La sociología política de la reforma judicial

Que no se nos quiera engañar al decirnos que con la reforma judicial el presidente López Obrador está atentando contra las Instituciones, el Derecho, la Democracia y la Justicia, así puesto con mayúsculas. Es una cosa mucho más sencilla, aunque tal vez incluso más profunda, y que se explica más bien desde la perspectiva de la sociología política o de la política de facciones, para recordar aquél magnífico trabajo de 1937 de José Luis Romero sobre el espíritu de facción en la antigüedad romana.

El Universal publicó esta semana una entrevista a uno de los máximos jerarcas de la oligarquía jurídica de México, Diego Valadés, un señorito pedante con ínfulas de lord inglés pero intelectualmente bastante blando y aburrido, en donde afirmó que es “antidemocrático y demagógico que el pueblo vote por los ministros”, queriendo llevar la discusión sobre la propuesta de reforma al poder judicial del presidente al terreno de la polaridad aristotélica entre la democracia y la demagogia, dando a entender que no se trataría de una forma recta del “gobierno de todos”, que es lo que correspondería a la democracia, sino de una forma desviada, que es lo que correspondería a la demagogia.

Recordemos: según Aristóteles, si gobierna uno de forma recta tenemos monarquía, si lo hace de forma desviada, tiranía; si algunos lo hacen bien, tenemos aristocracia, si lo hacen mal, oligarquía; y si todos gobiernan bien, tenemos democracia, y si lo hacen mal demagogia. El criterio para saber si lo hacen bien (rectamente) o mal (desviadamente) es el del sentido de las acciones del gobierno en cuestión: si se gobierna para el “bien general” se trata de un gobierno recto o bueno, si se gobierna para el “bien particular” entonces es un gobierno malo o desviado.

Valadés ha querido ponerse conceptual y estupendo con su argumento, aprovechando la posición de privilegio social e intelectual que le confiere haber pasado por los más altos cargos en la rama judicial de los poderes del Estado y al hablar, también y sobre todo, desde el Olimpo de lo que he querido llamar, con un claro sentido aristotélico, la oligarquía jurídica nacional, es decir, la facción social (literalmente: el grupo de poder económico o la élite económico académica así nomás) que tiene secuestrado desde hace décadas el campo material del Derecho en el país, comenzando por el control del subsistema universitario de las Facultades de Derecho de alto nivel pasando luego por el de los despachos de alto nivel también y el poder judicial en su integridad toda, y que, como bien dice el presidente, fue puesto en manos del PAN en los tiempos en que Zedillo le diera a una de esas facciones la Procuraduría General de la República en tanto que nodo fundamental de articulación del sistema de impartición de justicia nacional.

Se puso conceptual Valadés, pero bastante obvio y blando como ya les digo, porque lo único que se lo ocurre decir es que al recortar los insultantes privilegios de casta dorada de la oligarquía jurídica de la que él es máxima expresión se generaría una suerte de espiral a la baja en los sueldos de todo mundo en el Judicial en desmedro de “la seguridad jurídica, la economía y el bienestar de los mexicanos” por virtud de la desincentivación concomitante a los recortes en cuestión.

¿Pero de qué está hablando este ridículo personaje? Que se pare un día en metro Pantitlán o en Indios Verdes, o en la Central de Autobuses del Norte de la Ciudad de México, para que vea cómo se las gasta el pueblo mexicano para sobrevivir en su día a día, y se de cuenta de que el mundo real no es el de sus cubículos y sus camionetas blindadas, ni el de sus fideicomisos millonarios para comidas de lujo que esperamos todos muy pronto desaparezcan para destinar ese dinero a cosas mucho más justas e importantes. Que no nos quiera engañar Valadés, aquí de lo que se trata es de un problema de sociología política nada más. El resto, ahora sí, es demagogia.

•Profesor de Filosofía e Historia y Conferencista. Director General del Espacio Cultural San Lázaro de la Cámara de Diputados. Asesor del CEN Morena para la formación política.