Boletín Antirrepresivo - Nº 1

Nº 1

Septiembre 2012

PANFLETO ANTIRREPRESIVO Publicación del Encuentro Nacional Antirrepresivo CONTRA LA REPRESIÓN, ORGANIZACIÓN Y LUCHA

En este número: La falsa excusa del “autogobierno policial” (p.2) Causas para todos (p.8) Represión selectiva en Mendoza (p.10) El discurso de los DDHH y la represión tercerizada (p.12) Reserva natural del puerto y el saqueo de nuestros recursos (p.13) Repudio policías en movilizaciones (p.14) Informe del juício por el asesinato de Mariano Ferreyra (p.16) Declaración de la CADDHH de Córdoba (p.21)

En noviembre de 2011 nos conformamos como Encuentro Nacional Antirrepresivo varias organizaciones, espacios y agrupamientos del país, inspirados por la necesidad de reforzar los lazos y la comunicación indispensables para quebrar el aislamiento y la fragmentación que asfixian nuestras fuerzas. El trabajo silencioso y sin descanso de personas y organizaciones ha formado redes informales sobre las cuales confiamos se pueden construir esfuerzos de mayor alcance, guiadas por la conciencia de acuerdos y objetivos comunes.

"Ante la represión es necesario organizarse, y sobre todo, organizar las ideas, preparándonos en el conocimiento y análisis de las nuevas modalidades represivas para poder reconocerlas y resistirlas. No debemos hacer distinciones entre las víctimas, ni confundirnos sobre la naturaleza de los enemigos del pueblo. La lucha antirrepresiva no es un simple reclamo sectorial de familiares de víctimas o militantes "solidarios": nuestra tarea es la denuncia de la política represiva del estado y el desarrollo de la capacidad para confrontar la violencia aplicada contra el pueblo, más allá de los cambios de gobierno y de discurso."(1) Este boletín antirrepresivo es una nueva aproximación a la unión y solidaridad a las ue apostamos millones de personas explotadas en el mundo. Esperamos que sirva a la difusión de distintas luchas, experiencias e información util.

ENA (Encuentro Nacional Antirrepresivo) CORREPI (Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional); FAM (Frente Antirrepresivo de Mar del Plata); CADH (Comisión Antirrepresiva y por los Derechos Humanos de Rosario); Sociedad de Resistencia (Mendoza), AGARRE (Acción Grupal AntiRrepresiva - Comodoro Rivadavia); Corriente del Pueblo (Jujuy), Jóvenes KURMI (Jujuy), Movimiento Campesino de Jujuy (MoCaJu); Militantes Antirrepresivos de Olavarría; Colectivo de Militantes por los Derechos Humanos de El Bolsón; Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos Humanos de Cordoba (CADDHH); Pájaros en la Cabeza (Santa Fe); Antirrepresión (Misiones); Estación Esperanza (Rafaela).

(1) Documento fundacional del ENA 1

La falsa excusa del “autogobierno policial” El gatillo fácil, la tortura o el ataque a los trabajadores organizados sólo trascienden en los grandes medios en muy contadas ocasiones. Así sucede cuando el hecho es muy claro y manifiesto (como el fusilamiento del trabajador Ariel Domínguez en San Telmo el 20/7/2011); o cuando la víctima, debido a su origen de clase, es percibida como “alguien” y no como el desechable “delincuente abatido por las fuerzas del orden” (el ejemplo más reciente es el futbolista Bugatto), o, finalmente, cuando la reacción popular convierte la “noticia” en ineludible (recordemos las puebladas de Baradero o Bariloche). Frente a esa perforación del muro de silencio mediático habitual, la respuesta defensiva del sistema es dar alguna “explicación” que desvíe la atención y lleve el debate lejos de la conclusión que más temen: que la represión es una política de estado, administrada por el gobierno de turno y ejecutada por su aparato represivo.

Históricamente podemos rastrear una serie de “excusas” utilizadas sucesiva o simultáneamente por los voceros de los distintos gobiernos, que tienen un elemento común, la autonomía de las personas o de las instituciones en relación al conjunto del aparato del estado y de los gobiernos que lo administran. Todas coinciden en proporcionar sustento a quienes tratan de disimular la realidad material

que subyace frente a cada hecho de represión policial: el brazo armado del sistema, cumpliendo su deber. Así, hemos escuchado a los funcionarios del alfonsinismo, el menemismo, la Alianza, el kirchnerismo y los partidos provinciales esgrimir las “tesis” de la negación (vg.: “no hay gatillo fácil, sino noticia fácil”); del “loquito suelto” o la “manzana podrida”; de los “bolsones de autoritarismo enquistados en las fuerzas”, y otras más elaboradas, como la del “resabio de la dictadura”, que supone que el gatillo fácil se inventó en 1983, y requeriría, para ser cierta, que los actuales policías tuvieran, en

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promedio, 85 años.

En los últimos tiempos, la tesis favorita del “progresismo” es la que denuncia al “autogobierno policial” como causante de todos los males de uniforme. Su base teórica es una mentirosa concepción del estado, no como aparato que garantiza los intereses de la clase dominante, sino como “conjunto de interrelaciones compuesto por organizaciones y sujetos con intereses propios”, diferenciando las “instituciones” del estado propiamente dicho, las que, por rutina burocrática, caen en el autoritarismo.

El “problema” radicaría así en que la policía, en tanto institución autónoma, no es democrática hacia fuera ni hacia adentro, lo que genera abusos hacia la población y hacia sus propios integrantes, que al no ser respetados en el ejercicio de sus derechos tampoco aprenden a respetar los de los civiles.

Nada que no se pueda corregir con “un cacho de cultura” como pedía Clemente desde su tira cómica, y por supuesto, con la participación en esos programas de “democratización” de expertos de ONGs, organismos y organizaciones de la “sociedad civil” que ayuden al estado a completar el desafío pendiente. La insistencia en el uso del término abuso es clave. Para estos ideólogos de la legitimación del aparato represivo estatal, el gatillo fácil y la tortura no son la manifestación práctica de la política represiva que cada gobierno necesariamente implementa, sino de meros abusos por individuos contaminados por esa estructura burocrática autoritaria que, al no respetar internamente los derechos

humanos de los policías en formación, impide que reconozcan similares derechos en sus víctimas.

Es central en esta tesis justificadora de la “autonomía burocrática de las instituciones” la idea desarrollada por Guillermo O´Donnell de que estado e instituciones son dos cosas diferentes: “…confundir el estado con esas instituciones es subsumir un fenómeno más amplio en su parte concretamente objetivada”1. Aunque reconoce que el estado capitalista tiene como función esencial garantizar la subsistencia y mejor desarrollo de la dominación, inmediatamente lo coloca en una posición externa de “articulador y organizador de la sociedad”, que impone límites negativos a la acción naturalmente confrontativa de ambas clases, explotadores y explotados. Y separadamente del estado, existen sus objetivaciones concretas, las instituciones -como la policía o la justicia-, a las que define como “personas en roles institucionales que les permiten hablar en nombre del estado y movilizar sus recursos, que actúan en tanto organización burocrática que cumple tareas rutinizadas de administración general de la sociedad, o en respuesta a situaciones percibidas como `crisis’”.

Sería simple rutina burocrática, entonces, que en toda cárcel o comisaría se torture a los presos, que se fusile a los pibes del barrio con el gatillo fácil, que superen los cientos de miles

1 O´Donnell, Guillermo, “Apuntes para una teoría del Estado”, Kellogg Institute for International Studies, 3 University of Notre Dame.

las detenciones arbitrarias, o que los jueces acompañen esas prácticas con el inestimable aporte del sobreseimiento o la absolución fácil. No es que las instituciones, en tanto parte del estado, tengan asignada determinada tarea a cumplir -siempre armonizada, en lo posible, con el discurso oficial del gobierno de turno-, sino que “por medio de una cacofonía de incongruencia, de errores y de aciertos siempre parciales y precarios, las instituciones estatales suelen contribuir a garantizar y organizar la reproducción de la sociedad en tanto capitalista”. La defensa de los intereses de la clase dominante sería, entonces, un resultado al que “suelen llegar”, sin proponérselo, por culpa del descontrol burocrático. En suma, ideas como la “burocracia autónoma”, el “desborde o descontrol institucional” y similares, resultan sumamente útiles para simular una posición crítica frente a hechos represivos concretos, ocultando que la función específica de las instituciones, en el caso el aparato represivo, es ejecutar las políticas de estado.

La ministra de Seguridad Nilda Garré y el CELS, su asociado en la conducción de las fuerzas federales, son habituales usuarios del argumento del “autogobierno”.

Así, por ejemplo, el 29 de marzo de 2012, ante el asesinato, en Chubut, de Bruno Rodríguez, quien había atestiguado contra los nueve policías que torturaron y violaron a un joven en la comisaría, la funcionaria dijo: “Se debe terminar con el autogobierno de las policías, e instrumentar sistemas de control y fiscalización desde el poder político que sean implacables con los

encubrimientos corporativos” y llamó a los “funcionarios a reflexionar acerca de las derivaciones del comportamiento corporativo en las fuerzas de seguridad y policiales”.

La misma línea es usada para dirimir la interna que los enfrenta a Daniel Scioli, aspirante a la candidatura presidencial para 2015. Con la paternidad intelectual del CELS, al que sumaron su firma la Comisión Por la Memoria de la provincia de Buenos Aires, la CTA bonaerense y una larga serie de referentes del progresismo como Martín Sabatella y Alejandro Mosquera, se presentó en sociedad, hace poco más de un año, el documento titulado “Acuerdo para la Seguridad Ciudadana”. Sus firmantes afirman: “El autogobierno significa traspasar potestades a los propios efectivos policiales y habilita un campo discrecional para el ejercicio de la fuerza, la violación de derechos y la reactivación de redes de ilegalidad, que constituyen el trasfondo de hechos gravísimos como las ejecuciones policiales o la desaparición

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de Luciano Arruga en enero de 2009” y dictaminan: “Estos hechos requieren respuestas estructurales y enérgicas del gobierno provincial que reemplacen de manera definitiva el modelo autoritario e ineficiente de autogestión policial que sólo incrementa el delito y provoca más muertes. A las respuestas judiciales hay que sumarle respuestas políticas”.

A raíz del asesinato del jugador de Banfield, Lautaro Bugato, el Movimiento Evita lanzó una “Campaña contra la violencia institucional” que sostiene, a tono con lo anterior, un mix de las teorías de la “autonomía policial”; “la manzana podrida”; “resabios de la dictadura” y aboga por una participación ciudadana en el control de las fuerzas represivas, acuñando novedosos términos como “inseguridad policial” para referirse a prácticas que, dicen, “no responden a las realidades de la Nación del Bicentenario”.

No sólo desde el gobierno nacional se usa esta tesis. El “kirchnerista colateral” Martín Sabbatella, por ejemplo, dijo, al cumplirse un año de los fusilamientos por gatillo fácil de los pibes de José León Suárez tras el descarrilamiento de un tren: “Los asesinatos por parte de efectivos de la policía bonaerense de Franco Almirón y Mauricio Ramos, son un ejemplo de las consecuencias de la política de seguridad que rige en la provincia (...) [que] demuestran que el autogobierno policial como lógica política, lleva a las autoridades provinciales a desentenderse del control de las fuerzas de seguridad, allanando el camino a la violencia institucional y a un incremento de los abusos represivos sobre los

sectores populares”. Y un kirchnerista de pura cepa, como el gobernador chaqueño Jorge Capitanich, presentó recientemente un proyecto de ley de Seguridad Pública que “contempla las nuevas tendencias nacionales en materia de seguridad, haciendo referencia a una mayor participación de la sociedad civil y del poder político; va a ser un freno muy importante al denominado autogobierno policial”.

Proponen, en resumen, repetir en la provincia las “exitosas políticas” que lleva adelante el gobierno nacional, ocultando y disimulando detrás de su verba “democrática y garantista” lo que la realidad desmiente a diario: que, hablemos de las fuerzas federales, la bonaerense, la santafesina o cualquier otra del país, más allá de las variantes de estilo y discurso legitimador, el gatillo fácil, las torturas en comisarías y la represión a manifestantes son políticas de estado. Qué mejor demostración, en el ámbito del gobierno nacional, que el hecho de que, cuando un policía es llevado a juicio, el estado toma orgánicamente su defensa desde el cuerpo de abogados del ministerio, y pone a su disposición a sus mejores cuadros técnicos y periciales para defenderlo, como recurrentemente ocurre. Sólo se apartan cuando, a fuerza de denuncia pública, la cosa queda en evidencia y lesiona la “imagen” gubernamental, como sucedió con los policías acusados por el asesinato de Mariano Ferreyra. Allí, entonces, se corren los letrados y peritos de la Dirección de Asuntos Penales del ministerio de Seguridad, y tercerizan la 5 defensa en carísimos estudios jurídicos

que ningún policía, ni siquiera un comisario, podría pagar.

Silencian, también, que la policía federal tiene la orden de llevar el arma en posición de disparo inmediato, es decir con bala en la recamara, sin seguro y amartillada, como recurrentemente explican sus peritos ante los jueces cuando son llamados a justificar los disparos “preventivos”. Ni hablar de la plena vigencia de las normas que facultan a la policía a detener a cualquiera en cualquier lugar (principal causa de muertes en comisarías), sin otro “argumento” que el “olfato policial”, la “actitud sospechosa” o cualquier otra formulación semejante; de las ocho leyes antiterroristas votadas por el congreso nacional desde 2003, y de la actuación de la gendarmería, pretendida fuerza “profesional” según el “nuevo” discurso del ministerio de Seguridad, usada tanto para la represión selectiva en todo el país, como en la militarización de los barrios del área metropolitana, con operativos como el Centinela o el Cinturón Sur. Buena parte del discurso oficial del “autogobierno” se basa en la promoción de medidas de reglamentación y control del uso de la fuerza, como el uso de protocolos sobre la forma de 6

proceder en las detenciones y el diseño y la conducción de operativos frente a grandes concentraciones de personas, desde espectáculos a desalojos, pasando –centralmente- por protestas sociales o (nótese la cuidadosa elección de palabras) “en formas combinadas de resistencia a una acción policial que deriva en una protesta como forma de acción directa”. El CELS, por ejemplo, desde dentro y fuera del ministerio de Seguridad, habla de la necesidad de “establecer estándares de actuación en el espacio público con rango normativo, de modo de asegurar un uso proporcional, racional y subsidiario de la fuerza y erradicar las prácticas policiales contrarias a esos criterios”.

En lo concreto, esos “estándares” consisten en que los funcionarios policiales o de otras fuerzas lleven cartelitos visibles con sus nombres, como para que sepamos quién nos gasea, pega o dispara; que en los operativos el personal antidisturbio no use armas de fuego letales, como si las postas de goma a corta distancia y a centros vitales sólo hicieran cosquillas y las granadas de gas no probaran ya, en la cabeza del maestro Fuentealba, su poder letal. Uso “proporcional, racional y subsidiario” de la fuerza supone, ante todo, legitimar el uso de la fuerza, pero, como decía un griego citado por un riojano, “en su medida y armoniosamente”. En criollo, reprimamos con delicadeza y elegancia.

Frente a la andanada del discurso de la autonomía de las fuerzas, es interesante ver lo que piensan al respecto los propios policías. Hace escasos tres meses, el secretario general de UTRAPOL, uno de los agrupamientos santafesinos de policías que ellos llaman “sindicatos”, Miguel Zalazar, en el marco del debate por un proyecto de modificación integral del sistema de seguridad en Santa Fe, dijo: “No es real que la policía tenga autogobierno; Corti [secretario de Seguridad de Bonfatti a esa fecha] es quien maneja la situación”. Lo mismo señalan desde la conducción de la Asociación Profesional de Policías de la Provincia de Buenos Aires (APROPOL).

Su secretario de Organización, el comisario Jesús Scanavino, sostiene que “el desgraciado episodio en el que perdieran la vida los militantes Kosteki y Santillán” fue resultado de la “mala conducción” política de la bonaerense.

Para consolidar y profundizar la dominación, es necesario ir variando sus ejes de legitimación conforme la etapa. Hoy no se habla de meter bala.

Néstor Kirchner inauguró su mandato presidencial en 2003 diciendo “no voy a reprimir con esta policía de gatillo fácil”. Iniciativas simbólicas como enseñar a decir seguimiento en lugar de persecución, y la presencia invalorable como funcionarios o amigos incondicionales de quienes pueden exhibir alguna trayectoria por su actividad en el ámbito de los DDHH en el pasado, permitieron a su gobierno y a su sucesora imponer todo el consenso posible, y aplicar toda 7

la coerción necesaria, con un nivel de disciplinamiento y control social pocas veces alcanzado en tiempos recientes.

Pero lo que la realidad descarnada nos muestra es que ninguno de esos hechos es un caso aislado, ni fruto de la mala preparación o de desbordes individuales. Tampoco son resultado de políticas autónomas de una u otra fuerza, de insuficiente preparación “democrática” o del autoritarismo naturalizado de las burocracias. Los hechos, y el análisis del funcionamiento cotidiano del aparato estatal en su conjunto, incluyendo las agencias de sus tres poderes, demuestran que son sistemática aplicación de una política de estado, que, gobierne quien gobierne, está dirigida a ejercer el control social sobre las mayorías populares, ésas que para que perdure una sociedad dividida en clases deben ser acostumbradas a callar y obedecer.

Causas para todos Armado de causas - Otro negociado del poder represivo, político y judicial El 8 de junio pasado fue excarcelado Fernando Carrera, preso durante siete años y medio por una causa armada. En Mendoza, el gobierno, la justicia y la policía está logrando que vaya quedando en el olvido y quede en un cajón la llamada causa de las “mafias policiales de Luján”.

Fernando Carrera circulaba con su auto un 25 de enero de 2005 por el barrio porteño de Pompeya, cuando, de repente de un Peugeot negro comienzan a dispararle. Él, creyendo que la persecución era un robo, aceleró y le dieron la primera de las ocho balas que impactan en su cuerpo, en la boca, dejándolo inconsciente, por lo que Fernando quedó con el pie en el acelerador y atropelló a tres personas. Esto fue cubierto por los medios masivos como “la masacre de Pompeya”. Tiempo después, con la salida a la luz del documental “El rati horror show” y otras investigaciones, se dio a conocer que quienes iban en el Peugeot desde donde se dispararon dieciocho balas que dieron en el auto de Fernando, eran policías de la comisaría 34ª. Tenían la orden de perseguir un auto blanco y pequeño en el cual iban unos sospechosos de un robo acaecido en la zona. El auto de Fernando, lamentablemente, revestía estas características y lo persiguieron sin identificarse.

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Los policías, al ver que se habían equivocado de auto, le plantaron un arma y recurrieron a testigos falsos, como Rubén Maugeri, presidente de la Asociación de Amigos de la comisarí­a 34ª, para armar la causa que resultó en la condena a 30 años de prisión. Fernando fue torturado para que “se hiciera cargo” de los robos y las muertes. Tras siete años y medio en prisión, la Corte Suprema fue forzada a anular su condena, y a ordenar a la Cámara de Casación a dictar un nuevo pronunciamiento, lo que permitió la excarcelación de Fernando Carrera.

En Mendoza, el 19 de noviembre de 2009, salió a la luz el testimonio de Ricardo Ferreyra denunciando con cantidad de pruebas el funcionamiento de una red policial de Luján que lo quería obligar a trabajar para ella. El fiscal Giunta, responsable del procesamiento de Ricardo por una causa anterior, junto con oficiales y suboficiales de la comisaría 11ª de Luján, lo amenazaron con que, si no lo hacía, se le aplicarían siete causas más que andaban “volando”, además de otros perjuicios que podrían sufrir él y su familia.

Pretendían que participara en robos y en una extorsión a un empresario del transporte (que atestiguó posteriormente que Ricardo decía la verdad); pero, sobre todo, que sirviera como testigo falso del armado de causas. En este caso, la policía y el fiscal Giunta, buscaban que Ricardo declarara en contra de Eu­se­bio Cam­pos (alias el Pañalín), de 24 años, en el caso de la muerte de Marcos Cardozo, para que la comisaría cobrara una recompensa que en este caso alcanzaba los $ 30.000 y para que, junto con el entonces ministro de Seguridad, Carlos Ciurca, (hoy vicegobernador) lograran el “esclarecimiento” de otro caso de “inseguridad”. Con estos fines, Ricardo fue llevado, sin saber adónde iba, por dos policías a “reconocer” el lugar de los hechos y estudiarse la que le pedirían que fuera su declaración ante el juez, memorizando también, rostros, fechas y nombres. Por el contrario, no queriendo sumarse a los negociados del poder y temiendo que el fiscal y la policía cumplieran sus amenazas, Ricardo salió a denunciar

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públicamente la extorsión de la que era objeto, consiguiendo amplia repercusión en los medios locales. No obstante y a pesar de la denuncia, el “Pañalín” había sido detenido el 12 de noviembre de 2009 y trasladado a la Penitenciaría de Boulogne Sur Mer, recuperando su libertad recién el 19 de abril de 2010.

En tanto, personal de la comisaría 11ª de Luján y el fiscal Giunta, fueron procesados, y el ministro de seguridad Carlos Ciurca fue removido de su cargo y pasó a ocupar el puesto de ministro de Desarrollo Social. Tiempo después, Giunta fue sobreseído, y a la fiscal Claudia Ríos se le negó el pedido de jury, ya que “olvidó” solicitar el desafuero de Giunta.

Luego, Celso Jaque, entonces gobernador, lo propuso como juez.

Ricardo Ferreyra, después de la denuncia pública, fue encarcelado y aislado en la penitenciaría de Almafuerte, de máxima seguridad, pasando a ser el primer procesado en esta cárcel para condenados.

Como siempre, el rol de los medios es de complicidad con el relato policial, por lo que a pesar de que estos casos se repiten a lo largo y ancho del país, pocos de ellos logran salir a la luz. La similitud de los casos Carrera y Campos resalta el ca-

rácter estructural del armado de causas, que requieren de la complicidad policial, judicial y política. Así se inscriben en una infinita serie de casos como los que sacara a la luz en el año 2000 una comisión especial de fiscales de la Procuración General de la Corte, que detectó 70 causas fraguadas por la PFA en un año, con el mismo modus operandi, algunas con el resultado de la muerte de alguna de las víctimas y otras que concluyeron con largas condenas a inocentes. Este tipo de prácticas, lejos de ser hechos aislados, muestran otra forma de ejercicio del poder y la fuerza. Una forma más en que el Estado y las fuerzas represivas amenazan, extorsionan, secuestran, torturan y matan diariamente, cobrando además abultadas recompensas por los servicios prestados.

Para ver Cómo la policía y la justicia inventan causas en Mendoza 1 y 2: http://www.youtube.com/ watch?v=yU40imC2ngs http://www.youtube.com/ watch?v=goIPR4DZ1H4Mae El rati horror show: http://www.elratihorrorshow.com/

Represión selectiva en Mendoza En Mendoza, los casos de represión selectiva a la protesta social no son pocos.

En Malargüe, un departamento del sur mendocino, en 2007 se prohibió mediante una resolución del Concejo Deliberante discutir sobre temas ambientales, sin antes presentar los contenidos y los fines de las charlas ante el gobierno municipal y ante dicho Concejo. Dicho gobierno municipal estaba a cargo de Celso Jaque, luego gobernador tan aliado al kirchnerismo como a las multinacionales mineras. Ya se blandía la ley antiterrorista sobre la cabeza de

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los asambleístas declarando anticonstitucional cualquier reunión antiminera para prevenir las puebladas que se venían sucediendo en departamentos como General Alvear y San Carlos, que junto con cortes de ruta y la toma de la Legislatura en la Capital terminaron frenando el avance de las megamineras en la provincia. Esta prohibición a la reunión y al debate se daba en el marco del intento de aprobar el proyecto PotasioRío Colorado, que en la actualidad ha comenzado las excavaciones e ingeniería civil. El comienzo de las operaciones

está pronosticado para el segundo semestre de 2014, a pesar de las masivas marchas en contra de la megaminería contaminante en toda la provincia y que aunque el proyecto no es minería a cielo abierto, utilizaría cantidades monumentales de agua contaminando el río Colorado, lo que afectaría no sólo a Mendoza, sino también a Neuquén, Río Negro, La Pampa y Buenos Aires.

Ya con Jaque de gobernador, en 2009, en la localidad provincial de Palmira, ante la escasez de vivienda y la burla de los planes de vivienda para la clase media del gobierno (al que sólo muy pocos pueden acceder) vecinos sin techo recurrieron a la toma de tierras baldías.

Aún con el acuerdo en lotear y vender de los mismos propietarios, el gobierno no perdió tiempo en resolver como sabe: gendarmería, criminalización y aplicación de servicios de inteligencia a estudiar si esos delincuentes recibían apoyo de alguna organización, con la amenaza de aplicarle la ley antiterrorista a quien colaborara con la medida de

fuerza tomada por los pobladores sin techo.

Frente a la falta total de planes de vivienda en la provincia y la creciente crisis habitacional se han sucedido los desalojos inmediatos mediante fuerzas represivas. Recientemente, ante la parálisis total del Instituto Provincial de la Vivienda bajo la gobernación del kirchnerista “Paco” Pérez (ex abogado de las megamineras), otra vez en Palmira, se desalojaron a las 300 familias que ocupaban un predio baldío de 20 hectáreas, con balas de goma disparadas por al menos 500 policías y al menos 11 detenidos, a los que se les intenta abrir causa de instigación a la usurpación y estafa.

A modo de ejemplo de la represión tercerizada, en el 2010, la Asamblea Popular por el Agua del Gran Mendoza, encabezando a cientos de manifestantes, se había hecho presente en la legislatura provincial para instar a los legisladores a rechazar el convenio firmado entre el gobierno mendocino y la empresa brasilera Vale, que impulsaba el proyecto Potasio Río Colorado. Cuando los manifestantes quisieron entrar al debate, sindicalistas de la UOCRA los gopearon e insultaron.

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El discurso de los DDHH y la represión tercerizada El gobierno nacional ha ido implemen-

tado una política en torno al juicio y castigo de algunos genocidas de la última dictadura militar. Así “memoria, verdad y justicia” se volvió su estandarte, la etiqueta del oficialismo. De la mano de este discurso se adoptaron algunos cambios en torno a temas sentidos por un pequeño sector de la población como matrimonio igualitario, ley de muerte digna, asignación universal, etc.

Hoy el Kirchnerismo pretende apropiarse de estas banderas, tratando de invisibilizar las luchas de muchos compañeros y compañeras. Esto es en definitiva cambiar algo para, no cambiar nada.

Este discurso de los DDHH en la práctica hace agua, son innumerables los casos que surgen día a día donde se viola reiteradamente los derechos de quienes se oponen al sistema, al gobierno, a este sistema de muerte que se nos quiere imponer. La movilización de la sociedad está a la orden del día, muchas cosas no nos gustan, y decidimos como es nuestro derecho reclamar. La respuesta obtenida de quienes dicen representarnos es la represión, el hostigamiento, la instauración del miedo como herramienta de control.

En algunos casos la represión es directa: fuerzas de seguridad al servicio de los intereses de las trasnacionales, judicialización de la protesta con compañeros y compañeras detenidos o con causas judiciales abiertas, así podemos verlo en

nuestros pueblos cordilleranos (Andalgalá, Tinogasta, Belén son ejemplos claros de ello). Puntualmente en este caso el gobierno nacional pretende desligarse de sus vinculaciones, pese a ser consecuencia del modelo país que proponen, y se desligan de sus responsabilidades, echándose la culpa entre provincia y nación ¿la responsabilidad de quién es entonces?

En otras ocasiones se ocultan detrás de los “nuevos” modos de represión: “LA REPRESION TERCIARIZADA”, utilizando grupos de choque, patotas sindicales, barrabravas de clubes, crímenes que tienen un solo destinatario, la clase trabajadora. Así sucedió con los casos de Mariano Ferreyra en 2010 asesinado por una patota de la Unión Ferroviaria, los docentes desalojados a golpes de la

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ruta en Santa Cruz en abril del 2011 por la patota de la UOCRA, el grupo de Jóvenes K que en 2006 rompieron la huelga de los trabajadores del Hospital Francés, la represión que sufrió el PO en Rosario por parte de Barrio de Pie (en ese tiempo alineados con el gobierno nacional) en 2005, entre otros tantos.

El ocultamiento de la represión es una necesidad que este gobierno tuvo y tiene para mantenerse en el poder. Recordemos que el Kirchnerismo asume en una situación en donde la movilización estaba al orden del día y la represión de la protesta social estaba deslegitimada luego de la muerte de los compañeros Maximiliano Kosteki Y Darío Santillán.

Sin ir más lejos, Aníbal Fernández es uno de los responsables políticos de la masacre de Puente Pueyrredón.

Es así que el gobierno se aboca a la tarea de intentar frenar con las movilizaciones, cortes de rutas, con las medidas de acción directa, pero sin recurrir al ya deslegitimado “monopolio de la fuerza”.

Optando en los primeros años de gobierno por “seducir” con discurso o con

dádivas a las organizaciones y a parte del pueblo que estaba en la calle luchando. A continuación desarrolló y desarrolla una campaña de demonización de aquellas organizaciones que continúan en la calle. Y finalmente delega la represión a sindicatos adictos al gobierno, patotas financiadas por ellos. Esto persigue como objetivo no solo disciplinar a quienes luchan, sino también deslegitimar sus luchas, dado que los medios de comunicación habitualmente definen estas situaciones como “internas entre gremios” o “enfrentamientos entre patotas”. Recordemos que Nestor Kirchner ya tenía amplia experiencia en la utilización de patotas para reprimir la protesta social. Así lo demuestran los casos de represión en su provincia en 2002 contra los movimientos asamblearios que siguieron al 19 y 20 de diciembre de 2001.

Es claro que el hecho de tercerizar la represión no es entonces un hecho más, sino que es parte de una política represiva que repreime asumiendo los menores costos políticos posibles para intentar acallar las luchas.

Reserva natural del puerto y el saqueo de nuestros recursos Otro caso paradigmático de tercerización de la represión es aquel que se da en el puerto de Mar del Plata donde utilizan “patotas” que hostigan continuamente a los compañeros de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados Trabajando en Acciones por la Reserva (AVATAR). Esta organización viene luchando hace años en la defensa de la “Reserva Natural Puerto de MdP”, ya

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que los directivos del club Aldosivi pretenden hacer un desmonte en el predio.

Todo esto patrocinado a su vez por la empresa pesquera Moscuzza y con la complicidad del consorcio portuario y las distintas entidades.

Para evitar el avance de las topadoras y por ende la depredación de un espacio que es considerado “pulmón verde de la ciudad”, los vecinos recurren a diver-

sas medidas que van desde cortes de calle, juntada de firmas, actos culturales, acciones directas para frenar las topadoras, acciones legales denunciando la connivencia de funcionarios y empresarios locales, denuncia a los medios, asambleas vecinales, entre tantas otras.

La respuesta contundente es el uso de barrabravas del club Aldosivi para su hostigamiento y amenazas de todo tipo a quienes forman parte de esta organización y sus familiares, rotura de cámaras de fotos, persecución en motos, entre otras. En este caso, si bien no son las fuerzas represivas oficiales quienes reprimen directamente, sí son quienes aseguran que la represión se efectivice.

Una vez más, las mismas cumplen con su rol social asignado, defender los intereses de los empresarios que encuentran en este predio de valor medioambiental incalculable, un negocio inmobiliario redondo.

Repudio policías en movilizaciones

FAM (Frente Antirrepresivo de Mar del Plata) Repudiamos la política de la dirección de la CTA y ATE y de otras organizaciones políticas y sindicales que en las últimas semanas han invitado y festejado la participación en las movilizaciones de efectivos de la policía.

Nos hierve la bronca escuchar en una movilización de trabajadores el siguiente discurso: “saludamos la presencia de los compañeros de la policía”.

Los policías no son trabajadores, mucho menos compañeros. Esto no se trata de policías buenos o malos. Desde el momento que alguien ingresa a la policía,

se está armando contra su pueblo, pasa a ser parte de la institución armada del enemigo. Esto no se trata de uno u otro policía. Es una institución entera al servicio de los intereses de las clases dominantes.

Decían en dichas movidas “les pedimos a los compañeros policías que se den cuenta que las armas que les damos no las usen contra su pueblo”… las armas no se las damos nosotros, son las clases acomodadas, que quieren evitar que la lucha crezca, quieren evitar que sus intereses tiemblen.

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Nuestra tarea no es “ayudar a que se sindicalicen”. Nuestra tarea es poner toda nuestra energía en desnudar la verdadera esencia de la policía y las fuerzas militares y evitar que nuestros vecinos, familiares, amigos, estudiantes ingresen a esas instituciones represivas, evitar que se armen contra nosotros.

Con la policía no nos hermanamos. Con la policía, confrontamos.

Junto con el resto de las fuerzas represivas, son el brazo armado del estado, son quienes a la hora de las luchas del pueblo responden obedientemente a las órdenes de dar palo, de encarcelar, reprimir, torturar e incluso asesinar a aquellos que se deciden a enfrentar las políticas que van contra el pueblo.

Es la policía que asesinó a Fuentealba, Teresa Rodríguez, Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, a más de 30 en las jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001, la que actuó junto con las patotas sindicales que asesinaron a Mariano Ferreira, la que actúa junto con los mercenarios de los terratenientes que asesinaron el año pasado a Cristian Ferreira en Santiago del Estero por luchar contra el agronegocio sojero, por nombrar algunos compañeros.

Es la policía que maneja en los barrios el narcotráfico, las zonas liberadas, las redes de trata.

Es la policía que persigue a la juventud en nuestros barrios, deteniendo, gol-

peando, asesinando por gatillo fácil o por tortura en las cárceles.

Es la policía que dejaba las zonas liberadas para que actúen los grupos paramilitares como la AAA asesinando compañeros, y durante la dictadura para asesinar y desaparecer luchadores. Las comisarías fueron durante la dictadura Centros Clandestinos de Detención, como la 4ª y la 1ª en Mar del Plata.

En síntesis, la policía aplica obedientemente la política represiva del Estado, en los barrios como política preventiva de control social dirigida sobre la juventud fundamentalmente y por otro lado la represión directa sobre los que luchan. Además manejan el narcotráfico, redes de trata y demás negocios.

Los policías no son trabajadores, son quienes aprietan el gatillo de las armas que cargan los gobiernos patronales.

Balas que siempre apuntan sobre el pueblo trabajador.

Por eso repudiamos por este comunicado como lo haremos consecuentemente en las calles cada vez que la policía asesina intente legitimarse como si fuéramos hermanos, cuando ellos mismos son los que ayer, hoy y mañana nos reprimen a los trabajadores respondiendo a los intereses de sus jefes (que son el estado y las patronales) que enfrentamos en las calles día a día.

Policía asesina Todas las fuerzas armadas están manchadas con sangre de nuestro pueblo Contra la represión, más organización y más lucha 15

Informe del juício por el asesinato de Mariano Ferreyra A casi dos años del asesinato de Mariano Ferreyra cuando acompañaba solidariamente el reclamo de los trabajadores tercerizados del Roca, con la movilización y a lucha hemos logrado llegar al juicio contra Pedraza y su patota, y la policía, partícipes, junto al resto del gobierno y la empresa, de un plan represivo aleccionador contra los que se organizan por fuera de la burocracia sindical.

En las pocas jornadas transcurridas de juicio se han desplegado las posiciones de las defensas y del tribunal, intentando reducir la responsabilidad de estos actores sobre una política sistemática de represión sobre el pueblo que lucha.

Brevemente queremos exponer aquí algunos de los momentos más importantes de las crónicas del juicio que, en nuestra participación, hemos ido recopilando.

En el día tres de juicio, la mayoría de las defensas insistieron en seguir mostrando el resto del material (ya llevábamos dos extensas jornadas con intentos de ganar tiempo por parte de las defensas), que consistía en noticieros posteriores al asesinato, fotos obtenidas durante la realización de rastrillajes en el lugar, cámaras de seguridad y videos de celulares. Nuevamente, la maniobra para que pasara el tiempo y no se pudiera comenzar con las indagatorias de los imputados, mientras se repetían las imágenes de la patota bajando del terraplén, y algunas tomas de cámaras de seguridad de la esquina de Luján y Río

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Limay mostraban el momento en que Elsa Rodríguez cayó herida en la cabeza. También se escuchó el audio de las modulaciones policiales, con algunas claves importantes que muestran con claridad la intervención policial en el armado y ejecución del plan criminal.

“Todo tranquilo”, informaba un policía al comando cuando Mariano, Elsa y Nelson ya habían sido heridos, por ejemplo. “Los muchachos ya se fueron”, dice otro, en referencia a la patota. Finalmente, ya pasadas las 17:00, el presidente del tribunal dio por terminada la exhibición de fotos, videos y audios, e invitó a José Pedraza, el primero en la lista de imputados, a prestar declaración. “Lo haré más adelante”, dijo el jefe de la UF, que se limitó a dar sus datos personales, como su domicilio en un piso 18 de Puerto Madero y su condición de “empleado” con un ingreso mensual de $25.000...

En el día cuatro: Cuando se leyó la tercera indagatoria, la de Jorge Daniel González, saltó la definición: “Lo que no hacen la policía y los jueces lo hacemos nosotros”, había dicho a fin de 2010 el hombre cuya imagen, arengando a la patota y corriendo con un cuello ortopédico, se convirtió en ícono del ataque.

En la quinta audiencia del juicio, la mañana se la llevaron las formalidades sobre los policías que restaban ser indagados.

Todos, como los anteriores, se negaron a declarar, por lo que se leyeron sus declaraciones ante la jueza de instrucción.

Ya con esas indagatorias no queda nin-

guna duda sobre su participación criminal en el ataque: estaban al servicio de los patoteros, los custodiaron, obviaron filmar lo que los comprometía al momento del ataque y los dejaron escapar.

Reanudado el debate después del mediodía, llegó a la sala el compañero Nelson Aguirre, testigo y víctima del ataque de la patota, y uno de los querellantes que CORREPI y APEL patrocinamos.

Con un relato preciso, completo, por momentos sumamente emotivo, pintó la escena y contó los hechos con claridad: “...en todo momento fuimos atacados, perseguidos, corridos y apuntados por la patota de la UF y hasta por la propia policía. La de la provincia que disparó con balas de goma minutos antes, la federal que despejó la zona para que ataquen los patoteros de la burocracia.

En todo momento intentamos proteger a los compañeros más expuestos

(mujeres, chicos y personas mayores) y fuimos sobrepasados por el ataque ya que apenas contábamos con unos palos para sostener el cordón de autodefensa. Tiraban a mansalva, direccionando hacia nuestros cuerpos, se escucharon varios disparos de diferentes veredas por las que venían los patoteros de la Unión Ferroviaria, me dieron dos tiros en las piernas... vi a Mariano agonizando y a Elsa sangrando en la cabeza...”

Las defensas intentaron desestabilizarlo, pero el compañero respondió cada vez con más precisión y seguridad. Pretendían que reconociera que se trató de un enfrentamiento provocado por su grupo, y no de una cacería. Su delito, según las defensas- fue haber “organizado la protesta social, y, con ella, intentar cortar las vías portando palos y gomeras”, lo que, según su criterio, amerita los balazos criminales. Pero el

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compañero se sostuvo con la firmeza de los que ni mienten ni tergiversan, con la firmeza de quienes tienen en el cuerpo dos tiros que pudieron matarlo.

Clavó la mirada a sus verdugos y les dijo sin temor a equivocarse: “nos tiraron de todos lados, nos mataron, tan solo por haber ido a apoyar a los trabajadores tercerizados”.

En el día seis continuaron las declaraciones de los militantes del Partido Obrero: Los patrulleros de la federal habían desaparecido, y un grupo de 80 a 100 individuos, descargando piedras, palos y botellas, atacaba la cola de la columna. “Armamos un cordón para dar tiempo a los compañeros sin posibilidad de defenderse, las mujeres, los chicos, los de más edad, a retirarse”, contó Belliboni, que confirmó que él, Nelson Aguirre y Mariano Ferreyra estuvieron entre el pequeño grupo de unos 20 compañeros que se dieron vuelta y se plantaron frente a los atacantes. Pero nunca llegaron a chocar, ya que a unos veinte metros comenzaron los disparos. Tanto Lisandro Martínez como Eduardo oyeron unos diez disparos, algunos superpuestos y de distinta intensidad, señal de que había más de un tirador, y ambos vieron al mismo hombre disparando, al que luego se identificó como el barra brava reclutado por la UF, Cristian Daniel Favale.

En la séptima audiencia, el abogado Freeland, defensor del “Gallego” Fernández, había pedido al tribunal que no se permitiera a los testigos usar el término “patota” para referirse al grupo de acusados integrantes del grupo de choque de la Unión Ferroviaria. Cuando el compañero Espeche, uno de los querellantes, naturalmente, dijo “se

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vino la patota”, el presidente del tribunal, contemporizador, le preguntó si no podía usar otro término, como “los ferroviarios” para referirse a los atacantes. “¿Ferroviarios? ¿y los ferroviarios que estaban con nosotros?” se extrañó el testigo. Cerró la jornada Arnaldo Duré Duarte, que no pudo reprimir las lágrimas al rememorar “ese día que me cambió la vida”, con la muerte de su amigo, con el que compartía la militancia, la música, el cine. De nuevo, el Dr. Freeland asumió la ofensiva común de la defensa, preguntándole al conmocionado testigo por qué, si desde el principio de la jornada habían notado la hostilidad de la policía y los hombres de la UF, igual habían realizado la actividad.

Arnaldo lo miró sorprendido, y tuvimos que intervenir para explicar al tribunal que es obvio que la decisión de seguir adelante con la movilización extrañe a alguien como el defensor de Fernández, porque remite a algo que le es totalmente desconocido por su condición de clase: la defensa incondicional de los trabajadores, a partir del compromiso de vida que se asume con la militancia.

Aunque también el presidente del tribunal puso cara de algo extrañado, eximió a Arnaldo de contestar la impertinente pregunta.

Día 8: Como todos los compañeros que ya declararon, María Wenceslada Villalba describió la caminata, al son del bombo y las consignas, flanqueados por la policía y hostigados, desde arriba de las vías, por el grupo de la Unión Ferroviaria, que los insultaba. “Empecé a subir para poner la bandera en las vías, pero de pronto sentí como una jauría de perros que venía a los gritos por la vía y

tirando piedras, así que retrocedí y me traté de cubrir, era una lluvia de piedras.

Adelante venía uno delgadito que no estaba de ferroviario, otros tres y un policía federal, tenía una chaqueta que decía PFA”, contó. Se trató se esconder entre un árbol y una chapa, pero no pudo esquivar varias pedradas, una bien fuerte en la panza. Como pudo, bajó lo poco que había subido, sólo para encontrarse de frente con dos policías bonaerenses que venían disparando balas de goma.

Alcanzó a ver a su compañero Chiquito (Eduardo Belliboni), le gritó, y vio como él increpaba a los policías, tal como lo escuchamos de su boca en la segunda jornada de testimonios. Luego fue el turno de los policías bonaerenses de la DDI de Lomas de Zamora que tuvieron a su cargo identificar el domicilio y la persona de Cristian Daniel Favale a partir del llamado anónimo, desde un locutorio, al 911, que lo sindicó como uno de los tiradores. La habitual “desprolijidad policial” y la no menos frecuente pérdida de memoria selectiva del sargento Julio César Benítez, la comisario Mónica Dávalos, el oficial principal Eber Bobadilla y el inspector Bruno Soria, generaron ásperos cruces entre la fiscal María Luz Jalbert y la defensora oficial de Favale, Dra. Hegglin. Los titubeos policiales a la hora de explicar lo que llaman “tareas investigativas”, que consistieron, por ejemplo, en buscar los nombres de los habitantes del domicilio denunciado en el sitio de Internet Telexplorer.com, no pudieron opacar el más vívido relato del 20 de octubre de 2010 que escuchamos desde que comenzó el debate.

Día 9: En a declaración del policía federal Sergio Domínguez, de la comisaría

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30ª, se destacó la falta de recuerdo, especialmente lo vinculado con la fuerza a la que pertenece, y a su jefe, el subcomisario Garay, uno de los imputados.

El pobre Domínguez no pudo recordar dónde dejó el móvil que tenía a su cargo; dónde estaban los otros patrulleros; si los vehículos se movieron en ese lapso de una hora o más... debe ser el stress laboral... Sus recuerdos saltaron directamente al momento posterior al ataque, cuando uno de los periodistas de C5N le dijo que había heridos de bala, y un vecino le contó que había visto a uno de los ferroviarios parapetado en una pared, y disparando un arma de fuego. Unos momentos antes, contó, un pequeño grupo de manifestantes se acercó a la policía, diciendo a los gritos que había heridos, y uno de ellos se bajó los pantalones y le mostró algo al subcomisario (era Ariel Pintos, uno de los tercerizados, que le mostró al subcomisario su herida de bala en la pierna)…

Finalmente, y como para romper la racha de desmemoria, declaró el sargento José Alberto Ortigoza, de la brigada de la comisaría 30ª, que fue comisionado, apenas llegó, para acercarse a los manifestantes y servir de enlace con ellos.

Por lo tanto, vio los hechos desde la esquina de Santa Elena y Luján, a metros de la parrilla al paso donde ellos se detuvieron. “El panorama era normal.

Me acerqué a Luján y Santa Elena, donde estaba un grupo de manifestantes, para preguntarles qué iban a hacer. Me acerqué a uno de los referentes, un tal Eduardo (Eduardo “Chiquito” Belliboni”, que relató en su declaración que habló con el policía). Él me dijo que iban a hacer una asamblea para decidir cómo

seguía, así que me aparté unos 15 o 20 metros por Santa Elena. Le avisé al subcomisario como a la media hora, luego se acercaron de un medio, primero pensé que era TN, pero era C5N, y le avisé también al subcomisario. Los manifestantes eran unos 50, muchas mujeres, chicos, adolescentes. Hicieron notas con los periodistas y me avisaron que se iban, encolumnaron y empezaron a marchar para Vélez Sársfield. Cuando esta gente empieza a caminar, yo me acerco a la esquina y veo gente que viene corriendo desde las vías. Le dije al periodista “correte” y yo me corrí para atrás. Sobre la calle Santa Elena había un grupo de unos tres efectivos de civil de la División Roca, me quedé con ellos. En eso unos 6 del grupo que corría desde las vías se viene a increparnos, gritaban “esos son zurdos, vamos a darle”. “Pará que somos poli” dijo uno de la División Roca, y uno de los que corría lo reconoció, y se fueron. Enseguida me asomé a la esquina, caían todo tipo de objetos contundentes y sonaban las alarmas de los autos. Retrocedí por Santa Elena y

di la vuelta por la calle Villarino, y ahí me crucé con el comisario Catalán, y subí a su auto. Escuché que ya modulaban en la radio que había una persona herida en Perdriel y Luján. Cuando llegamos no había nadie. El comisario me mandó por Osvaldo Cruz a ver si los manifestantes se abrieron por ahí, pero recién los vi sobre Vélez Sarsfield, en la parada del colectivo”.

Este juicio pone escena a cada uno de los actores en lo que es la lucha diaria de un pueblo que lucha por sus reivindicaciones y se enfrenta contra la represión.

Como militantes antirrepresivos y compañeros de lucha de Mariano Ferreyra y de todos los asesinados por luchar, nuestro compromiso es la denuncia intransigente de todos los responsables, la patota, la empresa y el gobierno con sus fuerzas de seguridad.

Pero nuestro mayor compromiso es con la reivindicación de cada una de estas luchas y compañeros, asumiendo el compromiso de seguir en la calle para transformar la realidad.

NOVIEMBRE

Presentación del archivo 2012 de personas asesinadas por el aparato represivo del estado 20

Córdoba, 18 de julio de 2011

Declaración de la Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos Humanos de Córdoba frente al decreto presidencial que prohibe la oferta sexual en diarios e internet Desde la Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos Humanos de Córdoba rechazamos el decreto presidencial Nº 936/2011, que prohíbe "los avisos que promuevan la oferta sexual" por "cualquier medio" de comunicación en todo el país, "con la finalidad de prevenir el delito de trata de personas con fines de explotación sexual y la paulatina eliminación de las formas de discriminación de las mujeres".

Estamos convencidxs que este decreto impactará de manera negativa en la vida, los Derechos Humanos y en lo relativo a la represión (policial, institucional y social), de las personas que ejercen la prostitución.

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El decreto pretende confundir trata de personas con prostitución, y niega las diferencias de estas problemáticas.

La trata de personas para explotación sexual ha crecido en nuestro país de manera exponencial y sostenida en los últimos años. Es un delito ejercido por apropiadores de personas, para convertir en mercancías el cuerpo de las mujeres, niños y niñas. Su carácter de impunidad transnacional es indisociable del engranaje de complicidades de los tratantes y los clientes prostituyentes.

El ejecutivo nacional intentará prohibir las publicaciones periodísticas, y por extensión las publicaciones en Internet, suponiendo que estos sean los medios preferenciales para la especulación económica de la trata de personas, en una clara maniobra política de respaldo a la ineludible y probada participación que tienen las “fuerzas de seguridad” –Policías Provinciales, Gendarmería, etc.– en este negocio.

Gendarmería Nacional tiene el control de las fronteras

y conoce el tráfico de personas proveniente de países limítrofes; Las policías locales son parte de la explotación conjuntamente con los proxenetas de los prostíbulos y whiskerías. Sin esta necesaria colaboración y coordinación entre proxenetas, policías, fiscales y jueces, otro sería el destino de las denuncias – llevadas adelante por comisiones especiales conformadas por organizaciones no gubernamentales y familiares de las víctimas– y las evidencias por trata de personas. Frente a la simple denuncia en una comisaría o juzgado, las víctimas son inmediatamente trasladadas de un prostíbulo a otro, o a diferentes ciudades o provincias. O peor aun: llevadas a otros países.

La oferta, con este decreto, lejos de moderarse se trasladará a la vía pública –en el mejor de los casos–, lo cual, además, es sumamente peligroso para las personas en situación de prostitución, debido a la vigencia de los códigos contravencionales y de faltas, que tipifican en la figura de delito actos como estos y dan rienda suelta a las “fuerzas de seguridad”.

Lo que esconde esta medida, falsamente presentada como “progresista”, es un carácter represivo.

Las diferentes delegaciones de policía a nivel provincial han estado –y continúan estando– directamente involucradas en asesinatos de trabajadoras sexuales y de travestis, que aún así siguieron denunciando la violencia policial y el regenteo de la llamadas “Zonas Rojas ”.

Casos testigos son –entre tan-

tos otros– el de Sandra Cabrera en Santa Fe y de Pelusa Liendre en Salta.

La diferencia entre la cantidad de personas detenidas por “Ejercicio escandaloso de la Prostitución”, con lxs detenidxs por proxenetismo, deja en claro dónde recae la penalización del Estado. Han sido escasos los allanamientos o juicios por Trata y Explotación Sexual, y los principales imputados han sido, mayoritariamente, agentes policiales.

El decreto, que ha sido intencionalmente creado y presentado en periodo electoral, no soluciona la gravísima problemática de la trata de personas, mientras que expone a los sectores más postergados de lxs trabajadorxs a situaciones de mayor extorsión y violencia.

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ยกNO ESTAMOS TODOS! Luciano Arruga Desaparecido el 31 de Enero del 2009

Jorge Julio Lรณpez Desaparecido el 18 de Septiembre de 2006

Ivรกn Torres Desaparecido el 2 de Octubre de 2003

Daniel Solano Desaparecido el 5 de Noviembre de 2011

Facundo Rivera Alegre Desparecido el 19 de Febrero de 2012