombardeos de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. De la misma manera, convertirse ahora en aliado de Estados Unidos no pondrá a Irán al abrigo de la guerra.

Durante los próximos 4 años Irán abandonará el sueño de Shariati y de Jomeini para concentrarse en sus intereses estatales. Se apartará del mundo árabe para dedicarse a hacer negocios con los Estados miembros de la Organización de Cooperación Económica (Turquía, Irán y los demás países de Asia central). Reducirá paulatinamente su respaldo militar y financiero a Siria, al Hezbolá y a la causa palestina. Y cuando Teherán haya disuelto por sí mismo su línea exterior de defensa, Washington entrará de nuevo en conflicto con Irán.3 6 DE ENERO DE 2014

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A CIUDAD DEL CAOS Sergio Ortiz, @sergio_contra

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a invidencia es la segunda causa de discapacidad en México y, al tiempo, una de las que menos atención recibe. La población de ciegos y débiles visuales en el país asciende a 1 millón 292 mil 201 personas, indican los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), que datan de un censo de 2010. En el 90 por ciento de los casos, esta discapacidad es adquirida; el 17 por ciento de quienes la padecen son menores de 30 años, el 33 por ciento tiene entre 30 y 59 años de edad y el 48.8 por ciento es mayor de 60 años. Las causas principales son la edad avanzada y algunas enfermedades, como la diabetes.

Las pocas instituciones de apoyo para esta comunidad, como el Comité Internacional Pro Ciegos, están en crisis. Dicho Comité, cuyas instalaciones están ubicadas en la colonia Santa María La Ribera, tiene 52 años de experiencia en el área de rehabilitación para adultos en la Ciudad de México, pero está a punto de cerrar ante la falta de recursos.

Otra institución dedicada a este sector social es la Biblioteca de México, poseedora de una de las bibliotecas en Sistema Braille más grandes de Latinoamérica.

Además, cuenta con diversos talleres dentro de las áreas de rehabilitación, capacitación y recreación. Está localizada en las inmediaciones de la estación del Metro Balderas, y es a donde asiste tres veces a la semana un ávido lector, Israel Hernández Franco, de 33 años, quien también estudia una carrera técnica en el Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial (Cecati) 58.

Actualmente está desempleado, pero su currículum va desde vendedor por catálogo, hasta empleado en un centro de atención telefónica en el que, por cierto,

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4José Antonio Padilla perdió la

vista a causa de una bala que le atravesó las sienes cuando tenía 17 años de edad. Ahora trabaja vendiendo dulces en la estación del Metro Deportivo 18 de Marzo

nunca le pagaron; además, en 2005 participó en un programa del Gobierno del Distrito Federal, Ecodis (Emprendedores con Discapacidad), que resultó ser “únicamente un fraude”.

Israel también ha diseñado cursos para la Escuela Nacional de Ciegos, otro organismo de apoyo a los discapacitados visuales. Abierta en 1870, esta Escuela fue la primera de Latinoamérica, de acuerdo con el estudio Quitando el velo de la oscuridad: la Escuela Nacional de Ciegos, y en sus más de 140 años de existencia ha recibido discapacitados visuales tanto de la CONTRALÍNEA

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ciudad como de zonas rurales. Uno de ellos es Antonio Sánchez, quien perdió la vista en un accidente automovilístico en el que se le desprendió la retina del ojo derecho; posteriormente se le desarrolló una catarata en el izquierdo. Él asiste en el turno matutino a la Escuela y trabaja vendiendo chicles, dulces y cigarros en la Plaza Loreto del Centro Histórico.

No obstante que se trata de una institución para invidentes, su acceso resulta complicado: la estación más cercana del Metro es Zócalo y la mayoría toma la ruta de la calle de Moneda, Correo Mayor y después Justo Sierra; para los invidentes la caminata a la Escuela Nacional de Ciegos representa un viaje lleno de peligros, desde el exacerbado comercio informal, hasta los ruidos y vociferaciones constantes; a veces tienen que recorrer y sortear las calles más aceleradas y bulliciosas del Centro Histórico.

Conseguir un empleo resulta aún más difícil.

Sólo tres de cada 100 invidentes llegan a niveles superiores de educación u obtienen un posgrado; igualmente, según estadísticas del Comité Internacional Pro Ciegos, sólo 13 de cada 200 alumnos consiguen empleo digno. La mayoría son vendedores informales.

4Israel Hernández Franco, de 33 años de edad, estudia una carrera técnica en el Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial

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Tal es el caso de José Antonio Padilla, de 55 años de edad, quien perdió la vista a causa de una bala que entró y salió de su cabeza atravesándole las sienes cuando tenía 17 años. Ahora trabaja vendiendo dulces en la estación del Metro Deportivo 18 de Marzo, y tiene que tomar este transporte desde Aragón.

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Él testifica haber sido discriminado en varios trabajos, incluso en el transporte público: “Es peor en el Estado de México, [ahí] me discriminan por subir con mi perro guía; además, creo que el Metrobús no está adaptado para nosotros, es muy fácil caerse. En el Metro creo que las estaciones más peligrosas es donde el andén está en medio, como Potrero y Ciu6 DE ENERO DE 2014

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dad Azteca. Es una locura vivir así en el Distrito Federal”, dice.

En este año, nueve personas invidentes han caído a las vías del Sistema de Transporte Colectivo Metro sin que haya casos de alguna persona electrocutada, informó Joel Ortega, director del Sistema; una de ellas es Isabel, de 54 años, quien cayó a las vías lesionándose la muñeca y el pie izquierdo. Ella vive con su esposo y argumenta que el transporte público no está adaptado para las personas que padecen cualquier discapacidad.

El problema que representa la discapacidad visual no sólo radica en no poder ver, sino en la incapacidad de los demás para poder y querer verlos, lo que pone en riesgo inminente sus vidas cuando están en lugares públicos, como las calles y el transporte.

La mayor parte de los testimonios recabados refie62

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re que los accidentes fueron en realidad provocados por videntes: quienes han caído a las vías del Metro, por ejemplo, dicen haber sido empujados, insultados e incluso heridos por terceros.

En la Ciudad de México, el transporte público de por sí representa un peligro para sus millones de usuarios. Por ello, la complicación para una persona que sólo se guía por los sentidos del oído y el tacto es inimaginable.

Los accidentes en el transporte público también pueden ser causantes de discapacidad, como fue el caso de Javier Palacios, de 55 años de edad, quien perdió la vista después de que el microbús en el que viajaba chocara al pasarse un alto en la colonia Vallejo. No hubo ninguna indemnización de las autoridades respecto de su caso.3 CONTRALÍNEA

4Javier Palacios,

de 55 años de edad, perdió la vista después de que el microbús en el que viajaba chocara al pasarse un alto en la colonia Vallejo

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Maquiavelo es mucho más que El príncipe Álvaro Cepeda Neri*

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n 2009 estuvo a la venta en las librerías una bellísima y elegante edición de El príncipe, de Nicolás Maquiavelo (editorial LocTeam, de Barcelona, ¡impresa en China!), con traducción de Miguel Ángel Granada e introducción y notas del especialista Cary Nederman.

Detenido y encarcelado en 1513, Maquiavelo inició la redacción de esta obra que, publicada por su hijo en 1532, no ha dejado de editarse en muchos idiomas; y que, más que celebridad, le ha dado mala fama, al tomarla aisladamente del resto de su obra centrada en el republicanismo y la República, que alumbró y abrió la innovadora tarea del pensamiento republicano para correr parejo a las novedades del liberalismo político nacido en 1812 en Cádiz, España. Y ambos, con John Locke a la cabeza, hundiendo sus raíces en la teoría y práctica de la democracia directa y la democracia indirecta.

Se ha divulgado erróneamente que El príncipe se publicó en 1513, y convertida la fecha en tradición, se organizan eventos por casi todos los países para, tentados por la autocracia plasmada en el texto, alabarlo y ensalzarlo; como si Maquiavelo fuera solamente este libro y no su extensa y grandiosa obra, producto de las reflexiones sobre las técnicas y virtudes de la política y del político, hechas por un político que investigaba su entorno y, al estudiar la historia, redactaba su obra sobre la marcha de su actividad política. Algunas de sus aportaciones son: La mandrágora, El arte de la guerra, Historia de Florencia, Los discursos sobre la primera década de Tito Livio, y un largo etcétera.

Maquiavelo no es solamente El príncipe, que tanto seduce a los que aman el poder autoritario; incluso lo alaban algunos dudosos liberales-democráticos y no muy firmes republicanos que, ya en el poder o cerca de éste, lo que más quisieran es ser príncipes antidemocráticos abusando del poder, como sucede a menudo. Seudoestudiosos y politiquillos estudian poco el resto de su obra centrada en el republicanismo y el combate de la corrupción política, pero celebran el príncipe que llevan dentro; y en el Centro de Investigación y Docencia Económicas de nuestro país se reunieron para la lectura y comentarios, proclives a la banalidad del mal. Y es que la obra remueve el autoritarismo, afanes oligárquicos e instintos dictatoriales del hombre. Como que las democracias son para los estadistas, pues los politiquillos no resisten reprimir,

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matar y encarcelar a quienes practican el republicanismo, el liberalismo político y las dos caras de la democracia. “¡Pobre Maquiavelo! Se le ha calumniado mucho… Hay una sonrisa maquiavélica. Hay una intención maquiavélica. Hay un método maquiavélico”, escribe Sainz de Robles en su nota preliminar a El príncipe (Aguilar ediciones).

Hasta los intelectuales que presumen de liberales, republicanos y demócratas lo difaman. Usan su apellido para calificar a demagogos, tiranos, dictadores y autoritarios, cuando ni leyendo ni llevando a la práctica lo que Maquiavelo retrató en El príncipe son maquiavelos, sino autócratas. Por eso es que se vuelve necesario entrarle al resto de su obra, empezando por los Discursos sobre la primera década de Tito Livio, Historia de Florencia, sus epigramas o sus poesías.3

Fichas bibliográficas: Autor: Nicolás Maquiavelo Título: Discurso sobre la primera década de Tito Livio (Alianza editorial) Título: Historia de Florencia (Alfaguara) *Periodista CONTRALÍNEA

ISSN: 1665-1626 R E V I S TA S E M A N A L