La realidad mexicana de trata de personas

Un número importante de infantes, adolescentes y jóvenes en México aún está en constante riesgo en ser víctima del delito de trata, ya que las autoridades federales incumplen con las garantías básicas para mantenerlos seguros ante las redes delincuenciales internacionales.

Por lo menos, es la opinión del gobierno de Joseph Biden que emana en su reporte más reciente que emitió el titular del Departamento de Estado (Deparment of State) de la unión americana, Antony Blinken, sobre este tema en nuestro país.

El reporte —ya en manos del presidente estadounidense Joe Biden y del mexicano Andrés Manuel López Obrador— resalta que “el gobierno de México incumple con los estándares mínimos para eliminar la trata, pero está haciendo esfuerzos significativos para hacerlo”.

Por un lado, reconoce que los esfuerzos incluyen “enjuiciar y condenar a más traficantes; identificar más víctimas; y el arresto de dos exfuncionarios públicos por presuntamente dirigir una operación de tráfico sexual. Los tribunales condenaron a más traficantes de mano de obra, incluidos algunos que explotaban a niños obligándolos a transportar sustancias ilegales”.

Pero, por el otro, el reporte, en manos de este reportero, señala que el gobierno mexicano —y de manera particular, la Secretaría de Gobernación, a cargo de Adán Augusto López Hernández— incumple con los estándares mínimos en varias áreas clave.

“El gobierno no asignó fondos a un fondo de asistencia a las víctimas legalmente requerido; las autoridades no emplearon sistemáticamente un enfoque centrado en la víctima; y los servicios generales para las víctimas eran inadecuados. El gobierno no mejoró los esfuerzos para detectar indicadores de trata entre las poblaciones vulnerables y derivar a las posibles víctimas a los proveedores de servicios”, expresa.

El documento identifica a Veracruz, Tlaxcala, y Guerrero por tener una alta prevalencia de tráfico de menores, mientras que “las autoridades en estos estados no condenaron a ningún traficante por lo menos por segundo año consecutivo”.

Por si fuera poco, la agencia estadounidense recordó que “el gobierno no proporcionó actualizaciones sobre el caso del exgobernador de Puebla (Mario Marín Torres), arrestado en febrero de 2021 por ordenar la tortura y el arresto ilegal en 2005 de un periodista (Lydia Cacho) que expuso la participación del funcionario en una red de tráfico sexual de menores.

El informe detalla que los servicios para las víctimas variaron en todo el país; no estaban disponibles en algunas regiones; y eran especialmente inadecuados para las víctimas masculinas, las víctimas del trabajo forzado y las víctimas de las zonas rurales.

•Periodista mexicano. @JoseVictor_Rdz