Semanario Contralínea 8 by Revista Contralínea

Teotihuacán antigua, en agonía CULTURA | LA OTRORA LLAMADA CIUDAD ROJA ENFRENTA URBANIZACIÓN, CORRUPCIÓN Y "TURIsMO CULTURAL"Elva Mendoza

SEMANARIO

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DEL 22 AL 28 DE ENERO DE 2012 | AÑO 1 | NÚMERO 8

80 MIL NIÑOS MEXICANOS SON EXPLOTADOS SEXUALMENTE: ONU

CIUDAD CAPITAL SIN PREPARACIÓN, MAGISTRADOS DEL TSJDF Mayela sánchez

EN EL PAÍS, 80 MIL NIÑOS Y JÓVENES SON VÍCTIMAS DE EXPLOTACIÓN SEXUAL. EL DELITO DE LENOCINIO DE MENORES, IMPUNE En México, la cantidad de niñas, niños y adolescentes que son víctimas de explotación sexual asciende a 80 mil, de acuerdo con datos de la Organización de las Naciones Unidas. A pesar de la ausencia de cifras oﬁciales que permitan conocer la dimensión real del problema, el país es considerado lugar de origen, tránsito y destino de la trata de personas. No obstante, hasta 2010 no existía una sola sentencia ﬁrme por el delito de lenocinio de menores de 18 años y en cuatro años la Procuraduría General de la República sólo ha iniciado 158 investigaciones Isabel Argüello

LÍNEA GLOBAL PENA DE MUERTE, CASTIGO VIGENTE EN 101 PAÍSES Rogelio Velázquez

Julio César Hernández

ENSAYO | México 1980: el nacimiento de los cárteles

El narcotráfico, generado por el Estado en la década de 1980santiago Gallur

OPINIÓN | Maestros del DF, en total indefensión Autoridades sindicales vapulean a trabajadores educativosMaría Esther Piña

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OFICIO DE PAPEL

CARTÓN

MIGUEL BADILLO*

Hambre y frío en la Tarahumara

a Sierra Tarahumara está sitiada por el crimen organizado, ante la omisión de los gobiernos federal y estatal de Chihuahua. Reportes periodísticos señalan que desde hace varios meses las brigadas de salud que deben atender a estos territorios marginados se enfrentan a la emboscada de delincuentes que controlan la región. Los hospitales más cercanos reciben a pocos indígenas rarámuris que corren con la suerte de llegar a los nosocomios tras varios días de trayecto a pie. Allí, mujeres parturientas, desnutridas y famélicas llegan a dar a luz a bebés pequeños y con pocas probabilidades de sobrevivir. Como si la tragedia del aislamiento y el control que ejerce el crimen organizado no fuera suficiente, las heladas en esa región agudizaron la sequía y la pérdida de las cosechas, del maíz y frijol de subsistencia. Pero el frío, que llegó a 16 grados bajos cero, también se transformó en el golpe final a los débiles cuerpos de rarámuris que llevan semanas sin alimento. Los gobiernos federal y estatal comenzaron el reparto de cobijas, como si eso fuera suficiente para cubrir los siglos de olvido que han padecido estos mexicanos, para quienes morir en la miseria es la única opción. Aunque oficialmente se reportan seis muertes a causa de la desnutrición, según consta en las actas de defunción generadas por las autoridades locales, la alerta de un mayor número de decesos por inanición la dio Ramón Gardea, miembro del Frente Organizado de Campesinos de la Región Serrana. Dijo a una reportera del canal 28 de Chihuahua que la hambruna en la Sierra Tarahumara estaba causando “suicidios masivos”. “La razón es mucho más triste y mucho más profunda y más desgarradora: las mujeres indígenas, cuando durante cinco días o más no tienen que darle de comer a sus hijos, se ponen tristes, y es tanta su tristeza, que fue el 10 de diciembre cuando 50 hombres y mujeres al estar un rato pensando que no tenían que darle de comer a sus hijos, se arrojaron al barranco. Otros se ahorcan”, informó Gardea con la voz entrecortada. Explicó que esa es la realidad que ignoran los funcionarios del gobierno de Chihuahua, “quienes están aquí cómodamente instalados con sus viáticos, con sus trocas (camionetas), con sus sueldos, con sus secretarias, con su todo. No se dan cuenta del terrible y dantesco espectáculo que hay en la sierra, con los niños y las mujeres, como si estuvieran en Haití o en Biafra, desnutridos y en los huesos. El

MANRIQUE*

Ya urge

asunto es que desde aquí en la ciudad no se ve, y como allá no hay tele, no hay periódicos, los señores aquí están tranquilos, que los indígenas se están muriendo, al cabo que son indígenas”. Y siguió su narración: “Es un cóctel mortal, la hambre permanente, la hambre crónica cuando se vienen las épocas de frío, esa hambre la toleran con temperaturas de 10, 12, 16 grados bajo cero, y se mezcla con la desnutrición, lo que provoca la muerte de muchos indígenas, es un cóctel moral. Porque si los indígenas por su resistencia ancestral, como quiera aguantan el hambre, pero si tienes sin comer una semana y viene una temperatura de 16 grados bajo cero, es difícil que sobrevivan. “Hay una mortalidad generalizada en toda la sierra. Y mira aquí están tranquilos los funcionarios, plática y plática, risa y risa, poniéndose de acuerdo, dándonos pretextos, diciéndonos que la normativa administrativa, del gobierno…y la muerte que están ocasionando tampoco tiene normativa, espero que ellos sepan eso. El narco, los caciques, el robo de madera, el abuso, la discriminación a los indígenas, la discriminación a las autoridades rarámuris, las tiendas de raya que hay en la sierra dedicadas a explotar a los indígenas, a los artesanos y en toda la sierra y allí los que traen trocas son los narcos, los caciques de la madera, los políticos del gobierno, los padres de la iglesia y los coyotes de los artesanos rarámuris”. Así está la sierra ahorita. La omisión gubernamental y la corrupción, en el peor de los casos, provocan las muertes por hambre en la Sierra Tarahumara. ¿Quiénes son los culpables de esta situación que mantiene aislados a esta etnia ancestral? Si en Chiapas se juzga ya a Pablo Salazar por la muerte de 30 bebés en un hospital público a donde no llegaron los recursos públicos, ¿qué se espera el gobierno de Chihuahua que no ha tomado cartas en el asunto para desactivar ese cóctel mortal que amenaza a los rarámuris? En 2007, como parte del trabajo periodístico que dio como resultado la publicación del libro Morir en la miseria, en el que participaron 10 reporteros de la revista Contralínea, Zósimo Camacho alertó de la crítica situación de la región tarahumara y la ubicó entre los 11 municipios más pobres del mundo, al mismo nivel de las zonas de África Subsahariana, del África Negra. Hoy México puede competir por los muertos del mundo a causa del hambre, mientras que el titular de la Secretaría de Economía asegura que en el territorio mexicano no se sufre una crisis alimentaria.3

*Periodista

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Aumenta explotación sexual infantil

Los niños, niñas y adolescentes víctimas de trata de personas no tienen acceso a la justicia en México. En el actual gobierno, sólo se han consignado 39 de las 798 averiguaciones previas abiertas y únicamente se han dictado 63 sentencias firmes por cuatro delitos relacionados con este flagelo. Mientras se estima que entre 20 mil y 80 mil infantes son explotados sexualmente en este país, por el lenocinio de personas menores de 18 años no hay un solo sentenciado

Julio César Hernández

PORTADA

ISABEL ARGÜELLO

or el delito de lenocinio de personas menores de 18 años y de personas que no tienen capacidad de resistirlo no se ha emitido ninguna sentencia de última instancia entre diciembre de 2006 y febrero de 2010, admite el Consejo de la Judicatura Federal. El dato contrasta con los miles de víctimas de trata de personas: el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) refieren que más de 16 mil niñas, niños y adolescentes mexicanos y centroamericanos son víctimas de explotación sexual cada año en México; mientras que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal asegura que son 20 mil los menores explotados y la Relatoría Especial de la Organización de las Naciones Unidas contra la Venta de Niños, la Pornografía y la Prostitución Infantil alerta, desde 2006, que la cifra asciende a 80 mil menores en esa situación. El abuso de poder o engaño, a través de violencia física o moral, que dé como resultado la explotación sexual o laboral es lo que se denomina trata de personas, define la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas. El modus operandi: enganche, traslado o encierro de la víctima y la realización o consumación de la explotación. México es considerado país de origen, tránsito y destino de la trata de personas. Para Mario Luis Fuentes Alcalá, director del Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social (CEIDAS), la falta de registros oficiales impide conocer las dimensiones reales de la trata, específicamente en el caso de los niños. Por ello, señala, las instituciones gubernamentales y las políticas públicas desarrolladas no son suficientes, pues no garantizan los derechos básicos a la ciudadanía. Rosi Orozco, presidenta de la Comisión Especial de Lucha contra la Trata de Personas en la Cámara de Diputados, reconoce que no existen cifras oficiales. Coincide en que lo “oculto” de este flagelo dificulta el análisis. De acuerdo con el Consejo de la Judicatura, entre diciembre de

CONTRALÍNEA | DEL 22 AL 28 DE ENERO DE 2012 PORTADA México, considerado país de origen, tránsito y destino de la trata de personas

Niñas, niños y jóvenes víctimas de trata, desprotegidos por la justicia mexicana

80 MIL

MENORES SON VÍCTIMAS DE TRATA: ONU que siete de cada 10 niños viven en pobreza. El Programa Oportunidades, entre otros, que, sin duda, logra palear ciertos problemas, es insuficiente”. El trabajo de la PGR En la Procuraduría General, la persecución de la trata de personas no sólo está a cargo de la Fevimtra, también de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada y la Unidad Especializada para la Atención de Delitos cometidos en el Extranjero. “Cuando las víctimas son mexicanas o se desarrolla el delito en nuestro país, es competencia de cada una de las procuradurías locales. El delito se federaliza si hay delincuencia organizada” o si está involucrado un funcionario federal, dice a Contralínea Sara Irene Herrerías Guerra, aún desde su cargo como titular de la Fevimtra. La funcionaria agrega: “Nuestra competencia es muy reducida”. La Fiscalía recibe todas las denuncias a través de la

Estrategia de Denuncia Segura; hace una primera investigación, y si el caso es de orden local, declina la competencia. Herrerías Guerra, quien el 7 de octubre de 2011 fue designada como encargada de la Procuraduría Social de Atención a Víctimas, asegura que quien sufre trata regularmente no denuncia porque fue “enganchada sentimentalmente” por el tratante; también, porque puede estar amenazada: si denuncia, sus hijos o familia son quienes corren riesgos. Del 1 de septiembre de 2009 al 31 de julio de 2010, la Fiscalía inició 34 averiguaciones previas por trata. Las víctimas no sólo son de nacionalidad mexicana; tam-

bién hay argentinas, chinas, colombianas, guatemaltecas, hondureñas y venezolanas, detalla el Cuarto informe de labores de la PGR. De estos casos, 23 son menores de edad. Del 1 de septiembre de 2009 al 31 de julio de 2010, se iniciaron 182 expedientes para la búsqueda de mujeres y niñas. Hubo coordinación entre las procuradurías de Baja California Sur, Colima, Chiapas, Distrito Federal, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán para localizar a 135. Irene Herrerías abona cifras Julio César Hernández

Otras averiguaciones no fueron consideradas competencia de la Fiscalía: en 2007, 35 se remitieron al fuero común; dos, a otras instancias de la PGR; y una, al Consejo Tutelar. En 2008, 55, al fuero común; cuatro, a la PGR, y una, a la Secretaría de la Defensa Nacional. En 2009, 34, al fuero común, y 10, a la PGR. Mientras que, de enero a junio de 2010, una decena al fuero común y una a la PGR. Para Mario Luis Fuentes, es necesario visibilizar el riesgo que implica ser pobre: “Ser vulnerable por pobreza, desigualdad, falta de acceso a salud y educación puede derivar en una víctima de trata. Hay que recordar Julio César Hernández

2006 y febrero de 2010 se dictaron seis sentencias firmes por el delito de pornografía infantil. En ese mismo periodo, los jueces y magistrados han sentenciado en última instancia a cuatro individuos por corrupción de personas que no tienen capacidad de resisitirlo y a 53 por corrupción de menores. Entre enero de 2007 y junio de 2010, sólo se han consignado 39 de las 798 averiguaciones previas abiertas vinculadas a la trata de infantes, revelan datos de la Procuraduría General de la República (PGR). En 2007, se tramitaron 107 averiguaciones en la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra); en 2008, 194; en 2009, 271; y durante el primer semestre de 2010, 226. Sólo el 5 por ciento de ese total se consignó ante las autoridades judiciales. La PGR refiere en su Cuarto informe de labores que 19 averiguaciones previas consignadas en 2009 involucraron a servidores públicos federales ocho del sector educativo, dos de salud, dos adscritos al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, uno a Petróleos Mexicanos y uno al Instituto Nacional de Antropología e Historia, sin detallar los otros cinco casos; mientras que las otras 19, a particulares que causaron agravio a 12 niños y ocho mujeres. De una más, no se especifica.

Falta de registros oﬁciales impide conocer las dimensiones reales de la trata en el país

Las víctimas de explotación sexual no denuncian porque están amenazadas o porque mantienen una “relación sentimental” con el tratante

Tlaxcala, un caso “emblemático”

“L

as instituciones están fallando”, asegura Emilio Muñoz Berruecos, director del Centro Fray Julián Garcés, Derechos Humanos y Desarrollo Local. Considera que no se han desarrollado mecanismos de prevención; no se atiende de manera adecuada a las víctimas de explotación sexual, pues el personal de las procuradurías de Justicia y de las instancias de protección de la niñez estatales no está capacitado. Tampoco ha habido sanciones a nivel federal y local. El representante de esta asociación civil atribuye el incremento de la trata de personas a la falta de oportunidades en educación, salud y vivienda; además, a la violencia intrafamiliar en la que podrían estar inmersos los menores de edad. Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Pue-

bla y Tlaxcala son las entidades más vulnerables. “En Tlaxcala, lamentablemente un caso emblemático, existe una alta incidencia de la trata de personas. En algunos municipios se habla de 20 por ciento de niños y adolescentes con aspiraciones de ser tratantes, a consecuencia de un sistema que no previene ni sanciona los delitos. Las mujeres son objeto de explotación sexual, pero también podría cuantiﬁcarse un 40 por ciento de menores de edad en los términos que la Convención sobre los Derechos del Niño precisa.” Tenancingo, San Pablo del Monte, Tlaxcala, Teolocholco, Apizaco, Zacatelco, Chiautempan, Calpulalpan, Acuamanala de Miguel Hidalgo, Huamantla, Mazatecochco de José María Morelos, Xicohtzinco, El Carmen Tequexquitla, Cuaxomulco,

Muñoz de Domingo Arenas, Sanctorum de Lázaro Cárdenas, Tepeyanco, Totolac, Xalostoc, Xaltocan, San Lorenzo Axocomanitla, Santa Ana Nopalucan y Santa Apolonia Teacalco son los municipios en los que se presenta la trata de personas como “una actividad más”, explica Muñoz Berruecos. En un análisis del Centro Fray Julián Garcés de los expedientes de la Procuraduría estatal de 2006 a 2008 se encontró que el 60 por ciento de las víctimas es de la entidad, y el resto, de Puebla, Veracruz, Tabasco, Chiapas y Guerrero; y que en el 46 por ciento de los casos se trata de niñas. Asimismo, que las autoridades tienen conocimiento de la gravedad del problema, pero que no actúan por “temor a represalias”.

CONTRALÍNEA | DEL 22 AL 28 DE ENERO DE 2012 PORTADA Hasta 2010, ninguna sentencia firme por el delito de lenocinio contra menores de edad

La Merced, Tepito, Santo Domingo, Tlalpan y la zona Oriente del DF, sitios donde operan redes de lenones

158 AVERIGUACIONES PREVIAS DE TRATA DE PERSONAS (2008-15 DE MAYO 2011) SEGÚN LA FISCALÍA ESPECIAL PARA LOS DELITOS DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y TRATA DE PERSONAS

de trata muchas veces rompe estos parámetros, donde nosotros como penalistas pensamos que las primeras declaraciones son las que tienen mayor valor probatorio. El tratante siempre va a tener una forma de enganchar a la víctima. Tenemos que redoblar los esfuerzos para cuidar a nuestras niñas y niños; muchos de ellos han sido captados a través del internet porque no hay una vigilancia”. Trata en el DF “Algún día estaré dando testimonio del otro lado, apoyando a las víctimas. Por ahora, estoy detrás de las cámaras por mi seguridad, porque estoy amenazada de muerte y mi familia no está protegida. Estoy en un proceso de reintegra-

ción”, dijo Nayeli, víctima de trata en La Merced, durante el Foro sobre Víctimas, realizado en la Cámara de Diputados el 17 de mayo de 2011. Ahí mismo, Margarita Zavala, presidenta del Consejo Consultivo del DIF, calificó la trata de personas como una forma de esclavitud. A pesar de que el Distrito Federal es la entidad con mayor índice de desarrollo humano, La Merced, Tepito, Santo Domingo, Tlalpan y la zona Oriente de la ciudad han sido identificadas como centros de operación de poderosas redes de tratantes, según el Índice mexicano sobre la vulnerabilidad ante la trata de personas, del CEIDAS. El artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales califica como delito Octavio Gómez/Procesofoto

más recientes a los datos del Informe de la Procuraduría: de enero de 2008 al 15 de mayo de 2011, fueron iniciadas 158 averiguaciones. La mayoría de ellas (97) fue por explotación sexual; 47, por explotación laboral; 11, por explotación sexual y laboral; dos, por extirpación de un órgano, tejido o sus componentes; y una, por prácticas análogas a la esclavitud. De 37 consignadas, 13 ameritaron prisión. Durante el mismo periodo, ha habido 134 actas circunstanciadas en las cuales aún no se determina el tipo de delito ni al probable responsable. Respecto de otros delitos, la averiguación previa de trata es mucho más complicada de acreditar porque se tiene una víctima que no coopera, puntualiza la extitular de Fevimtra. La funcionaria asegura que el mayor número de casos de trata es competencia de las entidades federativas. Respecto de las 80 mil víctimas que señala la ONU, indica que “las organizaciones de la sociedad civil dan cifras y no sé dónde están esos casos”. Refugio de alta seguridad No hay mejor ejemplo de que la trata de personas es parte del negocio del crimen organizado que el “refugio de alta seguridad” que mantiene la Fevimtra con recursos públicos. A decir de Herrerías Guerra, las mujeres refugiadas ahí reciben servicios médicos y educativos. Se procura que la estancia no sea mayor de seis meses, aunque a veces depende de la duración del proceso. “En el momento en que se sientan preparadas y empoderadas es cuando van a denunciar. En el refugio tenemos niñas de 12 años. Sabemos que todas estaban ahí por necesidad económica”. Agrega que “falta sensibilizar a los ministerios públicos y al Poder Judicial de que la víctima

SENTENCIAS FIRMES POR PORNOGRAFÍA INFANTIL

Internet, uno de los medios utilizados por los tratantes para contactar a menores de edad

grave la trata de personas; lo mismo, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. La Ley para Prevenir la Trata de Personas establece medidas para reparar el daño y proteger a las víctimas, promueve el desarrollo de políticas públicas y la obligación de hacer un programa nacional en el tema. La diputada panista Rosi Orozco advierte que hace falta homologar la ley, pues Querétaro y Sinaloa no cuentan con una normativa que tipifique de acuerdo con el Protocolo de Palermo que considera todos los aspectos de la trata; en vigor desde diciembre de 2003. “Es tan diferente. Un estado puede castigar seis meses la trata de personas y otro, 48 años. A pesar de que unos tienen una ley, la atención que prestan a las víctimas es pobre. Se puede agarrar a los padrotes y cerrar los lugares, pero si la víctima no llega empoderada, al final de la audiencia ese operativo no habrá servido de nada. Se pierde tiempo, dinero y fuerza de las víctimas que, si no se les atiende, vuelven a caer en el crimen organizado.” El 8 de abril de 2010, la diputada María Araceli Vázquez Camacho, del Partido de la Revolución Democrática, presentó un decreto de reforma a los artículos 19, 20 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El 15 de febrero de 2011 se discutió en el Congreso de la Unión y fue aprobado con 378 votos. El Senado de la República revisó la reforma el 7 de abril y la ratificó con 77 votos. Hasta el momento, se espera la dictaminación de las legislaturas de cada estado. Dicha reforma implica que el delito de trata de personas sea considerado “grave”, que se resguarden los datos personales de las víctimas y se faculte al Congreso para expedir una ley general en materia de trata, con la cual se establezca una coordinación entre las autoridades locales y federales cuando exista comisión de delitos.

POR EXPLOTACIÓN SEXUAL

POR EXPLOTACIÓN LABORAL

POR EXPLOTACIÓN SEXUAL Y LABORAL

POR PRÁCTICAS ANÁLOGAS A LA ESCLAVITUD

POR EXTIRPACIÓN DE UN ÓRGANO, TEJIDO O SUS COMPONENTES Para Guillermo Enrique Marcos Tamborrel Suárez, presidente de la Comisión Atención a Grupos Vulnerables del Senado, la trata, además de ser un fenómeno global, es una de las actividades ilegales más lucrativas, comparable, incluso, con el tráfico de armas y de droga. El senador panista califica como una conducta repugnante este delito, focalizado, según él, en urbes y destinos turísticos como la ciudad de México, Guadalajara, Cancún, Acapulco, Vallarta, Mazatlán y en zonas donde el crimen organizado está presente, como en el Oriente del Estado de México. Asegura que, por falta de voluntad política, los gobernantes no han promovido

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COLECCIÓN: EL DEDO EN LA LLAGA COORDINADOR: MIGUEL BADILLO EDITORIAL: OCÉANO

DE VENTA EN RÍO ChURUBUsCO 590, COL. EL CARMEN COYOACÁN (ENTRE LAs CALLEs DE MINA Y GUERRERO)

CRÓNICA DE LOs 14 MUNICIPIOs MÁs DEPAUPERADOs DE MÉXICO. Y UN TEsTIMONIO TERRIBLE DE LA POBREZA EXTREMA EN LA sIERRA TARAhUMARA.

DE DENUNCIAS SE TRAMITA

Mujeres chinas y centro y suramericanas también son víctimas de trata en México dice la Organización de las Naciones Unidas en la campaña de Corazón Azul, no está a la venta. Como política pública, debemos darles oportunidades. Antes de decir ‘vamos a reglamentar o legislar a favor de’… hay que ofrecerles oportunidades; vamos a abrirles caminos.” El 31 de enero de 2011, el Estado mexicano presentó su informe ante el Comité de los Derechos del Niño de la ONU respecto de la Convención sobre los Derechos del Niño y el Protocolo Facultativo relativo a la Venta de Niños, la Prostitución Infantil y la Utilización de Niños en la Pornografía ratificados en 1990 y 2002, respectivamente. La delegación, integrada por 19 personas, fue encabezada por el exsubsecretario de Asuntos

Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Felipe de Jesús Zamora Castro, (quien falleció el 11 de noviembre de 2011 en un accidente aéreo, junto con el entonces secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora) y la directora General del DIF, María Cecilia Landerreche Gómez Morín. “Los problemas que ustedes enfrentan son enormes y nos solidarizamos con tanto sufrimiento de tantas víctimas. Sabemos que las causas estructurales que generan estos problemas no se vinculan sólo con su país, sino con la región. Somos conscientes de que no es tarea fácil y estamos aquí con ustedes para acompañarlos a encarar estos problemas desde esa mirada nacional, regional y mundial. Queremos diferenciar las medidas necesarias estructurales de las medidas específicas para atender los delitos de venta, explotación y pornografía que involucran a niños y niñas”, señaló Rosa María Ortiz, vicepresidenta del Comité, durante la audiencia celebrada en Ginebra. El 4 de febrero, el Comité

emitió una serie de recomendaciones al Estado para garantizar los derechos de la infancia y adolescencia en el país. Se solicitó un sistema detallado de recolección de datos, análisis, monitoreo y evaluación del impacto de todas las áreas cubiertas por el Protocolo Facultativo, en cooperación con las organizaciones no gubernamentales; se “animó” a Julio César Hernández

un marco jurídico que contrarreste la explotación sexual. “Se ha logrado que en los estados empiecen a creer que la víctima, el ser humano, es lo más importante. Siempre he dicho que la trata de personas es el secuestro de la gente más vulnerable, gente que ha sido migrante o que sufre una condición de pobreza o de marginación o de violencia intrafamiliar. Es el secuestro que va a tener que pagar con su propia vida y con su propio cuerpo”, comenta Rosi Orozco. Si las víctimas no se insertan de manera “integral” a la sociedad, les espera un futuro poco alentador. Las que están con padrotes violentos probablemente serán victimarias (madrotas) mucho más violentas, agrega la diputada panista. “La inserción es bastante lenta porque traen cargas difíciles de solventar. El ser humano, como

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México carece de un marco jurídico para contrarrestar la explotación sexual

que el Estado parte aumente las asignaciones presupuestales para programas a nivel nacional, estatal y municipal; y se exhortó a que se asegure la total independencia de las comisiones de los derechos humanos y la accesibilidad de los niños a éstas. En cuanto a la prohibición de la venta de niños, prostitución, pornografía infantil y materias relacionadas, el Comité recomienda que se revise y adecuen los códigos penales federal y estatales a lo contenido en el artículo 3 del Protocolo Facultativo sobre el tipo de sanciones, y que se garantice a todas las víctimas el acceso a un proceso adecuado sin discriminación y a la reparación del daño, como lo dicta el artículo 9. El 20 de abril, como parte de los compromisos adquiridos a nivel internacional, México debió entregar al Comité de Derechos del Niño un nuevo informe sobre el cumplimiento de la Convención. A principios de mayo de 2011, un posicionamiento de la Red por los Derechos de la Infancia en México daba cuenta de que para entonces el documento aún no había sido entregado.3

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CULTURA

ELVA MENDOZA, ENVIADA. RUBÉN DARÍO BETANCOURT, FOTOS/SEGUNDA PARTE

Teotihuacán antigua, la ciudad que agoniza Tras 101 años de su apertura al público, la urbe prehispánica de Teotihuacán se enfrenta al paso del tiempo, la contaminación, el saqueo y la especulación. De la antigua Ciudad Roja, sede del imperio Teotihuacano, hoy se conserva apenas el 20 por ciento; la destrucción y la falta de interés de autoridades, ciudadanos y empresarios la han llevado a un estado de emergencia

eotihuacán, Estado de México. Montado en su bicicleta, Julio Alva viaja todos los días por 30 minutos hasta la ciudad antigua de Teotihuacán. Ahí recubre de cal los pisos como parte de un proyecto de rehabilitación del sistema de drenado para evitar que continúe el deterioro por la humedad en la zona. “Don Julio es de sangre real”, dice Sergio Gómez, el arqueólogo del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) que está a cargo del proyecto, y explica que el apellido de Julio, Alva, proviene del historiador de origen indígena Fernando de Alva Ixtlixóchitl, nieto del gobernante de Texcoco y poeta prehispánico Nezahualcóyotl. A sus 71 años, Julio trabaja en la zona arqueológica de Teotihuacán. Desde la década de 1960 colabora en proyectos temporales de investigación, rescate y conservación, por el que le pagan alrededor de 4 mil pesos mensuales. A partir de 1963 participó en el Proyecto Teotihuacán 62-64, el cual tenía por objeto detallar el conocimiento del sitio a través de 11 zonas de excavación. “Donde quiera que andamos excavando encontramos muertos, puros muertos con sus ofrendas, ollas, cazuelitas, cuentas, sellos largos o redondos”. Durante

su labor, se han hecho hallazgos de trascendencia arqueológica y cultural. El que más recuerda es la exhumación de 18 individuos: “Todos con collares y uno con siete mandíbulas humanas de collar”, el cual se puede apreciar en el museo del sitio. Las manos agrietadas de don Julio son altamente especializadas. Las técnicas que utiliza para “encontrar a los antepa-

30%

DE LA ZONA ARQUEOLÓGICA DE TEOTIHUACÁN SE HA URBANIZADO

El INAH, encargado del resguardo y protección de los monumentos históricos, permite su destrucción

sados”, como él mismo define su trabajo, las aprendió con el tiempo y a partir de la observación. A don Julio nadie le habló de su ascendencia real, tampoco recuerda que su madre o abuela lo llevaran a visitar el sitio. “Habemos mucha gente que no sabemos cómo está por acá y eso que aquí vivimos”. Vive al pie del cerro, “más allá de San Martín de las Pirámides”, una de las nueve comunidades que se asientan sobre los vestigios de la también llamada Ciudad Roja que, con más de 2 mil conjuntos habitacionales y poco más de 120 mil habitantes, representó la urbe más grande de América antigua. La ciudad de Teotihuacán se extiende 22.5 kilómetros cuadrados sobre el Valle de México. Únicamente el 20 por ciento (263 hectáreas abiertas al público), de los más de 22 kilómetros cuadrados que abarca, es de propiedad federal. Las tierras −sobre las que se encuentran la pirámide del Sol, de la Luna, la Ciudadela y la Calzada de los Muertos− fueron expropiadas por el gobierno a un particular en 1964. El resto, permanece bajo las comunidades vecinas de San Martín de las Pirámides, San Sebastián Xolalpa, San Francisco Mazapa, Santa María Coatlán, Purificación, San Lorenzo Tlalmimilolpan, San Juan

CONTRALÍNEA | DEL 22 AL 28 DE ENERO DE 2012 CULTURA Teotihuacán es la segunda zona arqueológica más visitada del mundo

Evangelista, San Juan Teotihuacán y Puxtla, algunas de ellas instaladas desde el siglo XVI, según cuenta Alejandro Sarabia, director de la zona arqueológica. “Debajo de los poblados de San Juan, San Martín y San Francisco, está plagado de vestigios arqueológicos. En 1960 eran pequeños poblados, pero han crecido de tal manera que están ahorcando a la zona central. Es un problema muy grave, hay una fuerte destrucción”, alerta Sergio Gómez. La mancha urbana de las comunidades ha invadido con permisos y sin ellos la zona B (1 mil 730 hectáreas de propiedad privada y ejidal donde se han encontrado vestigios arqueológicos), y la zona C (1 mil 387 hectáreas definidas como parte de la zona arqueológica con posible existencia de vestigios). Ambas, declaradas áreas de protección mediante decreto presidencial en 1988. Sarabia asegura que la urbanización moderna (cimentación de casas habitación e infraestructura), abarca alrededor del 30 por ciento de los perímetros B y C, mientras que el 70 por ciento, pese a tener propietarios, se mantiene libre de construcciones. “Es una ventaja; significa que hay un 70 por ciento investigable”. Sin embargo, día con día la mancha urbana crece. Cuenta Sergio Gómez que la gente construye sus casas los fines de semana o en las noches por temor a que el INAH clausure las obras o expropie sus terrenos. “Hay un enfrentamiento entre la sociedad y el INAH; eso es muy grave”. Sergio señala que si alguien encuentra vestigios, por ley, tiene que dar aviso al

Sólo 20% del suelo sobre el que se asienta Teotihuacán es propiedad federal

“La gente construye sus casas los fines de semana o en las noches por temor a que el INAH clausure las obras o expropie sus terrenos”

INAH, éste envía personal a recuperar la información y sólo si se trata de un hallazgo importante se expropia. Para el INAH, dice Sergio, el trabajo de recuperación es sistemático y muy delicado, cada casa que se construye con pico y pala implica destrucción. Para detener la urbanización, Sarabia plantea como estrategia el cabal cumplimiento de la normatividad establecida en el decreto de protección de 1988 por parte de las dependencias municipales, estatales y federales, el cual permite, únicamente y de manera condicionada, construcciones modernas en la poligonal C. A decir de Sergio Gómez, el decreto de 1988 ha sido utilizado por las autoridades para fomentar la corrupción en los niveles municipal, estatal y federal, y para extorsionar a la gente. “No hay la voluntad política o el interés suficiente; no se han desarrollado las estrategias necesarias para detener el crecimiento de la mancha urbana”. “Hay fallas. Nosotros aplicamos la normatividad pero no somos quienes dan los servicios públicos; no hacemos los planes de desarrollo urbano; eso ya rebasa nuestra capacidad. Debe haber una mejor coordinación entre las autoridades y el INAH”, señala Sarabia. Adquisición de tierras

“Donde quiera que excavamos, encontramos muertos con sus ofrendas”: Julio Alva

Además de la aplicación de la normatividad y la coordinación con las autoridades, tener la propiedad de las tierras significa para el actual director de la zona arqueológica, la única posibilidad para la conservación de Teotihuacán. Pese a ello, este año el Instituto única-

mente planea la compra de alrededor de 15 hectáreas del ejido Oxtoyahualco, en la comunidad de Purificación y dos colonias modernas, el Mirador y la Nueva Teotihuacán, asentamientos humanos irregulares con servicio de agua potable y luz eléctrica que están dentro del polígono B. Con la aprobación en 2009 del Fondo Arqueológico por 300 millones de pesos anuales, la Comisión de Cultura en la Cámara de Diputados pretendía que se compraran tierras en zonas arqueológicas. La intención, dice el arqueólogo Sergio Gómez, era que una parte del presupuesto aprobado por los diputados se usara para la compra de tierras con mayor potencial arqueológico y mayor riesgo en Teotihuacán: “Hasta

donde yo sé no se ha comprado ningún terreno”. Al respecto Gerardo Fernández Noroña, diputado federal y miembro de la actual Comisión de Cultura dice que en dicha comisión no tienen conocimiento del caso: “No estaba enterado. Es muy grave. Hay una presión enorme sobre las zonas arqueológicas, y en vez de estar comprando las tierras para reducir la presión sobre los sitios, las autoridades del INAH hacen trácala con el dinero”. A decir del integrante del Partido del Trabajo (PT), las posibilidades desde el Congreso se reducen a darle seguimiento al caso, exigir a las autoridades competentes que se apliquen los recursos en la compra de tierras y evitar que el dinero entre al Fideicomiso para el Fomento y la Conservación del Patrimonio Cultural, Antropológico, Arqueológico e Histórico de México. “Esos fideicomisos son el paso previo a que se roben el dinero”. Turismo cultural Con 3 millones de visitantes al año, la ciudad antigua de Teotihuacán es la segunda zona arqueológica más visitada en el mundo, tan sólo después de las pirámides de Egipto. Pese a ello, la falta de equipamiento y de servicios no han consolidado a las comunidades aledañas como destino turístico. Con el fin de impulsar el turismo en la región y de crear el primer corredor turístico cultural en el país, el gobierno del Estado de México, el Fondo Nacional de Fomento Turístico (Fonatur), el INAH y los presidentes municipales de la región convinieron, en 2007, el Programa Regional de Desarrollo Turístico del Corredor Teotihuacán-Acolman-Otumba,

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CULTURA Considerada la urbe más grande de América antigua, Teotihuacán padece hoy el crecimiento de la mancha urbana

“Debe haber una mejor coordinación entre las autoridades y el INAH”: Alejandro Sarabia

para el valle de Teotihuacán, que contempla “el desarrollo” de los siete municipios colindantes a la zona arqueológica: San Martín de las Pirámides, San Juan Teotihuacán, Acolman, Otumba, Axapusco, Nopaltepec y Ecatepec. El detonante del Programa era la puesta del espectáculo comercial de luz y sonido Resplandor Teotihuacano, promovido en 2008 por el entonces gobernador Enrique Peña Nieto. El espectáculo, que contaba con presupuesto federal y estatal, consistía en la iluminación de las pirámides del Sol y de la Luna y un tramo de la Calzada de los Muertos, la proyección de un video en una pantalla y un juego de luces sobre las pirámides. Se presentaría dos veces por día durante todo el año y se cobraría a cada persona que quisiera verlo alrededor de 300 pesos, de los cuales 160 serían para

el INAH y el resto para gastos de operación y promoción. Resplandor Teotihuacano fue aprobado por el Consejo de Arqueología del INAH sin que éste tuviera atribuciones para hacerlo. Según explica el abogado Irving Espinosa, las autorizaciones son competencia de la Secretaría de Educación Pública (SEP). La perforación de 8 mil 668 hoyos en las pirámides para colocar las 2 mil 167 bases que soportarían los rieles de las lámparas causó, además de daño a las piedras auténticas que las conforman y afectación visual, el descontento de investigadores y expertos. El Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos, por su sigla en inglés), organismo asesor de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, por su sigla en inglés), y de los Estados parte para garantizar el respeto de los sitios inscritos en la Lista de Patrimonio Mundial, después de una visita técnica en la zona, se pronunció por la suspensión del proyecto. En el dictamen emitido en enero de 2009, el Icomos reiteró su preocupación porque el INAH, especialmente el Consejo de Arqueología, “haya emitido

8, 668 HOYOS

SE HICIERON EN LAS PIRÁMIDES PARA UN ESPECTÁCULO DE LUZ de una manera tan ligera su aprobación a un proyecto que constituye una afectación a los valores de autenticidad y visuales del área arqueológica y de sus

La emblemática Pirámide del Sol fue afectada por el proyecto de luz y sonido Resplandor Teotihuacano

La normatividad sobre urbanización permite construcciones modernas de forma condicionada

La falta de equipamiento y de servicios no han consolidado a las comunidades aledañas como destino turístico

estructuras más emblemáticas: la zona. Pirámide del Sol y de la Luna”. Entre los responsables, se señalaba a El espectáculo, con un cupo para 520 Felipe Calderón, a Enrique Peña Nieto, personas, era similar al que se realizó en a la SEP, al secretario de Turismo, al 1968 en el sitio como parte de la celebra- director general del INAH, a la coordición de los Juegos Olímpicos, con sistema nadora Nacional de Arqueología de esa de iluminación colocado en canales subte- dependencia y al Consejo de Arqueología rráneos, música de Blas Galindo y guión del Instituto. de Salvador Novo. Luego de casi tres años de litigio, se A diferencia de aquel proyecto, declaró el no ejercicio en el caso de la Resplandor Teotihuacano no contaba con denuncia penal, y fue negado el amparo guión alguno. “En tanto no se cuente con bajo el argumento de que las personas ese guión, o si dicho guión no es objeto de que lo promovieron carecían de interés una revisión, el proyecto no representará jurídico, pese a que las leyes (Ley una acción que contribuya a la educación Federal sobre Monumentos y Zonas y difusión de esa zona arqueológica, y Arqueológicos, Artísticos e Históricos y podría convertirse en un show comercial, Ley General de Bienes Nacional) estaejemplo de la utilización inadecuada de blecen que las zonas y monumentos un sitio, basado en consideraciones de arqueológicos son bienes nacionales de lucro y no en su conocimiento y difu- uso común y dominio público y por tanto, señala Irving Espinosa, cualquiesión”, condena Icomos. ra podría interpoEn 2009, trabajaner una demanda a dores e investigafavor del patrimodores del INAH Gobiernos estatal y nio. interpusieron un federal, promotores “El argumento es juicio de amparo y totalmente ilógico, una denuncia penal del show comercial pues según el juez, en contra del proel único que tiene yecto y de las autoridades responsables y ejecutoras de la interés jurídico y por tanto quien debe orden, autorización, aprobación, celebra- denunciar es el INAH, y es el Instituto ción y firma del convenio que le daba quien conjuntamente con el gobierno del vida al proyecto; contra las autoridades Estado de México promovió el espectácuresponsables de otorgar permisos, licen- lo”, explica Espinosa. Además, agrega, en este caso los delitos cias y autorizaciones para realizar construcciones en la zona de monumentos, la que se cometieron por dañar a las pirámiorden y aprobación de la autorización des se persiguen de oficio, no se requería para que terceros administren directa- que el representante legal del INAH mente la zona de monumentos arqueoló- denunciara. La presión social obligó al gobierno gicos, y contra la autoridad responsable por la omisión de proteger y conservar la estatal a detener el proyecto de ilumina-

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CULTURA Teotihuacán, o “lugar de dioses”, también enfrenta problemas graves de conservación

ción y también desató la discusión sobre el llamado “turismo cultural”, y el uso de los bienes del dominio público con valor patrimonial para su explotación comercial. A decir del abogado Irving Espinosa, el “turismo cultural” es un concepto estrictamente comercial e ilegal que violenta la Ley de Bienes Nacionales, la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos y el Acuerdo por el que los bienes e instalaciones dependientes del INAH no serán utilizados con fines ajenos a su objeto o naturaleza, normativas que prohíben que particulares usen o exploten los bienes. Publicado en el Diario Oficial de la Federación en 1997, el Acuerdo prohíbe que los bienes e instalaciones dependientes del INAH sean utilizados con fines ajenos a su protección, investigación, conservación, restauración, recuperación, promoción y difusión. “El hecho de que terceros usen, disfruten y obtengan ganancias de los bienes propiedad de la nación, instrumentos de conocimiento de la historia y adscritos al sistema educativo nacional, es algo totalmente inconstitucional e ilegal”, asegura Irving Espinosa. El Acuerdo, que aún sigue vigente, en su artículo segundo establece, a manera de excepción, que sólo con autorización del secretario de Educación Pública los bienes e instalaciones a cargo del INAH podrán ser utilizados para la realización de actos culturales o cívicos relevantes, a juicio

del propio secretario. Sin embargo, dicho documento no especifica los parámetros para determinar la “relevancia” de los actos que ahí se realicen. Lo que está a discusión, dice Espinosa, es si un concierto es culturalmente relevante o no; y ante la falta de normatividad, la decisión es discrecional. “Se ha hecho de la excepción la regla. Se administran las zonas arqueológicas como negocio, como salón de fiestas”. Desgaste

Inscrita en la lista de la UNESCO como Patrimonio Mundial en 1987, la ciudad de Teotihuacán (o “Lugar de los Dioses”, como sería su traducción del náhuatl), una de las ciudades mejor planeadas del mundo antiguo, también enfrenta pro- “El turismo cultural es un concepto comercial que explota el patrimonio ilegalmente” blemas graves de conservación, dice Alejandro Sarabia. El arqueólogo asegura que la intemperie, la contaminación (incluida la lluvia esculturas”, dice Sergio Gómez, arqueólogo to impresionaron a sus antiguos visitanácida, el viento, la radiación solar), son a cargo del proyecto de conservación del tes, la hacen endeble y denotan la factores que en conjunto han causado la Templo de Quetzalcóatl, un espacio dedi- urgencia de aplicar programas integrapérdida de pisos originales y murales: cado a conmemorar el inicio del tiempo les para evitar su degradación y deterioro, y con ello, la pérdida de “Hay problemas en todas partes, incluso mítico. Como la mayor información fundamental para entenlas bodegas de los parte de las estructu- der la historia del hombre. museos tienen proEl actual director de la zona indica ras en la zona arqueoblemas de conserlógica, el Templo de que la conservación e investigación de vación”. Quetzalcóatl se ve Teotihuacán, una de las ciudades más “Durante 2003 y afectado por la hume- antiguas de América, y una de las 2004 estuvimos muy dad. Su constitución más monumentales obras hechas por el preocupados por a partir de piedra vol- hombre antiguo, es una necesidad y los daños tan seveDE VISITANTES RECIBE cánica y recubrimien- una obligación. ros. Todos los días TEOTIHUACÁN CADA AÑO Aunque se sabe que la ciudad fue el tos de cal y colores veíamos cómo se que en algún momen- desarrollo urbano mejor planificado y caían pedazos de las más exacto de la antigüedad, que requirió de un conocimiento muy avanzado en ingeniería e hidráulica; que poseía una de las sociedades más complejas en cuanto a su organización social, política y de gobierno; que fue el primer Estado que existió en la época prehispánica, Propiedad dice Sarabia, de Teotihuacán “sabemos Hectáreas Denominación Urbanización de la tierra Declaratoria poco”. La ciudad “tiene mucho que 263 hectáreas, 55 áreas, Área Central de Monumentos Sin urbanización Definida por el decreto Federal aportar a la historia de la humanidad y 96 centiáreas Arqueológicos presidencial publicado si la perdemos, perdemos mucho no sólo como mexicanos sino como ciudadanos en el Diario Oficial de la de este mundo, porque no es posible Federación, el 30 de abril concebir la historia de este continente de 1964 sin ella”. 1 mil 730 hectáreas, 94 Área Ampliada de Privada y Declarada mediante decreto Con asentamientos Actualmente en la zona hay tres proáreas y 64 centiáreas Monumentos, determinada humanos irregulares presidencial en 1988 ejidal yectos de conservación: pintura mural in como tal en función de situ; conservación del Palacio de la su riqueza de vestigios Quetzalpapalotl, conservación de la Plaza Oeste en la Calzada de los Muertos, descubiertos en ella Atetelco y del Templo de Quetzalcóatl. 1 mil 387 hectáreas y 48 Área de Protección General, Privada y Declarada mediante decreto Con asentamientos Sarabia considera que para salvaguarcentiáreas humanos regulares presidencial en 1988 definida como parte de la ejidal dar los monumentos sería necesario (el decreto permite zona arqueológica con posible aplicar programas de conservación sisconstrucciones en existencia de vestigios temáticos y permanentes, además de esta zona) más personal y más recursos: Fuente: Decreto por el que se declara zona de monumentos arqueológicos el área conocida como Teotihuacán, publicado en el Diario Oficial de la “Necesitaríamos un ejército y mucho Federación el 30 de noviembre de 1988; Diario Oficial de la Federación del 30 de abril de 1964 y fuentes vivas dinero, y eso no es posible”. 3

Zona de monumentos arqueológicos de Teotihuacán Zona A

“El espectáculo Resplandor Teotihuacano pretendía utilizar inadecuadamente los monumentos”

3 MILLONES

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ANÁLISIS ENSAYO

sANTIAGO GALLUR sANTORUM*

a década de 1980 supone el principio de una serie de inercias políticas, policiales, militares y económicas que estarán presentes tanto en la lucha contra el narcotráfico mexicano como en el discurso político antinarco. Es más, para ser exactos, se podría decir que en esta época se puede empezar a identificar la utilización política del discurso de la lucha contra el narcotráfico como medio de justificación para ejercer un férreo y violento control sobre la población civil. Y es que esta década está caracterizada por una serie de cambios económicos, políticos y sociales en México que derivaron en una expansión del descontento social a lo largo del país, sobre todo en las zonas más deprimidas, lo cual lleva al desencadenamiento de importantes protestas, huelgas y manifestaciones. Éstas, por su intensidad y continuidad en el tiempo, parecen ser el germen de un levantamien-

México 1980: el nacimiento de los cárteles

En esta época comienza a alegarse la lucha contra el narcotráﬁco para justiﬁcar el control social

to social al estilo revolucionario que se suponía erradicado en las décadas anteriores. Por ello, la necesidad del control del descontento social se hace evidente desde un primer momento. El principal problema para las autoridades mexicanas es que la violenta represión de las ideas disidentes –llevada a cabo durante las décadas de 1960 y 1970– fue fuertemente cuestionada a nivel internacional. Por ello, el régimen necesita de una nueva estrategia que permita justificar la violencia y el control social. Paradójicamente, durante la década de 1980 se vive un momento de cierta “apertura” social en el que, a pesar de las dificultades y presiones gubernamentales, surgen algunos medios de comunicación

que empiezan a sacar a la luz las miserias del país, convirtiéndose así en vehículos que externalizan el descontento de una parte importante de la población. Todo esto está acompañado por una crisis económica cada vez más aguda, caracterizada por una gran inflación, la devaluación del peso y una crisis alimentaria en determinadas zonas del país que pone de manifiesto que la más exagerada opulencia convive con el hambre y la desnutrición. A la vez, se hace demasiado frecuente la salida a la luz de grandes escándalos de corrupción política, económica y empresarial que evidencian la existencia de poderosas redes clientelares en el centro del sistema mexicano (generalmente documentadas por Proceso y otras revistas de la época).

Un país contra las drogas En este contexto se hace necesario recordar que ya en la década de 1960, y con continuidad en la de 1970, México alcanzó una serie de acuerdos internacionales en materia antidrogas que le habían permitido ser cada vez más aceptado a nivel mundial, a pesar de su política de persecución de la disidencia, a la vez que construía un discurso contra las drogas muy bien acogido por la comunidad internacional. Así, la retórica antidrogas de la época pivota sobre el ataque al cultivo de estupefacientes como el opio o la mariguana (Juan Barona Lobato, México ante el reto de las drogas) sin hacer apenas mención a la lucha contra el tráfico por el papel de “trampolín” en el transporte de drogas procedentes de otros países de Latinoamérica: “[…] México es uno de los pocos países que combate con ener-

gía y radicalidad el tráfico de drogas, con resultados y pruebas evidentes que benefician no sólo a éste, sino a la comunidad internacional… México no puede aceptar ser inculpado del problema de las drogas que sufren otros Estados y jamás aceptará ser señalado como responsable directo o indirecto de ese problema” (ídem). Así, a partir de 1976 se iniciaron una serie de acciones gubernamentales para erradicar los cultivos de drogas en suelo mexicano que fueron publicitadas con bombo y platillo como la solución contra el narcotráfico y que tuvieron continuidad hasta bien entrada la década de 1980 (Francisco Ortiz Pinchetti, La Operación Cóndor). Sin embargo, a pesar de la insistencia en la eficacia de los procedimientos de erradicación de los cultivos, los datos de los años subsiguientes sobre el tráfico y el consumo de drogas en Estados Unidos acabaron por quitar la razón al gobierno. Así, las grandes cifras oficiales de destrucción de cientos de hectáreas de plantíos de estupefacientes se veían insignificantes cuando se comparaban con el incremento del tráfico de drogas a través de suelo mexicano (Carlos Loret de Mola, El negocio. La economía de México atrapada por el narcotráfico). Más aún, si se tomaba en cuenta el aumento exponencial del consumo de drogas en Estados Unidos en los años posteriores. Y es que con el paso del tiempo esta campaña antinarcóticos conocida como Operación Cóndor evidenció que el narco mexicano, lejos de verse realmente afectado, salió ampliamente fortalecido al hacerse socio de los colombianos y situarse así a la cabeza del narcotráfico hacia Estados Unidos (Guadalupe González y Marta Tienda, México y Estados Unidos en la cadena internacional del narcotráfico). A partir de este momento, la sociedad mexicana empezó a ser consciente de que el problema del narcotráfico, a pesar del rimbombante discurso gubernamental, iba más allá del cultivo de drogas en territorio

Desde 1951 Estados Unidos sabía de la vinculación de los cuerpos policiales mexicanos en el tráﬁco de drogas

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ANÁLISIS

ENsAYO mexicano. Concretamente la clave de todo se centraba en los incalculables beneficios económicos obtenidos por el narco mexicano gracias al tráfico de drogas hacia Estados Unidos procedentes de países latinoamericanos, como Colombia (Leónidas Gómez Ordoñez, Cártel: historia de la droga). Entonces, por lógica, la lucha contra el narcotráfico debería haberse centrado en atacar el lavado de dinero procedente del tráfico de estupefacientes. La realidad, sin embargo, fue muy distinta.

La realidad de las políticas contra el narco A la vez que todo esto ocurría, la violencia política de años anteriores tuvo una continuidad en la décadas de 1970 y 1980: “[…] En el periodo de 1971 a 1986, el investigador Miguel Concha contabilizó 1 mil 351 ejecuciones arbitrarias ocurridas en el país, es decir, un promedio de siete ejecuciones mensuales. Esta cifra había aumentado a 21 muertes por violencia política entre 1989 y 1990. En el periodo de 1988-1994, de acuerdo con la muestra, cada año 47 personas fueron asesinadas y 179 sufrieron diferentes tipos de violencia a causa de las elecciones y la actividad política…” (Mario Rojas Alba, Las manos sucias. Violación de los derechos humanos en México 19881995). Concretamente, la organización Americas Human Rights Watch –autora de varios informes sobre la violencia en México– publicó en 1990 el libro Derechos humanos en México, una política de impunidad, en el que se identifica la tendencia a resolver los problemas políticos y policiacos a través del uso del Ejército. En éste se hace especial hincapié en la tolerancia del gobierno ante las violaciones de derechos humanos llevados a cabo por los “servidores públicos” (ídem). Este diagnóstico coincide con algunos de los aspectos señalados en 2007 por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México (Informe especial sobre las quejas en materia de desapariciones forzadas, capítulos II, III, IV y VI). Al realizar un análisis pormenorizado de una parte de las violaciones de derechos humanos cometidas por la policía y el Ejército desde finales de la década de 1970 hasta la última etapa de 1980 (y con continuidad en décadas posteriores) vemos que están relacionadas con la lucha contra el narcotráfico. Es decir que periódicamente distintos grupos de policías, así como determinados destacamentos del Ejército, llevaron a cabo asaltos, desapariciones, asesinatos, violaciones, torturas y todo tipo de agresiones contra poblaciones (normalmente indígenas y con gran conflictividad social) supuestamente vinculadas con el tráfico de drogas.

Lo más llamativo de todo esto es que en casos concretos estos grupos policiales, militares o paramilitares, han sido finalmente identificados, acusados e incluso condenados por este delito. En este sentido, los casos más sorprendentes fueron los de los grupos de policías que trabajaban respectivamente bajo las órdenes de Arturo el Negro Durazo, Francisco Sahagún Baca o Javier Coello Trejo. Lo realmente paradójico es que los tres ocuparon cargos muy importantes en la lucha contra el narco en distintos cuerpos policiales e incluso en la extinta Dirección Federal de Seguridad (DFS), tristemente conocida por su papel

El asesinato que lo cambió todo Tan sorprendente como lo anterior es el conocimiento que Estados Unidos ha tenido sobre la vinculación de los cuerpos policiales mexicanos en el tráfico de drogas y en especial la DFS. Así, ya en 1951 la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por su sigla en inglés) alababa dicho cuerpo de policía, aunque matizaba: “[…] Algunos jefes de este grupo son poco escrupulosos y han abusado del considerable poder que tienen porque toleran, y de hecho controlan, actividades ilegales como el contrabando de narcóticos” (Sergio Aguayo, La charola. Una historia de los servicios de inteligencia

clave en la detención, tortura, desaparición y asesinato de cientos de personas en todo el país. Precisamente, estos personajes fueron célebres por la represión ejercida bajo su mando contra la población civil. Es más, en 1985 después de un terremoto que provocó el derrumbe de varios edificios, quedaron al descubierto celdas de tortura de la Procuraduría del Distrito Federal, donde eran retenidos y torturados decenas de personas (Leónidas Gómez Ordoñez, Cártel: historia de la droga).

en México). A pesar de conocer perfectamente todas las violaciones de derechos humanos cometidas tanto por la policía como por el Ejército Mexicano (Luis de la Barreda Solórzano, La tortura en México. Un análisis jurídico), la CIA no hizo nada para impedir dichas actitudes o intentar corregirlas (Jennifer Harbury, Truth, torture and the american way. The history and consequences of US involvement in torture). Es más, algunas agencias de inteligencia de Estados Unidos llevaron a cabo todo tipo de torturas en Latinoamérica e incluso llegaron a utilizar el narcotráfico

en determinadas ocasiones (Peter Dale Scott y Jonathan Marshall, Cocaine politics. Drugs, armies and the CIA in Central America) como medio para conseguir sus objetivos políticos en países que estaban bajo su influencia (Alfred W McCoy, A question of torture). A pesar de todo lo anterior, a mediados de la década de 1980 se produjo un suceso que provocó una serie de reacciones que cambiarían la lucha contra el narcotráfico y, como consecuencia, derivarían en una nueva etapa para éste. Me refiero concretamente al asesinato en México del agente de la Agencia Antidrogas Estadunidense (DEA, por su sigla en inglés) Enrique Camarena, en 1985. Este crimen sorprendió por completo a Estados Unidos, que pudo comprobar en sus propias carnes el gran poder que había logrado el narco y el altísimo nivel de corrupción existente en México que alcanzaba amplios sectores políticos. Este acontecimiento derivó en una serie de acusaciones de corrupción por parte del gobierno de Estados Unidos hacia el mexicano y en un serio enfrentamiento diplomático entre ambos países. Como consecuencia, tiempo después y por las presiones de Estados Unidos, se produjeron las detenciones de algunos de los presuntos responsables del asesinato de Camarena: los narcotráficantes Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca, Don Neto. Sin embargo, debido a que las responsabilidades sobre el crimen comenzaron a apuntar a las más altas esferas políticas, las críticas hacia el gobierno mexicano continuaron y provocaron que se cuestionara la legalidad de las intervenciones de la DEA en México. Todo ello derivó en la emisión en Estados Unidos de una serie de televisión que destapó el nivel de corrupción política que había logrado el narco mexicano. De este modo, la presión sobre México fue tan grande que no quedó otro remedio que aplicar una nueva estrategia constante en la lucha contra el tráfico de drogas: la persecución de las grandes figuras conocidas del narcotráfico. Y es que a pesar de que todo el mundo sabía de las conexiones del narco con políticos y empresarios mexicanos, el gobierno necesitaba capturar a algunos de éstos para dar ejemplo ante la comunidad internacional que empezaba a cuestionarlo seriamente. Así, a finales de la década de 1980 fue detenido el mítico narcotraficante Miguel Ángel Félix Gallardo. Su aprehensión supuso el fin de una etapa del narco en México y el comienzo de otra, que traería desastrosas consecuencias para la verdadera víctima de las políticas antinarco: la sociedad mexicana.3

*Doctorante en historia contemporánea por la Universidad de Santiago de Compostela, España

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OPINIÓN

María Esther Piña Soria*

i usted tiene una plaza de profesor de educación primaria en las escuelas y servicios dependientes de la Secretaría de Educación Pública (SEP), es porque la ganó en un concurso de oposición, se la adjudicaron por servicios docentes, fue propuesto para ocuparla por algún director de escuela o porque la obtuvo desde las épocas en que se otorgaba a los egresados de las escuelas normales de manera automática. Cualquiera que haya sido la forma legal en que se haya hecho titular de esa plaza, recibió un “nombramiento”; es decir, usted es un servidor público que habrá realizado trámites de filiación a la Federación, de registro de contribuyentes en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, firmado su contrato y recibido su alta en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Al mismo tiempo, sin que le pregunten nada ni le entreguen documento o credencial alguna, pasa a formar parte del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE); lo sabrá en su primer recibo de pago por el descuento del Concepto 58, que es la cuota sindical. Eso de la libre asociación no aplica en este caso: usted es del SNTE, le cuadre o no le

Maestros del Distrito Federal, en la indefensión absoluta cuadre. En fin, diría que de los males el menos. Y si su plaza es en el Distrito Federal, no sólo es miembro de la organización gremial más grande de Latinoamérica, además forma parte de la sección con más adeptos de ese sindicato. Ya quisieran muchas poderosas afiliaciones nacionales contar con los integrantes que tiene la Sección IX del SNTE. Al cobijo de tal poder, se podría pensar que los trabajadores de la educación pública del Distrito Federal tendrían resguardados sus derechos, garantizado el respeto a las condiciones generales de trabajo y, por supuesto, la seguridad del propio empleo. Pero si usted no forma parte de las diferentes redes de la estructura senteísta, no tiene asegurada ninguna facultad. De entre los que sí, hay inspectores corruptos, directores abusivos, acosadores sexuales, maestros golpeadores, violadores, faltistas, drogadictos, traficantes, alcohólicos y ladrones protegidos por el SNTE. Y, más allá de cualquier falta, su fuente de trabajo siempre está protegida. Ahora bien, la representación real de esta sección de 90 mil trabajadores de educación primaria forma parte de la Coordinadora

Nacional de Trabajadores de la Educación. Con un sinfín de evasivas, las autoridades de la SEP (desde Carlos Salinas de Gortari hasta Felipe Calderón) en complicidad con la dirigencia del SNTE (desde Elba Esther Gordillo hasta… Gordillo, porque sigue siendo presidenta de éste desde hace ya 22 años) han hecho todo lo posible por recuperar la representación legal y real de los maestros del Distrito Federal. No han podido. El gobierno federal (personificado hasta hace poco por los exsecretarios Javier Lozano y Alonso Lujambio, ambos exaspirantes presidenciales) ha negado la toma de nota y la entrega de cuotas a los representantes elegidos por el magisterio de la fracción IX; en lugar de ello, Lozano le dio el reconocimiento a un comité espurio, nombrado en un “congreso” ilegal de gordillistas. El Poder Judicial ya falló en contra de esta medida, lo que implicaría que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y la SEP reconocieran a la comisión realmente electa, pero hasta la fecha esto no ha sucedido. Que las autoridades hagan esto, se espera; que la cúpula del SNTE también lo haga, no es de extrañar. Precisamente por ello, y con todo lo que hay en contra del magisterio del Distrito Federal, se ha optado por la resistencia. A quienes los maestros han elegido democráticamente como sus representantes, las autoridades hacendarias no los reconocen. No hay fundamento legal para ello, salvo porque así comprende el “poder” la triada Calderón-LujambioGordillo. Eso es lo que hacen el gobierno y los líderes venales; contra eso se lucha. Veamos, como ejemplo, la Dirección de Educación Especial, dependiente de la Administración Federal de Servicios Educativos del Distrito Federal. Se encuentra bajo el

“encargo”, desde hace más de una década, de Patricia Sánchez Regalado. En ese lapso ha convertido a ésta en un feudo que maneja a su entera discrecionalidad, abuso, autoritarismo y capricho. En 2010, trabajadores adscritos a la Dirección de Educación Especial entablaron y ganaron un juicio que les reconocía el derecho a gozar del mes de receso escolar que marca el calendario oficial de la SEP y que la directora alegaba no les correspondía, por ser trabajadores del área central. Entonces la autoridad interpuso un amparo en contra de esta resolución. Un año después, en julio de 2011, el Poder Judicial lo negó en definitiva, por lo que el laudo a favor de los trabajadores quedaba firme. Enterados los maestros demandantes de esta negativa, podrían ejercer su derecho a las vacaciones que se les habían negado; 40 de ellos dieron aviso por escrito a la directora de Educación Especial de que harían valer esa resolución del 11 de julio al 5 de agosto del año pasado. La directiva decidió desconocer la resolución judicial al alegar que no había sido notificada. Dio como respuesta un escrito donde alega la supuesta improcedencia del fallo judicial y advierte que a quien haga valer la petición se le aplicarán las “políticas institucionales” –no la ley– por ellos conocidas. Veinte de los 40 profesores implicados lograron ser avisados y se regresaron; algunos sólo dos días antes de culminar el periodo de un mes pero, conforme la autoridad, a tiempo. Los otros 20 maestros regresaron el 8 de agosto pasado para enterarse de que sus tarjetas habían sido retiradas del área del reloj checador y tuvieron que esperar para hablar

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ANÁLISIS

OPINIÓN con la subdirectora de Administración y Personal, Romelia E Corona López, para conocer la causa de ese hecho. La funcionaria sólo recibió a una comisión a la que le informó “que los maestros habían faltado más de cinco días consecutivos por lo que se había procedido a levantar las actas correspondientes”. Entonces éstos pidieron que se les mostrara la copia de éstas, a lo que Corona López se negó. Los trabajadores afectados tienen más de dos décadas de servicio; muchos de ellos con más de 10 años dedicados al perfeccionamiento de la función dentro del área central de dicha dirección e, incluso, con reconocimientos oficiales por su desempeño. El manejo discrecional que hacen los funcionarios en las dependencias a su cargo no es, desafortunadamente, un hecho aislado; por el contrario, es generalizado. Para defender a los trabajadores que son víctimas de estas prácticas es que se supone que están las organizaciones sindicales. Pero en la Dirección de Educación Especial no se elige desde hace más de ocho años a ningún tipo de representante sindical de la Sección IX, a la que pertenecen. Entrampados en la falta de reconocimiento por parte de la Secretaría del Trabajo de la sección llamada “democrática” y la pérdida de registro de la elbista, los trabajadores están impedidos para hacer valer sus derechos laborales. En el área central de la Dirección de Educación Especial existe una oficina que dice Sección IX, atendida por un profesor que sirve algo así como de gestor, pero que la autoridad no reconoce y que en esa fecha gozaba de un mes de receso ganado en un laudo anterior. No hay entonces a quién acudir. En las oficinas de la fracción IX les contestaron “¡uy!, pues si no están las tarjetas, ya los corrieron”.

Sólo una semana más tarde se presentó un delegado, quien prometió informarse acerca de la situación. La subdirectora Corona López se negó a recibirlo y más tarde le mencionó que se tienen actas de abandono en contra de los maestros, mismas que no le mostró, pero el representante elbista dio con ello por concluida su gestión. Como la Sección IX no funciona, los profesores acudieron entonces a la “democrática”. El secretario general del Comité Seccional Democrático de la CNTE, Francisco Bravo, los citó en sus oficinas en Belisario Domínguez. En esa reunión el “compañero Francisco” les informó que hizo un contacto para “resolver” su situación con el subdirector adjunto de Administración y Personal, de la Administración Federal de Servicios Educativos del Distrito Federal, Ramiro Álvarez Retana, quien

le dijo que “se había procedido a levantar las actas de abandono de empleo” por haber hecho uso del laudo a su favor, por lo que los maestros estaban despedidos. La “autoridad” administrativa asegura que la ley no se aplica porque no fue notificada. El “compañero Francisco” de la Sección IX “democrática” se comprometió a solicitar una reunión con Álvarez Retana para buscar una solución, en la que el líder señaló dos vías: acudir al Tribunal de Conciliación y Arbitraje para demandar la reinstalación, lo que, llevaría, en el mejor de los casos, un par de años (los profesores quedarían sin salario ni prestaciones sociales). Les dijo: “No se preocupen, las autoridades saben que perderán el juicio; pero ustedes no pueden vivir sin salario esos dos años” y les recomendó aceptar lo que las autoridades proponían, que, a cambio les harían “el favor de devolverles su empleo”.

Los profesores le plantearon la legalidad del laudo y su derecho al receso. La respuesta del líder fue: “[…] Eso sería si viviéramos en un estado de derecho […] Pero eso no funciona en este gobierno; lo que cuenta es que ustedes no se queden sin trabajo; si no, de qué van a comer; vayan y piénselo; si deciden aceptar, deben renunciar a interponer algún recurso legal”. Los 12 que aceptaron la recomendación fueron reubicados, cambiaron sus condiciones generales de trabajo de ocho a nueve horas diarias y fue dividida su jornada laboral en dos centros educativos localizados a gran distancia uno del otro, lo que aumenta la duración del trabajo al menos otras cuatro horas de transporte. Nueve más resisten y han emprendido el juicio de reinstalación. Para cuando lo ganen, Sánchez Regalado ya no será directora de Educación Especial, Álvarez Retana no tendrá el puesto que ahora ocupa y ambos se habrán reacomodado en algún otro cargo o habrán solicitado su jubilación anticipada; pero el “compañero Francisco” seguirá definiéndose “democrático” y probablemente suba a más de un estrado de un mitin en el que denunciará la política entreguista del sindicato elbista. La única defensa a la que pueden recurrir hoy los trabajadores de educación primaria en el Distrito Federal es la que ellos mismos emprendan, porque pese al actuar de las autoridades federales, de los funcionarios de mediana o baja jerarquía y de los líderes sindicales de cualquier color, en México se debe vivir en un estado de derecho: es lo que establece la Constitución y eso es por lo que se pelea, por hacer valer, y más tarde que temprano es lo que se acabará imponiendo, pero para ello hay que luchar.3

*Etnóloga

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CIUDAD CAPITAL

Rubén Darío Betancourt

MAYELA SÁNCHEZ

Las designaciones de magistrados en el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal están sometidas a intereses políticos antes que jurídicos. El carácter prácticamente inamovible del cargo –que les asegura jugosas prebendas económicas– propicia que entre los “clase judicial” que únicamente vela por sus intereses. El mayor mérito de algunos designados, su cercanía con presidentes del Tribunal en turno

os laxos requisitos para ocupar el cargo y el acatamiento a los poderes Ejecutivo y Legislativo locales –a quienes deben su designación– caracterizan el trabajo de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF). Y es que para ocupar el máximo cargo judicial en la capital del país no hace falta experiencia, de acuerdo con la Ley Orgánica del TSJDF. Basta con tener título profesional de licenciado en derecho con una antigüedad mínima de 10 años. Respecto de la experiencia judicial, la ley señala que los nombramientos se harán “preferentemente” entre quienes se hayan desempeñado como jueces o hayan prestado sus servicios en la impartición o procuración de justicia. Actualmente, cuando menos nueve de los 78 magistrados que integran el TSJDF no tienen antecedentes de carrera judicial. Se trata de Víctor Rolando Díaz Ortiz, Francisco José Huber Olea Contró, Raúl Jaime Campos Rábago, Óscar Gregorio Cervera Rivero, Manuel Enrique Díaz Infante de la Mora, Adriana Canales Pérez, Antonio Muñozcano Eternod, Juan Luis González Alcántara Carrancá y Rebeca Florentina Pujol Rosas. A éstos se suman seis que carecen de práctica como juzgadores, ya que antes de ser designados magistrados fungían como secretarios de acuerdos o proyectistas de sentencias. De acuerdo con sus fichas curriculares –disponibles en el portal electrónico del TSJDF (http://www.poderjudicialdf.gob.mx)– ninguno de ellos cuenta con experiencia previa como juzgadores; en algunos casos, únicamente habían ocupado cargos cercanos a la presidencia del Tribunal. Tal es el caso de Campos Rábago, de la Séptima Sala Penal, quien fue coordinador de asesores de la presidencia del TSJDF entre 2000 y 2003, año en que fue nombrado magistrado. Afín es el de Díaz Infante de la Mora, quien fue asesor del presidente del Tribunal, Edgar Elías Azar, hasta el momento de ser designado magistra-

Magistrados del TSJDF, nombramientos sin méritos do. Previamente había fungido como consejero de la judicatura local, además de ocupar cargos públicos como delegado, asambleísta y legislador federal. Otros magistrados que habían trabajado dentro del Tribunal son Canales Pérez, Muñozcano Eternod y González Alcántara Carrancá, quienes cuentan en su experiencia profesional el haber dirigido las publicaciones Anales de jurisprudencia y el Boletín judicial. En el caso del magistrado Díaz Ortiz, su currículo da cuenta de que ocupó cargos administrativos en el Poder Judicial local y en la Procuraduría de Justicia capitalina. Además, fue agente del Ministerio Público en Oaxaca y Iván Méndez/Cuartoscuro

magistrados se origine una especie de

A diferencia de los jueces, los magistrados no hacen exámenes para acceder al cargo. En la foto, el magistrado presidente Edgar Elías Azar

subgerente jurídico de lo contencioso en la paraestatal Petróleos Mexicanos. Los magistrados Pujol Rosas y Huber Olea Contró tienen experiencia como catedráticos; éste último se desempeñó, además, como abogado, asesor jurídico de empresas trasnacionales y trabajó en el Tribunal Electoral del Distrito Federal. Antes de ser magistrado, Cervera Rivero fue asesor jurídico en el área bancaria y asesor en derechos humanos en el gobierno capitalino, aparte de dedicarse al derecho “en sus distintas ramas”, como consigna en su currículo.

Los magistrados cuya anterior experiencia profesional fue como secretarios en el Tribunal son Eduardo Alfonso Guerrero Martínez, adscrito a la Primera Sala Penal; Dora Isela Solís Sandoval, de la Segunda Sala Civil; Mónica Venegas Hernández, de la Tercera Sala Civil; Élfego Bautista Pardo, de la Quinta Sala Civil; Edilia Rivera Bahena, de la Cuarta Sala Familiar; y Martha Patricia Tarinda Azuara, de la Quinta Sala Familiar. Con excepción de Guerrero Martínez y Solís Sandoval, quienes fungieron como secretarios del Pleno del Tribunal, todos se desempeñaron como secretarios de juzgado y forman parte de la decena de magistrados que fueron nombrados en febrero de 2011. En el caso de Mónica Venegas Hernández –aunque su principal experiencia profesional es como secretaria de acuerdos–, en diversas ocasiones se desempeñó como jueza por ministerio de ley, de acuerdo con la información de su ficha curricular. Pero en el caso de Bautista Pardo, si bien tiene experiencia como secretario de acuerdos y actuario, hasta el momento de su designación fungía como procurador de la defensa del trabajo en el Distrito Federal, puesto que le fue asignado por el jefe de gobierno capitalino, Marcelo Ebrard. Previamente, el magistrado a cargo de la tercera ponencia en la Quinta Sala Civil se desempeñó como secretario general del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial del Distrito Federal, secretario general del Sindicato de Trabajadores del TSJDF y titular de la Unidad Jurídica de la Caja de Previsión de la Policía Preventiva del Distrito Federal. A diferencia de lo que ocurre con los aspirantes a jueces, quienes son postulados al cargo de magistrado no son sometidos a un concurso de oposición ni examen alguno para acceder al puesto. Antes bien, la ley hace idóneos al cargo a aquéllos que “por su honorabilidad, competencia y antecedentes en otras ramas de la profesión jurídica se consideren aptos para impartirla”. Jaime Cárdenas Gracia, exconsejero de la Judicatura del Distrito Federal, considera provechoso y “enriquecedor” el que no todos los magistrados provengan de la carrera judicial. En

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CIUDAD CAPITAL Para ocupar el máximo cargo del Poder Judicial en el DF no hace falta experiencia judicial

Julio César Hernández

Aunque el TSJDF es un órgano del Poder Judicial local, la designación de los magistrados está en manos de los otros dos poderes: el jefe del gobierno capitalino los nombra y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) los ratifica. Cárdenas Gracia considera que este mecanismo vulnera tanto la independencia del Poder Judicial como la de los magistrados, cuyo desempeño puede verse condicionado al menos mientras permanezca en el puesto el titular del Ejecutivo local que lo nombró y cuando tenga que ser ratificado en el cargo. Una postura contraria es la del diputado local Carlo Fabián Pizano Salinas, vicepresidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia en la ALDF, para quien el mecanismo de designación de los magistrados “representa un equilibrio de poderes”. El integrante del Partido Acción Nacional sostiene que la participación del jefe de gobierno capitalino y de los legisladores no

La designación de magistrados, en manos del Ejecutivo local y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal

vulnera la independencia de los magistrados, sino que es el “sistema de contrapesos más idóneo” para controlar y supervisar el funcionamiento del TSJDF. Para Cárdenas Gracia, los nombramientos de los magistrados están más sometidos a intereses de partidos que al conocimiento en materia jurídica que puedan tener los designados en el puesto. “Siempre va a haber algunos cercanos al jefe de gobierno [del Distrito Federal], otros que definan los partidos en la Asamblea y una parte también de la presión que haga el Tribunal.” Asimismo, recuerda que en la designación de magistrados efectuada en febrero de 2011, la terna propuesta respondió a los intereses de dichos actores. Por ello, concluye el legislador, el asunto de fondo tiene que ver con el método de designación: “O hacemos que todos se sometan a un concurso o que los elija el pueblo”. El diputado Pizano Salinas considera que la ciudadanía todavía no está en el nivel de desarrollo democrático para concederle tal responsabilidad.

Reforma ad hoc

El marco legal vigente para el Poder Judicial del Distrito Federal no sólo permite la ratificación indefinida de los magistrados, sino que les garantiza una pensión vitalicia una vez que abandonen el cargo (revista Contralínea, edición 236). Edgar Elías Azar, magistrado presidente del TSJDF, y Marcelo Ebrard, Por si fuera poco, la última reforma a la Ley Orgánica jefe de gobierno del Distrito Federal del TSJDF, aprobada por la ALDF en febrero del año pasado, legaliza la reelección del magistrado presidente. La modificación a la ley, dispuesta en el último año del periodo de Elías Azar como magistrado presidente, le Magistrados vitalicios permitirá a éste mantenerse en el puesto hasta 2016. Aunque el encargo de magistrado tiene una duración de Al respecto, Cárdenas Gracia considera que se trató de seis años, la Ley Orgánica del TSJDF es concesiva respecto una reforma “ad hoc” para el actual presidente del a que, una vez en el cargo, éste puede ser ratificado indefi- TSJDF, lograda por su cercanía con el jefe de gobierno nidamente. Con excepción de los nombramientos que fue- capitalino y el legislativo local. A decir del petista, perron hechos en 2008 y 2011, todos los magistrados del mitir la reelección del magistrado presidente hace del TSJDF han ocupado sus puestos por más de un periodo. Tribunal una institución “muy presidencialista”, ya que Entre ellos se encuentra Jorge Valentín Vázquez Castellanos, favorece la concentración del poder en la figura de quien adscrito a la Cuarta Sala Civil, quien ha ocupado el cargo es presidente tanto de los magistrados como del Consejo desde 1993. Otro caso es el del magistrado Eduardo Alfonso de la Judicatura del Distrito Federal. Guerrero Martínez, nombrado en 1994. De El diputado Pizano Salinas, quien forma acuerdo con su ficha curricular, su experienparte de la Comisión de Administración de cia profesional ha sido en cargos administralocal, señala que la reelección “no La ratificación Justicia tivos fuera del Poder Judicial local; dentro es lo más benéfico para la institución”, pues del TSJDF su desempeño fue como oficial indefinida de coincide con que la posibilidad de reelecmayor y secretario de acuerdos del Pleno. implica la concentración de poder en magistrados ción Laura Pérez Ríos de Hurtado también una sola persona, cuando hay otros pares se encuentra entre los magistrados más que pudieran desempeñar el cargo. crea una longevos, no sólo porque ha permanecido la elaboración del presente traba“clase judicial jo Para en el cargo desde 1996, sino por que se solicitó entrevista con el magistrado actualmente cuenta con 74 años de edad. presidente del TSJDF, Edgar Elías Azar, gremial”: A pesar de que la ley no establece un límipor medio de Denisse Santoyo, de la diputado te de ratificaciones en el cargo de magisCoordinación de Comunicación Social, trado, sí señala que los máximos sin que hasta el cierre de edición hubiera Cárdenas juzgadores locales tienen que jubilarse a respuesta.3 los 70 años. Pero el de Pérez Ríos de Hurtado no es el único caso de un magistrado que rebasa la edad estipulada en la ley. Jorge Rodríguez y Rodríguez, tiene 79 años de edad; Ana Marcela Pasquel y Ramírez y María Esperanza Rico Macías, 75; y Cleotilde Susana Schettino Pym y Víctor Rolando Días Ortiz, 73 años. Cuestionado sobre la pertinencia de que los magistrados puedan permanecer en el puesto de forma prácticamente indefinida, el diputado Pizano Salinas considera que la valoración está en función de “la calidad de personas que integran el Tribunal: si ésta es buena, el resultado tiene que ser necesariamente bueno”. El panista arguye que la subsistencia que les otorga el nombramiento funciona como un elemento de independencia para tomar decisiones, ya que eso los exime de las presiones del gobierno o de “poderes fácticos” que pudieran condicionar su permanencia. Para Cárdenas Gracia, diputado federal por el Partido del Trabajo, la prolongada estadía de los magistrados en sus cargos implica que se ocasione una especie de “clase judicial gremial, que únicamente vela por sus intereses, sus pensiones, sus prestaciones, como ocurre actualmenLa reelección de magistrados “no es lo más benéfico para la te en el Tribunal”. El exconsejero propone que, al igual que los ministros institución”: diputado Pizano Salinas

Iván Méndez/Cuartoscuro

Independencia vulnerada

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se restrinja el periodo en el cargo a 15 años, lo que garantizaría que llegara gente más joven y con nuevos criterios judiciales. Miguel Dimayuga/Procesofoto

su opinión, otras visiones, como las de litigantes o académicos contribuyen a nutrir los criterios jurídicos del Tribunal. Sin embargo, el diputado federal y doctor en derecho no soslaya la necesidad de incrementar los requisitos para acceder al cargo de magistrado, “para que no llegue cualquiera, sino que sean personas con conocimiento jurídico”.

La ratiﬁcación indeﬁnida de magistrados posibilita que ocupen el cargo de por vida

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LÍNEA GLOBAL

ROGELIO VELÁZQUEZ

Afganistán, Pakistán o Corea del Norte porque no se tienen datos oficiales. Mientras, en Vietnam está prohibido por la ley publicar datos sobre las ejecuciones y en China las cifras se consideran como “secreto de Estado”. Con aproximadamente 1 mil 300 millones de habitantes, China es el país con el mayor número de ejecuciones, según datos extraoficiales: en 2010, se ejecutaron a más de 1 mil personas. Le sigue en incidencia Irán, con al menos 252 ejecuciones oficiales, aunque se tuvo conocimiento de aproximadamente otras 300 extraoficiales. Pakistán encabeza la lista con el mayor número de condenas a muerte en 2010 con 365; mientras que Irak sumó 279. El saldo final de 2010: 2 mil 224 nuevas condenas a muerte en 67 países.

101 países avalan pena de muerte

17 MIL 834

CONDENADOS A MUERTE EN EL MUNDO Sin embargo, no se cuentan las masivas condenas que el gobierno chino dictó, ya que no se tienen datos oficiales.

En pleno siglo XXI, casi 18 mil personas están condenadas a muerte en el mundo, revela un reporte de Amnistía Internacional. De éstas, 58 son mexicanas. En China, el país donde más ejecuciones y condenas hubo durante 2010, el gobierno se niega a publicar los nombres de los ejecutados por ser “secreto de Estado”. Decapitación, lapidación y ahorcamiento son algunos de los métodos que se utilizaron para sancionar penalmente a, por lo menos, 527 personas el año pasado. La lista de ejecutores la encabezan China, Irán, Corea del Norte, Yemen y Estados Unidos

la distancia se asemeja a un campus universitario. La cercanía rompe la idea: aparecen las vallas y el alambre de púas. Por dentro el color blanco de los muros le da un toque de frialdad al lugar. Se trata de la prisión de máxima seguridad de Greene, localizada en Pensilvania, Estados Unidos. Ahí se encuentra recluido Mumia Abu Jamal –periodista y expantera negra–

condenado a muerte desde 1982, acusado de homicidio. “Un hombre con la capacidad de despertar las mentes de la comunidad y de fomentar la rebelión contra el opresor es peligroso en Estados Unidos; un país donde el número de negros y latinos condenados a muerte es mayor que el de blancos, a pesar de que los blancos cometen los mismos delitos que aquéllos. Su sentencia fue racista; lo juzgó un juez que se basó en su color para condenarlo”, señala –en entrevista con

Contralínea– Goldii, hija de Abu Jamal. Tenía dos años cuando encarcelaron a su padre. El caso de Mumia –condenado a muerte a pesar de múltiples irregularidades jurídicas– se une al de otras 17 mil 833 personas, entre éstas 58 mexicanos, según cifras dadas a conocer en el reporte anual Condenas a muerte y ejecuciones en 2010 de Amnistía Internacional (AI). El reporte indica que de los 197 países –que reconoce AI en el mundo– más de la mitad

aprueba la pena de muerte en sus legislaciones. La cifra de los 96 países abolicionistas, contrasta con la de los 101 retencionistas que se niegan a derogar esta sanción penal. Sin embargo, de estos últimos, 34 países no ejecutan a nadie desde hace 10 años y sólo en nueve se contempla esta sanción para delitos excepcionales o previstos en el código militar. En 2010, en 23 países ejecutaron al menos a 527 personas; sin embargo, no se cuentan las ejecuciones en países como

Condenas políticas Serio e introspectivo, como lo describe, entre risas, su hija, Abu Jamal es autor de seis libros y un centenar de columnas y artículos. Además de ser escritor, estudia música: “Le compuso la canción más hermosa de amor a mi madre”, comenta Goldii. “Es considerado un individuo peligroso. A lo que más le temen es a su mente; es inocente, pero es demasiado negro, demasiado listo y demasiado fuerte. El gobierno trata de silenciar a cualquiera que posea el poder de abrir las mentes del pueblo.” —¿Por qué consideras que la pena de muerte persiste como una sanción penal en tu país? —Tal vez por los políticos. Las cortes [judiciales] son como vampiros: tienen sed de sangre. José René Paz, colaborador del área internacional del Centro de Derechos Humanos Miguel

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LÍNEASECCIÓN GLOBAL

www.abolitionmovement.org

Agustín Pro Juárez, considera que muchas condenas tienen un carácter político y los grupos minoritarios son más vulnerables a ser condenados. “Se han ejecutado a muchos disidentes políticos en China, Irán y Arabia Saudita por ser opositores al régimen. En Estados Unidos los hispanos y los negros no tienen acceso a una buena educación; no conocen sus derechos y es más fácil que los condenen a muerte.” Bajo el argumento de que sólo se utiliza para los delitos más graves –aquellos con consecuencias fatales–, los países retencionistas justifican la pena de muerte. Sin embargo, se han documentado casos donde la pena se impone por delitos comunes, con lo que se viola el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, adoptado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 1966.

Tres sinaloenses en poder de Malasia Las sentencias por delitos relacionados con drogas escalan en países como Malasia, Singapur y Tailandia. Es precisamente en Malasia donde podrían ser condenados a muerte tres mexicanos originarios de Sinaloa, acusados de narcotráfico. Se trata de los hermanos González Villarreal: Luis Alfonso, de 47 años; José, de 36, y Simón, de 33, quienes esperan que la máxima instancia judicial de Malasia atraiga el caso para que se abra la posibilidad de no ser condenados a la horca, ya que el juez que lleva el proceso es conocido por su mano dura en estos casos. De ser sentenciados, los hermanos serían los primeros en ser condenados por narcotráfico y no por homicidio como sus compatriotas sentenciados en Estados Unidos. Además, serían los primeros cuya ejecución se realizaría en la horca y no por inyección letal.

www. osocio.org

Campaña de Amnistía Internacional en contra de la pena de muerte

Irán se condenó en diciembre pasado a un hombre por visitar páginas pornográficas en internet; los jueces consideraron que abrir esos sitios web es un insulto al Islam. Contralínea solicitó entrevista con funcionarios de la embajada de China en México, pero hasta el cierre de esta edición no se obtuvo respuesta. También se solicitó una entrevista con la embajada de Irán en México. Patricia Frías, asistente del embajador, argumentó que la representación del gobierno iraní sólo da entrevistas para cuestiones culturales. Debate jurídico Desolado, como si nadie viviera ahí, el terreno montañoso rumbo a prisión parece infinito. Múltiples recuerdos aparecen en

Muerte por preferencia sexual

Nada garantiza que los inocentes no sean condenados a morir

Estimada como una orientación sexual común en la mayoría de países, la homosexualidad se considera como un delito grave en Uganda. De aprobarse la Ley Contra la Homosexualidad en aquel país africano, serían condenados a muerte aquellos que tengan esta orientación sexual. No es el único caso extraordinario: en

En México, el Partido Verde propuso incluir la pena de muerte como sanción judicial

la mente de Goldii, hija de Mumia Abu Jamal. El trayecto a prisión le implica seis horas. Al final llega la recompensa: ver a su padre. No puede abrazarlo, sólo escucharlo. “Me siento feliz al verlo, pero al mismo tiempo frustrada y enojada: lo tratan como a una bestia. Platicamos sobre política, música, sobre lo nuevo en el mundo del hip-hop; compartimos historias divertidas sobre mis hijas y mis sobrinos. Le platico sobre el trabajo que hacemos para conseguir su libertad y sobre las miles de personas que lo apoyan a nivel mundial. Lo que más amo es escuchar su risa, es un escape temporal del infierno donde vive”, relata Goldii. El debate jurídico sobre la pena de muerte gira en torno a la viabilidad de dicho castigo como una forma para prevenir delitos. Al respecto, Alfredo Nateras, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, considera la aplicación de la pena de muerte como un retroceso al derecho internacional, además de existir altos niveles de corrupción en las instancias de justicia. “La pena de muerte no resuelve nada, no se ha demostrado que baje los índices criminalidad. Y ese sistema está propenso a fallar. Si condenan a un inocente y es ejecutado, el daño ya no se repara. Tener penas tan crueles, significa darle más poder a las instancias de justicia que la historia ha demostrado que se equivocan”, explica Nateras. A pesar de que el derecho internacional no prohíbe la

pena de muerte, marca como destino su abolición. Los países que aún la contemplan en sus legislaciones, insisten en el hecho de que sólo la utilizan en los delitos más graves plasmados en sus leyes. Argumentan que las resoluciones de organismos internacionales no son obligatorias, ya que sus leyes están por encima de dichas resoluciones. En 1989, la Asamblea General de la ONU adoptó el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que establece la abolición total de la pena de muerte. Sólo 73 Estados –entre ellos México– lo han firmado y ratificado. Tres protocolos regionales han sido complementarios al adoptado por la ONU: el Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos Relativo a la Abolición de la Pena de Muerte, firmado en 1990 por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos; el Protocolo 6 al Convenio Europeo de los Derechos Humanos, adoptado por el consejo de Europa en 1982, que permitía la pena de muerte en tiempos de guerra; y finalmente, el Protocolo 13 al Convenio Europeo de los Derechos Humanos, adoptado por el consejo de Europa en 2002, que no permite la pena de muerte aun en tiempos de guerra. El pasado 21 de diciembre se adoptó la resolución 65/206 de la ONU referente a la moratoria www. ibtimes.com

El periodista y expantera negra Mumia Abu Jamal, condenado a muerte

Acusados de moharebeh (un término islámico que significa declarar la guerra a Dios), 17 iraníes fueron condenados a muerte en juicios donde abundan las irregularidades jurídicas. Además de ser kurdos (minoría étnica en Irán), fueron acusados de ser miembros del Partido por una Vida Libre en Kurdistán y del marxista Komala, organizaciones opositoras al gobierno y prohibidas por el Estado. El delito de blasfemia, entendido como faltarle el respeto a Dios, fue suficiente para condenar a muerte a Aasia Bibi –madre de cinco hijos– el 8 de noviembre de 2010 en Pakistán, el peor país para que viva una mujer, según la periodista iraní Amirian Nazanin.

China, a la cabeza en número de ejecuciones: más de 1 mil ejecutados en 2010

Ricardo Castelán/Cuartoscuro

www.freewebs.com

101 países avalan la pena de muerte

Ahorcamiento, lapidación y decapitación, métodos de ejecución vigentes

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LÍNEA GLOBAL Pena de muerte se impone no sólo para los delitos más graves, sino también para crímenes comunes

Durante 2010, fueron condenadas a muerte 2 mil 224 personas en el mundo

PAÍS CONDICIÓN EJECUCIONES EN 2010 CONDENAS EN 2010 CONDENAS EN LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS

Condenas a muerte y ejecuciones en el mundo

1. Angola 2. Argelia 3. Benín 4. Botsuana 5. Burkina Faso 6. Burundi 7. Cabo Verde 8. Camerún 9. Chad 10. Comoras 11. Costa de Marfil 12. Egipto 13. Eritrea 14. Etiopía

Fuente: Condenas a muerte y ejecuciones en 2010, Amnistía Internacional

A: Abolicionista SE c C: Sin ejecuciones en los últimos 10 años pero con condenas R: Retencionista CPM: Con pena de muerte sólo para delitos excepcionales o contemplados en el código militar PAÍS CONDICIÓN EJECUCIONES EN 2010

1. Antigua y Barbuda 2. Argentina 3. Bahamas 4. Barbados 5. Belice 6. Bolivia 7. Brasil 8. Canadá 9. Chile 10. Colombia 11. Costa Rica 12. Cuba 13. Dominica 14. Ecuador 15. El Salvador 16. Estados Unidos 17. Granada 18. Guatemala

R A R R R CPM CPM A CPM A A R R A CPM R 5* SE c C 1 R

PAÍS CONDICIÓN EJECUCIONES EN 2010

19. Guyana 20. Haití 21. Honduras 22. Jamaica 23. México 24. Nicaragua 25. Panamá 26. Paraguay 27. Perú 28. República Dominicana 29. San Cristóbal y Nieves 30. San Vicente y las Granadinas 31. Santa Lucia 32. Surinam 33. Trinidad y Tobago 34. Uruguay 35. Venezuela

sobre el uso de la pena de muerte. Fue votada a favor por 109 países, mientras que 35 –la mayoría africanos– se abstuvieron. La resolución fue rechazada por 41 naciones, entre ellas Estados Unidos, China, Irak y Afganistán. Argelia y Malí votaron a favor de la resolución; no obstante, el año pasado condenaron a la pena capital a decenas de personas. En entrevista, la diputada del Partido Acción Nacional e integrante de la Secretaría de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Rosi Orozco, señala que a pesar de existir delitos graves como la trata de personas o el secuestro, no se debe aplicar la pena de muerte. “Yo no creo que el Estado deba tener la legitimidad de privar de la vida a una persona. Hay una declaración universal de los derechos humanos de la ONU y en ella se establece que todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad, y no prevé ninguna excepción en relación al derecho a la vida. Existen pactos internacio-

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7 30 31 34 4 19 32 23

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nales, pero hay países donde no se ha hecho caso de esto, y eso es grave.” En agosto de 2008 el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) planteó la posibilidad de implantar nuevamente la pena de muerte como sanción judicial en delitos como secuestro, homicidio y violación. Ante eso, la diputada comenta: “Somos muy respetuosos de las opiniones de las personas; yo comprendo el dolor de las familias dañadas, pero creo primeramente en el derecho a la vida. No tenemos un sistema de justicia en donde se pueda lograr que toda la gente tenga acceso a la justicia. La gente que más sufriría de una injusticia es la gente con menos recursos; además la privación de la vida es un acto violento y no es responsabilidad del Estado decidir sobre la vida”. La cuestión jurídica va más allá de las resoluciones internacionales; en Irán, algunos abogados defensores de los condenados han sido llevados a la cárcel por protestar contra la ejecución. En Arabia Saudita, Emiratos

Árabes Unidos, Pakistán, Sudán y Yemen se condenó a personas que no habían cumplido los 18 años en el momento de cometer el delito, con lo cual violaron el derecho internacional. Se solicitó entrevista con el diputado Guillermo Cueva Sada del PVEM, promotor de la pena de muerte en México. En su oficina se disculparon arguyendo

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EJECUCIONES DURANTE 2010 que el diputado se encontraba “fuera del país” para cuando la petición fue hecha. La cuestión cultural Al llegar a la prisión de Greene Goldii muestra su identificación. Para pasar por el detector de metales se tiene que despojar de su cinturón, sostén y todo tipo

PAÍS CONDICIÓN EJECUCIONES EN 2010 CONDENAS EN 2010 CONDENAS EN LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS

15. Gabón 16. Gambia 17. Ghana 18. Guinea 1 19. Guinea ecuatorial 1* 20. Guinea-Bissau 21. Kenia 22. Lesoto + 23. Liberia 1 24. Libia 25. Madagascar 26. Malawi 4 185 27. Mali 28. Marruecos 5* 29. Mauricio 30. Mauritania 31. Mozambique 32. Namibia 33. Níger 34. Nigeria 35. República Centroafricana 36. República del Congo 37. República Democrática del Congo 38. Ruanda 39. Santo Tomé y Príncipe 40. Senegal 41. Seychelles 38 42. Sierra Leona 41 43. Somalia 44. Suazilandia 29 45. Sudáfrica 46. Sudán 47. Tanzania 48. Togo 49. Túnez 50. Uganda 51. Yibuti 52. Zambia 53. Zimbabue 130* 1*

de metal. Luego, es revisada individualmente en una habitación pequeña mediante una máquina que detecta droga. Después pasa a un puesto de control. Finalmente llega al área de visita. Goldii repite este proceso cada vez que visita a su padre. “Es devastador para mi familia. Podría escribir un libro de todos los sufrimientos que hemos tenido”, relata la hija de uno de los condenados más significativos para los grupos abolicionistas en todo el mundo. Agrega: “A pesar de que la cara del presidente [Barack] Obama también es negra, el racismo sigue presente en Estados Unidos. Me gustaría confiar que el sistema de justicia es imparcial después de 29 años, pero la historia me ha demostrado lo contrario”. —¿Cuál es el momento más difícil de la visita? —Dejarlo en ese lugar sabiendo que no pertenece ahí. Es una experiencia demoledora. —¿Qué piensas en el trayecto de regreso a casa? —Me pregunto qué estará haciendo y qué pasa con él tan

A SE c C SE c C R R A SE c C R SE c C R SE c C SE c C SE c C SE c C A SE c C A A SE c C R SE c C SE c C R A A A A R R SE c C A R SE c C A SE c C R A SE c C R

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pronto nos vamos. Pienso en nuestra charla y lo imagino con una sonrisa. José René Paz define la pena de muerte como un trato cruel y degradante para la dignidad humana, en sintonía también con las declaraciones de Alfredo Nateras y AI. Paz identifica tres puntos rojos en el mundo donde se llevan a cabo más ejecuciones y más condenas: la región de Oriente Medio, China y Estados Unidos. “El tema de la pena de muerte es muy cultural, en muchos países se justifica con el Corán; pero no creo que en éste permita esas prácticas; depende mucho de la interpretación que se le da al proverbio ‘ojo por ojo y diente por diente’. En México, por ejemplo, en la ‘guerra’ contra el narcotráfico, el debate de la pena de muerte regresa. Mucha gente quiere la pena de muerte para todos los narcotraficantes”, señala el colaborador internacional. En cuanto a los métodos de ejecución, refiere que a pesar de ser la inyección letal el procedimiento más apegado a los tratados internacionales, exis-

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LÍNEA GLOBAL Las sentencias de muerte por delitos relacionados con drogas crecen en Malasia, Singapur y Tailandia

Tres mexicanos podrían perecer en la horca en Malasia, acusados de narcotráﬁco

PAÍS CONDICIÓN

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40. San Marino 41. Santa Sede 42. Serbia 43. Suecia 44. Suiza 45. Ucrania

1. Afganistán 2. Arabia Saudita 3. Autoridad Palestina 4. Azerbaiyán

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ten casos en los que fallan los químicos en la inyección y la persona permanece agonizando durante tres horas. Además, comenta que en casos de lapidación, el método es desigual; a los hombres los entierran hasta la cintura antes de ser apedreados, mientras que a las mujeres la tierra tiene que llegar a cubrir los hombros. Si la persona logra escapar mientras lo están apedreando le conceden la gracia. Es más fácil que salgan los hombres. Los métodos de ejecución varían dependiendo el país. En Japón o Egipto, el método a seguir es el ahorcamiento. La lapidación es común en Pakistán. En Somalia y Corea del Norte se ejecuta con arma de fuego. En China y Estados Unidos es por medio de inyección letal; y en Arabia Saudita se termina con la vida mediante la decapitación. En América, el país donde más ejecuciones se realizan es Estados Unidos: más de 3 mil 200 personas esperan su ejecución, y 138 condenas han sido conmutadas desde 1973. A pesar de que en Latinoamérica

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36 PAÍS CONDICIÓN EJECUCIONES EN 2010 CONDENAS EN 2010 CONDENAS EN LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS

5. Bahréin 6. Bangladesh 7. Brunei 8. Bután 9. Camboya

22 11

4 5

PAÍS CONDICIÓN

1. Australia 2. Fiyi 3. Islas Cook 4. Islas Marshall 5. Islas Salomón 6. Kiribati 7. Micronesia 8. Nauru

PAÍS CONDICIÓN

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9. Niue 10. Nueva Zelanda 11. Palau 12. Papúa Nueva Guinea 13. Samoa 14. Tonga 15. Tuvalu 16. Vanuatu

la pena de muerte se considera abolida, algunos países –como Guatemala y Belice– y algunas islas caribeñas –como Bahamas y Jamaica– todavía la practican. En Cuba desde 2003 no se llevan a cabo ejecuciones. Europa es el continente más abolicionista, sólo Bielorrusia mantiene vigente dicha práctica.

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El 7 de octubre de 2010, en un intento de abolir por completo la pena de muerte, se creó –por iniciativa del gobierno español– la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte. Formada por diferentes personalidades internacionales –exprimer ministros, embajadores y abogados–, su compromiso es acomwww.ﬁstyouth.wordpress.com

1. Albania 2. Alemania 3. Andorra 4. Armenia 5. Austria 6. Bélgica 7. Bielorrusia 8. Bosnia y Herzegovina 9. Bulgaria 10. Chipre 11. Croacia 12. Dinamarca 13. Eslovaquia 14. Eslovenia 15. España 16. Estonia 17. Finlandia 18. Francia 19. Grecia 20. Hungría 21. Irlanda 22. Islandia 23. Italia 24. Letonia 25. Liechtenstein 26. Lituania 27. Luxemburgo 28. Macedonia 29. Malta 30. Moldavia 31. Mónaco 32. Montenegro 33. Noruega 34. Países Bajos 35. Polonia 36. Portugal 37. Reino Unido 38. República Checa 39. Rumania

PAÍS CONDICIÓN EJECUCIONES EN 2010 CONDENAS EN 2010 CONDENAS EN LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS

Simpatizantes de Mumia Abu Jamal –sentenciado a muerte desde 1982 en un proceso judicial irregular– exigen su libertad

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10. China 11. Corea del Norte 12. Corea del Sur 13. Emiratos Árabes Unidos 14. Filipinas 15. Georgia 16. India 17. Indonesia 18. Irán 19. Iraq 20. Israel 21. Japón 22. Jordania 23. Kazajistán 24. Kirguistán 25. Kuwait 26. Laos 27. Líbano 28. Malasia 29. Maldivas 30. Mongolia 31. Myanmar 32. Nepal 33. Omán 34. Pakistán 35. Qatar 36. Rusia 37. Singapur 38. Siria 39. Sri Lanka 40. Tailandia 41. Taiwán 42. Tayikistán 43. Timor Oriental 44. Turkmenistán 45. Turquía 46. Uzbekistán 47. Vietnam 48. Yemen

pañar a las organizaciones y organismos abolicionistas para lograr un mundo sin pena de muerte. A pesar de las miles de ejecuciones y condenas en Asia –el continente donde más se ejecuta– y Estados Unidos, AI se muestra optimista y refiere que el mundo se encamina hacia la abolición de la pena de muerte. En su Informe 2010, explica que cada año son más países los que prohíben esta práctica. Alfredo Nateras considera que para terminar por completo con la pena de muerte en el mundo, se necesita ciudadanizar las instancias de procuración de justicia; además, trabajar desde diferentes ámbitos en una cultura de paz, de vida y de respeto a los derechos humanos. Plantea que para que eso se logre, los movimientos sociales tienen que ser capaces de incidir en las legislaciones y pedir cuentas a los funcionarios públicos sobre su trabajo, hasta llegar a una verdadera democratización social en donde no se ejecute a ningún ser humano. El juicio de Abu Jamal se

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Marlene Camacho

PAÍS CONDICIÓN EJECUCIONES EN 2010 CONDENAS EN 2010 CONDENAS EN LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS

encuentra en un momento crítico; los tribunales revisarán nuevamente el caso: se abre la posibilidad de que se conmute la pena de muerte y se cambie por cadena perpetua. Para sus familiares y las miles de personas que lo apoyan a nivel global sólo existe una opción: su absoluta libertad. —Si tu padre es liberado, ¿habrá justicia? —Justicia retrasada, pero sí. Goldii, la hija de Mumia Abu Jamal concluye: “Es imposible regresar el tiempo; no puedo retroceder a cuando tenía tres años de edad. No puedo regresar a mi graduación del quinto grado. Hubo muchos eventos de la vida que él se perdió y que jamás serán remplazados. Eso es muy triste. El corredor de la muerte está diseñado para quebrar el espíritu humano, pero su espíritu aún está vivo”. Pronto Goldii llevará a su hija más pequeña a conocer a su abuelo en prisión, del mismo modo que a ella la llevaban a convivir con su padre detrás de un largo vidrio de acrílico, desde que tenía dos años y medio. 3

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CRÓNICAS DE LÁTEX

MANRIQUE

EX LIBRIS

ÁLVARO CEPEDA NERI*

Loret de Mola: una visión dantesca de los politicastros

l periodista, abogado y escritor Rafael Loret de Mola ha publicado 32 libros en los que ahonda en las raíces de la vida subpolítica mexicana, y contrasta la información, análisis y crítica expuesta ante la opinión pública con lo que pasa desapercibido, tejiendo con ello reportajes al estilo del “rey va desnudo” (que ciertamente no es la frase) del célebre cuento de Hans Christian Andersen (1805-1875), El nuevo traje del emperador; quien ciego de vanidad y soberbia creía que llevaba un traje maravilloso, cuando en realidad estaba desnudo y sólo una niña, ante el servilismo de los súbditos, exclamó la verdad: “¡Pero si no lleva nada puesto!” e hizo a todos ver la realidad y gritar: “¡Va desnudo!”. Así, Loret de Mola, exhibe a los politicastros sin sus adornos de honradez, democracia, eficacia, republicanismo, al mostrarlos cómo son en verdad: venales, ladrones, corruptos, abusivos del poder y enredados en sus perversos intereses, hipocresías, mentiras y muchas máscaras para sus bribonadas, pillerías y múltiple moral. En su libro Nuestro inframundo. Los 7 infiernos de México, narra historias del poder

político retratadas en sus mediocres, pero temibles, actorcillos. En siete capítulos y entre muertos y vivos (que se pasan de vivos en los cargos, con su voracidad por el botín económico), desnuda a los que han subido y bajado en la rueda de la fortuna, entre favores y herencias e incluso por defenestración o asesinato, con su nombramiento o cuestionada representación, envueltos en la ilegitimidad e ilegalidad. Y esculca los rincones del inframundo, donde los Calderón, Salinas, narcos, Elba Esther Gordillo, Enrique Peña Nieto, Vicente Fox-Marta Sahagún, Miguel Ángel Yunes, Eduardo Medina Mora, la fauna depredadora y liliputiense del país, van y vienen pervirtiendo antidemocrática y antirrepublicanamente a las instituciones. Es un relato del periodismo que Loret de Mola ha practicado en sus libros, proscrito de las páginas del diarismo (ver su nota biográfica, en Milenios de México, de Humberto Musacchio). En 300 cuartillas teje historias de ayer y hoy, donde cuenta cómo y quiénes han traspasado la Puerta Cuatro de Los Pinos (el primero de los infiernos) o puerta trasera de los inquilinos de la residencia presidencial (ahora con un búnker construido para que Calderón duerma a pier-

na suelta, mientras por todo el país a diario se reportan de 26 a 35 homicidios, colgados, secuestrados, desplazados). El autor completa los demás infiernos con una perspectiva dantesca, aunque nuestros politiqueros no sufren, ya que todos se hacen millonarios (Arturo Montiel, tío de Peña Nieto), endeudan a las entidades como desgobernadores (Humberto Moreira, protegido de Peña) y enriquecen a sus familiares. Un libro para no dudar de esa politiquería al servicio de una elite oligárquica-despótica ladrona, autoritaria y abusiva. Con notas veraces sobre pandillas de trogloditas, extractos de entrevistas, recopilación de hechos y actos donde delincuentes y politiquillos son las dos caras de la misma moneda de circulación priísta-perredista-panista.3 Ficha bibliográfica: Autor: Rafael Loret de Mola Título: Nuestro inframundo. Los 7 infiernos de México Editorial: Jus, 2011

*Periodista

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CINE  Rosa patria | En el marco del 7° Festival Internacional de Cine Gay de la Universidad Nacional Autónoma de México, se presenta esta película dirigida por Santiago Loza. La vida de Néstor Perlongher (poeta, sociólogo y activista político homosexual) es reconstruida a través de testimonios e imágenes de archivo como un rompecabezas humano. A medida que pasen los minutos estaremos no solo ante la construcción de un hombre, sino la de todo un movimiento social, una época política y gran parte de la Argentina de las décadas de 1970 y 1980.

AGENDA …cultura, arte y entretenimiento

Cinematógrafo del Chopo, Enrique González Martínez 10, colonia Santa María la Ribera. (Jueves 26 de enero, 17:00 horas)

EXPOSICIÓNDr. Lakra | Jerónimo López Ramírez, mejor conocido como Dr. Lakra, es ilustrador autodidacta y artista del tatuaje. Su seudónimo es reflejo de una tendencia hacia la rebelión: mientras que el título de doctor supone respeto, el término “lakra” se emplea en el argot como sinónimo de delincuente y es también un juego con la palabra lacra, que significa cicatriz o marca. Dr. Lakra es un coleccionista de las tradiciones del arte corporal: sus tatuajes reflejan experiencias con las culturas maorí, tailandesa, chicana y filipina. Sus obras combinan estos diseños con innumerables símbolos provenientes de las pandillas urbanas, las historietas, la cultura prehispánica y la religión. Dr. Lakra une lo cómico y lo macabro en un intento de retar a las costumbres y estructuras sociales tradicionales. Pintando la raya entre lo vulgar y lo maravilloso, sus dibujos replantean las ideas convencionales de belleza, buen gusto y la identidad individual contra la colectiva.

Museo de la Ciudad de México, Pino Suárez 30, colonia Centro. (Hasta el 11 de marzo de 2012)

TEATROFedra | El controvertido y paradigmático arquetipo femenino griego que sufre un gran amor incontrolable y prohibido por su hijastro Hipólito, hijo de su marido Teseo, con las catastróficas consecuencias que esto trae, ha sido tratado por diferentes autores desde la antigua Grecia hasta la actualidad. Esta adaptación moderna, dirigida por Alejandro Rodríguez Adeth, presenta una aproximación irónica y descabellada del mito clásico que sirve para hacer una reflexión sobre lo siniestro del poder, la decadencia humana, la soledad, la natural violencia que se despliega cuando afloran las ambigüedades; para finalmente preguntarnos ¿dónde están los límites de nuestra tolerancia al sufrimiento en una sociedad consumista que fomenta el culto a la juventud, la salud, la riqueza, al poder, la libertad y la idea de felicidad?

Teatro José Martí, Centro Cultural José Martí, Doctor Mora 1, colonia Centro. (24 y 31 de enero, 19:00 horas)

MÚSICAMollete jazz band | En el marco de la Temporada de Música de Cámara, esta banda se presenta el jueves 26 de enero a las 19:00 horas en la Sala Hermilo Novelo, perteneciente al Centro Cultural Ollin Yoliztli.

Centro Cultural Ollin Yoliztli, Periférico Sur 5141, colonia Isidro Fabela.

MÚSICABrebaje Extraño | Se trata de un grupo que toma su nombre de una canción clásica de blues del grupo The Cream de Eric Clapton –“Strange brew”– y cuenta con una trayectoria de más de 10 años en el medio musical del llamado rock blues urbano. En esta ocasión presenta un material exclusivamente de blues combinado con composiciones propias, mostrando cómo debe interpretarse este género y el buen dominio que tienen del escenario.

Centro Cultural José Martí, Doctor Mora 1, colonia Centro. (Jueves 26 de enero, 19:00 horas)

LITERATURAUn mundo feliz (Porrúa, 2006) | En este relato Aldous Huxley construye una metáfora del poder, del control, de un mundo utópico en el que se juega con la posibilidad de una sociedad donde los seres humanos, creados in vitro, son incapaces de tomar decisiones por y para sí mismos, pero pueden existir en un estado de placidez perpetua y aparente. En Un mundo feliz, como tantas obras literarias lo hacen, el autor se anticipó al mundo real del hombre del siglo XXI, y aunque se le ha clasificado dentro de la ciencia ficción, en ella puede encontrarse el realismo avasallante de la época actual. TALLER ¿Cuánto vale tu tiempo? | Inspirado en la obra titulada Times notes, los participantes elaborarán un billete con un pedazo de costal, al cual asignarán un valor medido en tiempo. La propuesta es una reflexión acerca del sistema de intercambio social y de nuestros preconceptos acerca del valor del tiempo y del dinero. Al finalizar su billete, éste será sellado y avalado por el Departamento de Atención a Públicos y los participantes tendrán a su disposición una unidad de tiempo, a la cual ellos mismos asignarán el valor ya sea en horas, días, semanas o meses. Impartido por Roberto Ramírez Solís.

Museo de la Ciudad de México, Pino Suárez 30, colonia Centro. (Sábado 28 de enero, 12:30 horas)

MANRIQUE

EL SIQUIATRA

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