Correo del Caroní SEMANARIO
Director: David Natera Febres
Año XXXIX / N° 14.298 Dep. Legal / pp 77-0096
Del 18 de marzo al 24 de marzo de 2016 FOTO WILLIAM URDANETA
¿Por qué condenan a Correo del Caroní? El secretario general de la ONU, la directora de la UNESCO y el Alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos suscribieron en 2015 un documento en el que afirman que “el periodismo de calidad se esfuerza por sacar a la luz la injusticia, la corrupción y el abuso de poder”. El Poder Judicial venezolano parece ir en otra dirección, al emitir fallos que desalientan la lucha anticorrupción y refuerzan la idea de una sociedad de cómplices. Así ocurrió la semana pasada con la condena al director de Correo del Caroní, David Natera Febres, por informar sobre hechos de corrupción en la estatal Ferrominera Orinoco -que fueron reconocidos y sancionados en su momento por el Estado venezolano-. De acuerdo con el Tribunal Penal Sexto de Juicio del estado de Bolívar, a cargo del juez Beltrán Lira, pesa más el presunto daño al honor de un empresario que estuvo imputado y preso por más de dos años, que el derecho de los ciudadanos a la verdad y a estar informados de manera pertinente, adecuada y oportunamente.
El dolor de 17 familias y del pueblo de Tumeremo pudo ahorrarse si el Gobierno hubiesen oído la alarma de las múltiples tragedias que precedieron a esta masacre
MASACRE de Tumeremo
L
a ejecución de 17 trabajadores de la minería en un yacimiento del municipio Sifontes, cuyos cuerpos fueron trasladados en un camión que atravesó las calles de Tumeremo hasta una fosa común localizada a cuatro horas del lugar de la matanza, describe uno de los capítulos más vergonzosos y tristes en la historia reciente. La masacre de Tumeremo configura la declaratoria irrefutable de la permisividad
del Estado venezolano para permitir que bandas armadas operen a sus anchas al sur del estado Bolívar, controlando las minas de oro y sometiendo a comunidades vulnerables. Las familias que con coraje trancaron la vía para denunciar la desaparición de los mineros desde el 4 de marzo, cuyas voces ignoraron importantes voceros gubernamentales, entre ellos el gobernador de Bolívar, Francisco Rangel Gómez, siempre tuvieron la razón y con profundo dolor
vivieron un calvario hasta el adiós final a sus seres queridos en el cementerio de la capital de Sifontes. Si cabe alguna reparación para los dolientes y el pueblo de Tumeremo, el Estado está obligado a sancionar a los responsables materiales e intelectuales de la masacre y erradicar para siempre la actuación ilegal de grupos armados civiles que han actuado con la anuencia plena de las autoridades.
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Gobierno concreta otro golpe a la libertad de expresión La hegemonía comunicacional del Gobierno y sus ingentes empresas para seguir silenciando la prensa independiente escriben otro capítulo de la infamia contra la libertad de expresión en Venezuela: El Carabobeño, diario de 82 años de historia del centro del país, dejó de publicar su versión impresa el jueves, 17 de marzo. / A11
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