Contralinea 379 by Revista Contralínea

ISSN: 1665-1626 R E V I S TA S E M A N A L

CONTRALÍNEA

1 DE JULIO DE 2013

CONTRALÍNEA

1 DE JULIO DE 2013

ÍNDICE DIRECTOR MIGUEL BADILLO oficiodepapel@yahoo.com.mx SUBDIRECTOR JOSÉ RÉYEZ jreyez@contralinea.com.mx ASESOR JURÍDICO

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OFICIO DE PAPEL/LOS EXCESOS DE RAMÍREZ PUGA EN LICONSA

PORTADA/CISEN INVESTIGA A EXSECRETARIO DE ENERGÍA Y TRES EXDIRECTORES GENERALES DE PEMEX POR CASO OCEANOGRAFÍA

REPORTEROS FLOR GOCHE flor@contralinea.com.mx ELVA MENDOZA elva@contralinea.com.mx SERGIO ORTIZ sergio@contralinea.com.mx MAURICIO ROMERO mauricio@contralinea.com.mx ROGELIO VELÁZQUEZ rogelio@contralinea.com.mx DEFENSOR DEL PERIODISTA ÁLVARO CEPEDA NERI cepedaneri@prodigy.net.mx DEFENSOR DEL LECTOR JORGE MELÉNDEZ PRECIADO jamelendez@prodigy.net.mx EDITORIALISTAS FABIO BARBOSA fabiobarbosacano@gmail.com MIGUEL CONCHA MALO educacion@derechoshumanos.org.mx MARTÍN ESPARZA garrasleo6@yahoo.com.mx EDGAR GONZÁLEZ RUIZ edgargr@prodigy.net.mx ROBERTO GALINDO galeondelsur@hotmail.com SAMUEL LARA VILLA samuellaravilla@gmail.com PABLO MOCTEZUMA BARRAGÁN pablomoctezuma@hotmail.com ADRIÁN RAMÍREZ presidencia.limeddh@gmail.com JORGE LUIS SIERRA jlsierra@hotmail.com DISEÑADOR INFOGRAFISTA

CAPITALES/PEMEX, EL NEGOCIO DE LOS 3 BILLONES DE DÓLARES Marcos Chávez M

SOCIEDAD/REGRESA LA GUERRA SUCIA

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LÍNEA GLOBAL/VENEZUELA DESNUDA AL GOLPISMO DE WASHINGTON Stella Calloni/Prensa Latina

LÍNEA GLOBAL/FRACASÓ LA PRIMAVERA EN UCRANIA Pepe Escobar/Red Voltaire

LÍNEA GLOBAL/LA CIA: TORTURAS, CÁRCELES CLANDESTINAS Y OTRAS ILEGALIDADES Luis Beatón/Prensa Latina

DEFENSOR DEL PERIODISTA SE AMONTONAN AVERIGUACIONES POR DELITOS CONTRA PERIODISTAS

31 DE MARZO DE 2014

28 38 48 56 62 OPINIÓN

TLCAN: EL DESPOJO QUE (AÚN) VENDRÁ

Álvaro Cepeda Neri

CARTÓN

Jorge Meléndez Preciado

Manrique

OPINIÓN NUESTRO PETRÓLEO YA ES “PATRIMONIO GLOBAL”

Enrique Aranda Ochoa

DE APARIENCIAS Y VERDADES

VENCEREMOS

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Miguel Badillo

NINGUNEAR A RUSIA

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EX LIBRIS

Martín Esparza Flores

LOS CONTRATADOS EN EL INAH: CONDICIONES LABORALES INDIGNAS EN EL 75 ANIVERSARIO DEL INSTITUTO 14

DESDE ESPARTA HASTA WASHINGTON: EL ESPIONAJE Y EL CONTRAESPIONAJE

Álvaro Cepeda Neri

Roberto E Galindo Domínguez

Ilustración de portada: Cecilia Martínez

CONTRALÍNEA. PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN –año 12, número 379, del 31 de marzo al 6 de abril de 2014– es una publicación semanal editada por Editorial Libertad y Expresión, SA de CV; Avenida Río Churubusco 590, col. Del Carmen, delegación Coyoacán, CP 04100, México, DF; teléfonos: 55 54 91 93 y 55 54 91 94; www.contralinea.com.mx, info@contralinea.com.mx. Editor responsable: Agustín Miguel Badillo Cruz. Número de reserva al título de derecho de autor: 04-2001-1206164804 00-102. Número de certificado de licitud de título: 12264, y de contenido: 8918. ISSN: 1665-1626. Impresa por Editorial Libertad y Expresión, SA de CV; Bolívar 238, col. Obrera, delegación Cuauhtémoc, teléfono 57 61 34 94; este número se terminó de imprimir el 28 de marzo de 2014. Distribuida por Distribuidora de Impresos, S de RL de CV, Avenida Mariano Escobedo 218, col. Anáhuac, CP 11320, México, DF, teléfono 52 62 94 00; y la Unión de Voceadores de México, despacho de Gloria Santillán, Ignacio Mariscal 44, col. Tabacalera, CP 06030, México, DF, teléfono 55 92 08 91. CONTRALÍNEA reconoce el deber de veracidad y la cláusula de conciencia de reporteros y articulistas. Los textos son responsabilidad de sus autores. Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda totalmente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos o imágenes de la publicación sin previa autorización de Editorial Libertad y Expresión.

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La realidad de los derechos humanos en México Hace 1 año nos encontramos en el marco de la primera audiencia solicitada por el gobierno mexicano entrante, nombrada: “Prioridades en materia de derechos humanos y armonización legislativa en México”, en la cual pudimos participar y advertimos que si bien la armonización era importante, ésta sólo representa una parte de la agenda pendiente, dado el grave retroceso que en materia de derechos humanos enfrentamos en México. En ese momento señalamos que los retos en la agenda de derechos humanos no estaban en el diagnóstico, sino en el diseño de las propuestas y en la coordinación entre dependencias, la ejecución de las acciones y su evaluación de impacto. Referimos que los espacios de diálogo con la sociedad civil como la Comisión de Política Gubernamental en Materia de Derechos Humanos y sus respectivas subcomisiones temáticas eran inoperantes, y que para hacerlas efectivas y eficientes requieren de una transformación profunda y de compromisos concretos por parte de las autoridades. Lo anterior en la medida que durante los últimos años estos espacios se han desgastado pues han sido utilizados para simular consultas y diálogo. Si bien se habla de un programa nacional, seguimos sin conocer qué mecanismos de diálogo con la sociedad civil impulsará la Secretaría de Gobernación para revertir el desgaste de la Comisión, garantizando la inclusión de las voces de la comunidad de derechos humanos; y cómo vincularán estos espacios a las entidades federativas. A 1 año de la audiencia sostenida, el diagnóstico en materia de derechos humanos continúa siendo poco alentador. México es un país de contrastes. Los avances normativos y la creación de instituciones gubernamentales coexisten con patrones generalizados de violencia y discriminación, de violaciones de derechos humanos y altos índices de corrupción e impunidad. Freedom House califica a México como un país no libre desde 2012. Y la tasa de impunidad continúa siendo de entre 98 y 99 por ciento. La situación de los estados de la República Mexicana, la situación real de la nación, contrasta con el diagnóstico del gobierno federal. Existe un número indeterminado de personas desaparecidas que, de acuerdo con información emitida por la Secretaría de Gobernación en marzo de 2013, podría ascender a 26 mil 121 personas desaparecidas o extraviadas. Todas, ocurridas en un lapso de 6 años. Hasta ahora, los familiares han hecho sus propias búsquedas a falta de investigaciones serias por parte de las autoridades. En Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, las organizaciones que trabajan ahí han registrado 1 mil 500 personas desaparecidas. A pesar de las denuncias y los riesgos que conlleva para las familias y las organizaciones que están acompañando, se sigue alzando la voz. Sin embargo, las autoridades no responden. A la fecha no se cuenta con ninguna sentencia condenatoria por el delito de desaparición forzada. En particular, se ha documentado en algunos casos que cuando hay indicios de participación de agentes policiacos en la desaparición de personas, se vuelven juez y parte y no se investiga hacia adentro de la corporación. No existen protocolos ni acciones para la búsqueda inmediata de parte de las autoridades; y menos, coordinación o colaboración con otras dependencias públicas que pudieran coadyuvar. A la fecha se ha denunciado que las instancias de gobierno no tienen la información documentada y sistematizada. Se ha estimado que más de 100 mil personas fueron asesinadas en el sexenio pasado. Por su parte, el ombudsman nacional registró 46 mil 15 personas asesinaCONTRALÍNEA

das de 2006 a 2012, 15 mil 921 cadáveres no identificados y 1 mil 421 cadáveres inhumados en fosas clandestinas. Se registraron más de 1 mil quejas de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes, un problema que hemos documentado sobre todo en el sistema penal y en las cárceles. A la fecha, la Procuraduría General de la República únicamente ha realizado dos condenas federales por tortura entre enero de 1994 y enero de 2012, en un lapso de 18 años. La validación en procesos penales de pruebas obtenidas bajo tortura ha operado por décadas como incentivo de esta práctica. Con la transición al sistema penal acusatorio, el Estado tiene la oportunidad de establecer prácticas que cumplan con los tratados internacionales. Sin embargo, hemos visto que la mera ejecución del nuevo sistema no es una garantía contra la tortura. Mientras dure el uso de la tortura como modus operandi, no se podrá avanzar en la profesionalización de la policía y de las investigaciones penales. México es un país de contrastes y sus discursos de política exterior son muestra de ello. Por eso, mientras México habla sobre apertura al escrutinio y validación de tratados internacionales, en los hechos se niega a eliminar la figura del arraigo, si bien ha demostrado ser una figura que fomenta la tortura. Una verdadera política pública acorde al cumplimiento de los estándares de derechos humanos pasaría porque México retirase las reservas a la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migratorios y de sus familiares, y la ratificación del Convenio 189, enfocado en la dignificación del trabajo del hogar. También reconocería la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada y ratificaría el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Acerca de las personas refugiadas, se ha detectado una práctica sistemática de obstaculización del acceso al derecho al asilo con los procedimientos que actualmente se llevan a cabo, así como un patrón de negativas por parte de las autoridades correspondientes de solicitudes de personas que reúnen los requisitos para ser reconocidas como refugiadas, sobre todo provenientes de Honduras y El Salvador. En México el fenómeno migratorio, en un contexto en el que la migración tiene distintos papeles como de origen, tránsito, destino y retorno, sigue presentando diferentes retos respecto de la garantía y efectividad de los derechos de las personas migrantes. Según cifras de la Comisión Nacional de Seguridad, hasta enero de 2014 hay 12 mil 580 mujeres privadas de libertad, en un sistema penitenciario donde los centros femeniles tienen capacidad únicamente para 3 mil 83 mujeres, dejando al resto en centros mixtos. También hemos documentado la amplia práctica de detener arbitrariamente y del uso excesivo de la prisión preventiva, donde el 42 por ciento de las personas privadas de libertad viven bajo dicha medida cautelar. Además, el Código Nacional de Procedimientos Penales, publicado en marzo de 2014, aún contempla la prisión preventiva de oficio cuando dicha medida es contraria a la esencia misma del estado democrático de derecho. Situación que representa un grave riesgo al principio rector del nuevo sistema de justicia penal acusatorio en México, la presunción de inocencia. En México las políticas criminales proponen mayores niveles de encarcelamiento como solución a los problemas de seguridad ciudadana. Frente a este panorama, la privación de libertad se continúa realizando con base en pruebas fabricadas o confesiones coaccionadas en vez de realizar investigaciones profesionalizadas para dar con los verdaderos responsables de delitos. A partir de la aprobación, en varios estados, de las reformas que protegen la vida desde la concepción en 2008, la criminalización de mujeres por el delito de aborto ha aumentado. Durante el período 2009- 2011, 679 mujeres han sido 31 DE MARZO DE 2014

denunciadas por el delito de aborto. Ello implica un incremento significativo, ya que de 1992 a 2007 fueron en promedio 62 mujeres denunciadas y/o procesadas. Es decir, en el comparativo entre ambos períodos, un promedio de 163.8 mujeres más son denunciadas cada año. Lo anterior resulta preocupante en un país donde la tercera causa de mortalidad materna es el aborto. Dadas las restricciones legales y el escaso acceso al aborto, las mujeres están en riesgo de ser procesadas y sentenciadas por “cometer” el delito de aborto, incluso cuando se encuentran en alguna de las causales legales o se trata de aborto espontáneo. El Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) ha registrado 34 y documentado 10 casos del periodo que va de junio de 2011 a marzo de 2014, de mujeres sujetas a procesos penales por el delito de aborto. En la mayoría de los casos se trata de mujeres con muy pocos recursos económicos y de información, denunciadas por personal de instituciones públicas de salud y trabajadoras sociales, maltratadas física y verbalmente, que luego enfrentan un proceso penal sin asesoría jurídica adecuada y sin los recursos suficientes para pagar fianzas y obtener su libertad bajo caución. En este país de diferencias y contrastes, persisten las prácticas discriminatorias y la falta de armonización del marco jurídico en materia de derechos indígenas. Esto es especialmente claro por cuanto hace al derecho a la libre determinación, al acceso a la justicia estatal y a la tutela de los derechos territoriales. Así, por un lado se mantienen obstáculos para el ejercicio del derecho a la libre determinación. El Estado criminaliza a quienes reivindican los derechos de los pueblos indígenas a regirse con base en sus sistemas normativos. Ejemplo de ello son las más de cuatro decenas de integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) de Guerrero, que enfrentan actualmente procesos penales, aun cuando en las normas estatales se les reconoce como un sistema de justicia indígena vigente en el estado de Guerrero. Por otra parte, se estima que actualmente hay más de 200 conflictos socio-ambientales relacionados con procesos de explotación de los recursos naturales en el país. México ha difundido como buena práctica que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas ha aprobado un protocolo para llevar a cabo consultas con los pueblos y comunidades indígenas. Sin embargo, mientras que este protocolo no tiene jerarquía de norma legal, leyes secundarias vigentes como la Ley Minera violan día con día el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados, al permitir que los territorios indígenas sean concesionados a particulares sin consulta previa. Así ha ocurrido en la Montaña de Guerrero, donde se han entregado cerca de 30 títulos de concesión. La ruta migratoria sigue siendo escena de decenas de miles de extorsiones, secuestros, agresiones sexuales, casos de trata de personas y abusos de otra índole contra la población migrante, una problemática que alcanzó atención internacional en los últimos años, ya que en 2011, el ombudsman nacional documentó un promedio de más de 22 mil secuestros a migrantes por año. En México, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia promulgada en 2007 y su Reglamento contienen un novedoso mecanismo denominado alertas de violencia de género (AVG) para enfrentar la violencia feminicida. Desde 2008 hasta la fecha se ha solicitado ocho veces dicha alerta en el Estado de México, Nuevo León, Oaxaca, Guanajuato, Hidalgo y Chiapas. Sin embargo, desde su existencia, nunca se ha emitido, a pesar de las solicitudes, aún con nuevos procedimientos anunciados a principios de 2014. Otra problemática preocupante es el embarazo adolescente. Los riesgos de un embarazo en la adolescencia están fuertemente asociados con las desigualdades, la pobreza y la inequidad de género. Del total de nacimientos en México, 17.6 por ciento corresponde a adolescentes de 10 a 19 años. En 2012, hubo 10 mil nacimientos en niñas de 10 a 14 años. Un embarazo o haber tenido un hijo, es la cuarta causa de deserción escolar en jóvenes de 15 a 19 años. México es un país de diferencias. Un país donde contrastan los avances en los marcos normativos federales, como la reforma constitucional en materia de derechos humanos, con la incapacidad del Estado de empatarlos ante una realidad marcada por la violencia y la pobreza. Estados como Chiapas, Oaxaca y Guerrero son representativos de estas dife6

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rencias. En este último existe una realidad histórica de pobreza, discriminación y lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha llamado violencia institucional castrense, que se traduce en la sistemática violación de derechos, agravada por la violencia generalizada que vive el país y por la ausencia de controles civiles sobre las Fuerzas Armadas, aún no revertida dada la posposición de las reformas a la jurisdicción militar. La ejecución de los derechos humanos no se agota con reformas legales a nivel federal. La situación de los derechos en México sólo puede entenderse a cabalidad mirando la crisis permanente que enfrentan los estados más violentos y pobres, como Guerrero, y recordando la marginación permanente de los colectivos más vulnerables, como los pueblos indígenas. Sólo atendiendo estos profundos contrastes se podrá impulsar la garantía de los derechos humanos en el país de contrastes que es México. No podemos dejar de mencionar que mientras el Estado mexicano habla aquí sobre buenas prácticas, se han llevado agresiones diversas en contra de integrantes de Artículo 19, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; el padre Solalinde y El Centro Fray Tomás, por nombrar los más recientes que se han hecho públicos. Se cumplen 2 meses del secuestro y asesinato del reportero Gregorio Jiménez. Según datos de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos en contra de la Libertad de Expresión (FEADLE) registró 95 homicidios de periodistas desde enero de 2000 hasta el 30 de junio de 2013. Por su parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos contabilizó 85 homicidios de periodistas cometidos en los últimos 13 años, más 20 desapariciones y 40 atentados a medios de comunicación. Según el Comité para la Protección de Periodistas, 15 reporteros han sido asesinados en Veracruz desde 2000; 10 tan sólo en un estado, en el periodo de gobierno de un gobernador: Javier Duarte. De acuerdo con la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal que cuenta con un registro nacional sobre la situación de agresiones en contra de defensores y defensoras de derechos humanos en México en el periodo 2010-2013, sumaron 809 casos de agresiones. Por su parte, tan solo durante 2013, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México documentó 242 agresiones contra defensoras de derechos humanos y mujeres periodistas en el país. Dicho esto, es importante señalar el subrregistro existente, en la medida en que en muchas ocasiones las mujeres defensoras no denuncian las agresiones y amenazas que enfrentan. La impunidad es del 95 por ciento. La efectividad de los mecanismos se debe medir en función de sus resultados. El número de quejas o solicitudes que se hacen para recibir protección, sólo demuestra el incremento en el miedo y peligro real en el que viven las y los defensores. Tampoco se puede medir la efectividad con base en el número de acciones burocráticas (oficios escritos, licitaciones, actos administrativos o teléfonos celulares entregados). Nos parece que para evaluar la política pública de derechos humanos sería conveniente preguntarse: ¿Qué porcentaje de las quejas y denuncias presentadas son investigadas sin dilación, de manera independiente y efectiva? ¿Qué porcentaje de estas denuncias llega a una resolución judicial? Es decir, ¿en cuántos de estos casos de los que habla el Estado ha habido sentencias por las agresiones, ataques o asesinatos de defensores o defensoras? Como bien lo ha reconocido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las investigaciones efectivas es el mecanismo idóneo para evitar la impunidad y evitar que se perpetúen las violaciones a los derechos humanos. Y frente a eso, el gobierno informa sobre un Mecanismo Gubernamental en el cual, en diversas ocasiones, hemos llamado la atención sobre el funcionamiento del Mecanismo pues resulta de gran importancia que el personal encargado de la operación del Mecanismo cuente con un perfil adecuado y con capacitación integral en la materia, incluyendo una perspectiva de género. En este sentido, es altamente preocupante que la mayoría del personal que sí cuenta con la trayectoria y capacidades indispensables para este trabajo, y requeridas por la Ley, ha sido forzado a renunciar en los últimos días. Ellos en una carta, cuya copia ha sido enviada también a esta Comisión, denuncian hostigamiento, discriminación, y lo que se viene generando es una situación de un mal clima laboral que causa malos rendimientos CONTRALÍNEA

y un equipo que difícilmente podemos esperar sea eficiente. Igualmente, al quedarse el Mecanismo sin el coordinador, este actualmente no puede operar, lo cual resulta grave porque actualmente hay 89 casos pendientes de revisar. Por otra parte, la rotación de personal y las renuncias por presiones no generan certeza y seguridad en las personas defensoras y periodistas, y configura un escenario de mayor indefensión, así como acentúa la situación de riesgo que padecen aquellas personas que ya cuentan con medidas del Mecanismo, o que sus casos están en proceso de análisis. Ante esta situación cuatro integrantes de la Junta de Gobierno han llamado la atención a los responsables levantándose de la mesa de discusión –lo cual no amenaza la operación de la Junta– y exigiendo pronta resolución de estas deficiencias. Si bien existe una agenda amplia de pendientes que han sido mínimamente mencionados y muchos también han sido invisibilizados, en esta ocasión queremos dejar un mensaje claro: “El Estado ha pedido esta audiencia para ventilar sus buenas prácticas en materia de derechos humanos, pero no existe una sola práctica en la problemática más urgente que enfrenta el país: la crisis de personas desaparecidas causada por la guerra contra las drogas. “En esa medida, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos bien puede preguntar o sugerir al Estado la adopción de prácticas que han adoptado otros estados de la región para enfrentar este fenómeno: la creación de mecanismos nacionales de búsqueda, el fortalecimiento de los servicios forenses, el reconocimiento público de la responsabilidad estatal, la creación de bancos de ADN, la depuración de las listas de personas desaparecidas, el tratamiento digno a las víctimas. Prácticas todas estas que se han verificado en otros países de la región, en buena medida gracias al acompañamiento de la CIDH, pero que en México hoy brillan por su ausencia, como lo confirma la propia presentación del Estado que nada refiere al respecto. “Las dimensiones de lo que ocurre en el país, reiteramos, son inconmensurables, si se considera que se han publicado cifras de más de 26 mil 121 personas desaparecidas, lo que además explica la reticencia de México a aceptar la competencia del Comité en la materia del ámbito universal, indicador claro de la posición estatal frente al problema.” En México se reconoce que existen 26 mil 121 personas registradas como desaparecidas en los últimos 7 años. En México se reconoce que existen 26 mil 121 personas registradas como desaparecidas en los últimos 7 años. En México se reconoce que existen 26 mil 121 personas registradas como desaparecidas en los últimos 7 años. En México se reconoce que existen 26 mil 121 personas registradas como desaparecidas en los últimos 7 años. En México se reconoce que existen 26 mil 121 personas registradas como desaparecidas en los últimos 7 años. Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos; Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez; Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez; Centro de Derechos Humanos Paso del Norte; Centro de Derechos Humanos de las Mujeres; GIRE; Equis: Justicia para las Mujeres; Asociadas por lo Justo; Asilegal; Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos; Fundar, Centro de Análisis e Información y otras 78 organizaciones defensoras de derechos humanos

Tribunal Unitario Agrario viola derechos de comunidad nahua de Zacualpan, denuncian El 19 de marzo del presente año, el Registro Agrario Nacional (RAN) contestó, de manera verbal, al nuevo Comisariado de Bienes Comunales de la comunidad indígena de Zacualpan, J Guadalupe Carpio Rincón, Epitacia Zamora Teodoro y Olivia Teodoro Aranda, que no podía dar respuesta a su solicitud de Registro de la Asamblea realizada el 23 de febrero, pues según él, “apegado a derecho”, se debían respetar los tiempos (irrenunciables), que otorgaron al Comisariado para entregar la documentación faltante, en un trámite que llevaba ya CONTRALÍNEA

23 días. Los señores Carlos Guzmán, Román Lorenzo y Prisciliano Guzmán, el depuesto Comisariado, ingresaron el 14 de marzo una solicitud de nulidad de la Asamblea y sus acuerdos, que –erróneamente y violando los derechos de la comunidad indígena– el Tribunal Unitario Agrario admitió el 18 de marzo. Sorprendentemente (por la rapidez), al día siguiente, el licenciado Antonio Luis Betancourt, magistrado del Tribunal Unitario Agrario, dictó un acuerdo (expediente 81/14) en franca violación al Artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, violando garantías esenciales y derechos fundamentales que dejan en completo estado de indefensión a la comunidad indígena de Zacualpan: Otorgó a Carlos Guzmán, Román Lorenzo y Prisciliano Guzmán la Suspensión para que el Registro Agrario “se abstenga de realizar cualquier anotación, actuación judicial o trámite relativo al acta de Asamblea de fecha 23 de febrero”. En este acuerdo, sin que los indígenas sean oídos ni vencidos en juicio, la autoridad responsable –en forma inconstitucional, ilegal y violatoria de todo derecho indígena– desconoce sin razón y sin fundamento alguno el Acuerdo tomado por el máximo órgano de gobierno de la comunidad indígena, que es la Asamblea. En un mismo momento, desconociendo el Estatuto Comunal, el Tribunal Unitario Agrario inventó un nuevo término, y llama “sustitutos” a los nuevos representantes de la comunidad indígena, que desconoce la elección que por unanimidad de los comuneros, y que consta en el Acta de Asamblea General del Comisariado de Bienes Comunales de la Comunidad Indígena de Zacualpan, mediante la cual se reconoce la elección del presidente, secretaria y tesorera; desconociendo todo derecho y despojando a la comunidad indígena de su protección especial. Por esta razón, el 24 de marzo pasado el Comisariado de Bienes Comunales de la comunidad indígena de Zacualpan interpuso simultáneamente un recurso de queja y recurso de apelación ante el Tribunal Unitario Agrario Distrito 38, con sede en esta ciudad de Colima, en el que se presentan los siguientes agravios: el auto de admisión de la demanda de fecha 18 y 19 de marzo y la suspensión decretada; así como la improcedencia de la demanda presentada, toda vez que Carlos Guzmán, Román Lorenzo y Prisciliano Guzmán no cuentan con la calidad jurídica para promover la nulidad de las asambleas generales, de conformidad con el artículo 407 de la Ley Federal de la Reforma Agraria. Al mismo tiempo se interpone un juicio de amparo indirecto ante el Segundo Juzgado de Distrito en el Estado de Colima, que fue admitido con el número 580/2014, cuya audiencia se llevará a cabo el 25 de abril del presente año, en el que se sustentan las violaciones a los derechos humanos del Comisariado de Bienes Comunales de la comunidad indígena de Zacualpan, violación a la garantía de audiencia, se reclama la inconstitucional e ilegal privación de los derechos que corresponden a la elección celebrada en Asamblea, la ilegal admisión de la demanda, la suspensión dictada al Registro Agrario, así como la violación a la Constitución Política de este país y a diversos convenios y tratados internacionales en materia de derecho indígena. A pesar de que el Tribunal Unitario Agrario reconoce al nuevo Comisariado de Bienes Comunales, este reconocimiento con el apelativo de Comisariado “Sustituto” a su vez, le quita derechos a la comunidad indígena que le otorga ya la Constitución y convenios y tratados internacionales. Con esta actuación del Tribunal Unitario Agrario, del Registro Agrario, de la Procuraduría Agraria, nos queda claro que hay una deliberada acción en contra de la comunidad indígena de Zacualpan, al dar prioridad y beneficio al depuesto Comisariado de Bienes Comunales, constituido por tres personas, y aplicar todo el peso de la ley a la comunidad indígena nahua de Zacualpan. El Comisariado de Bienes Comunales ha comenzado a trabajar, ya que desde el 23 de febrero el máximo órgano de gobierno de la comunidad indígena de Zacualpan, que es la Asamblea, por unanimidad, le otorgó el nombramiento que lo respalda. Además, su personalidad legal se encuentra debidamente reconocida por el RAN, de conformidad con dicho reconocimiento contenido en el oficio número 001019 emitido por el RAN de fecha 11 de marzo de 2014, fecha a partir de la cual se efectuó la anotación preventiva, misma que surte efectos para representar legalmente a la comunidad indígena. Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan Bios Iguana, AC. 31 DE MARZO DE 2014

OFICIO DE PAPEL

Los excesos de Ramírez Puga en Liconsa Miguel Badillo*

ara los mexicanos, la corrupción se ha convertido en un cáncer social con el que el gobierno nos obliga a convivir todos los días. Un ejemplo son los cuantiosos fraudes cometidos por la naviera Oceanografía en complicidad con funcionarios petroleros y que el gobierno de Enrique Peña Nieto ha hecho público en las últimas semanas, sin descontar que esa corrupción fue ocultada y protegida durante 12 años por los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón. Pero algo extraño se cocina en la Procuraduría General de la República (PGR), cuando su titular, Jesús Murillo Karam, parece no encontrarle los delitos por ningún lado a esa empresa privada y ha pedido un arraigo por 40 días para su dueño, Amado Yáñez Osuna, cuando fue la prensa la que desde hace 10 años denunció dichos fraudes. Si casos como éste lastiman y ofenden a la sociedad porque merman las finanzas del Estado, es más grave cuando políticos perversos lucran con los programas sociales gubernamentales destinados a la atención de los más pobres del país. Eso es lo que sucede con la Cruzada Nacional Contra el Hambre, coordinada por la secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga. Resulta que esta funcionaria experredista y ahora secretaria de Estado del Partido Revolucionario Institucional (PRI) ha sido permisible ante la negativa actuación de uno de sus subalternos, el oaxaqueño Héctor Pablo Ramírez Puga (exjefe de prensa del priísta Ulises Ruiz, exgobernador de Oaxaca), director general de Liconsa, quien está decidido a promover su imagen personal con dinero público, lo cual debe ser investigado por la Secretaría de la Función Pública. El miércoles pasado dos reporteros de La Jornada, Roberto Garduño y Enrique Méndez, dieron cuenta en ese diario de cómo el grupo legislativo del Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados investiga presuntas irregularidades del director de Liconsa, por lo que en los próximos días presentarán una denuncia penal ante la PGR por el delito de peculado, “por el supuesto uso de recursos de esa empresa gubernamental para su promoción personal en Oaxaca”(www.jornada.unam.mx/ultimas/ 2014/03/25/denunciara-mc-a-director-de-liconsa-por-presunto-peculado-4964.html). Fue el coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano, Ricardo Monreal –fiel lopezobradorista–, quien precisó que Ramírez Puga “quiere ser el primer candidato de la Cruzada Nacional Contra el Hambre”. La razón es que este priísta, dueño también de medios de comunicación en Oaxaca, prepara e impulsa desde Liconsa su candidatura al gobierno de esa entidad. En las páginas de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) se afirma que la Cruzada Nacional Contra el Hambre es una estrategia de inclusión y bienestar social de carácter nacional, que busca garantizar la seguridad alimentaria y la nutrición de 7.01 millones de mexicanos que hoy viven en condición de pobreza extrema, y contribuir al 8

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ejercicio pleno de su derecho a la alimentación. Se afirma que dicha estrategia de combate a la pobreza extrema parte de los principios de la coordinación entre las diferentes dependencias de la administración pública federal y de una alianza con la sociedad civil y el sector privado. Por ese motivo, debe preocupar al gobierno federal y principalmente a Rosario Robles Berlanga la acusación de los abusos cometidos en Liconsa y, de ser necesario, ordenar el cese del funcionario oaxaqueño que se ha aprovechado de su encargo. Según los objetivos de la Cruzada son cero hambre a partir de una alimentación y nutrición adecuadas de los mexicanos en extrema pobreza y con carencia alimentaria severa; eliminar la desnutrición infantil aguda y mejorar los indicadores de crecimiento de niños y niñas en la primera infancia; aumentar la producción y el ingreso de los campesinos y pequeños productores agrícolas; minimizar las pérdidas postcosecha y de alimentos durante el almacenamiento y transporte, así como en los comercios, y promover la participación comunitaria. Como se observa, en ningún apartado de los objetivos se señala que los responsables de las áreas oficiales participantes para combatir la pobreza podrán usar los recursos públicos para promoverse en la prensa y escalar cargos públicos, en este caso la gubernatura de Oaxaca. De tal manera, que todo lo que ha declarado la secretaria Rosario Robles ante medios de comunicación sobre las bondades del programa contra el hambre, contrasta con lo que hace en Liconsa su empleado Ramírez Puga, de quien el vicecoordinador de Movimiento Ciudadano, Ricardo Mejía Berdeja, dice que debe exigírsele que no haga propaganda electoral desde su encargo, o de lo contrario debe ser removido. El diputado criticó que el director general de Liconsa pague publicidad en las primeras planas de periódicos en Oaxaca para promoción personal, y explicó que sólo en 2013 se publicaron 119 notas, la mayoría a ocho columnas en los medios locales, en donde Ramírez Puga promovió sus actividades realizadas en todo el país.

Oaxaqueños ocupan Liconsa Si lo anterior fuera poco, adentro de Liconsa es un escándalo lo que ha hecho su director general en su propósito por alcanzar la nominación de su Partido (PRI) para la candidatura al gobierno de Oaxaca, y ha convertido a esta empresa del gobierno en un centro de contratación para oaxaqueños amigos, desempleados, recomendados, parientes, políticos, exlegisladores, exalcaldes y, casi todos, vinculados al gobierno de Ulises Ruiz, para quien Ramírez Puga trabajó como jefe de prensa. Con la intención de tener presencia en las diferentes corrientes de los grupos políticos de su Partido, así como en las diversas regiones del estado de Oaxaca, Ramírez Puga ha contratado a más de 200 oaxaqueños y operadores políticos que prácticamenCONTRALÍNEA

te tienen copadas las principales posiciones en Liconsa. Algunos de los nuevos funcionarios han sido contratados por honorarios para realizar actividades políticas de su director general, según cuentan al interior de Liconsa, lo cual incluye a familiares, amigos y personal de seguridad. Entre las polémicas contrataciones que hizo Ramírez Puga destaca la de Engelbert Granados Saynes como jefe del Departamento de Relaciones Públicas de Liconsa, quien es señalado como operador de espionaje telefónico, además de estar relacionado con Juan Manuel Vera, exdirector de Seguridad Pública en el sexenio de Ulises Ruiz y haber colaborado con el político perredista Greg Sánchez en el estado de Quintana Roo, quien fue preso bajo acusaciones de vínculos con el narcotráfico y lavado de dinero. En la extensa lista de oaxaqueños y personas cercanas contratadas por Ramírez Puga, de acuerdo con fuentes internas de Liconsa, está Dinorath Guadalupe Mendoza Cruz, a quien nombró como subdirectora de Modernización de Liconsa, y es hermana de la diputada local oaxaqueña Lilia Mendoza Cruz. Víctor Rodríguez Gasca, subgerente de Padrón de Beneficiarios y cuñado de Héctor Pablo Ramírez Puga (está casado con su hermana Alina). Addiel Concha Cruz, jefe del Departamento de Activo Fijo y Archivo Documental. Aline Elizabeth Gómez Alderete, jefe del Departamento de Difusión. Ariel Hernández García, subdirector de Venta Comercial. Axel Igor Guerrero Vigil, jefe del Departamento de Análisis y Atención a Medios. Carlos Zicri Ruiz Robles, jefe del Departamento de Relaciones Industriales, quien también fue colaborador de la campaña del senador Eviel Pérez Magaña. Claudia Galguera Aparicio, jefa del Departamento de Planeación y Estrategia Comercial. Es hija de la exdiputada y expresidenta municipal de Pochutla, Carolina Aparicio. Cristino Rubiel Rojas Medina, subgerente de Control de Calidad y excandidato para diputado por el distrito de Ejutla. David Antonio Jiménez, jefe del Departamento de Normatividad y Apoyo Técnico. Delfina Mijangos Aragón, subgerente de Administración y Finanzas. Demetrio Agustín González Santiago, jefe del Departamento de Administración Operativa del Padrón de Beneficiarios. Eric Iván Ruiz Espinoza, jefe del Departamento de Servicios Generales. Etelberto Gómez Fuentes, jefe del Departamento Padrón de Beneficiarios, exdiputado local y expresidente municipal de Tututepec. Fernando Franco Luna, jefe del Departamento Padrón de Beneficiarios, expresidentes del PRI de Huatulco y excandidato a la presidencia municipal. Floriberto Vázquez Vázquez, jefe del Departamento de Apoyo al Buen Gobierno y exdiputado local. Francisco Javier Matus Berra, jefe del Departamento de Sistemas de Información y Órgano de Gobierno. Francisco Javier Vera Méndez, gerente estatal Veracruz, exdiputado local y expresidente municipal de Miahuatlán. Gilberto García Avendaño, jefe del Departamento de Adquisición y Servicios Generales, y operador político en Huatulco. Guillermo Lavariega Cárdenas, jefe del Departamento de Seguimiento Operativo, excandidato a la presidencia municipal de Huatulco y exdelegado de gobierno. Heliodoro Carlos Antonio Díaz Aguirre, subdirector Jurídico Corporativo, hijo de Heliodoro Díaz Escárraga, exsecretario de Gobierno con Ulises Ruiz. Horacio Gervacio Mendoza Valeriano, jefe del Departamento de Productividad Industrial. Hugo Paz Sosa, encargado de la Subdirección de Recursos Humanos. Jaime Arturo Larrazabal Bretón, gerente Metropolitano Norte, exdiputado federal y hermano del expresidente municipal de Monterrey y de Jonás Larrazabal. CONTRALÍNEA

Jesús Carreto Silva, jefe del Departamento de Informática. Joaquín Rodríguez Palacios, gerente Metropolitano Sur y exsubsecretario de Gobierno en el sexenio de Ulises Ruiz. Jorge Winckler García, jefe del Departamento Penal. José Antonio Amado Osorio, jefe del Departamento de Atención y Servicios a Concesionarios y exfuncionario del gobierno de Ulises Ruiz. José Gerardo Flores Caballero, jefe del Departamento de Normatividad y Cuentas Vencidas Para Trámite Legal. José Humberto Cruz Ramos, subdirector de Padrón de Beneficiarios y exfuncionarios de Ulises Ruiz. Juan José Galguera García, gerente del Programa de Abasto Social Morelos, exfuncionario del gobierno de Ulises Ruiz y esposo de la exdiputada local Carolina Aparicio. Karla Gabriela Jiménez Carrasco, subdirectora de Planeación Estratégica y excandidata a diputada por el Partido Verde Ecologista de México. Luis Gendrón Pensado, subdirector de Adquisición de Leche. Marco Antonio González Amaro, director de Administración, exdiputado local y exfuncionario del gobierno de Ulises Ruiz. Marco Antonio Hernández Cuevas, gerente estatal Oaxaca, exdiputado local y exfuncionario de Ulises Ruiz. María Antonia Vigil Garnica, jefa del Departamento de Apoyo Técnico de la Secretaría Particular y exsecretaria privada de Ulises Ruiz. María del Consuelo Rodríguez Casasnovas, jefa del Departamento de Seguridad e Higiene, hermana de Beatriz Rodríguez, exsecretaria de Turismo en el gobierno de Ulises Ruiz y actual delegada de la Secretaría de Economía en Oaxaca. María Isabel Jácome Dionisio, jefa del Departamento Laboral. María Vianey Sánchez Castro, jefa del Departamento de Producción. Octavio Márquez Zamora, jefe del Departamento de Transportes. Othoniel Melchor Peña Montor, encargado de la Subdirección de Adquisiciones de Consumo Interno y exdirector del Instituto Estatal Electoral de Oaxaca en el sexenio de Ulises Ruiz. Raúl Iruegas Álvarez, subdirector Jurídico de lo Contencioso. Reynaldo Cuauhtémoc Hernández Cuevas, titular de la Unidad Jurídica, hermano del exdiputado Marco Hernández Cuevas, hoy gerente de Liconsa Oaxaca. Ricardo Hernández Méndez, titular de la Unidad de Comunicación Social. Richard Roberto Sánchez García, subdirector de Comunicación Social y asistente personal de Héctor Pablo Ramírez Puga. Samuel Rosales Olmos, subdirector de Maquila y Compra de Leche Fresca, exregidor del municipio de Huajuapan de León. Sergio Alfredo Cansejo Vasconcelos, subgerente de Administración y Finanzas. Sergio Chacón Rojas, jefe del Departamento de Venta de Productos Comerciales en la Red Institucional, excandidato a la presidencia municipal de Zaachila. Vicente Lucas Lara, jefe del Departamento de Programación y Evaluación de la Producción y expresidente municipal de Chiltepec. Genaro Javier Cuervo Hernández, jefe del Departamento Cuentas por Pagar. Isauro Cervantes Reyes, jefe del Departamento de Programación y Compras de Insumos. María del Carmen de Fátima Fuertes Casasnovas, jefa del Departamento de Prestaciones. Carlos Roosevelt Salinas Enriquez, jefe del Departamento de Formación y Desarrollo Humano, exfuncionarios de la Contraloría del estado de Oaxaca.3 *Periodista 31 DE MARZO DE 2014

DEFENSOR DEL PERIODISTA

Se amontonan averiguaciones por delitos contra periodistas Álvaro Cepeda Neri*

a dos caras de la violencia, la de los delincuentes y quienes los combaten, en esta guerra de todos contra todos y el regreso al estado de naturaleza, sobre las cuales nos advirtieron primero Thomas Hobbes (1588-1679) y después Juan Jacobo Rousseau (1712-1778), se hayan implantadas en nuestro país y tienen sitiada a la nación. Es una doble violencia sangrienta, que en el sexenio de Felipe Calderón arrojó más de 100 mil homicidios; y en 1 año del de Enrique Peña, 21 mil homicidios; que lleva a millones de mexicanos, de los más de 114 millones que somos, a toda clase de desgracias, angustias, miedo e inseguridad, en un contexto de creciente ingobernabilidad. No hay paz pública. Y no es la ley lo que impera. El estado de derecho se desmorona. Y son tan graves las consecuencias, que por todas partes los ciudadanos las están asumiendo (con las armas, la defensa de sus casas, sus calles y sus comunidades, porque las policías se han corrompido tanto que actúan más como delincuentes que como servidores de la sociedad) para hacer valer las libertades constitucionales. Y al abusar de sus facultades y no cumplir con sus obligaciones, los funcionarios contribuyen a la violencia generalizada que sofoca la convivencia, y ante el sálvese quien pueda, recurren a esas “autodefensas”, al parecer, para enfrentarse a Los Caballeros Templarios, a Los Zetas, a los sicarios y a los que cobran “impuestos”, todos actuando en la ilegalidad, porque los que deberían actuar con legalidad se han corrompido y sirven solamente a sus intereses. En ese contexto, los periodistas también son víctimas, pues al ejercer sus derechos para los fines de su trabajo, como otros cientos de miles de compatriotas, son agredidos por los representantes de esa doble violencia, encarcelados y hasta asesinados. Como el resto de la población, unos pocos presentan denuncias que se acumulan sin que concluyan, porque los agentes del Ministerio Público son ineficientes y todo se arregla mediante sobornos. Y por eso es que 493 averiguaciones están en curso en la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión de la todavía Procuraduría General de la República (PGR). De ellas, más de 100 homicidios tuvieron lugar en los 2 sexenios anteriores y 10 que ocurrieron en el primer año del peñismo. Es más que cierto que toda la población nacional vive presa del miedo por el choque de esas dos violencias y es cierto que está inmersa en tal angustia; lo mismo pasa con los periodistas en su labor de repor-

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teros, pero van a los hechos para recabar la información y ofrecerla a los lectores de la prensa escrita, de la radio y la televisión. La que además llega a columnistas y analistas para su crítica. En ese desempeño son agredidos (como ha sucedido en la capital del país por las policías defeñas y federales) y reciben lesiones, por lo cual presentan sus denuncias. Éstas se acumulan en las agencias del Ministerio Público, sin que lleguen a pasar a los tribunales para deslindar responsabilidades. Las casi 500 averiguaciones permanecen almacenadas en la PGR. Y el reportero-corresponsal Carlos García (La Jornada, 2 de marzo de 2014) nos informa que solamente 130 siguen el curso de investigación y que 43 apenas están en manos de algún juez, sin que se vea la posibilidad de que sean resueltas para consignar al funcionario, y que éste pase de presunto responsable a imputado de una sanción. Es el caso de las cientos de miles de denuncias del resto de los mexicanos. Un porcentaje mucho mayor no presenta denuncias porque o no prosperan o los agentes del Ministerio Público trafican con ellas, y a cambio de sobornos entregan los datos y los acusados van a los domicilios para ejecutar la venganza por haber sido denunciados. La corrupción ya invadió todo en nuestro país para llevar el capitalismo del neoliberalismo económico hasta sus últimas consecuencias, es decir, el capitalismo como botín. Y pescar en el río revuelto de esa descomposición institucional, donde lo único que cuenta es el favoritismo y los sobornos para hacer justicia a favor del que puede comprar a funcionarios del Poder Judicial. Igual pasa con los periodistas, pues como sus denuncias son contra funcionarios, la PGR, por medio de su titular y de común acuerdo con la Secretaría de Gobernación, siguiendo instrucciones de Peña, mantiene las averiguaciones en eternas investigaciones. Como las serpientes, esa PGR está a punto de cambiar de piel para llamarse Fiscalía de la Federación. Es sólo un cambio de nombre –como el del Instituto Federal Electoral– para presumir de instituciones antes y después de Peña. Pero las denuncias presentadas por periodistas de las entidades no prosperan. Siguen apiladas y archivadas en trance de averiguaciones. Una y otra vez los reporteros las ratifican, llevan más pruebas y amplían sus declaraciones. Y nada pasa. Los agresores y matones permanecen en la impunidad o capturan chivos expiatorios (como pasa en Veracruz, con el duartismo) a quienes declaran culpables sin serlo, mientras los auténticos responsables son puestos en libertad. Es la clásica maniobra urdida en las entrañas de los poderes públicos para hacer creer que se investigan los delitos contra periodistas.3 *Periodista CONTRALÍNEA

CARTÓN

Venceremos

CONTRALÍNEA

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OPINIÓN

Nuestro petróleo ya es “patrimonio global” Martín Esparza Flores*

uego de que los crespones de luto nacional aparecieron en la celebración del 76 aniversario de la expropiación petrolera, habrá que preguntarse hasta dónde llegó la miopía ideológica e intelectual de la actual clase política para no entender que México está en peligro de ser arrastrado en la vorágine del modelo de producción multinacional, que en todo el orbe se está apropiando de las riquezas naturales y los recursos energéticos de las naciones menos desarrolladas. Mientras la parte oficial insiste en mantener la tesis de que con la reforma energética el Estado mexicano seguirá manteniendo el control de las reservas, la renta petrolera y de Petróleos Mexicanos (Pemex), la visión de los poderosos organismos internacionales es

Baste recordar que hace unos años el gobierno estadunidense apoyó la separación de Kosovo de la República de Serbia, ensalzando el derecho de las naciones para lograr su autodeterminación, pero ahora olvida esta doctrina internacional y amenaza con imponer sanciones económicas a Rusia por apoyar la libre decisión de todo un pueblo a constituirse en una nación independiente por el sólo hecho de no alinearse a los intereses de la Unión Europea. Las agresiones sistemáticas al gobierno de Venezuela son otro de los hilos conductores que permiten poner al descubierto este proyecto por devolver a las trasnacionales los recursos naturales, como el petróleo, que el gobierno nacionalista de aquel país les arrebató en beneficio de su economía y del nivel de vida de su población. Los poderosos medios de comunicación internacionales se guardan de comentar que mientras en Venezuela, hace un par de años, se dieron cambios en las leyes laborales a favor de los trabajadores, en el resto del mundo hay un franco retroceso en este sentido, como ocurrió en México con la reforma laboral.

Nadie puede ignorar lo que está aconteciendo en el mundo para mantener y expandir el control geopolítico de las grandes potencias y de sus poderosas trasnacionales, con Estados Unidos al frente y a la Unión Europea como uno de sus aliados

diametralmente opuesta, y como lo externó hace unas semanas el jefe de Comunicación de Global Energy, Andrew Floyer, las trasnacionales festejan que el petróleo mexicano ya es de nuevo “patrimonio global”. Nadie con dos dedos de inteligencia en la frente puede ignorar lo que está aconteciendo en el mundo por mantener y expandir el control geopolítico de las grandes potencias y de sus poderosas trasnacionales, con Estados Unidos al frente y a la Unión Europea como uno de sus aliados. El caso reciente de Ucrania, donde las potencias de Occidente alentaron el derrocamiento del presidente prorruso, Víktor Yanukóvich, y que desembocó en una crisis, ahora reflejada con la anexión de Crimea a Rusia luego de un referéndum donde más del 90 por ciento de la población voto a favor de la medida, pone al descubierto lo que los analistas internacionales califican como el “doble lenguaje” de Washington. 12

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Estos “gobiernos trasnacionales” que buscan imponer un nuevo orden económico mundial han dado repetidas y crudas muestras de los alcances de su política neoliberal expresada en un capitalismo salvaje que ha empobrecido a millones de personas en todo el mundo. Las crisis de países como Grecia o España son algunas de las evidencias del grado de aniquilamiento al nivel de vida a que se ha llegado por la imposición de políticas públicas orientadas a facilitar el enriquecimiento de unos cuantos sin tomar en cuenta a la población mayoritaria. Resulta por ello endeble la visión simplista de que con el arribo de capitales nacionales y extranjeros a Pemex se pueda dar una “revolución energética” que nos ayude a aumentar nuestros niveles de desarrollo nacional hasta convertirnos en una potencia. Esos, huelga decirlo, no son los planes que tienen en mente poderosas firmas como Exxon Mobil, Chevron, British Petroleum y Shell, por mencionar las más emblemáticas, cuando con los cambios aprobados a los Artículos 27 y 28 constitucionales las firmas extranjeras tendrán los mismos privilegios CONTRALÍNEA

Con los cambios aprobados a los Artículos 27 y 28 constitucionales, las firmas extranjeras tendrán los mismos privilegios que hace 1 siglo les otorgó el gobierno de Porfirio Díaz y que se vieron acotados luego de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 1917

que hace 1 siglo les otorgara el gobierno de Porfirio Díaz y que se vieron acotados luego de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 1917. Más allá de la retórica gubernamental subyacen evidencias de que lo que está por venir no es nada alentador ni para la economía nacional ni para los trabajadores. Los mexicanos, por ejemplo, seguimos esperando que algún alto funcionario del sector energético –pues han hecho mutis los representantes de la paraestatal– nos explique cómo es posible que aún sin leyes secundarias aprobadas existan los contratos otorgados por Pemex Exploración y Producción (PEP) a empresas privadas, que ya trabajan en proyectos de desarrollo y producción de hidrocarburos en plantas como el Santuario, Tierra Blanca, Pánuco, San Andrés o el Carrizo y permitan a los contratistas emplear su propio personal y tener el derecho a utilizar a todos los subcontratistas que necesiten. Lo establecido en los contratos ya firmados refiere con claridad que las empresas podrán realizar subcontrataciones globales de servicios por un monto superior a los 10 millones de dólares. Además, por si fuera poco, con relación a los materiales y equipos que utilicen las empresas y los trabajadores, habrá sólo el compromiso de adquirir el 40 por ciento de productos nacionales, estando en libertad de traer el otro 60 por ciento del extranjero. Ya puede vislumbrarse lo que les espera a miles de trabajadores sindicalizados y a muchos de los proveedores y prestadores de servicio de las zonas petroleras cuando las multinacionales empiecen a adueñarse, integralmente, de todos los procesos internos de Pemex, pero también a aquellos mexicanos a los que se les está creando el falso espejismo, en los medios, de que habrá más empleos y mejor pagados. Las empresas contratarán bajo sus propios criterios e intereses, teniendo la libertad de recurrir a las subcontrataciones para no adquirir mayores compromisos patronales. Los niveles de explotación que se daban a los trabajadores mexicanos antes de la expropiación petrolera habrán de repetirse. Otra de las falacias esgrimidas en el discurso oficial es que con la reforma habrá más gas y a menor costo a través de la extracción de

gas de lutitas (shale) en México, cuando en Estados Unidos su extracción mediante el sistema de las llamadas “fracturas hidráulicas”, por medio de la inyección de agua –25 a 30 millones de litros por pozo–, ha ocasionado quejas y protestas en más de 410 condados de diversos estados por los devastadores daños ecológicos y a la salud de miles de habitantes. Los costos sociales en las poblaciones donde operen estos proyectos serán muy altos, pues además, expertos estiman daños irreparables al entorno de miles de comunidades, de tal modo que mientras en Estados Unidos este sistema de extracción están siendo sancionado, en México nuestra clase política lo muestra a la población como la panacea para abaratar los precios de la electricidad y el gas doméstico. Obvio, además, que en sus perspectivas de utilidades, las multinacionales difícilmente accederán a sacrificar sus ganancias en beneficio de la población. El pasado 18 de marzo, en el Zócalo de la Ciudad de México, organizaciones sociales, magisteriales, sindicales y campesinas, decretamos 2014 como el año de la resistencia contra la aplicación de las contrarreformas estructurales; año en el que a través de marchas y protestas convocaremos a todo el pueblo de México en contra la imposición gubernamental. Ha llegado el momento para que la nación tome conciencia de que en los últimos 30 años las instituciones como la Cámara de Diputados, el Senado y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, han estado secuestradas por una clase política que se ha puesto al servicio de este sistema mundial de explotación, adjudicándose el ilegítimo derecho a decidir sobre el futuro de nuestros recursos energéticos sin tomar en cuenta a las mayorías. Desde la resistencia popular debe frenarse la imposición de este modelo económico mundial y sus contrarreformas que conducen a nuestro país a la pobreza absoluta, donde 10 multimillonarios detentan juntos la riqueza de toda una nación, mientras cuatro de cada diez mexicanos no pueden llevarse un pan a la boca.3 *Secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas

En los últimos 30 años, las instituciones han estado secuestradas por una clase política que se ha puesto al servicio del sistema mundial de explotación, adjudicándose el ilegítimo derecho a decidir sobre el futuro de nuestros recursos energéticos sin tomar en cuenta a las mayorías CONTRALÍNEA

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OPINIÓN

Los contratados en el INAH: condiciones laborales indignas en el 75 aniversario del Instituto Roberto E Galindo Domínguez*

l Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) es en nuestro país la dependencia encargada de investigar, preservar y dar a conocer diversos aspectos tangibles e intangibles del patrimonio cultural, es decir, su materia de trabajo es todo aquello creado por el hombre en tiempos pasados, recientes e incluso actualmente, pues además de estudiar restos culturales a través de la arqueología en sus diferentes campos de acción, estudia también al hombre mismo en su restos óseos mediante la antropología física, así como el comportamiento de éste en disciplinas como la antropología social, la etnología y la lingüística, lo anterior más enfocado a grupos sociales actuales; también abarca el amplio campo de la historia a través de evidencias escritas de diferentes tiempos; tiene participación en la paleontología y aborda campos especializados relacionados con las disciplinas ya mencionadas, como en el caso de la restauración y conservación. El INAH fue creado en 1939 por el entonces presidente de la República Lázaro Cárdenas del Río. El Instituto se encuentra dentro de la estructura del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta) y depende de la Secretaría de Educación Pública (SEP); por lo tanto, el INAH es un organismo descentralizado del gobierno federal. Dentro de la estructura del INAH se cuenta una Secretaría Técnica, siete coordinaciones nacionales y 31 centros regionales localizados en los estados de la República. Instancias de investigación que son responsables de 110 mil monumentos históricos construidos entre los siglos XVI y XIX; 29 mil zonas arqueológicas registradas, aunque se calcula la existencia de alrededor de 200 mil, de las cuales solamente 180 están abiertas al público. Asimismo es responsable de más de 120 museos de diferentes categorías (www.inah.gob.mx/iquienes-somos). Es evidente que esta cantidad de monumentos históricos, zonas arqueológicas y museos requiere para su investigación, conservación y difusión apropiadas una gran cantidad de investigadores. La misma página del INAH menciona que cuenta con 800 académicos divididos en las diferentes disciplinas que aborda, aunque en su apartado de Investigación Académica refiere que son 400 aca14

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démicos dedicados a la investigación científica (www.inah.gob. mx/academia/investigacion) y en su sección dedicada a la Academia, indica que son 400 académicos, además de los docentes, que enseñan en las escuelas dependientes del Instituto: Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH), Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía (ENCRyM) y la Escuela de Antropología e Historia del Norte de México, que se encuentra en Chihuahua (www.inah.gob.mx/academia) –aunque muchos de los profesores que enseñan en las escuelas del INAH son también investigadores adscritos al Instituto–. Entonces, en el mejor de los casos, entre investigadores y docentes pueden sumar los 800 mencionados, cifra indudablemente insuficiente para atender todos los frentes de investigación y académicos que tiene el INAH. En números gruesos se calcula que el Instituto cuenta con alrededor de 4 mil trabajadores, de los que 3 mil son administrativos, técnicos, manuales y de servicios, poco más de 150 arquitectos y restauradores, así como 400 empleados de confianza (Arturo Alcalde Justiniani, “Los indocumentados del INAH”, La Jornada, 27 de agosto de 2011) que, en la mayoría de los casos, ocupan puestos de mandos medios para arriba en los diferentes laboratorios, subdirecciones, direcciones de investigación y académicas y en el área administrativa; el resto, son los 800 investigadores aludidos. Es carente de toda lógica que un instituto dedicado a la investigación y a la docencia tenga entre sus filas a más personal administrativo, técnico y de servicios, que a investigadores científicos. Entonces surge un cuestionamiento: ¿son suficientes los 800 investigadores y académicos que trabajan en el Instituto? La respuesta es no. Existe una triste y desgarradora realidad: la mayoría de los trabajos de los que se vanagloria el INAH, de los logros con que se anuncia al mundo la excelencia académica y científica del Instituto, mismos que son orgullo nacional e internacional, han sido hechos o en ellos han colaborado cientos y tal vez miles de investigadores contratados por el INAH de diversas maneras; hombres y mujeres que en la mayoría de los casos firman contratos temporales, generalmente por 3, 4 y hasta 5 meses y medio a todas luces injustos y que precisamente son elaborados para que el trabajador no genere antigüedad y no pueda optar por la basificación; contratos que no contemplan ningún tipo de seguridad social, que restringen su competencia a la realización de diversas actividades de investigación por un sueldo la mayoría CONTRALÍNEA

de las veces ridículo si se atiende a las diversas actividades académicas, de exploración e intelectuales que un investigador realiza para el INAH, además de que en muchas ocasiones los investigadores ejecutan tareas que implican situaciones de alto riesgo, sobre todo aquellos que realizan trabajo de campo. Son varios los casos de investigadores contratados bajo este esquema que han sufrido graves accidentes que han implicado severo daño físico y no han sido auxiliados, defendidos e indemnizados apropiadamente por el Instituto. El resultado de esta figura de contratación es que los recién egresados de las diversas escuelas del INAH se enganchan laboralmente con el Instituto mediante esta figura contractual debido a que no hay más opciones laborales, sobre todo en el caso de los arqueólogos, pues el ejercicio de esta profesión es prácticamente un monopolio del INAH. Estos jóvenes trabajadores le dan al Instituto varios años de su vida laboral sin obtener los beneficios mínimos de seguridad social que marca la ley. Si tienen suerte, serán contratados mediante este esquema una y otra vez por años, décadas e incluso toda su vida para, al final, encontrarse sin acceso a una vivienda como a las que los trabajadores de base protegidos por el Instituto de Seguri-

Este año el INAH festeja su 75 aniversario y sus directivos y las personalidades más destacadas anuncian logros de investigación y refieren la consolidación científica y académica de la institución haciendo alarde de la importancia de la misma a nivel nacional e internacional, olvidándose por completo de la decepcionante situación laboral que promueve y mantiene el Instituto, desdeñando y menospreciando el componente humano de investigadores que han desfilado por sus instalaciones y por las zonas arqueológicas que han atendido los monumentos históricos y laborado en sus museos, enterrando en el pasado las vidas de éstos, sin reconocer que en gran medida que en los logros del INAH ellos han sido y son fundamentales. Aunque algunos reconocidos investigadores como Sergio Gómez, Jorge Angulo y Felipe Echenique March consideran que la situación del INAH no es nada halagadora, que se encuentra alejado de su propósito fundamental de investigación y que es urgente la apertura de plazas de investigación para retomar la esencia del Instituto (Luis Carlos Sánchez, “A debacle, investigación científica en el INAH”, Excélsior, www.excelsior.com.mx/cominidad/2013/06/17/904433). Asimismo el Sindicato Nacional de Trabajadores de este organismo ha señalado el deterioro de la institución y sobre todo su alejamiento

Los recién egresados de las diversas escuelas del INAH se enganchan laboralmente con el Instituto mediante los contratos temporales, debido a que no hay más opciones laborales, sobre todo en el caso de los arqueólogos: el ejercicio de esta profesión es prácticamente un monopolio de la institución

dad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) pueden obtener, ya que nunca contaron con este beneficio, pues el INAH no pagó por la contratación de sus servicios ninguna cuota al respecto; personal que no tuvo ni tendrán seguro médico, ni una pensión para el retiro. Algunos investigadores simplemente ya no son recontratados cuando se acaba un proyecto de investigación, con lo que tienen que ir en busca de otro que los acoja, y al pasar los años y darse cuenta que no tienen un futuro promisorio en el INAH abandonan esa contratación leonina y se dedican a otras actividades que en pocos casos están vinculadas con su formación profesional. Pero eso no importa, pues el mismo Instituto genera anualmente, a través de sus escuelas, nuevos investigadores que se engancharán por varios años en esa relación de trabajo injusta, reproduciendo así un modelo laboral opresivo y desventajoso que el INAH ha mantenido durante años y con el que evade las mínimas obligaciones laborales que marca el Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Federal del Trabajo y las Condiciones Generales de Trabajo del mismo Instituto. Algunos casos al respecto, y en general sobre esta situación, pueden ser consultados en la página de la Red Mexicana de Arqueólogos (remarq.ning.com/forum/topics/ situacion-laboral-de). CONTRALÍNEA

de su origen nacionalista cuando fue creado en 1939, así como la mercantilización y uso político de sus propósitos de investigación, exploración y difusión, aspectos tergiversados por las políticas neoliberales adoptadas en el país (La Redacción, “El Proyecto del INAH se aleja del propósito con el que lo creó Lázaro Cárdenas: sindicato”, Cultura, La Jornada, 3 de febrero de 2014). Es una vergüenza que el INAH, dedicado al estudio del hombre en diferentes ámbitos y que señala que su misión es: “investigar, conservar y difundir el patrimonio arqueológico, antropológico, histórico y paleontológico de la nación para el fortalecimiento de la identidad y memoria de la sociedad que lo detenta”, sea al mismo tiempo un organismo que coarta el desarrollo humano de miles de sus investigadores beneficiándose de su trabajo, y que al final de su trayectoria laboral, por corta o larga que sea, los deja tan desprotegidos como el primer día que iniciaron sus actividades en el Instituto, condenándolos al olvido y al ostracismo laboral.3 *Maestro en ciencias en exploración y geofísica marina, licenciado en arqueología especializado en contextos sumergidos y buzo profesional, licenciado en letras hispánicas, licenciado en diseño gráfico, integrante del taller Madre Crónica 31 DE MARZO DE 2014

OPINIÓN

TLCAN: el despojo que (aún) vendrá Enrique Aranda Ochoa*

o que pareciera una consecuencia más, ineludible, de las tendencias globalizantes –aunque no necesariamente negativas e, incluso, teóricamente positivas– se ha convertido en ominosa sombra sobre la faz de la tierra y los pueblos que sustenta: la integración económica y cultural de países vecinos, primero, y luego de grandes regiones distantes entre sí. Tal es el caso del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), y su “actualización” con el Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica (ATP, por su sigla en inglés). Mas la proyección de tal sombra sobre los territorios del futuro es, si cabe, todavía más opresiva. Prácticamente ya sólo pregonan las excelsas bondades del TLCAN, como es natural, ese reducidísimo sector de personas que se ven beneficiadas por el mismo. Y es en la complaciente realidad virtual de sus plasmáticas pantallas donde se despliega todo el engañoso poderío de las cifras macroeconómicas, idílico mundo paralelo que por desgracia no trasciende a nuestro plano, más ordinario y cotidiano. Los tres países (Canadá, Estados Unidos y México) generan un producto interno bruto (PIB) que equivale al 28.2 por ciento del PIB mundial; el comercio, tan sólo con Estados Unidos, se “quintuplicó”, dicen, a “1 millón de dólares por minuto”, lo que sería “superavitorio para México en más de 1 billón de dólares”, según fuentes oficiales como el Banco de México y la cancillería. La vieja retórica de las ganancias mutuas en los acuerdos multilaterales, como es el caso, se nos muestra en los catecismos neoliberales con ejemplos bellamente ilustrados de un mundo feliz que lastimosamente se ven afeados por la apabullante tenacidad con que fluyen los datos realmente duros que rigen en la muy distinta realidad de las mayorías, siendo entonces fácil ser presa del vértigo producido por la danza macabra de esas cifras que documentan el desastre anunciado: sólo 3 de cada 10 personas en edad de trabajar tienen plaza formal con prestaciones y contrato. En los 20 años del Tratado “se registró un crecimiento lento y mediocre de la economía mexicana”, además de “repercusiones graves en el campo, la política industrial y la distribución del ingreso”, afirmaron académicos en la conferencia internacional sobre el TLCAN llevada a cabo en el edificio de Posgrado de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México el 20 de febrero pasado. Y señalaron también que en 16

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México “tres bancos concentran más de la mitad de activos y ganancias”. El Centro de Investigación Económica y Política (CEPR, por su sigla en inglés), con sede en Washington, es rotundo al afirmar –en un estudio al respecto divulgado a mediados de febrero pasado– que el TLCAN “fue un terrible error”, como así lo muestra “cualquier indicador económico y social, e incluso comparado con el pasado mismo de México”. El informe, fundamentado en estadísticas oficiales, plantea por ejemplo que “el PIB per cápita mexicano fue la mitad del promedio de Latinoamérica”, al mantenerse la pobreza inalterable, y subir los salarios apenas un 2.3 por ciento, mientras que el desempleo es de 5 por ciento (cuando en los años previos al Tratado era de 3.1 por ciento). Por añadidura, 5 millones de agricultores fueron desplazados, lo que provocó que unos 2 millones de campesinos perdieran el empleo (recientemente Carla Hills, principal negociadora de George W Bush para el TLCAN, admitió “la pérdida de 850 mil empleos en Estados Unidos, según información estadística del propio gobierno”). El análisis del CEPR puntualiza que si en vez del TLCAN se hubiera continuado con la política de desarrollo dada entre la década de 1970 y 1980, muy probablemente los mexicanos tendrían un ingreso personal mucho más alto y se hubiera evitado que millones emigraran a Estados Unidos; y concluye que, con el TLCAN, “la mayoría de los mexicanos han perdido al margen de que unos cuantos se han convertido en millonarios”. Tomemos un respiro para volver a la vorágine, así sea para ver multiplicarse los dígitos del agobio, sobre todo en lo que respecta a la agricultura: en México se importa el 45 por ciento de los alimentos; en Canadá desaparecen 30 pequeñas granjas anualmente; a los granjeros estadunidenses les quitaron varios soportes para la pequeña agricultura, lo que conlleva a la “desaparición de los productores de pequeña y mediana escala”. Lo anterior significa que han desaparecido desde la entrada en vigor del Tratado “cerca de 2 millones de pequeños granjeros”, aseguró Karen Hansen, del Instituto de Investigación de la Política Agrícola y de Alimentación de Estados Unidos durante el Foro Trinacional Campesino de este año. En una carta enviada a los tres presidentes durante el encuentro de Toluca, así como en el documento Mitos del TLC [TLCAN] después de 20 años, 15 agrupaciones nacionales, así como de Estados Unidos y Canadá, aseguran en sus evaluaciones que se perdieron 4.9 millones de empleos en la agricultura familiar; 6 millones del sector rural habrían emigrado; mientras que el PIB agropecuario bajó del 5 al 1.5 por ciento, y México se convirtió en el tercer importador mundial de CONTRALÍNEA

alimentos. Además, subieron los precios de los mismos y creció el consumo de comida chatarra. El mercado agroalimentario mexicano es dominado por 30 trasnacionales, se importan plaguicidas por montos de 206 millones de dólares (cuando antes del TLCAN era de 57 millones) y hasta el 42 por ciento de los alimentos. Lo anterior subraya los resultados negativos para la mayoría en los tres países, al soslayarse los derechos humanos y los análisis de los impactos sociales, culturales y ambientales, pues han predominado los intereses de un puñado de corporaciones. El TLCAN “ha implicado la desaparición del empleo de calidad, la precarización del trabajo, la degradación ambiental, el deterioro de la cohesión social y el aumento de la violencia”. Y es justamente con el despojo de los recursos naturales, tema que también enfatizaron, así como el de la apropiación de grandes y numerosas fincas por parte de multinacionales donde se usan semillas transgénicas, según advierte en Canadá un vocero de Amigos de la Tierra, que en el horizonte ya se cierne la amenazadora imposición de otro tratado similar: el ATP mencionado, que nos tememos acentuaría los tintes sombríos de nuestro mundo, al profundizar y ensanchar sus abismos. Al mismo tiempo, se agudizaría esa regresiva tendencia en la que el corrosivo efecto de la depredación trasnacional diluye los contornos de los Estados nacionales, al transformarlos en meros “administradores de las riquezas del territorio en beneficio de unas cuantas empresas trasnacionales”, y en perjuicio “del equilibrio ecológico del planeta”, agravándose, con el ATP, “los efectos negativos que ya ha provocado el TLCAN”, advirtió en una conferencia de prensa el colectivo ¡Salir del Petróleo! La organización lamenta que “las elites fallidas” no generen un modelo propio de desarrollo, poniendo al Tratado por encima de las propias constituciones políticas y del pacto social, pues hay vinculación entre “este modelo económico y los fenómenos de violencia y pobreza”, así como entre “la quiebra de más del 80 por ciento de los pequeños agricultores y “la masiva migración forzada y el surgimiento del narcotráfico como poder trasnacional”. Y es tal el férreo dominio que ejercen las megacorporaciones privadas que ya, actualmente, junto con poderosos gobiernos y algunos fondos de inversión, efectúan sigilosamente innumerables transacciones comerciales, en pequeña escala, a fin de pasar inadvertidas, para apropiarse de millones de hectáreas en el llamado Tercer Mundo, sobre todo en el África Subsahariana y Suramérica, siendo 221 millones de hectáreas desde 2001 las así conseguidas, tanto con fines de lucro como para garantizar el suministro en las crisis futuras, lo mismo que para producir biocombustibles, en un neocolonialismo silencioso que incluye el agua de algunos ríos y lagos (es el caso de los ríos Nilo, Níger, Omo, Senegal, Tana y el Lago Chad). Bien sabido es que la compulsión propia del capital es la acumulación per se, incluso recurriendo a procedimientos extremos, como sucede con los prepotentes lobbies de la industria minera y extractiva, no desdeñando las amenazas de retirar inversiones y apoyos financieros a gobiernos no complacientes, ni tampoco los sobornos y extorsiones a líderes y funcionarios, hasta ejecutando campañas de difamación y de acoso directo por parte de grupos paramilitares a comunidades autóctonas que defienden sus recursos naturales y enclaves sagrados, según han denunciado Amnistía Internacional y Survival International, prestigiosa organización no gubernamental fundada en 1969. CONTRALÍNEA

Se presenta así un escenario de sociedades desarticuladas, violentadas por la falta de recursos destinados al desarrollo social, que es otra forma de nombrar el viejo problema de la justa distribución de la riqueza, más desigual que nunca. ¿Cómo no pensar en el capitalismo salvaje como una ruta ciega, un camino más sin salida en la evolución sociobiológica? Porque lleva a límites demencialmente perniciosos el individualismo exacerbado, el egoísmo canallesco que concentra cada vez más dinero en cada vez menos manos, siendo un intrigante fenómeno de sicopatología social, tanatológico, esa manifestación virulenta de un parasitismo al que le es propio la desmesura; o mejor, de una neoplasia a escala planetaria en el que pocas células se hinchan o hipertrofian a costa de las demás, cáncer de la especie y tumor maligno del planeta, al que depreda con una miopía escalofriante que alcanzará en sus consecuencias al propio linaje de los responsables cuando el futuro los alcance (y ampliando el símil cinematográfico, constatamos que si ya vivimos en las condiciones de expoliación de Avatar, estamos a punto de inaugurar los fatídicos Juegos del Hambre a escala global), pues vamos por una vía infalible al suicidio colectivo. Por lo pronto, y volviendo a nuestro ámbito en América del Norte, observamos que el TLCAN ha resultado tan poco propicio a la vida que incluso está por acabar con su mismísimo símbolo viviente: la mariposa monarca, que ha reducido su migración multigeneracional –única entre los seres vivos– hasta en un 90 por ciento, en buena medida a causa de los impactos negativos de la política agrícola en los tres países, así como a la tala ilegal de árboles en México y al uso intensivo de herbicidas en Estados Unidos que matan el algodoncillo, nutrimento crucial para las mariposa en su fase de oruga. Casi desde el inicio del TLCAN ya advertía un tanto quijotescamente en mis conferencias de sicología política durante congresos, que impartía como presidente del Colegio Mexicano de Sicólogos, AC, sobre el ensanchamiento progresivo entre los que más tienen y los que menos, como una de sus consecuencias; al menos tal y como se pretendía implantarlo en las condiciones de marcada inequidad con que nuestro país lo iba a afrontar. Como uno de los siete miembros iniciales del Comité Mexicano para la Práctica Internacional de la Sicología (Compip, convocado de cara al TLCAN por Ernesto Zedillo, entonces titular de la Secretaría de Educación Pública) manifesté en acciones mi rechazo a su ejecución. Ahora, después de haber estado en prisión 18 de los 20 años en que ha permanecido vigente el Tratado de marras, temo que mis predicciones se hayan quedado cortas y que la devastación económica y social sea atroz. Temo me suceda lo que a Ulises (pero sin ser ni siquiera uno criollo) después de casi 2 décadas de ausencia de Ítaca, no pudiendo reconocer en un principio el propio lugar de origen al regresar, pese a que, como dice el tango, “20 años no es nada”.3 *Escritor y poeta; maestro en literatura mexicana y en sicología clínica; considerado preso político por el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, OP, AC, y Amnistía Internacional, entre otros organismos defensores de derechos humanos nacionales e internacionales; actualmente encarcelado en el Reclusorio Sur 31 DE MARZO DE 2014

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De apariencias y verdades Jorge Meléndez Preciado*

l 18 de marzo pasado, la celebración por la expropiación petrolera –que llevó a cabo el expresidente Lázaro Cárdenas del Río en 1938– no pudo ser más falsa y llena de símbolos equívocos. Enrique Peña Nieto insistió en que el Estado continuará siendo dueño de Petróleos Mexicanos. Algo que es absurdo si sabemos que vienen la reglamentación energética y la entrada de inversión extranjera al máximo. Pero si no fuera así, el horroroso caso de Oceanografía muestra el saqueo, los fraudes y el aprovechamiento del petróleo por empresarios tramposos, políticos totalmente desprestigiados (como Vicente Fox, Marta Sahagún y Felipe Calderón, entre otros), hijos de papi, funcionarios en activo o que han pasado a la iniciativa privada y sindicalistas impresentables. Uno de éstos últimos, a quien se dice lo relevarán de su posición de secretario general porque no defiende obreros sino que engorda la cartera de sus hijos, Carlos Romero Deschamps, dijo muy orondo: “Las vacaciones, sueldos y prestaciones de los petroleros son por la lucha histórica de los trabajadores, no por negociaciones extrañas” (sic con antifaz). Y remató: “Frente a la reforma energética, responderemos con más dedicación y ahínco” (Reforma, 18 de marzo de 2014). Lo que muestra la desfachatez al cubo y el apoyo de funcionarios que solapan a depredadores del patrimonio nacional. En el Distrito Federal hubo una marcha encabezada por Cuauhtémoc Cárdenas para oponerse a la privatización del llamado oro negro. También diversas fuerzas de izquierda, fragmentadas por intereses grupales, protestaron contra la embestida neoliberal que tiene como fines la ganancia máxima, la destrucción de la naturaleza y el desempleo para la mayoría, a excepción de unos cuantos técnicos. Ese mismo 18, la organización Artículo 19, por medio de su presidente, Darío Ramírez, presentó su Informe anual acerca de la situación de los periodistas en México (Animal Político, 18 de marzo de 2014). El documento no puede ser más desolador acerca de lo que ocurre en ese gremio. En 2013 fueron agredidos 330 informadores (casos documentados): 59 por ciento más que 1 año antes; seis de cada 10 agresiones las realizaron funcionarios públicos; 39 medios de difusión sufrieron ataques en sus instalaciones. El 64 por ciento de estas acometidas ocurrieron en cuatro estados: 14 en Coahuila, cinco en Quintana Roo y en Durango, respectivamente, y cuatro en Veracruz. Vale la pena insistir que durante el gobierno de Javier Duarte, en tierras jarochas, han asesinado a 10 tecleadores. Y éste, por cierto, fue el anfitrión de Peña Nieto para la celebración del 18 de marzo. Obviamente los dos mencionados se abrazaron y luego lo hicieron con Romero Deschamps, como si nada ocurriera ni existieran serios problemas qué resolver. Incluso el asesinato de dos veracruzanos 1 día antes. No importó que cada 26 horas y media un reportero sea agredido. 18

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De 50 homicidios de periodistas (las cifras son del Informe de Artículo 19), 29 están si saber quién los efectuó, 20 son del crimen organizado y uno de un servidor público. Veracruz, Tamaulipas, Chihuahua y Coahuila son los estados con más tecleadores abatidos. Resulta preocupante que en el Distrito Federal empiecen a darse signos de represión. Ello ha ocurrido el 1 de septiembre, el 2 de octubre y el 1 de diciembre del año pasado. En el primero de ellos fue herido Juan Francisco Kuykendall, quien falleció el 25 de enero de 2014. Uno de los mencionados como parte de esta represión es quien renunció hace poco como comisionado nacional de Seguridad, Manuel Mondragón y Kalb, a quien se le ha querido destacar como el “policía modelo”, aunque ya sabemos que tiene mucha tela de donde cortar para hacerle un rosario de agresiones. Darío Ramírez señaló que es realmente inefectivo el Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas, de la Secretaría de Gobernación. Curiosamente, unas horas antes había renunciado Juan Carlos Gutiérrez, jefe de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos, también de la Secretaría de Gobernación. Claro, también existe la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, una parecida en el Distrito Federal, otra más de apoyo a los periodistas en la Cámara de Diputados y otras. De todas ellas no hay ni resultados serios ni condenas a fondo de los ataques a informadores. Sabemos, empero, que de 2003 a 2013 han desparecido 18 de ellos. Hay otros asuntos de trascendencia. Uno de ellos es que en Puebla, el gobernador de la entidad, Rafael Moreno Valle, está literalmente matando a los medios impresos, ya que no le da publicidad más que a tres, sus consentidos; en tanto, importantes diarios como La Jornada de Oriente, están en situación crítica. Algo similar ocurre con revistas “incómodas”, notoriamente Contralínea, la primera en denunciar lo de Oceanografía y la relación con los hijos de Marta Sahagún: Jorge y Manuel. En esa misma situación de castigo se encuentra Proceso. Sabemos, asimismo, del caso de un famoso periodista que salió de la televisión por insistir que el secuestro en México iba en aumento. Recientemente, el semanario Zeta investigó y documentó que en los 14 meses de Enrique Peña Nieto van 23 mil muertos, cifra que para Miguel Osorio Chong y Monte Alejandro Rubido es menor, aunque ni entre ellos mismos se ponen de acuerdo en el total de víctimas. Por eso tiene razón el poeta Javier Sicilia: “un gobierno que no puede dar cuenta de sus víctimas es un gobierno que comienza a tener complicidades muy graves con el crimen organizado” (Proceso, número 1950). En el Estado de México –antes con Peña Nieto y ahora con Eruviel Ávila–, el crimen hace cada vez más de las suyas. Por lo tanto, una cosa son las ficciones de que “vamos muy bien” y otra, la realidad que estalla por todas partes.3 *Periodista CONTRALÍNEA

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Ningunear a Rusia dudó en pedir ayuda a Occidente. Se trataba a la vez de tener acceso a la tecnología moderna y de disponer de fondos para adquirirla. Un negocio rotundo para Estados Unidos. Como contrapartida, Moscú debía aceptar el desmoronamiento del imperio astigar a Rusia, engañar a Ru- soviético. Cuatro años después de ese encuentro, los satélites de Moscú lograron sia, acabar con el poderío im- independizarse. Convertida en un mosaico de Estados independientes, la extinta perial de los zares rojos… Trato Unión Soviética perdió su estatus de gran potencia. Aparentemente, la profecía de de hacer memoria. Sucedió ha- los diplomáticos de la CSCE se había cumplido… Lo que siguió es harto conocido. Tras la disolución del Pacto de Varsovia, los ce 4 décadas, en la primera mitad de la de 1970, durante la gobiernos neocomunistas o postcomunistas de Europa oriental dirigieron sus mirafase preliminar de la Conferencia de Seguridad y Coo- das hacia Bruselas, Bélgica. La nueva apuesta tenía nombre: economía de mercado. Mas el cambio exigía un esfuerzo adicional: la integración en el sistema de defensa peración en Europa (CSCE). Se trataba, en aquel entonces, de persuadir a los jóvenes e inexpertos periodistas de Occidente, es decir la OTAN. Curiosamente, en sus negociaciones con Gorbachov, que la ofensiva diplomática de Occidente acabaría con la entonces administración estadunidense se había comprometido a no ampliar el número de socios de la Alianza ni integrar a los países del Este europeo en la estrucla cohesión del llamado bloque socialista, con el monolí-tico Pacto de Varsovia, temible rival de la Organización tura militar transatlántica. Sin embargo, hoy en día la OTAN cuenta con bases en del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), con el mundo Polonia y Eslovaquia, Rumania y Hungría, Letonia, Estonia y Lituania y en las repúblicas bálticas que formaban parte de la antigua Unión de Repúblicas Socialistas bipolar liderado por Washington y por Moscú. Una percepción de futuro difícilmente asumible por los inte- Soviéticas. Ni que decir tiene que la ampliación de la Alianza causó un profundo malestar grantes de la primera generación de la Guerra Fría, de en Moscú. Occidente no había cumplido su promesa. La OTAN no tardó en sacarse de la manga un instrumento diseñado para agradar a los estrategas moscoLos incidentes que derivaron en la crisis entre Moscú y vitas: el Partenariado Rusia-Alianza Atlántica. ¿Otra “operación sonrisa”? Hay quien estima que se trataba, Kiev, la integración de Crimea en la Federación Rusa y al menos aparentemente, de una manera elegante de la aplicación de sanciones exponen la miopía de la clase menospreciar al Ejército de la Federación Rusa. En 2008, política occidental mediocre cuando la OTAN decidió considerar la posible integración en su seno de Ucrania y Georgia, países clave para la seguridad de Rusia, el menosprecio se convirtió en ninguneo. mi generación. Presenciaremos el final del comunismo, Los incidentes de toda índole registrados en las últimas semanas, que desemboseremos sus enterradores, afirmaban rotundamente los caron en la crisis entre Moscú y Kiev, la integración relámpago de Crimea en la diplomáticos occidentales destinados a las consultas de Federación Rusa y la aplicación de sanciones contra los altos cargos rusos y ucranios Ginebra, Suiza, y Helsinki, Finlandia. por parte de Washington y Bruselas ponen de manifiesto la miopía de una clase políti¿Acabar con el comunismo? ¡Qué utopía! Sí, aque- ca occidental mediocre, incapaz de apreciar en su justo valor el orgullo y los sentimienllo parecía quimérico, totalmente irreal. Sin embargo, tos patrióticos de los rusos. Lo cierto es que gran parte de la población de la madre la llamada “operación sonrisa” surtió efecto. Diez años Rusia aplaude la supuesta bravuconada de Vladímir Putin, se identifica con el soberbio después de la aprobación del Acta de Helsinki, que algu- acto de adhesión de Crimea a la Federación, con el crepuscular retorno del prestigio nos tildaron de triunfo de la entonces Unión Soviética imperial. ¿Las sanciones? Más vale el castigo, justificado o no, que la indiferencia. por haber incluido en el documento cláusulas relativas Es posible que Rusia no sea esta democracia modélica que reclama Occidente, a la inviolabilidad de las fronteras nacionales y el res- que no cumpla a rajatabla las normas de buena conducta aplicables a los Estados peto de la integridad territorial de los Estados, el jefe del primer mundo, que no comulgue con los “valores” de la civilización transatlántidel gobierno soviético, Mijaíl Gorbachov, se entrevistó ca. Pero la madre Rusia es un país al que no se le puede ni debe ningunear.3 en Ginebra, con el expresidente estadunidense Ronald Reagan. En aquella cumbre, el inquilino del Kremlin no *Analista político internacional Adrián Mac Liman*/Centro de Colaboraciones Solidarias

CONTRALÍNEA

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Cecilia Martínez

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CONTRALÍNEA

CISEN INVESTIGA a exsecretario de Energía y tres exdirectores generales de Pemex por caso Oceanografía

CONTRALÍNEA

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PORTADA

El Cisen investiga las relaciones de Oceanografía y su principal accionista, Amado Yáñez, con el exsecretario de Energía Jordy Herrera; con los exdirectores generales de Pemex Raúl Muñoz Leos, Luis Ramírez Corzo y Juan José Suárez Coppel, y con el actual diputado Juan Bueno Torio. La indagatoria –cuya copia tiene Contralínea– detalla, además, los nombres de 14 funcionarios y seis exfuncionarios de la paraestatal contra quienes se procederá penalmente por beneficiar a la naviera con contratos por más de 8 mil millones de pesos; entre éstos, destacan el exdirector de PEP Carlos Morales Gil y el exabogado general Néstor García Reza. El documento, clasificado como confidencial, también revela que el gobierno de Calderón declinó proceder contra los hijos de Marta Sahagún por el tráfico de influencias en el que incurrieron por este caso de corrupción Nancy Flores, @nancy_contra/Primera de tres partes

l Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) indaga las relaciones de Oceanografía, SA de CV, con el exsecretario de Energía Jordy Herrera Flores; los exdirectores generales de Petróleos Mexicanos (Pemex) Raúl Muñoz Leos, Luis Ramírez Corzo y Juan José Suárez Coppel, y el diputado federal Juan Bueno Torio, exdirector de Pemex Refinación. El dossier de la investigación que realiza el órgano de inteligencia –del que Contralínea obtuvo una copia– refiere que el seguimiento es “por las probables irregularidades” en beneficio de la naviera, cuyo principal accionista, Amado Yáñez Osuna, ya fue arraigado por la Procuraduría General de la República (PGR). La pormenorizada pesquisa en torno a los cinco exservidores públicos incluye un rastreo de sus cuentas bancarias y sus bienes. En forma textual, el documento clasificado como confidencial y fechado en 2014 señala: “Se están siguiendo líneas de investigación sobre probables irregularidades en que habrían incurrido tres exdirectores generales de Pemex para beneficiar a Oceanografía, SA de CV; siendo éstos Raúl Muñoz Leos, Luis Ramírez Corzo y Juan José Suárez Coppel. “También se investiga por igual motivo a Jordy Herrera Flores, quien fungió como director general de Pemex Gas y Petroquímica Básica y quien el 9 de septiembre de 2011 fue designado como secretario de Energía por el [entonces] presidente Felipe Calderón [...quien ejerció el cargo hasta el 30 de noviembre de 2012]. “Por otra parte, aunque ya antes se ha investigado acerca de los vínculos del actual diputado federal Juan Bueno Torio con los

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CONTRALÍNEA

hermanos [Manuel y Jorge] Bribiesca Sahagún, como facilitador para la adjudicación de diversos contratos a Oceanografía, SA de CV, nuevamente se ha solicitado una revisión minuciosa de su actuación al frente de Pemex Refinación y sobre todo si existen datos que lo pudieran vincular con esta red de corrupción en torno de Oceanografía.” Según se desprende del documento, las indagatorias sobre los cinco exfuncionarios de primer nivel se insertan en la búsqueda de probables responsables por los perjuicios que sufrió el patrimonio público de Pemex, que podría superar los 8 mil millones de pesos referentes a los montos de los contratos anómalos.

En la mira, 20 funcionarios En su segundo apartado, el documento del Cisen se refiere a los “funcionarios y exfuncionarios de Pemex contra quienes se procederá legalmente en breve”. Se trata de una lista integrada por 14 servidores públicos en activo y seis que ya no laboran en la paraestatal más importante de México. Por el nivel jerárquico que desempeñaron, sobresalen dos: el exdirector de la subsidiaria Pemex Exploración y Produc-

“Autorización superior” benefició a naviera: Centro de Investigación y Seguridad Nacional l análisis elaborado por el principal órgano de inteligencia civil en México acerca de los beneficios que recibió la empresa Oceanografía revela que el gobierno de Felipe Calderón protegió de manera deliberada a los hijos de Marta Sahagún, esposa del expresidente Vicente Fox. También, que fue por una “autorización superior” que se le siguieron dando contratos millonarios a la naviera de Amado Yáñez. Al exponer los antecedentes del caso en su primer apartado, refiere que “a principios del gobierno de Felipe Calderón esta empresa fue objeto de una investigación exhaustiva no sólo por sus irregularidades, sino también por el vínculo de su socio principal [Amado Yáñez

CONTRALÍNEA

Osuna] con los hermanos [Manuel y Jorge] Bribiesca Sahagún, hijos de Marta Sahagún, quienes habrían cabildeado decenas de contratos a favor de Oceanografía, SA de CV, a cambio de millonarias comisiones”. Sin embargo, añade el documento, “a pesar de que al realizar esas investigaciones se obtuvieron datos sólidos que revelaban la existencia de múltiples anomalías, actos de corrupción y tráfico de influencias tanto por parte de la empresa, como de funcionarios de Pemex y de los hermanos Bribiesca Sahagún, se determinó no proceder en su contra y, por el contrario, con autorización superior se adjudicaron nuevos contratos a Oceanografía, SA de CV”.3 31 DE MARZO DE 2014

PORTADA ción (PEP), Carlos Morales Gil –quien ejerció el cargo del 1 de noviembre de 2004 al 7 de febrero de 2014, y salió por las presiones del caso Oceanografía–, y el exabogado general de la petrolera José Néstor García Reza, a quien el propio Cisen ya había señalado como supuesto integrante de una red de robo y tráfico de combustibles (Contralínea 333). Al respecto, el Cisen detalla en su nuevo documento que “además de la investigación en curso por sus vínculos con Oceanografía, a este exfuncionario se le investigaba previamente y por separado por enriquecimiento ilícito”. García Reza ejerció como abogado general de Pemex de 2005 a noviembre de 2010. En la lista también se encuentra Mario Alberto Ávila Lizárraga, exsubdirector de Mantenimiento y Logística de PEP. De éste, el informe confidencial señala que es hasta el momento uno de los exfuncionarios contra quien se tienen las pruebas más sólidas. Ávila Lizárraga fue candidato del Partido Acción Nacional al gobierno de Campeche en la elección de 2009 y formó parte del grupo político de Juan Camilo Mouriño, indica el órgano civil especializado en espionaje. Aunado a ello, el documento del Cisen apunta que ya se tienen elementos sólidos que podrían acreditar la responsabilidad de las otras 19 personas en la comisión de diversas irregularidades e ilícitos. “La mayoría de estos funcionarios y exfuncionarios son investigados por participar en una red de co-

El caso de Juan Bueno Torio l expediente confidencial al que tuvo acceso Contralínea da cuenta de un nuevo seguimiento del Centro de Investigación y Seguridad Nacional al ahora diputado federal Juan Bueno Torio, quien fuera director de Pemex Refinación. Según el documento, se investigan sus vínculos con los hermanos Manuel y Jorge Bribiesca Sahagún, “como facilitador para la adjudicación de diversos contratos a Oceanografía, SA de CV. “Además se ha solicitado otra vez [sic] la revisión de contratos adjudicados por Juan Bueno Torio durante su desempeño al frente

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de Pemex Refinación a empresas propias, de familiares y amigos, requiriéndose de manera especial información sobre los siguientes contratos: “Contratos GTT-039-01/03, GTT/039/01/PP/03 y GTT/039/01/2PP/03, adjudicados a la empresa Transportadora y Distribuidora Isabel, propiedad de Emilio Bueno Lázaro, tío de Juan Bueno, por un monto total de 4.5 millones de pesos. “Contrato GTT-003902/2004, otorgado en 2004 por Pemex Refinación a la empresa Transportadora y Distribuidora Isabel, propiedad de Emilio Bueno Lázaro, por un monto de 1 millón 800 mil pesos.

“Contrato GTT-039-01-M04, por un monto de 334 mil pesos, adjudicado a Transportadora y Distribuidora Isabel. “Contrato GTT-039CM/2005-2008, adjudicado en 2005 a Transportadora y Distribuidora Isabel, por un monto de 7 millones 171 mil 977 pesos. “Contrato GTT-039-01/2005, adjudicado a Transportadora y Distribuidora Isabel, por un monto de 1 millón 860 mil pesos. “Contratos adjudicados en 2004 y 2005 a la empresa Combor Transportes, propiedad de Rosa Bueno Torio, hermana de Juan Bueno, siendo éstos los siguientes: GTT-0333-01/2004, por un monto de 600 mil pesos;

GTT-0333-CM/2005-2008, por 150 mil 212 pesos; GTT-033301/2005, por un monto de 720 mil pesos. “Diversos contratos adjudicados a Fletera Continental de Líquidos, propiedad de Luis Ortiz Ríos, cuñado de Juan Bueno Torio.”3 CONTRALÍNEA

rrupción al interior de Pemex, principalmente en PEP, para beneficiar a Oceanografía con al menos 21 contratos millonarios por un monto superior a los 8 mil 744 millones de pesos, asignados a esa empresa entre julio de 2010 y junio de 2012”. Los funcionarios en activo, todos de PEP, son: José Luis Fong Aguilar, actual subdirector de Producción de la Región Sur; José Guadalupe de la Garza Saldívar, quien funge actualmente como subdirector de Mantenimiento y Logística; Baudelio Ernesto Prieto de la Rocha, titular de la Unidad de Perforación; Francisco Jacobo Gordillo, gerente de Administración de Mantenimiento y Logística; Víctor Hugo Ceballos Chávez, quien se desempeña como gerente de Logística Marina; Miguel Ángel Alpuche Delgado, gerente de Mantenimiento Integral Marítimo; Juan Sánchez Rivera, gerente de Programación y Evaluación; Mireya Juanita Miranda Moyar, titular de la Coordinación Integral de Control y Servicios; Martha Alicia Contreras Arrieta, coordinadora de Proyectos de Inversión; José Refugio Serrano Lozano, actual subdirector de Servicios a Proyectos; Benito Ricardo Maranto Barrera, quien funge como gerente de Mantenimiento y Logística de la Región Sur; Luis Primo Velasco Paz, quien es actualmente subdirector de Distribución y Comercialización; Juan Alfredo Ríos Jiménez, gerente de Perforación y Reparación de Pozos; Rubén Luján Salazar, gerente de Análisis y Dictamen Técnico de Proyectos. Los otros exfuncionarios, también de PEP, son: Sergio Aceves Borbolla, exsubdirector de Servicios a Proyectos; Carlos Enrique Becerra Schulz, exgerente de Suministros y Servicios Administrativos; Alejandro Peña Calderón, exgerente de Transporte y Distribución de Hidrocarburos de la Región Suroeste. A decir del Cisen, que depende de la Secretaría de Gobernación, “de la revisión que se ha realizado hasta la fecha se han detectado diversas irregularidades en la asignación y en la operación de múltiples contratos otorgados a Oceanografía, por lo cual se tienen líneas de investigación contra diversos funcionarios y exfuncionarios de Pemex, en contra de quienes en breve se presentarán diversas denuncias penales”. Agrega que esas 20 personas “no son los únicos contra quienes se pretende proceder legalmente, ya que se sigue ahondando en la extensa red de corrupción instrumentada en torno de Oceanografía, por lo que se espera que otros funcionarios y exfuncionarios, sobre todo de Pemex, sean también procesados en el transcurso de las próximas semanas”. Y aunque la línea principal de investigación en contra de estos funcionarios se centra en 21 contratos adjudicados a Oceanografía, el Cisen señala que la investigación se extenderá no sólo para revisar otros contratos asignados a esa empresa, CONTRALÍNEA

sino para indagar la actuación de otros funcionarios y exfuncionarios de Pemex que están implicados en esta red de corrupción y tráfico de influencias. Y es que del dossier del Cisen destacan las ausencias de quien fuera secretario de Energía y presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa; del exdirector general de Pemex Jesús Reyes Heroles, y del exabogado general de la paraestatal José César Nava Vázquez.

Los 21 contratos irregulares Por su relevancia en el caso de corrupción, tráfico de influencias y cohecho de la empresa Oceanografía –que ha tocado al primer círculo en la Presidencia de la República en los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón–, el expediente confidencial del Cisen subraya algunos contratos que están siendo investigados para proceder contra los funcionarios y exfuncionarios enlistados. Todos fueron adjudicados en el gobierno calderonista.

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PORTADA Se trata de los contratos 428221806 y 428221805, por un importe de 15 millones 98 mil 469.1 dólares (181 millones 909 mil 375.41 pesos, al tipo de cambio de la firma del convenio, refiere el documento), por concepto de transporte de personal, materiales y equipos ligeros con apoyo de lanchas rápidas, con vigencia hasta el 31 de octubre de 2014. También, el contrato 428221853 por un monto de 7 millones 65 mil 79.84 dólares (84 millones 901 mil 770.94 pesos al tipo de cambio de la fecha de la firma del convenio), por concepto de transporte de personal, materiales y equipos ligeros con apoyo de una lancha rápida, con vigencia hasta agosto de 2014. Además, el contrato 421002805, por un monto de 198 millones 52 mil pesos; los contratos multianuales 421002810, 421002811, 421002812, 421002813 y 421002814, por concepto de transporte, acondicionamiento y recuperación de fluidos con el apoyo de barcos procesadores, firmados el 13 de marzo de 2012 por un monto total de 343 millones 186 mil 680 dólares (2 mil 230 millones 714 mil 200 pesos al tipo de cambio de la fecha de la firma del convenio), con vigencia hasta diciembre de 2015, adjudicados directamente. Asimismo, el contrato 428232814, por un monto de 286 millones de pesos. También la licitación

18575108-514-12, por concepto de mantenimiento y apoyo de las actividades de perforación en plantas marinas ubicadas en el Golfo de México, adjudicada a Oceanografía por un monto de 563 millones 920 mil pesos, con vigencia hasta diciembre de 2014. El último caso al que hace referencia el documento es la licitación 18575108-51612, por concepto de rehabilitación y mantenimiento de las instalaciones marinas, con apoyo de una embarcación, adjudicada en 2012, por un monto de 296 millones y con vigencia hasta el 22 de noviembre de 2014.3 26

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CONTRALÍNEA

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CAPITALES

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Miguel Galindo

Pemex EL NEGOCIO DE LOS 3 BILLONES DE DÓLARES Alrededor de 3 billones de dólares estarán en juego en los próximos años en el sector petrolero mexicano. Durante mucho tiempo al acecho, las trasnacionales tienen ahora las puertas abiertas de los hidrocarburos de México. Previsible, que los casos de corrupción, saqueo e impunidad –como el que ha protagonizado Oceanografía– se multiplicarán con la “apertura” Marcos Chávez M*, @marcos_contra

CONTRALÍNEA

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Nuestro horizonte plomizo y nuestro triste destino: la privatización del mundo, el fetichismo capitalista y su fuga mortífera en la frenética aceleración de la búsqueda de ganancias, la insaciable conquista de los mercados, el cinismo de los vencedores

Cuartoscuro

CAPITALES

Daniel Bensaïd, Marx intempestivo

ara los tardíos doctrinarios del neoliberalismo que se placean por los circos financieros internacionales –por el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza, por ejemplo– repitiendo los manidos argumentos antiestatistas y exaltando las ventajas del inexistente “mercado libre” y las supuestas virtudes schumpeterianas y éticas del empresariado, y anunciando un nuevo ciclo de las fracasadas y desacreditadas reprivatizaciones, el cual ahora incluye a los energéticos que se venderán a precios de liquidación, siempre resulta perturbadora la inoportuna irrupción de los escándalos de corrupción en el escenario. Sobre todo cuando el tufo de la podredumbre que envuelve a la empresa Oceanografía devela, una vez más, hasta la indignación social, el verdadero rostro de los fundamentos neoliberales reprivatizadores. Cuando se descubre de nueva cuenta, hasta el tedio y la náusea, que estamos ante el enésimo caso de lo que el Premio Nóbel de Economía Joseph E Stiglitz calificó, en 2002, como “el capitalismo de amiguetes”, el cual “sugiere que la ideología del mer-

Gráfica 1

Inversión física petrolera esperada, 2014-2018

Fuente: Pemex. Estimado 2014-2018

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cado libre no es más que un ligero disfraz del anticuado bienestar corporativo: hay que dar a quien tenga las conexiones apropiadas”; en el que “los mercados, el exceso de desregulación, de los mercados sin grilletes, ofrecen incentivos para esa clase de trucos sucios”, en donde “hay conflictos de intereses inherentes [entre] los dueños y los administradores” y “las democracias se minan cuando los intereses corporativos pueden, de hecho, comprar las elecciones” (“El capitalismo de amiguetes al estilo ameCONTRALÍNEA

4El caso de corrupricano”; http://elpais.com/diario/2002/02/ 14/opinion/1013641206_850215.html). En palabras llanas, como dice Edgardo Buscaglia: es el “capitalismo mafioso”, donde la corrupción no es más que un pacto de impunidad entre las elites política y económica. La era de los contratos turbios y el “diezmo” parasitarios que desangran los dineros del Estado se enseñorea impúdicamente. El miasma del escándalo de la empresa CONTRALÍNEA

Oceanografía devela la falaz “autorregulación” del “mercado” y el fango en que chapotea la inescrupulosa impunidad delictuosa empresarial, amparada por la complicidad gubernamental. Por la tolerante supervisión y la deliberada falta de control y transparencia con que operan los reguladores del “dejar hacer, dejar pasar” (“¿quién vigila a los guardianes? ¿Quién hace auditorías a los auditores?”, se pregunta Stiglitz), los Chicago Boys de Hacienda: Francisco Gil Díaz, Ernesto Cordero, José Antonio Meade, Luis Videgaray; del Banco de México: Guillermo Ortiz, Agustín Carstens; de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores: Guillermo Babatz, Jaime González; de la Bolsa Mexicana de Valores: Luis Téllez; de la Auditoría Superior de la Federación: Juan Manuel Por-

ción OceanografíaPemex devela la falaz “autorregulación” del “mercado” y la impunidad empresarial, amparada por la complicidad gubernamental

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CAPITALES Cuadro 1

Pemex y organismos subsidiarios: ingresos corrientes, inversiones e intereses estimados, 2013-2023

Fuente: elaboración propia con datos de Pemex

tal; y los responsables del ramo energético que avalaron los turbios contratos concedidos a la empresa de referencia: los secretarios de Energía: Felipe Calderón, Fernando Canales, Ernesto Martens, Fernando Elizondo, Georgina Kessel, José A Meade, Jordy Herrera, Pedro Joaquín Coldwell; y los directivos de Petróleos Mexicanos (Pemex): Raúl Muñoz Leos, Luis Ramírez Corzo, Jesús 32

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Reyes-Heroles, Juan José Suárez Coppel, Emilio Lozoya Austin. También embarran a los gobiernos felices de la “alternancia democrática a la mexicana” (Vicente Fox y Felipe Calderón) y al del retorno al indeleble pasado que nunca se fue (Enrique Peña Nieto), además del conjunto del sistema político mexicano (los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial). Sin duda, el estercolero de Oceanografía-Banamex-Pemex ha dejado en una postura incómoda a Enrique Peña, en virtud de la red compleja y mafiosa tejida, y de los delitos económicos que se extienden hasta las familias presidenciales y a personajes como Pedro Aspe o Ernesto Zedillo, entre otros. Pero no porque éste se vea o se sienta forzado a romper con una de las viejas reglas no escritas del sistema político autoritario, en aras de cumplir con uno de los deberes constitucionales de un gobernante que se precie de republicano y se ciña al imperio de las leyes: restaurar el violentado estado de derecho y aplicar la justicia hasta sus últimas consecuencias, lo que implicaría someter a juicio a los dos responsables que solaparon la corrupción, el tráfico de influencias, el quebranto del erario, la impunidad de la famiglia Bribiesca Sahagún: los bosses Fox y Calderón. Sin embargo es impensable que Peña Nieto se apegue al canon: a los enemigos, la ley a secas; a los amigos, justicia y gracia cuando quepa esta última. En el México posrevolucionario nacionalista-neoliberal nunca se ha tocado a un extitular del Ejecutivo que haya quebrantado la ley. En esas circunstancias, elípticamente suele afectarse a algún funcionario cercano al grupo de poder del príncipe saliente, como forma de advertencia, o excepcionalmente a un familiar, como fue el caso de Raúl Salinas de Gortari, en sustitución del hermano Carlos. Pero no por razones justicieras, sino para avasallar la pretenciosa omnipresencia callista de este último, quien había quebrantado la norma no escrita de la omertà del presidencialismo autóctono: el eclipsamiento silencioso del déspota agonizante para facilitar el encumbramiento y la consolidación política del sustituto. Enrique Peña Nieto CONTRALÍNEA

CONTRALÍNEA

Cuartoscuro

no se puede dar el lujo de desenvainar la espada de Damocles porque ella gravitaría sobre su propia cabeza una vez perdida la impunidad del poder presidencial. Al respecto, escribió el poeta Horacio en sus Odas: “Para aquel que ve una espada desenvainada sobre su impía cabeza, los festines de Sicilia, con su refinamiento, no tendrán dulce sabor, y el canto de los pájaros, y los acordes de la cítara, no le devolverán el sueño”. Enrique Peña tiene un rabo demasiado largo. Recuérdese, a modo de ejemplo, su descarada violación a la ley financiera electoral, emulando la tropelía de Calderón. Legalmente le correspondía ejercer un gasto por 336 millones de pesos. No obstante, utilizó 4.6 mil millones, 12.7 veces más, sin que quede claro hasta el momento el origen de los recursos, cuyo movimiento se asemeja al lavado de dinero. La compra de votos y de la Presidencia (o el asalto, si se prefiere) volvió a salirle onerosa a los contribuyentes. Al “salvador de México”, Peña Nieto, y al “secretario de finanzas del año”, Luis Videgaray, no les inquieta que la rampante corrupción institucionalizada alrededor de Pemex –y de los contratos públicos en general– afecte al estado de ánimo de los inversionistas esperados. El “capitalismo de amiguetes” es una práctica común en la acumulación de capital a escala mundial. Los costos por el pago de comisiones, sobornos, tráfico de influencias, apoyos desinteresados a partidos y políticos, entre otros similares, son blanqueados en las hojas de balance de las empresas de la burguesía generosa, gracias a la “creatividad contable”. El problema radica, en todo caso, en que, por alguna razón, las operaciones fraudulentas no puedan ser ocultadas por las firmas y los reguladores, y aparecen públicamente. Los fraudes de Enron, por ejemplo, fueron cubiertos, mientras se pudo, por el exsecretario del Tesoro de Estados Unidos, Robert Rubin. Cosas del conflicto de intereses y la llamada “puerta giratoria” (funcionarios que pasan de las empresas al gobierno y luego regresan). George Bush hijo bloqueó todo intento por develar la relación entre sus intereses

4El exsecretario de corporativos y la definición de la política de energía estadunidense. Enron, como otras tantas empresas beneficiadas, había financiado campañas presidenciales y de congresistas de su país. En 2009 estalló lo que entonces se conoció como el mayor caso de corrupción en la historia de la democracia española: gracias a su relación con el neofranquista Partido Popular, al menos 23 empresas obtuvieron corruptamente jugosos contratos en negocios inmobiliarios y de servicios públicos por millones de euros entre

Hacienda Ernesto Cordero y el actual titular de esa dependencia, Luis Videgaray

Gráfica 2

Precio medio del crudo de exportación y costos de exploración y producción

Fuente: Pemex. Estimado 2014-2018

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Presidencia/Cuartoscuro

CAPITALES

4El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y el director de la paraestatal petrolera, Emilio Lozoya Austin

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2004 y 2008. Sólo las empresas del grupo Gurtel pagaron sobornos por 10 millones de euros a los funcionarios madrileños. La menemista privatización petrolera argentina de 1992 quedó enturbiada por la sospecha de sobornos millonarios a los legisladores de entonces. Aquí, lo que sí es motivo de nerviosismo para Peña y Videgaray es, primero, que el escándalo emergiera en Estados Unidos, dado que en México las autoridades son mudas, ciegas y sordas, lo que dificulta una política de control de daños, con el consecuente riesgo de que, eventualmente, alcance proporciones inmanejables y la inmundicia enlode aún más al sistema, merced al creciente y voraz enjambre de contratistas que han sentado sus reales en Pemex, en connivencia con la elite política. Después, porque los panistas condicionaron el término de las leyes secundarias en materia energética a la conclusión de las investigaciones relativas al fraude de la naviera Oceanografía. Tres de los panistas que abandonaron la Comisión de Energía del Senado donde se “negociaban” dichas leyes son peculiares: Francisco J García Cabeza de Vaca, que era amigo del difunto Juan Camilo Mouriño, manchado por las aguas residuales de Pemex, y no precisamente petroleras; Jorge L Lavalle –cuya suplente es la mamá de Mouriño–, que fue coordinador de la campaña de Mario Ávila, frustrado suspirante panista a la gubernatura de Campeche, espléndido exfuncionario de Pemex cuando la paraestatal otorgaba expeditos contratos de dudosa reputación a Oceanografía y que, por eso mismo, es actualmente candidato al presidio por tanta generosidad; y Salvador Vega, quien fuera secretario de la Función Pública y que nunca vio nada anormal justo cuando las anomalías se volvían escandalosamente normales… Es cierto que el Partido Revolucionario Institucional-Partido Verde Ecologista de México puede sacar adelante la ley secundaria añorada por los amigotes, si no hay defecciones y alinean a cuatro versátiles votos opositores para alcanzar la mayoría simple. Pero no es lo mismo una aprobación ajustada que una holgada con la santa alianza cómplice paCONTRALÍNEA

Cuadro 2

Pemex: comparación internacional de costos, 2012 (dólares estadunidenses por barril) Costos de producción Pemex 6.84 Statoil 7.5 Total 8.17 Exxon 9.91 Conoco 10.57 ENI 10.82 Shell 12.47 BP 12.50 Petrobras 13.62 Chevron 15.46

Costos de exploración y desarrollo Shell 11.75 Pemex 13.77 conoco 15.54 BP 17.37 ENI 18.69 Petrobras 18.87 Exxon 19.31 Total 22.68 Chevron 28.81 Statoil 32.96 Fuente: Pemex

nista, por aquello de la fantasmagórica legitimidad “democrática”. ¿Qué ofrecerá Peña a cambio a los panistas? El asunto no es fácil cuando se tienen encima los reflectores de un jurado federal y de la Corporación Federal de Seguros de Depósito estadunidenses sobre el Citigroup-Banamex-Oceanografía y, por añadidura, sobre el gobierno mexicano. A los peñistas, empero, les urge aprobar la ley secundaria que definirá los términos del suculento banquete petrolero. Es decir, de regresar a este sector estratégico y emblemático de la soberanía nacional a la voracidad de las corporaciones, como en la dorada época porfirista. Quizá esto aplaque al gobierno estadunidense. Puede que lo serene si se considera que la contrarreforma subordina finalmente los hidrocarburos mexicanos a los intereses geopolíticos y energéticos estratégicos estadunidenses, y los entrega a las corporaciones. El negocio es más que apetecible. A finales de 2013, el analista José Luis Apodaca señaló que las empresas privadas nacionales y extranjeras tendrán acceso a una riqueza en reservas de hidrocarburos equivalente a una renta potencial de unos 3 CONTRALÍNEA

billones de dólares. Los ingresos excedentes (los adicionales a lo presupuestado) sumaron 1.2 mil millones de pesos (las cursivas son mías). De ellos, poco más del 50 por ciento corresponden a los derivados de los derechos petroleros. Los ingresos de la paraestatal antes de intereses, impuestos y amortizaciones pasaron de 71 mil millones de dólares en 2008 a 88 mil millones en 2012. La inversión promedio ha sido de 22 mil millones de dólares, mientras que empresas como Exxon o BP (antes British Petroleum) realizan inversiones globales por 36 mil millones de dólares. El pago de su deuda ocupa el 6.4 por ciento en proporción de su capital de operación, por lo que resulta muy discutible la afirmación de que carece de recursos para afrontar nuevos retos. Tan apetitosa es la industria petrolera, agrega Apodaca, que en los últimos 2 sexenios las empresas trasnacionales, en nombre de Pemex, ejecutaron contratos por 200 mil millones de dólares en proyectos para extraer crudo. Con la reforma energética multiplicarán sus ganancias por un factor de cinco. Es decir, a 1 billón de dólares (www.jornada.unam.mx/2013/12/13/economia/035n1eco). La distribución del gas ya está virtualmente controlada por unas cuantas empresas voraces que esquilman a los consumidores con la complacencia oficial. Quince de ellas acaparan La iniciativa privada partialrededor del 85 por ciento del mercado nacional: Grupo Tomza, Gas Uribe, Vela cipará en toda la cadena Gas, Nieto y Zaragoza. Dichas empresas productiva del sector gaseras tienen un nombre comercial matriz en todo el país, pero cada una de ellas llega petrolero: exploración, a tener de 25 a 30 filiales con similares o explotación, transporte, distintos nombres o forma nuevas compaalmacenamiento, refinación ñías con el uso de prestanombres. Lo mismo ocurre con la distribución de gasolinas. La estimación cuantitativa de Apodaca del negocio que departirán las corporaciones es consistente. Veamos algunos detalles: Según la Presentación a inversionista. Enero de 2014, de Pemex, la apertura reprivatizadora va en serio. El sector privado participará en toda la cadena productiva: la exploración de reservas, la explotación, transporte, almacenamiento y distribución de hidrocarburos; en los procesos industriales: refinación, proceso de gas, petroquímicos y petrolíferos; por medio de una diversidad de contratos: de compensación, de servicios (dinero en efectivo), de utilidad y producción compartidas (porcentajes de utilidad y de producción), de licencias (transferencia onerosa de propiedad). Por principio, les dará acceso a explotación de las reservas de hidrocarburos que, en el caso de las probadas, el total asciende a 13.9 mil millones de barriles de petróleo crudo equivalente y a 10 mil millones de barriles de petróleo crudo, y 1.4 mil millones de pies cúbicos, y cuyo periodo de vida, al ritmo de explotación de 2013, es del orden de 10 años. El total de reservas, que incluye además a las probables y posibles, suma 44.5 mil millones y el 31 DE MARZO DE 2014

Ariel Gutiérrez/Cuartoscuro

Sergio Ortiz

CAPITALES

4El actual director

de Petróleos Mexicanos consideró como “caso aislado” el tema de la corrupción de Oceanografía

4Los expresidentes de México Felipe Calderón y Vicente Fox

crudo a 31 mil millones, cuyo horizonte es de alrededor de 33 años (Pemex, Anuario estadístico 2013). La lógica de la apertura petrolera es aumentar la producción de petróleo de 2.5 millones de barriles diarios actualmente a 3 millones en 2018, y a 3.5 millones en 2025. La de gas natural de 5.7 mil millones de pies cúbicos diarios a 8 mil millones en 2018, y 10.4 mil millones en 2025. Es obvio que en esos años las ventas, ingresos y utilidades esperados por los participantes en la industria variarán de acuerdo con la demanda, los precios, los costos, etcétera. Descontando gastos, en Sin embargo, datos de Pemex permiten hacer un ejercicio para aproximarse a 2013 Pemex obtuvo un la magnitud del negocio que compartirendimiento por 1 billón rán el gobierno, Pemex y las empresas privadas. de pesos. Después del En 2013, la paraestatal y sus organispago de impuestos, un mos subsidiarios obtuvieron ingresos corrientes por las ventas de 1.9 billones de déficit por 3.1 mil millones pesos corrientes, equivalente a 143 mil millones de dólares. De esa cantidad 619 mil millones de pesos correspondieron a las ventas externas y 1.1 billón a las internas, 47 mil millones de dólares y 82 mil millones en cada caso. Si a los ingresos se agrega la inversión física (329 mil millones de pesos o 26 mil millones de dólares) y los intereses pagados por la deuda de Pemex (41 mil millones de pesos o 3.3 mil millones de dólares), entonces el espacio donde podrá participar el sector privado (de hecho ya lo hace) se amplía hasta 2.2 billones de pesos o 171 mil millones de dólares. 36

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Si sólo se ajustan las cifras anteriores con la inflación y la paridad esperadas en lo que resta del peñismo (tasa anual de 4 por ciento y alrededor de 13.1 pesos por dólar), hacia 2018 los ingresos corrientes podrían ubicarse en 2.3 billones de pesos (171 millones de dólares), las ventas por exportación en 753 mil millones de pesos (58 mil millones de dólares) y las internas en 1.3 billones (10 mil millones de dólares). Agregándose la inversión y los intereses, el gran total llegaría a 2.7 billones de pesos o a alrededor de 209 mil millones de dólares. De manera acumulada, los ingresos entre 2014 y 2018 ascenderían a 10.6 billones de pesos o 956 mil millones de dólares. Si se considera el lapso de vida de las reservas probadas, entonces las cantidades pasarían a 23 billones de pesos y 1.8 billones de dólares. Descontando los gastos y antes del pago de impuestos, Pemex y sus subsidiarias obtuvieron un rendimiento por 1 billón de pesos o 77.5 mil millones de dólares en 2013. Una vez realizado el saqueo fiscal (1.18 billones de pesos o 77.7 mil millones de dólares), el resultado final es un déficit por 3.1 mil millones de pesos. Era natural que el esquema tributario tuviera que modificarse, ya que ninguna empreCONTRALÍNEA

Ángel Hernández/Cuartoscuro Isaac Esquivel/Cuartoscuro

4Los consumidores tendrán que pagar impuestos y precios de los hidrocarburos debido a la

4El exdirector gene-

menor carga fiscal que se les aplicará a las corporaciones

sa privada aceptaría trabajar sólo para la hacienda pública. Los consumidores tendrán que pagar impuestos y precios de los hidrocarburos debido a la menor carga fiscal que se les aplicará a las corporaciones. Inicialmente, alrededor del billón de pesos de la renta petrolera girará la redistribución pública y privada. En el Informe citado se señala que Pemex ocupa el lugar 13 entre las compañías más grandes de América, medida por sus ingresos (126 mil millones de dólares). El primero corresponde a Exxon Mobil (453 mil millones de dólares), el tercero a Chevron (246 mil millones), el siguiente a ConocoPhillips (237 mil millones) y el sexto a Petrobras (146 mil millones). La diferencia es que éstas –salvo Petrobras– sólo comparten las ganancias netas (después del pago de impuestos) con sus accionistas; el gobierno compartirá la renta con los “socios” privados, la cual será restada a los mexicanos porque ellos tendrán que pagar mayores precios. Es obvio que las cifras citadas previamente son un pálido reflejo de las ganancias privadas que se aspiran obtener en la industria. Por ejemplo, se espera una inversión 149 mil millones de dólares (30 CONTRALÍNEA

mil millones anuales) en 2014-2018. Al menos 10 mil millones serán de responsabilidad empresarial. Se estima que se construirán 10 mil kilómetros de gasoductos, con una inversión calculada en 50 mil millones de dólares, de los cuales unos 23 mil millones serán realizados por el capital privado. Si antes de aprobarse la reprivatización ya se habían entregado zonas como Chicontepec, Burgos y campos maduros al sector privado, las concesiones se ampliarán significativamente. Por sí misma, la extracción del crudo es más que rentable. El costo de exploración y desarrollo es de 13.72 dólares por barril. El de producción del crudo en 6.84 dólares. El precio medio de la mezcla de exportación fue de 98.46 dólares por barril. Las crecientes importaciones de hidrocarburos resultan ser otra área atractiva debido a su explosivo crecimiento. En 2002, el total sumó 3.3 mil millones de dólares. El gas natural seco, 775 millones; los petrolíferos, 2.5 mil millones, y los petroquímicos, 46 millones. En 2013, las compras totales llegaron a 28.3 mil millones de dólares; el gas natural seco, a 2.5 mil millones; los petrolíferos, a 25.7 mil millones; y los petroquímicos, a 129 millones. En el caso de los petrolíferos, el valor de las importaciones de las gasolinas pasó de 1.2 mil millones de dólares a 19 mil millones entre 2002 y 2012. Cada área de los hidrocarburos que se abra al sector privado representará un nuevo espacio de ganancias. Poco importa que la relación Pemex-sector privado supure corrupción actualmente. Ello, pese a que Emilio Lozoya considere el de Oceanografía como “un caso aislado”.3

ral de Pemex, Jesús Reyes-Heroles

*Economista 31 DE MARZO DE 2014

Ivรกn Stephens/Cuartoscuro

SOCIEDAD

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CONTRALร NEA

Regresa LA GUERRA SUCIA CONTRALÍNEA

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Luis Carbayo/Cuartoscuro

SOCIEDAD

En el escenario de los estrategas de las corporaciones policiacas, 2014 será un año de marchas y descontento popular. Las autoridades ya esperan las manifestaciones de repudio: han iniciado la penalización de la protesta y han desempolvado algunas tácticas de la Guerra Sucia, como los interrogatorios y detenciones extralegales, las amenazas y la fabricación de pruebas para inculpar activistas. Defensores de derechos humanos y especialistas en el estudio de los movimientos sociales observan el riesgo de que se realicen persecuciones selectivas. Los grupos anarquistas, los que mayor nerviosismo causan entre las corporaciones de la Ciudad de México Rogelio Velázquez, @rogelio_contra

l pasado 1 de diciembre, aproximadamente a las 23:00 horas, Erick Leonel Aguilar Ruiz, activista universitario de 19 años, llamó a su casa para avisar que no llegaría a dormir. Su hermana le dijo que en esos momentos su casa era cateada por aproximadamente 60 elementos de la Procuraduría General de la República, la Policía Federal y de la Secretaría

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de Seguridad Pública del Distrito Federal. Los agentes habían llegado 1 hora y media antes con una orden “para buscar indicios de terrorismo, asociación delictuosa, tráfico de armas y narcotráfico. Al menos eso fue lo que alcanzó a ver mi familia”, explica Erick en entrevista con Contralínea. El cateo terminó a las 02:00 horas. Los agentes tomaron fotos de cada espacio en el cuarto de Erick. Buscaron propaganda política, hojearon cada libro CONTRALÍNEA

Diego Simón/Cuartoscuro

4”Se busca dar un de la habitación y revisaron película tras película de su colección. “Amenazaron a mi familia. Le dijeron que ya me tenían checado, que no me atreviera a hacer algo. Tomaron como pruebas unas botellas de vidrio que contenían jugo: dijeron que [yo] las utilizaría como bombas molotov”, explica. Aguilar Ruiz expone que en el Artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se asienta que un cateo se realiza cuando ya se conoce el delito por el cual se puede aprehender a una persona. “En mi caso son sólo sospechas, es una forma de atemorizarme. Fue algo totalmente arbitrario”. Los agentes requisaron una computadora portátil, varios teléfonos celulares –algunos descompuestos– y documentos personales. El activista argumenta que pueden sembrarle algo: alguna prueba que lo involucre con un delito. Erick Leonel había sido detenido el pasado 2 de octubre antes de llegar a la marcha conmemorativa de los 45 años de la matanza de estudiantes en Tlatelolco. Fue bajado del transporte público por poliCONTRALÍNEA

cías capitalinos. Se le acusa de ataques a la paz pública, pero el Ministerio Público no ha presentado pruebas. El proceso judicial lo enfrenta en libertad. El día que fue cateada su casa, él se encontraba en el plantón por la libertad de Mario González, joven anarquista de 21 años detenido en las mismas circunstancias que él. Por ello, teme que “el Estado planee crear un montaje: quiere tejer redes para hacer pasar a organizaciones estudiantiles como terroristas. Es muy posible que haya más cateos”. Asegura: “Es muy fuerte la ofensiva que hemos recibido por llevar la lucha en la UNAM [Universidad Nacional Autónoma de México] contra las reformas a los planes de estudio. Se busca dar un castigo ejemplar a los compañeros de cierta ideología que se movilizan. En la década de 1970 era contra los comunistas, ahora es contra los anarquistas”.

castigo ejemplar a los compañeros de cierta ideología que se movilizan. En la década de 1970 era contra los comunistas, ahora es contra los anarquistas”

Ana Delsey Los casos de intimidación gubernamental aumentan. El 1 de diciembre de 2013, Ana Delsey Colli 31 DE MARZO DE 2014

SOCIEDAD Casasola, estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, asistió a la marcha que conmemoró 1 año de las manifestaciones en contra de la llegada de Enrique Peña Nieto a la Presidencia de México. Durante ésta no hubo ningún incidente. No obstante, al dirigirse al Norte de la Ciudad, después de la marcha, fue detenida en el transborde de la estación Guerrero del Sistema de Transporte Colectivo Metro –entre la línea 3 y la línea B– por dos civiles con corte tipo militar, botas negras, gorra color caqui, pantalón de mezclilla y camiseta blanca. Eran las 14:00 horas. “Tú tranquila, este desmadre ya reventó. Sigue caminando y no te va a pasar nada. Te va a cargar la chingada si te mueves”, le habrían dicho al tiempo que la sujetaban por la espalda. Sin dejar de sujetarla discretamente, la obligaron a abordar el tren con dirección a la estación terminal de Indios Verdes. Antes de que le quitaran su celular, Ana Delsey alcanzó a mandar un mensaje a uno de sus amigos: “Me atoraron”.

hace 10 años, pero fue militar muchos años. Al tener esos datos y con base en su vestimenta, supongo que fueron militares los que me detuvieron. En medio de la incertidumbre y el miedo, la joven escuchó que sus captores se comunicaban con alguien más vía telefónica en espera de órdenes. Llegó una llamada. Posteriormente Ana fue tirada en la parte de atrás de la estación Atlalilco de la Línea 12 del Metro, ubicado en el Suroriente de la Ciudad, minutos antes de las 19:00 horas. Habían pasado casi 5 horas desde que fue levantada. “Me preguntaron por Mario González, qué vínculos tenía con él, en qué huelgas había estado, para quién trabajaba. Yo les respondí que no lo conocía, que no pertenecía a ninguna organización y que mi último trabajo había sido en Sears.” Ana Delsey dice que a partir de ese día constantemente recibe llamadas a su casa: cuelgan sin decir nada. En su teléfono móvil hay mucha interferencia, y su cuenta de Facebook fue bloqueada sin su autorización.

Cristian Sánchez

El 1 de diciembre de 2013, la estudiante Ana Delsey Colli fue detenida en el transborde de la estación Guerrero del Metro por dos civiles con corte tipo militar. Minutos antes había participado en una marcha

Su celular contenía fotografías de la marcha del 2 de octubre. Al verlas, los dos hombres le dijeron: “¡Ya ves pinche vieja; te va cargar la verga!”. En la estación Deportivo 18 de Marzo la sacaron de las instalaciones del Metro e inmediatamente la subieron a una camioneta negra con vidrios polarizados que se encontraba cerca de la estación. “Me tiraron boca abajo en el asiento trasero. Comenzaron a dar vueltas por varias calles que no alcancé a ver. Durante ese tiempo sonaban golpes en la cajuela, como si llevarán a alguien ahí dentro. “Marcaron a mi casa para pedirle dinero a mi mamá. Después de hablar con ella sacaron una pistola y la colocaron en mi cabeza. Yo estaba en shock”, señala Ana Delsey. —¿Te golpearon? —Sólo algunas patadas leves. No fue algo violento. Fue completamente sicológico. Me dijeron que cómo era posible que yo anduviera en manifestaciones a pesar de quién fue mi abuelo. Mi abuelo murió 42

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Antes del levantón de Ana Delsey, poco antes de las 10:00 horas, Cristian Sánchez Méndez fue detenido en la estación Pino Suárez del Metro. Él se dirigía a una actividad en la explanada de Bellas Artes para difundir el trabajo de la Brigada Multidisciplinaria de Apoyo a las Comunidades de México, la cual está compuesta por estudiantes que en su mayoría busca acercar proyectos productivos a comunidades empobrecidas. “Vi a muchos elementos de seguridad, los llamados ‘boinas’, al interior del Metro. Pensé que era un operativo contra los vendedores ambulantes. De pronto me quedo solo y me rodean”, narra Cristian. Una vez detenido, el joven fue llevado al Ministerio Público que se encuentra afuera de dicha estación y sin explicarle por qué había sido detenido. Minutos después fue sacado de las instalaciones del Metro y transportado en una camioneta pick up de la policía capitalina a la Agencia 50 del Ministerio Público, el llamado búnker. Ahí preguntó el motivo de su detención, cuestionó la necesidad de tener un abogado presente y el derecho a hacer una llamada. Los agentes judiciales le explicaron que no se trataba de una detención formal, sino de un procedimiento rutinario, en el que sólo le harían un breve interrogatorio y lo dejarían ir. Le realizaron tres bloques de preguntas. El primeCONTRALÍNEA

Jose ́Martínez/Cuartoscuro

por su activismo político, se desató una persecución contra estudiantes y luchadores sociales

ro sobre cuestiones personales y laborales, y el segundo sobre su participación política. En el tercero, con un tono más intimidatorio, le cuestionaron detalles puntuales del activismo que había realizado y le preguntaron por personas en particular relacionadas con grupos anarquistas, a pesar de que el Grupo de Acción Revolucionaria en el que milita es de una clara tendencia comunista. “Me preguntaron sobre el Bloque Negro. Me cuestionaron sobre si pensábamos hacer alguna acción en la marcha de ese día, o sobre si llevaba material para algo en específico. Por más que les expliqué que no tengo relación con esos grupos, no me creyeron.” Cristian Sánchez estuvo el pasado 13 de septiembre en el desalojo del Zócalo capitalino. Ese día fue golpeado por elementos de la Policía Federal. Aún se observa la cicatriz de la agresión en su nariz. Entre burlas, los judiciales que lo interrogaron en el búnker le dijeron: “¿No aprendiste la lección de ese día?”. El joven dice: “Tenían mucha información de mi actividad política; por ejemplo, sabían que participé CONTRALÍNEA

Sergio Ortiz

4Con el caso de Mario González, anarquista en prisión

4Anarquistas, en la mira de las autoridades capitalinas. Antes y después de las movilizaciones, se realizan las detenciones arbitrarias, señalan afectados

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David Deolarte/Procesofoto

SOCIEDAD en las pláticas entre las madres de Ciudad Juárez y la Secretaría de Gobernación, y en la lucha de San Salvador Atenco. Ya tenían las respuestas de las preguntas que me hacían, sólo querían corroborar la información. Incluso me enseñaron fotografías con mi rostro de movilizaciones pasadas”. Después de 7 horas, Cristian fue trasladado a la delegación Cuauhtémoc, donde fue puesto en libertad inmediatamente.

Sergio Ortiz

Legalizar la represión

4Aumenta la criminalización de la protesta: en diciembre se aprobó castigar con prisión a quien destruya total o parcialmente instalaciones o vías de comunicación, servicios de navegación aérea, marítima o de aeropuertos

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Los casos expuestos evidenciarían acciones de seguimiento, monitoreo y vigilancia de activistas, efectuadas por elementos de la policía capitalina. Además de ello, el 3 de diciembre de 2013 se aprobaron en la Cámara de Diputados reformas a las coloquialmente llamadas leyes antiterroristas. Con 318 votos a favor, 114 en contra y dos abstenciones, los legisladores avalaron una pena de entre 20 y 30 años de prisión a quien utilice explosivos o materias incendiarias, o que por cualquier otro medio destruya total o parcialmente instalaciones o vías de comunicación, servicios de navegación aérea, marítima o de aeropuertos. El proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal Federal; del Código Federal de Procedimientos Penales; de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada; del Código Fiscal de la Federación, y de la Ley Federal de Extinción de Dominio, Reglamentaria del Artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se encuentra en el Senado de la República. En caso de que esta cámara ratifique las reformas, sólo restará que el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, las publique en el Diario Oficial de la Federación para que entren en vigor. Para el abogado Juan de Dios Hernández Monge, miembro del Colectivo de Abogados Zapatistas, la figura de terrorismo es una “irradiación” de la Ley Patriótica de Estados Unidos como consecuencia del 11 de septiembre de 2001. CONTRALÍNEA

Eduardo Miranda/Procesofoto OctavioGómez/Procesofoto

4Además de reprimir las manifestaciones, los policías capitalinos han realizado acciones de seguimiento, monitoreo y vigilancia de activistas, señalan las víctimas

4Con las reformas “antiterroristas” y de regulación de marchas se está legitimando la represión: Hernández Monge

—¿Podría ser acusado de terrorismo a quien arro- taciones Públicas en el Distrito Federal, en el cual se je una bomba molotov? prohíbe el bloqueo de vías primarias por parte de ma—Así es –señala el abogado y catedrático de la nifestantes; establece un horario para marchar entre Universidad Nacional Autónoma de México–. Hace las 11:00 y las 18:00 horas, y se solicita que los inconunos años defendí un caso en el que unos muchachos formes avisen con 48 horas de anticipación para la fueron encontrados en una manifestación con bote- realización de una marcha. llas que contenían gasolina. El juez aprovechó que la Esta la ley impide a los manifestantes emplear vioLey Federal de Armas de Fuego y Explosivos estable- lencia en contra de las personas y sus bienes e intimice una enumeración de armas de uso exclusivo del dar o amenazar a la autoridad, además de proferir Ejército; a dicha enumeración se le suma la expresión “y similares”. De esa expresión se valió para decir que una bomba “En México no ha habido ataques terroristas... Lo que se molotov es similar a un misil, tan sólo por llamarla coloquialmente bomba. pretende con las reformas es vincular a los grupos sociaEl doctor Adrián Ramírez, presidenles con esas actividades y desarticular sus acciones polítite de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, considera que las cas y de desobediencia civil” reformas a la ley sobre terrorismo es una vuelta de tuerca más a la política represiva del Estado mexicano. “En México no ha habido ataques terroristas, salvo insultos u obligar a alguna autoridad a resolver algún algunas acciones atribuidas a elementos de la delin- asunto en el sentido que lo deseen. cuencia organizada. Lo que se pretende con las reforEl dictamen fue turnado a la Mesa Directiva de la mas es vincular a los grupos sociales con actividades Cámara de Diputados para incluirlo en el listado de terroristas y desarticular sus acciones políticas y de asuntos pendientes. desobediencia civil”, comenta. En entrevista con Contralínea, el abogado y defenAdemás de las reformas a nivel federal de la “ley sor de derechos humanos Jesús Robles Maloof expoantiterrorista”, para el ámbito local fue aprobado en ne que la ley de manifestaciones, en el fondo, propone diciembre de 2013 el dictamen de la Ley de Manifes- olvidar los preceptos constitucionales, en particular el CONTRALÍNEA

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Benjamín Flores/Procesofoto

SOCIEDAD

4”Tenemos que salir más veces a la calle: recuperar el espacio público que se pretende negar”

Artículo 9 sobre la libertad de manifestación. “En muchas ocasiones las manifestaciones se dan de manera espontánea; incluso en un partido de futbol en el que la gente quiera salir a festejar, eso será prohibido. Es una mordaza para la ciudadanía”. —¿Qué se puede hacer desde la sociedad civil para romper la mordaza? —Tenemos que salir más veces a la calle; es decir, recuperar el espacio público que se pretende negar. Si no se pueden detener este tipo de leyes represivas debemos de buscar su invalidez. El último año han habido centenares de detenciones arbitrarias; sin embargo, sólo un policía –que aparece golpeando a las personas con un casco el 2 de octubre de 2013– ha sido sancionado. Un mes antes, en noviembre, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, aprobó el aumento del 50 por ciento a las penas por los delitos que se cometan durante una manifestación. En concreto, a la persona que incurra en lesiones, homicidio, daños a la propiedad o robo se le aumentará la mitad del total de su pena si lo hace durante

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una manifestación, mitin, plantón o marcha. Es decir, a un manifestante que lesione a un policía se le puede castigar hasta con 12 años de cárcel. La aprobación de los aumentos a las penas dividió a los legisladores locales perredistas. El diputado Alejandro Ojeda rechazó el dictamen por considerar que éste criminaliza la protesta social, pero los delitos que se pretenden maquillar ya están tipificados. Antonio Padierna argumenta que la intención de la reforma es que no existan provocadores que se infiltren en los movimientos sociales, lo cual no limita el derecho de expresión y de manifestación. Adrián Ramírez menciona que el Estado mexicano se prepara para fortalecer una serie de leyes antídoto que permiten la violación de los derechos humanos, pero que respetan su norma interna. “La reglamentación de estas leyes afecta directamente los derechos políticos y humanos de los mexicanos. Se va a producir un mayor número de personas sujetas a detención. Es decir, se permite la violación a la Constitución y a los acuerdos internacionales con leyes terciarias en diferentes instancias. CONTRALÍNEA

Hugo Cruz/Procesofoto Juan Pablo Zamora/Cuartoscuro

CONTRALÍNEA

Moisés Pablo/Cuartoscuro

“Los defensores de derechos humanos debemos de estar más atentos a las labores de monitoreo en las manifestaciones; debe haber acompañamiento a los grupos que realizan protestas, y es necesario promover entre los grupos sociales el conocimiento de los derechos humanos para que puedan utilizarlo como una herramienta más en sus mecanismos de lucha”, dice. Para el abogado Hernández Monge, es increíble que México proteste por la opresión de los manifestantes en Egipto, mientras aquí se legítima la represión. “En España se aprobó una reforma en la que se prohíbe que algún individuo pueda tomar fotografías o video del momento de su detención, en caso de hacerlo, será multado con 30 mil euros. En este país se está llevando a cabo ese escenario”, señala. Contralínea solicitó entrevista con Juan José García Ochoa, subsecretario de Gobierno del Distrito Federal, a través de Berenice Téllez Hernández, coordinadora de Concertación Política del Gobierno del Distrito Federal. Hasta el cierre de esta edición, no se obtuvo respuesta.3

4La intención de la reforma que aumenta las penas en 50 por ciento para los manifestantes es que no existan provocadores infiltrados: legislador Antonio Padierna

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LÍNEA GLOBAL

Venezuela

desnuda AL GOLPISMO DE WASHINGTON El intento de derrocar al gobierno de Nicolás Maduro falló: tanto ímpetu mostraron sus organizadores que quedaron al descubierto. El gobierno de Estados Unidos sufrió un nuevo descalabro en la región y quedó en evidencia como un actor ilegítimo, ilegal y golpista Stella Calloni/Prensa Latina/Ilustraciones: Manrique

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CONTRALÍNEA

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LÍNEA GLOBAL uenos Aires, Argentina. Después de casi 2 meses de haber comenzado la última maniobra golpista contra Venezuela con el llamado Plan Salida, el golpe ha fracasado, y la presión de Estados Unidos para que los grupos de choque y francotiradores movilizados detrás de una supuesta marcha pacífica de un sector estudiantil continúen golpeando y asesinando en algunos municipios del país, sólo está dejando al desnudo a los responsables intelectuales de afuera y de adentro. El gobierno de Nicolás Maduro, como se ha reconocido, eligió la estrategia de no responder violentamente a las provocaciones de extrema violencia, que al ser ejecutadas por grupos minoritarios, terminaron concentrando un rechazo mayoritario y evitaron mayores tragedias. En las últimas horas hay órdenes muy estrictas que sólo afectan a los ya ubicados mensajeros del terror. La incapacidad de los fundamentalistas de Washington para entender que el golpe suave, es decir, en este caso la guerra sucia, que intenta golpear cotidianamente y debilitar en extremo a un gobierno mediante la contrainsurgencia de los viejos tiempos y la guerra sicológica con la más trabajada desinformación y manipulación que registre la historia de los últimos tiempos, nunca dará una Revolución de Colores, ni una Primavera Árabe en la actual América Latina, porque las circunstancias son otras. Tampoco parece enten-

der que la muy primitiva derecha venezolana, que sólo engendra matrices de fascismo –también primitivo– no llegó a sostener ningún esquema golpista desde que el expresidente Hugo Chávez Frías llegó al gobierno en 1998 y logró consenso popular para instalar una Constitución que respondiera a las necesidades populares y de un país soberano; y quien bajo esta nueva Carta Magna se reeligió en 1999 y en todas las veces que se presentó a elecciones. Más aún, el golpe de Estado sin suavidades que se le aplicó en abril de 2002 terminó convirtiéndose en un hito para el mundo. Por primera vez un golpe financiado, dirigido y asesorado por Washington, como se comprobó en ese mismo año, fue derrotado en 48 horas por un pueblo en las calles, con la Constitución en las manos y por militares patrióticos. Fue un desastre para Washington y una victoria para Venezuela y América Latina, y sólo logró fortalecer al líder venezolano ante un pueblo que mayoritariamente lo considera un héroe “que ha entrado a la eternidad” en su temprana muerte. En primer término, los dirigentes del nuevo golpismo desacreditaron, de entrada, la supuesta condición pacífica de una marcha estudiantil –además minoritaria– utilizada abiertamente como mascarón de proa de los comandos violentos entrenados para estos menesteres de la violencia extrema, que debían dejar muchos muertos rápidamente y sin importar si propios o ajenos. El sacerdote jesuita panameño Jorge F Sarsaneda, en un texto magnífico, se pregunta y nos interroga a todos: “¿por qué el estudiantado que en el mundo reivindica servicios públicos, en Venezuela lo hace en defensa de la propiedad privada de empresarios y medios de prensa? ¿Quién está detrás de este estudiantado que desprecia a un gobierno que ha destinado el 42 por ciento del presupuesto a inversiones sociales, que ha multiplicado por cinco

“¿Por qué el estudiantado que en el mundo reivindica servicios públicos, en Venezuela lo hace en defensa de la propiedad privada de empresarios y medios de prensa?” 50

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el número de maestros, que ha alfabetizado a 1 millón y medio de personas y que ha creado 11 nuevas universidades?”. Y más aún, cuestiona por qué si “los partidos bolivarianos ganaron las elecciones hace 3 meses, quienes protestan dicen que no pararán hasta forzar su caída y, sin embargo, los medios no los califican de golpistas”. Sarsaneda llega al fondo del asunto, que deja claro por qué la reacción de Washington en las últimas horas, en la que se niega a reconocer no sólo la voluntad del pueblo venezolano, sino la de todos los países de la región, que con diversos gobiernos defienden a rajatabla la institucionalidad y a los gobiernos democráticamente elegidos, aunque esta elección no sea “aprobada” por el poder hegemónico: Estados Unidos y sus asociados (léase países ricos, dependientes y sumisos). Dice más adelante Sarsaneda: “Podríamos añadir más preguntas que desnudan lo que verdaderamente hay detrás de estas ‘protestas’: el intento de los poderosos del mundo de arrebatar el petróleo de Venezuela; pero también el cobre, el litio, el agua y el resto de riquezas de los pueblos de América. Y, para ello, los medios no son otra cosa que un sistemático reproductor de mentiras y una eficaz pantalla de distracción” (texto publicado por Prensa Latina). Nada que agregar a esta extraordinaria síntesis de otras varias preguntas de Sarsaneda sobre una verdad que es ya inocultable y “que destapan las paradojas del guión que la derecha venezolana impone en los medios de todo el mundo”. La embestida es muy similar a lo actuado en el intento de golpe de Estado contra Evo Morales en Bolivia, a mediados de 2008, cuando desataron una “guerrita” contrainsurgente, que comenzó con el intento de incendiar y destruir edificios gubernamentales, usinas eléctricas, produciendo una masacre de campesinos indígenas que respaldaban a Evo Morales; un crimen atroz en el estado de Pando que quisieron atribuir al gobierno, versión que fue desbaratada por una Misión de Derechos Humanos enviada por la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), cuya investigación fue respaldada por la Organización de los EstaCONTRALÍNEA

dos Americanos (OEA) y la propia Organización de las Naciones Unidas. Los lugares elegidos en ambos casos para comenzar la violencia con cercanía a las fronteras, cuando no en zonas fronterizas (los estados de la Media Luna en Bolivia o Táchira y otros en Venezuela), son también parte del guión similar. En Bolivia, en horas se incendiaron edificios importantes y también televisoras, radios y otros inmuebles (171 en total). Lo mismo pasaría en 2011 en Bengasi, Libia, con los mercenarios de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). 31 DE MARZO DE 2014

LÍNEA GLOBAL

El esquema “incendiario” fue similar también en Caracas, estimando que todo lo actuado anteriormente –es decir, el desabastecimiento, el uso de grupos para generar inseguridad, los sabotajes, la campaña para quebrar empresas aéreas, las de rumores y mentiras y los intensos trabajos para dividir a los dirigentes del gobierno bolivariano, así como el terror impuesto mediáticamente– estaba destinado a crear desconcierto y caos en la sociedad. Los golpistas esperaban que esta sociedad se lanzara a las calles y los levantara como héroes. No hubo respuesta, sólo una curiosa mirada sobre la metodología que se encerró a sí misma en los barrios y municipios ricos, donde tenían la bendición cómplice de alcaldes opositores. Pero el país nunca se detuvo, y uno de los mayores hechos políticos, sociales y culturales fue el inútil intento de la oposición de detener los carnavales, una masiva expresión cultural e identitaria del pueblo venezolano. Era escena de realismo mágico ver pasar enormes masas de población, mayoritariamente niños, con disfraces diversos, música, o ver los multitudinarios conciertos del Carnaval por la Paz, que tan minuciosamente ocultaron los medios al mundo. 52

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En esos momentos se insistía en que Venezuela estaba al borde de la guerra civil, cuando no sólo las calles eran una fiesta, sino que los cacerolazos que algunos trasnochados intentaban, se perdían en la multitud musical que alegraba las calles. Una escena inolvidable: una pequeña marcha de un grupo evidentemente clasemediero, que ocupaba apenas una cuadra y media, en su “protesta” debió dejar pasar a los carnavaleros. Una de las tantas escenas surrealistas de esos días. Pero eso sí, los “violentos” que a estas alturas sólo están en unos seis municipios de los 335 del país, tienen la orden de “máxima acción”, y en los últimos días han dado sus golpes en forma ya desesperada ante el fracaso, matando guardias nacionales con francotiradores o disparando sobre personas totalmente indefensas. Esto sólo agravó la situación de los golpistas, y en las últimas horas fueron detenidos varios terroristas extranjeros, con antecedentes en otros países participantes de los pequeños grupos comandos, por llamarlos de alguna manera. De los más de 1 mil detenidos, menos del 30 por ciento son estudiantes. La justicia va a hablar en estos días, revelando la verdad que todos sabemos, pero que el periodismo hegemónico encubre siendo partícipe del crimen. Los medios masivos de comunicación deben ser acusados por la justicia internacional, por haber alentado con sus mentiras los crímenes cometidos contra un pueblo pacífico, que en ningún momento –y en esto hay que destacar también a sectores opositores– se plegaron a esa extrema e inútil violencia, que deja más de 28 muertos y decenas de heridos, a sabiendas que su causa ya está perdida. Lo extraordinariamente pueril es que la dirigencia de las desnutridas marchas y las llamadas guarimbas (cortes de calles, incendios y demás) confesaran públicamente que se trataba de derrocar a un presidente y a un gobierno que había triunfado una vez más (18 de 19 elecciones verdaderamente democráticas) en diciembre de 2013, al ganar la mayoría de los municipios. Lo grave es que ya el 6 de febrero de 2014, apenas 2 meses después de este triunfo oficial, se le haya ocurrido a la oposición nada menos que decidir por esta CONTRALÍNEA

vía “la salida”, es decir, el derrocamiento de un gobierno como el de Maduro que, en abril de 2013, había accedido al gobierno ganando elecciones democráticas. ¿Tanto molestó al gobierno de Estados Unidos no haber podido detener la última reunión de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) nada menos que realizada en La Habana, Cuba, que además decide que toda esta región sea un territorio de paz, entre otras importantes decisiones como corresponde a países soberanos? Y todo esto cuando Washington necesita mostrar sus músculos tanto interna como exteriormente, después de que su desesperada carrera de guerras coloniales, invasiones y ocupaciones de países en Oriente Medio, África del Norte y Asia haya sido detenida a las puertas de Damasco por la heroica resistencia del pueblo y el gobierno de Siria, durante 3 años de feroces ataques de mercenarios y terroristas de las fuerzas especiales de las potencias de la OTAN. A estos mercenarios se les llama eufemísticamente “rebeldes sirios”, como llamaban “combatientes de la libertad” a los también criminales de lesa humanidad de la Contra nicaragüense, que bajo la misma dirección de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos sembraron el terror en la Nicaragua sandinista. Pero además se acabó el avance impune del imperio. Ucrania, donde el golpe de Washington y la OTAN parece triunfante, y antes Siria, les demostró que ya no están solos decidiendo la suerte del mundo. Rusia, China, Corea del Norte y muchos otros países del extenso Tercer Mundo y de todos los patios traseros de unos y otros están diciendo no a la guerra, no al control de un terrorismo mundial que se nos quiere aplicar globalmente.

El gobierno de Maduro demostró con pruebas y evidencias que esto era un inicio de golpe de Estado, que una vez más el pueblo derrotó en las calles y lo hizo en un Carnaval por la Paz que no registraron los medios en el mundo, pero que será histórico e inolvidable, como la respuesta de una Conferencia de Paz a tanta violencia y muerte. Los incendiarios fueron quedando cada vez más solos y aislados, y a medida que pasaban los días iban perdiendo su “aterradora eficacia” que no alcanzó nunca a detener la marcha del país. En tanto, el gobierno logró que incluso organismos internacionales reconocieran sus esfuerzos de paz y fortaleció la posición de Maduro en Venezuela y ante la comunidad latinoamericana. Todo salió mal para Washington. Hasta la vergonzosa acción del gobierno panameño, que pidió ilegalmente la intervención de la OEA. El mismo presidente que a sólo 3 meses de su ascenso en 2009 había entregado a su país y la larga lucha anticolonial de su pueblo, al autorizar al gobierno estadunidense, a través de la entonces secretaria de Esta-

Rusia, China, Corea del Norte y muchos países del llamado Tercer Mundo están diciendo no a la guerra, no al control de un terrorismo mundial que se nos quiere aplicar globalmente CONTRALÍNEA

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LÍNEA GLOBAL do Hillary Clinton, a rodear Panamá, por ambos océanos, de bases militares, pidiendo la intervención de la OEA. Era un disparate a todas luces. Y cuando bajo otros marcos la OEA reunió a la región, el resultado fue infartante: 29 países votaron su apoyo al gobierno democrático de Venezuela, uniéndose a las definidas posiciones de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la Unión de Naciones Suramericanas, el Movimiento de Países No Ali-

neados y otros países en el mundo.

Washington reacciona desnudando su dirección del golpe ¿Y qué hace Washington ante tamaña derrota en todos los frentes? Por supuesto no se hace cargo de las muertes y daños provocados, y salta hacia el vacío bien acompañado por los medios. En Miami, Estados Unidos, el Nuevo Herald habló de que Venezuela estaba “al borde de la guerra civil”, en una demostración de autismo inducido, ya que repite las aseveraciones nada menos que del jefe del Comando Sur de Estados Unidos, el general John Kelly, quien sostuvo que es necesario que los venezolanos resuelvan el conflicto interno antes de que se salga de control, aumente la violencia y, por supuesto, se inicie la (para ellos) soñada guerra civil. El secretario de Estado estadunidense, John Kerry, aseguró el pasado 12 de marzo que Washington se reser54

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va la opción de imponer sanciones contra Venezuela para obligar a una salida pacífica y negociada con los opositores. Tan tardío como imbécil, ya que esto está sucediendo hace tiempo. Pero más aún, su gobierno se reserva imponer sanciones a Venezuela, además de imponer la tesis de supuesta inconformidad de los militares venezolanos con Maduro. “Venezuela va camino a la catástrofe económica y en términos de democracia”, asegura Kerry, mientras Kelly afirma que la

administración de Barack Obama planea sanciones que restrinjan las cuentas bancarias y la libertad de movimientos de los militares venezolanos que “influyan en su manera de pensar sobre el futuro del país”. ¿Les está diciendo corruptos, los está amenazando? Y para rematar esgrime la vieja e inútil acusación de narcotráfico para el gobierno venezolano, argumento tan gastado que ya ni se menciona en estos casos. Kelly insistió en mencionar el trabajo de las Fuerzas Armadas estadunidenses contra el tráfico de drogas y aseguró que Venezuela es una de las bases desde donde se transportan narcóticos. En su opinión y sin ninguna prueba, miembros de las Fuerzas Armadas y funcionarios del gobierno venezolano están implicados en los vuelos que parten desde Venezuela con drogas destinadas al mercado estadunidense. Y si lo sabían, ¿estaban de acuerdo en recibir la carga? Cada vez que hablan no aclaran, sino que oscurecen. Elefantes en la vitrina que cada día crean más contradicciones y no parecen entender sus propios saltos al vacío.3 CONTRALÍNEA

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1 DE JULIO DE 2013

LÍNEA GLOBAL

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LÍNEA GLOBAL

La región de Crimea abandona Ucrania para incorporarse a la Federación de Rusia. La prensa comercial y las capitales occidentales gritan “invasión” y “abuso militar” por parte de Moscú. Sin embargo, son esos mismos occidentales los que fomentaron y aceptaron últimamente la partición de Yugoslavia, la exclusión de Kosovo del territorio de Serbia, el referéndum de las islas Malvinas, la partición del Sur de Sudán. Moscú, con el respaldo de las poblaciones locales de Crimea, ha respondido de manera inteligente, sin ningún disparo o ataque militar, a las provocaciones occidentales que apoyan abiertamente a las facciones neonazis y otras fuerzas de derechas nacionalistas que han tomado el poder en Ucrania por la fuerza, con el apoyo de la Organización del Tratado del Atlántico Norte Pepe Escobar/Red Voltaire/Ilustraciones: Manrique

a promoción de la excepcionalidad estadunidense de “democracia” entra en acción: Washington ha reconocido un golpe de Estado en Ucrania que cambió el régimen, que –a pesar de sus evidentes faltas– era un gobierno democráticamente elegido. Y el presidente ruso, Vladimir Putin, ya habló el año pasado sobre cómo Rusia y China decidieron comerciar en rublos y yuanes, y destacó cómo Rusia tiene que abandonar el “excesivo monopolio” del dólar de Estados Unidos. Tenía que saber que el Imperio devolvería el golpe. Ahora hay más: el consejero presidencial ruso Serguéi Glaziev declaró a RIA Novosti: Rusia abandonará el dólar estadunidense como moneda de reserva si Estados Unidos impone sanciones contra la Federación Rusa. Por lo tanto, el imperio devolvió el golpe al dar “una pequeña ayuda” al cambio de régimen en Ucrania. Y Moscú contestó al tomar el control de Crimea en menos de 1 día sin disparar un tiro, con o sin brigadas de elite Spetznaz (think tanks basados en el Reino Unido dicen que participan; Putin dice que no). La evaluación de Putin de lo que ocurrió en Ucrania es realmente correcta: “Una toma anticonstitucional y armada del poder”. Queda abierto un interminable debate, en su mayor parte desagradable, sobre si el Kremlin exageró en su reacción o no. Si se considera el historial de una satanización gene-

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ralizada de Rusia y Putin que ha tenido lugar durante años –y que ahora llega a un nivel febril– la rápida reacción del Kremlin fue bastante mesurada. Putin aplicó a Sun Tzu al pie de la letra. Ha dejado en claro que Moscú no necesita “invadir” Ucrania. El tratado de partición de 1997 de Ucrania-Rusia permite específicamente tropas rusas en Crimea. Y, después de todo, Rusia es un activo proponente de soberanía estatal; este principio lleva a que Moscú rechace una “intervención” occidental en Siria. Dejó abierta la puerta para –¡oh, cósmica ironía de ironías!– una invención/intervención estadunidense, y eso, predeciblemente, no fue detectable por los medios corporativos occidentales: la RP –responsabilidad de proteger– de la Organización de las Naciones Unidas, en caso de que los fascistas y neonazis alineados con Occidente en Ucrania amenazaran a civiles rusos o rusoparlantes con un conflicto armado. Samantha Power debe estar orgullosa de sí misma.

No te metas con la inteligencia rusa Occidente ha aprendido una vez más que no hay que meterse con la inteligencia rusa, que rápidamente previno en Crimea una réplica del golpe en Kiev, precipitado en gran parte por la Asamblea Nacional Ucraniana-Autodefensa Nacional Ucraniana, una tenebrosa fuerza paramilitar derechista de primera vinculada con la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), que utiliza Ucrania CONTRALÍNEA

como base, como lo denuncia William Engdahl. Y Crimea fue una operación aún más lóbrega, porque esos neonazis de Ucrania Occidental trabajaban en tándem con yihadistas tártaros (la Casa de Saud será fuertemente tentada a financiarlos desde ahora). En los hechos, el Kremlin tiene razón cuando señala que el golpe fue esencialmente realizado por fascistas y “nacionalistas” de ultraderecha (código occidental para neonazis). El miembro del consejo político del partido Svoboda (Libertad), Yury Noyeby, incluso admitió abiertamente que se utilizó la integración con la Unión Europea “como medio para romper nuestros vínculos con Rusia”. Los medios corporativos occidentales siempre olvidan convenientemente que Svoboda –así como los fascistas del Sector Derecho– siguen los pasos del fascistaterrorista

de Galicia Stepán Bandera, un agente tristemente célebre de un conjunto de agencias de inteligencia “occidentales”. Ahora Svoboda ha logrado incluir no menos que seis mandamases como parte del nuevo régimen en Kiev. Además, existen los nuevos gobernadores regionales nombrados para el predominantemente rusófono Este y Sur de Ucrania. Son –qué iban a ser– oligarcas, como los multimillonarios Sergei Taruta, instalado en Donetsk, e Ihor Kolomoysky, instalado en Dnipropetrovsk. La gente en la plaza Maidán, en Kiev, protestaban sobre todo –quiénes iban a ser– contra los oligarcas cleptócratas. Una vez más, los medios corporativos occidentales –que hablaron incansablemente de un levantamiento “popular” contra la cleptocracia– no se dieron cuenta.

Una vez más, seguir el dinero Las reservas de divisas extranjeras de Ucrania cayeron –sólo en las últimas 4 semanas– de 17 mil 800 millones de dólares a 15 mil millones. ¿Quieres comprar grivnas (moneda de curso legal en Ucrania)? No realmente. La moneda nacional ucraniana se encuentra en una caída cósmica frente al dólar. Es una buena noticia sólo para los buitres del capitalismo del desastre. Y en el momento justo, el Fondo Monetario Internacional (FMI) está enviando una “misión investigadora” a Ucrania. Los ucranianos de todo tipo tratarán de escapar, pero no se podrán ocultar ante el “ajuste estructural”. Podrán juntar lo necesario para comprar un pasaje con sus despreciables griv-

El Kremlin señala que el golpe en Ucrania fue realizado por fascistas. Yury Noyeby admitió el uso de la integración con la UE “como medio para romper con Rusia”

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LÍNEA GLOBAL nas (ser un candidato para una visa a la llegada a Tailandia siempre es útil). Los bancos europeos –que según el Banco de Pagos Internacionales se enfrentan a más de 23 mil millones de dólares en préstamos impagos– podrían perder mucho en Ucrania. Los bancos italianos, por ejemplo, han prestado cerca de 6 mil millones. En el frente y tierras del Oleoductistán, Ucrania depende fuertemente de Rusia: 58 por ciento de su suministro de gas. No puede exactamente diversificar y comenzar a comprar mañana de Catar, con entrega mediante Catar Airways… E incluso mientras un 66 por ciento del gas ruso exportado a la Unión Europea transita a través de Ucrania, el país está perdiendo rápidamente su importancia como centro de tránsito. Tanto el gasoducto Nord Stream como el South Stream –desde Rusia por vía submarina– soslayan Ucrania. Nord Stream, terminado en 2011, vincula a Rusia con Alemania por el Mar Báltico. South Stream, bajo el Mar Negro, estará listo antes del fin de 2015. Geoeconómicamente, el imperio necesita que Ucrania esté fuera de la unión económica eurasiática promovida por el Kremlin –que también in-

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cluye a Kazajstán y Bielorrusia–. Y geopolíticamente, cuando el secretario general de la OTAN, el engreído títere Anders Fogh Rasmussen, dijo que un paquete Fondo Monetario Internacional-Unión Europea para Ucrania sería un “importante estímulo para la seguridad euro-atlántica”, esto dio el toque final; lo único que importa en todo este juego es que la OTAN “anexe” Ucrania. Siempre ha tenido que ver con el imperio de bases –igual que el cerco de Irán; igual que el “giro” hacia Asia equivalente al cerco de China; igual que el cerco de Rusia con bases y “defensa de misiles”–, pasando por sobre el cadáver colectivo del Kremlin, por supuesto.

Vamos a saquear esas tierras La acusación del secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, de que Rusia esté “invadiendo Ucrania”, en “violación del derecho internacional”, y “de vuelta al siglo XIX”, es tan espectacularmente patética en su hi-

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La City de Londres no quiere que se sancione a Rusia por el caso de Crimea: el centro financiero cuenta con los pródigos fondos político-oligárquicos rusos pocresía –una vez más considerando el historial de Estados Unidos– que no merece comentarios de ningún observador informado. A propósito, es tan patético como su oferta de miserables 1 mil millones de dólares en “garantías de préstamos” (que apenas pagaría las cuentas de Ucrania durante 2 semanas). El gobierno de Obama –especialmente los neoconservadores del tipo “que se joda la Unión Europea”– ha perdido su maniobra agresiva. Y en cuanto a Moscú, no tiene ningún interlocutor en Kiev porque considera que el cambio de régimen es ilegal. Moscú también ve a “Europa” como un montón de plañideros perdedores consentidos y sin una política exterior común, para comenzar. Por lo tanto, cualquier mediación depende de Alemania. Berlín no toma en serio la idea de “sanciones” –el sacrosanto mantra excepcionalista estadunidense– porque Rusia es un excelente mercado para la industria alemana. Y a pesar de todas las vociferaciones de The Economist y del The Financial Times, la City de Londres tampoco quiere sanciones; el centro financiero cuenta con los pródigos fondos político-oligárquicos rusos. En cuanto al “castigo” occidental a Rusia de expulsarla del Grupo de los Ocho, es un chiste. El G8, que excluye a China, ya no decide nada relevante; el G20 (Grupo de los 20) sí lo hace. Si se realizara un amplio sondeo, se revelaría que la mayoría de los ucranianos no quieren formar parte de la Unión Europea, así como la mayoría de los europeos no quieren a Ucrania en la Unión Europea. Lo que les queda a los ucranianos son los chupasangre del FMI, recibidos debidamente por Yats (como llaman al primer ministro Yatsenyuk Nuland –“que se joda la Unión Europea”–). Ucrania se arrastra hacia la federalización. Los cambiadores de régimen de Kiev no tienen influencia en Crimea autónoma, que es casi seguro que CONTRALÍNEA

seguirá siendo parte de Ucrania (y, a propósito, Rusia se ahorrará los 90 millones de dólares de alquiler que paga por la base de Sebastopol, que hasta ahora tuvo que pagar a Kiev). La jugada final está prácticamente predeterminada: Moscú controlará gratuitamente una Crimea autónoma, y Estados Unidos-Unión Europea “controlarán” –o tratarán de saquear– al estilo del capitalismo del desastre, un páramo occidental ucraniano “administrado” por un montón de títeres occidentales y oligarcas, con algunos neonazis. ¿Qué hará entonces el dúo estratégico magistral Obama-Kerry? ¿Comenzarán una guerra nuclear?3 31 DE MARZO DE 2014

SOCIEDAD

LA CIA

torturas, cárceles clandestinas y otras ilegalidades El conflicto entre el Comité de Inteligencia del Senado estadunidense y la CIA deja al descubierto la decadencia moral y la impunidad de la Agencia Central de Inteligencia. Confirmado, que desde la administración de George Bush se erigieron cárceles clandestinas y se estableció la tortura como “método” de trabajo cotidiano Luis Beatón/Prensa Latina//Ilustraciones: Manrique

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SOCIEDAD

a controversia que enfrenta al Comité de Inteligencia del Senado, la Casa Blanca y la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por su sigla en inglés) evidencia un interés marcado del espionaje estadunidense de ocultar su oscuro pasado de cárceles clandestinas, torturas e interrogatorios abusivos de prisioneros en busca de “informaciones útiles” para luchar contra el terrorismo. Según Tim Weiner, un exreportero de seguridad nacional para The New York Times y autor del libro Legado de cenizas: la historia de la CIA, 5 años de frustración estallaron cuando la senadora Dianne Feinstein puso a la entidad en la palestra por algunas de sus prácticas. Feinstein acusó a la Agencia de mentir, engañar y de robar para bloquear un informe de 6 mil 300 páginas sobre sus prisiones secretas y la tortura, que aún no ha sido publicado. Según la parlamentaria demócrata por California, la entidad estaba espiando al personal del Comité de Inteligencia del Senado para cubrir sus propias fechorías. Durante más de 5 años, una cortina de humo cubrió la prácticas de los espías estadunidenses, y pese a la reacción interna y externa contra la tortura de prisioneros en cárceles secretas, poco se avanzó en su conocimiento, incluso los propios congresistas en Washington desconocen hasta dónde llegó la brutalidad en algunos interrogatorios. “Tres exdirectores de la CIA, junto con sus jefes contraterrorismo y consejeros, han manchado nuestro honor nacional con la realización del programa de prisiones secretas y sus intentos de ocultar sus secuelas”, indicó Weiner en un comentario que publicó en el diario digital Político. Desde hace mucho tiempo debieron realizarse audiencias públicas sobre lo que sucedía en el interior de las prisiones secretas, un programa autorizado por el 64

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entonces presidente George W Bush poco después de los ataques del 11 de septiembre y prohibido por su sucesor Barack Obama, cuando asumió el cargo en enero de 2009. La revisión de estas prácticas por el Comité de Inteligencia durante 5 años, ahora crea un ambiente de confrontación en Washington, donde incluso algunos medios acusan a la Casa Blanca de ocultar informes que darían luz a la actuación del espionaje y la aplicación de tortura. Feinstein ha destapado un verdadero avispero en el Capitolio, pues la acusación de que la agencia espió computadoras del Congreso supone una violación de la ley y la Constitución, con el fin de obstruir un informe que pudiera ser muy revelador de hasta dónde llegan los espías para lograr sus fines. La búsqueda en archivos de computadora sin orden judicial supone una violación de la Cuarta Enmienda y rompe directrices de la propia Agencia que, según Weiner, no debe actuar como policía secreta en Estados Unidos. Por otra parte, algunos analistas consideran que la telaraña es bien densa e involucra a muchos funcionarios interesados en que no salga a la luz pública el informe del Senado, el cual pondría en crisis a una de las más viejas agencias del espionaje del país. El autor de Legado de cenizas: la historia de la CIA opina que hay dos alternativas en este caso: se permite el obstruccionismo, del pasado y del presente, o son llamados los jefes de la Agencia a testificar bajo juramento, en público, y explicar el resumen ejecutivo del informe. Agrega que la lista de testigos debe comenzar con los exdirectores de la CIA George Tenet, Porter Goss y Michael Hayden, que sirvieron bajo la administración de Bush, época en la cual se crearon las cárceles secretas y se entronizó la tortura como un método de trabajo. CONTRALÍNEA

El siguiente paso, plantea, debería ser José Rodríguez, quien era el jefe de servicio clandestino de la CIA en 2005, cuando fue ordenada la destrucción de las cintas de video de las prisiones secretas donde se torturaba. Para analistas y expertos, la labor de inteligencia en la lucha antiterrorista ha sido manipulada a fin de engañar, lo que pudiera desenmascarar argumentos esgrimidos de que con la tortura se obtenían informaciones útiles. En su artículo, Weiner señala que la CIA quiere pasar la página de este capítulo inédito de su historia pero, subraya, no se puede pasar la página si no se ha aireado el material. También en una entrevista con la CNN, el presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Diputados, el republicano Mike Rogers, calificó la situación de preocupante y abogó por llegar al fondo del problema. Mientras crece la controversia, que incluye a influyentes demócratas y republicanos, el senador Lindsey Graham llamó a una reorganización en la CIA si se validan las afirmaciones de Feinstein de que los funcionarios de la Agencia obstruían su investigación. Asimismo, un artículo del diario The New York TiCONTRALÍNEA

mes sobre las acusaciones de Feinstein aseguró que la actuación de la Agencia ya era bastante escandalosa en la historia de la detención ilegal, la tortura y los duros interrogatorios de sospechosos de terrorismo. El diario neoyorquino dio gran valor a la exposición de la senadora, porque ésta fue de mucho apoyo a las agencias de espionaje y a la ampliación de sus poderes, posterior a los ataques del 11 de septiembre de 2001. Detalló Feinstein elementos que indican que la entidad maniobró para obstaculizar la investigación del Comité, después de que los senadores descubrieron la destrucción de cintas de video de los interrogatorios durante la Presidencia de George W Bush. Los interrogatorios incluían una variedad de métodos brutales, algunos de los cuales, como el llamado submarino (introducir la cabeza de un reo en un tanque con agua para causar la sensación de ahogamiento) en particular, eran inequívocamente tortura, precisa el rotativo neoyorquino. Análisis de medios de prensa y legisladores locales estiman que los esfuerzos de la CIA, además de ocultar las violaciones legales, intentan impedir un mayor descrédito de sus actividades, amparadas en la presunta búsqueda de “informaciones útiles”, aunque para ello tengan que torturar.! 31 DE MARZO DE 2014

EX LIBRIS

Desde Esparta hasta Washington: El espionaje y el contraespionaje Álvaro Cepeda Neri*

bservar algo o a alguien con atención, con continuidad y/o con disimulo, con algún interés. Hacerlo así por encargo de otra persona y para comunicar a ésta lo observado. Particularmente observar al servicio de un país lo que pasa en otro, u observar por cuenta del enemigo. Seguir los pasos…”, es la definición de mi asesora María Moliner respecto al espionaje. En la conjugación de este verbo, espían los detectives, las esposas o los esposos; los empresarios lo hacen entre sí. Los vecinos de una calle a través de las cortinas. Se llegó a espiar por las cerraduras cuando alguien se desnudaba. Se espía desde la época de las cavernas hasta hoy día. En el tomo seis de los 10 de los que consta la Enciclopedia internacional de las ciencias sociales, viene el ensayo Servicios de información política y militar, “como sinónimo de espionaje” (Harry Jowe Ranson, ediciones Aguilar). Existen novelas y películas sobre el espionaje y el doble espionaje: quien sirve a dos amos y a veces queda mal con uno o con los dos, y pillado sufre las consecuencias o lo cambian de embajada, ya que éstas son las clásicas guaridas del espionaje entre Estados… Jean-Pierre Alem escribió un buen libro sobre el tema: El espionaje y el contraespionaje, con traducción de David Huerta, donde ha “… resumido los métodos y las características del espionaje”. Sus 100 páginas tienen un listado sobre grandes casos de espionaje y textos sobre criptografía. Una bibliografía sobre historia, técnicas, contraespionaje y los servicios especiales estadunidenses (que espían desde 1800), franceses, ingleses, alemanes, soviéticos, chinos, árabes, israelitas. Se han contratado presidentes y altos funcionarios para espiar en sus propios países. Luis Echeverría, espiaba para Washington. Vicente Fox y Felipe Calderón pasaban información en reuniones secretas, tanto como Enrique Peña, para acordar la ventaprivatización de Petróleos Mexicanos. El Centro de Investigación y Seguridad Nacional y las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina ¡espían a los ciudadanos! Y con la expresión pájaros en el alambre se designa al espionaje telefónico. El texto recorre el espionaje de la antigüedad y los métodos tradicionales y modernos para espiar: aéreo, satelital, submarino, robótico. Hay métodos para protegerse (casi siempre inútiles); o tintas invisibles como escribir con jugo de limón, que al pasar una flama por debajo del papel aparecen las palabras. Espionaje privado, contraespionaje, agentes dobles. Nos espiamos unos a otros. Espían los hombres del dinero, los capos de las drogas; las mamás a sus hijas, éstas a sus novios y viceversa. El espionaje formal requiere “tres fases: la adquisición, la transmisión y la protección de la información”. Se espía al ver, al oír, robar documentos, tomar fotografías, recopilar huellas, etcétera. Y no es recomendable espiar a

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la esposa, sobre todo si uno es el último en enterarse. El espionaje siempre está de moda, “nació al mismo tiempo que el secreto”, y dicen que las mujeres no pueden guardar un secreto: lo divulgan con el “no se lo cuentes a nadie ni digas que yo te lo conté…”. Este libro nos entera de cómo, desde que el hombre espió a los animales para cazarlos hasta nuestros días, el espionaje es recurrente en todas las escalas de la insociable-sociabilidad de la humanidad, principalmente entre gobernantes hacia sus gobernados.3

Ficha bibliográfica: Autor: Jean-Pierre Alem Título: El espionaje y el contraespionaje Editorial: Fondo de Cultura Económica, colección Breviarios, 332 *Periodista CONTRALÍNEA

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1 DE JULIO DE 2013

ISSN: 1665-1626 R E V I S TA S E M A N A L