Contralinea 387

ISSN: 1665-1626 R E V I S TA S E M A N A L

CONTRALÍNEA

1 DE JULIO DE 2013

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ÍNDICE DIRECTOR MIGUEL BADILLO oficiodepapel@yahoo.com.mx SUBDIRECTOR JOSÉ RÉYEZ jreyez@contralinea.com.mx ASESOR JURÍDICO

OFICIO DE PAPEL/RECULAN LOS SIETE MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL ELECTORAL Miguel Badillo

PORTADA/BANAMEX “EXTRAVÍA” DOCUMENTOS DEL FRAUDE DE OCEANOGRAFÍA

PEDRO RODRÍGUEZ

Nancy Flores

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COORDINADOR DE INFORMACIÓN ZÓSIMO CAMACHO zosimo@contralinea.com.mx COORDINADORA DE EDICIÓN NANCY FLORES nancy@contralinea.com.mx

RENDICIÓN DE CUENTAS/MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL ELECTORAL, LA OBSCENIDAD DEL DISPENDIO Elva Mendoza

COEDITORA WEB ÉRIKA RAMÍREZ erika@contralinea.com.mx COORDINADOR DE ECONOMÍA MARCOS CHÁVEZ marcos@contralinea.com.mx COORDINADOR WEB GONZALO MONTERROSA gonzalo@contralinea.com.mx COORDINADORA DE PUBLICIDAD JANETT ALBA janett@contralinea.com.mx COORDINADOR DE DISEÑO MIGUEL MINERO mimiga@contralinea.com.mx COORDINADOR DE PRODUCCIÓN LUIS KUAN produccion@contralinea.com.mx REPORTEROS FLOR GOCHE flor@contralinea.com.mx ELVA MENDOZA elva@contralinea.com.mx SERGIO ORTIZ sergio@contralinea.com.mx MAURICIO ROMERO mauricio@contralinea.com.mx ROGELIO VELÁZQUEZ rogelio@contralinea.com.mx DEFENSOR DEL PERIODISTA ÁLVARO CEPEDA NERI cepedaneri@prodigy.net.mx DEFENSOR DEL LECTOR JORGE MELÉNDEZ PRECIADO jamelendez@prodigy.net.mx EDITORIALISTAS FABIO BARBOSA fabiobarbosacano@gmail.com MIGUEL CONCHA MALO educacion@derechoshumanos.org.mx MARTÍN ESPARZA garrasleo6@yahoo.com.mx EDGAR GONZÁLEZ RUIZ edgargr@prodigy.net.mx ROBERTO GALINDO galeondelsur@hotmail.com SAMUEL LARA VILLA samuellaravilla@gmail.com PABLO MOCTEZUMA BARRAGÁN pablomoctezuma@hotmail.com ADRIÁN RAMÍREZ presidencia.limeddh@gmail.com JORGE LUIS SIERRA jlsierra@hotmail.com DISEÑADOR INFOGRAFISTA ASISTENTE WEB CORRECTOR

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CAPITALES/LEYES SECUNDARIAS DE TELECOMUNICACIONES: EL ESTADO AVASALLADO POR TRES APELLIDOS Marcos Chávez

LÍNEA GLOBAL/IMPULSA ECUADOR TRATADO MUNDIAL QUE REGULE A LAS CORPORACIONES Carey L Biron/IPS

LÍNEA GLOBAL/GUATEMALA: EL PUEBLO IXIL ESPERA JUSTICIA EN CASO RÍOS MONTT Randy Saborit Mora/Prensa Latina

LÍNEA GLOBAL/MASACRES EN ODESA: SILENCIO CÓMPLICE DE OCCIDENTE Y FIN DEL ESTADO UCRANIANO Red Voltaire

DEFENSOR DEL PERIODISTA MÉXICO: SÉPTIMO LUGAR EN IMPUNIDAD POR HOMICIDIOS CONTRA PERIODISTAS

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ELECCIÓN PANISTA: LA GUERRA SUCIA Y LA SOMBRA DE CALDERÓN

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CARTÓN

18 Edgar González Ruiz

AUMENTAN LOS PROBLEMAS SOCIALES

11 Manrique

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Xavier Caño Tamayo/CCS

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EUROPA: LO PEOR ESTÁ POR VENIR

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Sami Naïr/CCS

Roberto E Galindo Domínguez

LA TORTURA, LA IMPUNIDAD Y SUS PROMOTORES

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Jorge Meléndez Preciado

DE RICOS, DESIGUALDAD E IMPUESTOS

OPINIÓN MINERÍA MARINA EN BAJA CALIFORNIA SUR: RIESGO AMBIENTAL Y SOCIAL INMINENTE

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OPINIÓN

Álvaro Cepeda Neri

PARQUE DE DIVERSIONES

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EX LIBRIS

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Carlos Miguélez Monroy/CCS

EL SME Y SU PROPUESTA DE RESCATE DE LA EMBLEMÁTICA NECAXA 16

CÉSAR CANSINO: MÉXICO EN RUINAS. LOS SALDOS DEL PANISMO EN EL PODER

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Álvaro Cepeda Neri

Martín Esparza Flores

Ilustración de portada: Cecilia Martínez

CONTRALÍNEA. PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN –año 13, número 387, del 26 de mayo al 1 de junio de 2014– es una publicación semanal editada por Editorial Libertad y Expresión, SA de CV; Avenida Río Churubusco 590, col. Del Carmen, delegación Coyoacán, CP 04100, México, DF; teléfonos: 55 54 91 93 y 55 54 91 94; www.contralinea.com.mx, info@contralinea.com.mx. Editor responsable: Agustín Miguel Badillo Cruz. Número de reserva al título de derecho de autor: 04-2001-1206164804 00-102. Número de certificado de licitud de título: 12264, y de contenido: 8918. ISSN: 1665-1626. Impresa por Editorial Libertad y Expresión, SA de CV; Bolívar 238, col. Obrera, delegación Cuauhtémoc, teléfono 57 61 34 94; este número se terminó de imprimir el 23 de mayo de 2014. Distribuida por Distribuidora de Impresos, S de RL de CV, Avenida Mariano Escobedo 218, col. Anáhuac, CP 11320, México, DF, teléfono 52 62 94 00; y la Unión de Voceadores de México, despacho de Gloria Santillán, Ignacio Mariscal 44, col. Tabacalera, CP 06030, México, DF, teléfono 55 92 08 91.

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Edmundo y Gabriel: a 7 años de su desaparición, presentación con vida Al pueblo de México; a los pueblos del mundo; a los medios de comunicación nacionales e internacionales; a los organismos no gubernamentales defensores de los derechos humanos; a las organizaciones políticas, populares y revolucionarias: Hermanos, hermanas, camaradas: Este 25 de mayo se cumplieron 7 años de la detención-desaparición de nuestros compañeros Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez. Son 7 años de impunidad, de cerrazón, de complicidades veladas y abiertas para pretender llevar al olvido este crimen de lesa humanidad y enterrar una demanda nacional de miles de mexicanos que viven el mismo dolor causado con la aquiescencia del Estado desde hace décadas.

Nuestros camaradas Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez son dos revolucionarios que están en esta condición de detenidosdesaparecidos por su actividad político-revolucionaria, que consistía en impulsar las tareas de la revolución, que iban desde organizar la base social, construir la base política y dar alternativas política e ideológicas tanto en las estructuras internas del partido como en los diferentes sectores populares.

Actividad revolucionaria que no puede estar desligada de la actitud correcta ante la vida. Con ello queremos decir que nuestros compañeros en cada esfuerzo de organización, de construcción, de dirección revolucionaria de las masas movilizadas llevaban implícita la actitud humanista del transformador social, porque así nos forja la praxis revolucionaria.

Fueron detenidos-desaparecidos porque en su actividad constructora figuraba el esfuerzo permanente de organizar a nuestro pueblo contra sus opresores, es decir, lo mismo politizaban en una colonia popular que en una lejana comunidad; con el mismo fervor enseñaban a leer y escribir a niños, jóvenes y adultos excluidos del sistema educativo escolarizado; por eso construían conciencia de clase y con su actuar convocaban al progreso colectivo por medio de la acción transformadora del individuo para poder llegar a la transformación de la sociedad.

Ejemplo de dignidad y congruencia es que hoy, en su condición, siguen librando batallas en la circunstancia que se encuentran, como siempre lo hicieron cuando estaban físicamente entre nosotros. Físicamente no están con nosotros porque el Estado los mantiene recluidos en mazmorras clandestinas en estado permanente de tortura, porque tanto es el cinismo de sus captores criminales que por medio de pintas hacen alarde de seguirlos torturando.

Resistan compañeros, como lo han hecho hasta ahora guardando los secretos de la revolución; por nuestra parte continuamos exigiendo su presentación vivos y en libertad, una demanda de miles de mexicanos por la presentación de los detenidos-desaparecidos de ayer y hoy.

La larga noche de terror de los gobiernos panistas de Fox y Calderón la continúa el gobierno de Peña Nieto. A los crímenes de lesa humanidad de los gobiernos panistas le ha sumado otros miles más el actual gobierno priísta.

Qué equivocados estaban aquéllos que infundadamente esperaban e hicieron creer que venían tiempos de cambio con el Partido Revolucionario Institucional.

A la exigencia de la presentación de las víctimas del Estado ha respondido con la clásica demagogia priísta, con una maraña burocrática, con el intento de inhibir la lucha de familiares y amigos por medio de la cooptación, la coacción y la represión. La creación de una instancia burocrática más con fines policiacos CONTRALÍNEA

es el cinismo y burla sin límites de esta junta administrativa que también tiene manchadas las manos con sangre del pueblo.

En ese contexto utiliza para sus aviesos fines a personas que con buena fe aún creen en el gobierno, a la vez que a otras, ya cooptadas, que se dedican a atacar a nuestro partido con infamias y a algunas organizaciones no gubernamentales de prestigio por su trabajo con el pueblo. Ambos tipos de personas sirven al mismo propósito de fortalecer al Estado.

En burda maniobra el gobierno intentó diluir la magnitud de los crímenes de lesa humanidad presentando una lista manipulada y rasurada, reduciendo las más de 70 mil detenciones-desapariciones a la raquítica lista de 25 mil.

Independientemente de lo conservadora de la cifra “filtrada”, expresa su política de Estado: la detención-desaparición de personas por motivos políticos o sociales es una política de Estado en México de carácter transexenal. El carácter policiaco de instituciones del gobierno se ejerce en el trato dado a los familiares y amigos de los detenidos-desaparecidos.

Desde el Estado se continúa revictimizando a familiares y amigos, una expresión más del terrorismo de Estado, una acción más del Estado policiacomilitar, una agresión más al pueblo.

A 7 años de la detención-desaparición de nuestro compañeros agradecemos profundamente la solidaridad incondicional del pueblo y sus organizaciones, gesto de humanismo y solidaridad que fortalece la entereza de nuestros compañeros cautivos y fortalece nuestras convicciones para continuar en las filas de la revolución, exigiendo desde esta trinchera la presentación de ellos y de todos los detenidos desaparecidos del país por motivos políticos y sociales.

Si de los organismos del Estado sólo se ha obtenido arrogancia, cinismo, burocratismo, maniobra palaciega, autoritarismo, burla, hostigamiento e impunidad, ante la demanda de la presentación de miles de detenidos- desaparecidos enarbolada por miles de ciudadanos es necesario valorar y revalorar las formas de lucha que se han estado llevando a cabo.

Hermanos, hermanas, madres y padres, seres queridos y amigos víctimas de los crímenes de lesa humanidad, sinceramente creemos y les proponemos que es necesario desarrollar cualitativamente las formas de lucha y seguir combinando de manera creativa y flexible cualquier tipo de lucha a su alcance.

Al gobierno de Enrique Peña Nieto le exigimos dé respuesta positiva a la exigencia de presentación con vida de nuestros compañeros y el resto de detenidos-desaparecidos del país.

Ante la continuidad de los crímenes de lesa humanidad en México y premeditada indolencia del actual gobierno mexicano, nos dirigimos a los organismos nacionales e internacionales defensores de los derechos humanos no gubernamentales para solicitarles, de la manera más atenta, su solidaridad y gestiones humanitarias para encontrar a nuestros compañeros y coadyuvar a dar curso a su caso en las instancias internacionales de impartición de justicia y en pro de los derechos humanos.

Un gobierno que continúa con la política de cometer crímenes de lesa humanidad como política de Estado no sólo debe recibir recomendaciones y amonestaciones; ante todo, debe ser enjuiciado para castigar a los responsables materiales e intelectuales que siguen bajo el amparo y la protección del Estado.

A los familiares y amigos de nuestros compañeros: concluye 1 año y empieza otro más de lucha, a la cual hay que darle nuevos bríos e imprimirle más dinamismo y creatividad. Sepan ustedes que el dolor que los embarga es nuestro, pero éste lo debemos transformar en acción revolucionaria. Amigos y familiares de todos los detenidos y desaparecidos: recuerden que a un gobierno 2 6 D E M AYO D E 2 0 1 4

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represor, sólo se le puede enfrentar con la coordinación y la unidad de esfuerzos y capacidades político-organizativas: ni una voz y acción por los desaparecidos dispersa y aislada; los desaparecidos son de todo el pueblo; su causa es nuestra causa. ¿Por qué marchar por separado? ¡A seguir exigiendo la presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos de ayer y hoy! ¡A exigir la libertad de todos los presos políticos! ¡A cerrar filas contra el terrorismo de Estado! ¡Por la revolución socialista! ¡Vencer o morir! ¡Por nuestros camaradas proletarios! ¡Resueltos a vencer! ¡Con la guerra popular! ¡El Ejército Popular Revolucionario triunfara!

República Mexicana; 22 de mayo de 2014.

Comité Central del Partido Democrático Popular Revolucionario, Comandancia General del Ejército Popular Revolucionario, año 50

Defensores de derechos humanos de todo el país, preocupados por leyes que avalan uso de la fuerza pública contra la protesta social El pasado 15 de mayo el Congreso de Chiapas aprobó el Código de uso legítimo de la fuerza pública. El dictamen regula el uso de la fuerza pública ante movimientos, disturbios y protestas sociales y avala el uso de armas no letales para dispersar manifestaciones violentas. Por otro lado, el 19 de mayo, el Congreso de Puebla aprobó la Ley para Proteger los Derechos Humanos y que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza por Parte de los Elementos de las Instituciones Policiales del Estado, en la que se prevé la posibilidad de que agentes policiales utilicen “fuerza letal”, cuando su vida esté en peligro, durante manifestaciones públicas; también abre la puerta a detenciones arbitrarias.

Ante estos hechos, las organizaciones que conformamos la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT) externamos nuestra preocupación y condenamos la aprobación de las leyes que avalan el uso de la fuerza pública en manifestaciones y criminalizan el derecho a la protesta social en los estados de Chiapas y Puebla.

El Comentario acerca de la Declaración sobre Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos de la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos indica que “el derecho a la protesta es un derecho plenamente desarrollado que comprende el disfrute de una serie de derechos reconocidos internacionalmente y reiterados en la Declaración sobre los defensores y las defensoras de los derechos humanos. Esos derechos incluyen la libertad de expresión y opinión, la libertad de asociación, la libertad de reunión pacífica y los derechos sindicales, en particular el derecho de huelga. La protección del derecho a la protesta en el contexto de la libertad de reunión conlleva la obligación de proteger a los titulares del derecho a la protesta en el ejercicio del derecho y la obligación de no interferir en las protestas pacíficas.

Las organizaciones que formamos parte de la Red TDT junto con otras organizaciones y movimiento sociales hemos expresado que la protesta social es un mecanismo legítimo de exigibilidad de derechos, por tanto el Estado tiene la obligación de proteger, respetar y garantizar su ejercicio, y está obligado a escuchar y buscar vías de solución a las demandas.

En meses recientes hemos denunciado la tendencia que existe tanto a nivel federal como en los estados de aprobar leyes que pretenden restringir los derechos a la libertad de expresión, manifestación, reunión y protesta social.

Asimismo hemos señalado que además de que los contenidos de estas leyes violentan derechos humanos, los procesos legislativos para su aprobación han sido irregulares, apresurados y sin atender a las demandas de la sociedad civil respecto a la necesidad de discutir tales iniciativas de manera pública. Hemos señalado la ambigüedad en el uso de conceptos como paz pública, orden público, uso racional de la fuerza y manifestación violenta, entre otros, pues se prestan a la interpretación discrecional de las autoridades.

Nos sumamos a la preocupación de activistas y defensores de derechos 6

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humanos que trabajan en los estados de Chiapas y Puebla, que han señalado que con estas nuevas leyes se pretende legalizar los atropellos que ya cometen las distintas fuerzas de seguridad pública y que generan un marco legal que posibilita las violaciones a los derechos humanos en el contexto de las manifestaciones públicas.

Atentamente: Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (conformada por 74 organizaciones en 20 estados de la República Mexicana).

Palestinos se solidarizan con zapatistas No muy lejos de aquí en un lugar llamado Gaza en Palestina, en Medio Oriente aquí al lado un ejército fuertemente armado y entrenado el del gobierno de Israel continúa su avance de muerte y destrucción Subcomandante insurgente Marcos Chiapas, México A la familia del compañero Galeano, a todos los heridos, a la Junta de Buen Gobierno de La Realidad, a las Juntas de Buen Gobierno, a la Sexta, a los palestinos en Palestina y la Shatat: En los últimos días hemos escuchado las noticias que han salido de Chiapas, México, y sentimos nuestros corazones pesados. Informa sobre un ataque paramilitar en contra de nuestros hermanos y hermanas indígenas zapatistas el 2 de mayo en la comunidad de La Realidad. El ataque dejó la escuela autónoma y la clínica autónoma destruidas, quince compañeros zapatistas heridos y Galeano, un maestro de la Escuelita, brutalmente asesinado.

Entendemos que esto no fue un enfrentamiento entre dos grupos armados, sino un ataque a manos de paramilitares armados contra civiles zapatistas desarmados. También entendemos que el ataque fue sólo la última orquestación del gobierno mexicano al servicio del neoliberalismo, continuando con el robo de México y la expulsión final de los pueblos indígenas de sus tierras una vez por todas. Los zapatistas son una amenaza digna a esta nueva cara del colonialismo, y aquellos que mandan desde arriba lo saben bien.

La táctica se ha convertido en una de las favoritas del gobierno mexicano durante los últimos 20 años: armar, financiar y organizar grupos paramilitares, cuyos miembros provienen de otras comunidades indígenas de Chiapas para luego fabricar la mentira de que se trata de conflictos intracomunitarios. Los principales medios de comunicación entonces no tienen que trabajar muy duro en sus manipulaciones. En este caso, el grupo paramilitar que el gobierno envió para atacar a nuestros hermanos y hermanas zapatistas se conoce con el nombre de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos-Histórica (CIOAC-H), y fue asistida por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido Acción Nacional (PAN), dos cuerpos políticos en México actualmente ayudando a manejar el saqueo y la destrucción del país.

Así que, al escuchar las noticias que salen de Chiapas, lo que entendemos por encima de todo es que aunque los nombres cambien, la muerte y la destrucción siguen siendo iguales.

“Los ríos subterráneos que recorren el mundo pueden cambiar de geografía, pero entonan el mismo canto.”

El neoliberalismo, el colonialismo, la ocupación…

CONTRALÍNEA

No tuvimos el honor de conocer el compañero Galeano, pero pensamos que tal vez no era necesario. Estamos oyendo que él vivió para nosotros, y que él cayó luchando para nosotros. ¿Qué más queda por saber? Galeano era nuestro hermano, nuestro padre, nuestro amigo… Galeano era nuestro maestro.

Lo que enseñó Galeano es lo que los hombres, mujeres, jóvenes y ancianos zapatistas enseñan cada día: que el mundo que comenzó a ser construido el 12 de octubre de 1492 es el que hizo posible el 15 de mayo de 1948, y que ha sido una catástrofe para la humanidad. Éste es un mundo que requiere la aniquilación de aquellos de nosotros que se niegan a vivir por sus diseños, y la única manera que tenemos para ganar esta lucha –los zapatistas nos enseñan– es mediante la creación de un mundo nuevo para habitarlo juntos. Un mundo de nuevo, como nos dicen, “donde quepan muchos mundos”.

Así pues, hoy en día, el 15 de mayo pasado, en esta 66 conmemoración de nuestra catástrofe, de nuestra Nakba, como la llamamos en árabe, entendemos que nuestros hermanos y hermanas en Chiapas están luchando contra una Nakba, en una resistencia no sólo para sí mismos, sino para toda la humanidad. Y así nos encontramos con ellos en digna rabia, reflexionando sobre cómo el crimen en contra de nosotros y nosotras en Palestina es un crimen que muchos más alrededor del mundo han seguido experimentando durante estos 500 años.

Nos sumamos hoy en una fuerte condena del asesinato del compañero Galeano, el ataque en La Realidad, y todas las agresiones en contra de nuestros hermanos y hermanas zapatistas en Chiapas. Y hacemos un llamado a todas las organizaciones, comunidades, colectivos e individuos palestinos, caminando en dignidad y en lucha, para denunciar estos ataques contra los zapatistas como un ataque contra todos nosotros y nosotras. Si bien sabemos que nuestras palabras no pueden recuperar el cuerpo de Galeano, y que es posible que no curen las heridas de los lastimados, sí sabemos, lo que sí podemos decir de hecho, es lo que el subcomandante insurgente Marcos una vez se tomó el tiempo para decir a nosotros: “las palabras desde lejos tal vez no alcanzan a detener una bomba pero son como si se abriera una grieta en la negra habitación de la muerte y una lucecita se colara” De Palestina y la Shatat, desde abajo y a la izquierda: Colectivos: Alumnos palestinos de La Escuelita, primer grado del curso La libertad según los zapatistas; Movimiento juvenil palestino, sucursal estadunidense Individuos: Amal Eqeiq, Shadi Rohana, Ahmad Nimer, Salma Abu Ayyash, Hazem Al Namla, Hazem Jamjoum, Ahmad Lahham, Faris Giacaman-Taraki, Yara Kayyali Abbas, Nada Elia, Remi Kanazi, Murad Odeh, Boikutt, Randa Wahbe, Wassim, Thayer Hastings, Isshaq AlBarbary, Mezna Qato, Natasha Aruri, Dena Qaddumi, Budour Hassan, Shireen Akram-Boshar, Linah Alsaafin, Vivien Sansour, Nura Alkhalili, Deema Alsaafin, Omar Jabary Salamanca, Annemarie Jacir, Will Youmans, Raya Ziada, Alaa Hijaz, Lucy Garbett, Hala Turjman

Inteligencia, para el control social, dice Acerca de la nota “Concentran inteligencia militar y civil en el Cisen”, deseo comentar que este tipo de movimientos en las esferas de los organismos de seguridad nacional lleva un doble fin y no sólo es para contener la delincuencia. Es para coartar la libre expresión, marchas y mítines a realizar. Esperemos más adelante. Saludos.

Sergio Antonio Huerta Zúñiga CONTRALÍNEA

Amnistía Internacional demanda urgente y exhaustiva investigación por asesinato de Sandra Luz Hernández Amnistía Internacional condena el asesinato de Sandra Hernández que tuvo lugar el pasado 12 de mayo en la ciudad de Culiacán, en el estado de Sinaloa.

Sandra Hernández fue baleada en la vía pública cuando iba en camino a una cita con una persona quien presuntamente tenía información sobre la desaparición de su hijo.

La organización considera positiva la detención de una persona presuntamente implicada en su homicidio. Sin embargo, es esencial asegurar una investigación imparcial, pronta y exhaustiva para esclarecer los hechos sin recurrir a las violaciones de derechos humanos.

Amnistía Internacional considera también positivo el compromiso anunciado por el gobernador del estado de asegurar que el asesinato de Sandra Hernández no quede impune, pero reitera que es esencial que las autoridades realicen una investigación de la más alta calidad, con pruebas sólidas y sin depender de la supuesta confesión del implicado.

Según fuentes periodísticas, las autoridades estatales han informado que la persona detenida ha confesado ser el autor material del crimen y que lo ha cometido debido a un problema personal con la víctima. Este anuncio sugiere más preguntas que respuestas.

Amnistía Internacional ha documentado en otras ocasiones el uso de confesiones obtenidas mediante coacción con el objetivo de poder presentar prontamente ante la opinión pública a presuntos culpables de casos que generan mucha indignación social. Al mismo tiempo, estas “confesiones” suelen quitarle a los crímenes en cuestión toda connotación política. Es imprescindible que este patrón no se repita.

Las autoridades deben demostrar la credibilidad de su investigación, incluyendo el móvil del homicidio, y procesar a todos los responsables respetando sus derechos humanos. Amnistía Internacional considera fundamental que durante las investigaciones no se descarte la posible relación entre el crimen y los esfuerzos de Sandra Hernández de encontrar a su hijo desaparecido, Edgar Guadalupe García.

Amnistía Internacional también insiste en que las autoridades esclarezcan la desaparición de Edgar García, ocurrida a manos de desconocidos el 12 de febrero de 2012. Sandra Hernández era quien mantenía viva la búsqueda de su hijo desde entonces, sin que las autoridades realizaran una investigación efectiva. La defensora de derechos humanos también colaboraba con otros familiares de personas desaparecidas, junto con el Comité de Defensa de los Derechos Humanos de Sinaloa, para lograr la tipificación de la desaparición forzada en el Código Penal del estado.

Al parecer, poco antes de su asesinato, Sandra Hernández había obtenido información sobre los posibles responsables de la desaparición de su hijo.

Es esencial que la investigación indague todo este contexto, incluyendo los otros esfuerzos de Sandra Hernández para encontrar a su hijo, e identificar a los perpetradores de la desaparición de su hijo para que fueran llevados ante la justicia.

El asesinato de Sandra Hernández muestra otra vez los peligros que enfrentan los familiares de las miles de personas desaparecidas en México.

Frecuentemente están obligados a asumir un papel central en la investigación del destino o paradero de sus seres queridos frente a la omisión, complicidad o falta de capacidad de las autoridades.

Este trágico asesinato debe ser un catalizador para que los gobiernos estatales y el federal tomen en serio este problema y ejecuten medidas eficaces para prevenir, investigar y sancionar la desaparición de personas, independiente de que los presuntos responsables sean funcionarios públicos o particulares.

Oficina en México de Amnistía Internacional 2 6 D E M AYO D E 2 0 1 4

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OFICIO DE PAPEL

Reculan los siete magistrados del Tribunal Electoral Miguel Badillo*

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uando parece que todo está perdido; que la corrupción gubernamental y empresarial, el abuso de poder de la burocracia y el tráfico de influencias de los servidores públicos han ganado la batalla, aparece unida la crítica social y obliga a los abusadores a recular. Éste es el caso de los siete magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), encabezados por Alejandro Luna Ramos, quienes cabildearon con el gobierno federal y su partido (Revolucionario Institucional, PRI) para obtener un “haber de retiro”, que no es otra cosa que una pensión vitalicia después de que dejan el cargo, como ahora la cobran los 11 exministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Ante el evidente abuso que pretendían también los responsables de ese Tribunal, la sociedad toda reprochó la descarada pretensión de los magistrados y obligó al Congreso de la Unión y a los siete “ofendidos” a dar marcha atrás en su cínica propuesta e impedir así que se cometiera un abuso más con dinero público.

Fue el mismo presidente del Tribunal, Luna Ramos, quien anunció que no cobrarían ningún bono por su retiro, y se lamentó que los medios de comunicación los ataquen y que la población haga juicios a partir de información “imprecisa, maliciosa y tendenciosa”.

Veamos ahora si lo que dice el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Alejandro Luna Ramos, es cierto.

Más de la mitad de la población en México tiene distintos niveles de pobreza, y la tercera parte –unos 40 millones de personas– vive con deficiencias extremas. Unos 80 millones de mexicanos sufren también problemas de alimentación, salud, educación y vivienda. A eso sumamos la inseguridad y violencia; el desempleo y subempleo; la pérdida del poder adquisitivo y la recesión económica; la corrupción guberna-

mental y privada; el abuso de poder y el tráfico de influencias.

En medio de esta crisis que ha llevado a la sociedad al borde del colapso, observamos el cinismo de los siete magistrados del TEPJF que creen merecer un trato especial por haber avalado las elecciones presidenciales de 2012.

Sin duda se trata de un ejemplo más de cómo servidores públicos asumen sus funciones con el propósito de enriquecerse ilícita e inmoralmente, ante la complacencia y complicidad de los tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Sin embargo, la población ya enjuició a los magistrados y los sancionó públicamente.

Esta forma de actuar, que se replica en todos los niveles de la función pública, explica el alto índice de pobreza en el que se encuentra el país y el riesgo alarmante de estallidos sociales, como ya ha sucedido en varios estados de la República (Guerrero, Oaxaca y Michoacán).

A esos siete magistrados abusivos, responsables de avalar la elección presidencial en 2012, les tiene sin cuidado que México sea uno de los países más pobres de América Latina y que en el primer trimestre de este año el país haya enfrentado una recesión económica, pues a ellos sólo les importa garantizarse un elevado salario de por vida pagado con el erario público.

Pero fue la protesta e inconformidad social la que obligó al PRI a proponer que esa pensión de por vida se reduzca a pagarles a los siete magistrados sus sueldos durante 2 años sin trabajar. Vaya canonjía para esos “servidores públicos”, mientras la clase obrera y campesina vive con salarios de hambre.

Esta prestación –que ya había sido aprobada por el Congreso en las leyes reglamentarias de la reforma política– sólo refleja el abuso en el que han vivido los magistrados del Tribunal Electoral durante muchos años.

Se trata de un evidente dispendio, pues además de los buenos sueldos que ahora reciben esos magistrados y mandos medios y supe-

Fue la protesta e inconformidad social la que obligó al PRI a proponer la reducción de la pensión vitalicia a un pago de sus sueldos a favor de los siete magistrados durante 2 años sin trabajar. Vaya canonjía para esos “servidores públicos”, mientras la clase obrera y campesina vive con salarios de hambre 8

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CONTRALÍNEA

riores, también se asignaron en 2012 un bono por el “apoyo” al proceso electoral, que consistió entre 1 y 2 meses de sueldo a cada trabajador, dependiendo del cargo; otro bono de la misma dimensión les fue entregado después del 1 de julio de ese mismo año, nuevamente por “apoyo” a las elecciones presidenciales, y por si eso fuera poco, los magistrados del Tribunal Electoral han dispuesto que cada 4 meses se les pague un bono económico equivalente a 1 mes de salario.

En esta columna describimos en 2012 el abuso que desde entonces se vivía en el TEPJF: los siete magistrados se autorizaron camionetas blindadas modelo Grand Cherokee, con valor aproximado a 1.5 millones de pesos por cada vehículo; cada uno de ellos tiene asignado para su servicio otros dos automóviles con su respectivo gasto de gasolina y choferes; su ingreso mensual neto fluctúa entre los 230 mil y 250 mil pesos, el mismo sueldo que gana el presidente de la República; cuentan con un seguro de separación individualizado contratado con la empresa MetLife, consistente en que el magistrado aporta 10 por ciento de sus ingresos y el Tribunal otro 10 por ciento con dinero público, y el total lo recibirá cada magistrado cuando termine su gestión.

Además, dicho órgano de “justicia” le otorga a los magistrados un seguro de vida y un seguro de gastos médicos mayores, con cero

pesos; o la lujosa camioneta para el presidente Luna Ramos, una Toyota Sequoia, que tiene un precio de alrededor de 800 mil pesos.

Pero los siete magistrados no sólo están interesados en su bienestar económico, su seguridad y sus alimentos, sino también en participar en la recomendación de su personal, de amistades y compadres en cargos de mandos superiores y medios del Tribunal. Es decir, el nepotismo.

En aquel año de 2012 escribí en esta columna: “Por ejemplo, Rolando de Lasse Cañas, coordinador de Adquisiciones, Servicios y Obra Pública del Tribunal, despidió al director de Proyectos, René Alvarado, y en su lugar entró Valentín Rosas García, quien entre pasillos presume su amistad con uno de los hijos del doctor Luna Ramos.

“Lo más grave de esa remoción del ingeniero Alvarado y que por lo menos debería preocupar a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es que se dio porque el funcionario se negó a firmar y aceptar las nuevas estimaciones económicas para una obra de remodelación y ampliación de la Sala Regional del Tribunal en Monterrey, Nuevo León, que tuvo un desembolso del erario de entre 55 [millones] y 60 millones de pesos, con deficiencias de tiempo y costo. Dicha obra estaba planeada para concluirse en marzo, pero demoró 4 meses más y tuvo un sobrecosto de 15 millones. El encargado de vigilar el

Los magistrados cuentan con un seguro de vida y uno de gastos médicos mayores, con cero coaseguro: cualquier gasto relacionado con el internamiento en hospitales de lujo no genera desembolso alguno a los magistrados, pues todo está cubierto por el seguro que les pagamos los mexicanos

coaseguro; es decir, que por cualquier gasto que genere el internamiento del magistrado o magistrada en algún hospital de lujo no desembolsará 1 solo centavo de sus ingresos, pues todo estará cubierto por el seguro pagado con dinero público de los mexicanos.

Como estos siete magistrados fueron los responsables del cómputo final de la elección presidencial y de calificar su legalidad para declarar quién fue presidente electo, necesitaban más estímulos económicos que los alejaran de tentaciones de corrupción o de componendas política, por ello votaron a su favor para asignarse, antes del 1 de julio de 2012, un bono por riesgo de 500 mil pesos, lo que equivalió a 2 meses de sueldo.

El TEPJF también ha dispuesto que sus siete magistrados no gasten su sueldo en el consumo de alimentos, por lo cual les otorga 15 mil pesos mensuales, dinero equivalente al salario mínimo que recibirían en el mismo lapso de tiempo ocho trabajadores mexicanos. Si los 15 mil pesos no son suficientes para sus costosas comidas, tienen derecho a presentar facturas que el Tribunal pagará como “atención a magistrados”.

Entre los gastos “menores” en beneficio de los magistrados está la disposición de más de 100 mil pesos para comprarle a cada uno su iPad; también una moderna cafetera a un “mínimo” costo de 20 mil CONTRALÍNEA

buen uso de los recursos es Rolando de Lasse Cañas.

“Otro despido injustificado fue el del ingeniero Roberto Healty, quien tuvo que dejar la Jefatura de Unidad de Control de Obras y Conservación del Tribunal para que a su lugar llegara Ricardo Zetina, también recomendado de De Lasse Cañas, quien procura siempre estar atento a las peticiones del presidente Luna Ramos y de los magistrados Manuel González Oropeza, Constancio Carrasco Daza y Salvador Olimpo Nava Gomar.

“A la Coordinación de Adquisiciones, Servicios y Obra Pública del TEPJF le atribuyen algunos despidos injustificados de directores, coordinadores y asesores. Por ejemplo, a Carlos Sánchez, que era asesor del director general de Recursos Materiales, lo habían ascendido como director de Adquisiciones, pero sólo duró 1 semana en el cargo porque fue removido y despedido del Tribunal. El titular de dicha Coordinación de Adquisiciones es el doctor Rolando de Lasse Cañas, quien tuvo un desempeño polémico como director Jurídico del Instituto Federal Electoral y también se desempeñó como secretario ejecutivo de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia”.3 *Periodista 2 6 D E M AYO D E 2 0 1 4

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DEFENSOR DEL PERIODISTA

México: séptimo lugar en impunidad por homicidios contra periodistas Álvaro Cepeda Neri*

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n un no muy riguroso análisis de la organización no gubernamental Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por su sigla en inglés), domiciliada en Nueva York, se asienta que México, el alias de los Estados Unidos Mexicanos, ocupa el séptimo lugar con más impunidad respecto a homicidios contra periodistas. Esto a pesar de que desde hace 13 años y medio han asesinado a 79 de ellos. Y ya sea con investigaciones o sin ellas, ignoramos quiénes fueron los sicarios y, sobre todo, quiénes ordenaron privarlos de la vida, desde que el 30 de mayo de 1984 fuera asesinado el singular, incisivo y rigurosamente informado Manuel Buendía (Miguel Ángel Granados Chapa, Buendía. El primer asesinato de la narcopolítica en México, editorial Grijalbo).

Desde el presidencialismo delamadridista, pasando por Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y el peñismo (1982-2014), la narcopolítica, es decir, las complicidades entre funcionarios, políticos y capos del narcotráfico, se asociaron también para eliminar periodistas a la sombra de las delincuencias organizadas (Carlos Moncada Ochoa, Oficio de muerte. Periodistas asesinados en el país de la impunidad, con prólogo de Miguel Ángel Granados Chapa, Grijalbo-Proceso).

No solamente en el caso de los periodistas nuestro país se ha convertido en el paraíso de la impunidad; sobre todo si se trata de quitarle la vida a los mexicanos que critican a gobernantes, y más si informan de los nexos entre funcionarios y narcos o entre funcionarios y empresarios corruptos; por ejemplo –a todas luces responsable de imputaciones penales–, Amado Yáñez Osuna, quien ya lleva 80 días “arraigado” en su mansión de Acapulco por el desfalco de Oceanografía, filtrándose rumores de que hay panistas involucrados que pueden llegar hasta Calderón.

Se abarrotan las cárceles y se multiplican los arraigos, pero la violencia se expande por todo el país con todo y los desarmes del procónsul de Enrique Peña en Michoacán. Y renace la delincuencia en otros estados, como en Sonora (donde prevalece la rapiña del desgobernador Guillermo Padrés con el robo del agua de la tribu yaqui), en Tamaulipas, Estado de México y Veracruz (esta última entidad ostenta el primer lugar en impunidad, con más de 10 homicidios de periodistas, y donde priva la corrupción con Javier Duarte –peor que la bestial de Fidel Herrera–, quien paga inserciones en todos los medios de comunicación para hacerse el “protagónico eficaz”).

En ese caos social, económico, político, delincuencial que parece una “crisis perpetua” al estilo colombiano (Gabriel García Márquez, El amor en los tiempos del cólera), los periodistas también están pagando facturas, ya que el CPJ, con 10

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datos en la mano, calificó a México en el séptimo lugar en el lapso 2004-2013. Ésta es la lista de ese cuadro sangriento: Irak, Somalia, Filipinas, Sri Lanka, Siria, Afganistán, México, Colombia, Pakistán, Rusia, Nigeria e India. La Red Nacional de Defensoras de los Derechos Humanos reportó 41 agresiones a comunicadores (ambas informaciones en La Jornada, 17 y 22 de abril de 2014). Y el reportero Ángel Villarino nos hizo saber que la organización Freedom House clasificó a México durante 2013 –ya con el peñismo– como el país donde la libertad de prensa es la de un “país no libre”, por cuanto que “México sigue presentando los mismos niveles de violencia, intimidación e impunidad, además de la concentración mediática” (Reforma, 2 de mayo de 2014).

La comunicadora-periodista Carmen Aristegui es víctima constante de ataques e intimidaciones por parte de quienes están en desacuerdo con su profesionalismo y manera de ejercer las libertades de prensa; y en su columna semanal analiza y comenta el informe de Freedom House: “Algunos periodistas y críticos en este país hemos sufrido, de un tiempo para acá, fabricaciones, montajes, falsificaciones, amenazas y orquestaciones que sólo pueden realizarse con la disposición de importantes recursos –públicos y/o privados– que les permiten sostenerse con gran libertad y periodos prolongados […]. El clima es peligroso, inhibidor, induce a la autocensura. Todo lo cual debería poner en alerta a la sociedad mexicana. La calidad informativa, el derecho a saber, el libre flujo de las ideas y de la información están en México seriamente amenazados” (Reforma, 2 de mayo de 2014).

Y habría que agregar que en gran parte de ese amenazante panorama está la mano invisible-visible del peñismo, ya que durante los 18 meses del relevo presidencial tras el final del Partido Acción Nacional, Peña Nieto ha ido de menos a más en la molestia contra la prensa crítica impresa y por radio y televisión (¡por Dios que no es Televisa!), pues ninguna de sus reformas-contrarreformas ha tenido aceptación. Los empresarios están contra la contrarreforma fiscal; la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) contra la educativa, y en seis entidades interpuso Peña controversias constitucionales ¡porque la CNTE impuso una legislación contraria a él!; Televisa, Slim-Telcel, Telefónica de Francisco Gil Díaz –primo de uno de los que pescaron en Oceanografía– están en contra de la de telecomunicaciones; la laboral es impugnada por los trabajadores independientes y viene la energética, que tiene a punto de incendiar al país. En ese contexto, los periodistas con sus análisis y críticas han creado una oposición que tiene nervioso al señor Peña, y es entonces que las agresiones, homicidios, intolerancias y censuras han aumentado, y las libertades de prensa “están, en México, seriamente amenazadas”.3 *Periodista CONTRALÍNEA

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Parque de diversiones

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OPINIÓN

Minería marina en Baja California Sur: riesgo ambiental y social inminente Roberto E Galindo Domínguez*

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a reciente controversia de pobladores –principalmente pescadores y ambientalistas– con autoridades y empresas privadas, generada en torno a la minería marina que se pretende llevar a cabo en Baja California Sur, en el corredor pesquero San Carlos-Las Barrancas-San Juanico, en la costa del Océano Pacífico, es apenas la punta del iceberg de la infinidad de problemas ambientales y sociales que se desencadenarán en México por la gravedad de los daños que puede causar esta novedosa forma de explotación minera del fondo marino, que además puede tener enormes repercusiones mundiales, pues el daño al medio ambiente marino no se limitaría a las zonas propuestas para la extracción.

De acuerdo con Carlos Ibarra, del diario El Independiente, las compañías que quieren practicar extracción minera marina, principalmente en cuanto al aprovechamiento de fosfatos, son: Exploraciones Oceánicas, S de RL de CV; Fosforitas del Pacífico SD, SA de CV; y Corporación Fosfórica Mexicana, SA de CV, de las cuales la primera tiene una concesión de la Secretaría de Economía del gobierno federal del 28 de junio de 2012 sobre una extensión de 268 mil 238 hectáreas en el área llamada “Don Diego”; la segunda operará con una concesión sobre un área de 13 mil 474 hectáreas emitida el 8 de septiembre de 2010, y la última mediante una concesión emitida el 31 de enero de 2012 sobre un área de 18 mil 237 hectáreas (Carlos Ibarra Meza, El Independiente, http://diarioelindependiente.mx/portal/2014/04/tres-empresas-interesadas-enmineria-marina-en-comondu/). De acuerdo con la Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera Puerto Chale, dichas concesiones son por 50 años; la primera tiene el expediente 594 y título 240744; la segunda, el expediente 454 y título 236987; y la tercera, el expediente 4/2/301 y título 239628. El 8 de mayo pasado, Juan Ángel Trasviña, presidente de la organización Medio Ambiente y Sociedad, desde el plantón que el Frente Ciudadano en Defensa del Agua y la Vida mantiene en la explanada del Palacio de Gobierno de La Paz, dijo a Contralínea que ese día “se le planteó al diputado Jesús Salvador Verdugo Ojeda la necesidad de blindar al estado de Baja California Sur contra los megaproyectos de minería tóxica a cielo abierto, principalmente el denominado Los Cardones y los de la minería submarina”. En cuanto a estos últimos, dice que en una 12

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reunión celebrada en días pasados en la Universidad Autónoma de Baja California Sur en la que participaron además de él, la doctora Rocío Marcín –especialista en mamíferos marinos–, el maestro en ciencias Jesús Echavarría y algunos pescadores de la Cooperativa del Puerto Chale, estos últimos señalaron que el señor Armando Navarro, directivo de dicha Cooperativa, llevó a varios inversionistas de las compañías mineras submarinas a las comunidades pesqueras más cercanas a la zona determinada para la explotación, para plantearles los beneficios de la minería marina y convencerlos de apoyarlos con su anuencia para la realización de los trabajos de extracción submarina. Ante ello, los pescadores, conscientes de la magnitud de los daños que esta actividad causaría al medio ambiente marino, le manifestaron a Navarro y a los inversionistas su rechazo a la entrada de las compañías mineras submarinas. Cabe señalar que la Cooperativa representada por Navarro ha manifestado, en el comunicado denominado Manifiesto del Golfo de Ulloa, la necesidad de realizar amplios estudios de impacto ambiental en la zona antes de proceder a los trabajos de extracción minera, que rechazan en general la participación de organizaciones ecologistas por considerarlas oportunistas y sin derecho a opinar sobre sus asuntos. Ante lo cual creo que por la magnitud de los posibles daños que se puedan causar al medio marino, que no se limitarían a las zonas de extracción y tampoco al litoral de Baja California Sur, es fundamental la participación de todos los sectores y de cualquier ciudadano mexicano interesado en la preservación del medio ambiente, pues no es segregando sino sumando esfuerzos que un asunto de tal envergadura puede llegar a buen fin.

De las empresas mineras extranjeras queda claro que carecen de ética y conciencia ambiental. La experiencia a través de la historia en nuestro país con las empresas trasnacionales que han extraído minerales del subsuelo ha sido desastrosa. Más que extracción, han realizado un saqueo indiscriminado con múltiples consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud de los pobladores, que en muchos casos han llevado a la muerte a muchas personas; y por supuesto con la mayor parte de las ganancias económicas para los dueños de las empresas, ya sean nacionales o extranjeras. Un panorama general y desalentador al respecto se puede consultar en el libro Minería: cinco siglos de saqueo, de Alfredo Valadez Rodríguez, editado por La Jornada y la Universidad de Zacatecas en 2013. La realidad de la minería en México parece ser desconocida por la mayoría de nuestros gobernantes, ¿o será acaso que intereses económicos muy fuertes los mueven a seguir dando concesiones a CONTRALÍNEA

Al barrer el fondo marino para la extracción de los minerales se altera ese estrato donde viven innumerables especies, las cuales –ante la destrucción de su hábitat– sólo tienen dos opciones: emigrar o morir. En el caso de las especies endémicas, el riesgo de la extinción es inminente

empresas privadas para la explotación de nuestros recursos naturales?

Son tan rapaces que no se conforman con la enorme devastación minera que en tierra han propiciado con permisos y concesiones a compañías trasnacionales; además ahora pretenden hacer lo mismo en el subsuelo marino.

La minería marina ha sido practicada desde hace miles de años, sobre todo en cuanto a la extracción de sal y corales de manera artesanal. Y durante los siglos XIX y XX de manera industrial, principalmente en el rubro salino. Claro ejemplo de ello son las salineras de Guerrero Negro, en Baja California. Pero fue hasta la década de 1980 cuando la minería marina a gran escala en aguas someras para la extracción de gran variedad de minerales y, más recientemente en aguas profundas, se ha vuelto posible, gracias a los avances tecnológicos; pero las técnicas empleadas para la extracción son aún novedosas y han sido escasamente probadas a nivel mundial, por lo que su aplicación en México sería una especie de experimento de laboratorio cuyas consecuencias ambientales son incalculables.

De acuerdo con la organización no gubernamental Greenpeace (www.greenpeace.org/international/deep-seabed-mining/) y el estudio Man and the last great wilderness: human impact on the deep sea, publicado en 2011 (www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2 Fjournal.pone.0022588), los daños ambientales causados por la minería marina son por ahora impredecibles. Por mencionar sólo algunos trasladados al caso de la Península de Baja California, en tres vertientes muy generales se tiene que: 1. Al barrer el fondo marino para la extracción de los minerales se altera ese estrato en el cual viven innumerables especies marinas, las cuales –ante la alteración, por no decir destrucción de su hábitat– sólo tienen dos opciones: emigrar y buscar otro espacio –si es que eso es posible– o morir; y en el caso de especies endémicas eso las puede llevar a la extinción.

2. Durante la extracción de los minerales se remueve el fondo marino, lo que genera la agitación de partículas de diversos sedimentos que por algún tiempo se mezclan con el agua y se mueven de acuerdo con las corrientes imperantes, pero en algún momento esas partículas se asentarán nuevamente, lo que no se sabe es dónde exactamente lo harán, y al hacerlo pueden sepultar a otros organismos del fondo marino causando la muerte de los mismos. En esta segunda vertiente de daños es importante mencionar que los sedimentos removidos, además, obstruyen la penetración de la luz solar en el agua y cambian la oxigenación de la misma, lo que indudablemente afecta las condiciones que el plancton necesita para subsistir, con lo que irremediablemente se afecta la cadena alimenticia marina, lo que incide directamente en algunas ballenas que se alimentan de estos microorganismos y que frecuentan las CONTRALÍNEA

zonas donde se haría la extracción; o simplemente si dichas partículas quedan en sus rutas migratorias, sin duda afectará a algunos de los cetáceos que han hecho de la península de Baja California uno de sus lugares preferidos.

3. La contaminación del agua marina por los residuos químicos vertidos al mar tras los procesos de extracción de minerales, mismos que incidirán en toda especie marina de la zona y que pueden causar su muerte. Además está la contaminación causada por los combustibles empleados por las embarcaciones y la maquinaria para la extracción minera.

Asimismo, a nivel sonoro, se tiene la contaminación por ruido, el que sin duda será generado por las embarcaciones y la maquinaria (removedoras, excavadoras, dragas y demás equipo empleado para la extracción de sedimentos). La afectación del ruido sobre las especies locales puede hacer que éstas abandonen la zona. Además, la contaminación sonora puede incidir en aquellas especies migratorias como ballenas, tiburones y tortugas, incluso cuando estos animales no transitan directamente en la zona de extracción, con lo que se tiene el riesgo de que estos viajeros modifiquen sus rutas migratorias.

Las tres vertientes mencionadas sobre los daños que puede causar la minería marina son muy generales y abarcan pocos aspectos del gran impacto que esta actividad puede causar al medio marino, pero sin lugar a dudas generarán grandes afectaciones en actividades como la pesca y el turismo. En cada una de las vertientes señaladas, los daños directos e indirectos inciden finalmente en todos los organismos que viven y dependen del hábitat marino, incluido el hombre.

Un buen ejemplo del riesgo que conlleva la minería marina se puede advertir en el caso de los daños ambientales que se espera se desencadenen por la extracción de fosfatos del fondo marino somero en Namibia, extracción que pretende ser llevada a cabo por las compañías Namibian Marine Phosphate y LL Namibia Phosphates, y que en un principio contaron con la anuencia del gobierno de ese país. Sin embargo, éste ha dado un viraje en su postura y ha retrasado el inicio de los trabajos de extracción, los que eventualmente podrían ser cancelados debido a los daños irreversibles que se calcula causarían al ecosistema marino (www.nuestromar.org/noticias/categorias/06-04-14/gobierno-podr-cambiar-su-postura-explotaci-n-minera-namibia).

La situación en Namibia es una llamada de atención para evitar la entrada en operación de las mineras marinas a la Península de Baja California, pues independientemente del cuidado que tuvieran al realizar la extracción de fosfatos, o de las normas y códigos que juren observarán, sin duda causarán algún grado de daño al ambiente marino. Lo contradictorio es que son nuestras máximas autoridades las que, en vez de regular el manejo del medio ambiente y sobre todo protegerlo, están dando entrada a nuestro país a la minería marina.

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4Plantón de protesta contra la minería en el Palacio de Gobierno de La Paz, Baja California Sur En el marco del Taller de Divulgación de Oportunidades para México en la Minería de los Fondos Marinos Internacionales y en la Exploración del Océano Profundo, llevado a cabo en noviembre de 2013, el secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade, señaló que “se requiere elaborar un marco jurídico respetuoso del medio ambiente y de los derechos de quienes quieran explorar y explotar el fondo marino, así como desarrollar los conocimientos científicos y técnicos para hacerlo de manera eficiente, liderazgo de las autoridades y capital privado para hacer que estas aventuras resulten rentables” (www.economia.gob.mx/ eventos-noticias/informacion-relevante/9937-boletin155-13). Estoy completamente de acuerdo con Meade en que la “aventura” de la explotación del fondo marino será rentable, pero sólo en la cuestión económica (y en este sentido, únicamente para los capitales privados). En efecto, es una “aventura” que tendrá un alto costo ecológico y social. Si el gobierno mexicano no ha sido capaz de regular y armonizar ecológicamente la extracción minera terrestre, que ha traído nefastas consecuencias medioambientales y sociales, es inimaginable que lo haga en el fondo marino, donde simplemente la vigilancia de las actividades de extracción será prácticamente imposible para las autoridades, si es que las mismas están interesadas en realizarla.

Baja California Sur cuenta con una amarga experiencia de la explotación de sus fondos marinos para la extracción de perlas durante los siglos XIX y XX, por supuesto llevada a cabo en su mayoría por parte de compañías extranjeras, las cuales en el papel se comprometieron con el 14

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gobierno mexicano, primero de Porfirio Díaz y después de gobernantes subsecuentes, a observar algunas mínimas reglas de conservación natural y de beneficio social, las cuales obviamente no cumplieron. Como consecuencia llevaron al Golfo de California a una situación ecológica nefasta y a la casi total extinción de las ostras productoras de perlas (http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2014/02/02/don-gaston-vivessu-emporio-perlero/). México es un país de leyes, con una robusta y congruente Constitución Política que nos defiende a los mexicanos y a nuestro territorio. Nuestro país también cuenta con un sinfín de tratados nacionales e internacionales sobre derechos humanos y medio ambiente; pero, por desgracia, todos esos documentos frecuentemente son violados por nuestros gobernantes y, por supuesto, por las compañías trasnacionales de cualquier índole. Y en el caso de nuestra Carta Magna, cuando no es violada es cínicamente mancillada mediante cambios a modo para las trasnacionales y los turbios negocios de muchos gobernantes, como en el caso de las modificaciones que se han planteado en favor de las llamadas reformas estructurales. Es por lo anterior que la sociedad organizada debe hacer un llamado a detener la entrada de la minería marina en Baja California Sur.3 *Maestro en ciencias en exploración y geofísica marina; licenciado en arqueología especializado en contextos sumergidos y buzo profesional; licenciado en letras hispánicas, licenciado en diseño gráfico; integrante del taller Madre Crónica CONTRALÍNEA

OPINIÓN

La tortura, la impunidad y sus promotores En 1984, George Orwell ya adivinaba la función de la tortura como engranaje de una maquinaria estatal para preservar el pensamiento único. Aunque tomaba como modelo el totalitarismo soviético, algunas democracias liberales han sucumbido a esta “razón de Estado” para defender sus intereses. i la policía captura a una persona que sabe dónde se ha En La doctrina del shock, Naomi Klein asocia los estragos que produce puesto una bomba, ¿sería legítimo torturarla hasta que confesara en dónde está el explosivo para salvar vidas? la tortura en los cuerpos con los que producen las medidas económicas que Muchas personas utilizan analogías similares para justiadoptan muchos gobiernos. Ambas tienen como objetivo poner en blanco ficar la tortura, una violación contra los derechos humaaquello sobre lo que operan. Las economías pueden así implementar modenos que se perpetra no sólo en dictaduras, sino en países los de “libre mercados sin vicios”, aunque luego exijan al Estado inyectar dique se consideran estados de derecho. nero cuando las cosas se tuercen. Cuando se trata de personas, la tortura Estos castigos físicos y sicológicos se utilizan sobre todo para conseguir buscaba un “borrón y cuenta nueva”: individuos reprogramados para que confesiones falsas y para disuadir a la población de protestar contra el poder. abracen la ideología del sistema.

Pero incluso cuando se trate de salvar vidas, hay otros mecanismos que no Transcurría la década de 1950 cuando la estadunidense Agencia Central socavan su propia legitimidad y que no le obligan a violar derechos fundade Inteligencia (CIA, por su sigla en inglés) financió a un médico canadiense mentales. Admitir excepciones abre un resquicio del que abusan quienes detenpara que llevara a cabo torturas como “experimento”. Entre las técnicas emtan el poder o quienes deseen conseguir un “golpe de efecto” con su “eficacia pleadas figuran privaciones en el sueño, aislamiento sensorial continuo, la policial”. aplicación de descargas eléctricas y el conDe torturar a supuestos criminales sumo de drogas alucinógenas. adultos se pasa a menores de edad y a Varios años después, la CIA tuvo que Ahora mismo alguien mujeres indefensas, como denuncia Amrestituir a quienes padecieron los efectos nistía Internacional en su campaña Stop de la pretensión “científica” de construir inocente sufre descargas Tortura. El documento de la campaña se personalidades a las que se podía reproeléctricas, palizas o piercentra en casos de tortura en México, en gramar desde cero. Habían regresado a un Marruecos y en el Sáhara Occidental. En estado infantil, de desentendimiento de la de el conocimiento... realidad, los motivos y los métodos no realidad, de ideas extrañas y tendencias difieren tanto de las atrocidades comeautodestructivas. tidas por dictaduras militares el siglo paA pesar de la pobreza de los resultasado o de más antiguas cacerías de brujas a partir de bulos y falsas dos, la CIA los tomó como religión en la paranoia de la Guerra Fría, cuando informaciones. cabía la posibilidad de que espías y soldados estadunidenses cayeran en maVíctimas de distintas épocas coinciden muchas veces en el ensañamiennos de soldados de países no-alineados o al revés. Dominar la técnica evitaba to de sus torturadores. No paran tras arrancar la confesión. Fuerzan la traiperder el control en una sesión de tortura. Por otro, permitía dominar sus técción a la familia, los amigos y las creencias para abrazar “lo más grande”: los nicas para obtener información valiosa. “valores” oficiales de la nación torturadora. Buscan además la humillación, la La tortura no es una pesadilla exclusiva de Pol Pot o las dictaduras en aniquilación de la persona. Ahí está Juan Antonio González Pacheco, conociAmérica Latina. Cada día se conocen más las consecuencias de la guerra condo como Billy el Niño. Muchas víctimas de este excomisario de policía buscatra el terror, de la guerra que emprenden los gobiernos contra el narcotráfico… y contra enemigos que cuestionan su legitimidad. Ahora mismo alguien ban extraditarlo a Argentina. Excompañeros policías han reconocido el sadismo inocente sufre descargas eléctricas, está colgado en una posición incómoda, de quien ahora se dedica a correr maratones, que quiere “vivir una vida transufre palizas o pierde el conocimiento tras ser sumergido en agua. Si querequila” de la que no gozan quienes sufren las secuelas físicas y sicológicas de mos ahuyentar ese fantasma, no podemos relativizar la tortura.3 su brutalidad. ¿Se puede permitir una democracia dejar en paz a quien cometiera delitos que no prescriben por considerarse violaciones graves de derechos humanos? *Periodista, coordinador del Centro de Colaboraciones Solidarias Carlos Miguélez Monroy*/Centro de Colaboraciones Solidarias

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OPINIÓN

El SME y su propuesta de rescate de la emblemática Necaxa Martín Esparza Flores*

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l rescate de la planta hidroeléctrica de Necaxa, Puebla, emblemática en la historia de la electrificación del país con más de 100 años de existencia, es una de las propuestas viables que el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) ha presentado al gobierno federal para solucionar parte del conflicto social generado en el pasado sexenio; y que desde el 11 de octubre de 2009 no únicamente lanzó a la calle a 44 mil trabajadores, sino que además dejó en el abandono las instalaciones antes operadas por Luz y Fuerza del Centro, propiedad de la nación, que a 4 años y medio presentan un marcado deterioro y saqueo por la irresponsable operación que han hecho de las mismas la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y sus contratistas, amparados en la figura del comodato que estableció el absurdo decreto de extinción de Felipe Calderón Hinojosa.

El complejo generador de Necaxa, que empezó a operar el 6 de diciembre de 1905, es –junto con la hidroeléctrica Tyssu I, construida en la población de Tyssedal, Noruega, en 1900, y la central termoeléctrica Vucje, de Serbia, puesta en funcionamiento en 1903– de las instalaciones más antiguas del mundo. Su importancia en el siglo pasado fue tal que se le llegó a considerar el sistema hidroeléctrico más importante de América Latina. El valor histórico que representan estas plantas en Europa les ha valido ser elevadas a la categoría de patrimonios industriales de la humanidad. Rango que merecidamente debería otorgar también el gobierno mexicano a la hidroeléctrica Necaxa, pues no debe olvidarse que de ésta surgió la electricidad que hizo posible la iluminación, por primera vez, del Palacio Nacional y los edificios públicos de la Ciudad de México en los albores del siglo XX. En la mesa de negociaciones con la Secretaría de Gobernación en las oficinas de Bucareli, el SME no sólo presentó el diagnóstico exacto que guarda la planta de Necaxa y sus sistemas hidráulico y eléctrico; también propuso soluciones y acciones inmediatas que permitan la recuperación integral de su funcionamiento, que en las mejores épocas de su generación llegó a tener un rendimiento superior al 95 por ciento de su capacidad instalada, es decir, 1 mil 200 millones de kilovatios-hora. Hoy, apenas mantiene un nivel de generación de electricidad del 37 por ciento.

Es pertinente que la opinión pública se entere de que bajo la 16

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conducción de la CFE (“empresa de clase mundial”), se cometió en las instalaciones de la hidroeléctrica un indiscriminado saqueo de piezas metálicas, robo de cobre y desmantelamiento de generadores, así como un nulo mantenimiento en canales, túneles y presas del sistema hidráulico. Montones de scrap (fierro viejo) aparecen como mudos testigos del descarado robo. Por si fuera poco, en la planta de Necaxa, de los 10 generadores que conforman su sistema eléctrico, únicamente funcionan cuatro; en Patla, Puebla, trabajan dos al igual que en Tepexic, mientras que la hidroeléctrica Tezcapa se encuentra abandonada y fuera de servicio.

El planteamiento del SME a las autoridades federales contempla, además de la recuperación y un mantenimiento general a las centrales generadoras, la atención urgente para evitar que se colapse el sistema hidráulico, a través de medidas tales como: la rehabilitación y el desazolve de canales, túneles y presas, así como los trabajos necesarios de albañilería, pintura y plomería, dando de igual forma un mantenimiento general a los caminos de acceso; y un programa integral de reforestación y saneamiento de ríos y presas bajo la premisa de que un sistema hidráulico es el corazón mismo de un sistema hidroeléctrico.

A la vez de permitir la contratación de trabajadores del SME aprovechando su mano de obra altamente calificada, la puesta en marcha de este plan de rescate traería aparejada una derrama de beneficios para el desarrollo económico de los nueve municipios del estado de Puebla a los que la planta de Necaxa abastece de electricidad, así como a otros 10 del vecino estado de Hidalgo. Área de influencia donde viven 612 mil habitantes y se atiende a 152 mil usuarios.

De igual forma no únicamente se mejoraría la calidad del servicio terminando con las constantes fallas (apagones) que desde hace años afectan a la economía de la Sierra Norte de Puebla, sino también a los estados circunvecinos; además, se estaría haciendo un acto de justicia social con los trabajadores despedidos en 2009 y que junto con sus hijos y esposas sumaron una afectación de 10 mil personas en la región.

El proyecto del SME también fundamenta expectativas claras tanto de rendimiento como de ganancias, de tal modo que una vez concluidos los trabajos de rehabilitación de la hidroeléctrica de Necaxa, la planta podría generar, en una conservadora estimación de un 60 por ciento de su capacidad, 1 millón 72 mil 224 megavatios, mismos que, tomando en cuenta el precio de 54 centavos el kilovatio-hora, generarían recursos anuales por 579 millones de pesos, muy CONTRALÍNEA

Griselda Guevara/www.kilowatito2009.blogspot.mx

Una vez concluida la rehabilitación de la hidroeléctrica de Necaxa, ésta podría generar, en un 60 por ciento de su capacidad, 1 millón 72 mil 224 megavatios que representan recursos anuales por 579 millones de pesos

superiores a los 359 millones que actualmente se obtienen con una producción de apenas 665 mil 760 megavatios.

La generación de energía mediante las hidroeléctricas, además de ser de las más baratas, tiene la ventaja de que no contamina; no por algo países como Noruega obtienen el 60 por ciento de su electricidad de este tipo de plantas. Por eso el rescate de Necaxa sería además una alternativa viable para bajar las tarifas a los usuarios.

Expectativa que puede patentizarse a los consumidores de otras entidades, incluido el Distrito Federal, si el planteamiento del SME se hace extensivo a otros centros como Lerma, Fernández Leal, Lechería y Juandhó, por desgracia también dejados a la deriva por la incompetencia de la Comisión Federal de Electricidad.

En el actual contexto debe extraerse de la gloriosa y patriótica memoria histórica del SME un elemento que reafirma la fuerza moral de la lucha de resistencia sostenida estos años por una organización que, en su momento, no dudó en apoyar con los propios fondos de sus agremiados la consolidación de los proyectos de la infraestructura eléctrica del país, lo que de manera indirecta le generó al Sindicato Mexicano de Electricistas derechos de coproCONTRALÍNEA

piedad con el Estado mexicano.

En la cláusula 64 del Contrato Colectivo de Trabajo de 1936, la dirigencia y los miembros del Sindicato acordaron destinar una cantidad de sus ingresos para apoyar al gobierno mexicano con recursos que le permitieran realizar la electrificación del territorio nacional.

Este gesto nacionalista debe ser conocido por el pueblo de México, ya que le permitirá entender las razones que impulsan al SME a defender lo que es propiedad de la nación y de sus propios miembros.

En diciembre próximo, la hidroeléctrica de Necaxa cumplirá 109 años de haber entrado en operaciones, y el Sindicato Mexicano de Electricistas llegará a sus 100 años de orgullosa existencia, con un contrato colectivo de trabajo vigente y con renovadas propuestas para rescatar a la infraestructura eléctrica del centro del país en la justa recuperación de nuestros empleos y a favor del pueblo de México, con la disminución de las tarifas y la prestación de un mejor servicio. Con un poco de voluntad política, el gobierno federal tiene la palabra.3 *Secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas 2 6 D E M AYO D E 2 0 1 4

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OPINIÓN

Elección panista: la guerra sucia y la sombra de Calderón Edgar González Ruiz*

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l reciente proceso electoral del Partido Acción Nacional (PAN), donde por primera vez votaron directamente los militantes de ese partido para elegir a su dirigente, enfrentó a Ernesto Cordero, candidato del espurio expresidente Felipe Calderón, con Gustavo Madero Muñoz, quien buscó su reelección y sigue una línea colaboracionista con el gobierno de Enrique Peña Nieto.

En las campañas, sectores panistas exhibieron sus habilidades para la guerra sucia electoral, que en 2006 practicaron contra el pueblo de México y que ahora ejercitaron contra ellos mismos.

En efecto, abundaron las denuncias de las trampas cometidas en la jornada electoral por las dos partes en pugna, en un estilo similar al de 2006: desde el robo de urnas y las papeletas tiradas en la calle, hasta la compra de votos y los intentos de sabotear las elecciones mediante mensajes falsos.

El resultado del proceso fue la reelección de Madero y la derrota de Cordero, con lo que se esfuma la sombra del calderonismo en su propio partido político.

El mismo día, Ernesto Cordero aceptó el resultado, y hubiera sido grotesco que clamara ante las instancias legales y ante la opinión pública por el recuento de los votos, pues Felipe Calderón, el jefe de Cordero, fue el promotor del gran fraude electoral de hace 8 años.

Donde está el PAN están el Yunque y otros grupos de la ultraderecha, por lo que estuvieron presentes en ambos bandos en pugna (el de Cordero y el de Madero), pero en las huestes de Cordero, como era de esperar, era aún más acentuada la presencia ultraderechista, mientras que las filas de Madero incluían, además de extremistas católicos, a los pocos panistas que no exhiben raíces clericales, como Santiago Creel.

Dos bandos derechistas Ernesto Cordero, quien fuera secretario de Hacienda y Crédito Público en el sexenio de Calderón, a cuya sombra hizo su carrera política, fue, obviamente, el prospecto del espurio expresidente en la contienda panista.

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Días antes de la elección, la propia Margarita Zavala Gómez del Campo, esposa de Calderón, hizo declaraciones a favor del senador y exsecretario de Hacienda, que se hizo famoso por su declaración de que una familia mexicana podía vivir holgadamente con 6 mil pesos al mes.

También fue muy comentado su lapsus, ya como candidato del PAN, de que aspiraba a ser presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), como dijo en uno de sus discursos de campaña, y seguramente ése es su verdadero anhelo, dada la correlación actual de fuerzas.

Dijo: “Yo quiero ser presidente del PRI [...] para ordenar ese legado de millones, de miles de mexicanos que desde 1939 han construido un país, el país que hoy tenemos” (La Jornada, 27 de marzo de 2014, página 10).

Con el PAN fuera del gobierno federal, Calderón ha perdido la posibilidad de brindar a sus secuaces empleos y prebendas en la esfera pública; no obstante, entre los seguidores de Cordero se contaron exfuncionarios ultraderechistas que habían sido arropados por Calderón.

Entre ellos se contaron José Luis Luege, exdirector de la Comisión Nacional del Agua y exdirigente de Desarrollo Humano Integral y Acción Ciudadana, organismo de fachada del Yunque; así como Ana Teresa Aranda, exsubsecretaria en la Secretaría de Gobernación en el periodo de Calderón. Aranda proviene de la Asociación Nacional Cívica Femenina (Ancifem), otro grupo de la ultraderecha católica.

Desde luego los parientes de Calderón, como Luisa María Calderón y su prima política Mariana Gómez del Campo, estaban con su candidato.

Entre los más conocidos exponentes de la ultraderecha panista que apoyaron a Ernesto Cordero se contó a los yunquistas exgobernadores de Guanajuato: Juan Manuel Oliva y Juan Carlos Romero Hicks.

Pero la ultraderecha, fuerza prevaleciente en el PAN, también estuvo presente en el bando reeleccionista de Gustavo Madero, a quien apoyó el yunquista Marco Antonio Adame, exgobernador de Morelos y exdirigente del grupo Testimonio y Esperanza, el mismo que organiza las peregrinaciones político-religiosas al cerro del Cubilete.

Otra notoria presencia ultraderechista en el bando de Madero fue la de Federico Döring, del Distrito Federal.

CONTRALÍNEA

A lo largo de la campaña para elegir al nuevo líder del PAN, los candidatos Ernesto Cordero y Gustavo Madero –quien finalmente resultó electo– se acusaron mutuamente de recurrir a maniobras sucias, como la compra de votos, indebido desvío de recursos hacia el proselitismo electoral, la coacción, el robo de urnas y las papeletas tiradas en la calle. Todas esas trampas, similares a las cometidas en la jornada electoral de 2006

Llamó la atención la presencia en el bando maderista de Germán Martínez, antes cercano a Calderón y quien en pleno delirio católico exigía, hace unos años, guanajuatizar todo el país.

Sin embargo, en las filas de Madero, quien ha estado en la tónica de acercarse al gobierno de Peña Nieto bajo la premisa de que el PAN ya no controla la Presidencia, se contaban otros apoyos, además del de militantes ultraderechistas.

Por ejemplo Santiago Creel, secretario de Gobernación en la época de Vicente Fox, y quien es prácticamente el único panista que ha llegado a las esferas más altas del poder sin provenir del sector católico o empresarial.

Madero contó también con el apoyo de varios gobernadores panistas: Francisco Vega (Kiko), de Baja California; Guillermo Padrés, de Sonora; y Rafael Moreno Valle, de Puebla. Este último surgido de la estrategia panista pragmática de los últimos tiempos de aliarse con fuerzas de otros partidos (incluso de la izquierda) con tal de ganar aunque sea en unos pocos estados.

El fantasma del PRI La contienda entre Cordero y Madero fue reñida, abundante en acusaciones de un bando contra otro.

Durante el debate público entre Cordero y Madero que se llevó a cabo 20 días antes de la elección, los dos se acusaron nada menos que de cultivar relaciones con el PRI...

Mientras que Cordero hacía notar la disposición de Madero de “cogobernar” con Peña Nieto, cuyas reformas y pactos ha apoyado, Madero le respondía en el mismo tono citando hechos concretos: “Cuando tú fuiste secretario de Hacienda, doblaste el presupuesto de los gobernadores, en especial el de Peña Nieto, le doblaste un ciento por ciento, de 90 a 180 mil millones de pesos [...]. Sin restricción de transparencia ni rendición de cuentas, pavimentándole el camino para que el señor pudiera anunciarse en todos lados y ganar la Presidencia de la República” (http://mexico.cnn.com/nacional/2014/04/29/debate-pan-cordero-madero).

A lo largo de las campañas, los panistas se acusaron unos a otros de recurrir a maniobras sucias, como la compra de votos, indebido desvío de recursos hacia el proselitismo electoral, coacción, etcétera (véase en internet: “Equipo de Cordero niega compra de votos”, www.plaCONTRALÍNEA

noinformativo.com/nota/id/324844; “Acusan supuesta compra de votos para Cordero”, http://e-tlaxcala.mx/nota/2014-05-17/pol%C3%ADtica/acusan-supuesta-compra-de-votos-para-cordero; “Llegan grupos de choque para operar a favor de Madero”, www.lajornadadeorien te.com.mx/2014/05/16/llegan-grupos-de-choque-para-operar-a-favorde-madero/; “Anticipan irregularidades en votación panista”, http://elexpres.com/noticias/news-display.php?story_id=60561; “Denuncia Juan Manuel Oliva envío de mensajes para boicotear elección”, www.periodicocorreo.com.mx/vida_publica/156827-denunciajuan-manuel-oliva-envio-de-mensajes-para-boicotear-eleccion.html).

Todas esas denuncias no deben sorprender a nadie, pues con el gigantesco fraude en la elección presidencial de 2006 muchos panistas demostraron que no por ser tan católicos son menos tramposos; ahora los panistas recurrieron a la guerra sucia, pero contra ellos mismos.

Ante ese clima de enfrentamiento, en vísperas de los comicios panistas, su presidenta interina, Cecilia Romero, exlideresa de la Ancifem, confesaba que “existe el riesgo de que la elección interna del próximo domingo entre Gustavo Madero y Ernesto Cordero termine en los tribunales, ya que ambos candidatos han cometido excesos a lo largo de la campaña.

“Lo que deseamos es que esto no suceda [la judicialización de la elección], que al final de la jornada haya una aceptación de los resultados, evidentemente uno va a ganar y otro va a perder. Lo que tenemos que hacer es proveer lo necesario para que haya una aceptación del resultado.”

Por su parte, el ultracatólico Luis Felipe Bravo Mena, expresidente nacional del PAN, exembajador de México en la Ciudad del Vaticano y señalado como militante de la Organización Nacional del Yunque, admitió que “la elección entre Gustavo Madero y Ernesto Cordero puede terminar por ahondar las diferencias en el partido y fracturarlo” (www.milenio.com/politica/Cordero-Madero-cometido-excesosRomero_0_298770340.html).

Quizás para no propiciar una debacle mayor del partido de la derecha católica, Cordero prefirió no impugnar los resultados de las elecciones.3 *Maestro en filosofía; especialista en estudios acerca de la derecha política en México 2 6 D E M AYO D E 2 0 1 4

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OPINIÓN

Jorge Meléndez Preciado*

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odavía no concluye la polémica acerca de si estamos o no en recesión, en la que tuvo que intervenir el mismo Enrique Peña Nieto. Y es que nuevamente el Instituto Nacional de Estadística y Geografía da una cifra intranquilizadora: el desempleo llegó a 2.5 millones de personas, 52 mil más que hace 1 año; se desatan movilizaciones sociales diversas; un grupo importante de líderes se rebela contra posiciones oficiales; y hay reclamos internacionales por el descuido gubernamental a los derechos humanos.

Vayamos por partes.

En Tamaulipas hubo manifestaciones. La más nutrida en Tampico, y menos numerosas en otras localidades. El reclamo fue uno: es necesario frenar a la delincuencia que impide las formas más elementales de convivencia, cobra derechos de piso y de vida, y se burla de las autoridades, en especial del gobernador Egidio Torre Cantú.

Según algunos medios impresos, algunos miles de personas salieron a las calles, pero en las redes sociales así como en diarios, especialmente La Jornada (12 de mayo), los reclamantes eran una inmensidad. Frente a ello, las autoridades y hasta Los Zetas se tuvieron que replegar. Y es que no podían aceptar que la paciencia se acabó.

Por si algo faltara, fue detenido el jefe de escoltas de Egidio, Juan Manuel López, quien es acusado de haber asesinado al entonces jefe de la inteligencia gubernamental de esa entidad, Salvador Haro.

Pero no ha sido todo. Misteriosamente el secretario particular del titular de Finanzas, Ramiro Higuera, recibió un balazo en la cabeza.

Estamos, pues, ante una serie de hechos delictuosos por todos lados. Ya no es simplemente la población que reclama, correctamente, que la gente no tiene guardaespaldas ni protección. El asunto es tan grave que los crímenes y la desprotección en los primeros círculos es casi total. Y los hampones están en las altas esferas gubernamentales.

Ante dicho panorama, tuvo que desplazarse el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, a Tamaulipas, mejor conocida como Mataulipas. El objetivo: llevar operadores que puedan hacer un trabajo 20

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Aumentan los problemas sociales más o menos decente para tranquilizar a los ciudadanos. Ahora, según reportes, no se tratará de un comisionado, sino de cuatro, al menos, los cuales puedan actuar en diferentes lugares para calmar las aguas.

Esto puede ser, incluso, contraproducente, ya que sabemos que, cuando dos o más tienen mando, siempre hay desorden y pleito por los protagonismos. Pero en fin, ojalá, por la salud del estado, todo mejore en lugar de empeorar.

En Morelos, el asesinato del profesor-investigador de la Universidad Autónoma de aquel estado, Alejandro Chao Barona y de su esposa, Sara Rebolledo, hizo que se realizara una manifestación el lunes 5 de mayo de muy amplias proporciones. Ya antes otra de buen tamaño la había encabezado Javier Sicilia. Éste afirma que Graco Ramírez miente.

Nuevamente se mostró la ineptitud del gobernador y su secretario general, Jorge Messeguer. Ambos trataron primero de evitar la marcha y luego, para que no saliera el contingente, intimidaron al rector Alejandro Vera Jiménez. Los funcionarios, lejos de lograr sus objetivos, hicieron que los universitarios y ciudadanos se indignaran más. Y es que en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos han ocurrido secuestros de estudiantes, balaceras contra guardias y hasta la muerte de uno de éstos: Jesús García Gutiérrez. En todos los casos, las investigaciones llevadas a cabo dejan mucho que desear.

Según el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, hay tres entidades que son consideradas focos rojos: Tamaulipas, Morelos y Michoacán (Proceso, 1958). Por lo tanto, es obvio el gran descontento existente ante la falta de autoridad de Graco, en el caso de Morelos, para resolver problemas, y la necesidad de que el gobierno federal intervenga para que ponga orden (todavía ausente) en el resto de las entidades. Hay, por cierto, un grupo delictivo morelense llamado Los Pelones que ha amenazado de muerte a los 71 consejeros universitarios.

No hacer nada en el ámbito federal es jugar con la vida de muchachos y profesores.

Sabemos que José Manuel Mireles fue destituido como vocero de las autodefensas de Michoacán. Pero Tamaulipas, Morelos y esto, lejos de ser un triunfo para el comisionado AlfreMichoacán, considerado Castillo, ha resultado un movimiento en contra de das focos rojos por sus la autoridad federal. Ello porque un grupo importante se denomina “Todos somos autodefensas” (Sin Embarniveles de violencia go, 13 de mayo). Los integrantes son el padre Alejandro Solalinde, apoyo fundamental de los migrantes; una de las líderes de Salvemos Tamaulipas, Tania Vázquez; Jaime Rodríguez, el Bronco, de Garza García, Nuevo León; el empresario Ramón Alejandro Vaca; el defensor de chicanos, José Jacques y Medina; el general creador del ombudsman militar, José Francisco Gallardo; y el estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México, Juan Antonio Negrete, entre otros. La cereza en el pastel la puso Salil Shetty, secretario general de Amnistía Internacional, quien señaló: “México es muy propositivo en foros internacionales, pero carece de medidas para evitar la impunidad existente contra periodistas, defensores de derechos humanos, migrantes y mujeres”. Y anotó que la inseguridad en nuestra patria es mayor al 80 por ciento, debido a que prevalece la tortura y la falta de castigo a los responsables de ilícitos.

Cuatro asuntos que deben preocupar seriamente al gobierno federal, el cual no sale de sus broncas económicas cuando le saltan varias liebres.

Posdata: En Sinaloa hay movimientos por el asesinato de Sandra Luz Hernández, cuyo hijo, Édgar García Hernández, quien trabajaba en la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa, fue desaparecido el 12 de febrero de 2012 y no se había hecho nada para localizarlo.3 *Periodista CONTRALÍNEA

OPINIÓN

De ricos, desigualdad e impuestos Xavier Caño Tamayo*/Centro de Colaboraciones Sociales

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n Estados Unidos, la mayor potencia capitaEsos 144 mil 600 ricos lo son en plena crisis, mientras tres cuarlista, en 2013 murieron 18 madres por cada tas partes de la población con empleo viven con salarios insuficien100 mil nacimientos, explica el doctor en cientes. De los desempleados ni hablamos. Cabe recordar también que cias económicas y empresariales Juan Torres. los consejeros ejecutivos mejor pagados de empresas del Ibex 35 Además, las mujeres de raza negra estaduni(Índice Bursátil Español), en 2013, ganaron 75 veces más que sus denses tienen tres veces más probabilidad de plantillas de media, según datos de la Comisión Nacional del morir en embarazo y parto que las de raza blanca. En 1990 morían Mercado de Valores. Por ejemplo, el ingreso medio de un empleado 12 mujeres estadunidenses por cada 100 mil nacidos, cuando en de Inditex (propiedad de Amancio Ortega) fue de 21.763 euros bruIslandia, por ejemplo, las mujeres que mueren por cada 100 mil nacitos; 366 veces menos que los 8 millones de euros que percibió el dos son dos. consejero delegado de esa empresa: una desigualdad indecente que De 1990 a 2003 aumentó sólo en ocho países el número de mujese comprueba en los ingresos de los asalariados de esas empresas res que mueren en el parto o embarazo: Afganistán, El Salvador, Belice, comparados con los de sus consejeros y ejecutivos.

Sudán, Mali, Somalia, Haití y Estados Unidos. ¿Por qué en el país más Como recuerda Paul Krugman, el dogma neoliberal pretende rico del mundo mueren de que esos enormes beneficios parto tantas mujeres como en de los ricos se deben a que los más empobrecidos? son innovadores, emprendePorque el país más rico del dores, crean empresas y emRebajar impuestos a las mundo aplica un capitalismo pleo. Paparruchas. Los citados empresas no propicia el creciimplacable, donde la atención gestores de fondos de invermiento económico, lo frena a la salud no es un derecho sión de los 21 mil millones de sino un poderoso negocio pridólares no crean riqueza ni vado. Y porque el sistema capiemprenden nada, especulan. talista conlleva una imparable Además, la mayor parte de riy progresiva desigualdad hasta el extremo que hoy sufrimos. queza de los muy ricos es heredada, no fruto del trabajo; ni por inverPaul Krugman ha recordado que la última lista de ricos del tir en economía real productiva, sino por especular y por rentas Institutional Investor incluye 25 gestores de fondos de inversión exceobtenidas por acumulación de capital. Pronto las herencias serán la lentemente bien pagados. Son 25 hombres que se han embolsado mayor fuente de riqueza de la minoría. ¿Por qué todo eso es impor21 mil millones de dólares en 2013; 840 millones de dólares anuatante? Por los impuestos. Mejor dicho, por los impuestos que no les cada uno, o 2 millones 250 mil diarios. El año pasado, esos 25 pagan o pagan poco. Desde la década de 1980, cuando Reagan y especuladores ganaron más del doble que todos los maestros y maesThatcher iniciaron la bajada de impuestos a los ricos, todo un sistetras de educación infantil de Estados Unidos juntos. ma mediático pretendió asegurar que bajar esos impuestos activa la Según Capgemini y el Royal Bank of Canada (RBC), empresas economía. Pero está demostrado que rebajar impuestos sobre la que elaboran un informe anual sobre la opulencia de los ricos, gran renta, sociedades y cotizaciones sociales empresariales no propicia fortuna o gran patrimonio es de quien posee activos por 1 millón de el crecimiento económico. Lo frena. La reducción o supresión de dólares o más, sin contar primera vivienda, cuadros y otros objetos impuestos sólo beneficia a la minoría. A esos 140 mil de rentas altas coleccionables, consumibles y bienes de consumo duraderos. Según y grandes capitales en España y unos pocos millones en el mundo.

Capgemini y RBC, ricos con 1 millón de dólares o más hay 12 milloEn España amenaza ahora una reforma fiscal del gobierno. La nes en el mundo. Y en España, 144 mil 600. Doce millones es la poblaciudadanía hará bien en oponerse frontalmente para frenarla o ción de Bélgica o Guinea. Parecen muchos, pero son 12 millones entre desactivarla. O será más pobre y el país más desigual.3 7 mil 200 millones de habitantes de la Tierra. Y en España, esos más de 144 mil ricos, lo son en una población de 46 millones. *Periodista y escritor CONTRALÍNEA

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OPINIÓN

Europa: lo peor está por venir Sami Naïr*/Centro de Colaboraciones Sociales

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uando a la gente de Europa se le habla de los problemas económicos que se plantean, de las decisiones tomadas por las instancias que la dirigen, el sentir en general es de contradicción e incertidumbre. La gran mayoría no es hostil a la idea de Europa, pero discierne mal el contenido. Se pregunta adónde va todo esto. Con la crisis, las cosas se tornan aún más difíciles, ya que la idea que vendían políticos y otros tecnócratas a la opinión pública era que Europa iba a ser la solución a todos los problemas. Ahora bien, en la actualidad es Europa la que parece ser la causa de todos los problemas y, más aún, la que impide cualquier solución.

Al contestar a las cuestiones de mi amigo James Cohen, politó-

Me centro esencialmente en la experiencia europea desde la creación del euro, en el análisis de la catástrofe social provocada por la crisis de esta moneda teniendo la convicción de que la Gran Depresión del siglo XXI, en la que el mundo está inmerso desde 2008, va a durar, y que la política elegida por las instituciones europeas actuales es totalmente contraproducente, económica y socialmente.

Para hacer comprender este terremoto económico, para recordar los enormes daños humanos que resultan de la política de austeridad impuesta por los países más ricos de Europa, era necesario destacar, detrás de las buenas intenciones proclamadas, las verdaderas relaciones de fuerza en juego. Y, con este fin, no temer ir a contracorriente para desvelar lo que se oculta en el caudal de la Europa real.

Europa ha entrado en un largo ciclo de crisis. En este contexto, es posible construir otra Europa en la que los pueblos y la ciudadanía estén involucrados... una Europa de solidaridad humana y de progreso social

logo y profesor en la Universidad Sorbona Nueva, intento explicar por qué el sueño europeo se ha convertido en una pesadilla y, al mismo tiempo, por qué no hay que renunciar a este gran proyecto.

Hago una crítica severa, dura y sin concesiones a la ideología biempensante corriente cuando se trata de este tema.

Los responsables del actual desastre europeo despreciaron, durante la última década, a todos aquellos que denunciaban el camino sin salida al que habían empujado a Europa. Pudieron así silenciar muchas voces y desacreditar a otras, mientras ellos mismos aprovechaban los privilegios que les confería un europeísmo político y mediático, a menudo de bajo nivel.

Hoy en día, los adversarios de Europa, en especial la extrema derecha, acogen la crisis europea con júbilo, cantando victoria, incentivando el odio entre naciones y denunciando incluso la mera idea de Europa como unión de naciones.

Me opongo a estas dos visiones. No quiero hacer una investigación histórica sobre el pasado y el devenir de Europa; esa labor corresponde a los historiadores y la están haciendo.

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Al contrario que las elites dirigentes políticas y financieras, que consideran el proceso europeo demasiado complejo para ser explicado a los ciudadanos, estoy convencido de que, haciendo el esfuerzo pedagógico necesario, podemos entender lo que ocurre.

Sin ser fatalista, temo que lo peor esté aún por venir y que Europa haya entrado en un largo ciclo de crisis. Pero, asimismo, creo que hay otras políticas posibles: basta con tener una visión abierta, no rehén del pensamiento fundamentalista que impera hoy en día en muchos sectores de las elites dirigentes europeas.

Construir otra Europa en la que los pueblos y la ciudadanía estén implicados es aún posible. El desengaño europeo propone al ciudadano de esta región una lectura sin complacencias de las gravísimas consecuencias de la estrategia europea actual, a la par que, modestamente, unas propuestas que queremos nosotros los ciudadanos para una Europa de solidaridad humana y de progreso social.3 *Escritor y politólogo; autor del libro El desengaño europeo CONTRALÍNEA

FORTUNA WEB 1/18/13 1:31 PM Pรกgina 63

Archivo Contralínea

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Banamex “extravía” documentos DEL FRAUDE DE OCEANOGRAFÍA

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PORTADA

La filial de Citigroup en México “extravió” parte de la documentación relacionada con el fraude que habría cometido Oceanografía por unos 5 mil millones de pesos. Banamex responsabilizó a su gerente divisional de ventas en Tabasco del supuesto robo de los documentos, revela la averiguación previa FECORO-I-547/2014. El “hurto”, sin embargo, habría sucedió la madrugada del 20 de febrero, unas horas antes de que la sede central descubriera la estafa. La “desaparición” de una parte de los expedientes se suma a los problemas que enfrenta el directivo bancario Javier Arrigunaga, vinculado a uno de los principales socios del empresario Amado Yáñez.

No obstante, la relación del director de Banamex y Martín Díaz Álvarez –primo de Gil Díaz y quien directamente reestructuró las deudas de la naviera con el banco– aún se mantiene al margen de las investigaciones Nancy Flores, @nancy_contra

l Banco Nacional de México, SA (Banamex), “extravió” parte de la documentación relacionada con los créditos que otorgó a Oceanografía, SA de CV, por un total de 8 mil 80 millones de pesos, y que habrían derivado en un supuesto fraude que podría superar los 5 mil 200 millones.

La desaparición de los documentos fue presentada por la filial de Citigroup como un robo supuestamente cometido unas horas antes de que la directiva del banco conociera la estafa. Así consta en la denuncia de hechos que interpuso el banco el 23 de febrero pasado ante la Procuraduría General de Justicia de Tabasco, y que se integró en la averiguación previa FECORO-I547/2014, de la cual Contralínea obtuvo una copia.

Según la versión del banco, el supuesto hurto habría ocurrido en las oficinas de esa entidad federativa durante la madrugada del 20 de febrero. De ser así, el robo se cometió apenas unas horas antes de que la sede central de la institución financiera descubriera que la ma-

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4El 11 de febrero de 2014, Banamex solicitó la colaboración de Pemex

para rea garantizados con contratos entre la naviera y la paraestatal. Nueve días des

yoría de los papeles presentados como garantía por la empresa de Amado Yáñez Osuna eran apócrifos.

Y es que fue el mismo 20 de febrero cuando la directiva de Banamex se enteró de que la mayoría de los créditos que otorgó a Oceanografía no tenían soporte. Ese día, Petróleos Mexicanos (Pemex) hizo saber al director general del grupo financiero, Javier Arrigunaga Gómez del Campo –primo político de Felipe Calderón Hinojosa–, que “una porción significativa de las cuentas por cobrar a Pemex registradas por Banamex en el programa de descuento eran fraudulentas”.

Para entonces, el banco registraba en sus libros financiamiento de corto plazo a Oceanografía por 7 mil 650 millones de pesos, como parte de un programa de descuento de cuentas por cobrar con Pemex; y otros 430 millones de pesos, tanto en crédito directo como en cartas de crédito; es decir, un total de 8 mil 80 millones.

CONTRALÍNEA

Misael Valtierra/Cuartoscuro

e Pemex para realizar una revisión detallada del financiamiento otorgado a Oceanografía, pues todos los créditos “por un total de 8 mil 80 millones de pesos” fueron . Nueve días después, la petrolera confirmó que la mayoría de documentos eran falsos

La comunicación de Pemex con Banamex del 20 de febrero pasado se derivó de una solicitud hecha por la institución financiera el día 11 de ese mismo mes, justo después de que la Secretaría de la Función Pública anunció la inhabilitación de Oceanografía para celebrar nuevos contratos con el gobierno federal por 21 meses, tras comprobar que la naviera había incurrido en hechos de corrupción, sobornos y cohecho en sus contratos con la paraestatal.

La filial de Citigroup solicitó la colaboración de Pemex para realizar una revisión detallada del financiamiento otorgado a Oceanografía, pues todos los créditos fueron garantizados con contratos entre la naviera y la paraestatal.

En 9 días, la petrolera del Estado comprobó sólo la validez de aproximadamente 2 mil 420 millones de pesos en cuentas por cobrar, al 31 de diciembre de 2013: 980 millones soportados por la documentaCONTRALÍNEA

ción en los registros de Pemex, y aproximadamente 1 mil 440 millones, en trabajos realizados y documentados, pero en proceso de ser aprobados por la paraestatal.

El mismo día en el que supuestamente se cometió el robo de los documentos, Banamex determinó que la diferencia entre estos datos y los créditos superaba los 5 mil 234 millones de pesos. Por ello, la directiva determinó que el impacto negativo a sus utilidades netas ascendía a 2 mil 880 millones de pesos en los resultados del cuarto trimestre de 2013, lo que equivale al 2 por ciento del capital de la institución financiera. Después, procedió a notificar la situación al estadunidense Citigroup, su casa matriz.

El fraude se hizo público tanto en Estados Unidos como en México hasta el 1 de marzo, cuando la Procuraduría General de la República embargó las instalaciones y los bienes de Oceanografía. Para entonces, 2 6 D E M AYO D E 2 0 1 4

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PORTADA el banco ya había recuperado los documentos supuestamente robados de la sucursal de Villa Hermosa, Tabasco. No obstante, la filial de Citigroup no ha aclarado si recobró la totalidad o sólo una parte.

En medio de ese hermetismo, el 14 de mayo pasado, Banamex y Citigroup dieron por terminada la investigación interna, tras cesar a 11 ejecutivos que supuestamente tienen responsabilidad en el multimillonario fraude (Adolfo Herrera, director ejecutivo del área corporativa y responsable de Citi Transaction Services en México; Sergio Torres, director de factoraje corporativo; Alfonso Ortega, de esa misma área; Roberto González Barrera, managing director, Securities Services Network head, Mexico Region; Emilio Granja, director gerente del área de energía de Citi; Federico Solórzano, director ejecutivo de Administración de Riesgo de Crédito Corporativo; Guillermo Gómez, subdirector de Factoraje; Leonor Cuen, coordinadora de las revisiones de Auditoría de Crédito de Banamex y Centroamérica; José Antonio González, Guillermo Pérez y Vanessa González, informó el diario El Financiero).

El encargado de revelar el despido de los 11 ejecutivos fue el director general de la filial mexicana, Javier Arrigunaga, vinculado a Martín Díaz Álvarez, uno de los principales socios de Amado Yáñez en Oceanografía, primo de Francisco Gil Díaz y quien directamente reestructuró las deudas de la naviera con el banco (Contralínea 376).

4Copia de la averiguación previa que inició la procuraduría de Tabasco por el

Rodolfo Angulo/Cuartoscuro

supuesto robo de los documentos relacionados con el fraude de Oceanografía

4El director general de Banamex, Javier Arrigunaga, vinculado a Martín Díaz Álva-

rez (uno de los principales socios de Amado Yáñez en Oceanografía, primo de Gil Díaz y quien directamente reestructuró las deudas de la naviera con el banco)

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El supuesto robo En su denuncia de hechos, presentada 2 días después del supuesto robo, Banamex aseguró que su gerente divisional de ventas, servicios y transacciones en Villahermosa, Tabasco, Erik Cervantes Murillo, sustrajo sin autorización “todos” los documentos relacionados con el área en la que se desempeñaba, incluyendo los que tenía bajo su resguardo.

Entre éstos figuraban, según el banco, los relacionados con los créditos de Oceanografía, pues Cervantes era el encargado de comprobar la autenticidad de las garantías.

No obstante, en su declaración ministerial, Erik Cervantes aseguró que no robó los documentos y que no sabía por qué razón lo querían implicar en algo así: “Desconozco por qué se me pretende perjudicar o involucrarme en un delito que yo no he cometido y mucho menos que esté en mi ánimo el apoderarme de algún objeto o documento propiedad del banco”.

CONTRALÍNEA

Misael Valtierra/Cuartoscuro

www.wikipedia.org

4El empresario Amado Yáñez, principal accionista de

Oceanografía, actualmente bajo arraigo por su supuesta responsabilidad en el fraude bancario

CONTRALÍNEA

4Pemex comprobó sólo la validez de documentos de Oceanografía por 2 mil 420

millones de pesos en cuentas por cobrar. De ese monto, 1 mil 440 millones corresponden a trabajos realizados pero en proceso de aprobación

A través de su representante legal, José Alberto Castillo Suárez, Banamex señaló que Cervantes Murillo se presentó en las instalaciones de Villa Hermosa el 20 de febrero a las 3 de la mañana con 50 minutos para retirar expedientes, facturas y documentos de su relación de negocios, vía operaciones de factoraje, con Oceanografía.

Erik Cervantes aseguró ante los agentes del Ministerio Público que lo interrogaron: “Yo nunca he robado nada, ya que soy una persona muy honesta y de confianza, además de que soy el que mayor rango de ventas manejo, lo cual me ha sido retribuido con bonos económicos o compensaciones por parte de Banamex por mi desempeño”.

También afirmó que, al realizar actividades extraoficina, “es natural que lleve y traiga documentación de mi trabajo, y respecto al señalamiento que hace en mi contra el apoderado legal de Banamex, yo no me he robado ningún tipo de documentación; además, los documentos que yo manejo no tienen ningún valor económico con el cual pueda salir perjudicado 2 6 D E M AYO D E 2 0 1 4

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Isaac Esquivel/Cuartoscuro

Marco Polo Guzmán/Cuartoscuro

PORTADA

4El procurador Jesús Murillo, encargado de dar a conocer el aseguramiento de la empresa naviera y de sus bienes

el banco o beneficiarme yo, porque son únicamente documentos o papeles para trámite”.

Para demostrar el nivel de confianza del que era objeto, Erik Cervantes detalló: “Tenía asignada una tarjeta corporativa a mi nombre, con la cual pago en 30

2 6 D E M AYO D E 2 0 1 4

4El fraude se hizo público tanto en Estados Unidos como

en México hasta el 1 de marzo, cuando la PGR embargó a Oceanografía

todos los lugares que visito, es decir, en los estados que visito, en donde pago hoteles, comida. Soy empleado de confianza y no tengo horario… Tengo llaves de acceso y claves de seguridad para ingresar a cualquier hora a mi centro de trabajo”.

El empleado bancario añadió: “Soy inocente de todos los hechos que se me imputan. No he robado.

Yo me dedico a trabajar y a mucho orgullo soy el número uno en ventas en toda el área de Trade (comercio internacional) a nivel nacional en banca corporativa”.

Sobre el horario en el cual fue captado por las cámaras de circuito cerrado del banco, Erik Cervantes declaró: “Me desempeño como gestor comercial de ventas, y por tener ese cargo no manejo ningún horario fijo, es decir, tengo acceso a las instalaciones a cualquier hora… Yo viajo a diferentes lugares del Golfo de México, desde Tampico, Tamaulipas, hasta Ciudad del Carmen, Campeche, y en razón de eso puedo acceder a cualquier hora a mis oficinas”.

Contrario a lo que solicitaba el banco, el 26 de febrero la titular del Juzgado Sexto Penal de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial de Villahermosa, Guadalupe Vázquez Baeza, resolvió dejar en libertad al ejecutivo bancario por falta de pruebas.3 CONTRALÍNEA

CONTRALÍNEA

1 DE JULIO DE 2013

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Cuartoscuro

RENDICIÓN DE CUENTAS

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CONTRALÍNEA

CONTRALÍNEA

2 6 D E M AYO D E 2 0 1 4

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RENDICIÓN DE CUENTAS

Además del haber de retiro aprobado recientemente por el Congreso de la Unión para los siete magistrados del Tribunal Electoral –el cual se encuentra de nueva cuenta a debate–, los integrantes de ese órgano del Poder Judicial de la Federación gozan de otros privilegios económicos: sueldos superiores a los 150 mil pesos mensuales, seguros de vida, de gastos médicos mayores y bonos de “productividad” que ellos mismos se autodesignan. La sociedad les paga sus lujosos automóviles y camionetas, pero también sus choferes, gasolina, comidas en los restaurantes más caros del país y sus viajes… Su mala actuación y altos salarios son “un escupitajo en la cara para los mexicanos”, opina el panista Javier Corral Elva Mendoza, @elva_contra

ada mes, los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) perciben 151 mil pesos netos, mientras que el magistrado presidente gana 246 mil 945 pesos, detalla el “Acuerdo por el que se utoriza la publicación del Manual que regula las remuneraciones de los serviMaría José Martínez/Cuartoscuro

C 4Como magistrado

presidente del Tribunal Electoral, Alejandro Luna Ramos percibe 246 mil pesos mensuales

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dores públicos del Poder Judicial de la Federación para el ejercicio fiscal 2014”.

Aunado a ello, este año se embolsarán 450 mil 976 pesos correspondientes al bono por riesgo; el aguinaldo, por 247 mil 169 pesos, y una prima vacacional, por 40 mil 861.

Pero esto no es todo. En tan sólo 2 días, el Congreso de la Unión avaló un haber de retiro adicional para José Alejandro Luna Ramos, María del Carmen Alanís Figueroa, Manuel González Oropeza, Constancio Carrasco Daza, Salvador Olimpo Nava Gomar, Flavio Galván Rivera y Pedro Esteban Penagos López, magistrados del TEPJF. Las reformas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, fracción 3, artículo 209, aprobadas por senadores y diputados, los pasados 14 y 15 de mayo, permiten al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través del Comité de Administración, otorgarles la pensión vitalicia.

Debido a la inconformidad social que se generó, el día 21 se presentaron dos iniciativas que buscan cancelar o reducir tal privilegio. Sin embargo, las demás prebendas que gozan no están a discusión.

De acuerdo con Javier Corral, senador de la República por el Partido Acción Nacional, la pensión vitalicia que se buscó imponer de manera subrepticia es resultado de un acuerdo entre los magistrados y el jefe de oficina de la Presidencia de la República, Aurelio Nuño, quien –a través del consejero Jurídico, Humberto Castillejos– incorporó de última hora esa reforma en un “claro acto de violación de la división de poderes y de atropello al Congreso [de la Unión]”.

Para el legislador se trata de una adición subreptiCONTRALÍNEA

Adolfo Valtierra/Cuartoscuro

4Senador Javier cia, planeada maliciosamente. Prueba de ello, dice, es que el Congreso nunca fue convocado para reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

“Desde ahí, es ilegal la reforma. No lo enlistaron para evitar llamar la atención. Que el consejero jurídico de la Presidencia haya tenido secuestrado el dictamen de principio a fin, que haya tenido el control de la redacción del dictamen, no es una responsabilidad sólo de Castillejos, sino de los presidentes de las comisiones, del presidente del Senado y de los coordinadores parlamentarios que han permitido ese trato indigno, absolutamente invasivo de facultades.”

Según indica, no es la primera vez que se ha intentado aprobar la pensión vitalicia para los magistrados de la Sala Superior. El tema fue incluido por primera vez en las discusiones al decreto de reforma constitucional en materia electoral, durante noviembre de 2013, e incluía la ampliación de 9 a 15 años su ejercicio en el cargo.

“Me opuse. Impugné; hice 47 reservas en aquella ocasión. Desde entonces, todo mundo sabía que en CONTRALÍNEA

el Senado de la República eso había sido rechazado”, señala.

El 16 de mayo, el Tribunal emitió un comunicado en el que niega que lo aprobado por el Congreso de la Unión sea una pensión vitalicia o un bono. En el escrito, los magistrados aducen que se trata de un haber de

Corral: la pensión vitalicia es resultado de un acuerdo entre los magistrados y el jefe de oficina de la Presidencia de la República, Aurelio Nuño

“El haber de retiro fue una adición subrepticia, planeada maliciosamente. Prueba de ello es que el Congreso nunca fue convocado para reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación”

retiro, “garantía prevista en el artículo 94, párrafo décimo segundo de la Constitución”.

Aseguran que el haber de retiro está previsto ante la disposición legal que prohíbe a los exintegrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judi2 6 D E M AYO D E 2 0 1 4

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Jua Pablo Zamora/Cuartoscuro

RENDICIÓN DE CUENTAS cial de la Federación desempeñar cualquier actividad relacionada con su profesión en un periodo de 2 años.

Ante las imputaciones, también negaron por escrito que se trate de un soborno anticipado. “Los miembros del Tribunal Electoral no negociamos el ejercicio de nuestra función jurisdiccional. Rechazamos de manera categórica cualquier acusación de este tipo”.

Pese a que el legislador panista no duda que se logre echar abajo la adición, señala que el hecho muestra “hasta dónde están metidos los personeros de Peña en el Congreso”.

Ante ello, Corral señala que Enrique Peña Nieto debe ser extrañado por el Congreso y pide la remoción de Castillejos. “Y que tanto éste último como Nuño sean catalogados como inconfiables”.

A su parecer, los magistrados debieron transparentar su pretensión. “No dice bien de este Tribunal que lo anden cabildeando sigilosamente; le quita confianza, credibilidad. No debemos aceptar los argumentos

“La propuesta de que el bono sea por los 2 años posteriores al término del cargo podría sentar un precedente para todos los funcionarios”

Adolfo Valtierra/Cuartoscuro

4El magistrado Alejandro Luna Ramos y el presidente Enrique Peña Nieto

4David Monreal lamenta que el Congreso que aprueba pensiones vitalicias millo-

narias para “un grupo” sea el mismo que discute la pensión universal de apenas 500 pesos para la mayor parte de la población

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del magistrado [Flavio] Galván. Es patético decir que evita la corrupción en magistrados”.

Negocian bono para 2 años Ante la nueva propuesta del Partido Revolucionario Institucional (PRI) para que la bonificación que reciban los magistrados sea por los 2 años posteriores al término de su cargo, Javier Corral adelanta que votará en contra. Argumenta que la resolución a favor podría sentar un precedente que tendría que aplicarse para todos los servidores públicos.

“El nivel salarial es más que suficiente para cubrir las supuestas tentaciones a las que están sometidos los jueces y para cubrir el plazo de veda. El que no quiera tener prohibiciones laborales cuando ejerce altas responsabilidades públicas pues que no participe.

“Hay una discusión de fondo: en un país como el nuestro de enormes desigualdades, de una pobreza insultante, andar asegurando esos bonos de retiro y esas CONTRALÍNEA

Isaac Esquivel/Cuartoscuro

pensiones es un escupitajo en la cara de los mexicanos.”

Por su parte, el senador por el Partido del Trabajo David Monreal lamenta que el Congreso que aprueba para “un grupo” pensiones vitalicias millonarias, sea el mismo que discute la pensión universal de apenas 500 pesos para la mayor parte de la población.

Los beneficios de los magistrados

4Como sus otros bién, fijaba su posición respecto del conflicto postelectoral.

En una entrevista concedida al programa “Justicia electoral a la semana”, y cuando aún no concluía el Programa de Resultados Electorales Preliminares del Instituto Federal Electoral, Luna Ramos dijo que “el Tribunal no puede cambiar la decisión manifestada por la ciudadanía en las urnas”.

Además del bono por riesgo, los magistrados ordenaron blindar sus instalaciones, en particular aquella en donde ellos sesionan: la Sala Superior, ubicada en

cinco compañeros, el magistrado Flavio Galván percibe 151 mil pesos netos al mes

Rodolfo Angulo/Cuartoscuro

Tal como lo publicó Contralínea (edición 292), los integrantes de la Sala Superior reciben múltiples beneficios económicos. Tres días antes de las elecciones federales, los siete magistrados obtuvieron un bono de 488 mil 799 pesos cada uno. El dinero ingresó a las cuentas bancarias de los siete magistrados del TEPJF el 28 de junio de 2012, apenas 3 días antes de que se celebraran las elecciones federales en las que resultó electo el priísta Enrique Peña Nieto.

Fuentes allegadas a la institución aseguraron entonces que se trató de un “bono de riesgo”; y que en la semana del 18 al 24 de junio los magistrados habrían votado en su sesión ordinaria para autoasignarse dicha prestación.

Creado por el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa en el contexto de la “guerra” contra el narcotráfico, el bono de riesgo es independiente del sueldo y de las prestaciones que reciben de por sí los funcionarios.

Su objetivo es “bonificar económicamente” la inminente inseguridad que enfrentan algunos servidores públicos por sus labores.

Sin embargo, el TEPJF no combate al crimen organizado. Su mandato constitucional es “actuar como la máxima autoridad en materia de justicia electoral, que garantiza los principios de constitucionalidad y legalidad en los actos y resoluciones electorales”.

La justificación que esgrimió el Poder Judicial para el “pago por riesgo” es que éste se otorga “dada la naturaleza, complejidad y responsabilidad de las funciones que tienen encomendadas”.

La elección presidencial Cuatro días después de recibir el bono de riesgo, el 2 de julio, Alejandro Luna Ramos advirtió que “nadie ganará en la mesa lo que no pudo ganar en las urnas”.

Con esta declaración, el presidente del TEPJF se adelantaba a la impugnación que finalmente hizo el candidato de las “izquierdas”, Andrés Manuel López Obrador, respecto de la elección presidencial. TamCONTRALÍNEA

4Aurelio Nuño, jefe de oficina de la Presidencia de la República,quien supuestamente habría negociado las pensiones vitalicias

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Guillermo Perea/Cuartoscuro

RENDICIÓN DE CUENTAS

4A partir del sexenio del presidente Calderón, los siete magistrados del Tribunal Paola Hidalgo/Cuartoscuro

empezaron a percibir, año con año, el bono por riesgo de casi medio millón de pesos

4Para los titulares del TEPJF, aguinaldos por 247 mil 169 pesos y prima vacacional por 40 mil 861 pesos

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la avenida Carlota Armero, 5000, colonia Culhuacán CTM, delegación Coyoacán.

El argumento para tal decisión fue la violencia que asola al país: con esta medida, queda garantizada la seguridad personal de los siete servidores públicos. Protección Institucional fue el área que se encargó de contratar los servicios del blindaje, con un costo por alrededor de 300 mil pesos. A este monto se le sumaron otros 38 mil pesos para “acorazar” la puerta, mecanismo que resiste desde disparos de bazucas y hasta bombazos, como lo informó la columna Oficio de Papel.

Previo a las elecciones, los magistrados también se autorizaron camionetas blindadas marca Grand Cherokee, con un valor aproximado de 1 millón 500 mil pesos; ello, a pesar de que cada uno tiene ya a su disposición dos automóviles que paga el erario del Tribunal Electoral, incluida la gasolina, la reparación y el mantenimiento.

La hacienda pública también paga a Luna Ramos, Alanís Figueroa, González Oropeza, Carrasco Daza, Nava Gomar, Galván Rivera y Penagos López un seguro de separación individualizado, uno de gastos médicos mayores y uno más de vida.

De acuerdo con el acta de la novena sesión ordinaria de la Comisión de Administración del TEPJF, el 27 de noviembre de 2011 se autorizó la contratación de las pólizas de seguros –con una vigencia de las 12 horas del 31 de diciembre de 2011 a las 12 horas del 31 de diciembre de 2014– por un monto de hasta 58 millones 301 mil 172 pesos.

Dispendio por elecciones A pesar de sus altos sueldos, los siete magistrados no gastan en el consumo de alimentos: el erario les otorga 15 mil pesos mensuales para cubrir este fin, ocho veces el salario mínimo mensual. Cuando los funcionarios se exceden de este monto, tienen derecho a presentar facturas que el Tribunal les retribuye como “atención a magistrados”.

Existe además un presupuesto superior a los 100 mil pesos para pagar aparatos electrónicos, como iPod; electrodomésticos, como una cafetera de 20 mil pesos.

El erario también paga la camioneta del presidente del Tribunal.

No obstante los múltiples beneficios que reciben, para los senadores Javier Corral y David Monreal la actuación del Tribunal ha sido “mala”: tienen el caso Monex y el rebase de topes de campaña pendientes por resolverse desde hace 1 año.3 CONTRALÍNEA

C321 063 2/8/13 2:05 PM Pรกgina 63

CAPITALES

Leyes secundarias de telecomunicaciones: EL ESTADO AVASALLADO POR TRES APELLIDOS Televisa, Bestel, Cablemás, Cablevisión, Sky, Tv Azteca, Total Play, Grupo Carso, Inbursa, América Móvil, Telmex, Telcel son los conglomerados que dictan la reforma en telecomunicaciones y se reparten –no sin rispideces– el mercado cautivo de decenas de millones de usuarios. Más allá de las disputas entre ellos, se han asegurado de hacer prevalecer sus intereses.

La radiodifusión pública, indígena, educativa y comunitaria es la gran perdedora Marcos Chávez M*, @marcos_contra

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CONTRALÍNEA

Miguel Galindo CONTRALÍNEA

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Guillermo Perea/Cuartoscuro

CAPITALES

4El empresario

Carlos Slim, dueño de Telmex

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l decreto de ley secundaria de telecomunicaciones y radiodifusión propuesta por el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, se caracteriza por tres principios básicos. El primero es la intención de reducir a la mínima expresión la importancia del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), al invadir y conculcarles sus funciones reguladoras otorgadas por los recientes cambios constitucionales en la materia, con el objeto de convertirlo en una simple institución burocrático-testimonial sometida a los caprichos del Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Gobernación y otras dependencias estatales, y, por añadidura, a los intereses económico-político de los grupos monopólicos que controlan esos servicios públicos.

El segundo es que busca imponer otra vez la llamada “Ley Televisa” de 2006, pese a que ella había sido invalidada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2007 por considerar que violentaba flagrantemente la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pero será una imposición, pues no existe un movimiento social capaz de detener ese nuevo atentado que perpetra, en contra de la Carta Magna y la nación, el bloque dominante. Esto posibilitará el otorgamiento de concesiones sin necesidad de subas-

E

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tas, la renovación automática e irrestricta de las mismas por un plazo de 20 años (de hecho, en la nueva propuesta sería a 30 años), el triple de tiempo vigente a escala internacional, y el control simultáneo de los servicios de radio, televisión y telecomunicaciones, gratis y sin necesidad de requerir de concesiones adicionales, entre otras cosas.

Comparados con los beneficios que el gobierno federal les otorgará, junto con los legisladores priístas que encabezan Manlio Fabio Beltrones y Emilio Gamboa, los panistas, las exigencias que en 2006 no pudieron cumplirles Vicente Fox, Felipe Calderón y los congresistas son nimias. El actual gobierno se las dará completas.

La ley reglamentaria, además, les ofrecerá a los monopolios de las telecomunicaciones y la radiodifusión, identificados con eufemismos como “agentes económicos preponderantes” y “agentes económicos con poder sustancial”, las coartadas (i)legales CONTRALÍNEA

CONTRALÍNEA

Isaac Esquivel/Cuartoscuro

para burlar las normas constitucionales, salvaguardar intereses y mantener, sin cambios relevantes, su grado de concentración y centralización del capital y la producción, su grado de control del mercado. Las llamadas “barreras a la entrada” legales e ilegales (gastos de inversión, economías de escala, ventajas absolutas de costos, propiedad intelectual, acuerdos de exclusión, manipulación de precios, privilegios entre la oligarquía y las elites políticas, entre otros) que impiden la competencia, apenas serán remozadas, no eliminadas. Tampoco se desmantelarán los monopolios. Más aún, la manera en que está redactada la iniciativa de leyes secundarias reforzará la consolidación de los monopolios verticales y horizontales existentes, integrantes de conglomerados que extienden sus tentáculos hacia otras esferas económico-financieras: Azcárraga-Televisa-Bestel-CablemásCablevisión-Sky y Salinas Pliego-Tv Azteca-Total Play, en la radiodifusión; Carlos Slim-Grupo Carso-Inbursa-América Móvil-Teléfonos de México (Telmex)-Telcel, en las telecomunicaciones, pese a sus desencuentros con el gobierno; las asociaciones como la negociada por AzcárragaSalinas Pliego-Iusacell-Unefón (acuerdos formales e informales entre empresas del mismo ramo que buscan, con métodos legales e ilegales, reducir o eliminar la competencia en un determinado mercado o impedir la entrada de nuevos competidores).

Los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial (con su silencio) no modificarán esos negocios. Ni en el cambalache de los cambios electorales por las contrarreformas en las telecomunicaciones y energética pudieron conseguir la transmisión de los debates presidenciales, pues ésta no tendrá cobertura nacional.

El tercer principio básico es el desprecio por la radiodifusión pública y social, compartido por los monopolios y demás empresarios que medran comercialmente esos servicios propiedad de la nación. La decisión inquebrantable por limitar su pre-

4Emilio Azcárraga, sencia o impedir su existencia, por medio de obstáculos financieros, técnicos u operativos, entre otros.

La restauración de la rectoría estatal, el control de los monopolios, la competencia, la libertad de expresión, la neutralidad de la red y la democratización de las telecomunicaciones y la radiodifusión quedaron como la fantasía, la magia del casi Sueño de una noche de verano tropical. La comedia romántica shakespeariana –que se dice fue inspirada por la boda de Thomas Berkeley y Elizabeth– cederá el paso a la tragicomedia mexicana, al matrimonio de conveniencia.

dueño de Televisa, y el presidente Enrique Peña Nieto

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El desacreditado sistema neoliberal reprivatizador y desnacionalizador volverá a imponerse. Como dijera en alguna ocasión la fundamentalista Margaret Thatcher, madre-abuela putativa de los neoliberales: “there is not alternative” (“no hay alternativa”), expresión que tomó prestada del filósofo victoriano y darwinista social Herbert Spencer.

Iván Stephens/Cuartoscuro

CAPITALES

La opción argentina

4Ricardo Salinas Pliego, dueño de Tv Azteca

año en distintos puntos del país. En México la ley secundaria es una propuesta del Ejecutivo y su contenido provocó la indignación social, que orilló al Senado a montar un debate para simular su credibilidad.

En 3 días de marzo pasado invitó a 51 especialistas, concesionarios y empresarios de radio y telecomunicaciones, la mayoría de ellos a modo, para comentar, sin trascen-

Germán Romero/Cuartoscuro

La Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, de 2009, es la antípoda del reglamento secundario que se discute en México. Aquella, conocida popularmente como “ley de medios” en Argentina, simboliza la tesonera voluntad política de un gobierno democrático, socialmente legítimo, opuesto al neoliberalismo y dispuesto a enfrentar a los monopolios de los medios, enemigos de los principios republicanos, tradicionalmente conspiradores, copartícipes y beneficiarios de los regímenes gorilas. Dicha ley supone que la recuperación de la rectoría estatal, el fomento y regulación de competencia, con el fin de abaratar sus precios y universalizar el acceso a esos servicios, la libertad de expresión y los derechos civiles, la neutralidad de las redes o la democratización de los medios radiales y televisivos y de la sociedad, exigen el desmantelamiento del poder económico y político de las corporaciones, entre ellas el del Grupo Clarín, los Televisa, Tv Azteca y Grupo Carso mexicanos.

La “ley de medios” fue resultado del consenso. Su contenido descansa en un proyecto elaborado por la Coalición por una Radiodifusión Democrática en 2004 y en la participación activa de instituciones públicas, organizaciones sociales y otros actores de la comunicación social que debatieron sus fundamentos durante 1

4Las leyes secundarias gantizan a América Móvil-Teléfonos de México-Telcel su preponderancia en el sector de las telecomunicaciones 44

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CONTRALÍNEA

Moisés Pablo/Cuartoscuro

4Gabriel Contreras, presidente del Ifetel

dencia, la iniciativa repudiada, ya que ésta quedó igual. Lo llamativo fueron los denuestos del panista Javier Lozano en contra de algunos convidados. Pero Javier Lozano dijo algo razonable: “la ley de telecomunicaciones y radiodifusión que envió el Ejecutivo al Senado será aprobada por mayoría. No habrá unanimidad, no la puede haber”.

Así, la ley será impuesta.

La ley argentina significó un cambio radical en el sistema público y privado de los medios audiovisuales. Los servicios de comunicación audiovisual son declarados de “interés público” (un bien social común y no tanto como un interés o razón de Estado). El Estado reasume el papel rector, por medio de un órgano regulador integrado por representantes del Ejecutivo, las tres minorías principales del Congreso, un académico de la comunicación, de cada provincia y la capital federal, del sector privado y social, de las universidades nacionales, de los trabajadores de la comunicación y de las comunidades de los pueblos originarios.

El espectro radioeléctrico es redistribuido en tres partes iguales: una para el sector privado, otra para el social (organizaciones sociales, universidades, pueblos originarios) CONTRALÍNEA

y el resto para Estado federal y provincial (serán públicos, no estatales). Las licencias son adjudicadas mediante el régimen de concurso público abierto y permanente, por un plazo de 10 años, prorrogable una sola vez por un plazo similar, concedida en una audiencia pública. El número de ellas es limitado y nadie podrá prestar servicios a más del 35 por ciento del total nacional de habitantes o de abonados a los servicios. Quien opere un canal de televisión abierta no podrá ser dueño de una empresa de distribución de televisión por cable en la misma localidad, y viceversa. Se prohíbe que las compañías telefónicas vendan servicios de televisión por cable. Las frecuencias radioeléctricas no podrán transferirse, venderse o subastarse. La presencia del capital extranjero se limita a un máximo del 30 por ciento del capital accionario de las empresas. Se crea la figura del defensor Nacional del Público y se garantiza el acceso universal a los contenidos informativos de interés relevante.

El proceso de desmonopolización implicó el parcial desmantelamiento de Clarín, el grupo hegemónico mediático, aunque se mantiene como el conglomerado más importante del país al mantener el diario Clarín, los canales líderes en televisión abierta y de paga y una de las radios con mayor audiencia. La dueña de Clarín, Ernestina Herrera de Noble, vio afectado parte de su imperio que le permitió acumular una fortuna estimada en 2 mil 500 millones de dólares. Otros grupos que tendrán que desinvertir son Moneta, Indalo, Uno Medios, Cadena 3, Prisa, Telefónica y Pierri.

En México, la ley secundaria en la materia avanza en sentido contrario, y el poder económico, financiero y político de la oligarquía mediática seguirá acrecentándose. Carlos Slim, Ricardo Salinas Pliego y Emilio Azcárraga seguirán agregándoles dólares a sus patrimonios estimados en 72 mil millones de dólares, 7 mil 800 millones y 3 mil millones, respectivamente, al cierre de 2013.

La involución autoritaria El consenso logrado alrededor de la ley secundaria es su rechazo.

Por ejemplo, el senador panista Javier Corral calificó a la iniciativa como una “brutal contrarreforma”. Agustín Ramírez, de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi), señaló que “raya en lo absurdo”. Ésas y otras posturas, en una tesitura similar se deben a que eliminan de golpe los tímidos avances logrados con los cambios constitucionales.

Uno de ellos es el acotamiento del IFT. En el agregado al Artículo 6 constitucional se señala que será “un organismo público descentralizado con autonomía técnica, operativa, de decisión”. En la propuesta de ley secundaria se reitera que será un “organismo público autónomo, (in)dependiente en sus decisiones y funcionamiento”, cuyo objeto es “regular y promover la competencia y el desarrollo eficiente de las telecomunicaciones y la radiodifusión”.

Sin embargo, la “autonomía” del IFT, por principio, es restringida por la elección de sus directivos. A diferencia del órgano regu2 6 D E M AYO D E 2 0 1 4

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4Protesta ciudada-

na en contra de la aprobación de los nuevos lineamientos en el sector de las telecomunicaciones

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lador argentino, cuyos integrantes reflejan la pluralidad de intereses sociales y el intento por democratizar a los medios audiovisuales, “el presidente del organismo público [mexicano] será designado, a propuesta del Ejecutivo federal, con el voto de dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores o, en sus recesos, de la Comisión Permanente” (Artículo 6 constitucional). Por desgracia, como ha ocurrido en otros casos similares, el nexo entre el elector y el elegido se ha mantenido. Mony de Swaan, presidente de la extinta Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), o Luis Carlos Ugalde, antiguo miembro del consejo general del Instituto Federal Electoral, ejemplifican esa relación de sumisión.

La reciente elección de cinco de sus siete comisionados pone en duda la calidad y la eficacia de su trabajo, debido a su falta de experiencia o la independencia constitucionalmente exigida. Según la Amedi, Mario Fromow trabajó en Telmex; Adolfo Cuevas, en la Dirección de Radio, Televisión y Cinematografía, en la Secretaría de Gobernación, y su paso por la Cofetel, al lado de Ernesto Gil Elorduy, fue descalificado; María E Estavillo ha litigado en contra del gobierno mexicano y es señalada por su escaso conocimiento en temas de telecomunicaciones; Gabriel O Contreras se desempeñó en la Consejería Jurídica de la Presidencia calderonista, en el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario y en la Comisión Fede-

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Moisés Pablo/Cuartoscuro

Francisco Castellanos/Laboratorio de Arte Documental

SOCIEDAD

4Los priístas Emilio Gamboa y Manlio Fabio Beltrones respaldan la ley secundaria de telecomunicaciones

CONTRALÍNEA

Isaac Esquivel/Cuartoscuro Juan Pablo Zamora/Cuartoscuro

4Pese a que controla el 70 por ciento de la

televisión abierta y el 60 de la de paga, Televisa no será considerada predominante

ral de Mejora Regulatoria, de la Procuraduría General de la República, organismos que nada tienen que ver con las tareas del IFT; Ernesto Estrada laboró para Vitro Vidrio y en la firma Holdings North America y ha sido empleado público, funciones completamente alejadas de las telecomunicaciones.

La capacidad de decisión y la autonomía del Instituto quedan burdamente debilitadas por la intromisión de otras dependencias públicas en sus tareas. La Secretaría de Gobernación vigilará y velará por las “buenas costumbres” sociales y de los servicios: el cumplimiento de las normas ambiguas como el respeto a la vida privada, la dignidad personal, la moral, la publicidad, los contenidos, el orden público, la seguridad nacional (Artículo 218 constitucional). Las secretarías de Comunicaciones y Transportes y de Hacienda y Crédito Público “emitirán opiniones no vinculantes” en el “otorgamiento, prórroga o revocación de concesiones”, la fijación en el monto de las contraprestaciones, la planeación, la fijación y la conducción de las políticas y programas de cobertura universal y cobertura social, la elaboración de las políticas de telecomunicaciones y radiodifusión, el acceso a internet de banda ancha CONTRALÍNEA

4La legisladora Alejandra Barrales y Mony de Swaan, extitular de la ya desaparecida Comisión Federal de Telecomunicaciones

en edificios públicos. La Secretaría de Educación Pública se coordinará con la de Hacienda para la definición de las tecnologías de la información y las comunicaciones en el sector educativo, la transmisión de programas culturales, cívicos, educativos y recreativos. La Secretaría de Salud participará en los temas de su ramo. La Procuraduría Federal del Consumidor promoverá y protegerá jurídicamente a los usuarios de las telecomunicaciones.

La postura del IFT ante las contradicciones entre las leyes constitucionales y las secundarias, o ante la prórroga del llamado “apagón analógico”, fortalecen la suspicacia: el IFT quedará sometido a la agenda presidencial y será una dependencia más tutelada por el Ejecutivo federal y sus brazos ejecutores.

La nueva “Ley Televisa” Allí está el detalle. El giro radical de la ley constitucional en telecomunicaciones y radiodifusión hacia los intereses de los oligarcas que controlan esos servicios, agrupados en la “Ley Televisa” y contenidos en la ley secundaria se ubica en el sutil cambio de un concepto. En la primera se dice que se considerarán como agentes económicos preponderantes en los servicios de radiodifusión o telecomunicaciones” a las compañías que tengan una “participación mayor al 50 por ciento, medido este porcentaje ya sea por el número de usuarios, suscriptores, por el tráfico en sus redes o por la capacidad utilizada de las mismas de acuerdo con los datos de que disponga el Instituto Federal de Telecomunicaciones”. En la ley secundaria el término “servicios” es sustituido por el de “sector”, lo que da la oportunidad de la fragmentación en lugar de la agregación y, por tanto, en la reducción artificial de la presencia en las telecomunicaciones y la radiodifusión.

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Pedro Mera/Cuartoscuro

CAPITALES

4Con la nueva nor-

mativa, el espectro radioeléctrico es redistribuido en tres partes iguales: una para el sector privado, otra para el social y el resto para el Estado

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Dicha disposición, más que impulsar la convergencia, estimula la divergencia. A la separación de los sectores de las telecomunicaciones y la radiodifusión, a no considerarlos como servicios múltiples (de televisión abierta, de radio, de internet, de audio y video restringidos, de telefonía móvil).

Ese ajuste le permite a Televisa escapar de las exigencias a quienes son clasificados como “agentes económicos predominantes” (artículo 276), pese a que controla el 70 por ciento de la televisión abierta y el 60 por ciento de la de paga. Es cierto que el IFT ya declaró a Televisa como tal. Sin embargo, si se aprueba la ley secundaria, tendrá que ser replanteado ese estigma.

Por añadidura, también se despeja la obligación de presentar un plan donde opten por la separación funcional estructural o la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o la combinación

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de ambas, con el objeto de reducir su presencia a menos del 50 por ciento en el mercado. Asimismo, le facilitaría la posibilidad de participar en las licitaciones de bandas de frecuencia del espectro radioeléctrico (artículo 274), aun cuando la ley constitucional no le negaba esa opción, pues sólo requeriría la autorización del IFT. Los efectos benéficos vendrán en cascada para Televisa. Por ejemplo, le evitaría la enojosa situación de permitir el acceso gratuito de sus señales en la televisión restringida (artículo 264). Le permitiría quedarse con el espectro sobrante de la transición digital sin pagar contraprestación alguna.

Le aseguraría la posibilidad de adquirir el 51 por ciento de la empresa Cablecom, hecho que ampliaría aún más su concentración de la televisión restringida.

Por otro lado, la propuesta de creación del llamado “mercado secundario de espectro radioeléctrico”, donde podrá realizarse la transferencia entre particulares del derecho de uso del espectro radioeléctrico, la cesión de derechos y el arrendamiento de espectro, sin necesidad de la intervención estatal, más que impulsar la competencia, sólo acelerarán la tendencia a la concentración. En el mejor de los casos, podría presentarse una competencia entre monopolios, con todas sus perversiones económicas y políticas, perniciosas para los usuarios y la nación.

El otorgamiento de las concesiones actuales únicas para uso comercial, por un plazo de hasta 30 años (en 2007 la propuesta era hasta por 20 años), prorrogables por plazos iguales, con la posibilidad de arrendarlas, beneficiarán especialmente a los monopolios de Televisa y Tv Azteca que controlan la televisión abierta y de paga.

Si bien Telmex fue declarado como “agente económico preponderante” debido a que controla el 80 por ciento del mercado en telefonía fija, el 70 por ciento de la telefonía móvil y el 74 por ciento de los servicios de internet fijo, tampoco la ley secundaria implica el fin de su historia. Si llegara a separarse el conglomerado o a desincorporarse (¿realmente alguien lo cree?) para CONTRALÍNEA

Adolfo Vladimir/Cuartoscuro

ajustarse a las normas, no perderá su posición hegemónica en las telecomunicaciones. Incluso en poco más de 2 años podría verse su incorporación en la televisión. La estrategia de trasnacionalización de Slim le ofrece una amplia gama de posibilidades para mantener su posición de patriarca oligárquico.

Radiodifusión pública y social, la perdedora Si es claro que la ley secundaria no sólo no atenta en contra de los monopolios actuales, sino que tenderá a reforzar su presencia, también es nítido que, junto a los usuarios, los principales perdedores serán la radiodifusión pública y social. Para estos últimos es más que obvia su condena a muerte o a vegetar dolorosamente.

Con la creación del Sistema Público de Radiodifusión de México, a los organismos estatales se les someterá al dictado de la Secretaría de Gobernación, con todo y sus implicaciones nocivas en materia de independencia editorial, autonomía de gestión financiera, garantías de participación ciudadana, reglas claras para la transparencia, rendición de cuentas, defensa de sus contenidos; desarrollo tecnológico y otras medidas contenidas en el artículo 10 transitorio de la ley constitucional en telecomunicaciones y radiodifusión.

Ahora todo dependerá de las directrices de Gobernación y, por extensión, del Ejecutivo. El espectro del pasado de la radio y la televisión pública está más vivo y más terrible. El grado de autonomía e independencia que dispondrán es más que evidente.

Con este tipo de concesiones no se podrán prestar servicios con fines de lucro ni compartir el espectro radioeléctrico con terceros (artículo 83 de la Ley del Sistema Público de Radiodifusión de México), su futuro dependerá de su capacidad para demostrar su eficacia técnica y administrativa, estará supeditada al financiamiento público (artículo 88) y éste ha sido tradicionalmente mezquino y declinante, lo que explica la indigencia de estos organismos CONTRALÍNEA

4La transmisión de públicos. Y para asegurar su miseria, sólo podrá buscar recursos adicionales a través de donativos (en dinero o en especie), la venta de productos o servicios (¿con qué dinero previo los generará si su presupuesto es insuficiente para sus necesidades básicas?), patrocinios o convenios entre entidades públicas (artículo 88). Es decir, de la caridad. ¿Cómo sobrevivirá la nueva televisión pública que se creará? No es un enigma. Al igual que las otras televisoras públicas: en la mendicancia. El problema es que esa caridad, en caso de que exista, será disputada por los llamados “concesionarios de uso social”, porque el proyecto de ley secundaria les asignó un destino similar al encasillarlas como instituciones sin fines de lucro, por lo que tampoco podrán realizar actividades que persigan la obtención de ganancias.

Sólo podrán asegurar su existencia por los siguientes medios: donativos en dinero o en especie, aportaciones y cuotas o cooperación de la comunidad a la que prestan servicio, patrocinios y convenios (artículo 89).

Pero antes de preocuparse por el dinero, primero tendrán que existir. Y para existir tendrán que demostrar que tienen la capacidad técnica-operativa y los ingresos necesarios para utilizar la banda de frecuencias que eventualmente les sea asignada; que contribuirán a alcanzar los caros principios de los derechos humanos, la libertad de expresión e información o el libre acceso a las tecnologías de la información, entre otras fruslerías, las cuales, por cierto, son relajadas para las concesiones únicas de explotación comercial.

El sistema, sin embargo, no es tan perverso y autoritario como algunos creen. En un momento de generosidad, el gobierno le ofrece a la radiodifusión pública y social una gran oportunidad de vida: la venta de “patrocinios” hasta por 5 segundos. Ello dependerá de su creatividad.3

programas cívicos, así como de programas culturales, educativos y recreativos, en manos de la SEP y Hacienda

*Economista 2 6 D E M AYO D E 2 0 1 4

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ashington, Estados Unidos. Más de 500 organizaciones internacionales reclaman que los gobiernos pongan en marcha en junio próximo la redacción de un tratado internacional que sancione a las empresas trasnacionales que violan los derechos humanos, en respaldo de una propuesta presentada por Ecuador y otros países.

El 7 de mayo pasado, una red mundial de la sociedad civil conocida como Treaty Alliance (Alianza por el Tratado) pidió a los países miembros del Consejo de

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Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que respalden el mes que viene una resolución para redactar un acuerdo vinculante que garantice la rendición de cuentas y los mecanismos de reparación de las víctimas de abusos cometidos por empresas.

El Consejo celebrará su vigésima sexta sesión del 9 al 27 de junio, en Ginebra, Suiza.

La declaración conjunta de la Treaty Alliance subraya “la necesidad de mejorar el marco jurídico internacional, con inclusión de soluciones internacionales, aplicable a la acción estatal para proteger los derechos en el marco de operaciones comerciales, y teniendo preCONTRALÍNEA

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LÍNEA GLOBAL sente la urgente necesidad de garantizar el acceso a la justicia, el remedio y la reparación de las víctimas de abusos de las empresas a los derechos humanos”.

La declaración, que lleva la firma de más de 150 organizaciones y representa a cientos más, también pide a los Estados que trabajen por un acuerdo vinculante que “afirme la aplicabilidad de las obligaciones de derechos humanos en las operaciones de las empresas trasnacionales y otras firmas comerciales”.

Asimismo, exige a los Estados que “establezcan la responsabilidad legal de las empresas por los actos u omisiones que violen los derechos humanos”.

La alianza de la sociedad civil pide que se cree un organismo supranacional que supervise la aplicación del tratado.

“Ya es hora de que haya un sistema de normas vinculantes que considere legalmente responsables a las empresas por violaciones de los derechos humanos”, afirma David Pred, el director gerente de Inclusive Development International, una de las organizaciones de Treaty Alliance, en entrevista con Inter Press Service (IPS).

“Las empresas trasnacionales se han salido con la suya durante demasiado tiempo asesinan-

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do (literalmente); pero en vez de frenarlas, nuestros gobiernos les ceden aún más poder a través de acuerdos de libre comercio y tratados de inversión”, dice.

“Nos sumamos a este reclamo porque creemos que no existe mayor amenaza para los derechos humanos y la democracia en el mundo de hoy que el poder empresarial sin control”, opina.

El apoyo de 85 países Las voces que piden un marco internacional más riguroso para las empresas se oyen desde hace décadas. Este movimiento tuvo un éxito parcial cuando en 2011 el Consejo aprobó los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos.

“No existen medios para garantizar el cumplimiento de los Principios Rectores, y lo que hemos visto desde 2011 es que su aplicación no funcionó como barrera para frenar las violaciones de los derechos humanos que cometen empresas trasnacionales”, señala a IPS el investigador asociado del Transnational Institute, Gonzalo Berrón, organizador de Treaty Alliance.

“No estamos diciendo que los Principios Rectores no se apliquen; se trata de un proceso paralelo, pero creemos que cuanto antes comencemos a discutir un código vinculante, mejor. Y ahora tenemos la oportunidad de avanzar”, agrega.

De hecho, los partidarios del tratado sostienen que el momento actual, en el periodo previo a la reunión de junio del Consejo, es singularmente propicio.

“Antes veíamos que la movilización se daba entre las comunidades afectadas y ciertas organizaciones no gubernamentales, pero por primera vez vemos esta enorme alianza. Es algo nuevo en el ámbito internacional”, según Berrón.

Este impulso se remonta a la vigésimo cuarta sesión del Consejo, cuando un grupo de 85 países señaló en una declaración conjunta que los Principios Rectores son “sólo una respuesta parcial”, y enfatizó “la necesidad de avanzar hacia un marco jurídicamente vinculante que regule el trabajo de las empresas trasnacionales”.

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Fue la primera vez que el tema fue abierto por Estados miembros de la ONU, señalaron defensores del tratado.

“Este impulso se debe a la voluntad de los representantes de muchos países, en muchas regiones, y no por agencias de la ONU, lo que tiene mayor sentido democrático e importancia dentro y fuera [del foro mundial]”, sostiene Dominic Renfrey, de la Red Internacional para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Los Estados ocupan escaños en el Consejo por periodos de 3 años. La integración actual de 47 miembros podría ser una ventaja para los partidarios del tratado, observa Renfrey.

“En este momento varios miembros del Consejo de Derechos Humanos entienden mejor que la mayoría el impacto que tiene en su población el desarrollo mal regulado”, señala.

“Estos Estados se beneficiarán de un sistema internacional que proteja mejor los derechos humanos de sus pueblos, al tiempo que garantice una forma más sostenible y respetuosa de inversión”, agrega.

Aún así, no todos apoyan la idea de un tratado.

El dilema de la aplicación “Aunque seguimos de cerca estos acontecimientos, nos centramos en los grandes vacíos que existen para asegurar que los gobiernos cumplan con su deber de proteger los derechos humanos”, explica a IPS el director de International Corporate Accountability Roundtable (Mesa Redonda para la Responsabilidad Empresarial), Amol Mehra.

“Esos vacíos se pueden llenar en gran medida regulando a las empresas para evitar potenciales violaciones a los derechos humanos, tanto en el ámbito nacional CONTRALÍNEA

como internacional, y por medio de firmes medidas correctivas, incluyendo vías legales de rendición de cuentas cuando se producen daños”, destaca.

La figura principal detrás de los Principios Rectores de la ONU instó a la precaución.

John Ruggie, el relator especial de la ONU sobre Derechos Humanos, Empresas Trasnacionales y Otras Empresas, cree que en parte el problema radica en que las cuestiones relativas a las obligaciones de las empresas son demasiado amplias para un único tratado.

Ruggie sostuvo hace días que hay 80 mil empresas multinacionales y millones de subsidiarias más, y que supervisar el cumplimiento del tratado superaría la capacidad de la mayoría de los gobiernos.

Cualquier organismo supranacional que se creara generaría las mismas inquietudes.

Los problemas fundamentales de la aplicación del tratado se exacerbarían por la reticencia de los Estados a juzgar delitos cometidos fuera de su territorio. Éste es un problema importante, dado que los tratados son documentos que se adoptan por consenso, señaló.

Para que añadiera valores, “las normas de aplicación del tratado tendrían que entrañar una jurisdicción extraterritorial”, escribió Ruggie.

“Algunos órganos de tratados de derechos humanos de la ONU han pedido a los Estados de origen de las multinacionales que proporcionen mayor protección extraterritorial contra los abusos relacionados con las empresas... Pero la conducta de los Estados deja en claro que no consideran que esta jurisdicción sea un medio aceptable para procesar violaciones a toda la gama de derechos humanos reconocidos internacionalmente”, escribió el experto.3 2 6 D E M AYO D E 2 0 1 4

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GUATEMALA el pueblo ixil espera justicia en caso Ríos Montt Indígenas ixiles han documentado profusamente el genocidio que sufrieron a manos del Ejército de Guatemala: las violaciones sexuales tumultuarias, las torturas, el asesinato de infantes… Toda una serie de atrocidades cometidas contra un pueblo cuando el general golpista Ríos Montt gobernó el país entre 1982 y 1983. Ahora que integrantes del Poder Judicial intentaron llevar a juicio a los responsables, una andanada mediática y legaloide paró las investigaciones y los destituyó Randy Saborit Mora/Prensa Latina/Ilustraciones: Manrique

uatemala, Guatemala. A 1 año de la sentencia a 80 años contra el exdictador Efraín Ríos Montt, el pueblo ixil aún espera justicia en ese caso, pues la Corte de Constitucionalidad decidió anular la condena.

El denominado Triángulo Ixil abarca los municipios de Nebaj, Chajul y San Juan Cotzal, ubicados en el noroccidental departamento de Quiché, castigados por militares durante el mandato de Ríos Montt (19821983), uno de los periodos más violentos del conflicto armado interno (1960-1996), como ha confirmado la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

El grupo ixil está asentado en la región de igual nombre, donde el Ministerio Público constató la matanza de 1 mil 771 indígenas de esa etnia a manos del Ejército durante el régimen del mencionado exgeneral golpista.

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Considerada una de las poblaciones étnicas menos numerosas de Centroamérica, por lo menos 95 mil individuos integran el grupo ixil, según datos del Instituto Nacional de Estadística.

El precio de nadar a contracorriente Nadar a contracorriente siempre se paga caro. De esto podrían impartir sendas conferencias magistrales Yassmín Barrios, presidenta del tribunal guatemalteco que condenó a Ríos Montt el 10 de mayo de 2013, y la exfiscal general Claudia Paz, quien dejó ese cargo el 16 de mayo pasado antes de cumplir los 4 años del mandato establecido por la Constitución.

Casi una decena de organizaciones –la mayoría internacionales– rechazaron la resolución del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), que ordena a Barrios dejar de ejercer su profesión durante 1 año.

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LÍNEA GLOBAL Ese juzgado tomó en cuenta una denuncia presentada por el abogado Moisés Galindo, defensor del exgeneral José Rodríguez, en la cual expone que el 19 de marzo de 2013, el Tribunal A de Mayor Riesgo le ordenó asumir la defensa técnica de Ríos Montt ante diversas prácticas dilatorias provocadas por los abogados de éste.

Galindo discrepó de la decisión del juzgado, y en consecuencia acusó a la togada ante el CANG de haberlo irrespetado y humillado públicamente.

“Nos preocupa que dichas acciones se sumen a una larga lista de ataques, amenazas e intimidación sufridas por la jueza Barrios, como resultado de su participación en varios juicios por violaciones a los derechos humanos cometidas durante los 36 años del conflicto armado interno (1960-1996)”, expresó la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas.

Para la Comisión Internacional de Juristas (CIJ), el fallo del mencionado Tribunal sugiere la existencia de un pacto de impunidad en Guatemala entre diferentes sectores para evitar que se sigan dando avances en la justicia transicional y en otros campos de la justicia. En opinión del director de la CIJ para Centroamérica, Ramón Cadena, se trata de un pacto para reforzar la impunidad, el cual se inició con la resolución de la Corte de Constitucionalidad (en febrero pasado), la cual recortó el periodo constitucional de la exfiscal general, Claudia Paz y Paz. Sobre el tema también se pronunciaron el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, la Comisión de Derechos Humanos de Guatemala en Washington, la Fundación para el Debido Proceso, Iniciativa Projusticia de la Sociedad Abierta, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, la Plataforma Internacional contra la Impunidad y la fundación guatemalteca Myrna Mack.

Disímiles entrelíneas podrían leerse de este caso, que se decodifica mejor al tomar en cuenta lo expresado al respecto por Barrios al diario local La Hora: “Se me está castigando por ser una juez honrada y por no plegarme al sistema”.

Exclusión de la exfiscal Paz No había que ser profeta para saber que la exfiscal general Claudia Paz sería excluida de la nómina de seis candidatos a ese cargo, de los cuales el presidente Otto Pérez Molina escogió a Thelma Aldana.

La exjefa del Ministerio Público tenía derecho a la 56

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reelección, pero esa posibilidad fue descartada cuando la Comisión de Postulación la dejó fuera de la nómina, pese a que en la fase de calificación obtuvo 69 puntos, superada sólo por la expresidenta de la Corte Suprema de Justicia, Thelma Aldana, con 71.

Cinco organizaciones regionales e internacionales manifestaron en un comunicado su preocupación por las inconsistencias e irregularidades observadas durante el proceso de selección al respecto.

Los firmantes fueron el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, la Comisión de Derechos Humanos de Guatemala en Washington, la Fundación para el Debido Proceso, la Iniciativa Projusticia de la Sociedad Abierta y la Plataforma Internacional contra la Impunidad.

Causa sorpresa y extrañeza, precisaron, que –al concluir el proceso de análisis de los postulantes– dicha comisión no haya incluido en la nómina correspondiente a Paz, aun cuando ella obtuvo el segundo mejor puntaje entre los evaluados.

El mandatario Pérez Molina seleccionó a la nueva fiscal general entre los seis candidatos escogidos, con quienes se reunió para conocer sus respectivos planes de trabajo.

La Corte de Constitucionalidad otorgó en febrero pasado un amparo provisional al abogado Ricardo Sagastume, quien alegó que Paz debía concluir su mandato en mayo, basado en la Ley Orgánica del Ministerio Público (legislación de menor peso con respecto de la Carta Magna), según la cual el cambio de mando de esa responsabilidad debía hacerse este mes.

Los logros de la gestión de Paz han sido reconocidos por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, instancia de la ONU que trabaja en este país desde 2007.

Consultada por Prensa Latina sobre los resultados alcanzados desde diciembre de 2010, asevera que se avanzó en el combate de la criminalidad organizada, en especial contra el narcotráfico, mientras se detuvieron a varios de los más grandes capos para extraditarlos o juzgarlos en Guatemala.

También expone que se ha aumentado la confianza en la justicia porque hay mayores índices de denuncia en ciertos delitos y se ha avanzado en el esclarecimiento de hechos violentos al pasar de un 5 a un 30 por ciento de casos resueltos si se comparan las estadísticas al respecto de 2010 y 2013.

La primera mujer designada como fiscal general en Guatemala fue juramentada en diciembre de 2010 por el mandatario Álvaro Colom (2008-2012).

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Testimonios de la crueldad Más de un centenar de ixiles, supervivientes de la Guerra Civil guatemalteca, dieron fe de asesinatos y violaciones cometidas por uniformados de marzo de 1982 a agosto 1983, cuando gobernó de facto Ríos Montt.

Varios deponentes declararon el año pasado ante el Tribunal A de Mayor Riesgo sobre la política de tierra arrasada, la persecución, la quema de viviendas y pertenencias, y demás crímenes ocurridos durante la dictadura de Ríos Montt.

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Bajo condición de anonimato, una decena de mujeres de Nebaj, San Juan Cotzal y Chapul atestiguaron sobre las violaciones a las que fueron sometidas por fuerzas represivas durante el gobierno golpista de Ríos Montt.

Una de ellas aseguró que los soldados le dijeron que su presidente, Ríos Montt, había expresado que los ixiles se fueran “a la basura por colaborar con la guerrilla”. Otra, sostuvo que había niñas y las violaron también, mientras recordó que a una señora la colocaron en un palo y la mataron. Una manifestante evocó que 2 6 D E M AYO D E 2 0 1 4

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cuando los uniformados llegaron a su casa la sacaron a ella, a una vecina y a su mamá, a quien violaron y la llevaron como si fuera un perro muerto.

Por su parte, Tiburcio Utuy, de 70 años, afirmó que los militares le quemaron el estómago, los testículos y lo dejaron hasta sin dientes durante una paliza.

Entretanto, Francisco Velasco aseguró que a una de sus hijas, menor de edad, los soldados “le abrieron el pecho y le sacaron el corazón”. También el alto tribunal conoció peritajes que sustentaron la acusación presentada por la Fiscalía contra Ríos Montt y su antiguo jefe de inteligencia militar, José Rodríguez.

La jurista española Paloma Soria explicó que la violencia sexual perpetrada por un alto número de soldados durante la contienda de 36 años fue masiva y sistemática en contra de mujeres indígenas.

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Por su parte, el historiador Ángel Valdés explicó que la destrucción del maíz por parte del Ejército constituyó un elemento que atentó contra su cultura.

El matemático Patrick Donnell mostró una ecuación que evidenció que de marzo de 1982 a agosto de 1983 la institución castrense ejecutó al 5 por ciento de la población ixil.

Hasta el 5 de enero de 2015 tendrán que esperar las víctimas de matanzas contra indígenas mayas ixiles para que Ríos Montt y José Rodríguez declaren nuevamente ante la justicia guatemalteca.

Estos son algunos elementos que demuestran cuán difícil resulta en esta nación aplicar la justicia para todos por igual sin importar el cargo que hayan ostentado en el pasado.3 CONTRALÍNEA

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COPALA, emergencia humanitaria

VIDEORREPORTAJE DE SAN JUAN COPALA, EMERGENCIA HUMANITARIA

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MASACRES EN ODESA

silencio cómplice de Occidente y fin del Estado ucraniano

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LÍNEA GLOBAL oscú, Rusia. Los trágicos acontecimientos de Odesa, donde militantes nazis quemaron a más de 50 personas, resuenan ya en las conciencias como un nuevo Khatyn. Las dos masacres se parecen tanto, que la imagen de Khatyn volvió a todas las mentes de inmediato. La población no ha olvidado cómo los mártires de Khatyn fueron quemados vivos por el 118 batallón de la policía nazi, cuyos miembros provenían fundamentalmente de los batallones Roland y Nachtigall, inicialmente creados en 1939 con la colaboración de Stepán Bandera, para servir en las filas del Wehrmacht (ejército nazi) y puestos en 1941 bajo las órdenes de la Abwehr (organización de inteligencia militar alemana, 19211944).

La misma mentalidad criminal orquestó y perpetró ambas masacres. Al principio de la Segunda Guerra Mundial, el batallón Nachtigall estaba bajo las órdenes de Román Shujévych. Este individuo reasignó posteriormente su banda de asesinos a otra unidad de las fuerzas represivas que acababa de crearse.

El 2 de mayo de 2014, los habitantes de Odesa murieron entre las llamas del incendio provocado por la nueva generación de fascistas ucranianos que hoy se pasea por las calles del país agitando los retratos de sus predecesores, Stepán Bandera y Román Shujévych.

La masacre de Odesa puso fin a una etapa. Una nueva realidad se impone ahora a los ciudadanos ucranianos que sólo aspiran a defender su derecho a hablar su lengua materna, a preservar su modo de vida y los valores en los que creen, y para lograr eso, no tienen otra opción que levantarse contra el régimen neonazi que se ha apoderado de Kiev, la capital de su país.

Contrariamente a lo sucedido en la región de Donbás, donde se formó una milicia armada, Odesa siguió siendo, hasta el 2 de mayo, una ciudad tranquila, y las manifestaciones que allí se registraban eran totalmente pacíficas. A pesar de ello fue precisamente en esa ciudad donde se cruzó el Rubicón. Allí se violó el principio que prohíbe que hombres armados asesinen a pacíficos ciudadanos. No es por casualidad que, horas después de la masacre de Odesa, la Guardia Nacional

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abrió fuego sobre los habitantes de Kramatorsk, quienes trataban de cerrar el paso a sus vehículos blindados interponiéndose físicamente en su camino.

Muchos de ellos ignoraban sin dudas lo sucedido a sus conciudadanos de Odesa, quemados vivos en presencia de fuerzas de policía indiferentes a su suerte, mientras los neonazis vociferaban consignas como: “¡Fríanse, sucios rusos!” y “¡Muerte a los diablos rusos!”. Quienes lograban salir del edificio en llamas eran exterminados a garrotazos y hachazos mientras resonaba el himno nacional ucraniano, manchado para siempre por la huella infamante de la masacre

de Odesa, convertida en una nueva Khatyn.

Informaciones recientes demuestran que los dirigentes del régimen de Kiev planificaron y organizaron las provocaciones que sirvieron de pretexto a las operaciones represivas desatadas el 2 de mayo contra la población de Odesa para intimidar a los opositores. El objetivo era ahogar y liquidar un foco de agitación que podía extenderse y desembocar en la organización pública de una resistencia frontal al régimen de los sucesores de Stepán Bandera, como ya estaba sucediendo en Donetsk, Lugansk y Sloviansk.

Es para eso que los hombres de la fuerza de interCONTRALÍNEA

vención especial de la región Este (Vostok) y las tropas de asalto patrocinadas por el multimillonario ucraniano Igor Kolomoisky fueron enviados a Odesa disfrazados como civiles. La llamada “14 compañía de las fuerzas de autodefensa de Maidan”, proveniente de Kiev y ya implicada en los motines que allí se produjeron el 29 de abril, también participó en la operación de Odesa.

El grupo de tiendas de campaña de los ciudadanos de Odesa contrarios al régimen ilegal instaurado en Kiev fue instalado en el centro de la ciudad desde finales de febrero de 2014, inmediatamente después del golpe de Estado. A lo largo de los meses subsiguientes,

miles de ciudadanos se reunieron allí y expresaron repetidamente en aquel lugar su decisión inquebrantable de manifestarse públicamente en defensa de sus derechos y de sus libertades fundamentales en una Ucrania donde la camarilla nacionalista de Kiev trata de extender su control a todo el país.

El 2 de mayo de 2014, el club de futbol local Chernomorets recibía en Odesa al club de futbol Metalist, de Járkov, en un partido correspondiente a la Liga 1 de Ucrania. Multitudes de aficionados llegaron de Járkov y se dirigieron al estadio. Pero se vieron agredidos repentinamente por encapuchados armados que portaCONTRALÍNEA

ban al mismo tiempo la cinta de San Jorge (adoptada como símbolo de los opositores al régimen de Kiev) y un brazalete rojo. El mismo brazalete rojo podía verse sobre los uniformes de algunos policías ucranianos.

En varias fotografías, muy fáciles de encontrar, puede comprobarse que los agresores contaron como mínimo con la neutralidad de las fuerzas de la policía. Otras imágenes demuestran que el despliegue, las agresiones y los desmanes de los agresores estuvieron coordinados por individuos que portaban uniformes de policía. Uno de los coordinadores identificados no es otro que el jefe delegado de los servicios del Ministerio del Interior en Odesa, el coronel Dimitri Fucheji.

No es por lo tanto sorprendente la reacción de los aficionados al futbol, quienes se lanzaron a perseguir a los agresores destruyendo todo lo que encontraban a su paso. Luego de aparentar brevemente que se “interponían”, las fuerzas policiacas se replegaron dejando libre el camino hacia el barrio de Kulikovo, donde se hallaba el campamento de base de los antifascistas que protestaban pacíficamente en Odesa.

En ese preciso instante se sumaron los matones de Pravy Sektor a los grupos de aficionados al futbol, luego de dejar la Casa de los Sindicatos a los manifestantes antifascistas que en su mayoría se habían refugiado en aquel lugar.

La horda que así se constituyó se abalanzó entonces dentro del edificio matando a todo el que encontraban a su paso e incendió la construcción lanzando gran número de bombas molotov.

Al final de la jornada se contabilizaron 116 víctimas como resultado de los enfrentamientos callejeros y del incendio. Más de 200 personas resultaron heridas o mutiladas, 20 quedaron gravemente heridas y están en estado crítico. Al menos ocho personas murieron al saltar por las ventanas de los últimos pisos tratando de escapar a las llamas.

Los últimos informes recogidos revelan que se hizo uso de gases tóxicos contra las personas que ya se habían refugiado dentro del edificio. La Red Voltaire publicó un estremecedor reportaje fotográfico sobre las atrocidades perpetradas dentro de la Casa de los Sindicatos. Víctimas que habían sobrevivido y que logra2 6 D E M AYO D E 2 0 1 4

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LÍNEA GLOBAL ron salir del incendio fueron masacradas en la plaza.

Sus cuerpos fueron fotografiados después junto a una serie de cadáveres calcinados con letreros que proclamaban: “¡Esto es Ucrania!”.

De todas las imágenes registradas en Odesa, las peores no son ni siquiera las fotografías de los cadáveres calcinados apilados a la entrada de la Casa de los Sindicatos. Son las imágenes de video que muestran a un grupo de neofascistas rabiosos desbaratando la pierna derecha de un joven en medio de la calle. Los verdugos no disimulan el deleite que sienten al oír los alaridos de la víctima y el ruido de sus huesos al romperse, mientras se embadurnan las manos con su sangre lanzando gritos de júbilo. No queda en ellos ni un átomo de humanidad. El país que alguna vez llevó el nombre de Ucrania ha desaparecido definitivamente.

Ya puede verse claramente que el régimen no ha logrado lo que quería. Los ciudadanos de Odesa han renunciado a las manifestaciones pacíficas y ahora optan por la guerrilla y el contraataque al estilo de los

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partisanos. Los habitantes de los territorios ocupados no tienen ya otra opción para oponerse a los fascistas que hoy profanan su tierra, como ya sucedió durante la Segunda Guerra Mundial.

En vez de ahogar las brasas de la guerra civil que ya podían verse en Ucrania, el régimen de Kiev ha arrojado pacíficos ciudadanos a las llamas. Pero ha incendiado así el país entero.

Los que militaban por la preservación de la identidad ucraniana en el marco de un Estado federal fueron quemados vivos. Se ha violado así un fatídico límite. Nada justifica en adelante que se prorrogue la existencia del Estado ucraniano en sus actuales fronteras.

Por supuesto, a Occidente le interesa que se instaure un Estado neonazi ucraniano. La cuestión es saber cuál será su perímetro. Y no es una cuestión que afecte únicamente a Rusia. Es muy probable que los rumanos, los húngaros y los polacos no vean tampoco con entusiasmo la proximidad de un vecino tan

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poco recomendable.

Por lo pronto, ya pueden sacarse varias conclusiones de la tragedia de Odesa.

-Primero: que fue con el concurso de la policía local, que se ha mantenido fiel al régimen de Kiev, que los individuos armados de Pravy Sektor –identificados con sus brazaletes rojos– iniciaron la provocación organizada a expensas de los aficionados del club de futbol, que habían llegado a la ciudad para respaldar al equipo de Járkov en ocasión del partido correspondiente al campeonato local.

-Segundo: la cuestión de saber si la reunificación de Crimea con la Federación Rusa fue una buena decisión está definitivamente resuelta. Siete millones de personas se pronunciaron por un porvenir de seguridad y prosperidad. Optaron por sumarse al proyecto auténtico, respetable, libre de argucias que se les proponía. Y lo hicieron a sabiendas del tipo de vida que han de encontrar como ciudadanos de la Federación Rusa.

-Tercero: el Sureste de Ucrania nunca aceptará someterse a la autoridad de un régimen que cuenta fascistas entre sus miembros. Las llamas de Odesa hicieron desaparecer no sólo el acuerdo de Ginebra, Suiza, sino también la idea misma de una posible federalización de Ucrania, que para muchos se ha convertido incluso en obscena.

-Cuarto: la opción aplicada en Donetsk de adelantarse a los acontecimientos y distribuir armas a la población resulta finalmente una sabia decisión. El régimen de Kiev ha demostrado no tener la más mínima intención de recurrir al diálogo con las regiones del Sureste.

Lo que sí ha demostrado, por el contrario, es que no CONTRALÍNEA

vacila en matar y quemar vivos a quienes no comparten sus puntos de vista.

-Quinto: los rusos pueden ahora decidir a su conveniencia el momento oportuno para desplegar sus tropas en el terreno y acudir en auxilio de la población si la situación así lo exige, ya que las milicias creadas en esos territorios son ahora capaces de enfrentarse eficazmente a las tropas del régimen. La Federación Rusa estará en todo su derecho de aportar a las regiones del Sureste, a las regiones de la Nueva Rusia, la ayuda humanitaria que éstas necesiten. Las necesidades serán considerables, dada la importancia de la destrucción y el hambre que sufre gran parte de la población.

-Sexto: es inaceptable la organización de una elección presidencial en una situación de guerra civil. El régimen de Kiev no puede, por lo tanto, reclamar ni una onza de legitimidad después del 25 de mayo. Y todos los discursos de Angela Merkel y Barack Obama no podrán modificar esa situación.

El día mismo del drama de Odesa se tuvo la oportunidad de comprobar la diferencia entre el comportamiento de los rusos y el de los individuos que dicen ser ucranianos.

Pobladores de origen ruso de Lugansk derribaron un helicóptero del régimen. Los soldados del régimen que respondieron al pedido de auxilio del piloto herido se preocuparon por recuperar su armamento, pero abandonaron al herido a su suerte. Fueron los pobladores rusófonos, de las fuerzas de milicia local, quienes lo recogieron y lo llevaron al hospital más cercano, donde las mismas personas que él estaba dispuesto a ametrallar le salvaron la vida.3 2 6 D E M AYO D E 2 0 1 4

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EX LIBRIS

César Cansino: México en ruinas. Los saldos del panismo en el poder Álvaro Cepeda Neri*

I.

Me es conocido César Cansino por sus ensayos, algunos libros y porque fue fundador y director de la revista mensual Metapolítica. No era santo de mi devoción, ya que sus análisis y producción de escritor, pensador e investigador –aunque brillantes– me parecían de un politólogo, si no reaccionario, de perspectiva derechizante (la objetividad para escribir es solamente para los dioses). Nada republicano, poco democratizador. Y de gran cultura en las teorías políticas. Pero ahora que ha publicado México en ruinas. Los saldos del panismo en el poder, 2000-2012, aún causándole disgusto las modalidades del centro-izquierda, está desilusionado de las derechas entorno al Partido Acción Nacional (PAN); y asido al punto de vista crítico-democrático, revela un giro de 180 grados, rompiendo el círculo de sus trabajos radicalmente diferentes: “Una suerte de ruptura en mi trayectoria personal, pero sobre todo en mis convicciones y expectativas personales acerca de mi país. Hace apenas unos cuantos años […] no me visualizaba escribiendo un ensayo crítico como éste sobre los pobres resultados alcanzados durante 12 años por el PAN al frente del gobierno federal”.

II. Por su bibliografía (donde falta el texto pionero de Carlos Arriola, El miedo a gobernar. La verdadera historia del PAN) y su prólogo, caí en la cuenta de que Cansino pintaba su raya exponiendo su tesis de que el PAN arruinó en 1 década al país. El calderonismo fue un auténtico panismo, porque Vicente Fox fue un patán oportunista, un cuatrero posando en Los Pinos ante la silla de montar –que cita Cansino– diciendo: “Quiero irme a mi rancho a criar vacas y becerros”. Pero ambos desgraciaron a la nación. Y ahora que tienen dos santos más, que se den de santos que los mexicanos no los echaron del poder y encauzaron al juicio político y penal por sus estupideces. No hubo soluciones a los graves problemas. Sólo dispendio, botín, mal gobierno ultraderechista y antilaico. Y un alcohólico –como Victoriano Huerta– atizando la violencia sangrienta del narcotráfico que arrojó feminicidios, secuestros, desapariciones: “por todo ello, afirmar que México está en ruinas, no es un juicio de valor sino un juicio de hecho”.

III. Sus 10 capítulos en casi 300 páginas nos presentan el desastre y la crisis general del país que dejaron el foxismo y el calderonismo; que bien puede abortar para ser reprimida militarmente o estallar como un masivo reclamo democrático-republicano en busca de un estadista, no de un bombero con “políticas de emergencia” que entre al relevo panista. El autor hace de su investigación lo que Timothy Garton propone en su libro Los hechos son subversivos; y es que el lector se queda con ganas de más de ese talento propositivo para mantenerse alerta ante Estas ruinas que ves –emulando el libro de Jorge Ibargüengoitia–, y no permitir más destrozos ahora con el Retorno de los brujos, que sustituyó a los 66

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que decían que “orinaban agua bendita…”. Excelente repaso que “desface entuertos” de esa docena trágica, que no fue alternancia y mucho menos transición para “resolver con más democracia los problemas de la democracia”. El prólogo y el epílogo son la pinza que aprieta férreamente el contenido. Pinza que también los lectores tienen en sus manos.3

Ficha bibliográfica: Autor: César Cansino Título: México en ruinas. Los saldos del panismo en el poder, 2000-2012 Editorial: Universidad Autónoma de Puebla y Juan Pablos Editor, 2014 *Periodista CONTRALÍNEA

CONTRALÍNEA

1 DE JULIO DE 2013

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ISSN: 1665-1626 R E V I S TA S E M A N A L