semanario-14

En 11 años, 104 periodistas asesinados y desaparecidos MEDIOS | mÉXICO, CONSIDERADO EL PAÍS mÁS PELIGROSO DE AmÉRICA PARA EL EJERCICIO PERIODÍSTICO  Redacción

SEMANARIO

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DEL 4 AL 10 DE mARZO DE 2012 | AÑO 1 | NÚmERO 14

CON CALDERÓN,

CAPITALES SOBORNOS EMPRESARIALES, EN LA IMPUNIDAD mayela Sánchez

3 MIL DESAPARECIDOS

LA CIFRA DE DESAPARICIONES EN EL ACTUAL GOBIERNO TRIPLICA LA REGISTRADA DURANTE LA GUERRA SUCIA Entre 2007 y 2011 se habrían cometido en méxico 3 mil desapariciones forzadas, documenta la ONU: 300 por ciento más que durante la Guerra Sucia. Las autoridades federales no cuentan con registros oficiales; pero a decir de defensores de derechos humanos, la cifra podría ser mayor. Considerado en el derecho internacional como un crimen de lesa humanidad, la desaparición forzada en el país tiene entre sus víctimas a 32 luchadores sociales y defensores de derechos humanos. militares podrían estar implicados en varios de los casos Flor Goche

10 SOCIEDAD TRÁFICO DE ARMAS, EL NEGOCIO DE LA MUERTE Ana Lilia Pérez

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Isaac Esquivel/Cuartoscuro

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OFICIO DE PAPEL INVESTIGA LA FEDERACIÓN A FIDEL HERRERA 2 miguel Badillo

OPINIÓN | Políticas antinarco: pasado, presente y futuro | Cinco décadas de políticas antidrogas ¿farsa o fracaso?Santiago Gallur

OPINIÓN | El PAN y su efímero

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paso por el gobierno | Panismo, 12 años de desperdicio para MéxicoHoracio Esquivel

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CONTRALÍNEA | DEL 4 AL 10 de marzO de 2012

CARTÓN

MANRIQUE*

Fragilidad

OFICIO DE PAPEL

MIGUEL BADILLO*

Investiga la federación a Fidel Herrera

E

n el blog personal del exgober- millones de pesos. Así, la deuda del estado nador priísta Fidel Herrera de Veracruz superaba los 28 mil millones de destaca una fotografía en la que pesos. aparece con el Premio Nobel En seis años, la deuda del estado –al del Economía, Joseph Stiglitz, menos la que se registra públicamente– quien refiriéndose a México aumentó más de 800 por ciento, según los acuñó en 2009 el concepto “capitalismo de datos comparativos del propio gobierno estacuates” o “crony capitalism”. En el momen- tal. En septiembre de 2005 –un año después to en que se tomó esa foto, Stiglitz no imagi- de que Fidel Herrera heredó el gobierno de naba que posaba junto a un representante de Miguel Alemán–, la deuda pública directa ese capitalismo, que en Veracruz habría del estado se ubicaba en 3 mil 500 millones de beneficiado con dinero público a amigos y, pesos. ¿Cómo se generó tal nivel de endeudasobre todo, a sus propios intereses. miento? La respuesta podría encontrarse en En esta cacería política de funcionarios los contratos que asignó Herrera durante su priístas corruptos, Fidel Herrera es el siguiente gestión, por lo que las autoridades ya investide una larga lista que sólo se agotará una vez gan si el endeudamiento fue aplicado a obra que pasen las elecciones presidenciales de julio. pública.

Su expediente judicial incluye delitos por malEl sucesor de Fidel Herrera, Javier Duarte, versación de fondos, peculado y administración trabaja en la reestructuración de la deuda fraudulenta en el gobierno veracruzano. veracruzana que comprometerá gran parte de El exmandatario local estaría al tanto de las partidas federales. Una tragedia para el las investigaciones en su contra y prepara su estado es que dichos recursos se necesitan para defensa y su huída al mismo tiempo, pues financiar nuevos proyectos sociales y ampliar las evidencias en su contra integradas por la las oportunidades de desarrollo en Veracruz, Secretaría de Hacienda y Crédito Público y uno de los estados más pobres del país, en la Procuraduría General de la República lugar de utilizarlos para cubrir pasivos de están listas. Otro dato de las indagatorias créditos cuya aplicación también deberá colocorresponde a la carse bajo los reflecdeuda del estado de tores.

El exmandatario local Veracruz, que suma En su revisión más de 60 mil millode la Cuenta Pública estaría al tanto de nes de pesos, según 2010, la ASF señala las investigaciones cálculos de legisladolo anterior. De en su contra y res del estado. hecho, en 2006 la prepara su Hace un año, la Auditoría reportó defensa y su huída Auditoría Superior que había presentade la Federación do una denuncia (ASF) reportaba penal por los descompromisos crediticios de esa entidad fede- víos registrados en el gobierno del estado rativa por al menos 22 mil 566 millones de de Veracruz en el área de la salud y en la pesos. De ser cierta la cifra que estiman los administración de hospitales. legisladores del Partido Acción Nacional y de En esta ocasión, la ASF fiscalizó la gestión otras corrientes políticas opositoras al Partido financiera de los recursos federales transferiRevolucionario Institucional, se habría confi- dos al estado para comprobar que las inversiogurado un maquillaje en los pasivos contrata- nes físicas se planearon, programaron, dos por el gobierno veracruzano a través de presupuestaron, licitaron, adjudicaron, concréditos y bursatilizaciones de deuda –respal- trataron, ejecutaron y pagaron conforme a la dada por las participaciones federales– a tra- legislación aplicable. vés del mercado de valores. Algo parecido a lo En el caso del Fondo Regional en el que hicieron en Coahuila de endeudarse Estado de Veracruz, la ASF analizó las invermediante trampas y engaños. siones en infraestructura que comprometieHasta septiembre del año pasado, el ron recursos por 496 millones 844.2 miles de gobierno de Veracruz reportó un pago por pesos y que forman parte de las participacioconcepto de intereses cubiertos para el servicio nes autorizadas por la Federación para apoyar de la deuda, que ascienden a 1 mil 81.3 millo- a Veracruz como uno de los 10 estados con nes de pesos. Los documentos oficiales de la menor índice de desarrollo humano.

Secretaría de Finanzas estatal establecen que La ASF analizó la ejecución de recurtambién se pagó capital de los pasivos contra- sos en la construcción del puente Palo tados con la banca comercial.

Amarillo-Amayales, sobre el río Atoyac, Para septiembre de 2011 (los últimos datos en el camino F. Carillo Puerto-El Órgano, disponibles), el pasivo circulante de corto contrato asignado a la compañía Seteyco y plazo del gobierno del estado se ubicaba en 28 que sumó 15 millones 280 mil pesos. En mil 182 millones 631 mil pesos. Los pasivos de Veracruz, a las empresas Seteyco y Margusa largo plazo –que corresponden al financia- se les identifica como dos de las compañías miento de la deuda pública– eran de 10 mil que han registrado el mayor número de

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Reserva de dederchos de autor al uso exclusivo No. 04-2011-032410091200-101, ISSN: (en trámite). Certificado de licitud de título y contenido: 15428. Impresa por JR Impresiones, Bolívar 238, col. Obrera, delegación Cuauhtémoc, teléfono 5761 3494; este número se terminó de imprimir el 2 de marzo de 2012.

CONTRALÍNEA reconoce el deber de veracidad y la cláusula de conciencia de reporteros y articulistas. Los textos son responsabilidad de sus autores. Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda totalmente prohíbida la reproducción total o parcial de los contenidos o imágenes de la publicación sin previa autorización de Comunicación Colectiva y Periodismo de Investigación.

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CONTRALÍNEA | DEL 4 al 10 de marzo de 2012 contratos en los municipios del estado.

Precisamente en el caso de Seteyco los auditores de la ASF encontraron una verdadera perla.

Resulta que al abrir la bitácora de la obra se encontró que el puente Palo Amarillo-Amayales se construyó un año antes de que se asignara el contrato y se colapsó en septiembre de 2010, cuando se desbordó el río Atoyac a causa del huracán Karl.

Así el gobierno del estado asignó una obra que no sólo ya se había construido, sino que ya había desaparecido, seguramente por vicios ocultos en su edificación.

Ese escándalo de inversión y construcción del puente se sustenta en registros públicos de la licitación de la obra que el gobierno de Fidel Herrera asignó, de manera directa, luego de que otros dos contratistas –Impulsora Constructora del Sur y Servi Constructora Pavimentos– presentaron presupuestos de 16.5 y 16.8 millones de pesos.

“El 10 de enero de 2011, se elaboró el acta de entrega–recepción de la obra, estipulando un monto total ejercido en dos estimaciones por 15 millones 101.3 miles de pesos, con un periodo de obra del 13 de enero al 28 de marzo de 2010. No obstante, se comprobó que el puente se construyó del 27 de enero al 11 octubre de 2009, siendo esta última fecha la de su inauguración. Once meses después, el 18 de septiembre de 2010, se colapsó por el desbordamiento del río Atoyac, ocasionado por el huracán Karl”, establece el reporte de la ASF. Una foto en su página de Facebook, confirma que Fidel Herrera, en octubre de 2009, acudió a la inauguración del puente número 987 de su gobierno, el tristemente célebre puente Palo AmarilloAmayales. Seguramente entre los planes de Herrera estaba reponer el fallido puente que, según la prensa de Veracruz, necesitó en 2009 una inversión de 12.5 millones de pesos.

La deficiente edificación se hizo evidente en el recuento de los daños ocasionados por el huracán Karl, porque la mayoría de los puentes que se derrumbaron tenían más de 40 años de haber sido construidos y sólo el puente de Palo Amarillo era de reciente edificación. Una gran pifia de Fidel.

Por lo tanto, se concluye que “en abril de 2010 el gobierno del estado de Veracruz solicitó recursos a la SHCP para la construcción del puente en comento, el cual ya había sido construido en el ejercicio de 2009, y que elaboró el contrato número SC-OP-PF-001/2010-ST, estimaciones, bitácora, acta de entrega-recepción y finiquito en fechas diferentes de las que correspondieron a la ejecución real de los trabajos, aunado a que la Secretaría de

Comunicaciones del gobierno del estado de Veracruz, debió dictaminar y evaluar las causas por las que se colapsó el puente, ya que sólo tenía 11 meses de haberse edificado y, en su caso, emprender las acciones legales para hacer efectiva la fianza de vicios ocultos y el seguro de la obra”.

El gobierno de Fidel Herrera no tuvo otra opción que reintegrar a la SHCP el monto total del contrato fallido más los intereses: 15 millones 548 mil 500 pesos más un millón 32 mil 700 pesos. Sin embargo, para la ASF el delito existe y presentará

ante el Ministerio Público Federal la denuncia de hechos correspondiente al contrato de obra pública, a base de precios unitarios y tiempo determinado núm. SC-OP-PF-001/2010ST, con un periodo de ejecución del 13 de enero al 28 de marzo de 2010, debido a que la Secretaría de Comunicaciones del gobierno del estado de Veracruz elaboró el citado contrato, estimaciones, bitácora, acta de entrega-recepción, finiquito y pagos en fechas diferentes de las que correspondieron a la ejecución real de los trabajos que fue del 27 de

enero al 11 octubre de 2009, los recursos se solicitaron a la Secretaría de Hacienda en abril de 2010 y el puente se colapso en septiembre del mismo año. Toda una clase de maquillaje contable que no pasó inadvertida por la ASF. En términos generales, la ASF concluyó que el gobierno del estado de Veracruz no cumplió con las disposiciones normativas aplicables al buen manejo de los recursos provenientes de las participaciones federales. El gobierno de Fidel Herrera pagó en exceso seis contra-

tos con diferencias entre los volúmenes de obra pagados y los ejecutados, y en un contrato rescindido se omitió llevar a cabo las acciones legales para hacer efectiva la fianza de cumplimiento.

Sin duda que el próximo exgobernador que enfrentará a la justicia –después de Humberto Moreira, de Coahuila, y de los tres exmandatarios tamaulipecos– será el veracruzano Fidel Herrera y su nada transparente administración pública.3 *Periodista

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CONTRALÍNEA | DEL 4 AL 10 DE mARzO DE 2012

Octavio Gómez/Procesofoto

PORTADA

FLOR GOCHE

En cinco años, 300% más desapariciones que en Guerra Sucia

S

oldados y marinos son señalados como los autores de decenas de desapariciones forzadas de civiles, cometidas en el contexto de la “guerra” del gobierno federal contra el narcotráfico. Una de esas denuncias implica a elementos de la Secretaría de Marina en la desaparición de 15 personas y ocurrió entre el 1 y el 22 de junio pasado. De acuerdo con el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, Tamaulipas, hay fotografías y videos que comprueban la participación de los representantes del Estado mexicano en esos crímenes.

Apenas tres meses antes de esos hechos, el Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas e Involuntarias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) visitó México, por considerar “alarmante” el número de quejas que ha recibido entre 2007 y principios de 2011. Al finalizar su recorrido, el 31 de marzo, dicho Grupo denunció que en el

En la “guerra” antidrogas, aumentan las quejas en contra de militares por su posible implicación en desapariciones forzadas de civiles. Uno de los casos recientes, ocurrido en Tamaulipas, involucraría a marinos en la desaparición de 15 personas. De 2007 a 2011 se habrían cometido 3 mil crímenes de lesa humanidad de este tipo en México, documenta la ONU; 300 por ciento más que los ocurridos durante la Guerra Sucia. Al menos, 32 luchadores sociales y defensores de derechos humanos formarían parte de la lúgubre lista gobierno de Felipe Calderón Hinojosa se habrían cometido unos 3 mil crímenes de lesa humanidad de este tipo; esto es 300 por ciento más que las desapariciones ocurridas durante la Guerra Sucia (1962-1987).

No obstante, la cifra podría ser mayor. Datos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) refieren que las quejas por extravío de personas entre 2007 y 2011 superan las 5 mil. Aunque la dependencia gubernamental no las califica como desapariciones forzadas o

involuntarias, defensores de derechos humanos consideran que las posibilidades de que se trate de crímenes de este tipo son elevadas.

Para que un extravío se catalogue como desaparición forzada, se debe demostrar que el civil fue privado de su libertad por agentes del gobierno o por terceros contratados por un agente de gobierno.

En la presente administración panista, los móviles políticos –que durante los gobiernos del Partido Revolucionario

Institucional se enfocaban en guerrilleros y activistas– sí se estarían reeditando. Al menos 32 luchadores sociales y defensores de derechos humanos han desaparecido forzadamente en el actual sexenio. De éstos, se desconoce el paradero de 20; ocho fueron ejecutados extrajudicialmente y cuatro liberados.

Las cifras negras El 22 de junio de 2011 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el nuevo marco legal

para castigar a los responsables de estos delitos (Decreto Promulgatorio de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas). Pese a ello, el gobierno de México no parece estar realmente comprometido con el esclarecimiento de estos hechos.

Considerados por el derecho internacional como de lesa humanidad, estos crímenes permanecen impunes, al igual que las más de 1 mil desapariciones forzadas que se registraron en la Guerra Sucia; las de decenas de simpatizantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, en la década de 1990; y las de cuatro indígenas de la comunidad Viejo Velasco, Chiapas, ocurridas en noviembre de 2006.

A pesar de que las desapariciones podrían llevar al Estado mexicano a un juicio internacional, ninguna de las instituciones del gabinete de seguridad lleva registro de ellos, se desprende de respuestas a solicitudes de infor-

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CONTRALÍNEA | DEL 4 AL 10 DE mARzO DE 2012 PORTADA Entre los miles de desaparecidos forzadamente, se encuentran al menos 32 luchadores sociales

300%

David Cilia

MÁS DESAPARICIONES QUE EN LA GUERRA SUCIA

Pérez Serrano: cuatro de cada 10 desapariciones son cometidas por el crimen organizado

2005 y 2011.

Pero los estados fronterizos del Norte del país no se quedan atrás. A inicios de junio, Leonel Aguirre Meza, presidente de la no gubernamental Comisión de Defensa de los Derechos Humanos, denunció que en Sinaloa se han registrado 230 desapariciones de civiles en el marco de lucha contra el narcotráfico.

Durango también se suma a los estados con dramáticos registros. La Comisión Estatal de Derechos Humanos tiene conocimiento e investiga 176 desapariciones forzadas de personas entre 2009 y abril de 2011. Según sus estadísticas, 89 por ciento de las víctimas son hombres y 11 por ciento mujeres.

De las decenas de denuncias, la CNDH sólo ha informado de

238 casos de desaparición forzada registrados en México desde la década de 1960, según constaría en un informe que su presidente, Raúl Plascencia Villanueva, entregó al Grupo de Trabajo de la ONU el 23 de marzo del año pasado. Éste es confidencial, pues “contiene averiguaciones previas”, refieren funcionarios de la Comisión.

Restricción del fuero militar: “sólo un paso”

E

l 14 de julio de 2011, la Suprema Corte de Justica de la Nación (SCJN) dictaminó la restricción del fuero militar para los casos de violaciones a derechos humanos, que ahora pasarán a los tribunales civiles. La resolución se dio en el marco del análisis de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el caso de Rosendo Radilla Pacheco, líder comunitario desaparecido por efectivos del Ejército Mexicano el 25 de agosto de 1974.

Organizaciones de derechos humanos y de familiares de desaparecidos celebran el fallo de los ministros: “Un triunfo de las víctimas que durante muchos años han enfrentado la impunidad”. Julio Mata Montiel, secretario ejecutivo de la Asociación de Familiares Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos en México, señala, sin embargo, que se trata sólo de un paso en la lucha por la verdad y la justicia.

Sergio Méndez Silva, abogado de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), asociación civil que acompaña el caso Radilla, explica que recientemente el gobierno de México publicó un libro con la semblanza de la vida del líder comunitario. Sin embargo, “no es un documento que muestre el arrepentimiento o reconocimiento del Estado mexicano para con las víctimas”.

En abril de 2008, el general Mario Arturo Acosta Chaparro, quien sería responsable de la desaparición de Rosendo Radilla y de, al menos, otros 600 guerrerenses, fue condecorado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), por su “lealtad, patriotismo, abnegación, dedicación y espíritu al servicio de México y sus instituciones”.

Este hecho evidencia la falta de voluntad de las autoridades mexicanas, apunta Méndez Silva. Ahora, los familiares de Radilla

Pacheco, entre ellos su hija Tita Radilla, han decidido no recibir el dinero de la indemnización hasta que el Estado mexicano realice una investigación seria y diligente.

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, la CMDPDH y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan refieren las acciones que la autoridad debe emprender para que el fallo de la SCJN sea efectivo: que el Congreso de la Unión dictamine la reforma al artículo 57 del Código de Justicia Militar a la luz del resolutivo del máximo tribunal mexicano; que Calderón decline la iniciativa de reforma a este código que entregó al Senado en octubre de 2010 y que si presenta una nueva, ésta responda a los estándares internacionales; que la Procuraduría General de la República solicite a los tribunales militares sus investigaciones sobre violaciones a derechos humanos cometidas por militares; y que el tema del fuero militar salga de las discusiones de la Ley de Seguridad Nacional.

Además, exigen a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a la que califican de “omisa”, que se pronuncie sobre el tema y que en futuras recomendaciones sobre violaciones a derechos humanos perpetradas por militares, “cese su práctica de solicitar que se le dé vista al Ministerio Público Militar, para que sea la autoridad civil la que conduzca las investigaciones”.

De acuerdo con datos de la Sedena, al menos, 216 militares deberán estar sujetos al fuero ordinario. También, comentan las organizaciones de derechos humanos, los elementos castrenses que violaron y torturaron a Inés Fernández Ortega y a Valentina Rosendo Cantú, indígenas me’phaa; así como los que torturaron a Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, campesinos ecologistas.

militares implicados En enero de 2011, la Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación informó a Contralínea que, durante una década de gobiernos panistas, tiene conocimiento de 74 presuntas desapariciones forzadas. Al menos 29 de estas investigaciones recaen en juzgados militares.

Se trata de los casos de Nitza Paola Alvarado Espinoza, José Ángel Alvarado Herrera, Rocío Irene Alvarado y 24 personas más, a cargo de la Procuraduría General de Justicia Militar de Chihuahua; y el de Raúl Evangelista Alonso y Roberto González Mosso, en manos del Ministerio Público Militar adscrito a la 35 zona militar de Chilpancingo, Guerrero, que inició la averiguación previa 35ZM/26/201.

Pero éstos no son los únicos crímenes de lesa humanidad en los que se habría probado la participación de militares. El de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez es el único caso reciente de desaparición forzada de luchadores sociales que, a través de la recomendación

3 mIL

DESAPARICIONES FORZADAS: ONU

5 mIL

QUEJAS POR EXTRAVÍO: CNDH Rubén Darío Betancourt

mación ciudadanas consultadas por este semanario.

El problema tampoco se resuelve en el ámbito local. En cada entidad federativa, son las comisiones estatales de derechos humanos y las organizaciones civiles las que van engrosando sus listas con nombres y datos de las víctimas.

Un caso dramático es el de Coahuila. Los reportes de las autoridades locales refieren 219 denuncias por ese delito. El Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Larios, adscrito a la diócesis de Coahuila, también tiene documentadas 185 desapariciones forzadas en la entidad.

En Michoacán, uno de los estados que más ha sufrido la violencia de la supuesta “guerra” contra las drogas, la Comisión Estatal de Derechos Humanos ha documentado 165 desapariciones forzadas, ocurridas entre 2010 y agosto de 2011.

En contraste, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua asegura que su registro de denuncias es de sólo 48 desaparecidos forzadamente entre 2008 y 2010. Las cifras se potencian en Guerrero. Ahí, el Taller de Desarrollo Comunitario ha documentado 1 mil 694 casos de desapareciones forzadas entre

En el derecho internacional, la desaparición forzada es considerada un crimen de lesa humanidad

La cifra de desaparecidos con Calderón triplica a la de la Guerra Suciat

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CONTRALÍNEA | DEL 4 AL 10 DE mARzO DE 2012 SECCIÓN PORTADA Desde la década de 1960, la CNDH sólo ha informado de 238 casos de desaparición forzada

7/2009, reconoce la CNDH. También, el único en el que se ha logrado establecer una interlocución con el gobierno federal, con duración aproximada de un año.

El 4 de abril de 2011, Gabino Cué Monteagudo, gobernador de Oaxaca, aceptó la recomendación que la CNDH dirigió a la administración de su antecesor, Ulises Ruiz Ortiz. No obstante, la desaparición forzada de los integrantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR), perpetrada el 24 de mayo de 2007 en la ciudad de Oaxaca, continúa impune.

El 21 de abril de 2009, la Comisión de Mediación entre el EPR y el gobierno federal –un grupo de intelectuales creado en 2008 con el objetivo de posibilitar la presentación con vida de estos militantes– dio por terminada su misión ante la “falta de interés, voluntad política y actitud poco atenta” de las autoridades.

“Lo que veíamos era una intención de hacer sesiones, de sacar fotografías, de usarlo en los medios, pero no realmente de resolver el problema”, manifiesta José Enrique González

Ruiz, coordinador de la maestría en derechos humanos de la Universidad Autónoma de la Cuidad de México e integrante de la Comisión.

A más de cuatro años de la desaparición de Reyes Amaya y Cruz Sánchez, no se sabe de servidores públicos o militares a los que se les haya llamado a declarar o fincado responsabilidad; no hay evidencia de avances en la localización de los activistas; tampoco se ha llevado a juicio a los culpables; además, en la investigación de la PGR el

Gobierno reconoce sólo 74 desapariciones forzadas durante el panismo. De éstas, 29 involucran a militares

delito que aparece es el de privación ilegal de la libertad en su modalidad plagio o secuestro y no el de desaparición forzada.

A decir de González Ruiz, este caso es “simbólico y paradigmático” por lo que “si podemos esclarecerlo y llevar a los responsables ante los tribunales, se puede abrir una rendijilla por la que se cuele la justicia para los demás casos de desaparición forzada en México”.

Desde su creación, en la década de 1980, el Grupo de Trabajo de la ONU ha transmitido al

gobierno de México 412 casos.

De éstos, 233 (el 57.76 por ciento) siguen sin resolverse; 16 se han discontinuado; 24 se han esclarecido con base en la información proporcionada por los demandantes; y 134, a partir de los informes gubernamentales.

Estos datos “no son representativos de la dimensión del tema en cuestión”, advierte el Grupo de Trabajo en su informe preliminar de su reciente visita a México. “El incremento de nuevos casos admitidos durante 2010 y el gran número de nuevas

“Crimen organizado, autor del 40 por ciento de las desapariciones”

T

omás Pérez Serrano, director del Programa de Presuntos Desaparecidos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) asegura que, en los últimos años, al menos entre el 40 y el 45 por ciento de los casos concluidos está relacionado con la delincuencia organizada.

A la fecha, el organismo autónomo sólo ha emitido cuatro recomendaciones por desaparición forzada. La 26/2001, en la que reconoce la desaparición, du-

rante la Guerra Sucia, de 275 luchadores sociales; la 9/2005, sobre el caso de Alejandro Martínez Dueñas, Jesús González Medina y Gabriel Sánchez Sánchez, quienes fueron desaparecidos el 30 de junio de 2001 por elementos de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia de Colima; la 15/2005, que refiere la desaparición de Luis Verea Falcón perpetrada en 1997 por agentes de la Policía Judicial de Morelos; y la 7/2009, respecto de la desaparición

de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez durante un operativo a cargo de militares y policías de Oaxaca.

Ninguna de estas recomendaciones ha sido satisfecha por el Estado mexicano, refiere Tomás Pérez Serrano. “Ninguna de ellas se ha concluido porque no se han alcanzado a cumplir en su totalidad, sino de manera parcial, sus puntos”.

Cuestionado sobre el escaso número de recomenda-

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CONTRALÍNEA | DEL 4 AL 10 DE mARzO DE 2012

Aunque la CNDH no reconoce las quejas de extravío como desapariciones forzadas, defensores de derechos humanos valoran que muchas sí podrían considerarse así

alegaciones recibidas durante la visita podrían indicar un deterioro de la situación de desaparición forzada en México”.

Del 18 al 31 de marzo de 2001, Jasminka Džumhur, Ariel Dulitzky y Osman El Hajjé, integrantes del Grupo de Trabajo de la ONU, visitaron México. De sus reuniones con autoridades federales y locales, organizaciones de la sociedad civil, organismos protectores de derechos humanos y familiares

de personas desaparecidas confirmaron que el principal reto es acabar con la impunidad “para los delitos en general, y para las desapariciones forzadas en particular”.

A los representantes de la ONU únicamente se les informó de dos sentencias condenatorias por el delito de desaparición forzada en contra de servidores públicos, mismas que actualmente se encuentran en proceso de apelación. Respecto de las desapariciones forzadas cometidas durante la Guerra Sucia, tuvieron noticia de que sólo el 2.5 de los casos investigados resultó en el inicio de una investigación penal; que 20 de éstos fueron consignados ante una autoridad judicial; y que si bien las investigaciones ministeriales continúan, ningún funcionario ha sido sentenciado, detenido o está en espera de juicio.

En su informe de observaciones preliminares, en el que dirige 34 recomendaciones al Estado

Desapariciones forzadas, sin registros oficiales

ciones que emite la CNDH en relación con las quejas que recibe (de 2000 a la fecha ha recibido al menos 679 por desaparición forzada) y los casos que demandan las organizaciones no gubernamentales, Pérez Serrano lamenta que sólo en estos cuatro casos se haya podido acreditar fehacientemente la desaparición forzada.

No obstante, asegura que todas las quejas que llegan al Programa continúan abiertas, en tanto se desconozca el paradero de las víctimas. Los casos son radicados en el Sistema Nacional de Información de Personas Extraviadas y Fallecidas no Identificadas, integrado por alrededor de 1 mil expedientes.

mexicano, el Grupo asegura que la PGR “no aportó ninguna información específica respecto a las líneas de investigación, los avances significativos en las investigaciones, la posibilidad de

nuevas acusaciones y los canales de comunicación con los familiares de las personas desaparecidas forzosamente”.

En agosto pasado, Javier Zuñiga –director de Investigación de

Amnistía Internacional– señaló que México puede vivir una situación similar a la de las dictaduras de Suramérica, sobre todo por la presunta responsabilidad de militares en las desapariciones forzadas.3 David Cilia

David Cilia

info@contralinea.com.mx

En la impunidad, las desapariciones de milicianos del EZLN, cometidas en la década de 1990

A decir de Pérez Serrano, al gobierno mexicano le ha faltado objetividad, un poco de voluntad política, pero sobre todo, plena comprensión de que para que los instrumentos internacionales y regionales en materia de derechos humanos funcionen, se requiere además del consenso de las autoridades involucradas en los tres órdenes de gobierno.

El titular del Programa de Presuntos Desaparecidos asegura que con la Reforma Constitucional en Materia de Derechos Humanos, promulgada el pasado 9 de junio, la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones

Forzadas y la competencia de su Comité “van a ser más importantes y más de fondo”, por lo que ese y otro temas “se van a empezar a trabajar en su conjunto”.

Los cambios constitucionales favorecerían, asimismo, las investigaciones de desapariciones forzadas. Las restricciones para que la CNDH acceda a los expedientes de los Ministerios Públicos quedarían en el pasado; además, los funcionarios que no colaboren con el organismo autónomo, como los gobernadores que se niegan a aceptar sus recomendaciones, tendrían que responder ante los tribunales, expone Pérez Serrano.

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MEDIOS

Panismo: 104 periodistas asesinados o desaparecidos Rubén Darío Betancourt

D

Desde que el PAN arribó a la Presidencia de la República, 104 periodistas han sido asesinados o desaparecidos. Los casos más recientes son el homicidio de Raúl Régulo Garza Quirino –del semanario La última palabra de Nuevo León– y la desaparición de Manuel Fonseca Hernández –de El Mañanero de Veracruz–, ocurridos en enero pasado y septiembre de 2011, respectivamente.

“La libertad de prensa en México es un enfermo grave con ganas de vivir”: Darío Ramírez, representante de Artículo 19

La mayoría de los crímenes, impunes y sin investigar

Julio César Hernández

urante la actual administración de Felipe Calderón se contabilizan 75 agresiones contra periodistas: 62 asesinatos y 11 desapariciones. Si se agregan los números del sexenio de Vicente Fox Quesada (26 asesinados y 4 desaparecidos), la cifra se eleva a 104.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) y diversos organismos internacionales de defensa de los derechos humanos consideran que México es el país más peligroso de América para ejercer el periodismo.

Actualmente, es “una profesión de alto riesgo” en este país, coinciden Balbina Flores, representante de Reporteros sin Fronteras, capítulo México, y el quinto visitador Fernando Batista, director general del Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

A decir de Darío Ramírez, representante en México de la organización internacional de defensa de las libertades de expresión e información Artículo 19, “desde 2006 la tendencia es la misma”.

El clima adverso generalizado que se vive en el país se evidencia en el aumento de agresiones a periodistas. Rogelio Hernández, coordinador de protección de la Casa de los Derechos de Periodistas, confirma: “Las cifras son un reflejo de la alta vulnerabilidad del gremio”.

Hasta la fecha, los registros oficiales y de organizaciones no gubernamentales consultados por Contralínea dan cuenta de 10 asesinatos de mujeres periodistas en lo que va de la actual administración. En toda la historia del periodismo en México y hasta antes del calderonismo, habían sido asesinadas seis trabajadoras de los medios de comunicación.

En el Distrito Federal, entidad que se había mantenido con los índices más bajos de agresiones a mujeres periodistas, ahora se pueden contar cuatro casos. Tres de ellos fueron asesinatos. Uno, desaparición forzada. Siete homicidios restantes ocurridos durante el panismo han tenido lugar en Tamaulipas, Oaxaca, Veracruz y Guerrero.

A decir de Agniezka Raczynska, secretaria ejecutiva de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos, “las mujeres defensoras (de derechos humanos) y las mujeres periodistas estamos en una situación aún más

REDACCIÓN

vulnerable por la condición de género”.

El clima hostil que vive México no exime a los periodistas; además, no se vislumbra un cambio a corto plazo, declara la representante de Reporteros sin Fronteras, Balbina Flores.

El incremento en el número de estos

“El gobierno, en sus tres niveles, no ofrece las condiciones necesarias para garantizar la seguridad de quienes ejercen el periodismo”

casos podría responder a la “falta de eficiencia y prontitud para esclarecer los crímenes anteriores, a la impunidad, a la corrupción, a la falta de voluntad política”, explica –en entrevista con Contralínea– la diputada Yolanda Valencia, presidenta de la Comisión Especial de Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación. Ante estos hechos, quedaría al descubierto la responsabilidad del Estado mexicano.

Representantes de organizaciones no gubernamentales coinciden en que el

gobierno, en sus tres niveles, no ofrece las condiciones necesarias para garantizar la seguridad de quienes ejercen el periodismo. No se cuenta con una policía investigadora que favorezca el esclarecimiento de cada uno de los casos denunciados.

No se tiene la seguridad de que se castigará a quienes atenten contra los periodistas, asegura Abel Barrera, presidente del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan.

Además de que las leyes mexicanas no protegen de manera suficiente el trabajo de los periodistas, los profesionales de la comunicación se encuentran con que las autoridades son negligentes u omisas.

Muchas veces, son los perpetradores de las agresiones.

“Las autoridades están coludidas; tienen intereses económicos o políticos y les irritan los periodistas de investigación, críticos, analíticos, que cumplen con su función de informar a la sociedad”, consi-

49%

DE LAS AGRESIONES FUERON COMETIDAS POR UNA AUTORIDAD

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CONTRALÍNEA | DEL 4 AL 10 DE mARzO DE 2012 mEDIOS México, considerado el país más peligroso de América para ejercer el periodismo

para la democracia nacional.

Asimismo, la Comisión Especial de Seguimiento a las Agresiones a Periodistas pugna porque el Estado mexicano reconozca la importancia de este sector de la sociedad y, de esta forma, pueda convertirse en una comisión permanente con mayores facultades.

En cuanto a la labor de las fuerzas policiales, una mayor capacitación de sus cuadros podría derivar en mejores inves-

tigaciones que favorezcan el esclarecimiento de los casos. Pues siempre que se mantengan impunes los crímenes contra periodistas se estaría favoreciendo la incidencia de estos delitos que atentan contra la libertad de expresión, el derecho a la información y la democracia.

En palabras del representante de Artículo 19: “La libertad de prensa en México es un enfermo grave con ganas de vivir”.3

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Son hoyos negros informatidera Miguel Concha Malo, vos, asegura Ramírez. director general del Desde el Centro de Centro de Derechos Derechos Humanos Humanos Fray FranTlachinollan, Abel cisco de Vitoria. En Barrera completa: efecto, de acuerdo “Se buscan métocon el informe La dos de autoprotecviolencia en México ción como la y el derecho a la autocensura”. información, presenLas condiciones tado en mayo de 2011 actuales para el ejercicio por Artículo 19 y el del periodismo en Centro Nacional de Comunicación “Las cifras son un reflejo de la alta vulnerabilidad México no son las mejores. El panoSocial, el 49.03 por del gremio”: Rogelio Hernández, coordinador de ciento de las agre- protección de la Casa de los Derechos de Periodistas rama podría continuar igual en tanto siones contra periono se reconozca distas durante 2010 que “cada atentado en perjuicio de un fueron cometidos por alguna autoridad.

Ante las condiciones de violencia en el comunicador o periodista es un atentado país, los periodistas han tenido que adop- a la vida democrática del país”, señala tar sus propios mecanismos de protec- Fernando Batista, quinto visitador de ción. Darío Ramírez, representante de la Comisión Nacional de los Derechos Artículo 19, explica que a partir de la Humanos.

No obstante, existen vías que podrían administración presidencial de Felipe Calderón se han presentado nuevos tipos fortalecer la seguridad para el ejercicio de amenazas contra la libertad de expre- periodístico en México. A decir los distinsión. La organización ha registrado, por tos organismos consultados por lo menos, cinco editoriales en las que se Contralínea, la creación de políticas públiclaudica, por motivos de seguridad, a la cas y la federalización de los delitos en cobertura de ciertos temas relacionados contra de comunicadores representarían con violencia y el crimen organizado. un avance no sólo para el gremio, sino

Con Calderón se han presentado nuevos tipos de amenazas contra la libertad de expresión: Artículo 19

Rubén Darío Betancourt

“Una mayor capacitación de los cuadros policiales podría derivar en mejores investigaciones que favorezcan el esclarecimiento de las agresiones contra periodistas”

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CAPITALES

mAYELA SÁNCHEZ

Sobornos empresariales, en la impunidad Transparencia Internacional y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico revelan en sendos informes que el país carece de un marco legal apropiado para investigar y sancionar los sobornos que involucran a corporaciones privadas. El asunto no es menor: México ocupa el tercer lugar entre los países donde las empresas incurren con mayor frecuencia en el delito de cohecho. Los pagos ilegales se presentan sobre todo en las contrataciones de obra pública y en el sector de la construcción e involucran tanto a funcionarios gubernamentales como a grandes compañías. Sin embargo, hasta ahora la PGR sólo investiga dos casos

que favorece que en éstos se cometan malas prácticas.

El organismo internacional alerta de los costos “dañinos” que implica el soborno empresarial: adquisiciones deficientes e injustas contrataciones y decisiones de inversión que “engañan” a los contribuyentes, que son los que pagan la obra pública en última instancia.

Transparencia Internacional advierte que “en el sector de la construcción, estas amenazas a la calidad y estándares de seguridad de las construcciones también pone en peligro la vida de las personas, como lo han atestiguado las muertes por terremotos en los países con altos niveles de corrupción”.

Otras consecuencias para el sector gubernamental son la reducción en la calidad de los servicios públicos y la merma de la confianza en las instituciones del Estado.

Para el sector empresarial esta práctica perjudica la competitividad, crea inestabilidad para las compañías y significa un riesgo creciente para su reputación y finanzas.

Soborno empresarial, práctica común La organización Transparencia Internacional distingue tres tipos de sobornos que involucran a las empresas: los de pequeña escala, los de gran nivel y los que se dan entre corporaciones.

Pero sin distinción, la forma más común es en la que se busca asegurar influencia en las políticas, regulaciones y decisiones legislativas. De acuerdo con Transparencia Internacional se trata de la forma de corrupción vista

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Julio César Hernández

CASOS INVESTIGA LA PGR

A

pesar de que México es el tercer país donde las empresas pagan más sobornos, de acuerdo con Transparencia Internacional, en los últimos siete años la Procuraduría General de la República (PGR) sólo ha abierto dos investigaciones al respecto.

Ninguno de los casos involucra a compañías mexicanas, de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), por lo que podría tratarse de firmas extranjeras que sobornaron a servidores públicos mexicanos para obtener contratos del gobierno.

Desde 1999, México forma parte de la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en las Transacciones Comerciales Internacionales, que compromete a los integrantes de la OCDE a erradicar el delito de cohecho extranjero en sus respectivos países. Éste involucra tanto al soborno que dan las empresas nacionales, a funcionarios de otros países como a los pagos ilegales que realizan las compañías extranjeras a empleados del gobierno.

Aunque el Código Penal Federal contempla el delito de cohecho a funcionarios públicos extranjeros, a ojos del organismo que agrupa a las principales economías del mundo,

esta normativa mantiene significativas limitaciones.

Una de éstas es que la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de Justicia –entidad encargada de investigar y perseguir el delito de cohecho que involucra a funcionarios públicos– no puede procesar a las empresas, asienta la OCDE. La falta de experiencia en investigaciones criminales empresariales, agrega el organismo, se traduce en que las pesquisas sobre corrupción suelen centrarse en los servidores públicos y no en las empresas sobornadoras.

Tal señalamiento toma un cariz alarmante si se considera que la contratación de obra pública es, junto con el sector de la construcción, el área más proclive a los sobornos de las empresas, como señala el más reciente Índice de pagadores de sobornos.

El listado, publicado por Transparencia Internacional, señala que tales sectores son vulnerables debido a que en éstos los contratos suelen ser de gran dimensión y los proyectos de construcción únicos y, por lo tanto, difíciles de referenciar en costo y tiempo, lo que facilita que se inflen sus costos.

Además, al tratarse de sectores fragmentados, en los que hay contratistas y subcontratistas, el procedimiento de pagos y la difusión de estándares es más complejo, lo

como la más usual en la mayoría de las áreas económicas que evaluó en su Índice.

No obstante, hay una diferencia notable entre los grandes y los pequeños sobornos: mientras que a pequeña escala los pagos de facilitación suelen darse en todos los sectores, el cohecho a gran escala es más común en ámbitos como el bancario, financiero, forestal, minero y el del petróleo y gas, pues en éstos la regulación es altamente especializada y están típicamente dominados por grandes compañías con significativos recursos económicos.

En lo que respecta a los sobornos entre empresas, Transparencia Internacional apunta a que las compañías son casi tan propensas a ofrecer dádivas ilegales a sus pares como a los funcionarios, lo que evidencia que “la corrupción no es sólo un fenómeno que involucra a servidores públicos que abusan de su posición, sino también una práctica de la comunidad de negocios”.

En este caso, los sobornos tienen el propósito de asegurar transacciones o facilitar el funcionamiento de mafias de negocios ilegales. Y no sólo se trata de regalos y atenciones ofrecidas a potenciales clientes o socios, sino incluso de la exigencia de cohechos a sus posibles oferentes.

Los efectos de este tipo de sobornos se resienten en la cadena de la oferta, pues al distorsionar la competencia se incrementan los costos para las empresas. Ello daña sobre todo a las compañías más pequeñas o “con gran integridad” que no pueden competir de este modo o se niegan a hacerlo.

En México, de acuerdo con la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), las empresas

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CAPITALES SECCIÓN

de Investigaciones Sociales de la UNAM, vislumbra una interrelación entre el Estado, el mercado y la sociedad que ha derivado en un “círculo vicioso”. En éste, a decir de la investigadora, tienen responsabilidad tanto el gobierno como las empresas.

Normatividad insuficiente Como firmante de la Convención Antisoborno de la OCDE, México ha asumido el compromiso de combatir el soborno extranjero, que involucra al sector empresarial.

El artículo 222 bis del Código Penal Federal hace referencia al delito de cohecho a servidores públicos en el extranjero, pero para la OCDE éste mantiene significativas limitaciones.

Por ejemplo, sólo se puede responsabilizar a una empresa de haber sobornado a un funcionario si quien lo hizo es un integrante o empleado de la compañía y únicamente si efectúa el pago ilegal al usar la razón social de la empresa.

Otra laguna en la ley es la jurisdicción para perseguir a personas morales por cometer soborno en otros países. Y es que el Código Penal Federal sólo concede jurisdicción para perseguir a mexicanos, sin aclarar si ello incluye a personas morales incorporadas o con sede en México.

La OCDE también considera como un problema las sanciones económicas, debido a que son muy bajas y difíciles de calcular para el caso de que el beneficiario de un soborno sea una gran multinacional con varias subsi-

diarias o empresas en consorcio.

Otra deficiencia legal es que no se prevé la confiscación de propiedades de valor equivalentes ni la imposición de multas similares a las ganancias del soborno.

Esto contradice lo pactado en la Convención Antisoborno, señala la OCDE. Las limitaciones de la normativa mexicana son más evidentes al hablar de cifras, pues en siete años la PGR sólo ha abierto dos investigaciones relacionadas con sobornos extranjeros: una data de 2004 y la otra de 2005.

El caso abierto en 2004 prescribirá en diciembre de este año y hasta ahora sigue pendiente la asistencia judicial extranjera solicitada por la PGR. Tal petición, sin embargo, se hizo hasta 2008, cuatro años después de iniciada la investigación.

Aún más: el caso llegó a la Procuraduría de manos de autoridades extranjeras y originalmente se trató de una pesquisa por lavado de dinero, iniciada en 2001. Sólo al cabo de tres años, la investigación se amplió para incluir el delito de soborno extranjero.

El otro caso también provino de una indagatoria foránea. Apenas en 2010, la autoridad mexicana envió una solicitud de asistencia judicial extranjera, que también sigue pendiente.

A pesar de que la PGR sólo investiga dos casos de soborno extranjero, la OCDE señala que “el perfil económico de México sugiere que debería tener algunos casos [más]”.

Ello a razón de que empresas mexicanas se encuentran en países “proclives a la corrupción”, lo que supone un riesgo para la comisión del cohecho en el extranjero.

Julio César Hernández

10%

DEL PIB SE PAGA EN SOBORNOS

El cohecho a gran escala, común en el sector minero: Transparencia Internacional

Las propuestas La OCDE, que agrupa a las mayores economías del mundo, no pasa por alto en su revisión que en México no se le ha dado la suficiente atención a este tipo de delitos.

Las intervenciones telefónicas, por ejemplo, sólo se permiten en investigaciones de “crímenes serios”, que incluyen el contrabando de bienes robados, el robo de vehículos y el lavado de dinero, pero no el soborno, critica la OCDE. Otra situación que desaprueba es que no se puedan procesar por cohecho extranjero a las empresas controladas por el Estado.

La autoridad mexicana arguye que se trata de compañías estratégicas para el desarrollo nacional, por lo que no deben ser sujetas a un régimen legal que pudiera derivar en su disolución.

Si acaso se podría sancionar a sus directivos y empleados por los daños causados. Pero para la OCDE este tipo de delitos no debe admitir excepciones.

Al respecto, la doctora Sandoval Ballesteros acota que tampoco se debe subordinar la normatividad nacional a las exigencias de organismos financieros supranacionales, cuya agenda puede ser la privatización de los servicios estatales.

En su opinión, la responsabilidad de las autoridades no sólo es por su participación en la práctica del soborno, sino también por no alentar la denuncia de informantes internos, a través de una ley de protección y estímulo.

Esta alternativa, explica, no pone todo el peso en la corrupción pública, sino que da cuenta también de que muchas veces el primer paso proviene de los altos ejecutivos de las compañías.

Sin embargo, la investigadora se muestra poco alentada sobre esta propuesta: “Si las pocas leyes no están siendo respetadas, los funcionarios mucho menos se van a estar preocupando en buscar una nueva”.

Otra propuesta es la que plantea el sector empresarial: la creación de un “zar anticorrupción”. A decir del presidente de la Coparmex, se trataría de un ciudadano “autónomo y apartidista”.

Gutiérrez Candiani explica que la organización que preside promueve una “cruzada nacional contra la impunidad”, pues los empresarios consideran que es precisamente la falta de leyes y de instituciones fuertes, así como la ausencia de una cultura de respeto a la legalidad, lo que ha llevado a México a ocupar niveles tan altos en mediciones de corrupción.3

Rubén Darío Betancourt

destinan hasta un 10 por ciento del producto interno bruto al pago de sobornos.

En entrevista con Contralínea, Gerardo Gutiérrez Candiani, presidente de la Coparmex, indica que muchas empresas “se ven en la necesidad, equivocadamente, de caer en algún tema de estos [del pago de sobornos], porque si no, no tienen acceso, no les dan oportunidad”.

El líder de la agrupación que concentra a más de 36 mil empresas del país juzga que este tipo de conductas se deben combatir y critica que si las condiciones de competencia fueran más equitativas y totalmente transparentes “todas las empresas tendrían posibilidades [de ganar], de saber que a través de su trabajo pueden ganar concursos”. Por el contrario, “lo que sucede es que en muchos casos tienen que entrar en este tipo de contubernios, con los cuales, siempre lo hemos señalado, tenemos que estar en contra”.

Para la investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, especialista en temas de transparencia y rendición de cuentas, lo que el cohecho corporativo exhibe es una colusión entre autoridades y empresas.

Más que un asunto de ética corporativa o de control gubernamental, Sandoval Ballesteros concibe este fenómeno como un “abuso de poder”, lo mismo en el ámbito económico que en el político.

La coordinadora del Laboratorio de Documentación y Análisis de la Corrupción y la Transparencia del Instituto

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Julio César Hernández

México es el tercer país donde las 01 % Cintillopagan superiormás 1 ensobornos: dos pisos. 100 caracteres empresas con espacios.

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El presidente Felipe Calderón y el exsecretario de la Función Pública, Salvador Vega Casillas (a la izquierda)

“El sector de la construcción es el más proclive a los sobornos de las empresas”

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ANÁLISIS ENSAYO

E

Santiago Gallur Santorum*

l análisis exhaustivo del contexto del narcotráfico en México de los últimos 50 años nos ha permitido sacar a la luz una serie de situaciones poco analizadas. Concretamente me refiero al hecho de que no haya habido un cuestionamiento abierto y contundente sobre la eficacia de las políticas de lucha contra el narcotráfico. Y es que los discursos oficiales antinarco, tanto de México como de Estados Unidos, carecen de coherencia histórica, aunque por motivos y condicionantes distintos.

Mientras Estados Unidos ofrecía una férrea moral de oposición frontal contra el tráfico de drogas, a la vez que algunas de sus agencias de inteligencia eran señaladas por sus vínculos puntuales con el tráfico de estupefacientes (DEA [agencia antidrogas estadunidense]: Mexico OPS, Informe de inteligencia; “FBI/DEA/CIA files on William Robert –Tosh’ Plumlee”; Scott, Cocaine Politics, páginas 36-42, http://toshplumlee.info/), México se veía obligado (como siempre) a asumir la violencia impuesta contra el narco como única forma de enfrentarse al problema.

Es más, el país enfrentó el problema del narcotráfico de la misma manera en que enfrenta todo problema de seguridad doméstica. La Guerra Sucia se muestra como el ejemplo perfecto de la aplicación genérica de la violencia extrema contra la supuesta disidencia, impuesta por el vecino del Norte (Comisión de Trabajo para el Esclarecimiento de la Verdad Histórica, de la Fiscalía Especial para los Movimientos Sociales y Políticos del Pasado. Procuraduría General de la Republica [PGR] mexicana.

Informe general sobre la Guerra Sucia [carece del capítulo dos]. Capítulos del 1 al 12, borrador del informe del Fiscal Especial) México, Distrito Federal, 26 de febrero de 2006, http://www.gwu.edu/~nsarchiv/ NSAEBB/NSAEBB180/).

Esta sumisión a Estados Unidos se entiende dentro del contexto de sus relaciones bilaterales de los últimos 50 años (The National Security Archive [NSA], The Mexico project, http://www.gwu. edu/~nsarchiv/mexico/), del dominio de dicho país sobre América Latina a partir de la Segunda Guerra Mundial, y sobre todo en el periodo de la Guerra Fría (NSA. Electronic Briefing Books. Latin America, http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/

Políticas antinarco en México: pasado, presente y futuro index.html#Latin%20America). Dicha sumisión se tradujo en una violencia extrema y constante como forma de lucha y control del comunismo. El amparo, asesoramiento y apoyo económico (y armamentístico) a México fue absoluto por parte de Estados Unidos, y sirvió como forma de controlar los “daños colaterales” sobre su sistema político y económico. La política contra el narcotráfico fue una derivación directa de dicho “apoyo” estadunidense y provocó la continuación de un patrón de actuación proveniente del otro lado del Río Bravo. El problema es que dicho patrón de acción continúa hasta hoy, bajo la Iniciativa Mérida, sin que apenas haya un cuestionamiento de su eficacia (Anthony P Placido, administrador adjunto de Inteligencia de la DEA: “The US government’s domestic obligations under the Merida Initiative”).

Esto obliga a revisar comparativamente el discurso antinarco y sus efectos durante las últimas cinco décadas, para contrastar su eficacia y la necesidad de cuestionar la viabilidad de una política fallida.

narco, los cárteles mexicanos vieron aumentado su poder (Guadalupe González y Marta Tienda. México y Estados Unidos en la cadena internacional del narcotráfico.

México, Distrito Federal, Comisión sobre el Futuro de las Relaciones México-Estados Unidos, Fondo de Cultura Económica, 1989, páginas 15-33, 37-64, 65-90, 97-121, 171-174) debido a los grandes beneficios económicos que empezaron a obtener al colaborar y hacerse socios de los cárteles colombianos en el transporte de la cocaína hacia Estados Unidos (Leónidas Gómez Ordoñez, Cártel: historia de la droga, Bogotá, Colombia, Investigación y concepto LTDA, 1991, páginas 180, 181, 198-203, 365-368; Thomas A Constantine, administrador de la DEA, International drug trafficking organizations in Mexico, 8 de agosto de 1995).

Es más, en 1992 Peter Smith estimó que a finales de la década de 1980 la venta de drogas en Estados Unidos superaba los 110 mil millones de dólares (Carlos Loret de Mola. El negocio. La economía de México atraPor su ineficacia, pada por el es necesario narcotráfico. México, cuestionar el Incoherencias Distrito Federal, Supuestamente tanGijalbo, 2001, págidiscurso antinarco to México como na 142). y sus efectos Estados Unidos Así, después de llevan luchando que a finales de activamente contra el narcotráfico en terri- esa década y principios de la de 1990 los torio mexicano desde la década de 1960 nuevos capos mexicanos se repartieran el (Juan Barona Lobato, México ante el reto de territorio, la DEA estimaba que había las drogas. México, Distrito Federal, cocaína colombiana almacenada en México Impresiones Modernas, PGR, 1976, páginas para pasar al otro lado del Río Bravo por 39-70, 147-259). Así lo han proclamado “a valor de cerca de 1 billón de dólares viva voz” los discursos oficiales de ambos (Thomas A Constantine: International drug gobiernos durante las décadas de 1960, trafficking organizations in Mexico, 8 de agos1970, 1980, 1990 y 2000. Sin embargo, de la to de 1995), cuando a través de informes de mano de políticas basadas en la erradica- organizaciones de Estados Unidos se había ción de los cultivos de drogas (Francisco constatado que tan sólo en 1998 los estaduOrtiz Pinchetti, et al. La Operación Cóndor, nidenses gastaron 66 mil millones de dólaMéxico, Distrito Federal, Proceso, 1981, res en drogas (Carlos Loret de Mola. El páginas 5-75), el consumo de estupefacien- negocio. La economía de México atrapada tes en Estados Unidos “producidos” en el por el narcotráfico. México, Distrito Federal, país (como la mariguana y la heroína) no Gijalbo, 2001, página 142). dejó de aumentar durante las décadas de Una decenio más tarde, un informe de la 1960 y 1970, debido a un incremento expo- DEA señalaba que los narcos mexicanos en nencial de la demanda (Carlos Loret de asociación con los colombianos obtenían Mola. El negocio. La economía de México beneficios económicos de entre 19 y 39 atrapada por el narcotráfico. México, Distrito billones de dólares anuales (Lanny A Federal, Gijalbo, 2001, páginas 35-52, Breuer, secretario auxiliar de la División 68-84), por lo que en la década de 1980, a Penal del Departamento de Justicia de pesar de todas las campañas contra el Estados Unidos, et al, DEA, “The rise of

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mexican drug cartels and US National Security”, 9 de julio de 2009). Es decir, que en tan sólo 10 años (y si se considera cierto que a mediados de la década de 1990 los narcos mexicanos pudieran haber vendido toda la droga colombiana que tenían almacenada en México según la DEA) los cárteles mexicanos habrían incrementado sus ingresos entre 19 y 39 veces (ídem). Es más, ya en 2010 la DEA afirmaba en otro informe (al hacer referencia al narcotráfico a nivel mundial): “[…] Drug trafficking is a global enterprise that, according to the UN [United Nations] Office on Drugs and Crime, generates approximately 394 billion per year. This figure dwarfs the proceeds from other forms of organized criminal activity […]”: El narcotráfico es una empresa global que, según la Oficina de la Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, genera aproximadamente 394 mil millones por año. Esta cifra empequeñece los ingresos procedentes de otras formas de actividad criminal organizada (Anthony P Placido, “Transnational drug enterprises, parte dos: Threats to global stability and US policy responses”, 3 de marzo de 2010).

Es decir, que los cárteles mexicanos estarían obteniendo un beneficio económico aproximado de entre el 4.82 y 9.89 por ciento de los ingresos derivados del narco de todo el mundo, de acuerdo con los cálculos realizados a partir de las cifras dadas por la misma agencia antidrogas estadunidense (Lanny A Breuer, et al, y Anthony P Placido, op. Cit).

Argumentos confusos El 3 de marzo de 2010, Placido pronunció un discurso en el que alababa el coraje del gobierno de Felipe Calderón al combatir contundentemente el narcotráfico, a la vez que informaba que el encargado de la lucha en México protegía a los cárteles: “[…] The Calderon administration also has aggressively investigated allegations of corruption within the government, arresting hundreds of officials for taking bribes from the cartels.

Even the deputy attorney general responsible for prosecuting traffickers was allegedly protecting them, for a fee of 450 thousand dollars a month…”: El gobierno de Calderón también ha investigado enérgicamente las acusaciones de corrupción dentro del gobierno, arrestando a cientos de funcionarios por aceptar sobornos de los cárteles. Incluso al

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ANÁLISIS

ENSAYO fiscal general adjunto responsable de procesar a los traficantes, quien presuntamente los protegía, por un costo de 450 mil dólares al mes (Placido: “Transnational drug enterprises. parte dos: Threats to global stability and US policy responses”, 3 de marzo de 2010).

Además, reconocía que el consumo de drogas en Estados Unidos era lo que provocaba las ganancias “billonarias” de los cárteles y la entrada de una cantidad “indeterminada” de armamento en México para uso del narco: “[…] On our side of the border, an appetite for illicit drugs causes billions of US dollars and an unknown number of weapons to enter Mexico annually. Many of the smuggled weapons are used against the mexican security forces. The single objective of those who ply the drug trade is profit: for mexican traffickers, that profit is estimated by NDIC [Centro Nacional de Inteligencia de la Droga] at 18-39 billion [of dollars] per year. For all of these reasons, the US and mexican governments share the responsibility to defeat the threat of drug trafficking […]”: En nuestro lado de la frontera, un apetito por las drogas ilícitas produce miles de millones de dólares y provoca que un número indeterminado de armas ingresen a México cada año. Muchas de las armas de contrabando se utilizan contra las fuerzas de seguridad mexicanas. El único objetivo de los que manejan el tráfico de drogas es el lucro: para los narcotraficantes mexicanos, cuyas ganancias son estimadas por el NDIC entre 18 y 39 mil millones de dólares por año (ídem).

Poco después, el 5 de mayo de 2010, Placido y Kevin L Perkins, subdirector de la División de Investigación Criminal de la Oficina Federal de Investigación (FBI, por su sigla en inglés), reconocían públicamente que la mayoría de la cocaína de Suramérica que entraba a Estados Unidos lo hacía a través de México: “[…] Current estimates suggest that approximately 93 percent of the cocaine leaving South America for the United States moves through Mexico […]”: Las estimaciones actuales indican que aproximadamente el 93 por ciento de la cocaína de América del Sur que ingresa a Estados Unidos pasa por México (Anthony P Placido y Kevin L Perkins.

“Drug trafficking violence in Mexico: Implications for the United States”. 5 de mayo de 2010).

Lo realmente grave era que, a la vez, se señalaba algo que ponía totalmente en entredicho la lucha antidrogas por parte de las propias autoridades estadunidenses. Y es que, de acuerdo con Placido y Perkins, “[…] the vast majority of bulk currency interdicted within the US is derived from drug trafficking activities. It is estimated that approximately 18-39 billion dollars annually is moved from the interior of the US to the

Southwest border on behalf of mexican and colombian DTOs. Thus, billions of US dollars are sent back to Mexico annually.

From the mexican perspective, the flow of vast sums of money engenders corruption […]”: La mayoría del dinero sucio en Estados Unidos se deriva de las actividades de tráfico de drogas. Se estima que aproximadamente entre 18 mil y 39 mil millones de dólares al año se desplazan desde el interior de Estados Unidos a la frontera Suroeste, para los cárteles mexicanos y colombianos. Por lo tanto, miles de millones de dólares son enviados de regreso a México cada año. Desde la perspectiva mexicana, el flujo de grandes sumas de dinero engendra la corrupción (Anthony P Placido y Kevin L Perkins, “Drug trafficking violence in Mexico: Implications for the United States”, 5 de mayo de 2010). Es decir que Estados Unidos tenía conocimiento de que decenas de billones de dólares en dinero negro, derivados de la venta de drogas en su territorio, pasaban por las aduanas estadunidenses de la frontera con destino a México.

Contradicciones Lo anterior significa que, primero, las autoridades estadunidenses estarían permitiendo que miles de millones de dólares salgan hacia México, para ser lavados e integrados en el sistema económico legal.

En segundo lugar, indicaría que el narco mexicano no está lavando dinero en Estados Unidos y que, por lo tanto, la economía de dicho país no estaría siendo beneficiada por el tráfico de drogas. Si se toma en cuenta que el patrón de actuación de las redes del narcotráfico suele utilizar empresas de los países donde venden las drogas para lavar su dinero, la información de la DEA en este sentido es cuestionable. Así, hay que recordar que investigadores como Lee Rensselaer han calculado que a mediados de la década de 1980 los narcos suramericanos enviaban de vuelta a sus países unos 1 mil 500 millones de dólares de los 5 mil que obtenían en Estados Unidos (Carlos Loret de Mola. El negocio. La economía de México atrapada por el narcotráfico. México, Distrito Federal, Grijalbo, página 142). Es decir que sólo salía de Estados Unidos el 30 por ciento del dinero negro del narcotráfico. Por ello no tiene lógica que los cárteles mexicanos, que empezaron como simples transportistas de los colombianos, se atreviesen a cambiar de golpe un sistema en el que una parte importante del dinero negro del narco se quedaba en Estados Unidos. Tampoco tiene sentido que los cárteles mexicanos se arriesgasen a mover hacia México la totalidad de sus ganancias (por encima de 19 billones de dólares) si se toma en cuenta que, o bien podrían ser incautados por las propias autoridades estadunidenses en

las aduanas fronterizas, o bien podrían ser robadas por otros cárteles rivales. Es más, es necesario señalar que en el pasado la incautación o el robo de grandes cantidades de dinero del narco han sido motivos suficientes para que los jefes del cártel mandaran matar a los capos responsables de dichas pérdidas.

También se debe tener en cuenta un artículo de mediados de la década de 1990 del profesor estadunidense Peter Lupsha, en el que señala que en 1993 salió a la luz el primer caso oficialmente conocido de “simbiosis” entre el sistema financiero legal de Estados Unidos y el crimen organizado mexicano: “[…] The full scope of Garcia Abrego’s activities surfaced in february 1993 when officials of the Beverly Hills, California, branch of American Express Bank International, a subsidiary of the American Express Co, were indicted for laundering over 100 million dollars of his money […]”: El clímax de las actividades de García Abrego se alcanzó en febrero de 1993, cuando los funcionarios de la Beverly Hills, California, filial de American Express Bank International, una subsidiaria de la American Express Co, fueron acusados de lavado de más de 100 millones de dólares (Lupsha: “Transnational narco-corruption and narco-investment: A focus on Mexico”). En esta línea es necesario mencionar un libro publicado en 1992, El imperio de la droga, a modo de estudio sociológico sobre el tema a través de la compilación de artículos académicos de varios expertos en la materia.

Al principio de éste aparece un mapa desplegable sobre el cultivo, tráfico y lavado de dinero, cuya fuente es el Ministerio de Justicia de Estados Unidos. Lo sorprendente es que en dicho mapa se identifican tres ciudades estadunidenses (Los Ángeles, Nueva York y Houston) como centros de lavado de dinero del narcotráfico a nivel internacional (Francisco Gómez Jara, et al.

El imperio de la droga. México, Distrito Federal, Fontamara, 1992, p. 1).

Hay que recordar que fue precisamente a principios de la década de 1990, cuando los cárteles mexicanos empezaron a consolidar

su asociación con los colombianos, viendo incrementados exponencialmente los beneficios que obtenían del narcotráfico.

Conclusiones Entonces, si se toma en cuenta que lejos de verse reducido el beneficio económico del narco mexicano, con el paso de los años los cárteles han incrementado sus ganancias de forma exponencial, ¿para qué han servido las políticas llevadas a cabo contra éste? En realidad esta pregunta retórica esconde otra más seria, si cabe: ¿Por qué el narco ha visto incrementado tanto sus beneficios con el paso de los años si, según el discurso oficial, las autoridades lo han estado combatiendo con contundencia?

Evidentemente, de ambas preguntas sólo se puede obtener un razonamiento, en coherencia con la evolución del poder y de los beneficios económicos del narco: si bien a lo largo de los años se han llevado a cabo políticas puntuales de “lucha”, primero contra el cultivo de drogas y después contra algunos narcotraficantes, estas actuaciones han sido parciales y mientras ciertos cárteles se veían atacados por las autoridades, otros eran ampliamente beneficiados al librarse de la “competencia”. Es obvio, por tanto, que utilizar la violencia contra los cárteles no ha tenido resultados eficaces sobre el tráfico de drogas, ya que los ingresos de los narcos se han acrecentado sin parar. Por ello, la única “guerra” válida y eficaz contra el narcotráfico será aquella en la que las autoridades se centren en perseguir y detener el lavado de dinero procedente del tráfico de drogas, tanto en México como en Estados Unidos, ya que ésta es la clave del poder armamentístico y de la capacidad de corrupción de los cárteles. De lo contrario, en un futuro próximo, la violencia que hoy se vive en muchas zonas de México se extenderá e inevitablemente llegará al otro lado del Río Bravo.3

*Doctorante en historia contemporánea por la Universidad de Santiago de Compostela, España

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ENSAYO

Horacio Esquivel*

El PAN y su efímero paso por el gobierno

D

ecía un connotado analis- bre, Manuel Gómez Morín, fundador del afirmación. México sigue padeciendo los ta que “cada vez que la PAN y personaje del siglo XX, quien falle- mismos lastres de antaño que con la transieconomía va mal, al parti- ció en abril de 1972, cuando la vasta mayo- ción. Los mexicanos pensaban que el do en el gobierno le va ría de electores que dieron el triunfo a Fox panismo extirparía la concentración ecomal”. Es fácil rebatir esa en 2000 no había siquiera nacido o eran tan nómica y la corrupción política a la que idea simplemente si vemos pequeños que la memoria no les alcanza ahora se agrega la lucha contra el narcotráque, en 1982, José López Portillo dejó un para siquiera ubicar ese nombre. fico que ha convertido a México en un país país en quiebra y su partido, el Partido La generación que en 2000 dio el triun- dividido, peligroso y donde poco se respeRevolucionario Institucional (PRI), no fo a Fox no es la tan las libertades perdió. de Gómez Morín, fundamentales.

Los mexicanos Pero vayamos por partes. En 1988, ni siquiera lo es la Basta con ver Miguel de la Madrid dejó como saldo un de 1968. Se trata de las cifras de muerpensaban que crecimiento de 0 por ciento y una inflación una nacida entre tos y desaparecidos. el panismo de tres dígitos, similar a lo que hizo su 1960 y 1975; es la Periodistas asesinaextirparía la antecesor; pero el PRI no perdió. En 1994, generación del modos por ejercer un corrupción política Carlos Salinas nos dejó una nueva crisis, vimiento social de principio funday la concentración provocada por el torpe manejo que hizo 1988. Evidentemenmental como la del tipo de cambio y de las tasas de interés. te, se escatiman los libertad de expreeconómica Vivimos la crisis de Balanza de Pagos que méritos a quien sión. El secuestro en devino en crisis financiera y quiebra del los tiene, propio todas sus modalidasistema bancario del país. Paradójicamente, del mexicano, como diría el sociólogo des es sólo superado por países como Brasil con Ernesto Zedillo la economía creció casi Gabriel Careaga. que tiene el doble de población que México.

7 por ciento en 2000 y dejó el menor déficit Las principales demandas de los mexi- En síntesis, un país que suma 50 mil muertos fiscal de que se tenga memoria en la histo- canos que votaron por Fox y avasallaron en los últimos cinco años y donde la sociedad ria reciente; no obstante, perdió las eleccio- cualquier estrategia de alquimia electoral, civil ve cada vez más mermadas sus libertades nes para dar paso a una nueva forma de a las que está acostumbrado el PRI, fueron: y su seguridad. gobierno caracterizada por el prejuicio la esperanza de democratización; la idea El costo de la transición ha sido enorme militante y doctrinario. Reza un dicho que fútil de que Fox cobraría cuentas pendien- para México. Fox no sólo incumplió aquela derecha es ignorante y que esta ignoran- tes con personajes oscuros de la política llas demandas que llevaron a votar en masa cia es la causa de los prejuicios. El Partido mexicana, líderes sindicales, funcionarios a su favor, sino que dejó intacto el aparato Acción Nacional (PAN) valida esta idea de causantes de quebrantos financieros suje- de gobierno. Para ello basta ver que en manera notable. tos de la corrupción rampante; y la confor- materia económica no atacó un sólo monomación de una base económica más justa y polio. El más reciente, creado por Salinas Durante la campaña de 2000, el candiequitativa que combatiera los monopolios, de Gortari y que hoy nos concede el triste dato Vicente Fox despertó grandes expecpara lo cual habría que combatir el principal honor de tener al empresario más rico del tativas de cambio y democratización. Fue cáncer de la economía mexicana que es su mundo en un país con más del 60 por cienel ansia de cambio y no la crisis económica manejo político, propio de repúblicas bana- to de su población con algún grado de lo que alentó a la población a votar por el neras, como lo sigue pobreza, y una renta media de 8 mil dólares candidato de oposiendo hasta hoy. (cuando en naciones como Chile o Corea sición. Cárdenas, En efecto, la eco- del Sur, que en la década de 1970 tenían quien era el candiEl costo de la nomía la controla una ingreso promedio menor al mexicano y dato del Partido y maneja un puña- hoy tienen ingresos per cápita de 15 mil de la Revolución transición política do de empresarios y 26 mil dólares, respectivamente).

Democrática, haha sido enorme ligados al poder Padecemos además una distribución del bía abierto la llave para el país político que los ha ingreso catalogada entre las peores de América en 1988, pero desfavorecido.

México Latina, donde el 10 por ciento más rico conpués de tres candidavive esclavo de esos centra por lo menos el 41 por ciento del ingreturas presidenciales empresarios monoso, mientras que en 2006, tenía el 37 por y un triunfo avasapolistas y de un gobierno cómplice que, lejos ciento.

De acuerdo con datos de la Organización llante en el Distrito Federal en 1997, ya se de controlarlos, los ha fortalecido.

Tales eran para la Cooperación y el Desarrollo percibía desgastado.

Su aportación a la transición y su lugar las principales exigencias de esta genera- Económicos (OCDE), de la que México es en la historia de México están garantizados. ción que se vieron incumplidas por Fox. miembro, el 10 por ciento de la población No obstante, el primer acto de soberbia Algunos analistas señalan que la estruc- más rica tiene un ingreso 27 veces mayor al panista lo dio el mentor de Felipe Calderón, tura económica de México y la sociedad 10 por ciento más pobre. Se trata de una Carlos Castillo Peraza, quien en entrevista han cambiado mucho, sobre todo en los proporción que triplica a la media de los dijo que la transición se le debía a un hom- últimos 15 años. Nada más falso que esa países integrantes de dicho organismo.

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En materia de combate a la corrupción, México esperaba ver en la cárcel a líderes sindicales visiblemente corruptos o a los políticos causantes de la crisis de 1995.

Desde luego, tales acciones no eran tan simples, pero al menos se deseaba ver que se tomaban medidas concretas para subsanar las heridas de 70 años del priísmo corrupto. También había la esperanza de que la economía crecería a un ritmo mucho más rápido, dadas las promesas hechas por Fox durante su campaña, en la que anunciaba un día y otro que, eliminada la traba que la corrupción imponía al crecimiento del país, México crecería al 7 por ciento anual.

Nunca lo hizo y el país siguió en su tasa natural de crecimiento mediocre que se ubica entre 2y3 p o r

ciento en un buen año.

Sobre las multicitadas reformas que harían de México un país más competitivo tampoco se hizo nada. En gran medida por el impedimento de un Congreso de la Unión donde prevalecen los partidos de oposición que no quieren permitirle a ningún gobierno que se acredite el éxito de lograr alguna reforma importante.

No obstante, es mucho lo que podía hacerse aún sin reformas. Reducir y reorientar el gasto corriente, por ejemplo; combatir la corrupción, sobre todo en los niveles más altos de la administración pública; mejorar el servicio civil de carrera en todas las entidades públicas; en suma, mejorar la eficiencia gubernamental. Combatir los monopolios tampoco se hizo. Por el contrario, después de haberse instalado en los Pinos, a Fox no se le recuerda por nada más que sus exabruptos que dieron pie a una serie de pasquines

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ANÁLISIS

ANÁLISIS

ENSAYO para el gozo popular. Anunció con bombo y platillo que se casaría a los casi 60 años con su vocera, lo que hizo palidecer a José López Portillo en la conducción irresponsable y frívola de la institución presidencial; se incurrió en vicios pasados como permitir que la familia de la primera dama se enriqueciera impunemente al amparo del poder.

A la corrupción de antaño se sumó la incompetencia y frivolidad de la “pareja presidencial”. No obstante, el sexenio 2000-2006 tenía más joyas de qué presumir: Fox anunciaba la conformación de un gabinete paralelo al formal; nombró comisiones y atrajo a empresarios inexpertos en la administración pública bajo la idea de que éstos son más eficientes en la conducción de presupuestos que los políticos de carrera. Sin embargo, el resultado fue lamentable. Llamó a un grupo de diletantes tan

malos en la administración pública que llevaron a decir a un analista oficial que serían “excelentes jefes de departamento; el problema es que estaban de secretarios”.

En un acto de exaltación de la ignorancia, una de sus funcionarias de primer nivel (secretaria de Estado) llegó a decir que ella sí había estudiado para secretaria.

Tal es el legado de Fox. No obstante, quizá lo que más se recuerde de él es su fallido intento, en términos del resultado, de desaforar a Andrés Manuel López Obrador, a la sazón de Jefe de Gobierno del Distrito Federal. En su afán por impedir que ganara el perredista, Fox intentó descarrilarlo. Al final, no fue esa la razón de la llegada de Felipe Calderón y con él, la garantía de impunidad para Fox y los suyos, sino el dudoso (dicho por cualquier analista serio e independiente, de esos que no se leen en los diarios ni se ven en el canal de las estrellas) manejo y resultado de las elecciones de 2006.

Del gobierno de Calderón no hay mucho que decir, o quizá sí, si se es agente del Ministerio Público. Su gobierno pasará a la historia por dos eventos mayores y algunos anécdotas que se olvidarán con el tiempo.

Primero, su controvertida llegada al poder mediante un proceso electoral tan cuestionado que nunca logró tener legiti-

midad ni autoridad moral. El segundo hecho es acaso consecuencia del primero: justamente en ese fallido afán de lograr legitimidad al estilo salinista (recuérdese el arresto de Joaquín Hernández Galicia, la Quina, y la destitución de Carlos Jonguitud), se trata de la cuestionada y fallida “guerra” contra el narcotráfico. Mucho se discute si era necesaria o no, pero los datos son incontrovertibles.

México se ha convertido en un país violento donde el número de muertos equivale al de una guerra abierta y conven-

experto, quien afirma que no hay un efecto “punitivo”, por lo que la delincuencia organizada encuentra en México un paraíso patrimonial. A esto los economistas le llaman incentivos. Sin los incentivos correctos, la delincuencia, o cualquier acción violatoria de alguna medida, continúa rampante y sin control.

En materia económica no ha habido ningún cambio respecto de la línea económica que siguieron los gobiernos del PRI desde Miguel de la Madrid, y México no ha tenido ninguna reforma importante, buena o mala, desde Salinas de Gortari.

La crisis de 2008 afectó a toda la economía mundial; y México, desde luego, vivió una caída en la producción provocada principalmente por una menor cantidad de productos exportados a nuestro

principal mercado, Estados Unidos, con quien comerciamos el 87 por ciento del comercio total.

Paradójicamente, el menos afectado en esta ocasión fue el sistema financiero, e incluso la subsidiaria Banamex de Citi Group sirvió como fuente de recursos para la matriz.

Lo mismo sucedió con las subsidiarias de cional. Para continuar con esta lucha el bancos españoles, toda vez que México es gobierno ha utilizado recursos que podrían el paraíso de la banca extranjera, dadas haberse destinado a acciones más producti- las altas comisiones y las elevadas tasas de vas. La estrategia de combate al narcotráfi- interés que cobran (otra consecuencia de la co podría haber sido más eficaz a la luz de fallida reprivatización zedillista de la banca lo experimentado en sexenios anteriores y, nacional y ante lo cual, evidentemente, los sobre todo, al asumir acciones integrales gobiernos del PAN no cambiaron un como las que ha expuesto el experto en ápice). temas de narcotráfico, Edgardo Buscaglia.

México saldrá de la crisis en la medida En efecto, el gobierno podría integrar que lo hagan los mercados internacionaun frente que atales, dado que no se cara los bienes han adoptado meCalderón pasará patrimoniales de didas destacables los narcotraficanmás allá del sobado a la historia por tes, como señala argumento de la su controvertida Buscaglia, “a traresponsabilidad llegada al poder y vés del desmantefiscal y el manejo por la fallida ‘guerra’ lamiento de las prudente de la pocontra el narco redes de lavado de lítica cambiaria. dinero en los secDestaca el nivel de tores político y reservas internaempresarial” y aplicar medidas de pre- cionales que alcanzan los 135 mil millones vención social; en cambio, ha destinado de dólares, más una línea contingente del los recursos a una “guerra” abierta con Fondo Monetario Internacional por otros nulos resultados, como ha señalado el 70 mil millones de dólares para el caso de

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una salida inesperada de divisas. No obstante, carecemos de medidas radicales que busquen mejorar el nivel

de vida de la población.

Por ejemplo, no se combaten los monopolios televisivos o de telecomunicaciones, lo que sería una medida real para elevar la competitividad del país. Los verdaderos beneficiarios de los gobiernos emanados del PAN son empresas como Cemex, Televisa o el conglomerado de las asociadas al nombre de Telmex, por citar los más deplorables.

México vive un tiempo difícil, agobiado por la crisis mundial y por una guerra infructuosa que no ofrece ningún resultado positivo, gobernado por un grupo de aficionados que sólo buscan la riqueza y el posicionamiento personal. Las grandes “reformas estructurales” que impulsó Calderón se reducen a la extinción de Luz y Fuerza del Centro, empresa reconocida por su inutilidad, y el deseo pueril e infructuoso de liquidar un banco de desarrollo de 400 empleados. El autonombrado “presidente del empleo” tendrá un turbio porvenir cuando se escriba la historia. Es un triste consuelo para los vivos y para el país que ha visto como se desperdiciaron estos 12 años.

Así como en Estados Unidos habrá un proceso para definir al presidente el 6 de noviembre próximo, y que, según señalan, será definitorio en el rumbo que seguirá esa nación, el proceso electoral de México en julio de 2012 no será menos importante para nosotros.3

*Doctor en economía y maestro en administración pública; coordinador de la especialidad en microfinanzas de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México

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SOCIEDAD

ANA LILIA PÉREZ

Rubén Darío Betancourt

Tráfico de armas, el negocio de la muerte

En la última década, México pasó del lugar vigesimosegundo al quinto en tráfico de armas en el ámbito mundial. Se calcula que cada día ingresan al país unas 2 mil para abastecer a los cárteles de la droga, la delincuencia organizada y común, y a millones de civiles que ven en su posesión una vía de defensa ante la creciente inseguridad. Organizaciones internacionales estiman que unos 20 millones de armas ilegales circulan en territorio mexicano, más las 5 millones 500 mil autorizadas por la Sedena

C

on sólo pulsar en el buscador de internet, Francisco Sánchez recibe múltiples opciones para el objeto de su interés: una escuadra Pietro Beretta 9 milímetros, ofertada

en 10 mil 500 pesos. Sánchez pretende adquirir un arma semiautomática, de uso exclusivo del Ejército, sin pedir autorización a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), única instancia que en México otorga las licencias para porta-

ción de armas.

En pocas palabras, adquirirá un arma ilegal. Para comprarla no necesita ir a un barrio bravo, a un tianguis como El Salado en Iztapalapa, o el de la colonia San Felipe de Jesús, en la delegación Gustavo A Madero (el más

grande de América Latina), dos puntos importantes del mercado negro de armas. Tampoco tiene que buscar un “contacto” o “al amigo del amigo” de un policía o militar.

Para adquirir una basta con sentarse frente a la computadora

y, desde la intimidad de la casa, oficina o cualquier sitio hacer una rápida búsqueda para concertar la transacción. Las armas ligeras se ofrecen en centenares de páginas de internet, la compra-venta se pacta en chats, los precios se regatean en mensajes

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SOCIEDAD SECCIÓN En01 la última década, méxico ascendió % Cintillo superior 1 en dos pisos. 100 caracteres del lugar 22 al 5 en tráfi co de con espacios. Colocar viñeta-icono --> armas a nivel mundial

20 mILLONES DE ARMAS ILEGALES CIRCULAN EN MÉXICO

la impunidad de la que gozan los delincuentes, los mexicanos se sienten indefensos y buscan tener por lo menos un arma en casa, ensalzando modelos como el de don Alejo Garza, quien con sus armas se enfrentó a un comando en Tamaulipas para

defender su rancho”, explica la socióloga Magda Coss Nogueda, quien colaboró en la campaña mundial Armas Bajo Control, como vocera para América Latina de la IANSA. Aún cuando los ciudadanos adquieren armas con un interés Archivo Contralínea

de computadora o vía celular.

Desde 2005, la Procuraduría General de la República (PGR) reconoció que a través de internet los grupos de la delincuencia organizada adquirían armamento. Pero hoy no son sólo los delincuentes, sino integrantes de la sociedad civil, como Sánchez, quienes, desesperados por la creciente inseguridad y criminalidad que atenaza al país, ven en la tenencia de armas una vía de defensa de su vida, su patrimonio y el de su familia.

El Distrito Federal y el Estado de México son importantes “plazas” en la proveeduría de armas ilegales. Los precios dependen no sólo del calibre y la antigüedad de las armas, sino de si están “frías” o “calientes”, éstas últimas utilizadas para algún ilícito.

Ante un Estado incapaz de garantizar la mínima seguridad, los mexicanos adquieren armas para defenderse en caso de un ataque, sin considerar que el tener una en casa incrementa el riesgo de sufrirlo, de acuerdo con diversos estudios de la Organización de Naciones Unidas (ONU), la Red Internacional de Acción contra el Tráfico de Armas Pequeñas y Ligeras (IANSA, por su sigla en inglés) y de universidades estadunidenses.

Los estudios aportan datos escalofriantes: en los hogares donde se guarda un arma se duplica la posibilidad de ser víctima de homicidio por arma de fuego; aumenta 16 veces la probabilidad de cometer un suicidio; es 43 veces más probable que se mate a algún familiar o conocido, que a un extraño en defensa propia.

Los tiempos violentos que vive el país superan cualquier posibilidad de raciocinio. “Ante la ausencia de seguridad pública, la ineficacia del Estado para contender la criminalidad y combatir la delincuencia y ante

y el Estado de México, importantes 02El%DFCintillo superior 2 de en dos pisos. 100 caracteres proveedores armas con espacios. Colocar ilegales viñeta-icono -->

Los mexicanos adquieren armas para defenderse de un ataque, sin considerar que así incrementan el riesgo de sufrirlo

de defensa personal, lo más grave es que al comprarlas en el mercado negro entran también al circuito de la ilegalidad y fortalecen las ganancias de la industria de la muerte, indica Edgardo Buscaglia, asesor de la ONU en temas de seguridad y crimen organizado.

Organizaciones internacionales calculan que unos 20 millones de armas ilegales circulan en territorio mexicano, más las 5 millones 500 mil autorizadas por la Sedena; es decir, por cada arma legal hay por lo menos cuatro ilegales. El mercado negro de armas en el país es cada vez más abierto, “casi sin freno”, como lo definió el secretario general de la Organización de Estados Americanos, José Miguel Insulza. Ha permeado en estructuras cada vez más amplias de la sociedad, no únicamente en la esfera criminal, y

Estados Unidos, armas para el gobierno y para el crimen

R

ecientemente, por primera vez un funcionario estadunidense reconoció que las armerías de ese país abastecen a los criminales mexicanos. Pero el reconocimiento no fue gratuito, sino derivado del escándalo producido por el fallido operativo Rápido y Furioso en el cual el Departamento de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego permitió la introducción de armas a México para supuestamente seguir el rastro de los traficantes, y que éstas se usaron para matar a centenares de mexicanos –aún no hay una cifra precisa– y al agente de la Oficina de Inmigración y Aduanas, Jaime Zapata, en San Luis Potosí.

El 1 de noviembre pasado, durante una audiencia en el Senado de Estados Unidos, el subprocurador de Asuntos Criminales del Departamento de Justicia, Lanny Breuer, declaró que 64 mil de las 94 mil armas que en el último lustro se le han incautado a la delincuencia en México provinieron de ese país.

“Es de mi conocimiento que 94 mil armas de fuego han sido recuperadas en los últimos cinco años en México. Éstas son sólo las que han sido recuperadas, no

todas las que están en México, y de esas 94 mil armas que han sido recuperadas en México, 64 mil son rastreables a Estados Unidos. Tenemos que hacer algo para evitar que los criminales obtengan esas armas senadora. Ése es mi entendimiento de los números más exactos”, dijo Breuer a la pregunta de la senadora demócrata Dianne Feinstein quien le inquirió sobre el total de armas traficadas a México desde Estados Unidos.

La declaración echó por tierra el deslinde que había hecho la poderosa Asociación Nacional del Rifle de que sus armerías abastecen desde hace varios años al crimen mexicano. La Asociación había calificado como un ataque las cifras que el gobierno mexicano llevó a la Organización de Naciones Unidas, que refieren como de origen estadunidense más de el 90 por ciento de las armas decomisadas al crimen organizado.

La declaración del subprocurador Breuer confirmó que Estados Unidos es hoy el principal centro de abasto del mercado negro de armas que se mueve en territorio mexicano.

Al comprar armas en el mercado negro, los ciudadanos fortalecen las ganancias de la industria de la muerte ello da otra idea de su expansión.

Los indicadores internacionales son ilustrativos: en la última década, México pasó del lugar vigésimosegundo al quinto en tráfico de armas a nivel mundial. Organizaciones como IANSA y el Comité Oxford para la Lucha contra el Hambre (Oxfam, por su sigla en inglés) calculan que cada día ingresan al país 2 mil armas, por las áreas fronterizas de éste, y a través de los puertos del Pacífico mexicano, en la ruta Asia-Pacífico.

La creciente disponibilidad de armas de fuego trae aparejada su cuota de sangre: a partir de 2010, México se ubicó como uno de los países con la tasa más alta de homicidios por arma de fuego, 20 casos por cada 100 mil habitantes, aunque entidades como Chihuahua, Tamaulipas, Michoacán, Sinaloa y Guerrero superan por mucho la tasa promedio, en Ciudad Juárez, por ejemplo, es de 171 homicidios por arma de fuego por cada 100 mil habitantes.

En su Estudio global de homicidios 2010, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por su sigla en inglés) registra que el 74 por ciento de los homicidios en la región (en la que ubica a México) son provocados por arma de fuego, tres veces más que lo que ocurre en Europa, donde la cifra equivale a 21 por ciento.

La Red Internacional de Acción contra el Tráfico de Armas Pequeñas y Ligeras registra a

5.5 mILLONES

DE ARMAS HA AUTORIZADO LA SEDENA

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CONTRALÍNEA | DEL 4 AL 10 de marzO de 2012

SOCIEDAD A partir de 2010, México se ubicó como uno de los países con la tasa más alta de homicidios por arma de fuego

La Sedena es la única instancia que otorga licencias para portación de armas

El negocio de la muerte En el mundo hay 1 mil 249 empresas de manufactura, producción, comercialización, im-

portación y exportación de armas ligeras, municiones y equipo, asentadas en 92 países, aunque los principales productores son Estados Unidos, Inglaterra, Rusia, Ucrania, China y Francia, según registros de la organización internacional Small Arms Survey. Un negocio cuyas ganancias se estiman en más de 30 mil millones de dólares al año.

Circulan en el mundo 875 millones de armas, lo que representa una por cada ocho personas; el 74 por ciento de las cuales está en manos de civiles. Aunque cada año se destruyen centenares de armas ilegales, el parque se repone rápidamente: la industria produce 8 millones de armas nuevas cada año y 16 mil millones de municiones.

De los civiles tenedores de armas, una parte considerable son mexicanos. Sobre el destino que tienen las que comercializa el mercado negro en el

875 millones de armas circulan en el mundo

país, el 65 por ciento se utiliza para cometer delitos y 35 por ciento se adquiere de forma ilegal para protección personal, de acuerdo con el Consejo para la Ley y los Derechos Humanos, AC. Aún con las ganancias que genera el mercado negro de armas, “el problema no debe verse en términos económicos,

Las rutas Desde hace dos décadas, la frontera Sur ha sido la puerta de entrada a las armas que nutren el mercado negro mexicano. Son 956 kilómetros entre México y Guatemala, donde basta llegar a municipios como Ciudad Hidalgo, Ciudad Cuauhtémoc, frontera Corozal, Talismán o Carmen Xhán, cruzar las garitas

“El daño de las armas es mucho más alto del valor comercial que generan” sino en el mal que genera”, señala Antonio Luigi Mazzitelli, representante regional de la UNODC. “El mercado de las armas tiene una característica particular: no importa su valor, porque el daño de las armas es mucho más alto del valor comercial de las mismas. Una sola puede matar a cientos de personas. El mismo fusil automático puede tener una vida activa hasta de 40 años, un cuerno de chivo bien cuidado pueda matar durante 40 o 50 años a centenares de personas en manos diferentes y en países distintos.”

y recorrer Tecún Umán, La Mesilla, Petén, El Carmen y Gracias a Dios, para que vendedores instalados en casitas, chozas de adobe, o en plena calle, oferten los viejos M-16 y Galil que dejó la guerra civil en Centroamérica; o más modernas, como el M72 y AT-4, tipo cohetes antitanque, lanzacohetes RPG-7, o lanzagranadas MGL calibre 37 milímetros, trazadoras y de penetración, ofertadas por catálogo, con un lapso de entrega de una semana.

Las armas llegan principalmente de Estados Unidos, vía aérea o marítima hasta

Vías de ingreso de armas al mercado negro: •Licencias de exportación e importación de armas que de funcionarios corruptos reciben individuos, en colaboración con agentes aduanales que no revisan los cargamentos •Falta de seguridad y desorganización administrativa de depósitos de armas y explosivos, lo que asegura el acceso a los intermediarios que las adquieren para abastecer a la delincuencia organizada •Pérdida de arsenales del gobierno durante épocas de inestabilidad, guerras civiles y rebelión, y su reventa en el mercado ilícito •Pérdida o robo de arsenales de las bodegas militares que nunca son recuperados y terminan en el mercado ilícito •Venta de armas por parte de los soldados u oficiales del Ejército a los grupos delictivos y terroristas

74%

de las armas están en manos de civiles

Guatemala para su distribución en México, centro y Suramérica.

La ventaja que ofrece este mercado es que las compras pueden ser sin intermediarios, y que el cruce es mucho más sencillo que en la frontera Norte.

La introducción de las armas que se adquieren en Guatemala para abastecer el mercado negro mexicano se da de forma hormi-

•Robo de armas a las personas que las adquirieron de manera legal Fuente: Comité Oxford para la Lucha contra el Hambre

ga, entre las pertenencias de quienes cruzan la frontera identificada como una de las más porosas del mundo; o bien, si son grandes cargamentos, se trasiegan a través del río Suchiate, o en dobles fondos de vehículos que cruzan la frontera al birlar las revisiones aduanales, o en colusión con agentes del Instituto Nacional de Migración y de la Administración General de Aduanas.

En años recientes la frontera Norte ha cobrado vital importancia como zona de trasiego directo de armas adquiridas en Estados Unidos. La PGR, la

Rubén Darío Betancourt

México en el lugar número decimocuarto a nivel mundial en el índice de homicidios con armas de fuego, incluso por debajo de Estados Unidos, donde la venta de armas es abierta y legal, ocupa el lugar decimoséptimo.

De acuerdo con la PGR, el tráfico de armas se ha convertido en el segundo delito en importancia del crimen organizado; y es que el tráfico y uso de armamento exclusivo del Ejército representa 15 por ciento (unos 1 mil 200) de los delitos federales cometidos en todo el país.

La fallida “guerra” oficial contra el narcotráfico y la delincuencia organizada dejará otro negro legado: un país en la ingobernabilidad y armado hasta los dientes, explican expertos consultados por Contralínea.

Asociado también a los homicidios y violencia que generan las armas de fuego, a partir de 2010, 13 ciudades mexicanas ingresaron al ranking de las 50 ciudades más violentas del mundo. En 2011 podrían sumarse Monterrey, San Luis Potosí, Ciudad Victoria, Cancún, Morelia y Veracruz, explicó el presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal, José Antonio Ortega Sánchez. Lo que significa que las ciudades mexicanas representarían el 38 por ciento de la muestra total mundial.

Las cifras ratifican las advertencias de la ONU de que la disponibilidad de las armas multiplica las probabilidades de homicidios por armas de fuego.

O, como refiere la analista Magda Coss, “las armas de fuego fueron creadas para matar, y eso es lo que hacen”.

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SOCIEDAD El tráfico de armas se ha convertido en el segundo delito en importancia del crimen organizado: PGR

Armamento ilegal, involucrado en homicidios supuestamente vinculados al crimen organizado

río Betancour én Da t Rub

Secretaría de Seguridad Pública fica cuatro principales rutas por y la Sedena identifican 19 cru- las que se ingresan las armas ces formales e “incontables” cru- estadunidenses. La ruta del ces informales de armamento a lo Pacífico, cuyo punto de ingreso largo de los 3 mil 152 kilómetros es Tijuana, y trasiega por Mexicali, San Luis Río Colorado, de frontera común.

Se trata de armas y municiones Nogales, Hermosillo, Culiacán, que ciudadanos estadunidenses o Tepic, Guadalajara, Lázaro residentes legales compran –como Cárdenas, Morelia, Chilpancingo intermediarios– en las 60 mil y Oaxaca.

La ruta del centro, que ingresan armerías legales de ese país o en las ferias de armas tan populares por Ciudad Juárez, Chihuahua, en los estados fronterizos (Texas, Durango, Guadalajara, Morelia.

California, Arizona, Florida, Por la del Golfo, ingresan por Connecticut, Luisiana y Ohio). Ciudad Acuña, Piedras Negras, Nuevo Laredo, Miguel La Oficina de Alcohol, Alemán, Reynosa, Tabaco, Armas y Matamoros, traExplosivos identisiegan luego a fica a los consuCiudad Victomidores como ria, Veracruz, “compradores y Tabasco o de paja” que Oaxaca. Y la reciben un pago ruta del Sur, en promedio de los puntos fronte100 a 500 dólares rizos de Balanpor cada adquisición hormiga El tráfico de armas es un ejemplo per- cán, Ciudad que hacen (de fecto de las complicidades del gobier- Cuauhtémoc, tres a cinco no con el crimen: Edgardo Buscaglia Tapachula y Ciudad Hidalarmas). go, llegan luego De la frontea Tuxtla Gutiéra las cruzan ocultas en vehículos y remol- rrez y de allí se envían a Veracruz ques, dentro de los neumáticos y y Oaxaca.

No son las únicas y tal vez no llantas de refacción, entre los asientos, en la carrocería o dobles las más importantes, pues “la fondos, o bien, entre las perte- mejor ruta siempre será la que nencias de “burreros”. Bajo esta no se conoce”, refiere Luigi mecánica, las organizaciones Mazzitelli. criminales adquieren el 80 por ciento de su armamento, el resto es de manufactura alemana, ita- El mercado negro oficial liana, china, rusa e israelí.

Edgardo Buscaglia, destacado El gobierno mexicano identi- analista en materia de crimen

organizado, define al tráfico de armas como “un perfecto ejemplo” de las complicidades del sector gubernamental con el criminal. “El tráfico de armas es un perfecto ejemplo donde se fusiona el sector privado empresarial, el [de] Estados y lo que llamamos ‘cárteles ilegales’”.

Entrevistado por Contralínea explica que gran parte de las armas que nutren dicho mercado son parte de las transferencias legales que el gobierno mexicano compra para abastecer a las Fuerzas Armadas y policiacas Magda Coss explica cómo las armas legales que adquiere el gobierno llegan a formar parte de este mercado: “Muchas de las armas que forman parte del mercado negro son transferencias que hace el gobierno para abastecer a sus Fuerzas Armadas.

El problema es que, debido a la corrupción o por la debilidad de las instituciones, mucho de este armamento se desvía ilícitamente de manera premeditada, o mediante el robo, para a abastecer el mercado negro. Esto es fomentado por el encubrimiento de la identidad del usuario final, y por la corrupción de funcionarios y de agentes de [las] Fuerzas Armadas y de seguridad nacional”.

El origen del problema, detalla Coss, es que no se tiene un seguimiento “adecuado y transparente” de las transferencia legales. En su libro Tráfico de armas en México (Grijalbo, 2010), registra que de 2000 a 2008, la

Sedena fue notificada del robo de 6 mil 932 armas a 40 secretarías de Seguridad Pública de los estados y procuradurías locales, además de la Policía Federal y de la PGR. La cifra representaba el 60 por ciento de las armas decomisadas en el mismo periodo.

Coss explica que “la falta de rigor en los procedimientos de detención y aseguramiento de armas a delincuentes y al crimen organizado permiten que los policías reporten una cantidad menor que la decomisada efectivamente. Además, no existe un proceso para que la Sedena compruebe que ha recibido la totalidad de las armas aseguradas durante un operativo. Por esa razón se registran robos una vez que ha comenzado el plazo de las 72 horas que tiene la autoridad para turnar el arma de fuego a la Sedena”.

La IANSA destaca la opacidad de la información oficial sobre los registros de armas importadas, incautadas o robadas, como elementos que abonan

al fortalecimiento del mercado negro. Esto es exactamente lo que ocurre en México.

Contralínea presentó solicitudes de información vía el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos a la Sedena, la Policía Federal y la PGR sobre las cifras de armas decomisadas y “extraviadas”, la respuesta fue que se trataba de información reservada.

La opacidad en torno a las transferencias de éstas es considerada por la Oxfam como otro factor que fomenta el mercado negro de armas. México y Brasil, países con el mayor tráfico de armas en la región, son identificados como las naciones con menos transparencia en la información sobre las armas, según la Encuesta de Armas Pequeñas de la Small Arms Survey.

Pese al hermetismo con que se manejan los datos, hay casos plenamente identificados del robo o supuesto “extravío” de armas de corporaciones policiacas.

La Auditoría Superior de la

La opacidad sobre transferencias de armas fomenta su trasiego ilegal Archivo Contralínea

Rubén Darío Betancourt

El 15 por ciento de los delitos federales son por tráfico y uso de armamento exclusivo del Ejército

Armerías de Estados Unidos, implicadas en la venta de pertrechos al crimen organizado

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SOCIEDAD

Federación en 2008 detectó que la Policía Federal “extravió” 462 recién compradas para sus elementos (Contralínea 210). El arsenal representaba casi la mitad de las adquisiciones que hizo la dependencia, a razón de 8 millones de pesos entre armas y municiones. El costo de las armas “extraviadas” ascendía a 3 millones 296 mil 700 pesos, aunque, más allá del dinero público gastado, el problema era el destino de éstas, que la Policía Federal no pudo explicar a los auditores.

Luigi Mazzitelli aporta más elementos: “Una serie de investigaciones reveló que muchas armas salían de almacenes militares, depósitos de policías y habían sido vendidas a compradores relacionados con el crimen organizado. Las deserciones, durante los procesos de control de confianza, de limpieza de las corporaciones policiacas o de seguridad privada, también son factores de consumidores de armas. Entonces, habría que preguntarse dónde terminan las que tenían en el momento en que estaban operando”. múltiples tratados, poca acción En octubre pasado, al participar en la Sexagésima sexta Asamblea General de la ONU, el presiden-

2 mIL

Julio César Hernández

ARMAS ENTRAN DIARIO AL PAÍS

te Felipe Calderón exigió a Naciones Unidas detener el tráfico de armas a México, pues “el crimen organizado hoy en día está matando más gente y más jóvenes que todos los regímenes dictatoriales juntos en este momento”.

El que el Estado tenga firmados y ratificados tratados y convenios internacionales para el combate al tráfico de armas hacen que en el ámbito internacional se vea a México como un país bien posicionado en el combate a este flagelo, pero el trabajo efectivo dista mucho de ello, según conclusiones de analistas consultados por Contralínea.

A nivel interno, la regulación sobre la tenencia de armas –cuya autorización es atribución de la Sedena– es también identificada como una de las más restrictivas del mundo, el problema radica en su cumplimiento, la evidencia de ello es que por cada arma legal hay por lo menos cuatro ilegales. Sin embargo, el estimado de armas ilegales que circulan en el país evidencia las fallas.

Los representantes de Naciones Unidas refieren que no le toca a esa organización sino a cada Estado dar cumplimiento a cabalidad a los convenios en la materia, como la Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícito de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros Materiales Relacionados (que entró en vigor en 1998); el Protocolo contra la Fabricación y el Tráfico Ilícito de Armas de Fuego sus Piezas y Componentes y Municiones (de 2005). Y aquí

México y Brasil tienen el mayor tráfico de armas en la región y también la mayor opacidad al respecto

Julio César Hernández

Estados Unidos, Inglaterra, Rusia, Ucrania, China y Francia, principales productores de armas en el mundo

Más de 50 mil civiles asesinados durante el gobierno de Felipe Calderón

es donde, según los expertos, México no México tampoco ha cumplido su ha cumplido principal tarea: un seguimiento puntual del destino de las armas con seguir que entran al territorio. puntalmente Buscaglia destaca el alto nivel de corrupción en las aduanas el destino de mexicanas como uno de los prinlas armas que cipales factores que fortalecen el mercado negro de armas. “En la entran al país medida en que la corrupción en las aduanas no sea controlada, cada o decomisada debe México seguirá siendo un queso marcarse también tales indicatigruyer a la entrada de armas, lo vos.

“Hablamos de manufacturas mismo en las fronteras Norte y Sur, que en los puertos del legales, a diferencia de otros Pacífico, por donde ingresan las productos cuya fabricación puede ser clandestina. Las armas armas que se traen de Asia”.

Coss coincide en que para un se fabrican en la legalidad, es combate frontal al tráfico de una industria, cada una tiene un armas, lo primordial es “sanear número de serie y es perfectalas aduanas y fortalecer los con- mente identificable cuando pasa de país o de mano en mano. Una troles”.

El representante de la Oficina vez que hay incautaciones a trade las Naciones Unidas contra la vés del numero de matriculas se Droga y el Delito, Antonio Luigi puede reconstruir toda la vida Mazzitelli, considera que la de ésta como con un carro. Se clave del combate está en el puede saber de cuál empresa seguimiento estricto que la auto- salió, a dónde fue vendida, quién ridad haga de cada una de las la compró, y que después se diga armas que ingresan y circulan que se pierden, eso no es posible”. en territorio nacional.

Parece imposible tal control, de no ser porque el 95 por ciento de las armas que circulan en México y en el mundo son de fabricación legal. Cada arma tiene un número de serie, nombre del fabricante y lugar donde fue hecha. Si se trata de una importada incluye también el nombre y número de importa- DE LAS ARMAS EN EL MUNDO dor y su dirección; si fue confis- SON DE FABRICACIÓN LEGAL

95%

La frontera Norte de México, vulnerable al tráfico ilícito de armamento

Controles fallidos Desde 2005, organizaciones no gubernamentales recomendaron al gobierno que para combatir el mercado negro de armas, mínimo se debía llevar un control estricto del destino de éstas que adquiere en sus transferencias formales y del destino de cada una de las autorizadas a particulares.

Las recomendaciones se hicieron a partir de que la Auditoría Superior de la Federación hizo pública la auditoría a la Sedena y encontró anomalías en los registros de importación, exportación, fabricación, compra, venta y almacenaje de armas de fuego; y duplicidad en los registros y licencias de portación de éstas, cartuchos, municiones y material explosivo.

El gobierno calderonista creó el Grupo de Coordinación Interinstitucional para la Prevención y Control del Tráfico de Armas de Fuego, Municiones y Explosivos integrado con representantes de seis secretarías de Estado y la PGR. En 2010, la Sedena reconoció rezagos tecnológicos y de procedimiento en los registros de los permisionarios de armas. Así que, “más que el tráfico o más que el comercio, lo importante en el mercado de las armas es controlar éstas una vez que ya han sido compradas”, subraya Luigi Mazzitelli.

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COLECCIÓN: EL DEDO EN LA LLAGA COORDINADOR: mIGUEL BADILLO EDITORIAL: OCÉANO

CRÓNICA DE LOS 14 mUNICIPIOS mÁS DEPAUPERADOS DE mÉXICO.

DE vENTA EN RÍO CHURUBUSCO 590, COL. EL CARmEN COYOACÁN (ENTRE LAS CALLES DE mINA Y GUERRERO)

Y UN TESTImONIO TERRIBLE DE LA POBREzA EXTREmA EN LA SIERRA TARAHUmARA.

“por ser perjudiciales y tener consecuencias negativas en la salud de las personas”.

Revolución pacífica, la respuesta En un chat en la página México Armado, que promueve la tenencia de armas, Rafael, Ramiro, Carlos y Enrique pactan compra-ventas de armas.

Muchos de quienes participan en éste hablan de la intensión de adquirir un arma “para defensa personal”.

Otro usuario lanza un mensaje: “Compro armas cortas.

Señores ando en busca de armas cortas, quiero una cal. .22, otra .380 y un revolver cal. .38, entre las marcas y modelos que busco son: .22 Whalter P22, Sig Sauer Mosquito o CZ kadet. (calibre) .380, Glock 25, Browning BDA o Aluna Colt 1911 o de ese estilo recamarada en .380 .38 revolver, s&w, colt o taurus, o ruger, pero con cañon minimo de 4” logicamente a buen precio y que esten en estados cercanos a Julio César Hernández

mal de males La socióloga Magda Coss destaca el impacto social que genera el empleo de la violencia armada: “Una percepción de inseguridad y miedo, lo que deriva en el deterioro del tejido social y en la pérdida de productividad, socava la inversión en desarrollo y cuesta una enorme suma a la sociedad en su conjunto, ya sea por el gasto público para combatir la inseguridad o por el costo de la seguridad privada y de los equipos de resguardo”.

Ejemplifica que los empresarios del Distrito Federal gastan en promedio el 18 por ciento de sus recursos económicos en vigilancia, protección privada y atención médica a las víctimas de armas de fuego, quienes a menudo se convierten en discapacitados de por vida.

De allí que, “el incremento del tráfico de armas en México y sus consecuencias asociadas, deben considerarse como un problema de salud pública”, dice Nogueda.

Coincide con la Cruz Roja Internacional, el primer organismo mundial que en 1996 se refirió a las armas de fuego como un problema de salud pública

INFORmES AL TELÉFONO 5554 9192

Robo y extravío de equipo militar, entre los factores que contribuyen al tráfico ilícito de armamento

“La violencia armada genera una percepción de inseguridad y miedo” NL (tamps, Coah, SLP, Guanajuato, Zac. y talves Queretaro) si alguien tiene o sabe de alguna, porfavor ponganse en contacto conmigo por MP. gracias Señores”. (sic).

Los expertos en estudios sobre armamentismo y delincuencia insisten en que tener un arma en casa incrementa los riesgos de violencia. Al adquirirla en el mercado negro, el ciudadano fortalece la industria de la muerte.

Edgardo Buscaglia plantea un mensaje para los mexicanos que presas de la desesperación ante un México con índices récord de violencia e inseguridad buscan armarse: “Armarse es un espejismo, cuando tu comienzas a armarte, o cuando comienzas a ejercer violencia a tu alrededor pensando en que vas a proteger a tu

familia, generas más violencia y formas parte de esta espiral. Lo que los mexicanos deben generar es una revolución pacífica, al mejor estilo de [Mahatma] Gandhi o [Nelson] Mandela y obligar a la clase política, que hoy forma parte del problema, a que forme parte de la solución.

La violencia no es la respuesta, comprar armas no es la solución.

Cuando compran armas están fortaleciendo las relaciones de complicidad que hay en el gobierno con grupos criminales.

Cuando se adquieren éstas se está subsidiando ese sistema, y entonces es cuando el ciudadano forma parte del problema y no de la solución”.

De no atenderse el tráfico de armas, el analista de la ONU ve en el futuro de México un panorama similar a la Centroamérica de la posguerra.

Un país armado hasta los dientes, que habrá nutrido sustantivamente los bolsillos de los fabricantes de armas, será otro legado de la fallida administración de Calderón. Subsidio mexicano a la industria de la muerte, a costa de una altísima cuota de sangre.3

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CRÓNICAS DE LÁTEX

mANRIQUE

EX LIBRIS

ÁLVARO CEPEDA NERI*

Mozart: humano, demasiado humano

D

e entre los 10 o 15 libros de mi modesta biblioteca, Mozart: una biografía musical (1791-1991), de Jean-Victor Hocquard, me resultó lo que llamamos: “un libro de cabecera”, porque vuelvo a sus páginas para redescubrir al genio Johannes Chrysostomus Wolfgangus Theophilus Mozart Pertl (1756-1791). Al igual que el dramaturgo inglés William Shakespeare; el novelista ruso León Tolstoi; el jurista, político y filósofo del derecho austríaco, Hans Kelsen; el novelista y poeta español, Miguel de Cervantes, y el filósofo, sociólogo y teórico de la ciencia, Karl R Popper, simplemente reconocido como Mozart… esta maravilla musical y el kantiano Ludwig van Beethoven (La novena sinfonía que musicaliza la Oda a la alegría del poeta kantiano Friedrich Schiller, en el libro de Esteban Buch,

La novena de Beethoven. Historia política del himno europeo, El Acantilado) son los dos más grandes creadores de amor a la humanidad a través de la música y que en la Estética del sentimiento puro nos explica Hermann Cohen (sin edición en español, obra traducida por el maestro Wenceslao Roces, pero rastreable en el libro de Klaus Christian Köhnke, Surgimiento y auge del neokantismo, Fondo de Cultura Económica).

De regreso al tema, no encontré mejor descripción para referirme a Mozart que el nombre que Federico Nietzsche puso a sus ensayos: “Humano, demasiado humano”.

En dos tomos, el libro es un extraordinario trabajo sobre la vida biológica de Mozart y su creación musical que debe uno de escuchar. En él se descubre que, salvo el compositor ro-mántico italiano de ópera, Giuseppe Verdi, que no hay nadie más sobresa-

liente para la ópera que Mozart, quien participaba con el letrista (Lorenzo da Ponte: Memorias) en los argumentos operísticos; y fue traducido del francés al español por Mauro Armiño para recordar el bicentenario del fallecimiento de quien permanece vivo en su grandiosa música…

“Y porque esta energía vital late en él, ha de vivir mientras en el mundo palpite un corazón y trabaje un cerebro” (como expresó Pablo Natorp a la memoria del filósofo Immanuel Kant). Es la más completa, verídica y encantadora biografía, salvo aquella de su música Las óperas de Mozart, de Stefan Kunze (Alianza Editorial). De entre las innumerables biografías acerca de Mozart, está la de Jean y Brigitte Massin, Wolfgang Amadeus Mozart (editorial Turner); la de Alfred Einstein, Mozart (Espasa Calpe); y la de Bernhard Paumgartner, Mozart (Alianza Editorial).

Hocquard también es autor de Las grandes óperas de Mozart, que contiene: “Don Juan”, “Cosí fan Tutte”, “Las bodas de Fígaro”, “La flauta mágica”, “El rato del serrallo”, “Idomeneo”, “La clemencia de Tito”.

Y, El pensamiento de Mozart (no traducido al español) con una cronología de su vida, bibliografía seleccionada, apéndice

de la discografía con sus 45 obras y un index operum de sus 426 creaciones: sonatas, conciertos, sinfonías, divertimentos, danzas, marchas, conciertos (piano, violín); cuartetos, tríos, el Réquiem, sus 22 óperas (una de éstas: El empresario).

Conocer a Mozart a través de estos textos nos arroja a su música sublime, encantadora, donde lo femenino y masculino de los mortales adquiere lo más humano, demasiado humano, que un individuo inmortal, pudo crear. Este dramaturgo “Shakespeare de la música”, al otorgar siempre la primacía a la música, logró que “si no se puede amar la ópera, sí amar las óperas de Mozart”.3 Ficha bibliográfica: Autor: Jean-Víctor Hocquard Título: Mozart. Una biografía musical (1971-1991) Editorial: Espasa-Calpe, 1991

*Periodista

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AGENDA

DANZA  Raúl Flores Canelo, XX aniversario | El Ballet Independiente está sólidamente ligado a la personalidad de Raúl Flores Canelo, piedra angular en el panorama de la danza contemporánea de nuestro país. Esta compañía de danza fue fundada en 1966 por Flores Canelo, con la misión de desarrollar y difundir el arte coreográfico. Por su calidad y características, el Ballet Independiente se ha presentado en México y en el extranjero, al crear obras que experimentan diversos aspectos técnicos y conceptuales.

…cultura, arte y entretenimiento

Teatro de la Danza del Centro Cultural del Bosque, Paseo de la Reforma y Campo Marte, colonia Chapultepec-Polanco (martes 6 de marzo, 20:00 horas).

TEATROLos Cenci | Obra que narra lo sucedido a la familia Cenci en la Roma de finales del siglo XVI. El poderoso conde Francesco Cenci es el padre de cinco hijos a quienes odia y piensa matar, con excepción de su hija menor, Beatrice, de quien está enamorado y viola. Se trata de un personaje transgresor en una época posrenacentista, en la que el padre de familia representa la máxima autoridad en la sociedad y, por tanto, es impune (aún más si es poderoso).

Beatrice, de 16 años, junto con su madrastra y hermanos, amenazados por Cenci, piden la protección del papa, quien se niega a dárselas. La familia se ve orillada a convertirse en el tribunal que juzgará y dará sentencia al conde, quien es asesinado por sus hijos. La familia es decapitada. La enorme fortuna de los Cenci pasa automáticamente a las arcas del papado.

Teatro Orientación del Centro Cultural del Bosque, Paseo de la Reforma y Campo Marte, colonia Chapultepec-Polanco (del 8 de marzo al 1 de abril de 2012: jueves y viernes, 20:00 horas; sábados, 19:00 horas; domingos, 18:00 horas).

CINELa bestia negra | Melodrama ferrocarrilero cuya trama gira en torno a una locomotora. Allí se refugia María, una niña fugitiva de un circo, quien es ayudada por el maquinista y su asistente. Filmado el mismo año de la expropiación petrolera (1938), cuenta con un excelente reparto y fotografía de Gabriel Figueroa.

Museo

de los Ferrocarrileros, Alberto Herrera s/n, colonia Aragón la Villa (sábado 10 de marzo, 16:00 horas).

LIBROSPeriodismo en méxico. Recuentos e interpretaciones (Porrúa, 2011) | Coordinado por Carmen Avilés Solís, Emmanuel Hernández Ortiz y Julio Horta, este libro se compone de diversos ensayos elaborados por investigadores y catedráticos especialistas en periodismo, quienes reflexionan sobre diferentes temáticas relacionadas con la historia de este oficio en México.

La obra será presentada en el marco de la XXXIII Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería por Alma Rosa Alva de la Selva, Florence Toussaint Alcaraz, Adriana Solórzano Fuentes, Raúl Trejo Delarbre y los coordinadores.

Salón Rafael Ximeno y Planes, Palacio de Minería, Tacuba 5, colonia Centro Histórico (lunes 5 de marzo, 17:00 horas).

EXPOSICIÓNSeguiremos siendo. Ilustrar a Café Tacvba | Los artistas, diseñadores y productores gráficos se entregan al juego y al acto de imaginar formas flexibles para recrear los paisajes que las canciones del grupo les sugieren: con Café Tacvba es preciso ir más allá del elogio al referente en que se han convertido. La muestra tiene un componente emotivo y nostálgico. Su recorrido pone en perspectiva más de 20 años de trayectoria de la banda a través de sus creaciones, una marejada de himnos reconocibles al primer acorde, que al escucharlos traen a la mente su figura.

Galería

Alternativa; Museo Universitario del Chopo, Doctor Enrique González Martínez 10, colonia Santa María la Ribera (hasta el 6 de mayo).

mÚSICACuando se nace cantando… | Espectáculo que con la voz, el piano, las percusiones y la danza engarza toda una gama de sentimientos, emociones e idiomas, pasando del dramatismo operístico y de la zarzuela al romanticismo del bolero. Pero no se limita a seguir los cánones del estilo, sino que se une el temperamento artístico de Pao Mena, su creadora, capaz de exteriorizar cada palabra, conformando un ambiente de intensidad.

Teatro Sergio Magaña, calle Sor Juana Inés de la Cruz 114, colonia Santa María la Ribera (viernes 9, 20:00 horas; sábado 10, 19:00 horas).

EXPOSICIÓN Heliografías | León Ferrari, artista visual argentino, se vale de las heliografías como vehículo de la construcción de una nueva realidad con un lenguaje común y accesible, no exento de humor e ironía. El artista nos muestra figuras inofensivas e ingenuas, códigos en sí mismos de baja significación, para plasmar un mundo enloquecido con tópicos característicos de la condición humana: las situaciones de poder, las jerarquías, la masificación, la uniformidad, la disciplina, el hacinamiento, la explotación, el sometimiento y la desesperanza.

 Galería Arnold Belkin/Underground, Museo Universitario del Chopo, Doctor Enrique González Martínez 10, colonia Santa María la Ribera (hasta el 11 de abril).

mANRIQUE

EL SIQUIATRA

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