Revista Controversia - 208 by Cpal Social

Controversia 207 abril 2018.indd 1

6/25/2018 8:20:18 PM

Controversia 207 abril 2018.indd 2

6/25/2018 8:20:18 PM

208

Doscientos Ocho

Dossier

Neoextractivismo

Controversia 207 abril 2018.indd 3

•Cuarta

etapa Junio 2017•

6/25/2018 8:20:18 PM

Controversia | 208 Cuarta etapa - Nº 208 - junio de 2017

Rodolfo Arango Universidad Nacional, Colombia

Centro de Investigación y Educación Popular/ Programa por la Paz (Cinep/PPP) Instituto de Estudios Interculturales (IEI). Pontificia Universidad Javeriana de Cali Confiar

David Recondo Centro de Estudios e Investigaciones Internacionales de la Fundación Nacional de Ciencias Políticas, Francia

DIRECTOR Mauricio Archila N. Cinep/PPP

EDITOR ESPECIAL NÚMERO 208 Carlos Duarte Instituto de Estudios Interculturales Pontificia Universidad Javeriana de Cali

Alejandro Grimson Instituto Nacional de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional San Martín, Argentina Margarita López Centros de estudios del desarrollo de la Universidad Central, Venezuela Francisco Leal Buitrago Universidad de los Andes, Colombia

COMITÉ EDITORIAL

COLABORAN EN ESTE NÚMERO

Mauricio Archila N. Cinep/PPP, Colombia

Carolina Arias Hurtado Álvaro Acevedo Tarazona Andrés David Correa Lugos Yurany Alexandra Pérez Lugo Lenin Gabriel Díaz Escandón Freddy Díaz Oscar Pedraza Yuliana Salazar Duque Nathalia Ávila Escobar Jorge Montenegro Gómez

Carlos Duarte Pontificia Universidad Javeriana, Colombia Ingrid Bolívar Universidad de los Andes, Colombia Manuel Ramiro Muñoz Pontificia Universidad Javeriana, Colombia Sergio Coronado Universidad Libre, Alemania

COORDINACIÓN EDITORIAL

Carlos Del Cairo Pontificia Universidad Javeriana, Colombia

CORRECCIÓN DE ESTILO

Fernán González S.J. Cinep/PPP, Colombia

Leonardo Parra Rojas Edwin Parada Rodríguez

DISEÑO DE CARÁTULA

Ernesto Montenegro ICANH, Colombia

Kevin Nieto Vallejo

COMITÉ CIENTÍFICO

Carrera 5 N.° 33B-02, Bogotá, Colombia Teléfono: 2456181

Odile Hoffmann Urmis-ird, Francia

CORRESPONDENCIA Y CANJE

Correo electrónico

Kristina Dietz Universidad Libre de Berlín, Alemania

controversia@cinep.org.co / controversiarevista@gmail.com

Jefferson Jaramillo Pontificia Universidad Javeriana, Colombia

Página Web

Jenny Pearce Universidad de Bradford, Inglaterra

ISSN: 0120-4165 / ISSNe: 2539-1623

Pilar Riaño University of British Columbia, Canadá

DISEÑO, IMPRESIÓN Y ACABADOS

Controversia 207 abril 2018.indd 4

www.revistacontroversia.com

Proceditor

6/25/2018 8:20:18 PM

Índice 7

Editorial

Dossier “Neoextractivismo”

Neoextractivismo en América Latina y Colombia: una reflexión desde la ecología política Por Carolina Arias Hurtado

El neoextractivismo y el neodesarrollismo en los contextos latinoamericano y colombiano Por Freddy Díaz

101

Sobre la velocidad de la muerte, sus formas de captura y la extracción de carbón en Cerrejón Por Oscar Pedraza

135

Estrategias de gestión ambiental frente al desarrollo mineroextractivista en el municipio de Quinchía (Risaralda) Por Yuliana Salazar Duque

193

Páramo de oro: neoextractivismo y movilización social ambientalista en Santurbán Por Álvaro Acevedo Tarazona y Andrés David Correa Lugos

223

Conflictos socioambientales por neoextractivismo en el oriente del departamento de Antioquia Por Nathalia Ávila Escobar y Jorge Montenegro Gómez

283

Voz de la base

Represa Salvajina: lejos del desarrollo, cerca del olvido. 1985-2016 Por Yurany Alexandra Pérez Lugo y Lenin Gabriel Díaz Escandón

Controversia 207 abril 2018.indd 5

319

Colaboradores

325

Revista Controversia Instrucciones para la presentación de artículos

6/25/2018 8:20:18 PM

Contents 7

Editorial

Neoextractivism

Neo-extractivism in Latin America and Colombia: a political ecology reflexion By Carolina Arias Hurtado

Neo-extractivism and neo-developmentism in Latin American and Colombian contexts By Freddy Díaz

101

On speed of death, its forms of capture and the coal extraction in Cerrejón By Oscar Pedraza

135

Environmental management strategies to deal with extractivist mining development in the municipality of Quinchía (Risaralda) By Yuliana Salazar Duque

193

Páramo de oro: neo-extractivism and environmental social mobilization in Santurbán By Álvaro Acevedo Tarazona y Andrés David Correa Lugos

223

Socio-environmental conflicts over neo-extractivism in the east of the state of Antioquia By Nathalia Ávila Escobar y Jorge Montenegro Gómez

283

Grassroots voices

Salvajina Dam: far from development, close to oblivion By Yurany Alexandra Pérez Lugo y Lenin Gabriel Díaz Escandón

Controversia 207 abril 2018.indd 6

319

Contributors

325

How to submit manuscripts to Controversia magazine

6/25/2018 8:20:18 PM

Editorial

ace ya más de una década, luego de las crisis de los modelos de sustitución por importaciones y la subsiguiente hegemonía de los dogmas neoliberales focalizados en la valoración financiera, se asiste a un proceso sostenido de reprimarización de las economías latinoamericanas. Dicho escenario sugiere la instalación de un nuevo consenso posneoliberal, estructurado bajo la articulación de la mayor parte de las economías regionales a la cambiante división del trabajo globalizado. A este acuerdo, sustentado en la exportación de bienes primarios a gran escala y bajo términos de intercambio desigual, se le ha conocido como la “inflexión neoextractivista” o el “consenso de los commodities”. Bajo la lógica promovida por el “consenso de los commodities”, los recursos capturados por el Estado a través de las rentas extractivistas son justificados por los gobiernos de izquierda y de derecha, en la medida en que permiten mantener un músculo de inversión público, frecuentemente dirigido a la inversión en políticas sociales. Para el caso colombiano, la inflexión enunciada se vincula con la desarticulación de las economías territoriales y la inviabilidad ambiental de los territorios, como lo han señalado varios autores. De la misma manera, se han identificado los peligros que se ciernen sobre aquellos espacios que por su naturaleza comunal no estaban formalizados desde el punto de vista de la propiedad o se encuentran habitados por comunidades étnicas o de campesinos afectados históricamente por fenómenos de violencia. Ambas dinámicas, tanto la necesidad estatal de generar rentas para mantener sus promesas de inversión en lo social como la destrucción progresiva de los recursos

Controversia 207 abril 2018.indd 7

6/25/2018 8:20:18 PM

Controversia 208

ambientales y de las economías regionales comunitarias, constituyen la variante latinoamericana de dicha mecánica global. La presente edición de la revista Controversia compila artículos diversos que se instalan en la discusión acerca del modelo neoextractivista en América Latina, principalmente en Colombia. Los autores y las autoras que trabajan en este número permiten abrir un debate respecto a nuevas reflexiones: i) la consolidación de nuevos enclaves productivos en un contexto de reprimarización de las economías latinoamericanas; ii) las posibles correlaciones entre neoextractivismo y violencia; iii) los movimientos sociales producto de los reacomodamientos productivos o de la instalación logística de megaproyectos; iv) los procesos de resistencia y las dinámicas organizativas frente a los proyectos neoextractivistas, así como las posibles negociaciones o gestión de dichos conflictos. Luego del largo proceso de convocatoria y edición, los trabajos publicados en este número se agrupan en dos categorías: 1) reflexiones del modelo neoextractivista, a partir del modelo de desarrollo vigente. En este apartado se encuentran documentos que amplían la discusión en torno a los modelos neoextractivistas en América Latina, los cuales —tal como lo plantean los distintos autores—, si bien buscan separarse de las lógicas neoliberales, terminan reproduciendo muchas de las tensiones vigentes en los modelos extractivistas clásicos. En esta primera parte, el lector encontrará artículos relacionados con el contexto latinoamericano en el cual se enmarca el modelo extractivista clásico y el modelo neoextractivista, así como las lógicas a las que cada uno de estos responde bajo la idea de desarrollo como ideal de crecimiento económico. En su orden, Carolina Arias presenta los alcances del neoextractivismo en América Latina, para ello centra su análisis en la idea de que los modelos extractivistas responden a las lógicas e ideales del desarrollo. Así pues, expone algunas de las contradicciones que se dan dentro del enfoque desarrollista, perspectiva que, a pesar de que provee mayor

Controversia 207 abril 2018.indd 8

6/25/2018 8:20:18 PM

crecimiento económico para las regiones, pondera graves consecuencias en el ámbito social y ambiental que, a la postre, ponen en jaque el modelo de democracia planteado bajo la noción de bien común. A partir de los planteamientos de la ecología política, la autora permite entender cuáles son las principales contradicciones del modelo de desarrollo imperante, especialmente en la relación naturaleza-sociedad. En la misma línea argumentativa, el texto de Freddy Díaz analiza el modelo extractivista convencional representado en países como Perú, México y Colombia, y lo pone en relación con el modelo neoextractivista de países considerados progresistas como Ecuador, Venezuela y Bolivia. El texto presenta una breve descripción del sector extractivo desde dimensiones como la generación de empleo, la dimensión socioambiental y las implicaciones político-fiscales. Finalmente, suscita algunas reflexiones relacionadas con el modelo neoextractivista, y la concepción de neodesarrollo en los países de corte progresista. 2) Los estudios de caso en Colombia y sus efectos territoriales. Los textos incluidos dentro de esta categoría permiten al lector entender en profundidad los debates originados en los artículos anteriores, ya que, a partir de diversos estudios de caso en torno a los efectos sociales, ambientales y políticos del fenómeno extractivo en el país, se entretejen y explican las tensiones circunscritas a dicho fenómeno. El tercer texto de esta sección se erige como un aporte relevante y novedoso a la discusión, pues allí Óscar Pedraza nos presenta una etnografía política de la muerte y del valor de ser víctima de violación a derechos humanos en territorios de corte extractivo. El autor refiere en su artículo las tensiones y conflictos latentes frente a la violación de derechos humanos, para ello toma como referencia las denuncias asociadas con la megaminería del Carbón en El Cerrejón. Su análisis se concentra en comprender cómo abogados y activistas de derechos humanos valoran sus casos, y cómo a partir de esto constituyen, de facto, una curiosa tipología bajo la cual algunas muertes valen más que otras. Así mismo,

Controversia 207 abril 2018.indd 9

6/25/2018 8:20:18 PM

Controversia 208

se analiza el papel de las ong, las agencias estatales y las multinacionales frente al manejo de estos casos y la forma en que imperan algunos intereses privados que, al final, significan el mantenimiento de gigantescos espacios de impunidad transnacional. El artículo de Yuliana Salazar Duque amplía la visión del quehacer estatal frente a los efectos del modelo extractivista tomando como referencia la extracción minera en el municipio de Quinchua en Risaralda. La autora presenta varias iniciativas de gestión ambiental constituidas a partir de marcos normativos y programáticos estatales. Desde allí es posible identificar los alcances de la intervención estatal, así como las medidas para la regulación de actividades extractivas encaminadas a un modelo de desarrollo sostenible. Además, muestra las estrategias de posicionamiento corporativo de las empresas mineras y la representación de las comunidades indígenas en el desarrollo minero multinacional referido. En una dirección complementaria, Álvaro Acevedo y Andrés Correa retratan los fenómenos sociopolíticos que se suscitan con la expectativa de explotación minera a cielo abierto en el páramo de Santurbán en Santander. El trabajo de Nathalia Ávila y Jorge Montenegro da cuenta de los problemas socioambientales resultantes de la construcción de hidroeléctricas y de la presencia de minería trasnacional en el oriente del departamento de Antioquia, a partir de la presentación de casos específicos que evidencian el quiebre en las relaciones de las comunidades con su territorio. Los autores centran su análisis en la movilización social como estrategia de lucha de las comunidades. Finalmente, en la sección “Voz de la Base”, se presenta el texto de Yurany Alexandra Pérez Lugo y Lenin Gabriel Díaz, quienes extienden una reflexión a propósito de la intervención del Estado frente a la administración de las multinacionales dedicadas a la extracción de recursos

Controversia 207 abril 2018.indd 10

6/25/2018 8:20:18 PM

naturales. Para lo anterior, tomaron como referencia la represa de Salvajina, una de las mĂĄs grandes hidroelĂŠctricas de Colombia ubicada en el noroccidente del Cauca. Carlos Duarte Editor especial Controversia 208

Controversia 207 abril 2018.indd 11

6/25/2018 8:20:18 PM

Controversia 207 abril 2018.indd 12

6/25/2018 8:20:18 PM

Dossier Neoextractivismo

Controversia 207 abril 2018.indd 13

6/25/2018 8:20:18 PM

G N Controversia 207 abril 2018.indd 14

6/25/2018 8:20:18 PM

1. Neoextractivismo en América Latina y Colombia: una reflexión desde la ecología política

Controversia 207 abril 2018.indd 15

6/25/2018 8:20:18 PM

Controversia 207 abril 2018.indd 16

6/25/2018 8:20:18 PM

Neoextractivismo en América Latina y Colombia: una reflexión desde la ecología política Por Carolina Arias Hurtado*

Resumen: en el artículo, se realiza una aproximación a la problemática del neoextractivismo en el siglo xxi desde la ecología política en el ámbito regional, nacional y local. En primer lugar, se presenta un panorama sobre las contradicciones del desarrollo neoextractivista en América Latina como expresión de la crisis multidimensional y la necesidad de búsqueda de alternativas. Enseguida, se examina la situación actual del neoextractivismo en Colombia, a partir del reconocimiento de los conflictos socioambientales y las luchas sociales por la justicia ambiental. Por último, se analiza el caso del municipio de Marmato (Colombia), lugar emblemático por la constante defensa del territorio como un patrimonio y un derecho. Palabras clave: neoextractivismo, ecología política, conflictos socioambientales, justicia ambiental.

Neo-extractivism in Latin America and Colombia: a political ecology reflexion Abstract: In this article an approach is performed to the problematic of neoextractivism in the 21st century at a regional, national and local level from the political ecology view. In the first place, it presents a panorama on the contradictions of the neo-extractivist development in Latin America, as an expression of the multidimensional crisis and the needing to search for alternatives. Next, it examines the current situation of neo-extractivism in Colombia from the *

Estudiante del doctorado en Estudios del Desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas (México). Correo electrónico: lcarias@utp.edu.co

Controversia 207 abril 2018.indd 17

6/25/2018 8:20:18 PM

Controversia 208

recognition of the social-environmental conflicts and social struggles for environmental justice. Finally, the paper analyzes the case of the municipality of Marmato (Colombia), emblematic in the defense of the territory as a heritage and a right. Keywords: neo-extractivism, political ecology, social-environmental conflicts, environmental justice. Cómo citar este artículo: Arias Hurtado, Carolina (2017). Neoextractivismo en América Latina y Colombia: una reflexión desde la ecología política. Revista Controversia, 208, 16-53. Fecha de recepción: 3 de febrero del 2017 Fecha de aprobación: 27 de abril del 2017

Introducción

ras seis décadas por las sendas del desarrollo como ideal de crecimiento económico, la realidad latinoamericana en los albores del siglo xxi devela las múltiples contradicciones de este discurso e ideología del pensamiento moderno en su versión hegemónica y de modelo civilizatorio. Como lo argumenta Cubillos Quintero (2016, p.38), “la época moderna consolidó un pretendido sentido de unidad y homogeneidad al instaurar un concepto de progreso y desarrollo” y consiguió la dicotomía existente entre naturaleza y sociedad. Los programas de ajuste estructural acaecidos a finales del siglo xx determinaron el papel de América Latina en el nuevo orden mundial, principalmente como plataforma para la expansión geográfica de la industria maquiladora, proveedora de fuerza de trabajo y materias primas baratas. En el marco del Consenso y el Posconsenso de Washington se reestructuraron las economías de la región desde los preceptos neoliberales (privatización, libre comercio y desregulación) y se redefinió el papel del Estado para facilitar el desarrollo guiado por el mercado, es

Controversia 207 abril 2018.indd 18

6/25/2018 8:20:18 PM

Neoextractivismo en América Latina y Colombia: una reflexión desde la ecología política

decir, por las inversiones privadas y extranjeras en el sector primario mediante el neoextractivismo. De acuerdo con Harvey (2004), el neoextractivismo se ha constituido como un propósito central para evitar la parálisis del motor de la acumulación capitalista. Sin embargo, las implicaciones socioculturales, políticas, económicas y ecológicas de este modelo de desarrollo develan las múltiples contradicciones del capitalismo. Como lo sugiere Veltmeyer (2013), tanto el estructuralismo latinoamericano y la escuela marxista de la dependencia como los economistas neoclásicos y neoliberales coinciden en que la explotación de la naturaleza a través del neoextractivismo se constituye como una vía compleja y no recomendable hacia el desarrollo. En ese orden de ideas, la búsqueda de alternativas al desarrollo se encuentra íntimamente ligada a la búsqueda de alternativas al neoextractivismo. Igualmente, cuestionar los modos en que Asia, África y Latinoamérica han sido definidas como “subdesarrolladas”, así como discutir las bases conceptuales del desarrollo, sus instituciones y sus modos de entender la relación sociedad-naturaleza es crucial para entender ampliamente esta problemática (Escobar, 1998). En este contexto, la ecología política reúne diversos enfoques críticos que estudian la relación sociedad-naturaleza desde dos visiones epistemológicas para investigar el desarrollo: la perspectiva materialista asociada con la economía política marxista, las teorías de la dependencia, los estudios del campesinado y la teoría del sistema-mundo, y el posestructuralismo centrado en el análisis del discurso y las dimensiones culturales de los problemas ambientales, además de los estudios de caso a nivel local, las formas cotidianas de resistencia y la historia ambiental (Tetreault, 2016).

Controversia 207 abril 2018.indd 19

6/25/2018 8:20:18 PM

Controversia 208

En el centro de la ecología política latinoamericana se encuentra el estudio de las relaciones de poder en torno a la apropiación social de la naturaleza y los conflictos socioambientales, así como el reconocimiento de las luchas sociales y los reclamos de justicia ambiental hechos por grupos subalternos (Alimonda, 2011; Leff, 2012; Martínez-Alier, 2015; Tetreault, 2016). Según Eduardo Gudynas (2011b), desde esta perspectiva teórica: [se] defiende[n] los valores intrínsecos en la naturaleza, las valoraciones económicas (y conceptos asociados como capital natural) pierden su centralidad. El valor económico corregido de todos modos tiene sus limitaciones [...] y por ello es uno más en una amplia canasta de múltiples valoraciones. Por lo tanto, la naturaleza deja de ser mercantilizable o expresable como capital, y deberá ser abordada como un patrimonio (p.401).

Este enfoque, a su vez, devela la persistencia estructural del intercambio desigual que no considera los impactos locales generados por el neoextractivismo; así como también reconoce los conflictos socioambientales que emergen de las asimetrías estructurales de la distribución desigual de poder e ingresos y de las desigualdades sociales (MartínezAlier y Walter, 2016). Parafraseando a Svampa (2011), el análisis de los conflictos socioambientales es una ventana privilegiada para analizar la cuestión del desarrollo neoextractivista que enfrenta intereses y visiones diferentes sobre la naturaleza, en una disputa por el control del territorio en el contexto de asimetrías de poder. En tal sentido, el territorio debe ser concebido como una construcción sociocultural y un escenario de intereses y confrontaciones ideológicas (Lefebvre, 1974), fuente y objetivo de conflictos en el marco del desarrollo neoextractivista que pone en contacto no solo lo local y lo global, sino también las relaciones de poder entre diferentes agentes sociales. Así, el territorio es un componente clave en la construcción y renova-

Controversia 207 abril 2018.indd 20

6/25/2018 8:20:18 PM

Neoextractivismo en América Latina y Colombia: una reflexión desde la ecología política

ción de la cultura desde la cual se definen los referentes identitarios y en donde, además, se gesta y se consolida la acción colectiva (Osorio, 2009). De la misma manera, los conflictos socioambientales implican el reconocimiento de otros “procesos de valoración que van más allá de la racionalidad económica que asigna precios y costos crematísticos al medioambiente” (Martínez-Alier y Walter, 2016, p.78). En concordancia con lo anterior, la justicia ambiental surge para comprender esos procesos de valoración y los intereses que permiten la movilización de los diferentes agentes sociales: acceso a los medios de producción, empleo, distribución del ingreso (intereses materiales), pervivencia, identidad, autonomía (intereses simbólicos) (Martínez-Alier y Walter, 2016). El objetivo de este texto es realizar una aproximación a la problemática del neoextractivismo en el siglo xxi en el ámbito regional, nacional y local desde la ecología política. La primera sección presenta un panorama actual sobre las contradicciones ecológicas, socioculturales, económicas y políticas del desarrollo neoextractivista en América Latina, como expresión de la crisis multidimensional y la necesidad de búsqueda de alternativas. La segunda parte examina la situación actual del neoextractivismo en Colombia, a partir del reconocimiento de los conflictos socioambientales emergentes y las luchas sociales por la justicia ambiental desde intereses materiales y simbólicos. Por último, se analiza el caso del municipio de Marmato (Colombia), lugar reconocido por la defensa del territorio como un patrimonio y un derecho. Como argumento principal, se plantea que América Latina, en sus diferentes niveles territoriales (regional, nacional y local), ha sido insertada en la dinámica de acumulación capitalista a través del neoextractivismo y, en este marco, se están librando luchas de clases que buscan conservar o subvertir la lógica de este modelo.

Controversia 207 abril 2018.indd 21

6/25/2018 8:20:18 PM

Controversia 208

Problemática del neoextractivismo en América Latina El extractivismo ha estado presente a lo largo de las grandes etapas del capitalismo. Este sistema se ha basado en el desarrollo de las fuerzas de producción y acumulación de capital por medio de la explotación de la naturaleza y su exportación en forma de mercancías primarias. No obstante, en el marco de la nueva geopolítica del capital en la región, este modelo de acumulación ha cobrado una fuerza inusitada: un nuevo extractivismo. Si bien autores como Gudynas (2009), Petras y Veltmeyer (2017) plantean que el neo-extractivismo está asociado con los actuales “gobiernos progresistas”, formados en el ciclo progresista de la política latinoamericana, coincidimos con Claudia Composto y Mina Navarro (2014) en que: las novedades del neoextractivismo atraviesan todo el arco político de los gobiernos regionales (incluyendo a los de signo conservador como México y Colombia, entre otros), ya que responden a transformaciones sistémicas de carácter cualitativo que, por lo menos durante los últimos treinta años, configuran un escenario significativamente renovado, especialmente en sus implicancias ambientales, sociales y políticas (p.50).

Por ende, consideramos que el neoextractivismo está presente en los distintos regímenes de nuestro continente, desde los países más apegados al modelo neoliberal como México y Colombia hasta los países “posneoliberales” como Bolivia y Ecuador (Veltmeyer, 2013). La aspiración al desarrollo continúa ligada a la visión occidental de explotación intensa de la naturaleza como la histórica ventaja comparativa de la región que debe ser aprovechada ante los actuales cambios en la economía mundial. En palabras de Svampa (2011), “en el marco de un nuevo ciclo de acumulación, América Latina parece haber retomado este mito fundante y primigenio, que, en el contexto actual, alimenta nuevamente la ilusión desarrollista” (p.422).

Controversia 207 abril 2018.indd 22

6/25/2018 8:20:18 PM

Neoextractivismo en América Latina y Colombia: una reflexión desde la ecología política

La perspectiva neoextractivista latinoamericana incluye megaproyectos orientados a la explotación de minerales (metálicos, fósiles, industriales, materiales de construcción), biomasa (cultivos, plantaciones, pesca) (Martínez-Alier y Walter, 2016) y fuentes de agua para la irrigación de cultivos, procesos industriales y generación de energía (grandes represas hidroeléctricas). Estos proyectos se desarrollan en el marco de los planes Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (iirsa) e Integración y Desarrollo Mesoamérica, los cuales contemplan la construcción de complejos sistemas de infraestructura en materia de comunicaciones, energía y transporte (hidrovías, puertos, corredores bioceánicos). Este modelo de acumulación expresa continuidades estructurales con el proyecto de colonialidad y dependencia histórica, en cuyo marco las relaciones de producción de las naciones subordinadas de América Latina han permitido la reproducción ampliada del capital, a través de la integración al mercado mundial mediante el intercambio desigual y la superexplotación del trabajo (Marini, 1991). La etapa actual de expansión del capitalismo se ha caracterizado por profundizar el modelo neoliberal y por permitir la recolonización político-económica y militar para la proyección de los intereses de los países hegemónicos en la región. Es así como Estados Unidos, para garantizar su estrategia de seguridad nacional y las disposiciones de la omc, el Banco Mundial y el fmi, no solo ha incidido en la política económica de los países latinoamericanos mediante los tratados de libre comercio, en condiciones desiguales, sino también en las agendas de seguridad nacional como el Plan Colombia (1999) y la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte –Aspan– (2002), que le han permitido la militarización y el control de territorios estratégicos por sus riquezas naturales (petróleo, minerales, biodiversidad y agua) (Borón, 2012). Por su parte, Canadá se ha posicionado como la principal fuente de inversión extranjera directa en el sector minero, a través de compañías

Controversia 207 abril 2018.indd 23

6/25/2018 8:20:18 PM

Controversia 208

mineras con sede en ese país y de propiedad canadiense, las cuales actúan con el apoyo del Gobierno, que juega un papel activo en el cabildeo y apoyo diplomático para obtener concesiones y licencias sociales, en el uso de recursos públicos y programas de cooperación internacional para brindar apoyo financiero a las compañías mineras, así como en el diseño de un marco global de políticas mineras (Veltmeyer, 2013) y, en algunos casos, en la formulación de la legislación minera para países como Colombia (Arias Hurtado, 2014). En América Latina, el Estado ha coadyuvado a legitimar los intereses de clase de los agentes hegemónicos del sector extractivo —principales beneficiarios de la renta extractiva— a través de la privatización de los medios de producción y las empresas del Estado, además de la (re)primarización de sus economías, las reformas a los marcos regulatorios y la flexibilización de los controles ambientales y sociales, todo para que la inversión extranjera acceda a fuerzas de trabajo y “recursos” estratégicos baratos. Además, el control por el territorio y sus riquezas naturales se encuentra en el corazón del conflicto armado, la violencia y la represión, pues: la guerra [...] no es solamente un problema de luchas territoriales por controles territoriales, como táctica y estrategia, sino que obedece a macroproyectos de desarrollo, donde es el futuro el que está definiendo el conflicto presente y no solo el pasado histórico de las injusticias (Sarmiento, 2000, p.26).

En consecuencia, durante las últimas dos décadas se han incrementado los conflictos socioambientales relacionados con el neoextractivismo en América Latina, mientras “su verdadero aporte al desarrollo nacional es debatido” (Gudynas, 2011a, p.379). El Atlas de Justicia Ambiental (ejolt, 2016) identificó 338 conflictos causados por el neoextractivismo en once países de América Latina. Dichos conflictos están relacionados con la exploración y explotación de

Controversia 207 abril 2018.indd 24

6/25/2018 8:20:18 PM

Neoextractivismo en América Latina y Colombia: una reflexión desde la ecología política

oro, minerales y materiales de construcción; actividades de producción de biomasa y conflictos de tierras, así como explotación de hidrocarburos. Las comunidades indígenas están presentes en la mitad de los conflictos. Del total de los conflictos, Colombia registra el mayor número (88), seguido por Brasil (58), Ecuador (48), Argentina (32), Perú (31), Chile (30), México (19), Bolivia (13), Panamá (7), Costa Rica (6) y Guatemala (6) (ver gráfico 1). Por su parte, en el año 2017, el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Mineros —Ocmal— registró 217 conflictos solamente por proyectos mineros que afectan a 331 comunidades de la región. Gráfica 1. Conflictos socioambientales por el neoextractivismo en América Latina 100 88

Número de conﬂictos

80 58

48 40

30 19

Ch ile Mé xic o Bol ivia Pan am á Cos ta R ica Gu ate ma la

Per ú

ina ent

Arg

sil

ado

Bra

Ecu

Col

om bia

Fuente: Elaboración propia con datos de ejolt (2016)

Según James O’Connor (2003): en la economía capitalista la ‘naturaleza’ es el punto de partida de la producción, pero no suele ser el punto de retorno [...] El agotamiento y la destrucción de los recursos y la contaminación dependen el uno del otro; son el resultado necesario del mismo proceso universal de ‘valorización’ del capital ( p.14).

Controversia 207 abril 2018.indd 25

6/25/2018 8:20:19 PM

Controversia 208

En todos los casos el neoextractivismo genera altos impactos ecológicos y se constituye como un factor determinante del deterioro de ecosistemas sensibles —tanto en intensidad como en cobertura—: cumbres cordilleranas, selvas tropicales, bosques nubosos, cabeceras de cuencas hídricas. Además, este tipo de explotación implica la utilización de sustancias químicas y la generación de desechos potencialmente contaminantes; así como el uso desmesurado de agua y energía, lo que agota elementos de la naturaleza no renovables o que requieren largos periodos para su renovación (Tetreault, 2014). Igualmente, el neoextractivismo tiene serias implicaciones socioculturales asociadas a la fragmentación, superposición y pérdida del control sobre los territorios de comunidades rurales (Bebbington, 2007), efectos nocivos sobre la salud, transformaciones en las formas de vida y las economías locales, debilitamiento de la soberanía y la seguridad alimentaria, destrucción de redes sociales y formas organizativas, agravamiento de la pobreza y la inequidad social y aumento de la violencia, la criminalidad y la represión (Svampa, 2011). En términos de las relaciones económicas, esta práctica acentúa el proceso de reprimarización de las economías latinoamericanas (Cypher, 2009). De acuerdo con el pnuma (2013), la extracción de las cuatro categorías principales de materias primas en América Latina tuvo un fuerte crecimiento en el período de 1970 a 2008: la extracción de biomasa aumentó al 2 % anual, los combustibles fósiles al 2,5 % anual, los minerales metálicos y minerales industriales al 5,5 % anual y los minerales de construcción al 3,5 % anual (Ver gráfica 2). Al respecto, Joan Martínez-Alier y Mariana Walter (2016) plantean que: el auge de la extracción de materias primas en Latinoamérica ha sido particularmente significativo para los minerales metalíferos. Mientras en 1970 los minerales metalíferos e industriales suponían el 10 % del total de los flujos materiales de Latinoamérica, en 2009 alcanzaron el 25 %. De hecho,

Controversia 207 abril 2018.indd 26

6/25/2018 8:20:19 PM

Neoextractivismo en América Latina y Colombia: una reflexión desde la ecología política

Gráfica 2. Extracción de las cuatro categorías principales de materias primas en América Latina (1970 a 2008) 9.000

Minerales metálicos y minerales industriales Combustibles fósiles

8.000

Minerales de construcción Biomasa

Millones de toneladas

7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 1970

1975

1980

1985

1990

1995

2000

2005

Fuente: pnuma (2013)

en 2009 los minerales metalíferos e industriales fueron, después de la biomasa, el segundo material más extraído y, en parte, exportado de la región, alcanzando 2 100 millones de toneladas de minerales [...] En 2012, Latinoamérica proveyó el 45 % de la producción mundial de cobre, así como el 50 % de la plata, el 21% del zinc y el 20 % del oro [...] atrayendo un tercio de las inversiones mundiales en minería metalífera (210 mil millones de dólares) (p.90).

En el ámbito macroeconómico, las grandes exportaciones de materias primas que traen consigo impactos ecológicos y socioculturales no alcanzan a financiar las importaciones. Países como Colombia, Brasil, Perú, Venezuela y Ecuador están entrando en déficits comerciales y nuevos procesos de endeudamiento que se buscan compensar a través de la inversión extranjera directa (Martínez-Alier y Walter, 2016) (ver gráfica 3).

Controversia 207 abril 2018.indd 27

6/25/2018 8:20:19 PM

Controversia 208

Gráfica 3. Déficit comercial físico de las cuatro categorías principales de materias primas en América Latina (1970 a 2008) 100 1970

1975

1980

1985

1990

1995

2000

2005

Millones de toneladas

-100 -200 -300 -400 -500 -600 -700 -800

Minerales metálicos y minerales industriales Combustibles fósiles Minerales de construcción Biomasa

Fuente: pnuma, 2013

El neoextractivismo refleja términos de intercambio estructuralmente desfavorables porque se basa en economías de enclave que no generan “encadenamientos positivos hacia adelante, hacia atrás, de demanda final y horizontales con el resto de la economía” (Cypher, 2009, p.145). Dichas economías son muy dependientes de inversiones extranjeras y están supeditadas a cadenas de comercialización global con bajas o inexistentes cargas tributarias, así como bajas tasas de generación de empleo. El intercambio económico en general ocurre para el beneficio de las corporaciones multinacionales a costa de las comunidades locales (Martínez-Alier y Walter, 2016). Sin embargo, durante los últimos años las comunidades locales afectadas por el neoextractivismo han cuestionado la legitimidad de este modelo de desarrollo y el funcionamiento aparentemente normal y natural de sus efectos sobre la sociedad y la naturaleza (Escobar, Álvarez y Dagnino, 2001). Estas comunidades privilegian el valor de uso por

Controversia 207 abril 2018.indd 28

6/25/2018 8:20:19 PM

Neoextractivismo en América Latina y Colombia: una reflexión desde la ecología política

sobre el valor cambio, pues la reproducción social de la vida no está puesta en función de las ganancias, sino de la vida misma (Composto y Navarro, 2014). Con el apoyo de diversos sectores sociales, las comunidades afectadas han conformado un movimiento social heterogéneo que pone en el centro de sus discursos y estrategias la justicia ambiental, desde intereses materiales y simbólicos (ver gráficas 4 y 5). De acuerdo con Harvey (2004), estos son movimientos insurgentes que luchan contra la acumulación por desposesión y la reproducción ampliada del capital.

ca lE ur s/ JOs ci tiz en So Lo s ci ca al Farm lg m I ov ers ve nd rm ige em n Lo e e ca nt/ ous nts po ls lit gro ci up en i tis cal s pa t/ In pro rtie te fe s rn s at ion io a Et na ls hn lE ic JO al ly W s di om sc en rim Fis in her La ate men nd d g r le ss oup pe s a Tr s ad an ts Re e un lig Re iou ion sg s cr ea ro u In tio du na ps lu st r se In ial w rs fo rm ork e al w rs or ke P rs as Ar W t as t te isan oral rp ist a ic ke l mi ne rs ,r ec rs yc le rs

1.100 1.000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0

ei gh

Nr of cases

Gráfica 4. Agentes sociales movilizados por la justicia ambiental

Fuente: Martínez-Alier, Temper, Del Bene y Scheidel, 2016

La justicia ambiental ha permitido poner en primer plano las luchas por el territorio como un patrimonio y un derecho. Han surgido nuevas organizaciones locales conformadas por diversos sectores: comunidades afectadas, trabajadores vinculados a las empresas extractivas, pobladores urbanos, activistas, académicos, investigadores, aun representantes de instituciones públicas.

Controversia 207 abril 2018.indd 29

6/25/2018 8:20:19 PM

Controversia 208

tl ett e er In nt o St Pub s/p v f r e o M ed lve net eet lic c titio wo pr m am n ia e o s La base nt o rk/c tes pai t/ n o Cr ws d a f ( in llec mar gs ea uit c t c tio s/ tiv ter ) ive he is c n of our m/ nati act s io alt t c int on n er ase ern al na s/ at NG De t j i i u v v e r dic e m Os Co vel ep ial m o ed Ar mu pme or ts act ia gu n O m nity t o bjec /kn ivis f en m ts bas alte tion owl e e Ap for d p rna s to dge pe the art tive de als ri ici E p to ghts pati rop IA Oc o v ec cu on of m e re sals p se om o No ati ic the arc -p on va r n h ar a l tic of b u ip uil Lan atio ture Re at fer io ding d o n o en n c in s/p cup f... du u m o a an Pro ffici blic tion p a d ot erty l pr spac Hu e A he d o ng rtis r lo am cedu s c er a t r str ic an al co ge/ es No ik ns ars S d c -p har es ul on a re t ar tic eho nd ativ atio ip lde se e a ns at l r f c io /fi n n im tio in an mo ns of cia lat fi io l n T cia ac Bo Re hre l pr tivi oc sm yc fu ad ot sal s t ed so o u f c of c use res om om a pa pe rms ni nsa es -p tion ro du cts

1.100 1.000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0

De ve lo

ﬁc

ial

m pl ain

Nr of cases

Gráfico 5. Formas de movilización por la justicia ambiental

Fuente: Martínez-Alier, Temper, Del Bene y Scheidel, 2016

También se ha logrado la articulación de estos sectores sociales con organizaciones internacionales como Vía Campesina, Amigos de la Tierra, el Tribunal Permanente de los Pueblos, el Movimiento Mundial por los Bosques —wrm—, la Alianza de Organizaciones Católicas para el Desarrollo —Cidse—, el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina —Ocmal—, International Rivers, la Red Latinoamericana contra Represas, entre otras. De esta manera, se alcanzan mayores respaldos a través de la construcción de redes de solidaridad entre territorios afectados por el neoextractivismo. Además de lo anterior, se están generando propuestas alternativas locales como el manejo forestal comunitario y el ecoturismo en Capulálpam en la Sierra Juárez del Estado de Oaxaca (Tetreault, 2014), o como el Proceso de Comunidades Negras —pcn— en el Pacífico colombiano, centrado en la apropiación y el control social del territorio como base para la seguridad alimentaria, la autosubsistencia y la autonomía (Escobar, 2008).

Controversia 207 abril 2018.indd 30

6/25/2018 8:20:19 PM

Neoextractivismo en América Latina y Colombia: una reflexión desde la ecología política

Están surgiendo también nuevas formas de movilización y participación ciudadana, así como acciones legales ante tribunales nacionales e internacionales para exigir el derecho de las comunidades a las consultas previas y populares con el propósito de detener los megaproyectos extractivos o minimizar sus impactos. Conviene mencionar que las alternativas al desarrollo apelan a procesos productivos “orientados a asegurar las necesidades de las personas y la conservación de la naturaleza, y no las tasas de ganancia o rentabilidad de los emprendimientos extractivos” (Gudynas, 2011b, p.395), como sucede por ejemplo con la minería de oro1. No buscan prohibir las actividades extractivas per se, sino redimensionarlas para que permanezcan “aquellas que son genuinamente necesarias, que cumplan condiciones sociales y ambientales, y estén directamente vinculadas a cadenas económicas nacionales y regionales” (Gudynas, 2011b, p.392).A propósito de lo anterior, Esteva y Prakash (1998), anuncian que: lo que se necesita [...] es que cada pueblo, con referencia a sus propios valores y sobre la base de la acción autónoma y las organizaciones de base, teja sobre sus propios tejidos culturales y construya así su propio futuro [...] Esta construcción social de la realidad [...] tiene un nuevo centro de referencia: una épica emergente de las bases sobre la lucha localizada, el drama de las formas cotidianas de resistencia y una amplia colección de iniciativas y luchas culturalmente diversas (Esteva y Prakash, 1998, p.3; c.p. Veltmeyer, 2003, p.4)

Un 49 % de la demanda física de oro en la actualidad se destina a joyería, un 41 % en forma de inversión en barras y monedas, y un 10 % en industria. Hasta 2010 se habían extraído de la tierra 168 mil toneladas de oro (5 400 millones de onzas troy). Un 50 %, 84 100, está ahora en joyería y objetos de lujo. Un 15 %, 20 200, en aplicaciones tecnológicas e industria. En inversión privada, un 18 %, 31 400 toneladas. Un 17 %, 29 000 toneladas, en manos de los gobiernos de los países y un porcentaje muy exiguo sin identificar (Suárez Montoya, 2013).

Controversia 207 abril 2018.indd 31

6/25/2018 8:20:19 PM

Controversia 208

Problemática del neoextractivismo en Colombia Colombia manifiesta las dinámicas actuales del neoextractivismo como país periférico y dependiente. Así, este modelo de acumulación fue declarado como la principal locomotora de desarrollo2 en la nación con el conflicto social y armado más largo del continente. Opera a través de megaproyectos orientados a la explotación de minerales (oro, carbón, petróleo, ferroníquel, plata, cobre, coltan, mulidleno, uranio, materiales de construcción, hierro y acero) y biomasa (caña, palma, pinos, eucaliptos y madera) (Pérez-Rincón, Sánchez Torres y Zúñiga de Cardoso, 2014), asociados con sistemas de infraestructura en materia de transporte y energía, en el marco de los planes de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana —iirsa— y Mesoamérica. En particular, los planes nacionales y las políticas sectoriales de las dos últimas décadas han establecido las condiciones legales, financieras e institucionales necesarias para promover la inversión extranjera directa. En este esquema, las empresas privadas y extranjeras se ven como los únicos agentes con alto potencial de impulsar el crecimiento económico del país. En este orden de ideas, las inversiones de estos gigantes se atraen mediante la ausencia de impuestos, garantías tributarias y la posibilidad de explotar mano de obra barata y de externalizar impactos ecológicos, culturales y sociales (Arias Hurtado, 2014). En concordancia con lo anterior, resulta ilustrativo que en Colombia la inversión extranjera directa orientada a megaproyectos mineros y de hidrocarburos aumentara del 21 % al 85 % entre los años 2000 y 2010 (Toro, 2012). Por su parte, la inversión extranjera en proyectos de agro2 En el Plan Nacional de Desarrollo Prosperidad para Todos (2010-2014), el sector minero-energético y el agropecuario se establecieron como locomotoras de desarrollo. Este propósito es retomado en el actual plan nacional de desarrollo Todos por un Nuevo País. Paz, Equidad y Educación (2014-2018), en el denominado eje transversal de transformación del campo y crecimiento verde que busca consolidar la agroindustria y la gran minería.

Controversia 207 abril 2018.indd 32

6/25/2018 8:20:19 PM

Neoextractivismo en América Latina y Colombia: una reflexión desde la ecología política

industria, agricultura, silvicultura y pesca creció 241 % entre los años 2010 a 2014 (Delgado Gómez, 2015). La actuación del Estado, producido y reproducido históricamente por las lógicas del capital, ha guardado una coherencia profunda respecto a las estrategias de modernización y desarrollo impulsadas por las corporaciones transnacionales y los nuevos centros imperiales de donde proceden, como es el caso de Canadá, en alianza con los grandes terratenientes colombianos y el sector privado nacional. Según la Contraloría General de la República, desde 1997 el Gobierno canadiense intervino en la formulación del Código de Minas colombiano, a través de un convenio entre el Ministerio de Minas y Energía de Colombia, la Canadian International Development Agency —cida— y el Canadian Energy Research Institute —ceri—, en el que las agencias citadas invirtieron recursos para fortalecer las instituciones mineras del país sudamericano, al tiempo que el Gobierno colombiano se comprometía a garantizar las condiciones para la inversión de las compañías mineras con sede en ese país y de propiedad canadiense (Fierro Morales, 2012). De esta manera, para el año 2012 en Colombia operaban cuarenta compañías canadienses con ochenta y seis proyectos mineros (Grupo de Trabajo sobre Minería y Derechos Humanos en América Latina, 2014). El neoextractivismo ha implicado no solo enormes impactos sociales y naturales, sino también impactos económicos, políticos y culturales, debido a que el control por el territorio y sus riquezas naturales ha estado en el corazón del conflicto y la guerra más larga del continente. Sumado a lo anterior, hay que hacer evidente lo nocivo que resulta que dentro de los Acuerdos de Paz no haya cuestionamientos sustantivos a este modelo económico. De los ochenta y ocho conflictos socioambientales identificados en Colombia por el Atlas de Justicia Ambiental, el 54 % involucran cor-

Controversia 207 abril 2018.indd 33

6/25/2018 8:20:19 PM

Controversia 208

poraciones transnacionales. Del total de los casos, treinta y cuatro corresponden a conflictos por minería —se destaca la minería de oro con veintisiete casos—, veintidós a conflictos por combustibles fósiles —se destaca el carbón con doce casos y el petróleo con nueve—, trece a conflictos por biomasa —se destaca el cultivo de palma con seis casos—, diez a conflictos por generación eléctrica y nueve por infraestructura (Pérez-Rincón, 2015) (ver gráfica 6). Gráfica 6. Conflictos socioambientales por el neoextractivismo en Colombia 40 35

Número de conﬂictos

30 25

20 15

5 0 Minería

Combustibles fósiles

Biomasa

Generación eléctrica

Infraestructura

Actividad

Fuente: Elaboración propia con datos de Pérez-Rincón, 2015

Aunque los conflictos socioambientales generados por el neoextractivismo están presentes en todas las regiones de Colombia, se ubican principalmente en las zonas más pobladas (Andina y Caribe), así como en zonas de conservación y territorios ancestrales. Cerca de 7,9 millones de personas han sido afectadas, particularmente las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes (Pérez-Rincón, Sánchez T. y Zúñiga de Cardoso, 2014). En términos de las relaciones económicas el escenario no es menos favorable. Se acentúa cada vez más el carácter dependiente y el proceso

Controversia 207 abril 2018.indd 34

6/25/2018 8:20:19 PM

Neoextractivismo en América Latina y Colombia: una reflexión desde la ecología política

de reprimarización. En los últimos años, el valor de las exportaciones es apenas la cuarta parte del costo de las importaciones (Samaniego, Vallejo y Martínez-Alier, 2014, p.25). Como lo detallan Joan Martínez Alier y Mariana Walter (2016): Las importantes exportaciones físicas de Colombia (que conllevan grandes pasivos socio-ambientales impagos) ahora no pueden pagar las importaciones [...] En 2011 Colombia exportó cerca de 120 millones de toneladas e importó cerca de 30 millones de toneladas, dejando un déficit comercial físico de más de 90 millones de toneladas. Esto es para un país de más de 45 millones de habitantes [...] Crecientes exportaciones en toneladas (de diferentes commodities) no logran mejorar los balances comerciales monetarios debido a los términos de intercambio negativos (p.82).

Adicionalmente, más de la mitad de los megaproyectos extractivos en el país se encuentran en manos de inversión extranjera directa asociada con altos valores de transferencias de rentas. En el 2013, se transfirieron por rentas 7,8 puntos porcentuales más que en el año 2000: De cada 100 dólares exportados, ahora deben pagar en calidad de rentas alrededor de 22 dólares. Es decir, si la ied está concentrada en bienes primarios no renovables, además de provocar un déficit creciente del balance comercial físico y el agotamiento o degradación de recursos naturales, se debilita la posición en la balanza de pagos. No se puede despreciar que una cuarta parte de las exportaciones esté comprometida con el pago de rentas al exterior (Samaniego et al., 2014, p.25).

Es así como los impuestos sobre la producción de commodities son simbólicos o por completo inexistentes (Cypher, 2009). En tal sentido: Colombia es actualmente el destino preferido de los inversionistas extranjeros (seguido por Brasil y Chile y luego por México); aplicó una política de ‘flexibilidad’ para fijar las tasas por regalías (1 % en el caso de la minería de oro) y aún no ha decidido cómo o cuándo se aplicarán (Veltmeyer, 2013, p.29).

Controversia 207 abril 2018.indd 35

6/25/2018 8:20:19 PM

Controversia 208

En consecuencia, en nuestro país el neoextractivismo afecta a los territorios y a la identidad cultural de comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas. Además, representa en muchos casos la pérdida del control sobre el uso de la tierra, la soberanía alimentaria y las redes de comercio locales, y afecta ecosistemas estratégicos como páramos, selvas, bosques andinos, ríos y humedales (Defensoría del Pueblo, 2010). Sin contar con que también causa desplazamientos forzados, amenazas y desapariciones de líderes, así como actos sistemáticos y generalizados tendientes a generar procesos de terror y ruptura del tejido social (Ramírez, 2007). Igualmente, es responsable de la intensificación de los procesos de militarización articulados con acciones paramilitares (Idárraga Franco, Muñoz Casallas y Vélez Galeano, 2010).

Acciones frente al neoextractivismo en Colombia Si sesenta años de desarrollo no han producido los resultados esperados, ¿no es ya hora de repensar radicalmente esta forma de concebir la realidad social? Por eso, aunque en estos momentos el neoextractivismo parece empecinado en seguir por este mismo camino, aún es posible imaginar y adelantar proyectos alternativos. (Modificado de Escobar y Pedrosa, 1996) Para el periodo 2001-2011, se registraron doscientas setenta y cuatro acciones sociales colectivas contra del neoextractivismo en Colombia: marchas, reclamos, paros cívicos, bloqueos de vías y huelgas de hambre. Dichas acciones tuvieron un ascenso desde el año 2005 y un crecimiento sostenido a partir del año 2008 (Cinep, 2012) (ver gráfica 7). En estas acciones participaron sectores diversos: campesinos, indígenas y afrocolombianos, mineros tradicionales (trabajadores independientes), trabajadores vinculados a las empresas extractivas (asalariados), pobladores urbanos, activistas, académicos e investigadores (Cinep, 2012) (ver gráfica 8).

Controversia 207 abril 2018.indd 36

6/25/2018 8:20:19 PM

Neoextractivismo en América Latina y Colombia: una reflexión desde la ecología política

Número de luchas por todos los motivos

Gráfica 7. Acciones sociales contra el neoextractivismo en Colombia (2001-2011)

1.200

1.000

800

600

400

200

10 0

0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Todas las luchas sociales Luchas asociadas a explotación de petróleo, carbón y oro

Fuente: Cinep, 2012 (Modificado de Escobar y Pedrosa, 1996)

Gráfica 8. Participación de diferentes sectores (2001-2011) 70 60 50 40 30 20 10 0

2001

2002

Asalaridados

2003

2004

2005

T. Independientes

2006

2007

2008

Comunidades rurales

2009

2010

2011

Pobladores urbanos

Fuente: Cinep, 2012

Controversia 207 abril 2018.indd 37

6/25/2018 8:20:19 PM

Controversia 208

Gráfica 9. Motivo de las acciones sociales (2001-2011) Solidaridad 5%

Políticas 14%

Pliegos laborales 12% Petición empleo 7%

Ambientales 14% Derechos 16% Otros motivos 4% Incumplimiento pactos 24%

Infraestructura 4%

Fuente: Cinep, 2012

Entre los principales motivos de las acciones se encuentran las violaciones a los derechos de comunidades indígenas y afrodescendientes, la protección del medio ambiente, el incumplimiento de acuerdos entre las empresas y sus empleados, así como la petición de pliegos laborales (Cinep, 2012) (ver gráfica 9). Se ha logrado la articulación de los movimientos sociales en los ámbitos local y nacional, con movimientos internacionales de justicia ambiental como el Tribunal Permanente de los Pueblos, el Movimiento Mundial por los Bosques —wrm—, la Alianza de Organizaciones Católicas para el Desarrollo —Cidse—, el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina —Ocmal—, Colombia Support Network —csn—, entre otras organizaciones. De esta manera, las luchas en el ámbito local alcanzan mayores respaldos globales. En lo que respecta a lo jurídico, se han interpuesto derechos de petición, acciones de tutela, acciones de grupo, acciones de reparación directa, denuncias penales y presentación de casos ante tribunales in-

Controversia 207 abril 2018.indd 38

6/25/2018 8:20:19 PM

Neoextractivismo en América Latina y Colombia: una reflexión desde la ecología política

ternacionales, como el Tribunal Permanente de los Pueblos —tpp— y la Comisión Interamericana, que incluyen el aporte de pruebas sobre la violación de derechos humanos y la destrucción de los territorios (Arias Hurtado, 2016). Como casos emblemáticos se encuentran las acciones legales por medio de las cuales algunas comunidades han detenido los megaproyectos extractivos en sus territorios: • En el 2010, mediante una acción de tutela, tres resguardos indígenas y dos territorios colectivos de afrodescendientes del municipio de Carmen de Darién (Chocó) lograron que la Corte Constitucional suspendiera el megaproyecto minero Mandé Norte de la Muriel Mining Corporation y Rio Tinto. • En el 2013, mediante la primera consulta popular sobre proyectos extractivos en Colombia, el municipio de Piedras (Tolima) rechazó el megaproyecto minero de la Anglo Gold Ashanti. • En el 2014, mediante una consulta popular, el municipio de Tauramena (Casanare) rechazó el megaproyecto petrolero de Ecopetrol. • En marzo de 2017, mediante una consulta popular, el municipio de Cajamarca (Tolima) rechazó el megaproyecto minero La Colosa de la Anglo Gold Ashanti. • En febrero de 2017, mediante una acción de tutela, los mineros tradicionales del municipio de Marmato (Caldas) lograron que la Corte Constitucional aprobara la realización de una consulta previa frente al megaproyecto minero de la Gran Colombia Gold Corp. • En julio de 2017, mediante consulta popular, los habitantes de Pijao (Quindío) rechazaron la explotación minera en su territorio y los de Arbeláez (Cundinamarca) la explotación de hidrocarburos. Como resultado de la presión social, algunas instituciones parecen estar obrando como la “mano izquierda del Estado” (Bourdieu, 2014), al tomar el papel de ser partidarias de la defensa de los derechos socia-

Controversia 207 abril 2018.indd 39

6/25/2018 8:20:19 PM

Controversia 208

les. Tal es el caso de la Controlaría General de la República y la Corte Constitucional. Estas instituciones han legitimado sus actuaciones en las contribuciones realizadas por académicos e investigadores de esta problemática, lo que genera una alianza con las clases tendiente a reconstruir el sentido público del Estado, de manera antagónica frente a las clases dominantes. El máximo órgano de control fiscal, bajo la dirección de Sandra Morelli, denunció los impactos lesivos del neoextractivismo sobre los derechos humanos, el ambiente y la economía, lo cual fue documentado por un reconocido grupo de académicos y asesores bajo la dirección del investigador social Luis Jorge Garay. Por su parte, la Corte ha exigido al Estado la protección constitucional de los ecosistemas de páramo de actividades extractivas, debido a su alta fragilidad (Sentencia C-035/16), así como la protección constitucional de los derechos fundamentales a la consulta previa, al territorio y a la diversidad étnica y cultural de las comunidades indígenas y afrodescendientes que habitan los territorios que se pretendan declarar y delimitar como áreas estratégicas mineras (Sentencia T-766-2015) (Iespa, 2016). Es así como las comunidades afectadas, con el apoyo de diversos sectores del ámbito nacional e internacional, han constituido un movimiento social que se articula en torno a la justicia ambiental y la defensa del territorio: una propuesta local unida a la globalización de las resistencias que cuestionan las lógicas del neoextractivismo.

Marmato y la defensa del territorio En este contexto resulta representativo el caso de Marmato, el cuarto pueblo más antiguo de Colombia ubicado al centro-occidente del país, en el departamento de Caldas. Su principal patrimonio natural lo constituye el cerro El Burro, donde se localiza el oro que lo ha posicionado como uno de los territorios con mayor riqueza minera del continente,

Controversia 207 abril 2018.indd 40

6/25/2018 8:20:19 PM

Neoextractivismo en América Latina y Colombia: una reflexión desde la ecología política

así como su centro histórico declarado en 1982 monumento histórico nacional (Arias Hurtado, 2014). La historia cultural, social, económica y política de Marmato se encuentra asociada directamente con la práctica de la minería de oro que, inicialmente, era llevada a cabo por las comunidades aborígenes durante la época prehispánica. Durante el siglo xvi, este municipio se constituyó como un real de minas perteneciente a la jurisdicción de Popayán; a finales del siglo xvi y hasta el siglo xviii fue parte de la Real Compañía de Minas de la Provincia de Popayán. Finalmente, entre 1825 y 1930 el cerro minero fue entregado en empréstito a compañías inglesas para consolidar la independencia de la Gran Colombia (Arias Hurtado, 2013). A partir de la década de los años treinta del siglo xx se inició la configuración de la minería tradicional en el municipio3. Esta era realizada por comunidades indígenas, afrodescendientes y mestizas4 y estaba basada en la valoración de la autonomía y la solidaridad. Entre 1940 y 1980 el Ministerio de Minas promovió la empresa individual y las formas asociativas de pequeños mineros independientes, quienes constituyeron agrupaciones de hecho y luego se transformaron en sociedades de 3

Entre 1926 y 1931 el Estado recupera el control de las minas de Marmato, ya que a inicios del siglo xx fueron entregadas al General Vásquez Cobo, quien las arrienda a la compañía C.W. Sindycate Limited que, a su vez, traspasó el contrato a la compañía inglesa Colombian Mining-Exploration Co. Es así como en la década de los años treinta del siglo xx las minas fueron cedidas en arrendamiento a diferentes empresarios nacionales, quienes al no contar con recursos para explotar el preciado metal de manera “razonable” apelaron a subarrendarlas a pequeños mineros independiente locales, que se constituyeron como mineros tradicionales (Arias Hurtado, 2014). 4 De acuerdo con las proyecciones del Dane (2005), para el año 2011 la población de Marmato estaba considerada en 8 848 habitantes, de los cuales el 56,5 % corresponde a población afrodescendiente quienes tienen sus orígenes en la época de la esclavitud; el 16,7 % a población indígena proveniente del Chocó durante la época de la colonización por la Provincia de Popayán y que actualmente integran la Parcialidad Indígena de Cartama; y el 28,6 % restante se reconocen como mestizos (Arias Hurtado, 2016).

Controversia 207 abril 2018.indd 41

6/25/2018 8:20:19 PM

Controversia 208

Imagen 1. División territorial y cultural de las minas de Marmato de acuerdo con la Ley 66 de 1946

ZONA ALTA De pequeña minería

ZONA BAJA De mediana minería industrial

Fuente: Modificado de Medoro Resources, 2011

derecho, suscribiendo contratos de explotación de las minas de la parte alta de Marmato de acuerdo con la Ley 66 de 1946, normatividad que promovió un modelo de explotación a través de la división territorial y cultural (ver ilustración 1). La zona alta donde se localiza el cerro El Burro y en donde se encuentra el centro histórico se destinó para la pequeña minería; y la zona baja, en donde se encuentra la vereda El Llano, actualmente “zona de expansión urbana”, se reservó para la mediana minería (Arias Hurtado, 2014). A finales de la década de los años ochenta, se expidió el Decreto 2655 de 1988, bajo el cual Ecominas impulsó la firma de contratos para la pequeña minería en la zona alta de Marmato, cuya duración coincidía con la vida útil del yacimiento. Posteriormente, de acuerdo con el pro-

Controversia 207 abril 2018.indd 42

6/25/2018 8:20:20 PM

Neoextractivismo en América Latina y Colombia: una reflexión desde la ecología política

grama de legalización establecido por la Ley 141 de 1994, Minerales de Colombia —Mineralco S.A.— celebró alrededor de ciento veintidós contratos para la pequeña minería en la zona alta que permitieron a los pequeños mineros legalizar la minería de hecho (Arias Hurtado, 2016). No obstante, desde la década de los años noventa el oro presente en Marmato se configura como un “recurso” de interés para el desarrollo de un megaproyecto de minería a cielo abierto, liderado actualmente por la transnacional Gran Colombia Gold Corp.5, que se compone de tres áreas: zona alta, zona baja y zona Echandía que colinda con la zona alta (Gran Colombia Gold, 2012). Este proyecto requiere el traslado del centro histórico —ubicado en la zona alta o cerro El Burro—, lo que implica el desplazamiento de la comunidad de su territorio: El proyecto minero afectará tanto a la zona alta de Marmato como a la vereda El Llano y otras veredas del municipio, como San Juan, Boquerón, Echandía y Cabras que pueden requerir reinstalación completa […] Habrá necesidad de desarrollar un nuevo municipio en otro lugar. Esto requeriría 5

Entre 1995 a 1997 la compañía Gran Colombia Resource Inc. llevó a cabo exploraciones en la zona de Echandía, que colinda con la zona alta donde se encuentra el centro histórico de Marmato.

Entre 1996 a 2000 la compañía canadiense Conquistador Mines Ltd., a través de su filial colombiana Corona Goldfields S.A., adquirió el 13,15 % de la zona baja propiedad de Mineros Nacionales y compró varias minas de la zona alta donde se ubica el centro histórico de Marmato.

Entre 2005 a 2009 la compañía canadiense Colombia Goldfields Limited, a través de su filial en Colombia, la Empresa Minera de Caldas, adquirió varias minas de la zona alta.

En el 2010, la compañía canadiense Medoro Resource Ltd. adquirió las minas de Mineros Nacionales ubicadas en la parte baja.

En el 2011, la compañía canadiense Medoro Resource Ltd. se fusionó con la transnacional panameña Gran Colombia Gold, bajo el nombre de Gran Colombia Gold Corp., para adquirir en concesión la zona alta, la zona baja y la zona Echandía que colinda con la zona alta (Arias Hurtado, 2014).

Controversia 207 abril 2018.indd 43

6/25/2018 8:20:20 PM

Controversia 208

una importante colaboración entre la población y el gobierno colombiano (Gran Colombia Gold, 2012).

Es importante advertir que para el año 2012, según el máximo órgano de control fiscal del Estado: No ha sido formalmente presentado un proyecto de gran minería en Marmato con las características habituales de un proyecto minero […] por las empresas del grupo empresarial de la canadiense Gran Colombia Gold Corporation […] Tal es la situación, que ni la Gobernación de Caldas, ni la Agencia Nacional Minera, ni el Ministerio de Minas pueden afirmar tener conocimiento de dicho proyecto. Pese a esto, el megaproyecto para oro en la zona de Marmato fue presentado en el sitio web de la empresa Gran Colombia Gold, lo cual no se trata de manera alguna de una propuesta presentada de manera oficial aunque haya sido objeto de noticia en la prensa nacional o inclusive haya sido tema de discurso del exministro de minas Carlos Rodado […] No obstante la situación anterior, el tema del megaproyecto aurífero resultaría ser un tema de especial interés para la Contraloría General de la República desde el momento en que este proyecto sea presentado oficialmente, puesto que su planteamiento y realización deben presentar las características propias de un proyecto sustentable. Preocupa de un proyecto de estas magnitudes y características las implicaciones ambientales y sociales. Indudablemente un proyecto que se plantee para ser realizado a cielo abierto […] con la eliminación de un cerro y la generación de un pit de más de 800 metros de profundidad, con la remoción y reubicación de millones de toneladas de estériles, arroja serios problemas ambientales que deben ser evaluados […] Además de todos estos detalles sobre lo acontecido en torno al tema de Marmato, interesantes de por sí, para la Contraloría General de la República resulta de interés el hecho de que el reasentamiento corresponda verdaderamente a una necesidad de la comunidad de Marmato o a una conveniencia de intereses empresariales […] Esta situación por lo visto ha reunido un variado número de intereses y es probable que tenga implicaciones de orden fiscal (Contraloría General de la República, 2012).

Controversia 207 abril 2018.indd 44

6/25/2018 8:20:20 PM

Neoextractivismo en América Latina y Colombia: una reflexión desde la ecología política

Es así como se ha desconocido el derecho a la consulta previa e informada de la comunidad de Marmato, integrada por población indígena, afrodescendiente y mestiza. De hecho, se ha despojado del mínimo vital y único sustento de vida a los mineros tradicionales y también se han vulnerado las prácticas históricas y culturales de los marmateños, junto con la libertad para ejercer el oficio de mineros tradicionales. Sumado a lo anterior, esta práctica ha promovido la apropiación del territorio por parte de una sola compañía, lo que agudiza de manera tajante la problemática estructural de Colombia: la concentración de la tierra (Arias Hurtado, Monsalve y Cubillos, 2016). Tampoco ha existido un debido proceso frente a la “legalización” de los mineros tradicionales de Marmato, de acuerdo con el Código de Minas del año 2001. La Unidad de Delegación Minera de Caldas era la responsable de desarrollar la “legalización” en el municipio hasta el año 2005, por medio del otorgamiento de títulos a los mineros tradicionales. Este proceso inició en el 2004; sin embargo, a la fecha, existen solicitudes sin respuesta. Además, el nuevo código ha desconocido el proceso de legalización de títulos desarrollado en 1994, así como el régimen especial en la división territorial y cultural promovida por la Ley 66 de 1946 que había regido la relación entre el Estado y los mineros tradicionales (Arias Hurtado, Monsalve y Cubillos, 2016). La defensa del territorio dio origen a la Asociación de Mineros Tradicionales de Marmato y al Comité Cívico Prodefensa de Marmato. Estas organizaciones han logrado la articulación con movimientos sociales en el ámbito nacional e internacional6, al tiempo que han apelado a diversas formas de movilización y participación ciudadana.

Como Colombia Support Network, la Confederación Nacional de Mineros de Colombia, el partido político Polo Democrático Alternativo, el Centro de Estudios Mineros Colombia Punto Medio, la Red Colombiana Frente a la Gran Minería Transnacional y diferentes universidades del país, como la Universidad Tecnológica de Pereira.

Controversia 207 abril 2018.indd 45

6/25/2018 8:20:20 PM

Controversia 208

Como resultado de una acción de tutela para que se amparen los derechos fundamentales al debido proceso, la libertad para ejercer el oficio de mineros tradicionales, el mínimo vital, el derecho a no ser desplazados del territorio y a la participación, las organizaciones sociales de Marmato lograron que el pasado 28 de febrero de 2017 la Corte Constitucional aprobara la realización de una consulta previa frente al megaproyecto, mediante la Sentencia SU- 133/17: La Corte Constitucional protegió el derecho de los habitantes y de los mineros tradicionales de Marmato a participar en la definición de los impactos de las cesiones de los derechos de explotación de la parte alta del cerro El Burro y el derecho de las comunidades indígenas y afrocolombianas del municipio a ser consultadas al respecto (Corte Constitucional, 2017, p.1).

Para tal efecto, fueron convocadas varias universidades del país, entre las que se encuentran “la Universidad Tecnológica de Pereira, que participó en el debate en la Corte por el amparo de los derechos de los mineros artesanales de esta región” (Laverde y Medellín, 2017, p. 4), a través de la Línea de Investigación Estudios Socioculturales y Problemática Ambiental —Iespa—7. Es así como la Asociación de Mineros Tradicionales de Marmato y el Comité Cívico Prodefensa de Marmato han constituido un movimiento social como una propuesta local a la globalización de las resistencias que cuestionan las lógicas del neoextractivismo. La reciente sentencia de la Corte Constitucional es una conquista de este movimiento que se articula en torno a la justicia ambiental y la defensa del territorio desde intereses materiales y simbólicos. 7

En marzo del año 2016, la línea de investigación Estudios Socioculturales y Problemática Ambiental, adscrita al grupo de investigación Gestión en Cultura y Educación Ambiental de la Facultad de Ciencias Ambientales de la Universidad Tecnológica de Pereira, elaboró el concepto solicitado por la Corte Constitucional frente a la acción de tutela presentada por cuatro mineros tradicionales de Marmato. El concepto presentado, relacionado con el contexto histórico y cultural, los efectos económicos y sociales, así como el marco constitucional y legal, se sustentó en las investigaciones y publicaciones de la línea sobre el municipio de Marmato (Arias, 2013a, 2013b, 2014, 2016; Iespa, 2016a, 2016b) Ver: www.iespautp.tk

Controversia 207 abril 2018.indd 46

6/25/2018 8:20:20 PM

Neoextractivismo en América Latina y Colombia: una reflexión desde la ecología política

Conclusiones El argumento principal que intentó orientar esta reflexión sostiene que América Latina, en sus diferentes niveles territoriales (regional, nacional y local), ha sido insertada en la dinámica de acumulación capitalista a través del neoextractivismo y, en este marco, se están librando luchas de clases que buscan conservar o subvertir la lógica de este modelo. En la nueva geopolítica del capital en la región, el neoextractivismo como modelo de acumulación basado en el control de los territorios para la explotación intensiva de la naturaleza ha cobrado una fuerza inusitada, al operar a través de megaproyectos que ponen en contacto lo local y lo transnacional, para desafiar a las soberanías estatales, independientemente del régimen político-económico. Para tal efecto, se despliegan estrategias hegemónicas que profundizan el proyecto de colonialidad y dependencia histórica, así como el modelo neoliberal. Además, promueven la recolonización político-económica para la proyección de los intereses de los países hegemónicos en la región (Estados Unidos y Canadá, principalmente), la reprimarización de las economías y el debilitamiento de la regulación para que la inversión extranjera acceda a fuerza de trabajo y “recursos” estratégicos baratos. Así, el neoextractivismo se configura actualmente como una de las formas de transferencia sistemática de plusvalor en la división internacional del trabajo y la acumulación incesante. Este modelo económico presenta innovaciones recientes en las nuevas lógicas de acumulación extensiva, por ejemplo, la conversión del patrimonio natural en commodities. Igualmente, el neoextractivismo configura un nuevo escenario de crisis ambiental que implica no solo la contradicción capital-trabajo, sino también la contradicción capital-naturaleza. En ese sentido, la sustracción de ganancias extraordinarias bajo la forma de renta del suelo mediante la instauración de economías de enclave deriva en muchos casos en conflictos y guerras por el control del territorio y su patrimonio natural.

Controversia 207 abril 2018.indd 47

6/25/2018 8:20:20 PM

Controversia 208

Tanto en América Latina como en Colombia, con el avance del neo extractivismo han aumentado los conflictos socioambientales (ecológicos, económicos y político-culturales), así como el conflicto armado, la violencia y la represión por el control del territorio y sus riquezas naturales, pero al mismo tiempo se ha intensificado la necesidad de confrontar este modelo de desarrollo, no solo desde fundamentos económicos, sino también político-culturales que ubican en el centro de la disputa la cuestión del territorio. Reflejo de esta situación es el caso de Marmato, ya que, desde lo local, sus organizaciones sociales, conformadas por las comunidades afectadas, despliegan estrategias contrahegemónicas para defender el territorio y se articulan con movimientos nacionales e internacionales con el fin de generar propuestas alternativas y gestar nuevas formas de movilización y participación ciudadana, así como acciones legales para detener los megaproyectos o minimizar sus impactos. En consecuencia, el neoextractivismo del siglo xxi expresa un espacio de lucha de clases entre los agentes sociales de los países centrales y de la región que lo legitiman como modelo de desarrollo frente a los agentes sociales que desde el contexto local están confrontándolo. En este contexto, la ecología política latinoamericana, como campo teórico-metodológico en construcción, es relevante para los estudios sobre el neoextractivismo, en cuanto propende por la comprensión de las relaciones de poder en torno a la apropiación social de naturaleza y los conflictos socioambientales generados por este modelo de acumulación, al tiempo que permite redimensionar y articular las luchas sociales en torno a la justicia ambiental. Finalmente, consideramos necesario profundizar los análisis de los factores histórico-materiales y simbólico-culturales en torno a la problemática del neoextractivismo en el siglo xxi en los distintos niveles territoriales (regional, nacional y local). Además, es crucial realizar in-

Controversia 207 abril 2018.indd 48

6/25/2018 8:20:20 PM

Neoextractivismo en América Latina y Colombia: una reflexión desde la ecología política

vestigaciones socialmente comprometidas —desde la perspectiva de y para los de abajo— que permitan evaluar los avances y logros, así como los límites y retrocesos que se dan en las luchas contrahegemónicas.

Referencias Alimonda, Héctor. (Ed.). (2011). La naturaleza colonizada. Ecología política y minería en América Latina. Buenos Aires: clacso. Arias Hurtado, Carolina (2013). Neo-extractivismo vs. desarrollo local: El caso del pueblo minero de Marmato (Caldas). Scientia Et Technica, 3, 589-598. Arias Hurtado, Carolina (2014). Conflictos territoriales y patrimoniales en “el pesebre de oro de Colombia”. Luna Azul, (39), 207–233. Arias Hurtado, Carolina (2016). ¿Neo-extractivismo o desarrollo local? Conflictos territoriales y culturales en el pueblo minero de Marmato (Colombia). En Línea de Investigación en Estudios Socioculturales y Problemática Ambiental -iespa- (Ed.) Memorias académicas del Primer Encuentro “Investigaciones socioculturales en el marco de la problemática ambiental del territorio” (pp. 98-129). Pereira: Universidad Tecnológica de Pereira. Arias Hurtado, Carolina; Monsalve, Olga y Cubillos, León (2016). Concepto presentado a la Corte Constitucional por parte de la Facultad de Ciencias Ambientales de la Universidad Tecnológica de Pereira frente al expediente T-4561330–Marmato (p. 52). Pereira: Corte Constitucional. Bebbington, Anthony (Ed.). (2007). Minería, movimientos sociales y respuestas campesinas: una ecología política de transformaciones territoriales. Lima: Instituto de Estudios Peruanos y Centro Peruano de Estudios Sociales. Borón, Atilio (2012). América Latina en la geopolítica del imperialismo. Buenos Aires: Ediciones Luxemburgo. Bourdieu, Pierre (2014). Sobre el Estado: cursos en el Collège de France (19891929). Barcelona: Anagrama. Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep) (2012). Minería, conflictos sociales y violación de derechos humanos en Colombia. Bogotá. Composto, Claudia y Navarro, Mina (Eds.). (2014). Territorios en disputa. Despojo capitalista, luchas en defensa de los bienes comunes naturales y al-

Controversia 207 abril 2018.indd 49

6/25/2018 8:20:20 PM

Controversia 208

ternativas emancipatorias para América Latina. México D. F.: Bajo Tierra Ediciones. Contraloría General de la República (2012). Respuesta denuncia 2012-4608082111-OS y acumulados. Bogotá: Contraloría General de la República. Corte Constitucional (2017). Sentencia SU-133/17 (p. 175). Bogotá. Cubillos Quintero, León Felipe (2016). Los estudios socioculturales como estrategia académica para la comprensión de las problemáticas ambientales del territorio. Ambiente y Sostenibilidad, 5, 36-42. Cypher, James (2009). ¿Vuelta al siglo xix? el auge de las materias primas y el proceso de “primarización” en América Latina. Foro Internacional, XLIX, 119-162. Defensoría del Pueblo (2010). La minería de hecho en Colombia. Bogotá: Defensoría del Pueblo. Delgado Gómez, Paula (2015). La inversión extranjera en el sector agropecuario creció 241% desde 2010. La República. Environmental Justice Organisations, Liabilities and Trade (ejolt) (2016). Mapping environmental justice. Recuperado de http://www.ejolt.org Escobar, Arturo (1998). La invención del Tercer Mundo: construcción y deconstrucción del desarrollo. Bogotá: Norma. Escobar, Arturo (2008). Territories of difference: place, movements, life, redes. Durham: Duke University Press. Escobar, Arturo; Álvarez, Sonia y Dagnino, Evelina (Eds.). (2001). Política cultural y cultura política: una nueva mirada sobre los movimientos sociales latinoamericanos. Bogotá: Taurus. Escobar, Arturo y Pedrosa, Álvaro (Eds.). (1996). Pacífico: ¿desarrollo o diversidad? Estado, capital y movimientos sociales en el Pacífico colombiano. Bogotá: Cerec, Ecofondo. Fierro Morales, Julio (2012). Políticas mineras en Colombia. Bogotá: Ilsa. Gran Colombia Gold (2012). NI43-101 Mineral resource estimate on the Marmato Project, Colombia. Toronto.

Controversia 207 abril 2018.indd 50

6/25/2018 8:20:20 PM

Neoextractivismo en América Latina y Colombia: una reflexión desde la ecología política

Grupo de Trabajo sobre Minería y Derechos Humanos en América Latina (2014). El impacto de la minería canadiense en América Latina y la responsabilidad de Canadá. Informe presentado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Washington: Fundación para el Debido Proceso. Gudynas, Eduardo (2009). Diez tesis urgentes sobre el nuevo extractivismo. Contextos y demandas bajo el progresismo sudamericano actual. En Centro Andino de Acción Popular —caap— y Centro Latinoamericano de Ecología Social —Claes— (Eds.). Extractivismo, política y sociedad (pp. 187225). Quito: caap y Claes. Gudynas, Eduardo (2011a). Debates sobre el desarrollo y sus alternativas en América Latina: Una breve guía heterodoxa. En M. Lang y E. Mokrani (Eds.). Más allá del desarrollo (pp. 21-53). Quito: Fundación Rosa Luxemburgo. Gudynas, Eduardo (2011b). Más allá del nuevo extractivismo: transiciones sostenibles y alternativas al desarrollo. En F. Wanderley (Ed.), El desarrollo en cuestión: reflexiones desde América Latina (pp. 379-410). La Paz: CidesUmsa. Harvey, David (2004). El “nuevo” imperialismo: acumulación por desposesión. Socialist Register, 99-129. Idárraga, Andrés; Muñoz, Diego y Vélez, Hildebrando (2010). Conflictos socioambientales por la extracción minera en Colombia: casos de la inversión británica. Bogotá: Censat Agua Viva. Laverde, Juan David y Medellín, María (2017). La protección de los mineros en uno de los pueblos más antiguos de Colombia. El Espectador, pp. 1-7. Lefebvre, Henri (1974). La producción del espacio. París: Antropos. Leff, Enrique (2012). Political Ecology –A Latin American Perspective. En Unesco-eolss Joint Committee (Ed.). Culture, Civilization and Human Society. Oxford: eolss Publishers. Línea de Investigación en Estudios Socioculturales y Problemática Ambiental (iespa) (2016). Problemáticas ambientales mineras desde la perspectiva sociocultural y derechos fundamentales. Pereira: Universidad Tecnológica de Pereira.

Controversia 207 abril 2018.indd 51

6/25/2018 8:20:20 PM

Controversia 208

Marini, Ruy Mauro (1991). Dialéctica de la dependencia. México: Era. Martínez-Alier, Joan (2015). La ecología política y el movimiento global de justicia ambiental. Ecología Política, 50, 55-61. Martínez-Alier, Joan; Temper, Leah; Del Bene, Daniela y Scheidel, Arnim. (2016). Is there a global environmental justice movement? The Journal of Peasant Studies, 43, 731-755. Martínez-Alier, Joan y Walter, Mariana (2016). Social metabolism and conflicts over extractivism. En F. De Castro, B. Hogenboom, y M. Baud (Eds.). Environmental governance in Latin America (pp. 58–85). London: Palgrave Macmillan. Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (Ocmal) (2017). Conflictos mineros en América Latina: extracción, saqueo y agresión. Estado de situación en 2016. Santiago: Ocmal. O’Connor, James (2003). Desarrollo desigual y combinado y crisis ecológica. Ambiente & Sociedad, 6, 9-23. Osorio, Flor (2009). Territorialidades en suspenso. Desplazamiento forzado, identidades y resistencias. Bogotá: Codhes. Pérez-Rincón, Mariano (2015). Conflictos ambientales en Colombia: actores generadores y mecanismos de resistencia comunitaria. Ecología Política, 48, 76–82. Pérez-Rincón, Mariano; Sánchez Torres, Luis Darío y Zúñiga de Cardoso, María del Carmen (2014). Conflicto ambiental en el río Pance entre diversos usos y usuarios del agua. Cali: Universidad del Valle. Petras, James y Veltmeyer, Henry (2017). The Progressive Cycle in Latin American Politics. En The class struggle in Latin America: making history today (pp. 59-78). London: Routledge. Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (pnuma) (2013). Tendencias del flujo de materiales y productividad de recursos en América Latina. Ciudad de Panamá: Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Ramírez, Francisco (2007). Tierra y minería, el conflicto en Colombia. Grupo Semillas, 32-36.

Controversia 207 abril 2018.indd 52

6/25/2018 8:20:20 PM

Neoextractivismo en América Latina y Colombia: una reflexión desde la ecología política

Samaniego, Pablo; Vallejo, María Cristina y Martínez-Alier, Joan (2014). Déficit comercial y déficit físico en Sudamérica. Quito: Universidad Autónoma de Barcelona, Flacso. Sarmiento, Libardo (2000). Conflicto, autonomía regional y socialismo ecológico. En S. Castañeda Roncancio, D. González Posso, y A. Mares M. (Eds.). Las claves territoriales de la guerra y la paz: desarrollo regional, participación ciudadana y agenda de paz (pp. 23-33). Santa Fe de Bogotá: Agenda Ciudadana por la Paz, la Vida y la Libertad. Suárez Montoya, Aurelio (2013). La minería colonial del siglo que brilla es oro. Bogotá: Ediciones Aurora.

xxi:

no todo lo

Svampa, Maristella (2011). Modelo de desarrollo y la cuestión ambiental en América Latina: categorías y escenarios en disputa. En F. Wanderley (Ed.). El desarrollo en cuestión: reflexiones desde América Latina (Primera edición en español, pp. 411-444). La Paz: Cides-Umsa. Tetreault, Darcy (2014). Megaminería en México, ¿Un camino hacia el desarrollo local y nacional? Estudios Críticos del Desarrollo, IV, 101-130. Tetreault, Darcy (2016). Tres formas de ecología política. En G. González, H. Márquez, y R. Soto (Eds.), Privatización de los bienes comunes. Discusiones en torno a la sustentabilidad, precarización y movimientos sociales (pp. 13-34). Zacatecas: Miguel Ángel Porrúa. Toro, Catalina (2012). Geopolítica energética: minería, territorio y resistencias sociales. En C. Toro, J. Fierro, S. Coronado, y T. Roa (Eds.). Minería, territorio y conflicto en Colombia (pp. 13-38). Bogotá: Universidad Nacional de Colombia. Veltmeyer, Henry (2003). La búsqueda de un desarrollo alternativo. En L. R. Morán Quiroz, H. Veltmeyer y A. O’Malley (Eds.). En contra del neoliberalismo: el desarrollo en la comunidad en América Latina. México: Universidad Autónoma de Zacatecas, Miguel Ángel Porrúa. Veltmeyer, Henry (2013). Economía política de la extracción de recursos naturales: ¿Nuevo modelo de desarrollo o imperialismo extractivo? Estudios críticos del desarrollo, III, 9-43.

Controversia 207 abril 2018.indd 53

6/25/2018 8:20:20 PM

Controversia 208

E Controversia 207 abril 2018.indd 54

6/25/2018 8:20:20 PM

2. El neoextractivismo y el neodesarrollismo en los contextos latinoamericano y colombiano

Controversia 207 abril 2018.indd 55

6/25/2018 8:20:20 PM

Controversia 207 abril 2018.indd 56

6/25/2018 8:20:20 PM

El neoextractivismo y el neodesarrollismo en los contextos latinoamericano y colombiano Por Freddy Díaz* Resumen: el presente artículo analiza la relación que existe entre en el desarrollo convencional impulsado por los gobiernos latinoamericanos de derecha y el extractivismo convencional como su base económica fundamental, y las diferencias que presenta ese modelo con el neoextractivismo como modelo económico impulsado por gobiernos progresistas, base primordial para los programas de inversión social que buscan el mejoramiento de las condiciones socioeconómicas de sus países. Palabras clave: neoextractivismo, neodesarrollismo, conflictos.

Neo-extractivism and neo-developmentism in Latin American and Colombian contexts Abstract: This article analyzes the relationship between conventional development promoted by right-wing Latin American governments and conventional extractivism as its fundamental economic base, and the differences that this model presents with neo-extractivism as an economic model promoted by progressive governments, a fundamental basis for social investment programs that seek to improve the socio-economic conditions of their countries. Keywords: neo-extractivism, neo-developmentalism, conflicts.

De formación ambiental, egresado de la Universidad Distrital, hace parte del Instituto Nacional Sindical. Hace parte de la Secretaría de formación del Coordinador Nacional Agrario y es militante del Congreso de los Pueblos. Correo electrónico: freddydiazga@gmail.com.

Controversia 207 abril 2018.indd 57

6/25/2018 8:20:20 PM

Controversia 208

Cómo citar este artículo: Díaz, Fredy (2017). El neoextractivismo y el neodesarrollismo en los contextos latinoamericano y colombiano. Revista Controversia, 208, 57-98. Fecha de recepción: 29 de febrero del 2017. Fecha de aprobación: 8 de mayo del 2017.

Apartado metodológico

l presente texto fue desarrollado con una metodología de estudio de caso con diferentes unidades de observación; la información fue recolectada de fuentes secundarias, en su mayor parte oficiales y en menor medida informes de organizaciones. Como se verá, los indicadores seleccionados para cada unidad de observación no provienen de la misma fuente dado que en ninguna de ellas se encontraban completos todos los datos de los años seleccionados, por cuanto fue necesario recurrir a otras fuentes para complementar la información requerida en el texto; aunque es claro que puede haber diferencias en los métodos de levantamiento de información en cada fuente, reconociendo esta limitación, se buscó ubicar datos que permitieran dar cuenta de las realidades que se quieren mostrar.

Un rápido contexto El presente texto busca mostrar las diferencias que existen entre concepciones de desarrollo, formas de gobierno y lógicas en la apropiación de bienes comunes, y las repercusiones que todo esto tiene sobre diferentes aspectos de la vida. El texto se dividirá en dos partes: la primera se centrará en países con lógicas neoliberales y de desarrollo clásico1, la segunda tratará a los países progresistas y sus lógicas de desarrollo. 1

Las raíces históricas del desarrollo se encuentran en los grandes reacomodos políticos que ocurrieron a nivel mundial al final de la Segunda Guerra Mundial. Las nociones de “subdesarrollo” y “Tercer Mundo” aparecieron en este momento corno parte de un proceso, a través del cual el Occidente buscaba redefinirse a sí mismo y

Controversia 207 abril 2018.indd 58

6/25/2018 8:20:20 PM

El neoextractivismo y el neodesarrollismo en los contextos latinoamericano y colombiano

El boom minero-extractivo en el mundo comenzó hacia los años noventa del siglo pasado, a lo cual América Latina no fue ajena, pues desde hace siglos se le ha impuesto el papel de proveedor de materias primas; en Colombia, aunque la primera ola de extracción a gran escala se dio en el gobierno Gaviria, justo cuando el neoliberalismo entró al país, fue desde el primer gobierno Uribe donde se abrió la puerta a la inversión extranjera de gran magnitud para la extracción de bienes naturales, dinámica que continuó profundizándose durante los gobiernos Santos, aumentando todas las facilidades ambientales, políticas, fiscales y laborales. Pero, ¿qué se entiende por extractivismo? El extractivismo es una modalidad de acumulación que comenzó a fraguarse masivamente hace quinientos años. Con la conquista y la colonización de América, África y Asia empezó a estructurarse la economía mundial al sistema capitalista. Esta modalidad de acumulación extractivista estuvo determinada desde entonces por las demandas de los centros metropolitanos del capitalismo naciente. Unas regiones fueron especializadas en la extracción y producción de materias primas, es decir, de bienes primarios, mientras que otras asumieron el papel de productoras de manufacturas. Las primeras exportan naturaleza, las segundas la importan. Para intentar una definición comprensible utilizaremos el término extractivismo cuando nos refiramos a aquellas actividades que remueven grandes volúmenes de recursos naturales que no son procesados (o que lo son limitadamente), sobre todo para la exportación. El extractivismo no se limita a en relación con el resto del mundo, pero especialmente en relación con las nuevas potencias del Oriente. Parte de este proceso fue también la necesidad de extender la civilización industrial al mundo hasta entonces no industrializado. Por lo tanto, las nociones de desarrollo y Tercer Mundo están estrechamente ligadas en sus orígenes a las de Guerra Fría y modernización. El objetivo de las naciones que se embarcaron en la tarea del desarrollo después de la guerra fue invariablemente el mismo: la creación de un tipo de sociedad equipada con los factores materiales e institucionales requeridos para alcanzar rápidamente las formas de vida creadas por la civilización industrial. De esta forma, el “desarrollo” se convirtió en la estrategia magna para realizar los designios de la civilización industrial y al mismo tiempo adelantar en forma relativamente inocua la confrontación entre Oriente y Occidente.

Controversia 207 abril 2018.indd 59

6/25/2018 8:20:20 PM

Controversia 208

los minerales o al petróleo, hay también extractivismo agrario, forestal e inclusive pesquero (Acosta, 2012). Esta definición hay que saberla matizar, y a cada matiz es necesario hacerle algunas aclaraciones.

Extractivismo y desarrollismo clásico Esta clase de actividad debe entenderse como un macrosistema (Pulido, 2015)2, básicamente porque en él convergen los sistemas socioambiental, económico-fiscal y político-institucional. Los impactos que sufren estos sistemas son característicos de las industrias y las economías extractivas, y se presentan de manera similar en todos los países latinoamericanos con enclaves extractivos, salvo algunas diferencias que dependen del régimen político que esté en el poder. Países como Perú, México y Colombia, con gobiernos abiertamente de derecha y neoliberales, han incentivado cambios que responden a “recomendaciones” hechas por organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional —fmi— y el Banco Mundial —bm—, entre las que se destacan las impulsadas por este último en el ámbito minero en los años noventa, conocidas como A Mining Strategy for Latin America and the Caribbean, de 1993, en donde plantean, entre otras cosas, liberación estatal de la tierra para su explotación y que los inversionistas tengan asegurado el acceso a esta, de preferencia a bajos costos. Allí también se tratan temas fiscales: el bm “recomienda” que se permita la repatriación de ganancias hacia los países de origen de las empresas extractivas, además de que los inversores tengan seguridad respecto a que los impuestos no cambiarán mucho durante el proyecto, es decir, que no aumentarán, y que no se cobren regalías, y si se cobran que sean bajas, además de que exista un mecanismo para devolver el iva sobre las compras. 2

Este autor considera a la minería como un macrosistema, pero ya que las actividades extractivas son similares, al igual que sus dinámicas, en el presente texto se considera que el extractivismo también es un macrosistema.

Controversia 207 abril 2018.indd 60

6/25/2018 8:20:20 PM

El neoextractivismo y el neodesarrollismo en los contextos latinoamericano y colombiano

Basados en estas directrices, y aprovechado la riqueza natural que hay en sus territorios, estos países buscan apalancar el crecimiento económico, fundamentalmente anclando su economía al mercado mundial de commodities y al mercado especulativo, esto en busca de captar inversión extranjera directa —ied—, básicamente, desregulando la legislación nacional, lógica que provoca la concentración de riqueza y, además de esto, acumulación de poder político, lo que en conjunto ha logrado arrodillar al Estado en favor de las empresas extractivas. En estos países, el modelo económico se fundamenta en crecer lo máximo posible, casi de forma ilimitada, mientras se pueda hacerlo, sin tener en cuenta las externalidades negativas, como los impactos socio-ambientales negativos o los desequilibrios político-económicos que estos produzcan. Mientras los gobiernos de turno se concentran en elogiar los supuestos beneficios que produce la ied —como la generación de empleo, inversión social, aumento de la productividad, transferencia de conocimiento y de tecnología—, además de mostrarla como un motor de desarrollo, otra es la realidad. Primero, es necesario entender como se ha comportado la ied en general y hacer un énfasis especial en la que se ha hecho para la extracción de bienes naturales. Tabla 1. IED (cifras en millones de dólares) País

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Colombia

10565

8035

6430

14648

15039

16199

16054

11446*

México

28574

17644

25962

23560

18998

44627

22795

21005**

Perú

6924

6431

8455

7665

11918

9298

7607

7817,1***

Fuente: cepal. * ProColombia, datos de la balanza cambiaria del Banco de la República, 2016. ** Banco Santander México. *** Proinversión, 2016.

Controversia 207 abril 2018.indd 61

6/25/2018 8:20:20 PM

Controversia 208

Gráfica 1. IED (cifras en millones de dólares) Perú

50000

México Colombia

40000

30000 20000

10000 0 2008

2009

2010

2011

2008

2012

2013

2014

Fuente: Elaboración propia

Esta tendencia, en general al alza, tuvo solo tres puntos de inflexión, los cuales coinciden con los años en que las tres olas de la crisis económica mundial se manifestaron. Entre finales del 2007 y el año 2008 llega la primera ola de la crisis mundial desde Estados Unidos por cuenta de la burbuja inmobiliaria; posteriormente, en el 2012 aparece la segunda ola de la crisis, esta vez su nido tuvo lugar en Europa por la crisis de pagos que asoló al continente, aunque para este año México fue el único de estos tres países en los que disminuyó la ied; y sin haberse recuperado la economía mundial de esto, desde finales de 2014, pero con mayor intensidad en 2015, llegó la tercera ola de la crisis, esta vez producida por la caída de los precios de los commodities, centrada especialmente en los países “en vía de desarrollo”, y que, sin asomo de recuperación, continúa hasta estos días. Ahora bien, en lo que va corrido de este siglo se configuró lo que se conoce como el superciclo minero, frente a esto: Hay que precisar que no es ni por asomo un período parejo: el año 2003 se inició una lenta recuperación de los precios internacionales de los minerales, que dicho sea de paso venían de tocar fondo el año 2001 y 2002, y que llegó a un primer pico entre el 2007 y 2008. Luego se produce una

Controversia 207 abril 2018.indd 62

6/25/2018 8:20:20 PM

El neoextractivismo y el neodesarrollismo en los contextos latinoamericano y colombiano

drástica caída entre el 2008 y 2009, que rápidamente rebota, para alcanzar un nuevo pico entre el año 2011 y 2012 (De Chave, 2016).

Frente a lo anterior, es importante resaltar el hecho de que coinciden la primera ola de la crisis con la caída de precios y, paradójicamente, la segunda ola con el pico de estos. Lo anterior puede explicarse porque esta segunda ola se centró en las principales economías del mundo; sumado a esto, China se convirtió en el motor de crecimiento económico mundial, y fue el principal socio comercial de América Latina, sociedad centrada en la compra-venta de materias primas, además: se comprueba una tendencia al alza en la inversión en la explotación de bienes naturales, principalmente en la región sudamericana, donde este rubro supuso el 43 % del total de la entrada de ied en 2010 y el 57 % en 2011, excluido Brasil. Se trata de inversiones en la explotación de materias primas para la exportación, fundamentalmente minería metálica, hidrocarburos y alimentos, impulsada por los altos precios de estas commodities en el mercado internacional (Omal).

Esta dinámica de alzas y caídas en la ied no es ajena a la ocurrida para la extracción de bienes naturales, esto igualmente dependiendo del año y de las circunstancias globales expuestas anteriormente, lo cual puede verse a continuación. Tabla2. IED para la explotación de bienes naturales (cifras en millones de dólares) País Colombia*

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

5139

5651

4918

7180

7945

8089

6313

8178

México**

44915

1330.7

1470.4

8181

28911

5393

2225.9

6844

Perú***

3598.4

4542.3

5665.8

6048.8

6291.4

6271.7

6317.4

6327.8

Fuente: Elaboración propia

Controversia 207 abril 2018.indd 63

6/25/2018 8:20:20 PM

Controversia 208

Gráfica 2. IED para la explotación de bienes naturales. 50.000

Perú

40.500

México

40.000

Colombia

30.500 30.000 20.500 20.000 10.500 10.000 5.000 0 2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Fuente: Elaboración propia

Lo anterior genera que el sistema productivo de estos países se extranjerice, concentre y reprimarice, con todas las consecuencias económicas, fiscales, comerciales y socio-ambientales que esto conlleva; los principales Estados interesados en este sector continúan siendo Estados Unidos, Canadá, China y los países europeos, cuya inversión llega en manos de un puñado de empresas —Royal Dutch Shell, Chevron, ConocoPhilips, Exxon Mobil, bhp Billiton, Rio Tinto, Anglo American, Barrick Gold— y convierte a los países receptores en rentistas-extractivistas con economías primarioexportadoras totalmente dependientes del mercado mundial. Ahora bien, es imposible negar la rentabilidad de esta actividad económica y las superganancias que genera; la cuestión es: ¿estos altos rendimientos económicos se ven reflejados en el grueso de la población de estos países?, o ¿esta errada lógica de acumulación infinita es otra forma más en la que se presenta el desarrollo clásico de concentración de capital a costa de la destrucción de la naturaleza y de retrocesos sociales, culturales y económicos para la mayoría? ¿Qué supuesto desarrollo les deja a los países la ied, especialmente la centrada en la extracción de bienes naturales?

Controversia 207 abril 2018.indd 64

6/25/2018 8:20:20 PM

El neoextractivismo y el neodesarrollismo en los contextos latinoamericano y colombiano

A pesar de estos altos niveles de inversión, las condiciones sociales no son las prometidas en el discurso de desarrollo que de manera coordinada manejan los Estados-gobiernos y las empresas extractivas; mientras que en las grandes capitales los índices sociales muestran algunos avances, en las regiones se presenta una disparidad respecto a lo presentado en las ciudades, a sabiendas de que es en estas alejadas zonas de los centros económicos y de poder donde se asientan los enclaves extractivos y, paradójicamente, donde menos o nulos beneficios se reciben. En México, a 2008, 50,6 millones de personas no tenían lo suficiente para suplir su salud, educación, transporte, vivienda o vestido, ni siquiera dedicando todos sus ingresos a esto. Poco más de diecinueve millones sufrían de carencias alimentarias; de estos 7,2 millones vivían en ciudades, y 12,2 millones lo hacían en las zonas rurales (Unicef México, 2012). Además, este país tiene la tasa de ingreso familiar más baja y está en el segundo lugar en la tasa de desigualdad más alta de ingresos dentro de la ocde. Continuando con esta lógica, al interior de la ocde el país latinoamericano es el de menor gasto en protección social, el cual equivale al 7.4 % del producto interno bruto. El nivel de pobreza relativa es el segundo más alto de la ocde —una de cada cinco personas es pobre—; en este mismo sentido, ningún otro país de los que integra dicha organización tiene la mayor proporción de población con la percepción de que no puede comprar alimentos suficientes (ver cuadro 3), y para cerrar este cuadro, México es uno de los pocos países que no tiene ningún tipo de seguro por desempleo (ocde, 2014). En el Perú la historia no es muy diferente. Aunque en general los índices en el país han mejorado ligeramente, estos no corresponden al alto nivel de inversión que se ha hecho en el país; además es muy importante resaltar que en los tres departamentos donde más se realizan extracciones de bienes naturales —Cajamarca, Huancavelica, y Apurímac—, a 2014, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática —inei—, el porcentaje de población con al menos una necesidad básica

Controversia 207 abril 2018.indd 65

6/25/2018 8:20:20 PM

Controversia 208

Gráfica 3. Porcentaje de población con la sensación de no poder comprar alimento suficiente 40% 2011/12 2006/7

30%

20%

10%

México

OCDE

U. Europea

Fuente: ocde.

insatisfecha —nbi— era de 27,8 %, 36,3 % y 22,2 % respectivamente, mientras que a nivel nacional era de 20,5 %. Lo anterior se refuerza con lo que ocurre en Cajamarca, donde se encuentra la segunda mina más grande de oro del mundo, la mina Yanacocha, con inversión estadounidense, peruana y de la Corporación Financiera Internacional. Es en este departamento peruano donde, según el inei, se encuentra la tasa más alta de población con pobreza y pobreza extrema: en 2010 el 50 % de la población era pobre, cifra que ha sido una constante hasta estos días; para el año 2015, esta cifra a nivel nacional era de 3,8 % (Redacción Gestión, 2016). En cuanto a la pobreza extrema, en 2013 Cajamarca presentaba un intervalo de 18,14 % a 26,97 %, en el año siguiente este intervalo era de 15,16 % a 23,22 %, y en 2015 fue de 16,63 % a 23,89 %; además de esto, es el departamento con menor asignación para gasto público per cápita, mientras que la cifra nacional para ese año fue de 4,6 %. Entre 2014 y 2015, la línea de pobreza extrema creció en el sector urbano un 4,5 % y en la zona rural un 4,2 %; la línea de pobreza rural representa el 80,8 % de la del área urbana (inei, 2016).

Controversia 207 abril 2018.indd 66

6/25/2018 8:20:21 PM

El neoextractivismo y el neodesarrollismo en los contextos latinoamericano y colombiano

El caso colombiano Para empezar, es importante tener claro que Colombia no es un país minero, es un país con minerales, lo cual es bastante distinto. Colombia se ha caracterizado por ser un país agrario-ambiental, al cual se le ha cambiado su matriz productiva en gran medida por el discurso ambiguo del desarrollo y el subdesarrollo y por buscar participación de las rentas extractivas. Ahora bien, para entender la dinámica del sector extractivo en el país y de la ied que se dirige hacia este, es fundamental entender y ver como determinante el conflicto armado que ha sufrido el país por más de cincuenta años, pero especialmente el surgimiento del paramilitarismo; por esto, es casi un deber civil hacer énfasis en que el paramilitarismo no fue, ni es un movimiento contrainsurgente, sino que desde que nació y hasta estos días es un proyecto político y económico. En el país habría sido imposible que el sector extractivo hubiese alcanzado la dimensión que tiene en la actualidad si no se hubiera apoyado en el proyecto paramilitar para despojar a comunidades de grandes extensiones de tierra por medio de asesinatos selectivos, masacres y desterritorializaciones forzadas. A febrero de 2015 había registrados 6,9 millones de desterritorializados (Acnur, 2016), lo cual pone al país en el deshonroso segundo puesto con mayor cantidad de desterritorializados internos después de Siria. De acuerdo a las cifras del Grupo de Memoria Histórica (2013), entre 1985 y 2012 ocurrieron 1982 casos de desterritorialización en el país, de los cuales 1166 fueron efectuadas por grupos paramilitares; de igual forma, según cifras de este grupo, entre 1981 y 2012 ocurrieron 16 340 asesinatos selectivos, de los cuales los grupos paramilitares ejecutaron 8903. Lo anteriormente expuesto frente a los intereses económicos que han estado tras el paramilitarismo se refuerza con investigaciones hechas por organizaciones como pax (2014) y Cedins (2015), las cuales mues-

Controversia 207 abril 2018.indd 67

6/25/2018 8:20:21 PM

Controversia 208

tran las relaciones que estos ejércitos privados tuvieron con empresas mineras, puntualmente con Drummond y Prodeco, para la primera, y para la segunda, Anglogold Ashanti; además, cabe señalar que esta última empresa fue denunciada por Human Rights Watch debido a la alianza hecha con el Frente Nacionalista e Integracionista —fni— en el Congo y así poder extraer oro en el norte de este país (hrw, 2005). A esto se suman también las relaciones que entablaron empresas petroleras y de agronegocios, casos como el de la petrolera Perenco y las Auto Defensas Unidas del Casanare (Quevedo, 2012). José Darío Orjuela, comandante de este grupo paramilitar, confesó que Ocensa y Ecopetrol influían en los secuestros que realizaban; mientras que British Petroleum anualmente aportaba doscientos millones de pesos, además de en este departamento, en Meta y Arauca. En los noventa, los grupos paramilitares atacaron sindicatos y comunidades que se oponían a la extracción de petróleo: a Arauca llegó el Bloque Vencedores de Arauca, por petición de las empresas que operaban allí (Semillas, 2015). Bajo la misma lógica, las empresas palmicultoras, aprovechando las desterritorializaciones masivas y las masacres cometidas por grupos paramilitares, especialmente en el Magdalena Medio, el Chocó y el nororiente colombiano, se han asentado allí para sembrar miles de hectáreas de palma africana; entre los casos más relevantes se pueden destacar los de Jiguamiandó y Curvaradó en el Chocó, el de la hacienda Las Pavas en el sur de Bolívar y la hacienda Bellacruz en el Cesar y el Catatumbo. Incluso, Carlos Castaño admitió que los paramilitares eran propietarios de cultivos de palma en el Urabá (Carrizosa, 2006). Como se ve, estos enclaves extractivos se ubicaron en zonas históricamente conflictivas y lograron estar allí violando los derechos humanos de los habitantes de esos lugares para favorecer intereses concretos. Ahora bien, esta es tan solo una de las dimensiones características del extractivismo en el país; el discurso institucional proextractivo y de las empresas de este sector para ganar legitimidad ante el país y lograr

Controversia 207 abril 2018.indd 68

6/25/2018 8:20:21 PM

El neoextractivismo y el neodesarrollismo en los contextos latinoamericano y colombiano

entrar en sus regiones de interés está concentrado en la generación de empleo, el mejoramiento de los índices sociales, amplias ganancias fiscales y económicas, cuidado ambiental y el siempre citado desarrollo, no solo para el país, sino para las regiones donde se ubiquen los enclaves extractivos; pero estos temas no son más que un mito.

Generación de empleo El sector extractivo es una actividad de capital intensivo, lo cual quiere decir que en su proceso utiliza más capital que cualquier otro factor de producción: por ejemplo, en el caso de la minería, “por cada millón de dólares invertido, se crean apenas entre 0,5 y 2 empleos directos” (Machado et al., 2012). Ahora bien, es necesario hacer un par de comentarios: los enclaves extractivos en sus fases iniciales requieren de grandes cantidades de empleados, fundamentalmente para abrir caminos, construir casas o para prestar seguridad, esto crea la falsa idea de que la necesidad de empleados por parte de la empresa será permanente. Sumado a lo anterior, esta clase de proyectos necesitan de conocimientos específicos, por lo cual se requiere de profesionales, que podrían ni siquiera provenir del país donde se ubica el proyecto, sino que son llevados de otros. Por otro lado, en declaraciones recogidas por el diario El Tiempo (2015), la subdirectora de ManpowerGroup para la región andina señaló que, para el tercer trimestre de ese año, “la expectativa es de despidos más que de contrataciones” en el sector minero, ya que la perspectiva neta de empleo pasó de -1 % a -4 % de un trimestre a otro. De igual manera, las plantaciones de monocultivos: generan muy pocos empleos, en general de muy baja calidad, casi todos de carácter temporal, con bajos salarios y en condiciones de trabajo donde prima la mala alimentación, el alojamiento inadecuado y el incumplimiento de la legislación laboral vigente. Son frecuentes los accidentes y las enfermedades laborales (Grain, 2009).

Controversia 207 abril 2018.indd 69

6/25/2018 8:20:21 PM

Controversia 208

17.5%

18.1%

18.5%

18.6%

18.2%

18.4%

19.0%

20.7%

12.8%

13.0%

12.8%

13.1%

13.3%

13.4%

300 13.2%

13.7%

20.4%

21.2%

Sector Agropecuario Industria Minería e Hidrocarburos IED (Millones de dólares)

13.8%

13.4%

15%

13.2%

20%

13.3%

20.4%

21.1%

Gráfica 4. ¿Cuánto empleo genera la minería?

250

10% 200 5%

1.15%

1.22%

1.10%

1.07%

1.13%

1.04%

1.11%

1.08%

1.15%

1.14%

0.96%

150

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

100

Años

Fuente: El Tiempo

En un caso similar al de los enclaves mineros, para la construcción de hidroeléctricas, al principio del proyecto se necesitan grandes cantidades de empleados para la edificación de infraestructura, pero después de que estas entran en funcionamiento, los empleados requeridos necesariamente requerirán de conocimientos especializados.

Dimensión socio-ambiental Como se vio anteriormente, los flujos de inversión hacia el país, a pesar de la crisis mundial, se han mantenido en niveles importantes. Esto ha generado que el pib nacional se mantenga alto, al igual que el pib minero, que aumentó de $2,72 billones en 2002 a $4,5 billones de pesos en 2009, es decir, en ocho años aumentó 65,4 % (pnd, 2010); a 2014, la participación del sector extractivo fue de 13,26 % en el pib nacional, 7,26 % del sector minero (Minminas, 2015) y 6 % del sector petrolero

Controversia 207 abril 2018.indd 70

6/25/2018 8:20:21 PM

El neoextractivismo y el neodesarrollismo en los contextos latinoamericano y colombiano

(Fedesarrollo, 2015). Aunque es un porcentaje relativamente bajo en comparación, por ejemplo, al aporte al pib generado por los establecimientos financieros, que en 2014 fue el sector que más aportó con 19,71 % (Minminas 2015), se debe tener en cuenta que en los años de bonanza extractiva el aporte desde el sector era muy superior; la cuestión es que estos altos niveles de inversión no corresponden con los índices sociales de las poblaciones donde se centran los proyectos extractivos. Entre los años 2008 y 2014 la posición del país en el ranquin mundial del Índice de Desarrollo Humano osciló entre el puesto 89 y el 97 dentro de 188 países, de acuerdo a los cálculos hechos por la onu (pnud, 2015); por otro lado, la desigualdad en el país no disminuye, Colombia es el segundo país más desigual de América Latina con un índice de Gini igual a 53,5 de acuerdo al Banco Mundial. Ejemplos claros de esto son que el 10 % de la población más rica del país gana cuatro veces más que el 40 % más pobre, o que el índice de Gini para medir la concentración de la tierra es de 0,86 (Justo, 2016). Aunque estas cifras son muy preocupantes, lo son mucho más las de las zonas donde se ubican los proyectos extractivos, pues en estas es mucho más evidente que el discurso del desarrollo solo llegó como eso, como discurso cargado de promesas y engaños, se convirtió en un canto de sirena para sus habitantes, a quienes únicamente les han dejado los costos ocultos de estos proyectos. Esto se puede evidenciar claramente con casos concretos como los ocurridos en municipios donde se desarrolla minería a gran escala, donde se explotan hidrocarburos y donde hay siembra de monocultivos. En estas áreas alrededor de los enclaves tiene lugar lo que podría llamarse como cultura extractiva3, donde se desarrollan círculos de miseria y 3

Esta cultura no debe entenderse como propia de las comunidades, por el contrario, se contrapone a la cultura que han construido históricamente las comunidades en

Controversia 207 abril 2018.indd 71

6/25/2018 8:20:21 PM

Controversia 208

convergen la prostitución, la proliferación de establecimientos dedicados a la venta de licor y juegos de azar, y se disparan los índices de consumo de drogas y de violencia, características propias de las economías extractivas. Al ser tan pocas estas líneas, es imposible tocar las implicaciones de cada uno de los enclaves extractivos del país, pero al ser sus lógicas, dinámicas e impactos negativos tan similares, los párrafos siguientes se centrarán solo en uno de ellos. Quizá el caso más aberrante, pero que a la vez muestra con más claridad lo que en realidad el extractivismo deja en las regiones, lo presenta la extracción de carbón. El país tuvo su pico de explotación en el 2012 cuando se extrajeron 89 024 320,82 toneladas de este mineral (Upme, 2016); aumentar la extracción de este material ha sido una de las prioridades de los gobiernos de turno, lo que ha significado para los departamentos donde se explota un alza en las mal llamadas “regalías” (ver gráfica 5), especialmente en las regiones de La Guajira y el Cesar, donde se concentran dos de los mayores emprendimientos mineros en el país y que han tenido un índice de producción estable, a diferencia de las tendencias mundiales (ver gráfica 6). A pesar de la alta inversión que allí se desarrolla y de los grandes recursos que deberían llegar por “regalías”, la mejora en la calidad de vida no se nota de ninguna manera, por el contrario, parece empeorar, simplemente basta con comparar algunos índices entre estos municipios que se volvieron mineros a la fuerza frente a municipios en los que no hay actividades extractivas (ver gráfica 7). sus territorios, insertando nuevas lógicas y dinámicas que rompen el tejido social y generando círculos de miseria alrededor de los enclaves extractivos. El ejemplo más claro es que pone en riesgo la cultura campesina y su lógica de trabajar la tierra y vivir de ella; la alta circulación de dinero es uno de los pilares de la cultura extractiva, pues cambia las dinámicas laborales y sociales, sustenta el alto consumo de alcohol, el consumo de drogas y alimenta el sueño extractivo del crecimiento económico, y, por lo tanto, incide profundamente en el cambio de la matriz productiva local.

Controversia 207 abril 2018.indd 72

6/25/2018 8:20:21 PM

El neoextractivismo y el neodesarrollismo en los contextos latinoamericano y colombiano

Gráfica 5. Distribución de regalías del carbón y otros minerales 1.800.000

Carbón Resto de minerales

1.600.000 1.400.000 1.200.000 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 0 2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Fuente: Upme

Gráfica 6. Producción de anual carbón

Miles de ton.

Producción de carbón

Producción nacional de carbón Ton (Miles)

50.000

100.000

45.000

90.000

40.000

80.000

35.000

70.000

30.000

60.000

25.000

50.000

20.000

40.000

15.000

30.000

10.000

20.000

5.000

10.000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Producción de carbón Cesar

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Producción de Carbón Guajira

Fuente: Justicia Tributaria

Controversia 207 abril 2018.indd 73

6/25/2018 8:20:21 PM

Controversia 208

Gráfica 7. Indicadores sociales de municipios productores de carbón. Diferencia de medidas de los municipios y del resto de municipios (no mineros) del departamento Muertes violentas x 100 mil habitantes Prom Municipio: 44 Nacional: 42

50 40

Mortalidad infantil x mil nacidos vivos

10 La Guajira

Cesar y La Guajira

Necesidades básicas insatisfechas [%] 70% 60%

61% 54%

56% Prom

50%

Municipio: 45%

40% 30%

Nacional: 29%

20% 10% 0% Cesar

La Guajira

Nacional: 26

Cesar

La Guajira

Cesar y La Guajira

Población en condiciones de miseria [%]

70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

Cesar y La Guajira

Diferencia no signiﬁcativa Resto del país

Prom Municipio: 36

30 20

Cesar

48 43

43% 33% 28%

Prom Municipio: 21% Nacional: 12%

Cesar

La Guajira

Cesar y La Guajira

Signiﬁcativamente mayor Signiﬁcativamente menor

Fuente: Rudas, 2012

A esto último se deben añadir los siguientes puntos: • El 33 % de los habitantes de los municipios que se ubican en el área de influencia de El Cerrejón y Drummond vive en condiciones de miseria, a nivel nacional este índice es igual a 12 % (Ibidem) • En los municipios donde se desarrolla gran minería de carbón, el índice de necesidades básicas insatisfechas (nbi) es de 56 %, el promedio nacional es de 29 % (Ibidem) • En los municipios vecinos a El Cerrejón, los casos de infecciones respiratorias agudas son la segunda causa de enfermedades; en esta

Controversia 207 abril 2018.indd 74

6/25/2018 8:20:21 PM

El neoextractivismo y el neodesarrollismo en los contextos latinoamericano y colombiano

región también se incrementó la mortalidad materna de 79 fallecimientos por cada 100 mil nacidos vivos en 2004 a 181,1 en el 2011. De ellas, el 93 % pertenece a la etnia Wayyú (Cinep, 2013) • En los municipios vecinos a El Cerrejón, la situación nutricional de niñas y niños menores de cinco años es crítica: 11,15 % de desnutrición global o bajo peso, en comparación con el 3,43 % correspondiente al promedio nacional (Ibidem). • A julio de 2014, en La Loma, Cesar, existen veintidós tipos de enfermedades, en su mayoría respiratorias como asfixia, asma y bronquitis, todas asociadas a la explotación de carbón (El Pilón, 2014). • La pobreza extrema en La Guajira es de 25,7 %, tres veces mayor que el índice nacional (Justicia Tributaria, 2016). • A 2013, 230 mil personas estaban en condición de pobreza extrema, cifra que representa cerca del 25 % de la población de La Guajira (Ibidem). • La Guajira rural registra una alta proporción de población en pobreza y en miseria, llegando a niveles del 91 % y 80 %, respectivamente (Justicia Tributaria, 2016). Estas cifras permiten ver cómo los altos índices de inversión para la extracción de bienes naturales a gran escala no representan mejoras en la calidad de vida de la población, por el contrario, las condiciones de vida de quienes habitan estos territorios empeoran. A esto hay que añadirle algo que se deja de lado, pero que es de vital importancia entenderlo y enfrentarlo, y es el reemplazo del Estado-nación por una suerte de Estado extractivo-corporativo. ¿Esto qué quiere decir? Pues que, ante el histórico abandono del Estado Social de Derecho en las regiones, las empresas extractivas, basadas en la responsabilidad social empresarial, se toman atribuciones que corresponden al

Controversia 207 abril 2018.indd 75

6/25/2018 8:20:21 PM

Controversia 208

Estado, como la construcción de infraestructura, garantizar la salud o la educación, todo con el fin de legitimar las actividades de la empresa; es decir que el Estado, además de desentenderse de los problemas locales, genera los mecanismos para que las empresas lo reemplacen. Ante esto, cabe resaltar que la única forma en que el Estado hace presencia en estos territorios es mediante la fuerza pública. Para complementar lo anterior, el abandono estatal llega hasta el punto que cuando los conflictos socio-territoriales se desarrollan entre las empresas y las comunidades, en algún punto del conflicto el Estado aparece, generalmente como una fuerza policiva contra las comunidades y favoreciendo los intereses de las empresas.

Implicaciones político-fiscales Otro de los mitos que se ha construido alrededor de los proyectos extractivos es que pagan grandes cantidades de impuestos por sus actividades, pero investigaciones como las realizadas por la Contraloría General de la Nación, la organización Colombia Punto Medio y Justicia Tributaria, entre otras, han demostrado lo contrario. En las últimas dos décadas, por cada dólar aportado al pib por la minería y los hidrocarburos, el Estado percibe ingresos fiscales de menos de dieciséis centavos, incluyendo los años de bonanza de altos precios en el mercado mundial, lo cual se explica por una serie de descuentos y exenciones que ofrece el Estado sobre el impuesto a la renta; de igual forma, para el caso minero, desde el Código de Minas vigente se estableció que la actividad minera está exenta de pagar algunos impuestos a las entidades territoriales. Ahora bien, en cuanto a la tributación nacional, es importante entender que en el país hay tasas de tributación nominales, es decir, lo que debería pagarse, y las tasas de tributación reales, esto es, lo que en realidad pagan las empresas al Estado. Entre 2007 y 2010 la tasa nominal para minería era del 33 %, pero después de deducciones y exenciones la tasa

Controversia 207 abril 2018.indd 76

6/25/2018 8:20:21 PM

El neoextractivismo y el neodesarrollismo en los contextos latinoamericano y colombiano

real fue de cerca del 10 %, y después del 2011, esta tasa era del 15 % (ver gráfica 8). Para cerrar, entre 2005 y 2010 las empresas mineras pagaron en promedio 878 mil millones de pesos anuales por impuesto a la renta, pero durante el mismo período por concepto de deducciones, descuentos y exencione se dejaron de percibir 1,78 billones de pesos. Es decir, por cada cien pesos pagados por este concepto, las empresas mineras tuvieron descuentos por más de doscientos pesos. (Contraloría General de la Nación, 2013). Gráfica 8. Regalías vs. deducciones tributarias Hidrocarburos (Incluye reﬁnación de petróleo)

-2.000 -3.000

-5.000

Regalías Deducciones tributarias

Prom 04-11

-4.000

6.000 4.000 2.000 0

118%

-2.000 -4.000 -6.000 -8.000 -10.000

Regalías Deducciones tributarias

Prom 04-11

132% -1.000

8.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Miles de millones de pesos constantes (2012)

1.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Miles de millones de pesos constantes (2012)

Total minería 2.000

Fuente: Contraloría General de la Nación, 2013.

Por lo anterior, las empresas del sector han alcanzado un poderío económico y, muy tristemente, político tal que han debilitado al Estado, al punto que han logrado incidir en la construcción de políticas y tener influencia en diferentes esferas del gobierno para favorecer sus intereses.

Neo-extractivismo y neo-desarrollismo En palabras de Eduardo Gudynas, en la gestión de los gobiernos progresistas en América del Sur “persiste la importancia de los sectores

Controversia 207 abril 2018.indd 77

6/25/2018 8:20:21 PM

Controversia 208

extractivistas como un pilar relevante de los estilos de desarrollo”, destaca Eduardo Gudynas (2009b y 2010c). Siguiendo con sus reflexiones, si bien el progresismo sudamericano “genera un extractivismo de nuevo tipo, tanto por algunos de sus componentes como por la combinación de viejos y nuevos atributos”, no hay cambios sustantivos en la actual estructura de acumulación. Con esto, el neoextractivismo sostiene “una inserción internacional subordinada y funcional a la globalización” del capitalismo transnacional. No solo se mantiene, sino que avanza “la fragmentación territorial, con áreas relegadas y enclaves extractivos asociados a los mercados globales”. Se sostienen, y “en algunos casos se han agravado, los impactos sociales y ambientales de los sectores extractivos”. Siguiendo con Gudynas, “más allá de la propiedad de los recursos, se reproducen reglas y funcionamiento de los procesos productivos volcados a la competitividad, eficiencia, maximización de la renta y externalización de impactos”. Entre los puntos destacables está “una mayor presencia y un papel más activo del Estado, con acciones tanto directas como indirectas”. Desde esta postura nacionalista se procura principalmente un mayor acceso y control por parte del Estado sobre los recursos naturales y los beneficios que su extracción produce. A partir de esta postura se critica el control de los recursos naturales por parte de las transnacionales y no la extracción en sí, incluso se acepta algunas afectaciones ambientales e inclusive sociales graves a cambio de conseguir beneficios para toda la colectividad nacional (Acosta, 2012). Es importante entender que el neoextractivismo hace parte de lo que se ha conocido como desarrollo alternativo, el cual tiene dinámicas y lógicas distintas frente al desarrollo convencional, pero no se aleja de sus preceptos de crecimiento económico infinito y, por ende, el neo extractivismo está muy lejos de ser una alternativa al desarrollo, con lo cual sí buscaría salir de las lógicas del desarrollo clásico. Ahora bien, en América Latina tomó fuerza el término de neodesarrollismo, especialmente en los gobiernos progresistas, el cual buscaba hacer un quiebre y separarse del neoliberalismo imperante en la región, idea que surgió en el seno de la Cepal. De acuerdo con Katz, este

Controversia 207 abril 2018.indd 78

6/25/2018 8:20:21 PM

El neoextractivismo y el neodesarrollismo en los contextos latinoamericano y colombiano

enfoque tiene cinco objetivos: el primero, una mayor intervención del Estado con el fin de salir del subdesarrollo, fundamentando esto en que los mercados fuertes son imposibles de conseguir sin Estados fuertes, lo cual indica que de igual forma continúa apoyando el capital; el segundo objetivo corresponde a políticas económicas que buscan alentar la competitividad, reducir la dependencia financiera de los flujos de capital y limitar el déficit fiscal; el tercero es la industrialización, al considerar que la expansión de la industria debe ser una prioridad para las economías medias, se consiente el extractivismo para conseguir recursos que permitan dicha expansión, la cual sirve a las multinacionales y a la inversión extranjera; en esta misma vía va el cuarto objetivo, reducir la brecha tecnológica, fundamentalmente, basándose en la transferencia de tecnología que pueden hacer las multinacionales, de ahí la importancia que se le da a la inversión extranjera; por último, el quinto objetivo es imitar el modelo exportador del sudeste asiático, esto sin tener en cuenta el contexto geopolítico en el que se desarrolló este sistema, desconociendo que es una propuesta anticomunista y dejando de lado las necesidades de Latinoamérica. Con base en lo anterior, algunos de los países latinoamericanos como Bolivia, Ecuador y Venezuela han tomado la decisión de centrarse en el extractivismo como fuente de generación de ingresos con el fin de utilizarlos para ayudar al proceso de construcción de vida digna o sumak kawsay, esto a costa de ir en contra de los intereses de grandes sectores de la población de estos países, donde los gobiernos fueron apoyados por movimientos sociales en búsqueda de una ruptura de las históricas condiciones sociales, económicas y políticas que se vivían allí. Para el caso de Ecuador y Venezuela, ambos integrantes de la Opep, el primero el más pequeño de la organización y el último una de las mayores potencias a nivel mundial por sus reservas y nivel de producción, como se ha expresado anteriormente, han centrado sus rentas petroleras para mejorar las condiciones de vida de la población, con pros y contras por esta actividad.

Controversia 207 abril 2018.indd 79

6/25/2018 8:20:21 PM

Controversia 208

Gráfica 9. Promedio anual de barriles de petróleo producidos diariamente en Venezuela. Producción (barriles diarios) 4.000.000

3.328.767

3.500.000

3.339.726

3.000.000 2.616.438

2.500.000 2.000.000

2.659.541

2.298.630

1.500.000

1.679.452

1.000.000 500.000 0

1970

1975

1980

1985

1990

1995

2000

2005

2010

2015

Fuente: Banco Central de Venezuela, 2013

Entre 2001 y 2014, la empresa pública de petróleo de Venezuela —pdvsa— destinó 26 080 millones de dólares en inversión social, entre los diferentes montos hechos por la empresa se destacan los 7108 millones de dólares destinados a Misiones Sociales, donde se encuentran rubros dedicados a vivienda, alimentación, proyectos energéticos y otros generados desde las comunidades, y los programas Barrio Adentro y el Ribas; 22 millones para el Fondo Asfalto, cuyos recursos se destinan a la construcción de infraestructura; 6854 millones para el Fondo Chino para impulsar el desarrollo socio-productivo y la industrialización del país; 208 millones para el Fondo de Ahorro Nacional de la Clase Obrera y Fondo de Ahorro Popular, recursos destinados al pago de las prestaciones sociales y aportes al régimen pensional de los servidores públicos; 10 400 millones que se destinaron para el Fondo de Desarrollo Nacional —Fonden—, con el fin de ejecutar grandes obras de infraestructura (pdvsa, 2014). El porcentaje del pib venezolano invertido en gasto público social pasó de 0,9 % en 1990 a 6,1 % en 2012 según el Sisov; gracias a esta inversión

Controversia 207 abril 2018.indd 80

6/25/2018 8:20:21 PM

El neoextractivismo y el neodesarrollismo en los contextos latinoamericano y colombiano

Gráfica 10. Ingreso anual por exportaciones petroleras $100.000.000.000 $90.000.000.000 $80.000.000.000 $70.000.000.000 $60.000.000.000 $50.000.000.000 $40.000.000.000 $30.000.000.000 $20.000.000.000 $10.000.000.000 $0 1970

1975

1980

1985

1990

1995

2000

2005

2010

2015

Fuente: Banco Central de Venezuela, 2013

social realizada por el gobierno venezolano han logrado cumplir con algunas de las Metas del Milenio4. Según el inei, el índice de Gini para Venezuela es de 0,3928, siendo el más bajo de América Latina. De esta forma: entre 1982 y 1998 ingresaron al Estado un total de 230 mil 576 millones de dólares, de los cuales se destinaron 90 mil 141 millones (39 %) en el desarrollo social. Mientras que el período comprendido entre 1999 y 2015, la nación recibió la suma de un billón 280 mil 609 millones de dólares, de los que el Gobierno Bolivariano ha invertido 914 mil 148 millones (71,4 %) para cubrir las necesidades de los venezolanos (Nodal, 2016).

Según el inei son: reducción de la pobreza extrema y del hambre; eliminación de disparidades de género en la educación primaria y secundaria; erradicación del analfabetismo entre la población juvenil; acceso gratuito a las medicinas y al tratamiento de la infección por vih; reversión de la tendencia de casos de tuberculosis; incorporación de principios de desarrollo sostenible en las políticas y los programas nacionales e invertir la pérdida de recursos del medio ambiente; diversidad biológica; acceso sostenible al agua potable y cobertura de recolección de aguas servidas; disponibilidad de los beneficios de las nuevas tecnologías, especialmente las de información y comunicación; y ampliación y fortalecimiento de mecanismos de cooperación para el desarrollo.

Controversia 207 abril 2018.indd 81

6/25/2018 8:20:21 PM

Controversia 208

En contraste con lo anterior, en los estados venezolanos donde se realiza explotación petrolera, los índices sociales muestran que allí no se han logrado los avances que sí se han alcanzado en el grueso del país: en el estado Zulia, el porcentaje de nbi es de 32 %, mientras el nacional es de 27 % (inei, 2014); de igual forma, de acuerdo con esta institución, a 2013 la pobreza en Venezuela fue del 32,1 % en los estados Monagas, Apure y Portuguesa, regiones donde se explota petróleo, allí su población no cuenta con los recursos suficientes para suplir la canasta básica; en Anzoátegui, el índice de pobreza extrema es del 11 %, mientras que en Falcón es del 11,6 %. A finales de 2013, la pobreza extrema en Apure, Monagas y Sucre superaba el 20 %. Para el caso ecuatoriano, desde los años setenta el petróleo ha sido la principal exportación del país, por cada US$100 que ingresan al país por exportaciones, US$60 corresponden a la exportación petrolera. Entre 1970 y 2012, el promedio de ied fue de US$340 millones, en este mismo periodo de tiempo las exportaciones petroleras alcanzaron un monto total de US$123 mil millones; en 2012, de los US$23 769 millones que se exportaron, US$13 791 millones fueron de petróleo y derivados, mientras las importaciones llegaron a US$24 017 millones. (Banco Central, 2013). Esto muestra la alta dependencia económica que tiene este país de la extracción petrolera. Según el Banco Central Ecuatoriano, desde los años ochenta el petróleo ha tenido un peso entre el 30 % y el 40 % del presupuesto nacional de ese país, incluyendo las políticas sociales estatales. A pesar de esto, en la actualidad, el sector petrolero solo aporta entre el 10 % y el 15 % del pib, fundamentalmente porque la producción y el precio en el mercado mundial han caído. Sin embargo, las cifras generadas por la extracción petrolera no significan mejoría social para los ecuatorianos, y aunque es necesario reconocer que se han logrado avances sociales, la desigualdad y la pobreza continúan en cifras altas (ver gráfica 11).

Controversia 207 abril 2018.indd 82

6/25/2018 8:20:21 PM

El neoextractivismo y el neodesarrollismo en los contextos latinoamericano y colombiano

Gráfica 11. Pobreza por necesidades básicas insatisfechas Producción (barriles diarios)

100

Porcentaje

75 50 25 0

2005

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Año Urbano

Nacional

Rural

Fuente: Ministerio Coordinador de Desarrollo Social

Como puede verse, las cifras del sector rural son muy superiores a las nacionales. Es importante recordar que es allí donde se realiza la extracción de los bienes comunes; de igual forma, la pobreza de ingresos es mayor en este sector (ver gráfica 12). Gráfica 12. Incidencia de la pobreza de ingresos Nacional Urbano Rural

Porcentaje

100

0 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2000 2003 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2001 Año

Fuente: Ministerio Coordinador de Desarrollo Social

Además, en el 2013, el Inec presentó datos preocupantes sobre el tema laboral. En un solo año, el desempleo bajó menos de medio punto, de 5,20 % a 4,89 %, pero la ocupación plena también disminuyó, de

Controversia 207 abril 2018.indd 83

6/25/2018 8:20:22 PM

Controversia 208

50,11 % a 46,92 %; lo anterior demuestra la falsa idea de que el sector extractivo genera empleo, en especial teniendo en cuenta que para el año del informe aún estaba en su apogeo. Ahora bien, para el caso boliviano, el presidente Evo Morales busca fortalecer su proyecto de gobierno con lo que denominó extractivismo social, centrado en la extracción de gas, petróleo y minerales; la ied en Bolivia en los últimos años ha sufrido altas y bajas (ver gráfica 13). De acuerdo con el Banco Central Boliviano, la ied a 2014 fue de 1482 millones de dólares, de los cuales 1140 millones correspondían al sector extractivo, siendo el sector hidrocarburos el de mayor inversión. Gráfica 13. Evolución de la IED 2.500

Inversión Extranjera Directa Bruta Inversión Extranjera Directa Neta

2.030

2.113

2.000 1.505

1.500

488

687

1.060

672 278

362

934

936

582

0 -500

1.033

953

1.000 500

1.750

1.302

508

426

2008

2009

859 648

705

-291

2005

2006

2007

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Año

Fuente: Banco Central de Bolivia

Ahora bien, respondiendo a una dinámica mundial, la exportación de hidrocarburos cayó en el presente año, según el inei, en un 49,5 %: de enero a abril de 2016 las ventas de estos fueron de 769,9 millones de dólares, mientras que en este mismo periodo de tiempo, pero en 2015, esta cifra era de 1524,8 millones de dólares. Según este organismo, las

Controversia 207 abril 2018.indd 84

6/25/2018 8:20:22 PM

El neoextractivismo y el neodesarrollismo en los contextos latinoamericano y colombiano

exportaciones de Bolivia disminuyeron en un 29,8 %, siendo los sectores de hidrocarburos, manufacturas y minerales los más afectados, lo que demuestra la alta dependencia que tienen del mercado mundial. Bolivia tampoco constituye una excepción a los problemas sociales que genera la extracción de bienes naturales. A pesar de los esfuerzos realizados por el gobierno del mas, según la Udape, entre 2007 y 2014 la pobreza extrema en Bolivia pasó del 37,3 % al 17,3 %, aunque el grueso de la población que sufre de esta condición económica continúa en el sector rural (ver gráfica 14). Gráfica 14. Porcentaje de población boliviana en pobreza extrema. 80 67,8

59,7

45,5 41,2

41,2 38,8 36,1

26,1

16,1

Urbana

2011

2009

2007

2005

2006

2003

2004

2001

2002

2000

1999

1997

1996

1995

1993

1994

1991

1992

1990

10,8

9,2

117,3 8,3

12,2

2014(p)

20,9

2013(p)

18,9

Nacional

MDM = 24,1

18,8

26,2

23,7

MDM

21,8

2012(p)

41,3

30,1 38,8

2008

Porcentaje

51,5 48,8

Rural

Fuente: Udape

A 2014, Bolivia tenía cerca de dos millones de personas en extrema pobreza, de las cuales 641 mil personas habitaban en el sector urbano y las restantes el sector rural. Además de esto, el índice de Gini para la distribución del ingreso en Bolivia ha sufrido avances y retrocesos, esto último en el sector rural (ver tabla 1).

Controversia 207 abril 2018.indd 85

6/25/2018 8:20:22 PM

Controversia 208

Tabla 3. Distribución del ingreso per cápita mensual Bolivia: Indicadores de distribución del ingreso per cápita mensual Descripción

2008

2009

2011

2012

2013

2014

Bolivia

0.53

0.50

0.47

0.48

0.50

Área Urbana

0.48

0.45

0.41

0.42

0.44

Área Rural

0.56

0.53

0.54

0.55

0.53

0.57

ÍNDICE DE GINI

BUZÓN DE PERCENTILES (En porcentaje) Percentil 90 / Percentil 10

13.91

14.72

11.64

12.92

11.54

12.22

Percentil 90 / Percentil 50

3.19

2.95

2.88

2.87

2.98

Percentil 10 / Percentil 50

0.23

0.20

0.25

0.22

0.25

0.24

Percentil 75 / Percentil 25

3.43

3.31

3.17

3.35

3.32

3.19

Percentil 75 / Percentil 50

1.79

1.78

1.72

1.73

1.74

1.73

Percentil 25 / Percentil 50

0.52

0.54

0.52

0.53

0.54

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Encuestas de mejoramiento de condiciones de vida (Mecovi 1999-2002). Encuesta de hogares (2005 - 2014) Notas: (1) No se calcularon estos indicadres para la Encuesta Continua a Hogares 2003-2004, por tanto no existe información para este período. No se realizó la Encuesta a Hogares 2010. A partir de 2008 no se realizan imputaciones en los ingresos.

Como se observa, en el área rural es donde existe mayor concentración del ingreso. Mientras se continúa ampliando la frontera extractiva, en lugar de disminuir, esta concentración aumenta sin dejar beneficios para las comunidades. Pero estas no son las únicas críticas que recibe el neoextractivismo. Las objeciones a este “modelo de desarrollo” pasan por la relación con el ambiente y críticas económicas y políticas. A pesar del fortalecimiento

Controversia 207 abril 2018.indd 86

6/25/2018 8:20:22 PM

El neoextractivismo y el neodesarrollismo en los contextos latinoamericano y colombiano

de las empresas estatales para dejar una mayor participación de las rentas extractivas, o de la nacionalización de los bienes naturales, los gobiernos progresistas en América Latina no tienen una visión crítica frente al extractivismo como actividad, sino frente a quienes se quedaban con las rentas; es por esto que, ante el ascenso de gobiernos de izquierda, el modelo no se detuvo, sino que se fortaleció y tuvo algunos cambios. Lo anterior abre la puerta para discutir el papel del Estado, pues mucho se ha dicho frente al “Estado mínimo” que es necesario para que las empresas extractivas logren desarrollar sus actividades con la mayor facilidad posible, pero, cabe preguntarse, ¿y si no es un Estado mínimo?, ¿y si es un Estado mínimo solo para proteger a su población, pero uno fuerte para dar garantías a las empresas que invierten o quieran invertir? Ese Estado fuerte puede entenderse desde la corporativización del Estado y el fortalecimiento de algunas instituciones y el debilitamiento de otras para facilitar el accionar del mercado, algo que podría resumirse en lo que se hizo durante los gobiernos Uribe para generar seguridad económica y así aumentar la ied en el país: el fortalecimiento de algunos ministerios y de la fuerza pública, así como la intromisión de la empresa privada en la redacción y aprobación de leyes, esto en contravía de la poca o nula presencia del Estado en las regiones del país y la violación y no garantía de los derechos de los ciudadanos. Ahora bien, el neoextractivismo continúa reproduciendo lógicas y di námicas del extractivismo clásico. Ambas expresiones y los gobiernos que las impulsan consideran algunos territorios como de segunda categoría o socialmente vaciables (Svampa, 2008) y, con el fin de permitir actividades extractivas, continúan con la idea de alcanzar algún tipo de “desarrollo” apropiándose de los bienes de la naturaleza, generando de igual forma impactos negativos socio-ambientales, pero buscando legitimar estas actividades con programas para la reducción de la pobreza y cerrar la brecha social con los recursos que generan estas actividades, aumentando la tributación, incluso renegociando contratos; tal vez el ejemplo de mayores cambios lo dio Bolivia desde que

Controversia 207 abril 2018.indd 87

6/25/2018 8:20:22 PM

Controversia 208

el mas llegó al poder, pues “la administración de Evo Morales en 2006 impuso la renegociación de contratos con las empresas petroleras, elevó las regalías y tributaciones al 50 %” (Gudynas, 2009). La diferencia más fuerte entre estos modelos, fundamentados en esas superganancias y su redistribución, es que estos gobiernos progresistas buscan ganar legitimidad entre la población —aunque esto último es igual en los gobiernos conservadores—. Cabe señalar que otros países progresistas en Latinoamérica, como Uruguay y Brasil, han venido aplicando también actividades dentro del neo extractivismo, puntualmente en el sector agro-forestal, concentrando esta actividad en monocultivos, bajo la lógica del extractivismo que se centra en la exportación y que, como es característico de los enclaves extractivos, genera poco empleo, pero también profundos problemas socio-territoriales5. Una de las mayores críticas que se les hace a los gobiernos progresistas y a su modelo extractivo es el fortalecimiento, dependencia y subordinación comercial a instituciones multilaterales como la omc y a acuerdos comerciales como los tlc, esto hace que estos gobiernos se deban mover bajo los lineamientos que imponen tanto las instituciones como los acuerdos; por lo tanto, Suramérica continúa teniendo un papel subordinado a los mercados centrales. Es así como se vuelven totalmente dependientes del mercado mundial, lo que implica desregular la legislación para poder hacer atractivos los países a la ied. Esto se convierte en un juego por saber cuál de estos países brinda los mayores beneficios y garantías para el capital, y es acá donde empieza el problema ambiental, pues se concibe al ambiente como un factor productivo, y por lo tanto, las facilidades ambientales se presentan como un plus a la hora de escoger el país donde se invierta; ahora bien, como se comentó anteriormente, los países progresistas se inclinaron por fortalecer las 5 Para saber más, ver: “Campesinos despojados de medios de vida”, Desde Abajo, 2015.

Controversia 207 abril 2018.indd 88

6/25/2018 8:20:22 PM

El neoextractivismo y el neodesarrollismo en los contextos latinoamericano y colombiano

instituciones comerciales convencionales, esto a sabiendas de que en el pasado: los gobiernos sudamericanos apoyaban también otras instituciones internacionales que buscaban cambios alternativos para el comercio global. Desde 1965 a los inicios de la década de 1990, se creó y apoyó la unctad […], para promover el comercio sur-sur, contribuir a mejorar los términos de intercambio frente a los países industrializados, y generar otras regulaciones comerciales. A su vez, desde la unctad se fundó el Fondo Común para los Commodities […], que entró en vigor en 1989, cubriendo varios productos agropecuarios y mineros, apuntando a desarrollar nuevos mercados y aliviar la pobreza. A su vez, la unctad y el cfc crearon los llamados Organismos Internacionales en Bienes Primarios […], con la finalidad de regular los mercados y el comercio global, entre otros varios aspectos (Gudynas, 2009).

Como se ve, con estos organismos existían otras formas de relacionamiento comercial, incluso mucho más favorables en términos de intercambio, pero fueron dejados de lado, fundamentalmente, por caer en prácticas empresariales como la competitividad y la búsqueda de altos réditos económicos. Retomando el tema ambiental, este aspecto presenta grandes similitudes entre las dos clases de extractivismo acá estudiadas, pues claramente los impactos ambientales negativos de estas actividades se mantienen, a pesar del malintencionado discurso de que todo problema ambiental que surja puede solucionarse con tecnología, además de que replican la lógica de externalizar estos impactos, incluso invisibilizándolos y desconociéndolos. Casos paradójicos son los que se viven en Ecuador y Bolivia, donde después del ascenso de gobiernos progresistas y de un ejercicio constituyente se reconocieron los derechos de la naturaleza a fin de tener una relación distinta con esta, pero sin que importara: en ambos países se ha abierto la posibilidad de desarrollar actividades extractivas en

Controversia 207 abril 2018.indd 89

6/25/2018 8:20:22 PM

Controversia 208

áreas protegidas o territorios ancestrales; esta es una de las razones más fuertes por las que sus gobiernos han perdido legitimidad y apoyo de quienes en un principio los respaldaron . Incluso se ha llegado a chantajear a la población de estos países diciendo que si no se desarrollan las actividades extractivas no se podrán seguir implementando programas sociales para la población y exponiendo, además, que las riquezas naturales no pueden dejarse sin explotar. Quizás el caso más recordado sea la apología hecha por el presidente Correa frente a estar sentados como mendigos sobre un saco de oro. Como complemento de lo anterior, la violencia estatal y paraestatal es un factor compartido tanto por los gobiernos neoliberales como por los progresistas, tal como se sucedió y sucede en Colombia, pues es utilizada como un medio para lograr despoblar territorios y poder así explotar con mayor facilidad los bienes naturales. Resultan emblemáticos casos como el de Máxima Acuña en el Perú, donde ella y su familia son hostigados por personal de la minera Yanacocha6 para que abandonen su propiedad y así poder explotar el oro que hay allí. Igualmente, en Ecuador el presidente Correa, contrario a su campaña y a quienes la apoyaron, ha buscado explotar yacimientos de petróleo en la Amazonía, ante lo cual las comunidades indígenas y organizaciones ambientalistas han levantado su voz de protesta, por lo que el gobierno ha reprimido de manera violenta a los manifestantes que se oponen a la explotación en esta zona; de igual manera, ha ordenado cerrar varias ong que no comparten su idea de explotar bienes naturales, la más reciente ha sido la ong Acción Ecológica que, entre otras acciones, ha apoyado a la comunidad shuar ante la represión estatal que busca favorecer a una minera china7.

6 7

“Perú: Nuevo ataque contra activista de la tierra Máxima Acuña, a dos días de visita internacional”. Amnistía Internacional. “Ecuador: Gobierno cierra ong Acción Ecológica”. Servindi.

Controversia 207 abril 2018.indd 90

6/25/2018 8:20:22 PM

El neoextractivismo y el neodesarrollismo en los contextos latinoamericano y colombiano

Por su parte, Evo Morales ha utilizado la fuerza para reprimir a quienes se han opuesto a sus proyectos: el caso más claro es el ocurrido en el parque nacional Tipnis, por el cual se ha proyectado la construcción de una carretera8 que dividiría este territorio, por lo que las comunidades levantaron su voz para oponerse al proyecto. Como resultado, hubo decenas de heridos y una grave crisis política9. Así pues, a través de la violencia se busca implementar enclaves extractivos a lo largo del territorio suramericano.

Conclusiones y caminos Como se ve, esta forma de extractivismo acogida por los gobiernos de izquierda de Latinoamérica es aceptada como pilar del “desarrollo” fundamental para cerrar la brecha social en los países progresistas, pero este planteamiento ha hecho que se confunda el desarrollo con el crecimiento económico. Frente a esto es necesario aclarar que, en un planeta con bienes finitos, el crecimiento infinito no es posible; es así como el progresismo latinoamericano que está en el poder no ha criticado la concepción occidental de desarrollo ni ha generado alternativa alguna frente a este. Así pues, los Estados progresistas de América Latina aceptaron los principios fundamentales del neodesarrollismo y los aplicaron a sus principales proyectos de gobierno, aumentaron la intervención del Estado en el sector, su competitividad en el mercado mundial para ganar socios comerciales, han intentado lograr cierto nivel de industrialización en sus países, en parte basados en las ganancias obtenidas por la bonanza del sector y por la transferencia tecnológica que han logrado obtener de las empresas extranjeras que llegan allí, y por último, han 8 9

La infraestructura es fundamental para desarrollar proyectos extractivos, tanto por el ingreso de maquinaria y personal, como para poder transportar lo que se explote; tener buena infraestructura de transporte reduce costos para las empresas. “Pese al rechazo indígena, el gobierno de Bolivia quiere construir una carretera en una reserva ecológica”. Infobae.

Controversia 207 abril 2018.indd 91

6/25/2018 8:20:22 PM

Controversia 208

logrado aumentar sus niveles de exportación; pero esto no ha servido para romper las lógicas y dinámicas del desarrollo clásico, sino que incluso las ha profundizado. Como modelo de desarrollo, no hay, sin embargo, diferencias sustantivas entre el extractivismo clásico y el neoextractivismo. Solo hay continuidad o profundización de la primacía del patrón productivo primario exportador (Lander, 2014). Ahora bien, todo esto hay que verlo y entenderlo en el contexto de los altos precios de las materias primas. Con la caída de estos, la situación cambia totalmente, el descenso de los precios coincide con la caída en la popularidad y legitimidad de los gobiernos progresistas que, al no contar con los recursos económicos de años anteriores, no logran justificar sus formas de gobernar. Es acá donde se abre la discusión de qué tan útil es el hiperpresidencialismo sin el reconocimiento de las necesidades y los sentires de quienes aportan y aportaron en la construcción de una nueva forma de hacer política, y cabe preguntarse qué tan bien se está haciendo el trabajo de base en estos países, pues ante las mejores condiciones sociales alcanzadas, parte del sector social beneficiado por las políticas gubernamentales cambia sus visiones para apoyar a otros sectores políticos, al no sentirse ya representado ideológicamente con los gobiernos progresistas, pues siente que las ayudas gubernamentales disminuyen por las condiciones anteriormente expuestas; esta es una de las grandes fallas del paternalismo estatal eterno. Pero es necesario resaltar que estos gobiernos han ayudado a contener al capital y al imperialismo, aunque la discusión de fondo sigue sin saldarse: ¿cuál es la alternativa al extractivismo? Además, existe otra mucha más grande y difícil: ¿cuál es la alternativa al “desarrollo”? Quizás, una forma de superar el modelo extractivo imperante puede ser rediversificar la matriz energética; cuando ocurra esto, también se rediversificará la matriz productiva, pues como se sabe, dentro de esta matriz, los países latinoamericanos le dan un peso muy importante a la

Controversia 207 abril 2018.indd 92

6/25/2018 8:20:22 PM

El neoextractivismo y el neodesarrollismo en los contextos latinoamericano y colombiano

explotación de energéticos10 y a la producción energética. Al tener esto en cuenta, si la producción energética se realiza con fuentes alternativas, estos países no se concentrarán en explotar carbón, petróleo u otra fuente energética primaria, y sí en otros sectores, como la producción de alimentos, o en la producción industrial; así, se saldría de la lógica impuesta a Latinoamérica de ser simplemente una canasta de materias primas para las economías centrales y con esto sería posible buscar los recursos para continuar con los programas sociales. Lo anterior puede entenderse como una alternativa económica, pero como se expuso antes, el extractivismo debe entenderse como un macrosistema, y para enfrentarlo se deben generar alternativas para cada uno de los sistemas que lo componen. Frente a los sistemas social y ambiental, es necesario que se radicalicen las posturas. Por esto, el ecosocialismo propone una nueva sociedad centrada en una lógica ecológica y en la equidad social, priorizando el valor de uso sobre el valor de cambio, lo cual se presenta como una fuerte opción; de igual manera, es necesaria la colectivización de los bienes naturales y una verdadera soberanía sobre estos para que sea la sociedad quien decida qué hacer con ellos y cómo aprovecharlos. Con la intención de fortalecer esta lógica, la propuesta del giro ecoterritorial hecha por Maristella Svampa (2013) se vuelve cada vez más necesaria, la cual busca que sean las comunidades las que, alrededor de los bienes comunes que hay en su territorio, lo construyan y definan que hacer en él. Un ejemplo claro de esto es la propuesta de los Territorios Campesinos Agroalimentarios (cna, 2015), propuesta campesina para organizar y proteger el territorio, centrada en la producción de alimentos, en la protección ambiental y en la organización comunitaria. Esta y otras propuestas se disputan el territorio con proyectos extractivos, compitiendo por agua, tierra y energía, lo cual dificulta la producción de alimentos, poniendo en riesgo la seguridad y soberanía alimentaria

10 Son los elementos que permiten generar energía por medio de diferentes procesos.

Controversia 207 abril 2018.indd 93

6/25/2018 8:20:22 PM

Controversia 208

del país, sin que eso desincentive por parte del Estado la explotación a gran escala de bienes naturales. Ahora, frente al sistema político-institucional, tal vez lo más concreto sea seguir con las críticas fundamentadas al sistema político-económico extractivo y fortalecer los gobiernos locales y populares que buscan cuidar y blindar el territorio de actividades que lo pongan en riesgo. Los puntos anteriores pueden entenderse como alternativas locales para cada país latinoamericano, pero como se ha dicho a lo largo del presente texto, este es un sistema de alcance mundial, por lo cual las opciones deben ser de esta envergadura. Quizá la primera acción deba ser criticar la concepción actual de desarrollo como crecimiento económico infinito, lo cual ha llevado a que el planeta esté a punto de superar sus límites, a cosificar a las personas y a calificarlas de acuerdo a su capacidad económica y de consumo, en un sistema que busca desarrollarse sin importar nada ni nadie. El desarrollo es un mecanismo de poder y dominación, y así hay que entenderlo para enfrentarlo; para esto, se debe empezar desde cada persona. Es fundamental, entonces, que haya un cambio en el estilo de vida de las personas; es indispensable disminuir el consumo, sin dejar de atacar la producción. Para cerrar este texto, creo relevante comentar que es inaudito pensar en que de un día para otro se lograrán cerrar todos los enclaves extractivos del planeta. El mudo necesita de cierto grado de extractivismo energético, lo que hay que definir es cuánto, para qué, quién o quiénes lo harán y cómo. Quizás, en el momento que esto sea resuelto, se le habrá ganado una fuerte lucha al capitalismo y al “desarrollo” que busca perseguir.

Controversia 207 abril 2018.indd 94

6/25/2018 8:20:22 PM

El neoextractivismo y el neodesarrollismo en los contextos latinoamericano y colombiano

Acápite Durante el proceso de construcción de este documento, se logró la firma del acuerdo entre las Farc y el Gobierno colombiano, lo que para el sector extractivo significará un aumento en la disponibilidad de territorios para desarrollar proyectos de este tipo ante la “liberación” de zonas que durante años estuvieron vedadas por el conflicto armado. Lo anterior puede ser resumido en las palabras de Germán Arce, ministro de Minas y Energía: El sector minero energético ha sido muy afectado por el conflicto. Las acciones terroristas han impactado de forma negativa la productividad y han puesto en riesgo los recursos con los que se financian los programas educativos, de infraestructura e inclusión social. Con la paz, aquellos territorios en conflicto y de difícil acceso serán lugares en donde los proyectos de hidrocarburos, minería y energía serán una realidad (Acosta, 2016).

Esto, seguramente, repercutirá en una mayor cantidad de conflictos socio-ambientales en el país.

Referencias Acosta, Alberto (2012). Extractivismo y neoextractivismo: dos caras de la misma maldición. Recuperado de https://www.ecoportal.net/temas-especiales/ mineria/extractivismo_y_neoextractivismo_dos_caras_de_la_misma_maldicion/ Acosta, Javier (24 de agosto de 2016). Retos de la economía tras el acuerdo de paz. Portafolio. Recuperado de http://www.portafolio.co/economia/retosde-la-economia-colombiana-tras-el-acuerdo-de-paz-499846 acnur

(2017). Base de datos.

Agencia Venezolana de Noticias (11 de abril 2016). El gobierno venezolano destina 71,4% del ingreso nacional a la inversión social. avn. Recuperado de http://www.avn.info.ve/contenido/gobierno-bolivariano-destina-714-delingreso-nacional-inversi%C3%B3n-social.

Controversia 207 abril 2018.indd 95

6/25/2018 8:20:22 PM

Controversia 208

Amnistía Internacional (17 de febrero de 2017). Perú: Nuevo ataque contra activista de la tierra Máxima Acuña, a dos días de visita internacional. Amnistía Internacional. Recuperado de https://www.amnesty.org/es/latest/ news/2017/02/peru-nuevo-ataque-contra-activista-de-la-tierra-maximaacuna-a-dos-dias-de-visita-internacional/. Banco de la República (2015). Flujos de inversión extranjera directa en Colombia según actividad económica. Carrizosa, Natalia (2 de julio de 2006). La polémica palma. Semana. Recuperado de http://www.semana.com/on-line/articulo/la-polemica-palma/772 72-3. Cinep (2013). Impacto de la explotación minera en las mujeres rurales: afectaciones al derecho a la tierra y el territorio en el sur de La Guajira, Colombia. Recuperado de http://www.oidhaco.org/uploaded/content/article/2091974838.pdf Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras (2015). Informe estadístico sobre el comportamiento de la inversión extranjera directa en México. Corporación para la Educación Popular, Instituto Nacional Sindical (Cedins) (2015, abril). Actividades de Anglogold Ashanti y Bloque Central Bolívar: ¿solo coincidencias? De Chave, José (24 de Mayo de 2016). Súper ciclo y boom extractivo ¿es lo mismo? ocmal Recuperado de https://www.ocmal.org/super-ciclo-y-boomextractivo-es-lo-mismo/ Díaz, Freddy (20 de abril 2015). Campesinos despojados de medios de vida. Desde Abajo. Recuperado de https://www.desdeabajo.info/ediciones/item /26282-campesinos-despojados-de-medios-de-vida.html. Jiménez, Carlos Mario (27 de julio 2015). Aumentaron en 45% las enfermedades respiratorias por explotación de carbón. El Pilón. Recuperado de http://elpilon.com.co/aumentaron-en-45-las-enfermedades-respiratoriaspor-explotacion-de-carbon/ Escobar, Arturo (1986). La invención del desarrollo en Colombia. Lecturas de economía, 20, 9-35. Garay, Ane (s.f). Inversión extranjera directa. ocmal. Recuperado de http:// omal.info/spip.php?article4822

Controversia 207 abril 2018.indd 96

6/25/2018 8:20:22 PM

El neoextractivismo y el neodesarrollismo en los contextos latinoamericano y colombiano

Garay, Luis Jorge (Dir.). (2013). Minería en Colombia: Derechos, políticas públicas y gobernanzas. Bogotá, Contraloría General de la Nación. Grain (2009). Desenmascaremos algunos engaños sobre los monocultivos de árboles. Recuperado de https://www.grain.org/fr/article/entries/1222-desenmascaremos-algunos-enganos-sobre-los-monocultivos-de-arboles Grupo de Memoria Histórica (2013). Informe ¡Basta Ya! Memorias de guerra y dignidad. Bogotá: Imprenta Nacional. Gudynas, Eduardo (2009). Diez tesis urgentes sobre el nuevo extractivismo. Contextos y demandas bajo el progresismo sudamericano actual. En: Schuldt, Jürgen; Acosta, Alberto; Anthony, Barandiarán; Mauricio, Bebbington; Folchi, Mauricio; Gudynas, Eduardo et al. Extractivismo, política y sociedad. Quito, caap (Centro Andino de Acción Popular) y claes (Centro Latino Americano de Ecología Social). Human Rights Watch (2005). República Democrática del Congo—The Curse of Gold: Democratic Republic of Congo. Estados Unidos, hrw. Infobae (5 de agosto de 2017). Pese al rechazo indígena, el gobierno de Bolivia quiere construir una carretera en una reserva ecológica. Infobae. Recuperado de https://www.infobae.com/america/america-latina/2017/08/05/ pese-al-rechazo-indigena-el-gobierno-de-bolivia-quiere-construir-una-carretera-en-una-reserva-ecologica/ Instituto Nacional de Estadística e Informática (inei) (2016). Evolución de la pobreza monetaria 2009-2015. Justicia Tributaria (2016). Guajira: Un modelo integralmente insostenible. Recuperado de http://justiciatributaria.co/guajira-un-modelo-integralmenteinsostenible/ Justo, Marcelo (9 de marzo 2016). ¿Cuáles son los 6 países más desiguales de América Latina? BBC Mundo. Lander, Edgardo (2014). El neoextracctivismo como modelo de desarrollo en América Latina y sus consecuencias. Recuperado de https://mx.boell.org/ sites/default/files/edgardolander.pdf Machado, Horacio; Svampa, Maristella; Viale, Enrique; Giraud, Marcelo; Wagner, Lucrecia; Antonelli, Mirta; Giarracca, Norma, et al. (2012). 15 Mitos y realidad de la minería transnacional. Bogotá: Latino Impresores.

Controversia 207 abril 2018.indd 97

6/25/2018 8:20:22 PM

Controversia 208

(2014, marzo). Society at a glance 2014 highlights: Mexico oecd social indicators.

ocde

pax

(2014). El lado oscuro del carbón. La violencia paramilitar en la zona minera del Cesar, Colombia. Utrecht: Autor.

Petróleos de Venezuela S.A. (2014). Desarrollo Social. Balance de la gestión social y ambiental 2014. (2015). Informe sobre desarrollo humano. Trabajo al servicio del desarrollo humano. Nota explicativa por país – Informe sobre desarrollo humano 2015. Nueva York, pnud.

pnud

ProColombia (2015). Datos de la balanza cambiaria del Banco de la República. Proinversión (2015). Saldo de inversión extranjera directa en el Perú como aporte al capital. Quevedo, Norbey (14 de enero 2012). La petrolera Perenco y los “paras”. El Espectador. Recuperado de https://www.elespectador.com/noticias/investigacion/petrolera-perenco-y-los-paras-articulo-320929. Redacción El Tiempo (10 de junio 2015). Prevén nueva caída en generación de empleo minero. El Tiempo. Recuperado de http://www.eltiempo.com/ archivo/documento/CMS-15928836. Redacción Gestión (25 de abril 2016). ¿Por qué Cajamarca sigue siendo la región más pobre del país? Gestión. Recuperado de https://gestion.pe/economia/cajamarca-sigue-siendo-region-pobre-pais-118323. Rudas, Guillermo (2012). La locomotora minera. ¿Crecimiento compatible con la adaptación al cambio climático? Recuperado de http://www.colombiapuntomedio.com/Portals/0/Economia/Miner%C3%ADa%20y%20 Adaptaci%C3%B3n.pdf Servindi (2016). Ecuador: Gobierno cierra ong Acción Ecológica. Servindi. Recuperado de https://www.servindi.org/actualidad-noticias/21/12/2016/revanchismo-gobierno-ecuatoriano-cierra-ong-accion-ecologica. Tenthoff, Moritz (16 de febrero 2015). La explotación petrolera en el Centro – Oriente y el oleoducto bicentenario de Colombia. Revista Semillas, 48/49. Recuperado de http://www.semillas.org.co/es/la-explotaci Unicef México (2012). Pobreza y desigualdad. Recuperado de https://www. unicef.org/mexico/spanish/17046.html.

Controversia 207 abril 2018.indd 98

6/25/2018 8:20:22 PM

Controversia 207 abril 2018.indd 99

6/25/2018 8:20:22 PM

S Controversia 207 abril 2018.indd 100

6/25/2018 8:20:22 PM

3. Sobre la velocidad de la muerte, sus formas de captura y la extracciรณn de carbรณn en Cerrejรณn

Controversia 207 abril 2018.indd 101

6/25/2018 8:20:22 PM

Controversia 207 abril 2018.indd 102

6/25/2018 8:20:22 PM

103

Sobre la velocidad de la muerte, sus formas de captura y la extracción de carbón en Cerrejón Por Oscar Pedraza* Resumen: en este artículo se discuten las dificultades, tensiones y conflictos que emergen en la construcción de casos de violaciones a derechos humanos relacionadas con minería. El artículo se concentra principalmente en los retos que enfrentan abogados y activistas de derechos humanos Colombia. Entre esos retos se encuentran: 1) La relación entre derechos humanos y minería, que implican paradigmas jurídicos, políticos y epistémicos cualitativamente distintos y obligan a la reelaboración en las formas de trabajo de quienes participan en los casos; 2) las disputas concretas en torno al estatus de verdad de los datos que sustentan las pruebas y los argumentos jurídicos, políticos y morales; 3) las diferentes formas de la muerte, que deben ser capturadas a través de prácticas, epistemologías e instituciones que no siempre son las adecuadas. Palabras clave: movimientos sociales, carbón, extractivismo, expertos, ong, saberes, derechos humanos, antropología jurídica.

On speed of death, its forms of capture and the coal extraction in Cerrejón Abstract: This paper discusses the tensions and conflicts that emerge in the processes of making cases of human rights violations linked to mining extraction. I focus on the challenges that human rights lawyers and activists, who have become experts in the art of assembling cases of human rights related

Historiador y Antropólogo Universidad de los Andes. Master en Antropología New School for Social Research. Candidato a Ph.D. en antropología University of New York, Graduate Center.

Controversia 207 abril 2018.indd 103

6/25/2018 8:20:22 PM

104

Controversia 208

to political violence in a context of war face when confronted to the making of human rights cases related to mining. Among these challenges are: 1) the relation between human rights and mining, which involve legal, political and epistemic paradigms that are often different, forcing the actors involved to reelaborate them; 2) the disputes on the truth status of the date used to sustain judicial, moral and political arguments and proofs; 3) different modalities of death that need to be captured, often with epistemological and political tools that are not always adequate. Keywords: social movements, coal, extractivism, experts, ngo’s Cómo citar este artículo: Pedraza, Oscar (2017). Sobre la velocidad de la muerte, sus formas de captura y la extracción de carbón en Cerrejón. Revista Controversia, 208, 103-132. Fecha de recepción: 25 de enero del 2017 Fecha de aprobación: 5 de abril del 2017 “Beware of the horses A horse is a horse Of course, But who rides is important” Run The Jewels. A Report to the Shareholders/Kill Your Masters Run the Jewels1

Introducción

a popular frase “para morirse solo hace falta estar vivo”, más allá de ser una obviedad, alude a una condición de precariedad inherente a la vida, afirmando que de una u otra manera estamos siempre al borde de la muerte, siempre en el límite de una vida que se apaga. Esa fragilidad pareciera situarnos en aparente igualdad como seres humanos, es decir, pareciera decir que todas las vidas valen lo 1

Run the Jewels, RTJ, es una banda estadounidense de rap.

Controversia 207 abril 2018.indd 104

6/25/2018 8:20:22 PM

Sobre la velocidad de la muerte, sus formas de captura y la extracción de carbón en Cerrejón

105

mismo porque, de alguna manera, todas las vidas están siempre al filo de la muerte. Pero no hay que excavar demasiado en esa frase para darse cuenta que esconde algo. La idea de que todas las vidas valen lo mismo y que todas las muertes son condenables se estrella con las condiciones materiales, políticas, históricas y afectivas, que jerarquizan tanto el valor de la vida como el valor de la muerte. Aunque parece obvio que aspectos como el lugar donde alguien muere, su posición social, raza o género, estatus político y otra serie de elementos definen la importancia relativa de la muerte; lo cierto es que muy poco se ha discutido en torno a la forma en que las muertes adquieren valor, algo que es mucho más difícil de plantear en contextos como el colombiano, donde la impunidad y el olvido son parte del combate que libran cientos de activistas y familiares de víctimas todos los días. Tal vez por lo abrumador de la impunidad y el silencio que encubre las miles de violaciones a la vida de las personas en medio de la guerra, es tan importante preguntarse qué hace que ciertas muertes adquieran más importancia que otras y qué lleva a otras muertes a caer en el olvido. Para esto, se parte de las siguientes afirmaciones: 1) ser víctima de una violación a los derechos humanos no significa convertirse en un caso de derechos humanos; 2) el universalismo, que presume la capacidad de valorar de manera equitativa la vida como principio fundante de los derechos humanos, se enfrenta con las prácticas, materialidades, instituciones y discursos que jerarquizan el valor de la vida y la muerte; y 3) hay formas de morir y velocidades de la muerte que escapan a los dispositivos diseñados por las instituciones, las prácticas y los discursos de los derechos humanos, haciéndolas ilegibles o intraducibles, condenándolas a veces al silencio, a la imposibilidad de existir en los regímenes del posconflicto, la transición y la reconciliación. Por lo tanto, un evento violento no se convierte de manera automática en un caso de derechos humanos o en un artefacto moral y político

Controversia 207 abril 2018.indd 105

6/25/2018 8:20:22 PM

106

Controversia 208

que circula en las redes de los derechos humanos. No hay nada inherentemente natural a la muerte que la defina como importante y, por ello, es necesario analizar las prácticas, discursos y dispositivos que hacen posible que una muerte se vuelva relevante. Ahora bien, esto se complica cuando se introduce la relación de lo humano, la muerte y la naturaleza en la forma contemporánea de su apropiación y explotación en América Latina, específicamente el problema del neoextractivismo. En el caso colombiano, aunque la relación entre violaciones a derechos humanos y las condiciones que las producen se enuncian en foros, reuniones, artículos, reportes de ong y agencias estatales, existe una serie de elementos que parece fracturar la relación entre las violaciones a derechos humanos, relacionadas con el extractivismo, con aquellas en las que es posible discernir con claridad su dimensión eminentemente política2. En el contexto de las negociaciones con las farc-ep, donde el lugar de la naturaleza privilegió al uso de la tierra y donde “el modelo de desarrollo no está en discusión”, la violencia relacionada explícitamente con el extractivismo —para el caso de este escrito, la minería a gran escala de empresas multinacionales— ha tenido difícil cabida y se muestra como un interrogante para el futuro sin guerra. En este escrito se discutirán algunas de las maneras en las que eventos de muerte, relacionados con minería, se convierten en casos de derechos humanos y adquieren o pierden valor, volviéndose relevantes, emblemáticos o simplemente caen en el olvido. En particular, se analizará un caso relacionado con la explotación de carbón en el Cerrejón que se ha vuelto especialmente relevante para organizaciones de derechos humanos, ac-

Es importante aclarar que no estoy afirmando con esto que las violaciones a los derechos humanos relacionadas con minería no sean políticas, o que no sean entendidas como políticas por muchos de los actores que se relacionan con ellas. Quiero decir, como intentaré dejar claro más adelante, que tienen unos recorridos y trayectorias jurídico-políticas diferentes que muchas veces escapan los dispositivos institucionales que permiten su legibilidad en determinadas redes de los derechos humanos, y lugares de discusión institucionales, políticos y afectivos.

Controversia 207 abril 2018.indd 106

6/25/2018 8:20:22 PM

Sobre la velocidad de la muerte, sus formas de captura y la extracción de carbón en Cerrejón

107

tivistas nacionales y extranjeros, agencias de cooperación internacional y otra serie de actores relacionados con la minería en la Guajira.

El valor de la muerte y las redes de derechos humanos A nivel global, las prácticas, discursos e instituciones de los derechos humanos se han convertido en un lugar privilegiado de acción e intervención política para movimientos sociales, activistas y ong. Es innegable que su importancia contemporánea ha redefinido lo que significa la actividad política en muchos lugares del planeta. Precisamente, porque su relevancia no puede ser desdeñada, es crucial reflexionar acerca de los diferentes procesos que han llevado a que el marco normativo y moral de los derechos humanos se haya convertido en privilegiado, así como lo que ha sucedido con otros horizontes de acción e imaginación política. Sobre todo, es importante estudiar qué ha significado la hegemonía de los derechos humanos como lugar de acción política para movimientos, activistas y proyectos políticos que se plantean como alternativos al orden de poder que existe. En América Latina, aunque no exclusivamente, los activistas se han convertido en expertos en los laberintos jurídicos, políticos y morales de los derechos humanos. Con esto se quiere señalar, que los derechos humanos han superado el lugar restrictivo del conocimiento vernáculo de los expertos, para ser usado de múltiples maneras por campesinos, indígenas, comunidades afro, trabajadoras de fábricas y una multitud de actores políticos, cuya autoridad no está determinada por su profesionalización y validación en las esferas de la experticia del derecho o de los derechos humanos (Merry, 2006). Esto se debe, en buena medida, al uso que desde los años setenta se ha hecho de ellos como forma de protección de la vida en contextos de represión. Han sido varios los autores que en los últimos veinte años han estudiado este fenómeno desde múltiples perspectivas, algunos más críticos que otros, pero, en general, comparten la idea de que las instituciones, prácticas y discursos de los derechos humanos se convirtieron en una herramienta más o menos efectiva para hacer frente a las múltiples formas de violencia

Controversia 207 abril 2018.indd 107

6/25/2018 8:20:22 PM

108

Controversia 208

política que se empezaron a dar en América Latina desde la guerra fría (Jelin, 2003; Theidon, 2012; Sanford, 2000). Autoras como Keck y Sikkink (1998) se han concentrado en estudiar la forma en que las luchas por la defensa de los derechos humanos, han producido redes transnacionales que se vuelven cruciales para ejercer, de manera eficaz, el activismo relacionado con los derechos humanos. Desde pequeños colectivos de solidaridad, pasando por ong, cortes internacionales, grupos de abogados, académicos y medios de comunicación de diversa capacidad de circulación, las redes de derechos humanos son importantes porque permiten traspasar las fronteras y llevar eventos de violencia y represión a instancias que tienen la capacidad de hacer presión moral y política a los grupos que han ejercido la violencia, como una forma de mantener las órdenes de poderes determinados. Las autoras se concentran en la represión por parte de algunos Estados latinoamericanos durante la guerra fría. La imposibilidad de los activistas de obtener respuesta sobre la violencia política por parte de los entes oficiales nacionales, los obligó a ir más allá de los límites del Estado nacional e hizo necesaria la presión internacional, ejercida a través de dispositivos legales, morales y políticos. La expectativa, al ir más allá de los Estados nacionales para denunciar las prácticas de terror locales, era lograr que la presión internacional fuera capaz de transformar las políticas estatales. Esta táctica, que las autoras denominan efecto boomerang, se ha convertido en una forma estándar de acción por parte de quienes hacen parte de las redes globales de los derechos humanos, y en esa medida, sugieren que las luchas por la defensa de los derechos humanos nacen, en una parte importante, a través de esas redes de solidaridad, apoyo y litigio transnacional. La presencia activa de ong, coaliciones y movimientos colombianos en las redes globales de derechos humanos no solo ha permitido la circulación de experiencias de violencia nacionales en otras geografías, sino que además ha convertido a estas redes en actores de negociación política con impactos concretos en Colombia. Puesto en términos esque-

Controversia 207 abril 2018.indd 108

6/25/2018 8:20:22 PM

Sobre la velocidad de la muerte, sus formas de captura y la extracción de carbón en Cerrejón

109

máticos, los eventos de violencia relacionados con derechos humanos circulan, de muchas maneras, en redes locales y trasnacionales: desde testimonios vivos de personas que viajan a contar sus experiencias hasta libros, documentales, reportes de ong, artículos periodísticos y académicos, canciones y documentos jurídicos. De igual manera, esos eventos de violencia emergen en escenarios específicos como salas de reuniones, conferencias, congresos, juzgados, sets de televisión y radio, universidades y oficinas de agencias de cooperación internacional. Para los efectos de este escrito, es importante clarificar qué se comprende como “caso”. Es común que en las instituciones, prácticas y discursos de los derechos humanos se entienda cualquier violación a los derechos humanos como un caso, precisamente porque se asume a priori que todas las violaciones contra la vida de los seres humanos tienen el mismo valor intrínseco. Como se expuso anteriormente, en este texto se tomará una ruta diferente, que implica entender el valor de las vidas a través de prácticas sociales y materiales concretas, en las cuales se articulan los elementos que van moldeando la importancia de un evento de muerte. Por eso, se considera importante hacer una distinción entre el evento de muerte (sea este un asesinato, una desaparición o la degradación paulatina de la vida), que es lo que usualmente se entiende como algo digno de ser un “caso” de derechos humanos, y los ensamblajes materiales, políticos, morales y afectivos que hacen posible que un evento de muerte se convierta en un caso de derechos humanos. Dicho de otra manera, una situación de violencia no se convierte en un “caso” por el hecho de existir, es decir, porque haya sucedido. Por el contrario, para que se vuelva “caso”, ese evento tiene que convertirse en muchas otras cosas, desde objetos (como papeles que son demandas y tutelas) hasta recuerdos que se presentan en videos por YouTube, entrevistas que se vuelven artículos de prensa y redes de afecto y solidaridad que reconocen determinada experiencia de violencia como algo importante en un momento determinado. Hacer una lista de las formas posibles que toma un “caso” para su circulación o los lugares en los que hace presencia busca, sobre todo, dar cuenta de la vastedad de las redes y los múltiples lugares en los

Controversia 207 abril 2018.indd 109

6/25/2018 8:20:22 PM

110

Controversia 208

que circulan los “casos”. Sin embargo, también tiene como intención enunciar algo que es relevante para este escrito: un evento de violencia se vuelve “caso” y adquiere valor precisamente en la circulación que tiene en las redes de los derechos humanos. La muerte o la violencia no definen por sí mismas su conformación como “casos” en las redes de derechos humanos, pues no hay ninguna condición intrínseca o natural a la muerte o la violencia. De igual manera, para que un evento de muerte se convierta en un “caso” de derechos humanos, no puede restringirse exclusivamente al lugar donde sucedió esa muerte; las posibilidades de convertirse en un “caso” relevante, reconocido y valorado dependen, en buena medida, de las formas en las que se ensambla una y otra vez, para aparecer en las redes transnacionales de los derechos humanos (o lo contrario). Por todo lo anterior, la idea de “caso”, en este artículo, no se restringe a su dimensión jurídica, sino a las múltiples maneras en que se codifica, se articula y se ensambla el evento en una variedad de artefactos que permiten su circulación en diversos escenarios, en donde adquiere o no valor. Se hacen estas aclaraciones para tomar distancia de la premisa generalizada de las prácticas e instituciones de derechos humanos que sostiene su estatus moral y, de alguna manera, la fuerza de su legitimidad. Esa premisa habla de la sacralidad de la vida y el carácter universal de los derechos humanos que incluye, por lo tanto, a todos los seres humanos. En primer lugar, la crítica que emerge desde lecturas como las de Agamben (1998) a los derechos humanos, se concentra en la idea de que la vida es sagrada y termina por defenderla hasta el punto de no cuestionar las condiciones de brutal opresión a las que puede ser sometida. Para este autor, la vida desnuda supone una radical despolitización de la comprensión de las condiciones de existencia, al punto en que las circunstancias que producen vidas precarias y frágiles son desconocidas para una idea de la vida que es poco más que el acto de respirar y tener los ojos abiertos. De ahí que, por ejemplo, la crítica al

Controversia 207 abril 2018.indd 110

6/25/2018 8:20:22 PM

Sobre la velocidad de la muerte, sus formas de captura y la extracción de carbón en Cerrejón

111

humanitarismo que pone el acento en cómo el aliviar el sufrimiento puede reproducir la desigualdad sin cuestionar las condiciones que generan ese sufrimiento (Fassin, 2007; Ticktin, 2011). En segundo lugar, el universalismo abstracto de los derechos humanos supone la despolitización y deshistorización de los procesos que definieron la categoría “humano”. Como varios autores lo han expuesto (Asad, 2000; Moyn, 2009; Douzinas, 2000; Mignolo, 2009), esa noción en los derechos humanos ha sido organizada alrededor de una experiencia histórica particular, en donde las posturas morales y las expectativas del liberalismo priman. La consolidación de los derechos humanos como parte del ethos liberal supone una configuración específica de las relaciones políticas, de lo que se entiende como humano y de las jerarquías que organizan los grados de humanidad. De otra parte, la misma premisa asume en términos abstractos que todas las muertes relacionadas con los derechos humanos tienen el mismo valor, precisamente, con relación a las consideraciones morales que sustentan las prácticas, discursos e instituciones de los derechos humanos. Contrario a esa afirmación, en este trabajo se plantea que los eventos y las formas de la muerte adquieren relevancia por una serie de articulaciones materiales, políticas y afectivas que van definiendo qué muerte o qué formas de la muerte son más importantes. El valor de la muerte, por lo tanto, no está predefinido, sino que, como lo afirman autores como Graeber (2001), Ferry (2013) o Verdery (2003), se produce a través de las relaciones materiales concretas, donde la categoría valor no puede serle adscrita a un objeto por sus características intrínsecas, sino por el tipo de relaciones que establece, por los lugares en donde se presenta y por las redes de las que hace parte. El valor de la muerte en los derechos humanos no es sustancialmente diferente. No todas las muertes tienen igual valor. Hay asesinatos políticos que no adquieren importancia, mientras que otros de características similares se vuelven importantes; hay aspectos de las víctimas

Controversia 207 abril 2018.indd 111

6/25/2018 8:20:22 PM

112

Controversia 208

que pueden ser relevantes en momentos determinados por razones políticas contingentes (el asesinato de un sindicalista en un momento en que se negocia un tlc) y luego desaparecer; situaciones específicas en países europeos con presencia en Colombia, en términos de ayuda internacional, pueden llevar a que ciertos casos y ciertas regiones se activen como importantes en detrimento de otros; a veces, relaciones afectivas con otras organizaciones o con personas llevan a que se busque que un caso se vuelva relevante. Las situaciones que llevan a que un evento de violación a los derechos humanos sea registrado moral y políticamente como un caso de derechos humanos —de hecho, a que sea registrado como parte del campo de los derechos humanos— son diversas y, como dije anteriormente, no dependen exclusivamente del evento específico de violencia. En esa medida, este texto se distancia de la premisa de los derechos humanos que supone que todas las muertes tienen el mismo valor, dado el universalismo humanista de los discursos, prácticas e instituciones de los derechos humanos, para, por el contrario, plantear que el valor de un caso depende de trayectorias históricas, conflictos, disposiciones afectivas, políticas y articulaciones materiales en redes transnacionales.

De las formas de la muerte y su captura Quienes tienen una postura crítica de los derechos humanos suelen argumentar que su consolidación hegemónica ha desplazado discusiones en torno a las condiciones político-económicas de la desigualdad, privilegiando la idea de que la defensa de las libertades democráticas debe ser el eje de las discusiones y objetivos. A pesar de que —como lo han anotado distintos autores— las discusiones en torno a los límites y posibilidades de los derechos humanos han impulsado una expansión importante de los objetivos que se encierran en el marco normativo y moral de los derechos a escala global, ha sido particularmente difícil articular las esferas de la economía y los derechos de manera consistente (Sassen, 2006; González, 2014). Uno de los ejemplos más claros de las

Controversia 207 abril 2018.indd 112

6/25/2018 8:20:22 PM

Sobre la velocidad de la muerte, sus formas de captura y la extracción de carbón en Cerrejón

113

consecuencias de la brecha entre regulaciones legales a escala global y la esfera de la economía se encuentra, precisamente, en la discusión alrededor de la naturaleza. Aun cuando en los últimos años los debates en torno a los límites de los derechos humanos han terminado por expandir de manera importante su campo de intervención —abriendo escenarios de reconocimiento alrededor de temas como la alimentación y la identidad étnica (Edelman, 2014; Charters y Stavenhagen, 2009)—, es claro que aún no hay suficientes herramientas de acción que permitan, por ejemplo, regular de manera efectiva las acciones de empresas transnacionales o los daños ambientales que generan. De lo anterior se desprenden varias cosas: la primera es que la introducción eficaz de la naturaleza en las discusiones en torno a los derechos sea aún incipiente y limitada, en parte porque el lugar de la naturaleza implica discutir su uso como recurso económico, es decir, como materia que se apropia y se transforma en capital; la segunda es que en los eventos de muerte relacionados con recursos naturales, no es poco común que las causas político-económicas relacionadas con la naturaleza (por ejemplo, el extractivismo) sean subordinadas a otros elementos que tienen mayor efectividad jurídica y moral —como imágenes de sufrimiento, asesinatos o formas de violencia política—; la tercera es que existen dificultades claras para dar cuenta de las diferentes modalidades de la muerte y darles estatus equivalentes. Lo anterior no significa que la categoría naturaleza no esté siendo profundamente redefinida en los circuitos jurídicos y políticos donde los expertos de ong y activistas de organizaciones sociales circulan. Por el contrario, el esfuerzo que implica introducir la naturaleza en los conflictos políticos y jurídicos es evidente y, aunque no es motivo de este escrito, es parte de una importante reorganización epistémica en la que la naturaleza se convierte en una categoría en conflicto. Sin embargo, lo que interesa resaltar aquí es como la naturaleza es un lugar de

Controversia 207 abril 2018.indd 113

6/25/2018 8:20:22 PM

114

Controversia 208

disputa jurídico-político; las estrategias y tácticas para hacer frente a las violaciones a los derechos humanos relacionadas con el extractivismo aún no han sido estabilizadas. Por el contrario, en varias ocasiones no tienen capacidad vinculante o simplemente no existe una normatividad transnacional que permita el mismo tipo de ejercicio boomerang que existe con otras formas de violación a los derechos humanos. Por lo anterior, las formas de actuación de los activistas y expertos, cuando están motivadas por las violaciones a los derechos humanos y su relación con el extractivismo, deben ser redefinidas cuidadosamente. No todos los eventos-situaciones sirven para convertirse en casos a nivel nacional y transnacional, aunque en ocasiones la proliferación de casos permite la construcción de una imagen general en torno a las prácticas de los responsables, ya sean privados o estatales. Igualmente, y dependiendo del enfoque, diferentes organizaciones tienen diferentes maneras de aproximarse a la relación entre minería y derechos humanos. Una ong de abogados puede definir el tipo de casos a trabajar en función del potencial que tiene el caso a nivel jurídico para generar un impacto transnacional. Por eso, dependiendo de las directrices de la organización, de las relaciones de la ong con agencias de cooperación y de los mismos objetivos éticos y políticos, así como de relaciones afectivas emergentes, diferentes ong definen casos y las formas que estos adquieren. Hay ong que privilegian la intervención en agencias multilaterales, cortes internacionales y lugares de toma de decisión transnacional. Algunas consideran que es el plano del litigio el más relevante, mientras otras entienden que son las estrategias políticas, afectivas y organizativas las que alimentan el litigio. Por otra parte, un colectivo ambientalista no necesariamente tiene entre sus objetivos el plano jurídico, aun cuando se puedan generar alianzas con grupos de abogados y tengan un trabajo transnacional articulado. Por lo tanto, realizan otro tipo de intervenciones en las que el trabajo jurídico no es central.

Controversia 207 abril 2018.indd 114

6/25/2018 8:20:23 PM

Sobre la velocidad de la muerte, sus formas de captura y la extracción de carbón en Cerrejón

115

Lo cierto es que jurídica, política y moralmente suele ser más fácil organizar casos de derechos humanos que se puedan entender a través de eventos concretos, que puedan ser capturados por los diferentes dispositivos que producen los casos. Asesinatos, masacres, desapariciones y desplazamientos son eventos extraordinarios que irrumpen la cotidianidad, que se entienden como espectaculares y que articulan conflictos políticos hasta el punto de poder enunciar las relaciones de poder que generan esas formas de muerte. Como eventos extraordinarios, aun cuando estén envueltos en velos de impunidad, los dispositivos jurídicos, institucionales y morales de los derechos humanos hacen mucho más fácil que esos eventos se capturen en diferentes medios que permiten su circulación transnacional; es decir, que se conviertan en casos que circulan tanto en su forma jurídica como a través de documentos, reportes, entrevistas, documentales, artículos y otro tipo de objetos. Sin embargo, existen otras formas de morir, o mejor, modalidades de la muerte que tienen otras temporalidades, velocidades y desarrollos. En particular, me refiero a aquellas formas de la muerte que no son espectaculares, extraordinarias o inmediatas, sino que se caracterizan por estar distribuidas en el tiempo, por ser mundanas, por ser una constante en la vida cotidiana como si de alguna manera fueran muertes sedimentadas que van afectando rutinariamente la vida hasta desparecerla y, paradójicamente, fundirse temporalmente con ella. Esas formas de morir, que algunos llaman “slow death” (Berlant, 2007), y que otros definen como “slow violence” (Nixon, 2011), expresan una degradación paulatina de la vida que termina haciendo parte de ella y que, en el caso de este escrito, también hace parte de situaciones explicitas donde los efectos ambientales de la apropiación de la naturaleza terminan por degradar la vida hasta extinguirla. A diferencia de los eventos extraordinarios e inmediatos, la violencia lenta se extiende en el tiempo y escapa a las formas tradicionales de captura por parte de los dispositivos jurídicos, políticos y morales de los derechos humanos. La “violencia lenta”, que se expresa en situaciones como el polvo de carbón en regiones mineras, la contaminación del agua o su acaparamiento y las

Controversia 207 abril 2018.indd 115

6/25/2018 8:20:23 PM

116

Controversia 208

masivas reconfiguraciones de las geografías producto de la explotación de minerales son, desafortunadamente, mucho más difíciles de ensamblar como “casos”. En sí misma, la muerte lenta es un lugar de conflicto de autoridades políticas, científicas y materiales3. Ya sea en la India, Perú, Nueva Guinea o Colombia, los daños ambientales y sus efectos sobre la vida de las personas tienden a ser objeto de reclamo por parte de comunidades y activistas que, las empresas y el Estado se empeñan en desvirtuar. Las formas lentas de la muerte en ocasiones ni si quiera pueden ser registradas como muerte o violencia para las redes, actores y legislación de los derechos humanos, es decir, aún su definición como evento o experiencia está en disputa. Lo anterior supone un problema práctico que reverbera en el cómo se puede adelantar (o no) un trabajo efectivo en torno a violaciones de derechos humanos en los que la naturaleza tiene un lugar predominante. Aunque no es posible afirmarlo como un axioma definitivo, lo cierto es que, por lo menos en su dimensión jurídica, suele ser más fácil llevar un caso de una muerte inmediata (un asesinato, por ejemplo), que uno de una muerte lenta. Esto es algo que ha sido reiterado por diferentes actores que han trabajado tanto en el campo de los derechos humanos, quienes se encuentran relacionados con temas de violencia política, es decir, con formas de violencia lenta que están directamente emparentadas con temas ambientales. Como se expuso anteriormente, la misma idea de la muerte es cuestionada en la violencia lenta. El terreno jurídico-político, así como la autoridad científica, que valida las pruebas de la muerte, son inestables. La relación entre la degradación paulatina de la vida, las condiciones

3 Con autoridades me refiero tanto a los actores que producen la autoridad del hecho científico como a las formas en que entran en conflicto los diferentes hechos científicos para alcanzar un estatus de autoridad determinado que se imponga sobre otros.

Controversia 207 abril 2018.indd 116

6/25/2018 8:20:23 PM

Sobre la velocidad de la muerte, sus formas de captura y la extracción de carbón en Cerrejón

117

materiales que generan esa degradación y la posibilidad de traducirlos en “casos” jurídicos es especialmente frágil, porque la conexión entre la muerte y sus posibles causas como consecuencia del deterioro ambiental se pone, constantemente, en duda. Ahora bien, enunciar estos problemas, hablando de “causas ambientales”, puede llevar a mistificaciones que terminan por esconder problemas históricos y materiales concretos. La degradación ambiental no es abstracta, sino que tiene responsabilidades puntuales, producto de relaciones con la naturaleza y maneras específicas de entenderla. La división ontológica entre naturaleza y cultura o entre humano y no humano ha operado, de forma tal, que presupone la existencia de la naturaleza como un objeto que deber ser apropiado y subordinad por la humanidad. Como sugieren varios autores, la producción de la naturaleza como un campo ontológicamente diferenciado de lo humano ha sido fundamental para su apropiación en la acumulación de capital y reproducción del capitalismo (Foster, 2000; Smith, 2010). En ese orden de ideas, la afirmación abstracta “causas ambientales” es constantemente refutada y puesta en duda por parte de empresas y agentes gubernamentales. Hablar de causas ambientales es una práctica bastante común por parte de actores que entienden la naturaleza como un campo ontológicamente diferenciado de lo humano y, por lo tanto, subordinado a este. Las “causas ambientales” se entienden como un problema que parte de la distinción entre la naturaleza y lo humano, en donde lo segundo siempre ha subordinado y dominado lo primero. Desde esa perspectiva, el problema se articula alrededor de la mitigación del daño ambiental, para mantener la apropiación de la naturaleza y minimizar los efectos sobre las personas. Esa manera de entender la explotación minera reafirma la subordinación de la naturaleza a lo humano y la división ontológica entre ambos campos, como eje principal de la idea sobre la propiedad de la naturaleza. (Moore, 2011). Por lo tanto, el enfoque de la discusión no es, necesariamente, que existan daños ambientales, pues las empresas han reconocido, en los

Controversia 207 abril 2018.indd 117

6/25/2018 8:20:23 PM

118

Controversia 208

últimos años, los impactos ambientales que han causado al ambiente y han generado una variedad de dispositivos, diseñados para solucionar o limitar los efectos de la extracción4. La discusión gira en torno a la eficacia de las medidas tomadas por las empresas, la magnitud de los daños y la intensidad con que se afecta la vida de las personas. Dicho de otra manera, el punto en discusión no es si existen o no efectos ambientales, producto de la explotación minera, sino si las regulaciones empresariales, el seguimiento gubernamental y su implementación son realmente suficientes para garantizar mínimas condiciones de vida de las personas en lugares relacionados con la extracción de recursos minerales.

Datos en disputa Muchos autores se han concentrado en la manera como se definen los efectos de la explotación de la naturaleza, exponiendo cómo la autoridad de los hechos depende de multiplicidad de disposiciones, disputas, e intenciones que producen de diferentes maneras el hecho científico y su validez (Bijker et al., 2009; Li, 2015; Latour, 2013). En su trabajo sobre las disputas alrededor del petróleo en Ecuador, Fiske (2016) narra como la recolección de muestras en diferentes lugares donde había explotación daba resultados contradictorios que podían ser usados por las partes para justificar sus argumentos, es decir, para darles validez científica. Como ella lo describe, la expectativa ante los resultados científicos es rápidamente desmantelada, no por inconsistencias o falta de rigurosidad, sino porque los procesos de recolección de muestras eran diferentes.

Aunque no es el centro de este texto, es importante anotar que la emergencia en los últimos años de las críticas globales a las prácticas empresariales ha generado un crisol de fundaciones, mandatos, lineamientos y debates en torno a cómo garantizar las buenas prácticas de las empresas. Aunque hay iniciativas al respecto, hasta ahora ninguno de los mecanismos creados tiene un carácter vinculante.

Controversia 207 abril 2018.indd 118

6/25/2018 8:20:23 PM

Sobre la velocidad de la muerte, sus formas de captura y la extracción de carbón en Cerrejón

119

En esa medida, la decisión sobre qué se acepta como un hecho científico, su autoridad, está mediada por consideraciones políticas muy diversas que llevan a resultados jurídicos radicalmente distintos. Lo anterior no es especialmente novedoso, si asumimos que los estudios sociales de la ciencia han expuesto hace mucho el carácter político de la construcción de la autoridad científica. Sin embargo, en el caso estudiado por Fiske en Ecuador, los resultados que ofrecen los procedimientos científicos resuelven muy poco en la disputa sobre la responsabilidad de la empresa frente a los daños ambientales y, por lo tanto, el valor de las pruebas es siempre susceptible de ser cuestionado. Esa es, precisamente, la situación en la que se encuentran Nora y su hijo. Como parte de la comunidad wayuu de Provincial en La Guajira, Nora estuvo presente en el proceso de fortalecimiento organizativo que varias ong colombianas adelantaron por varios años, centrado fundamentalmente en los efectos que tenía la explotación de carbón de la mina Cerrejón, tanto en las diferentes comunidades aledañas a la mina como en las transformaciones geográficas que la explotación generaba. Ese proceso se terminó en 2015 debido a que varios líderes de las comunidades pactaron unilateralmente con la empresa. Las razones que llevaron a esa decisión, sus efectos y lo que ha sucedido con esa relación no son motivo de profundización de este texto. No obstante, es importante situar el devenir del caso de Nora en ese contexto, pues es muy difícil entenderlo sin ello. La fractura “relativa”5 de las ong bogotanas con la comunidad de Provincial significó un golpe tanto político como emocional para las personas involucradas, pues habían puesto una parte importante de sus energías en la querella que Provincial tenía con Cerrejón. La decisión de Nora de mantenerse en la disputa con Cerrejón fue, según cuentan quienes han estado pre-

5 Relativa, porque aunque hubo un rompimiento fuerte, aún existen habitantes de Provincial que se reúnen con estas ong que están dispuestos a continuar con sus demandas, en un trabajo colaborativo con las expertas de dichas organizaciones.

Controversia 207 abril 2018.indd 119

6/25/2018 8:20:23 PM

120

Controversia 208

sentes, desconcertante y confusa. Era difícil entender por qué Nora podría tomar una decisión de estas características, cuando el resultado inmediato sería el ostracismo y la marginalización, por no hablar de la precarización de sus condiciones de vida, en un contexto en el que Cerrejón provee de manera importante las posibilidades de existencia de las personas cercanas a la mina6. Sin embargo, en medio de la ruptura oficial de la relación de las ong con Provincial, se tomó la decisión de establecer una relación directa con Nora y adelantar un proceso jurídico. Según Nora, la salud de su hijo era una prioridad que la obligaba a tomar la decisión de mantener una disputa con Cerrejón, aun cuando eso significara ir en contra de las decisiones de Provincial y sus autoridades. La razón de su argumentación es, relativamente, transparente. Desde que su hijo nació ha tenido problemas para respirar; ella está segura que esto se debe a la cercanía que tiene su vivienda con Cerrejón. En particular, sabe que es el efecto del polvo de carbón que se levanta regularmente en toda la zona por las múltiples prácticas de la extracción del mineral. Sabe también que su hijo no es el único que sufre esta situación, sino que es un problema generalizado de los pobladores de los lugares cercanos a Cerrejón. Se hace énfasis en la palabra “sabe” porque la certeza tanto de Nora como de quienes la han acompañado, acerca de las razones de la enfermedad de su hijo, es una buena parte de los motivos que impulsan el trabajo y la constancia de los abogados, académicos y expertos de ong. Aunque no se puede asegurar que su interés inicial haya tenido en cuenta una dimensión colectiva, lo cierto es que para el momento en que se inició este trabajo de campo, Nora no hablaba exclusivamente de su hijo, sino que situaba su experiencia como una suerte de catalizador

6 Aunque no es motivo de este escrito, es importante anotar que las comunidades, pueblos y veredas cercanas a Cerrejón dependen de manera importante de la mina, ya sea como obreros de la mina, como transportadores de material o personas, como burócratas en el Estado, como dueños de tiendas, hoteles y otros negocios.

Controversia 207 abril 2018.indd 120

6/25/2018 8:20:23 PM

Sobre la velocidad de la muerte, sus formas de captura y la extracción de carbón en Cerrejón

121

de un problema generalizado que no era reconocido como importante. Esto es relevante porque habla de dos temas: primero, los efectos que en Nora ha tenido relacionarse con múltiples audiencias, obligando a presentar de diferentes maneras su experiencia y buscando, al mismo tiempo, darle un carácter político que se extienda más allá de sus objetivos personales; segundo, los aprendizajes políticos que su circulación en escenarios de debate y discusión de la minería, han alimentado la presentación del caso. Nora no era, en principio, una líder wayuu o de Provincial. Aunque varias organizaciones de la Guajira simpatizan con sus objetivos, no es usualmente entendida como una representantelíder, sino más bien como una mujer “de la comunidad”7. Esto la sitúa en un umbral, que le permite al mismo tiempo cierta movilidad que, de otro, modo no tendría. La idea de que no es líder, en el sentido en que en Colombia generalmente se entiende el término, supone que no está inmersa en ciertas discusiones políticas, es decir, que su presencia y quehacer no tienen segundas intenciones. La ruptura de las ong con Provincial dejó en suspenso varios proyectos y proyecciones políticas. Las discusiones con Cerrejón en torno a su responsabilidad ambiental, si bien no se frenaron, sí debieron ser transformadas. El hecho de enfocarse en un caso formalmente individual, luego de trabajar en uno colectivo, hizo necesario reformular las estrategias jurídicas y políticas con las que se venía operando. El caso de Nora es una instancia más dentro de una red de situaciones, conflictos y eventos en la Guajira, que en ocasiones se convierten en “casos” jurídicos con determinado estatus legal, político y moral. La extensión de Cerrejón involucra una gran variedad de escenarios de conflicto que incluyen reasentamientos, disputas ambientales, por el agua y transformaciones

Uso las comillas para enfatizar que la frase implica una conceptualización que define un cuerpo político colectivo. La frase “la comunidad” es usualmente usada tanto por líderes de organizaciones como por militantes de base, movimientos sociales y expertos de ong para enunciar un cuerpo político imaginado a través de identidades territoriales, étnicas o de género y que permiten, sobre todo, su enunciación en escenarios diversos de preparación organizativa, debate o disputa.

Controversia 207 abril 2018.indd 121

6/25/2018 8:20:23 PM

122

Controversia 208

en la geografía y el paisaje. Nora hace parte también de un ensamblaje estratégico en formación, aunque no totalmente consolidado. Vale decir también que la red de organizaciones, que trabaja con temas relacionados con minería en La Guajira, se extiende y se contrae de acuerdo a múltiples situaciones contingentes, y que, aunque no es el objetivo de este documento, es necesario aclarar que son muchas las organizaciones que trabajan temas relacionados con minería y derechos humanos, y que de una manera u otra, se han encontrado con el caso de Nora. Diferentes organizaciones trabajan en una campaña internacional llamada “La Guajira le habla al país”. La campaña funciona como una sombrilla estratégica que permite articular múltiples situaciones de la región, aunque no es una campaña constante, sino más bien en formación. La forma en que está diseñada permite a quienes hacen parte de ella realizar acciones que se inscriben como parte de “La Guajira le habla al país”. Aunque cada organización trabaja en casos y situaciones diferentes, al enmarcarlos en una campaña se articulan de manera que se presenta una perspectiva integral sobre violaciones a derechos humanos, reasentamientos, acaparamiento de agua y desvíos de fuentes hídricas para expandir el radio de extracción de carbón. La decisión sobre qué casos son usados en las campañas tiene tanto de contingente como de estratégico, es decir, depende de los conflictos socio-ambientales de la región y de las prioridades que las ong definen en torno a la eficacia posible del caso, la magnitud del problema, la capacidad de convertirlo en un caso relevante y las posibilidades concretas de llevar disputas políticas y jurídicas a buen término. Nora representa un caso paradigmático en los diferentes conflictos que definen a La Guajira como un departamento con serios problemas por la minería. Los elementos de género y étnicos tienen un peso específico como piezas dentro del rompecabezas minero de ese departamento. La particularidad de su caso, es decir, el problema puntual de su hijo enfermo, también se añade a las características de la situación. Aunque inevitablemente esos elementos orientan las discusiones en torno a

Controversia 207 abril 2018.indd 122

6/25/2018 8:20:23 PM

Sobre la velocidad de la muerte, sus formas de captura y la extracción de carbón en Cerrejón

123

Nora y los problemas de salud, la decisión de tomar el caso por las abogadas no respondió a un cálculo en el que esto fuera definitivo. Como fue mencionado anteriormente, fue el hecho de que Nora decidiera mantener una disputa con Cerrejón, más allá de las determinaciones de su comunidad, lo que llevó a tomar la decisión de hacerse con el caso.

Imágenes de la muerte en disputa Provincial queda a veinte minutos del pueblo de Barrancas, en la parte baja de La Guajira. Después de viajar unos minutos por la carretera principal, hay que entrar por un camino destapado hasta entrar al resguardo. Una vez ahí, una carretera hecha en piedra, por donde transitan personas, camiones, motos y carros, nos conduce a la casa de Nora, que está al lado del camino en piedra, desde donde es posible ver los tajos de la explotación de Cerrejón. El paisaje no tiene muchas tonalidades. Casi todo es de un color amarillento, muy similar en la tierra y en las casas de barro. Hay basura en muchos lugares. Bolsas de plástico que alguna vez volaron y se quedaron atrapadas entre los árboles y los cactus. Los árboles no tienen hojas. Sus troncos y sus ramas son indefectiblemente negros, como si hubieran sido pasados por el fuego. La tierra está quebrada, la falta de agua está presente en cada rastro del paisaje, en cada conexión vital que existe entre las casas, los árboles, la basura, los animales y las personas. Al fondo está Cerrejón que, según los pobladores de Provincial, recientemente expandió su explotación de carbón mucho más cerca del resguardo. La casa en la cual vive Nora con sus tres hijos y su esposo no es la misma que tenía hace años. Esta fue construida con diversos materiales por un grupo de personas que trabaja la permacultura. Ellos visitaron el lugar y diseñaron una casa que se ciñera a los deseos de quienes la habitarían, añadiéndole algunos elementos distintivos, como más ventanas para la entrada del aire —ocho, dice con orgullo el esposo de Nora— y detalles decorativos hechos con botellas incrustadas en las paredes. Nora y su esposo decidieron pintarla de blanco, lo que le

Controversia 207 abril 2018.indd 123

6/25/2018 8:20:23 PM

124

Controversia 208

da un aire distinto, aunque para quienes conocieron la casa originalmente el nuevo color rompe un poco con la idea con que se construyó. La casa donde originalmente vivían es adyacente a la nueva. Las grietas son visibles en las paredes y ayudan a entender por qué ya no están ahí, por qué necesitaban de una nueva vivienda. Según varias personas, los cimientos de esa primera casa no eran los mejores, pero a eso hay que sumarle los efectos de las explosiones de Cerrejón, que suceden todos los días a las 2:30 de la tarde. Es difícil escapar a la rudeza de este paisaje, a la restringida paleta de colores: gris y negro en los tajos al fondo, amarillo en las casas, la tierra, las lomas y ese negro ceniza de los árboles. El polvillo de carbón —partículas suspendidas— pinta los objetos con sutileza, como acariciándolos. Sillas, canecas, ollas, mesas y casas tienen una ligera capa del polvillo. Dicen quienes habitan las zonas cercanas a Cerrejón que las explosiones levantan el polvo que empieza a flotar por toda la región y causa diversas molestias, que van desde ardor en los ojos hasta problemas para respirar. El efecto del polvo en los pulmones es el principal problema que afecta al hijo de Nora, quien para el momento de escribir este texto tiene tres años. Las personas que viven cerca de Cerrejón hablan de los efectos de las prácticas de extracción en la mina en sus cuerpos y en sus vidas. El polvillo de carbón y los problemas que genera es tan solo uno de los temas que los habitantes reconocen como parte del daño. Ellos cuentan los efectos en sus vidas y, a través de esas narraciones y de la forma en que circulan, adquieren un estatus de verdad en los caseríos y pueblos de la región. Por su parte, Cerrejón responde con estudios científicos, con ingenieros, biólogos y otro tipo de expertos que invalidan los reclamos de quienes habitan alrededor de la mina. Es precisamente en ese terreno de disputa que la discusión en torno a la vida del hijo de Nora emerge como una suerte de dispositivo que cataliza disputas de saber, procedimientos jurídicos, estrategias morales y afectivas, así como un terreno de disputa entre saberes y proyectos políticos en torno al futuro de la minería en Colombia.

Controversia 207 abril 2018.indd 124

6/25/2018 8:20:23 PM

Sobre la velocidad de la muerte, sus formas de captura y la extracción de carbón en Cerrejón

125

Son muchos los autores que se han concentrado en las formas en que se ejerce la autoridad científica, se hace énfasis en la prueba de las evidencias, los hechos y los datos que adquieren estatus de verdad (Auyero y Swiston 2007; Graeter 2016; Brown 1992). La diferencia entre la experiencia sensorial y el conocimiento experto, validado por la autoridad científica, se encuentra en el centro de las disputas. En diferentes asentamientos alrededor de Cerrejón, los habitantes hablan de las explosiones, del polvo de carbón y de la contaminación del agua. También hablan de cómo sus percepciones de estas situaciones son invalidadas por el saber de los ingenieros y biólogos contratados por Cerrejón, quienes a través de datos, conceptos y presentaciones demuestran, como ha sido sostenido repetidamente, “que no pasa nada y todo está bien”. La forma en que se desactiva cualquier posibilidad de crítica, a través de la autoridad del saber “experto” deja constantemente en jaque tanto a habitantes como a movimientos sociales y ong. La propuesta de Latour (2005) de ubicar las preguntas de investigación, no en los mattters of fact sino en los matters of concern, apela a considerar las formas, en las que se producen los hechos científicos, como prácticas concretas donde múltiples actores entran en relación para producir un hecho determinado. Como sugiere Fiske (2016), la evidencia validada a través de procedimientos científicos no es simplemente un algo que se descubre, sino más bien algo que se ensambla en las redes de actores y formas de conocimiento experto. La diferencia entre los aspectos sensoriales que llevan a los habitantes cercanos a la mina de Cerrejón a afirmar la existencia de daños concretos en sus vidas, y la validez que pueden adquirir en ámbitos legales, está mediada por los múltiples factores científicos, afectivos y políticos que les dan legitimidad a unos sobre otros. Desde hace varios años, la discusión en torno a los efectos nocivos del polvillo de carbón en la Guajira hace parte de la vida cotidiana de la mina. Hay organizaciones de trabajadores que propenden por la salud en el trabajo, así como un debate constante en torno a si el grado de

Controversia 207 abril 2018.indd 125

6/25/2018 8:20:23 PM

126

Controversia 208

afectación de los niveles de macropartículas son suficientes para hablar de una contaminación que amenaza la salud humana. En este reclamo han participado entes estatales, académicos, grupos de solidaridad internacional, ong y varios actores privados. Sin embargo, no hay una respuesta definitiva, aun cuando cada situación está sustentada por diferentes procedimientos que buscan darle el estatus de validez que merece. La discusión se ha dado, principalmente, en torno a las formas de medición de la calidad del aire y de los estándares nacionales e internacionales al respecto. Aunque el debate no ha concluido, el informe del Cinep sobre el carbón en La Guajira es un punto de inflexión interesante. En dicho informe, de 2012, el Cinep llevó a cabo una serie de cuestionamientos a los diferentes impactos del carbón. En el apartado concerniente al aire argumenta que, a pesar de que Cerrejón cumple con los requerimientos nacionales, no se puede considerar esto como una garantía para su funcionamiento. A su turno, Cerrejón afirmó que no solo cumple con los estándares requeridos, sino que es transparente en la presentación pública de la información relacionada con las mediciones de la calidad del aire, es decir, que los resultados de las mediciones pueden ser encontrados en bases de datos sobre la calidad del aire, Sisaire8. Por su parte, quienes han trabajado en este problema plantean otra discusión. Para ellos, en particular abogados, biólogos y geólogos que no están de acuerdo con Cerrejón, hay tres puntos clave en este problema: el primero señala que la regulación estatal es particularmente laxa, sobre todo si se compara con estándares internacionales y los requerimientos de la oms. El segundo afirma que las mediciones que hace Cerrejón son inútiles, pues la empresa mide material particulado menor a diez micras (PM10), cuando debería medir (PM 2,5), es decir, mucho más fino. La diferencia entre ambas, según los críticos, es que los efectos nocivos para la salud son resultado

8 Respuesta pública de Cerrejón al informe de Cinep (Cerrejón, Junio 28 2016)

Controversia 207 abril 2018.indd 126

6/25/2018 8:20:23 PM

Sobre la velocidad de la muerte, sus formas de captura y la extracción de carbón en Cerrejón

127

de las partículas más finas, es decir, (PM2,5)9. El tercero muestra que los puestos de medición se apagan en momentos clave, lo que permite hacer mediciones favorables para Cerrejón. Todos estos argumentos se esgrimen una y otra vez en reuniones de oficina, seminarios académicos, entrevistas, reportes, artículos y visitas a los asentamientos cercanos a la mina. Ninguno es definitivo, más bien hacen parte de un terreno de conflicto, un escenario de discusión e indeterminación que recorre y conecta diferentes nodos sobre los temas ambientales relacionados con Cerrejón. Los datos, las cifras, las estadísticas y la búsqueda de los diferentes actores sirven para aterrizar y convertir estas preocupaciones en certezas científicas, se convierten en el sustento de las disputas jurídicas. Ahora bien, esta no es exclusivamente una disputa jurídica, cuya definición pase por la comparación de la veracidad en los datos. Tampoco, un problema en el que el análisis de las formas de producción de la evidencia y las diferencias entre efectos de verdad definen el valor de un caso. A esto se le deben sumar formas de articulación política y afectiva que producen efectos muchas veces tan o más importantes que la validez de los datos organizados en un documento jurídico. Tanto las organizaciones que acompañan a quienes han sido afectados por la minería de carbón como los habitantes suelen dudar de la validez de la evidencia científica que viene del Estado o de la empresa. En estas dos figuras se cristalizan consideraciones históricamente sedimentadas en torno a la deshonestidad, la corrupción y la violencia, que generalmente llevan a que cualquier afirmación proveniente de esos lugares se vea con desconfianza. La idea de que el Estado central y la administración departamental van de la mano con los intereses de la empresa presupone que en las actuaciones de estos actores existe, cuando menos, una doble intención. 9 Cerrejón argumenta que según los requerimientos del país, solo debe medir PM 2,5 cuando los niveles de PM10 superan los límites establecidos, y eso no ha sucedido.

Controversia 207 abril 2018.indd 127

6/25/2018 8:20:23 PM

128

Controversia 208

Por lo tanto, enfrentarse a las afirmaciones de la empresa y del Estado implica expandir significativamente el campo de acción. Ensamblar un caso —hacerlo viable y legible como caso— implica entender que el plano jurídico solo puede ser uno de los lugares de intervención y que una victoria ahí no significa, necesariamente, efectos concretos. En el caso que nos atañe, se ha interpuesto una tutela que falló a favor de Nora, aunque ha sido descalificada por la empresa y no hay formas efectivas que lleven a su cumplimiento. El fallo de la tutela es favorable para Nora solo de manera parcial. Aunque se ha reconocido el daño en la salud del hijo de Nora, el cuestionamiento general, que habla de daños colectivos relacionados con la comunidad de Provincial, no ha sido aceptado en última instancia. Como la tutela, es decir, la acción eminentemente jurídica se entiende insuficiente, los actores cercanos a Nora han dispuesto una variedad de acciones de carácter nacional y transnacional, que, de una u otra manera, le han dado relevancia al caso. Desde pequeños clips visuales que se suben a YouTube, realizados por personas no colombianas —y que por lo tanto tienen como objetivo audiencias internacionales (en su mayoría europeas)—, pasando por notas de prensa en diferentes idiomas, hasta giras a Europa en las que Nora ha podido contar lo que implica vivir tan cerca de la mina de Cerrejón.

Conclusión Para los abogados y las personas que acompañan a los diferentes asentamientos cercanos a Cerrejón, se ha hecho particularmente evidente que las disputas sobre la validez de los datos, las estadísticas y los estudios no solo se inclinan a favor de la empresa, sino que, de cualquier manera, hacen incierto el terreno de discusión. Las experiencias de los abogados en Colombia han estado centradas históricamente en los temas de derechos humanos, relacionados con la violencia política, que como se ha dicho anteriormente, están saturadas con eventos extraordinarios, con marcas concretas que pueden ser capturadas a través de diferentes dispositivos jurídicos, afectivos y políticos. La

Controversia 207 abril 2018.indd 128

6/25/2018 8:20:23 PM

Sobre la velocidad de la muerte, sus formas de captura y la extracción de carbón en Cerrejón

129

centralidad de la guerra convierte a los eventos de violencia inmediata en eventos privilegiados para su circulación. Las formas de acción por parte de abogados y activistas que, por décadas, se han relacionado con esas manifestaciones de violencia, también están contempladas para articular como casos, eventos tales como desapariciones, torturas, desplazamientos y asesinatos. Las prácticas de relacionamiento con las víctimas de esas formas de violencia también son específicas. Aunque muchas organizaciones de derechos humanos tienen un contacto relativamente constante con las víctimas de la violencia, producto de la guerra, pues realizan talleres, eventos públicos y producen toda clase de artefactos para la circulación de esas experiencias de violencia; lo cierto es que la condición extraordinaria de la violencia permite la construcción de un camino específico, mediado por regulaciones jurídicas concretas, por disposiciones gubernamentales e internacionales relativamente bien definidas. El hecho de la muerte violenta como un hecho extraordinario e inmediato implica una marca que, aun cuando esté en disputa, es una referencia concreta. Por lo tanto, el deslizamiento progresivo de buena parte de las organizaciones de derechos humanos hacia temas ambientales se encuentra con retos muy grandes que se expresan concretamente en las prácticas de ensamblaje de los casos. La disputa por los datos es también una carrera por capturar la muerte en la forma de un caso. La vida se va degradando mientras tanto y la ansiedad acerca del futuro también va sofocando a activistas y personas afectadas. La búsqueda por afirmar la veracidad de la muerte a través de datos que puedan ser validados por agencias internacionales, empresas, académicos y entidades gubernamentales expone un profundo vacío en las prácticas de las organizaciones de derechos humanos. Ante todo, es un vacío que no es solo jurídico, sino fundamentalmente práctico. Las organizaciones de derechos humanos en Colombia se han concentrado en entender la muerte en su dimensión más extraordinaria, en los eventos inmediatos que se ejercen puntualmente contra los cuerpos de las personas. Por eso, las formas de muerte lenta que exponen la fragilidad de la vida, se hacen particularmente difíciles de capturar

Controversia 207 abril 2018.indd 129

6/25/2018 8:20:23 PM

130

Controversia 208

a través de mecanismos jurídicos. Dicho de otra manera, un asesinato deja una huella en el tiempo, aun cuando no se conozcan los móviles; cuando la recolección de pruebas vaya dándole una forma determinada a esa huella, el asesinato es un hecho al cual se puede volver. Tiene cierta cualidad irrefutable10. La degradación paulatina de la vida, por lo menos en el caso que nos atañe, es siempre indeterminado, es difícil de capturar por los sentidos y elude los dispositivos jurídicos, políticos y afectivos. La duda está presente, su inestabilidad es producto, al mismo tiempo, de lo mundano de su presencia y de la fuerza de la costumbre que se impone al convivir con la muerte. La brecha que existe entre la esfera económica y las posibilidades de regulación legal fomentan este espacio de incertidumbre. A pesar de que existen disputas internacionales en torno a la necesidad de encontrar mecanismos de regulación de las prácticas empresariales y que los gobiernos nacionales han intentado regular las prácticas de extracción minera, la brecha entre la normatividad legal y prácticas económicas generan un espacio gris de indeterminación, que ha tendido a favorecer a las empresas transnacionales. Si respecto a los Estados, los activistas de derechos humanos han podido ejecutar de manera efectiva el efecto boomerang, logrando que la presión internacional, progresivamente, haya obligado a generar transformaciones locales; en el caso de las empresas transnacionales, el resultado ha sido cuando menos ambiguo. Tal vez por esa razón es que la preocupación por la imagen de las empresas es tan relevante tanto para ellas como para quienes se oponen a sus prácticas. Sin embargo, es claro que la discusión sobre la imagen tiene un límite concreto y la eficacia relativa de las acciones jurídicas se estrella con la amplia brecha entre lo jurídico y lo económico. En medio de eso se encuentran las expectativas de la fuerza de la organización y

10 Por supuesto, este no es el caso de todas las formas de violencia política. La desaparición forzada, aun cuando fue reconocida como delito en el 2000, es aún un acto que puede mantenerse en la incertidumbre.

Controversia 207 abril 2018.indd 130

6/25/2018 8:20:23 PM

Sobre la velocidad de la muerte, sus formas de captura y la extracción de carbón en Cerrejón

131

movilización política, así como la degradación paulatina de la vida, que no da espera, pero sí decae todos los días.

Referencias Agamben, Giorgio (1998). Homo Sacer: Sovereign Power and Bare Life. Trans. Daniel Heller-Roazen. Palo Alto: Stanford up, 3-18. Asad, Talal (2000). What do human rights do? An anthropological enquiry. Theory & Event, 4(4), xx-xx Auyero, Javier y Swistun, Debora (2007). Confused because exposed. Towards an ethnography of environmental suffering. Ethnography, 8(2), 123-144. Berlant, Lauren (2007). Slow death (sovereignty, obesity, lateral agency). Critical Inquiry, 33(4), 754–780. Bijker, Wiebe E.; Bal, Roland y Hendriks, Ruud (2009). The paradox of scientific authority: The role of scientific advice in democracies. Cambridge: MIT Press. Brown, Phil (1992). Popular epidemiology and toxic waste contamination: lay and professional ways of knowing. Journal of Health and Social Behavior, 267-281. Cerrejón (2016). Comentarios de Cerrejón al informe de Cinep Minería, Conflictos Agrarios y Ambientales en el Sur de La Guajira. Recuperado de https:// business-humanrights.org/sites/default/files/documents/Respuesta%20 Cerrej%C3%B3n%20junio%2028%202016.pdf Charters, Claire y Stavenhagen, Rodolfo (Eds.). (2009). Making the declaration work: The United Nations declaration on the rights of indigenous peoples. Copenhagen: IWGIA. Douzinas, Costas (2000). The end of human rights: critical thought at the turn of the century. Oxford: Bloomsbury Publishing. Edelman, Marc (2014). Linking the Rights of Peasants to the Right to Food in the United Nations. Law, Culture and the Humanities, 10(2), 196-211. Fassin, Didier (2007). Humanitarianism as a Politics of Life. Public Culture, 19(3), 499.

Controversia 207 abril 2018.indd 131

6/25/2018 8:20:23 PM

132

Controversia 208

Fiske, Amelia (2016). Evidence of Harm: Oil, Health, and the Environment in the Ecuadorian Amazon (Disertación Doctoral). University of North Carolina, Chapel Hill, 2016. Ferry, Elizabeth Emma (2013). Minerals, collecting, and value across the USMexico border. Bloomington: Indiana University Press. Foster, John Bellamy (2000). Marx’s ecology: Materialism and nature. Nueva York: NYU Press. Graeber, David (2001). Toward an anthropological theory of value: The false coin of our own dreams. Londres: Springer. Graeter, Stefanie (2017). To Revive an Abundant Life: Catholic Science and Neoextractivist Politics in Peru’s Mantaro Valley. Cultural Anthropology, 32(1), 117–148. González Núñez, Denise (2014). Peasants’ Right to Land: Addressing the Existing Implementation and Normative Gaps in International Human Rights Law. Human Rights Law Review, 14(4), 589-609. Jelin, Elizabeth (2003). State repression and the labors of memory. Minneapolis: University of Minnesota Press. Keck, Margareth. E. y Sikkink, Katrhyn (2014). Activists beyond borders: Advocacy networks in international politics. Nueva York: Cornell University Press. Latour, Bruno (2005). From Realpolitik to Dingpolitik or How to Make Things Public. En: B. Latour y P. Weibel, Making Things Public. Atmospheres of Democracy. (pp. 14-43). Latour, Bruno y Woolgar, Steve (2013). Laboratory life: The construction of scientific facts. Princeton: Princeton University Press. Li, Fabiana (2015). Unearthing conflict: corporate mining, activism, and expertise in Peru. Durham: Duke University Press. Merry, Sally Engle (2006). Transnational human rights and local activism: Mapping the middle. American Anthropologist, 108(1), 38-51. Mignolo, Walter D. (2009). Who speaks for the “human” in human rights. Hispanic Issues On Line, 5(1), 7-24.

Controversia 207 abril 2018.indd 132

6/25/2018 8:20:23 PM

Sobre la velocidad de la muerte, sus formas de captura y la extracciรณn de carbรณn en Cerrejรณn

133

Moore, Jason W. (2011). Transcending the metabolic rift: a theory of crises in the capitalist world-ecology. The Journal of Peasant Studies, 38(1), 1-46. Moyn, Samuel (2010). The Last Utopia. Cambridge: Harvard University Press. Nixon, Rob (2011). Slow Violence and the Environmentalism of the Poor. Cambridge: Harvard University Press. Sassen, Saskia (2006). Territory, authority, rights: From medieval to global assemblages (Vol. 4). Princeton: Princeton University Press. Smith, Neil (2010). Uneven development: Nature, capital, and the production of space. Athens: University of Georgia Press. Theidon, Kimberly (2012). Intimate enemies: violence and reconciliation in Peru. Filadelfia: University of Pennsylvania Press. Ticktin, Miriam I. (2011). Casualties of care: Immigration and the politics of humanitarianism in France. Los Angeles: University of California Press. Verdery, Katherine (2003). The Vanishing Hectare: Property and Value in Postsocialist Transylvania. Nueva York: Cornell University Press.

Controversia 207 abril 2018.indd 133

6/25/2018 8:20:23 PM

E Controversia 207 abril 2018.indd 134

6/25/2018 8:20:23 PM

4. Estrategias de gestiĂłn ambiental frente al desarrollo minero-extractivista en el municipio de QuinchĂa (Risaralda)

Controversia 207 abril 2018.indd 135

6/25/2018 8:20:23 PM

Controversia 207 abril 2018.indd 136

6/25/2018 8:20:23 PM

137

Estrategias de gestión ambiental frente al desarrollo minero-extractivista en el municipio de Quinchía (Risaralda)§ Por Yuliana Salazar Duque* Resumen: Este artículo tiene como propósito analizar las principales estrategias de gestión ambiental implementadas en el municipio de Quinchía, Risaralda, en especial en los corregimientos de Naranjal e Irra, frente al desarrollo minero extractivista en el siglo xxi. Para tal fin, en primer lugar, se realizó un estado del arte sobre el desarrollo minero extractivista en el contexto nacional, departamental y local en el siglo xxi. Seguidamente se identificaron las estrategias de gestión ambiental en el desarrollo minero, la cuales se concretaron principalmente en marcos normativos y programáticos, que en su mayoría buscan promover un desarrollo minero sostenible asociado fundamentalmente a empresas transnacionales, ocasionando conflictos socioambientales. Palabras clave: Quinchía, extractivismo, minería, gestión ambiental.

El presente artículo fue elaborado en el marco de la investigación Análisis Comparativo de los Procesos Interculturales de Construcción Territorial Agrícola y Minera en Quinchía. Casos de Estudio Corregimientos de Naranjal e Irra, realizada por la línea de investigación Estudios Socioculturales y Problemática Ambiental de la Universidad Tecnológica de Pereira. Sus objetivos específicos fueron: 1) caracterizar el patrimonio territorial en el corregimiento de Naranjal e Irra, 2) evaluar las estrategias de gestión ambiental territorial implementadas en los casos de estudio, y 3) explicar los espacios sociales de la configuración territorial en los corregimientos de Naranjal e Irra. Sin embargo, el presente documento deriva del análisis del segundo objetivo específico señalado.

Estudiante de la Maestría en Sociedades Rurales de la Universidad de Caldas. Correo electrónico: yuliamsalas9@gmail.com

Controversia 207 abril 2018.indd 137

6/25/2018 8:20:23 PM

138

Controversia 208

Environmental management strategies to deal with extractivist mining development in the municipality of Quinchía (Risaralda) Abstract: This article aims to analyze in the 21st century the main environmental management strategies implemented in the municipality of Quinchía (Risaralda), especially in the corregimientos of Naranjal and Irra, in front of extractive mining development. To this end, first, a state of the art on extractive mining development was carried out in the national, departmental and local context in the 21st century. Next, environmental management strategies in mining development were identified. These strategies were mainly implemented in normative and programmatic frameworks, most of which seek to promote sustainable mining development, mainly associated with transnational corporations, leading to socio-environmental conflicts. Keywords: Quinchía, extractivism, mining, environmental management. Cómo citar este artículo: Salazar Duque, Yuliana (2017). Estrategias de gestión ambiental frente al desarrollo minero-extractivista en el municipio de Quinchía (Risaralda). Revista Controversia, 208, 137-150. Fecha de recepción: 19 de enero del 2017 Fecha de aprobación: 26 de marzo del 2017

Introducción

n Colombia, durante el siglo xxi, se consolida, aún con más fuerza, un modelo de desarrollo altamente dependiente de las exportaciones mineras, que se materializa en la concesión ilimitada de títulos sobre territorios de importancia ecosistémica y cultural. Esta visión de desarrollo ha centrado su interés en la promoción de reformas políticas y normativas propicias tendientes a garantizar la seguridad jurídica pertinente para el incremento de la inversión extranjera directa. Entre las principales ventajas normativas sobresalen las exenciones

Controversia 207 abril 2018.indd 138

6/25/2018 8:20:23 PM

Estrategias de gestión ambiental frente al desarrollo mineroextractivista en el municipio de Quinchía (Risaralda)

139

tributarias y la flexibilización de la reglamentación ambiental como incentivos a la atracción de capital foráneo (Fierro, 2012; Arias, 2013; Salazar, 2014). Estas agendas nacionales se reflejan en departamentos como Risaralda, en especial en el municipio de Quinchía, un territorio de gran riqueza natural y diversidad cultural históricamente aquejado por la violencia. Con aproximadamente 33 816 habitantes este municipio alberga 8843 indígenas pertenecientes a dos parcialidades, emberá chamí y emberá karambá, y a un resguardo, Escopetera y Pirza, constituido en Bonafont (Riosucio, Caldas), pero con población asentada en Quinchía (Ugarte et al. 2013, p.117). Aunado a la población indígena, el municipio está constituido por diversas organizaciones campesinas, mineras y sociales que buscan apropiarse material y simbólicamente de su territorio a través de procesos asociativos, como una alternativa frente a las condiciones sociales, económicas y políticas del municipio. Quinchía, con más de un 80 % de territorio rural, es uno de los municipios con mayor patrimonio minero en Risaralda. Asociado a las características mineralógicas, la actividad minera aurífera es desarrollada en más de veintiséis veredas por doce asociaciones mineras tradicionales, una cooperativa productora de carbón —Coocarboquin—, la Corporación Área de Reserva Especial Minera —Corpoare— y dos multinacionales extractivas con título de exploración (Batero Gold y Metminco Limited). Actualmente, más del 90 % del territorio se encuentra solicitado o concedido para actividades de exploración y explotación minera (Salazar, 2014, p.62), situación que ha incidido en la configuración de conflictos territoriales. Así pues, en el municipio de Quinchía, lugar con el más bajo índice de desarrollo humano en el departamento (dnp, 2005), la población se ha caracterizado principalmente por desarrollar actividades agrícolas1

De acuerdo con el Plan de Desarrollo Municipal 2012-2015, el municipio de Quinchía es predominantemente minifundista. Igualmente es importante resaltar que el

Controversia 207 abril 2018.indd 139

6/25/2018 8:20:23 PM

140

Controversia 208

y mineras. De manera que la agricultura ocupa el primer reglón, con plantaciones como el café, caña panelera, mora, plátano, cacao, aguacate, yuca, maíz y frijol, que abarcaba en el 2011 el 54,16 %2 del total del suelo rural (Alcaldía Municipal, 2012a). Por su parte, la minería ocupa el segundo reglón económico y beneficia a más de 2000 personas3. Con base en lo anterior, el presente artículo centra su interés en analizar las principales estrategias de gestión ambiental frente al desarrollo minero extractivista en Colombia, en especial en el territorio de Quinchía. De modo que, partiendo de las definiciones dadas por Guhl y Leyva (2015), Muriel (2006) y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial (2007), se tomarán las estrategias de gestión ambiental como aquellas disposiciones, apuestas políticas y normativas que se materializan en instrumentos o acciones con influencia en el desarrollo minero-extractivista y, por ende, en las condiciones socioambientales del territorio. Es este referente teórico el que posibilitó identificar las principales estrategias de gestión ambiental de tipo sectorial y territorial que han servido, en su mayoría, como dispositivos para legitimar el desarrollo minero-extractivista.

Desarrollo minero extractivista en Colombia El desarrollo minero en Colombia, posterior a la apertura económica de César Gaviria Trujillo (1990-1994), se transformó en uno de los pilares económicos estratégicos del país. Mediante el Plan Nacional de Desarrollo La Revolución Pacífica (1990-1994), se instauraron estrategias impartidas en el Consenso de Washington (1989) que promocionaron el extractivismo minero del país (Fierro, 2012, p.16).

2 3

municipio alberga once organizaciones agrícolas (Ugarte et al., 2013). Quinchía cuenta con 141 km2, pero tan solo 0,798 km2 representa el área urbana. Véase “Minería sí, pero que sea responsable con el ambiente”, alcalde de Quinchía. http://www.eldiario.com.co/seccion/RISARALDA/miner-a-s-pero-que-sea-responsable-con-el-ambiente-alcalde-de-quinch-a1703.html

Controversia 207 abril 2018.indd 140

6/25/2018 8:20:23 PM

Estrategias de gestión ambiental frente al desarrollo mineroextractivista en el municipio de Quinchía (Risaralda)

141

El Consenso de Washington estableció una receta genérica para que los países latinoamericanos alcanzaran un mayor desarrollo, a saber: la liberalización de los mercados, la eliminación de barreras comerciales y el incentivo a la inversión extranjera. Estas agendas globales incluyeron la modificación de los códigos mineros de la mayor parte de Latinoamérica en la década de 1990, y en Colombia la derogatoria del Decreto 2655 de 1988, reemplazado por el código de Minas Ley 685 de 2001 (Fierro, 2012, p.16). A finales del siglo xx y durante el siglo xxi en Colombia se impulsan una serie de reformas políticas y normativas con ayuda de organismos internacionales canadienses como el Canadian International Development Agency —cida— y Canadian Energy Research Institute —ceri—; esta última, desde 1997, intervino en la formulación del Código de Minas Ley 685 de 2001 (Fierro, 2012, p. 36; Arias, 2013, p.54), código que hace “uso de la figura de contrato de concesión como único sistema para traspasar a empresarios privados, preferiblemente a corporaciones transnacionales, el derecho a explorar y explotar los yacimientos mineros del país por un porcentaje pírrico de regalías” (Arias, 2013, p.54). Asimismo, diferentes planes de desarrollo: Hacia un Estado Comunitario (2002-2006), Estado Comunitario: Desarrollo para Todos (20062010), Prosperidad para Todos (2010-2014), Todos por un Nuevo País. Paz, Equidad y Educación (2014-2018) han propendido por una economía competitiva, fundamentada en el extractivismo, que se ha visto reflejada en la concesión ilimitada de títulos en zonas de importancia ecosistémica y sociocultural para el país. Todos estos planes de desarrollo nacional han tenido como fin principal aumentar la inversión extranjera, mediante ajustes normativos y políticos orientados, fundamentalmente, a generar beneficios jurídicos y financieros a favor de capital privado y empresas transnacionales. En coherencia con los anteriores planes de desarrollo surge el interés de impulsar una minería ambiental y socialmente responsable como

Controversia 207 abril 2018.indd 141

6/25/2018 8:20:23 PM

142

Controversia 208

eje del desarrollo sostenible del país, manifestada en cada una de las políticas que rigen la implantación de un modelo extractivista como motor económico de la nación. A través de la promoción de la minería ambiental y socialmente responsable, asociada esencialmente a las empresas transnacionales, se legitima la explotación de riquezas naturales a lo largo del territorio nacional. Así, la Unidad de Planeación Minero-Energética —Upme— publica en el año 2002 el Plan Desarrollo Minero (2002-2006); posteriormente, en el año 2006, Colombia País Minero, Plan Nacional para el Desarrollo Minero Visión al año 2019 y, en el año 2007, el Plan Nacional de Desarrollo Minero (2007-2010) Gestión Pública para Propiciar la Actividad Minera. Estos tres planes pretenden promover la actividad minera responsable para el desarrollo sostenible del país. Entre tanto, cabe resaltar que este despliegue estratégico privilegia la mercantilización de la naturaleza hacia el capital extranjero sobre los intereses sociales, culturales y ambientales de territorios con riquezas minerales. El Ministerio de Minas y Energía impulsa políticas sectoriales como Administración del Recurso Minero (2006), Mejoramiento de la Productividad y Competitividad del Sector (2008), Promoción del País Minero, Formalización Minera (2014) y Seguridad Minera, con incidencia a lo largo del territorio colombiano. Frente a lo anterior, es importante señalar que el Ministerio de Minas hace efectiva, mediante la Resolución número 4 0391 de 20 de abril de 2016, la Política Minera Colombiana- Bases para la Minería del Futuro: un documento que recoge las diferentes políticas y lineamientos existentes en el país, lo que la transforma en la política minera única integral de Colombia. Esta política ratifica que, entre las principales preocupaciones gubernamentales, se encuentra hacer de la minería en Colombia un sector competitivo, con alta seguridad jurídica, para la atracción de capital privado nacional e internacional.

Controversia 207 abril 2018.indd 142

6/25/2018 8:20:23 PM

Estrategias de gestión ambiental frente al desarrollo mineroextractivista en el municipio de Quinchía (Risaralda)

143

Todas estas directrices políticas y normativas obedecen a intereses geopolíticos de control territorial y del patrimonio natural que configuran el interés de impulsar una minería ambiental y socialmente responsable como eje del desarrollo sostenible del país. En efecto, estas políticas privilegian el desarrollo minero como estrategia para el crecimiento económico sostenible, basándose en la noción de minería ambiental y socialmente responsable. El desarrollo sostenible, acuñado por primera vez en el Informe de la Comisión Brundtland (1987), constituye una táctica discursiva adoptada por organismos internacionales y nacionales para el aprovechamiento de la riqueza natural de países como Colombia. Previa emisión del Informe Brundtland (1987), “la idea de límites ambientales al crecimiento económico habría generado la percepción de que economía y ecología eran dos campos irreconciliables. En cambio, la Comisión revierte ese enfrentamiento, sosteniendo que la conservación ambiental es necesaria para mantener el crecimiento económico” (Gudynas, 2011, p.72). De esta manera, el desarrollo sostenible empieza a ser adoptado por distintos agentes gubernamentales, académicos, privados y sociales para revestir el propósito de crecimiento económico ilimitado con la noción de sostenibilidad ambiental. En consecuencia, el enfoque de sostenibilidad ambiental se transforma en imperativo del desarrollo de la industria minera en Colombia. Bajo este manto discursivo se legitima la implementación de estrategias gubernamentales y corporativas para la instalación de proyectos extractivos que configuran a su vez conflictos ambientales mineros. La responsabilidad social y ambiental, como un apelativo al crecimiento económico sostenible, se suscribe en una estrategia corporativa que busca consagrar en los lugares de operación de los proyectos extractivos el desarrollo de la minería como promotora de beneficios sociales y económicos.

Controversia 207 abril 2018.indd 143

6/25/2018 8:20:23 PM

144

Controversia 208

Asimismo, entre las estrategias de gestión ambiental desplegadas desde el ámbito internacional frente al desarrollo minero-extractivista con incidencia en el contexto colombiano se encuentran: • Proyecto Mesoamérica para la Integración y el Desarrollo —pm— y Proyecto de Integración de la Infraestructura Regional Suramericana —iirsa— que se enfocan en promover la integración de sectores de transporte, energía y comunicaciones, atrayendo mayor inversión al desarrollo minero-energético. • La adopción por parte de Colombia de iniciativas propuestas por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico —ocde— con el propósito de que no exista “contradicción alguna entre las actividades de las empresas multinacionales y el desarrollo sostenible” (ocde, 2011, p.24) alentando la atracción de inversión extranjera mediante la elaboración conjunta de políticas y regulaciones (ocde, 2011, p.24). • La promoción de propuestas como Estándares de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas —eiti—, desarrolladas conjuntamente entre agencias multilaterales y gubernamentales para legitimar, mediante el discurso de la sostenibilidad y la responsabilidad social, la implementación de proyectos extractivos de gran envergadura. • La adopción del discurso de responsabilidad social y ambiental por parte organismos como el Consejo Internacional de Minería y Metales —icmm—, integrado por veintitrés empresas, como estrategia de legitimación corporativa. Sumado a lo anterior, la apuesta gubernamental por una economía fundada en el crecimiento de la minería sostenible o responsable también se materializa en aspectos normativos como:

Controversia 207 abril 2018.indd 144

6/25/2018 8:20:23 PM

Estrategias de gestión ambiental frente al desarrollo mineroextractivista en el municipio de Quinchía (Risaralda)

145

• La Resolución No. 180241, 0045 de 2012 y la Resolución No. 429 de 2013, proferidas por el Ministerio de Minas y Energía y la Agencia Nacional de Minería —anm—, a través de las cuales se declararon las Áreas Estratégicas Mineras —aem— y se delimitaron quinientos dieciséis bloques sobre más de veinte millones de hectáreas del territorio nacional, que afectaron a los departamentos de Antioquia, Bolívar, Caldas, Cauca, Cesar, Chocó, Huila, La Guajira, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Quindío, Risaralda, Tolima, Valle del Cauca, Amazonas, Guainía, Guaviare, Vaupés y Vichada. Dichas resoluciones fueron declaradas inexequibles por la Corte Constitucional mediante la Sentencia T-766-2015. • El Decreto 0934 del 9 de mayo de 2013, por medio del cual se reglamentó el artículo 37 de la Ley 685 de 2001, el cual mencionaba que la decisión de establecer zonas excluidas de la minería es competencia exclusiva de las autoridades minera y ambiental. Sin embargo, dicho artículo fue declarado inexequible por la Corte Constitucional, que mediante la Sentencia C-273/16 ordenó que las decisiones sobre la titulación del subsuelo deben ser acordadas con las autoridades municipales. • Los artículos 108 de la Ley 1450 de 2011 y 20 de la Ley 1753 de 2015, los cuales crearon y ampliaron la figura de las Áreas de Reserva Estratégicas Mineras —aem—; los artículos 49, 50 (parcial), 51 y 52 (parcial) de la Ley 1753 de 2015, que desarrollaron el Sistema de Proyectos de Interés Nacional y Estratégico —Pines—; y el parágrafo del artículo 173 de la Ley 1753 de 2015, que reguló las actividades extractivas en ecosistemas de páramo. Frente a los artículos anteriores, la Corte Constitucional emitió la Sentencia C-035/16 por medio de la cual reiteró la prohibición de hacer minería en los páramos e hizo hincapié en la posibilidad de decisión de autoridades locales respecto a las actividades económicas que se realicen en sus territorios.

Controversia 207 abril 2018.indd 145

6/25/2018 8:20:23 PM

146

Controversia 208

• Decreto 2041 de 20144, concerniente a las licencias ambientales exprés, el cual reglamenta la entrega de permisos ambientales en tiempo récord para el desarrollo de proyectos extractivos, y una flexibilización normativa atractiva para el capital privado y transnacional. • El Decreto 2691 de 23 de diciembre de 2014, también conocido como Decreto Navideño, suspendido el 2 de julio de 2015, el cual estableció medidas para que las autoridades locales municipales determinaran con estudios técnicos, incorporados en sus planes de desarrollo, las zonas de importancia ecosistémica que deberían ser solicitadas para su protección ante el Ministerio de Minas y Energía. Este, de considerarlo necesario, acudiría al Departamento Nacional de Planeación o a aquellas empresas o gremios mineros que tengan interés en el área. • El Decreto 0276 de 17 de febrero de 2015, que estableció como obligatorio el Registro Único de Comercializadores Mineros —Rucom—, otorgado a los mineros formales, o en proceso legalización, para la venta o compra del mineral extraído. Este decreto, asociado con otras normas de formalización, afectó el desarrollo de la minería tradicional. • Pretensiones para constituir una ley de delitos ambientales que tendría incidencia en más de veintidós departamentos donde se realiza minería de hecho. En síntesis, todas estas estrategias de gestión ambiental sectorial y territorial desplegadas por agentes gubernamentales y corporativos se enfocan en defender la minería sostenible como mecanismo para el crecimiento económico del país. En ese sentido, son apuestas políticas y

4 Véase Piden suspender decreto de licencias ambientales. Disponible en: http:// www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/piden-suspender-decreto-delicencias-ambientales-articulo-543568

Controversia 207 abril 2018.indd 146

6/25/2018 8:20:23 PM

Estrategias de gestión ambiental frente al desarrollo mineroextractivista en el municipio de Quinchía (Risaralda)

147

normativas que han privilegiado la inversión extranjera, principalmente transnacional, sobre la minería tradicional, la autonomía territorial de las comunidades locales, la defensa de los derechos humanos y la protección del patrimonio natural de la nación.

Desarrollo minero extractivista en el departamento de Risaralda En este contexto, la promoción del desarrollo extractivista minero permea las agendas departamentales, las cuales adecuan sus estrategias políticas a las necesidades de índole nacional e internacional. Así, un departamento como Risaralda, localizado en el centro occidente de Colombia, concentra sus esfuerzos, entre otros aspectos, en hacer de la minería un sector competitivo, como se manifiesta en el siglo xxi en diferentes planes de Gobierno: el Plan Departamental Risaralda Desarrollo con Rostro Humano y Social en Igualdad de Oportunidades (2001-2003), el Plan de Desarrollo Departamental Risaralda, Sentimiento de Todos (2008-2011), el Plan de Desarrollo Risaralda: Unida, Incluyente y con Resultados (2012-2015) y el Plan de Desarrollo Risaralda Verde y Emprendedora (2016-2019). El Plan de Desarrollo Departamental Risaralda Desarrollo con Rostro Humano y Social en Igualdad de Oportunidades (2001-2003) estableció en una de sus líneas el Programa de apoyo al desarrollo de la minería, el cual propuso “promover proyectos de aprovechamiento sostenible minero y acciones que generen alto impacto en el desarrollo de las comunidades mineras” (Gobernación de Risaralda, 2001, p.71). En consonancia, se plantearon tres subprogramas como estrategias de gestión ambiental orientadas al desarrollo minero: 1) Ordenamiento institucional y organizativo del sector minero, 2) apoyo a la industrialización de la pequeña y mediana minería, y 3) gestión ambiental para la sostenibilidad de la producción minera (Gobernación de Risaralda, 2001)

Controversia 207 abril 2018.indd 147

6/25/2018 8:20:23 PM

148

Controversia 208

Por su parte el Plan de Desarrollo Departamental Risaralda, Sentimiento De Todos (2008-2011) afirma: El desarrollo minero en el departamento de Risaralda se considera muy bajo, tanto en términos de exploración, explotación y beneficio, como en su participación en la economía del Departamento; adicionalmente, la disminución en las actividades de aprovechamiento de los recursos minerales y la escasa tecnología utilizada, ha generado que la minería en los últimos años sea vista como artesanal, atrasada y con poca representatividad en la generación de empleo y desarrollo local (Gobernación de Risaralda, 2008, p.77)

En el marco de estas consideraciones, dicho plan de desarrollo estableció como necesaria la puesta en marcha del subprograma: La minería, factor social en el desarrollo económico, con el propósito de incentivar, la productividad y competitividad como bases del crecimiento sostenible del sector minero en el departamento de Risaralda. Estos planes departamentales enuncian estrategias y acciones tendientes a mejorar la productividad de la minería, a través de la inversión en procesos técnicos y organizativos para consolidar un sector minero con oportunidad hacia el desarrollo de la economía regional y nacional. En coherencia con los anteriores planes de desarrollo departamentales, en el año 2010 se conformó el Distrito Minero de Risaralda, integrado por los municipios de Mistrató, Pueblo Rico, Quinchía, Apía y La Virginia, el primero de 38 distritos coordinado por una Gobernación. Al respecto, el entonces gobernador de Risaralda, Víctor Manuel Tamayo Vargas, enunció: Es hora de aprovechar la riqueza que existe en todos los rincones de las ricas tierras risaraldenses, donde encontramos minerales como el oro, el carbón y el manganeso […]. El Distrito Minero permitirá consolidar un esquema de alta gestión para el sector, generando verdaderas herramientas

Controversia 207 abril 2018.indd 148

6/25/2018 8:20:23 PM

Estrategias de gestión ambiental frente al desarrollo mineroextractivista en el municipio de Quinchía (Risaralda)

149

para hacer de Risaralda un departamento emprendedor, donde la minería se presenta como un eje potenciador de la economía (Gobernación de Risaralda, 2010).

El Distrito Minero, enfocado en el mejoramiento de la productividad y competitividad de la minería en Risaralda, buscó aprovechar el potencial geológico del departamento, con la intención de generar mayor crecimiento económico de la región. En palabras del entonces gobernador “queremos que Risaralda sea un departamento minero que brille con luz propia” (Ossa, 2010). Por su parte, Martha Pachón, actual encargada del programa de Responsabilidad Social de la Secretaría de Desarrollo Económico de la Gobernación de Risaralda, quien se desempeñó como directora del Distrito Minero, señaló que “los distritos mineros eran una política de productividad y competitividad del Ministerio de Minas a nivel nacional que en Risaralda se creó en el 2010, pero solo duró un año” (Entrevista realizada a Martha Pachón, 2016). Sin embargo, con el ánimo de propender por una minería sostenible, la Gobernación de Risaralda continúo con el Programa de responsabilidad social consolidado “desde el año 2007 con el objetivo de asesorar, apoyar, capacitar y brindar asistencia técnica a todo el sector minero en el departamento” (Entrevista realizada a Martha Pachón, 2016). Para el año 2010, periodo en que fue declarado el Distrito Minero de Risaralda5, Quinchía sobresalía en la solicitud y concesión de títulos mineros (ver tabla 1). De conformidad con lo anterior, el Plan de Desarrollo Risaralda: Unida, Incluyente y con Resultados (2012-2015), constituido por el programa 5

En el año 2013, se instaló en Risaralda la mesa departamental Minería Responsable y Sostenibilidad Ambiental, en la cual Juan Manuel Álvarez Villegas, director de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda, señaló: “Bienvenida la mesa minero ambiental a Risaralda. La minería responsable lleva a un desarrollo social, económico y ambiental del departamento, y desde la carder debemos apoyar la legalidad minera en armonía con el ambiente” Disponible en http://www.carder. gov.co/app/webroot/index.php/cmsnews/webShow/496#sthash.2vUJk6BT.dpuf

Controversia 207 abril 2018.indd 149

6/25/2018 8:20:23 PM

150

Controversia 208

Tabla 1. Títulos y solicitudes mineras en Risaralda (2010) Municipio

Total títulos

Total solicitudes

Quinchía

Pereira

Mistrató

Santa Rosa de Cabal

Santuario

Sin dato

Balboa

Sin dato

Otros

Total general:

402

Pueblo Rico

Fuente: Catastro Minero Colombiano. Febrero de 2010

Risaralda Estratégica, Competitiva y con Resultados, integrado a su vez por el subprograma Minería Socialmente Responsable y Sostenibilidad Socioambiental, tendió a “fortalecer las empresas del sector minero, teniendo en cuenta el pacto global, la responsabilidad social empresarial, la asociatividad, la legalidad y el desarrollo de una minería social y jurídicamente responsable” (Gobernación de Risaralda, 2012, p.62). El actual Plan de Desarrollo Departamental Risaralda: Verde y Emprendedora (2016-2019) propone como estrategia para la acción el despliegue de seis capitales, entre los que sobresale el capital económico, que establece como uno de los subprogramas el de la productividad empresarial enfocado a “promover procesos que generan encadenamientos empresariales efectivos, para el desarrollo de alianzas empresariales orientadas al incremento de la productividad y la competitividad” (Gobernación de Risaralda, 2016, p.96). Entre las metas de este objetivo, se destaca la necesidad de “fortalecer técnica, administrativa y financieramente la cadena productiva del sector minero del departamento de Risaralda” (Gobernación de Risaralda, 2016, p.97)

Controversia 207 abril 2018.indd 150

6/25/2018 8:20:23 PM

Estrategias de gestión ambiental frente al desarrollo mineroextractivista en el municipio de Quinchía (Risaralda)

151

Desarrollo minero extractivista en el municipio de Quinchía (Risaralda)

Minería tradicional y desarrollo minero multinacional Estas agendas nacionales y departamentales se reflejan particularmente en el municipio de Quinchía, localizado en el nororiente de Risaralda, el cual constituye uno de los principales territorios con riqueza mineral en el departamento (ver mapa 1). Dicho municipio cuenta con una población 33 816 habitantes (Alcaldía de Quinchía, 2016) distribuida predominantemente en 80 veredas que conforman la zona rural; población que, a su vez, se encuentra integrada por más de 8843 indígenas pertenecientes a las parcialidades emberá chamí, emberá karambá y al resguardo Escopetera y Pirza (Ugarte et al. 2013, p.117). Mapa 1. Localización Geográfica de Quinchía, Risaralda

Fuente: Salazar, 2015

Controversia 207 abril 2018.indd 151

6/25/2018 8:20:24 PM

152

Controversia 208

Mapa 2. Localización de los corregimientos de Naranjal e Irra

Fuente: Modificado de Salazar, 2015

El municipio de Quinchía, predominantemente rural, está conformado por cuatro corregimientos: Batero, Santa Elena, Irra y Naranjal. Estos dos últimos, con presencia de títulos de exploración a cargo de empresas mineras (ver mapa 2). Este municipio, de larga tradición minera, presentaba en el año 1999, según el diagnóstico del Plan Básico de Ordenamiento Territorial —pbot— , quince áreas de producción minera que comprendían más de 800 hectáreas. Por tal razón, el pbot estableció el artículo 36 —Usos de la actividad minera—, en cual señaló los referentes ambientales que debían ser considerados “para lograr optimizar la explotación racional y sostenible del sector minero” (p.38). Entre los aspectos más sobresalientes se identifican restricciones ambientales para desarrollar la minería y la motivación por realizar un plan ambiental minero. La tradición minera de este municipio mantuvo su importancia para el año 2013, pues en este periodo se registraba la presencia de 19 asocia-

Controversia 207 abril 2018.indd 152

6/25/2018 8:20:24 PM

Estrategias de gestión ambiental frente al desarrollo mineroextractivista en el municipio de Quinchía (Risaralda)

153

ciones mineras tradicionales enfocadas en la extracción de oro, además de dos áreas de reserva especial6 Corpoare y Coocarboquin, dedicadas al aprovechamiento de oro y carbón, respectivamente. Del total de las asociaciones mineras, 14 se encontraban localizadas en los corregimientos de Naranjal e Irra. Es importante señalar que muchas de estas organizaciones han desaparecido o se encuentran inactivas (ver mapa 3). Mapa 3. Asociaciones mineras tradicionales en Naranjal e Irra. Año 2013.

Fuente: Realizado con base en el Plan de Desarrollo Municipal 2012-2015.

En contraste con la minería tradicional se encuentran dos multinacionales extractivas, con título de exploración: Batero Gold, localizada en la

Las Áreas de Reserva Especial, de acuerdo con el artículo 31 de la Ley 685 de 2001, son áreas con existencia de explotaciones tradicionales de minería informal definidas conforme al artículo 257 del Código de Minas.

Controversia 207 abril 2018.indd 153

6/25/2018 8:20:25 PM

154

Controversia 208

vereda La Cumbre, en el corregimiento de Naranjal, y Metminco Limited7, localizada en Miraflores, en el corregimiento de Irra (ver mapa 4). Mapa 4. Empresas mineras multinacionales

Así pues, el interés sobre el potencial geológico del municipio de Quinchía, donde en veintiséis de sus veredas alrededor del 60 % de los pobladores dependen directamente de dicha actividad minera (Alcaldía de Quinchía, 2012a, p.77), se convierte en la principal motivación de las administraciones locales para fomentar el desarrollo de la minería. De esta manera lo muestran los planes de desarrollo municipal: 1) En Marcha Hacia un Mejor Futuro (2001-2003), 2) Una Alcaldía con Compromiso Social (2004-2007), 3) Todos por Quinchía con Acción y Decisión

7 Al respecto se recomienda visitar la página http://www.metminco.com.au/site/ projects/quinchia-gold-portfolio

Controversia 207 abril 2018.indd 154

6/25/2018 8:20:25 PM

Estrategias de gestión ambiental frente al desarrollo mineroextractivista en el municipio de Quinchía (Risaralda)

155

(2008-2011), 4) Quinchía para Todos (2012-2105), y 5) Quinchía Primero (2016-2019). El plan de desarrollo de Quinchía En Marcha Hacia un Futuro Mejor (2001-2003) propuso el programa Apoyo a los Mineros, que buscaba prestar asistencia técnica a los mineros tradicionales, fortalecer la comercialización del oro y realizar acciones tendientes a mitigar los impactos ambientales de la minería (Alcaldía de Quinchía, 2001, p.166). Para este momento, se identificaban importantes reservas auríferas de veta en los corregimientos de Irra (centro poblado, veredas de Miraflores, Guerrero, Las Trojes, El Chuscal, El Ceibal y El Callao), Naranjal (vereda la Cumbre) y Batero (veredas Sardinero, Juan Tapao y Mina Rica). Es importante mencionar que en esta época ya se registraban estudios mineros del Gobierno nacional y de particulares (Alcaldía de Quinchía, 2001, p.159). Sumado a la riqueza aurífera, el municipio de Quinchía buscaba potenciar la extracción de minerales como el carbón, aprovechado esencialmente en las veredas Encenillal y Opiramá. En este contexto, en el que entró en vigor el nuevo Código de Minas, Ley 685 de 2001, el departamento de Risaralda inició el proceso de liquidación de la empresa estatal minera de Risaralda, Mineralda, que se encontraba constituida desde el año 1996. Entre los aspectos que serían modificados por el Código de Minas se destaca el papel del Estado. Este pasó de participar en el manejo del sector minero a cumplir las funciones de regular, promover y fiscalizar la intervención del sector privado mediante la flexibilización de las normas que permiten acceder al título minero para la exploración y explotación del recurso (Pardo, 2013, citado en Salazar, 2014, p.18). En coherencia con el propósito del Código de Minas de incentivar la exploración y explotación de los minerales de propiedad estatal y privada en Colombia, el Plan de Desarrollo Municipal Una Alcaldía con

Controversia 207 abril 2018.indd 155

6/25/2018 8:20:25 PM

156

Controversia 208

Compromiso Social (2004-2007) estableció en uno de sus programas: “fomentar la minería y los recursos naturales como compromisos de oportunidad y desarrollo sobre la base de la sostenibilidad ambiental” (Alcaldía de Quinchía, 2004a, p.10). En este periodo, el Gobierno nacional y algunas empresas multinacionales habían adelantado estudios en exploración de yacimientos minerales. Empresas como tvx Minera y Anaconda Golds habían realizado solicitudes de áreas y licencias de exploración (Alcaldía de Quinchía, 2004a, p.49). De acuerdo con uno de los integrantes de Corporae de Quinchía, “desde 1990 había una empresa llamada tvx, quienes tenían solicitudes, pero no habían hecho presencia en la zona debido a las condiciones de violencia” (Entrevista realizada a Sonier Obando, 2014). En la década de 1990, la compañía canadiense productora de oro de nivel medio8 tvx Gold Inc, evaluó el área de Miraflores, pero las condiciones de orden público fueron la principal limitación para realizar los programas de exploración planificados (Baldys y Anderson, 2009, citados en Pardo y Salazar, 2013, p.15). Entre las veredas más aquejadas por la violencia se encuentra la zona minera de Miraflores, donde se han realizado explotaciones tradicionales de tipo filón desde el año 1986 por parte de la Asociación de Mineros de Miraflores, con un título de explotación adquirido en el año 1987 y vendido a la empresa minera Seafield en el año 2011. Para ese momento, en el municipio hacían presencia grupos armados como los Magníficos (1984 y 1990) y el Ejército Popular de Liberación —epl—, este último liderado desde 1999 por el dirigente nacido en Quinchía Berlaín Chiquito Becerra, también conocido como Leyton,

De acuerdo con Ponce (2012), una empresa minera intermedia es aquella que tiene un ingreso anual superior a US$50 millones, pero inferior al umbral de US$500 millones (p.198).

Controversia 207 abril 2018.indd 156

6/25/2018 8:20:25 PM

Estrategias de gestión ambiental frente al desarrollo mineroextractivista en el municipio de Quinchía (Risaralda)

157

asesinado por el Ejército Nacional en el año 2006 (Sánchez, 1983; Cardona, 1989; Parra, 2010). Iniciando el siglo xxi, en el marco de la Política de Seguridad Democrática, se llevaría a cabo en el año 2003 la “Operación Libertad”, que consistió en la detención arbitraria de más de cien moradores de Quinchía por presuntos nexos con la guerrilla del epl. Sin embargo, tiempo después fueron liberados tras ser encontrados inocentes 9. Sumado a lo anterior, entre los años 2002 y 2006 hizo presencia el grupo de las Autodefensas Unidas de Colombia denominado Bloque Central Bolívar, el cual incidió en el desplazamiento de más de 1491 personas en el año 2004. Quinchía, después de Pueblo Rico, según la Unidad para la Atención y Reparación Integral a Víctimas (2013, p.102) es el municipio con más desplazados registrados entre 1985-2012. En este contexto, para el año 2004, la administración municipal registraba que un 86 % de las actividades mineras realizadas en el territorio de Quinchía no eran formalmente reconocidas por el Estado, en contraste con un 14 % que sí lo estaban (Alcaldía de Quinchía, 2004, p.50). En ese entonces, se registraban doce asociaciones y cooperativas de mineros tradicionales (Alcaldía de Quinchía, 2004a, p.53). Un año después, en el 2005, llegaría al municipio la empresa multinacional Sociedad Kedahda S.A. filial de la sur africana AngloGold Ashanti. En coherencia con lo anterior, en lo que respecta al sector minero, el Plan de Desarrollo Todos por Quinchía con Acción y Decisión (20082011) propuso como objetivo general “mejorar la producción de los mineros y consolidar este sector como un renglón importante de la economía municipal”. Para tal fin estableció, “entre otros aspectos, el apoyo al pequeño minero de oro, así como el mejoramiento técnico, la educación y el medio ambiente” (Alcaldía de Quinchía, 2008, pp.124 y 196). 9

Véase el libro Boleta de Captura de Aldemar Solano.

Controversia 207 abril 2018.indd 157

6/25/2018 8:20:25 PM

158

Controversia 208

Tras la instalación de la empresa Sociedad Kedahda S.A., el Plan de Desarrollo Municipal Todos por Quinchía con Acción y Decisión (20082011) exhortó dentro de su exposición de motivos a desarrollar una minería responsable, con prelación de la tradición cultural y la protección ambiental: Hay que revisar de una manera responsable y consciente el advenimiento de empresas de exploración minera, exigiendo de una manera cordial y amigable los compromisos de respeto hacia la tradición y derechos de los cabildos, el cuidado del medio ambiente y la no afectación del entorno, pues este tema nos preocupa de una manera responsable no tanto actualmente sino hacia el futuro (Alcaldía de Quinchía, 2008, p. 9).

Asimismo, para el sector minero, este plan de desarrollo estableció objetivos como: 1) convertir esta actividad en segura y promisoria, 2) mejorar las condiciones de vida de los mineros y del entorno que los rodea, y 3) acompañar y ayudar a otros sectores productivos en minería. En contraste con las declaraciones anteriores, el mismo plan de desarrollo municipal emitió pronunciamientos que, por un lado, desestimulaban la minera tradicional y, por otro, estimulaban la presencia de entes multinacionales. En primer lugar, la desestimulación de la minería tradicional se observa claramente en el siguiente apartado: Desde el año 2000 el municipio empezó a invertir decididamente en este sector con la conformación de los grupos o núcleos mineros, los cuales eran asociaciones de campesinos […]. Estas asociaciones y otras particulares han recibido apoyo del Estado, pero no han logrado consolidarse como verdaderas empresas mineras y generalmente causan daños graves al ecosistema por sus costumbres y formas de obtención del oro a través de la utilización de mercurio y cianuro de sodio (Alcaldía de Quinchía, 2008, p.60).

Controversia 207 abril 2018.indd 158

6/25/2018 8:20:25 PM

Estrategias de gestión ambiental frente al desarrollo mineroextractivista en el municipio de Quinchía (Risaralda)

159

La estimulación de la presencia de compañías transnacionales se avizora en el siguiente apartado: Con la llegada de la multinacional Kedhada al municipio se han sembrado nuevas esperanzas en el sector, pues hay perspectivas de producción en algunas zonas, para ello esta empresa desde 2004 viene haciendo trabajos de exploración. En su afán de ser aceptados por la comunidad han emprendido una serie de inversiones sociales que han ayudado al municipio en esas zonas a cubrir parte de sus obligaciones y han beneficiado directamente a la comunidad rural de las veredas donde ellos hacen presencia (Alcaldía de Quinchía, 2008, p.61).

Por su parte, el Plan de Desarrollo Quinchía para Todos (2012-2015) estableció como meta del programa Sector Productivo para Todos: “ofrecer a los quinchieños las garantías para la explotación del suelo rural, mediante la ejecución de proyectos productivos que permitan la vinculación de mano de obra en todas las familias; de igual forma, el estímulo a la actividad minera desarrollada por los pequeños y grandes mineros” (Alcaldía de Quinchía, 2011, p.159). En coherencia con estas apuestas de desarrollo, arribaron otras empresas multinacionales júnior al municipio de Quinchía10. Así, la Sociedad Kedahda S.A., adquirió títulos que en el año 2007 fueron vendidos a la canadiense B2 Gold Corp y, posteriormente, en el 2009, a la Batero Gold Corp y a la Minera Seafield Resources; esta última fue adquirida el veinte de junio de 2016 por Metminco Limited, que cambió el nombre de Minera Seafield a Miraflores Compañía Minera S.A.S11. La Batero Gold (ver

10 Es importante recordar que las empresas júnior “se caracterizan por realizar actividades de exploración y producción mediante la financiación de capital accionario de equity financing” (Ponce, 2012). 11 La compañía completó la compra de Minera Seafiled S.A.S. de rmb Australia Holdings Limited —rmb— el 20 de junio de 2016. Minera Seafield, ahora Miraflores Compañía Minera S.A.S. —mcm—, posee el 100 % del Quinchía Gold Project

Controversia 207 abril 2018.indd 159

6/25/2018 8:20:25 PM

160

Controversia 208

Mapa 5. Área titulada a la empresa Minera Seafield adquirida por Metminco Limited

Fuente: http://www.sffresources.com/ Sitio web de la empresa Minera Seafield Resources Ltd, 2016

mapa 6) y Metminco Limited (ver mapa 5) también obtuvieron títulos12

(“Quinchía Portafolio”) Véase http://www.metminco.com.au/site/projects/quinchia-gold-portfolio 12 Según la entrevista realizada a Giovany Ortiz, gerente de exploración de la empresa Metminco Limited, antes Seafield Resources: “primero eran 10 títulos, luego subió

Controversia 207 abril 2018.indd 160

6/25/2018 8:20:25 PM

Estrategias de gestión ambiental frente al desarrollo mineroextractivista en el municipio de Quinchía (Risaralda)

161

Mapa 6. Área titulada a la empresa Batero Gold

Fuente: Realizado con base en Pardo y Salazar, 2013 y Página de la empresa Batero Gold http://baterogold.com/projects/quinchia-project , 2016

de exploración en las veredas la Cumbre, del corregimiento de Naranjal, y las veredas Dosquebradas y Miraflores del corregimiento de Irra. Para el año 2014, en Quinchía se habían otorgado 20 títulos mineros a 9 titulares entre los que sobresalían las empresas Minera Seafield S.A.S., Sociedad Minera Quinchía S.A.S. y Anglo Gold Ashanti Colombia S.A. A su vez, para el 2014, se habían realizado 51 solicitudes de títulos mineros, 18 de las cuales eran solicitudes de legalización y 33 para la adquisición de contratos de concesión (Catastro Minero Colombiano, 2014, citado en Salazar, 2014, p.116). En el 2015 se registraron 81 solicitudes (Catastro Minero Colombiano, 2015). En suma, las solicitudes a 13 […]; en área pueden abarcar aproximadamente cuatro mil hectáreas, que pueden aumentar o disminuir, eso depende de lo que se vaya realizando” (2016).

Controversia 207 abril 2018.indd 161

6/25/2018 8:20:25 PM

162

Controversia 208

Mapa 7. Títulos y solicitudes mineras en Quinchía

Fuente: Unidad de Restitución de Tierras, septiembre de 2015

Controversia 207 abril 2018.indd 162

6/25/2018 8:20:26 PM

Estrategias de gestión ambiental frente al desarrollo mineroextractivista en el municipio de Quinchía (Risaralda)

163

y contratos de concesión abarcan más del 90 % del territorio municipal (Salazar, 2014, p.62) (ver mapa 7). Mientras tanto, en el proceso electoral del año 2015 fue nombrado alcalde de Quinchía Jorge Alberto Uribe13, quien antes estuvo a cargo de la administración del municipio entre los años 2004-2007. Este agente social se comprometió en medios de comunicación periodísticos a “fortalecer a Quinchía como municipio productor agropecuario y minero” (Diario del Otún, 2015). El Plan de Desarrollo Quinchía Primero (2016-2019) ha establecido el subprograma Fortaleciendo el Sector Agropecuario y Minero para Lograr la Reconciliación. Este plan de desarrollo señala que mediante la Ley 1382 y el Decreto 2715 de 2010 se vienen adelantando procesos de legalización para la minería de hecho, con el acompañamiento y apoyo de la Gobernación de Risaralda (Alcaldía de Quinchía, 2016, p.132). Pese a las pretensiones plasmadas en dicho plan de desarrollo, a mediados del año 2016, debido a las condiciones de seguridad minero-ambientales, la Agencia Nacional Minera ordenó al mandatario municipal cerrar 40 socavones existentes a orillas del río Cauca. Esta situación generó incertidumbre para más de 300 mineros tradicionales y sus familias, que durante décadas han estado desarrollando la minería de cúbico para su subsistencia en el corregimiento de Irra14. De acuerdo con el líder minero de Irra, Francisco Anduquia: En relación con el tema de la legalidad y de la problemática alrededor de la minería, existe una incertidumbre porque no se sabe en qué momento

13 Como se visualiza en la página de la Alcaldía de Quinchía, Jorge Alberto Uribe se desempeñó entre 2008 y 2013 como profesional sénior social de la empresa AngloGold Ashanti Colombia S.A. 14 Véase: http://caracol.com.co/emisora/2016/05/15/pereira/1463311546_928321.html

Controversia 207 abril 2018.indd 163

6/25/2018 8:20:26 PM

164

Controversia 208

el gobierno va a tomar medidas drásticas. El concepto que manejamos en Irra es que nuestro trabajo es una minería artesanal, las personas se sienten muy agradecidas con la minería en Irra, incluso con todos los fenómenos que estamos viviendo en el país de movilización, proceso de paz, la minería se ha convertido en una opción de empleo (Entrevista realizada a Francisco Anduquia, 2016).

En respuesta al cierre de las minas15 y en defensa de la minería tradicional, se realizó una movilización que contó con la participación de dos mil mineros de Risaralda y Caldas en Irra. “La idea era hacer una marcha pacífica, estamos esperando tener un acercamiento con alcaldes y entidades gubernamentales para hacer mesas de concertación que den soluciones a las necesidades laborales y económicas que tenemos. […]. En el municipio no hay más ofertas” (Anduquia, citado en El Diario del Otún, 2016). La situación de informalidad de los mineros de Irra y las condiciones de seguridad son aún los principales argumentos de la institucionalidad para ordenar su cierre. En relación con el desarrollo minero, el Gobierno ha impulsado las vías 4G —Cuarta Generación—16 que se transforman en un atractivo para inversionistas extranjeros, pues significan abaratar costos en el transporte de grandes cargas. Entre los proyectos 4G se destaca la Vía Pacífico III. Esta tiene influencia en el municipio de Quinchía y su infraestructura conectará a Antioquia con Buenaventura y el Eje Cafetero. La histórica vía que conecta a Manizales y Medellín se desviará antes de llegar a Irra mediante la construcción de dos puentes sobre los ríos Tapias y Cauca, lo cual tendrá incidencia en el centro poblado de Irra, característico por su vocación comercial.

15 El cierre de Minas fue realizado en el sector de Tintina de Anserma (Caldas) y en la vereda Opiramá de Quinchía (Risaralda) (Entrevista realizada a Francisco Anduquia, 2016). 16 Véase Infraestructura minera en la agenda. Disponible en: http://www.dinero. com/pais/articulo/infraestructura-minera/191839

Controversia 207 abril 2018.indd 164

6/25/2018 8:20:26 PM

Estrategias de gestión ambiental frente al desarrollo mineroextractivista en el municipio de Quinchía (Risaralda)

165

Sobre las estrategias de posicionamiento corporativo de las empresas mineras Sumado a lo anterior, en Quinchía, tras el ingreso de empresas multinacionales en el marco de las políticas nacionales, regionales y locales, se inició una campaña de legitimación corporativa mediante la promesa de realizar una minería sostenible como eje de desarrollo social y económico en el territorio. De esta manera, para el año 2012, la Batero Gold concentró sus esfuerzos en obtener la licencia social17, mediante la adopción de estrategias que buscaban “proporcionar beneficios ambientales, sociales y económicos a largo plazo para la región de Quinchía”18. De acuerdo con la empresa multinacional tales beneficios son: • Apertura de espacios no utilizados para instalar una unidad médica y dental —suministrada por el hospital local— y un hogar infantil comunitario. • Reparación y mantenimiento de caminos veredales. • Apoyo para aumentar el acceso a la electricidad en áreas rurales. • Suministro de agua potable desde la planta de filtración de la compañía a 38 familias de la comunidad. • Implementación del programa Fincas con Futuro

17 La Licencia Social para Operar —lso— se refiere a la aceptación de las compañías mineras y de sus proyectos dentro de las comunidades locales. Información disponible en: http://www.miningfacts.org/Comunidades/Que-es-la-licencia-socialpara-operar-LSO/ 18 http://baterogold.com/projects/quinchia-project. Sitio web de la Batero Gold, 2015.

Controversia 207 abril 2018.indd 165

6/25/2018 8:20:26 PM

166

Controversia 208

• Desarrollo de actividades de perforación mediante el cumpliendo de estrictas reglas y regulaciones gubernamentales. • Apoyo a programas de corte y confección que permiten a las mujeres generar nuevos ingresos a través de la venta de la ropa que fabrican. Sin embargo, estos programas de acento filantrópico están emparentados con los beneficios corporativos que las compañías multinacionales adquieren mediante la inversión socioambiental: • La realización de caminos veredales y el aumento en la cobertura de energía eléctrica también se convierten en mejoras empresariales que permiten obtener mayores ventajas para el desarrollo de actividades de exploración y extracción. • El desarrollo de programas asistencialistas (generación de empleo, programas escolares y disposición de infraestructura, entre otros) tiene como fin alcanzar el aval comunitario, pues esta licencia social permite a las empresas júnior atraer la atención de otros inversionistas extranjeros. • En contraste con las acciones corporativas ligadas a garantizar el suministro de agua potable a las comunidades locales y el cumplimiento de las normas de perforación, el presidente de la Asociación de Acueductos Comunitarios de Quinchía, Jesús Guevara, señaló —en una carta radicada en 2013 dirigida a la Carder con copia al Ministerio de Ambiente— que las perforaciones realizadas por las empresas Batero Gold y Minera Seafield han ocasionado impactos sobre las fuentes hídricas que abastecen acueductos comunitarios en sus zonas de influencia (Salazar, 2014, p.125). • Afectación a las dinámicas económicas y socioculturales de las comunidades locales, mediante estrategias de posicionamiento como el programa Fincas con Futuro “que consiste en intercambiar fincas

Controversia 207 abril 2018.indd 166

6/25/2018 8:20:26 PM

Estrategias de gestión ambiental frente al desarrollo mineroextractivista en el municipio de Quinchía (Risaralda)

167

de habitantes quinchieños localizados en zonas mineras de la empresa Batero Gold, por fincas adyacentes” (Salazar, 2014, p.120). A este respecto, Pardo (2014) señala los costos sociales y ambientales que tienen estrategias corporativas como la compra de tierras: La compra de grandes extensiones de tierra alrededor de los proyectos permite ocultar la contaminación sobre aguas superficiales y subterráneas […]. A esto se agrega el desplazamiento de familias tras la venta o la expropiación por vía administrativa de sus propiedades, con la consecuente ruptura del tejido social y la sustracción de extensiones de tierra de sus actividades tradicionales como agricultura y ganadería (p.39)19.

Entre tanto, la Seafield Resources, ahora Miraflores Compañía Minera S.A.S., reconoce en su página oficial la importancia de la responsabilidad social corporativa en sus proyectos y operaciones. Nosotros también reconocemos el impacto positivo que podemos lograr sobre las comunidades donde operamos. Seafield desarrolla alianzas con las partes interesadas de la comunidad y su objetivo es ser líder en la responsabilidad social. Nuestra estrategia para ser una compañía responsable de exploración y minería se centra en nuestro compromiso de emplear personal local donde sea posible20, avanzando en las iniciativas de la comunidad a través de la financiación y las alianzas constituyendo una estrategia efectiva de gestión ambiental (Página web de la Seafield Resources, 2015).

No obstante, es pertinente mencionar que, tras las negociaciones entre la compañía minera Seafield Resources y 38 integrantes de la Asociación de Mineros de Miraflores, se hizo efectiva la compra de un título de

19 Este mismo documento expone la adquisición de predios por parte de empresas multinacionales (Ver Pardo, 2014, p.39). 20 Por su parte Giovanny Ortiz, quien se ha desempeñado como gerente del proyecto Minera Seafield, señala que el total de personas que laboran para la empresa son 10 personas en Quinchía y 17 en Medellín (Entrevista a Giovany Ortíz, 2016).

Controversia 207 abril 2018.indd 167

6/25/2018 8:20:26 PM

168

Controversia 208

150 hectáreas, por un monto de 6000 millones de pesos (Garcés, 2013; Obando, 2014 citado por Salazar, 2014). Esta situación ha generado conflictos mineros, pues tanto la asociación de Mineros de Miraflores como la Asociación de Barequeros continúan realizando actividades de extracción en el actual proyecto de la empresa multinacional. En respuesta a este conflicto, la empresa Seafield Resources, mediante la intervención de la Mesa Departamental Minera y el Distrito Minero, propuso, en el año 2013, la subcontratación de la asociación de barequeros en el proyecto de la multinacional alternativa. Este, según Giovany Ortiz21, “fue un acuerdo de buena voluntad, pues no se ha firmado nada” (entrevista realizada a Giovany Ortiz, 2016). Sin embargo, la crisis de la empresa generó incertidumbre en los mineros tradicionales, entre otros aspectos, porque esta compañía solicitó acogerse a la Ley 1116 de 2006, concerniente al régimen de insolvencia empresarial. Así lo señaló Jhonny Garcés, presidente de la Federación de Pequeños Mineros de Risaralda y Caldas, y exconcejal del municipio de Quinchía: La Seafield ha agotado su presupuesto adquirido a través de deudas en fondos de inversión. Buena parte lo usó para promover sus aparentes “buenas pretensiones”. Se inventó empleos temporales por periodos de tres meses, alardeando tener una planta de 300 empleados. Lo cierto es […] que no tiene efectivo y tuvo que dar 15,6 millones de acciones a sus funcionarios para que no se fueran y no ha podido pagar ni la primera cuota ($402 317 dólares canadienses) de su enorme deuda (16,5 millones de dólares canadienses) con rmb Australia Holdings Limited (Garcés, 2014).

Esta situación concluyó con la adquisición de la empresa por parte de la compañía Metminco Limited, tal como lo señala Giovany Ortiz: “La Seafield entró en crisis, la empresa realizó un préstamo y cuando entró 21 Giovany Ortiz se ha desempeñado como gerente del proyecto Seafield en Quinchía. Actualmente es el vicepresidente de Exploración de la Metminco Limited.

Controversia 207 abril 2018.indd 168

6/25/2018 8:20:26 PM

Estrategias de gestión ambiental frente al desarrollo mineroextractivista en el municipio de Quinchía (Risaralda)

169

la crisis del oro, la empresa ya no pudo pagar; por tanto, el banco tomó el proyecto y se lo vendió a Metminco Limited” (entrevista realizada a Giovany Ortiz, 2016). Paralelo a esta situación, y acorde con las orientaciones nacionales, la empresa multinacional viene realizando programas productivos que tienen como fin exhortar a los mineros tradicionales a concentrar los esfuerzos en el desarrollo agrícola. De esta manera, en la vereda Miraflores, el programa de formalización, más allá de implementar estrategias orientadas al mejoramiento efectivo de las condiciones técnicas, sociales y ambientales de la minería tradicional, busca promover una reconversión de la actividad. Desde esta perspectiva, lo que pretende el programa es estimular el desarrollo de la minería sostenible asociada con las empresas multinacionales que, como se evidencia con la concesión de títulos en zonas de presencia de comunidades indígenas, campesinas y mineras, genera conflictos territoriales. Es imprescindible anotar que el Plan Nacional de Desarrollo Paz, Equidad y Educación 2014-2018, establece que: El Estado trabajará para que todos los proyectos mineros independientemente de su clasificación cumplan con las exigencias técnicas, laborales, económicas y ambientales previstas por la ley. En aquellas zonas donde el ejercicio de actividades mineras no sea viable, el Gobierno nacional acompañará a las personas que ejercen la actividad minera en la reconversión laboral hacia actividades productivas viables en esa área (Departamento Nacional de Planeación, 2014, p.194).

De acuerdo con las propuestas gubernamentales señaladas en el Plan Nacional de Desarrollo (2014-2018), en Miraflores se aboga, más que por el establecimiento del programa de formalización, por estrategias tendientes a la reconversión de la minería tradicional.

Controversia 207 abril 2018.indd 169

6/25/2018 8:20:26 PM

170

Controversia 208

Proyectos realizados por la compañía Seafield buscan ofrecer al minero tradicional, en veredas como Miraflores, el aprovechamiento de plántulas de mora y plátano como la principal alternativa de sustento económico. Situación que, según expone el artículo periodístico de Duberney Galvis, integrante del Polo Democrático, se encuentra orientada al abandono de la minería tradicional22. En coherencia con lo anterior, el actual alcalde Jorge Alberto Uribe, señala: Queremos ver cómo entramos a apoyar a estos mineros que se van a ver en una persecución aterradora. Vamos a sentarnos con la Mesa Nacional Minera, con instancias ambientales y el Estado para buscar una solución, qué ganan con perseguirlos si no hay una solución para ellos. Queremos una propuesta de proyectos de gran envergadura que en vez de minería artesanal se dediquen a otra actividad económica (Diario del Otún, 2015).

Estos esfuerzos por motivar la reconversión de la actividad minera tradicional por otras actividades productivas tienen entre sus propósitos permitir que existan territorios de gran potencial geológico libres de comunidades mineras que impidan el desarrollo de proyectos extractivos multinacionales.

Comunidades indígenas y desarrollo minero multinacional De otro lado, en el marco del Convenio 169 de la oit, la Constitución Política de Colombia de 1991 y el Decreto 1320 de 1998, entre otros instrumentos políticos y normativos, las pretensiones de instalar proyectos minero-extractivos deben estar acompañadas de la consulta previa,

22 Ver Megaminería suena a Gaviria. Disponible en http://www.traslacoladelarata. com/2014/06/24/megamineria-en-risaralda-suena-un-gaviria-trujillo/

Controversia 207 abril 2018.indd 170

6/25/2018 8:20:26 PM

Estrategias de gestión ambiental frente al desarrollo mineroextractivista en el municipio de Quinchía (Risaralda)

171

libre e informada con el fin de proteger los derechos de los pueblos ancestrales que se encuentren en el territorio. De esta manera, el municipio de Quinchía aparece especialmente protegido por esta normativa, ya que posee comunidades indígenas que se encuentran asentadas en cuarenta y cuatro veredas, veinte de ellas con presencia de minería tradicional y multinacional. Algunos de los territorios quinchianos que deben ser protegidos son, por ejemplo, el corregimiento de Naranjal, donde se encuentra localizada la empresa Batero Gold, pues allí habitan 243 indígenas de la parcialidad emberá karambá distribuidos en las veredas Santa Sofía y La Palma. Además, están presentes 540 indígenas pertenecientes a la parcialidad emberá chamí, localizados en las veredas Yarumal, Cruces, Naranjal y Chorroseco (Ugarte et al., 2013). Por otra parte, está también el corregimiento de Irra, donde se encuentra localizada la empresa Miraflores Compañía Minera S.A.S., perteneciente Metminco Limited, el cual alberga 792 habitantes indígenas de la parcialidad emberá karambá, distribuidos en las veredas Miraflores, Callao y Mápura. Asimismo, este corregimiento cuenta con 753 habitantes pertenecientes al resguardo Escopetera y Pirza en las veredas Agua Salada, Risaraldita, Ginebra y Sausaguá; y 316 indígenas pertenecientes a la parcialidad emberá chamí, localizados en el centro poblado de Irra y Corozal (Ugarte et al., 2013). La presencia de riqueza mineral en territorios con comunidades indígenas se traduce en conflictos socioambientales, como los documentados en la investigación Evaluación de la Sustentabilidad Cultural y Ambiental de la Minería Tradicional. Caso de Estudio Corpoare (2014)23, que 23 En esta investigación se analizaron los siguientes conflictos: A) conflictos que se configuran por la disputa entre asociaciones mineras tradicionales y empresas multinacionales en territorios con riqueza mineral, B) conflictos relacionados con la existencia de explotaciones mineras tradicionales y multinacionales en territorios de comunidades indígenas o zonas solicitadas por los emberá chamí y emberá

Controversia 207 abril 2018.indd 171

6/25/2018 8:20:26 PM

172

Controversia 208

Mapa 8. Comunidades indígenas, zonas de tradición minera y multinacionales con título de exploración en Naranjal e Irra

Fuente: Elaborado con base en información primaria y Ugarte et al, 2013

enuncia conflictos asociados a la existencia de explotaciones mineras tradicionales y multinacionales en zonas con parcialidades indígenas (ver mapa 8).

karambá para la constitución de un resguardo indígena, y C) otros conflictos por la apropiación del patrimonio natural entre los que se destaca un precedente sobre la comercialización de 2000 metros cúbicos de agua de consumo humano a la empresa Seafield, la afectación de fuentes hídricas que abastecen acueductos comunitarios y, finalmente, disputas territoriales, entre las que sobresale la reclamación de propiedades en zonas mineras por víctimas de conflicto armado en Colombia (Salazar, 2014).

Controversia 207 abril 2018.indd 172

6/25/2018 8:20:27 PM

Estrategias de gestión ambiental frente al desarrollo mineroextractivista en el municipio de Quinchía (Risaralda)

173

Dichos conflictos también están sustentados en las denuncias realizadas en el año 2013 por Gloria Inés Hoyos Hoyos, exgobernadora del resguardo indígena Escopetera y Pirza, y Edith Lucía Taborda, gobernadora de la parcialidad indígena emberá karambá, quienes instauraron una acción de tutela en contra del Ministerio del Interior —Dirección de Consulta Previa— y de la Compañía Minera Seafield S.A.S., con el propósito de suspender las actividades de exploración y explotación por parte de la multinacional en los territorios indígenas24. Durante el año 2015, iniciaron los diálogos con las comunidades emberá chamí y emberá karambá para dar comienzo a la consulta previa, libre e informada. Sin embargo, la empresa multinacional Seafield, ahora Metminco Limted, solo llegó a un acuerdo para la realización de dicha consulta con la comunidad emberá chamí. Según las exigencias de la comunidad emberá chamí, resultaba imperativo realizar una línea base socioambiental en los territorios indígenas de dicha parcialidad donde se pretendieran desarrollar proyectos mineros, con el fin de identificar posibles impactos. No obstante, una de las principales limitaciones de esta consulta fue la insuficiente información secundaria y técnica para realizar una evaluación confiable y detallada para el mes de diciembre del año 2016, en palabras de Fernando Saldarriaga, profesional en administración ambiental encargado de acompañar el proceso de consulta, las dificultades que tuvimos fueron a nivel conceptual, metodológico, incluso, las dificultades de no tener herramientas, ni los equipos para realizarlo, por ejemplo, el estudio no consideró análisis de agua y no se lograron hacer los aforos porque no había los recursos económicos, o porque cuando llagaron los recursos ya no alcanzaba el tiempo para poderlo hacer;

24 Ver respuesta a la acción de tutela. Corte Suprema de Justicia (29 de agosto de 2013). Ref. Exp. 11001-02-03-000-2013-01900-00.

Controversia 207 abril 2018.indd 173

6/25/2018 8:20:27 PM

174

Controversia 208

por tanto, está pendiente el análisis de agua y suelos (entrevista realizada a Fernando Saldarriaga, 2016).

Por su parte, debido a la ausencia de un acuerdo entre la parcialidad emberá karambá y la empresa Seafield Resources —ahora Metmico Limited— sobre la ruta metodológica para iniciar la consulta previa, libre e informada y las divergencias en su tiempo de duración, el Ministerio del Interior decidió el 22 de septiembre de 2016 cerrar el proceso25; situación que vulneró los derechos constitucionales de la comunidad indígena. Sin embargo, y pese a la importancia de la consulta previa, libre e informada26 para salvaguardar los derechos de las comunidades indígenas, esta, según algunos agentes sociales relacionados con el sector minero y ambiental, no es considerada como un mecanismo que pueda vetar el desarrollo de un proyecto sobre minería. A propósito de esto Martha Pachón comenta: “La consulta previa no es para pedirles permiso a las comunidades indígenas si dejan realizar un proyecto minero. El objetivo de una consulta previa es contar, ahí no se pueden tomar decisiones sobre sí se realiza el proyecto de minería o no” (entrevista realizada a Martha Pachón, 2016). Otro tanto comenta Darwin Hernández: “En términos jurídicos la norma de consulta previa o el instrumento de consulta previa no es para vetar proyectos, sino para garantizar las

25 Ver Acta de cierre de consulta. Disponible en: http://www.mininterior.gov.co/sites/default/files/documentos/ConsultaPrevia/Protocolizaciones/acta_de_cierre_ de_consulta_titulos_mineros_de_interes_de_la_minera_seafield_S.A.S_proy64301-03.pdf 26 La consulta previa tiene por objeto analizar el impacto económico, ambiental, social y cultural que puede ocasionarse a una comunidad indígena o negra por la explotación de recursos naturales dentro de su territorio (Decreto 1320 de 1998). Por su parte, el parágrafo del artículo 330 de la Constitución Política establece: “La explotación de los recursos naturales en los territorios indígenas se hará sin desmedro de la integridad cultural, social y económica de las comunidades indígenas. En las decisiones que se adopten respecto de dicha explotación el Gobierno propiciará la participación de los representantes de las respectivas comunidades”.

Controversia 207 abril 2018.indd 174

6/25/2018 8:20:27 PM

Estrategias de gestión ambiental frente al desarrollo mineroextractivista en el municipio de Quinchía (Risaralda)

175

condiciones económicas y culturales de la comunidad allá asentada” (entrevista realizada a Darwin Hernández, 2016)27. Empero, el gobernador de la comunidad emberá chamí, Arley Guapacha, señala que la consulta, previa, libre e informada: ha sido una oportunidad para conocer el territorio y tener argumentos para manifestarle a estas empresas que no es viable hacer mega-minería o rechazar su presencia en el municipio, pero [sic] con razones de peso, como el tema arqueológico, ambiental, demográfico, social, soberanía alimentaria; con reafirmaciones técnicas, con la comunidad y generando conciencia (entrevista realizada a Arley Guapacha, 2016).

Paralelo al proceso con las comunidades indígenas en Quinchía, se está considerando la posibilidad de realizar una consulta popular para determinar si se avala o no el desarrollo de proyectos multinacionales en el territorio (entrevista Arley Guapacha, 2016; Bedoya, 2016). Mientras tanto, en el municipio continúa vigente la minería transnacional en oposición a las comunidades mineras, campesinas e indígenas. En Quinchía se ha afianzado, mediante diferentes planes de desarrollo nacional, regional y local, el interés de impulsar una minería ambiental y socialmente responsable como el eje del desarrollo sostenible. Sin embargo, dicho interés representa un manto discursivo que legitima la presencia de empresas transnacionales en contraposición a los intereses de las comunidades locales de un municipio de larga tradición minera, diversidad cultural y riqueza natural.

27 Martha Pachón fue directora del Distrito Minero de Risaralda, actualmente dirige el programa de Responsabilidad Social relacionado, entre otras cosas, con los asuntos mineros del departamento. Por su parte, Darwin Hernández, docente de la Facultad de Ciencias Ambientales de la Universidad Tecnológica de Pereira, fue el director del Área Ambiental en la Seafield Resources entre octubre de 2011 y 2013, y director de Sostenibilidad entre 2013 y 2015.

Controversia 207 abril 2018.indd 175

6/25/2018 8:20:27 PM

176

Controversia 208

Tabla 2. Estrategias de gestión ambiental frente al desarrollo minero-extractivista en Quinchía Escala

Estrategias de Gestión Ambiental Territorial —egat—

Estrategias de Gestión Ambiental Sectorial —egas—

Internacional

Acuerdos internacionales sobre desarrollo minero mundial • Iniciativas para el desarrollo minero responsable. Organización para la Coo peración y Desarrollo Económico — ocde— • Estándares de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas —eiti—. Organismos multilaterales • Responsabilidad social y ambiental en el desarrollo minero. Consejo Internacional de Minería y Metales —icmm—

Políticas internacionales extractivas • Proyecto Mesoamérica para la Integración. Mecanismo de diálogo político de alto nivel para construir consensos y articular esfuerzos de cooperación entre diez países: Belice, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua Panamá y República Dominicana. • Desarrollo y Proyecto de Integración de la Infraestructura Regional Suramericana —iirsa—. Iniciativa creada por las doce repúblicas que integran la Unión de Naciones Suramericanas • El Convenio 169 de la oit, artículo 06, establece que los gobiernos deberán realizar la consulta a los pueblos indígenas cada vez que se prevean medidas susceptibles de afectarles directamente.

Nacional

Desarrollo normativo • Ley 685 de 2001. Código de Minas • Decreto 0276 de 17 de febrero de 2015. Registro Único de Comercializadores Mineros —rucom— • Decreto 2041 de 2014. Licencias ambientales exprés Desarrollo programático • Plan Nacional de Desarrollo Hacia un Estado Comunitario (2002-2006). Impulso a exploración y explotación de hidrocarburos y minería a través de eficiencia sectorial, infraestructura para transporte de minerales, desarrollo de proyectos productivos y promoción de la sostenibilidad ambiental. • Plan Desarrollo Minero (2002-2006). Ejes estratégicos: 1) fortalecer la exploración del territorio, 2) implementar el sistema de información minero, 3) au-

Desarrollo normativo • Ley 685 de 2001. Código de Minas. • Ley 685 de 2001, artículo 31. Áreas de Reserva Especial Minera. • Resoluciones N° 180241 y 0045 de 2012 y la Resolución N° 429 de 2013 del Ministerio de Minas y Energía, y la Agencia Nacional de Minería —anm*—. Declaratoria de Áreas Estratégicas Mineras. • Decreto 0934 de 2013, que reglamenta el artículo 37 de la Ley 685 de 2001. Competencias a instituciones para establecer zonas excluidas y restringidas de minería en contextos municipales*. • Ley 1450 de 2011 y 20 de la Ley 1753 de 2015, artículo 108. Creación y ampliación de la figura Áreas de Reserva Estratégicas Mineras —aem*—.

Controversia 207 abril 2018.indd 176

6/25/2018 8:20:27 PM

Estrategias de gestión ambiental frente al desarrollo mineroextractivista en el municipio de Quinchía (Risaralda)

Escala

Estrategias de Gestión Ambiental Territorial —egat—

Nacional (continuación)

•

Controversia 207 abril 2018.indd 177

mentar eficiencia de la autoridad minera, 4) articular la actividad minera, 5) avanzar en la legalización minera, 6) ampliar la infraestructura, 7) promover cadenas productivas, y 8) sostenibilidad ambiental de la actividad. Plan Nacional de Desarrollo Estado Comunitario: Desarrollo para Todos (2006-2010). Promover un aumento en la productividad de las explotaciones mineras legales mediante el fomento a la asociación de mineros en distritos, el ajuste al Código de Minas, una reforma institucional y el mejoramiento de la infraestructura, entre otras. Colombia País Minero. Plan Nacional para el Desarrollo Minero Visión al año 2019. Planificación hacia la competitividad de la minería. Plan Nacional de Desarrollo Minero (2007-2010). Líneas de acción: 1) estrategias para el crecimiento del sector, 2) estrategias para el desarrollo de las regiones mineras, y 3) política ambiental para la minería. Políticas: Administración del Recurso Minero (2006), Mejoramiento de la Productividad y Competitividad del Sector (2008), Promoción del País Minero, Formalización Minera (2014) y Seguridad Minera. Plan Nacional de Desarrollo Prosperidad para Todos (2010-2014). Locomotora minero-energética como eje para “el crecimiento y la generación de desarrollo en el país”. Para tal fin se propone crear un marco institucional sólido: desarrollar estrategias para aumentar la productividad y formalizar y mejorar la seguridad del sector minero; consolidar el Sistema Nacional de Información Minero (SI Minero), y diseñar esquemas de transferencia tecnológica. Plan Nacional de Desarrollo Todos por un Nuevo País. Paz, Equidad y Educa-

177

Estrategias de Gestión Ambiental Sectorial —egas— • Ley 1753 de 2015, artículos 49, 50 (parcial), 51 y 52 (parcial), que desarrollan el Sistema de Proyectos de Interés Nacional y Estratégico —Pines—*. • Ley 1753 de 2015, parágrafo del artículo 173, que regula actividades extractivas en ecosistemas de páramo*. • Decreto 2041 de 2014. Licencias ambientales exprés. • Decreto 2691 de 2014. Medidas para que autoridades locales municipales determinen con estudios técnicos zonas de importancia ecosistémica que deben ser protegidas de la minería e incorporadas en sus planes de ordenamiento territorial*. • Distritos mineros definidos por la Unidad de Planeación Minero Energética en el documento Distritos Mineros: Exportaciones e infraestructura de transporte (2005). • Consulta Previa Libre e Informada, artículo 246 y artículo 330 parágrafo de la Constitución Política de Colombia. Ley 21 de 1991 por medio del cual se aprueba en Colombia el Convenio 169 de la oit. Decreto 1320 de 1998, por el cual se reglamenta la consulta previa con las comunidades indígenas y negras para la explotación de los recursos naturales dentro de su territorio.

6/25/2018 8:20:27 PM

178

Controversia 208

Escala

Nacional (continuación)

Regional

Controversia 207 abril 2018.indd 178

Estrategias de Gestión Ambiental Territorial —egat—

Estrategias de Gestión Ambiental Sectorial —egas—

ción (2014-2018). Eje estratégico: “consolidar al sector minero con responsabilidad social y ambiental, como impulsor del desarrollo sostenible del país”. Para tal fin propone fomentar: 1) el desarrollo económico del sector minero, 2) propender por una actividad minera con responsabilidad ambiental, y 3) potenciar las oportunidades (inclusión social). • Política Minera Colombiana- Bases para la Minería del Futuro (Resolución N° 4 0391 de 20 de abril de 2016) un documento que recoge las diferentes políticas y lineamientos existentes en el país, transformándose en la política minera única integral de Colombia. Desarrollo programático • Plan Departamental Risaralda Desarrollo con Rostro Humano y Social en Igualdad de Oportunidades (2001-2003). Organización del sector minero, apoyo para la industrialización de la minería y promoción de su sostenibilidad. • Plan de Desarrollo Departamental Risaralda, Sentimiento de Todos (2008-2011). Programa La Minería, Factor Social en el Desarrollo Económico, que busca incentivar, la productividad y competitividad hacia el crecimiento sostenible. • Plan de Desarrollo Risaralda Unida, Incluyente y con Resultados (2012-2015). Programa Minería Socialmente Responsable y Sostenibilidad Socioambiental, para fortalecer las empresas del sector minero mediante asociatividad, legalidad y responsabilidad jurídica. • Plan de Desarrollo Risaralda Verde y Emprendedora (2016-2019), enfocado en “fortalecer técnica, administrativa y financieramente la cadena productiva del sector minero del departamento de Risaralda”.

Desarrollo normativo • Distrito Minero de Risaralda, integrado por los municipios de Mistrató, Pueblo Rico, Quinchía, Apía y La Virginia, definido por la Unidad de Planeación Minero Energética. • Programa de Responsabilidad Social de la Secretaría de Desarrollo Económico de la Gobernación de Risaralda. Busca asesorar, apoyar, capacitar y brindar asistencia técnica a todo el sector minero en el departamento.

6/25/2018 8:20:27 PM

Estrategias de gestión ambiental frente al desarrollo mineroextractivista en el municipio de Quinchía (Risaralda)

Escala

Local

179

Estrategias de Gestión Ambiental Territorial —egat—

Estrategias de Gestión Ambiental Sectorial —egas—

Desarrollo programático • Plan de Desarrollo de Quinchía. En Marcha Hacia un Futuro Mejor (20012003). Enfoque en actividades de asistencia técnica, comercialización y mitigación de impactos ambientales. • Plan de Desarrollo de Quinchía. Una Alcaldía con Compromiso Social (20042007). Enfocado en potenciar el desarrollo minero desde una perspectiva ambientalmente sostenible. • Plan de Desarrollo Todos por Quinchía con Acción y Decisión (2008-2011), orientado a fortalecer el sector minero mediante cooperativismo, asistencia a pequeños mineros y mejoramiento de condiciones socioambientales. • Plan de Desarrollo Quinchía para Todos (2012-2015), que ofreció garantías para explotación del suelo rural, como el estímulo a la actividad minera desarrollada por pequeños y grandes mineros. También se propuso realizar el Plan Ambiental Minero, sin éxito. • Plan de Desarrollo Quinchía Primero (2016-2019). Pretende fomentar el desarrollo social y ambientalmente sostenible de la actividad minera, mediante el cumplimiento de políticas de responsabilidad social empresarial y la implementación del Plan Ambiental Minero. Propende por: 1) buscar alternativas de proyectos productivos, técnicos y tecnológicos en la minería, 2) realizar asistencia técnica, jurídica y económica al minero tradicional.

Desarrollo normativo • Plan Básico de Ordenamiento Territorial de Quinchía —pbot— (2000), artículo 36. Usos en la Zona de Actividad Minera. En este se establece que para la explotación racional y sostenible del sector minero debe haber medidas ambientales y la consolidación de un plan ambiental minero. • Áreas de Reserva Especial Minera, Ley 685 de 2001, artículo 31. Corporación Área de Reserva Especial Minera —Corporare— y Cooperativa Productora de Carbón en el municipio de Quinchía —Coocarboquin— • Vía Pacífico III impulsada por el Gobierno Nacional desde la Agencia Nacional de Infraestructura. Mecanismos de posicionamiento corporativo • Estrategias de legitimación corporativa impulsadas por las empresas mineras con presencia en el municipio de Quinchía: apoyos escolares, inversión en programas de capacitación en confección y orfebrería, mejoramiento o reparación de caminos veredales, entre otros. • Compra de predios en zonas con potencial minero por parte de empresas mineras. • Promoción de la reconversión de la minería tradicional en otras actividades productivas motivada por empresas mineras y agentes institucionales. • Consulta previa, libre e informada del Ministerio del Interior a las comunidades indígenas emberá karambá y emberá chamí como requisito necesario para realizar actividades de exploración de la empresa Seafield Resources.

*Fueron declaradas inexequibles o fueron suspendidas Fuente: Elaboración propia - 2017

Controversia 207 abril 2018.indd 179

6/25/2018 8:20:27 PM

180

Controversia 208

Estrategias de gestión ambiental con incidencia en el desarrollo minero extractivista en el municipio de Quinchía Después de revisar el estado del arte de la minería en Colombia en detalle, y partiendo del concepto establecido por las estrategias de gestión ambiental (p. 3), en los corregimientos de Naranjal e Irra, se encontraron modos de operación en diversas escalas con manifestaciones territoriales, determinados por decisiones o acciones que pretenden atribuir a ciertas zonas del territorio énfasis en temas mineros que las diferencien de otras áreas; además, se encuentran también estrategias con expresiones sectoriales, entendidas como intervenciones aplicables al sistema productivo minero. Ambos grupos de estrategias, tanto los de gestión ambiental sectorial como los de tipo territorial, se concretan principalmente en marcos normativos (políticas, leyes, decretos y acuerdos) y programáticos (planes de desarrollo, programas, proyectos y actividades), así como en acciones corporativas (ver tabla 2).

Reflexiones finales Colombia ha concentrado sus esfuerzos en instaurar un modelo de desarrollo que responda a las demandas del mercado internacional. Para tal efecto, diversos agentes gubernamentales promueven la construcción o adecuación de agendas políticas que ofertan, mediante ventajas normativas y económicas, el patrimonio natural y minero de la nación28. Las zonas rurales son transformadas en territorios estratégicos para impulsar apuestas productivas y competitivas que privilegian proyectos 28 Entre “mayo de 2000 y abril de 2005 el número de títulos mineros se incrementó en un 61 % al pasar de 3770 a 6078. A 31 de diciembre de 2010, el número de títulos inscritos en el Registro Minero Nacional fue de 9011, cifra que representa un incremento del 48 % con respecto a abril de 2005” (Ponce, 2012, p.39).

Controversia 207 abril 2018.indd 180

6/25/2018 8:20:27 PM

Estrategias de gestión ambiental frente al desarrollo mineroextractivista en el municipio de Quinchía (Risaralda)

181

extractivos mineros. En este contexto de reprimarización de la economía, el patrimonio natural de los territorios rurales se convierte en uno de los pilares esenciales para las apuestas productivas de diversos agentes gubernamentales y privados de la nación. En coherencia con estos intereses nacionales, desde finales del siglo xx, Colombia ha impulsado el desarrollo minero-energético mediante diferentes estrategias de gestión ambiental (políticas, planes de desarrollo, leyes, programas, decretos, acuerdos, proyectos, acciones) que, en su mayoría, configuran el interés de impulsar una minería sostenible como eje del desarrollo económico del país. So pretexto del crecimiento económico, se promueve la atracción de agentes transnacionales o compañías extractivas29 con lógicas discursivas asociadas a la responsabilidad social y ambiental, que establecen sus estrategias corporativas de control del patrimonio natural y minero de la nación para obtener sus beneficios económicos. Esta lógica del desarrollo con incidencia en el campo colombiano configura diversos conflictos socioambientales que se suman a problemáticas como la inequitativa distribución de la tierra. De acuerdo con algunos expertos nacionales en el tema (Machado, 2009; Estrada, 2015; Fajardo, 2015 y Vega, 2015, entre otros), la tenencia de la tierra es una de las causas estructurales del conflicto político, social y armado; sin embargo, pese a ello, la idea de una reforma rural integral ha sido relegada y postergada en las agendas gubernamentales, como en el actual Acuerdo de Paz. En contraste, se legitima, sin voluntad real de cambio, el desarrollo como fuerza supuestamente útil para superar la pobreza y establecer mejoras en las condiciones sociales del campo. En este contexto, frente al interés de posicionar el extractivismo minero, transnacionales como la empresa Miraflores Compañía Minera 29 Para el año 2010, Colombia ya contaba con 34 compañías que planeaban emprender trabajos de exploración, de las cuales 22 eran canadienses (Weitzner, 2012, p.12).

Controversia 207 abril 2018.indd 181

6/25/2018 8:20:27 PM

182

Controversia 208

S.A.S. (perteneciente a Metminco Limited) y Batero Gold se instalan en territorios como Quinchía —municipio inmerso en disputas territoriales históricas—, bajo la promesa de mejorar el bienestar social, económico y ambiental en las zonas de influencia de sus proyectos extractivos. No obstante, estos mecanismos de control territorial desplegados por las empresas multinacionales hacia el siglo xxi se enfrentan con los intereses de las comunidades locales30 de un municipio con tradición minera, diversidad cultural y riqueza natural. Finalmente, conviene reiterar que las zonas rurales albergan distintos problemas que se han configurado históricamente (pnud, 2011). En el marco de las disputas territoriales y desde la perspectiva de las nuevas lógicas del mercado, lo rural, un espacio vital relegado, ha cobrado relevancia a escala planetaria, pues se entiende como un territorio provisto de riquezas naturales y materias primas, que, bajo la óptica del desarrollo, solo cobra valor si es útil en un escenario de productividad y crecimiento económico. No obstante, la importancia de lo rural radica no en su potencial de crecimiento y desarrollo, si no en que es un contexto de intercambios socioculturales, portador de patrimonio natural y soporte de las actividades económicas de los pobladores rurales, quienes apelan a la construcción de un nuevo campo colombiano, como es el caso de Quinchía, territorio de gran valor cultural y de larga tradición agrícola y minera en el departamento de Risaralda.

Agradecimientos Expreso mis más sinceros agradecimientos a todos aquellos que, de manera directa e indirecta, contribuyeron a la realización de este do30 Es importante destacar a las consultas populares que le han dicho NO al desarrollo minero-extractivo en los municipios Piedras y Cajamarca (Tolima), Tauramena (Casanare) Cumaral (Meta), Pijao (Quindío), Arbeláez y Cabrera (Cundinamarca) y Jesús María (Santander).

Controversia 207 abril 2018.indd 182

6/25/2018 8:20:27 PM

Estrategias de gestión ambiental frente al desarrollo mineroextractivista en el municipio de Quinchía (Risaralda)

183

cumento. A los morados del municipio de Quinchía y a los integrantes de la línea de investigación en Estudios Socioculturales y Problemática Ambiental, adscrita al grupo de investigación Gestión en Cultura y Educación Ambiental de la Facultad de Ciencias Ambientales de la Universidad Tecnológica de Pereira. A todos ellos infinitas gracias.

Referencias Fuentes primarias Anduquia, Francisco (18 de agosto de 2016). Entrevista de la Línea de Investigación Estudios Socioculturales y Problemática Ambiental (iespa) [Audio]. Entrevista a líder minero de Irra. Archivo iespa, Pereira. Guapacha, Arley (02 de noviembre de 2016). Entrevista de la Línea de Investigación Estudios Socioculturales y Problemática Ambiental (iespa) [Audio]. Entrevista a Gobernador de la comunidad indígena emberá chamí de Quinchía. Archivo iespa, Pereira. Hernández, Darwin (13 de julio de 2016). Entrevista de la Línea de Investigación Estudios Socioculturales y Problemática Ambiental (iespa) [Audio]. Entrevista a exfuncionario de la empresa Seafield Resources. Archivo iespa, Pereira. Obando, Sonier (23 de octubre de 2014). Entrevista de Yuliana Salazar Duque. [Audio]. Entrevista a integrante de la Corporación Área de Reserva Especial Minera —Corpoare—. Archivo Yuliana Salazar Duque, Pereira. Ortíz, Giovany (22 de noviembre 2016). Entrevista de Línea de Investigación Estudios Socioculturales y Problemática Ambiental (iespa) [Audio]. Entrevista a vicepresidente de exploración de la Seafield Resources, ahora Metminco Limited en el municipio de Quinchía. Archivo iespa, Pereira. Pachón, Martha (13 de julio de 2016). Entrevista de la Línea de Investigación Estudios Socioculturales y Problemática Ambiental (iespa) [Audio]. Entrevista a exdirectora del Distrito Minero de Risaralda. Archivo iespa, Pereira. Saldarriaga, Fernando (23 de noviembre de 2016). Entrevista de la Línea de Investigación Estudios Socioculturales y Problemática Ambiental (iespa) [Audio]. Entrevista a administrador ambiental contratado para apoyar el

Controversia 207 abril 2018.indd 183

6/25/2018 8:20:27 PM

184

Controversia 208

proceso de consulta, previa, libre e informada realizada con la comunidad indígena emberá chamí en el municipio de Quinchía. Archivo iespa, Pereira.

Fuentes académicas Arias, Carolina (2013) ¿Neo-extractivismo o desarrollo local? Conflictos territoriales y patrimoniales en el pueblo minero de Marmato (Colombia) (Tesis de maestría). Recuperado de www.iespautp.tk Cardona, Alfredo (1989). Quinchía mestizo. Pereira: Ed. Fondo Editorial. Cubillos, León; Tapasco, Lindelia; Arias, Carolina y Salazar, Yuliana (2017). Análisis comparativo de los procesos interculturales de construcción territorial agrícola y minera en el municipio de Quinchía. Casos de Estudio Corregimientos de Naranjal e Irra. Pereira: iespa. Estrada, Jairo (2015). Acumulación capitalista, dominación de clase y rebelión armada. Elementos para una interpretación histórica del conflicto social y armado. Bogotá: Gentes del Común. Fajardo, Darío (2015). Estudio sobre los orígenes del conflicto social armado, razones de su persistencia y sus efectos más profundos en la sociedad colombiana. Bogotá: Gentes del Común. Fierro, Julio (2012). Políticas mineras en Colombia. Bogotá: ILSA Instituto Latinoamericano para una sociedad y un derecho alternativos Gudynas, Eduardo (2011). Desarrollo y sustentabilidad ambiental: Diversidad de posturas, tensiones persistentes. En Alberto Matarán Ruíz y Fernando López Castellano (Eds.). La Tierra no es muda: diálogos entre el desarrollo sostenible y el postdesarrollo. Guhl Nannetti, Ernesto y Leyva, Pablo (2015). La gestión ambiental en Colombia, 1994-2014: ¿un esfuerzo insostenible? Bogotá: Foro Nacional Ambiental. Machado, Absalón. (2009). La Reforma Rural, una deuda social y política. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia. Muriel, Rafael Darío (2006). Gestión Ambiental. Idea Sostenible, 3(3). Recuperado de http://www.ficad.org/lecturas/lectura_uno_primera_unidad_errss.pdf

Controversia 207 abril 2018.indd 184

6/25/2018 8:20:27 PM

Estrategias de gestión ambiental frente al desarrollo mineroextractivista en el municipio de Quinchía (Risaralda)

185

Pardo, Katherine y Salazar, Eliana (2013). Minería, Medio Ambiente y Paisaje Cultura Cafetero en el Municipio de Quinchía, Risaralda: Un reto hacia la sustentabilidad (Tesis de pregrado). Recuperado de http://repositorio.utp. edu.co/dspace/bitstream/11059/3667/1/3637P226.pd Pardo, Luis Álvaro (2014). Una política integral minera desde la perspectiva de un sistema complejo: hacia un modelo alternativo. En Contraloría General de la República (Ed.) Minería en Colombia: Daños Ecológicos y Socioeconómicos y Consideraciones sobre un Modelo Minero Alternativo. Parra, Orlando (2007). Pasado y presente de la violencia y la paz en QuinchíaColombia. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana. Ponce, Álvaro (2012). ¿Cuál locomotora? El desalentador panorama de la minería en Colombia. Bogotá: Debate. Salazar, Yuliana (2014). Evaluación de la sustentabilidad cultural y ambiental de la minería tradicional de Quinchía. Caso de Estudio Corporación Área de Reserva Especial Minera, Corpoare. Pereira: Universidad Tecnológica de Pereira. Recuperado de http://www.iespautp.tk/ Sánchez, Gonzalo (1983). Bandoleros, gamonales y campesinos: El caso de la violencia en Colombia. Bogotá: El Áncora Editores. Solano, Aldemar (2011). Boleta de Captura. Bogotá. Ugarte, Alejandro; Largo, Merardo y Uribe, Fernando. (2013). Historia de Guacuma. Quinchía Risaralda. Pereira: Servimpresos Publicidad. Vega, Renán (2015). La dimensión internacional del conflicto social y armado en Colombia. Injerencia de los Estados Unidos, contrainsurgencia y terrorismo de Estado. Bogotá: Gentes del Común. Weitzner, Viviane (2012). Rendición de cuentas de las compañías extractivas en Colombia: una evaluación de los instrumentos de responsabilidad social empresarial (rse) a la luz de los derechos de los indígenas y los afrodescendientes. Bogotá: The North-South Institute.

Fuentes institucionales Agencia Nacional de Minería (2013). Agencia Nacional de Minería declara primera área de reserva especial.

Controversia 207 abril 2018.indd 185

6/25/2018 8:20:27 PM

186

Controversia 208

Agencia Nacional de Minería (2013). Decreto 0934 del 9 de mayo de 2013. Por medio del cual se reglamenta el artículo 37 de la Ley 685 de 2001. Agencia Nacional de Minería (2015). Decreto 0276 de 17 de febrero de 2015. Por medio del cual se adoptan medidas relacionadas con el Registro Único de Comercializadores Mineros (Rucom). Alcaldía Municipal de Quinchía (1998). Plan de Desarrollo Municipal (19982000). Un pacto por Quinchía. Alcaldía Municipal de Quinchía (2001). Plan de Desarrollo Municipal (20012003). En marcha hacia un futuro mejor. Alcaldía Municipal de Quinchía (2004a). Plan de Desarrollo Municipal (20042007). Una alcaldía con compromiso social. Alcaldía Municipal de Quinchía (2008). Plan de Desarrollo Municipal (20082011). Todos por Quinchía con acción y decisión. Alcaldía Municipal de Quinchía (2012a). Plan de Desarrollo Municipal (20122015). Quinchía para todos y todas. Alcaldía Municipal de Quinchía (2012b). Plan Territorial de Salud (2012-2015). Un pacto por Quinchía. Alcaldía Municipal de Quinchía (2016). Plan de Desarrollo Municipal (20162019). Quinchía primero. Catastro Minero Colombiano (2010). Títulos y solicitudes mineras en el Departamento de Risaralda año 2010. Congreso de la República de Colombia (2001). Ley 685 de 2001. Por la cual se expide el Código de Minas y se dictan otras disposiciones. Bogotá. Congreso de la República de Colombia (2006). Ley 1116 de 2006. Por la cual se establece el régimen de insolvencia empresarial en la república de Colombia y se dictan otras disposiciones. Bogotá. Congreso de la República de Colombia (2011). Ley 1450 de 2011. Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo, 2010-2014. Bogotá.

Controversia 207 abril 2018.indd 186

6/25/2018 8:20:27 PM

Estrategias de gestión ambiental frente al desarrollo mineroextractivista en el municipio de Quinchía (Risaralda)

187

Congreso de la República de Colombia (2015). Ley 1753 de 2015. Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 Todos por un nuevo país. Bogotá. Corte Constitucional (2015). Sentencia T-766/15. Derecho a la consulta previa de comunidades afrodescendientes en áreas estratégicas mineras. Bogotá. Corte Constitucional (2016). Sentencia C-035/16. Normas sobre creación y ampliación de Áreas de Reservas Estratégicas Mineras. Bogotá. Corte Constitucional (2016). Sentencia C-273/16. Prohibición legal a las autoridades regionales, locales o seccionales para establecer que zonas del territorio quedan excluidas de manera permanente o temporal de actividad minera. Bogotá. Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) (2005). Censo General de Quinchía (Risaralda) 2005. Bogotá. Departamento Nacional de Planeación (1991). Plan Nacional de Desarrollo 1991-1994. La Revolución Pacífica. Bogotá. Departamento Nacional de Planeación (2002). Plan Nacional de Desarrollo 2002-2006. Hacia un Estado comunitario. Bogotá. Departamento Nacional de Planeación (2005). Ficha de caracterización municipio de Quinchía. Departamento Nacional de Planeación (2006). Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010. Estado comunitario desarrollo para todos. Bogotá. Departamento Nacional de Planeación (2010). Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014. Prosperidad para Todos. Bogotá. Departamento Nacional de Planeación (2014). Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018. Todos por un nuevo país. Paz, equidad y educación. Bogotá. Gobernación de Risaralda (2001). Plan de Desarrollo Departamental (20012003). Risaralda desarrollo con rostro humano y social en igualdad de oportunidades. Gobernación de Risaralda (2008). Plan de Desarrollo Departamental (20082011). Risaralda, Sentimiento de Todos.

Controversia 207 abril 2018.indd 187

6/25/2018 8:20:27 PM

188

Controversia 208

Gobernación de Risaralda (2010). Gobernador hizo apertura oficial del Distrito Minero de Risaralda [Comunicado de prensa]. Gobernación de Risaralda (2012). Plan de Desarrollo Departamental (20122015). Risaralda: unida, incluyente y con resultados. Gobernación de Risaralda (2016). Plan de Desarrollo Departamental (20162019). Risaralda Verde y Emprendedora. Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (s. f.). Instrumentos de política, normativos, financieros, técnicos, administrativos de educación y participación (2007-2009). Bogotá. Recuperado de https://www.cortolima.gov.co/SIGAM/gen/g2.htm. Ministerio de Minas y Energía (2006). Política Administración del Recurso Minero. Bogotá. Ministerio de Minas y Energía (2006). Promoción del país minero. Bogotá. Ministerio de Minas y Energía (2008). Política mejoramiento de la productividad y competitividad del sector. Bogotá. Ministerio de Minas y Energía (2011). Política de Seguridad Minera. Bogotá. Ministerio de Minas y Energía (2012). Resolución 0045 de 20 de junio de 2012. Por la cual se declaran y delimitan unas Áreas Estratégicas Mineras y se adoptan otras determinaciones. Bogotá. Ministerio de Minas y Energía (2012). Resolución 180241 de 24 de febrero de 2012. Por la cual se declaran y delimitan unas Áreas Estratégicas Mineras y se adoptan otras determinaciones. Ministerio de Minas y Energía (2014). Política nacional para la formalización de la minería en Colombia. Bogotá. Ministerio de Minas y Energía (2016). La política minera colombiana. Bases para la Minería del Futuro. Bogotá. (2013). Líneas directrices de la ocde para empresas multinacionales. oecd Publishing. http://dx.doi.org/10.1787/9789264202436-es

ocde

Organización de las Naciones Unidas (1987). Comisión Brundtland: Nuestro futuro Común.

Controversia 207 abril 2018.indd 188

6/25/2018 8:20:27 PM

Estrategias de gestión ambiental frente al desarrollo mineroextractivista en el municipio de Quinchía (Risaralda)

189

(2011). Colombia rural. Razones para la esperanza. Informe Nacional de Desarrollo. Humano 2011. Bogotá: indh-pnud.

pnud

Presidencia de la República de Colombia (1988). Decreto 2655 de 1988. Por el cual se expide el Código de Minas. Bogotá. Presidencia de la República de Colombia (2003). Política de Defensa y Seguridad Democrática. Bogotá. Presidencia de la República de Colombia (2014). Promoción del Decreto 2041 de 2014. Por el cual se reglamenta el Título VIII de la Ley 99 de 1993 sobre licencias ambientales. Presidente de la República de Colombia (2014). El Decreto 2691 de 23 de diciembre de 2014. Por el cual se reglamenta el artículo 37 de la Ley 685 de 2001. Unidad de Planeación Minero Energética (2002). Plan de Desarrollo Minero (2002-2006). Bogotá. Unidad de Planeación Minero Energética (2006). Colombia país minero. Plan nacional para el desarrollo minero visión al año 2019. Bogotá. Unidad de Planeación Minero Energética (2007). Plan Nacional de Desarrollo Minero (2007-2010). Gestión Pública para Propiciar la Actividad Minera. Bogotá. Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Victimas (2013). Informe Nacional de Desplazamiento Forzado en Colombia 1985-2012. Bogotá.

Revistas y periódicos Bedoya, Stefanía (30 de agosto de 2016). Quinchía prepara consulta popular sobre megaminería. El Diario del Otún. Recuperado de http://www. eldiario.com.co/seccion/RISARALDA/quinch-a-prepara-consulta-popularsobre-megaminer-a-1608.html El Diario del Otún (11 de diciembre 2015). Unión de municipios para revisar problemática de minería. El Diario del Otún. Recuperado de http://www. eldiario.com.co/seccion/POL%C3%8DTICA/uni-n-de-municipios-pararevisar-problem-tica-de-miner-a1512.html?score=4&id=146057 El Diario del Otún (14 de junio de 2016). Concejales de Quinchía se unieron a los mineros. El Diario del Otún. Recuperado de http://www.eldiario.

Controversia 207 abril 2018.indd 189

6/25/2018 8:20:27 PM

190

Controversia 208

com.co/seccion/RISARALDA/concejales-de-quinch-a-se-unieron-a-los-mineros-1606.html?score=2&id=155072 Galvis, Duberney (24 de junio de 2014) Megaminería en Risaralda: suena un Gaviria Trujillo. Tras la cola de la rata. Recuperado de http://www.traslacoladelarata.com/2014/06/24/megamineria-en-risaralda-suena-un-gaviriatrujillo/ Garcés, Jhony (25 de septiembre de 2014) Quinchía: la multinacional Seafield, mucho tilín, tilín y nada de paletas. Tras la cola de la rata. Recuperado de https://www.traslacoladelarata.com/2014/09/25/quinchia-la-multinacional-seafield-mucho-tilin-tilin-y-nada-de-paletas/ Ossa, Leidy Johanna (10 de marzo de 2010). Se crea distrito minero en Risaralda. El Tiempo. Recuperado de http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-7399214 Vargas, Andrea (18 de octubre de 2015). Así planifican a Quinchía los candidatos. El Diario del Otún. Recuperado de http://www.eldiario.com.co/ seccion/POL%C3%8DTICA/as-planifican-a-quinch-a-los-candidatos1510. html

Documentos electrónicos Ministerio del Interior (16 de septiembre de 2014). Acta de preconsulta en el marco de la consulta previa para el proyecto denominado “Títulos mineros de interés de la minera Seafield (hoy denominada Miraflores Compañía Minera) […]” con la comunidad Karambá. Recuperado de http://www. mininterior.gov.co/sites/default/files/documentos/ConsultaPrevia/Protocolizaciones/acta_de_cierre_de_consulta_titulos_mineros_de_interes_de_ la_minera_seafield_S.A.S_proy643-01-03.pdf Corporación Autónoma Regional de Risaralda (Carder) (2013). En Quinchía se instaló la mesa departamental “Minería Responsable y Sostenibilidad Ambiental”. Boletín Informativo. Recuperado de http://www.carder.gov.co/ app/webroot/index.php/cmsnews/webShow/496#sthash.2vUJk6BT.dpuf Corte Suprema de Justicia (29 de agosto de 2013). Acción de Tutela interpuesta en el 2013 por las comunidades indígenas de Quinchía. Ref. Exp. 11001-0203-000-2013-01900-00. Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (2013). Resumen de la cartera de proyectos IIRSA. Recuperado de http://www.iirsa.org/

Controversia 207 abril 2018.indd 190

6/25/2018 8:20:27 PM

Estrategias de gestión ambiental frente al desarrollo mineroextractivista en el municipio de Quinchía (Risaralda)

191

Información oficial de la Empresa Seafield Resource Ltd., 2016. Consultada en el 2016. Recuperado de http://www.sffresources.com/ Información oficial de la Empresa Batero Gold, 2016. Consultada en el 2016. Recuperado de http://www.baterogold.com/projects/batero-quinchia-projects Proyecto Mesoamérica para la Integración y el Desarrollo (2013). Resumen de la cartera de proyectos Mesoamérica. Recuperado el 06 de enero de 2013, de http://www.proyectomesoamerica.org/

Controversia 207 abril 2018.indd 191

6/25/2018 8:20:27 PM

P Controversia 207 abril 2018.indd 192

6/25/2018 8:20:27 PM

5. Pรกramo de oro: neoextractivismo y movilizaciรณn social ambientalista en Santurbรกn

Controversia 207 abril 2018.indd 193

6/25/2018 8:20:27 PM

Controversia 207 abril 2018.indd 194

6/25/2018 8:20:27 PM

195

Páramo de oro: neoextractivismo y movilización social ambientalista en Santurbán Por Álvaro Acevedo Tarazona* y Andrés David Correa Lugos**

Resumen: el objetivo de este artículo es analizar la problemática presentada en el Páramo de Santurbán con la propuesta de megaminería a cielo abierto de la trasnacional Greystar en el año 2011. Esta situación llevó a un clima de movilizaciones ambientalistas en el centro urbano más próximo a Santurbán, Bucaramanga, y a una tensión política entre dirigentes que se mantiene hasta hoy. Esta investigación recurre al contraste de la fuente primaria (periódicos) con el fin de construir un discurso que sobrepase el carácter noticioso y elabore una aproximación comprensiva histórica de coyunturas actuales con problemáticas de mediana duración y repercusiones en la cotidianidad local. Palabras clave: globalización, glocalidad, movilización, neoextractivismo

Páramo de oro: neo-extractivism and environmental social mobilization in Santurbán Abstract: The objective of this article is to analyze the problematic presented in the Paramo of Santurbán with the proposal of open Mega Mining of the transnational Greystar in 2011. This situation leads to a climate of environ*

PhD. en Ciencias de la Educación de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Doctor en Historia de la Universidad de Huelva (España). Profesor titular de la Universidad Industrial de Santander, Colombia. Correo electrónico: tarazona20@gmail.com

** Historiador y archivista de la Universidad Industrial de Santander. Miembro activo del grupo de investigación Políticas, Sociabilidades y Representaciones HistóricoEducativas. Correo electrónico: andrescorrealugos@outlook.com

Controversia 207 abril 2018.indd 195

6/25/2018 8:20:27 PM

196

Controversia 208

mental mobilizations in the urban center closest to Santurbán, Bucaramanga and a political tension between leaders that remains today. This research uses the contrast of the primary source (newspapers) in order to construct a discourse that surpasses the news character and elaborates a comprehensive historical approximation of current conjunctures with problems of medium duration and repercussions in the local quotidian. Keywords: globalization, glocality, mobilization, neoextractivism Cómo citar este artículo: Acevedo Tarazona, Álvaro y Correa Lugos, Andrés. (2017). Páramo de oro: neoextractivismo y movilización social ambientalista en Santurbán. Revista Controversia, 208, 195-220. Fecha de recepción: 20 de enero del 2017 Fecha de aprobación: 10 de abril del 2017

Introducción

l propósito de este artículo es establecer una línea argumental que analice los movimientos sociales ambientalistas a partir de los acontecimientos ocurridos en el año 2011 en la zona geológica y ambiental conocida como Páramo de Santurbán y el área metropolitana de Bucaramanga. Estas movilizaciones son consecuencia del proyecto de megaminería a cielo abierto liderado por la multinacional Greystar. La importancia de esta investigación radica en que la zona es un referente en las luchas ambientales, además ha logrado movilizar a miles de personas en torno al ideal de proteger las fuentes hídricas y también trajo al debate la delimitación de páramos en la Corte Suprema de Justicia. En la disputa por la explotación del páramo sobresalen dos posturas: la primera, encabezada en su mayoría por los ciudadanos del área metropolitana de Bucaramanga, desaprueba cualquier explotación minera en la zona; la segunda, perteneciente a los pobladores de la provincia

Controversia 207 abril 2018.indd 196

6/25/2018 8:20:27 PM

Páramo de oro: neoextractivismo y movilización social ambientalista en Santurbán

197

de Soto Norte, en especial a los de los municipios de Vetas y California, reconoce una tradición minera histórica y rechaza la presencia de multinacionales. Así la dinámica social se complejiza si a todo esto se suma el abandono estatal, la violencia y la desigualdad social, factores que aprovecha muy bien la multinacional Greystar para ganar la aprobación de algunos de los pobladores de la zona. Este artículo ubica la expansión neoextractivista en el país con la apertura económica ejecutada por el presidente César Gaviria Trujillo en la década de 1990, para ello, se hace referencia al proyecto transminero mejor conocido como Proyecto Angostura. Dicho proyecto se encuentra vigente desde el año de 1994, pero solo hasta el año 2011 se tuvo conocimiento por parte de las personas que habitan en el área metropolitana de Bucaramanga sobre sus consecuencias. A partir de este momento, empezó la tensión entre los habitantes de Vetas y California, que son los principales municipios cercanos al Páramo de Santurbán, y los habitantes del centro urbano de Bucaramanga. Esta tensión se acentuó gracias al manejo que los medios de comunicación le dieron a esta problemática y se agudizó por las concesiones mineras que comprometen no solo la calidad del agua y el paisaje del entorno, sino también la economía y la subsistencia de pobladores que dependen del oficio de la extracción aurífera artesanal. En este caso, la defensa del agua como bien común entra en disputa con el derecho al trabajo. En medio de esta fricción entre lo común y lo necesario, hacen su aparición los gremios y los partidos políticos a favor de cada uno de los enfrentados. La movilización ambiental es muy distinta porque no hay dos antagonistas. Son muchos los factores que influyen, y el desconocimiento de la situación del otro hace que los discursos se radicalicen. Más que una movilización antisistémica es una movilización antiglobalizada, las personas en Soto Norte tienen la añoranza por los tiempos pasados, cuando cada uno trabajaba con sus manos en una mina común y la vida era más sencilla.

Controversia 207 abril 2018.indd 197

6/25/2018 8:20:27 PM

198

Controversia 208

Este artículo es producto del proyecto de investigación El Páramo de Santurbán y los derechos de los pobladores en un contexto de conservación, financiado por la Universidad Industrial de Santander uis. Su objetivo es analizar las acciones colectivas generadas a partir de la tensión existente entre los proyectos de megaminería y el rechazo por parte de pobladores tanto de los municipios de Vetas y California como del área metropolitana de Bucaramanga. La investigación parte de una metodología cualitativa con enfoque hermenéutico, que da prioridad al uso de fuentes primarias (periódicos) entre los años1994 y 2015. El plano temporal está marcado por tres acontecimientos: la implementación de una política extractivista en el país (1994-2010); las grandes movilizaciones en contra del proyecto de Greystar (2011-2014) y la delimitación de los páramos y el cambio de nombre de la compañía a Eco Oro (2015). También se hacen entrevistas semiestructuradas a líderes y personas involucradas en la problemática en Vetas, California y Bucaramanga. La información recolectada es triangulada y analizada con base en la teoría de movimientos sociales.

Marco teórico: movimientos ambientalistas, neoextractivismo y páramo Las movilizaciones ambientalistas como tantas otras de la actualidad modifican de manera sustancial la forma en que los actores sociales se ven a sí mismos y la interrelación con otros actores sociales y con el medio ambiente. La reconfiguración de estas nuevas correspondencias, entre ellas las nuevas formas de protesta, es acelerada por el impulso de las lógicas neoliberales que conducen al ser humano a una individualización de sus pretensiones y la capitalización de formas antes inexploradas por el capitalismo (Han, 2013). Esta reconceptualización de la cotidianidad sumerge a los actores sociales en un estado de continuo suspenso y malestar; ambas pulsiones se manifiestan, entonces, en las protestas y las movilizaciones. La movilización es un imperativo y un común denominador en la historia del siglo xx y de la historia del tiempo presente, pues se convierte en uno de los pocos fenómenos co-

Controversia 207 abril 2018.indd 198

6/25/2018 8:20:27 PM

Páramo de oro: neoextractivismo y movilización social ambientalista en Santurbán

199

lectivos en el que es posible evidenciar de manera directa el accionar colectivo y pone en tela de juicio los acercamientos teóricos que hablan del fin de las masas, la historia y, sobre todo, de la colectivización de necesidades y pretensiones con el fin de lograr un objetivo. La aparición de los movimientos ambientalistas y ecológicos tiene dos causas: la primera se remonta a la década de 1960 y se explica desde la teoría social, cuando el movimiento social moderno por excelencia, es decir el obrero, ramificó sus intereses hacia distintas esferas de la sociedad como las culturales, cívicas, de género y ambientales; en ese momento, se inició todo un proceso de atomización de las molestias, de las pretensiones y, sobre todo, del pliego de peticiones. Esta tendencia va de la mano de la implementación de una lógica demócrata liberal: “la derivación del capitalismo industrial a una versión primigenia del capitalismo de consumo y la consolidación de un modelo globalizante con organizaciones transnacionales” (Castro-Gómez, 2015). La aparición de estos nuevos movimientos sociales marcó un punto de inflexión o más bien una bifurcación1 del movimiento social que, hasta ese momento, se caracterizó por tener una filiación política e ideológica de izquierda o comunista y un modus operandi en el que la lucha antisistémica definió las formas de protesta y resistencia. La deriva del movimiento social hacia otras manifestaciones de fenómenos colectivos es un resultado histórico que se explica filosóficamente como la puesta en práctica de un modelo utópico que conllevó a la desilusión distópica, por ejemplo: la alegría creativa del futurismo ruso se puso al servicio del terror bolchevique, las revueltas igualitarias se transformaron en dictaduras de Estado como en China, y la Revolución cultural terminó suministrando la fuerza de trabajo al nuevo capitalismo (Berardi, 1

Término usado por el filósofo Franco Berardi para explicar el desencanto que produce la puesta en práctica de algunos ideales de los movimientos sociales. Estos ideales son, de alguna manera, aprovechados por el sistema para reproducir nuevas formas de dominación que dan libertades o derechos a algunas facciones, pero perjudican a otras como efecto colateral.

Controversia 207 abril 2018.indd 199

6/25/2018 8:20:27 PM

200

Controversia 208

2007). En Colombia, el movimiento social se produjó en su mayoría por la fuerza disgregativa de la violencia y el terror ejercido desde el Estado con iniciativas como el Estatuto de Seguridad (1978) que castigaba cualquier señal de participación popular masiva. La segunda causa en el origen de este movimiento puede entenderse como un producto implícito de la anterior. Con el acelerado desarrollo industrial, científico y tecnológico, la humanidad se expone a una realidad incómoda: las fuerzas que está usando el hombre lo pueden conducir a la aniquilación de la especie y del planeta tierra. Esta conciencia tomó fuerza en las décadas de 1960 y 1970 con las pruebas nucleares y el extractivismo exacerbado por empresas transnacionales en países del Tercer Mundo (Carson, 2005). De igual manera, el consumo exagerado de combustibles fósiles y el uso indiscriminado de gases tóxicos como los clorofluorocarbonos (cfc) aceleran, según estudios científicos, el daño en la capa de ozono y el efecto invernadero. Los resultados de estos estudios se han convertido en un importante insumo para que grupos ambientalistas se movilicen y creen conciencia tanto de empresarios e industriales como de consumidores. Lógicamente, esta situación es evidente en los países del primer mundo, mientras que en las latitudes latinoamericanas las preocupaciones están concentradas en otro tipo de problemáticas como la violencia y la desigualdad social. El teórico social Alberto Melucci profundiza en el estudio de los movimientos sociales ambientales al puntualizar que estos difieren de los otros por la atención despertada en los medios de comunicación y en la conciencia civil. Todo el mundo reconoce la importancia de la naturaleza sin interesar el espectro político e ideológico. Para Melucci la cuestión ecológica no aplica directamente a los problemas ambientales, más bien es un síntoma del cambio en la realidad social y cultural que concibe el ambiente (Melucci, 2010, p.148). ¿Por qué solo hasta el año 2011 los habitantes de Bucaramanga se preocuparon por la problemática de Santurbán? Según Melucci, porque esta es la manifestación del síntoma de una interdependencia cíclica de las realidades: los actores

Controversia 207 abril 2018.indd 200

6/25/2018 8:20:27 PM

Páramo de oro: neoextractivismo y movilización social ambientalista en Santurbán

201

colectivos son conscientes de que la historia y la supervivencia de la humanidad no son lineales, se necesita de todos los sistemas y hábitats para desarrollarse y garantizar la supervivencia de la especie. Se podría considerar que los movimientos ambientalistas van más allá de los medios-fines del sistema capitalista, pues se preguntan y movilizan por las finalidades. Una vez se resuelve un proyecto extractivista, ¿qué queda? Esa proyección del futuro es la que hace que lo ambiental centre su atención más allá de cuestiones políticas y económicas, es decir, en cuestiones casi biológicas como “el sustento básico para sobrevivir”. El planeta ya no es un espacio físico, es un espacio social unificado (Melucci, 2010, p.149). La globalización convierte al mundo en una aldea global a una velocidad expresa. El cambio es tan vertiginoso que muchas de estas realidades se desconocen. El conflicto aparece cuando trasnacionales, forjadas en plena globalización, irrumpen en sociedades con un desarrollo mediano —como el de Bucaramanga—, o donde hay “ausencia” de progreso —como en Vetas y California—; en ese orden de ideas, no hay una sincronía entre los ciudadanos de la aldea global, pues se presenta una realidad compartida entre sociedades globalizadas, mientras que otras apenas se están adaptando a estas dinámicas de desarrollo, y otras más desconocen completamente la lógica de la globalización. El historiador Mauricio Archila en su libro Idas y venidas, vueltas y revueltas configura la protesta medioambiental desde la construcción de las identidades de los actores sociales, en las cuales existe una evolución en el contenido, los discursos y los avances. De lo que se consideraba una protesta de vecinos en contra de los malos olores de los mataderos, a la protesta de los ciudadanos por los proyectos de megaminería hay toda una maduración de las acciones colectivas en pro del ambiente. Existe una preocupación estatal por la preservación y la legislación del ambiente. La fundación del Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente —Inderena—, en el año de 1968, le dio la importancia a la problemática ambiental en Colombia; sin embargo,

Controversia 207 abril 2018.indd 201

6/25/2018 8:20:27 PM

202

Controversia 208

las universidades son el principal espacio de discusión y defensa de la calidad ambiental y de la defensa ecológica, de hecho, de estas iniciativas universitarias aparece el Consejo Ecológico de la Región CentroOccidental —Cerco— (Archila, 2008, p.415). La primera movilización ambientalista en Colombia se dio en el año 1979 cuando el proyecto modernizador de la Isla de Salamanca, en el departamento de Magdalena, produjo una serie de reacciones en rechazo a lo que significaban los daños ecológicos a la reserva natural. En la problemática ambiental es recurrente que afloren regionalismos; esto induce a pensar que las nociones de región y de medio ambiente son construcciones territoriales, y que las decisiones y posturas de las personas afectadas entran en conflicto con otros agentes. Para este caso en particular, consignas como Cachacos go home mostraron rechazo al proyecto que desde Bogotá planeaba cambiar la dinámica de la isla (Archila, 2008, p.414). En la década de los ochenta la globalización de los ideales y las lógicas ambientales hace que distintas organizaciones no gubernamentales extranjeras se fijen en las dinámicas nacionales. Es tanto el interés por este tipo de problemas, que surge la idea de crear un Partido Verde, pero la violencia y la radicalización en el país hacen que tanto la presencia extranjera como la local posterguen esta idea. Solo hasta la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 el Partido Verde apareció como una nueva opción política, sin embargo, no tuvo una acogida popular, pues solo obtuvo ocho mil votos en la consulta. Se podría considerar que en el siglo xx no existió un movimiento ambientalista propiamente dicho, en cambio, distintos partidos políticos anexaron en su agenda la problemática medioambiental. En concordancia con lo anterior, el ambientalista Gustavo Wilches definió la situación en Colombia de la siguiente manera: “Los movimientos sociales se están ambientalizando” al hablar del apoyo por parte de sectores políticos, estudiantiles y gremiales (Archila, 2008, p.415).

Controversia 207 abril 2018.indd 202

6/25/2018 8:20:27 PM

Páramo de oro: neoextractivismo y movilización social ambientalista en Santurbán

203

En la década de 1990 los intereses de las empresas transnacionales impulsaron el desarrollo minero-energético en los países latinoamericanos, en parte, por las grandes rentabilidades y por las garantías que los gobiernos le dieron a la inversión extranjera, y por el endeudamiento producto de la deuda externa que tenían con organizaciones transnacionales como el Banco Mundial. La llegada de estas empresas al país modificó, notablemente, las relaciones sociales por cuenta del desarrollo económico local; los pobladores, que por siglos se dedicaron a la minería artesanal, se encuentran, en la actualidad, en una encrucijada por el impulso globalizatorio que menoscaba una minería a baja escala frente a una política extractivista a gran escala que no guarda ninguna relación con un patrimonio histórico y cultural. Esta problemática es calcada y reproducida en la mayoría de municipios de tradición minera de Colombia, un ejemplo claro de dicha coyuntura es la zona geográfica y natural mejor conocida como Santurbán. La aparición de trasnacionales en zonas apartadas del país coincide con las nuevas luchas contra el neoliberalismo. Los actores sociales protagonistas de las movilizaciones se oponen a las relaciones sociales capitalistas basadas en la propiedad privada de los recursos y a la gestión burocrática de los bienes públicos (Laval y Dardot, 2015). De esta manera, las luchas ambientalistas por los bienes comunes muestran tensiones entre lo local y lo global. En la región, es decir en América Latina, existe una concepción negativa de la globalización, en parte, porque ha sido de las primeras regiones en sufrir los recortes estructurales propuestos por el Fondo Monetario Internacional y también por ser testigo de las concesiones que hacen los gobiernos de turno con grandes firmas extranjeras que explotan los recursos naturales. El neoextractivismo de las empresas petroleras y mineras modela las sociabilidades de las regiones apartadas de los grandes centros urbanos, donde la presencia estatal y el desarrollo institucional son minúsculos. Esta relación de interés y codicia extralimitada es común en la historia nacional desde mucho tiempo atrás, en parte por la debilidad del mis-

Controversia 207 abril 2018.indd 203

6/25/2018 8:20:27 PM

204

Controversia 208

mo Estado, el cual termina sirviendo a intereses particulares. Quienes terminan sufriendo las consecuencias de esta relación de extracciónproducción, es decir, entre ganancia a toda costa vs. recursos naturales, son las personas de los sectores más olvidados de esta relación.

La construcción social, política y cultural del páramo El páramo se puede pensar como la reunión de factores históricos, sociales, biológicos y geológicos que deben ser tenidos en cuenta en su interacción al momento de forjar una noción amplia del término. Constituyó una frontera natural y social que sirvió de refugio para los pueblos indígenas, colonos y campesinos (Buitrago, 2016). Por esta razón, funciona como un espacio de silencio, de lejanía, donde se mezclan la realidad y la ficción, la riqueza y la pobreza, el olvido institucional con el interés por parte de entidades privadas transnacionales. En otras palabras, es un sitio de encuentro y desencuentro donde el agua y el oro pueden coexistir, aunque en el constructo social los intereses económicos parezcan antagónicos. Como es de esperarse, al ser un espacio natural y social rico en contradicciones, este ecosistema empieza a ser estudiado por geógrafos, biólogos, ingenieros ambientales y, en las últimas décadas, por profesionales de las ciencias humanas. Según Emerson Buitrago, los estudios sobre el páramo han sido direccionados desde una perspectiva positivista del realismo epistemológico2, en la que conocer y clasificar son los dos factores que conducen a otro que es definir, es decir, poner límites (Buitrago, 2016, p.140). La delimitación de un espacio tan característico de Colombia se convierte entonces en una de las principales tareas para su conocimiento. Según el Ministerio de Ambiente, el páramo abarca

Es la tesis que afirma que es posible conocer el mundo tal como es en sí mismo. Es decir, el conocimiento alcanza las cosas en sí, y las describe y explica en su propia naturaleza, tal como son. Según el realismo epistemológico, el conocimiento científico no depende de los sujetos, ni del consenso, ni de ningún factor social o psicológico (Cassini, 1992).

Controversia 207 abril 2018.indd 204

6/25/2018 8:20:28 PM

Páramo de oro: neoextractivismo y movilización social ambientalista en Santurbán

205

aproximadamente el 2,6 % de la superficie del país y cerca del 9,4 % del departamento de Santander (Ministerio del Medio Ambiente, 2002), aunque se establece que esta cifra aumenta a un millón de hectáreas más con la delimitación llevada a cabo en el año 2013, que pasa de una escala de 1:100.000 a una nueva escala de 1:25.000. Lo anterior evidencia que Colombia cuenta con cerca de tres millones de hectáreas de ecosistema de páramo (Silva, 2013). La perspectiva realista epistemológica configura la construcción del páramo y deja por fuera múltiples variables que no solo delimitan un espacio natural, sino que condenan a las personas que viven allí a adaptarse a condiciones y lineamientos globalizados que en su mayoría desconocen. Sin embargo, la evolución del paradigma hace que la delimitación del páramo tenga en cuenta iniciativas sociológicas, históricas y, sobre todo, humanistas. Esta alianza entre lo natural y lo social es posible por la ejecución de investigaciones ecologistas que cambian la configuración del páramo como una latitud y una altitud determinadas para ser concebido como “el espacio productor de agua en el país y una zona de gran importancia para la conservación” (Buitrago, 2016, p.142). Este triunfo para la ecología produce una bifurcación. El paso de un ideal utópico de conservación y la construcción social del espacio geográfico de páramo deriva en tensiones por el oficio de la extracción aurífera y la preservación del agua. En otras palabras, la protección social del páramo como un componente para generar y preservar el agua potable, que nutre grandes centros urbanos, entra en confrontación con la actividad minera de la zona que por siglos ha sido explotada por sus pobladores, en una relación ancestral de mutualismo, donde el hecho de ir a la mina es un ritus, un tributo no solo a las capacidades físicas de quien extrae el mineral, sino a la experiencia necesaria para hacerlo y al acto de comunicación que va de generación en generación, mediante el cual se perfecciona un oficio artesanal. Pero esta técnica, que permite dar la subsistencia a los pobladores de tan agrestes ecosistemas, es equiparada con el extractivismo desmesurado y dañino de

Controversia 207 abril 2018.indd 205

6/25/2018 8:20:28 PM

206

Controversia 208

mineras transnacionales que no sienten la menor empatía por el paisaje y solo piensan en términos de extracción y capitalización. Actualmente, el páramo se ha convertido en una bandera política para ganar votos o en una excusa violenta para la polarización del país. Si bien existen recelos y tensiones entre los habitantes de la provincia de Soto Norte con los del área metropolitana de Bucaramanga, es necesario trascender más allá del oro y del agua y concentrarse en la protección de la región como una interdependencia entre los factores bióticos y abióticos. Pensar el páramo es pensar a la región como una dinámica de coexistencia que inicia entre las nubes y las montañas y va hasta la ciudad.

La conquista del páramo

Proyecto Angostura La globalización como proceso político, económico y dinamizador de nuevas cotidianidades ha transformado de manera radical el futuro y la percepción del porvenir de las realidades latinoamericanas de manera significativa desde la década de 1990. Por ejemplo, Greystar llegó en el año 1994 y se hizo a terrenos sobre la falda de la montaña en lo que se conoce como el municipio de California. Este proyecto conocido como “Angostura”, implicó la compra de cerca de treinta mil hectáreas y una inversión de más de cien millones de dólares en la región. El gasto sin precedentes de Greystar en una región institucionalmente olvidada se fundamentó en el estimado de extraer cerca de dieciséis toneladas de oro al año (Molano, 2010), lo que convirtió a la zona en uno de los grandes proyectos de minería aurífera del mundo. La llegada de la transnacional minera coincidió con la expedición de la Ley 99 de 1993. Esta ley, mejor conocida como Ley General Ambiental de Colombia, creó el Sistema Nacional Ambiental —Sina— y sistematizó los esfuerzos ambientales que se estaban dando en distintos laboratorios y centros científicos del país, en especial en las universidades,

Controversia 207 abril 2018.indd 206

6/25/2018 8:20:28 PM

Páramo de oro: neoextractivismo y movilización social ambientalista en Santurbán

207

en torno a una problemática de extractivismo a gran escala que amenazaba con cambiar considerablemente el paisaje colombiano. Con esta nueva tendencia de explotación minera, los páramos son las principales víctimas, por esta razón se definieron las áreas de páramos y subpáramos como objeto de protección especial. Para evitar el empoderamiento de grandes hectáreas de estas zonas a títulos mineros, la Ley 373 de 1997 decretó: En la elaboración y presentación del programa se debe precisar que las zonas de páramo, bosques de niebla y áreas de influencia de nacimientos acuíferos y de estrellas fluviales, deberán ser adquiridos o protegidos con carácter prioritario por las autoridades ambientales, entidades territoriales y entidades administrativas de la jurisdicción correspondiente, las cuales realizarán los estudios necesarios para establecer su verdadera capacidad de oferta de bienes y servicios ambientales, para iniciar un proceso de recuperación, protección y conservación. (Congreso de Colombia, 1997, art. 16).

Diagrama 1. Proyecto Angostura

Fuente: Proyecto Angostura. El Espectador, 2010.

Controversia 207 abril 2018.indd 207

6/25/2018 8:20:28 PM

208

Controversia 208

La legislación ambiental no ha sido lo suficientemente fuerte para frenar la compra de títulos por parte de grandes mineras internacionales, las cuales han impulsado la construcción de carreteras, la profesionalización de algunos oficios y la seguridad social para quienes se dedican a estos trabajos, componentes que han mejorado la calidad de vida de los pobladores, y que anteriormente eran difíciles de encontrar en estas zonas apartadas del país, donde la imagen de la institucionalidad no llegaba. La presencia de las empresas mineras en la zona fomentó las extorsiones y secuestros por parte de las guerrillas que frecuentaban el sitio, lo cual hizo que el páramo dejara de ser un espacio mítico o una frontera olvidada, destinada para campesinos y actores sociales endógenos, y se convirtiera en una zona de conflicto, a tal magnitud, que fue necesario en 2002 crear los batallones de alta montaña como estrategia para controlar los corredores de narcotráfico y minería ilegal. La expansión del “Proyecto Angostura” ha sido la piedra angular del desarrollo económico de los municipios de Vetas y California, poblaciones que, por tradición, han tenido como sustento la economía aurífera artesanal, la cual han dejado de lado para enlistarse como empleados en la multinacional. El “Proyecto Angostura” requiere de una licencia por parte del Ministerio de Ambiente que le permita explotar esta zona de manera libre hasta el año 2025. Pero los proyectos de Greystar van mucho más allá de la explotación a cielo abierto en la extracción aurífera: la transformación del paisaje es radical. El proyecto abrirá un tajo de doscientos veinte hectáreas con una profundidad de doscientos metros en la parte más alta de la montaña. Para el tratamiento del mineral se harán otros dos espacios: uno de ciento diez hectáreas sobre la quebrada Angostura y otro de noventa hectáreas sobre la quebrada Páez. (Molano, 2010).

Cabe resaltar que ambas quebradas van a dar al río Suratá, el cual alimenta de agua potable al área metropolitana de Bucaramanga y a los poblados que se benefician en su recorrido. (Diagrama 1).

Controversia 207 abril 2018.indd 208

6/25/2018 8:20:28 PM

Páramo de oro: neoextractivismo y movilización social ambientalista en Santurbán

209

La presentación del “Proyecto Angostura” causó escándalo e indignación en diversos sectores de la población, desde el espectro político, con grupos como el Polo Democrático Alternativo hasta el Partido Verde; hasta estudiantes y ciudadanos con sensibilidad ambiental. De inmediato, un organismo encargado del Comité por la Defensa del Páramo de Santurbán se pronunció al respecto: El comité no está en contra de los proyectos mineros, está en contra de los proyectos que afectan la posibilidad presente y futura del agua para el área metropolitana y algunas poblaciones del departamento de Santander y Norte de Santander. Estamos planteando propuestas de desarrollo alternativo para la región. (Molano, 2010).

Con las comunidades divididas entre quienes apoyan el proyecto, porque garantiza un sustento y una oportunidad laboral, y quienes lo desaprueban, por el costo ambiental que esto significa para el futuro, empezó el debate legal y el enfrentamiento entre capitales políticos alrededor de estas lógicas y programas del Gobierno. Para el año 2010, el presidente Juan Manuel Santos Calderón habló de las “locomotoras del desarrollo”, una de ellas la del sector minero. El enunciado presidencial aparentemente daba vía libre a las extracciones, pero chocó con la sentencia de la Corte Constitucional sobre la Ley 1382 que prohibió cualquier tipo de minería en estos ecosistemas. A partir de este momento la Procuraduría General de la Nación, en cabeza de Alejandro Ordoñez Maldonado, inició un proceso de dilatación del permiso por parte del Ministerio de Ambiente y, posteriormente, el 21 de diciembre de 2010 aconsejó no otorgar la licencia minera al “Proyecto Angostura” por la ubicación en zona de páramo (Celedón, 2010). Sin embargo, con esto no terminó la disputa sobre el proyecto. Tanto Greystar como las fundaciones ambientalistas no han dado su brazo a torcer. El 25 de enero de 2011 se realizó el Foro sobre el “Proyecto Angostura”. El evento organizado por la Fundación Participar reunió al Chief Executive Officer —CEO— de Greystar, Steve Kesler, representante de

Controversia 207 abril 2018.indd 209

6/25/2018 8:20:28 PM

210

Controversia 208

quienes estaban a favor del proyecto, y al exministro de Ambiente, Manuel Rodríguez, como representante de quienes estaban en contra, quien señala que el 54 % del “Proyecto Angostura” se encuentra a más de tres mil cien metros de altura, es decir que es inviable, según la legislación. Por su parte, el CEO de Greystar aseguró: Vamos a desarrollar programas para reincorporar todas las hectáreas impactadas por nuestras actividades en todos los ecosistemas en páramo y sub-páramo y bosque andino y no solamente la recuperación de este terreno, sino también vamos a desarrollar un programa de recuperación de seis hectáreas de páramo, sub-páramo y bosque andino por cada una impactada por nuestras actividades. (Celedón, 2010).

Lo que se consideraba un problema de índole regional, incluso rural, saltó a la esfera nacional, de manera imprevista, a través de los medios de comunicación nacionales, porque supuestamente existía tráfico de influencias con la expedición de las licencias de explotación minera. En entrevista a un medio nacional, el ministro de Minas, Carlos Rodado, aseguró que el proyecto podía realizarse, siempre y cuando se hicieran placas de lixiviación3; además, reprochó la actitud del Ministerio del Ambiente, por hablar de manera ambigua y no definir el futuro del proyecto. Ante la dilatación del proceso en las cortes y la dilación de los ministros sobre la decisión final, por el peso político y económico que suscita dar la aprobación o negación del Proyecto Angostura, la población decidió ejercer presión. En Bucaramanga, desde tiempo atrás, existían colectivos ambientalistas y ecologistas preocupados en mayor medida por el impulso de una cultura verde, mediante la cual se promueva el desarrollo sostenible de la ciudad. Gracias a los medios de comunicación y a la importancia que estos dieron a la problemática, los colectivos ambien3

Proceso de extracción en el que se quitan residuos sólidos mediante un disolvente líquido; usado principalmente en la extracción minera como un proceso químico con ácido donde se usa la cianuración del oro.

Controversia 207 abril 2018.indd 210

6/25/2018 8:20:28 PM

Páramo de oro: neoextractivismo y movilización social ambientalista en Santurbán

211

tales reforzaron su voz y ganaron protagonismo, hasta el punto que la misma Federación Nacional de Comerciantes —Fenalco— anunció para el 25 de febrero de 2011 una marcha en contra del “Proyecto Angostura” bajo el lema “¡Defendamos el agua, defendamos la vida!” En los días previos a la gran marcha, la presión contra Greystar y el “Proyecto Angostura” aumentó considerablemente. La Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga —cdmb— ratificó la sanción a la multinacional de sesenta salarios mínimos legales vigentes por múltiples motivos, entre los que se destacaban problemas con el tratamiento de aguas ácidas, estabilización de los taludes y desviación de la quebrada La Perezosa, sin pedir permiso (Celedón, 2010). El prontuario de Greystar por desacato a la legislación ambiental constituyó un antecedente de lo que le puede deparar el “Proyecto Angostura” al Páramo de Santurbán. Fotografía 1. Gran Marcha Defendamos el Agua de Bucaramanga

Fuente: Vanguardia Liberal. Masiva participación en marcha por el agua. Bucaramanga. 25 de febrero de 2011.

Controversia 207 abril 2018.indd 211

6/25/2018 8:20:28 PM

212

Controversia 208

El boom mediático en que se convirtió Santurbán no solo se elabora con tecnicismos, estudios especializados y querellas legislativas. Existe un redescubrimiento de Santurbán por parte de la comunidad, logrado a través del afianzamiento del cariño y el sentido de pertenencia de que es posible defender lo que antes había sido invisible. La riqueza del paisaje, la montaña que se adentra en el cielo y la tranquilidad que transmite un ambiente único y a la vez delicado capta la atención de cientos de personas que sienten la necesidad de retratar y compartir lo que puede desaparecer con la megaminería. Como estrategia para generar sensibilidad, la Universidad Industrial de Santander convocó a un concurso de fotografía denominado “Los páramos, un pasaporte al futuro”. La apuesta de la universidad es acercar el páramo a la comunidad y hacer presencia en las regiones.

El nodo: la movilización El 25 de febrero de 2011 entre 30 000 y 40 000 ciudadanos del área metropolitana de Bucaramanga se hicieron presentes en la movilización por la defensa del Páramo de Santurbán (fotografía 1). La marcha que reunió colectivos, ciudadanos interesados y gremios como Fenalco fue todo un éxito, tal y como lo señala el director ejecutivo de dicha entidad: La Gran Marcha Defendamos el Agua de Bucaramanga fue una verdadera audiencia pública que logró reunir a padres y madres de familia; nietos y abuelos; empresarios y trabajadores; comunidades religiosas; estudiantes de colegios y universidades; transportadores; grupos cívicos, ambientalistas y de la tercera edad de Bucaramanga, Floridablanca, Girón y Piedecuesta. (Vanguardia Liberal, Masiva participación en marcha del agua, 2011).

Desde la teoría de los movimientos sociales, los nuevos movimientos, entre los cuales se destacan el estudiantil, el ambiental y el de género, son delimitados por la naturaleza homogénea de sus participantes; el movimiento estudiantil, por ejemplo, es apoyado por estudiantes; el de género por mujeres activistas Pero esto no pasa en las coyunturas regionales. El movimiento ambiental es capaz de recoger una multiplicidad

Controversia 207 abril 2018.indd 212

6/25/2018 8:20:28 PM

Páramo de oro: neoextractivismo y movilización social ambientalista en Santurbán

213

importante de actores sociales, sin importar el rango de edad, su nivel de educación o el espectro político. El reconocimiento sobre la importancia del ambiente y la legitimidad de las peticiones hace que, incluso adversarios políticos, se unan en torno a un fin. Se podría considerar que el agua, como recurso vital, es la única razón que recoge los lineamientos de un nuevo movimiento social de manera local: la preocupación por un futuro en el cual su acceso está en riesgo atormenta a la población y la mueve a salir y a participar. En otras palabras, se trata de una realidad modulada por una lógica de bienestar doméstico y básico, en la que el agua es una necesidad primaria. En las dinámicas de la movilización no hay una conciencia sobre la posibilidad de que también se pueda crear un movimiento antiglobalización frente a la presencia de una minera transnacional o la destrucción del paisaje, que debe ser protegido por tener flora y fauna única en el planeta. Es la amenaza sobre el recurso vital lo que dinamiza la movilización. El éxito rotundo de la marcha y la presión que ejercieron las redes sociales hizo que otros organismos transnacionales se pronunciaran al respecto, como es el caso del Parlamento Andino que en la sesión realizada entre el 23 y el 25 de febrero de 2011 le comunicó a Greystar: Desistan del propósito de realizar el Proyecto Angostura de explotación minera en el Páramo de Santurbán, Santander, dado que se pone en riesgo la vida de seres humanos de un país de la Región Andina, signatario de instrumentos internacionales de Derechos Humanos, Acuerdos y Protocolos Ambientales. (Celedón, Greystar, desistan del Proyecto Angostura: Parlamento Andino, 2011).

Por su parte, la multinacional le respondió con un contra-comunicado: Greystar garantiza a los habitantes de la provincia de Soto Norte, Bucaramanga, y en general a los santandereanos, que el proyecto no afectará ni la calidad ni la cantidad del agua que se consume en la región y en la capi-

Controversia 207 abril 2018.indd 213

6/25/2018 8:20:28 PM

214

Controversia 208

tal del departamento. (Celedón, Greystar, desistan del Proyecto Angostura: Parlamento Andino, 2011).

El 4 de marzo se realizó una audiencia pública en la cual distintas personas expusieron las perspectivas que creían fundamentales en la resolución del “Proyecto Angostura”. Entre las intervenciones se destacó la del entonces gobernador Horacio Serpa: El Gobierno de Santander considera que el Proyecto Angostura de la firma Greystar genera alto riesgo para la salud, la vida y el ambiente sano de los habitantes de California, Vetas, Suratá y toda el área metropolitana de Bucaramanga, por lo tanto, la Gobernación de Santander solicita al Ministerio de Medio Ambiente negar la licencia ambiental para la empresa. Por su parte, el alcalde de California Medardo García pide que se conceda el permiso para el Proyecto Angostura y critica la posición de los ambientalistas que solo se acordaron de proteger el agua y el medio ambiente en estos instantes, cuando el Páramo de Santurbán siempre ha existido. (Peñaloza, 2011).

Esta es la dinámica que ha caracterizado la problemática en torno a Santurbán. Por un lado se encuentran los ambientalistas, personas que viven en el área metropolitana de Bucaramanga; por el otro, los residentes de la región de Santurbán, de los cuales un sector importante ve en el proyecto de megaminería una oportunidad para reactivar la economía. La tensión entre estos dos polos —el urbano y el rural— ha comenzado a ser cada vez más divergente. Entre tanto, la transnacional, por órdenes recibidas desde Canadá, presionó la firma del permiso. No solo hay una tensión en esta coyuntura glocal, un impacto local como este repercute de manera directa en las dinámicas económicas internacionales. Tan solo el día de la audiencia pública, las acciones de Greystar retrocedieron un 14 % en la Bolsa de Toronto. La razón es la mala prensa que se le está haciendo a la empresa en la comunidad internacional y las pérdidas por la pausa en la ejecución del Proyecto Angostura.

Controversia 207 abril 2018.indd 214

6/25/2018 8:20:28 PM

Páramo de oro: neoextractivismo y movilización social ambientalista en Santurbán

215

La audiencia pública registró cerca de cuatrocientas setenta ponencias, pero solo alcanzaron a pasar treinta. Los ánimos exaltados no propiciaron un diálogo constructivo entre las partes. Las protestas de los habitantes de Bucaramanga, como dar la espalda mientras el alcalde de California argumentaba las ventajas del proyecto para la región, y la arremetida del éste contra los ambientalistas por considerar que protestaban por moda, exaltaron aún más los ánimos. De igual manera, los habitantes de la provincia de Soto hablaron en contra del senador Jorge Enrique Robledo, a quien llamaron “politiquero y oportunista”. Las agresiones dejaron de ser verbales cuando algunos asistentes tildaron de “comprado e ignorante” al concejal Víctor Arias, quien molesto bajó de la tarima a agredir a quienes le gritaban, hasta que intervino la policía (Celedón, Por trifulca terminó la audiencia de Angostura con solo 30 ponencias, 2011). Los representantes del Ministerio de Ambiente y de la Procuraduría establecieron quince días para decidir el futuro del proyecto. Mientras la tensión aumentaba en Santurbán y los políticos de la región están divididos entre quienes van en contra y quienes apoyan la realización del “Proyecto Angostura”, el ministro de Minas se reunió con los participantes en la tercera jornada de Feria Minera Prospectors & Developers Association of Canada en Toronto. Allí, el ministro expresó que el Gobierno estaba evaluando la disminución de impuestos a empresas mineras: todo esto tuvo algún impacto sobre las compañías mineras y lo que el Gobierno está analizando ahora es cómo disminuye o reduce la tasa de impuesto a la renta corporativa, de tal manera que esto no solamente compensaría, sino que dejaría a las empresas en una mejor circunstancia cuando se comparen los dos efectos. (EFE, 2011).

Los directivos de la firma Greystar criticaron que Colombia cambiara las reglas de juego en las licencias ambientales, pero el ministro fue

Controversia 207 abril 2018.indd 215

6/25/2018 8:20:28 PM

216

Controversia 208

enfático en responder que el problema no era de la legislación, sino de la calidad de los estudios presentados por la minera (EFE, 2011). El 18 de marzo de 2011, en una declaración, el ministro de Minas y Energía anunció que, por decisión unilateral, Greystar decidió retirar la solicitud de licencia técnica, es decir, la solicitud de aprobación del programa de trabajos y obras que se hizo por parte de Ingeominas, y también retiró la solicitud de licencia ambiental para el proyecto de explotación de oro en la zona de Santurbán en el departamento de Santander. La noticia fue recibida con alegría por parte de los colectivos que se movilizaron: Es una primera batalla ganada que favorece finalmente no sólo nuestra agua, sino también el derecho de las futuras generaciones a gozar de un ambiente sano”, afirma Orlando Beltrán, vocero del Comité Prodefensa del Páramo de Santurbán. (Celedón; Minminas, 2011).

La noticia fue considerada como una victoria en el área metropolitana de Bucaramanga, aunque no fue igual en las zonas de California y Vetas. Un amplio sector de la población tuvo un sentimiento de molestia al enterarse de que Greystar desistió del proyecto. Tal fue su disgusto que una asonada de cerca de treinta personas atacó con palos y piedras a reporteros que cubrían el desarrollo de la noticia. Según la periodista, la gente manifiesta que parte de la culpa de que el proyecto se retire es por la presencia de los medios de comunicación y la orientación que le han dado a la noticia (Vanguardia Liberal, Equipo periodístico del Noticiero CM& fue agredido en California, Santander, 2011). Fueron necesarios cerca de catorce policías para socorrer al equipo periodístico. Pero los sentimientos encontrados no duraron demasiado. En un comunicado del 19 de marzo firmado por el CEO de Greystar, se anunció el retiro de la propuesta de extracción a cielo abierto, pero se abrieron las posibilidades de minería subterránea. Durante los siguientes años, la dinámica de Santurbán con el “Proyecto Angostura” cambió de manera sustancial. En primer lugar, Greystar

Controversia 207 abril 2018.indd 216

6/25/2018 8:20:28 PM

Páramo de oro: neoextractivismo y movilización social ambientalista en Santurbán

217

dejó de existir y cambió su razón social a Eco Oro. Esta iniciativa fue la primera de una escalada por reactivar los proyectos mineros desde la reunión de la junta directiva del 19 de agosto de 2011 (Colprensa, 2011). Todas las funciones tanto de ingeniería como económicas se centraron en la nueva empresa, el cambio se sintió no solo en la reactivación de labores en Vetas y California, con la extracción subterránea, sino en la Bolsa de Toronto. Tal es el éxito de las nuevas extracciones que las estadísticas de Eco Oro para la próxima década llegan a 4332 millones de dólares por cada setenta y seis toneladas de oro (Celedón, 2013). Pero los planes de Eco Oro fallaron, pues en 2014 el Ministerio de Ambiente junto al Ministerio de Minas se comprometió a revelar la nueva delimitación de las zonas de páramo; con esta iniciativa legal, las proyecciones de Eco Oro quedaron en simples predicciones. El 19 de diciembre de 2014 se anunció que 98.954 hectáreas serían protegidas frente a cualquier forma de extracción minera y que se incentivarían las actividades agrícolas con una inversión de quince mil millones de pesos (Revista Semana, 2014). El drama de los municipios que bordean el Páramo de Santurbán va más allá de la puja entre ambientalistas y mineros. El olvido institucional y los planes de ordenamiento territorial inacabados condenan a la zona a ser un pueblo fantasma; decenas de edificaciones sin terminar, que fueron previstas para los mineros, que nunca llegaron, son pruebas de los proyectos de reactivación económica que jamás se cumplieron. Pero la problemática no es blanca y negra, el claroscuro de lo social trastoca realidades como la de los mineros artesanales. Según el representante de los pequeños mineros de California, Leonidas Arias: Nosotros hemos sido los que hemos cuidado el páramo y el agua por muchísimos años. Yo quiero que vean lo que es el Páramo de Santurbán. Porque en el país se tiene la idea de que está acabado y de que lo hemos dañado. ¡No señores! Nosotros somos mineros desde hace muchas gene-

Controversia 207 abril 2018.indd 217

6/25/2018 8:20:28 PM

218

Controversia 208

raciones y queremos seguir siendo mineros. Queremos que sepan que lo vamos a ser de una manera responsable. (Revista Semana, 2014).

Las tensiones generadas por la problemática de Santurbán se mantienen hasta hoy. El proceso de defensa del medio ambiente, pero también la necesidad de un desarrollo económico sostenible son dos ideas que invitan al debate y a la construcción de una propuesta económica, política y social que sea consecuente con las necesidades de las poblaciones de la zona del Páramo de Santurbán y las poblaciones aledañas, que consideran al páramo como una joya hidrográfica de flora y fauna importante no solo para la región, sino para el mundo.

Conclusiones La problemática de Santurbán mejor conocida como el “Proyecto Angostura” tiene la misma naturaleza de las problemáticas contemporáneas: la emergencia en la viralidad y en la inmediatez de la denuncia que amenaza con destruir un entorno natural; sin embargo, ignora toda una tensión histórica que viene desde la década de 1990, cuando se invitaron diferentes transnacionales mineras a que invirtieran en el país como alternativa para la recuperación de la golpeada economía nacional. Este primer antecedente es muy importante para comprender que la aparición en el año 2011 del “Proyecto Angostura” no es un proyecto del presidente de turno, sino que es uno de los tantos fenómenos de la política gubernamental que dirige el horizonte nacional desde las últimas tres décadas. Lo que se pretende hacer en Santurbán no es descabellado, es, más bien, el efecto de una política ya acordada y aceptada. Lo verdaderamente novedoso para el año 2011 fue la movilización ciudadana, pues mostró que era posible ejercer oposición frente a negocios que han sido acordados entre grandes inversionistas extranjeros y el Gobierno nacional.

Controversia 207 abril 2018.indd 218

6/25/2018 8:20:28 PM

Páramo de oro: neoextractivismo y movilización social ambientalista en Santurbán

219

Con la tensión social emergieron los pro-mineros y los pro-ambientalistas. En medio de esta polarización se vislumbran las señales que han marcado la configuración social de los pueblos tales como el olvido institucional, el arribismo, el cortoplacismo para desarrollar e implementar planes de ordenamiento territorial y la laxitud burocrática entre ministerios, contralorías y procuradurías al momento de definir y dar una respuesta frente a la presión de gruesos capitales extranjeros. La movilización en contra del extractivismo une en la realidad urbana, pero divide la ruralidad por el desencanto y la molestia causados por la pobreza y por la falta de oportunidades. Las respuestas frente a estas situaciones son las vías de hecho, la intolerancia y la agresión al otro, se podría afirmar, entonces, que el país no ha cambiado mucho desde la segunda mitad del siglo xx, aún se mantienen vivas las pulsiones con las cuales la violencia ha sido la forma idónea de mostrar el desacuerdo y de ejercer presión que no es ignorada por el Estado. El principal problema no es la extracción de oro; de hecho, esta actividad se ha constituido en una forma de vida, de estar en comunidad y se ha convertido en el patrimonio de municipios como Vetas y California. Tampoco lo es la preocupación ecológica en las ciudades ante problemáticas mal informadas, que son moldeadas solo por lo que los medios de comunicación quieren presentar, mientras que estos tienen la necesidad de vender y generar controversia. El verdadero problema es la falta de normatividad, pues esta ausencia obliga a competir al pequeño minero artesanal con la megaminería neoextractivista. El resultado es una lucha desigual, en la cual la megaminería puede hacer en quince años de extracción lo que el pequeño minero no hace en cuatrocientos: extraer todo el oro a la par que destruye el páramo, vende espejismos de progreso y globalización.

Controversia 207 abril 2018.indd 219

6/25/2018 8:20:28 PM

220

Controversia 208

Referencias Archila, Mauricio (2008). Idas y venidas, vueltas y revueltas. Bogotá: Cinep e Icanh. Berardi, Franco (2007). La generación post-alfa. Buenos Aires: Tinta Limón. Buitrago, Emerson (2016). Limitaciones y delimitaciones de los páramos en una Colombia posacuerdo. En G. D. Ambiente, Extractivismo y posconflicto en Colombia: retos para la paz territorial. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia. Carson, Rachel (2005). Primavera silenciosa. Madrid: Crítica. Cassini, Alejandro (1992). Realismo epistemológico, referencia y verosimilitud. Revista Hispanoamericana de Filosofía, 24, 3-33. Castro-Gómez, Santiago (2015). Revoluciones sin sujeto: Slavoj Zizek y la critica del historicismo posmoderno. Bogotá: Akal. Celedón, Nohora (8 de enero de 2010). Procuraduría pide declarar inexequible reforma al código minero. Vanguardia Liberal. Celedón, Nohora (2 de marzo de 2011). Greystar, desistan del proyecto Angostura: Parlamento Andino. Vanguardia Liberal. Celedón, Nohora (5 de marzo de 2011). Por trifulca terminó la audiencia de Angostura con solo 30 ponencias. Vanguardia Liberal. Celedón, Nohora (18 de marzo de 2011). Greystar desiste del proyecto Angostura: Minminas. Vanguardia Liberal. Celedón, Nohora (20 de febrero de 2013). 2.7 millones de onzas de oro podría extraer Eco Oro por vía subterránea. Vanguardia Liberal. Colprensa (18 de agosto de 2011). Greystar cambió de nombre a Eco Oro Minerals Corp. Vanguardia Liberal. Congreso de Colombia (11 de junio de 1997). Ley 373 de 1997. Por la cual se establece el programa para el uso eficiente y ahorro del agua. Bogotá: Presidencia de la República.

Controversia 207 abril 2018.indd 220

6/25/2018 8:20:28 PM

Páramo de oro: neoextractivismo y movilización social ambientalista en Santurbán

221

EFE (8 de marzo de 2011). Colombia considera rebajar impuestos a empresas mineras. El Espectador. EFE (8 de marzo de 2011). Gobierno considera rebajar impuestos a mineras mientras critican trabas a la Greystar. Vanguardia Liberal. Han, Byung-Chul (2013). El enjambre. Madrid: Herder. Laval, Christian y Dardot, Pierre (2015). Común: ensayo sobre la revolución del siglo XXI. Barcelona: Gedisa. Melucci, Alberto (2010). Acción colectiva, vida cotidiana y democracia. México: El Colegio de México. Ministerio del Medio Ambiente (2002). Programa para el manejo sostenible y restauración de ecosistemas de la alta montaña colombiana. Bogotá: Minambiente. Molano, Alfredo (22 de diciembre de 2010). La fiebre del oro en Santurbán. El Espectador. Peñaloza, Mario (4 de marzo de 2011). Gobernador de Santander pide negar permiso a Greystar. Vanguardia Liberal. Revista Semana (19 de diciembre de 2014). Delimitan 98.954 hectáreas del Páramo de Santurbán. Semana. Silva, Javier (12 de octubre de 2013). Páramos suman un millón de hectáreas más de las que se creía. El Tiempo. Vanguardia Liberal (25 de febrero de 2011). Masiva participación en marcha del agua. Vanguardia Liberal. Vanguardia Liberal (18 de marzo de 2011). Equipo periodistico del Noticiero CM& fue agredido en California, Santander. Vanguardia Liberal.

Controversia 207 abril 2018.indd 221

6/25/2018 8:20:28 PM

C Controversia 207 abril 2018.indd 222

6/25/2018 8:20:28 PM

6. Conflictos socioambientales por neoextractivismo en el oriente del departamento de Antioquia

Controversia 207 abril 2018.indd 223

6/25/2018 8:20:28 PM

Controversia 207 abril 2018.indd 224

6/25/2018 8:20:28 PM

225

Conflictos socioambientales por neoextractivismo en el oriente del departamento de Antioquia§ Por Nathalia Ávila Escobar* y Jorge Montenegro Gómez**

Resumen: el siguiente artículo es una aproximación a los conflictos socioambientales por neoextractivismo en el oriente del departamento de Antioquia, Colombia, por la construcción de grandes, pequeñas y microcentrales hidroeléctricas y por la gran minería transnacional. Estas reflexiones se engloban en deliberaciones teóricas sobre el neodesarrollismo neoliberal y el “consenso de las commodities”, y sobre la justicia, la deuda ambiental y los significados otros de la naturaleza. El artículo, por lo tanto, busca dar un panorama de estos conflictos socioambientales a partir de las relaciones de poder y de las relaciones de movilización social contra este modelo extractivo. Palabras clave: neoextractivismo, movilización social y conflictos socioambientales

Las reflexiones aquí presentadas hacen parte de la tesis de maestría en geografía de Nathalia Ávila Escobar presentada en la Universidad Federal de Paraná, en Curitiba, Brasil, titulada “La naturaleza-vida se cuida y se defiende: conflictos por neoextractivismo en el oriente del departamento de Antioquia, Colombia”. Esta tesis de maestría fue orientada por el profesor doctor Jorge Montenegro Gómez y apoyada por el Programa Estudante-Convênio de Pós-graduação —pec-pg— da CAPES/CNPq, Brasil.

Socióloga de la Universidad Externado de Colombia y magíster en geografía de la Universidad Federal de Paraná en Curitiba Brasil. Correo electrónico: nataliavila1@ hotmail.com

** Geógrafo formado por la Universidad de Barcelona (Estado español). Profesor de los cursos de grado y posgrado en Geografía de la Universidad Federal do Paraná (Curitiba, Brasil). Correo electrónico: jorgemon@ufpr.br

Controversia 207 abril 2018.indd 225

6/25/2018 8:20:28 PM

226

Controversia 208

Socio-environmental conflicts over neoextractivism in the east of the state of Antioquia Abstract: The following article is an approximation to the socioenvironmental conflicts by neo-extractivism in the East of the department of Antioquia, Colombia, for the construction of hydroelectric power plants and by the great transnational mining. These reflections are embedded in theoretical considerations on the “neoliberalism neodevelopment” and the “consensus of the Commodities” and on the justice, the environmental debt and the other meanings of the nature. The article therefore seeks to give an overview of these socioenvironmental conflicts, based on power relations and social mobilization relations against this extractive model. Key words: neo-extractivism, social mobilization and social-environmental conflicts. Cómo citar este artículo: Ávila Escobar, Nathalia y Montenegro Gómez, Jorge (2017). Conflictos socioambientales por neoextractivismo en el oriente del departamento de Antioquia. Revista Controversia, 208, 225-278. Fecha de recepción: 3 de febrero del 2017 Fecha de aprobación: 10 de mayo del 2017

Introducción

l objetivo de este artículo es aproximarnos a los conflictos socioambientales por neoextractivismo en el Oriente antioqueño, a partir de las relaciones sociales actuales de poder y de movilización social, teniendo en cuenta las reflexiones teóricas sobre el neodesarrollismo neoliberal y la justicia ambiental. Para realizar este objetivo, dividimos el texto en seis partes: en la primera, haremos un breve acercamiento a la formación espacial e histórica del Oriente antioqueño, en clave de extractivismo y movilización social; en la segunda, nos aproximaremos a los conflictos socioambientales actuales en el

Controversia 207 abril 2018.indd 226

6/25/2018 8:20:28 PM

Conflictos socioambientales por neoextractivismo en el oriente del departamento de Antioquia

227

Oriente antioqueño; en la tercera, describiremos algunos casos concretos de los conflictos alrededor de la construcción de hidroeléctricas y de adjudicación de títulos mineros en el Oriente; en la cuarta, buscaremos comprender las relaciones de poder del neoextractivismo a partir del neoliberalismo y del neodesarrollismo neoliberal; la quinta nos ayudará a aproximarnos a las movilizaciones sociales contra este modelo neoextractivo a partir de la justicia y la deuda ambiental y de los significados otros de la naturaleza; y finalmente, en la sexta parte presentaremos algunas consideraciones finales sobre el neoextractivismo, la movilización social y los conflictos socioambientales.

La formación espacial e histórica del Oriente antioqueño: extractivismo y movilización social La subregión del Oriente antioqueño tiene algunas especificidades en las dinámicas extractivas que se relacionan con la formación espacial e histórica de este territorio. En primera instancia, es importante señalar que esta región fue considerada durante mucho tiempo la “despensa agrícola de Antioquia”, dada la variedad de frutas, hortalizas, tubérculos y de otros productos que producía esta región (Iner, 2003). Sus veintitrés municipios eran, por lo tanto, territorios principalmente campesinos en donde los cultivos de café, plátano, maíz, frijol, tomate, papa y yuca se constituían como las actividades sociales, culturales y económicas más importantes de la población, junto con la pesca y la minería artesanal (Olaya, 2012). El Oriente antioqueño era, entonces, un territorio rural, en donde el autoconsumo y la pequeña comercialización de productos eran las bases de la agricultura campesina que existía en la región (García y Aramburo, 2011). Sin embargo, y según García y Aramburo (2011), esta dinámica comienza a cambiar aproximadamente en los años sesenta del siglo xx cuando el Oriente antioqueño pasa de ser una región sin importancia mercantil para las empresas y para el Estado Nacional, a diferencia de otras regiones de Antioquia en las que se realizaba explotaciones de oro como

Controversia 207 abril 2018.indd 227

6/25/2018 8:20:28 PM

228

Controversia 208

en el Norte y Bajo Cauca Antioqueños, a ser una región fundamental para el “desarrollo” del departamento y del país. Este cambio se basó en el aprovechamiento de los bienes naturales de la región para la generación de energía eléctrica, en el traslado de la industria del departamento a varios municipios de la región y en el desarrollo vial y aeroportuario del país que se consolidó en esta zona. Esta nueva visión del Oriente antioqueño construida “desde arriba”1 por las élites nacionales e internacionales fue propiciada, en parte, por las características ambientales, geográficas y territoriales de la región. La cantidad de afluentes hídricos, entre los que se encuentran los afluentes del río Magdalena y del río Cauca, como el río Nare, el río Samaná, el río Arma y el río Claro, su cercanía con el valle del Magdalena Medio y con los municipios de Puerto Triunfo y Puerto Nare, y las montañas de la Cordillera Occidental que atraviesan la región y que configuran un paisaje de grandes cañones y laderas (Iner, 2003), contribuyeron a que el oriente de Antioquia fuera visto como un territorio estratégico para el desarrollo de megaproyectos hidroeléctricos y para que allí efectivamente se construyeran las primeras grandes centrales hidroeléctri-

1 Con las expresiones lógicas y apropiaciones territoriales “desde arriba” y “desde abajo”, no se quiere hacer alusión a una mirada neutra e imparcial ni tampoco excesivamente jerarquizada de los procesos sociales. Sí se quieren expresar las relaciones asimétricas y de poder en las dinámicas de apropiación del territorio, de manera que entendemos como lógicas “desde abajo”, a aquellas apropiaciones que hacen grupos históricamente subalternizados por el capitalismo y la modernidad/colonialidad, indígenas y afrodescendientes, campesinos, pobladores de los territorios urbanos populares, jóvenes, mujeres, así como a las resistencias y movimientos sociales organizados, gestados y construidos por estos grupos. Con lógicas y apropiaciones territoriales “desde arriba” queremos hacer referencia a las apropiaciones hechas históricamente por grupos hegemónicos, Estado y empresas, que mediante el ejercicio del poder imponen violentamente lógicas específicas de organización de los territorios y de las poblaciones como forma de reproducir estructuras de acumulación de capital y de dominación. Lo que queremos enfatizar aquí es que la formación espacial e histórica es construida por una multiplicidad de tiempos y espacios imbricados atravesados por diversas relaciones de poder (Betancurt, 2015).

Controversia 207 abril 2018.indd 228

6/25/2018 8:20:28 PM

Conflictos socioambientales por neoextractivismo en el oriente del departamento de Antioquia

229

cas del país en los años setenta y ochenta, respaldadas por el Estado y con el apoyo económico e ideológico del Banco Mundial2 (Olaya, 2012). De la misma manera, la cercanía con la región del Valle de Aburrá, región central del departamento de Antioquia en donde se encuentra localizada la ciudad de Medellín, propició que para la misma época se relocalizara allí, especialmente en los municipios de Rionegro, Marinilla, La Ceja, Santuario y Carmen de Viboral, gran parte del complejo industrial y agroindustrial de Antioquia que incluyó industrias de textiles, alimentos, bebidas, químicos, papel y vidrio, y ganadería de leche, porcicultura, avicultura y cultivos de flores para la exportación (Iner, 2003). Junto con este proceso de industrialización, y de la consecuente urbanización de los municipios del oriente de Antioquia más cercanos al Valle de Aburrá, la región fue el escenario de la consolidación de la infraestructura vial y de comunicaciones de Antioquia. Dada su cercanía al centro del departamento y dados sus límites con los departamentos Boyacá, Santander y Caldas, que conectan a Antioquia con el centro del país, se construyó el aeropuerto internacional de Antioquia en el municipio de Rionegro, la zona franca del Oriente antioqueño y la autopista Medellín-Bogotá, que conecta las dos ciudades más importantes del país. Producto de esta forma de gestión y de organizar el territorio “desde arriba” fue creada, en 1984, la Corporación Ambiental de las Cuencas de los ríos Negro y Nare —Cornare—, con el objetivo de hacer inver-

Según Olaya (2012), y citando el estudio “El Sector Eléctrico Colombiano. Orígenes, evolución y retos. Un siglo de desarrollo [1882-1999]”, Interconexión eléctrica S.A. E.S.P. [s.l]. [s.e]. 2002, p.57, “En la construcción de estos grandes proyectos se dispuso toda la capacidad de endeudamiento del país con los organismos de financiamiento internacional. En el estudio se expresa que: ‘entre 1970 y 1987, el Banco Mundial hizo quince préstamos a Colombia para proyectos de infraestructura eléctrica, por un valor cercano a los US$1.900 millones, y el Banco Interamericano de Desarrollo contribuyó con una suma similar en préstamos’, de manera que el total aportado por cada entidad representó cerca del 40 % de los préstamos externos a largo plazo” (p. 68).

Controversia 207 abril 2018.indd 229

6/25/2018 8:20:28 PM

230

Controversia 208

siones y de administrar los recursos económicos de las transferencias, dinero que las empresas responsables por las centrales hidroeléctricas debían y deben dar a la región como compensación de los impactos socioambientales de estos megaproyectos. La creación de esta corporación respondió a los lineamientos que el Banco Mundial estableció en 1981 para el otorgamiento de créditos destinados a megaproyectos en América Latina3, y en su constitución los poderes regionales antioqueños se jugaron “el todo por el todo”, ordenando y reinventando el territorio en coherencia con el discurso y la gestión del desarrollo del Oriente antioqueño (García y Aramburo, 2011). Así, Cornare organizó el territorio en cuatro subregiones: la subregión del Altiplano, (municipios de Rionegro, Guarne, Santuario, Marinilla, El Retiro, La Ceja, La Unión, San Vicente y Carmen de Viboral), zona con un fuerte proceso de industrialización y urbanización y en donde actualmente se encuentran grandes fincas de recreo; la subregión de Embalses (municipios de San Carlos, Alejandría, Guatapé, Concepción, San Rafael y el Peñol), en donde se dieron grandes transformaciones como producto de la construcción de embalses y donde decayó considerablemente la actividad agropecuaria campesina; la subregión de Páramo, (municipios de Argelia, Nariño, Sonsón y Abejorral), región con grandes riquezas naturales, ecosistemas de páramos y con un agricultura basada en la economía campesina; y la subregión Bosques (municipios de Granada, Cocorná, San Francisco y San Luis), también con un riqueza natural de importancia, ecosistemas de bosques tropicales, con actividades campesinas y con actividades sociales y económicas alrededor del eje vial de la autopista Medellín-Bogotá (Iner, 2003).

Según García y Aramburo (2011) la creación de Cornare como institución administradora de los recursos provenientes de los proyectos hidroeléctricos, respondió a las exigencias que hacia el Banco Mundial para otorgar créditos para megaproyectos en América Latina. La ley 56 de 1981, por la cual se dictan normas sobre obras públicas de generación eléctrica y acueductos, sistemas de regadío y otras, y se regulan las expropiaciones y servidumbres de los bienes afectados por tales obras respondería también a estas exigencias del Banco Mundial.

Controversia 207 abril 2018.indd 230

6/25/2018 8:20:28 PM

Conflictos socioambientales por neoextractivismo en el oriente del departamento de Antioquia

231

Según García y Aramburo (2011), esta gestión y organización “desde arriba” del territorio del Oriente antioqueño ha generado que las construcciones territoriales estén enmarcadas en la fragmentación del territorio, en lo que muchos autores han llamado “el oriente cercano”, que incluye principalmente los municipios de Rionegro y Marinilla, los cuales han sido escenario de un fuerte proceso de industrialización (así como también se han ubicado allí grandes fincas de recreo en donde políticos y empresarios del país han adquirido tierras) y “el oriente lejano y su periferia”, la periferia del sur, con los municipios de la subregión de Paramos, y el oriente lejano, es decir, los municipios de la subregión de embalses más cercanos al río Magdalena. Figura 1. Mapa de localización del Oriente antioqueño

Fuente: limite departamental y límite municipal, sistema de información geográfica para la Planeación y Ordenamiento Territorial, Instituto Geográfico Agustín Codazzi.

Estos megaproyectos, hidroeléctricos, industriales y de vías, construidos en la segunda mitad del siglo xx, transformaron completamente

Controversia 207 abril 2018.indd 231

6/25/2018 8:20:31 PM

232

Controversia 208

las dinámicas campesinas de la región del Oriente antioqueño. “Desde arriba” esta región comenzó a tener una importancia fundamental en el modelo de desarrollo que quería implantarse en el país, contando con todo el apoyo internacional y también con el apoyo de las élites y poderes nacionales y regionales. Sin embargo, y paralelamente, “desde abajo” el Oriente también comenzó a adquirir significados diferentes, enmarcados en los impactos que estos proyectos generaban en las formas locales, y construidos por los afectados y las afectadas por estos proyectos. Al experimentar fuertes cambios en las dinámicas territoriales, los pobladores campesinos del Oriente antioqueño comenzaron a movilizarse y a construir nuevos significados socioterritoriales basados en sus formas propias de relacionarse entre sí, con el territorio y con los bienes de la naturaleza. La constitución de los movimientos cívicos4 en los años ochenta del siglo xx es, ciertamente, una historia fundamental para los pobladores del Oriente antioqueño, que tiene significados profundos en las construcciones territoriales y organizativas, así como en las formas en las que ellas y ellos construyen relaciones con otros actores y con otras lógicas socioterritoriales. Estos movimientos en el Oriente tienen su eclosión como resultado de los impactos de la construcción de las grandes centrales hidroeléctricas en esta región, especialmente de la central 4 Los movimientos cívicos fueron movimientos sociales, no solo creados en el Oriente antioqueño, sino en gran parte del país en relación con diversas coyunturas nacionales, pero también con especificidades regionales y locales. Según García (2007), “su aparición y florecimiento en el contexto nacional se debía a la incidencia de factores estructurales como el desequilibrio regional, la concentración urbana, el deterioro del ingreso de las mayorías, la centralización del poder estatal, el constreñimiento político causado por la alternación bipartidista durante el Frente Nacional que, al tildar como subversivas las expresiones de oposición y las acciones reivindicativas, ocluyó los canales de expresión de demandas sociales y de negociación con el Estado” (p.92). En relación con el nombre de movimientos cívicos, “el adjetivo cívico fue acuñado por los participantes en estas luchas con la pretensión de legitimarlas frente a los poderes estatales —que las tildaban de subversivas—, de sustraerlas de la acción de los partidos políticos y de la guerrilla, y de mostrarlas ajenas a una clase social específica, destacando el carácter general y legítimo de sus exigencias” (pp.89-90).

Controversia 207 abril 2018.indd 232

6/25/2018 8:20:31 PM

Conflictos socioambientales por neoextractivismo en el oriente del departamento de Antioquia

233

hidroeléctrica Guatapé, con el embalse del Peñol (municipios de Guatapé y el Peñol, 1972), la central hidroeléctrica y el embalse de Playas (municipio de San Rafael, 1979), la central hidroeléctrica de San Carlos, con el embalse Punchiná (municipio de San Carlos, 1984), la central hidroeléctrica Jaguas, con el embalse San Lorenzo (municipios de Alejandría y San Rafael, 1988), y la pequeña central hidroeléctrica Calderas (municipios de San Carlos y Granada, 1988). De hecho, en la época de construcción de la central hidroeléctrica Guatapé y del embalse del Peñol se generaron fuertes movimientos cívicos en los dos municipios afectados, Guatapé y El Peñol, consolidados por pobladores que protestaban por la inundación y el despojo de sus tierras, por la pérdida de tierras dedicadas a la agricultura, por la pérdida de sus trabajos y labores campesinas y por la pérdida de valores y prácticas culturales que generaban en los pobladores sentimientos generalizados de desorientación y desarraigo (Sáenz, 1986). Sin embargo, no solo fueron los impactos directos de la construcción de estas obras lo que terminó por difundir y ampliar los movimientos cívicos a todo el Oriente antioqueño, sino también el alza en los precios de la energía eléctrica5, aspecto que desencadenó una fuerte movilización en toda la región y que generó el crecimiento del sentimiento de injusticia y de imposición de proyectos “desde afuera” en las comunidades campesinas. Tanto con acciones jurídicas y administrativas, como con diálogos y acciones de hecho, los movimientos cívicos en el Oriente antioqueño construyeron una memoria colectiva basada en la injusta política 5

Según Olaya (2012), en 1982 la electrificadora de Antioquia envió una circular comunicando el alza general en las tarifas de energía en los municipios del Oriente antioqueño, incluyendo los que eran afectados por la construcción de las hidroeléctricas, aumentando el malestar en los pobladores que ya vivían los impactos socioambientales de estas construcciones, y desencadenando así la articulación de las organizaciones y la unión de los movimientos cívicos en el Oriente. De la misma manera, García (2007) afirma que el alza en las tarifas de energía eléctrica en el marco de la política nacional de las tarifas de energía fue la “chispa y el motor” de los movimientos cívicos en la zona.

Controversia 207 abril 2018.indd 233

6/25/2018 8:20:31 PM

234

Controversia 208

energética del Estado, en la imposición de proyectos sin consulta alguna a las comunidades, en los enormes prejuicios que estos proyectos generaron en las relaciones sociales, territoriales y ambientales de las poblaciones campesinas y en las pocas, ineficientes o nulas compensaciones y beneficios recibidos por la instalación de estos megaproyectos en la región (García y Aramburo, 2011). En el contexto de la consolidación de estos movimientos cívicos, se realizaron allí tres paros cívicos (1982-1984) en los que se articularon exigencias, se establecieron diálogos con el Estado nacional y regional y se originó una amplia difusión de las problemáticas. Durante los cuatro años de movilizaciones sociales, se construyeron procesos formativos y organizativos que dejaron una honda huella en la memoria colectiva, cultivando en los pobladores del Oriente antioqueño un sentido de pertenencia territorial basado en la capacidad de organizarse, de unirse y de enfrentar y reivindicar derechos, formas de vida y relaciones sociales y territoriales propias, pero también basado en un sentimiento de descontento en relación con los discursos y prácticas de los gobernantes, élites y poderes nacionales y regionales que imponen injusticias, violencias y que ignoran sus reivindicaciones y derechos (Olaya, 2012). Sin embargo, estos cambios territoriales drásticos no solo fomentaron la construcción de visiones del territorio construidas “desde arriba” y “desde abajo”, como se señaló anteriormente, sino también la inmersión de la región del Oriente antioqueño dentro de las dinámicas y lógicas del conflicto armado del país. Con la llegada, primero, de las guerrillas de las farc y el eln en los años ochenta y, años después, de grupos de extrema derecha y del grupo Muerte a Secuestradores —mas— (Olaya, 2012), se configura un escenario de guerra que termina acabando de manera totalmente violenta con los movimientos cívicos de esta zona a finales de la década de los años ochenta. Mediante asesinatos sistemáticos a líderes sociales, comienza una época de terror entre 1985 y 1987, que desplaza a muchos de los pobladores de la región y que desarticula las organizaciones sociales, las reivindicaciones y las luchas en el Oriente antioqueño (Olaya, 2012).

Controversia 207 abril 2018.indd 234

6/25/2018 8:20:31 PM

Conflictos socioambientales por neoextractivismo en el oriente del departamento de Antioquia

235

A pesar de lo anterior, en los años noventa, las organizaciones sociales vuelven a activarse en la región. Con la Constitución de 1991, en la que se declara, entre otras cosas, a Colombia como un país descentralizado y se abre la posibilidad de acción, de autonomía y de manejo de recursos por parte de las instituciones locales y municipales y por parte de las comunidades organizadas, se activan nuevas formas de organización social que promueven la participación comunitaria en la planeación y en la asignación de recursos en todo el país, y en el Oriente antioqueño, especialmente, se abre la posibilidad de la participación comunitaria en el manejo de los recursos económicos venidos de las transferencias que otorgan las empresas que hacen parte de sector eléctrico6. El movimiento Oriente Unido es una muestra importante de lo anterior. Con el apoyo de las administraciones municipales, varias asociaciones emprendieron diversos proyectos de participación comunitaria con el objetivo de rehacerse y de recuperar los territorios de las dificultades económicas y sociales que la construcción de estos megaproyectos y la violencia habían generado en la región. Sin embargo, a finales de la década en mención, una nueva escalada de violencia y de guerra llega al Oriente antioqueño, desarticulando la organización comunitaria y afectando de forma severa los tejidos sociales y territoriales de los pobladores. Se trató entonces, de 1997 al 2005, de una verdadera crisis humanitaria en la región7. 6

Según Olaya (2012) desde 1983 el porcentaje económico que las empresas del sector eléctrico responsables por las centrales hidroeléctricas debían dar como transferencias a las regiones en donde se encontraban era del 4 %, recurso económico que era administrado por la Corporación Ambiental de las Cuencas de los ríos Negro y Nare —Cornare—. Sin embargo, después de la Ley General Ambiental de Colombia (Ley 99 de 1993), y en el marco de la nueva Constitución Política de Colombia de 1991, este porcentaje subió del 4 % al 6 % y se dividió la administración de estos recursos, de manera que el 3 % eran gestionados por Cornare y el otro 3 % por los municipios. Así, se abrió la posibilidad de que los municipios —y, por lo tanto, los habitantes organizados— pudieran intervenir por primera vez en la administración de estos recursos económicos. Según García y Aramburo (2011) existió un antes y un después de 1997 en la historia y en la geografía del conflicto armado en el Oriente antioqueño y en muchas

Controversia 207 abril 2018.indd 235

6/25/2018 8:20:31 PM

236

Controversia 208

Sin embargo, cuando las lógicas y estructuras del terror, la violencia y la guerra se instalaban en el día a día de los pobladores y de las comunidades, cuando parecía que los sentidos de la Existencia desaparecían y cuando las poblaciones eran humilladas, destruidas y despojadas de sus territorios y del poder de articular exigencias (García y Aramburo, 2011), en ese mismo momento resurgen, se recrean y se reconstruyen tejidos sociales y territoriales y r-Existencias8 (Porto-Gonçalves, 2015) en el Oriente antioqueño, esta vez enmarcados en disminuir los efectos más devastadores de la guerra, en buscar y construir herramientas para superar el miedo y el terror y en encontrar soluciones conjuntas al conflicto armado. Con movilizaciones, marchas, caravanas, concentraciones, jornadas de silencio y diálogos con instituciones estatales, empresas y actores armados, surgen en el Oriente antioqueño asambleas

partes del país, debido a que en este período los diversos grupos paramilitares se unificaron en las Autodefensas Unidas de Colombia —auc— bajo el mando de Carlos Castaño, unión que tuvo efectos fundamentales en las dinámicas de la guerra que se vivían hasta ese momento. En efecto, en 1997, el fenómeno paramilitar se extiende, unifica y fortalece, llegando al Oriente antioqueño y consolidando su poder en la región. Mediante su estrategia de guerra contrainsurgente, las auc, y especialmente el Bloque Metro y las Autodefensas Unidas del Magdalena Medio, copan los espacios donde transitan las guerrillas, llegando con “listados de la muerte” y con informaciones de líderes y proyectos comunitarios, buscando mediante masacres, asesinatos y desapariciones forzadas acabar con la supuesta base social de las guerrillas. Así, con una estrategia de terror que se extiende hasta aproximadamente el 2005, año en que las auc se desmovilizan formalmente, los paramilitares, con el apoyo del ejército y la policía, rompen los tejidos organizativos y comunitarios, acaban con procesos de participación y planeación comunitaria, expropian y despojan a los campesinos y generan violentos procesos de desplazamientos forzados colectivos en la región. Utilizamos la palabra r-Existencia haciendo alusión al planteamiento de Porto Gonçalves (2006), según el cual no solo se resiste desde la movilización social organizada, sino también a partir de la existencia, de lo que ya existe y se ha construido espacial y temporalmente, “lo que se tiene es r-Existencia puesto que no se reacciona, simplemente a la acción externa, pero, si, que algo pre-existe y es a partir de esa existencia que se R-Existe. Existo, luego, resisto. R-Existo” (PortoGonçalves, 2006, p.47). Entendemos, por lo tanto, la r-Existencia como todas aquellas formas de resistencia que tienen como base la permanencia y reproducción de modos de vida, de sistemas socioculturales, de relaciones de producción-sustentabilidad de la vida y de relaciones territoriales, espaciales y con la naturaleza: de todo lo que significa el existir.

Controversia 207 abril 2018.indd 236

6/25/2018 8:20:31 PM

Conflictos socioambientales por neoextractivismo en el oriente del departamento de Antioquia

237

comunitarias, redes de jóvenes, redes de juntas de acción comunal, asociaciones de mujeres y otras organizaciones en busca de encontrar una salida al conflicto armado mediante el diálogo y de superar el miedo, construyendo colectivamente nuevos sentidos y Existencias9. La Asociación de Mujeres del Oriente antioqueño —Amor—, el Consejo de Conciliación de San Luis y la Asociación provincial de Victimas a Ciudadanas —Aproviaci— son muestran de lo anterior10.

A partir de la comprensión de la r-Existencia, en diversas partes del texto utilizamos la palabra Existencia en mayúscula, entendiéndola como un como un existir, como un estar puesto, como un ser ahí, un ser en el mundo, proyectado en el mundo, un ser en una geografía y en una historia (Martins, 2007). Desde esta perspectiva, la Existencia representa la estructura de relaciones que un ser-colectividad establece con el mundo y con los otros, la fuerza de la relación entre geografía e historia. Cuando escribimos la palabra Existencia con mayúscula en el texto nos estamos refiriendo a todas las formas cotidianas de vivir, a todas las formas por medio de las que nos remitimos a la vida, a todas las formas de aprehensión, apropiación, comprensión, interpretación del espacio y del tiempo que solo por el hecho de permanecer y de sobrevivir se convierten en formas de resistir al poder, en formas de r-Existencia. 10 La creación de estas organizaciones se originó en un contexto de guerra y violencia en la que los pobladores del oriente, las asambleas comunitarias, los párrocos de las iglesias, las ong y los alcaldes electos en los municipios comienzan a articularse y a movilizarse con el objetivo de resistir a los embates de la guerra, de reparar tejidos sociales, culturales, territoriales y políticos, y de buscar soluciones y diálogos al conflicto armado. Fruto de estas articulaciones, las asambleas comunitarias y los alcaldes de los municipios logran establecer diálogos con algunos actores armados, especialmente con el eln y con algunos comandantes de las auc. Como consecuencia de esto, además de los impactos de las movilizaciones, comienzan a juntarse al movimiento otros actores institucionales y privados como la Gobernación de Antioquia y Prodepaz, (institución que aglutina empresas del sector eléctrico nacional como isa e Isagén), y con ayuda de recursos de la Unión Europea se pone en marcha el “laboratorio de paz”, que coincide con la Política de Seguridad Democrática y con la desmovilización paramilitar. Producto de la puesta en marcha de este laboratorio y de la coincidencia con estas políticas, se han establecido diversos debates en relación con la despolitización de los movimientos sociales y con la fragmentación de las luchas que genera la intervención de las instituciones públicas nacionales y departamentales y de los organismos internacionales. (García y Aramburo, 2011). Existe también un debate en relación con la legitimidad o la ilegitimidad de la desmovilización paramilitar y sobre el papel que las víctimas deben asumir frente a los procesos de reparación y verdad; hay diversas perspectivas relacionadas con la reconciliación y con el modelo de reconciliación víctimas-victimarios. Muchas organizaciones de víctimas aceptan la conciliación en una relación local activa con

Controversia 207 abril 2018.indd 237

6/25/2018 8:20:31 PM

238

Controversia 208

Podemos señalar, a partir de lo anterior, que el territorio del Oriente antioqueño ha sido construido por una diversidad de lógicas, actores y estructuras que se “enredan complejamente” (Grosfoguel, 2008) y que entran en relación, en contradicción y en conflicto. Por un lado, la región es concebida como un territorio perfecto para la extracción y explotación de bienes de la naturaleza y para la construcción y consolidación de grandes megaproyectos; por otro lado, el Oriente antioqueño es construido a partir de una diversidad de significados socioterritoriales confeccionados por comunidades y colectividades que piden justicia ambiental y social, reconocimiento de sus valores y prácticas culturales, participación real y efectiva y autonomía para desarrollar proyectos sociales y comunitarios; y, finalmente, el Oriente antioqueño también es construido por una diversidad de actores armados que se entrelazan complejamente con los métodos del extractivismo y de la resistencia y que también imprimen e influencian con sus propias lógicas y prácticas estas diversas formas de erigir territorio en el Oriente antioqueño.

Conflictos socioambientales actuales y modelo neoextractivista en el oriente del departamento de Antioquia La diversidad mediante la cual se ha construido el territorio del Oriente antioqueño es parte fundamental de la formación histórica y espacial actual, así como de los conflictos socioambientales que en el presente se configuran en la región. Después de la desmovilización paramilitar en el año 2005 y de la paralela consolidación de la presencia del ejército y la policía nacional, así como de la disminución del accionar de

los desmovilizados, mientras que otros movimientos y organizaciones tienen una posición crítica completa y en todo nivel de la concepción y aplicación de la Ley 975 de 2005, Ley de Justicia y Paz, y creen firmemente que la desmovilización fue un proceso ambiguo y que aún es un horizonte por construir en Colombia. Por estas razones, la organización, los efectos y las políticas del “laboratorio de paz” en Antioquia son objeto de un amplio debate y discusión en el Oriente antioqueño.

Controversia 207 abril 2018.indd 238

6/25/2018 8:20:31 PM

Conflictos socioambientales por neoextractivismo en el oriente del departamento de Antioquia

239

las guerrillas11, se relanza la estrategia extractivista (frenada en parte por el conflicto armado), basada en la promoción y consolidación de la megaminería transnacional y de las grandes, pequeñas y microcentrales hidroeléctricas. En efecto, y aproximadamente desde el año 2007, hay un resurgimiento de los intereses extractivistas en el Oriente antioqueño, con un aumento de los títulos y de las solicitudes para explotación de minerales, oro, metales preciosos y materiales para la construcción, y con un incremento de las solicitudes, estudios y construcciones de grandes, pequeñas y microcentrales hidroeléctricas. Estos megaproyectos se encuentran planeados para gran parte del oriente de Antioquia, pero principalmente para los municipios de San Carlos, San Luis, Cocorná, Nariño, Sonsón, Argelia, Abejorral, San Francisco, Alejandría, La Unión y Carmen de Viboral. Existen aproximadamente 170 títulos para la explotación minera, 274 solicitudes para nuevos títulos mineros y tres zonas de minería especial en la región del oriente de Antioquia12, lo que configura un escenario

11 Paralelamente a los años de consolidación del paramilitarismo en el Oriente antioqueño y a la crisis humanitaria que vivió esta región de 1997 hasta el año 2005, se consolida también la presencia del Ejército Nacional y de la policía. De hecho, a comienzos de los años noventa, y cuando las guerrillas logran un avance considerable en la región, son frenadas por el accionar conjunto de los paramilitares y del Ejército Nacional, en una estrategia que se basó en la captura paramilitar de los espacios que iba liberando la fuerza pública (Observatorio de Paz y Reconciliación del Oriente antioqueño, 2007). Así, se da un relevo entre paramilitares y las fuerzas armadas del Estado, y en el marco de varias ofensivas militares efectuadas dentro de la política de seguridad democrática (que comienza a consolidarse desde 2002), las fuerzas armadas del Estado recuperan los territorios que habían tomado las guerrillas, consolidando su accionar y su presencia aproximadamente en 2005 (García y Aramburo, 2011). Con la desmovilización paramilitar efectuada en el mismo año, las fuerzas armadas del Estado recuperan el dominio militar del Oriente antioqueño, control que tienen actualmente. 12 En relación con las zonas de minería especial, la Ley 1450 del 6 de junio de 2011, por la cual se adopta el Plan de Desarrollo Nacional 2010-2014, establece su creación, afirmando que son regiones destinadas a la actividad minera, pero en las cua-

Controversia 207 abril 2018.indd 239

6/25/2018 8:20:31 PM

240

Controversia 208

futuro de explotación minera intensiva en este territorio. Efectivamente, los títulos ya se encuentran otorgados, la mayoría sobre la figura de contrato de concesión que garantiza la explotación por entre veinte a treinta años, pero las acciones de explotación directa del material de la mayoría de los títulos, especialmente los de oro y metales precisos, aún no han comenzado y tampoco cuentan con licencia ambiental. La explotación minera se concentra actualmente en las minas de materiales para la construcción de Río Claro, realizada por la empresa Argos entre los municipios de San Carlos, San Luis y Puerto Nare; en las minas del municipio de La Unión, llevada a cabo por la misma multinacional; y en las minas de materiales para la construcción de Rionegro y Guarne, llevadas a cabo por la Empresa Nacional Constructora y Clasificadora de Materiales para la Construcción Ltda. Las empresas que tienen estos títulos de extracción de materiales para la construcción son principalmente multinacionales con capitales extranjeros, dentro de las cuales se encuentran Cementos Argos de Colombia13, Cemex de México y Holcim de Suiza, y para la minería de oro y de metales precisos, las multinacionales Anglo Gold Ashanti de Suráfrica y Northern Colombia de Canadá. Es importante señalar que, si bien existen títulos que aparecen inicialmente a nombre de otras empresas, como aquellos de las empresas nacionales T.E.S.S.A, Suministros de Colombia S.A., Negocios Mineros s.a., Cementos Río Claro s.a. e Ingetierras de Colombia, según el Catastro Minero Colombiano, registro oficial del Ministerio de Minas y

les no se realizan actividades en la actualidad, sino que se proyectan para futuras intervenciones (Corporación Jurídica Libertad, 2015). 13 La empresa Cementos Argos nace en Antioquia en 1934. A finales de los años noventa, la empresa realiza alianzas para adquirir cementeras en Panamá, Haití y República Dominicana, y en 2003 se fusionan a esta empresa varias cementeras colombianas. En 2005 son adquiridas por esta empresa dos empresas de concreto norteamericanas, ampliando su influencia considerablemente y consolidándose actualmente como la cuarta productora de concreto de Estados Unidos.

Controversia 207 abril 2018.indd 240

6/25/2018 8:20:31 PM

Conflictos socioambientales por neoextractivismo en el oriente del departamento de Antioquia

241

Energía, en estos títulos también aparecen implicadas las mismas cinco multinacionales mencionadas anteriormente. Además de lo anterior, si bien Argos, Holcim y Cemex aparecen primordialmente en títulos de explotación de materiales para la construcción, y Anglo Gold Ashanti y Northern Colombia en títulos para la explotación de oro y metales preciosos, existen títulos en los que estas últimas aparecen en la explotación de materiales para la construcción, así como algunos en los que Holcim, Cemex y Argos aparecen en la explotación de oro y metales preciosos. En relación con la generación de energía eléctrica, existen aproximadamente sesenta grandes, pequeñas y microcentrales hidroeléctricas14, bien sea en estudio, en construcción o activas y que generan energía eléctrica en la subregión del oriente de Antioquia. Existe especialmente un auge por las pequeñas centrales hidroeléctricas, que generan un estimado de 10 000 kW o menos y construidas a filo de agua y sin embalse, incremento auspiciado por el Estado Nacional por medio del Decreto 2820 de 2010, en el cual se establece que las empresas no tienen que pagar transferencias para estas construcciones y que no necesitan solicitar licencia ambiental, es decir, que no necesitan de un estudio de impacto ambiental —eia— y que los permisos son otorgados bajo la figura de concesión de aguas. De esta manera, no solo los principales ríos del Oriente antioqueño se encuentran ya intervenidos por estas construcciones, como el río Cocorná con la pch El Popal, el río Guatapé con las 14 Según el atlas hidroeléctrico, las hidroeléctricas en Colombia se clasifican en cinco tipos: las picocentrales, con capacidad instalada entre 0,5 y 5 kW, con operación a filo de agua y aplicables a zonas no interconectadas o casos aislados de zonas interconectadas; las microcentrales, con capacidad instalada entre 5 y 50 kW, con operación a filo de agua y aplicables a zonas no interconectadas o casos aislados de zonas interconectadas; las minicentrales con capacidad instalada entre 50 y 500 kW, con operación a filo de agua y aplicables a zonas no interconectadas o casos aislados de zonas interconectadas; las pequeñas centrales hidroeléctricas —pch—, con capacidad instalada entre 500 y 20 000 kW, operación a filo de agua y aplicables a zonas no interconectadas y zonas interconectadas; y las centrales hidroeléctricas, con capacidad mayor a 20 000 kW, con embalse y aplicables a zonas interconectadas (upme, 2015, p.28).

Controversia 207 abril 2018.indd 241

6/25/2018 8:20:31 PM

242

Controversia 208

centrales hidroeléctricas San Carlos, Playas y Guatapé, el río Calderas con la pch Calderas y el río Nare con la central hidroeléctrica de Jaguas, sino que también han sido intervenidos, con el auge de las micro y pequeñas centrales hidroeléctricas, pequeños afluentes, quebradas y cascadas, como el río Santo Domingo, la quebrada de Granada, el río La Paloma, la quebrada de Alejandría, el río Melcocho, entre otros. La dinámica de las empresas en la construcción de estos proyectos de generación de energía es diferente a la de las empresas involucradas en la explotación minera. Comúnmente, en las distintas fases de construcción de hidroeléctricas intervienen diversas empresas, actuando una en la etapa de estudios de factibilidad, otra en la construcción y otra en la etapa de generación y mantenimiento, aunque generalmente existe una empresa responsable por el proyecto en su totalidad. Es de resaltar también el papel de las alianzas entre empresas, que pueden ser tanto de capitales extranjeros con capitales nacionales como público-privadas, entre empresas nacionales y diversas instituciones públicas y estatales de fomento a estos proyectos. Generalmente, a partir de estas alianzas, se crean y se constituyen nuevas empresas y figuras jurídicas para cada proyecto específico, como es el caso de la sociedad pch Alfaguara s.a. para la construcción de la minicentral Entre Aguas, de la sociedad Hidroeléctrica Río Aures s.a. para la construcción de la Central hidroeléctrica sobre el río Aures, de la sociedad Generadora de Alejandría s.a. e.s.p., para la construcción de la pch Alejandría, entre otras. Dentro de esta dinámica, las principales compañías que intervienen son las Empresas Públicas de Medellín —epm, la única empresa pública que aún interviene en estos proyectos y que está encargada de las centrales hidroeléctricas de Guatapé y Playas y de las minicentrales Sonsón I y Sonsón II—, la empresa Isagén —privatizada recientemente y encargada de la centrales hidroeléctricas de Jaguas, San Carlos y de la pch Calderas—, la empresa Emgea —producto de una alianza públicoprivada en la que participan la Gobernación de Antioquia, el Instituto de Desarrollo de Antioquia (Idea), la Cámara Colombiana de Infraes-

Controversia 207 abril 2018.indd 242

6/25/2018 8:20:31 PM

Conflictos socioambientales por neoextractivismo en el oriente del departamento de Antioquia

243

tructura y la Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos (sai)—, la Fundación Promotora del Empleo en Antioquia —que es propietaria de cuatro proyectos de minicentrales en el río La Paloma, de la pch Alejandría sobre el río Nare y de dos proyectos de minicentrales en el río Sirgua—, la empresa Celsia —que hace parte de Argos y que lidera los proyectos de centrales hidroeléctricas Porvenir I y Porvenir II—, la empresa Helm Group Company hbi Banca de Inversión —con la pch El Popal, la central hidroeléctrica San Miguel y las pch El Molino y San Matías, que construye en conjunto con la empresa hmv Ingenieros— y Generamos Energía S.A. —con el proyecto de construcción de la minicentral sobre el río Dormilón—. Este modelo y esta visión del modelo neoextractivo configurada “desde arriba”, auspiciado por las instituciones globales y nacionales, y en el marco de una aparente estabilidad lograda después de la época crítica del conflicto armado, ha propiciado nuevamente la desapropiación, el despojo y las transformaciones en las lógicas socioterritoriales y en los tejidos culturales de las comunidades campesinas del Oriente antioqueño. Después de los numerosos desplazamientos forzados que estas comunidades han experimentado, lo cuales han ocurrido históricamente por causa de la construcción de proyectos hidroeléctricos en los años ochenta y por la violencia sistemática contra organizaciones y movimientos sociales y comunitarios, las poblaciones campesinas de esta zona comienzan una época de retorno a sus territorios a partir del año 2005 con la desmovilización paramilitar. Sin embargo, actualmente las comunidades no solo tienen que hacer frente al miedo del retorno, sino también a los nuevos desalojos y a las transformaciones violentas que impone este resurgimiento y auge del modelo extractivo en la región. “Primero nos quitan los seres queridos y ahora el territorio”15, “La misma cosa que un desplazamiento, a la buena o a la mala, es como los

15 Entrevista realizada a Flor Gallego, participante del Movimiento por la Defensa de la Vida y del Territorio —Movete— en marzo de 2016.

Controversia 207 abril 2018.indd 243

6/25/2018 8:20:31 PM

244

Controversia 208

grupos armados”, “Ahora la empresa nos va a volver a sacar”16, son las voces de algunos habitantes del Oriente antioqueño. Es por lo anterior que en esta región actualmente no solo resurgen los intereses extractivistas, sino también nuevas formas de r-Existencias y de movimientos sociales y organizaciones comunitarias, que se oponen nuevamente a estas intervenciones y a esta construcción territorial “desde arriba” y sin la gente, que parten de la memoria colectiva, de los procesos formadores organizativos y de su “estoque” de prácticas y experiencias que han construido en estos territorios y frente al Estado y las empresas (Menezes y Malagodi, 2015). “El territorio es diseñado desde arriba, los campesinos no queremos eso”17. Dentro de estas nuevas formas de organización y de r-Existencias, encontramos el: movimiento social por la vida y la defensa del territorio del Oriente de Antioquia Movete, el cual agrupa a organizaciones sociales, culturales, ambientalistas, defensoras de derechos humanos, organizaciones comunitarias, entidades y personas que estamos por la defensa de la vida, el territorio y la paz (Olaya, 2015, p.16).

Movete agrupa organizaciones principalmente de once municipios del Oriente antioqueño dentro de las que se encuentran la Asociación Campesina de Antioquia —aca—, la Asociación de Mujeres de Antioquia —Amor—, la Red de Acción Frente al Extractivismo, la Tulpa Juvenil, el Movimiento Vigías del Río Dormilón, la Asociación de Productores

16 Relato que se encuentra en el documental Represando el Porvenir, de la serie documental Memoria y Territorio, realizado por la Escuela de Creación Documental– Área de Comunicaciones de la Asociación Campesina de Antioquia aca. Producciones El Retorno, 2014. 17 Entrevista realizada a Ancísar Morales, miembro del Movimiento por la Defensa de la Vida y del Territorio —Movete— y de la Asociación Campesina de Antioquia aca, en abril de 2016.

Controversia 207 abril 2018.indd 244

6/25/2018 8:20:31 PM

Conflictos socioambientales por neoextractivismo en el oriente del departamento de Antioquia

245

del Oriente antioqueño —Asoproa—, entre otras organizaciones y personas, junto también con tres ong: la Corporación Jurídica Libertad, Conciudadania y la Corporación de Estudios y Educación Ambiental —Ceam—. Las organizaciones del Movete se han posicionado contra este resurgimiento del modelo extractivo, denunciando los consecuentes impactos socioambientales, las recurrentes violaciones a los derechos humanos y realizando diversas acciones para frenar los proyectos que ilustraremos a continuación.

Casos específicos de conflictos socioambientales actuales en el Oriente antioqueño Uno de los conflictos más significativos que existen actualmente tiene que ver con la construcción de micro, mini y pequeñas centrales hidroeléctricas. A partir del 2010, y dadas las condiciones favorables para este tipo de emprendimientos, la autoridad ambiental —Cornare— comienza a otorgar concesiones a particulares para la construcción de estos proyectos. La capacidad instalada de estas construcciones es de 5 a 50 kW para las micro, de 50 a 500 kW para las mini y de 500 a 20 000 kW para las pequeñas centrales hidroeléctricas, las cuales se construyen a filo de agua, es decir que no necesitan de embalse para su funcionamiento18. En el discurso empresarial y estatal, que sean micro y pequeñas centrales hidroeléctricas garantiza que el impacto social y

18 Según el atlas hidroeléctrico (upme, 2015), las centrales a filo de agua “se construyen en los lugares en que la energía hidráulica debe emplearse en el instante en que se dispone de ella, para accionar las turbinas hidráulicas. No cuentan con reserva de agua, oscilando el caudal suministrado según las estaciones del año” (p.27). Este tipo de construcción es diferente de las centrales con embalse en las que “se embalsa un volumen considerable de agua mediante la construcción de una o más presas que forman lagos artificiales; el embalse permite regular la cantidad de agua que pasa por las turbinas, con el fin de unificar las variaciones temporales de los caudales afluentes en el río. Las centrales con almacenamiento o regulación exigen, por lo general, una inversión de capital mayor que las de filo de agua, pero facilitan el incremento de la producción energética, disminuyendo el costo de la energía generada” (p.27).

Controversia 207 abril 2018.indd 245

6/25/2018 8:20:31 PM

246

Controversia 208

ambiental sea menor, y bajo este lema se sustentan la mayoría de los proyectos. Sin embargo, para el Movete, si bien los impactos de estas construcciones pueden ser diferentes a los producidos por las grandes centrales hidroeléctricas, no son necesariamente menores ni menos importantes. Este punto lo demuestran las distintas luchas emprendidas contra estos proyectos y contra los discursos y prácticas, tanto de las empresas como de la Cornare, que han organizado y llevado a cabo varias organizaciones que pertenecen al Movete, y dentro de las cuales se encuentran las pugnas contra las microcentrales La Chorrera, El Río Dormilón, HidroArma, San Miguel y El Popal. Las disputas y defensas por el territorio alrededor de la microcentral La Chorrera y de la pch El Río Dormilón son de especial interés, ya que estos dos proyectos fueron cancelados y sus concesiones y licencias ambientales revocadas por las acciones, prácticas y discursos, principalmente, de dos organizaciones que hacen parte del Movete: el movimiento Vigías del Río Dormilón, en el municipio de San Luis, y la organización Natyvos, en el municipio de San Carlos. En San Luis existe una cultura del agua, donde se construyen estrechas relaciones económicas, sociales y recreativas con el río, una cultura en donde la cotidianidad y las historias de vida de los pobladores se entrelazan con el recorrido y la historia del río, y en donde los significados místicos y espirituales surgen y se construyen en torno a esta fuente de agua. Por todos estos significados, los habitantes comenzaron un proceso de consulta, reivindicación y lucha contra la construcción de una pch en el río Dormilón, proyecto de la empresa Generamos Energía S.A. y que tenía previsto generar 6,9 MW de energía. La oposición fuerte comienza en el 2012, cuando las organizaciones de San Luis deciden realizar una asamblea comunitaria y elevar varios derechos de petición, por medio de los cuales van acumulando más conocimientos y ganando profundidad en sus discusiones con Cornare y con la alcaldía del municipio, hasta llegar al punto de oponerse rotundamente al acto ad-

Controversia 207 abril 2018.indd 246

6/25/2018 8:20:31 PM

Conflictos socioambientales por neoextractivismo en el oriente del departamento de Antioquia

247

ministrativo que concesionaba las aguas del río Dormilón y de asumir la construcción de este proyecto como un “acto de profundo engaño, injusticia e inequidad hacia los sanluisianos”19. Basados en un lenguaje con enfoque de soberanía popular, por medio del cual se exige que las decisiones que se tomen sean consultadas con el pueblo, y con enfoque en los derechos humanos, por medio del cual exigen que se respeten “los derechos de la gente para con su río”, el movimiento Vigías de Río Dormilón declara la ilegitimidad del proyecto, debido al nivel de sincretismo de las acciones y debido a los fuertes impactos socioambientales que incluyen la perdida de balnearios, de valores paisajísticos, de aguas que se utilizan para la pesca, de opciones económicas basadas en la extracción de materiales que arrastra el río, de caminos tradicionales que dan acceso al río y el aumento de la contaminación y de los impactos de otras obras complementarias como carreteras e infraestructuras. Todo esto llevó a que se estableciera una mesa de diálogo con Cornare —se realizaron cinco reuniones en seis meses— y que finalmente, gracias a la presión del movimiento —que incluyó una marcha por la autopista Medellín-Bogotá apoyada por todas las organizaciones del Movete—, Cornare emitiera la declaración de caducidad de la concesión de aguas que permitía el uso del río Dormilón para la generación de energía eléctrica. Por su parte, la quebrada La Chorrera de Puerto Rico es un afluente localizado en las cercanías del casco urbano del municipio de San Carlos y, al igual que el río Dormilón, es un referente cultural fundamental para los habitantes, consolidándose como parte del “patrimonio na-

19 Testimonio de los habitantes de San Luis, que se encuentra registrado en la sistematización que el movimiento Vigías del Río Dormilón construyó de su proceso de lucha y reivindicación. El documento Sistematización del proceso ciudadano por la protección y defensa del río Dormilón fue facilitado por la organización en mención durante el trabajo de campo en abril de 2016, pero aún no ha sido publicado oficialmente.

Controversia 207 abril 2018.indd 247

6/25/2018 8:20:31 PM

248

Controversia 208

tural y paisajístico del pueblo”20. Por esto, cuando un particular llegó comprando los terrenos aledaños y tiempo después se enteraron del plan de construir allí una microcentral, la mayoría de los pobladores se opuso: “es un paisaje muy bonito lleno de selva. Toda la vida los habitantes hemos visto la quebrada y hemos disfrutado de esta”21; “se entregará a una sola persona el aprovechamiento del recurso de agua. Un recurso que es público y propietario para el consumo humano. Dañará el paisaje de manera irreparable”22. De esta manera los pobladores, con el apoyo de la personera y de la alcaldesa del municipio, además de la organización Natybos Naturaleza y Bosque, presentaron una solicitud para la realización de una audiencia pública ambiental con el fin de discutir el proyecto que planeaba la construcción de una microcentral con capacidad de 1.6 MW a filo de agua por parte de la empresa pch La Chorrera, a nombre de Eliberto Ramírez. En esta audiencia ambiental, organizada por Cornare en el municipio de Guatapé, la comunidad presentó diversos argumentos contra este proyecto, dentro de los que se encuentran la afectación a los acueductos veredales por la reducción del caudal del agua, la contradicción con el Plan de Ordenamiento Territorial del municipio y con las determinaciones del consejo municipal, que declaran esta zona como de protección ambiental, y la afectación al turismo y especialmente al Plan de Desarrollo Turístico Sostenible y Comunitario estructurado en el marco del proyecto “Turismo Para la Paz” —creado en el segundo laboratorio para la paz del Oriente antioqueño— como alternativa so20 Relato obtenido de la noticia “La micro central hidroeléctrica La Chorrera (pch) municipio de San Carlos” publicada el 22 de abril de 2014 por Dubier Felipe Herrera. Recuperado de http://micrlchorrera.blogspot.com.br/2014/04/la-microcentralHidroeléctrica-la.html 21 Entrevista realizada a miembro del Movete en marzo de 2016, durante el trabajo de campo. 22 Relato obtenido de la noticia “La micro central hidroeléctrica La Chorrera (pch) municipio de San Carlos” publicada el 22 de abril de 2014 por Dubier Felipe Herrera. Recuperado de http://micrlchorrera.blogspot.com.br/2014/04/la-microcentralHidroeléctrica-la.html

Controversia 207 abril 2018.indd 248

6/25/2018 8:20:31 PM

Conflictos socioambientales por neoextractivismo en el oriente del departamento de Antioquia

249

cial y económica a los efectos del conflicto armado23. Dentro de estos argumentos fueron recurrentes también los relacionados a la “deuda social y ambiental” del municipio de San Carlos, dados los impactos de las grandes centrales hidroeléctricas construidas allí en los años setenta y ochenta. “San Carlos y el Oriente antioqueño ya cumplieron con su cuota de aporte al desarrollo del país. Por lo tanto, no es justo seguir sacrificando más territorio”24. También fueron recurrentes los argumentos en relación con los efectos e impactos del conflicto armado en el municipio, las graves afectaciones que tendría la construcción de la hidroeléctrica en los planes de retorno y en las garantías para este, y en general, en la falta de consulta y de socialización del proyecto, que se engloba en la carencia de una participación real y efectiva de los pobladores. Finalmente, Cornare, después de tres recursos de reposición, de la recolección de firmas contra el proyecto y luego de una marcha en el casco urbano y de actividades culturales que realizaron los habitantes del municipio de San Carlos,

23 El proyecto de turismo para la paz “Fortalecer y consolidar una Red de Turismo de base comunitaria para la región del Oriente antioqueño” fue construido en el contexto del segundo Laboratorio para Paz del Oriente antioqueño, buscando “diseñar e implementar acciones locales y regionales desde el turismo rural responsable y comunitario (ecoturismo), en la perspectiva de desatar procesos de desarrollo en clave de sostenibilidad social, económica y ambiental en trece municipios del Oriente antioqueño”; para ello, propone “construir cohesión social, reconocimiento y valoración del turismo rural, priorización de la planificación y ordenación del territorio en lo turístico e incorporación de actividades económicas innovadoras complementarias a las existentes, en las distintas localidades donde se desarrolla el proyecto” (Prodepaz, 2008, p.91). Este proyecto también busca contribuir al desarrollo territorial y a la cohesión social de la región e incrementar el nivel de ingresos y el bienestar social de las familias afectadas por el conflicto armado en trece municipios del Oriente antioqueño. “Los municipios participantes están localizados en las subregiones de Altiplano, Bosques, Embalses, Páramo y Porce-Nus del Oriente antioqueño, algunos de ellos en áreas de alta complejidad político-social, pero de incalculable riqueza ambiental, cultural y paisajística para el desarrollo de la actividad turística rural” (Prodepaz, 2008, p.92). 24 Intervenciones de la comunidad que se encuentran en el acta de la audiencia pública de carácter ambiental del proyecto denominado “PCH La Chorrera de Puerto Rico, ubicada en el municipio de San Carlos”, realizada el 18 de abril de 2013 (Cornare, p.14).

Controversia 207 abril 2018.indd 249

6/25/2018 8:20:31 PM

250

Controversia 208

decidió revocar la licencia ambiental otorgada a este proyecto, sobre el argumento de la incompatibilidad con las zonas de bosques municipales y con las zonas de conservación ambiental declaradas por el consejo municipal, señalando, sin embargo, que los demás argumentos contra el proyecto fueron tomados en cuenta por Cornare a la hora de otorgar la licencia ambiental; asimismo, que en el eia “se evidencia el interés de trabajo con los habitantes del área de influencia”25 y que en este documento se contaba con un programa de desarrollo local turístico y con las debidas acciones de mitigación y compensación. Por otra parte, uno de los proyectos que se realizan en la subregión de Páramo es Hidroarma, que incluye la construcción de dos centrales hidroeléctricas con presa en el río Arma, la pch Cañaveral y la pch Encimadas, la primera con un potencial de generación de 80 000 kW y localizada en el municipio de Sonsón y la segunda con un potencial de generación de 94 000 kW y localizada en el municipio de Aguadas, departamento de Caldas. Las dos centrales hidroeléctricas son construidas por la empresa Hidroarma s.a., una sociedad mixta propiedad del Instituto para el Desarrollo de Antioquia idea. Estos dos proyectos, que ya cuentan con licencia ambiental y están próximos a ser construidos, han generado el rechazo general de la comunidad por los impactos en la producción agrícola y en la soberanía alimentaria, dada la poca socialización del proyecto con las comunidades y debido también a la expropiación, que ya comenzó a efectuarse a campesinos de las tierras necesarias para la construcción de estos proyectos. Según el Movete, no se socializa ni se informa a las comunidades adecuadamente sobre los proyectos, y cuando estos ya obtienen la licencia ambiental, se amenaza a los campesinos con la expropiación: “Amenazaron con la expropiación a quienes se opusieran a la venta de tierras” (Olaya, 2015, p.18). La figura legal que se utiliza para justificar la expropiación es la figura de utilidad pública e interés social, instrumento que respalda a 25 Ver Resolución 112 0719 de Cornare, “Por medio del cual se procede a resolver un recurso de reposición”, del 4 de marzo de 2014.

Controversia 207 abril 2018.indd 250

6/25/2018 8:20:31 PM

Conflictos socioambientales por neoextractivismo en el oriente del departamento de Antioquia

251

los proyectos de interés nacional y estratégico —Pines—, dentro de los cuales se incluyen los proyectos de minería y de hidroeléctricas y que fue otorgada para estos dos proyectos hidroeléctricos. Un caso similar se presenta con la construcción de la pch El Popal, ubicada en el municipio de Cocorná, con una capacidad instalada de 20 000 kW y llevada a cabo por la empresa internacional Helm Group Company hbi Banca de Inversión junto con la empresa hmv Ingenieros. Con la construcción de esta pch también se presentaron conflictos en relación con el aumento de los deslizamientos debido a fallas geológicas, el desabastecimiento de agua de varias veredas, la afectación a actividades sociales y económicas (por causa de los deslizamientos se vio afectado un “trapiche” para el procesamiento de la caña de azúcar y la generación de panela) y las expropiaciones de algunos predios rurales (Olaya, 2015). Entre los municipios de San Luis y de San Francisco en el río Calderas (afluente que ya se encuentra intervenido con la pch Calderas construida en los años ochenta) se encuentra en construcción la central hidroeléctrica a filo de agua San Miguel, proyecto con una capacidad instalada de 44 000 kW, propiedad de la empresa Helm Group Company hbi Banca de Inversión junto con la empresa hmv Ingenieros. Al proyecto fue otorgada la licencia ambiental en 2012 y fue declarado como proyecto de utilidad pública e interés social el mismo año, exacerbándose los conflictos y la oposición de los pobladores en el momento en que comenzaron las obras de construcción de este proyecto. De hecho, por la oposición de los pobladores, la construcción fue detenida durante un año, reanudándose finalmente en el año 2013. Hay casos constantes de destrucción de bienes públicos y privados y de pérdida de caminos veredales que utilizaban los campesinos, así como denuncias sobre el débil seguimiento que Cornare hace al proyecto y a la construcción y también sobre la afectación histórica que las comunidades, especial-

Controversia 207 abril 2018.indd 251

6/25/2018 8:20:31 PM

252

Controversia 208

mente de la vereda El Pescado (con influencia directa del proyecto), han sufrido por causa del conflicto armado26. A pesar de que las micro, mini y pequeñas centrales hidroeléctricas construidas a filo de agua son el centro de muchos de los conflictos que se presentan actualmente en el Oriente antioqueño, aún se presentan conflictos debido a la construcción de grandes centrales hidroeléctricas con embalse como es el caso del proyecto Provenir II, que espera intervenir el río Samaná Norte entre los municipios de San Carlos, Puerto Nare, Caracolí y San Luis. Este proyecto es propiedad de la empresa Celsia del grupo Argos y espera generar 352 MW, inundando 1902 hectáreas. Este proyecto se encuentra dentro de los proyectos Pines y cuenta, por lo tanto, con la declaratoria legal de utilidad pública e interés social, lo que lo “blinda” desde todos los aspectos legales. El Movete y las comunidades organizadas han llevado a cabo una lucha y una reivindicación contra este proyecto basándose principalmente en los impactos que la población del área de influencia sufrió con el conflicto armado en la década anterior. De esta manera, las veredas más afectadas por la guerra, en relación con desplazamientos y desapariciones forzadas, ahora se ven afectadas por el riesgo de despojo y de desapropiación que presupone este proyecto hidroeléctrico, ignorando de esta forma los procesos de atención a víctimas del conflicto armado y retrocediendo en los planes de reparación colectiva de la población. Si bien en el Oriente antioqueño los conflictos socioambientales en su mayoría se centran en la generación de energía, no dejan de ser preocupaciones latentes la minería y los títulos mineros que existen en esta

26 Según Olaya (2015), la vereda El Pescado es “una de las más afectadas por el conflicto armado ya que hubo asesinatos, masacres y desapariciones forzadas, ante lo cual esta población fue desplazada en su totalidad” (p.17). La Personería municipal de San Luis afirma también que “la vereda El Pescado, área de influencia directa del proyecto, se encuentra en situación de extremo abandono. Esto es más grave aún si se entiende que más allá de una condición de pobreza estructural, sufrió afectación grave del conflicto armado” (Personería Municipal de San Luis, 2015, p.13).

Controversia 207 abril 2018.indd 252

6/25/2018 8:20:31 PM

Conflictos socioambientales por neoextractivismo en el oriente del departamento de Antioquia

253

subregión. Resulta ejemplar la problemática que se vive en el corregimiento de Jerusalén, municipio de Sonsón, con la explotación de minas de gravas y calizas realizada por la multinacional Argos27 y que extrae aproximadamente 7200 toneladas de cemento al día (Olaya, 2015). Allí, las familias están siendo amenazadas por “un nuevo desplazamiento a nombre del desarrollo, esta vez representado por la explotación minera”28 y están siendo afectadas por la contaminación auditiva — dados los constantes ruidos de la explotación—, por la contaminación del aire, por la utilización del amonio que genera impactos en la salud, especialmente de los estudiantes de una escuela que se encuentra a doscientos metros y de los pobladores que viven a menos de cien metros de las minas, por la pérdida de caminos veredales y la restricción de la movilidad, y por la pérdida de la soberanía alimentaria. Antes de entrar esa empresa, esa fábrica, antes de montar esa planta ahí, las tierras eran buenísimas para nosotros sacar las cosechas, el maíz, el plátano, el frijol, vaya uno siembre ahora no da nada ya, debido a lo que han contaminado con lo que entran ahí para hacer el cemento, ahora quieren echarnos de ahí, no es justo, me parece a mí que no sea justo (Red de Acción Frente al Extractivismo, 2015)29.

A continuación, a partir de estos casos concretos de conflictos socioambientales, nos enfocaremos en dos temáticas que creemos fundamentales y que buscan profundizar tanto en las relaciones de poder del 27 A pesar que inicialmente los títulos mineros aparecen a nombre de empresas como Cementos Río Claro S.A., Procesadora de Cales Procecal S.A.S., Sociedad Asomardant, Minerales del Campo S.A.S., Ingetierras de Colombia S.A., Eurocerámica S.A., Cantera La Ceja S.A., Suministros de Colombia S.A., Alfagres S.A., Minerales Industriales S.A., Colombiana de Coloidales S.A., Cementos del Nare S.A., Vita Ltda., Estyma Estudios y Manejos Sociedad Anónima, en el Catastro Minero Colombiano —cmc— junto con estas empresas, en todos los títulos, aparecen las empresas Cementos Argos S.A. y Holcim. 28 Testimonio que se encuentra en el video de denuncia La piedra de Jerusalén, realizado por la Red de Acción Frente al Extractivismo, publicado el 20 de diciembre de 2015. 29 Ibid.

Controversia 207 abril 2018.indd 253

6/25/2018 8:20:31 PM

254

Controversia 208

neoextractivismo como en las relaciones de r-Existencia y movilización social: el neodesarrollismo neoliberal del “consenso de las commodities” y las luchas por justicia y deuda ambiental.

Neodesarrollismo neoliberal del “consenso de las commodities” Desde de la formación histórica y geográfica del Oriente antioqueño, relacionada históricamente con la construcción de grandes centrales hidroeléctricas y de varias infraestructuras en los años setenta, y actualmente, con los megaproyectos de minería e hidroeléctricas, nos parece fundamental discutir los conflictos socioambientales actuales a partir de las formas de privatización-explotación-mercantilización de los bienes de la naturaleza que comienzan en los años noventa del siglo xx y que continúan, a la vez que se transforman, en la primera mitad del xxi. De esta manera, entendemos que la extracción minera a cielo abierto y las hidroeléctricas hacen parte de reconfiguraciones globales actuales en las dinámicas de poder y de acumulación de capital, en las que el sur global en general y América Latina, en particular, adquieren una importancia fundamental (Seaone, 2012). Así, las especificidades en la consolidación de la megaminería y de las hidroeléctricas en el Oriente antioqueño se entrelazan de forma compleja con las dinámicas globales, históricas y actuales, de poder y de acumulación. Vimos, por ejemplo, que las primeras grandes centrales hidroeléctricas construidas en el oriente de Antioquia en los años setenta y ochenta no solo fueron iniciativa del Estado nacional y departamental, sino que también contaron con el apoyo económico y político abierto del bm y del bid30. La construcción de estas hidroeléctricas, por lo tanto, se rela-

30 Como señalamos anteriormente, todas las primeras hidroeléctricas construidas en el Oriente antioqueño en los años setenta y ochenta tuvieron el apoyo económico y político del Banco Mundial —bm— y algunas del Banco Interamericano de Desarrollo —bid—. Pero este apoyo económico y político no solo fue dado a las hidroeléctricas en esta región, sino también a otras grandes centrales hidroeléctricas

Controversia 207 abril 2018.indd 254

6/25/2018 8:20:31 PM

Conflictos socioambientales por neoextractivismo en el oriente del departamento de Antioquia

255

ciona directamente con las dinámicas de reorganización socioterritorial del poder y de la acumulación a escala global que se consolidaron en estos años, y dentro de las cuales se impulsaron en América Latina procesos de liberalización de los mercados, políticas de desregulación y de privatización, que incluían los bienes naturales, fortalecimiento del sector financiero y agroexportador, entre otros procesos que se impusieron en su totalidad en los años noventa a partir del Consenso de Washington (Guiarracca y Teubal, 2013). La mercantilización del agua y de la energía, consolidada en esta época en varios países latinoamericanos y especialmente en Colombia, y que abrió el camino para la construcción de estas hidroeléctricas, constituye una clara muestra de estas dinámicas de reorganización socioterritorial del poder y de acumulación a escala global. El neoliberalismo posibilitó así no solo la construcción de estas centrales hidroeléctricas, sino que también sentó las bases de la mercantilización de la naturaleza que vivenciamos en el presente, reconfigurada la ya tradicional economía primario-exportadora de América Latina (Guiarracca y Teubal, 2013). Para algunos autores, por lo tanto, el neoliberalismo, entendido como la reorganización socioterritorial de las relaciones de poder y de acumulación a escala global, fue la respuesta a la crisis sistémica de los años setenta —del periodo post Segunda Guerra Mundial—, así como a las iniciativas de control nacional estatal de los bienes naturales —especialmente el petróleo—, y de industrialización, —modelo de sustitución de importaciones isi—, que estaban siendo construidas en la región31. Para reactivar las dinámicas de poder construidas en otras partes del país, como la central hidroeléctrica de Anchicayá, localizada en el departamento del Valle del Cauca, y la central hidroeléctrica La Salvajina, localizada en el departamento del Cauca. Especialmente, la central hidroeléctrica La Salvajina contó con el apoyo del bid, pero además del fondo japonés Overseas Economic Cooperation, que otorga préstamos a países en desarrollo para proyectos estratégicos, el Export and Import Bank —Eximbank—, también de Japón, y el Banco Girozentrale de Austria. (Campaña Prohibido Olvidar, 2004). 31 Según Machado (2011), “el neoliberalismo —considerado como expresión de las estrategias de resolución a la crisis sistémica de los setenta ensayadas desde los

Controversia 207 abril 2018.indd 255

6/25/2018 8:20:31 PM

256

Controversia 208

y de acumulación a escala global en el marco de la crisis del sistema capitalista, el neoliberalismo en América Latina hizo un énfasis especial en la comercialización de las “materias primas”, es decir, en el dominio y el control sobre los bienes naturales de la región (Machado, 2011). Las relaciones de poder a nivel mundial reconfiguran el papel estratégico de América Latina (Rodrigues y Gonçalves, 2013) y el imperialismo ecológico necesario para la acumulación y la expansión del capital. La consolidación de las bases institucionales y legales para la entrada y el desarrollo de capitales mineros globales en Perú, Ecuador y Bolivia en el año 1991 y en México en 1992 son una muestra de la centralidad que adquieren en el mapa de poder mundial los bienes naturales, en este caso minerales, de la región32.

centros mundiales de poder— puede ser entendido, en última instancia, como una profunda reorganización socio-territorial de la acumulación a escala global, en tanto dispositivo geopolítico destinado a redefinir las modalidades del imperialismo ecológico” (pp.150-151), y continúa: “las políticas ‘nacionalistas’ de los países periféricos no solo alimentaron una crisis a nivel del régimen mundial de poder sobre el que se asienta la dinámica de la acumulación capitalista, sino también una crisis de gobernabilidad al interior de las sociedades centrales, las cuales en buena medida resolvían su ecuación de gobernabilidad mediante la exacerbación consumista, ‘externalizando’ su peso ecológico a los países dependientes” (p.154). Seaone (2012), por su parte, afirma que “la crisis económica internacional abierta a fines de 1929 y su prolongación en la Segunda Guerra Mundial supuso una alteración —más o menos profunda según los países— de la matriz primario-exportadora de las economías latinoamericanas y la aparición de los proyectos de industrialización en la región […]. La transformación neoliberal a partir de los años setenta puso fin a esa fase del capitalismo y del sistema mundo de posguerra y, en sus particulares consecuencias en nuestra región, supuso un proceso de desindustrilización relativa, reprimarización económica y recolonización que sentó las bases del actual modelo extractivo exportador” (p.4). 32 El caso de Chile, por ejemplo, es particular en la medida en que fue el primer país en América Latina en consolidar estas bases institucionales y legales para la entrada de capitales mineros en el país durante la dictadura de Pinochet (1973-1988). Colombia también es un caso particular, ya que consolidó estas bases en 2001, tardíamente en relación con otros países latinoamericanos, lo que Vicente et al. (2011) relacionan con los enfrentamientos armados que se desarrollaban en varias partes del país y que atrasaron la entrada de las multinacionales en los territorios.

Controversia 207 abril 2018.indd 256

6/25/2018 8:20:31 PM

Conflictos socioambientales por neoextractivismo en el oriente del departamento de Antioquia

257

Enredado complejamente con este proceso político y económico del neoliberalismo (Grosfoguel, 2008; Gómez y Grosfoguel, 2007), existe desde los años cincuenta, en el periodo post Segunda Guerra Mundial, una reactualización del discurso del progreso, representado en el auge del pensamiento del desarrollo que tuvo como punto simbólico de partida el discurso pronunciado por el presidente Truman en 194933. A partir de esta coyuntura política, fueron sentándose y consolidándose en la segunda mitad del siglo xx —en paralelo con las políticas neoliberales— las bases de este gran relato homogeneizante: el crecimiento, la productividad y la modernización (Svampa, 2012). Así, junto con el relato del desarrollo también nace el relato del subdesarrollo y del tercer mundo, de manera que va renovándose la creencia de que los países pobres, dentro de los que se incluyen los de América Latina, deben seguir un “recetario” de políticas y propuestas para alcanzar el desarrollo y los niveles de vida e industrialización de los países del primer mundo (Quintero, 2015). Estas estructuras, embrolladas complejamente con el desarrollo y el neoliberalismo, han ido renovándose y transformándose con el paso del tiempo, configurando el actual neodesarrollismo neoliberal de Colombia y de otros países de América Latina como Perú y México. Debido a nuevas crisis en el sistema capitalista, que Harvey (2005) y Seaone (2012) atribuyen al desplome de los activos inmobiliarios en Estados Unidos, la especulación financiera se traslada, aproximadamente desde

33 Según Quintero (2015), en el periodo post Segunda Guerra Mundial que consolida a Estados Unidos como principal potencia hegemónica, se reestructuran las relaciones internacionales y se modifica la idea/fuerza del desarrollo. Dentro de esta reestructuración, se crean instituciones globales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, “encargadas de defender y fortalecer la acumulación mundial de capital y mantener sus desigualdades”. La idea/fuerza de desarrollo va a configurarse como una de las orientaciones motrices de este nuevo orden mundial, colocándose en un espacio central dentro de los procesos de reconfiguración global, tanto en el funcionamiento del sistema capitalista como en las formas de clasificación social […]. El discurso de Harry Truman en 1949 será el reconocimiento público del lugar alcanzado por la vieja novedad del desarrollo” (p.142).

Controversia 207 abril 2018.indd 257

6/25/2018 8:20:31 PM

258

Controversia 208

2005, a los bienes de la naturaleza, incrementando el precio y valorizando las commodities de América Latina. Según Svampa (2012), este proceso marca un cambio en el modelo de acumulación, pasando del Consenso de Washington al “Consenso de las commodities”, en el que, debido al boom en los precios internacionales de materias primas, se intensifica el control, la extracción y las exportaciones de bienes naturales y en el que surgen nuevas formas de dependencia y dominación y se profundizan las dinámicas de desposesión y despojo de tierras y territorios34. Las características principales que asume este neodesarrollismo neoliberal en el Consenso de las commodities se basan en la generalización del modelo extractivo exportador, en la intensificación de los procesos de privatización-mercantilización-explotación de la naturaleza y de la vida, en la gran escala de los emprendimientos y, por lo tanto, en los mayores riesgos e impactos socioambientales —amenaza seria a la sustentabilidad ecológica planetaria—, en el aumento de la dependencia de los espacios socioproductivos locales al mercado internacional, en una demanda mayor de los países “desarrollados” a los países dependientes de materias primas, en la expansión de la frontera hacia territorios considerados improductivos, en la altísima fragmentación social y 34 Svampa (2012) propone el término de “Consenso de las commodities” para referirse a los procesos actuales de acumulación en América Latina caracterizados por la intensificación de los procesos de explotación de la naturaleza y por la intensificación de nuevas formas de dependencia y de dominación, así como de despojo de tierras y territorios, pero también para resaltar “la consolidación de un sistema de dominación, diferente al de la década de 1990, pues refiere menos a la emergencia de un discurso único, que desestima el rol de las ideologías o celebra el neoliberalismo como horizonte insuperable de nuestra época y alude más a una serie de ambivalencias y paradojas, que marcan la coexistencia y el entrelazamiento entre ideología neoliberal y neodesarrollismo progresista” (p.21). De esta manera, el neoextractivismo del Consenso de las commodities no solo está ligado al neodesarrollismo neoliberal de países como Colombia, Perú y México, sino también al progresismo latinoamericano reciente, en el que el discurso del desarrollo se adapta para justificar una matriz extractiva sobre bases nacionalistas y supuestamente redistributivas. Por lo tanto, podríamos hablar también de neodesarrollismo progresista.

Controversia 207 abril 2018.indd 258

6/25/2018 8:20:31 PM

Conflictos socioambientales por neoextractivismo en el oriente del departamento de Antioquia

259

regional, en la devastación de las formas económicas y sociales existentes —reorientación de la economía de pueblos enteros y de sus estilos de vida—, en la violación sistemática a los derechos humanos y en el surgimiento y consecuente expansión de los movimientos socioambientales (Svampa, 2012; Svampa y Antonelli, 2009). Dentro de estas características nos parece fundamental rescatar tres puntos importantes que nos ayudan a comprender el caso del Oriente antioqueño. El primero es la alta y creciente concentración y centralización de capitales del neodesarollismo neoliberal. De esta manera, se aumentan la importancia del capital transnacional y la concentración del poder en pocas megacorporaciones35, así como la movilidad espacial adquirida por el gran capital transnacional y nacional. Así, los capitales traspasan las fronteras nacionales, llegan a los territorios locales convirtiendo estos en unidades productivas privadas, en espacios “vacíos” y mercantilizables, permanecen por un tiempo y parten después en busca de nuevos mercados de explotación y de consumo, dejando, sin embargo, estos territorios en la mayor devastación y desolación, característica de los paisajes de la acumulación por desposesión de la periferia capitalista (Harvey, 2005). El segundo es el uso de tecnologías de punta y la innovación técnica como característica fundamental de este modelo de acumulación. De esta manera, crecen y se consolidan nuevas técnicas de extracción y explotación como la minería a cielo abierto y las centrales hidroeléctricas a filo de agua y sin embalse. De las clásicas explotaciones de socavón, asistimos actualmente a los procesos de detección por satélite de los minerales, de “sofisticados” mapeos topográficos y geográficos —con el objetivo de identificar el grado de diseminación de los materiales—, 35 Esto es evidente en el caso de Holcim, empresa transnacional de Suiza, Anglogold Ashanti, empresa transnacional de Sudáfrica, Helm Group Company, de Estados Unidos y, en el caso también de empresas colombianas, Argos, la cual fue absorbiendo poco a poco y desde los años noventa varias cementeras colombianas en un proceso claro de centralización y concentración de capital.

Controversia 207 abril 2018.indd 259

6/25/2018 8:20:31 PM

260

Controversia 208

de voladuras enteras del suelo —montañas convertidas en rocas— y de aplicación de sustancias químicas —cianuro, mercurio— licuadas con grandes cantidades de agua para la separación de materiales. La minería a cielo abierto es, por lo tanto, una técnica de explotación intensiva y desmesurada en el uso de bienes de la naturaleza, no solo del subsuelo, tierra y minerales, sino también de agua y energía (Svampa y Antonelli, 2009). En el caso de las centrales hidroeléctricas, actualmente van perdiendo importancia las grandes centrales con embalse para ganar en relevancia y expansión las pequeñas y micro centrales hidroeléctricas. Este proceso hace parte de la deslegitimidad que adquirieron en los años noventa las grandes centrales hidroeléctricas con embalse, después del auge de estas construcciones impulsado por el bm en los años setenta del siglo anterior, no solo en Colombia y en el Oriente antioqueño, sino en varios países de América del Sur y del mundo. Efectivamente, gracias a grandes movilizaciones sociales que resaltaban los impactos socioambientales negativos de estas construcciones y que ponían en tela de juicio su legitimidad basada en la generación de “energía limpia”, la construcción de grandes centrales hidroeléctricas con embalse se redujo, y en su lugar, comenzaron a impulsarse nuevas técnicas para la generación de energía por medios hidráulicos36. Es así como se im36 El cuestionamiento a los efectos de las grandes centrales hidroeléctricas con embalse comenzó a finales de la década de los noventa, cuando los impactos socioambientales y las consecuentes movilizaciones sociales en varias partes del mundo contra estas construcciones aumentaron y se hicieron imposibles de ignorar. Es así como el mismo bm incentivó la formación de un grupo de debate, que después se convertiría en la Comisión Mundial de Represas —cmr—, para analizar los aspectos controversiales asociados a la construcción de grandes represas. En los informes de esta comisión se hacen evaluaciones a los desempeños de las grandes represas, se resalta la necesidad de acrecentar el desarrollo humano sostenible, se incentiva la búsqueda de opciones para expandir los servicios de agua y energía (dentro de las que se resaltan las opciones de pequeña generación), se proponen opciones para la disminución de los impactos socioambientales y se reconoce la importancia de obtener la aceptación pública de los proyectos. Para más información, ver: Comisión Mundial De Represas (2000). Represas y desarrollo: un nuevo marco para la toma de decisiones. Reporte final de la Comisión Mundial de

Controversia 207 abril 2018.indd 260

6/25/2018 8:20:31 PM

Conflictos socioambientales por neoextractivismo en el oriente del departamento de Antioquia

261

pulsaron las construcciones a filo de agua, que basan su potencia en el caudal del río y no en la acumulación artificial del agua, a diferencia de las centrales hidroeléctricas con embalse que no dependen del caudal y cuya capacidad de generación es más constante y continua (Godoy, 2013). Estas construcciones se impulsan teniendo como base la reducción de los impactos socioambientales que generan las grandes centrales con embalse, ya que no es necesario inundar grandes cantidades de tierra, lo que sin embargo no significa que haya una reducción real de sus efectos, teniendo en cuenta que se construyen con la misma racionalidad economicista del capitalismo neoliberal. El tercer punto que queremos resaltar es el papel que asume el Estado en el neodesarrollismo neoliberal. En este modelo de acumulación, los Estados nacionales profundizan las características del Estado metaregulador, encargado de abrir espacios para los reguladores no estatales, constituyéndose como un simple actor más y dejando en manos de las empresas transnacionales la reglamentación de varios aspectos de la vida social. De esta forma, los Estados nacionales son los encargados de viabilizar la entrada de las empresas a los territorios, mediante la modificación de legislaciones y políticas ambientales, otorgando las garanticas jurídicas y fiscales que permiten la consolidación de estas en los territorios, construyendo las infraestructuras y organizando los espacios para adecuarlos al mercado internacional de las commodities (Zhouri y Laschefski, 2010). Si bien los Estados nacionales —y en este caso, el colombiano— no son estructuras homogéneas ni estáticas, ya que presentan contradicciones e incoherencias internas y entran algunas veces en relaciones contradictorias con las empresas (Harvey, 2014), la mayoría de las veces anidan sus esfuerzos para crear las bases institucionales y territoriales que atraigan al capital extranjero (Zhouri y Laschefski, 2010), presentando este proceso bajo las perspectivas del neodesarrollismo neoliberal. La política de “confianza inversionista” del expresidente Álvaro Uribe VéRepresas, versión original en inglés en el Reino Unido y Estados Unidos. Earthscan Publications Ltd.

Controversia 207 abril 2018.indd 261

6/25/2018 8:20:31 PM

262

Controversia 208

lez es una clara muestra de la organización del espacio desde el Estado colombiano en pro de los proyectos extractivos y de las dinámicas de poder y de acumulación global. Así, encontramos que en Colombia, a partir del año 2001 comienzan, desde el Estado nacional, a sentarse las bases para la entrada de capitales transnacionales en la minería con la creación del Código Minero, y que años después, aproximadamente desde el 2007 —una entrada tardía debido a la situación de conflicto armado que vivía la región—, en el Oriente antioqueño se renuevan los intereses extractivistas representados en la gran minería y en la construcción de grandes, pequeñas y microcentrales hidroeléctricas. Estos emprendimientos son vistos desde el Estado nacional y departamental como las claves del desarrollo, tal como puede observarse en los planes de desarrollo departamentales —“La presente administración departamental se propone como meta incentivar el desarrollo minero para que el aporte al pib de Antioquia llegue al 2,4 % y que se generen al menos 25 mil empleos en el sector” (Gobernación de Antioquia, 2008, p.164)— y en los planes de desarrollo nacionales —“El sector minero-energético seguirá siendo uno de los motores de desarrollo del país, a través de su aporte al crecimiento económico, al aparato productivo, al empleo rural y a la inversión privada” (Departamento Nacional de Planeación, 2015, p.140)—. Finalmente podemos decir, a partir de estas características y puntos resaltados, que esta dinámica de privatización-mercantilización-explotación de los bienes naturales en el neodesarrollismo neoliberal no puede tener otro resultado que el de aumentar las tensiones sociales, los conflictos socioambientales y las resistencias en América Latina (Zhouri y Laschefski, 2010). Este modelo, que tiene sus bases en la intensificación y en la constante recreación de formas de dominación sobre la naturaleza y los territorios, no solo genera la devastación de los bienes naturales, sino que, de forma paralela, degrada la vida y la dignidad humanas. El proceso de mercantilización del mundo presupone así la reducción de la naturaleza y de la vida humana a meras mercancías, y

Controversia 207 abril 2018.indd 262

6/25/2018 8:20:31 PM

Conflictos socioambientales por neoextractivismo en el oriente del departamento de Antioquia

263

ratifica la siniestra dominación de la naturaleza a la vez que destruye la capacidad de los seres humanos de afirmarse fuera de la lógica mercantil capitalista (Harvey, 2014). Es debido a esto que evidenciamos en el Oriente antioqueño el crecimiento actual de los conflictos y de las r-Existencias, por lo que a continuación nos acercaremos a las lógicas históricas y espaciales enmarcadas en las luchas por justicia ambiental y por los significados otros de la naturaleza.

Justicia y deuda ambiental y significados otros de la naturaleza Uno de los aspectos más importantes que pudimos observar en las resistencias históricas y actuales del Oriente antioqueño fue la lucha por justicia ambiental, la cual se enmarca primordialmente en una reivindicación por la distribución equitativa de los beneficios y de los perjuicios de los grandes proyectos extractivos. La lucha contra la desigualdad ambiental se basa en la distribución desigual de poder en la apropiación de bienes de la naturaleza, así como en “la capacidad diferenciada que tienen los agentes de producir impactos indeseables para toda la sociedad y para los grupos más vulnerables en particular” (Coletivo Brasileiro de Pesquisadores da Desigualdade Ambiental, 2012, p.165). De esta manera, y como lo señala Porto-Gonçalves (2006), cuando se pide a toda la sociedad que ahorre agua o energía o que haga su parte, se está desconociendo que los grupos sociales que se benefician de las dinámicas de poder también son responsables por los impactos socioambientales, contaminación, derrumbes, enfermedades, desplazamientos, destrucción de relaciones de sustento de la vida, de sistemas socioculturales y de dinámicas territoriales que causan los grandes proyectos. Así, los grupos sociales que se benefician de las relaciones de poder —en este caso, las empresas transnacionales y nacionales que llevan a cabo los proyectos y el Estado nacional, específicamente, en sus alianzas público-privadas— no solo son los responsables directos de los impactos socioambientales de los grandes proyectos, sino que,

Controversia 207 abril 2018.indd 263

6/25/2018 8:20:31 PM

264

Controversia 208

además, son los culpables de la distribución espacial inequitativa de estos impactos (Coletivo Brasileiro de Pesquisadores da Desigualdade Ambiental, 2012). Por lo anterior, a la dinámica de separación espacial de los centros de producción de materias primas de los centros de transformación e industrialización, que caracteriza el proceso de división internacional del trabajo, se le agrega también la separación espacial de los grupos sociales que se benefician económica y políticamente de los grandes proyectos extractivos de aquellos que tienen que soportar los impactos y los perjuicios que inevitablemente estos proyectos generan, ya que se encuentran basados en una visión de dominio-explotación de los bienes naturales y, por lo tanto, de su inevitable destrucción y devastación. Es así como, en los países de la periferia, al igual que en las periferias y regiones límite de los territorios nacionales, se concentran los impactos y efectos del neoextractivismo y del neodesarrollismo neoliberal. Vimos cómo, en el caso del Oriente antioqueño, los grandes proyectos de minería y de construcción de hidroeléctricas afectan nuevamente a los históricamente marginados, comunidades campesinas que derivan su sustento de la agricultura familiar y pescadores y mineros artesanales que habitan principalmente en los municipios del “oriente lejano y su periferia”. A este respecto, Olaya (2012) señala que las primeras grandes centrales hidroeléctricas construidas en los años setenta en esta zona no se levantaron allí solamente debido a las condiciones hidrológicas y topográficas favorables, sino también debido a que no se reconocieron las importantes relaciones territoriales, económicas, sociales y culturales que en estos lugares existían y se habían construido. Esta invisibilidad está en la base también de los beneficios y ganancias de los proyectos, ya que al asumir que no hay procesos de Existencia en los territorios, no hay necesidad de asumir los costos de los impactos socioambientales y, por lo tanto, la productividad aumenta. La importancia de los cultivos de café, plátano, maíz, fríjol, tomate, arracacha, papa, yuca, frutales, cabuya y pastos, al igual que la minería y

Controversia 207 abril 2018.indd 264

6/25/2018 8:20:31 PM

Conflictos socioambientales por neoextractivismo en el oriente del departamento de Antioquia

265

la pesca, sustento de los municipios más adelante afectados, fueron subestimados por los planificadores de las centrales hidroeléctricas. Mucho menos se consideró la afectación social que se iba a producir, acorde con la densidad de población campesina ubicada en estos lugares, lo mismo que los problemas climáticos y medioambientales que ocasionan las represas (Olaya, 2012, p.69).

De esta manera, es importante señalar que las comunidades campesinas y de pescadores y mineros artesanales ya se encontraban r-Existiendo en los territorios donde años después fueron construidas las primeras hidroeléctricas de los años setenta, y ya venían apropiándose de estos territorios mediante la espacialización de sus relaciones sociales, económicas y culturales, en un proceso intenso de “colonización” de estas tierras37. Cuando estas comunidades producían y reproducían procesos 37 La “colonización antioqueña” es un nombre que se le asigna generalmente a un proceso de expansión de las élites antioqueñas en el siglo xx ligado a la economía del café. Sin embargo, los procesos de “colonización” en varias partes del país y en el departamento de Antioquia también fueron procesos en los que campesinos pobres y sin propiedades se desplazaron en busca de tierras hacia otros territorios del país que hasta ese momento se encontraban geográficamente aislados o poco poblados, principalmente a finales del siglo xviii y comienzos del siglo xix (aunque también hubo una continuidad de este proceso en el siglo xx). Estos procesos tienen en Antioquia una especificidad importante debido, por un lado, a la magnitud de familias campesinas que se desplazaron, y, por otro lado, a la importancia de las explotaciones auríferas coloniales que se realizaban allí y que también fueron uno de los ejes que impulsaron la movilidad de la población y la búsqueda de nuevas tierras. De esta manera, y teniendo también como marco la gran concentración de tierras que se configuró desde la época colonial, miles de familias campesinas pobres migraron en búsqueda de tierras y de nuevas minas de oro, construyendo en los nuevos territorios procesos de r-Existencia. Efectivamente, en los territorios a los cuales llegaban (principalmente la subregión del Suroeste Antioqueño y las regiones límites de los departamentos de Quindío, Caldas y Valle del Cauca), estas familias reprodujeron sus modos de vida, costumbres y tradiciones en un proceso profundo de apropiación territorial, mediante el cual se consolidó la pequeña propiedad campesina en contraposición a la gran concentración de tierras presente en el país. En el caso del Oriente antioqueño y de los municipios más cercanos al río Magdalena y más cercanos al departamento de Caldas, y por tanto más lejanos de Medellín y del centro del departamento, este proceso de colonización de tierras fue primordial y es una de las características principales de los procesos de apropiación territorial de los municipios de San Carlos, San Luis, San Rafael, Sonsón, Argelia

Controversia 207 abril 2018.indd 265

6/25/2018 8:20:32 PM

266

Controversia 208

de apropiación territorial y de Existencia, llegaron estos grandes proyectos a transformar intensa y drásticamente las relaciones que habían construido. Es en este momento cuando el sentimiento de injusticia en las poblaciones comenzó a generarse, inicialmente en los municipios que fueron afectados por estas obras —El Peñol y Guatapé— y después expandiéndose a gran parte del Oriente antioqueño, consolidándose así los movimientos cívicos en la región (Olaya, 2012; García y Aramburo, 2011). De esta forma, los pobladores del Oriente antioqueño comenzaron a sentir que además de tener que soportar los impactos de la construcción de las hidroeléctricas, no recibían ningún tipo de beneficio y, por el contrario, tenían que pagar el costo de estas obras a través del cobro de la factura de la energía eléctrica. En este momento se construye el sentimiento de “colectividad injustamente tratada por el Estado” (García y Aramburo, 2011), que conllevó finalmente a la creación de los movimientos cívicos del Oriente antioqueño de los años setenta y ochenta. Efectivamente, la injusticia, ligada estrechamente con el sentimiento de imposición de proyectos “desde afuera” (García, 2007), va a ser una de las pautas fundamentales que desencadenará los procesos de movilización social en el Oriente antioqueño, no solo en esa época, sino también actualmente. La fuerte movilización de los movimientos cívicos reveló la poca consideración o debate que hubo en torno a los reales riesgos e impactos de la construcción de grandes centrales hidroeléctricas, cuestionando la misma idea del desarrollo y del crecimiento que fue proclamada y auspiciada en relación con estos proyectos (Campaña Prohibido Olvidar, 2014). La movilización en el Oriente antioqueño también estableció como pauta fundamental la necesidad de participación de las comuni-

y Nariño. Para más información, ver: Lenis Ballesteros, César Augusto (2009). Las otras colonizaciones en Antioquia. El caso del nordeste antioqueño, 1824-1886. Historia y Sociedad, (16), 23-48.

Controversia 207 abril 2018.indd 266

6/25/2018 8:20:32 PM

Conflictos socioambientales por neoextractivismo en el oriente del departamento de Antioquia

267

dades y poblaciones afectadas en la toma de decisiones sobre el qué y el cómo mitigar y compensar. Esta reivindicación vuelve a surgir actualmente en el Movete, donde se denuncia que las empresas imponen las medidas de compensación que les parecen apropiadas y las comunidades se ven obligadas a aceptar, pues o acceden a las indemnizaciones ofrecidas o simplemente no hay más38. Pero las reivindicaciones en el Oriente antioqueño no son solo por justicia ambiental, también lo son por la deuda ambiental. Esta es otra forma de construir la lucha alrededor de la huella, de los efectos e impactos socioambientales ya ocasionados en el territorio y debido los cuales “no es justo seguir sacrificando más territorio”39. Desde esta perspectiva, el Oriente antioqueño ya ha dado su “cuota de impactos” en favor de ese desarrollo y no es justo continuar con la dinámica extractivista en una región que ya vivió la devastación y la cara oculta —o no tan oculta, en realidad— del neoliberalismo. Pero, junto con estas reivindicaciones en torno a la justicia y deuda ambiental, se encuentra también otro punto fundamental: los significados otros de la naturaleza y del territorio que construyen históricamente los habitantes del Oriente antioqueño. En el Oriente antioqueño, una de las bases a partir de las cuales se construye la defensa por la vida y el territorio son los significados colectivos que se le atribuyen a ciertos espacios y que no responden a una lógica puramente mercantil o a una racionalidad moderna de explotación-privatización de la naturaleza, como lo observamos en los casos de conflictos por las pequeñas y microcentrales hidroeléctricas. De esta forma, la belleza del paisaje, de las aguas y de las montañas, la relación sociocultural establecida con los ríos como lugares de fiestas, de socialización comunitaria, de experien38 Información obtenida de entrevista realizada a Carlos Olaya, miembro del Movete, en trabajo de campo en Antioquia en abril de 2016. 39 Información obtenida en entrevista realizada a Evelio García, integrante del Movete, en trabajo de campo en Colombia y en el departamento de Antioquia en mayo de 2016.

Controversia 207 abril 2018.indd 267

6/25/2018 8:20:32 PM

268

Controversia 208

cias de vida, e incluso, las relaciones de producción-sustento de la vida percibidas como actividades ancestrales, como la agricultura, la pesca y la minería artesanal, son fundamentales para la movilización de las comunidades. Vimos cómo estas relaciones, basadas más en un valor de uso que en un valor de cambio, han sido construidas históricamente por años de Existencia, r-Existencia y movilización social (movimientos cívicos, movimiento Oriente Unido y movimientos por la paz) de los pobladores del Oriente antioqueño. De esta forma, la defensa actual que hace Movete del “tejido social rural, de las costumbres, de la ancestralidad, de los lazos familiares, de la vecindad y de la amistad” (Olaya, 2015, p.18) se basa en la protección de relaciones socioculturales “que se forman y están informadas por las experiencias de vivir en un lugar específico” (Oslender, 2007), de manera que están ancladas espacialmente y se entrelazan de forma compleja con los espacios físicos y con los bienes naturales. Así, el espacio vivido, el espacio cotidiano de la Existencia y de la r-Existencia, el espacio de las experiencias de vida, individuales y colectivas se defiende de la misma forma que a las propias relaciones sociales, culturales y económicas de las poblaciones del Oriente antioqueño. “El río une a las personas, forja amistades”40, la cascada es “patrimonio natural y paisajístico del pueblo”41, “es un paisaje muy bonito lleno de selva”42; son testimonios que muestran la relación no mercantilista ni puramente

40 Testimonio de los habitantes de San Luis que se encuentran registrados en la sistematización que el movimiento Vigías del Rio Dormilón construyó de su proceso de lucha y reivindicación. El documento “Sistematización del proceso ciudadano por la protección y defensa del Río Dormilón”, fui facilitado por el movimiento Vigías del Rio Dormilón en trabajo de campo en Abril de 2016, pero aún no ha sido publicado oficialmente. 41 Testimonio obtenido de la noticia “La micro central hidroeléctrica La Chorrera (pch) municipio de San Carlos” publicada el 22 de abril de 2014 por Dubier Felipe Herrera. http://micrlchorrera.blogspot.com.br/2014/04/la-microcentral-Hidroeléctrica-la.html 42 Entrevista realizada a Carlos Olaya miembro del Movete en marzo de 2016 en trabajo de campo.

Controversia 207 abril 2018.indd 268

6/25/2018 8:20:32 PM

Conflictos socioambientales por neoextractivismo en el oriente del departamento de Antioquia

269

economicista con los bienes de la naturaleza mantenida por los pobladores del Oriente antioqueño, así como el entramado complejo que han construido las personas entre sí, y las relaciones con el espacio, de los seres humanos con la naturaleza, “lo que significa el río Samaná: comida, alegría, sustento, nuestra cultura de abuelos, de la familia, la familia es la unión de la comunidad […] Somos como una especie más que depende de ese río”43. De esta manera, los bienes de la naturaleza son parte integral de la totalidad de las relaciones sociales y comunitarias, son cómplices inseparables de los modos de vida de campesinos, pescadores y mineros artesanales: “para nosotros el río es todo, es nuestra vida, nuestra forma de vida, cuando hay subienda es la dicha de nosotros, toda la vida en este río, naciendo en una canoa”44. Por esto, la defensa de la vida es al mismo tiempo la defensa del territorio, la defensa de los bienes naturales es la defensa de todas las relaciones sociales, culturales, económicas; es la defensa de la Existencia, construida y consolidada en un lugar específico del mundo, un lugar pleno de sentidos y de experiencias de la existencia social, un lugar del que han sido desplazados, pero un lugar al que vuelven r-Existiendo y movilizándose. “Ellos dicen que nos reubican, pero ¿a dónde? Si uno es aquí donde tiene lo de uno, donde uno se crio y ahí tiene de dónde vivir”45. En las reivindicaciones y luchas del Movete no está separada la lucha de la vida de la lucha por el territorio, de manera que la naturaleza y la vida no son vistas como objetos separados, como falsas disyuntivas;

43 Testimonios que se encuentran en el documental “Represando el Porvenir” de la serie documental Memoria y Territorio realizado por la Escuela de Creación Documental–Área de Comunicaciones de la Asociación Campesina de Antioquia aca. Producciones EL RETORNO 2014 44 Ibid. 45 Ibid.

Controversia 207 abril 2018.indd 269

6/25/2018 8:20:32 PM

270

Controversia 208

son vistos así, en su totalidad, como naturalezavida46. De esta manera, la felicidad, el bienestar, la vida digna, las necesidades de la comunidad no pueden estar separados de la convivencia en armonía con la naturaleza (Movete, 2015), de la defensa de “nuestro río”, de “nuestro páramo”47. La naturaleza y los bienes naturales adquieren aquí otro matiz, otra lógica de enunciación, otros sentidos que difieren de la racionalidad moderna y de la lógica de acumulación de capital que los convierte en recursos, en objetos predispuestos a la explotación y a la ganancia económica (Leff, 2014). Todo lo anterior conlleva a que se apueste actualmente por el no rotundo a los proyectos hidroeléctricos y mineros en el Oriente antioqueño, relacionado con la experiencia histórica de Existencia y movilización social. De esta manera, por un lado, se tiene una experiencia en la lucha por justicia ambiental, que envuelve la lucha por mitigaciones y compensaciones, y por otro lado, se tiene una lucha por la deuda ambiental, enmarcada en una memoria territorial que encierra la huella dejada tanto por los impactos socioambientales del extractivismo en sus territorios como por las posibilidades de resistencia y movilización social; y, finalmente, se tiene todo un arraigo territorial enmarcado en significados otros de la naturalezavida, culturales, sociales, económicos y políticos. Todo lo anterior permite que se afiance el no a los proyectos neoextractivos, reivindicándose la lucha por la redistribución, tanto de las ganancias como de las pérdidas del neodesarrollismo neoliberal, así como también por el reconocimiento de los territorios que son apropiados y habitados por comunidades y poblaciones con modos de vida y Existencia particulares y específicos (Fraser y Honeth, 2006).

46 Unimos aquí las palabras naturaleza y vida para dar énfasis a la compleja relación entre las relaciones sociales y las relaciones que se establecen con el espacio y con la naturaleza y que son visibles en las resistencias del Oriente antioqueño. 47 Testimonio obtenido en la reunión mensual del Movete realizada el 5 de abril 2016 en el municipio de Rionegro. Esta alusión a nuestro paramo o a nuestro rio es constante en los testimonios y sistematizaciones del Movete y de las organizaciones sociales que hacen parte de este movimiento.

Controversia 207 abril 2018.indd 270

6/25/2018 8:20:32 PM

Conflictos socioambientales por neoextractivismo en el oriente del departamento de Antioquia

271

Consideraciones finales Con base en lo anteriormente señalado, presentamos las siguientes consideraciones finales sobre el neoextractivismo, sobre la r-Existencia y movilización social y sobre los conflictos socioambientales, teniendo en cuenta, principalmente, la experiencia concreta del Oriente antioqueño, y que buscan, más que concluir, abrir el debate académico y político sobre el neoextractivismo, la resistencia y los conflictos socioambientales en Colombia. Sobre el neoextractivismo: pudimos observar que el neoextractivismo actual del Oriente antioqueño se relaciona con cambios en el modelo de acumulación, caracterizados por la profundización y exacerbación de relaciones de poder ya iniciadas en el neoliberalismo, especialmente aquellas referentes a la privatización-explotación-mercantilización de bienes de la naturaleza. En este artículo señalamos principalmente tres aspectos de este cambio en el modelo de acumulación: la concentración, centralización y creciente movilidad de los capitales; el uso de tecnologías de punta que buscan maximizar las ganancias y a la vez minimizar los impactos socioambientales (lo que pudimos observar con el auge de las micro y pequeñas centrales hidroeléctricas); y la profundización del papel metaregulador del Estado, que abre campo a los reguladores no estatales, otorgándoles gran importancia a las empresas multinacionales que se convierten en moderadores de gran parte de la vida social, es decir, verdaderos actores totalizantes. Ver el neoextractivismo como una profundización de relaciones históricas y espaciales ya iniciadas en el neoliberalismo nos permite comprenderlo no solo a partir de las especificidades del actual modelo de acumulación, sino también como un proceso con ciertas continuidades enmarcadas en una lógica base, histórica y espacial, de relación con la naturaleza y con los otros, que hace parte de la modernidad, del capitalismo y el colonialismo. Si partimos de esta continuidad y de esta lógica base, podemos entender que dentro del neoextractivismo no solo

Controversia 207 abril 2018.indd 271

6/25/2018 8:20:32 PM

272

Controversia 208

se encuentra el tradicional extractivismo minero, sino también otras infraestructuras y proyectos que, aunque con especificidades, parten de la misma lógica de privatización-mercantilización-explotación de los bienes de la naturaleza, como las centrales hidroeléctricas. Bajo estas perspectivas cabe preguntarse sobre las relaciones y entrelazamientos entre distintos tipos de neoextractivismo y la minería, así como con las centrales hidroeléctricas, una pregunta fundamental en el caso del Oriente antioqueño. Sobre la relación entre el neoextractivismo y la violencia: en el caso del Oriente antioqueño pudimos ver que el neoextractivismo no solo se basa en la privatización-mercantilización-explotación de bienes de la naturaleza, sino también en diversas violencias contra la vida humana. Las relaciones territoriales del conflicto armado colombiano y sus consecuencias se han entrelazado complejamente con el neoextractivismo, acallando violentamente las resistencias y las formas de organización colectiva que se han opuesto a este modelo. Además de lo anterior, el resurgimiento del neoextractivismo en el Oriente antioqueño se ha constituido como un impedimento y un retroceso para los planes de retorno de la población desplazada por el conflicto y para los planes de reparación colectiva e individual de las víctimas de la guerra. Pero el neoextractivismo no solo se ha entrelazado con las violencias propias del conflicto armado. Esta lógica de relación con la naturaleza se basa también en violencias constantes apoyadas en el despojo, en las fuertes transformaciones en las dinámicas socioterritoriales propias, en la imposición de proyectos y de compensaciones, en la poca e ineficiente socialización y consulta con las comunidades, en la inexistencia de una real participación efectiva de los pobladores afectados y en una invisibilidad y constante invalidación de las relaciones de Existencia construidas territorialmente. Sobre la r-Existencia y la movilización social: las dinámicas de transformación intensa y drástica que supusieron la construcción de las

Controversia 207 abril 2018.indd 272

6/25/2018 8:20:32 PM

Conflictos socioambientales por neoextractivismo en el oriente del departamento de Antioquia

273

primeras hidroeléctricas en los años setenta revelan que desde esa época ya Existían procesos profundos de apropiación territorial que fueron invisibilizados por las relaciones de poder. Con la llegada de las hidroeléctricas, surgieron fuertes procesos de movilización social que partían de estas Existencias y que buscaban visibilizarlas y defenderlas. En la experiencia del Oriente antioqueño, si bien se han dado procesos de acallamiento violento de las movilizaciones sociales, pudimos ver que estas han resurgido constantemente, siendo posible identificar cuatro periodos fuertes de movilización: los movimientos cívicos, el movimiento Oriente Unido, los movimientos por la paz y el actual Movete. Estos periodos de movilización colectiva nos hablan de una relación fundamental que queremos resaltar: la relación intrínseca entre r-Existencia y movilización social. De esta manera, la movilización social se basa en procesos de Existencia en los territorios, en formas de ser y estar en el mundo, pero a la vez estas movilizaciones sociales han transformado y fortalecido también las r-Existencias ligadas al territorio. Esta relación compleja entre r-Existencia y movilización social permite ver que las relaciones que están en juego van mucho más allá de un derecho de petición, de una audiencia pública ambiental o de una marcha o de una protesta, es todo un entramado de relaciones espaciales e históricas construidas por los habitantes a partir de sus memorias colectivas y de su “estoque” de prácticas y experiencias. Este proceso intenso de subjetividad política hace parte de un arraigo territorial profundo de las comunidades del Oriente antioqueño, de una defensa en conjunto de la naturalezavida. Si realizáramos realmente una historia y una geografía de larga duración de la r-Existencia y de la movilización social, tal vez podríamos comprender el rotundo no actual a los proyectos neoextractivos y muchas de las dinámicas contraextractivas que se han venido tejiendo en el país. Sobre los conflictos socioambientales: este neoextractivismo, con sus novedades y continuidades, y con su relación estrecha y compleja con diferentes tipos de violencia, claramente tiene como una de sus consecuencias la generación de una serie de conflictos socioambientales que

Controversia 207 abril 2018.indd 273

6/25/2018 8:20:32 PM

274

Controversia 208

surgen en contextos de asimetrías de poder, dentro de los que entran en tensión lógicas de privatización-mercantilización-explotación de la naturaleza con discursos y sentidos alternos de la naturaleza, ligados a las experiencias territoriales de vida, de r-Existencia y de movilizaciones sociales de las poblaciones que habitan estos territorios. La pregunta fundamental es cómo conciliar estas lógicas y sentidos, espaciales e históricos, construidos de forma diferenciada con la naturaleza y con la vida y cómo construir procesos de diálogos de saberes sin perder de vista las asimetrías históricas en las relaciones de poder. Lo que queda claro con la experiencia del Oriente antioqueño es que estas conciliaciones y diálogos no pueden partir de la invisibilidad e invalidación de los procesos de Existencia y de movilización social en los territorios ni de la imposición violenta y la ineficiente participación de las comunidades. Reconocer las deudas ambientales, los impactos socioambientales acumulados en los territorios y las deudas sociales, de subalternidad estructural y de los impactos del conflicto armado sería uno de los primeros pasos.

Referencias Betancourt, Milson (2015). Adecuaciones espaciales para la dominación: conflictos modernos coloniales, territorios de vida en la amazonia andina y ejes de integración y desarrollo de la iirsa (Tesis de doctorado). Universidad Federal Fluminense, Niteroi-RJ, Campaña Prohibido Olvidar (2004). Privatización y derechos humanos, sector eléctrico en el Suroccidente Colombiano. Cali. Castro-Gómez, Santiago y Grosfoguel, Ramón (2007). El giro decolonial: reflexiones para una diversidad epistémica más allá del capitalismo global. Bogotá: Universidad Javeriana. Coletivo Brasileiro de Pesquisadores da Desigualdade Ambiental (2012). Desigualdade ambiental e acumulação por espoliação: o que está em jogo na questão ambiental? e-cadernos ces, 17, 164-183. Corporación Jurídica Libertad (2015, mayo). El proyecto minero-energético en la región del Oriente antioqueño. Medellín, Colombia.

Controversia 207 abril 2018.indd 274

6/25/2018 8:20:32 PM

Conflictos socioambientales por neoextractivismo en el oriente del departamento de Antioquia

275

Departamento de Planeación Nacional (2015). Visión Colombia II Centenario 2019–Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018: Todos por un nuevo país. Fraser Nancy y Honneth Axel (2006). ¿Redistribución o reconocimiento?: un debate político filosófico. Madrid: Ediciones Morata. García, Clara Inés (2007, diciembre). Conflictos, discursos y reconfiguración regional en el Oriente antioqueño: de la violencia de los 50 al laboratorio de paz. Controversia, (189), 129-146. García, Clara Inés y Aramburo, Clara Inés (2011). Geografías de la guerra, el poder y la resistencia. Oriente y Urabá antioqueños 1990-2008. Bogotá: Cinep-Odecofi, Iner-Universidad de Antioquia, Editorial Códice. Giarraccca Norma y Teubal Miguel (Coords.). (2013). Actividades extractivas en expansión: ¿Reprimarización de la economía argentina? Buenos Aires: Antropofagia. Gobernación De Antioquia (s. f.). Plan de desarrollo de Antioquia 2008-2011. Antioquia para Todos. Manos a la obra. Godoy Ortega, Janeth Carolina (2013). Desde Paute hasta Coca Codo Sinclair. 40 años de hidroenergía en el Ecuador: discurso alrededor de cambio de matriz energética, (Tesis de maestría). Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Ecuador. Grosfoguel, Ramón (2008, marzo). Para descolonizar os estudos de economia política e os estudos póscoloniais: Transmodernidade, pensamento de fronteira e colonialidade global. Revista Crítica de Ciências Sociais, (80), 115-147. Grosfoguel, Ramón (2016, enero-junio). Del «extractivismo económico» al «extractivismo epistémico» y al «extractivismo ontológico»: una forma destructiva de conocer, ser y estar en el mundo. Tabula Rasa, (24), 123-143. Harvey, David (2005, enero). El “nuevo” imperialismo: acumulación por desposesión. Buenos Aires: Clacso. Harvey, David (2014). Diecisiete contradicciones y el fin del capitalismo. Quito: Editorial iaen. Instituto de Estudios Regionales (Iner) (2003). Oriente: desarrollo regional una tarea común universidad-región. Medellin: Universidad de Antioquia.

Controversia 207 abril 2018.indd 275

6/25/2018 8:20:32 PM

276

Controversia 208

Leff, Enrique (2014). La apuesta por la vida: imaginación sociológica e imaginarios sociales en los territorios ambientales del sur. México: Vozes Editora. Machado, Horacio (2011). El auge de la Minería transnacional en América Latina: De la ecología política del neoliberalismo a la anatomía política del colonialismo, En: Héctor Alimonda (Org.). Naturaleza colonizada. Ecología política y minería en América Latina. Buenos Aires: Clacso, Ediciones Ciccus. Machado, Horacio (2014). Potosí el origen: genealogía de la minería contemporánea. Buenos Aires: Mardulce. Martins Rodrigues, Elvio (2007). Geografia e ontologia: o fundamento geográfico do ser. geousp–Espaço e Tempo, (21), 33-51. Menezes, Marilda y Malagodi, Edgard (2009). Os camponeses como atores sociais: a perspectiva da autonomia e da resistência. Campina Grande: Projeto ipode/CNPq. Movete (2015, septiembre). Del movimiento por la defensa de la vida y el territorio, N. 1. Oriente de Antioquia. Observatorio de Paz y Reconciliación del Oriente antioqueño (2007). Estudio de diagnóstico y contextualizacion de los 23 municipios del oriente antioqueño sobre la situación del conflicto armado, los derechos humanos, el derecho internacional humanitario, las organizaciones sociales y la gobernabilidad democrática. Medellín. Olaya, Carlos (2012). Nunca más contra nadie. Ciclos de violencia en la historia de San Carlos, un pueblo devastado por la guerra. Medellín: Cuervo Editores. Olaya, Carlos (2015). Conflictos socio-ambientales en el Oriente antioqueño. Kavilando, 7 (1). Oslender, Ulrich (2007). Revisiting the Hidden Transcript: Oral Tradition and Black Cultural Politics in the Colombian Pacific Coast Region. Environment & Planning D: Society and Space, 25(6), 1103-1129. Personería Municipal de San Luis (2015). Veeduría ciudadana de San Luis al proyecto hidroeléctrico San Miguel/hmv. Informe de gestión, enero 01 a abril 30.

Controversia 207 abril 2018.indd 276

6/25/2018 8:20:32 PM

Conflictos socioambientales por neoextractivismo en el oriente del departamento de Antioquia

277

Porto-Gonçalves, Carlos Walter (2002). O latifúndio genético e a r-existência indígenocampesina. GEOgraphia, Revista da Pós-Graduação em Geografia da uff, Niterói/RJ, IV(8), 39-60. Porto-Gonçalves, Carlos Walter (2006). El desafío ambiental. México, D.F.: Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, Oficina Regional para América Latina y el Caribe. Porto-Gonçalves, Carlos Walter (2006, mayo). A geograficidade do social: uma contribuição para o debate metodológico para os estudos de conflitos e movimentos sociais na América Latina, Revista Eletrônica da Associação dos Geógrafos Brasileiros – seção três lagoas-ms, 1(3). Porto-Gonçalves, Carlos Walter (2015). Pela Vida, pela Dignidade e pelo Território: um novo léxico teórico político desde as lutas sociais na América Latina/Abya Yala/Quilombola. Polis, Revista Latinoamericana, 14(41), 237-251. Prodepaz (2008). Construyendo territorio. Sistematización de seis experiencias de región, desarrollo y paz. Rionegro: Impresol Ediciones Ltda. Quintero, Pablo (2015). Antropología del desarrollo: perspectivas latinoamericanas. Buenos Aires: Kula Ediciones. Rodrigues Mendonça, Marcelo y Gonçalves, Ricardo Júnior (2013). Os efeitos sócioespaciais dos grandes empreendimentos de mineração no cerrado em Goiás. Revista Territorial–Goiás, 2(2), 93-120. Sáenz, Orlando (1986). Movimiento de pobladores y grandes proyectos hidroeléctricos. El caso del Peñol y Guatapé Antioquia. En Cuarto Seminario Internacional cehap – peval. Medellín. Seoane, José (2006). Movimientos Sociales y Recursos Naturales en América Latina: Resistencias al Neoliberalismo, Configuración de alternativas. Sociedade e Estado, 21(1), 85-107. Seoane, José (2012). Neoliberalismo y ofensiva extractivista: Actualidad de la acumulación por despojo, desafíos de Nuestra América. Theomai, (26). Svampa, Maristella (2011). Modelo de desarrollo y cuestión ambiental en América Latina: categorías y escenarios en disputa. En Fernanda Wanderley

Controversia 207 abril 2018.indd 277

6/25/2018 8:20:32 PM

278

Controversia 208

(Coord.). El desarrollo en cuestión: reflexiones desde América Latina. La Paz: Cides, Umsa. Svampa, Maristella (2012). Pensar el desarrollo desde América Latina. En Gabriela Massuh (Ed.). Renunciar al bien común. Extractivismo y (pos) desarrollo en América Latina. Buenos Aires: Mardulce. Svampa, Maristella y Antonelli, Mirta (2009). Minería transnacional, narrativas del desarrollo y resistencias sociales. Buenos Aires: Editorial Biblos Sociedad. Unidad De Planeación Minero Energética (Upme) (2015). Atlas Potencial Hidroeléctrico de Colombia. Vicente, Ana; Martin, Neil; Slee, Daniel; Birss, Moira; Lefebvre, Sylvain y Bauer, Bianca (2011, noviembre). Minería en Colombia: ¿A qué precio? Boletín informativo n.° 18. pbi Colombia. Zhouri, Andréa y Laschefski, Klemens (2010). Desenvolvimento e Conflitos Ambientais: Um Novo Campo de Investigação. Belo Horizonte: Editora UFMG.

Controversia 207 abril 2018.indd 278

6/25/2018 8:20:32 PM

Controversia 207 abril 2018.indd 279

6/25/2018 8:20:32 PM

Controversia 207 abril 2018.indd 280

6/25/2018 8:20:32 PM

Voz de la base

Controversia 207 abril 2018.indd 281

6/25/2018 8:20:32 PM

R Controversia 207 abril 2018.indd 282

6/25/2018 8:20:32 PM

7. Represa Salvajina: lejos del desarrollo, cerca del olvido. 1985-2016

Controversia 207 abril 2018.indd 283

6/25/2018 8:20:32 PM

Controversia 207 abril 2018.indd 284

6/25/2018 8:20:32 PM

285

Represa Salvajina: lejos del desarrollo, cerca del olvido. 1985-2016 Por Yurany Alexandra Pérez Lugo* y Lenin Gabriel Díaz Escandón** Resumen: la represa Salvajina, una de las grandes hidroeléctricas de Colombia, ubicada en el noroccidente del Cauca, en los municipios de Suárez, Morales y Buenos Aires, ha sido una construcción controversial por los impactos sociales y ambientales que ha generado durante la administración de diferentes multinacionales y empresas privadas. La gobernanza se involucra en la administración de esta, pues es permanente la articulación entre Estado sociedad civil y actores privados, donde supone el reto de efectuar la gobernabilidad en el margen legal. La administración de la represa, sus repercusiones socioambientales y la gobernabilidad son tres factores que confluyen para determinar el impacto general de este proyecto frente a la población aledaña. A partir de lo anterior, este escrito intenta ver cómo dicho impacto ha sido remediado, o, en su defecto, cuáles son las tentativas para lograrlo, pues desde una perspectiva críticoanalítica, el manejo y regulación del Estado frente a los actores privados permite que las dinámicas sociales se vean impactadas negativa o positivamente, en la culturalización de nuevas formas de vida relacionadas con la construcción de la represa. En suma, el artículo apunta a que el reto del Estado, en el marco de la gobernanza, y dentro de una armonía teórica horizontal, es suscitar la gobernabilidad entre los actores que buscan beneficio de distinta índole en la represa Salvajina. *

Estudiante de ciencia política Universidad del Cauca. Pertenece al Grupo de Estudios Lingüísticos, Pedagógicos y Socioculturales (GELPS). Correo electrónico: yuliamsalas9@gmail.com

** Estudiante de ciencia política Universidad del Cauca. Pertenece al Grupo de Estudios Lingüísticos, Pedagógicos y Socioculturales (GELPS).

Controversia 207 abril 2018.indd 285

6/25/2018 8:20:32 PM

286

Controversia 208

Palabras clave: megaproyectos, desarrollo, impacto social, impacto ambiental, actores privados, sociedad civil, acción estatal, gobernanza, gobernabilidad.

Salvajina Dam: far from development, close to oblivion Abstract: Salvajina dam, one of the greatest hydroelectric of Colombia, located in the Northwest of Cauca, in the municipalities of Suárez, Morales and Buenos Aires has been controversial for the social and environmental impacts generated, within the administration of different multinationals and private companies. Governance is involved in the administration of this, because joint is permanent between State, civil society and private actors, where the challenge of governance in the legal margin. The management of the dam, its social and environmental impacts; and it governance are three factors that converge in determine an impact general to the population surrounding and how these have been remediated, or in its defect them attempts of achieving it. As a perspective critical analytical, management and regulation of the State to private players allows that the social dynamics will be impacted positively or negative on the culturalisation of new forms of life because of the construction of the dam. Raise governance is the challenge of the State within the framework of governance, within a horizontal theoretical harmony between players seeking benefits of different kind in the Salvajina dam. Keywords: Megaprojects, development, social impact, environmental impact, private actors, civil society, state action, governance, governability. Cómo citar este artículo: Pérez Lugo, Yurany Alexandra y Díaz Escandón, Lenin Gabriel (2017). Represa Salvajina: lejos del desarrollo, cerca del olvido. 19852016. Revista Controversia, 208, 283-314. Fecha de recepción: 1 de febrero del 2017 Fecha de aprobación: 8 de abril del 2017

Controversia 207 abril 2018.indd 286

6/25/2018 8:20:32 PM

Represa Salvajina: lejos del desarrollo, cerca del olvido. 1985-2016

287

Introducción

on el fin de proporcionar una mirada amplia de la incidencia de la represa de Salvajina en los municipios de Suárez, Morales y Buenos Aires, desde las contradicciones que el desarrollo genera mediante los impactos sociales y ambientales, se ha recurrido a un estudio de carácter histórico y coyuntural, de tipo descriptivo y analítico, que recopila fuentes secundarias en informes de organizaciones como el Cric y el pcn, además de bibliografía académica de autores como Arturo Escobar, Tatiana Roa Avendaño, Axel Rojas y Érika González. Actualmente, una de las problemáticas más acuciantes en el territorio colombiano es la frecuente violación a los derechos humanos debido a los ideales del desarrollo económico. Dicho proceso ha generado desplazamiento forzado, y otras formas de violencia, que las empresas aprovechan para su propio beneficio, a costa de acabar no solo con los ríos, sino también con las comunidades que subsisten gracias al afluente hídrico. Carlos Rosero (2002), demuestra que los procesos de desplazamiento van más allá de las dinámicas del conflicto, pues también aluden a procesos de desarrollo económico: Una cosa sabemos a ciencia cierta y es que la noción imperante de desarrollo y a quienes la instrumentalizan en su beneficio les importa muy poco qué y cómo atropella. El desplazamiento forzado interno […] no es cosa aislada, sino un conjunto de acciones sistemáticas, abiertas y deliberadas y, por lo tanto, inscritas y funcionales no solo a la dinámica de la guerra, sino también a la concepción de desarrollo (Rosero, citado por Escobar, 2005, p.47).

Formas de opresión estatal como las fuerzas militares y paraestatales como grupos paramilitares, constituyen un instrumento importante al que el Gobierno nacional ha recurrido para ejercer violaciones de derechos humanos (Osorio y Betancur, 2013), pues el interés económico de los gobiernos, está en contra de las prerrogativas del pueblo, quienes, a través

Controversia 207 abril 2018.indd 287

6/25/2018 8:20:32 PM

288

Controversia 208

de la expresión social, que generalmente se acompaña de actos violentos, han encontrado una opción en contra de los megaproyectos económicos. Los impactos sociales, de los que surgen los pronunciamientos de la sociedad civil, son evidentes, pues tienen implicaciones directas, generalmente a corto plazo, para quienes las experimentan, n radicalmente sus condiciones de vida. A diferencia de los impactos sociales, los impactos ambientales poseen un carácter discreto y su progreso no es acelerado; pero a largo plazo, solventarlos implica procesos de gran magnitud como reforestación, control de residuos, repotabilización de agua, entre otros, y no hacerlos acarrearía cambios irreversibles en el ambiente y en la forma de vida de la sociedad civil. Debido a que los conflictos ambientales no son recientes, sino un producto del proceso histórico en el que han intervenido varias dinámicas sociales y diversos actores, cabe mencionar que algunos de ellos son las compañías multinacionales, los grupos armados ilegales y la sociedad civil mediante líderes sociales. Para el caso de la represa de Salvajina y respecto al carácter históricocoyuntural de dicho proyecto, hay que tener en cuenta que este generó el desplazamiento forzado de alrededor de 10000 personas dedicadas a la agricultura, según los datos del Movimiento Ríos Vivos (2015). Además, originó la obstaculización de caminos que campesinos, indígenas y afrodescendientes habían construido para interconectar el territorio, caminos que hoy, en su mayoría, siguen aislados y con precarias condiciones de servicios públicos (Meneses, 2013). Las situaciones anteriores muestran desde el desarrollo económico como promotor de la construcción de la hidroeléctrica donde: muchas veces […] las que menos terminan beneficiadas son las comunidades directamente afectadas por el proceso, en el caso de Salvajina se generaba energía eléctrica para muchas ciudades y la gente que estaba

Controversia 207 abril 2018.indd 288

6/25/2018 8:20:32 PM

Represa Salvajina: lejos del desarrollo, cerca del olvido. 1985-2016

289

alrededor ni siquiera tenía acceso a ese servicio” (Corredor, citado por Meneses, 2013).

Problemáticas como la falta cobertura del servicio de energía en la zona donde es producida, así como distintas variables que impactan el ambiente y la sociedad, como las prácticas productivas o la movilidad, son el centro de la discusión en lo que respecta a la gobernanza y a la gobernabilidad, conceptos que se abordarán teóricamente más adelante. En suma, el presente artículo se divide en tres secciones en las que se tratarán, en primera instancia, los temas del contexto mundial y local respecto a la construcción de la represa de Salvajina. En segunda instancia, se abordarán los elementos de su administración, los impactos socio-ambientales y las perspectivas de la gobernanza, a partir de las funciones conjuntas de actores privados y el Estado para y con la sociedad civil. Finalmente, se analizará la gobernabilidad dentro de este contexto. Lo anterior, para determinar cómo estos aspectos en su conjunto, son indicadores de las contradicciones propias de la construcción de megaproyectos energéticos en función del desarrollo económico.

Hidroeléctricas y el desarrollo Entender el deber ser del proyecto de infraestructura de una hidroeléctrica, los motivos por los cuales se construye y sobre los cuales se aspira impactar la región, en teoría de forma positiva y mitigando los impactos adversos, son necesarios para obtener un punto de partida desde el cual analizar las contradicciones que la construcción de una hidroeléctrica provoca. Para los años ochenta, las reformas estructurales del Consenso de Washington se adherían a las agendas de Gobierno de ese entonces y buscaban el desarrollo y la estabilidad política y económica en América Latina; sin embargo, gracias a que las reformas no tenían en cuenta las condiciones de cada país, se generaron profundas transformaciones que transitaron de “regímenes autoritarios y regulados a regímenes desregu-

Controversia 207 abril 2018.indd 289

6/25/2018 8:20:32 PM

290

Controversia 208

lados, democráticos y orientados por el sistema del mercado” (Lechini, 2008,p.11). La expansión capitalista, generada por el desarrollo, demandaba la extracción de materias primas, las cuales requerían exorbitantes cantidades de energía, obtenida, principalmente, de las hidroeléctricas, pues las agotadas reservas de hidrocarburos y los altos precios del combustible a causa de la crisis del petróleo, demandaban formas efectivas y económicas de producir energía. (Roa Avendaño y Duarte, 2013). En los años sesenta y setenta, la energía hidroeléctrica comprendía un campo innovador en el ámbito mundial, dicho campo se concentró en América Latina, pues su situación geográfica le favorecía. Esto llamó la atención de países desarrollados como Estados Unidos, porque vieron condiciones favorables en el territorio latinoamericano para la construcción de represas. Brasil se consolidó como el mayor productor de energía hidroeléctrica en los años ochenta. Este país concentraba el 91 % de la energía producida; en menor escala, se construían represas en Argentina, Colombia, México, Chile, Perú y Venezuela (Schorr, 1984). El discurso del desarrollo se trasladó a la institucionalidad en el año de 1997, cuando el Banco Mundial junto a la Unión Mundial Para la Naturaleza, los actores gubernamentales y privados, las instituciones financieras, la sociedad civil y los afectados por las represas de distintos países consolidaron la Comisión Mundial de Represas, con el fin de: revisar la eficacia de las grandes represas para promover el desarrollo y evaluar alternativas para el aprovechamiento del agua y la energía. Formular criterios aceptables internacionalmente, donde fuera adecuado guías y normas, para la planificación, diseño, evaluación, construcción, funcionamiento, inspección y desmantelamiento de represas (cmr, 2000, p.2).

Controversia 207 abril 2018.indd 290

6/25/2018 8:20:32 PM

Represa Salvajina: lejos del desarrollo, cerca del olvido. 1985-2016

291

La cmr promovía las represas como un medio importante “para satisfacer necesidades sentidas de servicios de agua y de energía y como inversiones estratégicas a largo plazo con capacidad para proporcionar múltiples beneficios” (cmr, 2000, p.56). Desde esta perspectiva, un proyecto de represa ostentaba el término de unidad y sostenibilidad regional, como fuente de ganancias y de desarrollo humano; su construcción reducía brechas de desigualdad por medio del desarrollo de la agricultura, el aumento en el cubrimiento de agua y energía, la disminución de inundaciones, el desarrollo de la alimentación rural, el desarrollo acuícola y, en los países secos, la mejora del clima tropical (cmr, 2000). Es pertinente aclarar que la cmr promulgó estos impactos como positivos, a propósito de casos de países desarrollados como Canadá, Noruega o Rusia; al mismo tiempo, impulsó la construcción de hidroeléctricas en América Latina y África, sin tener en cuenta el factor diferencial de los contextos sociales y económicos de los países en mención. De esta manera, la cmr centró la discusión en las “capacidades” que los países subdesarrollados poseían para generar energía a partir de las hidroeléctricas; no obstante, se apoyó en datos obtenidos de países desarrollados como EE. UU, principalmente. La analogía entre los intereses presentados por actores políticos y privados impulsados por el desarrollo capitalista y el discurso desarrollista estipulado en la cmr permitirán evidenciar que, a pesar de que las represas traían beneficios, los impactos negativos se presentarían en mayor magnitud, y, de no ser contrarrestados, modificarían drásticamente el entorno donde se instalara una represa, de tal forma como lo expresa Escobar, “tanto la modernidad como el desarrollo son proyectos espaciales y culturales que exigen la conquista incesante de territorios y pueblos, así como la transformación ecológica y cultural” (Escobar, 2005,p.48).

Controversia 207 abril 2018.indd 291

6/25/2018 8:20:32 PM

292

Controversia 208

La Salvajina, luchas sociales y administración, 1983-2004 El departamento del Cauca ha contado con presencia de diversas empresas multinacionales. Debido a su rica biodiversidad, este departamento es atractivo para la explotación de recursos naturales. Según datos consultados, hasta el año 2005, existían quince hidroeléctricas, la mayoría ubicadas en la cuenca del río Cauca, ejecutadas o a punto de serlo, como se evidencia en la siguiente tabla. Tabla 1. Hidroeléctricas en el Cauca hasta el 2005 Nombre

Tipo

Estado

Pequeña central hidroeléctrica

Proyectada

Descanse

Microcentral hidroeléctrica

Proyectada

Buco

Microcentral hidroeléctrica

Proyectada

Jolí

Central hidroeléctrica

En operación

Asnazú

Central hidroeléctrica

En operación

Río Palo

Central hidroeléctrica

En operación

Salvajina

Central hidroeléctrica

En operación

Sinaí

Central hidroeléctrica

En operación

Sajandí

Central hidroeléctrica

En operación

Coconuco

Central hidroeléctrica

En operación

Patico

Central hidroeléctrica

En operación

Florida

Central hidroeléctrica

En operación

Ovejas

Central hidroeléctrica

En operación

Andalucía

Central hidroeléctrica

Proyectada

Brazo Seco

Fuente: Centro de Estudios Interculturales de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali. Recuperado de http://www.javerianacali.edu.co/sites/ujc/files/node/ fielddocuments/field_document_file/analisis_posesion_territorial_ _tensiones_ interetnicas_e_interculturales_en_el_cauca_1.pdf

Controversia 207 abril 2018.indd 292

6/25/2018 8:20:32 PM

Represa Salvajina: lejos del desarrollo, cerca del olvido. 1985-2016

293

La invasión territorial por parte de foráneos a estas zonas rurales, con población mayoritariamente afro (Suarez y Buenos Aires) y predominancia indígena (Morales), para edificar hidroeléctricas, implica hablar de la naturaleza y de lo sagrado. La invasión-despojo de la naturaleza, constituida por la tierra y el agua en este contexto, involucra asumir nuevas dinámicas por parte de las formas vivientes existentes, que provocan, además de resistencias, transformaciones socioculturales y migraciones (Zapata, et al, 2013). Al presentarse una fuerte influencia de actores privados o empresas multinacionales que llegan a estos territorios, se crea un escenario conflictivo, pues su intención de una nueva organización política y económica, en función del desarrollo o crecimiento económico de la región, desconoce el espacio natural desde los sentidos amplios, como la integralidad, la cosmovisión y el significado, que se han construido por parte de los habitantes locales (Galvis, 2014). El papel del Estado como mediador en este tipo de escenarios conflictivos asume una paradoja, ya que se debate entre el componente institucional, es decir, sus fines con la sociedad, y el componente neoliberal de las dinámicas que el mercado global exige. Respecto al primer componente, según la Constitución Política, se establece que los fines del Estado son: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo (Constitución política de Colombia, 1991).

Si se revisan los fines anteriormente descritos, parece que el Estado no es congruente con ellos, ya que, más que estar al servicio de los co-

Controversia 207 abril 2018.indd 293

6/25/2018 8:20:32 PM

294

Controversia 208

lombianos, está al servicio de la economía global, cuando se trata de la construcción de megaproyectos económicos. Dichos proyectos representan un claro riesgo de pérdida de tierras y de degradación del ambiente; sin embargo, el Estado muestra una preferencia por dejar lo público al servicio de lo privado, de los grandes capitalistas y las multinacionales, para quienes impera un modelo de desarrollo que solo los beneficia a ellos y, por ende, degrada y limita a la comunidad. Lo anterior es asociable a las dinámicas propias del Delito Económico Organizado deo, por medio del cual, una organización económico-delictiva acciona desde lo legal-ilegal, pues existe un lazo social entre instituciones del Estado y actores privados que lo permite y lo alienta, estos actores, motivados por la adquisición de capital, crean y reproducen relaciones de dominación y control social que, lejos de castigar estos comportamientos, los ponen en el camino de la impunidad (Pegoraro, 2013). Gráfica 1. Ubicación geográfica de los municipios de Suárez, Morales y Buenos Aires

Fuente: El Espectador. Recuperado de http://static.elespectador.com/archivos/2012/03 /0db719fa0f627e2c52ebc39ee6a97a26.jpg

La alianza entre el poder político y el poder territorial está íntimamente ligada al poder económico que trae consigo el desarrollo, porque este

Controversia 207 abril 2018.indd 294

6/25/2018 8:20:33 PM

Represa Salvajina: lejos del desarrollo, cerca del olvido. 1985-2016

295

obstruye la verdadera intervención social hacia las comunidades locales. Por eso, la deficiente actuación del Estado termina por satisfacer los intereses de los entes dominantes, esta es la razón de que ni la acción pública ni la del Gobierno sean neutras en la toma de decisiones (Roa Avendaño y Duarte, 2013). Ahora bien, es tiempo de observar las especificidades geográficas de la represa de Salvajina, para entender el centro del conflicto que la rodea. La hidroeléctrica está ubicada en el municipio de Suárez, zona montañosa entre las cordilleras Central y Occidental, allí predominan la economía campesina y la minera. Por su parte, Suárez limita con Buenos Aires, Morales y López de Micay (ver imagen 1). Tanto Buenos Aires, como Suárez y Morales son territorios eminentemente campesinos de poblaciones afrodescendientes, nativos indígenas y mestizos que cuentan con el rio Cauca y el rio Ovejas como los principales afluentes hídricos (crc, 2010). Durante el siglo xx y en lo corrido del xxi, según Guzmán y Rodríguez (2015), la región norte caucana ha sido impactada notablemente por los siguientes procesos socioeconómicos: 1) una fuerte expansión de la industria del azúcar y del etanol, 2) el desarrollo de una industria de punta, apoyada por el Estado con la Ley Páez, 3) la construcción de la hidroeléctrica Salvajina, 4) una importante economía ilegal y, finalmente, 5) el resurgimiento de la minería y el sostenimiento de economías campesinas (p.43). Desde mediados de los años cincuenta, el embalse de Salvajina ya contaba con estudios que daban vía libre a su construcción; sin embargo, fue en 1985 cuando se decidió edificar el embalse por parte de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (cvc) con recursos provenientes del Estado colombiano y otra parte con los recursos del

Controversia 207 abril 2018.indd 295

6/25/2018 8:20:33 PM

296

Controversia 208

municipio de Buenos Aires. Hoy la Salvajina es jurisdicción del municipio de Suárez1. Dos años antes de la construcción de la represa, se expusieron los propósitos que justificaban la ejecución del proyecto. Estos argumentos giraban en torno a la mitigación de las constantes inundaciones generadas en la zona, así como también a la producción de energía hidroeléctrica (Guzmán y Rodríguez 2015, P.42). Las comunidades asentadas en los municipios beneficiarios de este proyecto obtendrían inversión social para la construcción de obras públicas en el casco urbano de Suárez, dotación de medios de transporte terrestre y fluvial, crédito para producción agrícola, provisión de empleo, electrificación, compra de tierra para la reubicación de quienes vivían en zonas que serían utilizadas, puestos de salud, construcción de puentes, acueductos veredales y escuelas (Escué, 1995). Las movilizaciones por parte de los pobladores aledaños a la represa datan desde el año 1986, producto del incumplimiento de las múltiples promesas, además por la advertencia que Asoprodasa2 entregó sobre las posibles y nefastas consecuencias ambientales y sociales que generaría este proyecto. La primera movilización fue un hito en las presiones a los estamentos gubernamentales: la marcha dirigida hacia Popayán, Cauca, estaba conformada por 5 000 personas que exigían el despliegue de una negociación, lo que dio como fruto el primer compromiso firmado en 1986. Este, adicional al firmado en 1983, comprometía a los

1 Este cambio geopolítico ocurrió para diciembre de 1989. Cuando Suárez aún era corregimiento de Buenos Aires, líderes comunitarios crearon una junta bajo la denominación de Pro Desarrollo con el propósito de impulsar la creación de Suárez como otro municipio del departamento del Cauca, el cual presentaba una tendencia de prosperidad como producto del auge aurífero, inundado ulteriormente por la Salvajina. La propuesta fue aprobada bajo la Ordenanza 013 del año en mención y la represa pasó a ser jurisdicción de Suárez (Juanillo, 1997) 2 Asociación Pro Damnificados de la Salvajina Asoprodasa, conformada por quienes se identificaban como indígenas, afros y campesinos, estaban estudiando las repercusiones de la represa desde 1983 (Escué, 1995).

Controversia 207 abril 2018.indd 296

6/25/2018 8:20:33 PM

Represa Salvajina: lejos del desarrollo, cerca del olvido. 1985-2016

297

responsables a mitigar los impactos del proyecto (Ararat, et al., 2013, citado en Caicedo, 2017). Cabe mencionar que para la construcción del embalse no solo se usaron las aguas del río Cauca, sino también las de los ríos Inguitó, Asnazú y Marilópez, Damián, Marilopito, y las de las quebradas El Chupadero, La Chorrera, Los Pasos, Los Morados, La Laja, El Danubio y San Miguel, por último, se usaron también las aguas del río Ovejas, con la finalidad de repotenciar la generación de energía, lo cual implicaba desviar el 90 % de su caudal promedio. Para llevar a cabo este propósito, los informes presentados justificaban la desviación, con la premisa de que este río era el causante de las constantes inundaciones en la zona (Corporación servicios comunitarios sembrar, 2010). Entre tanto, la historia de la administración del embalse demuestra que este ha pasado por manos de diversas empresas tanto nacionales como extranjeras. Hasta 1995 la represa fue administrada por la cvc, para luego pasar a manos de la empresa colombiana de Energía del Pacífico —Epsa—, la cual fue creada con el propósito de responder a la independización de las funciones ambientales y comerciales correspondiente al negocio eléctrico ejecutado en un inicio por la cvc. Posteriormente, como lo indica la agencia de comunicación perteneciente al periódico virtual Colombia Informa (Colectivo Punto de Fuga, 2012), el 5 de junio de 1997 el Gobierno nacional vendió en subasta pública el 56,7 % de la propiedad accionaria de Epsa a un consorcio formado por Houston Industries y Electricidad de Caracas. En el año 2000, este consorcio cedió su participación accionaría a la multinacional española Unión Fenosa. En el año 2004, la multinacional española Unión Fenosa revivió la propuesta de la desviación del caudal del rio Ovejas, rechazada por la comunidad en la consulta previa efectuada en 1997. El Ministerio de Ambiente a la cabeza de Sandra Suárez Pérez, durante la presidencia de Álvaro Uribe Vélez, omitió los estudios realizados años atrás sobre el perjuicio social y económico que traería el desvío del río y, finalmente,

Controversia 207 abril 2018.indd 297

6/25/2018 8:20:33 PM

298

Controversia 208

otorgó la autorización a la petición, lo cual ocasionó una creciente violación a los derechos a las comunidades en toda su magnitud: violación al derecho de respeto de la cultura étnica, a la ancestralidad del territorio, al habitad, a la consulta previa y a la vida. Para marzo del año 2009, las acciones adquiridas por la multinacional Unión Fenosa pasaron a otra corporación española llamada Gas Natural Fenosa, la cual tiene una gran cobertura mundial. Hasta diciembre del mismo año, la hidroeléctrica estaba bajo la dirección de Epsa y Gas Natural Fenosa; sin embargo, durante el mismo periodo el 100 % de las acciones se adjudicaron a Colener S.A.S. sociedad perteneciente a Colinversiones S.A. (Colectivo Punto de Fuga, 2012)

Contexto socioambiental en los municipios de Suárez, Morales y Buenos Aires El siguiente apartado del documento busca caracterizar los aspectos más relevantes del contexto social y ambiental de los municipios de Suárez, Morales y Buenos Aires, Cauca, en torno al impacto generado por la represa de Salvajina. Según proyecciones del Dane, estos tres municipios representan el 5,6 % de la población del departamento del Cauca, es decir, 77 611 habitantes de un total de 1 391 889 que, por su ubicación territorial, se encuentran próximos a la represa de Salvajina. Para los años ochenta, previo a la construcción de la represa, se requería el desalojo de los terrenos donde se llevaría a cabo esta obra. Eran, a saber, 2124 hectáreas habitadas por indígenas y afrocolombianos en su mayoría. La totalidad de las comunidades que allí se encontraban se vieron obligadas a desplazarse a territorios aledaños, zonas altas de la montaña o a la ciudad de Cali —destino de la mayoría— (Sulé, 2006). Dicha migración se dio en condiciones de pobreza y favoreció el desempleo y la falta de condiciones dignas de vida.

Controversia 207 abril 2018.indd 298

6/25/2018 8:20:33 PM

Represa Salvajina: lejos del desarrollo, cerca del olvido. 1985-2016

299

El traslado a zonas de alta montaña significaba para los habitantes transformar sus modos de producción junto con los cultivos que habitualmente plantaban, pues, como señala el Censat Agua Viva (2009), los predios posteriormente ocupados por el embalse de Salvajina funcionaban como sustento económico para indígenas y afrocolombianos nativos, porque en estos se desarrollaban actividades como pesca, agricultura, balsería y minería. Lo anterior dio paso a una crisis por parte de las fincas asentadas en estos territorios, pues debían ser inundadas, y esto limitaría de manera abrupta el sustento económico y la posibilidad de generar nuevas actividades o actividades similares a las anteriores, aunque en distintas condiciones. Eduard Mina, líder comunitario perteneciente al Proceso de Comunidades Negras pcn, oriundo de la Toma-Cauca y afectado por la construcción de la represa ya mencionada, denuncia que, más allá del desplazamiento que sufrió la sociedad civil, fueron evidentes las rupturas entre las etnias nativas internamente y en conjunto entre indígenas y afros, pues varias familias quedaron separadas por el embalse, lo cual hacía imposible movilizarse entre poblaciones a las que anteriormente se llegaba de manera sencilla. Este es el caso de los corregimientos Mindalá y Pureto, donde se evidenció la ruptura en la identidad cultural de la región (Colectivo Punto de Fuga, 2012). Esta ruptura étnica se dió porque previamente los habitantes habían construido un “arraigo por el territorio”, noción que Escobar (2000) califica como una entidad multidimensional, donde diferentes prácticas y relaciones están determinadas por el espacio y su sistema simbólico/ cultural que, para el caso que nos atañe, se fraccionó a partir de la construcción de la Salvajina. Este hecho u otro que violente el territorio reconfiguran los simbolismos culturales étnicos. Las prácticas de producción locales parten también de este conjunto de relaciones. Respecto a la minería productiva Eduard Mina refiere:

Controversia 207 abril 2018.indd 299

6/25/2018 8:20:33 PM

300

Controversia 208

Las mejores minas de oro del municipio de Suárez están sumergidas en Salvajina. La parte más productiva de Suárez, que eran las laderas del río Cauca, igual quedaron navegados 32 km, lo que ha ocasionado una gran afectación en la parte agrícola en el municipio (Colectivo Punto de Fuga, 2012).

La minería en el río posee particularidades económicas y culturales. Económicas, en tanto generan mercado de consumo local, generalmente sostenible, y se ven acompañas de prácticas agrícolas; culturales, en tanto el río y la práctica minera son simbólicas, pues constituyen un sistema tradicional de producción en las comunidades ribereñas (Escobar, 2010). En ese sentido, el señalamiento de Eduard Mina evidencia la transformación económico-cultural de los pobladores, quienes asumían una forma de vida en torno al río Cauca. Las nuevas prácticas agrícolas en zonas de alta montaña, que remplazarían a la minería o a la agricultura en las orillas del río Cauca, son parte de nuevos imaginarios económicos, que responden en forma de resistencia a las prácticas de globalización neoliberal, mediante una dimensión económica alternativa basada en el lugar y sus prácticas condicionadas a la lógica de mercado global, gracias a la concepción de mercado local a las que se acogen estas prácticas productivas (Escobar, 2005). Entre tanto, en las veredas aledañas al municipio de Suárez y Morales, los habitantes transportaban sus productos hacia los planchones operados por Epsa, los cuales partían de dos únicos lugares: las veredas Santa Bárbara y San José; sin embargo, el acceso a estos puestos de cargue se vieron afectados, pues la accesibilidad se dificultaba por el estado de la vía, aspecto que Epsa tenía que garantizar. Había múltiples derrumbes, nula intervención de la vía, un único horario de operación de los planchones, temporadas de estiaje y mínima cobertura vial, lo cual retenía la producción y la comercialización de las veredas (Ministerio de Ambiente, 2008).

Controversia 207 abril 2018.indd 300

6/25/2018 8:20:33 PM

Represa Salvajina: lejos del desarrollo, cerca del olvido. 1985-2016

301

El carácter periférico de muchas veredas, casi inaccesibles por la malla vial tanto terrestre como fluvial, no solo afecta el sustento económico de sus pobladores, también afecta su salud y los aspectos más diversos de su vida, pues requieren de esta conexión para desplazarse a las cabeceras municipales de Suárez, Morales y Buenos Aires a recibir los servicios de Salud y Educación (Min Ambiente, 2008). En suma, a esta población se le estaría vulnerando el derecho a la salud y a la educación, lo cual provoca el aumento de las desigualdades sociales a causa del delito económicamente organizado, con los cuales se eximen las responsabilidades que otros procesos económicos legales o no, generan en la sociedad (Bauman, 2000). El impacto ambiental ocasionado por la construcción de la represa de Salvajina se ha visto opacado por el impacto social que ha ocasionado, ya que este último es más evidente para los pobladores y estudiosos del tema; sin embargo, se habla del impacto al territorio y a la tierra fértil, pues la productividad ha variado a causa del microclima inestable, que ha erosionado el territorio aledaño a la represa. Por su parte, la disminución de las inundaciones por el control del caudal del río Cauca fue evidente solo los primeros años (González, 2008). Entre otras consecuencias a causa de la masiva intervención de los recursos naturales al momento de construir la Salvajina, se reconoce: La obstrucción del flujo natural de los ríos, la alteración de sus caudales y la inundación de vastas zonas de selvas ha generado la alteración de ciclos de vida y de reproducción animal y vegetal […] establecimiento de amplias zonas de amortiguación ambiental conducen a la imposición de nuevas vocaciones productivas y usos del suelo (Avendaño y Navas, 2014, p. 116-117).

Eduard Mina también centra su pronunciamiento en el impacto al ambiente, declara que la madera de la zona no llegó a ser removida en su totalidad, además, al momento de abrir la represa los residuos caen con el caudal. Respecto a las inundaciones y el desvío del río Ovejas, Mina señala que el control del caudal se utiliza como excusa para su desvió,

Controversia 207 abril 2018.indd 301

6/25/2018 8:20:33 PM

302

Controversia 208

pues el interés real de Epsa es aumentar la producción de energía. Esta afirmación tiene asidero en la realidad de quienes viven próximos al caudal que despide la represa, pues, a pesar de la desviación del río Ovejas, siguen presentando inundaciones. Mina sostiene que “todo eso se hizo con un fin de produccir y no de controlar” (Colectivo Punto de Fuga, 2012). No es posible desconocer que Suárez ha sido un territorio con alta incidencia del conflicto armado. La construcción de la represa vislumbraba un gran desarrollo económico, por lo cual la presencia del Ejército fue necesaria, para evitar las acciones armadas por parte de grupos ilegales, quienes incrementaron la violación de los derechos humanos de la población y la criminalización de varios líderes comunitarios —como más adelante se detalla— (González, 2008). El sur de Colombia ha sido un punto estratégico de control territorial por parte de las guerrillas, pues es un área de influencia política vinculada a la historia agraria y campesina de la región, así como al comercio y a la producción de coca. Por su presencia activa, las guerrillas imponen en este territorio un modelo de orden social (Trejos, 2013). El momento más crítico por la disputa de Suárez fue hacia el año 2000, cuando las guerrillas de las farc y el eln atacaron la estación de Policía del municipio, ubicada en el centro de la población, ningún uniformado de la Policía ni guerrillero salió abatido, sin embargo, si hubo grandes daños en la infraestructura y una persona murió. La guerrilla quedó al mando del municipio, pues las fuerzas del Estado se vieron obligadas a retroceder, por consiguiente, la represa pasó a ser controlada por las guerrillas de las farc y el eln (Canizales, 2013). Durante nueve meses estos grupos armados hicieron presencia en el área, pero las Auto Defensas Unidas de Colombia (auc), al mando de Hebert Veloza, alias HH, también querían tener dominio en la zona, por lo cual entraron a disputarse este territorio. El grupo paramilitar dispuso su campamento en los alrededores de Buenos Aires y concen-

Controversia 207 abril 2018.indd 302

6/25/2018 8:20:33 PM

Represa Salvajina: lejos del desarrollo, cerca del olvido. 1985-2016

303

traron su ofensiva en los corredores naturales de la vertiente baja del río Cauca. Las auc no eran más que un refuerzo necesario para el Ejército en su objetivo por retomar el municipio de Suárez. Entre tanto, el Ejército ubicó su campamento en el muro de contención de la represa y, en diferentes ataques conjuntos Ejército-auc lograron replegar a las guerrillas en las altas montañas de Suárez, particularmente en Betulia y Timba (Canizales, 2013). Por su parte, la multinacional Unión Fenosa ha sido acusada de haber hecho señalamientos calumniosos a los líderes que se oponían al megaproyecto del embalse de Salvajina y usaron la presencia de grupos armados para presionar a la comunidad, como lo indica Osorio (2009): Unión Fenosa, desconociendo la decisión de la comunidad, comenzó en 2004 una agresiva campaña visitando las 17 comunidades impactadas, para convencerlas de las “bondades del proyecto”. Usó como táctica el desprestigio y señalamiento de los líderes comunitarios con falsas acusaciones, en una región con presencia de actores armados.

En datos reportados desde el año 2004 hasta el año 2009 se registraron por lo menos treinta y ocho asesinatos a miembros de la comunidad, aún no se tiene conocimiento de sus coautores, sin contar con las ejecuciones extrajudiciales y las amenazas. Uno de los líderes amenazado y asesinado por su resistencia social fue Benicio Flor Belalcázar. Este hombre luchó ardientemente por la protección de las cuencas de agua dulce en Suárez, Cauca, trabajó en iniciativas de agricultura de la comunidad y participó en la comisión de la verdad para la investigación sobre las masacres y la violación de los derechos humanos en el Cauca, como la masacre de Nilo. Eider Flor, hijo de Benicio Flor Belalcázar y dirigente indígena, fue amenazado en el año 2015 por las reclamaciones consignadas en la Sentencia T-462A de 2014 a la empresa Epsa y a las autoridades ambientales. Alexa Leonor Mina, Mery Yein Mina y Francia Márquez, integrantes de

Controversia 207 abril 2018.indd 303

6/25/2018 8:20:33 PM

304

Controversia 208

la Movilización de Mujeres por el Cuidado de la Vida y el Territorio Ancestral y del pcn fueron amenazadas en el 2016 por bandas criminales. Cabe resaltar que Francia Márquez es una importante líder social afrocolombiana del corregimiento la Toma, ganadora del Premio Nacional de la Defensa de los Derechos Humanos en Colombia en el año 2015, su comunidad mantiene una lucha constante por la resistencia contra las fuerzas políticas, económicas y armadas que buscan controlar el río Ovejas (Ruíz, Pablo 2012). Las amenazas y el asesinato a líderes sociales son mecanismos de presión, condicionamiento o coacción utilizados por empresas multinacionales para imponer su voluntad. El progreso y el bienestar se constituyen, en principio, como promesas para la comunidad dentro de la estrategia de despojo de capital que, en el marco del conflicto armado, están relacionadas con acciones subversivas. Esto pone en evidencia que las empresas tienen una postura ambigua pues, de un lado legitiman el discurso del desarrolloy de otro, ejercen presión armada para ingresar a estos territorios de explotación (Osorio y Betancur, 2013). A modo de conclusión, la construcción de la represa de Salvajina trajo consigo diferentes impactos que van desde los cambios en las prácticas productivas y la movilidad, hasta las experiencias violentas de desarraigo, desplazamiento y muerte. Estas dinámicas son culpables de transmutar el modo de vida en las comunidades aledañas que, a pesar de todo, persiguen la continuidad de un proceso histórico siempre ligado a la concepción de la tierra como centro de la identidad étnica, unida de forma simbólica y material a los procesos económicos y políticos de los movimientos sociales originados en este territorio (Bello, 2004). De este modo la tierra no es una abstracción, sino un referente que busca formas de autorepresentación como un espacio vivido en prácticas y relaciones que lo apropian (Velázquez, citada en Bello, 2004).

Controversia 207 abril 2018.indd 304

6/25/2018 8:20:33 PM

Represa Salvajina: lejos del desarrollo, cerca del olvido. 1985-2016

305

Gobernabilidad en la zona de influencia de la represa la Salvajina A continuación, se expondrán las principales medidas que ha tomado el Estado, desde la perspectiva de la gobernabilidad, para contrarrestar los impactos generados por la represa de Salvajina, con el fin de determinar las garantías institucionales que las poblaciones afectadas han tenido para enfrentar dicha situación. Para ello el concepto de gobernabilidad se entenderá como: un supuesto básico de la idea de que unas instituciones estatales bastante fuertes conducen a la canalización de las demandas de la sociedad civil […] se da cuando existe una respuesta gubernamental eficiente frente a los problemas de una sociedad […] la mejoría de la gobernabilidad se lograría por medio de una modernización de las prácticas de gobierno democrático (Launay y González, 2010, p.208).

Cabe agregar que la gobernabilidad es una cualidad del Gobierno que, de acuerdo con el contexto en que se encuentre, asumirá un rol diferente que aporte al fortalecimiento institucional y al buen gobierno, en términos de eficacia y efectividad. Las medidas del Estado parten desde el principio de la precaución, la cual lo obliga a tomar acciones cuando alguna intervención cause impactos de tipo ambiental, económico, jurídico a bienes públicos, a la cultura, la salud o la equidad, en especial, cuando exista un riesgo plausible para la región afectada dentro de la incertidumbre acerca de la magnitud o la probabilidad (Cepal y Patrimonio Natural, 2013). La Resolución 1248 del 11 de julio de 2008, expedida por el Ministerio de Ambiente, y el Acta de 1986 de la construcción de la represa son los principales pronunciamientos del Gobierno y los actores privados respecto a los impactos socioambientales ocasionados por el embalse. Su pertinencia radica en que se le considera como una respuesta guberna-

Controversia 207 abril 2018.indd 305

6/25/2018 8:20:33 PM

306

Controversia 208

mental frente a un problema social, en función de superarlo mediante su intervención. Producto de los reclamos de la comunidad el Gobierno firmó la conocida Acta de 1986, en la que prometió escuelas, puestos de salud, carreteras, puentes, y trasporte. Hoy, 26 años después las comunidades continúan afrontando las consecuencias de un negocio hidroeléctrico que ha llenado las arcas de las multinacionales, Houston Industries, Unión Fenosa, Gas Natural SDG S.A y Colinversiones (OMAL, 2012).

En 1986 se expidió el Decreto 3000 para una Comisión de Supervisión y Evaluación del Plan de Desarrollo Integral de la Región de Salvajina, cuya misión consistía en la identificación de las complicaciones suscitadas por la represa a los pobladores de los municipios afectados, además preveía el seguimiento al Plan de Desarrollo Integral de la región. La comunidad sostiene que no se ha cumplido ni un 80 % de lo pactado en el Acta del 86 y que, además, en tanto manifestaron su preocupación en vías públicas, fueron evidentes la persecución a líderes sociales y las amenazas a representantes, así como la represión por parte del Estado a la comunidad en general. Óscar Elías López, líder comunitario y asesor jurídico del Consejo Regional Indígena del Cauca –Cric-, fue víctima mortal producto de su actividad para impulsar las movilizaciones contra Epsa (González, 2008). En su defensa, y estancanda toda acción que mitigara los impactos, Epsa argumentó: Los efectos negativos de la represa de Salvajina, contemplados en el Acta, no entraron en el contrato de compra de Epsa. Mientras tanto, sí se benefició de su producción eléctrica y de los ingresos que le proporcionó (González, 2008, p.17). La responsabilidad legal que Epsa tenía para con los territorios se debía cumplir, a pesar de querer estancar los acuerdos primarios. Para ello la Fundación Epsa inviertó dineros en los municipios de Suárez, Morales

Controversia 207 abril 2018.indd 306

6/25/2018 8:20:33 PM

Represa Salvajina: lejos del desarrollo, cerca del olvido. 1985-2016

307

y Buenos Aires para favorecer el desarrollo local mediante proyectos productivos como compensación a la población afectada. La unión Fenosa fue reconocida internacionalmente en 2007 por sus labores de compensación con el premio European Marketplace de Responsabilidad Social Corporativa. A pesar de ello, los planes presentados por la multinacional estaban en una perspectiva ajena al contexto, en tanto la comunidad afirma que “los planes presentados por ellas para vivir con dignidad, de acuerdo con el respeto al territorio y a su identidad cultural, son continuamente rechazados” (González, 2008, p.17). Para el año 2008, se expidió la Resolución 1248 del 11 de julio del Ministerio de Ambiente, por la que se presentaron cargos de carácter administrativo contra Epsa. Se argumentaron distintos impactos socioambientales expuestos en el apartado y distintas responsabilidades administrativas frente a las cuales Epsa no ha cumplido o solventado. Para el año 2004, Epsa tenía que haber realizado las siguientes acciones: 1. Construcción y ejecución de un Plan de Manejo Ambiental para la operación de la central. 2. Presentar los criterios bajo los cuales rigen las reglas de operación de todas las estructuras de fondo, rebosadero, niveles máximos y mínimos de operación del embalse y niveles del río aguas abajo del sitio de descarga de casa de máquinas. 3. Presentar un informe consolidado sobre la operación de la Central, en los últimos diez (10) años, donde se presente caudal de entrada, caudal de salida, por las diversas estructuras, niveles del embalse, caudales finalmente descargados aguas abajo del embalse y sus niveles asociados. 4. Presentar los lineamientos técnicos y ambientales, bajo los cuales se realizan las descargas de fondo autorizadas por la cvc. Para los programas de gestión social, se deben tener en cuenta los resultados de la evaluación de los proyectos que ha adelantado la Fundación

Controversia 207 abril 2018.indd 307

6/25/2018 8:20:33 PM

308

Controversia 208

Epsa, con el propósito de garantizar la eficacia y sostenibilidad de estos (Ministerio de Ambiente, 2008, p.4-5). La sanción buscaba el acatamiento de los anteriores términos, así como aplicar cargos legales por su incumplimiento para con la comunidad por más de cuatro años. Los cargos recibidos por Epsa solo se evidenciaron en esta Resolución, pues no se encuentra material alguno que compruebe su ejecución o desacato, lo cual sesgó el papel que Epsa desempeñó frente a la sociedad de este territorio o, en un caso apartado, el escenario en el que tentativamente jugó Epsa con el Estado para no cumplir con los acuerdos. Los juegos políticos se hicieron evidentes en situaciones de vulneración de los derechos de los pueblos afro, debido a que se hallaron relaciones estrechas entre las empresas culpables de los perjuicios y las corporaciones que, en teoría, deberían intervenir para la protección de los derechos de las comunidades. En lo consignado en el Periódico El Liberal (Betancourt, 1994), la cvc a cambio de otorgar la licitación para la desviación del río Ovejas, obtuvo recaudos financieros de los que no se brindó ninguna explicación, por ello, el representante de la Cámara para ese entonces Juan José Chaux citó al director de Planeación Nacional, Armando Montenegro para que respondiese sobre el supuesto beneficio real brindado por la cvc al departamento del Cauca. La empresa Epsa es una empresa privada que no solo está acusada por incumplimientos de las promesas a los habitantes de Salvajina, sino que también tiene una tutela del año 2009 por el Juzgado Primero Administrativo de Buenaventura, en la que se consignan las graves afectaciones ocasionadas en el año 1999 a la comunidad a causa de la represa del bajo Anchicayá, ubicada en el Valle de Cauca. Según los datos suministrados, la hidroeléctrica ocasionó un incalculable perjuicio ambiental que afectó notablemente a las comunidades que habitaban en la zona, es decir, a cerca de 6000 personas que aún no han sido indemnizadas por la empresa.

Controversia 207 abril 2018.indd 308

6/25/2018 8:20:33 PM

Represa Salvajina: lejos del desarrollo, cerca del olvido. 1985-2016

309

La cvc la autoridad ambiental en el departamento, y la entidad que debería intervenir para que la Epsa cumpliera con sus compromisos, se declaró impedida para investigar el problema ecológico sin dar explicación alguna. No obstante, tras indagar el caso se encontró que esta corporación poseía el 16 % de las acciones de la empresa eléctrica siendo la multinacional Unión Fenosa su principal accionaria (Marín Correa, 2011). La ineficiencia de los mecanismos de protección de los derechos de los ciudadanos y la ingobernabilidad se hacian cada vez más palpables. En el año 2012, justo cuando el Consejo de Estado aceptó el recurso que ordenaba la indemnización a las comunidades, los magistrados de la Corte Constitucional que revisaron la tutela de Epsa y, contrario a lo que se esperaba, le concedieron el amparo a la electrificadora. Solo después de casi quince años de producidos los daños, la Sala Plena de la Corte Constitucional les dió la razón a las comunidades del Anchicayá y a su abogado. Finalmente, se evidenció una clara contradicción entre los intereses de multinacionales y empresas privadas y los de las poblaciones afrodescendiente e indígena, pues estos últimos son vulnerados frecuentemente y rezagados para la toma de decisiones; por lo tanto, la definición entre gobernados y gobernantes es una relación de tipo asimétrica que facilita el crecimiento de las desigualdades sociales entre los que tienen y los que no. La gobernanza es entonces vertical y la gobernabilidad en esta situación no se ejecutó. Se determina que el nivel de gobernabilidad es mínimo, pues, a pesar del fallido intento estatal por remediar los impactos veintitrés años después de la construcción de la represa, no hay evidencia del acatamiento de las normas, esta situación se refleja en que las problemáticas son aún latentes en las zonas aledañas a la Salvajina. Además, es inadmisible hablar de gobernabilidad cuando el Estado solo está presente en las comunidades en lo que respecta a seguridad armada. El bienestar social y la garantía de los derechos de la sociedad son relegados, porque los

Controversia 207 abril 2018.indd 309

6/25/2018 8:20:33 PM

310

Controversia 208

actores privados han ocupado el papel del Estado y lo hacen desde una perspectiva económica descarnada que traspasa el tejido cultural de la comunidad.

Conclusiones preliminares La cmr designa a “las grandes represas como instrumentos del desarrollo” (cmr, 2002 p.11), pero en su construcción no da cabida a las consecuencias sociales que le son inherentes, pues las asume como transitorias. “El gran instrumento del desarrollo” se ha convertido en un elemento con el que las empresas multinacionales generan un provechoso sustento económico, pues su construcción y producción de servicios representa un gran capital lucrativo. El desarrollo capitalista se ha involucrado directamente en la administración de las represas y en esa medida subordina el bienestar social y la seguridad colectiva de las poblaciones aledañas. La economía capitalista en el mercado latinoamericano se basa en la mercantilización de las relaciones sociales, ya que acoge un nuevo modelo de sociabilidad fundamentado en el egoísmo y el individualismo de actores privados, que, a su vez, promulga un statu quo en el que la privatización favorece a una esfera de empresarios sobre la sociedad civil, situación reafirmada por el Estado en un marco legal (Lechner, 1996). Tal es el caso de Fenosa que, gracias a las pocas acciones estatales, ha permanecido distante a los reclamos de la comunidad por los impactos de la represa. El desplazamiento de esferas privilegiadas responde a las interpretaciones neoliberales del individualismo, donde el ámbito público desde su estado comunitario se disipa en el mercado de la acción privada (Lechner, 1996). Hablamos del mercado privado con carácter público, por consiguiente, la conjugación de las esferas que va más allá del concepto interrelacionado de la gobernanza, pues la sociedad civil es relegada completamente frente a un Estado opresor y un mercado fluctuante

Controversia 207 abril 2018.indd 310

6/25/2018 8:20:33 PM

Represa Salvajina: lejos del desarrollo, cerca del olvido. 1985-2016

311

obligado a adaptarse al contexto, en lugar de que sea este el que se adapte a sus requerimientos, con el objetivo de negar las condiciones vitales de la comunidad a cambio del beneficio económico. La represa Salvajina es un ejemplo latente de una estructura social agonizante, en tanto ha perdido la seguridad que el Estado debería proporcionar; esto se ve representado en las sistemáticas violaciones a derechos humanos y asesinatos a líderes sociales, así como en el desinterés mutuo entre Fenosa y los gobiernos por estudiar y reparar los daños ambientales causados. Se puede inferir que las comunidades de Suárez, Morales y Buenos Aires, respecto a la problemática de la represa de Salvajina, han entrado en un proceso de razonamiento metonímico propio de la modernidad líquida, donde el comunitarismo ha proporcionado la seguridad para recuperar la acción estatal perdida. Este escenario le ha llevado a agruparse en una relación espacial-causal por las dinámicas de vida (Bauman, 2002). Esto se expresa en pronunciamientos de la sociedad civil, en general las protestas y las luchas de diferentes líderes comunitarios, para abogar por la certeza y la seguridad como habitantes de una zona donde los impactos sociales y ambientales son latentes y olvidados. Entender que “vivir significa en un lugar, y saber significa, ante todo, saber en qué lugar se está” (Escobar, 2005, p. 57) y que la cultura parte de los cuerpos y los lugares. De lo anterior se comprende que la mayor incidencia a causa de Salvajina se dio en la cultura de los pobladores desplazados por su construcción, pues el lugar y, por consiguiente, el saber que tienen de este ellos, se transformó a partir de nuevos medios de producción; esto generó dinámicas de vida que, hasta el momento, solo giran en torno a la represa. Las dinámicas de lucha por la represa Salvajina se han culturalizado a causa de los impactos sociales y ambientales de las multinacionales, quienes han hecho de la represa un sustento económico favorable, a tal

Controversia 207 abril 2018.indd 311

6/25/2018 8:20:33 PM

312

Controversia 208

magnitud que reprimir a la sociedad no es más que un método producente y efectivo para el interés privado. Desde la cultura, se concluye que la construcción de una hidroeléctrica, prioriza el beneficio en términos económicos y de servicios públicos, pero trae consigo afectaciones permanentes a la relación sujeto-tierra, pues engendra daños a una construcción progresiva de prácticas ancestrales que se ven transmutadas por el desplazamiento forzado y otros fenómenos de violencia de hecho y simbólica. Las comunidades anquilosadas viven en la más grande distopía de la modernidad, la muerte lenta y agonizante de su cultura social.

Referencias Ararat, Lisifrey; Vargas, Luis Armando; Mina, Eduar; Rojas, Axel; Solarte, Ana María; Vanegas, Gildardo y Vega, Aníbal (2013). La Toma: Historias de territorio, resistencias y autonomía en la cuenca del Alto Cauca En A. Caicedo (ed.). Vida campesina y modelo de desarrollo: configuraciones de despojo /privilegio en el norte del Cauca. Bogotá, Colombia: Universidad de los Andes. Recuperado de http://www.scielo.org.co/pdf/rcan/v53n1/04866525-rcan-53-01-00059.pdf Bauman, Zygmunt (2000). Trabajo, consumismo y nuevos pobres. Barcelona: Editorial Gedisa. Bauman, Zygmunt (2002). Modernidad líquida. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica. Bello, Álvaro (2004). Etnicidad y ciudadanía en América Latina. Santiago de Chile: Cepal. Betancourt, Santiago (1994). Pugna por el Ovejas. El Liberal. Canizales, Diego (2013). Factores que inciden en el cambio de una economía licita por una economía ilícita en la zona rural del municipio de Suarez cauca desde 1990-2012. Cali: Universidad del Valle. Censat (s. f). Proceso de comunidades negras denuncian desalojo del corregimiento La Toma por Anglo Gold Ashanti. Recuperado de http://censat.

Controversia 207 abril 2018.indd 312

6/25/2018 8:20:33 PM

Represa Salvajina: lejos del desarrollo, cerca del olvido. 1985-2016

313

org/es48/noticias/proceso-de-comunidades-negras-denuncian-desalojodel-corregimiento-la-toma-por-anglo-gold-ashanti Cepal y Patrimonio Natural (2013). Amazonia posible y sostenible. Bogotá: Cepal y Patrimonio Natural. Colectivo Punto de Fuga (02 de abril de 2012). La salvaje Salvajina, el despojo y el oro en Suárez. Notiagen. Recuperado de https://notiagen.wordpress. com/2012/04/02/la-salvaje-salvajina-el-despojo-y-el-oro-en-suarez/ Comisión Mundial de Represas (CMR) (2000). Represas y desarrollo: un nuevo marco para la toma de decisiones. Recuperado de: https://chiltepines.files. wordpress.com/2012/09/represas_y_desarrollo_sc3adntesis-wcd.pdf Corporación Autónoma Regional del Cauca (CRC) (2010). Caracterización ambiental plan departamental de aguas y saneamiento básico Departamento del Cauca. Popayán: CRC. Recuperado de http://crc.gov.co/files/ConocimientoAmbiental/AMB_PDA_CAUCA.pdf Corporación Servicios Profesionales Comunitarios Sembrar (2010). Despojo del territorio en comunidades afrocolombianas. Recuperado de http://jenzera. org/wordpress-content/uploads/2010/01/DESPOJO-DEL-TERRITORIO-ENCOMUNIDADES-AfROCOLOMBIANAS.pdf Corte Constitucional (2015). Constitución política de Colombia de 1991. Recuperado de http://www.corteconstitucional.gov.co/inicio/Constitucion%20 politica%20de%20Colombia%20-%202015.pdf CRIC (2013). Implementación de ODM. En C. Duarte (Ed.). Análisis de la posesión territorial y situaciones de tensión interétnica e intercultural en el departamento del Cauca. Cali: Pontificia Universidad Javeriana. Recuperado de https:// www.javerianacali.edu.co/sites/ujc/files/node/field-documents/field_document_file/analisis_posesion_territorial_-_tensiones_interetnicas_e_interculturales_en_el_cauca_1.pdf Duarte, Carlos (Ed.). (2013). Análisis de la posesión territorial y situaciones de tensión interétnica e intercultural en el departamento del Cauca. Cali: Pontificia Universidad Javeriana. Recuperado de https://www.javerianacali. edu.co/sites/ujc/files/node/field-documents/field_document_file/analisis_posesion_territorial_-_tensiones_interetnicas_e_interculturales_en_el_ cauca_1.pdf

Controversia 207 abril 2018.indd 313

6/25/2018 8:20:33 PM

314

Controversia 208

Escobar, Arturo (2000). El lugar de la naturaleza y la naturaleza del lugar: ¿globalización o postdesarrollo? En: Edgardo Lander (Comp.). La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas Latinoamericanas. Buenos Aires: CLACSO. Recuperado de http://bibliotecavirtual.clacso.org. ar/ar/libros/lander/escobar.rtf Escobar, Arturo (2005). Más allá del Tercer Mundo. Globalización y diferencia. Bogotá: ICANH. Escobar, Arturo (2010). Una minga para el postdesarrollo: lugar, medio ambiente y movimientos sociales en las transformaciones globales. Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Recuperado de http://www.unc. edu/~aescobar/text/esp/escobar.2010.UnaMinga.pdf Escué, Alcibiades (1995). Tierra profanada. Grandes proyectos en territorios indígenas de Colombia. Bogotá: Proyecto ONIC Cecoin Ghk. Galvis, Catalina (2014). Minería en el norte del Cauca indígena. En B. Göbel y A. Ulloa, (Eds.). Extractivismo minero en Colombia y América Latina. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia. González, Érika (2008). Unión Fenosa. Los impactos de la multinacional eléctrica en Colombia. Bogotá: Observatorio de Multinacionales en América Latina. González, Fernán y Gama, Claire (Eds.). (2010). Dificultades, retos y posibilidades de la noción de Gobernanza en el caso colombiano. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana. Guzmán, Álvaro y Rodríguez, Alba (2015). Orden social y conflicto armado: el norte del Cauca 1990-2010. Cali. Universidad del Valle. Recuperado de http://site.ebrary.com.acceso.unicauca.edu.co/lib/biblioucaucasp/reader. action?docID=11312822yppg=7 Juanillo, Ismael (1997). Salvajina, oro y pobreza. Popayán: Editorial Antena Comunicaciones. Lechini, Gladys (Comp.). (2008). La globalización y el consenso de Washington. Buenos Aires: Clacso. Lechner, Norbert (1996, mayo). ¿Por qué la política ya no es lo que fue? Revista Foro, 29.

Controversia 207 abril 2018.indd 314

6/25/2018 8:20:33 PM

Represa Salvajina: lejos del desarrollo, cerca del olvido. 1985-2016

315

Marín Correa, Alexander (11 de septiembre de 2011). Anchicayá: sin pescado y sin indemnización. El Espectador. Recuperado de http://www.elespectador.com/noticias/judicial/anchicaya-sin-pescado-y-sin-indemnizacionarticulo-298539 Meneses, Ferney (2013). Patía: un proyecto hidroeléctrico que corre en silencio. Censat, Agua Viva. Recuperado de http://censat.org/es/noticias/patia-unproyecto-hidroelectrico-que-corre-en-silencio Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (Minambiente) (2008). “Resolución número 1248 del 11 de junio de 2008”. Bogotá. Movimiento Ríos Vivos (02 de agosto de 2015). Afectados por construcción de represas se están quedando sin territorio Ríos Vivos. Recuperado de https://defensaterritorios.wordpress.com/2015/08/02/afectados-por-construccion-de-represas-se-estan-quedando-sin-territorio-rios-vivos/ Observatorio de Multinacionales en América Latina (Omal) (2012). Presa hidroeléctrica de Salvajina en Colombia: 26 años de despojo. Recuperado de http://omal.info/spip.php?article4737 Osorio, Flor y Betancur, Juan (2013). Participación de grupos étnicos y nuevas agendas del desarrollo en Colombia. En C. Barreira, R. González, J. Zuluaga y J. V. Dos Santos (Coords.) Conflictos sociales, luchas sociales y políticas de seguridad ciudadana. México D. F.: Clacso. Pegoraro, Juan (2013). El control social como custodio del orden social: selectividad e impunidad de los poderosos. En C. Barreira, R. González, J. Zuluaga y J. V. Dos Santos (Coords.) Conflictos sociales, luchas sociales y políticas de seguridad ciudadana. México D. F.: Clacso. Roa Avendaño, Tatiana y Duarte, Bibiana (2013). Desarrollo hidroeléctrico, despojo y transformación territorial: El caso de Hidrosogamoso, Santander, Colombia. En A. Arroyo y R. Boelens (Eds.). Aguas robdas. Despojo hídrico y movilización social. Quito: Abya Yala, Justicia Hídrica, Instituto de Estudios Peruanos (IEP). Recuperado de https://totumasymaracas.files.wordpress.com/2013/10/doc_tati-bibi_art-hidrosogamoso_aguas-robadas_2013_rfinal.pdf Roa Avendaño, Tatiana y Navas, Luisa (Coords.) (2014). Extractivismo, conflictos y resistencias. Bogotá: Censat.

Controversia 207 abril 2018.indd 315

6/25/2018 8:20:33 PM

316

Controversia 208

Ruiz, Pablo (2012). Miles de ciudadanos estadounidenses protestaron contra la Escuela de Asesinos. Rebelión. Recuperado de http://www.rebelion.org/ noticia.php?id=159524 Schorr, Tomas (Ed.). (1984). Las represas y sus efectos sobre la salud. México, D. F.: Centro Panamericano de Ecología Humana y Salud. Recuperado de http://www.cridlac.org/digitalizacion/pdf/spa/doc10207/doc10207.htm Sulé, Javier (2006). Unión Fenosa en Colombia. Una estrategia socialmente irresponsable. Barcelona: Observatorio de la Deuda en la Globalización, Universitat Politécnica de Catalunya. Recuperado en: https://www.colectivodeabogados.org/IMG/pdf/b36_UnionFenosa_Colombia.pdf Trejos, Luis (2013). Colombia: una revisión teórica del conflicto armado. Enfoques, 11(18), 55-75. Vanegas, Gildardo y Rojas, Axel (2012). Poblaciones negras en el norte del Cauca. Bogotá: Departamento de Desarrollo Rural y Regional de la Universidad Javeriana. Observatorio de Territorios Étnicos. Zapata, Carlos; Nkogo, Eugenio; Proto, Fernando; Esterman, Josef; Brito, Luis; Jordán, María Eugenia et al. (2013). Filosofía mestiza, interculturalidad, ecosofia y liberación. Buenos Aires: Editorial Abierta FAIA.

Controversia 207 abril 2018.indd 316

6/25/2018 8:20:34 PM

Controversia 207 abril 2018.indd 317

6/25/2018 8:20:34 PM

Controversia 207 abril 2018.indd 318

6/25/2018 8:20:34 PM

319

Colaboradores Carolina Arias Hurtado Administradora ambiental de la Universidad Tecnológica de Pereira (Colombia). Magíster en Gestión del Patrimonio y Desarrollo Territorial de la Universidad Mayor de San Simón (Bolivia). Integrante de la línea de investigación Estudios Socioculturales y Problemática Ambiental del grupo de investigación Gestión en Cultura y Educación Ambiental de la Facultad de Ciencias Ambientales de la Universidad Tecnológica de Pereira (Colombia). Estudiante del doctorado en Estudios del Desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas (México). Correo electrónico: lcarias@utp.edu.co

Álvaro Acevedo Tarazona Historiador y Magíster en Historia de la Universidad Industrial de Santander. Especialista en Filosofía de la Universidad de Antioquia. Doctor en Historia de la Universidad de Huelva, España. Especialista en Docencia en Historia y Cultura de América Latina de la Universidad Pablo de Olavide, Sevilla-España. Magíster en Historia de América: De la Ilustración al Mundo Contemporáneo de la Universidad Pablo de Olavide, Sevilla-España. Posdoctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (uptc)-Rudecolombia. Profesor Titular de la Universidad Industrial de Santander. Director del Grupo de Investigación “Políticas, Sociabilidades y Representaciones Histórico-Educativas”. Investigador Asociado Colciencias. Miembro del Consejo Nacional de Acreditación (cna). Miembro de Número de la Academia de Historia de Santander, de la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Historia y de la Asociación Colombiana de Historia Regional y Local (Historelo). Autor de libros y artículos sobre Historia de la Educación, Historia Social

Controversia 207 abril 2018.indd 319

6/25/2018 8:20:34 PM

320

Controversia 208

y de la Cultura e Historia Regional. Correo electrónico: tarazona20@ gmail.com

Andrés David Correa Lugos Historiador y archivista de la Universidad Industrial de Santander. Miembro activo del grupo de investigación Políticas, Sociabilidades y Representaciones Histórico-Educativas. Autor de libros y artículos sobre movimientos sociales, historia cultural y globalización. Correo electrónico: andrescorrealugos@outlook.com

Yurany Alexandra Pérez Lugo Estudiante de ciencia política Universidad del Cauca. Pertenece al Grupo de Estudios Lingüísticos, Pedagógicos y Socioculturales (gelps). Correo electrónico: yuliamsalas9@gmail.com

Lenin Gabriel Díaz Escandón Estudiante de ciencia política Universidad del Cauca. Pertenece al Grupo de Estudios Lingüísticos, Pedagógicos y Socioculturales (gelps).

Freddy Díaz De formación ambiental, egresado de la Universidad Distrital, hace parte del Instituto Nacional Sindical. Ha centrado su trabajo en el equipo de Tierras y Minería, allí ha publicado diferentes artículos sobre de temas ambientales, temática de tierras y del sector minero-energético, dentro de los cuales se destaca “Campesinos despojados de medios de vida”, publicado en el periódico Desde Abajo, donde se retrata el conflicto socio-territorial vivido entre una comunidad campesina y una empresa palmera. Además, hace parte de la Secretaría de formación del

Controversia 207 abril 2018.indd 320

6/25/2018 8:20:34 PM

Colaboradores

321

Coordinador Nacional Agrario y es militante del Congreso de los Pueblos. Correo electrónico: freddydiazga@gmail.com.

Oscar Pedraza Historiador y Antropólogo Universidad de los Andes. Master en Antropología New School for Social Research. Candidato a Ph.D. en antropología City University of New York, Graduate Center. Ha trabajado alrededor de movimientos sociales, extractivismo, memoria y violencia política. Su trabajo actualmente se concentra en entender la creación del valor de la muerte en las redes transnacionales de derechos humanos y minería. Correo electrónico: oscarpedra@gmail.com.

Yuliana Salazar Duque Estudiante de la Maestría en Sociedades Rurales de la Universidad de Caldas. Administradora ambiental de la Facultad de Ciencias Ambientales de la Universidad Tecnológica de Pereira-utp (2006-2014). Integrante de la línea de investigación Estudios Socioculturales y Problemática Ambiental adscrita al Grupo de Gestión en Cultura y Educación Ambiental-utp. Correo electrónico: yuliamsalas9@gmail.com

Nathalia Ávila Escobar Socióloga de la Universidad Externado de Colombia y magíster en geografía de la Universidad Federal de Paraná en Curitiba Brasil. Ha trabajado temáticas en relación con megaproyectos, extractivismo y movimientos sociales en Colombia y en Brasil. Hace parte del Colectivo de Estudios sobre Conflictos por Tierra y Territorio enconttra. Últimas publicaciones en memorias de eventos: “Conflictos socioambientales por la construcción de grandes hidroeléctricas en Colombia: neodesarrollismo neoliberal, r-Existencias y movimientos sociales” y “conflictos socioambientales por megaminería en Antioquia”. Su tesis de maestría

Controversia 207 abril 2018.indd 321

6/25/2018 8:20:34 PM

322

Controversia 208

se titula “La naturalezavida se cuida y se defiende: conflictos por neoextractivismo en el Oriente del departamento de Antioquia Colombia”. Correo electrónico: nataliavila1@hotmail.com

Jorge Montenegro Gómez Geógrafo formado por la Universidad de Barcelona (Estado español). Profesor de los cursos de pregrado y posgrado en Geografía de la Universidad Federal do Paraná (Curitiba, Brasil). Investiga y practica la extensión universitaria junto a movimientos sociales y comunidades tradicionales, en relación con los conflictos socioambientales, con una lectura crítica de las políticas de desarrollo rural. Participa del Colectivo enconttra y del Grupo de Trabajo “Territorialidades en disputa” del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO). Ha publicado recientemente en revista el texto “El desarrollo que no cesa. Entre las viejas fórmulas que se venden como nuevas y las viejas resistencias que se renuevan” y los capítulos de libro “Nas tramas da construção de uma rede de povos e comunidades tradicionais no Paraná e Santa Catarina: histórias de sempre, histórias de hoje” y “Desarrollo, territorio y control social: una mirada desde la Geografía. Correo electrónico: jorgemon@ ufpr.br

Controversia 207 abril 2018.indd 322

6/25/2018 8:20:34 PM

Controversia 207 abril 2018.indd 323

6/25/2018 8:20:34 PM

Controversia 207 abril 2018.indd 324

6/25/2018 8:20:34 PM

Revista Controversia Instrucciones para la presentaciĂłn de artĂculos

Controversia 207 abril 2018.indd 325

6/25/2018 8:20:34 PM

Controversia 207 abril 2018.indd 326

6/25/2018 8:20:34 PM

327

Revista Controversia Instrucciones para la presentación de artículos1 El trabajo coordinado de los autores con la Revista Controversia es esencial para llevar a buen término una publicación. Por esto, el texto que se desea publicar debe cumplir con algunos requisitos desde su misma creación, para lo cual se deben tener en cuenta normas básicas de calidad académica, técnica y lingüística. A continuación, se explicará en detalle dichos requisitos. Lo ideal es, entonces, que sean conocidos y tenidos en cuenta siempre al bosquejar, componer y presentar las contribuciones.

1. Sobre la revista Controversia es una publicación semestral que recibe textos de investigación, reflexión y revisión relacionados con temas sociales, económicos, culturales y políticos de Colombia y América Latina, al igual que sobre aspectos teóricos que iluminen estos problemas y también sistematizaciones de experiencias en educación popular, organización social y desarrollo sostenible. Por lo anterior, se espera que los textos que se envíen para evaluación tengan un carácter de artículo publicable y no el de un informe de investigación o capítulo de tesis. Estas contribuciones deben ser preferiblemente inéditas. A juicio del comité editorial podrá contemplarse la publicación de una contribución

Este manual de recomendaciones está basado en la última versión de la Ortografía de la Real Academia Española de la Lengua (RAE) y en el Manual de publicaciones de la American Psychological Association (APA), 6ª ed. Para ampliar la información, el autor puede remitirse a dichos textos.

Controversia 207 abril 2018.indd 327

6/25/2018 8:20:34 PM

328

Controversia 208

en otro idioma si es considerada pertinente para las líneas de trabajo antes señaladas.

2. Proceso de evaluación Los manuscritos que el comité editorial considere apropiados para publicación, o aquellos que sugiera el comité científico, serán sometidos al arbitraje de especialistas en el tema respectivo. Los evaluadores de cada artículo son pares competentes, quienes dispondrán de un mes para enviar su concepto. El comité editorial se reserva el derecho de aceptar o rechazar los artículos, según los requisitos indicados, o también de condicionar su aceptación a la introducción de modificaciones, cuando sean necesarias. El proceso de evaluación es confidencial. Autores y jurados evaluadores no se conocerán mutuamente. Se utilizará un formato para que cada árbitro consigne su concepto sobre la calidad, originalidad e importancia del texto evaluado. El artículo obtendrá una valoración cuantitativa y una cualitativa. Los comentarios de los árbitros serán remitidos al autor del artículo, junto con las sugerencias del comité editorial de la revista, si hubiera lugar a modificaciones. Con el fin de tener control sobre los tiempos de edición, se hará seguimiento a las fechas de recepción y aprobación de los artículos.

3. Presentación de las contribuciones Los artículos deben tener entre 5.000 y 10.000 palabras. El título tiene que ir en español y en inglés. Se debe añadir un resumen del artículo, en español y en inglés, de seis a diez líneas, y otro semejante sobre los datos personales (perfil) del autor, que señale su pertenencia institucional, sus títulos académicos, sus publicaciones recientes más importantes y su dirección de correo electrónico. También hay que incluir cuatro a cinco palabras clave en español y en inglés. Las reseñas de libros,

Controversia 207 abril 2018.indd 328

6/25/2018 8:20:34 PM

Manual de publicación para autores

329

por su parte, no pueden exceder las 1.200 palabras, y se reciben sin los anteriores requisitos. Los textos deben ser presentados en dos formatos. El primero, una copia en medio magnético, trabajada en el procesador de textos Word u otro compatible. El segundo, una copia impresa en papel tamaño carta a una cara con márgenes de 2 cm a cada lado. La fuente que se debe usar es Times New Roman, puntaje (tamaño) 12 e interlineado 1,5. Ambas copias (impresa y magnética) deben ser enviadas a la dirección postal de la revista, Carrera 5 No. 33B-02, de la ciudad de Bogotá, D.C., Colombia. La copia magnética puede enviarse al correo electrónico controversia@cinep.org.co. Los artículos pueden ser elaborados y firmados por uno o más autores. Se recomienda que a la copia magnética se adicionen los complementos tales como figuras, tablas, ilustraciones y demás elementos en su formato original. Cada complemento se debe adjuntar en un archivo independiente. Asimismo, el material gráfico debe ser de muy buena calidad. En caso de que sea material digital, se recomienda entregar archivos con extensiones TIF o JPG, y una resolución mínima de 300 dpi.

4. Algunas recomendaciones de redacción y estilo 4.1 Sobre el uso del lenguaje Se sugiere evitar terminología técnica, en caso de que su uso sea necesario, se deben explicar los significados. El estilo debe ser fluido, de rápida comprensión y apegado a las normas básicas del lenguaje escrito. Es importante que el texto no presente ambigüedades, pobreza o impropiedad léxica, redundancias y otros problemas que impidan la adecuada interpretación del escrito.

4.2 Numeración de elementos Las figuras, tablas, gráficas, ilustraciones, etc., deben estar numeradas de forma independiente según el tipo de elemento, es decir, las tablas

Controversia 207 abril 2018.indd 329

6/25/2018 8:20:34 PM

330

Controversia 208

deben llevar su numeración propia (Tabla 1, Tabla 2, etc.), al igual que las figuras (Figura 1, Figura 2, etc.) y demás elementos, y no debe continuarse la numeración entre unos y otros. El siguiente ejemplo ilustra mejor cómo debe ser la numeración: Correcto: Tabla 1, Tabla 2, Figura 1, Tabla 3, Figura 2, Gráfico 1. Incorrecto: Tabla 1, Tabla 2, Figura 3, Tabla 4, Figura 5, Gráfico 6.

4.3 Citas textuales Las citas son frases, párrafos o ideas obtenidas de otras obras para respaldar, argumentar o en determinado caso contrastar lo que está diciendo el autor. Por regla general, las citas deben ser idénticas al original. Según la norma APA, las citas textuales de menos de 40 palabras son cortas y se incluyen en el cuerpo del párrafo entre comillas; pero si superan esta extensión, deben desplegarse en un bloque independiente del texto, en un nuevo renglón y sin comillas, con sangría izquierda de aproximadamente 1 cm. En cualquier caso, al terminar la cita, se debe poner entre paréntesis el apellido del autor, seguido del año de la publicación y la página de donde se tomó el pasaje. Ejemplos:

Citas textuales cortas «Frente al segundo concepto hay una explicación más desarrollada, puesto que este modelo implica “una característica inalienable de la cultura”»(Lotman, 1996, p. 84).

Citas textuales largas Los contrastes y divisiones del espacio permiten que el mundo se duplique (refleje) en el ritual y en la palabra: El espacio ritual copia de manera homomorfa el universo, y, al entrar en él, el participante del ritual ora se vuelve (al tiempo que sigue siendo él mismo) un espíritu del bosque, un tótem, un muerto, una divinidad protectora, ora adquiere de nuevo una esencia humana. Se extraña de sí mismo,

Controversia 207 abril 2018.indd 330

6/25/2018 8:20:34 PM

Manual de publicación para autores

331

convirtiéndose en una expresión cuyo contenido puede ser él mismo (cfr. las representaciones de los muertos en los sarcófagos y los retratos «funerarios») o tal o cual ser sobrenatural. (Lotman, 1996, p. 84)

Las omisiones de fragmentos se indican con puntos suspensivos entre corchetes cuadrados […]. Los corchetes cuadrados también se usan para demarcar las anotaciones, comentarios o conexiones que se hagan dentro de las citas. Para señalar errores de cualquier tipo dentro de la cita se utiliza la palabra sic entre corchetes y en cursiva.

4.4 Citas indirectas o paráfrasis Las citas indirectas permiten parafrasear o referirse a una idea contenida en otro trabajo. Para proporcionar información más precisa al lector, es importante que la paráfrasis contenga la información del autor (apellido), el año de la publicación y el número de página o párrafo de la obra citada. Se deben tener en cuenta los siguientes puntos al hacer citas indirectas: Ejemplo 1: Uso del apellido del autor como parte de la oración. Ramírez (2010) asegura en su estudio que los principales problemas…

Ejemplo 2: Uso del apellido del autor y el año de la publicación como parte de la oración. En 2010 el estudio de Ramírez sobre la violencia en el Pacífico colombiano…

Ejemplo 3: Paráfrasis de la idea. Se debe dejar al final la información de referencia. Si se tiene en cuenta lo anterior, podría asegurarse que las causas de la violencia en esta población están ligadas al abandono por parte del Estado (Ramírez, 2010, p. 32).

Controversia 207 abril 2018.indd 331

6/25/2018 8:20:34 PM

332

Controversia 208

Es importante destacar que por el creciente uso de textos en formato digital no sea posible poner el número de página en la referencia. Por ello, se recomienda poner el número del párrafo del que se extrae la información en lugar del número de la página. Se puede utilizar la abreviación (párr.) o el símbolo (§).

4.5 Notas al pie Se deben utilizar solamente para agregar información, explicar conceptos problemáticos o remitir a otros autores que desarrollan trabajos pertinentes para profundizar en el tema. No deben utilizarse para dar información de referencia de las citas, ya que esta debe ir inserta en el texto. Las notas al pie deben enumerarse con superíndices en números arábigos y de manera consecutiva. Los superíndices deben ir antes de cualquier signo de puntuación, es decir, antes de los puntos, comas, guiones o rayas.

4.6 Referencias bibliográficas y bibliografía Las referencias bibliográficas son el listado de fuentes primarias o secundarias que se han citado dentro del artículo o que lo han influido. Es obligatorio que al final del texto aparezca la bibliografía. La lista de referencias bibliográficas se ordena alfabéticamente según el apellido del primer autor que aparece en la referencia. A continuación se presentan algunos ejemplos de las referencias bibliográficas más frecuentes. Autores Apellidos y nombres: se deben incluir máximo siete autores. Cuando el número de autores esté entre dos y siete siempre debe preceder la y antes del último autor.

Controversia 207 abril 2018.indd 332

6/25/2018 8:20:34 PM

Manual de publicación para autores

333

Ramírez, Fabio; Gómez, Gerardo y Díaz, Hernán (2003).

Cuando el número de autores sea más de siete, se incluyen los siete primeros separados por punto y coma; luego se agrega et al. Ramírez, Fabio; Gómez, Gerardo; Díaz, Hernán; Parada, Roberto; Gutiérrez, Camilo; Sierra, Alfonso; Nokovich, Pedro et al. (2001).

Cuando se trate de un autor corporativo debe usarse el nombre completo. Universidad de Antioquia (2007).

Fecha de publicación Se incluye después del autor y va entre paréntesis seguido de punto Blair, Elsa (1999).

Título A. De libros: debe ir en cursiva, con mayúscula inicial solo en la primera palabra. Soler, Ricardo (1998). Los días del ayer.

B. De capítulos de libros: debe ir en mayúscula inicial sin comillas ni cursivas. El título del libro se pone a continuación como se ve en el ejemplo, antecedido del nombre del editor o el traductor. Soler, Ricardo (1998). El lunes de Pascua. En Jorge Garay (Ed.). Los días del ayer.

C. De artículos de publicaciones seriadas: debe ir en mayúscula inicial sin comillas ni cursivas. El nombre de la revista se pone a continuación como se ve en el ejemplo.

Controversia 207 abril 2018.indd 333

6/25/2018 8:20:34 PM

334

Controversia 208

Vázquez, Luis y Ferrero, Ricardo (2006). Las canciones de la abuela. Revista del Saber

Datos de publicación A. De libros: después del título del libro se debe añadir la información de la ciudad donde se publicó y la editorial. Rojas, Bernardo (2004). El mar de ilusiones. Madrid: Casa de Palo.

B. De publicaciones seriadas: después del título de la revista se anota el número, el volumen entre paréntesis y las páginas que corresponden al artículo. Vázquez, Luis y Ferrero, Ricardo (2006). Las canciones de la abuela. Revista del Saber, 6(3), 26-38.

C. Artículo de revista en línea: igual que el anterior formato salvo que se agrega Recuperado de www.xxxxx.yy Sarrazín, Julian (2014). Las hojas sabias en otra casa. Análisis de la traducción de la Constitución Política colombiana a la lengua indígena inga. Signo y Pensamiento, 33, (65), 16-33. Recuperado de http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/signoypensamiento/article/view/11825/9690

D. Artículo de periódico: Hernández, Carlos (19 de junio de 2015). ¿Cuántos votos dan la ciencia y la innocación? El Espectador, p. 8.

Situaciones especiales A. Tesis: Apellido, nombre. (Año). Título de la tesis (Tesis doctoral o tesis de maestría). Recuperada de Nombre de la base de datos o dirección electrónica de la institución donde se encuentra disponible.

Controversia 207 abril 2018.indd 334

6/25/2018 8:20:34 PM

Manual de publicación para autores

335

Zapata, Teana (2012). Medición de inequidades en salud para Colombia (Tesis de maestría). Recuperada de http://repository.javeriana.edu.co/bitstream/10554/8240/1/ZapataJaramilloTeana2012.pdf

B. Trabajos inéditos: Apellido, nombre. (Año). Título del manuscrito. Manuscrito inédito. Si el manuscrito se encuentra en formato electrónico, se especifica al final de la referencia. Ramírez, Horacio (2015). Territorio, sociedad y el espacio de libertad. Manuscrito inédito.

C. Compilaciones y documentos de archivo: Apellido, nombre. (día de mes de año). Título del material. [Descripción del material]. Nombre de la compilación (Número de clasificación, de caja, de archivo, entre otros). Nombre y lugar del repositorio. Bolivar, Simón (1 de enero de 1822). Caly, enero 1 de 1822. [Carta para Francisco de Paula Santander]. Cartas de Simón Bolívar a diversos 18011822 (Caja 26). Archivo del libertador, Venezuela.

D. Entrevista grabada y disponible en un archivo: Apellido y nombre del entrevistado (día de mes de año). Entrevista de nombre y apellido del entrevistador [Tipo de archivo]. Nombre del archivo. Nombre y lugar del repositorio. Alzate, Martín (18 de junio de 2015). Entrevista de Manuel Navarrete [Audio]. Nota 2, Colectivos del café. Archivos Rompecabezas, CINEP/ Programa por la paz, Bogotá.

E. Transcripción de una entrevista grabada cuya grabación no está disponible: Apellido y nombre del entrevistado (Año). Título de la entrevista/Entrevistador: Nombre y apellido del entrevistador. Nombre del medio de dónde se extrajo la entrevista. Nombre y lugar del repositorio.

Controversia 207 abril 2018.indd 335

6/25/2018 8:20:34 PM

336

Controversia 208

Pinzón, Juan Carlos (2014). Fuerzas Armadas analizan posibles escenarios para posconflicto/Entrevistador: María Isabel Rueda. El Tiempo. Recuperado de http://www.eltiempo.com/politica/justicia/entrevista-al-ministro-dedefensa-juan-c-pinzon-por-maria-isabel-rueda/14364697

5. Recomendaciones tipográficas 5.1 Uso de cursivas Es preferible utilizar las cursivas cuando: • Se usen extranjerismos o palabras en otro idioma. • Se haga énfasis en algún término o concepto • Se nombren títulos de obras completas

5.2 Uso de la negrita Se debe restringir a títulos o datos de importancia en tablas o figuras. No es recomendable usarla para resaltar términos o elementos dentro del texto, en cambio se puede utilizar la cursiva.

5.3 Las comillas En español se utilizan tres tipos de comillas: • « » latinas o angulares • “ ” inglesas o altas • ‘ ’ simples Se recomienda utilizarlas en los siguientes escenarios: • En citas textuales de menos de cuarenta palabras • En términos usados de forma irónica • Para dar un matiz especial a una expresión

Controversia 207 abril 2018.indd 336

6/25/2018 8:20:34 PM

Manual de publicación para autores

337

Según la recomendación de la RAE, en primer lugar deben utilizarse las comillas angulares, luego las inglesas y finalmente las simples, tal como se ejemplifica: Entonces, Perla refirió: «Yo oí que José dijo “voy a ‘machacar’ las piedras a puño limpio”. Después de eso me fui».

6. Compromisos éticos La revista Controversia se compromete, con los autores que envien sus contribuciones, a realizar un proceso transparente de evaluación de la calidad de las mismas, en condiciones de igualdad para todos. También conservará el anonimato entre autores y jurados. Durante el tiempo que dure la evaluación los artículos y reseñas se tratarán con total confidencialidad, y habrá una permamente comunicación de parte del equipo editorial con autores y jurados. Los resultados del proceso de evaluación solo se comunicarán a los autores. Controversia le apuesta al libre acceso de sus contenidos y a la amplia difusión de los mismos por medios impresos y electrónicos. Como su nombre lo indica, propiciará debates que permitan el mejor conocimiento de la realidad y fortalezcan las ciencias sociales y las humanidades.

Controversia 207 abril 2018.indd 337

6/25/2018 8:20:34 PM

Controversia 207 abril 2018.indd 338

6/25/2018 8:20:34 PM