ISSN: 1665-1626 R E V I S TA S E M A N A L
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ÍNDICE DIRECTOR MIGUEL BADILLO oficiodepapel@yahoo.com.mx
OFICIO DE PAPEL/LA DESMEMORIA DE SALINAS Y LA “PARTIDA SECRETA”
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Miguel Badillo
SUBDIRECTOR JOSÉ RÉYEZ jreyez@contralinea.com.mx ASESOR JURÍDICO
PEDRO RODRÍGUEZ
COORDINADOR DE INFORMACIÓN ZÓSIMO CAMACHO zosimo@contralinea.com.mx
PORTADA/DESTINO DEL MAÍZ MEXICANO, EN MANOS DEL PODER JUDICIAL Elva Mendoza
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COORDINADORA DE EDICIÓN NANCY FLORES nancy@contralinea.com.mx COEDITORA WEB ÉRIKA RAMÍREZ erika@contralinea.com.mx
DISTRITO FEDERAL/MAÍZ DEL DF, EN RIESGO DE CONTAMINACIÓN TRANSGÉNICA
COORDINADOR DE ECONOMÍA MARCOS CHÁVEZ marcos@contralinea.com.mx COORDINADOR WEB GONZALO MONTERROSA gonzalo@contralinea.com.mx COORDINADORA DE PUBLICIDAD JANETT ALBA janett@contralinea.com.mx COORDINADOR DE DISEÑO MIGUEL MINERO mimiga@contralinea.com.mx COORDINADOR DE PRODUCCIÓN LUIS KUAN produccion@contralinea.com.mx REPORTEROS FLOR GOCHE flor@contralinea.com.mx ELVA MENDOZA elva@contralinea.com.mx SERGIO ORTIZ sergio@contralinea.com.mx MAURICIO ROMERO mauricio@contralinea.com.mx ROGELIO VELÁZQUEZ rogelio@contralinea.com.mx DEFENSOR DEL PERIODISTA ÁLVARO CEPEDA NERI cepedaneri@prodigy.net.mx
Elva Mendoza
SOCIEDAD/UNAM DEFIENDE PROGRAMA ESPECIAL PARA PROFESORES MENORES DE 37 AÑOS Flor Goche
LÍNEA GLOBAL/LAS “DEMOCRACIAS” OCCIDENTALES JUEGAN EN UCRANIA Jorge Petinaud Martínez/Prensa Latina
LÍNEA GLOBAL/CAMBIO CLIMÁTICO: MÁS ENFERMEDADES EN EL CARIBE Desmond Brown/IPS
DEFENSOR DEL LECTOR JORGE MELÉNDEZ PRECIADO jamelendez@prodigy.net.mx EDITORIALISTAS FABIO BARBOSA fabiobarbosacano@gmail.com MIGUEL CONCHA MALO educacion@derechoshumanos.org.mx MARTÍN ESPARZA garrasleo6@yahoo.com.mx EDGAR GONZÁLEZ RUIZ edgargr@prodigy.net.mx ROBERTO GALINDO galeondelsur@hotmail.com SAMUEL LARA VILLA samuellaravilla@gmail.com PABLO MOCTEZUMA BARRAGÁN pablomoctezuma@hotmail.com ADRIÁN RAMÍREZ presidencia.limeddh@gmail.com JORGE LUIS SIERRA jlsierra@hotmail.com DISEÑADOR INFOGRAFISTA ASISTENTE WEB CORRECTOR
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ILUSTRADORES LEÓN BRAOJOS/CAJA NEGRA X cajanegra.x@gmail.com MIGUEL GALINDO/CAJA NEGRA X gonzomandela@gmail.com CARTONISTAS DAVID MANRIQUE GERMÁN AVILÉS PÁGINA DE INTERNET
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OPINIÓN
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Centro Vitoria
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DE AUTODEFENSAS Y CONGRESO POPULAR
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Jorge Meléndez Preciado
DEFENSOR DEL PERIODISTA
CIUDADANÍA EUROPEA, EN VENTA
DESPENALIZAR LA MARIGUANA
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Alberto Sierra Asensio/CCS
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ABLACIÓN
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Manrique
EX LIBRIS
Oscar E Díaz Santos
RESPUESTA POPULAR CONTRA LEYES SECUNDARIAS
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CARTÓN
Pablo Moctezuma Barragán
APLAUDIENDO A MOODY’S
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José Carlos García Fajardo/CCS
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Álvaro Cepeda Neri
PEÑA NIETO: ACUSADO DE TRAICIÓN A LA PATRIA
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OPINIÓN
LÍNEA EN EL CASO ARANDA OCHOA
LA CASA DE LOS DERECHOS DE PERIODISTAS Y EL 10 DE DICIEMBRE DE 1948
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LA CONSTITUCIÓN COMO FUNDAMENTO DE LA DESOBEDIENCIA CIVIL 64 Álvaro Cepeda Neri
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Martín Esparza Flores
Fotografía de portada: Eduardo Miranda/Procesofoto
CONTRALÍNEA. PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN –año 12, número 373, del 17 al 23 de febrero de 2014– es una publicación semanal editada por Editorial Libertad y Expresión, SA de CV; Avenida Río Churubusco 590, col. Del Carmen, delegación Coyoacán, CP 04100, México, DF; teléfonos: 55 54 91 93 y 55 54 91 94; www.contralinea.com.mx, info@contralinea.com.mx. Editor responsable: Agustín Miguel Badillo Cruz. Número de reserva al título de derecho de autor: 04-2001-1206164804 00-102. Número de certificado de licitud de título: 12264, y de contenido: 8918. ISSN: 1665-1626. Impresa por Editorial Libertad y Expresión, SA de CV; Bolívar 238, col. Obrera, delegación Cuauhtémoc, teléfono 57 61 34 94; este número se terminó de imprimir el 14 de febrero de 2014. Distribuida por Distribuidora de Impresos, S de RL de CV, Avenida Mariano Escobedo 218, col. Anáhuac, CP 11320, México, DF, teléfono 52 62 94 00; y la Unión de Voceadores de México, despacho de Gloria Santillán, Ignacio Mariscal 44, col. Tabacalera, CP 06030, México, DF, teléfono 55 92 08 91. CONTRALÍNEA reconoce el deber de veracidad y la cláusula de conciencia de reporteros y articulistas. Los textos son responsabilidad de sus autores. Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda totalmente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos o imágenes de la publicación sin previa autorización de Editorial Libertad y Expresión.
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GDF y Tribunal Superior de Justicia criminalizan la protesta, señalan Señor director, agradecemos la publicación de la presente carta, dirigida a la opinión pública. Los hechos acontecidos el 1 de diciembre de 2012 se convirtieron en una persecución contra los manifestantes. Lamentablemente se tomó una decisión política: la de detener a quien fuera, aun sin haber participado en aquellos hechos. Dicha situación ha quedado comprobada por las múltiples libertades otorgadas a varias personas detenidas y consignadas arbitrariamente sin que se hubiese demostrado que hubieran estado en los momentos que refieren los policías aprehensores y que fueron motivo de la acusación de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF). Un caso concreto es el de Alejandro Lugo Morán, a quien confundieron con una persona que ni siquiera se parece a él, además de que se demostró que lo detuvieron en un lugar distinto al que dijeron los policías. La acusación ministerial resultó insuficiente para sancionarlo, como dolosamente se pretendió, pero se le sigue victimizando, ya que su absolución fue apelada por la PGJDF. A estos hechos siguieron varios acontecimientos, entre ellos el caso que nos ocupa, referente a los detenidos de la marcha del 2 de octubre de 2013, a quienes se les imputan los delitos de ataques a la paz pública (agravado con pandilla), ultrajes a la autoridad (policías) y, en un caso, hasta de homicidio en grado de tentativa. Cabe hacer mención que las detenciones se realizaron bajo la misma mecánica antes señalada: los policías aprehendieron de manera indiscriminada y luego los ministerios públicos consignaron sin motivo ni fundamento, sólo por el hecho de que las personas se encontraban en el momento en que se suscitaron los actos de violencia. Así, a las personas detenidas arbitrariamente se les hacen imputaciones para someterlos a proceso, víctimas de una lamentable y obvia indicación de detener a quien sea y crear culpables. Al respecto, el licenciado Ramón Ramos Becerril, uno de los defensores de los jóvenes detenidos, ha detectado acciones irregulares cometidas durante el proceso. De entrada, las autoridades no han demostrado participación alguna de los jóvenes en los hechos que se señalan en la acusación ministerial; además, están aplicando criterios anteriores a la reforma al artículo 362 del Código Penal para el Distrito Federal, pues se pretenden imponer penas mayores a las que corresponderían y se pretende establecer que los hechos fueron cometidos “en pandilla”. La “coordinación” para tales hechos es evidente entre la PGJDF y el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF), a través de los jueces que han conocido de estos hechos. Al actuar bajo estos criterios, están calificando dos veces la misma conducta (lo que está prohibido por la misma Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos), con la intención de que los muchachos sometidos a proceso no alcancen el beneficio de la libertad provisional. También para que, en caso de que los jóvenes sean condenados, no tengan derecho a sustitutivos ni beneficios penales, esto con independencia de que ni siquiera está acreditada responsabilidad alguna. El problema es que no se ha sentado un precedente legal definitivo o de una autoridad de amparo. Lo anterior está permitiendo que las autoridades locales manipulen la ley, en una actitud de criminalización política. Tenemos la certeza de que si se aplica correctamente la ley y los jueces no actúan por consigna, los jóvenes serán absueltos. Asimismo, Ramón Ramos Becerril, también abogado de Luis Fernando Bárcenas Castillo, acusado de la quema del árbol de navidad de la empresa CocaCola el 13 de diciembre de 2013, ha señalado que, por lo que hace a este chico, estudiante del Colegio de Ciencias y Humanidades, plantel Vallejo, las autoridades fueron “más allá” y no sólo le imputan ataques a la paz pública, sino que le impu6
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tan haber cometido el delito de “asociación delictuosa”. Se ha apelado para que se rechace la configuración de la asociación delictuosa, pero, en caso de ratificarse tal criterio por demás político, se solicitará la protección de la justicia federal. Las autoridades del Distrito Federal manipulan la ley y la “aplican” de manera inexacta, con la simple intención de reprimir y de dar un mensaje a la sociedad para que no proteste ni se manifieste. En estos dos asuntos, es clara la intención de castigar por motivos políticos. México, Distrito Federal, 13 de febrero de 2014. Atentamente, Georgina Calixto Viqueraz, mamá de Victor Efrén Espino Calixto; Flor Gutiérrez Miguel, hermana de Adrián Gutiérrez Miguel; María Eugenia Cruz León; Ana María Castillo Rivas, mamá de Luis Fernando Bárcenas Castillo; Olivia Castillo Rivas, tía de Luis Fernando Bárcenas Castillo; Olivia Castillo Rivas, tía de Luis Fernando Bárcenas Castillo; Genoveva Cruz León, mamá de José Daniel Palacios Cruz; licenciado Ramón Ramos Becerril; abogado Javier Hernández García
Es hora de respetar el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional Amnistía Internacional considera positiva la presentación en la Cámara de Diputados mexicana de un proyecto de reforma constitucional que, de aprobarse, permitirá avanzar en el cumplimiento de las obligaciones de México con relación a la Corte Penal Internacional. México es parte del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional desde 2006. En 2005 fue reformado el Artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con la intención de adaptar la Carta Magna a las exigencias del Estatuto de Roma. Sin embargo, dicha reforma no cumple con las obligaciones que se derivan del Estatuto. El Artículo 21 establece que “el Ejecutivo federal podrá, con la aprobación del Senado en cada caso, reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional”, condicionando la cooperación con la Corte a la decisión en cada caso por el gobierno federal. Sin embargo, cuando México decidió libre y voluntariamente convertirse en parte del Estatuto de Roma reconoció la competencia plena de la Corte Penal Internacional, y ésta no necesita de una autorización adicional de las autoridades mexicanas para ejercitar su jurisdicción sobre las personas que pudieran ser responsables de genocidio, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra cometidos en territorio mexicano o por sus nacionales en cualquier otro Estado. Amnistía Internacional considera, sin embargo, que esta reforma debe ser sólo un primer paso, pues México todavía tiene que realizar otras reformas legales. En particular, es necesario aprobar una ley que establezca los procedimientos de cooperación con la Corte Penal Internacional y también se debe tipificar en las normas mexicanas los delitos que son competencia de la Corte Penal Internacional. La Corte Penal Internacional tiene competencia en los crímenes de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Sin embargo, actualmente México sólo ha tipificado el delito de genocidio en su Código Penal Federal, estando pendiente la tipificación del resto de crímenes. Amnistía Internacional, junto con otras organizaciones de la sociedad civil mexicana, ha pedido en repetidas ocasiones a las autoridades federales avanzar en el cumplimiento de las obligaciones que México asumió al unirse a la Corte Penal Internacional, sin que hasta el momento se hayan logrado avances con relación a estas obligaciones. Esta situación contrasta con el hecho de que México es uno de los mayores contribuyentes al sostenimiento económico de la Corte Penal Internacional. Amnistía Internacional CONTRALÍNEA
Por una CNTE con “unidad política e ideológica” A las bases del magisterio democrático; a los delegados al III Congreso Nacional Extraordinario de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación; a las secciones democráticas: Compañeros trabajadores de la educación, el magisterio nacional se encuentra en un difícil proceso coyuntural. La amenaza del despido masivo sobre los trabajadores pende como la espada de Damocles sobre nuestros derechos laborales y sindicales. Se manifiesta reiteradamente en voz del asesino y represor Emilio Chuayffet Chemor. El anuncio del despido de más de 500 trabajadores de la educación comprueba por enésima ocasión el carácter prepotente, represivo, antipopular y prooligarca de la actual administración que se traduce en una ofensiva puesta en marcha por los gobiernos neoliberales y avalada por las cúpulas de los partidos firmantes del Pacto por México, para tratar de destruir nuestro proyecto político sindical concretado en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), único referente e instrumento político organizativo de los trabajadores de la educación que hoy la oligarquía, a través de sus personeros, pretende aniquilar o postrar de rodillas. Con tal embestida se pretenden anular nuestros derechos laborales y sindicales; destruir al sindicalismo independiente en México producto de la lucha histórica, herencia de las luchas magisteriales y populares iniciadas a finales de la década de 1950, expresadas en las gestas combativas llevadas a cabo por el magisterio del Distrito Federal, Chiapas, Michoacán, Guerrero, Oaxaca; luchas en las que han sido asesinados decenas de maestros, otros detenidos, torturados, perseguidos y desaparecidos, así como miles de despedidos. Este ciclo de luchas aún no ha terminado, porque se enmarca en el contexto de la lucha de clases, en donde las contradicciones principales se resolverán con el triunfo del proletariado sobre la burguesía. La necia obsesión del gobierno federal por despedir a los trabajadores de la educación se enfrenta con una resistencia activa en los diversos estados de la República. Advertimos con alegría que maestros de varios estados se van incorporando a la lucha: Veracruz, Baja California, Coahuila, Yucatán, Quintana Roo, Jalisco y Tabasco, entre otros. En las bases magisteriales no cabe la derrota: hay una decisión de continuar nuestra lucha hasta abrogar la nefasta reforma a los artículos 3 y 73 constitucionales y sus respectivas leyes secundarias. Los momentos actuales de lucha exigen mayor esfuerzo y combatividad, no es el momento de políticas conciliadoras con los gobiernos federal y estatal; no es el momento de “repliegues tácticos”; no debe haber espacio a actitudes timoratas y derrotistas. Si el gobierno está en un plan de ataque contra nuestros derechos, debemos responder con la movilización; la resistencia activa y popular, expresada en las acciones políticas de masas; la politización masiva de las bases para superar la heterogeneidad que impide unificar criterios para enfrentar al enemigo común, que son la burguesía, la oligarquía y el imperialismo, así como la superación de los vicios que dividen, atomizan y nos debilitan. La unidad política e ideológica como aspiración del magisterio democrático es una necesidad estratégica ineludible del movimiento. Un saldo positivo de la jornada de lucha pasada fue lograr en algunos estados la vinculación del movimiento sectorial del magisterio al movimiento popular, con la participación combativa de padres de familia, estudiantes universitarios, normalistas, colonos, comunidades, pueblos, organizaciones populares y trabajadores de distintos sectores; apoyo que se manifestó con acciones contundentes que reflejan la creciente inconformidad popular contra el régimen neoliberal. No obstante, se manifestaron diversos problemas que afectan al movimiento democrático magisterial: se advierte la ausencia de una dirección política colectiva, la dificultad para instrumentar el centralismo democrático como un principio de organización política, la existencia de una diversidad ideológica expresada en la heterogeneidad de intereses y concepciones políticas, el culto al espontaneísmo, el regirse bajo los cánones de las formas burguesas de hacer política… Todos estos factores son obstáculos para la unidad, limitan las perspectivas de lucha del movimiento democrático magisterial, bloquean o impiden CONTRALÍNEA
la formación de una conciencia de lucha proletaria, lo cual provoca la debilidad del movimiento, confusión y desánimo en la base magisterial. En estas circunstancias predominan los intereses de grupo al interior de la CNTE que se imponen a las necesidades democráticas de la base, como se manifestaron en la pasada jornada de lucha dispersando el movimiento y priorizando las negociaciones por estado, al grado de desviar el objetivo principal de la lucha por la abrogación a las modificaciones a los Artículos 3 y 73 de la Constitución, atomizando la fuerza política de la CNTE, conduciendo al movimiento a un callejón sin salida en donde los únicos ganadores –de no corregirse las tácticas y estrategias– son la burguesía y la oligarquía, con Claudio X González y Emilio Azcárraga Jean a la cabeza, toda vez que la privatización de la educación les permite monopolizar el servicio educativo convirtiéndolo en un negocio redondo, que les redituará ganancias cuantificadas en millones de dólares. Con sustento en todo lo anterior, nos dirigimos a las bases magisteriales, a los delegados al III Congreso, a las Secciones Democráticas, para que se garantice el cumplimiento de los principios que nos dieron origen como CNTE; se supere la heterogeneidad, es decir, la diversidad ideológica, de intereses y concepciones que se anteponen a las necesidades democráticas del movimiento magisterial; se realicen los esfuerzos necesarios para impulsar la coordinación en las acciones políticas de masas capaces de superar la dispersión que existe en el movimiento magisterial; se supere también la visión derrotista que permea en algunas secciones democráticas cuando algunas dirigencias pretenden aceptar la reforma educativa como un hecho consumado, pues con estas actitudes desarticulan la combatividad del magisterio en lucha. La realidad demanda impulsar como una necesidad impostergable la formación de una dirección política colectiva que asuma el centralismo democrático como principio de organización estratégica del movimiento y convoque al magisterio democrático a rectificar las tácticas y estrategias erróneas que no están a la altura de hacer frente a los embates de la burguesía, la oligarquía y el imperialismo. Que lleve a cabo las tareas principales de formación política sindical en las bases a través de jornadas de lucha nacionales, con objetivos que reactiven el espíritu combativo de las bases; que se le dé a la crítica y autocrítica un lugar esencial en los análisis, balances y vida política del movimiento magisterial. Se hace necesario desterrar el criterio burgués de que éstas son métodos destructivos del movimiento, y por lo tanto convierten a las direcciones políticas en intocables, no criticables, impidiendo de esta forma la corrección de errores estratégicos y tácticos que debilitan nuestro movimiento. Proletarizar el movimiento democrático magisterial es una tarea estratégica de primera magnitud, como superar las luchas gremialistas, el carácter sectorial y convertirnos en un referente histórico nacional como aliados del proletariado, retomando la herencia histórica de los profesores que entregaron su vida por la transformación revolucionaria de la sociedad: Héctor Eladio Hernández Castillo, Arturo Gámiz, Genaro Vázquez Rojas, Lucio Cabañas y Misael Núñez Acosta, entre otros; es la alternativa, de otra forma no se puede derrocar al capitalismo. La pura lucha contra las reformas neoliberales no basta: es necesario tener claro que el enemigo a vencer es el capitalismo con todas sus secuelas. Compañeros trabajadores de la educación, este III Congreso Nacional Extraordinario de la CNTE está llamado a superar la dispersión política y el divisionismo ideológico; a romper con las formas burguesas de hacer política que se manifiestan al interior de nuestra Coordinadora como expresión de las concepciones oportunistas, reformistas y neocharras que amenazan con desvirtuar la esencia y carácter del movimiento. ¡Por la liberación proletaria del magisterio democrático! ¡Avanzar, construir y vencer en la lucha popular! ¡Por una educación crítica, científica y popular! ¡Por una CNTE al servicio del pueblo y para el pueblo! Febrero de 2014. Colectivo magisterial Leonel Calderón Villegas 17 DE FEBRERO DE 2014
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OFICIO DE PAPEL
La desmemoria de Salinas y la “partida secreta” Miguel Badillo*
A
lejado del primer equipo del gabinete de Enrique Peña Nieto, en donde hay instrucciones de no atender sus llamadas y peticiones, sobre todo en lo concerniente en materia energética (entiéndase Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad, en donde por fin se ha iniciado una limpia de corrupción y tráfico de influencias), el expresidente Carlos Salinas de Gortari empieza a ejercer presión a través de los medios para hacerse presente y obtener beneficios del actual gobierno priísta. En nada ayuda al Partido Revolucionario Institucional-gobierno el nuevo frente que Salinas abre con la curiosa entrevista que le hizo el subdirector de Finanzas de El Universal, Rogelio Cárdenas, en donde el exmandatario sólo muestra odios y rencores que aún guarda en contra de su sucesor Ernesto Zedillo Ponce de León y de su cercanísimo colaborador Manuel Camacho Solís (ahora perredista de izquierda) cuando ocuparon Los Pinos. Hubiera sido interesante que Salinas explicara en la entrevista el uso que le dio a los miles de millones de pesos del dinero público que manejó desde Los Pinos a través de la conocida “partida secreta”, de donde enriqueció brutalmente a su familia, principalmente a su hermano Raúl, y lo mismo a políticos, empresarios, intelectuales y periodistas. También faltó, como ahora dice el protagónico expriísta Camacho Solís, la corrupción del hermano incómodo y de la cual se lo dijo “en secreto” al entonces presidente de la República, como si éste no lo hubiera sabido. Otros políticos y funcionarios como el expresidente Miguel de la Madrid y el exsecretario de Estado Luis Téllez acusaron de corrupción a Carlos Salinas. También lo hizo su hermano Raúl en aquella conversación telefónica que sostuvo con Adriana Salinas y que fue filtrada a Televisa. Retomo una de las columnas publicadas en este espacio que explica el abuso de poder del ahora “crítico” Carlos Salinas de Gortari: Entre 1994 y 1997, Luis Téllez se desempeñó como jefe de la Oficina de la Presidencia de la República cuando ésta era ocupada por Ernesto Zedillo Ponce de León. Durante ese periodo, inició lo que podría considerarse la única investigación seria y profunda, aunque inconclusa, sobre el abuso presidencial para usar a su antojo los recursos públicos que guardaba la denominada “partida secreta”. 8
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De tal manera que cuando Téllez afirma que Carlos Salinas de Gortari se robó la mitad de la “partida secreta” es porque conoció a detalle el caso y supo de los expedientes abiertos en contra del exmandatario en la Procuraduría General de la República (PGR) y en la Unidad de Lavado de Dinero de la Procuraduría Fiscal de la Federación. Esa investigación estuvo a cargo de la exsubprocuradora María de la Luz Lima Malvido y de quien fuera responsable de investigar el lavado de dinero en México, María de la Luz Núñez Camacho. Ambas tuvieron evidencias de cómo el expresidente Salinas de Gortari no sólo protagonizó un gobierno corrupto y lleno de componendas con poderes políticos y fácticos, sino que incurrió en el delito de peculado de recursos públicos. De aquella indagatoria acaso podría decirse que la nación obtuvo un beneficio: la desaparición como tal de aquella “partida secreta” que no estaba sujeta a la obligación de rendir cuentas y mucho menos a la supervisión de los órganos superiores de fiscalización. Pero el guardadito del exjefe del Poder Ejecutivo sobrevive con algunas variantes, y fue el gobierno de Vicente Fox el que impulsó su permanencia en 2006, justo en la recta final de su controversial administración. Con una reforma al artículo 49 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Fox logró que las partidas a las que se refiere el Artículo 75, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se incluyan en el Presupuesto de Egresos, únicamente pudieran destinarse a gastos de seguridad nacional y que permanecieran sujetas a la fiscalización por la Auditoría Superior de la Federación. La información utilizada, así como la derivada de sus resultados, tendrá el carácter de reservada y confidencial. En su momento, Carlos Salinas buscó blindarse al presentar una denuncia de hechos ante la PGR por la entrega “selectiva y dolosamente” a la prensa de documentos confidenciales de investigaciones penales, como fue la información sobre el destino de los fondos de la “partida secreta” del erario federal. En aquella ocasión los abogados de Salinas presentaron, por instrucciones del expresidente, una denuncia de hechos ante la PGR en contra de los servidores públicos que hubieran participado en ese supuesto hecho ilícito de denunciar la corrupción en Los Pinos. En un documento de 100 cuartillas, con fecha del 15 de mayo de 2001, los abogados de Salinas tomaron como referencia información publicada en los diarios El Universal y Reforma, así como en la revista CONTRALÍNEA
Proceso, en donde investigaciones periodísticas daban cuenta del dinero utilizado de la “partida secreta” para depositarlo en la cuenta 6300-0005 del Banco Mexicano Somex a nombre de los hermanos Francisco y Araceli Vázquez Alanís, ambos exfuncionarios de Los Pinos y que manejaron dichos fondos cuando Carlos Salinas fue presidente de la República. Se dijo entonces que Salinas era víctima de un juicio paralelo ante la opinión pública, es decir, que era “juzgado” por los medios de comunicación. La acusación que hizo Luis Téllez, actual presidente del Consejo y director general de la Bolsa Mexicana de Valores, fue que “Carlos Salinas de Gortari se robó la mitad de la ‘partida secreta’”. Antes de que la PGR, dirigida en aquellos años por el general Rafael Macedo de la Concha, iniciara cualquier investigación sobre el uso de la “partida secreta” en la que estuvo involucrado, por obvias razones, Raúl Salinas, en Oficio de papel se dieron los primeros indicios sobre el despilfarro y corrupción que se ejercía desde la residencia oficial de Los Pinos, y que pasó por negocios vinculados con esa familia. A finales de la década de 1990 escribimos en este espacio que en el uso indebido de la “partida secreta” había argumentos legales que hacían presumir que los hermanos Salinas saldrían limpios en tribunales por el delito de peculado que intentó fincarles la PGR. La tesis del
La PGR intentó demostrar que el contador Gómez Gutiérrez era presumiblemente responsable de la comisión del delito de peculado, es decir, desvío de fondos públicos de la “partida secreta”. Bajo la causa penal 54/2002 se señaló que Gómez Gutiérrez atendió y manejó directamente las operaciones en las cuentas bancarias a nombre de un alias del hermano del expresidente. De acuerdo con el expediente, en dichas cuentas fueron depositados “recursos públicos que se distrajeron de su objeto y que debían ser aplicados en bienes y servicios de interés general para el país, correspondientes a la denominada ‘partida secreta’, dentro de los ejercicios de 1988 a 1994”, es decir, durante todo el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Luego de analizar la información proporcionada por la PGR, el juez decimosegundo de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal le dictó auto de formal prisión al contador el 31 de agosto, tan sólo 6 días después de que el propio Gómez Gutiérrez se presentara a declarar de manera voluntaria ante dicho juzgado con sede en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente. Pero lo más extraño de este caso de la “partida secreta” es que ni el expresidente Carlos Salinas ni su hermano Raúl fueron acusados penalmente por el delito de peculado, aun cuando ellos son los princi-
En las cuentas del prestanombre de Raúl Salinas fueron depositados “recursos públicos que se distrajeron de su objeto y que debían ser aplicados en bienes y servicios de interés general para el país, correspondientes a la denominada ‘partida secreta’, dentro de los ejercicios de 1988 a 1994”
entonces procurador Macedo de la Concha era que sí había delito, porque ese dinero manipulado desde Los Pinos debió destinarse para actos de gobierno y no para enriquecer a la familia presidencial. Fue por ello que hacia finales de la administración foxista se extraditó de Estados Unidos (10 de agosto de 2005) al excuñado de Raúl Salinas, Juan Manuel Pasalagua Branch, máximo operador de la corrupción en la entonces Compañía Nacional de Subsistencias Populares (Conasupo) en el sexenio salinista, bajo acusaciones de evasión fiscal. En agosto de 2005, un juez giró orden de aprehensión en contra del excontador de Raúl Salinas, Juan Manuel Gómez Gutiérrez, nombre que también fue utilizado como seudónimo por el hermano incómodo para abrir cuentas bancarias en el extranjero. Sin embargo, aunque a Pasalagua Branch no se le acusó de los negocios sucios que hizo en la Conasupo bajo las órdenes de Raúl Salinas, sino por defraudación fiscal, en el expediente en contra del contador Gómez Gutiérrez están relacionados directamente los hermanos Carlos y Raúl Salinas de Gortari por el uso indiscriminado e ilegal que hicieron de la “partida secreta”, operada desde Los Pinos, y mediante la cual se desviaron miles de millones de pesos del presupuesto público en los 6 años del gobierno salinista. CONTRALÍNEA
pales responsables del manejo irregular de dichos fondos públicos. Las preguntas sin respuesta oficial quedarán en la historia: ¿por qué la PGR acusó sólo a Gómez Gutiérrez y exoneró a Raúl Salinas, cuando éste era quien le daba instrucciones a su contador del movimiento de las cuentas bancarias? ¿Si hubo algún delito de peculado con el manejo de la “partida secreta”, por qué no tiene responsabilidad el expresidente Carlos Salinas de Gortari, cuando éste era el responsable del uso de ese dinero público? Juan Manuel Gómez Gutiérrez debió haber sido procesado por colaborar en el enriquecimiento ilícito de Raúl, lo que entre otras cosas hubiera demostrado que la PGR sí contaba con pruebas suficientes para juzgar a los hermanos Carlos y Raúl Salinas, pero en lugar de hacerlo guardó celosamente el expediente. Hasta ahora, nadie ha aclarado a cuánto ascendió la comisión pagada a este excontador, lo único que se sabe con relativa certeza es que la fortuna descubierta a Raúl en cuentas bancarias aseguradas en el extranjero superó los 100 millones de dólares. ¿Cuánto de este dinero salió de la “partida secreta” por órdenes de Carlos Salinas?3 *Periodista 17 DE FEBRERO DE 2014
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OPINIÓN
Línea en el caso Aranda Ochoa Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, OP, AC
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ocos casos constituyen tan claro ejemplo de que es posible mejorar como persona después de haber estado en prisión, como el de los hermanos Aranda Ochoa, quienes han sido defendidos en diversos momentos por organizaciones integrantes de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos y Todas (Red Tdt). Actualmente, el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, OP, AC, es codenunciante ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) debido a las violaciones a sus derechos al acceso a la justicia, debido proceso e integridad personal, documentadas en este caso. Los hermanos Aranda llevan casi 18 años en prisión, más de dos tercios de su sentencia, por haber sido acusados de un secuestro y de intentar otro; en ambos casos se trató de familiares de políticos de regímenes pasados. Han cumplido en su mayor parte dicha condena, no obstante que ésta haya sido muy cuestionada debido a que está infestada de irregularidades y arbitrariedades, como la desaparición de evidencias, de informes médicos, contradicciones de la parte acusadora, entre otras. Ahora se comete una más al negarles los beneficios de preliberación a los que tienen derecho al cumplir con todos los requisitos que exige la ley, los cuales se ganaron ejemplarmente pese a las adversidades y extremas condiciones de carencia en el reclusorio. El Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal ha sido claramente adverso y no ha tomado en consideración dichas anomalías jurídicas, pero sí ha tomado disposiciones que les han perjudicado, por ejemplo, haber cambiado al juez el día de la sentencia de la reposición de procedimiento que ordenó un tribunal federal en 2005. Además, durante 1 año, los inculpados presentaron testimonios de descargo en audiencias en las que no estuvo presente el improvisado juez sustituto. Hayan sido culpables, suponiendo sin conceder, y sólo comprobándose, según se desprende del expediente, que a diferencia de cualquier secuestro mercenario no se habría amenazado con causarle algún daño, no tratándose de un caso de delincuencia organizada, la existencia de un perfil ideológico, el excepcional buen trato, en palabras de la misma presunta plagiada, ya habrían pagado con creces la presunta culpabilidad, como lo demuestran notas técnicas y laudatorias por méritos excepcionales durante su reclusión, rubricadas por las autoridades de todas las áreas penitenciarias. Aún más a sabiendas de que uno de ellos se graduó en la carrera de derecho; el otro, como maestro en Kundalini Yoga, además de obtener 14 premios nacionales de literatura y el Premio al Fomento de la Lectura México Lee 2011, entregado por primera vez a un preso; ha escrito ocho libros aún inéditos y un guión cinematográfico en su reclusión. Ambos han impartido clases ininterrumpidamente en el Centro Escolar del reclusorio. A uno le negaron beneficios al aplicar retroactivamente una ley en su perjuicio, medida claramente inconstitucional; a otro, por haber participado en “pocos cursos”: 10
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sólo le validaron 19 de los 82 que acreditó de manera documentada. Sería deseable constatar que no existe línea desde las cúpulas del poder para no conceder beneficios, en general, a los delitos considerados de alto impacto social, máxime que aún no hay legislación que lo prohíba. Entonces, la subrepticia medida sería anticonstitucional, discriminatoria e implicaría castigar dos veces por los mismos hechos, y por ende una grave violación de derechos humanos y a la independencia de jueces y magistrados, a quienes se les obliga, en algunos casos, a firmar resoluciones aberrantes. Con todo esto se manda un pésimo y riesgoso mensaje a las personas que se enfrentan a las desesperantes situaciones en el sistema de justicia mexicano, que por más cursos que tomaran o participaran en actividades rehabilitadoras no se les concederían beneficios que tienen por derecho. Se activa entonces una bomba de tiempo que complica la labor de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario del Distrito Federal, además de ir en contra de los derechos de las personas en reclusión. Más grave aún sería que en un estado de derecho se combatan los actos delictuosos con disposiciones dictadas desde la extralegalidad. En el caso que nos ocupa, la resolución negativa robustecerá la denuncia presentada desde 2013 ante la CIDH, aunado a que sufren hostigamiento constante. Otro aspecto importante es que se falsificó la firma de uno de sus abogados, a fin de pedir la preliberación prematuramente, justo en el momento de un sonado secuestro, queriendo así sabotear la posibilidad de salir de la cárcel. Los hermanos Aranda no sólo han recibido apoyo de organizaciones no gubernamentales, sindicatos u organizaciones políticas de izquierda, sino que internacionalmente lo han tenido de Lawyer’s Committee for Human Rights, que publicó un libro sobre derechos humanos donde el primer anexo es sobre este caso. Asimismo, el Pen Club ha enviado varias cartas a autoridades mexicanas solicitando la liberación de los hermanos Aranda Ochoa y ha dado espacio en sus congresos internacionales a la lectura de poemas de Enrique. Amnistía Internacional, en su investigación Juicios injustos; tortura en la administración de justicia en México, publicada en 2003, tiene entre uno de sus anexos este caso. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal emitió la Recomendación 12/2002 por tortura y violación de garantías jurídicas. Aún permanece abierta, después de 15 años, la averiguación previa contra servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, sin que se le haya podido dar carpetazo pese a los reiterados intentos, apostándose a una vergonzosa prescripción de los delitos cometidos. ¿Cómo podrían los hermanos Aranda Ochoa defraudar toda la confianza que tantas organizaciones han depositado en ellos? Posibilitar la libertad a que tienen derecho no es únicamente un acto humanitario de elemental justicia, sino que jurídica y éticamente es correcto y conveniente conforme a la razón y el corazón humanos.3 CONTRALÍNEA
DEFENSOR DEL PERIODISTA
La Casa de los Derechos de Periodistas y el 10 de diciembre de 1948 Álvaro Cepeda Neri*
T
ras la conquista de los derechos humanos por medio de las revoluciones de 1776 y 1789 (Javier Hervada y José Manuel Zumaquero, Textos internacionales de derechos humanos, edición de la Universidad de Navarra), el 10 de diciembre de 1948 fue promulgada la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La Casa de los Derechos de Periodistas organizó dos actos públicos para celebrar el 65 aniversario de unos derechos que, en nuestro país, están siendo reivindicados contra viento y marea de gobiernos autoritarios que han endurecido a la democracia representativa, y ante la cual la democracia directa, es decir, la del pueblo en general, ha redoblado sus acciones públicas exigiendo que los poderes del Estado federal sometan sus funciones, obligaciones y facultades al cumplimiento de los derechos humanos. Por ese motivo, en la Jornada por la Defensa de los Derechos Humanos se llevó a cabo la concentración-mitin en torno al monumento de Francisco Zarco (y en la memoria de los presentes, el periodista Miguel Ángel Granados Chapa); y una mesa redonda con el título Derechos Humanos y Periodismo, en la que intervinieron Julio Hernández López, columnista del diario La Jornada; Manuel Fuentes Muñiz, y Enrique González Ruiz, quienes reflexionaron sobre y a favor de los derechos humanos en nuestro país, con referencia en todos los periodistas que trabajan en los medios de comunicación impresos, audiovisuales, radiofónicos y en las demás innovaciones tecnológicas. Desde su modernidad, luchando y conquistando sus derechos políticos en las violentas revoluciones de 1810, 1857, 1864 y 1910, la nación lleva apenas medio siglo (1946-2013) demandando que los derechos y garantías establecidas en la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos –reformada y contrarreformada para limar el filo de sus fines democratizadores y liberadores– normen la conducta de los gobernantes, amparados en la democracia representativa y desconectada de la democracia directa, y se sometan al imperio de la constitucionalidad. Es una dura lucha que el pueblo mexicano ha pagado con homicidios, cárceles, torturas, represiones. Y está en marcha la embestida del Partido Acción Nacional para, neofascistamente, reglamentar el Artículo 9 constitucional e impedir que los mexicanos ejerzan los derechos humanos para tomar parte en los asuntos políticos presentando una propuesta contra actos de autoridad. CONTRALÍNEA
Cumplida la guardia y el orden de los oradores, y con la presencia de Martha Olivia López, directora de la Casa de los Derechos de Periodistas, además de representantes de los sindicatos del periódico La Jornada, Nacional de Redactores de la Prensa, Sección D-III de Radio Educación, y Notimex, al pie del monumento a Francisco Zarco, tuvo lugar la mesa redonda: Derechos Humanos y Periodismo; y en un auditorio del Club de Periodistas se llevó a cabo la disertación del columnista Julio Hernández López, ante una nutrida concurrencia, para abordar el tema central del binomio que integran los periodistas y los derechos humanos, y postular que el trabajo periodístico tiene sustento en los Artículos 6 y 7 de la Constitución mexicana, hoy reforzados con todo el catálogo de derechos humanos que tienen quienes se dedican al periodismo. A su vez, intervinieron con sus exposiciones Manuel Fuentes Muñiz y Enrique González Ruiz, para versar sobre el aniversario 65 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y que los gobernantes generalmente violan y violentan con toda clase de actos, para tratar de impedir que los periodistas cumplan con sus deberes para el eficaz resultado de sus labores. Esta Declaración ha significado para la humanidad sólo una declaración, más que su cabal cumplimiento universal en los términos de un catálogo que dé protección al individuo. Y desde la perspectiva del periodismo, sigue siendo una conquista que no ha logrado normar la conducta de los gobernantes, constantes violadores de los derechos humanos. Por eso es que en esta fecha y todos los días debe ser una exigencia su respeto. Sin esos derechos, ni los periodistas ni nadie pueden realizar sus tareas y convivir racionalmente. En suma, los dos actos dejaron la impronta de la presencia periodística para recordar otro aniversario de la promulgación de los derechos que, jurídica y políticamente, tanto necesitamos los mexicanos. Y que no solamente estén vigentes en nuestro ordenamiento del Estado, sino que sean respetados por los funcionarios y servidores públicos; pues desde el nacimiento hasta la muerte estamos urgidos de que prevalezcan cotidianamente. Así que la Casa de los Derechos de Periodistas y la participación de tres ciudadanos en un foro, cuyo factor común fue pronunciarse y convocar a la implantación de los derechos humanos, resultó, con el público asistente, un doble acontecimiento para invocar y evocar los 65 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.3 *Periodista 17 DE FEBRERO DE 2014
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OPINIÓN
¿Podemos obtener lecciones de la cuenca Marcellus? Fabio Barbosa Cano*
dades estadunidenses han publicado información sobre esta temprana etapa y los avances en pequeñas poblaciones de la costa del Atlántico estadunidense.
M
El desarrollo actual
arcellus es considerada por algunos geólogos la cuenca de lutitas más grande del mundo. Se ubica, en su mayor parte, en Pensilvania, una porción importante al Suroeste del estado de Nueva York y comprende extensiones en Virginia Occidental y Ohio. Su producción de gas en 2013 fue de 8 mil millones de pies cúbicos diarios en promedio. Para comparar su importancia recordemos que, en todo el territorio mexicano, también en 2013, se extrajeron, en áreas convencionales, poco más de 6 mil 400 millones de pies cúbicos diarios de gas seco y asociado; y en lutitas, según nuestras estimaciones, nada, aunque Petróleos Mexicanos (Pemex) ha perforado a la fecha 20 pozos, incluyendo los que aún no se prueban. En este artículo examinaremos algunos datos, acaso pertinentes, en vísperas de que el gobierno de Enrique Peña Nieto inicie las licitaciones invitando al capital extranjero a intensificar la exploración y explotación del potencial mexicano en lutitas.
La cuna de la industria petrolera Como se sabe, en las entidades que hemos mencionado nació la moderna industria petrolera. En Pensilvania se perforaron a mediados del siglo XIX los pozos del coronel Drake, pero las lutitas comenzaron a explotarse aún antes. Desde 1821, cerca del litoral del Lago Erie, en una pequeña villa llamada Fredonia, en Nueva York, se estableció la primera explotación, empleando el gas para alumbrado doméstico en un puñado de viviendas. Luego, unos años más tarde, en 1828, en tiempo de Vicente Guerrero, se construyó un gasoducto al Puerto de Nueva York. Era tan rudimentario que para unir los tramos de la tubería se usaron trapos empapados de alquitrán. Investigadores de varias universi12
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En 2004, los experimentos de Mitchell Energy, en Dallas, finalmente mostraron resultados exitosos. De inmediato, otra empresa texana, la Range Resources, comenzó a ensayarlos en Marsellus, en el condado de Whashington, a unos 100 kilómetros al Sur del pozo de Drake. Perforó el pozo Renz 1, de alguna manera el “pozo descubridor”. El Renz 1 es vertical. Alcanzó 2 mil 582 metros de profundidad. Su producción inicial fue de 300 mil pies cúbicos diarios de gas seco, en promedio, en 31 días. Como consecuencia del éxito se iniciaron pruebas con pozos horizontales, que lograron flujos iniciales entre 1.4 millones y 4.7 millones de pies cúbicos diarios. Para comparar, recordemos que el primer pozo mexicano en lutitas, el denominado Emergente, tuvo una producción inicial de poco menos de 3 millones de pies cúbicos diarios, pero con 17 fracturas, es decir que los pozos gringos mostraron un potencial mucho mayor. Un año más tarde, en 2005, Range Resources perforó cuatro nuevos pozos. En 2006 multiplicó a 19 pozos y al siguiente, perforó más de 50. Así comenzó la era moderna de Marcellus.
Primeras lecciones Los datos anteriores sugieren que, por lo menos en este caso, no es cierto que se requiera perforación masiva o que se necesitan varios cientos de pozos para conocer el potencial de una cuenca. Basta, como dicen los trabajadores petroleros, con pegarle a una zona de alta productividad para que comience la explotación. En 2005 había en toda la cuenca 27 pozos de lutitas y trabajaban unas tres empresas. Siete años más tarde, al terminar 2012, se habían perforado 5 mil 338 pozos. Trabajaban en la cuenca Marcellus, como operadores, perforando pozos, más de 70 compañías.
Invitación a apostar Pero lo anterior no fue automático. No fue tan fácil. Un aspecto que los propagandistas del libre mercado ocultan es el papel de los gobiernos para influir en los mecanismos de oferta y demanda. Es el caso del gobierno del estado de Pensilvania que, con apoyo de ciertos “estudios académicos”, desarrolló una intensa campaña publicitaria para exaltar el “tesoro” bajo la tierra, abultando la magnitud de las “reservas”. La campaña aseguraba que las lutitas de Marcellus podrían producir hasta 50 billones de pies cúbicos de gas natural, lo que “ayudó a llevar a la cuenca a los medios de comunicación aumentando la visibilidad (y bombo) tremendamente” (“This helped bring the mainstream media into the play, increasing the visibility [and hype] tremendously”), dice un documento de John A Harper y Jaime Kostelnik (The Marcellus shale play in play in Pennsylvania, editorial del Departamento de Conservación y Recursos Naturales de Pensilvania). Como resultado de la campaña propagandística, los incautos (tal vez es más preciso llamarlos “jugadores”) fueron acudiendo, beneficiando no sólo los ingresos fiscales del estado, sino también a los propietarios de los terrenos y a los especuladores. Terrenos cuya renta normal por décadas se situaba en 25 dólares por acre se elevaron, en algunos casos, hasta las nubes (“through the roof”): a ¡6 mil dólares por acre! Las regalías, otra forma de participación de los propietarios de granjas, que eran del 12.5 por ciento, se elevaron al 25 por ciento. CONTRALÍNEA
Cuadro 1
Los perdedores en Marcellus Operador AB Resorces, Llc American Oil & Gas, Llc Antero Resources Appalachian Corporation Burnett Oil, Co Carrizo Oil & Gas, Inc Dannic Energy Corp DL Resources, Inc Dominion Transmission, Inc Encana Oil & Gas (USA), Inc Enerplus Resources (USA) Corporation Flatirons Development Great Plains Oper, Llc Guardian Exploration, Inc Hess Corporation JJ Bucher Producing, Corp Longfellow Energy, LP M&M Royalty, Ltd Marathon Oil Corporation Mieka, Llc Mountain V Oil & Gas, Inc Northeast Natural Energy, Llc Patriot Exploration Company PDC Mountaineer, Llc Samson Resources Company SM Energy Company Texas Keystone, Incorporated True Oil, Llc Vantage Energy Appalachia, Llc Vista Opr, Inc William Mcintere
2006
2007
2008 1
2009
2010
2011
3 3
1
2012
1
3 4 1 2 1 1 2
1 1
1
1 1 2 1 1 2
1 1
1 1 1
3 3 1 3 3 1 1 1 1 1 1 3
1 3
1 1 1 1 1 1 3 1 1 3 2
1
1
3 2 2 4
2 1
Total 2005-2012 1 1
1 4 3 3 2 2 2 5
Fuente: elaborado por el autor con base en estadísticas del Departamento de Energía de Estados Unidos, algunas consultorías e información de las propias empresas
Las empresas Pero las formaciones de lutitas no son como las convencionales, las zonas con alta productividad son muy escasas y, muy cerca de ellas, los pozos pueden resultar pobres o de plano secos. El resultado es que en Marcellus el número de empresas que sólo han cosechado pérdidas supera con mucho a las exitosas. Como es difícil acceder a la información financiera, he elaborado un cuadro con la lista de empresas que entre 2006 y 2012 han perforado menos de cinco pozos. Como puede verse, la mayor parte de ellas apenas perforaron un solo pozo. Es razonable suponer que son las perdedoras. La información sobre el costo de perforación de un pozo en Marcellus es variable: depende de factores como su geometría (vertical u horizontal) y el número de fracturas, entre otros. La principal empresa, Chesapeake Appalachia, informa que el costo promedio de un pozo es de 3.5 millones de dólares; el estudio académico de un doctorante, el joven Brandon Baylor, al que hemos citado en otros artículos (véase Contralínea 366), concluye que el costo en Marcellus asciende a 4.5 millones de dólares por pozo. De estos datos podemos deducir un aproximado de las pérdidas que sufrieron, en su incursión en este negocio, las pequeñas empresas que fueron seducidas por la propaganda del gobierno de Pensilvania. En la lista aparecen empresas con nombres que parecerían dedicados a atraer nuevos accionistas, como Grandes Planes (Great Plains), Ganancia (M&M Royalty, LTD), Verdadero Petróleo (True Oil), Ultra Recursos (Ultra Resources), etcétera. Es probable que algunas de ellas afectaran a pequeños ahorradores que adquirieron sus acciones. CONTRALÍNEA
En Pensilvania, las estadísticas son confidenciales Para completar la política de atraer inversionistas, el gobierno de Pensilvania aprobó leyes que disponen que la estadística de los pozos se mantiene como confidencial por 5 años (“Pen collects only annual production totals, and by state law has to keep by well data confidential for 5 years”, Harper y Kostelnik, ya citados). Es fácil entender que si los posibles inversionistas conocieran oportunamente los resultados de los pozos fracasados, se abstendrían de participar en las licitaciones en áreas de más alto riesgo o de plano descalificadas. Así, por lo menos en esta cuenca, lo único que podemos conocer es lo que las propias empresas publican. Es necesario advertir que la información confidencial se refie17 DE FEBRERO DE 2014
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Cuadro 2
Las 10 principales operadoras en Marcellus Operador Chesapeake Appalachia Llc Range Resources Appalachia, Llc Talisman Energy Anadarko E&P Atlas Resources East Resources Cabot Oil&Gas Swepi LP Enron Oil & Gas EQT Production Company
2006 19
2007 1 52
3
20
1
1 5
2008 15 55 5 1 103 10 24 4 11 1
2009 98 83 113 17 117 55 60 7 21 29
2010 219 160 198 95 51 174 61 10 72 33
2011 251 184 205 185 11 59 64 128 61 81
2012 64 55 21 34 4 22 67 8 22
Total 2005-2012 648 612 542 332 309 298 233 216 178 166 Fuente: Ibíd
re a los puntos óptimos de mayor valor comercial. En un intento de objetividad, digamos que algunas empresas como Range Resources, desde 2010, publican en sus páginas en internet los reportes sobre volúmenes de agua y, según afirman, contenido de todos los aditivos usados en el fracking (fracturación hidráulica).
Las diez principales operadoras Agrupamos también a las 10 principales operadoras utilizando el mismo criterio del número de pozos perforados. Nótese en el cuadro 2 que el éxito es obvio con sólo seguir el comportamiento anual. Chesapeake, por ejemplo, en el primer año perforó sólo un pozo. Al siguiente, en 2008, perforó 15. Pero en 2009 casi 100. Y al año siguiente duplicó su actividad con más de 200. ¿De qué factores depende el éxito? No parece favorecer sólo a las que fueron las primeras en irrumpir en la cuenca: obsérvese el caso de Talisman Energy, que ingresó hasta 2008, con varios años de retraso respecto a la competencia, y sin embargo, es la segunda más importante. Tampoco parece ser suficiente un buen arranque, como se ve con Atlas Resources, que subió en los primeros años para luego sufrir una caída precipitada, por lo menos en el número de pozos perforados. Si se toman en consideración estos datos, les digo a mis alumnos que hay muchos temas pendientes por investigar. Sobre las causas del fracaso o del éxito, por el momento, sólo podríamos adelantar la conjetura de que obedecen a la complejidad geológica. Un dato importante, que no aparece en los cuadros, es que Marcellus es una cuenca en la que participa como operador una de las majors: Chevron, que ha perforado 140 pozos, lo que no le permitió figurar en la lista de los 10 primeros (top 10). La información de la prensa petrolera afirma que en esta cuenca también participan empre14
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sas chinas y noruegas, pero no hay registro de ellas como perforadoras. Respecto a los noruegos, aprovecho para aclarar un error en mi artículo anterior: escribí que en ese estado la moratoria contra el fracking declarada en julio de 2010 ya fue levantada, lo cual es cierto: un juez resolvió que un estado y menos un condado no puede legislar sobre un tema que corresponde al gobierno federal; sin embargo, la moratoria prevalece de facto, por el vigor de la protesta ciudadana en ese estado. De ello nos ocuparemos en otro texto. Entre las empresas afectadas se encuentra una noruega que actualmente litiga en las cortes de Nueva York. Finalmente es importante hacer notar que todas las empresas de la lista en nuestro cuadro 2 redujeron sus perforaciones en 2012, año de la dramática caída de precios.
En México, amenazados los dueños de la tierra y del agua Como hemos estado repitiendo, en diversos países se estudia la experiencia gringa para extrapolarla a sus territorios. Un autor considera que la política del gobierno de Pensilvania que hemos descrito es uno de los “factores de éxito” del shale en Estados Unidos. Es “una legislación favorable que alinea los intereses de los dueños de los terrenos prospectivos, con los de las compañías emprendedoras”; pero en México lo que se prepara son nuevas campañas de despojo contra los dueños de los terrenos. Como se sabe, ya se ha iniciado la redacción de la legislación secundaria que permita la puesta en práctica de la reforma a los Artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El gobierno de Peña Nieto tiene prisa. En Davos, Suiza, expresó su ilusión de que este mismo año las inversiones empiecen a llegar, lo que requiere de facilidades a los inversionistas para que ejidatarios, comuneros y otros grupos campesinos no obstaculicen o impidan las operaciones de transporte de equipos, la cesión de espacios para instalar las torres de perforación y las albercas para los fluidos a inyectar en los cientos de frackings que esperan realizar y, en caso de éxito, para los nuevos gasoductos. Nadie en el Congreso de la Unión está pensando en replicar la experiencia de Marcellus. Lo que han anunciado es que pretenden alinear el mismo criterio, normas y métodos de las concesiones mineras, en donde, como dice la doctora Miriam Grunstein, “las regalías pagadas por los extranjeros son de carcajada”. Los grandes amenazados no son tanto los norteños de las zonas desérticas de Chihuahua y Coahuila, sino los ejidatarios, comuneros y otros grupos campesinos e indígenas del Norte de Veracruz, donde los gringos afirman que hay un gran potencial de aceite en lutitas. No sé si es correcto llamar “diferencias culturales” al hecho de que en Marcellus los propietarios de terrenos participan en el negocio y en nuestro país las compañías (mineras, gaseras, o lo que sea), prefieren comprar sicarios con un pago de dos o tres salarios mínimos, como denuncian que hace Gas Natural Fenosa en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, en la disputa por los espacios geográficos. Si en el futuro lo que tendremos es mayor crispación social, podríamos añadir nuevas dudas sobre las expectativas de gran producción en las lutitas en México, que algunos funcionarios llaman “el Cantarell del sexenio de Peña Nieto”.3 *Investigador en el Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México CONTRALÍNEA
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COPALA, emergencia humanitaria
VIDEORREPORTAJE DE SAN JUAN COPALA, EMERGENCIA HUMANITARIA
www.contralinea.com.mx
OPINIÓN
Peña Nieto: acusado de traición a la patria Pablo Moctezuma Barragán*
E
n la Ciudad de México, el 5 de febrero de 2014, Día de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se interpuso en contra de Enrique Peña Nieto la denuncia, ante la Procuraduría General de la República (PGR), por traición a la patria. La denuncia fue presentada por el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y entregada por Martí Batres y Bernardo Bátiz en la Oficialía de Partes de la PGR, ubicada en la Avenida Paseo de la Reforma. Fue respaldada por miles de firmas, encabezadas por la de Andrés Manuel López Obrador. Se acusa a Peña por haber promovido la reforma energética que vulnera la soberanía y la independencia nacional y de haber negociado en el extranjero la entrega de nuestros recursos, como consta en el informe de John Kerry –actual secretario de Estado estadunidense– ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, quien afirmó haber negociado con Peña la apertura del sector energético a corporaciones extranjeras. Asimismo negoció Peña con otros países, con los que adquirió compromisos inconfesables. En el evento, Andrés Manuel López Obrador afirmó que, cuando triunfe el Movimiento, se restablecerá el dominio de la nación sobre los recursos naturales y sobre el petróleo, y que también se abolirán las reformas educativa, fiscal, energética y laboral. Dijo que aunque la PGR está al servicio de la mafia del poder, los denunciantes estamos cumpliendo nuestra responsabilidad como ciudadanos. El artículo 123 del Código Penal Federal enumera cuáles son las hipótesis de la traición a la patria. La fracción primera establece que comete este delito quien pone en riesgo, en peligro o compromete la soberanía y la independencia nacionales. Toda la acción de gobierno de Peña, y el aparato institucional que domina, ha puesto en peligro a México. Mientras que el 1 de diciembre de 2012, al llegar a la Presidencia de la República –usando el fraude y compra de votos–, Peña juró “guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen”, lo que hizo a partir del momento de ocupar el cargo fue violar la Carta Magna y promover su mutilación, con el fin de favorecer a gobiernos y a grandes corporaciones extranjeras. Tal fue el caso de los cambios que introdujo en los Artículos 25, 27 y 28 de la Constitución. Para lograr sus fines, Peña –quien ya se había comprometido con Washington y con potentados extranjeros a entregarles nuestras riquezas– buscó como primer paso legitimar 16
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su actuar a través del Pacto por México, mismo que firmó con el Partido Revolucionario Institucional, el Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática, en el que están plasmadas las intenciones de su gobierno. Luego hizo aprobar, por un Congreso de la Unión sometido a la línea de las cúpulas partidarias, la reforma educativa, de telecomunicaciones, financiera, fiscal y energética, que se sumaron a la reforma laboral aprobada a fines de 2012. Todas estas reformas son violatorias de la Constitución de 1917 y buscan favorecer a las grandes corporaciones nacionales y extranjeras a costa de los derechos y el bienestar del pueblo de México. Junto con estos atropellos se lleva a cabo en todo el país una política altamente represiva para criminalizar las protestas y paralizar a una población enojada, para evitar su movilización masiva. El año negro 2013 fue el de la traición a la patria y de la violación de la Constitución, a la cual se le cercenaron derechos individuales y colectivos. Sin embargo, el Artículo 136 dice muy claramente que la Constitución no perderá su fuerza y vigor, aun cuando por una rebelión se interrumpa su observancia; y el Artículo 135 dice que puede ser adicionada o reformada. En ningún momento se pueden cercenar derechos. Dice el Diccionario de la lengua española, de la Real Academia Española, que “reforma” significa “aquello que se propone, proyecta o ejecuta como innovación o mejora en algo”. Los derechos y nuestra soberanía necesitan de innovaciones y mejoras para que sean efectivos, por lo que las reformas son necesarias y hasta urgentes. Pero lo que hizo el Congreso de la Unión, comandado por Peña, fue cancelar conquistas sociales, cercenar la Constitución en cuestiones esenciales y llevarnos atrás: a las épocas de Antonio López de Santa Anna o Porfirio Díaz. Lo que efectuó el mal gobierno fue una contrarreforma, una regresión de dimensiones colosales que coloca de facto a nuestro país en el neocolonialismo, como un apéndice del imperio del Norte (Estados Unidos), poniendo a su disposición las riquezas que le pertenecen a la nación y el trabajo de los mexicanos, que con las leyes regresivas vuelve a estar sujeto a la rapaz explotación de las grandes compañías que sólo buscan maximizar sus ganancias a costa del sufrimiento de millones de mexicanos. Las consecuencias ya se dejan sentir: hay estancamiento; se agudiza la crisis económica; la carestía está desatada y aumentan los precios de alimentos, transporte, gasolinas, gas, luz; al mismo tiempo, nos recargan de impuestos. La economía sólo creció 1.2 por ciento en 2013. El descontento es generalizado. Y gracias a la reforma en telecomunicaciones, los medios de comunicación seguirán monopolizados por quienes promueven la desinformación y la enajenación de la población, con el agravante de abrir las puertas a las CONTRALÍNEA
grandes corporaciones extranjeras. Los medios de comunicación con el impuesto al valor agregado (IVA). Aumenta el IEPS (impuescrean confusión y desmoralización y logran un gran control sobre to especial sobre producción y servicios) a una serie de alimentos como refrescos, chicles, dulces, gelatinas, chocolates, flanes, pudila mente y las reacciones de millones de mexicanos. La reforma energética se presenta en los medios como un medio nes, cremas de cacahuate o avellana, dulces de leche, alimentos para desarrollar la industria energética y crear empleos, como la preparados con leche, helados, nieves y paletas de hielo; también solución para que bajen los precios de la luz y el gas y ayudar al al alimento para mascotas. Incrementa el impuesto sobre la renta y progreso de México. Dicen que el petróleo seguirá siendo de los dejan un 32 por ciento generalizado. Y elimina el régimen de los mexicanos. Todo se plantea al revés, con total impunidad. Es sabido pequeños contribuyentes para que éstos paguen IVA y tengan que que compañías extranjeras como Exxon, Shell, Chevron o Repsol declarar impuestos con la obligatoriedad de la factura electrónica, querrán adueñarse del control de toda la cadena productiva y de afectando a miles de pequeños negocios. Una vez más tratan igual las grandes franjas de nuestro territorio, controlando la exploración, a los desiguales para proteger a las grandes corporaciones. Y el retroceso no para, ya preparan un nuevo golpe: la reforextracción y distribución de nuestro petróleo, que es propiedad colectiva del pueblo de México. Al apropiarse de nuestras riquezas, ma de salud que afectará al sistema de salud y la seguridad social. Planean integrar el Seguro Popular con el Instituto Mexicano del están efectuando el robo del siglo. Pero los medios lo ocultan todo. Para defender la soberanía nacional y la independencia política Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de nuestro país es indispensable la soberanía energética, y que sea el de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), pero mientras que estas Estado quien tenga el monopolio en este sector clave, tanto para la instituciones actualmente atienden todos los padecimientos, quiemarcha de la economía, como para evitar la intromisión de compa- ren limitar en el futuro la atención a sólo unos cuantos, con el nuevo ñías extranjeras en la vida política del país –hay que recordar que los seguro, a un número reducido de intervenciones, cobrando la atención que no esté incluida. Esto lo hacen para favorecer a las asegupetroleros extranjeros estuvieron detrás del derrocamiento y asesinato de los presidentes Francisco I Madero y Venustiano Carranza–, para radoras privadas de salud, negando la obligación del Estado a dotar salvaguardar nuestra integridad territorial y el cuidado del medio de servicios de salud adecuados para toda la población. Luego van a tratar de homologar las ambiente, así como para dispensiones a la baja, afectanfrutar de las grandes riquezas do a los pensionados del que generan en favor del pueLas trasnacionales ISSSTE y del IMSS. blo de México. El gobierno no Como podemos ver, se es el dueño del petróleo y buscarán controlar toda está aplicando un proyecto de demás energéticos. Peña no la cadena productiva destrucción nacional para puede entregar lo que le perfavorecer a las grandes corpotenece a la nación. del sector energético raciones a costa nuestra. El La reforma educativa futuro de México y de las próatenta contra los derechos laximas generaciones está en borales de los maestros (que protestan con justa razón en todo el país) y contra el Artículo 3 de la juego. La situación es sumamente grave y es probable que empeore. Constitución, que mandata que toda la educación que imparta el Pero eso no debemos permitirlo. México y su pueblo son muy grandes como para ser sometidos por las voraces corporaciones y sus Estado debe ser gratuita, pues con la “autonomía de gestión” le impogobiernos imperialistas. La amplia unidad popular, la unión de todos nen a los padres de familia cobros para el mantenimiento de las escuelas. Esta reforma no contempla los medios para mejorar la educación los mexicanos en defensa de derechos y soberanía, puede revertir la y resolver los grandes problemas del sector. Pero los medios repiten ofensiva neoliberal y neocolonial. En esta unidad no caben los que son cómplices del mal gobierno, aunque se digan de izquierda. que con la “evaluación” de los maestros, todo va a mejorar. Para lograr sacar adelante a nuestro país hace falta informar, La reforma financiera introduce penalidades como la prisión en educar, movilizar a millones de mexicanos. Hoy es grande el hartazcontra de los deudores de tarjetas de crédito, y les otorga a los bancos los recursos legales para que recuperen sus créditos mediante go y el coraje, pero falta que éste se convierta en acción unificada embargos de propiedades o arraigos domiciliarios. Antes, por una con el fin de solucionar los problemas de México, que hoy se debate en la peor crisis del último siglo. La lucha por la soberanía y los deredeuda de carácter civil, nadie podía ir a prisión. Pero los medios anuncian esta reforma como una medida para ampliar el otorgamiento chos es hoy tan urgente como lo fue en la época de Miguel Hidalgo de créditos para pequeños y medianos productores, campesinos y y José María Morelos; de Benito Juárez; de Francisco Villa y Emiliano artesanos; como una medida para que todos tengan mayor acceso Zapata; de Lázaro Cárdenas del Río. Toda la tradición de lucha de al crédito. Esconden que se está desarrollando nuevamente, como nuestro pueblo nos impulsará a dar la batalla del siglo XXI y así resen la Colonia y en el porfiriato, un sistema de esclavitud por deudas, catar a nuestra patria.3 en el que millones de trabajadores han de trabajar de sol a sol y *Politólogo y urbanista. Dirigente de Mexteki y vocero del Congreso nunca podrán romper con las cadenas que lo atan al amo. La reforma fiscal regresiva homologa impuestos en la frontera de la Soberanía CONTRALÍNEA
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Aplaudiendo a Moody’s
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na de las costumbres de los diferentes gobiernos en México es presumir los logros que han obtenido con el fin de irse legitimándo en el poder. Sin embargo, la mayoría de esos logros no se han reflejado en elevar el nivel de vida de los mexicanos. Frecuentemente, las noticias espectaculares se presentan cuando existen graves problemas que no han podido solucionar, como es el caso del crimen organizado que, pese a todo, sigue operando en todo el país. Curiosamente, como por arte de magia se presentan en días emblemáticos para la nación, como el 5 de febrero pasado. Me refiero a la decisión de la Calificadora de Valores Moody’s de elevar la calificación de la deuda mexicana a A3, y que fue anunciada por el presidente de la República en la conmemoración de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. Obviamente el anuncio arrancó aplausos de los asistentes al acto, aun cuando la mayoría ignoraba de qué se trataba. ¿Qué indica la calificación de deuda A3 otorgada por la calificadora? En primer lugar, es la última calificación de la categoría A, y por lo tanto no implica que exista una alta calidad en cuanto a la deuda, sino que representa, según Moody’s, un grado medio-alto, sujeto a bajo riesgo crediticio, pero que tiene elementos actuales que sugieLa calificación de la ren una susceptibilidad de deterioro a largo plazo. El deuda que dio Moody’s argumento que da la calificadora es que en México se aprobaron reformas estructurales que impactará favoraes un mensaje a los blemente en el crecimiento económico. inversionistas interna¿En qué ayuda recibir esta calificación de deuda de una de las tres calificadoras de deuda y de inversión más cionales de que pueden importantes del mundo? Es un mensaje a los inversioconfiar en la economía nistas internacionales de que pueden confiar en la economía mexicana, y también de que México puede ser mexicana susceptible a tasas de interés privilegiadas en el pago de su deuda. Ello, lógicamente, ayuda a un país subdesarrollado que aspira a superar sus grandes problemas económicos con base en sus riquezas naturales. Lo que preocupa es que la nueva calificación que se otorga está basada en los resultados de las reformas estructurales y cuando aún no se han aprobado las leyes secundarias que permitirán su ejecución. Entonces la base de la calificación está en el entorno de un supuesto que puede pasar o no. La política económica del gobierno no atraviesa por un momento adecuado, pese a lo que digan Luis Videgaray, secretario de Hacienda y Crédito Público, y el propio presidente Enrique Peña Nieto. Efectivamente existen elementos que sugieren un deterioro de la deuda a largo plazo. Algunos de ellos son: 1. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía dio a conocer el 6 de febrero una disminución en la confianza del consumidor, lo que implica una retracción en el nivel de ventas de las empresas. Esto aún no es alarmante, pero si aumenta esta desconfianza puede haber una disminución de la producción y, por ende, despido de personal y una sustancial baja de ingresos que pegará indudablemente en el consumo. 2. Existe una elevada inconformidad del sector empresarial con la reforma hacendaria, que implicó la elevación de impuestos y la modificación de regímenes fiscales que Oscar E Díaz Santos*
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siempre los había beneficiado y que ahora los perjudica. De hecho, ya existe una resistencia del sector empresarial al interponer amparos en contra de la reforma hacendaria. Esto también puede provocar que algunas empresas cierren y otras, primordialmente trasnacionales, busquen otros horizontes. Esto puede derivar en una contracción severa en la actividad económica. 3. La inseguridad es un elemento que sigue afectando a la economía nacional. No sólo se trata de crímenes, secuestros, asaltos, etcétera, sino que se trata de un impacto negativo en las inversiones nacionales y extranjeras por la incertidumbre que genera. 4. Sólo representa la opinión de una sola calificadora, ya que las otras dos no lo han manifestado así y mantienen la calificación que tenían para México. En la crisis financiera de Estados Unidos, en el último proceso electoral, una de las calificadoras bajó la valoración de la deuda a la categoría AA, cuando la tenía de AAA, y una vez terminado el proceso la misma calificadora le recuperó la calificación. Esto indica que en algunas ocasiones los aspectos políticos influyen en esas calificadoras. 5. En México aún existe un elevado grado de corrupción en algunos sectores de la sociedad, en algunas empresas y en el gobierno. Este cáncer puede impactar negativamente en los resultados que se obtengan de las reformas estructurales. 6. Los resultados de las reformas estructurales no son inmediatas, y en el gobierno están conscientes de que serán en el largo plazo, aunque el dirigente del Partido Revolucionario Institucional, César Camacho, haya declarado públicamente que si no se perciben resultados favorables para la población, se tiene que pensar en otras acciones. Para concluir, así como no es bueno celebrar con anticipación, creo que tampoco ayuda estar en contra de todo lo que hace el gobierno, pero sí es conveniente entender lo que nos están diciendo. Los especialistas financieros deberían hacer un análisis a conciencia, estableciendo pros y contras e informar a una sociedad que carece de una cultura financiera. Finalmente, el aplauso no fue para el gobierno mexicano, sino para Moody’s.3 *Doctor en economía por la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en gasto público y presupuesto CONTRALÍNEA
OPINIÓN
Respuesta popular contra leyes secundarias Martín Esparza Flores*
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e acuerdo con los plazos establecidos en la reforma energética, el Congreso de la Unión tendrá 60 días para desdibujar el perfil de un México nacionalista y consumar su deleznable traición a la patria al aprobar en el actual periodo ordinario de sesiones las propuestas del Ejecutivo, referentes a las leyes secundarias que normarán el marco jurídico para iniciar el saqueo total de nuestros recursos energéticos a manos de los consorcios internacionales. Dos asuntos buscarán ser minimizados por los legisladores del PRIAN (Partido Revolucionario Institucional-Partido Acción Nacional) y sus comparsas: evitar nuevamente todo debate nacional o foro que implique responder a las cientos de interrogantes no aclaradas a millones de mexicanos, y evitar una consulta popular exigida por todo el país aún antes de haber aprobado el retroceso histórico que nunca fue consensuado, a pesar de su implícita trascendencia nacional. Se antoja imposible que los diputados y senadores vayan a abandonar la estolidez con que irresponsablemente actuaron en diciembre pasado, cuando expresaron su afirmativa sin siquiera haber leído el contenido de lo que votaron; su servil incuria apunta a que nuevamente recurrirán al descarado mayoriteo rehuyendo el debate de las ideas. En los embustes que pretenden crear el falso espejismo de los beneficios sociales de la reforma han abundado las promesas de “cero opacidad” en la entrega de contratos, permisos y licencias (concesiones) a empresas privadas nacionales y extranjeras, según lo expresado en sentido repetitivo por el secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell. En el anunciado cuerno de la abundancia habrá mayores empleos, el petróleo seguirá siendo propiedad de la nación y bajarán los recibos de gas y luz; empero, los bien elaborados sofismas no exponen a detalle siquiera lo ya contemplado en los artículos transitorios y la entrega de un sinfín de contratos que desde hace años se venía dando a empresas privadas, sobre todo multinacionales. Los últimos informes de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) señalan que en 2014 la aún paraestatal –que en 2 años deberá transformase en empresa productiva del Estado– pagará a los productores independientes de energía (PIE), la mayoría trasnacionales, 38 mil 161 millones de pesos, amén de los 54 mil millones por sus gastos de nómina. La propia Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ha confirmado buena parte de los informes que publicamos con antelación en Contralínea. De acuerdo con sus estimaciones, para 2017 la CFE estará pagando anualmente a los productores independientes 55 mil 564 millones de pesos para adquirir su energía generada, pues no hay que olvidar que las autoridades federales y los integrantes mayoritarios del Congreso siguen ocultando al país que, aún sin reforma energética, ya existen compromisos pactados con las trasnacionales para comprarles su generación de electricidad, de forma obligada, en contratos de hasta 25 años de vigencia; razón por la que la Subsecretaría de Egresos estima que México habrá de sufragar 1 billón 913 mil millones de pesos en las próximas 2 décadas, para dar cumplimiento a los desventajosos acuerdos. CONTRALÍNEA
Los supuestos representantes populares no han abordado de manera frontal, en la mesa de las discusiones, la agudización de peligrosos conflictos sociales prohijados en zonas como el Istmo de Tehuantepec, por la imposición de megaproyectos eólicos como el que tiene trazado la empresa Mitsubishi en alianza con la holandesa PGGM, y que pretende ser el parque eólico más grande en América Latina a costa del despojo de las tierras de decenas de comunidades indígenas y campesinas en Oaxaca. Con toda certeza fingen demencia a sabiendas de que el artículo 3 transitorio de la reforma, aunque fija un plazo de 2 años para la transformación de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la CFE al rol de empresas productivas, establece que a la brevedad Pemex estará facultado para recibir las asignaciones y contratos a que se refiere su párrafo séptimo, situación que se hace extensiva a la Comisión Federal, que ya sin tapujos acaba de anunciar el otorgamiento de un contrato a la firma Isolux Corsán por 90 millones de dólares para la instalación de 26 kilómetros de líneas de transmisión y 10 subestaciones en el Distrito Federal, Estado de México e Hidalgo. Aún sin leyes secundarias, con sus acciones antipatrióticas, los legisladores ya han hipotecado el futuro del país. En esta misma ruta de desnacionalización se repite una y otra vez que Pemex continuará como patrimonio de los mexicanos, pero se oculta que en el nuevo esquema de la explotación y comercialización de los hidrocarburos será el Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo (Fomexpe) el organismo facultado para manejar toda la renta petrolera y cuyo Comité Técnico estará constituido por los secretarios de Energía y Hacienda y el gobernador del Banco de México, más cuatro integrantes que podrán ser nombrados por el presidente de la República con la aprobación de las dos terceras partes de los miembros presentes del Senado, según lo establecido en el 15 transitorio. De forma maquinada no prohíbe que puedan ser representantes de las firmas extranjeras los que ocupen los cuatro sitios del Consejo Técnico. ¿Se tomarán los apáticos legisladores la molestia de poner algún candado al respecto? Difícilmente podrá ocurrir algo plausible o digno de encomio de los entreguistas diputados y senadores en torno a la impuesta reforma energética en el actual periodo ordinario, y por el contrario, como ya lo han vaticinado gente como el senador priísta Emilio Gamboa y otros de sus homólogos panistas, pugnarán para que se deseche todo intento por llevar, como es el sentir de toda la nación, la controvertida reforma a una consulta popular. Están conscientes de que en ese terreno llevan las de perder. Su piratería antidemocrática busca anular la decisión de las mayorías permitiendo que la infiltración de las trasnacionales en nuestro sector energético se constituya en un mortífero veneno para la corriente sanguínea de nuestra soberanía nacional. Debe ser a través de la conformación de una sólida respuesta popular como los mexicanos habremos de validar el espíritu del Artículo 35 constitucional, demostrando que en el ejercicio de una auténtica democracia participativa somos millones de mexicanos los que desaprobamos esta globalizada y neoliberal traición a la patria. Debemos meter en orden a estos filibusteros que se han convertido en incondicionales defensores de las trasnacionales.3 *Secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas 17 DE FEBRERO DE 2014
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De autodefensas y Congreso Popular Jorge Meléndez Preciado*
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e hacer teatro, calificó José Manuel Mireles, el supuesto acuerdo para que las autodefensas entregaran sus armas al Ejército Mexicano. Y añadió que esa demanda la iban a realizar en fecha posterior: ya que hubieran detenido a los jefes de los Caballeros Templarios (El País, 4 de febrero). Así pues, está lejos de irse construyendo la ruta para la paz en Michoacán, donde continúan los enfrentamientos y el avance de esa organización tan polémica y que ha causado realmente que se vea a México como un Estado fallido. Mientras, el comisionado o virrey de la tierra de los Cárdenas, Alfredo Castillo, hace un recuento maravilloso y “asegura” que está resolviendo el problema. En tanto, la titular de la Secretaría de Desarrollo Social, Rosario Robles, nos dice que crearán comedores populares a costos altísimos (1 millón de pesos por cada uno) y que solucionará algunos rezagos sociales; en el momento en que el gobierno federal anuncia que invertirá en dicho estado 45 mil 500 millones de pesos y Enrique Peña Nieto irá una vez por mes a Morelia. Ante esa gran propaganda, el más conocido de los jefes de la población armada, Mireles, les reclama que no están arreglando nada. Pero, además, insiste que en varias ocasiones han dado las coordenadas para ubicar a Nazario Moreno, el Chayo, a quien aparentemente mataron los federales. Y ya encarrerado dice que se presumen muchas detenciones de aparentes malandrines, aunque en realidad se trata de algunos borrachitos o gente sin mayor relevancia. Mientras, en los medios oficiales, sabemos, han magnificado cualquier aprehensión y hasta mentiras evidentes. Y en este tenor, Mireles duda que hayan aprehendido a un violador de Tepalcatepec, Jesús Vázquez Macías, conocido popularmente como el Toro, ya que no lo han presentado ante la opinión pública. Mireles, por cierto, apunta que ese raro y controvertido fenómeno armado ha tenido repercusiones en estados como Zacatecas, Veracruz, Jalisco y Oaxaca, 20
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entidades donde quieren que vaya el dirigente. Pero él señala que lo mejor es pacificar Michoacán para que en las elecciones de 2015 la gente no vote con un rifle apuntando a la cabeza. Hace días, las autodefensas tomaron las poblaciones de Peribán y Los Reyes de Salgado. Y en este carrusel, la senadora del Partido de la Revolución Democrática, Iris Vianey Mendoza, es acusada de tener nexos con Melissa Plancarte, una cantante grupera e hija de Enrique Plancarte, cabecilla de los Caballeros Templarios. Y por si fuera poco, el 3 de febrero se efectuó un acto en el Pabellón Don Vasco, en la capital michoacana. En el mismo, el grupo musical Los de la A, lanzaron cantos a favor de los Caballeros Templarios; en tanto, otros dos conjuntos, Calibre 50 y El Komander, hicieron la apología de los grupos que utilizan armas para apropiarse de lo que les plazca. Grave predicamento en el que se encuentra el gobierno de Peña Nieto. Máxime que, en una entidad cercana, la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero tomó El Ocotito, y defiende con todo ésta y otras poblaciones, en las cuales la policías comunitarias o defensas armadas van adelante. Así, pues, importa poco que tengamos muchas declaraciones de que hay orden, que se anuncien obras y apoyos por millones de pesos y que se piense en restablecer la tranquilidad. La situación es de verdadera lucha social y de enfrentamiento entre diversos grupos que han rebasado al Estado, el cual no puede utilizar su fuerza o, lo peor, está penetrado hasta el tuétano de grupos que lo han corrompido. Lo que estamos viendo es patente en algunos estados, incluidos los del Norte del país, que ahora han pasado a un segundo plano (por ejemplo, los casos de Tamaulipas y Sinaloa). Ya no sabemos en dónde están los límites, pues la guerra y la pacificación se logran sin que intervenga la autoridad respectiva. Frente a este ominoso panorama, el 5 de febrero, en el 97 aniversario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, un grupo amplio de intelectuales, artistas, científicos e investigadores citaron a un Congreso Popular. En principio se pensaba en 500 asistentes, pero la convocatoria ha tenido una gran repercusión. Tanta, que algunos que pretendimos inscribirnos no pudimos hacerlo quizá por saturación en la red, y en realidad participaron activamente (esperamos) unas 2 mil 652 personas. Hay varios asuntos que se plantean, aunque sobresalen dos: la revocación de la aprobada reforma energética y hacer un exhorto para que el 18 de marzo, día de la Expropiación Petrolera, se organice un acto multitudinario de resistencia civil. Otras cuestiones son defender la actual Constitución (y que se cumpla plenamente, digo yo), auspiciar la participación política desde abajo y democratizar, en serio, la vida del país. El Congreso Popular es ciento por ciento de ciudadanos, sin la injerencia de partidos políticos, gobiernos de ningún tipo y grupos empresariales. Están en él representantes de las 32 entidades del país y vienen de 12 naciones. Los asistentes tienen de 16 a 76 años de edad, con un promedio de 36 años, habiendo una amplia franja de jóvenes. Los organizadores dicen que los medios electrónicos no dieron difusión al asunto (con excepciones que no anotan), que todo ha sido a través de las redes sociales y que incluso instituciones que debieron abrirles las puertas a sus actividades no lo hicieron. Pero están seguros que en el Monumento a la Revolución podrán sesionar bien y con libertad. Llaman a quienes deseen cooperar a hacerlo en la cuenta Banorte 0823624261, a nombre del colectivo Agustín Pro. En efecto, constituyen dos ejemplos de que el poder está menguando (aunque todavía conserva muchos de sus apoyos como Televisa, al que se quiere ahora favorecer limando la famosa Ley de Telecomunicaciones): las autodefensas y el Congreso Popular. La situación ya no es tan favorable como antes para el grupo que ha mangoneado la nación durante largos sexenios.3 *Periodista CONTRALÍNEA
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Ciudadanía europea, en venta José Carlos García Fajardo*/Centro de Colaboraciones Solidarias
sistimos a una competencia entre mento de residencia y ciudadanía de una empresa con sede en la isla países de la Unión Europea para de Jersey y el referente para las grandes fortunas en busca de pasaporver quién se lo pone más fácil a te: “Observamos un incremento constante de solicitudes, porque cada los ricos y quién vende más pervez son más países los que ofrecen esta posibilidad”. Kälin explica que misos de residencia”, estima Kinsus clientes proceden de países de África, Europa del Este y Oriente ga Göncz, europarlamentaria Próximo que “buscan flexibilidad, seguridad y tener opciones para inversocialista húngara. “Es un fenómeno que mueve mucho dinero y que es tir, hacer negocios y vivir en Europa”. muy peligroso porque atenta contra los valores europeos que establecen Un gestor de grandes fortunas de la entonces Unión de Repúblicas la no discriminación entre las personas. Por un lado ponemos todo tipo Socialistas Soviéticas explica el proceso: “Para las grandes fortunas es de barreras a los refugiados para que no entren y, por otro, abrimos las más cómodo tener el permiso de residencia, porque cuando vienen a hacer negocios no tienen que pedir un visado. Además, para los rusos puertas a los extremadamente ricos. Esto es algo que choca con el espíes una cuestión de prestigio social”. Se calcula que 10 mil o 15 mil euritu del proyecto”. ros es lo que sus clientes pagan a los abogados que tramitan la resiEn la capital de la Unión Europea se alarman al constatar cómo paídencia, y se sabe que esas operaciones sirven para los negocios turbios ses de la propia Unión venden pasaportes europeos a fortunas extranjeque rodean todo el proceso. Cuando lo que el país europeo exige es ras con la nacionalidad y el derecho de residencia. invertir en un negocio, muchos montan empresas falsas, como sucede En un espléndido reportaje, Ana Carbajosa denuncia cómo con 1 en los paraísos fiscales. millón de euros se puede comEl Parlamento Europeo prar un pasaporte legal en Malaprobó una resolución no ta. También en España, Portugal, Un pasaporte legal en Malta vinculante en la que indica que Chipre o Grecia se puede residir “se espera que todos los Eso nacionalizarse mediante el dicuesta 1 millón de euros. tados miembros actúen de manero. Las crisis financieras y el España y Portugal también nera responsable para preservar ansia recaudatoria de algunos los valores y logros comunes de socios de la Unión son los res“venden” residencias la Unión, y dichos valores y loponsables de que valores y gros son inestimables y no pueconsensos hasta ahora intocaden llevar pegada una etiqueta bles empiecen a agrietarse. La con el precio”. Pero compete a los países miembros decidir quién obtieComisión y el Parlamento Europeo luchan ahora por preservar el espíritu ne la nacionalidad en su país, aunque también alerta del peligro de socade la Unión Europea, mientras que los grandes capitalistas aprovechan var los principios del proyecto europeo. Obtener un pasaporte de algunos la crisis para agenciarse nacionalidad y pasaportes. Es lo que algunos de esos países complacientes permite la libre circulación por el resto de Estados ofrecen como “programas de residencia por inversión”. los Estados de la Unión Europea. Hay países como Malta o Chipre en los que el pasaporte se puede conResulta dramático y paradójico que mientras se alzan fronteras y seguir a cambio de inversiones o dinero en efectivo. Luego hay una larga encarcelan a inmigrantes, se monten tinglados legales para acoger a lista de Estados como Portugal, España, Letonia, Austria o Reino Unido personas ricas aunque se sepa que sus objetivos son delictivos, tal como en los que, por medio de la adquisición de una vivienda o invirtiendo en sucede con los casinos financieros. Una vez más no son las instituciones deuda pública o en un negocio se obtiene la residencia. Y la residencia democráticas sino las oligarquías financieras dominadas por bánksters abre la puerta a la nacionalidad. También existen, sin crítica alguna ni alarma social, los casos considerados de interés nacional, supuesto bajo el quienes ejercen los poderes oligárquicos en esta enorme ilusión que aún que en 22 países de la Unión Europea conceden la nacionalidad a depores la Unión Europea.3 tistas, artistas o inversores que consideran beneficiosos para el país. Los denominados “visados de oro” se han disparado en el último *Profesor emérito de la Universidad Complutense de Madrid; director año, denuncia Carbajosa y cita a Christian H Kälin, al frente del departadel Centro de Colaboraciones Solidarias CONTRALÍNEA
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Despenalizar la mariguana Alberto Sierra Asensio*/Centro de Colaboraciones Solidarias
ue el presidente de Estados Unidos, Barack ObaCésar Gaviria, quienes concluyeron en un informe de 2011 que la “guema, dijese en una reciente entrevista que la marra contra las drogas” ha sido un rotundo fracaso con devastadoras conriguana no es más peligrosa que el alcohol o el secuencias para individuos y sociedades en todo el mundo. tabaco demuestra que la despenalización y la La guerra contra el narcotráfico no ha disminuido el consumo, y legalización de esa droga ha dejado de ser un además ha creado un lucrativo mercado negro que alimenta a poderotema tabú en las altas esferas políticas, incluso sas y sanguinarias organizaciones criminales, contribuye a la corrupción en el país en el que hace 4 décadas se inició la llamada “guerra contra de funcionarios, a la putrefacción de instituciones y, lo que es más trágilas drogas”. co, unos niveles de violencia sin precedentes que dejan decenas de miles “No deberíamos encerrar en la cárcel a jóvenes o individuos por de muertos cada año en muchos países de América Latina. largos periodos de tiempo por consumir mariguana, cuando los que han Desde la publicación del informe de la Comisión Global de Política escrito las leyes probablemente hayan hecho lo mismo”, señalaba Obade Drogas, la despenalización o legalización de la más blanda de las ma. Uno de los principales problemas asociados al consumo de maridrogas duras, la mariguana, ha dejado de ser un tema tabú para los diriguana en Estados Unidos es el de las desproporcionadas penas y la gentes mundiales. Varios mandatarios, como el presidente de Colombia, manera en que éstas afectan con más dureza a minorías como la negra Juan Manuel Santos, han propuesto un debate global sobre la mariguana. Incluso la ONU, cuya Convención y la hispana, además de personas de Única sobre Estupefacientes data de bajos recursos. 1961, tiene programada una cumEn 1982, el entonces presidenbre ministerial a principios de 2016 te de Estados Unidos, Ronald ReaLa guerra contra el narpara evaluar el marco regulatorio gan, decidió dar un carácter militar global sobre las drogas. a la guerra contra las drogas emprencotráfico no ha dismiSegún una encuesta de Gallup, dida 1 década antes por Richard Ninuido el consumo y ha 58 por ciento de los estadunidenses xon. Entre 1982 y 2010, Estados creado un lucrativo están a favor de despenalizar el caUnidos gastó 1 billón de dólares (1 nnabis. En 1961, sólo un 12 por cienmillón de millones) en la “guerra mercado negro a favor to apoyaba esa idea. Lo que parece contra las drogas”, según un estudio de poderosos criminales estar en discusión ahora es cómo se de Associated Press. Esto incluye espuede llevar a cabo sin provocar fuerzos fronterizos para interceptar otros males, como un repunte en el sustancias, el financiamiento de guenúmero de consumidores o adictos. rras contra el narcotráfico en AfgaYa hay ejemplos, pero falta ver los resultados. Ámsterdam ha dejanistán, México y Colombia, el arresto, enjuiciamiento y encarcelamiento do de ser una gota de agua en el desierto. Los estados de Colorado y de personas por delitos relacionados con la droga, incluidos los no violentos, y las campañas de mercadotecnia de programas de abstinencia y Washington legalizaron por completo la mariguana en 2012 y a ellos se mensajes como el “simplemente di no”, que hizo famoso la exprimera podría unir Alaska, que celebrará en agosto un referéndum sobre la legadama Nancy Reagan. lización. Otros 21 estados de Estados Unidos y el distrito de Columbia La guerra contra las drogas se globalizó. Sin embargo, entre 1998 y la han despenalizado o autorizado su venta con fines médicos. 2008, el uso de opiáceos en todo el mundo se incrementó en 34.5 por Y lo que hasta hace poco parecía imposible, que un país legalizara ciento; el de cocaína, en 27 por ciento, y el de cannabis, en 8.5 por cienla mariguana, se hizo realidad en diciembre pasado en Uruguay, donde to, según la Comisión Global de Políticas de Drogas, un grupo formado el gobierno se encargará de controlar la producción, distribución y venpor 22 personalidades tan dispares como los premios Nóbel Mario Varta. Una fórmula que se va a seguir con atención en todos los países del gas Llosa y Gabriel García Márquez, el exsecretario general de la Orgamundo, y especialmente en América Latina.3 nización de las Naciones Unidas (ONU) Koffi Annan, y expresidentes como el mexicano Ernesto Zedillo, el chileno Ricardo Lagos o el colombiano *Periodista 22
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Destino del maíz mexicano, EN MANOS DEL PODER JUDICIAL
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Rashide Frías/Cuartoscuro CONTRALÍNEA
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El gobierno de México respalda jurídicamente a las trasnacionales que pugnan por inundar de maíz transgénico el campo mexicano. La demanda colectiva interpuesta por un grupo de 53 personas y 20 organizaciones mantiene en la congeladora 79 solicitudes para sembrar maíz transgénico en alrededor de 3 millones de hectáreas del territorio nacional. Pero las secretarías de Agricultura y de Medio Ambiente, así como las trasnacionales Monsanto, Syngenta, PHI y Dow AgroSciences han emprendido una embestida jurídica. Hasta ahora, se debaten en juzgados federales 17 impugnaciones contra la demanda y la medida cautelar dictada por un juez federal que ha impedido, durante 4 meses, la liberación al ambiente del grano genéticamente modificado. Sobre el conflicto, la Cibiogem dice que el gobierno “reconoce la pluralidad de opiniones de la sociedad y la libertad en el ejercicio de sus derechos” Elva Mendoza, @elva_contra
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Eduardo Miranda/Procesofoto
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4Las trasnacionales Monsanto, Syngenta, PHI y Dow AgroSciences buscan controlar el mercado del maíz en México
a demanda colectiva interpuesta por un grupo de 53 personas y 20 organizaciones mantiene detenidas 79 solicitudes para sembrar en forma masiva semillas de maíz genéticamente modificadas en el campo mexicano, mientras se resuelve el juicio. De levantar la medida cautelar solicitada por la colectividad y concedida por un juez federal, las autoridades federales liberarían, al menos, 3 millones de hectáreas a las empresas Monsanto, Syngenta, PHI México y Dow AgroSciences para sembrar su grano en las fases experimental, piloto y comercial. Ante el impedimento de otorgar los permisos, el gobierno federal, a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), apeló la resolución 26
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judicial los días 9 y 10 de octubre de 2013. El lunes 28 de octubre, el Segundo Tribunal Unitario en Materia Civil y Administrativa del Primer Circuito notificó a los interesadas del recurso interpuesto por las dependencias federales. Además de la Sagarpa y la Semarnat, las trasnacionales Monsanto, Syngenta, PHI México y Dow AgroSciences han emprendido una embestida jurídica. Hasta ahora, se debaten en juzgados federales 17 impugnaciones en contra de la demanda. En entrevista, René Sánchez Galindo, abogado de la asociación civil Colectivas, CONTRALÍNEA
génicos en el país, la dependencia aduce su no competencia: “los permisos los otorga la Sagarpa”. Sobre las trasnacionales, René Sánchez Galindo expone que uno de los argumentos de Pioneer DuPont –en México, PHI– es que las 53 personas demandantes no demuestran que comen maíz. Según datos de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la BioCada individuo consume diversidad (Coanbio), cada individuo conen promedio 328 gramos sume en promedio 328 gramos diarios diarios de maíz (en tortisolamente en tortillas, lo que provee 39 por ciento de las proteínas; 45 por ciento de las llas). Esto le provee 39 calorías; y el 49 por ciento del calcio repor ciento de las proteíquerido diariamente. “Cómo se atreve, después de estos nas; 45, de las calorías; y datos, a decir que no acreditamos que co49, del calcio que requiere memos maíz. Es realmente un absurdo. El maíz es el alimento más importante en la dieta mexicana.” Señala que Monsanto, a través de sus dos filiales (Semillas y Agroproductos Monsanto, SA de CV, y Monsanto Comercial, SA de CV), ha intentado por la vía jurídica levantar la medida cautelar y desechar de manera definitiva la demanda.
Mitzi Blanquet/Cuartoscuro
Alejandro Neyra/Cuartoscuro
organización que funge como representante legal en el juicio, refiere que se trata de siete impugnaciones contra la admisión de la demanda, dos de ellas interpuestas por la Sagarpa y la Semarnat; cinco apelaciones contra la medida precautoria, dos también interpuestas por las secretarías; dos amparos contra la medida precautoria; un recurso de revocación contra la medida precautoria; un recurso de revocación contra la demanda, y un recurso de revisión dentro de uno de los amparos. De acuerdo con Sánchez Galindo, los argumentos de la Sagarpa para impugnar la demanda se centran en que otorgar los permisos es una decisión administrativa que les compete únicamente a ellos y que un juez no puede intervenir. No obstante que la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados (LBOGM), vigente desde 2005, establece como vinculante la opinión de la Semarnat para permitir el cultivo de trans-
4Contaminación transgénica y pérdida patrimonial de razas nativas de maíz, entre los riesgos que enfrentará el país si se autoriza la siembra masiva de organismos genéticamente modificados
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4Hay 17 impugnaciones contra la demanda colectiva: abogado René Sánchez
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PORTADA Para la trasnacional, uno de los motivos de que no procediera la demanda ni la medida era que la colectividad de 53 personas no nombró a Adelita San Vicente como representante común. “Dice que falta una constancia de nombramiento. En ningún lugar la ley se establece que además de la demanda tienes que tener una constancia de nombramiento”. Al abogado le parece increíble el argumento porque, en el primer párrafo del instrumento, la colectividad nombró a la también miembro de la asociación civil Semillas de Vida representante común. Lee en voz alta el primer bloque de letras de la demanda: “Quienes suscribimos esta demanda colectiva como miembros de la colectividad, de titulares del derecho humano al medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar de toda persona en los términos de la Constitución federal, las leyes y los tratados internacionales, y demás firmantes al calce por nuestro propio derecho, nombrando como representante común a Adelita San Vicente Tello, y como representantes legales a René Sánchez Galindo, a Bernardo Bátiz, etcétera...”. Otro argumento utilizado por la defensa de Monsanto es que la colectividad no Las áreas de protección reclama la reparación del daño. Al respecto, Sánchez Galindo señala que la demana la diversidad biológica da presentada se llama Acción Colectiva en no van a funcionar: cienVía de Acción Difusa con Pretensiones Declarativas, por lo que en el instrumento tíficamente se sabe que no se pide que condenen a la reparación los transgénicos van a del daño, sino que se declare que el maíz transgénico va a ser incontrolable y a estar contaminar al resto de presente con el nativo. los granos “La diversidad –protegida por tratados internacionales, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes federales– va a convivir con el transgénico y eso afecta nuestro derecho. No va a estar confinado como dice la ley que lo va a hacer, eso no se puede. De eso se trata la demanda, que lo declaren; si la autoridad judicial declara que es imposible detener el transgénico, no pueden otorgar ningún permiso porque son para zonas. Así lo establecen la Convención sobre la Diversidad Biológica y el Protocolo de Cartagena. Como hay riesgo, para sembrar transgénico debes tener áreas de protección a la diversidad biológica. Lo que dice esta demanda es: declara que esas áreas no van a funcionar porque científicamente no da”. Entre los casos de flujo transgénico no autorizado (conocido también como contaminación transgénica) inscritos en la demanda se encuentran la investigación realizada en 2006 por la Universidad de Sinaloa y el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias; la denuncia penal que presentó Greenpeace en 2008 por contaminación en Chihuahua; y un informe del gobierno federal donde se expone un descarrilamiento de trenes con maíces transgénicos en Veracruz y Guanajuato, de 2010. 28
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Aclara que no pedir la reparación del daño no es un error: “Como colectividad tomamos la decisión de que fuera difusa con pretensiones declarativas. Difusa quiere decir que los afectados somos cualquiera y todos”. Lee en voz alta: “Pretensiones declarativas. Encuentra sustento en el artículo 582 del Código de Procedimientos Civiles Federales, que señala: ‘la acción colectiva podrá tener por objeto pretensiones declarativas, constitutivas o de condena’”. Un motivo más para desechar la demanda, según la contestación de Monsanto, dice Sánchez Galindo, era que Adelita San Vicente no ratificó el cargo de representante común. “Pero no hemos llegado a la etapa de ratificación. Es hasta que se tome la decisión de admisión definitiva de la demanda”. Explica que las acciones colectivas tienen dos momentos para admitir la demanda: el preliminar, “que ganamos en apelación”; y el definitivo, “donde también ya estamos en apelación. Es después de la segunda admisión que se ratifica”. La colectividad solicitó al juzgado federal, por escrito, que concediera un plazo de 3 días para que Adelita San Vicente compareciera al juzgado a ratificar el cargo, y aunque el juez respondió que no era necesario, días después él mismo desechó la demanda por falta de ratificación. “Fuimos muy rápidos y no pasó nada; antes de que fuera notificada la Sagarpa nosotros ya teníamos la suspensión otra vez, con otro recurso. Presentamos la apelación el mismo día y al día siguiente la aceptan con efectos suspensivos. Todavía no está resuelta la apelación pero ya tiene efectos suspensivos.”
La demanda La demanda colectiva fue presentada el pasado 5 de julio ante tribunales federales. En un hecho sin precedentes se reconoció el interés jurídico de las 53 personas y 20 organizaciones que interpusieron la demanda. Entre las personas que forman parte de esta colectividad se encuentran Miguel CONTRALÍNEA
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Rashide Frías/Cuartoscuro
PORTADA desempañar una función de interés público en representación de la colectividad titular del derecho humano al medio ambiente. La resolución judicial se inscribe en el espíritu del principio precautorio contenido en diversos instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, el cual busca proteger el derecho humano de conservar, utilizar y participar de la biodiversidad de los maíces nativos frente a la amenaza que representan los maíces transgénicos. Un derecho colectivo de la población mexicana reconocido por la Constitución mexicana, las leyes y los tratados internacionales. Los hechos que se denuncian en el instrumento fueron aportados por diversas organizaciones y forman parte de la defensa jurídica realizada al interior de la Campaña Nacional Sin Maíz no hay País. René Sánchez Galindo indica que fueron notificados de la resolución el 20 de septiembre de 2013.
4Tortilla de maíz,
Concha, Antonio Turrent, Bernardo Bátiz, Víctor Manuel Toledo, Raúl Hernández Garciadiego, Víctor Suárez, Julio Glockner, Federico Guillermo Berrón Autrique, Jesusa Rodríguez y Regina Orozco. Las organizaciones representan a productores, indígenas, apicultores y ambientalistas, como la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productos del Campo; la Fundación Semillas de Vida, AC; ANEMA, AC; Fomento Cultural y Educativo, AC; Fronteras Comunes, AC; Alternativas y Procesos de Participación Social, AC, de Tehuacán Puebla; la Cooperativa Tosepan Titataniske de Cuetzalan, Puebla; Grupo Vicente GuerreEl Juzgado Federal Déciro, AC, de Tlaxcala; y la Asociación Rural de Interés Colectivo en Defensa del Maíz mo Segundo de Distrito Nativo. en Materia Civil ordenó a En las 23 fojas que componen el instrumento se establece que el consumo de maíz la Sagarpa y la Semarnat es la circunstancia común de los que lo detener la siembra expepromueven. “Algo que cuestionan es que somos muy diferentes [y] entonces no nos rimental, piloto y comerafecta igual el transgénico, pero la demanda cial de maíz transgénico es clarísima, dice: ‘todos somos consumidores, a todos nos afecta por igual, pero además somos diversos como el maíz’”, señala Sánchez Galindo. A petición de la colectividad, el Juzgado Federal Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal emitió una medida cautelar en la que ordena a la Sagarpa y la Semarnat detener la siembra experimental, piloto y comercial de maíz transgénico en el país en tanto no se resuelva el juicio. La medida se basa en el riesgo de daño inminente al medio ambiente. En términos de la ley, Adelita San Vicente Tello –que funge como representante común de la colectividad demandante– deberá 30
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Mitzi Blanquet/Cuartoscuro
uno de los alimentos principales de la dieta de los mexicanos
4Activistas buscan frenar la siembra masiva del maíz transgénico
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Eduardo Miranda/Procesofoto
Explica que luego de las notificaciones a los involucrados, el proceso judicial incluye dos etapas más: la conciliación y la presentación de pruebas, donde con la ayuda de organizaciones, investigadores y científicos presentarán las evidencias y los peritajes necesarios. Para Adelita San Vicente, el hecho es un hito histórico que abre una nueva etapa en la defensa del maíz nativo: “una lucha tan desigual”, pero que abre paso a la discusión profunda y el debate en el centro de origen y diversidad genética del maíz. Con 59 razas clasificadas y miles de variedades nativas distribuidas a lo largo y ancho del territorio nacional, México es cuna del maíz (el segundo cereal más importante en el mundo), centro de origen, diversificación y reservorio genético global del grano.
Sin probar inocuidad Monsanto y Pioneer Hi-Bred International ingresaron a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación cinco permisos para la siembra comercial de maíz genéticamente modificado en Sinaloa y Tamaulipas en más de 1 millón de hectáreas del campo mexicano. De aprobarse las peticiones, la trasnacional Monsanto habría de cultivar las especies MON-89034-3, MON-88017-3, MON-00603-6; y Pioneer sembraría las especies DAS-0150l7-1 y MON-00603-6. El gen 603, propiedad de Monsanto, también presente en el gen del maíz MON00603-6, conocido como MON 603, es objeto del escrutinio científico mundial. El 19 de septiembre de 2012, el Comité para la Investigación e Información Independiente sobre Ingeniería Genética (CRIIGEN, por su sigla en francés) presentó, en conferencia de prensa en Londres, los resultados de una investigación encabezada por el biólogo molecular Gilles-Éric Séralini, profesor de la francesa Universidad de Caen. De 2009 a 2011 el equipo alimentó a 200 ratas con NK603, maíz genéticamente CONTRALÍNEA
4Ante el riesgo de daño inminente al medio ambiente, 53 personas y 20 organizaciones de la sociedad civil interpusieron una demanda colectiva contra el uso de semillas modificadas
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Eduardo Miranda/Procesofoto
modificado para desarrollar resistencia al glifosato, principio activo de Roundup, el herbicida más vendido de Monsanto y cuya patente expiró en 2000; con maíz NK603 tratado con Roundup, con maíz no modificado, y con agua mezclada con glifosato Roundup. Los resultados, publicados en el nivel internacional por la revista Food and Chemical Toxicology, revelaron que los animales sufrieron muerte prematura, desarrollaron tumores y problemas hepatorrenales graves. De acuerdo con el estudio –financiado por la fundación Ceres, que cuenta con fondos de unas 50 empresas que no producen organismos genéticamente modificados y por la fundación Charles Leopold Meyer para el Progreso de la Humanidad, cuyo costo ascendió a los 3 millones de euros–, las ratas transgenizadas registraron malformaciones graves al mes 13 del experimento. El gen 603 de Monsanto se empleó en la especie utilizada por Séralini para alimentar a los roedores. La investigación del profesor Séralini y su equipo de colaboradores en el seno del Comité de Investigación e Información Independiente sobre Ingeniería Genética es la primera de largo aliento sobre organismos genéticamente modificados. El proyecto inició en 2009 para hacer lo que los gobiernos, las trasnacionales y los órganos internacionales no han hecho: medir, a partir de un grupo de científicos independientes, sin conflictos de interés, la toxicidad de los organismos genéticamente modificados más allá de la experimentación por un par de meses.
Para ello, la muestra de 200 ratas debía ser alimentada durante toda su vida (2 años) con la semilla genéticamente modificada. Monstanto avaló su producto tras únicamente 3 meses de estudios. Al cuarto mes, los cuerpos de las ratas de Séralini comenzaron a mostrar daños severos, lo que hace pensar a investigadores y expertos en todo el mundo que la trasnacional sí conoce de los riesgos para la salud que representa el consumo de su producto. Por sus características e implicaciones globales, la operación se llevó bajo estricto sigilo. Tal como lo documentó el semanario francés Le Nouvel Observateur, Séralini y el equipo debieron conseguir clandestinamente las semillas de maíz transgénico NK 603, propiedad patentada de Monsanto, a través de una escuela de agricultura en Canadá; transportarlas de la misma forma a Francia; codificar las comunicaciones telefónicas y los correos electrónicos entre los miembros del equipo; mantener en secreto sus conclusiones, y poner en marcha un estudio señuelo. Tal como lo documentó Contralínea, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) autorizó el consumo humano de MON 603. Y desde 2002, la dependencia declaró su inocuidad. Para ello, la institución asegura que la población mexicana puede consumir la semilla sin riesgos para la salud.
La retractación
4Con 59 razas clasificadas y miles de variedades nativas, México es centro de origen, diversificación y reservorio genético global del segundo cereal más importante del mundo
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Con fecha del 19 de noviembre de 2013, Wallace Hayes, editor en jefe de la revista Food and Chemical Toxicology, envió una carta al profesor Gilles-Éric Séralini en la que le solicitó retirar su artículo. De no hacerlo, la publicación procedería a retractarse del citado estudio y publicaría una declaración. Ante la negativa de Séralini, la advertencia se cumplió 9 días después. En su declaración, la revista dice que el artículo de Séralini y sus colaboradores se publicó después de haber sido sometido a una evaluación de especialistas que lo aprobaron y recomendaron que se publicara; no obstante, indica que recibieron algunas CONTRALÍNEA
Benjamín Flores/Procesofoto
4Guerra Abud, titular de la Semarnat, una de las instituciones que impugnó la demanda colectiva ciudadana
cartas al editor expresando preocupación sobre la validez de los hallazgos descritos en el artículo e incluso denuncias de fraude. La revista realizó entonces una nueva revisión del trabajo mediante otro panel de expertos. Solicitó además a Séralini sus datos originales. Después de una revisión exhaustiva, el panel recomendó retirar el artículo. La declaración oficial de la revista señala que no encontró ninguna evidencia de fraude o tergiversación de los datos; afirma que los resultados no son incorrectos, e identifica como causa para la retractación el bajo número de animales en cada grupo del estudio y la cepa de ratas que fue seleccionada. Para la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad, la retractación del estudio carece de sustento científico y responde a la presión de las industrias que comercializan los cultivos transgénicos. Con ello, se “viola la buena práctica científica y CONTRALÍNEA
se violan principios éticos fundamentales de la ciencia, a favor de intereses privados. Además de que este tipo de prácticas amenaza a la ciencia y al interés público”. Agrega, además, que “es imprescindible contar con estudios rigurosos, libres de conflicto de intereses, para la toma de decisiones”. Para la realización de este trabajo se solicitó entrevista con el titular de la Semarnat, Juan José Guerra Abud, y con Alejandro Monteagudo, director general de AgroBio (asociación civil que congrega empresas desarrolladoras de biotecnología agrícola, cuyos miembros son Bayer, Dow AgroSciences, Monsanto, Pioneer y Syngenta). Al cierre de edición, no se obtuvo respuesta. También se solicitó la posición de la Sagarpa, que –a través de su oficina de comunicación social– dijo a este semanario que la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem) era la responsable de responder sobre organismos genéticamente modificados. La Comisión, presidida por Sol Ortiz García, accedió contestar a las preguntas de Contralínea, pero sólo por escrito. Las respuestas se reproducen de manera íntegra. —¿Cuál es la postura de la Cibiogem frente a la demanda colectiva que interpusieron 53 personas y 20 organizaciones de “La Cibiogem busca conla sociedad civil? tribuir a la aplicación del —La Cibiogem, como parte del gomarco regulatorio en mabierno de la República, reconoce la pluralidad de opiniones de la sociedad y la teria de bioseguridad, libertad en el ejercicio de sus derechos, para garantizar el uso debiendo ser la autoridad judicial quien determine lo procedente con estricto apego a seguro de los transgénicos la legislación nacional. en el territorio nacional” —¿Cuál es la postura de la Cibiogem frente al maíz genéticamente modificado? —La postura de la Cibiogem es contribuir a la aplicación del marco regulatorio en materia de bioseguridad, para garantizar el uso seguro de los organismos genéticamente modificados en el territorio nacional. —Tanto la Semarnat como la Sagarpa apelaron la medida cautelar ordenada por un juez federal para detener los permisos en tanto no se resuelva el juicio. ¿Cuál es su opinión al respecto? —Es una atribución que tienen las secretarías de Estado siendo partes en un juicio, y que será el juez federal quien determine lo que corresponda conforme a derecho. —Además del proceso judicial referente al maíz, se han emprendido acciones legales en otras partes del país contra los organismos genéticamente modificados, ¿a qué le atribuyen esto? —Las acciones legales que se han promovido hasta el momento son parte de la libertad en el ejercicio de los derechos de todo ciudadano, las cuales deberán ser resueltas por la autoridad judicial con apego a la legislación nacional y a los elementos de prueba de carácter técnico y científico que los involucrados aporten.3 17 DE FEBRERO DE 2014
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Maíz del DF
Cecilia Martínez
EN RIESGO DE CONTAMINACIÓN TRANSGÉNICA
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El maíz nativo del Distrito Federal está en riesgo. Pese a que se han erogado más de 12 millones de pesos para su monitoreo y conservación, los conflictos políticos y las irregularidades en el manejo de los recursos han dejado a las especies nativas de la entidad expuestas a la contaminación transgénica
Eduardo Miranda/Procesofoto
Elva Mendoza, @elva_contra
4Seis razas de maíz nativo, más de 40 variedades y el teocintle, en grave riesgo de contaminación transgénica
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as seis razas de maíz nativo, las más de 40 variedades y el teocintle hasta ahora localizados en el suelo de conservación del Distrito Federal, se encuentran en grave riesgo de contaminación transgénica. No obstante que en febrero de 2009 el Gobierno del Distrito Federal publicó en su órgano informativo la Declaratoria de Protección de las Razas de Maíz del Altiplano de México Cultivadas y Producidas en Suelo de Conservación del Distrito Federal, y en octubre del mismo año el Acuerdo por el que se Expide el Programa de Protección de las Razas de Maíz del Altiplano Mexicano para el Distrito Federal, en el que se declara a la entidad libre de transgénicos, el patrimonio genético del maíz de la Ciudad no está a salvo. Ya en 2007 un grupo de científicos dio a conocer la presencia de maíz transgénico en parcelas de entre 1 y 2 hectáreas en las delegaciones Milpa Alta y La Magdalena Contreras. La investigación fue publicada en la revista especializada Frontiers of Ecology and the Environment, de la Sociedad Estadunidense de Ecología, bajo el título “Proteínas transgénicas en el suelo del área de conservación del Distrito Federal”. A través de pruebas de inmunoensayo sobre 208 muestras de 25 comunidades de las delegaciones Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y La Magdalena Contreras, los autores José Antonio Serratos Hernández, José Luis Gómez Olivares, Noé Salinas Arreortua, Enrique Buendía Rodríguez, Fabián Islas Gutiérrez y Ana de Ita revelaron la presencia de dos proteínas transgénicas distintas: la CP4 EPSPS, que produce tolerancia al herbicida glifosato, y la Cry1Ab/c, que confiere resistencia a insectos lepidópteros en maíz. De acuerdo con Serratos Hernández, los resultados de la investigación liderada por él permitían inferir que si en una zona tan pequeña y con poca importancia en el conjunto de la producción de maíz en Méxi-
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Francisco Daniel/Procesofoto
co, como es el Distrito Federal, se puede encontrar transgénico, la dispersión de éste es mayor en otras áreas.
Los convenios
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4Aunque en 2009 Con los primeros resultados del convenio de 2008, Serratos Hernández elaboró, junto con la Sedema, los proyectos de Declaratoria y Programa de Protección de Maíz Nativo, publicados en la Gaceta Oficial del Distrito Federal en 2009. Una vez finalizado en tiempo y forma el convenio de 2008 y dado que el Instituto de Ciencia y Tecnología capitalino no apoyaría financieramente la segunda y tercera fases, inició el planteamiento de un segundo convenio que se concretaría en 2010 para darle continuidad al primero.
se declaró al Distrito Federal una entidad libre de transgénicos, el patrimonio genético del maíz capitalino no está a salvo
Alejandro Saldívar/Procesofoto
Derivado del interés de las autoridades capitalinas por las revelaciones de la publicación, en 2008 se firmó el Convenio Específico de Colaboración entre el Gobierno del Distrito Federal, a través de la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) y la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), en el que se establecieron los mecanismos para instrumentar las acciones necesarias para desarrollar la primera etapa del proyecto de conservación, uso y bioseguridad del maíz nativo del altiplano mexicano por medio de agricultura agroecológica en el Distrito Federal. Para ello, la Secretaría del Medio Ambiente se comprometió a aportar a la UACM 1 millón de pesos provenientes del Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal. Además, en el documento, la UACM designa a Antonio Serratos para ejecutar y coordinar las actividades descritas. El proyecto, base fundamental del convenio firmado, fue diseñado y redactado por Serratos Hernández, y contiene 5 años de investigación sobre las razas de maíz en el Distrito Federal. El también profesor en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México trabaja en la materia desde 2003, luego de que el Gobierno del Distrito Federal anunció la vigilancia del maíz transgénico en suelo de conservación y formalizó una invitación al investigador –entonces adscrito al Campo Experimental Valle de México del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, y científico adjunto en el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo– para colaborar como asesor principal, formular y desarrollar el proyecto Establecimiento de un Sistema de Monitoreo de Maíz Transgénico para las Zonas Agrícolas del Distrito Federal. Las alarmas sobre los peligros de la biotecnología fueron encendidas meses antes por el ecólogo y microbiólogo Ignacio Chapela y su discípulo David Quist, quienes demostraron la presencia de transgenes en cultivos de la Sierra Norte de Oaxaca, muy lejos de los sitios donde se experimentaba con esos productos. El descubrimiento fue divulgado en 2001 por la revista científica internacional Nature.
4Serratos Hernández: mayor, la dispersión de transgénicos en zonas importantes en el conjunto de la producción de maíz en México
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DISTRITO FEDERAL En noviembre de 2010, el gobierno capitalino –a través de la Sedema– y la UACM firmaron el Convenio Específico de Colaboración, con el objeto de establecer los mecanismos e instrumentar las acciones necesarias para desarrollar el proyecto Conservación, Uso y Bioseguridad del Maíz Nativo en Suelo de Conservación del Distrito Federal. La UACM se comprometió a aportar los recursos materiales y humanos suficientes, además de entregar reportes de resultado y ejercer adecuadamente los recursos. El convenio contó con financiamiento federal: 7 millones 500 mil pesos provenientes de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat)Instituto Nacional de Ecología (INE). De la suma, la Comisión de Recursos Naturales (Corena) del Distrito Federal dispondría de 4 millones 600 mil pesos para poner en funcionamiento un laboratorio, y la UACM dispondría de 2 millones 900 mil pesos para la ejecu-
Sin transparentarse, el destino de 2.9 millones de pesos asignados al proyecto Conservación, Uso y Bioseguridad del Maíz Nativo en Suelo de Conservación del Distrito Federal
ción del proyecto. Los recursos administrados por la Universidad serían comprometidos en tres entregas: la primera por la cantidad de 1 millón 211 mil 400 pesos, para el inicio del proyecto; la segunda por la cantidad de 1 millón 331 mil 400 pesos, contra entrega de informes de actividades mensuales, y el tercer pago por un monto de 357 mil 200 pesos, contra entrega de informes mensuales de actividades e informe final del cumplimiento total del proyecto.
La “administración” de los recursos En 2010, Antonio Serratos ya laboraba en la UACM, entonces bajo la gestión de Esther Orozco. Las irregularidades y los agravios en contra del investigador, el equipo y la propia investigación involucraron retrasos, el manejo irregular de los recursos por parte de la Universidad, la obligada salida del investigador del pro38
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yecto que diseñó y desarrolló; pero que culminó con un proceso interpuesto en su contra en la Contraloría General de la UACM por supuesto incumplimiento, mismo que concluyó con fallo a su favor. El convenio, ideado para desarrollarse en 12 meses, se firmó en noviembre de 2010. Según la Cláusula Octava era vigente hasta el 31 de diciembre del mismo año, por lo que se vio considerablemente reducido el tiempo de investigación. Dado el retraso, tanto en la formalización del acuerdo como en la entrega de los recursos, Serratos Hernández y el equipo de trabajo perdieron la colecta de 2010, lo que repercutió en el alcance de los objetivos científicos establecidos dentro del documento. La UACM solicitó una prórroga a la Secretaría del Medio Ambiente capitalina que venció el 31 de mayo de 2011. Fue hasta el 5 de enero de 2011 que la Secretaría depositó a la Universidad el primer pago por un monto de 1 millón 211 mil 400 pesos, utilizados por la institución a partir de febrero de 2011. El segundo y el tercer pago se le entregaron a la Universidad fuera de tiempo, incluso de la prórroga solicitada. En entrevista, Serratos Hernández asegura a Contralínea que hasta el 31 de mayo de 2011, tiempo en que estuvo al frente del proyecto, ejerció únicamente 1 millón 305 mil pesos. El investigador desconoce el manejo y destino que la Universidad dio al resto de los recursos: 1 millón 595 mil pesos, de los que dispusieron los administradores fuera del tiempo límite del convenio. Según información entregada a este semanario –por medio de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal–, la Universidad, ya sin la supervisión de Serratos Hernández, ejerció la totalidad de los recursos. En el informe financiero del proyecto firmado por Carlos García Neri, encargado del despacho de la Tesorería de la UACM –del cual Contralínea posee copia– la Universidad revela que desde el 6 de enero de 2011 y hasta abril de 2013 se ejercieron 2 millones 718 mil 974 pesos de los 2 millones 900 mil asignados al proyecto, sin especificar quién autorizó el ejercicio de los recursos. También declara un saldo restante de 181 mil 25 pesos. Serratos Hernández, experto en el estudio del maíz, dice que los recursos federales entregados por la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal a la UACM fueron en todo momento administrados por CONTRALÍNEA
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Sergio Ortiz
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4Sembradíos, en
riesgo por la presencia de transgénicos
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la casa de estudios, tal como se especifica en la Segunda Cláusula del convenio, por lo que personalmente no le correspondió recibir recurso financiero alguno. El 2 de mayo de 2012 se inició un proceso en contra de Serratos Hernández en la Contraloría de la Universidad. La denuncia ante el órgano fue motivada por oficio de la coordinadora académica Minerva Camacho, quien lo acusaba de no cumplir con el convenio y por una supuesta falta de profesionalismo, pese a las irregularidades denunciadas constantemente por el profesor e investigador ante las partes. El oficio de la coordinación se sustentaba en el supuesto “análisis” del informe final del proyecto y en el oficio del director de la Corena, el antropólogo Gustavo Alonso Cabrera Rodríguez, dirigido a la Rectoría y a la Coordinación Académica, en el que también señalaba a Serratos Hernández de no cumplir con los términos del convenio. Mediante oficio del 22 de octubre de 2012, Antonio Serratos resultó exonerado por la Contraloría. El 15 de junio de ese mismo año, la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal y la Universidad Autónoma de la Ciudad de México firmaron un nuevo convenio con el objeto de dar seguimiento al proyecto. Esta vez, Álvaro Díaz Badillo –tecnólogo en virología por el Centro de Investigación y Tecnología Avanzada del IPN– fue designado al frente.
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La Sedema se comprometió a aportar 3 millones 600 mil pesos distribuidos en tres pagos. La primera entrega, por 2 millones de pesos para el inicio del proyecto. El segundo pago, por 1 millón de pesos contra la entrega de informes mensuales. Y el tercer pago, por un monto de 600 mil pesos contra entrega de informes mensuales de actividades e informe final. Contralínea solicitó el informe final derivado del convenio de 2012; además, pidió conocer la postura de la UACM. Sin embargo, su oficina de Comunicación Social respondió telefónicamente que el proyecto está en revisión y por ello no pueden decir nada al respecto.
El laboratorio y sus resultados En respuesta a una solicitud de información presentada por Contralínea, la Secretaría de Medio Ambiente capitalina informó que se asignaron y ejercieron 3 millones 950 mil pesos para la adecuación y equipamiento del Laboratorio de Diagnóstico Molecular para el Monitoreo del Maíz. Agrega la Sedema que en el rubro de “Estudios”, la inversión ascendió a los 2 millones 900 mil pesos en 2010, mientras que en 2012 fue de 3 millones 600 mil pesos: sumas autorizadas y comprometidas en los convenios suscritos entre la UACM y el Gobierno del Distrito Federal en 2010 y 2012. CONTRALÍNEA
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Alejandro Saldívar/Procesofoto
Sobre los resultados de las pruebas realizadas en el laboratorio, la autoridad se ha negado a informar. La Sedema indicó, en respuesta a una solicitud realizada por medio de la Ley de Transparencia, que de julio de 2012 a la fecha se han analizado 490 muestras de maíz. No obstante los resultados se encuentran supuestamente sólo en posesión de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, por lo que se orientó a solicitar directamente ante dicho órgano la información. Por su parte, la Universidad reconoce que posee la información. Sin embargo, dice que no puede hacerla pública porque contravendría la Cláusula Sexta del convenio de 2012, que establece: “Si durante el desarrollo del proyecto se generan actos, documentos, investigaciones, derechos o publicaciones que por su naturaleza deberán ser protegidos por la legislación en materia de propiedad intelectual, las partes convienen en instrumentar acciones que garanticen confidencialidad y se buscará evitar el tráfico o apropiación indebida del conocimiento, información o trabajos generados en el cumplimiento de este convenio”. La UACM informa, además, que tanto la casa de estudios como la Sedema revisan los resultados de los trabajos desarrollados en el marco del convenio de 2012, entre otras cosas, para determinar el modo en que deberá concluirse dicho convenio y qué continuidad deberá acordarse para los trabajos ya realizados.3
4De julio de 2012 a la fecha, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México ha analizado 490 muestras de maíz para detectar presencia de genes modificados
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programa especial para profesores menores de 37 años
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El Subprograma de Incorporación de Jóvenes Académicos de Carrera a la UNAM no transgrede los derechos de igualdad y tampoco discrimina a los profesores mayores de 37 años, indica la casa de estudios. La AAPAUNAM manifiesta su respaldo, pues se trata de un programa especial para abrir una vía de acceso a jóvenes hacia la carrera académica, y que no cancela el resto de plazas para profesores de edades que rebasan la contemplada en éste. Sin embargo, docentes universitarios consideran que el programa sí violenta la normatividad universitaria y deja fuera a los de mayor edad Flor Goche, @flor_contra
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Isaac Esquivel/Cuartoscuro
l Subprograma de Incorporación de Jóvenes Académicos de Carrera a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), del Programa de Renovación de la Planta Académica –publicado en la Gaceta UNAM el 11 de noviembre de 2013– fue creado para abrir una vía de acceso a jóvenes hacia la carrera académica, afirma la máxima casa de estudios del país.
4El Subprograma de Incorporación de Jóvenes Académicos de Carrera a la UNAM fue creado para abrir una vía de acceso a jóvenes hacia la carrera académica: autoridades universitarias
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Dante Morán Zenteno, director General de Asuntos del Personal Académico de la UNAM, asegura que las oportunidades que se están abriendo resultan de un esfuerzo que hace la Universidad por liberar un grupo de plazas a partir del Programa de Retiro Voluntario, pero que el resto está ahí para concursarse sin ninguna restricción de edad. Advierte que, para cumplir con la legislación universitaria, los jóvenes que se van a contratar tendrán que concursar por la plaza. No obstante, algunos profesores de dependencias universitarias sostienen que el subprograma es “ilegal”. Aseguran que pasa por encima de las normatividades que rigen su quehacer. Ni el Contrato Colectivo de Trabajo ni el Estatuto del Personal Académico (EPA) establecen un límite de edad para impartir cátedra en la máxima casa de estudios del país. El Subprograma, sí: ser menor de 37 años, para el caso de los hombres; y de 39, para el de las mujeres. Así, los profesores que aspiren ocupar las vacantes generadas por el Subprograma de Retiro Voluntario por Jubilación y por la Reasignación de Plazas de Profesor o Investigador Emérito deben cubrir el nuevo “requisito” de la edad. Las primeras críticas al documento signado por Eduardo Bárzana García, secretario general de la UNAM, constan en dos cartas que los profesores de bachillerato entregaron a la Rectoría universitaria a finales de 2013. En éstas, se quejan de discriminación por razones de edad. Concluido el periodo vacacional, los docentes de bachillerato y licenciatura se reagruparon y refinaron su crítica. El movimiento se reactivó desde el 16 de enero, cuando en el Auditorio Narciso Bassols, de la Facultad de Economía, algunos académicos de 20 escuelas, colegios y facultades de la UNAM se reunieron para organizar acciones en contra del Subprograma, bajo el argumento de que incrementa los requisitos de ingreso a planta docente de la Universidad y desaparece las equivalencias. María de la Luz Arriaga Lemus, profeCONTRALÍNEA
Adriana Álvarez/Cuartoscuro
4Profesores de los sora de la Facultad de Economía, considera que las autoridades universitarias se están aprovechando del envejecimiento de la planta docente, problemática real, para “violentar” el EPA y para aplicar, a su vez, “cambios que durante mucho tiempo han querido hacer y no han podido”. La docente con 38 años de servicio explica que, de acuerdo con la normatividad universitaria vigente, para impartir clases en determinado nivel escolar es necesario contar, como mínimo, con el mismo grado académico o la preparación equivalente. En tanto, el Subprograma pide estudios de maestría a los aspirantes a impartir cátedra en el bachillerato, de doctorado a los de licenciatura, y de maestría a los técnicos académicos que buscan incorporarse a cualquiera de las entidades o dependencias universitarias. Respecto de las equivalencias, Arriaga Lemus precisa que éstas tienen que ver con CONTRALÍNEA
planteles 2 y 4 de la Escuela Nacional Preparatoria, en contra del Subprograma
lo que se conoce como carrera universitaria, es decir, con la incorporación del egresado de licenciatura a la docencia, primero como profesor adjunto, luego de asignatura y, finalmente, de carrera. El hecho de que el Subprograma no contemple esta posibilidad, denota, a decir de la normalista de formación, la primacía del grado académico sobre la experiencia docente. “El hecho de que termiCon ello, detalla la también maestra en nes un doctorado no te ciencia política, “la gente ya no estaría obligada a hacer la carrera universitaria, sino que hace investigador; como ahora puede, siendo egresado de doctono te hace profesor el rado, acceder a las plazas más altas. Y eso que termines una maestiene un problema: efectivamente puedes atraer a doctores muy brillantes, pero sin tría o un doctorado” experiencia docente o de investigación y, por lo tanto, la Universidad puede perder, porque el hecho de que termines un doctorado no te hace investigador, así como no te hace profesor el que termines una maestría o un doctorado”. Si bien la institución ha manifestado que el Subprograma de Incorporación de Jóvenes Académicos de Carrera a la UNAM 17 DE FEBRERO DE 2014
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busca el “equilibrio” de la planta académica en términos de experiencia y juventud, María de la Luz Arriaga cree que, lejos de esto, se está promoviendo la confrontación entre los docentes universitarios mayores de 37 años de edad y los jóvenes que están presionando para que se les den plazas. “Esto es terrible porque en lugar de promover la solidaridad y la mejora del tejido social entre los académicos, te empiezan a confrontar: jóvenes contra viejos”. Al igual que otros docentes universitarios que rechazan el Subprograma, la también doctora en estudios latinoamericanos considera que la UNAM sí debe atender el problema del envejecimiento de su planta docente, así como dar oportunidad a los jóvenes de integrarse a la misma. No obstante, dice que esto no debe ser a costa de los ayudantes de profesor o de los profesores de asignatura que cuentan con la formación y la experiencia que les ha aportado la propia institución, y que llevan años aspirando a una contratación de tiempo completo. A decir de Arriga Lemus, una posible alternativa es la ampliación de la matrícula estudiantil, lo que necesariamente impactaría en el número de plazas académicas. Asimismo, la creación de un programa de jubilación digno que permita a los docentes de mayor edad seguir vinculados a la Universidad en tareas de investigación y docencia, “puesto que son gente muy valiosa”.
Benjamín Flores/Cuartoscuro
SOCIEDAD
UNAM: Subprograma no discrimina ni genera inequidad El 22 de noviembre de 2013, José Narro Robles, rector de la UNAM, asistió a la Casa Club del Académico. A la reunión también acudió Bertha Guadalupe Rodríguez Sámano, secretaria general de la Asociación Autónoma del Personal Académico (AAPAUNAM). En compañía de Rodríguez Sámano, Narro Robles se encaminó hacia un amplio jardín de carpas sobrepuestas, el lugar dispuesto para la celebración de los 34 años de vida de la AAPAUNAM, organización gremial que desde 1975 ostenta la titularidad del Contrato Colectivo de Trabajo de los académicos universitarios. Detrás de ellos, una comitiva de funcionarios y personal de seguridad. Trajes, corbatas, lentes oscuros. A mitad de camino, un hombre interrumpió el andar del grupo. Llegó con un sobre bajo el brazo. Adentro, un documento respaldado por alrededor de 120 firmas, mismo que depositó en manos del rector universitario. En el legajo de seis cuartillas, los académicos de la Escuela Nacional Preparatoria 4, Vidal Castañeda y Nájera, manifiestan su rechazo al Subprograma de Incorporación de Jóvenes Académicos de Carrera a la UNAM. Margarito Clavellina Sotelo, integrante de la Mesa Directiva de la Sección 49 de la APPAUNAM, que agrupa a los docentes de la Preparatoria 4, fue el encargado de la entrega. Días antes, los profesores de esta dependencia habían acordado arribar a la Casa Club del Académico con mantas y pancartas de protesta. Para ello imprimieron también un pin con la insignia: “en la UNAM no se 46
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discrimina y menos por la edad”. No obstante, Bertha Rodríguez habría solicitado a Clavellina evitar la manifestación bajo el argumento de que esto pondría en riesgo la participación de Narro Robles en el acto protocolario. Más por presión que por gusto, Clavellina Sotelo cedió a la petición de su dirigente con la condición de que la entrega del documento quedara garantizada. Así fue. Esa tarde, en las instalaciones de la AAPAUNAM, el profesor de historia cumplió con su cometido. El rector se comprometió, por su parte, a dar respuesta al contenido del documento que le fue entregado. La respuesta llegó días después, a través del oficio SGEN/304/2013. En éste, la Secretaría General manifiesta que el CONTRALÍNEA
4El programa que
favorece a docentes menores de 37 años “está en marcha; está desbordando en solicitudes de jóvenes en las entidades”, afirma la Universidad Nacional
“Subprograma de Incorporación de Jóvenes Académicos de Carrera no transgrede per se los derechos a la igualdad o a la no discriminación, ni genera inequidad”. El documento explica que “se trata, en todo caso, de regulaciones o modulaciones inspiradas en la consecución de un objeto y fin legítimos acorde con los derechos humanos, como lo es dar acceso y oportunidad a jóvenes académicos para que ingresen a la planta docente o de investigación”. En el escrito dirigido a Margarito Clavellina y a otros profesores de los planteles 2 y 4 de la Escuela Nacional Preparatoria, la autoridad universitaria aclara que no todas las plazas que se generen en la Universidad serán destinadas a este programa; es el caso, por ejemplo, de las vacantes por CONTRALÍNEA
creación, renuncia o fallecimiento. Asimismo, que “una vez concluido el plazo –no mayor de 3 años– de contratación de jóvenes académicos, se tendrá que convocar a un concurso de oposición abierto o de ingreso, en el cual podrán participar todas aquellas personas que reúnan los requisitos establecidos en la convocatoria correspondiente, el EPA y la Legislación Universitaria”. El 23 de enero pasado, en conferencia de prensa, el director General de Asuntos del Personal Académico de la UNAM, Morán Zenteno, comentó que ese mismo día se reunió con el grupo de profesores críticos al Subprograma para escuchar sus argumentos. Del encuentro derivó la posibilidad de una mesa de diálogo con la autoridad universitaria, así como el compromiso de dar respuesta por escrito a las inquietudes manifiestas. Cuestionado sobre la posibilidad de derogación del Subprograma, el funcionario comenta que “el programa está en marcha; está desbordando en solicitudes de jóvenes en las entidades”. —¿Esto significa que el Subprograma se queda como está? –se le pregunta. 17 DE FEBRERO DE 2014
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SOCIEDAD aprobados por el Consejo Técnico, Interno o Asesor (presidido por el director de la dependencia en cuestión). Asimismo, que el contrato sea temporal, por 1 año, con posibilidad de renovación en los 2 siguientes. Al respecto, María de la Luz Arriaga Lemus, profesora de la Facultad de Economía, comenta que este tipo de contratación conlleva al abaratamiento de la fuer-za de trabajo. Esto porque los recién
UNAM, una “nueva metodología laboral”
contratados carecerán de estabilidad laboral durante el periodo de prueba. El periodo de prueba trae consigo una implicación más. A decir de la economista, durante este lapso y debido a que el Consejo Técnico, Interno o Asesor será el encargado de decidir sobre los términos de las contrataciones en absoluta “discrecionalidad”. A su parecer, esto implica que los nuevos profesores “se tendrán que portar bien” con el director o el Consejo Técnico para que les renueven su plaza, condición que en definitiva les “restringe derechos”.
Iván Stephens/Cuartoscuro
—El programa se queda como está. Vamos a atender sus peticiones; vamos a analizar. Ellos [los quejosos] tienen algunas ideas que nos han propuesto; quieren una mesa de diálogo. Yo lo tendré que consultar con la autoridad universitaria y entonces daremos respuesta por escrito. De acuerdo con Morán Zenteno, gracias a un importante esfuerzo por parte de la Universidad, lograron liberarse para efectos de este Subprograma un total de 362 plazas, número minoritario en comparación con las que normalmente fluyen en la máxima casa de estudios del país. De éstas, 225 corresponden a la primera convocatoria y 137 a la segunda, precisa.
4”Si somos sindicato blanco y sindicato charro porque no le falto el respeto al rector, sí, sí lo somos. Pero faltarle al respeto a nuestra autoridad no me da ninguna posición ética frente a la sociedad”: Bertha Rodríguez Sámano, secretaria general de la AAPAUNAM (a la izquierda)
María Esther Navarro Lara, docente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, considera que, más allá del discurso político con el que las autoridades universitarias buscan justificar la incorporación de profesores jóvenes, la normatividad de la UNAM no se está cumpliendo. Explica que esto se debe a la forma en que serán contratadas las personas que ingresen a la UNAM a través del Subprograma. El Capítulo III del mismo refiere que será en términos de las contrataciones excepcionales (fuera de concurso de oposición o concurso abierto) previstas en el artículo 51 del EPA. Ingresar a la UNAM, conforme a lo dispuesto en este artículo, implica que los términos de la contratación sean previamente 48
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La también integrante de la Coalición Trinacional en Defensa de la Educación Pública detecta dos similitudes entre el Subprograma de Incorporación de Jóvenes Académicos de Carrera a la UNAM y la llamada reforma educativa aprobada a principios de 2013. Refiere que en ambas prevalece una idea respecto del qué es ser maestro o maestra, misma que tergiversa completamente el sentido de la profesión.
ciencia y las mejores formas de docencia”. La segunda similitud radica en que ninguna de las dos consideró a los “sujetos sociales que serían afectados”, situación que para el caso de la UNAM resulta una “aberración”, puesto que se supone que ésta “tiene la masa pensante más importante del país”. Para la doctora en estudios latinoamericanos resulta factible concluir que ambas disposiciones, la reforma educativa y el Subprograma, parten de “gobiernos autoritarios, antidemocráticos”.
Procesofoto
Subprograma, negociado con AAPAUNAM
4Profesor Eliezer Morales: “la AAPAUNAM
surge como un esfuerzo en contra de la organización sindical de los trabajadores de la Universidad”
De acuerdo con Arriaga Lemus, ser maestro implica necesariamente un proceso creativo, autónomo, “esa posibilidad de desarrollarte y de desarrollar todas las potencialidades de los jóvenes, de transformación, de verlos cotidianamente cómo se entusiasman por el conocimiento, en fin”. En contraste, “este tipo de programas te meten controles, te quitan la posibilidad de desarrollo autónomo lo que es muy importante para la generación de
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En entrevista con Contralínea, Bertha Guadalupe Rodríguez Sámano, secretaria general de la AAPAUNAM, refiere que la organización a su cargo respalda el contenido del Subprograma de Incorporación de Jóvenes Académicos de Carrera a la UNAM: “Lo apoyamos. Estamos ciertos que el señor rector lo hace con todo cariño por la Universidad y creo que es el camino de la renovación de la planta docente”. —Previo a la publicación del Subprograma, ¿hubo un encuentro entre la Rectoría universitaria y la APPAUNAM para tratar este tema en específico? —Claro. El señor rector tuvo la atención de platicarlo conmigo, de comentarlo, de decirme cuáles eran las condiciones, explicarme las razones de por qué la Universidad lo está haciendo. Yo lo comenté con el Comité Ejecutivo. Creo que es benéfico y prudente. Para la química de formación, el Subprograma –que, aclara, es de carácter especial y transitorio–, resulta “provechoso”, puesto que la institución enfrenta un serio problema de “envejecimiento de la planta docente”. Además porque, a su consideración, no hay otra manera de dar salida al personal académico “envejecido”, más que con la contratación de personal nuevo, en específico de jóvenes que “están regresando con doctorados, con maestría, con juventud”. Asevera que la institución no está olvidando ni discriminando a quienes ya laboran en la Universidad. Para ellos están las “plazas que han quedado fuera de este Subprograma, las que se tienen por jubilación normal, por renuncia, por fallecimiento, ésas van a salir convocadas de otra manera”. Bertha Rodríguez comenta que la Asociación que preside está en espera del momento legal para sentarse con la autoridad universitaria, funcionarios de la Rectoría y de la Dirección General de Asuntos del Personal Académico de la UNAM, y entonces dialogar sobre los temas relacionados con el personal académico ya contratado, sobre todo con los “profesores de asignatura que han dado su vida a la Universidad, que se han preparado y que tienen derecho a ser profesores de carrera”. En torno a ellos girará su estrategia para la próxima revisión, asegura. Que las plazas que queden fuera del Subprograma no establezcan límites de edad y que salgan a concurso las plazas pendientes a
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Miguel Dimayuga/Procesofoto
ocuparse, son, a decir de la dirigente sindical, algunas de sus demandas. No obstante, refiere que su gran preocupación recae en el hecho de que los profesores de asignatura que han participado en concursos de oposición abiertos, pierden ante la presencia de externos. Por eso, dice, “la negociación con la Universidad estribará en ver la manera de dar a los que ya están contratados y tienen los merecimientos la posibilidad de ser profesores de carrera, y no nada más a través de un concurso de oposición abierto. Hay muchos caminos por los que nosotros estamos pugnando”. —¿Como qué caminos? —Muchos caminos. Hay otros. —Por ejemplo… —No me gustaría hablar de ello porque adelantaría yo expectativas, y no quisiera despertar expectativas falsas. La creación de la AAPAUNAM data de 1975, cuando logró acreditar 5 mil 132 afiliados y, por tanto, fue reconocida como la titular del Contrato Colectivo de Trabajo del sector académico. Desde entonces ha sido objeto de innumerables críticas por parte de un amplio sector de la comunidad académica que lo considera un sindicato charro. Eliezer Morales Aragón, profesor de la Facultad de Economía y quien fuera secretario general del entonces Sindicato del Personal Académico de la UNAM (SPAUNAM, en la década de 1970), dice que “la AAPAUNAM surge como un esfuerzo en contra de la organización sindical de los trabajadores de la Universidad” que, aunque “inicialmente se negaba a reconocerse como sindicato”, tuvo que hacerlo dadas “las necesidades tácticas de las autoridades universitarias”. A partir de entonces, asegura, “han recibido todos los beneficios inherentes a ser un sindicato blanco dentro de la UNAM”. El apoyo de la AAPAUNAM al Subprograma de Incorporación de Jóvenes Académicos de Carrera a la UNAM no sorprende a profesores como María Esther Navarro, quien en la década de 1990 se desempeñó como representante de la Facultad de Ciencias Políticas ante la AAPAUNAM, y quien, junto con otros seis delegados pertenecientes a lo que entonces se denominó “corriente democrática”, fue expulsada de la organización gre-
4El rector de la
UNAM, José Narro Robles
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mial por oponerse a la “mutilación del Contrato Laboral”. “La política del sindicato ha estado muy vinculada a los dictados de la propia Rectoría, por el tipo de políticas académicas hacia los profesores. Entonces, sería muy extraño que tuviera una oposición a alguna de las directrices que da la Rectoría universitaria, como es el caso del Subprograma”, comenta la maestra en ciencia política. Margarito Clavellina Sotelo, integrante de la Mesa Directiva de la Sección 49 de la AAPAUNAM, que agrupa a los docentes de la Preparatoria 4, recuerda las palabras de Bertha Rodríguez, cuando le solicitó pronunciarse públicamente en torno al contenido del Subprograma. “La AAPAUNAM no hará una declaración oficial al respecto; no vamos a pedir que se modifique”, habría dicho la secretaria general. —¿Qué opina en torno a los señalamientos de que la AAPAUNAM es un sindicato blanco, charro? –se le pregunta a Rodríguez Sámano, secretaria general de la AAPAUNAM. —Desconozco por qué dicen que es blanco o charro. Yo creo que es muy fácil criticar de fuera. No somos charros porque no estamos al servicio de la Universidad. “Si somos sindicato blanco y sindicato charro porque no le falto el respeto al rector, sí, sí lo somos. Pero faltarle al respeto a nuestra autoridad, se llame como se llame, no me da ninguna posición ética frente a la sociedad. Nosotros no cerramos calles, no apedreamos, no golpeamos puertas y no aventamos cosas. Nosotros trabajamos con la conciliación y el trabajo diario. Si la gente lo que quiere es que insultemos, no lo vamos a hacer. Hay maneras mucho más éticas de comportarse.” Y agrega: “Somos universitarios y mexicanos. No voy a lastimar a la sociedad y mucho menos a la Universidad que es mi fuente de trabajo. Tengo respeto por ella. Eso no quiere decir que claudique la defensa de los derechos del personal académico. Nadie puede decir que lo he hecho yo, como secretaria general”.3 CONTRALÍNEA
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LÍNEA GLOBAL
Las “democracias” occidentales JUEGAN EN UCRANIA
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La revuelta en Ucrania, organizada desde el extranjero, ha sido acompañada de presiones políticas contra el gobierno de Yanukóvich. Estados Unidos, los países de la Unión Europea y Canadá, entre las potencias que abiertamente apoyan un golpe de Estado y muestran simpatías por la oposición, autodeclarada ultraderechista y neofascista. La Organización del Tratado del Atlántico Norte toca a las puertas de Rusia Jorge Petinaud Martínez/Prensa Latina/Ilustraciones: Manrique
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oscú, Rusia. De napalm, los cocteles molotov. Los bates de béisbol, devenidos garrotes para quebrar cascos y cráneos de agentes del orden, resultan herramientas idóneas en manos de la tropa de choque opositora que labra el camino de la “democracia” occidental en Ucrania. Los datos de la Fiscalía General ucraniana explican el resultado de la prohibición a las fuerzas antimotines de utilizar armas de fuego en los enfrentamientos callejeros contra escuadrones especiales de extremistas, preparados para imponer una guerra urbana. Según las pesquisas, se reportan hasta el momento cuatro muertos, tres de ellos celadores del orden público, y entre los 500 heridos figuran 253 policías. De los agentes heridos, más de 120 fueron hospitalizados con lesiones craneales, cortantes y punzantes, fracturas, quemaduras e intoxicaciones por sustancias no identificadas, según los reportes médicos. Tras ocupar la información contenida en uno de los servidores del partido opositor Batkisvschina (Patria), el vicejefe del Departamento de Investigación del Ministerio del Interior, Alexánder Gnativ, denunció que las protestas masivas fueron planificadas. Con antelación se elaboró el plan y se previó además el uso de la fuerza, advirtió Gnativ al referirse al proyecto estimulado desde el exterior para forzar la renuncia del presidente Víktor Yanukóvich, el gobierno, el Parlamento, anticipar elecciones y cambiar la Constitución.
Los carriles de un golpe Dos carriles resaltan en el proyecto de golpe de Estado diseñado en Occidente para sacar del poder a las legítimas autoridades ucranianas antes de las elecciones de 2015, según denunció de manera reiterada el exprimer ministro Nikolai Azárov. El gobierno de Azárov suspendió en noviembre el proceso de asociación con la Unión Europea bajo la exigencia de este bloque y del Fondo Monetario Internacional de aplicar un paquete de recortes neoliberales que ponían en peligro la seguridad nacional, según se informó. Apenas 24 horas después entró en acción la tecnología golpista, la cual incluye, en primer lugar, a los líderes de las fracciones opositoras parlamentarias proeuropeas, en una interminable negociación con el pre54
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sidente Yanukóvich sin que se concreten acuerdos. La imagen negociadora de Arseniy Yatsenyuk, del partido Batkisvschina; de la exprimera ministra encarcelada Yulia Timoshenko; del millonario boxeador profesional Vitali Klitschko, líder del bloque UDAR (Golpe); y de Oleg Tyagnibok, jefe del ultranacionalista Svoboda (Libertad), cumple una doble función. Por una parte está la apariencia de diálogo en busca de una solución política, mientras que del otro justifica la abierta injerencia de Estados Unidos y la Unión Europea, los cuales respaldan con la amenaza de sanciones contra las autoridades de Kiev. Mientras tanto, en la Plaza de la Independencia (Maidán), demás espacios públicos de Kiev y otras regiones de prácticamente todo el país, los escuadrones ultranacionalistas y neofascistas se abren paso hacia el poder mediante la violencia en un segundo carril. A finales de 2013, surgió la asociación de organizaciones nacionalistas violentas Sector de Derechas, que ya coordinadamente actuó en el enfrentamiento a las fuerzas antimotines Berkut el pasado 30 de noviembre. Un día después, en el asalto a la sede de la administración presidencial, intervino este bloque integrado por parte de la barra brava del equipo de fútbol Dínamo de Kiev, aliados con los extremistas de Trizub (Tridente), Patriotas de Ucrania, Martillo Blanco, Asamblea Social Nacionalista y otras. CONTRALÍNEA
La mayoría de éstos se encuentran fichados por su participación en actos vandálicos, asaltos, preparación de atentados terroristas y coinciden con la ideología neofascista. El politólogo ucraniano Anatoli Lutsenko considera que se aliaron especialmente en el sector de derechas para unificar sus bases electorales, pues habían fracasado en el intento de ingresar al Parlamento en un bloque unificado. Su accionar se limitaba, sobre todo, a Ucrania occidental, y la presencia en Maidán les da la posibilidad de ampliar su electorado, sostiene el experto. Por su parte, el director de la filial ucraniana del Instituto de Países de la Comunidad de Estados Independientes, Vladimir Kornílov, afirma que la mayoría de estos elementos violentos están ligados al ultranacionalista partido Svoboda. El espectro de la Euromaidán se organizó desde las primeras horas de su existencia con representantes de pequeñas organizaciones que antes estaban unidas en la llamada Asamblea Social Nacionalista, explicó el estudioso a la prensa. La coincidencia con los nacionalsocialistas no es casual. Por doquier cuelgan los mismos tridentes, símbolos de los neonazis europeos y están estrechamente ligados con Svoboda, que durante largo tiempo se denominó Partido Social Nacionalista de Ucrania, dijo. Kornílov recordó que desde las primeras horas del conflicto, estos jóvenes aparecieron en formación, CONTRALÍNEA
llevaban brazaletes de la Asamblea Social Nacionalista, similares a los de las organizaciones paramilitares antisoviéticas de Ucrania durante la guerra y empezaron a servir como guardias de la denominada Euromaidán. Químicos y expertos ucranianos en armamentos se declaran sorprendidos por el arsenal de los extremistas antigubernamentales, el cual incluye cocteles molotov preparados con base en sodio líquido, cuyas quemaduras resultan extremadamente peligrosas. El ministro del Interior, Vitali Zajárchenko, afirmó en un comunicado publicado en la página de internet de esa institución que los manifestantes radicales almacenaron grandes cantidades de un líquido de propiedades similares a las del napalm. La mezcla mucilaginosa dificulta extinguir las llamas y puede producir quemaduras que conducen a la muerte, por lo cual todo intento de encender estos medios de combate será tratado como un atentado contra la vida de los agentes de seguridad, advirtió el titular. Víktor Páschenko, principal experto en explosivos del Ministerio, explicó en la televisión que al caer sobre el cuerpo humano, la mezcla comienza a arder rápidamente a una temperatura muy alta, además de adherirse a la ropa y la piel, con gran dificultad para extinguirla. Cuando el sodio se mezcla con otro material combustible, se convierte en una mezcla explosiva, y al tratar de apagar el fuego con agua ocurre una reacción alcalina que consume la ropa y la piel, indicó al canal RT el bioquímico Guennadi Goryuskin. ¿Democracia occidental? Armados con estos medios, garrotes e instrumentos pérforo-cortantes, los extremistas lograron ocupar, bloquear o han intentado cercar ministerios y edificios de la administración regional y hasta centrales electronucleares en diversos lugares del país. Estas acciones se reportan desde Kiev, Chernígov, Sumy, Cherkasy, Zhytómyr, Rovno, Lutsk, Leópolis, Ternopil, Jmelnitski, Ivano-Frankivsk, Chernivtsi, Simferópol, Nikolayev, Odessa, Donetsk, Lugansk, Járkov, Poltava, Vinnitsa y Úzhogorod. Desde la occidental región de Leópolis, se informó que un órgano legislativo establecido por los manifestantes, denominado Consejo del Pueblo, fue reconocido con el voto mayoritario de 70 diputados de la oposición, según la televisora RT. Menos democrático fue el procedimiento al Nor17 DE FEBRERO DE 2014
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LÍNEA GLOBAL te de Kiev, en Chernígov, donde unos 2 mil manifestantes asaltaron la primera planta de la sede de la administración provincial y exigieron la renuncia del gobernador. En Vinnitsa, capital de la provincia del mismo nombre, la turba antigubernamental se apoderó de la sede de la Junta de ese territorio. La esencia del modelo democrático deseado para Ucrania por Estados Uni-
dos y la Unión Europea fue develada por los opositores en Ivano-Frankivsk y Ternopil en sus primeras decisiones, una vez que tomaron el control de los consejos regionales. A partir del 26 de enero prohibieron las actividades y el uso de los símbolos del gobernante Partido de las Regiones y del Comunista de Ucrania en esta zona del Oeste del país, según informó la televisora TSN (http://en.itar-tass.com/world/716313). 56
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Ni siquiera un llamado del papa Francisco fue escuchado por quienes con la venia de Occidente imponen el clima de violencia y la subversión fascista en la república exsoviética, que afecta también a los socorristas. Unos 30 galenos resultaron heridos, algunos de gravedad, por los extremistas que enfrentan a la policía en Kiev, denunció Elena Bedenko, jefa de la Comisión del Derecho Médico de la Asociación de Abogados de Ucrania. Bedenko afirmó en entrevista al canal Tv 112 que a los profesionales de la salud que llevan señales identificativas, los manifestantes radicales les arrojan intencionalmente piedras y otros objetos, algunos de esos médicos permanecen hospitalizados con lesiones graves. La ministra de Salud, Raisa Bogatiriova reconoció que ella sabía de las palizas recibidas por los médicos en la Plaza de la Independencia y otros espacios del centro de la capital ucraniana. El Servicio Estatal para Situaciones Excepcionales de Ucrania invocó la Convención de Ginebra de 1949 para la protección de la población civil durante acciones bélicas, debido a las agresiones de extremistas antigubernamentales contra su personal. “Llamamos a no obstaculizar las labores de los bomberos y otras fuerzas, incluidos médicos y religiosos, para apagar fuegos y salvar vidas en peligro en medio del conflicto iniciado en Kiev y que ya se extiende a otras regiones”, advierte el comunicado. El documento, asimismo, exhorta a los participantes en los enfrentamientos a actuar con responsabilidad y evitar la utilización de fuego directo en lugares donde se encuentren grandes concentraciones de personas. Bajo fuerte presión de Occidente, sin declarar el estado de situación de emergencia, las autoridades de Kiev insisten en llegar a una solución negociada y ya realizaron importantes concesiones. El mandatario Yanukóvich destituyó al alcalde de Kiev y a la jefa de prensa presidencial; aceptó la renuncia de Azárov, y, poco después, el Parlamento derogó nueve de las 12 leyes aprobadas el 16 de diCONTRALÍNEA
ciembre de 2013 que endurecían las sanciones administrativas y penales contra los provocadores. Legisladores ucranianos, en tanto, aprobaron con 232 votos una ley de amnistía para opositores detenidos en las protestas callejeras, la cual establece que los manifestantes deben abandonar los edificios administrativos en Kiev y las otras regiones. Esa norma respaldada en la Rada Suprema (Parlamento), por seis votos más que el mínimo necesario, incluye exonerar de responsabilidad judicial a los participantes en las manifestaciones, salvo aquellas personas que hayan incurrido en crímenes graves. Mijail Chechetov, jefe de la bancada del Partido de las Regiones, explicó que el documento estipula pasos de las autoridades y la oposición. Ellos abandonan los edificios ocupados y nosotros liberamos de responsabilidad a los participantes en las protestas; ése es el compromiso, dijo. Pero si rechazan cumplir su parte de responsabilidad, la ley muere y no habrá amnistía. Entonces los líderes opositores Klitschko, Yatsenyuk y Tyahnibok serán los culpables de que cientos de personas rindan cuenta como violadores de las leyes, enfatizó. Klitschko estimó, en representación del bando contrario, que la ley sólo caldeará más los ánimos y exigió que todos los detenidos sean liberados sin condiciones. Andrel Parubi, diputado del grupo Batkivschina, en tanto, sostuvo que los antigubernamentales rechazan las condiciones exigidas a cambio de la amnistía. Como opositores nos sentimos engañados, y los manifestantes no abandonarán la Plaza de la Independencia ni los edificios administrativos, ratificó. CONTRALÍNEA
Los hilos de la trama Simultáneamente, la presión occidental sobre las autoridades ucranianas se multiplicó de forma abierta en los últimos días. La alta representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de la Unión Europea, Catherine Ashton, adelantó un viaje de 2 días a Kiev para reunirse con Yanukóvich, conferenciar con líderes de la oposición y representantes
de la sociedad civil. Sin más miramientos, Canadá aprobó sanciones contra los legisladores ucranianos que, según Ottawa, son responsables de dispersar violentamente a los manifestantes antigubernamentales en Kiev, afirmó el ministro de Asuntos de Inmigración, Chris Alexander, citado por la Agence France-Presse. El presidente del Consejo Europeo, Herman Achille van Rompuy, instó a las autoridades ucranianas a 17 DE FEBRERO DE 2014
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LÍNEA GLOBAL reafirmar lo que denominó “principios democráticos”, y en tal sentido insistió en reiniciar las negociaciones de un acuerdo de asociación con la Unión Europea. José Manuel Durão Barroso, presidente de la Comisión Europea, por su parte, dijo que la Unión Europea ha acogido con satisfacción la decisión del Parlamento ucraniano de cancelar leyes que endurecían las sanciones contra quienes provocan desórdenes en las protestas públicas. La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa amenazó con suspender los poderes de Ucrania en Estrasburgo si se
Las amenazas del Consejo de Europa contra Ucrania se intensifican bajo el supuesto de “proteger” a los manifestantes
actúa de manera violenta contra los manifestantes. Ante estas preocupaciones, el presidente ruso, Vladímir Putin, expresó en Bruselas que cuando la comunidad internacional insta a Yanukóvich a actuar de manera civilizada, debe prestar atención a la necesidad de que sus oponentes lo pongan también en práctica. Fuentes oficiales confirmaron el retorno a Ucrania de la portavoz del Departamento de Estado estadunidense, Victoria Nuland, a poco más de 1 mes de su visita anterior, cuando Washington prepara un paquete de sanciones contra Kiev, según se informó. 58
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paquete de sanciones financieras contra Ucrania que afectarían tanto a funcionarios gubernamentales como a líderes opositores de la república exsoviética. La iniciativa puede aprobarse si las partes en conflicto no alcanzan un acuerdo negociado y la violencia en esa nación se intensifica, según medios de información. El vicepresidente estadunidense, Joseph Biden, presionó por vía telefónica al menos en tres ocasiones en las últimas semanas al mandatario ucraniano Yanukóvich para que aceptara formar un gobierno afín a los intereses occidentales. Se suman a esas presiones estadunidenses la anterior visita a Kiev de Nuland y de los senadores John McCain (republicano) y Chris Murphy (demócrata) en diciembre, quienes también ratificaron su apoyo al bando antigubernamental en Maidán. Al intervenir recientemente en la Conferencia Internacional de Seguridad de Múnich, en Alemania, el canciller ruso, Serguéi Lavrov, criticó la injerencia de Estados Unidos y sus aliados europeos contra las autoridades legítimas de Ucrania. Nadie aquí rechaza la ocupación de edificios del gobierno, ataques sumamente violentos a la policía o la participación de grupos racistas y antisemitas en las manifestaciones, denunció el jefe de la diplomacia del Kremlin.3 A Kiev, la exrepresentante estadunidense ante la Organización del Tratado del Atlántico Norte entre 2005 y 2008, llega para reunirse con funcionarios, líderes de la oposición, representantes de la sociedad civil y hombres de negocios. La funcionaria de Estados Unidos insiste en el respaldo a un nuevo gobierno y un plan de acción que coloque a Ucrania en la vía de satisfacer “las aspiraciones del pueblo de democracia, respeto a los derechos humanos, integración europea y crecimiento económico”, según una nota del Departamento de Estado, citada en la televisión. Reconocida por sus posiciones abiertamente contrarias a los puntos de vista del Kremlin y favorables a la ideología sionista, Nuland estuvo en Kiev en diciembre y fue a Maidán a respaldar a los manifestantes antigubernamentales. Su nueva visita coincide con el anuncio de que la Casa Blanca prepara un CONTRALÍNEA
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El escenario mediato para los Estados insulares caribeños es de riesgo inminente a su seguridad nacional: más pobreza, menos alimentos, más ciclones… Y ahora: más enfermedades. El cambio climático trastoca todas las esferas de la vida humana. Una de las primeras regiones en experimentarlo es el Caribe Desmond Brown/IPS/Ilustraciones: Manrique
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oseau, Dominica. Los países del Caribe, que se esfuerzan por salir de una caída de las exportaciones y de la llegada de turistas causada por la crisis económica mundial que empezó hace 5 años (2008), tienen una cosa más por la cual preocuparse. El jefe médico de Dominica, David John, dice que el cambio climático y sus efectos están pasando factura a la salud de la población de su país y en otras partes de la región. “Ya vieron lo que está ocurriendo [con] los efectos del cambio climático en términos de nuestra infraestructura, pero también hay efectos significativos sobre la salud”, dice John. “Estos efectos se relacionan con la propagación de enfermedades, incluido el dengue y ciertos problemas respiratorios”, agrega.
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John también señala que el gobierno de Dominica buscaría ayuda de agencias internacionales, entre ellas la Organización Meteorológica Mundial, para mitigar “los efectos del cambio climático sobre la salud, pues éste se relaciona con el dengue, la leptospirosis y las enfermedades virales”. A fines de 2012, el Ministerio de Salud de Barbados alertó sobre un aumento en los casos de leptospirosis. Karen Springer, alta funcionaria médica de la zona Norte, dijo entonces que cinco personas habían contraído la severa infección bacterial, elevando el número de casos en el año a 18. Springer explicó que la enfermedad, que incluye síntomas como fiebre, dolores de cabeza, escalofríos, náuseas y vómitos, inflamación ocular y dolores musculares, puede contraerse mediante el contacto con agua, suelos húmedos o vegetación contaminada con la orina de animales infectados.
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LÍNEA GLOBAL Las bacterias también pueden ingresar al organismo a través de grietas en la piel y si la persona ingiere alimentos o agua contaminada. En los últimos años, el dengue también abundó en todo el Caribe: se presentaron brotes en Dominica, Barbados, Trinidad y Tobago, Puerto Rico y las islas francesas de Martinica y Guadalupe, entre otros lugares. Dave Chadee, profesor de salud ambiental en el campus de Trinidad de la Universidad de Indias Occidentales, dice a Inter Press Service (IPS) que hay amplias “evidencias de que las enfermedades sensibles al clima se están modificando y están teniendo un impacto más significativo en la región”. En 2006, Chadee publicó un libro junto con Anthony Chen y Sam Rawlins que,
según él, mostró “muy claramente” la asociación entre los cambios en los patrones meteorológicos estacionales y la aparición y distribución de la fiebre del dengue. “Hay suficientes evidencias, no sólo de la región sino de todo el mundo, de que estos eventos extremos tendrán y desempeñarán un rol significativo en la introducción y la distribución de estos tipos de enfermedades en la región”, dice Chadee, quien antes fue entomólogo en la División de Control de Vectores de Insectos en el Ministerio de Salud de Trinidad y Tobago, en diálogo con IPS. “Si usted mira los varios factores que se asocian con el cambio climático, [verá que] el primero son las olas de calor. También se redujo la calidad del aire. Y además verá un aumento de los incendios y los efectos sobre la capacidad respiratoria de la gente, así como la asociación
El polvo del Sahara, que llega desde África, no sólo acarrea arena, sino también otros agentes patógenos junto con insecticidas, ya identificados científicamente
entre el polvo del Sahara y el asma, que en los últimos tiempos fue demostrada en Barbados y en Trinidad”, agrega. “El polvo del Sahara, que llega desde África, no sólo acarrea arena, sino también otros agentes patógenos que están dentro de ella, junto con algunos insecticidas que fueron identificados por personas que trabajan en la Universidad de Indias Occidentales”, dice Chadee a IPS. Lystra Fletcher-Paul, representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por su sigla en 62
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inglés) en Guyana, dice no tener ninguna duda de que el recalentamiento planetario ha contribuido de modo significativo con algunos de los problemas relacionados con enfermedades en la región. “Si usted se fija en algunos de los impactos del cambio climático, por ejemplo la sequía, verá que con ésta aumentará la irrigación que se aplicará a los cultivos. Y el agua dedicada a la irrigación es una fuente de pesticidas o productos químicos, dependiendo de dónde sea esa fuente hídrica, y eso puede causar problemas de salud”, explica a IPS. “De modo similar, con los eventos extremos, si hay inundaciones puede haber contaminación del suministro de agua dulce”, añade. La representante de la FAO es categórica en cuanto a que en el Caribe se habla demasiado y se realiza muy poco. “Hemos tenido la conversación, así que ahora necesitamos ejecutar los sistemas para mitigar y adaptarnos al cambio climático”, señala. “Mucho de lo que vemos en San Vicente y Santa Lucía podría no necesariamente haber ocurrido si hubiéramos tenido una adecuada planificación del uso de la tierra”, dice Fletcher-Paul a IPS. Una depresión atmosférica de avance lento volcó el 24 de diciembre cientos de milímetros de lluvias sobre San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía y Dominica, matando a por lo menos 13 personas. Las islas todavía intentan recuperarse. “Así que necesitamos tomar algunas decisiones difíciles en términos de dónde permitiremos que el desarrollo tenga lugar o no”, dice Fletcher-Paul. Chadee señala que los pobres siempre estarán en desventaja en los escenarios del cambio climático. Y que serán quienes más sufrirán el aumento del nivel del mar cuando aguas saladas invadan tierras agrícolas fértiles, volviéndolas inadecuadas para la producción de alimentos. “Muchas enfermedades, esencialmente, sembrarán CONTRALÍNEA
el caos entre personas que ya son pobres. La capacidad de adaptación de los pobres versus los ricos dentro de la región del Caribe será puesta a prueba, porque si los pobres ya no son capaces de producir parte de sus alimentos, esto causará problemas de salud”, dice Chadee. También explica que si los pobres ya no pueden tener una dieta particular, esto los volverá susceptibles a varias enfermedades. “Al haber Estados en desarrollo en la región del Caribe, y especialmente pequeños Estados insulares en desarrollo, tenemos una situación única en que los recursos tienen que emplearse, especialmente para la adaptación”, dice Chadee a IPS. “Es casi como si el muro de contención se hubiera agrietado y usted supiera que el agua está viniendo. Usted no sabe cuán alto va a ser el nivel del agua, pero sabe que está viniendo, así que ¿qué puede hacer? Y ése es esencialmente el escenario en el que nos encontramos en el Caribe”, agrega.3 17 DE FEBRERO DE 2014
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La Constitución como fundamento de la desobediencia civil Álvaro Cepeda Neri*
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as manifestaciones para plantear peticiones y desacuerdos contra los gobernantes por sus abusos antidemocráticos y antirrepublicanos se contemplan como derechos de la sociedad civil. Esas conductas, que aumentan y se radicalizan en la medida del creciente autoritarismo de las elites gobernantes y de quienes detentan el poder económico, se han conocido desde el memorable texto de Henry David Thoreau (1817-1862) Desobediencia civil. También autor de Walden, Thoreau se negó a pagar impuestos a un gobierno al que tachaba de injusto y arbitrario y fue encarcelado por ello. Este grandioso ensayo con prólogo de Henry Miller y excelente traducción del inglés al español de Carlos Sánchez-Rodrigo, sirva de prólogo al también extraordinario ensayo de José Antonio Estévez Araujo: La Constitución como proceso y la desobediencia civil. Autor de otros dos libros de indispensable lectura –La crisis del estado de derecho liberal y, Schmitt en Weimar– y catedrático de filosofía en la Universidad de Barcelona, Estévez Araujo dice que “el objeto del presente trabajo es el problema de la justificación jurídica de la desobediencia civil en los regímenes representativos”. No se trata de la desobediencia al orden jurídico, sino que los medios jurídicos y fines políticos del Estado la fundamenten. Esto nos conduce a precisar, como una respuesta al problema de la desobediencia civil “a la cuestión […] de la defensa de la Constitución que se concibe como una actividad tendente a evitar que se dicten normas que contradigan lo establecido en la Constitución [y que] la interpretación y defensa de la Constitución deben estar abiertas a los procesos de la formación de la opinión pública”. El meollo del asunto es la justificación jurídico-política y democrática de la desobediencia civil, cuando los gobernantes introducen a la Constitución fines o contenidos que derogan sus principios fundamentales, y que sólo pueden crearse si la democracia directa elige un congreso constituyente al que se faculta para cambiarlos. Pero los cuales no pueden ni deben implantarse en daño al pueblo. Éste es un lúcido recorrido sobre la desobediencia civil de los ciudadanos cuando éstos no han sido tomados en cuenta para el cambio de fines; pues las constituciones establecen la consulta popular, los plebiscitos y referéndums para preguntarle al pueblo su punto de vista. Y si los gobernantes imponen cambios contrarios a la Constitución, la sociedad tiene derecho a la desobediencia civil para revertirlos. Por lo general, en los textos constitucionales, la desobediencia civil es un derecho ciudadano que puede demandar la renuncia de un presidente de la República o cualquier otro funcionario, y el deslinde de responsabilidades mediante el juicio político. Así faculta
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a los ciudadanos para participar en su defensa. Pues cuando los partidos políticos sólo son cacha votos dejan de ser oposición y ya no defienden a los ciudadanos, éstos han de ejercer la democracia directa por medio de la desobediencia civil para protestar y llegar hasta las últimas consecuencias contra los malos gobiernos autoritarios.3
Ficha bibliográfica: Autor: José Antonio Estévez Araujo Título: La Constitución como proceso y la desobediencia civil Editorial: Trotta, España *Periodista CONTRALÍNEA
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ISSN: 1665-1626 R E V I S TA S E M A N A L