Revista proceso n 1991 43 la pesadilla by Cristian Manrique

Índice

No. 1991 • 28 de diciembre de 2014

Foto portada

: Germán Ca

nseco

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CASO AYOTZINAPA Investigar a la PF y al Ejército, clamor de los familiares /Rosalía Vergara

En Guerrero, la pobreza se exacerba /Juan Carlos Ruiz Vargas

Gobernanza Forense Ciudadana: La búsqueda independiente /Jenaro Villamil

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NARCOTRÁFICO En desafío al gobierno, en Michoacán regresan las autodefensas /Francisco Castellanos J.

CORRUPCIÓN Cambio legal: en obra pública, manos libres /Jesusa Cervantes Tren México-Toluca: Ecocidio, descontento social... y los mismos socios del poder /Rodrigo Vera

CISA / Comunicación e Información, SA de CV CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN: Presidente, Julio Scherer García; Vicepresidente, Vicente Leñero; Tesorero, Rafael Rodríguez Castañeda; Vocales, Francisco Álvarez, Salvador Corro

semanario de información y análisis DIRECTOR: Rafael Rodríguez Castañeda SUBDIRECTOR EDITORIAL: Salvador Corro SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN: Alejandro Rivera ASISTENTE DE LA DIRECCIÓN: María de los Ángeles Morales; ayudante, Luis Ángel Cruz ASISTENTE DE LA SUBDIRECCIÓN EDITORIAL: Flor Hernández ASISTENTE DE LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN: Laura Ávila COORDINADORA DE FINANZAS DE REDACCIÓN: Beatriz González COORDINADORA DE RECURSOS HUMANOS: Luz María Pineda EDICIÓN Y CORRECCIÓN: Alejandro Pérez, coordinador; Cuauhtémoc Arista, Tomás Domínguez, Sergio Loya, Hugo Martínez, Juan Carlos Ortega REPORTEROS: Carlos Acosta, Jorge Carrasco, Jesusa Cervantes, Juan Carlos Cruz, Patricia Dávila, Gloria Leticia Díaz, Álvaro Delgado, José Gil Olmos, Santiago Igartúa, Arturo Rodríguez, Rodrigo Vera, Rosalia Vergara, Jenaro Villamil CORRESPONSALES: Campeche, Rosa Santana; Colima: Pedro Zamora; Chiapas, Isaín Mandujano; Guanajuato: Verónica Es pi nosa; Guerrero, Ezequiel Flores Contreras; Jalisco, Fe li pe Co bián;

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Sector salud, la mina de César Duarte /Patricia Mayorga

JUSTICIA Una Suprema Corte balcanizada /Jorge Carrasco Araizaga

POLÍTICA Vera López: Es hora de un nuevo Constituyente /Arturo Rodríguez García

ANÁLISIS SCT: desprecio de la ley /Jesús Cantú Este año va a ser mejor /Naranjo La difícil herencia de 2014 /Olga Pellicer Carta para Santa Claus /Denise Dresser Lo que resiste, apoya /John Ackerman

Michoacán, Francisco Castellanos; Nuevo León, Luciano Campos; Oaxaca, Pedro Matías; Puebla, María Gabriela Hernández,Tabasco, Armando Guzmán INTERNACIONAL: Homero Campa, coordinador; Corresponsales: Madrid: Alejandro Gutiérrez; París: Anne Marie Mergier; Washington: J. Jesús Esquivel CULTURA: Armando Ponce, editor; Judith Amador Tello, Javier Betancourt, Blanca González Rosas, Estela Leñero Franco, Isabel Leñero, Samuel Máynez Champion, Jorge Munguía Espitia, José Emilio Pacheco, Alberto Paredes, Niza Rivera Medina, Raquel Tibol, Florence Toussaint, Rafael Vargas, Columba Vértiz de la Fuente; cultura@proceso.com.mx ESPECTÁCULOS: Roberto Ponce, coordinador. espectaculos@proceso.com.mx DEPORTES: Raúl Ochoa, Beatriz Pereyra FOTOGRAFÍA: Marco Antonio Cruz, Coordinador; Fotógrafos: Germán Canseco, Miguel Dimayuga, Benjamín Flores, Octavio Gómez, Eduardo Miranda; ; asistente, Aurora Trejo; auxiliar, Violeta Melo AUXILIAR DE REDACCIÓN: Ángel Sánchez AYUDANTE DE REDACCIÓN: Damián Vega ANÁLISIS: Colaboradores: John M. Ackerman, Ariel Dorfman, Sabina Berman, Jesús Cantú, Denise Dresser, Marta Lamas, Rafael Segovia, Javier Sicilia, Enrique Semo, Ernesto Villanueva, Jorge Volpi; cartonistas: Gallut, Helguera, Hernández, Naranjo, Rocha CENTRO DE DOCUMENTACIÓN: Rogelio Flores, coordinador; Juan Carlos Baltazar, Lidia García, Leoncio Rosales CORRECCIÓN TIPOGRÁFICA: Jorge González Ramírez, coordinador; Serafín Díaz, Sergio Daniel González, Patricia Posadas DISEÑO: Alejandro Valdés Kuri, coordinador; Fernando Cisneros Larios, Antonio Fouilloux Dávila, Manuel Fouilloux Anaya y Juan Ricardo Robles de Haro COMERCIALIZACIÓN PUBLICIDAD: Ana María Cortés, administradora de ventas; Eva Ángeles, Rubén Báez ejecutivos de cuenta. Tel. 5636-2077 / 2091 / 2062

INTERNACIONAL

MÚSICA I: Los Cojolites /Ricardo Jacob MÚSICA II: La última Bohemia /Raúl Díaz TEATRO: Premio Nacional a Humberto Robles

BRASIL: Dilma, todo en contra /Andrés Carvas

52 PAQUISTÁN: Venganza talibán /Marco Appel

/Estela Leñero Franco

CINE: Birdman /Javier Betancourt MEDIOS: Propaganda electoral /Florence Toussaint LIBROS: Lucrecia Borgia /Jorge Munguía Espitia

55 ALEMANIA: La islamofobia gana las calles /Yetlaneci Alcaraz

ENSAYO El retorno de lo político: Daniel Sada y la violencia de Estado /Oswaldo Zavala

CINE Tras su balance 2014, apuesta Imcine por la difusión digital /Columba Vértiz de la Fuente

CULTURA

62 El comité para el arte en la ciudad, sin artistas /Niza Rivera

Páginas de crítica

ARTE: El derrumbe del Subsector Cultura /Blanca González Rosas

VENTAS y MERCADOTECNIA: Margarita Carreón, gerente Tel. 56 36 20 63. Lucero García, Karina Valle, Norma Velázquez. Circulación: Mauricio Ramírez, Barbara López, Gisela Mares. Tel. 5636-2064. Pascual Acuña, Fernando Polo, Andrés Velázquez. Suscripciones: Cristina Sandoval Tel. 5636-2080 y 01 800 202 49 98. Mónica Cortés, Ulises de León, Rosa Morales. ATENCIÓN A SUSCRIPTORES (Reparto): Lenin Reyes Tel. 5636-2065. Jonathan García. TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN: Fernando Rodríguez, jefe; Marlon Mejía, subjefe; Eduardo Alfaro, Betzabé Estrada, Javier Venegas ALMACÉN y PROVEEDURÍA: Mercedes Guerra, coordinadora; Rogelio Valdivia MANTENIMIENTO: Miguel Olvera, Victor Ramírez CONTABILIDAD: Edgar Hernández, contador; María Concepción Alvarado, Rosa Ma. García, Raquel Trejo Tapia COBRANZAS: Sandra Changpo, jefa; Raúl Cruz

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DEPORTES El tenis nacional, en punto de quiebre /Beatriz Pereyra Palabra de Lector Mono Sapiens /Calendario de fotos famosas para un país lleno de fosas /Helguera y Hernández

agencia de fotografía EDITOR: Marco Antonio Cruz; Dirección: www.procesofoto.com.mx Correo electrónico:rednacional@procesofoto.com.mx; Ventas y contrataciones: 5636-2016 y 56362017

EDITOR: Alejandro Caballero; Correo electrónico: acaballero@proceso.com.mx; Armando Gutiérrez, Juan Pablo Proal y Alejandro Saldívar, coeditores; Tel. 5636-2010 RESPONSABLE TECNOLÓGICO: Ernesto García Parra; Saúl Díaz Valadez, desarrollador,Tel. 5636-2106 Siguenos en:

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CA S O AYOTZINA PA Los días de furia continúan. Los familiares de los desaparecidos de Ayotzinapa cumplieron su promesa de que para ellos no habría Navidad. Las reclamaciones airadas de justicia van de Iguala a Chilpancingo y al Distrito Federal. Aun en las inmediaciones de Los Pinos, a donde el día 24 les negaron el paso. El reclamo ahora es uno: que la PGR investigue a la Policía Federal y a los miembros del Ejército que eventualmente participaron en los hechos. El grito es clamor y el clamor por los 43 es ya pesadilla para el gobierno federal.

Investigar a la PF y al Ejército,

clamor de los familiares

ROSALÍA VERGARA

ara ellos no hubo Nochebuena. La lluvia enmarcó su protesta frente a la residencia oficial de Los Pinos el miércoles 24. La demanda es la misma que hace tres meses: la presentación con vida de los 42 normalistas de Ayotzinapa que aún están desaparecidos. Sin embargo se gestó una nueva exigencia: Que se investigue la presunta participación del Ejército y de la Policía Federal (PF) en el ataque del 26 de septiembre a los estudiantes en Iguala, Guerrero. En su edición 1989, este semanario publicó “la historia no oficial” de aquellos hechos. Los periodistas Anabel Hernández y Steve Fisher documentaron que la PF participó activamente en la agresión a los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa y contó con la complicidad de los militares. El reportaje mostró que, contra la versión del gobierno federal, éste sí conoció

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los hechos en tiempo real mediante los funcionarios federales adscritos a los C4 de Chilpancingo e Iguala, y confirmó que fueron torturados al menos cinco de los supuestos miembros de Guerreros Unidos usados por la Procuraduría General de la República (PGR) para dar forma a la versión oficial contra el exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, y la policía de ese municipio. Padres, madres y hermanos de los desaparecidos, con su representante legal, refrendan que no le creen al gobierno y siguen exigiendo justicia. En entrevista durante su protesta sobre la calzada Chivatito, cerca de Los Pinos, lugar al cual les impidieron llegar policías federales, Felipe de la Cruz, Omar García, Vidulfo Rosales Sierra y la madre de familia Metodia consideran que el Ejército tiene responsabilidad directa en la desaparición de los jóvenes. “Nosotros les exigimos en varias ocasiones, en las mesas de diálogo, que se te-

Jorge Lopez / Reuters

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Benjamín Flores

Familiares. Protestas sin fin

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que la complicidad existe. Dijimos en varias ocasiones que no íbamos a descansar y no lo vamos a hacer. La Navidad para nosotros no existe hoy.” El vocero de los familiares exigió al gobierno que entreguen vivos a los jóvenes, porque el Estado tiene responsabilidad directa en su desaparición: “Quienes cometieron este crimen fueron policías, fue el Ejército. No tenemos

duda, hay testimonios de los muchachos –compañeros de los desaparecidos– de que los militares también participaron”, indica. Y el diálogo con el gobierno federal no está roto, aclara, sino que está suspendido: “Ellos –los funcionarios federales– piensan que el cansancio nos va a derrotar, pero se equivocan porque el cansancio nos da más rabia y más energía para seguir”. Cuando se le pregunta si lo siguiente

Hugo Cruz

nía que abrir una investigación a los militares, a la PF y a la Policía Municipal. Únicamente se han enfocado a la municipal, aunque los militares participaron y también tienen que ser castigados”, indica De la Cruz, vocero de los familiares afectados. “Desde el primer momento no hemos creído al gobierno federal, a cada rato salen con sus mentiras. Tenemos claro que su intención es cerrar el caso, que éste quede en el olvido como muchos que han cometido, pero definitivamente no vamos a descansar. Lo que nos informan lo escuchamos, pero no les creemos”, agrega. Padre de uno de los jóvenes desaparecidos, De la Cruz destaca que el principal castigo debe ser para los militares que sacaron a los jóvenes de la clínica donde los atendieron tras la balacera. El Ejército, añade, ha demostrado su complicidad en este crimen al simular la búsqueda de los 42 desaparecidos, ya que uno de ellos, Alexander Mora, fue identificado mediante pruebas de ADN a principios de diciembre. “A casi tres meses de la desaparición forzada de los estudiantes de Ayotzinapa –prosigue De la Cruz–, el gobierno federal no ha dado una respuesta, ni siquiera una pista para darnos la tranquilidad o saber si ya vamos a llegar a donde tengan a los muchachos. Cada día nos queda más claro

Iguala. Cuartel asediado

CAS O AYOTZIN A PA las que involucran a políticos como Héctor Vicario Castrejón, a los hermanos de Joan Sebastian –el cantante–, al exgobernador Ángel Aguirre, al exprocurador, al exsecretario de Seguridad Pública, al Ejército y a la PF. No es privativo solamente del Ejército. Pero sí hay estas responsabilidades que se tienen que deslindar en la investigación.” Y si el gobierno federal sigue ignorando a los padres de los normalistas desaparecidos, dice Rosales, recurrirán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que emita una recomendación al Estado mexicano.

El Ejército, “experto” en desapariciones Omar García, sobreviviente del ataque del 26 de septiembre en Iguala, corrobora la participación de militares y policías federales, pero considera “obvio” que el gobierno no la admitirá: “Sabemos que con el tiempo, como siempre sucede, la verdad sale a flote. Las investigaciones han demostrado que participaron las fuerzas federales. Nosotros seguimos plantados en la idea de que fue así, que el Estado mexicano tiene las maGermán Canseco

es exigir que se amplíe la investigación sobre la participación del Ejército y la PF, De la Cruz responde: “Sí. Me sorprendió que nuevamente hayan traído al presidente de Cocula a declarar, porque la primera vez lo dejaron ir. En una de las mesas de diálogo cuestionamos por qué lo habían liberado, si porque era del PRI no lo iban a investigar… Exigimos que se le abriera una investigación también. “Qué bueno que lo hayan traído y arraigado, porque creemos que tiene mucha responsabilidad, como la tiene Abarca –el expresidente municipal de Iguala– y como la tuvo el gobernador (Ángel Aguirre), como ahora la tiene Enrique Peña Nieto.” –¿No se han preguntado por qué participaron las fuerzas federales? –No encontramos el motivo (para desaparecerlos) porque no había ninguna manifestación, ningún desorden. Los muchachos venían de regreso y el perseguirlos, bloquearles la salida y asesinarlos de esa manera, hasta ahora no entendemos a esa mente diabólica que preparó todo esto.

Nuevas líneas de investigación La investigación publicada por este semanario en sus ediciones 1989 y 1990 acerca del caso Ayotzinapa reveló que el gobierno de Peña Nieto encubre a agentes del Estado, principalmente del Ejército y de la PF. De la Cruz considera que “está quedando al descubierto, poco a poco, toda la estrategia maquinada por el Estado para llevar a cabo este crimen a través de las fuerzas federales, municipales y el Ejército. Es una exigencia, una necesidad y una urgencia que se investigue al Ejército. Hay testimonio de los jóvenes de que participaron”. A su vez Vidulfo Rosales, asesor jurídico de la Normal Rural de Ayotzinapa y del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, resalta que en estos días buscarán una ampliación de las investigaciones de la denuncia interpuesta desde el 27 de septiembre en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada de la PGR para que se indague al Ejército y a la PF por su presunta participación en la desaparición de los jóvenes: “Toda vez que ya existen testimonios que ilustran la responsabilidad de las autoridades, en próximos días haremos una petición formal para que se abra una línea de investigación al respecto. Es decir, a nivel de averiguación previa de parte de los padres de familia, que son los agraviados, solicitaremos que se abra esta línea de investigación.” Recuerda que desde los hechos conocen de la responsabilidad del Ejército y de la PF en el crimen, pero ahora están recabando las pruebas para exigir que se les investigue: “Siempre hemos pedido abrir líneas adicionales de investigación, entre ellas

Reclamos. Oídos sordos

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Hugo Cruz

Jornadas de indignación

nos bien metidas ahí. La investigación que hizo Proceso lo demuestra.” El hecho de que las autoridades monitorearan los autobuses donde viajaban los normalistas desde su salida de la Normal de Ayotzinapa demuestra, a su juicio, un ataque planeado: “Estamos exigiendo que se abra una línea de investigación contra el Ejército desde hace mucho tiempo, pero no lo han hecho. No lo van a hacer tan fácil, eso lo sabemos. Necesitamos agudizar la movilización, tocar más puertas, juntar más gente”.

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–¿Qué opinas de la postura del gobierno? –¿Quién les cree? No somos tontos. Somos de Ayotzinapa, conocemos las mañas del gobierno desde hace mucho tiempo. Hemos visto en otros casos cómo los burlan y hemos aprendido de los errores de otros, de los aciertos de otros. Si algo tenemos es precisamente conocimiento dentro del movimiento social, dentro de las contiendas sociales. ¡Cómo nos van a engañar! Destaca que el movimiento se ha mantenido en la legalidad al exigir justicia para los normalistas desaparecidos y

sus familias, pero señala: “Hay un límite” porque, ante la indiferencia oficial, “va a llegar el momento de que convoquemos a algo más. Creemos que tenemos la autoridad moral para hacerlo porque no representamos un proyecto político. Nosotros no planeamos el 26 de septiembre, alguien más lo planeó”. Omar considera que sería grave que la sociedad mexicana dejara de apoyar al movimiento gestado desde Ayotzinapa y desaproveche la oportunidad de cambiar las cosas en el país al desmovilizarse en el periodo electoral. “Para nosotros –dice el normalista– votar por el PRI es votar por los Guerreros Unidos, por el PRD significa votar por Los Rojos, por el PAN es votar por Los Caballeros Templarios, Los Zetas, El Cártel del Golfo. Para nosotros son sinónimos… “Tampoco estamos pidiendo la renuncia del presidente ya, pero el problema en México no es el Ejecutivo a través de una persona. El problema de este país es el Ejército. La muestra es que, como no saben qué hacer, los políticos mandan a los generales a hablar por ellos. Quiere decir que aquí no hay un poder político, sino militar, y quienes hacen el trabajo sucio y sostienen esa corrupción son precisamente los militares. “Por eso queremos que se abran las líneas de investigación hacia el Ejército –continúa Omar García–; creemos que ahí está el meollo del asunto. Nadie es experto en desaparecer gente más que el Ejército. A un mes, no encontraban nada (rastros de los normalistas); a mes y medio, no encontraban nada. Alguien no dejó ni el mínimo rastro. Entonces hay que pensar que quienes los desaparecieron saben hacerlo, lo han practicado durante años. ¿Y quiénes lo han practicado durante años? El Ejército.” –¿Crees que el caso Ayotzinapa puede ser la bandera de un movimiento social en este país? –se le pregunta. –No es que crea, se está dando. A veces disminuye la indignación, a veces aumenta. Como sea, pero lo estamos demostrando. No queremos ser los mesías de México, sino hacer nuestra parte aunque nos quedemos solos. No vamos a permitir que se nos burle.

Las ganas de ser estudiante Junto con otro grupo de madres de estudiantes, la señora Metodia exigió al presidente Peña Nieto que le entregara vivo a su hijo. Lo cuenta y le gana el llanto al recordar que han pasado tres meses de su desaparición. “Exigimos que nos los entreguen y también exigimos justicia”, dice, y para ello es necesario que “le saquen la verdad” al exgobernador Ángel Aguirre, al exalcalde de Iguala José Luis Abarca y a su esposa.

CAS O AYOTZIN A PA Octavio Gómez

quiero salir adelante y me tengo que ir’... Quiero que me lo regresen”.

Iguala sigue caliente

Dolor. Clamor internacional

defender, pero ellos, al contrario, los tenían sujetos en el carro de los policías y los aventaban como si fueran animales”, acusa. Metodia recuerda el día que su hijo salió del pueblo para estudiar en Ayotzinapa: “Él se vino de mi casa con ganas de ser estudiante... Cómo se vino mi hijo de mi casa para salir adelante, porque nosotros somos campesinos. No tengo para darle escuela. Cuando él me dijo: ‘Quiero ser maestro,

Octavio Gómez

A esta última las autoridades federales la consideran autora intelectual del crimen. “Ellos y los policías son culpables, porque ellos se llevaron a los muchachos y no sabemos de su vida. No nos quieren dar la respuesta, pero sabemos que nuestros hijos están vivos, que el Ejército los tiene. El Ejército es responsable en esto, ellos los tienen, también participaron cuando a los muchachos se los llevaron. Los muchachos no eran delincuentes, se querían

En la ciudad de Iguala, mientras tanto, familiares de los normalistas desaparecidos, alumnos de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos e integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero descargaron su ira contra las instalaciones del 41 Batallón de Infantería, donde arrojaron cuatro cohetones además de golpear y grafitear la puerta principal. “Faltan 43” y “Aquí están los asesinos”, fueron algunas de las pintas en la entrada del cuartel. Tras unos 10 minutos –durante los cuales un manifestante embozado incluso cruzó la puerta del inmueble para tratar de impedir que los militares fotografiaran a los inconformes–, los manifestantes continuaron su marcha rumbo al Palacio Municipal. Ahí, un representante de los padres de los normalistas hizo un ferviente llamado a los mexicanos a “salir de sus hogares y unirse a las manifestaciones para exigir no más desaparecidos en el país”. Durante la movilización, los normalistas, sus familiares y los profesores de la CETEG exigieron la renuncia del gobernador interino Rogelio Ortega Martínez. O

Bancas vacías

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Jessica Torres / Procesofoto

En Guerrero, la pobreza

se exacerba

Guerrero ocupa el último lugar de los 32 estados en índice de competitividad por la violencia exacerbada, secuestros, ejecuciones y desapariciones –incluidas las de los normalistas de Ayotzinapa–, lo cual mantiene a la economía local en la bancarrota. Y mientras las firmas calificadoras de Estados Unidos avizoran un 2015 calamitoso y los empresarios piden garantías para mantener los empleos, Eduardo Guerrero Gutiérrez, especialista en seguridad nacional, advierte: Guerrero es un estado mucho más complejo que Michoacán; si las autoridades no controlan la situación, se nos va a complicar todo el país. 12

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JUAN CARLOS CRUZ VARGAS

a desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero, además del incremento de las manifestaciones de indignación por la violencia exacerbada, la falta de seguridad y la inacción de las autoridades de los tres órdenes desde hace varios años, mantiene a la economía estatal al borde del colapso. De 2010 a 2012 la pobreza se incrementó de 67.6% a 69.7% en la entidad; es decir, siete de cada 10 guerrerenses son pobres, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Aún más, mientras en el país la tasa promedio de pobreza extrema es de 9.8%, en la entidad gobernada por Rogelio Ortega Martínez es de 31.7%, casi el triple. Es la segunda más alta en el ámbito na-

CAS O AYOTZIN A PA El líder empresarial detalla que a raíz de la inseguridad, la embotelladora CocaCola cerró su planta y dejó en la calle a más de 400 trabajadores. Productos Mexicanos de Canteras hizo lo mismo y dejó sin empleo a otras 400 personas. “Podemos hacer una lista interminable de empresas, pequeños, medianos y micronegocios que han ido cerrando”, comenta. La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur) también se queja porque, arguyen sus dirigentes, las manifestaciones provocadas por la desaparición de los normalistas han causado mermas al sector calculadas en 500 millones de pesos. El miércoles 10, la vicepresidenta de la Concanaco en la zona sur del país, María Eugenia Pérez, advirtió: “Esto no es solamente de 90 días atrás, hemos tenido encima la presencia de la delincuencia organizada, los huracanes Ingrid y Manuel, tenemos un daño desde atrás…”. Guerrero es productor de estupefacientes y uno de los principales corredores de droga en territorio mexicano. De acuerdo con el reporte Células delictivas con presencia en el país, elaborado en marzo de 2013 por la Procuraduría General de la República, 26 de las 88 organizaciones criminales que operan en México están asentadas en esa entidad, lo que la convierte en una de las más peligrosas. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en 2013 Guerrero alcanzó 63 homicidios por cada 100 mil habitantes. Y si bien esta tasa es menor que la registrada en 2012, cuando se cometieron 76 delitos de esa naturaleza, la entidad tiene la mayor cantidad de asesinatos en el país y equivale al triple de los cometidos en 2013 (19 por cada 100 mil habitantes).

para a 96 mil 203 pesos anuales por cada empresa dedicada al comercio o a los servicios, que son las actividades económicas prevalecientes en el estado. Es por eso que prácticamente nueve de cada 10 empresarios radicados en Guerrero lo consideran “inseguro”. No es para menos, el presidente de la Asociación de Joyeros y Plateros del Estado de Guerrero, Arturo Flores Mercado, comenta al reportero: “La inseguridad nos pegó completamente. Y aunque en el sector joyero nos hemos defendido de todas las tempestades, devaluaciones y siempre hemos salido adelante, por primera vez lo que nos truena y nos tiene en la lona es la inseguridad”. Flores Mercado asegura que Taxco, que era la ciudad número uno en la comercialización de plata con exportaciones a Europa, empezó a caer hasta que tronó. “Hoy nos ganan Guadalajara, Pachuca y Zacatecas; ellos están haciendo plata y están ocupando el mercado”, comenta. –De ser uno de los más importantes centros de artesanías de plata y joyas, Guerrero pasó a la crisis. ¿Eso se debe a la inseguridad? –se le pregunta. –Sí. En Tierra Caliente y Ciudad Altamirano, por ejemplo, donde éramos alrededor de 180 orfebres quienes elaborábamos la filigrana a mano y las esclavas –todo se vendía en los mercados–, hoy la mayoría están muertos. Ahí fue donde más pegó la violencia. Como es una ciudad chica, en Altamirano todos saben quién vende oro. Cuando alguien quería comprar el metal iba a la casa del comerciante, tocaba su puerta y hacía la transacción. Pero luego comenzaron los levantones para pedir rescate. Y cuando alguno tenía su negocio en el mercado, lo que era usual, vinieron los asal-

cional, sólo inferior a la de Chiapas, donde 32.2% de su población dispone de ingresos muy bajos. De acuerdo con el Consejo Nacional de Población, Guerrero presenta un grado de marginación “muy alto”, ya que ocupa el lugar 32 entre las entidades federativas. La desaparición de los normalistas en Iguala, aún sin resolver, incrementó las protestas sociales y causó una parálisis económica. Zacarías Rodríguez Cabrera, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo en Iguala (Canaco-Servytur), comenta a Proceso: “Iguala vive principalmente del comercio, algo de agricultura y ganadería, y paisanos que reciben remesas de sus familiares de Estados Unidos. Hoy estamos en una situación bastante difícil; estamos ahogándonos; estamos desesperados”.

La violencia e inseguridad han diezmado a la iniciativa privada guerrerense. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas 2014 (ENVE), dada a conocer por el Inegi este mes, en 2013 las unidades económicas de víctimas de delitos en Guerrero se disparó 31.2% con respecto a 2011. En otras palabras, el año pasado se cometieron 3 mil 929 ilícitos por cada 10 mil empresas ubicadas en ese territorio, cifra mayor que los 2 mil 995 delitos cometidos en 2011. El más frecuente de ellos es la extorsión, seguido por el robo o asalto de mercancía, dinero, insumos o bienes. La ENVE 2014 precisa que el costo promedio del delito por unidad económica como consecuencia del gasto en medidas de protección y de las pérdidas derivadas del delito durante 2013 ascendió a 53 mil 660 pesos en Guerrero. La merma se dis-

Archivo Proceso

Cifras de la muerte

Guerrero. Último lugar

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tos sin que nadie hiciera nada. Hoy los sobrevivientes tienen miedo; lo mismo pasó con los vendedores de bisutería. El entrevistado asegura que de 2004 a 2010 las ventas descendieron más de 60% a causa de la creciente violencia, las extorsiones, los secuestros y los desaparecidos. “Yo me vi obligado a cerrar mi negocio por una extorsión –cuenta–. Estaba en Iguala cuando le hablaron a mi personal y le dijeron que iban a cortarme la cabeza y después irían por ellos. ¡Se la creyeron! Sacaron la mercancía y la fueron a empeñar… Las casas de empeño están metidas también”.

Perspectivas para 2015

Medidas insuficientes El jueves 4 el presidente Peña Nieto anunció una serie de medidas para reactivar la economía de la entidad sureña que inclu-

José Luis de la Cruz / Procesofoto

La agencia calificadora Fitch Ratings, con sede en Nueva York, sostiene que en 2015 la situación de inseguridad podría presionar las finanzas públicas estatales. En el reporte de calificación crediticia de la institución, difundido el lunes 22, Guerrero mantiene su calificación en “A- con perspectiva estable”. Eso indica una expectativa de bajo riesgo de incumplimiento en relación con otros emisores u obligaciones en otras entidades. Sin embargo, los cambios en circunstancias o condiciones económicas pueden afectar la capacidad de pago oportuno en un grado mayor que en el caso de los compromisos financieros que poseen una calificación más alta. Fitch señaló que “la calificación continúa limitada… Además, constituyen limitantes sobre la calificación: la presión constante que ejerce la seguridad pública sobre el gasto operacional (GO, gasto corriente y transferencias no etiquetadas) y que restringe la flexibilidad financiera estatal”. A ello se suma la inestabilidad políti-

ca y social en Guerrero. Por otra parte, la agencia advirtió que de continuar las manifestaciones, los actos de violencia y los bloqueos se mermará la economía estatal, que depende en gran parte del turismo, lo cual impactará directamente en la recaudación fiscal. Asimismo, según Fitch, el gasto operativo podría verse presionado en 2015 por el proceso electoral que se celebrará en todos los niveles de gobierno y por el cambio de administración en Guerrero. En 2013, los ingresos del estado continuaron al alza (8.4%) y ascendieron a 13 mil 44 millones. Sin embargo, los ingresos propios apenas alcanzan 4.9% de los ingresos totales. El año pasado Guerrero incrementó 11.2% su gasto operativo debido al gasto creciente en seguridad pública y al proceso de reconstrucción por los daños ocasionados por la tormenta Manuel. Gerardo Carrillo, director de finanzas públicas de Fitch, explica a Proceso que aun cuando los temas de seguridad y violencia tienen repercusiones, en casos como el de Ayotzinapa la estabilidad financiera no se verá afectada en el largo plazo. La firma Standard & Poor’s, por el contrario, sostiene que el caso Ayotzinapa “subraya los significativos desafíos que plantea el control de la violencia relacionada con el narcotráfico en México. Aunque tal violencia no es nueva en el país, lo acontecido en Iguala generó nuevamente cuestionamientos sobre la capacidad del gobierno para lidiar con este tema crítico y sobre el impacto que la violencia pudiera tener en las perspectivas económicas”.

Gobierno. Perpetrador y juez

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yen beneficios fiscales y apoyos económicos a las pequeñas empresas, mejoras de infraestructura y descuentos en hoteles, tarifas de viajes y autopistas. No obstante, el presidente de la Canaco Iguala, Zacarías Rodríguez, asegura que las medidas son insuficientes y pide que por lo menos se exima a las empresas de pagar 50% de impuestos “para conservar los empleos”. De otro modo, la seguridad que la reactivación económica de la ciudad traería en los seis meses no se va a lograr. No es tan fácil, menos en Iguala. Según él, en Acapulco, Zihuatanejo y Chilpancingo las condiciones son diferentes. El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) sostiene que Guerrero es el peor lugar para atraer y retener talento e inversiones, De hecho es la entidad menos competitiva del país, pues se ubica en el lugar 32 del Índice de Competitividad Estatal 2014. Para Eduardo Guerrero Gutiérrez, especialista en seguridad nacional y exanalista del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, “Guerrero es un estado mucho más complicado que Michoacán, tanto en materia criminal, de guerrilla, sindicatos, autodefensas y zonas agresivas, por lo cual debe recibir un tratamiento especial: “Guerrero debe ser más cuidadoso, pues está en un momento crucial. Si se activa el problema de revuelta criminal y de violencia y las autoridades no controlan la situación, se va a complicar más que en Michoacán. “A mí me da horror que no vayan a atender bien el tema de Guerrero, porque ahí sí se nos va a complicar todo el país, porque es un estado muy agresivo, con grupos muy violentos… Lo que han logrado en Guerrero ha sido aislar Acapulco de la dinámica del crimen organizado; pero en el resto del estado las cosas se han complicado.” De poco sirvieron las medidas impulsadas por el gobierno federal para reactivar la economía estatal e incentivar el turismo. El gobierno estadunidense alertó a sus ciudadanos para que evitaran pisar territorio guerrerense, incluida la Autopista del Sol, que actualmente tiene una cuota de 25% con respecto a su precio original. Les aconsejó aplazar todos los viajes con destino a ese estado, a excepción de Acapulco e Ixtapa Zihuatanejo. En caso de hacerlo, les pidió desplazarse por crucero o avión. En Acapulco, las autoridades de Estados Unidos recomiendan a los turistas de su país no alejarse más de dos cuadras de la costera Miguel Alemán y mantenerse dentro de la zona que comprende el hotel Krystal y Puerto Marqués, incluida Playa Diamante. O

Germán Canseco

CAS O AYOTZIN A PA JENARO VILLAMIL

l 31 de julio de 2012 la procuraduría de Nuevo León le entregó a Juana Solís Barrio una bolsa con 166 fragmentos óseos que, le dijeron, pertenecían a su hija, Brenda Damaris González Solís, desaparecida un año atrás en el municipio de Santa Catarina, una de las zonas controladas por los llamados “polizetas”, es decir, los cuerpos policiacos al servicio de Los Zetas. Pero ella desconfió pues no le entregaron pruebas de ADN para acreditar que los fragmentos correspondían realmente a su hija. De hecho, dice, tenían más de un año resguardados por la dependencia; tampoco le dijeron dónde encontraron esos restos ya sin tejido blando. Las autoridades ministeriales de Nuevo León le ordenaron incinerarlos y luego llevar las cenizas al panteón. Con ello pretendían darle carpetazo a su caso, como lo hacen con los cientos de víctimas en esa entidad. Días antes de que le entregaran los fragmentos, doña Juana enfrentó a un grupo de militares que descubrieron una fosa clandestina en Santa Catarina. Quería saber si entre los restos óseos estaban los de Brenda Damaris. Como llevaba una manta con la foto de su hija, la amonestaron pues según ellos se trataba de una narcomanta. A pesar de su desconfianza, la señora Solís enterró los fragmentos en el cemente-

Gobernanza Forense Ciudadana:

la búsqueda independiente Fundada por Ernesto Schwartz y Rodrigo Franco, dos jóvenes investigadores, la asociación civil Gobernanza Forense Ciudadana (GFC) promueve la búsqueda activa de los cuerpos de los desaparecidos en México. En los últimos meses la organización se anotó sus primeros puntos encaminados a “quitar a los especialistas el monopolio de la verdad” y, con el apoyo de forenses peruanos y los familiares de las víctimas, inició el proyecto de Ciencia Forense Ciudadana. Su primer caso es el de los restos óseos que presuntamente son los de la joven Brenda Damaris González, que ya enviaron a Washington. En enero les llegarán los resultados. 1991 / 28 DE DICIEMBRE DE 2014

David Deolarte / Procesofoto

Fosas. Paisaje cotidiano

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primero de los 450 casos de personas registradas por el GFC como desaparecidas. “Si son los restos de mi hija, tendremos la tranquilidad de la familia y veremos quiénes son los responsables y por qué lo hicieron. Y si no son, seguiremos buscando la verdad”, declaró la madre de Brenda Damaris. El caso es apenas una pequeña muestra de las dimensiones de la tragedia sobre las desapariciones forzadas en México. Las cifras oficiales mencionan entre 25 mil y 27 mil personas desaparecidas de 2006 a la fecha. Se desconoce cuántos de esos casos pueden clasificarse como desapariciones forzadas por ser resultado de la intervención de las autoridades o de las fuerzas de seguridad pública (policías y efectivos militares). De acuerdo con el estudio más recien-

te de GFC, el del jueves 11, en 97% de los casos estudiados los familiares siguen buscando a sus desaparecidos. De ese universo, 38% ocurrió en Guerrero, 20% en el Estado de México, 10% en Tamaulipas, 5% en Nuevo León y 4% en Coahuila. En 97% de los casos, 85% se trata de hombres y el 12% restante corresponde a mujeres y, según los avances del estudio, cuya copia obtuvo Proceso, 40% cuentan con educación básica y 21% con nivel medio superior.

“Economía terrible del dolor” Para Schwartz el caso de Brenda Damaris González es importante no sólo por ser el primero, sino porque será una demostración de que “los familiares no necesitan de un doctorado para entender la ciencia forense y ellos deben quitarle a los espe-

Germán Canseco

rio municipal de García, pero no los incineró. Colocó una cruz de madera azul cielo sin nombre. Y buscó a Leticia Hidalgo, madre de otro desaparecido que hoy dirige la Fundación de Desaparecidos de Nuevo León. Tras exponerle su caso le contó que no pensaba ceder a las presiones de otras organizaciones no gubernamentales que le pedían cerrar el expediente de su hija. Dos años después, Juana Solís y Lety Hidalgo contactaron a Ernesto Schwartz y Rodolfo Franco, dos jóvenes académicos fundadores de la asociación civil Gobernanza Forense Ciudadana (GFC), que promueve un modelo de “búsqueda activa” para “quitarle a los especialistas el monopolio de la verdad” en torno a las decenas de miles de desaparecidos en México. Este año la asociación recibió un financiamiento de 250 mil libras (5.5 millones de pesos) de la Universidad Durham, Gran Bretaña, para realizar pruebas de ADN independientes, elaborar una base de datos sobre las víctimas de desapariciones en México e impulsar con los familiares y no con las autoridades un nuevo modelo de búsqueda y confirmación de la identidad de los restos que le han entregado a decenas de personas. En septiembre pasado Schwartz, Franco y la señora Solís obtuvieron la autorización para exhumar los restos que le entregaron a ella las autoridades de Nuevo León. Los apoyaron los integrantes del Equipo Peruano de Antropología Forense, responsables del proceso y de la cadena de custodia de los restos. Los fragmentos fueron enviados al laboratorio de Bode Technology, en Washington, donde les dijeron que los resultados estarán listos en enero de 2015. Se trata del

Restos. Olvido

CAS O AYOTZI NAPA cialistas el monopolio de la verdad sobre los desaparecidos”. En entrevista con Proceso, efectuada en vísperas de conocerse los resultados de las pruebas de ADN enviadas a Washington, Schwartz explicó que el GFC cuenta con otros 14 casos en los cuales los familiares aceptaron formar parte del proyecto piloto de Ciencia Forense Ciudadana. “Nosotros queremos que éste sea un asunto humanitario. Los familiares quieren saber dónde están sus hijos. Quieren saber la verdad. El registro les va a permitir tener más tranquilidad. “Es necesario romper la esquizofrenia de nuestro modelo de búsqueda de desaparecidos: Es el Estado quien comete la mayoría de los casos (a través de los cuerpos policiacos o militares) y se le pide al Estado que investigue y se sancione a sí mismo. Por eso nadie confía. Se ha generado una economía terrible del dolor en torno a los desaparecidos”, sostiene el investigador. –Van a afectar muchos intereses, ¿están conscientes de eso? –Por supuesto. Ha habido muchas preocupaciones sobre el alcance legal de lo que hacemos. En México, un peritaje independiente sólo es válido si la Procuraduría General de la República lo permite. –¿Esto puede tener un impacto sobre casos tan delicados como el de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala? –No sólo sobre ese caso, sino sobre muchos otros. En Iguala aparecieron 375 familiares que fueron del Estado de México, Puebla y otras entidades al conocerse que habían encontrado otras 12 fosas con fragmentos de más de 30 personas. Hay aún mucha desconfianza para emprender una vía ciudadana, independiente. Schwartz, director de GFC, se apasiona al explicar el modelo que la asociación quiere impulsar en México: “Se trata de recobrar lo más sencillo de la ciencia forense: es el espacio público para reconstruir la idea de un foro, donde participen los propios involucrados. Es quitarle a los especialistas el monopolio de la verdad. “Nosotros queremos utilizar el modelo planteado por Arely Cruz en su tesis Biobancos y su regulación (UNAM, 2010) para las personas con menos recursos y las víctimas que no tienen visibilidad en los medios.” En su sitio en internet, GFC advierte que “hasta la fecha no existe una base de datos de ADN nacional para hacer referencias cruzadas entre los restos humanos sin identificar y los que buscan los familiares de las víctimas”. En febrero de 2013, Human Rights Watch documentó 249 casos de desapariciones forzadas en las que intervinieron autoridades estatales y fuerzas de seguridad. Sin embargo, esos casos no representan ni 1% de las desapariciones forzadas que se presume existen en México.

“La red institucional y legal subraya la incapacidad de las instituciones mexicanas para enfrentar el problema de las personas desaparecidas en el contexto de extrema violencia”, afirma Schwartz. Hasta la fecha, sólo dos de las 32 entidades han desarrollado marcos legales para definir el delito de desaparición forzada. No existen mecanismos de búsqueda inmediata. En la mayoría de los casos se deben esperar 72 horas para que las autoridades ministeriales actúen.

El caso Lalinde en Colombia Schwartz tiene un doctorado en genómica en la sociedad, en Gran Bretaña. Cuenta que se vinculó con Arely Cruz en Colombia, donde las víctimas presionaron para tener un sistema forense más robusto. El caso más emblemático en ese país fue el de Fabiola Lalinde. Lalinde era una secretaria bilingüe quien durante más de 12 años realizó una investigación independiente para dar con el paradero de su hijo Luis Fernando Lalinde Lalinde, militante del movimiento de liberación detenido, torturado y desaparecido en 1984. Su cuerpo fue localizado en 1996, estaba escondido entre las raíces de un árbol de la montaña Vereda Ventanas. Se trató de una ejecución extrajudicial que tras más de una década de investigación y denuncias en tribunales se le atribuyó a la Patrulla Militar No. 22 del Batallón Ayacucho. La persistencia de Fabiola Lalinde y la asesoría de otros especialistas, entre ellos el ómbudsman de Antioquia, Héctor Abad Gómez, asesinado en agosto de 1987, permitió que el caso Lalinde llegara hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En su testimonio grabado en YouTube, Fabiola Lalinde afirma que durante 24 años recorrió “los caminos de la noche y de la niebla” en busca de desaparecidos de Colombia. Se integró al Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado. “La búsqueda de la verdad sobre la suerte corrida por Luis Fernando, tardó 4 mil 428 días ininterrumpidos hasta el 18 de noviembre de 1996, cuando logramos rescatar sus restos, plenamente identificados, en la bodega de la Octava Brigada –una verdadera proeza– e inhumarlos después de superar toda clase de dificultades y obstáculos jamás imaginados”, afirmó Fabiola Lalinde. El ejemplo colombiano, advierten los dos fundadores de GFC, puede generar una auténtica transformación en México. El primer objetivo con el caso de Brenda Damaris es conseguir un biobanco de víctimas, especialmente en Iguala, donde los propios familiares han encontrado los restos de más de 30 personas. 1991 / 28 DE DICIEMBRE DE 2014

Francisco Castellanos

En desafío al gobierno,

enregresan Michoacán las autodefensas FRANCISCO CASTELLANOS J.

ORELIA, MICH.- En un claro desafío al gobierno de Peña Nieto, las autodefensas resurgieron y entraron a más poblaciones michoacanas, sobre todo en la región Costa y Bajío, pese a la amenaza del comisionado Alfredo Castillo Cervantes de detener, desarmar, encarcelar y consignar a todos aquellos que se encuentren en “la ilegalidad”. En los últimos seis meses la presencia de las guardias comunitarias se extendió a 85 ciudades y comunidades del estado. Antes de convertirse en “Fuerza Rural” estaban en 72. La presencia del crimen organizado, el incremento de los delitos, las pugnas inter-

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nas y la ineficacia del gobierno federal generaron el incremento de las autodefensas, que en febrero de 2013 hicieron su aparición pública y el 10 de mayo pasado fueron teóricamente disueltas por el gobierno federal. El fracaso de la estrategia gubernamental denunciada entre otros por Gregorio López Gerónimo –otrora vicario de la catedral de Apatzingán y asesinado la semana pasada– quedó en evidencia el martes 16, cuando se enfrentaron en la comunidad de La Ruana los grupos legalizados de Hipólito Mora y Luis Antonio Torres El Americano. El tiroteo se prolongó horas y dejó 11 muertos, entre quienes estuvo Manolo Mora, hijo de Hipólito Mora. Esto provocó que un grupo de autodefensas tomara la Presidencia Municipal de Apatzingán el lunes 22. Los manifestantes quemaron credenciales y uniformes como protesta

porque muchas agrupaciones están infiltradas por miembros del crimen organizado y, cuando van a combatirlos, la Policía Federal les impide seguir adelante. Pese a que el gobernador Salvador Jara Guerrero amagó con pedir apoyo a las fuerzas federales para recuperar la sede municipal, los exrurales mantienen el control y no permiten ninguna actividad laboral. Advierten que permanecerán ahí hasta que las autoridades detengan a los responsables del homicidio del hijo de Hipólito Mora y a Servando Gómez La Tuta, líder de Los Caballeros Templarios. Ante la falta de respuesta bloquearon las principales carreteras de Michoacán 12 horas. Se quejaron además de que Castillo no les paga, les dio armas en mal estado y no hace nada para detener a los cabecillas del crimen organizado.

NARC OTRÁ F IC O

El tiroteo entre dos líderes de la Fuerza Rural michoacana –antes autodefensas– abrió una cloaca: la de la infiltración del crimen organizado en esos grupos convalidados por la Federación y la incapacidad del gobierno para apaciguarlos. En otro quiebre de timón, el comisionado Alfredo Castillo intentó calmar las aguas retirando el apoyo a tres agrupaciones sospechosas, pero el problema es mucho más profundo: las guardias comunitarias siguen creciendo porque nadie soluciona sus demandas de origen. Ante esto, el comisionado anunció, dos días después, que se disolverían las fuerzas rurales en Apatzingán, La Ruana y La Mira. Ahora, en esas regiones la seguridad está a cargo del Ejército y la Policía Federal. Sin embargo, comandantes de Uruapan, Estrella y Góndola informaron que ellos simplemente cambiarán el uniforme azul de la Fuerza Rural por las playeras blancas de las autodefensas.

dias comunitarias a la entrada y salida del pueblo. También hay vigilancia de los alzados en San Juan Nuevo, Peribán, Los Reyes, Pátzcuaro, Villa Escalante, Huetamo, San Lucas, La Huacana, Zicuirán, Churumuco, Apatzingán, Mújica, Gabriel Zamora, Parácuaro, La Ruana, Buena Vista, Tepalcatepec, Coalcomán, Aguililla, El Aguaje, Yurécuaro, Venustiano Carranza, Jiquilpan, Sahuayo, Miramar y Ario de Rosales. Nicolás Sierra Santana, exintegrante de la Fuerza Rural, explica: “Los autodefensas de todos los municipios estamos dispuestos a seguirnos coordinando con los gobiernos federal y estatal, porque hicimos un excelente papel al terminar con los secuestros, levantones y cobro de piso

La intención de los actuales grupos de civiles levantados en armas sigue siendo la misma que les dio origen: liberar a la entidad de Los Caballeros Templarios, una derivación de la Familia Michoacana. Actualmente las autodefensas tienen presencia en 85 poblaciones, entre las que destacan Morelia (periferias), Uruapan, Zamora, La Mira, Guacamayas, Caleta de Campos, Acalpican, Las Cañas y Arteaga –donde nació La Tuta. En la Costa también hay autodefensas y fuerzas rurales, aunque peor armadas y sin uniforme. Operan, entre otras, en Mexiquillo, Huahua, Pichilinguillo, San Pedro Naranjestil, Coire, Pómaro, Aquila, Coahuayana, Chinicuila y Aquila. “Aquí las fuerzas rurales son pocas (24) para una zona de 525 poblaciones y de grandes distancias. No se les paga a tiempo, las armas no funcionan bien y están en mal estado”, denuncia Semeí Verdía, coordinador de comandantes de las autodefensas de la Costa. En las comunidades Los Aguacates, Pareo, Condémbaro y 10 poblados más del serrano municipio de Tancítaro –cuyo ayuntamiento panista gastó 24 millones de pesos para formar, entrenar y armar a una policía de élite– abundan las guar-

Que se vaya Castillo El martes 23, diputados locales de oposición criticaron duramente a Castillo durante una maratónica sesión en el Congreso. Propusieron que desapareciera la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán –que dirige Castillo– y devolverle las atribuciones a las instituciones de la entidad. El legislador independiente Uriel López Paredes aseguró: “Castillo da un pasito pa’ delante y tres pasitos para atrás. Lo que debería preocuparnos sobremanera es que seguimos sin gobierno en Michoacán”. Consideró que, de acuerdo con el decreto que emitió el presidente Enrique Peña Nieto para crear la referida comisión, pareciera que Castillo “sólo rinde cuentas a Dios: ni al Congreso local ni al federal”. La diputada Selene Vázquez Alatorre destacó que la figura de comisionado rompe con todos los principios y finalidades del federalismo, toda vez que se impuso como intermediario entre los poderes estatales y la Federación sin que se encuentre establecido en ninguna norma: “El accionar de Alfredo Castillo intervino en el del estado, violando su soberanía. No estamos midiendo el grado del daño que se está haciendo, pero ofende

Enrique Castro Sanchez

El crecimiento

en los municipios donde trabajamos de forma conjunta, y porque solos no vamos a poder con el paquete de combatir a Los Caballeros Templarios”. Sierra Santana pide a Peña Nieto que “mande a su gente para que vea la realidad del estado, y nos refuerce, porque no podemos combatir a los templarios, ya que muchos traen la camisa de rurales”.

Tomatlán. Rurales en rebeldía

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Francisco Castellanos.

de no hacerlo, serán detenidos. Hay grupos de interés disfrazados de autodefensas que ‘pelean’ el control de Apatzingán”. Castillo señaló que de las más de 20 comunidades donde opera la Fuerza Rural, en Apatzingán, La Ruana y La Mira sus integrantes y las exautodefensas “no comprendieron la importancia de respetar las instituciones y propiciar un ambiente de calma y tranquilidad social”. El funcionario anunció además que la Gendarmería quedará fuera de las tareas de seguridad en Michoacán. En su “informe”, el alfil de Peña Nieto manifestó que hay grupos que “se disputan además el liderazgo de su región para intentar establecer laboratorios de estupefacientes en La Ruana, en Buenavista, o el control del manejo de minerales en la tenencia de La Mira, municipio de Lázaro Cárdenas. Añadió que la decisión de finiquitar

El perredista Eleazar Aparicio Tercero apuntó que la entidad cuenta con instituciones fuertes que pueden darle rumbo: “Desde la llegada del comisionado no se han concretado las obras y las acciones que ayuden al desarrollo de Michoacán, la inseguridad crece día a día. Tenemos instituciones fuertes, no necesitamos un comisionado, y el presidente debe derogar dicha figura”.

Informe y ultimátum

al pueblo que nosotros como diputados no podamos asumir nuestra responsabilidad, somos representantes de los michoacanos.”

La criminalidad, en la economía

Miguel Dimayuga

Autodefensas al alza

El miércoles 24 en una conferencia de prensa en su lugar preferido –la Casa de Gobierno, donde suelen residir los gobernadores–, Castillo dio una especie de informe de actividades y anunció la cancelación de tres grupos de la Fuerza Rural: “A partir de ahora, los exautodefensas –y ahora exintegrantes de la Fuerza Rural– tendrán que deponer las armas. En caso

JUAN CARLOS CRUZ VARGAS

n el episodio de incertidumbre que vive México, sale a flote la debilidad institucional la cual abre las puertas para que el narcotráfico controle las actividades económicas. Es el caso de Michoacán. En esa entidad Los Caballeros Templarios tomaron las riendas del negocio más floreciente: la producción, distribución, comercialización y hasta exportación del aguacate. De acuerdo con un estudio elaborado por la investigadora Ruth Ornelas Esquinca, consultora y especialista en temas de seguridad nacional y desarrollo económico, Los Templarios lograron establecer un control directo sobre la producción, distribución y exportación de ése y otros productos rentables de los mercados legales. En el análisis Delincuencia organizada: mercados ilícitos y legales. El caso Michoacán, publicado por el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), Ornelas explica: “Esto se logró gracias a la corrupción y a la ausencia del estado de derecho debido a la captura de la autoridad local y estatal, de tal manera que Los Caballeros Templarios regulaban y controlaban la actividad legal o ilícita e informal en varios municipios del estado: los productores de aguacate, limón, fierro,

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aserraderos, negocios de crema y queso, consultorios médicos, restaurantes, bares, antros, entre otros, además de los mercados ilícitos de drogas”. Michoacán es el productor mundial número uno de aguacate y concentra más de 80% del cultivo nacional de ese fruto con 120 mil hectáreas sembradas. Hay entre 17 mil y 22 mil productores, sobre todo en Uruapan, Tancítaro, Zitácuaro, Tacámbaro, Peribán, Tingambato, Los Reyes y Paracho. La organización criminal dirigida por Servando Gómez La Tuta tenía la radiografía completa de las huertas de los aguacateros, pues accedió a las guías o permisos que otorga la Junta Local de Sanidad Vegetal, dependiente de la Secretaría de Agricultura federal (Sagarpa). Pero el asunto va más allá. La investigadora con maestría en relaciones internacionales por la Universidad de Columbia y en economía por la de Georgetown, logró identificar la corrupción en estas instancias del gobierno federal. “Los integrantes de la Junta estaban coludidos con Los Caballeros Templarios. Es más, cada inspector de la Junta Local demandaba su propia cuota de 3 mil pesos al año por cada huerta, con la finalidad de que el productor pudiera mantener la etiqueta de inocuidad del producto y las hectáreas.”

Aguacate. Otra fuente de ingresos

La certificación es un requisito indispensable para vender el fruto en Estados Unidos, Europa y Asia, principalmente Japón. La forma de operar de Los Caballeros Templarios es la siguiente: En 2013 les cobraron a los productores que no exportaban mil 500 pesos por hectárea de aguacate al año; la cantidad se duplicó para quienes exportaban. Ornelas añade que el crimen organizado cobraba también 10 centavos por cada kilo de aguacate producido, es decir, por cada tonelada cobraban 100 pesos. Los Caballeros Templarios, abunda, obtuvieron 119.4 millones de pesos en 2013, lo que representó 0.5% del valor total de la producción del fruto en ese año.

NARC OTRÁ F IC O esos grupos de la Fuerza Rural se tomó por petición del gobernador Jara y por orden de Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación. El objetivo fue fortalecer “la estrategia de seguridad implementada por el gobierno de la República desde enero pasado, en garantía de los michoacanos y de sus actividades económicas”. El comisionado mencionó la balacera entre Hipólito Mora y El Americano y dijo que se derivó del encono que prevalece entre ambos líderes dese hace tiempo. Puntualizó que los 57 implicados en el enfrentamiento tenían hasta el viernes 26 para presentarse de manera voluntaria ante el juez. De lo contrario, reiteró, “las fuerzas federales irán por ellos”. Tanto Mora como El Americano difundieron que continuarían la defensa de sus comunidades por sus propios medios, pero que “en breve” se entregarían a las autoridades para esclarecer el tiroteo. Sin

embargo, hasta la fecha límite impuesta por el comisionado, no se había informado que lo hubieran hecho. Durante su alocución, el exprocurador mexiquense apuntó: “Es importante recordar que durante los últimos años, la presencia del crimen organizado se arraigó e incrustó en diversas autoridades municipales y estatales, además de actividades económicas como la minería y los aserraderos, así como en el cobro de derecho de piso a prácticamente todas las actividades comerciales”. Explicó que ha habido avances en pos de crear un mando unificado y fortalecer las áreas de inteligencia y antisecuestros, entre otras. Ejemplo de ello es que, presumió, de 23 secuestros que ocurrían cada mes, en el último semestre el promedio bajó a 2.3. También se logró la captura o el abatimiento de líderes de Los Caballeros Templarios como Nazario Moreno, Enrique Plancarte, Dionisio Loya Plancarte

El Tío y Francisco Galeana El Pantera, además de las consignaciones del exgobernador interino Jesús Reyna; Rodrigo Vallejo, hijo del gobernador con licencia Fausto Vallejo; y los presidentes municipales de Apatzingán, Lázaro Cárdenas, Huetamo, Pátzcuaro, Aguililla y Tacámbaro, entre otras 8 mil 600 personas. Dijo que se han asegurado más de 1 millón de toneladas de mineral extraído de manera ilegal y más de 50 mil toneladas de madera. No obstante, un comandante de las autodefensas tiene una versión distinta: “Nosotros le entregamos a todos los delincuentes, los pusimos donde estaba la droga y el mineral, ahora ellos (los federales) sólo se regodean con algunas cosas. Pero a pesar del amago de cárcel que nos está haciendo seguiremos adelante. Tendrán que detenernos a todos, y somos más de 25 mil. Entonces se vendría una guerra civil”.

económicas de los agentes económicos nacionales y extranjeros. Peor aún (…) la corrupción extendida abre oportunidades a las organizaciones criminales y perpetúa la prevalencia de la delincuencia organizada. “La corrupción anula las regulaciones y normas del gobierno para la sociedad; reduce y hasta puede minar el control efectivo que el gobierno tiene sobre la economía; en su rol de recaudador de impuestos; en el ejercicio del gasto público, como lo es el papel redistributivo de programas sociales y proyectos de infraestructura pública (…) y hasta las políticas macroeconómicas se vuelven ineficaces.”

cial, 54.4% de la población de ese estado es pobre, nivel superior al promedio nacional, que es de 45.5%. Aunado a lo anterior, en Michoacán se cometieron 20 homicidios por cada 100 mil habitantes durante 2013. En cuanto a afectaciones a las empresas a causa de la inseguridad, el panorama es el siguiente: En Michoacán, por cada 10 mil compañías, tres mil 865 fueron víctimas de algún delito en 2013. Lo preocupante es que esta cifra fue 31.7% mayor a la alcanzada en 2011, según la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Después de Puebla, Michoacán fue la entidad con mayor crecimiento en ilícitos contra las empresas. Los delitos que más frecuentemente se comenten son robo o asalto de mercancía, dinero, insumos o bienes; así como la extorsión. Se traducen en una merma por empresa de unos 36 mil 933 pesos anuales en ese estado. Como consecuencia de los elevados hechos violentos, ocho de cada 10 empresarios consideran a Michoacán como un lugar inseguro para los negocios. No obstante, para el crimen organizado es una gran “área de oportunidad”. Lo que deja ver la tesis de Ruth Ornelas es que en los mercados ilícitos, la organización criminal sustituye por completo al gobierno legítimo, convirtiéndose en un hacedor de políticas y una vez que el monopolio de la coerción es relativamente estable, porque ya no existe otra organización criminal que le dispute el espacio geográfico, su objetivo principal es maximizar el negocio y la extracción de rentas en ese territorio controlado. O

La posición mexicana

Por si eso fuera poco, el cártel cobró entre cuatro y seis pesos por kilogramo de aguacate a las 250 empacadoras de la región. “Estos montos, en moneda local, extraídos de una actividad productiva específica, resultan insignificantes en comparación con el valor estimado en dólares de la venta de droga sintética únicamente. Por ejemplo, en 2009 el valor estimado de un cargamento de 8.5 toneladas de este tipo de droga era de 187 millones de dólares.” La también licenciada en relaciones internacionales por la UNAM explica: “La presencia de la corrupción extendida en el país impacta de manera adversa en el desarrollo socioeconómico de México, porque afecta negativamente las decisiones

En el Índice de la Percepción de la Corrupción 2014 (IC), elaborado por Transparencia Internacional, México está en el escalón 103 de 177 países evaluados. Si bien México se encuentra situado en el llamado “Club de los Ricos”, es decir, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), es el más corrupto de las 34 naciones del organismo. De hecho, la brecha en corrupción entre México y otras economías que tienen arraigado el problema del narcotráfico, es grande: El país está 30 posiciones debajo que Brasil y a nueve de Colombia en el IC. Ya a escala local, Michoacán no supera la media tabla en el Índice de Competitividad Estatal 2014, publicado por el Instituto Mexicano de Competitividad: La entidad michoacana ocupó la posición número 27 entre las 32 del país. De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo So-

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Benjamín Flores

Cambio legal: en obra pública,

manos libres JESUSA CERVANTES

n una acción sin precedente, la Cámara de Diputados le dejó las manos libres al gobierno federal para que contrate la mayor parte de obra pública sin pasar por la regulación de la ley correspondiente, con lo cual se abre la puerta a más escándalos de opacidad y conflicto de interés, como los de la Casa Blanca y la cancelación del tren rápido México-Querétaro. El martes 9 los cambios a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas fueron aprobados con los votos a favor de 377 legisladores; 26 votaron en contra y otros 90, de todos los partidos, se ausentaron. Así se cierra la pinza de las reformas constitucionales en materia energética y de telecomunicaciones, que en opinión de los diputados Manuel Huerta Ladrón

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de Guevara, del Partido del Trabajo (PT), y Ricardo Mejía Berdeja, del Movimiento Ciudadano, permiten que en la práctica no sean regulados los contratos para construir hospitales, escuelas, transporte ferroviario, autopistas concesionadas o distribuidores viales. De acuerdo con Mejía Berdeja, al no estar sujetas dichas obras públicas a una ley que presuntamente debería evitar los conflictos de interés, se alienta la posibilidad de que “amigos” del poder en turno, como los Hank, HIGA de Armando Hinojosa Cantú, OHL, Vázquez Raña u otros, “se queden con los contratos sin que uno se entere. Es dejarlos sin fiscalización”. A su vez, Manuel Huerta, entrevistado la tarde del 24 de diciembre, confirma que todos los contratos que deriven de la reforma energética, por ejemplo los que se firmen para explotar petróleo o generar electricidad, quedan fuera de esta supervisión.

Para él, con esta ley de obra pública que se aprobó sin discusión, los diputados fueron más allá de los contratos que vendrán con la reforma energética o de telecomunicaciones, pues también dejan fuera de la regulación las obras para escuelas, hospitales, seguridad pública y caminos rurales. En síntesis, alerta, ofrece manos libres para el robo y adjudicaciones sin auditoría.

Las exclusiones Cuando el presidente Enrique Peña Nieto envió al Congreso de la Unión la reforma energética, se previó crear las siguientes nuevas leyes: de Petróleos Mexicanos, de la Comisión Federal de Electricidad, de Ingresos sobre Hidrocarburos, de Hidrocarburos, del Fondo Mexicano del Petróleo, de Energía Geotérmica, de Órganos Reguladores Coordinados, de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Pro-

C ORR U P C IÓ N Ante los escándalos de opacidad, conflicto de interés y corrupción, como los de la Casa Blanca y el tren rápido México-Querétaro, el gobierno de Enrique Peña Nieto optó por cambiar la legislación. Para asegurar la opacidad en muchos tipos de contratos gubernamentales, se valió de un artículo añadido de último momento a la reforma de la Ley de Obras Públicas, que el Congreso aprobó con los ojos cerrados.

Ruiz Esparza. Lo mismo pero oculto

tección al Medio Ambiente y la de la Industria Eléctrica. También se incluyeron cambios a 12 ya existentes, como la de Inversión Extranjera, la Minera, de Aguas Nacionales y la de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Esta última la envió Peña Nieto a la Cámara de Diputados el pasado 4 de noviembre. Los legisladores no repararon en los cambios que estaban aprobando por enfrascarse en los escándalos de la Casa Blanca y la cancelación de la licitación del tren rápido México-Querétaro por la participación de empresas vinculadas con el expresidente Carlos Salinas de Gortari y la de Juan Armando Hinojosa Cantú, dice Huerta, quien prevé que la nueva licitación del tren rápido va a enmarcarse en la opacidad que estas modificaciones favorecen. La ley modificada destaca la “transparencia” porque las obras públicas

contratadas deberán estar en el portal Compranet pero, mediante el artículo 1 bis adicionado, el gobierno excluyó de esta norma las obras concesionadas a particulares, las que se realicen con créditos del extranjero, las que contraten Pemex, la CFE y sus empresas productivas subsidiarias y aquellas en las cuales los contratos se firmen en el extranjero. Es una simulación más, señala Mejía Berdeja, pues si bien Pemex y la CFE tienen una ley específica y el titular de Hacienda se encargará de los contratos, finalmente las compras que realicen no se regularán por la Ley de Obras. Además, reitera, “también se excluyen los proyectos concesionados, así como las obras que se requieran para la prestación de servicios como el transporte ferroviario, las autopistas y distribuidores viales”. Aún más, el diputado Manuel Huerta detalla: “En el párrafo II del 1 bis se excluyen las obras ‘con cargo a recursos federales procedentes de los fondos previstos en el capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal, y si te vas a la ley que citan te das cuenta de que es prácticamente todo lo que tiene que ver con el presupuesto federal para obra pública”. Dicho artículo está constituido por fondos de seguridad pública de los estados, por lo cual obras locales como la construcción de casetas de vigilancia e instalaciones de entrenamiento tampoco estarán sujetas a la ley modificada. En el mismo caso están las aportaciones para el fortalecimiento de las entidades federativas, lo que abarca los caminos rurales y las carreteras estatales. También se incluyen el fondo de salud y el educativo, así es que la construcción de clínicas, hospitales y escuelas quedan fuera de la vigilancia que prevé la regulación de obra pública, lo que significa entregar a las empresas influyentes y a sus amigos del poder casi todo el presupuesto para obra social, sostiene Huerta. El párrafo IV del artículo 1 bis dice que se excluyen de la Ley de Obras Públicas aquellas destinadas a “crear infraestruc-

tura necesaria en la prestación de servicios públicos que los particulares tengan concesionados”. Aquí encajan la construcción del hangar presidencial con un costo de mil millones de pesos y que se le encargó a Juan Armando Hinojosa Cantú, y la construcción del nuevo aeropuerto del Distrito Federal o las obras de los distribuidores viales y las autopistas, señala el diputado petista. El párrafo V se refiere a obras “que sean financiadas con fondos provenientes de créditos externos otorgados al gobierno federal o con su garantía por órganos financieros regionales”. Huerta recuerda que en sus dos años el gobierno de Peña Nieto ha adquirido deuda externa por 1.5 billones de pesos; entonces toda la obra pública que se realice con ese dinero, el que venga del exterior, no estará sujeta a esta ley “y se adjudicará a sus amigos, a los socios de la mafia del poder”. El siguiente párrafo excluye de la regulación de obra pública a aquella que se realice “fuera del territorio nacional”, como la ampliación de embajadas, gasoductos de Pemex en sus ramales hacia Estados Unidos, refinerías mexicanas en el extranjero o las obras que requiera la refinería que ya existe y que está en Texas, por ejemplo. En cuanto al VII, excluye de la Ley de Obras a las que se realicen en territorio nacional y “cuyos procedimientos de contratación y contratos sea necesario realizarlos en el extranjero”. Para Huerta, en este supuesto caen todos los contratos en materia energética y de telecomunicaciones, que seguramente conseguirán empresas extranjeras; firmarán los contratos en sus países de origen, a cuyas leyes e intereses se sujetarán. “Ahí en el 1 bis está la trampa, pero esta ley la vendieron con el argumento de que habrá más transparencia porque los procesos de licitación estarán en Compranet. ¿Pero cuáles obras, me pregunto, si casi todas las que realiza el gobierno federal y las que hacen los estados quedan fuera de la Ley de Obras Públicas”, cuestiona el legislador del PT. 1991 / 28 DE DICIEMBRE DE 2014

Benjamín Flores

C O RR UPCIÓN Una vez aprobados en comisiones los cambios a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas, el agregado del artículo 1 bis se dio a conocer el martes 9, día de la votación, recuerda el diputado Huerta, y reitera que muchos de sus colegas ni siquiera entendieron el alcance de lo que avalaron. Cuando se sometió a votación el artículo de las exclusiones estuvieron ausentes 102 diputados, 35 votaron en contra, ocho se abstuvieron y 355 se manifestaron a favor. En cambio no se modificaron sustancialmente los artículos 40, 47 y 51, que el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, usó para justificar la cancelación de la primera licitación del tren rápido México-Querétaro el lunes 22, al comparecer ante los diputados.

Para los amigos El 3 de noviembre se dio el fallo de la licitación en beneficio de la empresa china Railway Corporation (con el crédito ofrecido por el gobierno chino mediante el Exim Bank) y sus socios Teya (propiedad de Armando Hinojosa Cantú), Constructora y Edificadora GIA (propiedad de Hipólito Gerard, pariente político del expresidente Carlos Salinas de Gortari) y Prodemex (de Olegario Vázquez Raña). El día 6 Ruiz Esparza sostuvo ante los legisladores que no se cancelaría el fallo, pero horas más tarde el presidente Peña Nieto decidió hacerlo. Este lunes 22 el secretario de Comunicaciones y Transportes aceptó que fue una decisión política ante el malestar social por los vínculos de las empresas con el expresidente Salinas de Gortari y con Peña Nieto, aunque nunca mencionó sus nombres. “A lo largo de la reunión (con senadores) se cuestionó el fallo. Anteriormente se había pedido suspender la licitación, dada la participación de las empresas mexicanas en el consorcio. Se mostraron suspicacias por los nombres de los dueños de las empresas ganadoras que forman parte del consorcio y se insinuó la posibilidad de que el consorcio ganador hubiera contado con información privilegiada y por esa razón los demás competidores decidieron declinar. Se hizo mención de la vinculación de una de las empresas mexicanas con un expresidente de México por conducto de una persona con quien tenía una relación de parentesco”, dijo Ruiz Esparza. Tras el encuentro con los senadores, añadió, “reflexionamos en la secretaría sobre el riesgo de continuar el proyecto en condiciones de duda acerca de la legalidad y transparencia del proceso de licitación, con la posibilidad de acciones

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políticas para obstaculizar su ejecución y la limitación o cancelación de los recursos necesarios para llevarla a cabo”. Después el secretario dijo a los diputados que para realizar bien el proyecto del tren rápido se necesitaba una “gran aceptación popular” y eso sólo se lograría con una nueva licitación. Aclaró entonces que el gobierno tenía la posibilidad de “cancelar” la licitación o aplicar “la no firma” del contrato, pues la primera opción se prevé en el artículo 40 y la segunda en el 47. Peña Nieto optó por la segunda. Ruiz Esparza intentó dar razones: “Sentíamos que no iba a ser factible, que iba a haber, por todo lo emitido, la intención de hacer un freno político al proyecto”. Por consiguiente, anunció que en los primeros días de enero se lanzará la convocatoria para la nueva licitación. Sólo que ahora se regirá bajo la nueva Ley de Obra Pública. Mejía Berdeja, basado en el artículo 51 de la Ley de Obras Públicas, le reprochó al secretario que hubo tráfico de influencias y conflicto de interés porque Hinojosa Cantú es el propietario de la casa que tiene Angélica Rivera, esposa de Enrique Peña Nieto, y porque “los amigos” del presidente participaron en dicha licitación y en otras del gobierno federal. “OHL, donde participaba Emilio Lozoya, hoy director de Pemex, es la empresa que junto con HIGA, junto con Alcántara, junto con las empresas de Carlos Hank y otras, ganan los contratos más jugosos. Se han dado licitaciones por más de 200 mil millones. Pero nada más HIGA, quitando la licitación del tren, ha ganado casi 100 mil millones de pesos en este gobierno, entre ellos 47 mil del Acueducto Monterrey y mil de la remodelación del hangar presidencial. Y le iban a dar 50 mil 800 millones junto con el consorcio para la operación del tren México-Querétaro”. Remata el legislador de Movimiento Ciudadano: “En el tren México-Toluca va OHL. Y en muchas del Edomex fueron OHL e HIGA las beneficiadas. En el caso del tren México-Querétaro hubo conflicto de interés, como dice el artículo 51”. Ruiz Esparza sostuvo que no hubo tal conflicto y aclaró que hasta el 15 de octubre, cuando se dio el fallo del tren rápido, la secretaría se enteró de que en ese proyecto estaban asociados Hinojosa Cantú y el pariente político de Carlos Salinas de Gortari. Sin embargo, informó que las empresas mexicanas no participarán en la nueva licitación del tren rápido pero que la empresa china sí lo hará, por lo cual no exigió el pago de compensación por la “no firma” del contrato. El problema ahora, dice Mejía Berdeja, es que si en ese proyecto entra capital del Exim Bank chino y por ese motivo la obra no puede ser regulada conforme a la Ley de Obras Públicas, “la opacidad seguirá”. O

RODRIGO VERA

ERMA, ESTADO DE MÉXICO.- Don Rubén Orozco señala la enorme extensión de cascajo que sepultó las milpas de su comunidad, y se queja: “¡Mire nada más! El ayuntamiento de Lerma está enviando camiones repletos de cascajo para descargarlos sobre nuestros sembradíos. Es un crimen, un atropello. Esos terrenos son nuestros”. –¿Para qué descargan tanto material de demolición? –El escombro servirá para emparejar el piso sobre el que se levantará la estación Lerma del tren México-Toluca. Ocupará un área muy grande; se dice que tendrá estacionamientos, sitios de taxis y hasta una terminal de camiones. Y todo se construirá sobre nuestras milpas. –¿A ustedes se les pidió su consentimiento? –¡No, para nada! Sin avisarnos, de buenas a primeras empezaron a llegar los camiones a tirarnos el escombro. Fue un acto de provocación del gobierno para amedrentarnos, porque después llegó gente de la empresa GAP, que trabaja para la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), a decirnos que la vía del tren pasará por nuestras casas y terrenos, por lo que nos conviene vender. Nos están ofre-

TREN MÉXICO-TOLUCA

Ecocidio, descontento social... y los mismos

socios del poder El proyecto de tren de alta velocidad México-Toluca reproduce todos los vicios que degeneraron en el escándalo del proyecto México-Querétaro, aunque esta vez las principales protagonistas son las empresas La Peninsular, de la familia Hank Rhon, y la española OHL, donde tienen importantes inversiones miembros del Grupo Atlacomulco, cuna política de Enrique Peña Nieto. Las reacciones de la población mexiquense y del Distrito Federal apenas comienzan. ciendo alrededor de mil pesos por metro cuadrado. A la sombra de unos altos y tupidos árboles, a don Rubén Orozco lo acompañan unos 30 habitantes de la comunidad rural Alfredo del Mazo, del municipio de Lerma, quienes se verán afectados por el tren. Son pequeños propietarios renuentes a abandonar su terruño. “Aquí nacimos”, “son las tierras que nos dejaron nuestros abuelos”, “no queremos vender”, “no queremos salirnos”, dicen mientras muestran sus títulos de propiedad que datan de principios del siglo XX. Con ellos se encuentra el abogado José Luis Altamirano, quien los defiende de las afectaciones que ya padecen a causa del tren México-Toluca, una de las obras viales más ambiciosas del gobierno de Enrique Peña Nieto. Explica el abogado: “Alrededor de 180 propietarios de esta comunidad ya se ven perjudicados por las obras de la vía del tren, que tendrá una longitud de 58 kilómetros y una anchura de 32 metros. Por aquí pasará esa vía, partiendo en dos los terrenos de la comunidad, que en su mayoría son agrícolas. También afectará las viviendas de los pobladores y al ecosistema en general. En fin, trastocará toda la vida de la zona”. –¿El gobierno no planea darles indemnizaciones? –Supuestamente la empresa GAP será la encargada de las indemnizaciones y de resolver todos los conflictos sociales pro-

vocados por la obra. Detrás de GAP está la SCT, que aportará el dinero. Ya empiezan a realizar ofertas de compra. Pero la gran mayoría de los pobladores se niega a vender, pues jamás los consultaron. ¡Imagínese! No se pidió la opinión de los afectados. La vía del tren se está construyendo arbitrariamente. Ese es el problema. Cuenta el abogado que incluso el gobierno federal, a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, le entregó a un grupo de ejidatarios de la zona –del Ejido de San Pedro Tultepec– alrededor de mil 400 hectáreas que siempre han pertenecido a los propietarios. Ahora éstos se defienden en tribunales de esta medida. Asegura Altamirano: “Todo es un plan amañado del gobierno; echó a pelear a los propietarios con los ejidatarios, quienes están siendo manipulados por los intereses empresariales de los constructores del tren. Este conflicto inducido abaratará las tierras y hará más fácil apoderarse de ellas”. –¿Es de interés social la obra del tren? –¡No, no! Ni siquiera hay necesidad de realizar esa obra. Se está levantando sólo para que hagan negocio los empresarios y políticos del Grupo Atlacomulco, al que pertenece el presidente Enrique Peña Nieto, cuyo tío, Arturo Montiel, le dio mucho impulso al proyecto del tren cuando era gobernador del Estado de México. Y lo hacía a través del entonces alcalde de Toluca, Armando Enríquez, quien estuvo macha-

cando el eslogan: “Durante mi gestión, el tren suburbano México-Toluca”. No pudo concretarse ese proyecto empresarial de Montiel. Ahora lo retoma su sobrino, aprovechado que es presidente de México. En efecto, durante el gobierno de Montiel se impulsó ese ambicioso proyecto ferroviario. Se calculaba una inversión de 200 millones de dólares en el puro tramo del Paseo Tollocan, que desemboca en la ciudad de Toluca. Se proyectaba además construir un Centro Internacional de Esquí en el Nevado de Toluca, al que llegaría el tren. En 2003, el entonces presidente del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de México, Manuel Ortiz García, les recordaba que la obra necesitaba tener primero el “consenso” de las autoridades del Distrito Federal, a donde llegaría el ferrocarril. El problema era ese “territorio ajeno” al Estado de México, les advertía el ingeniero a los empresarios que se frotaban las manos.

Abran paso Ya instalado en Los Pinos, el Grupo Atlacomulco no tuvo ningún problema en poner en marcha el proyecto de Arturo Montiel, dándole a la obra un carácter federal y actualizando sus costos. Según la SCT, la obra costará 38 mil millones de pesos. Se proyecta construir seis estaciones a lo largo de sus 58 kilómetros: Observatorio, Santa Fe, Lerma, Metepec, Toluca y finalmente la estación 1991 / 28 DE DICIEMBRE DE 2014

Benjamín Flores

junio pasado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a fin de despejar el área por donde se construirá un nuevo tramo de la autopista de cuota y correrá paralelamente el tren. Este ecocidio provocó de inmediato –sobre todo en redes sociales– el rechazo de la población y de los automovilistas que diariamente veían la tala de cientos de árboles. La creciente inconformidad obligó a la SCT a comprometerse a plantar 10 árboles por cada uno que derribara. Está por verse si cumple esa promesa, que ya alcanzaría 370 mil árboles. Vaticina Monroy: “El tren también provocará contaminación sonora y de mantos freáticos. Y, claro, propiciará la invasión de terrenos, la especulación inmobiliaria y un anárquico crecimiento urbano que perjudicará a la población local”.

Abajo los pobres

Otro segundo piso. Repudio popular

de Zinacantepec, a las faldas del Nevado de Toluca, como lo quería Montiel. Los trenes (inicialmente serán 15) se desplazarán a una velocidad máxima de 160 kilómetros por hora y cumplirán el recorrido en 39 minutos. La demanda estimada de usuarios será de 270 mil por día y se prevé terminar la obra en 2017. En el tramo que corresponde al Estado de México, la obra se entregó a empresas claramente ligadas al Grupo Atlacomulco: La Peninsular, propiedad de la familia Hank Rhon; y la española OHL, en la que tienen inversiones algunos empresarios mexiquenses ligados a ese grupo político empresarial; también participará ICA (Proceso 1985). Mientras que en el tramo del Distrito Federal –de Observatorio a Santa Fe– acaba de ganar la licitación de la obra un consorcio integrado por seis empresas: Caabsa Constructora, Omega Construcciones Industriales, Prefabricados y Transportes, Grupo Corporativo Amodher, Cargo Crane y González Soto y Asociados. Se dice que este consorcio también tiene nexos con el Grupo Atlacomulco. Pero la obra empezó a realizarse de manera arbitraria y sin consultar a los núcleos poblacionales por los que atraviesa, de ahí los conflictos sociales que comienza a generar, como este del municipio de Lerma. Otros municipios mexiquenses afectados son Zinacantepec, Toluca, Metepec, San Mateo Atenco y Ocoyoacac. Y ya en territorio del Distrito Federal, las delegaciones Cuajimalpa y Álvaro Obregón, cuyos pobladores empiezan a organizar actos de protesta.

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En Zinacantepec, algunos núcleos ejidales consideran una amenaza la construcción del tren porque atrae a los especuladores inmobiliarios, quienes –dicen– propiciarán una descontrolada urbanización de la zona. Los ejidatarios ya padecieron el año pasado la privatización del Nevado de Toluca mediante un decreto presidencial de Peña Nieto, medida muy relacionada con la obra ferroviaria y que le permitirá al Grupo Atlacomulco hacer negocios en un área de 53 mil hectáreas del volcán (Proceso 1931, 1933 y 1985). El fértil y boscoso municipio de Ocoyoacac –donde se asienta la zona turística de La Marquesa– también se ve afectado por la obra, cuenta el arquitecto Juan Martín Monroy, residente de Ocoyoacac y quien sigue muy de cerca el conflicto en la zona: “El proyecto del tren ha dividido a los ejidatarios y comuneros de la localidad. Unos quieren que les paguen bien por sus tierras, otros quieren que les paguen lo que sea y otros de plano no quieren vender. Mientras tanto, los coyotes del gobierno ya empiezan a soltar dinero”. –¿Cuánto están pagando? –De 200 a 500 pesos el metro cuadrado, según se dejen los campesinos. Son cantidades verdaderamente ridículas, muy por debajo del valor real de las tierras. Y alerta sobre la cuestión ecológica: “El proyecto ferroviario ya empieza a ocasionar un ecocidio en la flora y en la fauna. Esto disminuirá la superficie productiva de nuestro municipio”. Alude sobre todo a la tala indiscriminada de 37 mil árboles, ordenada en

Las principales protestas contra la obra las están realizando, en el Distrito Federal, los colonos del pueblo de Santa Fe, por cuyo territorio se proyecta el paso elevado de la vía del tren. Estos pobladores encabezan mítines multitudinarios, cierre de vialidades y mesas de debate en las que proponen alternativas. El ingeniero Gerardo Garduño Gutiérrez, uno de los líderes más destacados de este vigoroso movimiento, comenta: “De manera espontánea, pero coordinada, el pueblo está realizando todas estas manifestaciones de protesta, a través de unas 10 asociaciones civiles que aglutinan a distintos gremios y sectores de la población”. –¿De qué forma afectará la obra al pueblo de Santa Fe? –Esa obra nos dejará sepultados a los pobres, pues está proyectada de la siguiente manera: El tren pasará por encima de la avenida Vasco de Quiroga, nuestra principal vialidad; y por encima del tren pasará una supermoderna autopista. De manera que será una descomunal obra de concreto de tres niveles, muy alta. Las dos vialidades elevadas estarán sostenidas por gruesas columnas, cada una con un peso de más de 150 toneladas. Abajo quedará el pueblo de Santa Fe, sin accesos al tren ni a la autopista y ya de por sí muy golpeado por la carencia de muchos servicios urbanos. “También podrá imaginarse el caos que nos provocará la construcción de esa obra; durante varios meses habrá cierre de vialidades, ruidosas maquinarias trabajando, polvo, basura, cortes de luz, de agua, de servicio telefónico y varias afectaciones más.” –¿Cuántos pobladores se verán afectados?

C ORR U P C IÓ N

SARA PANTOJA

istóricamente el pueblo de Santa Fe ha sido golpeado por el desordenado crecimiento de la zona poniente del Distrito Federal, la voracidad de los intereses empresariales y el desinterés de los gobiernos federal y local, que una y otra vez ignoran la voz de sus habitantes. El anuncio de la construcción del Tren Interurbano Toluca-Valle de México, o tren rápido México-Toluca, es una nueva amenaza para sus pobladores, quienes –empujados por la falta de información y el temor a expropiaciones– han realizado marchas, instalaron un plantón permanente y dan visos de un posible “estallido social”. Santa Fe fue el primer poblado fundado en la Nueva España por Vasco de Quiroga, quien en 1531 dirigió la instalación de un hospital-pueblo para atender a los enfermos y desamparados e instruirlos en la fe católica. Desde entonces los habitantes se involucraron en un nuevo modelo de convivencia social, relata Lorena Álvarez Moreno, directora de la Casa Ernesto Meneses. Especialista en la historia de esta zona, asegura que una primera invasión del pueblo y sus zonas aledañas ocurrió a principios del siglo pasado, cuando los terrenos fueron escarbados para satisfacer las necesidades de la industria de la construcción en el centro de la ciudad. Como consecuencia, se formaron minas de arena que hasta hoy continúan apareciendo y llenando de temor a los pobladores por posibles derrumbes. Más tarde, por el creciente costo de extracción de la arena, llegó un segundo “castigo” para la población: la conversión de la zona en basurero. De nuevo la afectación fue social y ambiental. Los bosques y milpas, las fiestas y tradiciones alrededor de la parroquia del pueblo, resultaron trastocados. La investigadora de la Universidad Iberoamericana cuenta que en 1981 la población se vio afectada por tercera vez, ahora por el surgimiento del Plan Maestro para la Zona de Desarrollo Controlado Santa Fe, el cual planteó como gran eje estratégico el desarrollo económico y urbano del poniente de la ciudad. La población fue afectada con la ampliación de la avenida Vasco de Quiroga, ya que se destruyeron las antiguas fachadas y se perdieron 10 metros de sus hogares. El daño fue directo al patrimonio de sus habitantes; mucha gente fue obligada a firmar hojas en blanco y ni siquiera fue indemnizada. La construcción de la llamada “Santa Fe City” o “el pequeño Houston” obligó a reu-

bicar a las familias de pepenadores en nuevos asentamientos de las barrancas del Río Becerra –frente al pueblo de Santa Fe–, sin planeación urbana ni servicios, pero sí con la promesa de que los beneficios del megadesarrollo llegarían a los desplazados. Eso no sucedió. El nuevo polo de modernidad y lujo por un lado, y el olvido y la pobreza por el otro, dieron vida a bandas como la de Los Panchitos, quienes eran reprimidos por la policía. Según Álvarez Moreno, la construcción de la “nueva ciudad” tuvo diversos efectos entre los pobladores: invisibilización en favor de los corporativos, pérdida de su patrimonio e identidad vinculada al miedo a la desaparición física del pueblo, caos vial por el intenso flujo vehicular y el desorden del transporte público generado por la demanda de los trabajadores en los corporativos, contaminación permanente en aire y ríos, así como frustración, enojo y fracturas sociales profundas. Además, el crecimiento sin planeación en las zonas aledañas dificultó el acceso y provocó escasez y deficiencia en los servicios, falta de escuelas, clínicas, servicios de recolección de basura, de espacios públicos y áreas verdes. En marzo de 2010 el Gobierno del Distrito Federal materializó el añejo proyecto de una vialidad de cobro para conectar el Periférico Sur con Santa Fe: la Supervía Poniente. De los 126 predios expropiados para su construcción en la colonia La Malinche, delegación Magdalena Contreras, 50 fueron tomados en la madrugada y por la fuerza con cientos de granaderos, debido a la resistencia de los habitantes de varias colonias que alegaron daños ecológicos y pocos beneficios para quienes pueblan el lugar. En diversos foros, líderes vecinales e investigadores recordaron que desde 1986

El temor que no cesa Con estos antecedentes de despojo y olvido, los habitantes de Santa Fe temen ahora un nuevo agravio por la construcción del tercer tramo del Tren Interurbano Toluca-Valle de México, anunciado recientemente por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes federal y la Secretaría de Obras y Servicios capitalina. Según la escasa información que han obtenido a través del Sistema de Transparencia –pues las autoridades locales y federales no les han mostrado el proyecto ejecutivo–, la vía férrea y un tercer piso de la autopista pasarían por la avenida Vasco de Quiroga, el “corazón del pueblo”. De acuerdo con sus cálculos, 80 mil personas de 34 colonias de la Álvaro Obregón y 10 de Cuajimalpa, además de unos 4 mil establecimientos mercantiles, resultarían afectados. En marchas y plantones recientes los habitantes aclararon que no se oponen a la obra, pero sí exigen el cambio del trazo. También han denunciado la violación de sus derechos humanos a la información, libertad de expresión, audiencia, a un ambiente sano, a la salud, a la seguridad y a la no discriminación. Sobre todo, acusan que las autoridades violaron su derecho a ser consultados sobre el proyecto que los involucra directamente. En un foro organizado en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el miércoles 10, Álvarez Moreno fue tajante en su alerta: “Lo que quieren hacer con el pueblo de Santa Fe es un atentado. Ellos (los habitantes) son gente luchadora, valiente. La construcción de este proyecto sería otro golpe más a la población y generaría un serio conflicto social”. O Benjamín Flores

Santa Fe, en la ira

el pueblo de Santa Fe fue catalogado por la delegación Álvaro Obregón como “Zona Patrimonial o Zona Histórica”. Aun más: en el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de esa demarcación, oficializado por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda en 2011, aparece como “Área de Conservación Patrimonial”.

Pueblo largamente castigado

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–Más de 80 mil personas, que somos quienes habitamos en las 34 colonias populares que conforman el pueblo de Santa Fe, fundado en 1532 por Vasco de Quiroga y que aún mantiene sus tradiciones y su identidad. Éstas también se verían muy afectadas con la obra. –¿Qué medidas piensan tomar para defenderse? –Por la vía jurídica interpondremos amparos, que serán individuales pero también por parte de agrupaciones vecinales; por ejemplo, la Unión de Colonos Camino Real interpondrá un amparo. Y además continuaremos con nuestros actos de protesta. Garduño da la entrevista precisamente mientras encabeza una manifestación en la que participan unos 500 pobladores inconformes. Caminan rumbo al exclusivo Centro Comercial Santa Fe, cerrando vialidades a su paso y vigilados por policías y agentes de tránsito. Cargan un féretro pintarrajeado con el nombre de Peña Nieto. Tocan una tambora. Ondean pancartas que rezan: “No al tren sobre Vasco de Quiroga”… “No al viaducto elevado”. Y a coro gritan contra el presidente y el jefe de gobierno capitalino Miguel Ángel Mancera: “¡Peña, Mancera, la misma chingadera!”. Sin dejar la vanguardia de la manifestación, Garduño comenta que se les están uniendo los habitantes de 10 colonias de la delegación Cuajimalpa que también se verán perjudicados. Y agrega: “A los colonos nunca se nos consultó para hacer la obra. Ni nos han presentado estudios de impacto ambiental ni ningún otro. Hemos logrado armar mesas de negociación con las autoridades de los tres niveles, pero finalmente éstas se cerraron al diálogo”. –¿Qué otras irregularidades detectan? –Una total violación al uso de suelo y graves afectaciones a la ecología. Por ejemplo, las dos estaciones ferroviarias que quedarán en el Distrito Federal –la de Observatorio y Santa Fe– se construirán sobre vasos reguladores. El líder vecinal hace una pausa para escuchar a algunos colonos que algo le consultan. Charla un rato con ellos. Luego prosigue sin dejar la caminata: “Los principales beneficiados con la obra serán los empresarios constructores. Tenemos información de que el consorcio de empresas que ganó la licitación en el tramo del Distrito Federal mantiene nexos con OHL y La Peninsular, las empresas que construirán el tramo mexiquense. Al final todo quedará en manos de los mismos empresarios… Y bueno, el gobierno federal está en manos de los políticos mexiquenses, quienes necesitan vías rápidas para venir a sus oficinas de la Ciudad de México”. O

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Miguel Dimayuga

Palmas 1325. Oscuridad en la casa

El paraíso del soborno MATHIEU TOURLIERE

n un informe publicado el martes 2, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos revisó los 427 casos mexicanos de corrupción internacional documentados desde la entrada en vigor de la Convención de la OCDE para combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales, en febrero de 1999. Las autoridades mexicanas no resolvieron ninguno, aun cuando el reporte señaló que varios de ellos se produjeron en México. La empresa Trace International, la cual asesora en prácticas anticorrupción a empresas internacionales, recopila en su página 25 casos de sobornos a servidores públicos mexicanos por parte de compañías privadas, investigados por instancias judiciales de países extranjeros. Entre esas compañías destacan Hewlett Packard, Alstom, Areva, Siemens, Bridgestone, ABB o la minera canadiense Blackfire Exploration. El caso más emblemático lo reveló The New York Times en abril de 2012, al destapar los pagos de sobornos millonarios que realizó la filial mexicana del gigante esta-

dunidense de la distribución, Walmart, a fin de expandir su negocio en México. Según el Informe de Competitividad Global 2014-2015, que dio a conocer el Foro Económico Global el pasado septiembre, el soborno y la corrupción son una práctica común en las contrataciones públicas nacionales e internacionales en México. En una lista de 144 países, México ocupa el sitio 119 en cuanto a “pagos extras” y sobornos por parte de empresas en la adjudicación de contratos públicos, y el lugar 99 en términos de favoritismo que funcionarios públicos exhiben hacia algunas empresas. México permanece en el lugar 102 respecto a la ética corporativa –las relaciones entre las empresas y los actores políticos–, así como en el lugar 119 en términos de desvío de fondos públicos hacia empresas privadas.

No es “cultural” Lo anterior, según el director de la organización Transparencia Mexicana, Eduardo Bohórquez, no encuentra su raíz en un supuesto carácter “cultural” de la corrupción en el país –como lo aseveró Enrique Peña Nieto en septiembre pasado–, sino en la

C ORR U P C IÓ N ineficiencia del sistema anticorrupción y la falta de aplicación de la convención de la OCDE. En entrevista con Proceso, Bohórquez recuerda que fue la Comisión de Bolsa y Valores estadunidense la que llevó a cabo la mayor parte de las investigaciones y persecuciones penales de casos de soborno en México. “Vemos casos de cohecho internacional que ocurren en México y se investigan en el ámbito internacional, lo cual es grave, pero lo trágico es que son estos países los que los juzgan penalmente”, lamenta. Y señala que la Procuraduría General de la República (PGR) podría argumentar que no investiga los casos porque la averiguación ya existe en Estados Unidos, “pero parece difícil explicar por qué los casos siempre se procesan en otra Corte y por qué las autoridades mexicanas se enteran de ellos a través de la prensa”. En el caso de las licitaciones internacionales, existe en México el temor de ahuyentar al inversionista, el cual utiliza una retórica amenazante para conseguir beneficios legales. “Su discurso es muy similar al de los empresarios: ‘Si no me das buenas condiciones, llevo mi dinero a otra parte’”, sostiene. Muchas de las operaciones turbias que se muestran a la opinión pública, como la licitación del proyecto de tren México-Querétaro, las obras otorgadas al Grupo Higa o a la española OHL, entre otros, son legales, advierte Bohórquez. E insiste en que “la corrupción no es un crimen pasional, es un crimen económico”: quien “participa en actos de corrupción calcula con precisión el riesgo, revisa el marco jurídico y diseña una estrategia para pasar a través”. –En el caso de la Casa Blanca, ¿Podemos hablar de soborno? –se le pregunta. –Tienes que probar sobre qué elementos se dieron las operaciones cuando (Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera) eran ciudadanos y no debían informar sobre un potencial conflicto de interés a nadie. La única forma de comprobar que hubo cohecho, explica Bohórquez, sería demostrar que las condiciones favorables en las que se concedió la casa se decidieron a cambio de beneficios, pasados o futuros. “Pero acreditar esto implica una investigación de otra naturaleza”, estima. “Por eso tenemos que reformar la ley, ya que en su estado actual no hace accionable nada”, añade.

Huecos legales Según Bohórquez, una cadena de obstáculos impide a las autoridades mexicanas iniciar investigaciones para combatir eficazmente la corrupción.

La ley mexicana, detalla, prevé sanciones penales a individuos pero no incluye la responsabilidad penal de las empresas, por lo que las autoridades sólo pueden castigar a los perpetradores del acto de soborno, tanto el empleado que pagó el dinero como el funcionario que lo recibió. Por lo anterior, por ley las autoridades no pueden atacar la raíz de la corrupción, que son los directivos de la empresa y los superiores de los servidores públicos. Según el informe de la OCDE sobre la corrupción internacional, 41% de los casos documentados implicó la decisión de los directivos de la empresa en el acto de soborno, mientras que en 75% se hizo el pago a través de terceros, que fueron particulares, abogados o gestores. “Los intermediarios son peligrosos porque permiten a los directivos de una empresa escapar a su responsabilidad aun cuando la conectan con un acto ilegal. Despachos de abogados se especializan en detectar las fallas legales, y otros se especializan en bloquear los intentos de cambiarlos.” Interrogado acerca de la Fiscalía Anticorrupción, prevista por el gobierno de Peña Nieto, Bohórquez dice que esa opción “no ha funcionado en ningún país” pues genera disputas partidistas para designar el fiscal y no garantiza terminar con los actos corruptos. “En Argentina tardaron cinco años en nombrar al fiscal, y a los dos años la fiscalía estaba denunciada por la opinión pública como la oficina de gobierno más corrupta del país”, apunta. Agrega: “Dinamarca, que cuenta con el mejor Índice de Percepción de la Corrupción, no tiene ninguna comisión anticorrupción, sólo tiene una procuraduría que investiga los casos con suficiente independencia”. Y resume el problema de fondo en México: “No se activa el sistema anticorrupción, y las raras veces que lo hace, no se coordina”. Según Bohórquez, no hay un mecanismo de colaboración que articule entre sí las instituciones mexicanas encargadas de la lucha anticorrupción. Por lo tanto, la Secretaría de la Función Pública, la PGR, la Auditoría Superior de la Federación y hasta cierto punto la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda laboran de manera aislada y nunca se sientan a trabajar juntas, lamenta Bohórquez. Recuerda que en algunas ocasiones esas instituciones han colaborado con éxito. Cita como ejemplo la detención de Elba Esther Gordillo a inicios del sexenio de Enrique Peña Nieto: “Todo lo que se le pudo encontrar se le encontró”, asevera,

pero recuerda que este caso tuvo motivos políticos. Además, al no contar con una competencia ex oficio, estas instancias no pueden abrir una investigación por iniciativa propia, denuncia Bohórquez, al precisar que sólo una denuncia formal puede empezar una investigación”. “Ahí está la trampa”, insiste, pues en la práctica muy pocos proceden ante las instancias para señalar un acto de corrupción, aun cuando la ley mexicana obliga en teoría a cualquier testigo –que sea ciudadano, funcionario o empleado– a depositar una denuncia. “En la clase política y empresarial todo el mundo habla de la corrupción, la denuncia, pero nadie hace los cambios en la ley para atacarla”, abunda. Al firmar la convención de la OCDE en 1999, México se comprometió a luchar contra los sobornos de las empresas transnacionales mexicanas a funcionarios públicos extranjeros. En octubre de 2011 la OCDE realizó un informe en el que evaluó la aplicación de la convención en México. Deploró entonces las múltiples carencias de la legislación mexicana en la materia y emitió 22 recomendaciones. Casi tres años después, en junio pasado, la misma OCDE realizó un seguimiento del reporte y estimó que el gobierno sólo había aplicado cuatro de las 22 recomendaciones en su totalidad. Diez más lo fueron “parcialmente” y ocho fueron ignoradas. “México todavía no tiene ninguna persecución ni condena por sobornos extranjeros”, lamentó entonces la OCDE, al aseverar que la Ley Federal Anticorrupción de 2012 “no resulta totalmente exitosa” pues incluye definiciones vagas de “servidor público extranjero” o no prevé de manera clara la confiscación de bienes de las empresas. De la misma manera señaló que “México no modificó su legislación para obligar a auditores externos a reportar sobornos extranjeros a las autoridades competentes”, y observó que “las estadísticas sobre las condenas y sanciones aplicadas en casos de sobornos domésticos fueron incompletas”. El gobierno tampoco supo explicar con precisión a la OCDE cómo iba a funcionar la nueva Fiscalía General, mientras el organismo internacional deploró que el Sistema de Administración Tributaria “no verifica si un contribuyente pidió una deducción fiscal por el pago de sobornos internacionales”. En México, subraya Bohórquez, los “pagos de facilitación” no son ilegales y no están reconocidos como sobornos, por lo que pueden ser deducibles de impuestos. O

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Sector salud,

la mina Benjamín Flores

de César Duarte

PATRICIA MAYORGA

HIHUAHUA, CHIH.- Desde 2011, a dos meses de haber ocupado el cargo, el gobernador de Chihuahua, César Horacio Duarte Jáquez, tiene una alianza con las compañías Ymmarsa Pharmaceutica, SA de CV, y Servicios y Atenciones Médicas K, a las cuales convirtió en las principales proveedoras del sector salud estatal, privilegió con licitaciones millonarias en adjudicaciones directas –pese a las quejas contra esas empresas por vender sus medicamentos con sobreprecios– y con las cuales comparte la dirección fiscal y las oficinas de una asociación civil y un negocio propiedad del mandatario. En el domicilio fiscal Periférico de la Juventud número 8725 de la colonia Lomas Universidad en esta capital, que comparte con Servicios y Atenciones Médicas K (Farmacias Economik), Duarte Jáquez tiene registrada su Unión Ganadera División del Norte y su asociación civil Que el Cielo Bendiga a Chihuahua, registrada apenas en 2013 ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Aunque la dirección de la razón social de Ymmarsa Pharmaceutica es la calle Rudyard Kipling número 11368, en el Complejo Industrial Chihuahua, los ejecutivos de la empresa despachan en el domicilio de los negocios del gobernador, como consta en sus tarjetas de presentación. 30

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El gobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, colecciona denuncias y acusaciones. En la PGR ya hay una demanda en su contra por peculado, corrupción, uso indebido de atribuciones y malversación de fondos, pues transfirió recursos estatales a un banco del cual es accionista. Ahora enfrenta señalamientos de conflicto de interés por su marcado favoritismo a ciertas empresas proveedoras del sector salud estatal, con las cuales mantiene estrechas relaciones. Duarte ya estaba envuelto en un escándalo por las transferencias de recursos estatales al banco Progreso de Chihuahua, del cual es accionista. En su contra pesa una denuncia por los delitos de peculado, corrupción, malversación de fondos y uso indebido de atribuciones, presentada por el abogado Jaime García Chávez y la diputada panista Rocío Reza Gallegos, respaldada por 40 senadores y miles de ciudadanos que han creado un movimiento “antiduarte”. La denuncia está radicada en la Procuraduría General de la República. El caso de las farmacéuticas arrastra otro conflicto de interés y favoritismo a empresas aliadas. Entre 2011 y 2013 el sector salud gastó 2 mil 665 millones 707 mil pesos en la compra de medicamentos,

de acuerdo con reportes de la Secretaría de Salud estatal solicitados mediante la Ley de Transparencia y Acceso a la Información. Ymmarsa, Farmacias Economik y Administración y Comercialización de Franquicias Internacional, S de RL de CV –propiedad del priista Eduardo Almeida Navarro, quien apoyó la campaña de Duarte–, recibieron sólo en 2011, 2012 y 2013 más de la mitad del presupuesto estatal destinado a la compra de medicamentos y material de curación. Los gastos de 2014 aún no son públicos. Pese a que los gastos estatales en medicamentos se han incrementado 32% (301.9 millones de pesos) desde la llegada de Duarte a la gubernatura, en los centros

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Más dinero, menos abasto A partir de la alianza con las farmacéuticas señaladas, la Secretaría de Salud de Chihuahua aumentó su presupuesto para el gasto de medicamentos: de 2011 a 2013 pasó de 781 millones 784 mil pesos a 974 millones 223 mil pesos. Mediante el desglose del documento obtenido vía la Ley de Transparencia se desprende que los Servicios Estatales de Salud gastaron en esos tres años 2 mil 665 millones 707 mil pesos sólo en adquisición de medicamentos y material de curación. El Instituto Chihuahuense de la Salud (Ichisal, el cual maneja el programa federal del Seguro Popular) gastó mil 552 millones 618 mil pesos y Pensiones Civiles del Estado manejó 1 millón 552 mil pesos, ambos en el mismo rubro. Sin embargo, en uno de los hospitales con más afluencia de los derechohabientes del Seguro Popular se constató un importante desabasto de medicamentos y material de curación desde 2013. El último reporte obtenido da cuenta de que entre enero de 2013 y julio de 2014 ningún mes tuvo un abasto mayor a 90% y el promedio de esos 19 meses fue de 58%. El gobierno anterior, aunque con menos presupues-

los fabricantes, lo cual permitiría un gran ahorro. “Basar el abasto de medicamentos en intermediarios va contra esa tendencia y es una puerta abierta de par en par a la corrupción”, dice a Proceso.

to, tuvo un promedio de más de 80% de abasto, según el cálculo de funcionarios consultados. Para algunos expertos, el aumento en la compra de medicamentos carece de explicación. “Esa situación contrasta con el incremento de la población (…), de apenas 8% contra 45% en el gasto de medicamentos en la administración actual, sin considerar que la mitad de la población estatal es derechohabiente del IMSS”, estima un funcionario cercano al actual secretario estatal de Salud, Pedro Hernández Flores y quien pidió el anonimato. Sobre esa diferencia opina: “Se compra caro, se compra mal o, a juzgar por el deterioro en el abasto de medicamentos a los hospitales, suceden ambas cosas. La mala compra puede consistir en un análisis deficiente de los reportes estadísticos de enfermedades o simplemente esos reportes no son tomados en cuenta, ya que la prioridad es comprarle al proveedor favorito aquello que como intermediario pueda venderte con un máximo de ganancia y con el mínimo esfuerzo, aunque ese medicamento esté a punto de caducar o se trate de uno de uso infrecuente”. Entonces, advierte, un auditor difícilmente podrá detectar esa mala práctica puesto que no se trata de un médico con preparación administrativa. Señala que con la llegada de Hernández Flores al sector salud empeoró la situación. Otro colaborador de alto nivel de la Secretaría de Salud estatal, quien también pidió el anonimato, dijo que el sector salud ha adquirido sus insumos a través de intermediarios, en vez de licitar cada insumo por separado y directamente con

Empresas opacas

Patricia Mayorga

de salud aumentó notablemente el desabasto –señalan médicos entrevistados– y la propia Auditoría Superior del Estado (ASE) informó que no hay control en los almacenes. A las empresas aliadas de Duarte se les señala en las auditorías por incumplimiento de requisitos o bien generaron quejas de otros proveedores, quienes demostraron que cotizan los medicamentos con precios mucho más altos que sus competidores y aun así ganan los contratos con el gobierno. Un grupo de ciudadanos –asesorados por médicos que sospecharon del conflicto de interés y la malversación de fondos– solicitó una investigación a la Secretaría de la Función Pública federal, la cual se negó argumentando que le corresponde hacerlo a la Contraloría del Estado; ésta la preside la exdiputada priista Liz Aguilera García, cercana a Duarte y posible candidata por el PRI a una diputación federal. El 28 de noviembre de 2014 estos ciudadanos –quienes informaron a Proceso de su queja– interpusieron otra demanda ante la Auditoría Superior de la Federación, que la mantiene abierta con el código WEB8613 en el estatus de “estudio y análisis”. En su documento, los demandantes acusan al gobernador de coludirse con funcionarios del sector salud y violar la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contrato de Servicios y Obra Pública y la Ley de Responsabilidad de los Servidores Púbicos del Estado de Chihuahua, entre otras.

Periférico de la Juventud. Sede compartida

Ymmarsa y Servicios y Atenciones Médicas K aparentemente son lo mismo. Tienen los mismos socios, despachan en la misma dirección y compran medicamentos y material de curación a diferentes laboratorios a bajo costo y al mayoreo. Pero cuando esas empresas empezaron a ser proveedoras estatales en 2011 no estaban preparadas para atender el abasto del sector público en Chihuahua ni los de otros estados a los cuales también surten. Los hermanos Juan Hiram y Jorge Márquez Rodríguez abrieron farmacias Economik como un negocio familiar en Durango en 2004 y en 2011 crearon Ymmarsa Pharmaceutica, para convertirse en proveedores del sector público. El negocio lo continuó Juan Hiram e invitó como socio a Jesús Miguel Robles Villarreal. “Tenían el medicamento en el piso o expuesto a la luz, pese a que debe estar con temperatura controlada. Así operaron un año hasta que la Coespris (Comisión Estatal de Prevención de Riesgos Sanitarios) les puso un alto”, asevera un empleado administrativo de la empresa, quien también habló con este semanario a condición de reservar su nombre. Esa situación la confirmó la ASE en la fiscalización de 2012. Un empleado del área administrativa entrevistado en las oficinas de Periférico de la Juventud dice que en ese lugar acomodan las licitaciones según les convenga: “Una semana antes empiezan a preparar todo para concursar, pero se atenían porque ellos mismos ponían las condiciones; el gobierno les manda las licitaciones y se acomoda de acuerdo a lo que tienen”. Ymmarsa atrajo las franquicias de las farmacias Economik en 2011. Éstas surgieron en 2004 como negocio familiar en Durango, donde abrieron siete sucursales. En 2011 llegaron a Chihuahua. Actualmente hay nueve sucursales repartidas en la capital, Parral, Ciudad Juárez y Cuauhtémoc. En Periférico de la Juventud número 8725, cuando se pregunta por Servicios y Atenciones Médicas K, los encargados canalizan la petición a Jesús Miguel Robles Villarreal, uno de los socios de Ymmarsa. Esta persona –quien entregó una tarjeta de presentación con el domicilio de Médicas K y de los negocios del gobernador, aunque la empresa registró el de Rudyard Kipling 11368– explicó que comparten la razón social “porque hubo un acuerdo para prestarles el domicilio fiscal”. Al pedirle una entrevista con uno de los encargados de Médicas K, propuso contac1991 / 28 DE DICIEMBRE DE 2014

El gobernador hipoteca a Chihuahua PATRICIA MAYORGA hihuahua vive una fuerte crisis política y de credibilidad por el manejo de las finanzas públicas. Hoy es el tercer estado más endeudado del país y su presupuesto está comprometido para los próximos 30 años. Chihuahua –que este año manejó un presupuesto cercano a los 54 mil millones de pesos– tiene el más alto indicador de deuda relacionada con el Producto Interno Bruto (PIB), 9% de acuerdo con los indicadores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Las obligaciones financieras del gobierno de César Duarte Jáquez se desglosan en 19 mil 761 millones de pesos reconocidos como deuda pública: 5 mil 900 millones en banca de desarrollo y 17 mil 726 en banca múltiple; 15 mil 157 millones de la primera bursatilización, 2 mil 802 a Cupón Cero del Impuesto Sobre la Nómina (ISN) y 736 millones es deuda contingente que obtuvo la Comisión Estatal de la Vivienda. El pasado 22 de septiembre el activista y abogado Jaime García Chávez denunció penalmente al gobernador Duarte por haber impulsado la creación del Banco Progreso de Chihuahua con recursos estatales. La PGR comenzó a investigarlo por presuntos actos de corrupción, peculado y malversación de fondos públicos.

García Chávez presentó su denuncia ese mismo día también ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y ante la Fiscalía General del Estado, que Duarte y su esposa, Bertha Olga Gómez Fong, crearon en Banorte el fideicomiso 744743 por 68 millones de pesos y le dieron la instrucción a ese banco para invertir y comprar acciones en el Banco Unión Progreso, que el pasado 21 de marzo recibió la autorización para operar de la banca múltiple y, junto con otras dos instituciones, se transformó en Banco Progreso de Chihuahua, según publicó el Diario Oficial de la Federación. La diputada panista Rocío Reza Gallegos presentó a finales de septiembre pasado otra denuncia por los mismos delitos. La querella de García Chávez (averiguación previa 7.5.21 AP/PGR/Chih/ Jua/2143/2014-VI.A) fue atraída por la dependencia federal que encabeza Jesús Murillo Karam y ha sido respaldada por más de 40 senadores y miles de ciudadanos que incluso crearon un movimiento anticorrupción llamado Unión Ciudadana. Al ser confrontado por los medios locales, Duarte admitió que el fideicomiso fue creado en 2012. En una entrevista televisiva el martes 16, que se volvió viral en redes sociales, se ve al mandatario decir que sí firmó el fideicomiso pero no supo qué firmaba. “¿Sabe cuántos papeles firmo al día?

¿Se imagina? Lo firmé, no lo leí, a lo macho que no lo leí”, respondió cuando se le preguntó sobre el tema. Duarte también intentó pasar el ilícito como un favor; dijo que su actual secretario de Hacienda, Jaime Ramón Herrera Corral –asumió en octubre de 2012–, le pidió salvar al antiguo Banco Unión Progreso de una crisis financiera cuando éste era presidente de la institución crediticia. “Jaime Herrera era el presidente de Unión Progreso y fue el que impulsó la creación del banco con la fusión de otras instituciones, como la Unión de Crédito, Akala y Banca Única. Constituye el banco adelantándose a la creación de la ley contra lavado de dinero en octubre de 2012 y que entró en vigor nueve meses después; se adelanta y se convierte en accionista de Unión Progreso, se aprovechan del vacío legal”, asevera García Chávez. Y acusa que el gobierno estatal ha invertido en ese banco pese a no tener garantías para los inversionistas. El denunciante interpuso una solicitud de información –la SA001692014–, y la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Hacienda respondió que el gobierno estatal ha depositado 80 mil 839 millones 412 mil 564 pesos en Unión Progreso y otros 106 millones 741 mil pesos por medio de 353 operaciones en Akala (socia del banco). De esas operaciones, 340 (99.72%) se

tar al apoderado legal, pero éste no atendió la solicitud. Personal de esa empresa consultado por Proceso confirma que se trata de la misma compañía pero con diferente nombre (Ymmarsa y Médicas K). Robles Villarreal niega que exista alguna relación con la Unión Ganadera División del Norte, fundada por Duarte en 2005. “Hasta tenemos problemas de estacionamiento (con la asociación), pero no tenemos nada que ver”, asevera. Agrega que “pagan renta”. A Ymmarsa –proveedora de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua y del Instituto Municipal de Pensiones en el ayuntamiento de Chihuahua– se le acusa de inflar precios hasta en 300%, y pese a ello gana las licitaciones. Las denuncias se han hecho en Chihuahua, Tabasco y Durango; en Nuevo León le retiraron una licitación el pasado 27 de junio. La ASE hizo observaciones en el ejercicio fiscal de 2012 y 2013 a la Secretaría de Salud respecto del abasto de medicamentos por la mala distribución, falta de control en los almacenes y caducidad, que implicaba a Médicas K; con todo, el Congreso estatal aprobó por unanimidad su cuenta.

Los Servicios de Salud del estado han entregado por adjudicación directa al menos 500 millones de pesos a Médicas K a partir de 2012. Sólo ese año recibió 321.1 millones de pesos en medicamentos y material de curación para aplicarlo al programa federal del Seguro Popular. Así lo indica el contrato D20517 derivado de la adjudicación directa 282/2012. En 2013, mientras esa empresa recibió 183.5 millones pesos como proveedor de la Secretaría de Salud, el resto de proveedores recibió entre 106 mil y 600 mil pesos y uno más obtuvo 68 millones de pesos, según la solicitud de información 087242014. Un año antes la ASE había hecho observaciones a los Servicios de Salud por haber adjudicado a esa empresa, sin concurso, los contratos D20517 y D20518, por 417.5 millones de pesos, pese a no tener la licencia sanitaria obligatoria. Ymmarsa también tiene su historia. En 2012, Marketing Medicinal y otros proveedores denunciaron públicamente que Pensiones Civiles adjudicó a esa empresa duranguense un contrato por 345 millones de pesos, aun cuando ésta ofreció precios

inflados. De 881 medicamentos y materiales etiquetados para su compra le otorgó 738; más de 80% de la licitación LP002012. Los proveedores quejosos ofrecen más ejemplos: Ymmarsa cotizó en mil 503 pesos cada una de las 700 cajas de Bicalutamida (para combatir el cáncer de próstata), en tanto que la distribuidora México Hospitalaria las cotizó en 500 pesos; la Fenitoína (antiepiléptico) la ofreció en 394 pesos por caja, mientras que el Laboratorio Pisa la ubicó en 14 pesos; la licitación para el antidepresivo Prozac la ganó cotizándolo en 398 pesos por caja, cuando un año antes lo compró en 7.50 pesos. Los mismos proveedores calculan el desfalco al estado en al menos 100 millones de pesos. Los inconformes alegan que a Ymmarsa no le pidieron una carta para demostrar que no tiene historial de incumplimiento, como lo exigen los requisitos; la razón es que dicha empresa no hubiera podido mostrar nada pues surgió en 2011 y no había cotizado ni surtido a dependencias oficiales. Al Instituto Municipal de Pensiones le

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C ORR U P C IÓ N

Encubrimiento El 12 de noviembre pasado los directivos de Banco Progreso dieron una conferencia de prensa en la ciudad de Delicias; ahí Sergio Becerra Rodríguez, actual gerente general de Unión Progreso, admitió que reciben inversiones de dependencias de gobierno estatal, las cuales se invierten con la tasa de interés más alta del mercado financiero, que varía de acuerdo con el plazo contratado. Los directivos informaron que tienen mil 562 socios con un capital de 659.5 millones de pesos y ninguno posee más de 10% del capital. Luis Ramón Daw Daher, director jurídico de la institución, expuso que tienen invertido el fideicomiso del gobernador y su esposa por 65 millones de pesos, escrito bajo otro nombre, pero se reservaron los datos con el argumento de que es secreto bancario. Duarte aseguró que tiene solvencia económica porque ha sido comerciante desde 1983. Se convirtió en “reconocido” vendedor de carros usados en la frontera y ha sido ganadero. Herrera Corral explicó que Unión Progreso es una entidad financiera autorizada y regulada por la CNBV, autorizada para recibir depósitos de los gobiernos y éstos pueden invertir donde les den mejores condiciones.

abasteció 67% de los medicamentos licitados, también con sobreprecio. En 2012, Marcelo González Tachiquín, actualmente secretario de Educación y quien fue director de Pensiones, aseguró que había despedido al encargado del área de Adquisiciones, Édgar Hermes Sandoval Tarín. Sin embargo, oficialmente dicho funcionario no salió de esa dependencia sino hasta agosto del presente año.

También Prosalud

“Si se ve el comparativo de las tasas de interés, Unión Progreso tiene el mejor interés de depósitos, pero en esa solicitud (de información a Hacienda), no aparecen los montos de Santander, Bancomer, Banorte”, indicó en una entrevista a mediados de noviembre. La polémica se da justo cuando el Congreso local le aprobó al gobernador Duarte pedir un préstamo de 44 mil 575 millones de pesos, de los cuales los últimos 3 mil millones fueron bursatilizados en bonos carreteros. La crisis llevó al resquebrajamiento interno del PRI en Chihuahua, pues algunos militantes critican a Duarte por el control que tiene sobre los poderes Legislativo y Judicial, las universidades autónomas de Juárez y Chihuahua, así como los tecnológicos y el Colegio de Bachilleres, que le manifiestan su apoyo mediante desplegados periodísticos. Hasta ahora ni el mandatario ni su secretario de Hacienda han explicado la aplicación de los recursos de la deuda. Ambos sólo intentan justificar que las inversiones se hicieron para salvar al estado de la inseguridad, promover la educación, salud e impulsar la infraestructura, rubros que son cuestionados por diferentes sectores sociales. Herrera Corral sostiene que los recursos obtenidos a través del fideicomiso carretero y Cupón Cero no implican ningún riesgo para el estado porque se pagan solos. Los bonos carreteros se pagan con los ingresos de los automovilistas en las casetas de peaje, por lo que 40% de la deuda total está garantizado, pues cuenta con su propia fuente de pago, expuso el funcionario. De acuerdo con estadísticas de Hacien-

da estatal obtenidas a través de Transparencia, la deuda acumulada que dejó José Reyes Baeza Terrazas al término de su mandato fue de 12 mil millones 574 mil pesos, más los acumulados de ejercicios fiscales anteriores. La deuda aproximada que recibió Duarte Jáquez fue de 13 mil millones 800 mil pesos. En su última comparecencia ante el Congreso local, Herrera Corral informó que el déficit fiscal de 10 mil 100 millones de 2013 bajaría a 5 mil millones de pesos al cierre de este año. Admitió también que la federación les aportó mil 500 millones de pesos para cumplir con las condiciones de plan de ajuste en déficit fiscal y de créditos a corto plazo y anunció que están negociando para que la dependencia federal los “acompañe” con otros 2 mil 500 millones de pesos para ajustar el déficit de 5 mil millones de pesos a 3 mil millones. Por su parte la burocracia muestra su malestar porque fueron liquidados alrededor de mil 500 trabajadores, mientras se contrató a familiares de funcionarios aun cuando no tienen el perfil para el cargo que ocupan. Además unos 30 mil burócratas fueron incluidos en el fondo general de Pensiones Civiles del Estado, por lo que les quitan alrededor de 700 pesos quincenales y hoy carecen de servicio médico. En la Fiscalía General del Estado hizo crisis la situación laboral por la falta de claridad en el manejo de ese dinero. Los empleados de la dependencia han hecho denuncias anónimas contra los descuentos: 200 pesos quincenales para un centro de esparcimiento familiar, pago de uniformes y viáticos. O

Inmobiliarias, SA de CV, Comercializadora Corporativa Internacional, SA de CV, y Administración y Comercialización de Franquicias Internacional, S de RL de CV. Estas compañías se encargan de instalar alumbrado público, remodelar inmuebles, vender maquinaria, construir y remodelar escuelas y vender medicamentos. Prosalud provee medicamento y equi-

po médico al gobierno chihuahuense. En 2012 recibió por ese rubro más de 180 millones de pesos. En su portal indica que la empresa administradora fue constituida en 2003 y en 2011 se reactivó para la apertura de la farmacia Prosalud, la cual abastece de medicamentos a por lo menos nueve farmacias y es proveedora del IMSS, Ichisal y Pensiones. http://www.durangomas.mx

efectuaron cuando Herrera Corral ya estaba en Hacienda; el importe más fuerte se registró el 2 de diciembre de 2013, cuando el gobierno estatal depositó mil 208 millones de pesos.

Economik. Farmacia amiga... del gobernador

La tercera proveedora beneficiada es Administración y Comercialización de Franquicias Internacional (conocida como Prosalud) del Grupo ALSA, propiedad de Eduardo Almeida Navarro, quien apoyó económicamente la campaña de Duarte. El empresario posee una avioneta Cessna 402 matrícula N3403 y en junio último fue nombrado presidente seccional del PRI municipal. Grupo ALSA está formado por siete firmas. Tres son proveedoras del gobierno estatal y de la Presidencia Municipal de Chihuahua: Construcciones Corporativas 1991 / 28 DE DICIEMBRE DE 2014

Una Suprema Corte “balcanizada”

JORGE CARRASCO ARAIZAGA

La Suprema Corte de Justicia de la Nación enfrenta una efervescencia política inédita: en pleno año de elecciones federales renovará su presidencia, con una cantidad de aspirantes pocas veces vista: seis de los actuales ministros buscarán suceder a Juan Silva Meza al frente del máximo tribunal del país. En un contexto en el cual México enfrenta una de sus etapas de mayor violencia, injusticia y corrupción, el peso de Enrique Peña Nieto será fundamental en las “vencidas” que mantienen los jueces “formados” dentro del Poder Judicial y los que vienen de otras instancias. 34

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a Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) está balcanizada. Seis de los 10 ministros que por ahora la integran quieren presidir ese máximo tribunal y el poderoso Consejo de la Judicatura Federal (CJF), un millonario y sombrío organismo que administra a los jueces y magistrados federales. Como no había ocurrido desde su reforma en 1994, la SCJN se ha atomizado en torno a la sucesión de su actual presidente, Juan Silva Meza, quien desocupará ese puesto el próximo 2 de enero. Aunque no lo pueden decir en público, los contendientes admiten que el tribunal constitucional “se balcanizó”. Durante semanas fue común escuchar esa expresión en los pasillos y oficinas de la Corte y del CJF, en referencia a la guerra de los Balcanes de los noventa tras el desmembramiento de la antigua Yugoslavia. Sin que la Corte enfrente una fragmentación de fondo, la imagen de los intereses encontrados se fue construyendo ante los

Cortesía SCJN

JU S T IC IA

afanes de la mayoría de los ministros para ser el máximo representante del Poder Judicial de la Federación (PJF). Ajenos en el discurso a la política, los máximos jueces del país han hecho proselitismo para conseguir el voto en la primera sesión del pleno de ministros, que se realizara el próximo 2 de enero, apenas regresando del receso judicial de invierno. En algunos incluso juega su cercanía con el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, quien además deberá proponer al sucesor del fallecido ministro Sergio Valls Hernández y en el curso del próximo año deberá proponer a dos de sus nuevos integrantes.

Proceso politizado De acuerdo con el artículo 97 de la Constitución, cada cuatro años el pleno de ministros debe elegir de entre sus miembros a su presidente. El artículo 32 del Reglamento Interior de la SCJN establece que para la elección se necesitan seis votos. Si ninguno obtuviera esa mayoría, se hará una nueva votación con los ministros

con más votos y así seguirá hasta que se alcance la mayoría legal. Sin acuerdos antes de las vacaciones de fin de año, es de esperar que en principio los seis aspirantes voten por sí mismos: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Luis María Aguilar Morales. El panorama sucesorio en la Corte es muy distinto al de hace cuatro años, cuando la elección de Silva Meza era un hecho tras la renuncia a la contienda del ministro José Ramón Cossío Díaz, con el argumento de que la presidencia de la SCJN lo alejaría de las funciones sustantivas del máximo tribunal. En aquel momento eran dos bloques los que se habían formado luego de que el entonces presidente, Guillermo Ortiz Mayagoitia, ahora en retiro, logró que los aspirantes a sucederlo se comprometieran a fijar sus posturas desde medio año antes y llegaran a la votación con los “amarres” necesarios para no someter a la Corte a la incertidumbre política.

Esta vez, como juez apegado a la letra, Silva Meza optó por no conducir la sucesión y se limitó a hacer lo que dice el Reglamento Interior en su artículo 29: “Durante los primeros cinco días del mes de diciembre previo a la conclusión del encargo del presidente en funciones, los ministros interesados en sustituirlo presentarán a sus compañeros y compañeras las líneas generales conforme a las cuales desarrollarían dicha función”. Bajo el discurso de la independencia y autonomía de los jueces, sobre todo de sus pares en la Corte, Silva Meza sencillamente se hizo a un lado en el proceso sucesorio y en consecuencia las aspiraciones se desataron. Más que una división entre liberales o conservadores, la disputa por el control de la Corte está en función de dos bloques: los internos y los externos; es decir, los de carrera judicial y los que han llegado al máximo tribunal desde otros ámbitos. De los seis contendientes, los llamados de la “familia judicial” son Mario Pardo Rebolledo, Margarita Luna Ramos y Luis María Aguilar. Los dos últimos inclu1991 / 28 DE DICIEMBRE DE 2014

Los días contados de JENARO VILLAMIL

Murillo Karam

de Murillo Karam no debía ser un problema para aprobar la minuta, pues él tenía información en torno a que el próximo 6 de enero el exgobernador de Hidalgo sería removido de la PGR. A pesar de estas negociaciones de última hora, la bancada del PAN decidió no aprobar la minuta proveniente de la Cámara de Diputados, ya que la autonomía de la nueva Fiscalía General de la República no iba a estar garantizada y en los más de 40 artículos del proyecto de dictamen sólo le dedicaban una fracción a la Fiscalía Anticorrupción, una de las propuestas centrales de Acción Nacional durante las negociaciones de la reforma política con el gobierno de Enrique Peña Nieto y el PRI. “El PAN decidió no transitar en esta reforma por tres razones principales: No había tiempo suficiente para dictaminar; no se garantizaba la autonomía de la Fiscalía General de la República, con la posibilidad de que permanezca el actual procurador; y la minuta proveniente de la Cámara de Diputados sólo le otorgaba un párrafo a las fiscalías Anticorrupción y de Delitos Electorales”, explicó Gil Zuarth. En entrevista telefónica con Proceso, el

so fueron consejeros del CJF. Los externos son Alfredo Gutiérrez, Fernando Franco y Arturo Zaldívar. Como tercer poder del Estado, el Judicial de la Federación se ha fortalecido desde la reforma de diciembre de 1994, cuando el entonces presidente Ernesto Zedillo desapareció durante el receso judicial a la SCJN. En lo que se ha dado en llamar como un “golpe de Estado técnico”, Zedillo disolvió a la Corte que existía entonces con 26 ministros, y creó una nueva con los 11 actuales. De entonces a la fecha el PJF no ha dejado de crecer. La SCJN, el CJF, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y los órganos jurisdicciones tienen en total 42 mil 556 empleados, según informó Silva Meza el jueves 11 en su cuarto y último informe de presidente en funciones. El presupuesto de ese Poder es aún más robusto: 50 mil 241 millones 566 mil 172 pesos, según aprobó la Cámara de Diputados para el año pasado. La mayoría de los recursos, 43 mil millones, se concentraron en el CJF, encargado de la vigi-

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Miguel Dimayuga

n la víspera del cierre del periodo ordinario de sesiones del Senado, el lunes 15, el presidente de la Comisión de Justicia, Roberto Gil Zuarth, detectó que en la minuta de la Ley Orgánica sobre la Fiscalía General de la República proveniente de la Cámara de Diputados se introdujo un transitorio que le permitiría al actual titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, ser ratificado en el cargo hasta 2021 y estar al mando de las otras dos fiscalías, la de Delitos Electorales y la Anticorrupción. El senador panista, responsable de la dictaminación de esta nueva ley, se acercó al coordinador de la bancada perredista, Miguel Barbosa, y le advirtió de esta argucia legal que prácticamente dejaba al cuestionado procurador general seis años más, pese a la crisis provocada por sus investigaciones en el caso de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa y sus escasos frutos en los expedientes sobre anticorrupción. Barbosa, presidente también de la Mesa Directiva del Senado, le dijo a Gil Zuarth y a otros senadores que estaban presentes en el salón de sesiones que la permanencia

Silva Meza. Manos fuera

senador panista argumenta que las “definiciones centrales sobre las fiscalías Anticorrupción y de Delitos Electorales las mandaron al reglamento y no a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República”. Esta situación se volvió “intransitable” para el PAN, la segunda fuerza política en el Senado. El PRI, coordinado por Emilio Gamboa Patrón, amagó con sacar el dictamen de la Fiscalía General a través de la mayoría de firmas de los integrantes de la Comisión de Justicia. Esto hubiera implicado el apoyo de la bancada del PRD. Finalmente esta posibilidad no se concretó. En el último día del periodo ordinario de sesiones del Senado, el PRI no pudo sacar ninguna de las leyes que le interesaban al Ejecutivo Federal: Las reformas a la Ley de Obras, la Fiscalía General y el “decálogo” en materia de seguridad pública y mando único de las policías, mientras que el PRD tampoco pudo concretar la reforma política del Distrito Federal, la cual, una vez más, quedó para el próximo año; el PAN tampoco garantizó el nombramiento del nuevo fiscal anticorrupción. “La minuta proveniente de la Cámara de Diputados está mal armada. No desarrolla correctamente las funciones de las dos fiscalías, tal como el PAN las había desarrollado en la reforma constitucional. No podíamos avalar una minuta que achicaba las funciones de los fiscales”, señala Gil Zuarth.

“Puro charalito” –¿Qué hubiera implicado aprobar un fiscal

anticorrupción con esa minuta? –se le pregunta a Gil Zuarth. –Un fiscal anticorrupción sin posibilidad de ejercer citatorios de oportunidad implicaba que iba a agarrar a puro charalito y a los grandes tiburones de la corrupción no los podría perseguir –afirma. –¿Cuáles son los siguientes pasos para aprobar la nueva Fiscalía Anticorrupción y la Fiscalía General de la República? –Vamos a discutir este tema en el paquete de seguridad pública y justicia, en enero. Esto incluye las propuestas del Ejecutivo federal (el decálogo que anunció Peña Nieto el 27 de noviembre). Para nosotros lo más importante es que se diseñen dos fiscalías muy potentes y que se den garantías de autonomía del Fiscal General de la República, que no sea una extensión del presidente de la República, y que el Senado pueda intervenir y sancionar sus decisiones. La autonomía de la PGR y su transformación en Fiscalía General de la República fue una propuesta que introdujo el PAN en la reforma política. El gobierno federal aceptó, siempre y cuando no afectara a la actual administración peñista y entrara en vigor en 2018. Sobre estas bases las tres principales fuerzas políticas han negociado en el Congreso el diseño de la Fiscalía General y sus dos fiscalías dependientes. En conferencia de prensa el miércoles 17, Barbosa aclaró que el PRD “no está de acuerdo en los contenidos que recibimos como minuta de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República”, y que ese partido “pugnará por reformar, adicionar lo que

lancia, administración y disciplina de los juzgados y tribunales federales. Para 2015, aunque se redujo debido al subejercicio, el pastel seguirá siendo grande: 44 mil 52 millones 127 mil 906 pesos. En sus propuestas para encabezar el PJF, ninguno de los aspirantes pretende transparentar la manera en que el CJF decide sobre los recursos y la vigilancia y evaluación de los jueces. Con diferentes matices, los seis se refieren a la transparencia una vez tomadas las decisiones. Ninguno se atreve a abrir las sesiones del Consejo de la Judicatura Federal.

La mano del presidente Entre las candidaturas sorprendió la del ministro Gutiérrez Ortiz Mena, quien apenas en diciembre de 2012 se integró a la Corte. Él fue la primera propuesta que Peña Nieto hizo al Senado para conformar el tribunal constitucional del país. Peña Nieto propondrá además la terna de la que saldrá el sustituto del ministro Sergio Valls, quien falleció el pasado 3 de

Octavio Gómez

JU S T IC IA

recibimos para que haya una Fiscalía Anticorrupción con herramientas claras, adecuadas, firmes para el desempeño de su función, y no hay intercambio”. “No es un asunto de ‘dame tú, te doy yo’, son temas diferentes donde los contenidos y alcances son diferentes y donde en

el parlamento no puede existir esa forma de resolver asuntos tan importantes”, afirmó Barbosa al ser cuestionado sobre si el PRI no condicionó su apoyo a la reforma política del Distrito Federal a cambio de que se aprobara la permanencia de Murillo Karam al frente de la PGR nueve años más. O

diciembre, a los 73 años, cuando aún le quedaban cinco en el cargo. Además presentará a los candidatos a reemplazar a los ministros Silva Meza y Olga Sánchez Cordero, cuando pasen a retiro en noviembre próximo. Por lo menos hay dos prospectos identificados en torno a Peña Nieto. Uno es Raúl Cervantes Andrade, el expresidente del Senado, exdiputado federal y excoordinador jurídico del PRI. En septiembre pasado solicitó licencia al Senado para irse a la vida académica. Fue un retiro obvio de la vida partidaria ante una prohibición constitucional expresa: El artículo 95 de la Constitución exige que quien aspire a ser ministro de la SCJN no debe haber sido secretario de Estado, fiscal general de la República o de Justicia del Distrito Federal, senador, diputado federal ni gobernador de algún estado o jefe del Distrito Federal durante el año previo a su nombramiento. La otra persona cercana a Peña Nieto es la actual magistrada del TEPJF María del Carmen Alanís Figueroa, quien llegó

a esa instancia tras apoyar la candidatura presidencial de Felipe Calderón en 2006, pero que como titular de ese tribunal negoció una resolución que allanó la candidatura presidencial de Peña Nieto. En marzo de 2011 fue la anfitriona de una comida con operadores de Peña en momentos en que el entonces gobernador del Estado de México estaba sometido a un juicio electoral por el uso ilegal de los medios electrónicos para su promoción personal con el pretexto de su quinto informe de gobierno. Alanís recibió en su penthouse al actual secretario de Hacienda, Luis Videgaray; al ahora director de la Comisión Federal de Electricidad, Enrique Ochoa Reza, y a Marco Antonio Baños Martínez, ahora consejero del Instituto Nacional Electoral, según reveló el periódico Reforma el 17 el abril de 2011. Al hacerse pública la reunión, Alanís fue destituida como presidenta, pero la operación ya estaba hecha: el TEPJF exoneró a Peña de haber violado la Constitución, lo que habría obstaculizado su candidatu1991 / 28 DE DICIEMBRE DE 2014

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estrecha cercanía con el expresidente de la Corte Góngora Pimentel. Una familiaridad similar se dio entre el ministro Aguinaco, ya fallecido, con el entonces presidente Ernesto Zedillo, quien llamó a Los Pinos al juzgador antes de que la Corte avalara el anatocismo, la práctica que le permite a los bancos cobrar intereses sobre intereses. En su plan de trabajo 2015-2018, Luna Ramos hace patente su institucionalidad y apego al letrismo jurídico. Al igual que el ministro Luis María Aguilar y a diferencia del resto de los aspirantes, omitió referirse a la problemática social y de derechos humanos que tiene entrampado al gobierno de Peña Nieto. En su propuesta, titulada Por una justicia de valores, transparencia y rendición de cuentas, se refiere en términos generales a “los problemas y realidad por la que México transita (sic)”, sin hacer ningún señalamiento en específico a los reclamos sociales de justicia. “Mi objetivo es establecer los lineamientos de trabajo sustentado en la tradición de la cultura de la legalidad, de la justicia, en el respeto a los derechos humanos, la excelencia, autonomía e independencia de los juzgadores, respeto a la dignidad humana y a la equidad procesal, entre otros; todo ello en la búsqueda de la consolidación de una impartición de justicia apegada a derecho, que permita que la actuación de los integrantes de este Poder federal sea valorada y reconocida”, dice en su visión de lo que debe hacer el presidente de la SCJN y del CJF. Sus propuestas se concentran en la reorganización del trabajo y una mejor Octavio Gómez

ra. Apenas llegó a Los Pinos, en uno de sus primeros actos como presidente, el 3 de diciembre de 2012, Peña le entregó el premio a “La mujer del año 2012”, organizado por una asociación civil, aunque el acto fue encabezado por el mandatario en el Museo Nacional de Antropología. Destituida, fue sucedida por el actual presidente del TEPJF, Alejandro Luna Ramos, hermano de la ministra que ahora aspira a encabezar el PJF. Por la presencia en los tribunales del país de varios integrantes de esa familia originaria de Chiapas, se ironiza sobre la PJF adjudicándole el mote de Poder Familiar de la Federación. Margarita Luna Ramos es considerada dentro del propio Poder Judicial como una mujer institucional y una ministra letrista; es decir, que sus resoluciones se apegan en estricto sentido a lo escrito en las leyes. En sus casi 11 años como ministra, cargo que ocupa desde febrero de 2004, ha forjado la imagen de una juez del bloque conservador de la Corte. Es tal su apego institucional que en una ceremonia en la que iba en representación del presidente de la Corte tuvo un lapsus y dijo que estaba ahí en representación del presidente de la República. Pero al disculparse, bromeó: “Ojalá”. Tendría a su favor la presencia en el Consejo de Rosa Elena González Tirado, recién designada consejera y quien en su carrera judicial fue secretaria de estudio y cuenta de Luna Ramos. Otra posible aliada en el CJF podría ser la magistrada Martha María del Carmen Hernández Álvarez, también originaria de Chiapas, quien trabajó en el gobierno de Peña en el Estado de México. Primero fue subprocuradora general de Justicia de la entidad y luego subsecretaria de Asuntos Jurídicos del gobierno. Al final de su gobierno, Peña la nombró titular provisional de la notaría pública 169, con sede en Huixquilucan. Luna Ramos busca ser la primera mujer en dirigir el PJF, al que ingresó en 1975 como taquimecanógrafa. Desde la reforma de Zedillo, todos los presidentes de la Corte han sido varones e integrantes del propio Poder Judicial: José Vicente Aguinaco Alemán, en 1995; David Genaro Góngora Pimentel, en 1999; Mariano Azuela Güitrón, en 2003; Guillermo Ortiz Mayagoitia, en 2007, y Silva Meza, en 2011. Todos de carrera judicial, al igual que Luna Ramos. Cada uno, además, ha sido señalado por la relación que ha tenido con el presidente de la República en turno. Uno de los escándalos públicos fue la cercanía de Mariano Azuela con el entonces presidente Vicente Fox, quien lo llamó a Los Pinos para evaluar el desafuero del entonces jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador. Éste, a su vez, tenía una

Aguilar. Apoyos cuestionables

vigilancia de los jueces y, como todos los candidatos, se refiere a la entrada en vigor del nuevo sistema de justicia penal, a mediados de 2016. La reforma involucra directamente al PJF, y el próximo presidente de la Corte y del CJF será el encargado de iniciarla. El ministro Luis María Aguilar tampoco alude a la crisis social que vive el país y que atañe directamente al Poder Judicial de la Federación. Como Luna Ramos, se limita a proponer la reorganización del trabajo en el PJF. Entre su selecto grupo de amigos, el ministro Aguilar tiene al senador del PRI y dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, Carlos Romero Deschamps. El cuestionado político estuvo presente en la ceremonia en que Aguilar tomó protesta como ministro ante el pleno de la Corte el 1 de diciembre de 2009, por invitación del entonces flamante ministro y ahora presidente de la Segunda Sala de la Corte, encargada de los juicios administrativos y de trabajo. El otro aspirante de la llamada “familia judicial” es el ministro Pardo Rebolledo, quien, a diferencia de Luna y Aguilar, en su programa decidió ver más allá del PJF: “El país clama por un ambiente de estabilidad social, política y económica; existe un malestar general que no se debe minimizar”. De los llamados “candidatos externos”, Alfredo Gutiérrez, el más novel de los ministros –quien llegó a la Corte desde el Sistema de Administración Tributaria (SAT), de la Secretaría de Hacienda–, presentó la propuesta de trabajo más vaga, aunque también se refirió a la problemática social: “La sociedad está cansada de la crisis social que atravesamos y busca una respuesta”. Los otros dos candidatos externos son el ministro Fernando Franco y Arturo Zaldívar. Franco ha pasado por los tres poderes del Estado. En el PJF, además de ministro, fue magistrado presidente del TEPJF. También fue subsecretario del Trabajo y secretario general de la Cámara de Diputados. En la presentación de su programa, Franco escribió: “Hoy estamos viviendo un ambiente social y político convulso, en el que las autoridades han sido fuertemente cuestionadas, incluyendo las que imparten justicia”. Zaldívar, quien llegó a la Corte desde la academia y el litigio corporativo, pretende hacer de su eventual presidencia “centro y eje” de los derechos humanos, en una continuidad de lo que fue la gestión de Silva Meza. Pero, dice, mediante jueces con un nuevo perfil que tengan “una visión moderna del derecho” y comprometidos con las garantías fundamentales.

POLÍT I CA Germán Canseco

Es hora de un nuevo

Constituyente En medio de la corrupción, la indolencia y la ineficacia gubernamentales, que se evidenciaron en la desaparición de 42 normalistas de Ayotzinapa, el obispo Raúl Vera lo tiene claro: hay que refundar el Estado mexicano. Y el último obispo mexicano cercano a la teología de la liberación tiene un plan para ello, estructurado en tres fases. El objetivo es que el 5 de febrero próximo una asamblea decida los puntales de una nueva Constitución. En el mismo espíritu que motivó la redacción de Los Sentimientos de la Nación en 1813, Vera explica: “Hay que remediar el país, no remendarlo”.

Raúl Vera. Propuesta política

ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA

ara el obispo de Saltillo, Raúl Vera López, los partidos políticos exhibieron este año, como nunca, su decadencia; la clase gobernante, perpetuada a través de varias generaciones, es corrupta de origen, y lo ocurrido con los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa sumado a los escándalos de corrupción plantean una sola vía para evitar que el desenlace sea violento: que la sociedad cambie la forma de Estado y su sistema político. La perspectiva del último obispo mexicano en activo de la teología de la liberación va más allá de la opinión, pues está convocando a lo que define como un “congreso constituyente alternativo”, cuyo propósito es que, al margen de los grupos de poder, sea el pueblo el que ejerza su autodeterminación, su soberanía. Se trata, explica en entrevista, de refundar el país, de acoger todas las voces y las aspiraciones, “no impulsando superli1991 / 28 DE DICIEMBRE DE 2014

Archivo Proceso

Acuerdos de San Andrés. Refundación interrumpida

derazgos, y sí dando los pasos necesarios para acrecentar la conciencia política de todos los ciudadanos”. Su plan consiste en construir “sujetos sociales”, un concepto que empleaba con frecuencia Samuel Ruiz, el fallecido obispo de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, y que Vera ha recogido y empleado desde que fue coadjutor de esa misma diócesis en los años noventa, para referirse al empoderamiento de la sociedad. Reticente a aceptar –como en su tiempo lo hacía Samuel Ruiz– que se le identifique como “teólogo de la liberación”, Vera prefiere describirse como un sacerdote que tomó la “opción preferencial por los pobres”, y considera que su deber pastoral consiste en escuchar “el clamor de los pobres, de las víctimas y de los que sufren”. En la sociedad mexicana, excluyente y desigual, afirma, “la voz de los pobres no está presente en las decisiones, la economía ha perdido el rumbo y, en lugar de ponerse al servicio de la equidad y la igualdad con oportunidades para todo ser humano, ha generado injusticias y desigualdades que cada día y a cada hora crecen de manera escandalosa. “Porque la vida y el destino de las mujeres y los hombres pobres no cuentan, esta sociedad ha entrado en un proceso vertiginoso de deshumanización, que en lugar de producir vida para todos, crea estructuras de muerte donde no se defiende la vida, sino que se le ataca mediante procesos de militarización y paramilitarización. “Los grupos del así llamado crimen organizado son vistos por no pocos funcionarios como organismos simbióticos con las estructuras de los tres niveles de gobierno, municipal, estatal y federal. En el mundo empresarial y financiero que les

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lava el dinero, son vistos como colegas y compañeros de negocios.” La única alternativa, insiste, es reaccionar ante la barbarie, empezando a trabajar en la construcción de una sociedad en la que todos sean incluidos, en especial los más vulnerables –los pobres–, a quienes reconoce como la parte de la sociedad que sigue siendo humana y con sentimientos. Son ellos quienes “recorren caminos de muerte en los procesos de migración; en las mujeres y los niños víctimas de la trata y la esclavitud moderna; en los jóvenes que no tienen el derecho a vivir las ilusiones del futuro que todo joven debería tener, y que son expuestos a una existencia cruel, donde su destino final es la muerte o la cárcel”. Inevitable la evocación histórica: –Suena a replantear Los Sentimientos de la Nación… –se le comenta. –Sí, lo sé. Me lo han dicho. El padre Morelos interpretó lo que el pueblo quería, no eran sus sentimientos, eran los sentimientos del pueblo. Hoy, el pueblo quiere una salida pacífica, ya no quiere pobreza, cinismo, injusticia ni violencia. Hay que remediar el país, no remendarlo, pero tiene que hacerlo el pueblo.

El origen del llamado Cuando en 1996 los Acuerdos de San Andrés sobre derechos indígenas fueron desconocidos por el gobierno de Ernesto Zedillo, en Chiapas se planteó una discusión: llevar el proceso de consulta para refundar el país. Vera acude a ese recuerdo para explicar que, desde entonces, era claro que las aportaciones que hizo la población indígena para generar un nuevo marco jurídico que reconociera y protegiera los derechos

y la cultura indígenas tenía que realizarse con todas las comunidades rurales y urbanas de México. Desde aquellos años, el planteamiento de “generar sujetos sociales” para que en pleno ejercicio de la autodeterminación se planteara el rumbo que debía seguirse en México fue una constante en las declaraciones de Vera, que sin embargo, luego de lo ocurrido con los normalistas en Iguala, Guerrero, a finales de septiembre pasado, decidió encausar un plan para generar un constituyente ciudadano. Vera López cuenta que desde hace meses maduraba la idea, luego de la serie de diálogos que sostuvo con Bernardo Barranco y que se convirtieron en el libro El evangelio social del obispo Vera (Grijalbo, 2014), pues fue en una de esas conversaciones cuando expresó sus preocupaciones sobre México. Barranco le preguntó cuál era la solución a los problemas actuales y el obispo expresó la necesidad de refundar el país: “En Chiapas, luego de que el Estado traicionó los acuerdos de San Andrés, sabíamos que no era suficiente y que el modelo de diálogo podía ser la guía para generar una nueva Constitución. Ya veíamos que Salinas se había ido sobre lo agrario, entraba en vigor el Tratado de Libre Comercio. La tendencia se agravó y hoy debe reconstruirse el país.” Hubo otro momento que robusteció la idea. Durante los diálogos relativos a la reforma energética, en el llamado “Grupo de los Siete”, el planteamiento fue hecho por el intelectual Pablo González Casanova, sin embargo, Cuauhtémoc Cárdenas se opuso. “Cárdenas ya andaba con que una consulta popular podía parar la reforma. Don Pablo tenía una opción, una propuesta concreta que no se quiso discutir. El

P OLÍT ICA Ayotzinapa a manos del Estado abrió los ojos de la sociedad, porque mostró las intenciones de lo que el poder quiere hacer con el pueblo. El itinerario que planea implica al menos tres fases, cada una compuesta por diferentes acciones. La primera fase se propone redactar la nueva Constitución. Dentro de la fase hay seis pasos: difundir y convocar a legislar, con acompañamiento de la universidad; recibir las aportaciones del conjunto de la sociedad generando una democracia participativa; entregar a un grupo de expertos y académicos las propuestas para construir el nuevo texto constitucional, que una vez redactado se regresa al pueblo para que lo apruebe. La segunda fase se propone renovar las instancias legislativas federales y locales, preparando el camino para el nuevo gobierno que se quiere. La tercera fase se plantea instalar el nuevo congreso que aprobará el nuevo orden constitucional. “No soy tonto. Sé que no es fácil, pero hablaré con organizaciones que ya tienen camino recorrido. Yo estoy tratando de concientizar, de fomentar el diálogo, de buscar que estemos unidos y podamos salir el 5 de febrero con la decisión de cómo lo vamos a hacer. Vamos a mover al pueblo para que tenga un Congreso que lo represente.” –¿Tiene alguna relación con el proceso electoral de 2015? –se le pregunta. –No. La coyuntura no tiene nada que ver. Como he dicho, los partidos no son opción, viven una terrible decadencia. Se escogió el 5 de febrero por ser una fecha emblemática para nuestras constituciones de 1857 y 1917. Hasta ahora, el obispo ha encabezado dos talleres y dice que ya hay grupos

trabajando en varios estados, entre éstos Michoacán. Su ideal es alcanzar una representación durante el proceso de nuevo constituyente similar a la que participa en un proceso electoral, es decir, alrededor de 60% del padrón, que legitime el nuevo documento constitucional. “Tenemos que ser muchos los ciudadanos generosos, escuchando al pueblo, como ocurrió en los Acuerdos de San Andrés, y lograr una participación enorme”, advierte. Su esperanza va más allá. Al finalizar la elaboración de la nueva Constitución, las grandes mayorías del país se conocerán, y sabrán quién puede representarlos legítimamente en las cámaras, para salir finalmente “de los apellidos que se repiten y que ya nadie quiere”. Es claro: no se trata de una propuesta violenta. “Llegaremos a eso con la Constitución vigente, pero para una elección por consensos y no por partidos, para renovar las cámaras… ellas serán quienes aprueben la nueva Carta Magna. “Se trata de que ya no queden en las curules los que han echado a nuestro país a pique. La redacción de la Constitución la tenemos que hacer para generar leyes que no estén contra el pueblo y que benefician a unos cuantos.” Entre las figuras que plantea están la introducción del plebiscito, el referéndum, la consulta popular y la revocación de mandato. “No soy experto constitucionalista pero tiene que ser un cambio pacífico. No dudo que va a haber actos violentos, meter (el gobierno) su paramilitarización, su violencia… eso vamos a enfrentar, pero tenemos que llevarlo a cabo, conscientes de que México tiene que cambiar con la voz del pueblo”, concluye. Octavio Gómez

episodio nos convenció aún más de que los partidos políticos no son opción”, rememora Vera. Como garante y juez del Tribunal Permanente de los Pueblos, Capítulo México (TPP), Vera se convenció de la necesidad de un constituyente durante las mesas de trabajo que emprendió dicha instancia internacional no gubernamental. Particularmente, a mediados de noviembre pasado, cuando el TPP emitió el informe de su Audiencia Final, entre sus recomendaciones estableció: “(Apartado) 9.4. Avanzar en la refundación de México”, en la que se expone la “crisis institucional y de legitimidad del Estado”, en especial a partir de los hechos ocurridos en Iguala. El documento del TPP menciona que se debe revertir la imposición “de un modelo insostenible que sólo sirve al interés económico de unos pocos en el corto plazo y que excluye a la gran mayoría de la población”. De acuerdo con el TPP, la refundación del Estado debe conseguir que la estructura política reasuma su función básica del interés público: garantizar los derechos humanos y prevenir su violación, instaurar las medidas para la eliminación de la discriminación contenidas en instrumentos internacionales, reasumir los derechos laborales fundamentales y reconocer los derechos indígenas recogidos en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Además, debe replantear la problemática de migración, libertad de expresión y derecho a la información; cesar las prácticas de represión y criminalización de los movimientos sociales; retirarse del TLCAN; detener el proceso de privatización industrial y reconstruir el tejido industrial; salvaguardar el régimen de propiedad ejidal; asumir la responsabilidad en la protección del maíz nativo prohibiendo el maíz transgénico; emprender un programa de restauración ambiental; entre otras de naturaleza económica, política, judicial, fiscal y militar. Con los 20 puntos recomendados para la refundación que emitió el TPP, el obispo Vera se declara “muy motivado”. “Lo que más abona son las torpezas de lo que están haciendo los poderosos. Si los pobres estuvieran en lugares de decisión no estuviéramos viviendo así, porque ellos sí tienen sentimientos”, expresa.

La ruta difícil El obispo Vera convocará para el próximo 5 de febrero a una asamblea en la que se presentará la iniciativa o plan de un nuevo congreso constituyente. A su juicio, nunca el país tuvo un momento tan grave como éste y sostiene que lo ocurrido a los estudiantes de la Normal de

Familiares de los desaparecidos. Motor social 1991 / 28 DE DICIEMBRE DE 2014

JESÚS CANTÚ

SCT: desprecio de la ley L

as respuestas del secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, evidencian su absoluto desprecio por la legalidad vigente y el grado de arbitrariedad y discrecionalidad con que opera la dependencia, la cual ejercerá en 2015 un presupuesto de 65 mil millones de pesos para obra pública. Al responder los cuestionamientos de los diputados durante su comparecencia frente a la Comisión Especial para revisar el proceso de licitación del tren MéxicoQuerétaro, el titular de la SCT no tuvo ningún empacho en prohibir la participación de las empresas del cuestionado Grupo Higa en los procesos de licitación de obra pública, porque no le “…queda duda de que está imposibilitada desde el punto de vista de opinión pública, de debate político y, simple y sencillamente, de debate público; no queda duda de que la empresa no volverá a participar en este tipo de licitaciones”. El funcionario enfatizó que ninguna de las tres empresas mexicanas participarán en la nueva licitación: Constructora Teya, parte del Grupo Higa, propiedad de Juan Armando Hinojosa Cantú, amigo del presidente Enrique Peña Nieto y propietario de la Casa Blanca en Las Lomas, que le vendió en un contrato muy favorable a la esposa de éste, Angélica Rivera, y dueña originaria de la casa en un campo de Golf en Malinalco que le vendió a Luis Videgaray; Edificadora GIA+A, de Hipólito Gerard, cuñado del expresidente Carlos Salinas de Gortari y del director del IMSS José Antonio González; y Prodemex, del empresario Olegario Vázquez Raña. Ruiz Esparza no explicó por qué la firma China Railway Construction Corporation,

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que encabezaba al único consorcio que presentó las ofertas técnicas y económicas para la construcción y operación del citado tren, es totalmente ajena al debate público y, por lo tanto, no tiene ningún problema para intervenir en la nueva licitación. Al explicar por qué se decidió no firmar el contrato con el ganador, el funcionario expuso que “…días antes del fallo se generó un ambiente poco favorable, se cuestionó que sólo hubiera un participante, que había un sobreprecio, y también se hicieron señalamientos de que en el consorcio estaba gente vinculada a servidores públicos. Las dudas crecieron y tomaron tintes políticos, se cuestionó la legalidad de las empresas y se mostraron suspicacias, y se insinuó que hubo información privilegiada hacia la empresa ganadora y que por eso declinaron las demás participantes. También se hizo mención de la vinculación con un expresidente de México por su parentesco con un miembro del consorcio”. Pero nunca argumentó por qué los impactos de la opinión pública adversa y el “ambiente poco favorable” únicamente afectaron a las empresas mexicanas y no a la china. Y mucho menos refirió por qué los daños sólo alcanzaban a las empresas privadas y sus accionistas sin causar ningún efecto negativo en los funcionarios públicos y sus familias. Por lo que se refiere a las empresas particulares, bastan los efectos de una opinión pública adversa para excluirlas, sin ninguna justificación legal, de futuras licitaciones; y en cuanto a los servidores públicos, el señalamiento de expertos en la materia de que violaron diversas disposiciones legales no les afecta en lo más mí-

nimo y siguen aferrados a sus puestos y al jugoso presupuesto que reparten a través de licitaciones altamente cuestionadas. La opinión pública adversa se generó porque ni él ni el presidente Enrique Peña Nieto escucharon los reiterados cuestionamientos que se hicieron a una mal diseñada licitación. La preconvocatoria se dio a conocer el domingo 27 de julio; las bases se publicaron el 15 de agosto, y en las mismas se estableció un plazo hasta el 15 de octubre (62 días naturales) para presentar las propuestas técnicas y económicas. El 1 de septiembre, durante la primera junta de aclaraciones, la francesa Alstom pidió una ampliación del plazo para presentar las propuestas; la alemana Siemens destacó el riesgo de que en caso de que no fuera atendida dicha demanda se eliminara la competencia; en total fueron 13 firmas las que solicitaron la ampliación, que iba hasta los ocho meses, es decir, cuatro veces más que el plazo establecido. El otro aspecto que cuestionaron Siemens y Nacele (mexicana) fue la exigencia de formar consorcios bajo la modalidad de responsabilidad solidaria, lo cual implicaba que compartieran los riesgos y responsabilidades de todo el proyecto. La SCT fue inflexible. El resultado, que recibieron 16 cartas de disculpa y el 15 de octubre se presentó únicamente un consorcio, que precisamente incluía a las empresas mexicanas ya mencionadas. Ante los hechos, el 21 de octubre, el Grupo Parlamentario del PAN en el Senado presentó un punto de acuerdo para exhortar a la SCT a suspender el proceso de licitación. Pero Ruiz Esparza no escuchaba razo-

AN ÁLI S I S NARANJO

Este año va a ser mejor

nes, y en una entrevista con Carmen Aristegui, en la primera emisión del Noticiero de MVS el 27 de octubre, fue contundente: “…tenemos prisa (…) no vamos a dar ampliación de plazos (…) Yo no me voy a detener; si tengo una oferta o dos ofertas, las voy a tomar si son buenas”. Y así procedió. El 3 de noviembre dieron a conocer el resultado de la licitación y éste fue favorable al único consorcio que se presentó. Pero tres días después la SCT tuvo que emitir un comunicado en el que indicaba: “Con la finalidad de dar un tiempo más amplio y propiciar la posible participación de un mayor número de fabricantes de trenes, así como de fortalecer la absoluta claridad, legitimidad y transparencia, el Ejecutivo federal determinó que se convoque a un nuevo proceso de licitación”. Los hechos y la secuencia no dejan lugar a dudas: Desde la SCT (por incapacidad, negligencia, corrupción o complicidad; motu proprio o por instrucciones del presidente) se equivocaron en la convocatoria, propiciaron la conformación de una opinión pública desfavorable y, por ende, sobrevino el fracaso de la licitación; pero, aunque seguramente no participaron inocente e ingenuamente, los únicos que pagarán las consecuencias (sin importar que esto sea contrario a la legislación vigente, según señaló el mismo secretario) serán las empresas mexicanas. La comparecencia de Ruiz Esparza, ante una Comisión Especial de la Cámara de Diputados, retrata fielmente la realidad mexicana: decisiones arbitrarias y discrecionales y total desprecio del estado de derecho; desde luego, con la participación y complacencia de los primeros obligados a cumplirlo: las autoridades. O 1991 / 28 DE DICIEMBRE DE 2014

OLGA PELLICER

La difícil herencia de 2014 P

ocos días después de que Enrique Peña Nieto pronunciara un discurso lleno de optimismo ante la Asamblea General de la ONU, donde invitó a los países del mundo a seguir el ejemplo de su país, “que se atrevió a cambiar”, la crisis política en México derrumbó sus ánimos triunfalistas. Los acontecimientos de Tlatlaya y Ayotzinapa tuvieron el efecto de sacar a la luz problemas estructurales del sistema político mexicano que han sacudido no solamente a los mexicanos, sino al mundo entero. En realidad, el derrumbe de las ilusiones no fue inesperado. Las circunstancias políticas y económicas que han obligado a hacer un alto y ver con más realismo los problemas que aquejan al país estaban allí, cuidadosamente disimuladas por la embriaguez que produjo el Pacto por México y la consiguiente posibilidad de aprobar reformas constitucionales en 2013. Sin embargo, pronto se advirtió que una cosa es aprobar leyes y reglamentos; otra muy distinta es implementarlos en un ambiente pleno de dificultades, al menos en ciertas regiones del país. La presencia de grupos violentos que hacen ingobernables ciertas partes de Guerrero, Oaxaca o Tamaulipas era conocida. También era conocida la presencia de grupos de autodefensa que han decidido tomar la aplicación de la ley en sus manos ante la situación insoportable creada por el crimen organizado en Michoacán; a nadie sorprende el caos que reina allí. Al mismo tiempo, instituciones internacionales, gubernamentales y no gubernamentales venían señalando

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desde hacía varios años el contubernio existente entre mandos estatales, alcaldes y policías con el crimen organizado. Habían documentado, también, las desapariciones forzadas, cuyo caso más dramático habían sido los 72 migrantes asesinados en Tamaulipas. Las fosas clandestinas que se reportan recientemente no son una novedad. A lo anterior cabe añadir los datos proporcionados por el INEGI respecto del funcionamiento del Sistema de Justicia en México y los escalofriantes estudios del CIDE que confirman la desigualdad en la aplicación de la ley y los grados de impunidad que prevalecen. A la mayor toma de conciencia sobre tales problemas, propiciada por el auge mediático que adquirió Ayotznipa, se sumó el desprestigio del jefe del Ejecutivo y parte de su gabinete, derivado de las investigaciones periodísticas relativas a los tratos sospechosos con inversionistas privilegiados por el gobierno, los cuales sugieren conflicto de intereses y presunta

corrupción a gran escala en la élite política. Si a todo ello agregamos la pérdida de credibilidad de los partidos políticos –en particular del PRD, por pertenecer a ese partido el presidente municipal coludido con el crimen organizado que resultó en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa–, el problema de la carencia de canales de expresión partidaria del descontento se coloca como un factor grave que profundiza aún más la crisis política con que termina 2014. Desde el punto de vista de la economía, la situación no es mejor. Durante el primer año de gobierno de Peña Nieto las esperanzas en el “momento mexicano” que permitiría crecer 5% al año se vieron drásticamente reducidas cuando sólo se alcanzó un modestísimo 1.2%. En 2014 las cosas no van por buen camino. Aunque todavía no se conoce el resultado de la actividad económica del cuarto trimestre, la mayoría de analistas coincide en que, con buena suerte, se logrará 2.1%. Lo peor es que la situación no pinta mejor para el año entrante. ¿Qué ha sucedido? Una primera respuesta es la poca atención que el “brillante” grupo de economistas que conduce el país ha dado a los factores externos. Para quien apostó tanto a una reforma energética que, según se dijo, atraería miles de millones de dólares, era necesario tener claros los diversos escenarios sobre la evolución del precio del petróleo. Cierto que dicho precio puede ser muy volátil, pero introducir esa incertidumbre era obligatorio, al menos en el discurso político con que se vendió la reforma energética a la ciudadanía. No es fácil predecir cómo afectarán las nuevas circunstancias al interés de

ANÁ L IS IS DENISE DRESSER

Carta para Santa Claus los inversionistas que buscan producir gas de esquisto en México o sacar el petróleo que se encuentra en aguas profundas y ultraprofundas del Golfo de México. Posiblemente sólo habrá un retraso y llegarán uno o dos años después de lo previsto. En términos políticos, ese retraso puede ser enorme. Va de por medio lo que Peña Nieto pueda ver durante su sexenio. Al terminar 2014 dos grandes preguntas están sobre la mesa. La primera es: ¿Se podrá controlar la crisis política y encauzar el país por una senda de normalidad democrática? La respuesta no puede ser optimista. Hay demasiados riesgos a lo largo del país (Guerrero, Oaxaca, Tamaulipas, Michoacán, Jalisco, Estado de México) como para creer que la solución se puede encontrar en el corto plazo. La siguiente pregunta tiene que ver con el crecimiento económico. ¿Se logrará crecimiento económico por encima de 3.5% el próximo año? La inversión extranjera es clave, pero no es suficiente. El problema más serio reside en la incapacidad, soberbia y ensimismamiento que ha puesto en evidencia durante estos primeros años el grupo en el poder. Desde la reforma fiscal hasta el manejo en general del país, caracterizado más por colocar obstáculos que por alentar la inversión y solución de problemas, México se encuentra lejos de un gobierno modernizador y eficiente. El “proyecto de nación” que va a transformar a México ni ha podido ser transmitido a la ciudadanía ni ofrece resultados tangibles. En resumen, la herencia de 2014 es una de incertidumbres y temores. Pronto sabremos por dónde se encauza el país en 2015. Por lo pronto, hay la impresión de que puede ir hacia el ojo de la tormenta o permanecer bajo un cielo lleno de nubarrones. O

on 35 peticiones en esta Navidad de 2014: 1. Un discurso de Enrique Peña Nieto en el cual reconozca los serios errores cometidos por su gobierno con respecto a Tlatlaya, Ayotzinapa, la Casa Blanca y la relación con el Grupo Higa. 2. Un replanteamiento de la estrategia de seguridad nacional que vaya más allá del decálogo deslucido presentado por el presidente y que incorpore el imperativo del combate a la corrupción gubernamental como punto de partida. 3. El comienzo de un debate nacional sobre la despenalización de la mariguana como primer paso para encarar al narcotráfico y al crimen organizado. 4. La renuncia inmediata de Luis Videgaray, Gerardo Ruiz Esparza y Jesús Murillo Karam, como indicador de la reacción gubernamental ante la crisis de credibilidad. 5. La renuncia inmediata de Aurelio Nuño, jefe del gabinete presidencial, por el cúmulo de declaraciones insensibles y políticamente contraproducentes –como “la plaza pública pide sangre y espectáculo”– que ha hecho en los últimos meses, y por haber promovido la estrategia de negación que el gobierno peñista adoptó. 6. La elaboración y aprobación de un Sistema Nacional Anticorrupción integral como el planteado por México Evalúa, la Red por la Rendición de Cuentas, el IMCO y numerosas organizaciones de la sociedad civil. 7. La creación de una Fiscalía Anticorrupción autónoma, que no dependa de la PGR y cuyo titular no pueda ser vetado por el presidente. 8. El comienzo de un debate nacional sobre cómo reformar y regular el comportamiento de la policía y el inicio de cambios profundos que no sólo queden en protocolos. 9. El inicio de investigaciones por corrupción a las siguientes figuras políticas: Arturo Montiel, Carlos Romero Des-

champs, Emilio Gamboa, Humberto Moreira y Jorge Emilio González, El Niño Verde. 10. La presentación inmediata de las declaraciones de impuestos de Angélica Rivera de los últimos cinco años, para comprobar la legalidad de sus ingresos. 11. La donación de los recursos obtenidos por la venta de la Casa Blanca a una fundación creada para apoyar a los familiares de los más de 23 mil mexicanos desaparecidos. 12. Una investigación vía fiscal independiente para aclarar todos los procesos de licitación que hayan involucrado al Grupo Higa, junto con la elaboración de legislación que regule el conflicto de interés. 13. El fin de asignaciones directas en los contratos gubernamentales así como transparencia total en cualquier licitación pública. 14. El anuncio presidencial sobre la obligatoriedad de todo funcionario de hacer pública su declaración patrimonial tanto en el momento de ocupar como en el de dejar un puesto en el gobierno. 15. Una iniciativa aprobada por todos los partidos para eliminar el fuero. 16. La reducción en 50% del financiamiento público a los partidos y la vinculación del financiamiento con los resultados electorales y no con el padrón. 17. La prohibición de que participen en licitaciones de canales públicos de televisión grupos que ya sean “jugadores dominantes” en otros sectores. 18. La obligatoriedad de que todas las discusiones del Instituto Federal de Telecomunicaciones sean del dominio público. 19. La creación de una Comisión de la Verdad sobre Ayotzinapa, independiente y ciudadana, cuyas labores sean supervisadas por la ONU. 20. La obligatoriedad de que el SAT entregue información solicitada de manera repetida por el Instituto Federal de Ac1991 / 28 DE DICIEMBRE DE 2014

ceso a la Información, sobre el rescate fiscal a estados y municipios. 21. La entrega inmediata al IFAI –y a los ciudadanos parte del movimiento Yo Contribuyente– de la lista de gobiernos estatales y municipales beneficiados por la condonación del pago del ISR. 22. Una nueva reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones que arregle los errores que contiene la legislación actual, incluyendo la terminación de los favores y privilegios a Televisa. 23. El comienzo de una Cruzada Nacional Contra el Feminicidio, comenzando por el reconocimiento del fenómeno así como una lista de acciones para prevenirlo y combatirlo. 24. Una explicación pendiente de la Suprema Corte sobre por qué la mayoría votó contra el “interés legítimo” que tienen los ciudadanos en saber cómo se usan sus impuestos, en el caso de Yo Contribuyente. 25. La adopción de recomendaciones dictadas por las mejores prácticas internacionales para prevenir y erradicar la tortura, cuya práctica va al alza entre las fuerzas del orden en el país. 26. Un pronunciamiento por parte de las izquierdas mexicanas sobre la corrupción que encubrieron y solaparon en lugares como Guerrero, y una estrategia para evitar su perpetuación en otros lugares que gobiernan. 27. Una investigación independiente sobre los “moches” en el Congreso, así como la inhabilitación de quienes hayan participado en esa práctica. 28. El fin de las transferencias no fiscalizadas del gobierno federal al Sindicato

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Nacional de Trabajadores de la Educación así como al sindicato petrolero. 29. La aceptación de estados donde el SNTE negó la entrada a los encuestadores del INEGI, a ser encuestados como parte del diagnóstico del sistema educativo. 30. El fin de los privilegios desmedidos en el contrato colectivo del sindicato de Pemex. 31. El fin de la política de intimidación, violencia y degradación por parte de grupos como la CETEG en Guerrero. 32. El mantenimiento de la movilización ciudadana –encendido por Ayotzinapa– para crear un contexto de exigencia, transparencia, legalidad y rendición de cuentas. 33. El tránsito de la protesta a la propuesta a través de recomendaciones prácticas de política pública que lleven a una renovación institucional imprescindible. 34. La participación ciudadana en la construcción de un sistema político que represente en vez de ignorar, que rinda cuentas en lugar de tapar, que escuche en vez de ignorar, que explique en lugar de evadir. 35. El compromiso de muchos mexicanos para volverse aquello que el artista disidente chino –Ai Wei Wei– llamó “ciudadanos obsesivos”. Los que nunca dejan de exigir, protestar, reclamar, contribuir, proponer, esperar más antes que conformarse con menos. Los que hacen suya la frase de Emily Dickinson: “Ignoramos nuestra verdadera estatura hasta que nos ponemos de pie”. Y es hora de ponerse de pie. O

na de las estrategias más efectivas que ha utilizado el Partido Revolucionario Institucional (PRI) para mantenerse en el poder desde su fundación en 1946 ha sido la activa promoción de una oposición domesticada. Si bien la oposición contestataria pone en riesgo al sistema de neoliberalismo autoritario, una total ausencia de críticas externas lleva al desbordamiento de la corrupción interna y al derrumbe de la legitimidad pública. “Lo que resiste, apoya”, sentenciaba don Jesús Reyes Heroles durante su paso por la Secretaría de Gobernación en el sexenio de José López Portillo (1976-1982). Los lobos del viejo PRI manejaban eficazmente el difícil equilibrio entre el poder autoritario y la crítica reformista. Pero la total ausencia de oficio político entre los “nuevos” priistas ha puesto en riesgo la vigencia de todo el sistema de corrupción estructural. Ello es una noticia catastrófica para quienes dependen del sistema para su sobrevivencia. Pero constituye motivo de celebración para el sector cada vez más amplio de la sociedad con hambre de justicia y sed de paz. El primer presidente emanado de las filas del PRI, Miguel Alemán Valdés (1946-1952), fue quien colocó los cimientos para muchas de las más nefastas prácticas autoritarias actuales, incluyendo el “charrismo” sindical, la corrupción y la complicidad entre grandes empresarios y altos funciona-

ANÁ L IS IS JOHN M. ACKERMAN

Lo que resiste, apoya

rios públicos, así como el poder monopólico de Televisa. Alemán también fue quien perfeccionó el modelo del partido de la oposición “leal” con la creación del Partido Popular (PP) por parte de Vicente Lombardo Toledano en 1948. Lombardo tenía claro desde el principio el propósito de su nuevo partido: “No se trata de crear un partido de oposición al gobierno, sino, por el contrario, se trata de crear una fuerza de apoyo al gobierno y a las instituciones democráticas y revolucionarias contra las fuerzas de la reacción. (…) El Partido Popular será un partido de ayuda al régimen y de crítica constructiva”, escribió en 1947. Hoy el Partido de la Revolución Democrática (PRD) se ha convertido en un engendro autoritario aún peor que el antiguo PP. El apoyo del PRD al régimen no es siquiera discursivo o hipócritamente “contra las fuerzas de la reacción”. Y la “crítica constructiva” de Lombardo ha sido reemplazada hoy por una abyección total del PRD a los reyes de la corrupción. La fuerza conjunta de la firma del “Pacto por México” y el fracaso de los gobiernos locales del PRD han puesto fin al carácter opositor y democrático del antiguo partido de la oposición. José Luis Abarca, Ángel Aguirre, Jesús Zambrano, Carlos Navarrete, Miguel Ángel Mancera y sus otros compañeros de partido no representan más que sus propios intereses mezquinos y oscuros. La buena noticia es que el fin del PRD implica también el fin de la autorregulación y de la capacidad adaptativa del

partido en el poder. La desaparición del actor político que fungió como el principal adversario al régimen desde 1989 ha generado la necesidad social para el surgimiento de una nueva fuerza opositora. Así como la domesticación del Partido Acción Nacional (PAN) por Carlos Salinas de Gortari abrió el espacio para el surgimiento primero del PRD y después del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), hoy la muerte del PRD impulsa con enorme fuerza tanto el nacimiento de Morena como la consolidación del movimiento de Ayotzinapa. Quienes tienen interés en que el nuevo ciclo de resistencia tenga más éxito que el anterior harían bien en aprender de los errores del pasado. Quizás la equivocación más importante fue la incapacidad de articular acciones y estrategias entre las fuerzas sociales y las fuerzas partidistas de la oposición. Tanto el purismo sectario de los dirigentes sociales como el oportunismo corrupto de los líderes partidistas generaron un muro infranqueable entre dos diferentes formas de hacer política que teóricamente tendrían que caminar juntas. El principal reto hoy es superar este muro para finalmente generar una robusta oposición política cuya resistencia ya no apoye al régimen, sino que tenga suficiente fuerza para simultáneamente transformar y tomar el poder de manera directa e indirecta, a los niveles local y nacional. Los ejemplos de Brasil, Argentina, Bolivia, Ecuador, Uruguay y Venezuela demuestran que solamente se puede

acumular suficiente fuerza social para derrotar a los poderes fácticos cuando se establece una clara articulación entre los movimientos populares y los ciudadanos dispuestos a competir por cargos de elección popular. Para tener éxito en México será necesario que todos dejen de lado por un momento sus prejuicios teóricos y legítimas desconfianzas históricas para unirse e identificarse en una lucha común en contra del saqueo, la represión y la corrupción. Hace un año Enrique Peña Nieto y sus corifeos deshojaban sus margaritas y se daban fuertes palmadas en la espalda en celebración del “logro” histórico de haber entregado el sector energético a los oligarcas nacionales y las empresas transnacionales. Hoy los poderosos sufren una terrible resaca al darse cuenta de que sus irresponsables excesos han generado un amplio movimiento social que amenaza con poner fin a su continuidad en el poder. En este nuevo año, la oposición tiene una gran oportunidad histórica para finalmente dejar de apoyar al régimen e iniciar la transformación de la patria. Pero para que 2015 pueda ser un año de victorias ciudadanas las diferentes corrientes de la resistencia primero tendrán que controlar su soberbia y caminar humildemente de la mano con sus hermanos y hermanas de lucha en toda la nación. O www.johnackerman.blogspot.com Twitter: @JohnMAckerman

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Dilma, todo

en contra

ANDRÉS CARVAS

ÍO DE JANEIRO, BRASIL.- Dilma Rousseff, quien el 1 de enero tomará posesión como presidenta de Brasil para un segundo periodo, enfrenta las mayores dificultades de su carrera política. Hace cuatro años la mandataria elegida como sucesora por Lula da Silva y postulada por el Partido de los Trabajadores (PT), llegó al poder con unos números económicos que reflejaban el cenit de la década dorada vivida por Brasil desde

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2003: el PIB crecía a ritmos de 7.5% (2010) en plena crisis mundial, la renta por cápita aumentaba anualmente con fuerza y la inflación se situaba en torno a 6%, un índice elevado pero bajo control y alejado de las infames cifras de tres dígitos cosechadas en los periodos de hiperinflación. En materia de política exterior Lula tejió alianzas con las naciones de corte socialista de América Latina, con Venezuela y Cuba como punta de lanza, y consolidó los lazos históricos con África, abriendo decenas de embajadas en ese continente. La diplomacia del gigante sudamericano se expandía y Brasil se atrevía incluso a

jugar a la superpotencia, acercándose al régimen iraní para –supuestamente– tratar de mediar y encontrar una solución al conflicto nuclear entre la república islámica, Estados Unidos y la Unión Europea. En definitiva, Dilma heredaba un país encarrilado que, tras el hallazgo en 2007 de inmensas reservas de hidrocarburos en el litoral atlántico, parecía encaminarse a otra década prodigiosa en lo económico y social mientras apuntalaba su condición de líder en América del Sur. Una situación bien diferente a la que afronta el país cuatro años después. Reelegida con la promesa de seguir ex-

AP photo / Eraldo Peres

IN TE RN AC ION A L /BR A S IL

Al arrancar 2015 comenzará el segundo mandato de la presidenta brasileña Dilma Rousseff. Pero este inicio de gestión no se parece en nada al primero, cuando recibió de su antecesor, Lula da Silva, un Brasil pujante, con crecimiento económico sostenido y el despliegue de una diplomacia que convirtió al país en un líder. Ahora la economía está estancada, los programas sociales –bandera de su partido, el de los Trabajadores– vinieron a menos y la credibilidad nacional se está yendo a pique, sobre todo a consecuencia de los escándalos de corrupción en la poderosa petrolera estatal. Desaceleración El sector en el que más se percibe la desaceleración económica acaso sea el industrial, no sólo por la caída de la actividad a escala nacional sino porque –en momentos en los cuales la economía no tira del crecimiento y busca mercados exteriores– ha quedado de manifiesto su poca competitividad internacional. En un estudio publicado el pasado noviembre, el investigador Flavio Carneiro, del Instituto de Investigación Económica Aplicada, señaló que Brasil no se ha integrado industrialmente a escala global, por AFP photo /Vanderlei Almeida

halagüeñas: el gobierno prevé crecer apenas 0.8%, la inflación puede volver a superar la meta oficial fijada este año en 6.5% pese a la caída drástica de los precios del petróleo y se prevén recortes sociales y un aumento de los impuestos para equilibrar las cuentas públicas. El nuevo ministro de Hacienda, Joaquim Levy, un exbanquero nombrado por Rousseff con el objetivo de acercar posiciones con el sector empresarial, calcula que ese ajuste será de entre 10 mil y 20 mil millones de dólares para poder cerrar el año próximo con un superávit primario de 1.2% del PIB.

tendiendo los programas sociales que han sacado de la pobreza a más de 30 millones de personas desde inicios de siglo, el principal y mayor reto acaso sea hacer que levante el vuelo una economía con signos ya de agotamiento. Desde su llegada al poder, los indicadores económicos no han dejado de empeorar; en su primer mandato el PIB apenas creció 1.6% anual en promedio, según datos del Banco Mundial y del Banco Central de Brasil. El PIB cerrará este año con un crecimiento plano, tras superar tímidamente un semestre de recesión técnica, y las perspectivas para 2015 no son

Bolsa familia. Fuera de la confrontación 1991 / 28 DE DICIEMBRE DE 2014

Reuters /Sergio Moraes

Petrobras. “Operación limpieza”

Reuters /Rodolfo Buhrer

lo que se expone al mal latinoamericano de ser un mero suministrador de materias primas. Su estudio, donde analiza la trayectoria de la estructura de los aranceles en Brasil en los últimos años –comparado con México, Turquía y Argentina, entre otros, para dilucidar cuál es la estrategia de comercio exterior– es categórico: Mientras los países citados redujeron sus impuestos a la importación, a fin de fomentar el comercio exterior, Brasil mantuvo sus tasas a la importación prácticamente inalteradas desde 1995, encareciendo enormemente cualquier bien manufacturado en el país. “El objetivo inicial era ayudar a algunas industrias que temían la llegada de los productos chinos, pero esa estrategia perjudicó al mismo tiempo a los productores que querían importar piezas para

Janot. Red de corrupción

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reexportar bienes ensamblados aquí en Brasil. Brasil está ahora aislado, porque es muy difícil competir industrialmente en el mundo si un productor tiene que importar partes de fuera y pagarlas muy caras”, señala en entrevista con Proceso. Esa política proteccionista –visible en la falta de acuerdos comerciales de peso, fuera del Mercosur, por 10 tratados de libre comercio de México– queda meridianamente clara con la crisis del sector automotriz brasileño cuando se compara con el mexicano. El año 2014 quedará como el primero en el cual México se convirtió en el mayor productor de autos de toda América Latina, por delante de Brasil, pese a que su mercado nacional es apenas un tercio del brasileño. México logró un extraordinario crecimiento de las exportaciones a Estados Unidos y Canadá, que han situado la producción por encima de los 3 millones de autos de enero a noviembre pasados, según datos de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, y la previsión es que este año las montadoras nacionales registren unos 3.3 millones de vehículos ensamblados, en torno de 9% más que en 2013. Los datos contrastan con la caída brasileña en todos lo aspectos: La producción en noviembre cayó 9.7%, las ventas 2.7% y las exportaciones –muy dependientes de Argentina, adonde Brasil vende ocho de cada 10 autos que exporta– 42% respecto al mismo mes de 2013, apunta la Asociación Nacional de Fabricantes de Vehículos

Automotores de Brasil. Los puestos de trabajo perdidos en el sector suman ya 12 mil este año, según la misma fuente. A Rousseff le urge revertir esa situación macroeconómica no sólo para cumplir con su promesa electoral de devolver al país a la senda del crecimiento, sino para poder seguir alimentando la expansión de la política social. Reelecta en octubre con un estrecho margen de 3.5 millones de votos –poco, para la magnitud demográfica de Brasil–, lo único que la oposición está dispuesta a dejar fuera de la agenda de confrontación es el principal programa social: Bolsa Familia. Se trata de un subsidio directo –de unos 60 dólares por núcleo familiar, según datos del Ministerio de Desarrollo de noviembre– que actualmente reciben para poder comer 14 millones de familias en situación de pobreza estructural. En funcionamiento desde 2003, Bolsa Familia supone un gasto anual de unos 10 mil millones de dólares y su eficacia como el mayor programa de reducción del hambre en todo el planeta está fuera de duda: entre 2002 y 2013 el país redujo 82% el número de brasileños en situación de subalimentación, según datos de diciembre del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE). La batalla, sin embargo, no se ha ganado definitivamente, pues el IBGE señaló el viernes 19 en un estudio que el año pasado 7.2 millones de brasileños sufrieron carencias alimentarias severas.

I NTERNAC I ONAL /BR A S IL Saqueo a Petrobras Si en el área socioeconómica las urgencias son acuciantes, la agenda política probablemente sea el desafío más inquietante –por impredecible– al cual se enfrenta Rousseff. No es sólo que la escasa mayoría obtenida en las urnas la lleve irremediablemente a una negociación a múltiples bandas para tratar de tejer una alianza política que le permita gobernar, es que el segundo mandato se anuncia marcado por el destape de escándalos de corrupción que no sólo amenazan con erosionar la herencia del PT, sino que podrían dañar incluso la credibilidad de Brasil como país. La Operación Lava-Jato (“Operación Limpieza”), calificada por el propio fiscal general del país, Rodrigo Janot, como la mayor trama corrupta de la historia del país, es ahora mismo el equivalente a una olla de presión a punto de estallar. Dentro de ese recipiente está nada menos que la petrolera estatal Petrobras, acusada de ser utilizada por partidos políticos, empresarios y funcionarios de la compañía como fuente de desfalque de cientos –quizá incluso miles– de millones de dólares al Estado por medio de contratos inflados

artificialmente, cuyo remanente acababa en cuentas en Suiza y otros paraísos fiscales. Las autoridades investigan transacciones sospechosas que ascienden a 9 mil 100 millones de dólares en el plazo de 2011 a 2014, entre ellas las que atañen a la construcción de una refinería en Pernambuco, que sirve de ejemplo de cuán lejos pueden haber llegado las cosas: De un presupuesto inicial de dos mil millones de dólares, las obras del complejo son ahora estimadas en 20 mil millones, a consecuencia de sobrecostes asociados parcialmente a las comisiones y la corrupción. Las cifras dañan la reputación del mayor empleador de Brasil, con 85 mil trabajadores, y literalmente hunden la reputación de una compañía global que cotiza en la bolsa de Nueva York y es el buque insignia del Brasil moderno y emergente. La acción en la bolsa de Sao Paulo cayó en torno a 30% desde el pasado 21 de noviembre y los procesos judiciales a lo que se enfrenta Petrobras en Estados Unidos amenazan con bajar más la cotización. Nueve grupos de accionistas estadunidenses demandaron este mes a la compañía por infringir las normas del mercado de valores de Estados Unidos, al entender

que ocultó información al no señalar los problemas de corrupción. Mientras, la Comisión de Mercados y Valores de Estados Unidos tiene una investigación civil en marcha contra Petrobras y el Departamento de Justicia inició otra, criminal, para dilucidar si funcionarios de la empresa cometieron delitos. Procesos judiciales que de prosperar, podrían costarle a la empresa miles de millones de dólares en caída de su capitalización bursátil y multas, según datos publicados el pasado 19 de noviembre por el banco Morgan Stanley. Lo más peligroso en esto para Rousseff acaso sea la información que poseen los hasta la fecha 39 imputados en seis causas penales, en su mayoría empresarios y altos funcionarios de Petrobras. Once de ellos aceptaron confesar todo lo que saben a la policía a cambio de una reducción de la pena, y ya comenzó un baile de acusaciones contra altos cargos políticos cercanos a la presidenta, de las que todos los días se hacen eco los periódicos. Entre los mencionados está nada menos que el tesorero del PT, Joao Vaccari Neto, a quien se atribuye la responsabilidad de haber recibido dinero desviado de Petrobras para la campaña electoral de 2010. O

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Desde que llegó al poder en junio de 2013, el primer ministro Nawaz Sharif intentó entablar negociaciones de paz con el Movimiento de los Talibanes en Paquistán. Pero el ejército paquistaní –actualmente plegado a la estrategia antiterrorista de Washington– no sólo se opuso, sino que lanzó una ofensiva de gran envergadura contra los enclaves de esa organización, con saldo de mil 200 bajas, 230 arrestos y el decomiso de 132 toneladas de explosivos. Su venganza era previsible, advirtieron los analistas. Ésta llego y fue brutal: El martes 16 un comando atacó la escuela pública del ejército en Peshawar y mató a mansalva a 141 personas, 132 de ellas menores de edad.

AP photo /B.K. Bangash

Venganza talibán

Escuela Pública del Ejército. Masacre infantil

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MARCO APPEL

RUSELAS.- A las 10:30 de la mañana del martes 16 un auto-bomba estalló en las proximidades de la escuela pública del ejército en Peshawar, la principal ciudad del noroeste de Paquistán. Un comando de siete hombres fuertemente armados, militantes del Movimiento de los Talibanes en Paquistán (MTP), aprovechó el momento de distracción de las fuerzas de seguridad para escalar desde un cementerio contiguo la barda de concreto gris que protege ese colegio militar, el más importante del país, al cual asisten hijos y familiares del personal castrense. Los integrantes del comando, formado por talibanes jóvenes, vestían uniformes paramilitares y todos portaban cinturones con explosivos caseros: Algunos de esos jóvenes estaban entrenados como francotiradores; otros eran terroristas suicidas. En el establecimiento, cercano a un complejo militar, había 500 estudiantes menores de edad presentando exámenes. Los agresores atravesaron un camino abierto antes de penetrar al primer edificio escolar y detonar una carga explosiva, posiblemente la de un talibán suicida, que mató de inmediato a decenas de niños. Se dirigieron luego a los salones de secundaria. La orden era eliminar a los estudiantes mayores y no tocar a los más chicos, incluso si se tratara de los hijos del jefe del ejército, el general Raheel Sharif, o del primer ministro Nawaz Sharif, explicaría después un vocero talibán. El comando recorrió los pasillos, ingresó aula por aula disparando indiscriminadamente contra los estudiantes y sus maestros mientras clamaban “¡Dios es grande!”. Les disparaban a la cabeza. En el aula número nueve había alrededor de 60 jovencitos, dijo un testigo a la radio francesa. Ni uno sobrevivió.

Viraje castrense El asalto a la escuela militar fue calificado como el peor ataque terrorista en la historia de Paquistán: hasta este jueves 18 la cifra de víctimas se elevaba a 141 muertos, entre ellos 132 niños, y una centena de heridos, muchos de gravedad. Sin embargo, esa tragedia se inscribe en una ascendente espiral de violencia talibán provocada por un conjunto de factores, explicó a la televisión francesa Karim Pakzad, analista del Instituto de Relaciones Internacionales y Estratégicas de París. Desde que llegó al poder en junio de 2013, Sharif ha intentado entablar negociaciones de paz con los rebeldes. El ejército se opone a esos acercamientos, los cuales considera una pérdida de tiempo.

AP photo /Mohammad Sajjad

I NTERNAC I ONAL /PAQU I S TÁ N

Peshawar. Funerales

Por presiones suyas, el gobierno aceptó lanzar una ofensiva militar de gran envergadura contra los enclaves talibanes, lo que ha provocado mil 200 bajas entre los militantes extremistas, 230 arrestos, el decomiso de 132 toneladas de explosivos y el desplazamiento de miles de personas. “Eran de esperarse las represalias de los talibanes, incluso un ataque espectacular en términos de violencia, pues están desesperados frente al avance del ejército paquistaní”, afirmó Pakzad un día después de la matanza. El MTP se adjudicó la autoría del ataque a la escuela y advirtió que lo había perpetrado en venganza por la campaña militar en su contra, llamada Operación Zarb-e-Azb y que se inició a mediados del pasado junio con el despliegue de 30 mil soldados paquistaníes cuyo objetivo era destruir los santuarios extremistas en la región de Waziristán Norte, en la porosa frontera con Afganistán. “Las fuerzas armadas jamás aceptaron que Sharif abriera pláticas con los talibanes, que antes de la operación militar estaban en posición de fuerza para negociar”, refiere Pakzad, y añade que los contactos fracasaron porque la exigencia fundamental de los extremistas –la instauración de la ley islámica en el país– era inaceptable para el gobierno y la sociedad paquistaníes. Pero sobre todo, indica el investigador, el ejército ha efectuado un viraje y actualmente está más plegado a la estrategia antiterrorista de Washington, que retiró su apoyo financiero al régimen paquistaní luego de que el 1 de mayo de 2011 un comando estadunidense capturara a Osama Bin Laden en una residencia al norte de

Islamabad y a un costado de una importante base militar de Paquistán. En octubre de 2013 el gobierno de Barak Obama anunció que Estados Unidos reanudaría su ayuda económica a Paquistán para la lucha contra el terrorismo, para lo cual prometió más de 300 millones de dólares anuales además de una asistencia civil de otros 857 millones. La condición: Que el régimen se comprometiera a acabar con los movimientos extremistas.

“Mátenlos” Al escuchar los tiros, un grupo de estudiantes se encerró en su salón. Los terroristas no pudieron abrir la puerta por lo que destrozaron la cerradura a balazos. Tres hombres dispararon a mansalva contra los jóvenes. Minutos después cuatro talibanes entran por la puerta trasera a un amplio auditorio, donde un montón de muchachitos de 16 años recibían una plática de vocación profesional. Hay varias salidas, pero los jóvenes no tuvieron tiempo de correr hacia ellas: Los atacantes los rociaron de balas. Un profesor gritó que se escondieran bajo las butacas. El jefe del comando talibán advirtió a los otros que muchos estaban agazapados y les ordenó: “¡Búsquenlos y mátenlos!”. Un estudiante narró al diario paquistaní Dawn que estaba escondido bajo una butaca. De pronto observó unas grandes botas negras acercándose a él. Sintió un dolor agudo abajo de las rodillas: había recibido un tiro en cada pierna. Para evitar gritar y ser rematado, dobló la corbata de su uniforme, se la metió en la boca y fingió estar muerto. 1991 / 28 DE DICIEMBRE DE 2014

Pocos minutos después, el hombre de las botas negras se fue del auditorio. El muchacho se arrastró para salir de ahí. En su camino reconoció a una asistente de oficina: De su cuerpo, sentado en una silla y visiblemente quemado, escurría sangre. Luego encontró el cadáver de un militar empleado por la escuela. Exhausto, el muchacho se escondió tras una puerta y perdió el conocimiento. Otro alumno, de nombre Ahmed, contó a la cadena de noticias CNN que él también huyó del auditorio cuando los agresores se fueron. Había recibido un balazo en el hombro izquierdo. Había espesos charcos de sangre, cuerpos, zapatos y ropa tirada por todos lados. Cuando sonaron las primeras detonaciones, en otra aula el profesor ordenó a sus alumnos sentarse en un rincón y agachar la cabeza. Así permanecieron una hora, hasta que todo se calmó. Soldados de élite entraron al aula para desalojarlos. Cuando salieron, la escena que vieron era digna de una pesadilla: En el corredor yacían abatidos varios de sus compañeros, cada uno con tres o cuatro balas en el cuerpo; muchos con el tiro de gracia. También había numerosos heridos. El piso estaba anegado de sangre y los muros, salpicados.

Poder creciente

AP photo /K.M. Chaudary

Las redes de Al Qaeda en Paquistán han sido “sustancialmente neutralizadas”, no así las del Talibán, cuya infraestructura permanece “intacta” a lo largo de la frontera con Afganistán. Su poderío incluso se está expandiendo más allá de su zona de influencia natural, asegura Suba Chandran, director del Instituto para los Estudios sobre la Paz y los Conflictos, en un artículo publicado el pasado 13 de octubre. La facción que reivindicó el atentado,

Jamaat-al-Ahrar, fue formada en agosto pasado. Es la más extremista, violenta y fanática de las que componen el MTP, pero también la que demuestra mayor capacidad para reagrupar a las otras facciones, explicó Pakzad. Jamaat-al-Ahrar es originaria del área afectada por las operaciones militares y su creación fue inspirada en el éxito del Estado Islámico en Irak y Siria. Controlada por un comandante talibán cercano a Al Qaeda, Omar Khaled Khorasani, tal facción –expuso Pakzad– se asume como heredera del grupo tribal que fundó el MTP en 2007 en la región de Waziristán, bajo la autoridad de Hakimullah Mehsud, asesinado el 1 de noviembre de 2013 cuando el vehículo en el cual viajaba fue alcanzado por un misil disparado desde un dron estadunidense. El investigador señala que no sorprenden los atentados de Jamaat-al-Ahrar, que busca tomar el liderazgo del MTP, actualmente en manos del mulá Fazlullah, quien, al operar desde las montañas de Afganistán, dispone de una capacidad limitada para conducir la resistencia de sus hombres frente a la operación militar paquistaní. De acuerdo con un informe de julio pasado difundido por el Combating Terrorism Center, un organismo de la Academia Militar de West Point, Fazlullah –que tilda de “ejército de infieles” a los militares paquistaníes– asumió la responsabilidad del asesinato con bomba del comandante del Valle de Swat, el general mayor Sanaullah Khan Niazi, en septiembre de 2013. Y el 17 de febrero pasado su milicia rompió un cese al fuego al asesinar a 23 paramilitares paquistaníes y mostrar sus cuerpos decapitados en un video, una acción destinada a descarrilar los diálogos de paz y atribuida a Khorasani antes de que formara su propia facción.

Vigilia por las víctimas

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En junio pasado el MTP también ejecutó a dos altos oficiales del ejército y atacó el aeropuerto internacional de Karachi con hombres bien armados y entrenados, que lograron traspasar el perímetro de seguridad. Haris Khan, investigador del Consorcio Militar de Paquistán, un think tank con sede en Florida, declaró al sitio Defense News que los analistas ya esperaban “una ola de ataques” talibanes, por lo que la toma del aeropuerto constituía un “fracaso de la inteligencia paquistaní”. “Mi más grande preocupación –confió Khan desde entonces– es que no estoy seguro de que los líderes civiles de Paquistán estén conscientes del enorme problema que enfrentan” con el terrorismo talibán.

El ﬁnal Quince minutos después de haber comenzado el asalto a la escuela del ejército, las fuerzas de seguridad comenzaron una operación de rescate. A su paso observaron cuerpos ensangrentados, unos encima de otros. Hubo intercambio de disparos y un militar paquistaní murió en la refriega. Bajo asedio, los terroristas se encaminaron a las oficinas administrativas. Atravesaron un pasillo con poca luz que desemboca a una sala donde había profesores y alumnos, a quienes acribillaron. Los impactos de los proyectiles dejaron cientos de agujeros en los muros y hasta en el techo. A un costado está la oficina de la directora, quien se encerró en un pequeño baño. Una explosión hizo añicos el cuarto. Las autoridades no saben si fue la acción de un terrorista suicida que saltó por una ventana, como lo relató un militar paquistaní a la BBC de Londres, o si fue una granada. La carga explosiva alcanzó y mató a la directora. Todo dentro de la oficina quedó carbonizado. Las tropas de élite escucharon a lo lejos la detonación que destruyó la dirección. Las fuerzas de seguridad avanzaron y consiguieron replegar poco a poco a los terroristas. Los confinaron a un conjunto de edificios donde tomaron a varios alumnos como rehenes. El tiroteo duró horas. Los equipos especiales buscaron trampas explosivas antes de continuar su avance. A las 16:00 horas locales el ejército anunció que cinco integrantes del comando habían sido “eliminados” y que “limpiaban” el edificio donde se ocultaba el último. Dos horas más tarde el ejército comunicó que los siete terroristas habían muerto, algunos ultimados por las fuerzas de élite y otros al activar sus cargas explosivas. Al día siguiente las Fuerzas Armadas informaron que habían efectuado 20 ataques aéreos en la región de Tirah y eliminado a 57 terroristas. O

I NTERNAC I ONAL /ALEM A N IA

Con la consigna de “somos el pueblo”, un movimiento contra la política de refugio a personas de países árabes se expande en Alemania. No lo integran sólo neonazis o extremistas de derecha, sino también ciudadanos moderados que temen un “aumento de la delincuencia”. Eran cientos hace apenas un par de meses, ahora son miles y se manifiestan en calles y plazas. Alemania está pagando “la ausencia de una política migratoria y de integración clara y efectiva”, advierte el especialista Werner Patzelt.

YETLANECI ALCARAZ

RESDEN, ALEMANIA.- El grito multitudinario de 15 mil almas retumba entre un mar de banderas alemanas: ¡Wir sind das volk!, ¡Wir sind das volk! (¡Somos el pueblo!, ¡somos el pueblo!). Es la misma consigna que en 1989 enarboló el movimiento ciudadano que pedía la apertura de un sistema cerrado: el comunista de Alemania Oriental. Pero hoy, 25 años después, quien lo ha hecho suyo es un grupo de ciudadanos alemanes por demás heterogéneo: los autodenominados Europeos Patriotas contra la Islamización de Occidente (PEGIDA, por sus siglas en alemán).

La islamofobia

AP photo / Jens Meyer

gana las calles

Dresden. “Patriotas europeos” 1991 / 28 DE DICIEMBRE DE 2014

Reuters /Thomas Peter

Musulmanes. Percepción negativa

tes de PEGIDA en la calle, 5 mil más que el lunes pasado. La cifra contrasta con los 6 mil alemanes que, en otro punto de la ciudad, también se han concentrado para realizar una contramanifestación. La diversidad de los participantes es notoria. Hay hombres con atuendos negros, corpulentos, tatuados y con cabezas rapadas que responden al prototipo del neonazi, también hay personas con apariencia de jubilados, amas de casa, oficinistas, estudiantes e incluso familias con niños que, sin importar que se les vincule con los primeros, llegan hasta la plaza de la Lingnerallee. Pacientes, en orden, sin AP photo /Martin Meissner

Se trata de una rara mezcla de neonazis con extremistas de derecha, pero también con ciudadanos “de a pie”. Estos últimos no comparten los pensamientos ultras de aquéllos, pero se les han unido en un movimiento que parece crecer sin control y que ya ha prendido los focos rojos en las altas esferas del gobierno alemán. Estos “patriotas europeos” dicen sentirse extranjeros en su propia tierra y amenazados por la presencia de extremistas islámicos, así como de asilados provenientes de Medio Oriente, quienes –aseveran– ponen en riesgo el futuro y bienestar social de las futuras generaciones alemanas. Desde el pasado octubre los organizadores y líderes de PEGIDA convocan lunes tras lunes a manifestaciones que tienen lugar en el centro de la ciudad de Dresden, capital del estado de Sajonia, en el este alemán. El número de participantes pasó en pocas semanas de escasas 300 personas a 20 mil durante la marcha realizada el lunes 22, y sus seguidores ya organizan marchas en Hamburgo, Leipzig, Düsseldorf y Colonia, entre otras ciudades.

Temores Ni el frío invernal de tres grados centígrados que priva en la ciudad ni la tranquilidad de los días de Adviento –cuando la mayoría de los alemanes aprovecha para visitar en familia los tradicionales mercados de Navidad o para realizar las compras previas a las Pascuas– evitan que la gente salga a manifestarse. Los reportes de la policía advierten que el lunes 15 hubo 15 mil manifestan-

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Merkel. Advertencia

grandes aspavientos, aguantan las más de dos horas que dura la manifestación. Ahí están los Martini, padre e hija. “El apellido pareciera italiano, pero no, nada que ver. Soy auténtico alemán”, aclara a Proceso el hombre que ronda los 50 años. La hija, con pinta de estudiante universitaria, explica su presencia esta tarde: “No somos ni nazis ni extremistas de derecha y tampoco estamos en contra de los extranjeros. En contra de lo que sí estamos es de la mala política que ha tenido el gobierno alemán con el tema de los asilados, que sólo fomenta una situación llena de errores”, dice. El padre entonces intenta ejemplificar: “Los refugiados son bien recibidos. Pero debe ser igual que cuando tú invitas a alguien a tu casa: preparas todo para que tu visita se sienta bien, pero la visita debe aceptar lo que tú le has preparado de comer, de beber y todo lo que has preparado en tu casa para ella. Y no se trata de que venga a decirte cómo debes recibirla”. Los Kermer, una pareja que también ronda los 50 años, participa por primera vez en la manifestación de PEGIDA. Como a muchos, la curiosidad los ha traído esta noche, pero también la clara convicción de que una gran cantidad de extranjeros en este país abusa de las ayudas sociales y además “se trata de verdaderos criminales”. “De este lado del país hay muchos inmigrantes y refugiados del norte de África. De Túnez, por ejemplo, aunque también hay muchos de Europa del Este, Hungría y Rumania, y es gente cuyas vidas no peligran en sus países, pero vienen acá a abusar de los apoyos sociales del gobierno alemán y además a cometer crímenes. Todos son unos criminales. A ésos

I NTERNAC I ONAL /ALEM A N IA Reuters /Alex

tienen que expulsarlos de inmediato”, argumenta colérico el señor Kermer. –¿Tan grave es el asunto? –se le pregunta. –Sí, sólo vienen a cometer crímenes –responde sin dudar. –¿Ustedes han sido víctimas de algún delito cometido por un extranjero? –No –acepta tras segundos de silencio. –Pero yo sí he oído de alguien en mi oficina a quien eso le pasó –se apresura en contestar la señora Kermer.

Políticamente incorrectos Los números más recientes de la inmigración alemana refieren que, en Sajonia, donde se ha concentrado el movimiento PEGIDA, sólo 2.5% de sus habitantes son extranjeros y los musulmanes corresponden sólo a 0.1%. Según datos oficiales, se estima que en Alemania –con una población de poco más de 80 millones de habitantes– viven aproximadamente 4.5 millones de musulmanes. De este modo, para muchos medios alemanes la preocupación de los teutones no sólo es infundada, sino exagerada y con peligrosos tintes de xenofobia y racismo. Esa postura, que ha sido prácticamente unánime en la prensa alemana, generó un radical distanciamiento e incluso desprecio de los manifestantes hacia los medios de comunicación de este país. A la par de la consigna ¡Wir sind das volk! retumba cada vez con más fuerza aquélla que reza ¡Lügenpresse, halt die fresse! (¡Prensa mentirosa, cállate!). En su página de Facebook, que hasta el cierre de esta edición ya rebasaba los 70 mil seguidores, los PEGIDA dejan claro quiénes son y lo que piden: “Queremos que todos los niños puedan crecer en una Alemania y Europa en paz y con bienestar. No somos políticamente correctos. No nos doblegamos ante los medios de comunicación y tampoco ante los ‘buenos hombres’. Lo que hacemos es usar nuestro derecho constitucional a expresar libremente nuestra opinión”. En un documento de 19 puntos delinean su posición. Por ejemplo, se declaran a favor de acoger a refugiados de guerra y perseguidos políticos y por motivos religiosos, bajo los principios básicos de la ley alemana, que de momento sólo considera el derecho al asilo. También exigen que haya una distribución pareja de la responsabilidad que se tiene con los refugiados entre todos los miembros de la Unión Europea y, junto con ello, que se reduzca la cantidad de asilados que recibe Alemania, toda vez que, afirman, su capacidad se encuentra desbordada. Pero junto a posturas de este tipo, también se encuentran otras que generan

Islam en Alemania. Temores infundados

polémica: “PEGIDA está a favor de una política de cero tolerancia contra refugiados y migrantes que cometan delitos; PEGIDA está a favor de conservar y proteger nuestra cultura occidental cristiano-judaica; y PEGIDA está en contra de la formación de sociedades y leyes paralelas, como la policía sharia (que vela por el cumplimiento estricto del islam) o los jueces de paz”. El crecimiento del movimiento obligó ya a la canciller Angela Merkel a expresarse al respecto. “En Alemania gozamos de libertad de manifestación, pero aquí no hay cabida para difamar y calumniar a la gente que viene de otros países”, dijo, y previno a todos aquellos que participan en las manifestaciones de no dejarse manipular por los organizadores del movimiento. Lutz Bachmann, el principal de ellos, ha sido señalado por la prensa alemana de contar con antecedentes criminales. “El éxito y la alta convocatoria de un movimiento como PEGIDA responde al hecho de que sus organizadores han tocado un punto muy sensible dentro del pueblo alemán y es que Alemania, como país de inmigrantes, que además así quiere serlo, carece de una verdadera, clara y efectiva política migratoria y de integración. El gobierno alemán ha apostado a la buena voluntad de su sociedad pero nunca se ha preguntado qué tipo de migración debe tener, su cantidad y a qué costo debe asumirla”, explica a Proceso Werner Patzelt, politólogo e investigador de la Universidad Técnica de Dresden. Desde su punto de vista, muchos de los seguidores del movimiento oscilan políticamente entre el centro y la derecha. “Eso –aclara– no significa que se trate de extremistas de derecha, como tampoco significa que una persona que se inclina a la izquierda sea extremista de izquierda”.

De acuerdo con datos de Patzelt, en Dresden la policía tiene ubicados en el ambiente de la extrema derecha a entre 400 y 500 personas. “Si eso lo ubicamos en un universo de mil personas, podemos decir que es demasiado. Pero si lo vemos en una manifestación de 15 mil personas, podemos decir que es una participación relativamente pequeña”, señala. –¿Hablamos de miedo, ignorancia o abiertamente de xenofobia? –se le inquiere. –Lo que a los PEGIDA les preocupa son las consecuencias que una migración no regulada y acompañada de una política de integración poco clara pueda tener en la sociedad alemana y que, con el paso del tiempo, tenga un resultado que a nadie le guste. Patzelt puntualiza que tales preocupaciones recalan más profundamente en los estados federados que antiguamente formaron parte de la Alemania Oriental porque ahí la experiencia con la inmigración es menor. “Pero lo cierto es que muchos ciudadanos no quieren más explicaciones, sino sentir que se respetan sus intereses”, señala. El pronóstico del politólogo apunta a que, en caso de que la clase política alemana reduzca el movimiento a un grupo de radicales de derecha y xenófobos, éste puede crecer y tomar justamente los tintes que no se desean. Más aún, considera que PEGIDA también demuestra que el entendimiento y comunicación entre la clase política y un sector de la población está dañado. “También nos ayuda a entender el porqué de los niveles bajos de votación de los últimos años: pocos ciudadanos se sienten representados por los partidos políticos. Pero de ahí a preocuparse por una revolución de radicales de derecha, eso no”, concluye. 1991 / 28 DE DICIEMBRE DE 2014

EL RETORNO DE LO POLÍTICO:

Daniel Sada y la

violencia de Estado

OSWALDO ZAVALA*

“L

legaron los cadáveres a las tres de la tarde. En una camioneta los trajeron –en masa, al descubierto– y todos balaceados como era de esperarse. Bajo el solazo cruel miradas sorprendidas, pues no era para menos ver así nada más paseando por el pueblo tanta carne apilada, ¿de personas locales? Eso estaba por verse.” Nunca como antes resulta tan actual el arranque de Porque parece mentira, la verdad nunca se sabe, la obra maestra de Daniel Sada (1953-2011): la estremecedora imagen de una camioneta que reparte los cadáveres de víctimas de una represión oficial adquiere una pertinencia cruel en estos días de crisis política en México. Propongo en lo que sigue recorrer algunos aspectos de la obra de Sada como vehículo de reflexión de la emergencia nacional detonada por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero. Como espacio privilegiado de significación, una de las posibilidades de la literatura reciente es –o debería ser– abordar críticamente el proceso histórico que enmarca nuestro presente. Me interesa ante todo señalar cómo al proponerse objetivos políticos específicos, la narrativa de ficción puede generar oportunidades productivas de disenso intelectual. Ese disenso se articula en formas de resistencia explícita que desde lo simbólico desestabilizan la perniciosa hegemonía de los discursos oficiales. En medio de un panorama literario dominado por obras comerciales despolitizadas, frívolas e irrelevantes, volver a pensar políticamente desde la literatura puede resultar una operación crucial para hacer visible la violencia de Estado y desafiar, como en el

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caso de Ayotzinapa, la más brutal dimensión criminal del poder oficial. Ante los más de 100 mil asesinatos y 30 mil desparecidos que arrojó la supuesta “guerra” contra las drogas del presidente Felipe Calderón, la narrativa mexicana no ha estado a la altura de la catástrofe política que se esconde en aquello que con exceso de soltura nombramos “narco”. Autores como Élmer Mendoza, Juan Pablo Villalobos, Alejandro Almazán y Bernardo Fernández BEF, entre otros, no han hecho sino reproducir el discurso oficial que atribuye la violencia a una constante lucha de cárteles de la droga que simultáneamente desafían e incluso rebasan el poder del Estado. Como es recurrente en la música popular, el cine y el arte conceptual sobre el narco, la mayoría de las narconovelas escritas en la primera década del siglo XXI abordan el fenómeno neutralizadas políticamente. Esto es el resultado de un habitus en el campo literario que premia las representaciones del narco que son consecuentes con la visión oficial que a diario refuerzan los principales medios de comunicación dentro y fuera de México. Apenas unas cuantas semanas después del crimen de Ayotzinapa ocurrido el 26 de septiembre, el repudio nacional e internacional consiguió lo que no fue posible articular durante todo el sexenio de Calderón: un cortocircuito en la dominante hegemonía que responsabiliza a un abstracto “narco” de la violencia de Estado. Como anota Óscar de Pablo, la “probable colaboración del crimen organizado con la policía de Iguala en este ataque ha contribuido a oscurecer la naturaleza específicamente política de este crimen”. Pese a ello, las fa-

Germán Canseco

EN S AYO

Búsqueda de desaparecidos. “Realidad literaria”

milias de las víctimas, junto a numerosos intelectuales, periodistas y activistas han rechazado con firmeza la tesis oficial que atribuye la desaparición de los normalistas a una impersonal acción del narco. También han resistido los intentos del Estado por posicionarse simbólicamente del lado de la sociedad civil, como en su momento sí logró hacerlo, cuando el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, encabezado por Javier Sicilia, se reunió con el presidente Felipe Calderón legitimándolo como una autoridad todavía viable. A la par de este extraordinario momento de repolitización, aguardamos ahora una literatura con la misma voluntad crítica de someter a juicio la violencia de Estado. En la espera, la obra de Daniel Sada ya arroja claves útiles para comprender nuestras circunstancias actuales. Porque parece mentira, la verdad nunca se sabe (1999) toma lugar en el ficticio pueblo de Remadrín, en el estado norteño de Capila y en un país llamado, no sin ironía, Mágico. En el centro de la historia se encuentra el descarado fraude electoral perpetrado por el alcalde Romeo Pomar, un siniestro político al servicio de las élites de su partido. Frente a los ciudadanos, un comando armado roba las urnas en plena jornada electoral. Aquí comienza la parte álgida de la trama: una protesta masiva que pretende llevar su indignación hasta la capital del estado es reprimida con una sangrienta masacre planeada por el gobernador. Al avanzar por los caminos de terracería de la zona, el chofer de la camioneta cargada de cadáveres se desorienta y termina en un peligroso cañón con curvas cerradas. Mientras, el conductor y sus ayudantes se en-

tretienen contando chistes hasta que desciende sobre ellos una parvada de buitres que se lanza a devorar los cadáveres. Todos comienzan a rezar: “De repente un costalazo, otro, pero posmo al doble. Y de ahí para delante más enfáticos los rezos siendo que los rezadores creían oír casi a coro las voces de los cadáveres diciendo: ¡Tápenos!, ¡tápenos! Al caído lo notaron, pero otra maldita curva ex profeso lo borró, otrosí: un problema menos, pues no lo recogerían.” La cobardía y la indiferencia deshumanizan al chofer y a sus ayudantes que deciden abandonar los cuerpos caídos a la rapiña de los buitres. Para encubrir el crimen, el gobernador del estado trama la renuncia forzada y la eventual desaparición del alcalde. Y para retomar el control del consternado Remadrín, el gobernador ordena la ocupación militar de las calles. Contingentes de soldados bloquean los caminos e impiden la entrada de alimentos. Los habitantes del pueblo no tienen otra opción que abandonar sus casas para sobrevivir en otras comunidades de la región. Trinidad y Cecilia, protagonistas de la novela, huyen sin noticia del paradero de sus hijos, Salomón y Papías, quienes desaparecieron durante la matanza. En una reseña, el crítico Christopher Domínguez Michael considera que Porque parece mentira, la verdad nunca se sabe está más allá del fin y de los medios, de la política y de la ética, al manifestarse en un concierto casi insoportable de palabras, palabras sometidas a todas las acepciones y las declinaciones, donde sólo la apariencia es vernácula, pues estamos ante la más “artística” de las prosas.

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E N S AYO

Este tipo de lectura opera un desplazamiento de las dimensiones políticas y éticas de la obra de Sada para privilegiar el análisis de sus mecanismos formales, como si fuesen extremos irreconciliables de un objeto literario escindido. Pero nunca hay un “más allá” de la política en la literatura: todo texto literario surge de una red de significación ideológica que siempre tiene un trasfondo político. El lector actual de la novela de Sada encontrará paralelos sorprendentes con la atrocidad de Ayotzinapa: el alcalde de Remadrín es inculpado como el principal autor intelectual de la matanza, al igual que el alcalde de Iguala, José Luis Abarca, quien junto con su esposa, María de los Ángeles Pineda, han sido responsabilizados por la desaparición de los normalistas. La participación de la policía y el ejército resuenan igualmente entre la novela y la represión en Guerrero. Esto puede explicarse principalmente porque el caso de Ayotzinapa se inscribe en el monopolio de la violencia legítima e ilegítima que el Estado mexicano ha ejercido invariablemente a pesar de las discontinuidades políticas entre sus gobiernos. Así lo nota Carlos Montemayor en su libro póstumo La violencia de Estado en México. Antes y después de 1968 (2010): la violencia de Estado en los movimientos sociales mexicanos del siglo XX se desplegó en una amplia gama de regiones y sectores sociales tanto en los contextos de prevención, contención, represión o persecución de procesos de inconformidad social, como en su canalización contra núcleos sociales vulnerables, sectores gremiales, regiones aisladas, comarcas, partidos políticos, movimientos subversivos, manifestaciones populares. Entre Tlatelolco, el Jueves de Corpus y Ayotzinapa median importantes matices políticos, pero el crimen de Estado opera de modos análogos. No obstante, al volver al contexto histórico que separa a la novela y el presente de Ayotzinapa, dos diferencias surgen de inmediato: el gobernador de Capila en la novela de Sada no sólo no renuncia a su cargo –como sí lo hizo Ángel Aguirre, el gobernador de Guerrero– sino que castiga al pueblo entero hasta orillar a sus habitantes al exilio. La novela de Sada responde así con precisión a una etapa anterior de la historia del Estado mexicano: los últimos años de los represivos gobiernos del PRI. A eso se debe que en la lógica de la novela resulte verosímil que el gobierno estatal, protegido en la impunidad absoluta y sin la desbordante información que hacen circular ahora las redes sociales en internet, permita entregar los cadáveres de la masacre a sus familiares y después decida mejor destruir al pueblo entero. Como lo ha estudiado ampliamente el sociólogo Luis Astorga, el Estado policial del PRI fue gradualmen-

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te desmantelado y reemplazado por los gobiernos de la supuesta alternancia democrática sin una clara política antidrogas. La ausencia de una estrategia federal permitió la asimilación del narco a estructuras de poder locales consolidadas entre gobernadores, procuradurías estatales y empresarios en estados como Tamaulipas, Chihuahua, Michoacán, y desde luego, Guerrero. En ese contexto, cuando Daniel Sada vuelve a escribir sobre la violencia y el poder oficial, el país se encuentra en medio de la llamada “guerra” contra el narco emprendida por el presidente Calderón, que puede entenderse como el fallido intento por recobrar la soberanía del Estado sobre el narco que el PRI detentó durante décadas. Con su novela póstuma El lenguaje del juego (2012), Sada posiciona al lenguaje mismo como el dispositivo esencial que vuelve legible el fenómeno, es decir, siguiendo al filósofo francés Jacques Rancière, el lenguaje como la verdadera plataforma que condiciona lo que se dice y lo que se ve del narco. En la serie de televisión estadunidense The Wire, la palabra juego (“game”) designa al circuito de distribución y venta de droga que directa o indirectamente se integra a las redes de poder de la clase política, empresarial y policial de la ciudad de Baltimore. En la novela de Sada, ese juego parece indistintamente político y criminal, en el cual los caciques locales comercian con droga entre otros negocios al amparo del poder oficial, local y federal. El lenguaje construye aquí una realidad que determina las condiciones del juego, o dicho de otro modo, las reglas de enunciación del narco que crean la ilusión de comprender las causas de la violencia. La novela ocurre en el imaginario pueblo norteño de San Gregorio, cuya pronunciación continua –sangre-gorio– cobra sentido cuando se convierte en el epicentro de una sangrienta guerra entre grupos criminales que se identifican de inmediato como “cárteles”. Los primeros brotes de violencia escalan repentinamente tras el asesinato del presidente municipal, homicidio que ocurre justo después de que el ejército federal había ocupado la zona varias semanas. Vale la pena detenerse en un pasaje significativo: “Ya de por sí se obviaba que un cártel poderoso tenía la pretensión de adueñarse de ipso de ese pueblo con visos de ciudad, que porque les cuadraba reteharto. […] Bien visto ese lugar, pronto llegaría a ser un centro fabuloso para traer, guardar y distribuir droga. […] y teniendo esos jijos al nuevo presidente de su lado, pues, ¡claro!, más fácil todavía. ¿Quién sería el interino? Alguien que ellos nombraran, por supuesto […] Extensa conjetura no tan desatinada.” Como ocurre con todas las novelas de Sada, la voz narrativa funciona como un personaje más que con-

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Tlatelolco. Retrato por Poniatowska

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tribuye a producir el sentido general de la trama pero nuncia que Carlos Montemayor consiguió transmitir en también a desestabilizarlo. En la cita anterior, se “obvia- Guerra en el paraíso (1991) para consignar los crímenes ba” que un nuevo “cártel” será respaldado por el nuevo que el gobierno federal cometió para exterminar a la presidente municipal que los narcos mismos nombra- guerrilla del profesor normalista Lucio Cabañas. Nuesrían. La “extensa conjetura”, como la llama el narrador, tra literatura actual tiene ahora la enorme tarea de recoincide al nivel del lenguaje con la narrativa oficial del tomar el legado crítico de la literatura mexicana ante narco que el gobierno de Calderón defendió hasta el fi- la nueva emergencia en el estado de Guerrero para sonal de su sexenio: poderosos cárteles luchan entre sí meter a un examen simbólico los bordes criminales del por el control de plazas valiosas para el tráfico de dro- poder oficial. gas. En la novela de Sada, ese es el lenguaje del juego. En esa dirección, volvamos a la primera página de La acción misma, sin embargo, muestra a los lectores Porque parece mentira, la verdad nunca se sabe para obseruna realidad distinta: en el polvoriento e insignifican- var el trayecto de ese terrible camión que reparte los te San Gregorio la ocupación del ejército precedió a la cadáveres de las víctimas del Estado. Quince años desconfrontación entre dos grupos criminales. En medio pués de la publicación de la novela de Sada, nos inquiede la guerra, los supuestos “cárteles” designan a dos or- ta leer que la trama comienza justamente cuando los ganizaciones armadas que se atacan entre sí mientras cuerpos ultrajados por la impunidad y la indiferencia que el ejército permanece como un observador pasivo, son devueltos a sus familiares. Entre el horror de esa como esperando el resultado de esa brutal masacre imaginaria hubo confrontación para continuar con el todavía personajes que sintieron el “juego”. Y así, como anota Juan Vibásico deber de entregar los muerlloro, en la novela de Sada “sobrevietos a sus deudos. En el presente real nen intrincadas peripecias donde del Estado mexicano, nadie ha sido todos los partidos políticos, la Igleaún capaz de ese mínimo gesto de sia, la policía y las familias fomenhumanidad que por ahora sólo patan el delito”. rece posible en las páginas de una Las represiones políticas perpenovela. Esperemos en tanto que tradas por el PRI fueron narradas en alguna parte de México alguien durante la segunda mitad del siglo haya por fin comenzado a narrar XX por escritores como Elena Ponuestra nueva realidad. niatowska en La noche de Tlatelolco Oswaldo Zavala es doctor en letras hispáni(1971), Vicente Leñero en Los periocas por la Universidad de Texas en Austin y distas (1978) y Víctor Hugo Rascón en literatura comparada por la Universidad Banda en Contrabando (2008), quiede París III, Sorbonne Nouvelle. Es profesor nes consiguieron articular una crítiasociado de literatura latinoamericana en el ca efectiva de la violencia de Estado. College of Staten Island y en The Graduate Junto a estas obras, resulta crucial Cabañas visto por Montemayor Center, City University of New York (CUNY) también releer la apasionada de-

1991 / 28 DE DICIEMBRE DE 2014

El comité para el arte en la ciudad,

sin artistas NIZA RIVERA

Benjamín Flores

1991 / 28 DE DICIEMBRE DE 2014

más de un año de la instauración del Comité de Monumentos y Obras Artísticas en Espacios Públicos de la Ciudad de México (Comaep), Eduardo Aguilar Valdez, coordinador general de la Autoridad del Espacio Público todavía en agosto, y miembro de dicho grupo, explicó a Proceso sobre los logros y fracasos del comité: el proyecto de un Registro Único de Monumentos y Obas Artísticas, y El Caballito de Carlos IV, respectivamente. Instaurado en marzo pasado por acuerdo del jefe de Gobierno del DF, Miguel Ángel Mancera (a unos meses de la polémica que generó la colocación de la estatua del expresidente y dictador de Azerbaiyán, Heydar Aliyev, en pleno Reforma), Aguilar Valdez discurrió además otros temas: Sobre el comité y su relación con su predecesor –la Comisión de Arte y Obras en Espacios Públicos de la Ciudad de México (1998-2000)–, de si los

C U LT U R A C ULTURA

¿Quién defiende a la “Ciudad de los Palacios” de “la picota” de la que hablaba su cronista, Guillermo Tovar, fallecido hace un año? Además de Tovar, ¿quién la defiende? Pues existe un organismo gubernamental creado para asignar al arte y los monumentos patrimoniales un espacio en la urbe. En entrevista, su exdirector y miembro actual de ese comité, Eduardo Aguilar Valdez, explica sus funciones para que el lector juzgue qué tan limitadas o tan sólidas son como para enfrentar al monstruo de la destrucción que día a día le arrebata una porción significativa. miembros actuales son los que deberían estar en el grupo que sesiona cada tres meses, así como de sus trabajos. El comité lo integran Simón Neumann Ladenzon, titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), quien funge como su presidente; Alejandra Moreno Toscano, autoridad del Centro Histórico; Lucía García Noriega, secretaria de Cultura; Miguel Torruco Marqués, secretario de Turismo; Mara Robles, secretaria de Educación del DF, y miembros de la sociedad, como el arquitecto Francisco Serrano, el curador Miguel Cervantes, la directora de los Museos Diego Rivera-Anahuacalli y Frida Kahlo, Hilda Trujillo; la directora de Zona Maco, Zelika García, y en ese entonces Aguilar Valdez, quien dejó la titularidad de la Autoridad del Espacio Público, puesto que ocupa Dhyana Quintanar Solares desde principios de septiembre. Una de las primeras preguntas a Aguilar Valdez fue en el sentido de los miembros del Comaep: ¿Son todos los que deberían estar, por qué no más artistas, restauradores, críticos? La comisión predecesora contaba con distinguidos miem-

bros en estos rubros. Desde el tercer piso de Insurgentes 149, lo que antes era el Hotel Plaza Reforma y ahora son oficinas de gobierno de Seduvi, explica: “Sí está considerado, tuvimos cuidado en que no fueran artistas, sino expertos en materia del arte, como Zelika o Hilda Trujillo, porque el arte tiende a ser después muy subjetivo, algo que a ti te gusta a otro no; buscamos más expertos o críticos del arte que no tuvieran tendencia, pero también se abre la puerta para invitar a especialistas en temas donde los requerimos. Está el caso de la Palmera de Reforma, donde se necesitó de un biólogo para buscar un dictamen y conocer en qué condiciones se encuentra. “Se promueve la invitación a artistas o especialistas, pues hemos tenido propuestas para colocar esculturas y ahí buscamos a los expertos según el tema. Además, otra permanencia que tiene el Comaep es la presencia de Relaciones Internacionales de la Ciudad de México en vinculación con la Secretaría de Relaciones Exteriores, para poder dictami-

nar, por decir, un proyecto de carácter internacional o político en la promoción de esculturas, pues también hemos recibido propuestas que son evaluadas por estas instituciones.” A la fecha, dice, han recibido 73 solicitudes, de las cuales 29 han sido factibles (entre obras nuevas y restauraciones), 27 se encuentran en proceso y 23 han sido rechazadas. Se entregan en ventanillas de Seduvi: http://www.seduvi.df.gob.mx/. –¿Qué características seleccionan para pensar en aceptar una obra artística? –Primero el contenido y simbolismo de la pieza, qué representa, el personaje, el currículo del autor de la pieza, la trascendencia del proyecto. Ha sido un tanto polémico porque hay artistas conocidos que podrían garantizan la calidad, pero hay emergentes que promueven su obra, es donde se somete con expertos del arte y se valora la calidad de la obra, independientemente del autor; otro tema es la ubicación, que concuerde con el entorno y el contexto del lugar, y un tercer tema es garantizar el mantenimiento de la pieza. –¿Que distingue al Comaep de la Comisión de Artes en Espacios Públicos del gobierno de Cárdenas? –Es el antecedente principal, el Comaep se sustenta legalmente en esa comisión y su esquema de operación es muy similar, pero hemos tratado de ampliar la participación de distintas áreas de gobierno para la dictaminación, porque está el tema artístico, el valor, la calidad, pero también hay temas políticos y de espacio público, donde entra la Autoridad del Espacio Público, y de mantenimiento. Una de las condiciones para presentar un proyecto es tenerlo garantizado, es una de las innovaciones que se han hecho. La ciudad tiene muchas piezas de muy buena calidad pero no se cuenta con recursos para mantenerlas, así que el organismo que promueve, o la delegación, tiene que tomar esto en cuenta.” –¿Y sobre la ubicación? –Los artistas quieren estar en las zonas de moda, casi todos quieren estar en Reforma, en el Centro Histórico, en la Roma, la Condesa o Polanco, y ahí es donde se necesita un plan de manejo, porque no todo puede estar ahí, entonces les proponemos otras ubicaciones.

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Benjamín Flores

Aguilar Valdez. Las limitaciones

–¿Se puede hablar de logros? –Tenemos la primera etapa de la integración de un catálogo de Registro Único de Monumentos y obras artísticas de la ciudad; se carece de uno y estamos trabajando en esto. Le pedimos a las 16 delegaciones y entidades de gobierno que nos envíen toda la información que tienen, así como del levantamiento de las piezas. Eso va a permitir saber la riqueza cultural y artística, y después emitir un dictamen

NIZA RIVERA

De los pendientes… Se le recordó a Aguilar Valdez que en enero pasado se derribó la edificación de la antigua Octava Delegación de Policía de la colonia Narvarte, uno de los últimos edificios que recordaba el pueblo de La Piedad de la Ciudad de México, a pesar de que estaba catalogada como inmueble con valor artístico por el INBA, y de que éste había solicitado suspender la demolición.

Débil, la protección legal

uestionados en distintos momentos sobre los alcances del actual Comaep, y de su predecesora, la Comisión de Obras Artísticas que se formó en 1998 y tuvo una duración de dos años, hablan el Arquitecto Fernando González Gortázar y el doctor en historia del arte Renato González Mello. En 1998, bajó el mandato del entonces jefe de gobierno capitalino, Cuauhtémoc Cárdenas, se formó la Comisión de Obras Artísticas de la Ciudad de México, que logró considerar a las esculturas de la Ruta de la Amistad como parte de un corredor, pero sobre ella pasó “la picota” y, pese a la oposición de sus miembros, la nueva regente Rosario Robles inauguró un controvertidísimo conjunto escultórico, Lugar en la nube de serpientes,en el barrio de Mixcoac, ante la negación de vecinos y su cuestionada calidad artística. La obra se erige ahí hasta la fecha. González Mello, actual director del Instituto de Investigaciones Estéticas de la Uni-

del estado de las mismas obras. Esta es un área de oportunidad muy grande, porque muchas de las piezas han sido bandalizadas, o han carecido de mantenimiento. También nos va a permitir tener un control y regulación, y la consulta de expertos que nos ayuden en las opiniones, en temas de orientación, ubicación, mantenimiento. –¿Y de fracasos? –Se ha hablado del tema de El Caballi-

to. Hay algo que es necesario decir: el Comaep no ejecuta las obras, su retribución es en cuanto a la autorización de reubicación, retiro y demás, el procedimiento es responsabilidad de cada una de las áreas de las delegaciones (tener permisos y vistos buenos o mantenimiento). El área de Obras Públicas, por ejemplo, estuvo realizando mantenimiento de todas las esculturas de Reforma que van de la mano con el Instituto de Antropología e Historia; Espacios Públicos está por iniciar la restauración del monumento de Álvaro Obregón en La Bombilla, ahí gestionamos trámites con el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), y el visto bueno del sistema de procedimiento de restauraciones. Al Comaep no se le puede acusar, todos los ciudadanos que participan son miembros honoríficos.

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versidad Nacional Autónoma de México, recordó el trabajo de la comisión y sus carencias para hacerse valer: “Lo que creo es que hubiera sido pertinente que tuviera la facultad de hacer cumplir sus determinaciones, era realmente un órgano consultivo, y esto limitaba su capacidad de acción, aunque llegamos a autorizar varias cosas interesantes. “Y una cosa que se derivó de la comisión es que empezaron a llegarle asuntos que tenían que ver con el espacio público, no con las obras de arte, y esto pienso que fue tremendamente interesante y al mismo tiempo dejaba ver que había una necesidad de mayor construcción institucional. Para recordar, ésta era una época en la que el jefe de gobierno fue elegido por votación por primera vez, pero los delegados no, era un contexto muy distinto del actual.” –¿Qué puntos positivos o negativos le ve? –Creo que, en términos generales, se tiene que procurar que las instancias que

hacen propuestas y proyectos, las instancias que toman decisiones sobre el espacio público, el patrimonio, y las instancias que vigilan esas decisiones, se separen gradualmente de los términos de la división de poderes que existe en todos los niveles del gobierno. Ante esa misma pregunta, Fernando González Gortázar expresa: “La Comisión de Arte en Espacios Públicos estuvo desde el principio muy limitada, y eso que era una comisión multidisciplinaria con gente de buena fe y conocimientos; si una comisión con todos los buenos augurios fracasó, ahora la recién integrada, cuando la situación política ha cambiado radicalmente, tiene que dotarse de fuerza legal o correrá con la misma suerte. “Los actos urbanos o de carácter urbano deben tener tres protagonistas: los ciudadanos como dueños de la ciudad, las autoridades como brazo ejecutor y los especialistas como orientadores de los segundos. Y siempre añado lo siguiente: hablo de

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–La destrucción llegó por medio del Comité del Patrimonio. Inmobiliario del Distrito Federal. ¿No le parece incongruente que por una parte el DF tiene una comisión como el Comaep y por otra destruyen un edificio con valor artístico? –El Comaep en particular sólo se enfoca en bienes muebles, para edificaciones inmuebles están el INAH o el INBA, o la dirección patrimonial de Seduvi, eso no le corresponde al comité. –¿Pero hicieron alguna sugerencia al Gobierno del Distrito Federal o a la misma delegación Benito Juárez, aunque no les tocara ver eso? –No, se han mencionado varios casos pero el tiempo es limitado y es tanto el trabajo de cultura y el nuestro, que nos enfocamos solamente en proyectos escultóricos y artísticos en espacios públicos. –En una primera sesión se habló de sustituir la placa del Encuentro entre Moctezuma y Cortés (Proceso, 1943). –El proyecto está presentado, se autorizó, fue algo promovido por el Fideicomiso del Centro Histórico, y se están viendo los permisos correspondientes con el INAH y el INBA, pero también es un tema de recursos. El artesano de talavera, Mario Cantú, explicó que dicho trabajo tendría un cos-

to de alrededor de 400 mil pesos, y que la pieza sería una réplica de una obra de Juan Correa que data del siglo XVII cuyas medidas serían de 5.25 x 2.30 metros. “Así como el del Encuentro, tenemos el tema de las restauraciones, como parte del Espacio Público estamos viendo la del monumento al poeta español Antonio Machado en el parque del mismo nombre situado en Polanco –cuyo trabajo se realizará en dos fases: escultura y vegetación del espacio–. De este proyecto ya se autorizó la restauración, con visto bueno del INBA, ahí habrá algunas modificaciones, por ejemplo, los medallones eran de bronce pero habían sido constantemente bandalizados a pesar de restaurarse varias veces, así que se acordó que ahora serán de piedra cantera y los hará el mismo artista, aunque menos atractivos para que no sean robados.” En el número 1969 de este semanario, la crítica de arte Blanca González Rosas abordó en la columna Arte urbano en el DF el tema de 13 esculturas colocadas en el corredor central de Paseo de la Reforma –entre el Zoológico de Chapultepec y el Museo de Arte Moderno–, las que a dos años de su colocación por lo menos carecen de placas. Sobre esto se le cuestionó al titular del Espacio Público:

–Es un tema que estamos viendo con la Secretaría de Cultura, porque estamos trabajando un plan de manejo de exposiciones temporales para Reforma, es un tema de la administración. Pasa algo en Reforma, y es que, al ser uno de los puntos más atractivos, a todos les interesa estar ahí, y existen piezas que debemos tener cuidado para que no haya sobresaturación. El plan de manejo se haría para Alameda, Revolución, Reforma, Centro Histórico y varios espacios emblemáticos más, para definir qué puede estar, con qué características y con qué temporalidad. –Pero para estar en Reforma, que en efecto es un punto atractivo, estas piezas parecen hasta cierto punto olvidadas o descuidadas. –Es una cuestión de manejo de los corredores, pero está previsto, estos que te menciono están en revisión. Ante la prisa de Aguilar Valdez por retirarse, se le hizo una última pregunta: –Se habló de la propuesta de rehabilitar el Zócalo, incluso de la posibilidad de regresar al jardín que tuvo ahí, ¿qué sugeriría el Comaep? –Eso está en proceso, es un proyecto que se realizará y dependiendo de los alcances del proyecto participaremos o no, ya se verá. O

del siglo XX: González Gortázar sión en lo que yo he estado y me ha quedado claro es que no hay una reforma especifica que de manera mágica vaya a arreglar las cosas, es un camino largo, y además sosEduardo Miranda

especialistas, no de técnicos, un equipo que revise, cree polémica y reflexión.” A pregunta expresa al director de Investigaciones Estéticas sobre qué se necesitaba para que la Ciudad de México tenga una comisión como la existente en París o en Roma, cuyas piezas artísticas u obras públicas no se mueven sin consulta previa, comenta: “El marco legal necesita afinarse, sobre todo en el sentido de separar las funciones para volver más eficiente las decisiones que se toman. Existen alguna comisiones en distintos ámbitos del gobierno, pero creo que, en términos generales, es necesario que las instancias que opinan de manera profesional sobre las obras artísticas y el patrimonio deben tener autonomía, y eso las volvería más útiles y fuertes. “Hay muchas instancias para el cuidado del patrimonio, como el Instituto Nacional de Antropología e Historia y el Instituto Nacional de Bellas Artes, y a nivel local ha habido iniciativas que complementan lo que se hace a nivel federal. Creo que la discu-

Legislación antigua

tendría que muchas tiene puntos a su favor, porque tampoco somos el país más desprotegido del mundo, ni de chiste.” –¿Conoce del caso de la destrucción de la Octava Delegación en la colonia Narvarte? ¿Qué se necesita para proteger, más allá de obras artísticas, a bienes inmuebles? –Una de las cosas que le hacen falta y que permitirían una discusión mayor en las leyes con las que contamos es que el patrimonio del siglo XX no cuenta con el mismo nivel de protección, requiere el cumplimiento de requisitos mucho mayores, y esto tiene que ver con que la legislación tiene algunas décadas de haberse redactado. “Creo que ahora valoramos mucho más cosas que requieren una protección que la ley da a cuentagotas, lo que hace muy difícil su defensa. Comparto en ese y otros casos el sentido de alarma, pero al mismo tiempo deberíamos tener más y mejores instrumentos para atender la defensa del patrimonio posterior al siglo XIX.” O

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En la Iglesia de Maximiliano en Viena,

altar de la Guadalupana JUDITH AMADOR TELLO

Judith Amador Tello

IENA, Austria.- Cuando Maximiliano de Habsburgo fue fusilado en el Cerro de las Campanas en Querétaro el 19 de junio de 1867, su hermano, el emperador Francisco José, envió una carta al gobierno de Benito Juárez para solicitarle los restos del archiduque, en una actitud que constituyó “un triunfo para el derecho y la diplomacia” de México. Así lo describe el escritor Vicente Quirarte en el capítulo “El primer Maximiliano”, del libro colectivo Entre la realidad y la ficción. Vida y obra de Maximiliano, coordinado por la historiadora Esther Acevedo.

La Votivkirche

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El longevo Francisco José I de Habsburgo (1830-1916), quien tuvo un reinado de casi 68 años, uno de los más largos en la historia de Europa, pudo haber muerto antes que su hermano el archiduque Fernando Maximiliano, pues el 18 de febrero de 1853 sufrió un atentado a manos del sastre húngaro Janos Libényi, quien apenas logró herirlo. En gratitud por la salvación de “Su Majestad”, Maximiliano organizó una colecta popular entre los vieneses y mandó construir un templo. Se abrió un concurso y el ganador, de entre 75 concursantes, fue el arquitecto Heinrich von Ferstel, que lo construyó con la ayuda del propio Maximiliano, quien, a decir de la historiadora Guadalupe Jiménez Codinach, fue amante de las artes y de la arquitectura. Cuenta la especialista en el capítulo “De Miramar a Querétaro”, en el mismo libro, que Maximiliano recibió una educación de futuro rey, por lo cual aprendió idiomas (alemán, francés, inglés, húngaro, italiano, latín, griego y español), derecho constitucional, historia, economía, geografía y ciencias naturales. Llamada Iglesia Votiva del Divino Salvador, o simplemente Iglesia Votiva de Viena (Votivkirche), pues es una ofrenda en agradecimiento a Dios, la edificación religiosa es la más importante en la capital del país después de la catedral de San Esteban. Su estilo neogótico está inspirado en la Catedral de Colonia, Alemania. Su construcción tardó 26 años, de 1853 a 1879. Por ello Maximiliano no logró verla terminada, pues en ese lapso llegó a México para ser proclamado emperador en 1863, y fusilado en 1867 tras el triunfo del gobierno de Benito Juárez, relata Jiménez Codinach en el libro editado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). La iglesia fue consagrada el 24 de abril de 1879, en el marco de los festejos por las bodas de plata de la pareja imperial formada por Francisco José e Isabel de Baviera, conocida hasta la fecha en Austria como Sissi. Ubicada en la Plaza Roosevelt, a un costado de la Universidad de Viena, la iglesia se distingue por sus torres gemelas de casi cien metros de altura que culminan en punta. En el costado norte de su interior tiene un enorme altar dedicado a la virgen de Guadalupe, el más grande fuera de México.

Sin embargo, no fue Maximiliano quien planeó instalar ahí la monumental imagen, sino una mujer austriaca que vivió en México durante mucho tiempo, y en agradecimiento a que éste fue el único país que protestó por la ocupación de Austria por Adolfo Hitler; así, encargó se pintara una copia del original de la virgen. La imagen fue consagrada en 1954 por el cardenal Theodor Innitzer, se relata en un video del Centro de Estudios Guadalupanos disponible en un video de YouTube. Del lado izquierdo de la imagen se lee el nombre de Fernando Maximiliano, “káiser” de México. Y en el lado derecho se aprecia una placa que reproduce el águila devorando una serpiente del escudo nacional mexicano. Justo arriba del cuadro, diseñado por el mismo autor, se aprecia un vitral también con la Guadalupana al centro. A la izquierda se ve a Juan Diego de rodillas con la imagen de la virgen en su ayate y a la derecha al obispo Juan de Zumárraga que recibe al indígena. En el fondo se ve la representación de la antigua Basílica de Guadalupe. Jiménez Codinach recuerda que durante la Primera Guerra Mundial, iniciada tras el asesinato del archiduque Francisco Fernando (quien sucedería a su tío Francisco José como emperador austrohúngaro), Viena fue bombardeada, y la Iglesia Votiva sufrió varios daños en el techo y los vitrales, destruidas sus campanas y los tubos del órgano. Desde finales de los años noventa del siglo pasado, y más activamente a partir de un dictamen de 2001, la iglesia ha sido objeto de una restauración y rehabilitación permanente. Este año se cumplieron 150 años del inicio del imperio de Maximiliano en México. En 2015 se conmemorarán los 150 años de la promulgación de algunas de sus reformas. Para Jiménez Codinach varias fueron tan o más liberales incluso que las aplicadas por el gobierno juarista: Ley de Tolerancia de Cultos, nacionalización de bienes eclesiásticos, Ley de Cementerios, Ley del Registro Civil, restituyó la personalidad jurídica de las comunidades indígenas y les reconoció el derecho a poseer tierras de comunidad. “Tal parecía que Maximiliano era un juarista más.” O

C U LT U R A

Arte El derrumbe del Subsector Cultura BLANCA GONZÁLEZ ROSAS

n el contexto de las artes visuales, el año de 2014 termina con muchas dudas sobre el funcionamiento del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta). Con un generoso ingreso mensual de su presidente –190 mil 309 pesos brutos, telefonía celular por 6mil 750 pesos y gastos de alimentación por 6 mil 500 pesos, además de las prestaciones anuales–, así como el de sus colaboradores más cercanos –61 mil 624 pesos brutos para su Secretario Técnico, Saúl Juárez Vega–, soslayó la gestión del pago en tiempo y forma de numerosos trabajadores tanto de Conaculta como del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA). Responsable de regalar dinero proveniente de los impuestos ciudadanos a galeristas pertenecientes al mainstream (Proceso 1989), de organizar homenajes-espectáculo que utilizan el arte como muestrario y no como significado (Proceso 1900), y de mantener en el Instituto Nacional de Bellas Artes

tudio Diego Rivera y Coordinación Nacional de Artes Visuales, cerraron el 2014 con una carta pública en la que solicitaron la resolución de sus adeudos (Reforma, 19 de diciembre). Sin dinero y con mucho ingenio, terminaron el año con agudos memes publicados en Twitter bajo #pagameinba y #pagameconaculta. O

Música I Los Cojolites RICARDO JACOB

l pasado día 19 en el Museo de la Ciudad de México el grupo de son jarocho Los Cojolites presentó su nueva producción discográfica titulada Zapateando, a casi tres años de haber lanzado Sembrando ﬂores, disco que les valió una nominación al premio Grammy. Los soneros trabajaron nuevamente junto al productor estadunidense Greg Landau en 9 sones tradicionales, homenaje a los viejos maestros músicos de la tradición jarocha. Comenta Joel Cruz Castellanos, voz y leona en el grupo: “Es un reconocimiento a los grandes maestros de nuestras comunidades que hicieron que la música se mantuviera y preservara y que de alguna manera que llegara hasta nosotros. Este disco tiene como concepto general la música

de nuestras comunidades y es muy diferente a los otros discos del grupo.” Los Cojolites van a sus raíces jarochas y no presentan ninguna composición nueva ni arreglos nuevos para los cortes del disco, pues fueron grabados tal y como se tocan en los pueblos de Veracruz. “El disco es muy natural, recupera esa parte muy importante de nuestra música que es la espontaneidad. Hay que recordar que esta música nace en un contexto campesino, rural; es una música de gente sencilla tocada de manera sencilla, es una música muy básica que conserva cualidades sonoras muy antiguas y para muchos es una representación viva de lo que fue la música barroca popular y que fue el origen del son.” En Zapateando el grupo quiso reflejar la cotidianidad musical de los lugares en los que viven (Jáltipan, Santiago Tuxtla), la música que interpretan no cuando están en un escenario sino en fandangos familiares o comunitarios. El grupo tiene muy presente el trabajo de conservación que debe realizarse en torno al son jarocho y está comprometido con talleres educativos y la preservación de la memoria oral y audiovisual pues sus miembros son quienes están detrás del Centro de Documentación del Son Jarocho en Jáltipan, Veracruz. “Éste disco forma parte de ese planteamiento que nos hemos puesto como forma de vida: la permanencia de nuestra Héctor Vicario

“Memes” sobre pagos tardíos

(INBA) una política incapaz de controlar el poder que ejerce el mercado artístico en la gestión museística del arte contemporáneo, Tovar llegó a su segundo año. Privilegiada con un salario mensual bruto de 171mil 978 pesos a su vez, María Cristina García Cepeda cierra el 2014 en el INBA transparentando su capacidad para dificultar el acceso a la información. Además de retardar el servicio a través de prórrogas, su gestión ha llegado al absurdo de solicitar el pago bancario de 50 centavos por una copia debido a la imposibilidad de enviar la información vía internet. A estos obstáculos se suma la irregularidad de exigir una copia de la credencial de elector para dar por terminado el trámite de entrega de fotocopias, aun cuando la información es pública. Sin programas que señalen metas e indicadores de evaluación medibles y correspondientes a objetivos específicos y presupuestos erogados, los funcionarios del subsector cultura, exentos de procedimientos de rendición de cuentas que controlen su desempeño y deriven en sanciones, operan en la absoluta impunidad, por ejemplo con declaraciones que no se sustentan en documentos –como el diagnóstico para detectar fortalezas y debilidades como punto de partida para la elaboración del Programa Nacional de Cultura y Arte 2013-2018, que anunció Tovar en diciembre de 2013, y cuya existencia negó en abril de 2014 como respuesta a la solicitud de información 1113100016414. Indignados por el incumplimiento en sus pagos, numerosos trabajadores, entre quienes se cuentan colaboradores de los museos de Arte Moderno, Nacional de Arte, Nacional de San Carlos, Carrillo Gil, Sala de Arte Público Siqueiros, Es-

El grupo jarocho

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cultura, la defensa de nuestra identidad a través de nuestro trabajo. Desde el escenario no se puede medir el impacto de nuestra música pues son las comunidades las que la mantienen, la música no vive en el escenario, vive en los pueblos, en las rancherías, en los velorios, en las fiestas patronales, las mayordomías. Es ahí en donde está su sustento.” Los Cojolites no menosprecian el escenario (ellos mismos han viajado por el mundo interpretando su música) sino que aprovechan el enlace que se forma desde éste para acercar a la tradición jarocha a quienes no la conocen. Concluye Joel Cruz: “Es un puente para que la gente voltee para acá y tengan visibles todos los aspectos de

nuestra cultura. El son no es solamente un género musical sino que forma parte de un espacio cultural en donde tienen que ver la gastronomía, el lenguaje, la cosmovisión, nuestros territorios y costumbres… en nuestra música confluyen todas estas expresiones culturales que sólo se pueden conocer estando en Veracruz.” O

Música II La última “Bohemia” RAÚL DÍAZ

uesto que el primer y segundo actos de La Bohemia, esa bellísima

ópera de Giacomo Puccini se desarrollan en Noche Buena, resulta normal que se presente en diferentes teatros del mundo precisamente por estas fechas (México no es excepción), por lo que nada de sorprendente tuvo que fuera precisamente la escogida para cerrar las actividades de la Compañía Nacional de Ópera, ahora llamada simplemente Ópera de Bellas Artes. Sólo que no en el Teatro de Bellas Artes sino en el Centro Nacional de las Artes (en su Teatro de las Artes), viernes y domingo recientes. Producción, orquesta y coro, por supuesto, del Teatro de Bellas Artes, y de allí también los solistas y directores, o sea, lo único que cambió fue la sede, cosa que me parece bien porque se empie-

zan a crear nuevos y diferentes públicos. En ese sentido fue también buena la escogencia porque más allá de su belleza musical, La Bohemia es sumamente atractiva visualmente, y su historia y acciones se prestan de maravilla para hacer de ella un gran y atractivo espectáculo que guste aun a los más escépticos. Lo deseable ahora es que ese recinto se convierta en uno más en donde se presente ópera con regularidad, pues cuenta con todas las condiciones, foso orquestal incluido. Una queja permanente de las autoridades “bellasarteanas” en general y operísticas en particular, es la saturación de Bellas Artes, que siempre está ocupada con x y z representaciones artísticas, más

Se fue Joe Cocker RAFAEL VARGAS Para Lía: You are so beautiful…

n agosto de 1977 Joe Cocker vino a México. Su carrera era un desastre. Se había vuelto adicto a la heroína y solía beber tanto que con relativa frecuencia olvidaba en pleno escenario la letra de la canción. Naturalmente, las ofertas para dar conciertos no abundaban, pero sí los problemas económicos. Para sacarlo del atolladero, su representante programó una gira por América del Sur: Brasil, Argentina, Venezuela y México, donde se presentó en tres o cuatro ciudades. En esos años Cocker era impredecible. Tan pronto brindaba una actuación estupenda –el narrador y poeta Gabriel Trujillo Muñoz recuerda que en Mexicali dio un concierto lleno de energía– como el espectáculo más patético. Esto último fue lo que ocurrió en la plaza de toros de Cuatro Caminos en la Ciudad de México. El concierto estaba anunciado a las doce del día. Era previsible que empezara a la una de la tarde. Pero a las doce la plaza ya estaba totalmente llena. El sol brillaba. Aquí y allá había gente bebiendo vino de

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una bota, conforme a la costumbre taurina. A la una Cocker no había llegado. Los organizadores dijeron que lo retrasaba el tráfico (excusa habitual desde aquellos años). A las tres Cocker aún no llegaba. A las tres y media, cuando parecía que el público se amotinaría, llegó, subió al escenario, cantó dos, si acaso tres canciones (“La luna es una amante cruel” y “Eres tan hermosa”), con voz tartajosa y de manera tan desangelada que alguien, tal vez su representante, subió al escenario y se lo llevó. Se acabó el concierto. Con misteriosa resignación, la gente salió a consolarse con el espectáculo del Periférico. Alguien comentó: “Este cuate se va a morir cualquier día”. Pero Joe Cocker era mucho más que la caricatura en la que él mismo había consentido convertirse. En 1977 contaba con cinco álbumes, todos de muy alta calidad, y se sumaba a sus méritos el haber participado en el Festival de Woodstock, en agosto de 1969, con una repercusión inmensa merced a la película homónima que al año siguiente comenzó a exhibirse en todo el mundo (salvo en la España de Franco y el México diazordacista). Cocker era un cantante excelente con

una voz ríspida, poderosa, y una profunda admiración por Ray Charles, influencia decisiva en la construcción de su estilo, amalgama de rock, soul y blues, que luce a plenitud en el sensacional disco doble Mad Dogs & Englishmen, registro antológico de los cuatro memorables conciertos que realizó en Nueva York en marzo de 1970. (Tan memorables, que en el 2005 se hizo una edición de lujo, y en 2007, casi 40 años después, una nueva para coleccionistas en seis discos compactos con un tiraje de 2 500 ejemplares. Hoy cuesta entre 600 y mil dólares.) El drama de Cocker fue, como el de tantos otros, no estar preparado para la fama. De ser instalador de gas por las mañanas y cantante por las noches en bares de su natal Sheffield (una ciudad industrial en el centro de Inglaterra), de pronto se vio convertido en una estrella de rock con ingresos que no sabía cómo manejar. “Detestaba todo lo que oliera a hacer negocio –dijo en una entrevista el año pasado– y repartía dinero a diestra y siniestra si me parecía que el asunto lo ameritaba: diez mil aquí y diez mil allá.” Ese descuido, aunado a las drogas y las interminables giras, lo de-

Espectacularidad visual en el CNA

otras que no lo son (más otras no abiertas al público y de las cuales prácticamente no nos enteramos, pero se dan). Esta situación real sirve también de argumento para decir “hago lo que se puede, no hago más porque el teatro está ocupado”.

Pero como hemos señalado por años a las autoridades en turno, existen alternativas y sólo es cuestión de trabajar en ellas. Las funciones de referencia son buena prueba de ello. A la vuelta del palacio de mármol hay otro bellísimo tea-

jaron con una magra cuenta bancaria y una precaria salud. A pesar del reconocimiento que tenía por parte de muchos de los más importantes músicos ingleses y estadunidenses (los Beatles admiraban su versión de “Con una pequeña ayuda de mis amigos” y le dieron la oportunidad de que él grabara antes que ellos un par de canciones que formarían parte del disco Abbey Road) no consiguió consolidar una posición en la década de los setenta, cuando tantas cosas parecían estar a su favor, sobre todo en un ámbito como el del rock en el que es mucho más difícil tener éxito cuando sólo se es intérprete que cuando se es músico y compositor. Cocker volvió a la atención del público internacional en 1982 de una manera que jamás habría imaginado y por obra de una canción que detestó desde que la escuchó por primera vez, si bien en el instante mismo de grabarla supo que sería un éxito: “Up, where we belong” (“En lo alto, a donde pertenecemos”), parte de la banda sonora de una película inane en la que sólo valía la pena mirar a Debra Winger (las señoras dirán que a Richard Gere). Pero gracias a esa canción ganó un Grammy y un Óscar, y volvió a grabar discos y a dar conciertos de manera regular.

tro en el que también, como ya se ha hecho, pueden ofrecerse no sólo funciones aisladas sino temporadas enteras, el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, que también cuenta con toda la infraestructura, foso inclusive, para efectuar todo tipo de montajes. Sin ir más lejos, tenemos ya aquí no uno sino tres teatros en los que puede hacerse ópera y Teatro Lírico en general. Ahora que combinar esfuerzos, encontrar coincidencias, sumar recursos y superar intereses particulares no es tarea fácil y requiere un arduo y prolongado trabajo, es cierto, no se ha dicho que sea una cosa sencillita y simple y que se logre de la noche a la mañana; pero bueno, para hacer lo que se tenga que hacer y no para

En total, grabó veinte discos en estudio y otros tantos en vivo. Esa es la parte más importante de su legado. Hay asimismo una decena de videos de sus conciertos, y dos largometrajes de corte documental que ilustran con candor y franqueza lo que era la vida de los músicos de rock a finales de los años sesenta y comienzos de los setenta, y lo que el rock significaba en la vida de muchos jóvenes en esa misma época. El primero se llama también Mad Dogs & Englishman; el segundo es Woodstock. En este último vemos a Cocker en una de sus horas más gloriosas. Es la época en

buscar facilidades es que se nombra a los responsables en turno, ¿o no? O

Teatro Premio Nacional a Humberto Robles ESTELA LEÑERO FRANCO

a semana pasada Humberto Robles recibió el Premio Nacional de Dramaturgia Emilio Carballido con su obra La noche que jamás existió, donde con un lenguaje sobresaliente en la escritura desarrolla un diálogo imaginario entre William Shakespeare y la reina Elizabeth. El tema

que rock es todavía sinónimo de rebeldía y anticonformismo. Con la muerte de Joe Cocker se extingue también una parte nuestra. Aunque nos queden discos y películas, priva la sensación de la pérdida. El mundo ya no está entero. Para quienes escuchábamos rock en los años sesenta y setenta, Cocker era en cierto sentido el equivalente de los crooners de los años cincuenta –de Frank Sinatra, por dar un ejemplo, ese cronista sentimental de más de dos generaciones. Sólo que Cocker no representaba a la clase media; él, no John Lennon, era el verdadero héroe de la clase obrera. O

The New York Times

Ana Lourdes Herrera

C U LT U R A

Cocker. En Woodstock 1991 / 28 DE DICIEMBRE DE 2014

humbertorobles.com

Robles hilvana magistralmente textos, monólogos y parlamentos del inglés, conservando el tono y el lenguaje en los diálogos que él escribe entre los dos personajes. Hablar del amor parecería una tarea fácil y un lugar común, pero en boca de Shakespeare se consigue mostrar su complejidad y las posibles formas para manifes“La noche que jamás existió” tarse. En la obra que Robles escribe, abarca desde los celos, el amor no central es el amor. La reina correspondido y la pasión a todo solicita a Shakespeare que, olvidando su realeza, le explique, galope, hasta la determinación del estatus social y las diferenle muestre y le hable del amor cias de género. en todas las combinaciones El autor de La noche que posibles. jamás existió propone un jueEl premio, que año con go de intercambio de sexos, año desde 1987 otorga la Unidándole a la obra múltiples versidad Autónoma de Nuevo significados e interpretaciones León en honor al dramaturgo en cada función. Propone que Emilio Carballido, fue convo“los personajes pueden ser cado también por la Universiinterpretados por un hombre dad Veracruzana celebrando el y una mujer en cualquiera de 87 aniversario del natalicio del los personajes indistintamenautor de origen veracruzano, el te y también por dos hombres cual tuvo una gran incidencia o por dos mujeres”. El abanico en el impulso de la dramaturgia que se abre ante esta propuesy los jóvenes talentos de su esta enriquece ampliamente la tado y del país en general. obra y nos recuerda a Cuarteto Humberto Robles de León, de Heiner Müller, con un juego cuya obra fue seleccionada de similar entre la marquesa de entre más de cien trabajos, es Merteuil y el vizconde de Velun dramaturgo comprometimont, sustraídos a la vez de la do, enfocado principalmente novela epistolar Las amistades a obras de teatro que expopeligrosas de Laclos escrita en nen la situación social y polí1782. tica en nuestro país donde los Humberto Robles se arriesmigrantes, los desaparecidos ga y hace que la reina Elizao los humillados son los probeth solicite a William que la tagonistas. Mujeres de arena, seduzca, que la lleve por los por ejemplo, es una obra tescaminos del amor en todas sus timonial que se ha presentado combinaciones, que la despoinfinidad de veces, tanto en el je de sus títulos nobiliarios y la país como a nivel mundial, forvuelva hombre, mujer, reina o mando parte de diversos actos plebeya, para entender esa vide denuncia de los feminicivencia que ella desconoce y se dios en Ciudad Juárez, Chiha negado a experimentar. huahua. En esta ocasión, con La noche que jamás exismotivo del 450 aniversario de tió, que será publicada en el William Shakespeare, se lan2015 como parte del premio, es zó a escribir una obra donde el una obra redonda, con un final autor y su obra dramática son sugerente, que invita a leerla el hilo conductor. En La noche de principio a fin y que espera, que jamás existió, Humberto

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como cualquier obra dramatúrgica, poder ser vista en los escenarios para que el ciclo teatral se complete y viva no sólo en la mente del lector sino en la experiencia viva del espectador. O

Cine “Birdman” JAVIER BETANCOURT

arios de los directores que abrieron el camino hacia la renovación del cine mexicano han sido asimilados por Hollywood; la culpa no es de ellos sino de las posibilidades fluctuantes del hacer cine en México. En tanto que cineasta mexicano, el trabajo de Alejandro González Iñárritu es aún digno de mención porque sigue desarrollando una visión muy personal, con ideas vigorosas, capaz, incluso, de bravuconear al sistema y a los lugares comunes de la Meca del cine. En Birdman, o la inesperada virtud de la ignorancia (E.U., 2014), Gonzáles Iñárritu contrapone cine y teatro, dos lenguajes diferentes, para diseñar un mapa que guíe al actor, director o artista, en la madeja de efectos especiales, superhéroes, egos, críticos,

e y teatro

Contraposición de cin

y todo tipo de subterfugios teatrales y cinematográficos. Riggan (Michael Keaton), gastada celebridad de una franquicia del superhéroe Birdman, busca reencarnar, en el sentido de validarse como actor y como persona, gracias a una obra de teatro que él mismo adapta, actúa y dirige. Atrapado en sus fantasías de vuelo, explosiones, helicópteros y poderes kinestésicos, Riggan levita entre una hija exadicta que trabaja como asistente suya (Ema Stone), un insoportable actor del método, Mike (Edward Norton), que no se deja dirigir, una novia que está y no está embarazada, la exesposa que aparece porque sí y, el colmo, una crítica de teatro (Lynsay Duncan) que amenaza con hundirlo aun sin haber visto la obra. El teatro de Birdman funciona como principio de realidad; antídoto contra la quimera, ocurre en tiempo real y expone a los actores al contacto directo con el público. González Iniárritu elige un espacio concreto en Broadway, el St. James de Nueva York, un teatro tradicional donde la soberbia cámara de Emmanuel Lubezki se desliza como fantasma por corredores, recovecos y bambalinas. A base de planos secuencias editados como si todo cupiera en una sola toma sin cortes, el director organiza una coreografía donde caben la angustia y el deseo de validación de Riggan, peleas con los actores, encuentros y separaciones, monólogos de la hija diciendo sus cuatro verdades, o una carrera en ropa interior por Times Square. El tono es de comedia negra, y el discurso, sin tomarse demasiado en serio, va contra las franquicias de Hollywood y los juegos mediáticos de redes sociales. Entre

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espacios cerrados o abiertos, sólo en medio de la boruca del teatro o de la calle, el ambiente es claustrofóbico; el cine es vuelo sin control y el teatro precipitación; pero el ritmo no se pierde. A la polifonía de cruces de historias en las películas anteriores, donde predominaban el corte y la tendencia centrífuga, el director de Amores perros antepone ahora un solo punto de vista, totalitario aunque cargado de zozobra. En este quinto largometraje, González Iñárritu, maestro de la saturación obsesionado por decir y mostrar todo, logra sugerir que lo que se dice de una cosa no es necesariamente la cosa en sí. Por algo, la obra que Riggan adapta al teatro es un cuento de Raymond Carver, “¿De qué hablamos cuando hablamos de amor?” O

Medios Propaganda electoral FLORENCE TOUSSAINT

a reforma de telecomunicaciones que pretende abrir las firmas televisivas a la competencia, prometió licitar dos cadenas comerciales y abrir una pública en el nuevo espectro digital. Ya comienzan a revolverse los hilos para obtener las mercantiles. Algunos de los nombres barajados en la prensa mueven a indignación, entre ellos el de Germán Larrea, dueño de salas de cine de Cinemex y Cinemark, presidente del Grupo México, controlador del 51% de las acciones, impune en la tragedia de Pasta de Conchos, contaminador del río Sonora y de las tierras aledañas. Otros nombres

de empresas y empresarios indican que la política pública sigue la tendencia iniciada en los años 80: concentrar el capital en grandes compañías con vínculos internacionales, por ejemplo Carlos Slim, a través de su hijo; Olegario Vázquez, también a través de su hijo. Un personaje más que se perfila como postulante es Francisco Aguirre, poseedor de catorce radiodifusoras en todo el país agrupadas en Radio Centro y 130 afiliadas a la cadena OIR distribuidas en 70 ciudades. Su familia posee también un 49% de una radio en Los Ángeles y es dueña mayorita de MAXCOM, sociedad que comenzó explotando telefonía local en 1996 en que se llamaba Amaritel y que hoy puede considerarse ya como utilizando el juego cuádruple. En el caso de Slim veremos si el ofrecimiento de permitir al grupo Carso obtener frecuencias para transmitir contenidos televisivos se hace realidad, ahora que Televisa ya opera en el campo de las telecomunicaciones, hasta hace poco dominio exclusivo de Telmex. Por el lado de Olegario Vázquez, quizá podría volverse un hecho su proyecto; al obtener la concesión del Canal 28 lo bauti-

zó como Cadena Tres, que no lo era porque la emisora tiene cobertura aérea sólo en la Ciudad de México y zona metropolitana. Además del nombre, se preparó para agigantarse en el terreno de la comunicación. Adquirió el periódico Excélsior en el sexenio de Fox, hace un año abrió en cable una señal informativa llamada Excélsior. Posee el grupo radiofónico Imagen. Tiene Canal 28. Y aunque el periódico carece de suficientes lectores al grado de que se vende a mitad de precio en los vagones del Metro capitalino, la información que recaban sus reporteros sirve de base para todos los noticiarios de radio y de televisión. De obtener las nuevas concesiones tanto el 28 como el de Cable podrían servir de cabeza de una cadena que no sería nueva sino repetidora de lo que el grupo ha venido haciendo desde hace diez años. En este terreno no se vislumbran novedades de contenido, que es lo que hace falta de manera urgente. Pero tampoco de compañías con propuestas diferentes. Todo quedará en un reacomodo empresarial obvio desde la lógica de la concentración que impone altas barreras económicas y políticas a la entrada de nuevos jugadores. O

Libros Lucrecia Borgia JORGE MUNGUÍA ESPITIA

n 1997 el escritor italiano Darío Fo recibió el Premio Nobel de Literatura. Algunas de las características de sus obras teatrales son la combinación del drama con lo burlesco y un serio cuestionamiento al poder, la mafia, el Vaticano y el capitalismo, entre otros. En una de sus últimas comedias L´anomalo bicéfalo (2003) hizo una sátira del ex primer ministro Silvio Berlusconi, a través de mostrar sus lazos con la mafia y el manejo tendencioso de la radio y la televisión para auto celebrar las acciones políticas del gobierno que encabezaba. Ahora da a conocer su segunda novela Lucrecia Borgia, la hija del Papa (Ed. Siruela. Col. Nuevos Tiempos No. 292. Madrid, 2014. 239 pp.). La novela oscila entre la narración y la crónica y tiene como intención reivindicar a Lucrecia Borgia. Los historiadores, que han estudiado a los Borgia, centran sus análisis en las acciones maquiavélicas que realizó el Papa Alejandro VI y su hijo el cardenal Cesar Borgia para mantener el poder y extenderlo. Así asesinaron, fraguaron alianzas con las familias poderosas, traicionaron a sus aliados, tramaron guerras para debilitar a sus enemigos y disminuir a la población. En todos estos actos se ha incorporado a Lucrecia y aparece como una mujer incestuosa, falsa, perversa que fue utilizada por su padre y hermano para lograr los perversos fines políticos. A partir de una exhaustiva investigación histórica y el amplio conocimiento que tiene Darío Fo del renacimiento, varias de sus obras teatrales están ambientadas en ese periodo, busca reivindicar a Lucrecia. Así la presenta como

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una mujer que desde pequeña fue utilizada por sus familiares en urdimbres; pero al percatarse de ello reaccionó y se opuso, aunque sucumbió varias veces por presiones y amenazas. En el caso de los matrimonios a los que fue obligada se relacionó con los esposos de manera afectuosa y protectora. También repudió la vanidad del medio político y se rodeó de artistas a los que

estimuló. Cuando tuvo que gobernar lo hizo con justicia a través de atender las necesidades de los pobres. El rescate de Fo incluye otros hechos como que fue amante de Pietro Bembo, uno de los grandes poetas del Renacimiento, y sustituyó al Papa como vicaria. Inclusive revalúa a Alejandro VI y a Cesar Borgia, despiadados pero capaces de construir una mejor sociedad. Dice Darío Fo:

“Con toda su increíble brutalidad y su cinismo aterrador, los Borgia era gente que aspiraba a dejar a la posteridad algo de extraordinario. Los políticos que hoy nos gobiernan tienen como única preocupación continuar en el poder.” Asimismo indica que la mala fama de los Borgia proviene de los Sforza, quiénes se sintieron traicionados porque

De Héctor Tajonar sobre Octavio Paz Señor director:

gradezco el espacio para responder a las preguntas y opiniones formuladas A por Blanca González Rosas en Proceso 1990 acerca de la curaduría de la exposición En esto ver aquello. Octavio Paz y el arte. El concepto curatorial de la muestra está expresado de manera sintética en las cédulas incluidas en la museografía y se explica con mayor amplitud en el ensayo de mi autoría titulado Soplo de luz que se publicó en el catálogo de la exposición. Es evidente que la señora González no tuvo el tiempo o el interés de leer ese texto antes de escribir el suyo. Ello explica lo apresurado de sus juicios. El guión museológico retoma los tres elementos de la traducción poética postulados por el escritor mexicano: literalidad, interpretación y re-creación. “Como el poema, la pintura está hecha de enemistades y reconciliaciones, rimas, correspondencias y ecos”, escribe Paz. Esta visión nutre la idea central de la exposición: construir una narración visual alimentada de analogías y contrastes, afinidades y diferencias, conjunciones y disyunciones. El criterio de selección de las obras está sustentado en los escritos de Paz y en la calidad estética de las piezas. Mujer (1974) de Miró es un estupendo ejemplo de su obra abstracta. ¿Por qué no estornudar, Rose Selavy? no es una réplica de Duchamp sino una de las versiones firmadas por el artista. Las obras reunidas en la muestra revelan las afinidades electivas de Paz expresadas en sus escritos sobre arte. Inspirados en ellos hemos mezclando épocas y estéticas distintas, sin limitaciones temporales o geográficas, con el fin de crear un diálo-

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go entre los textos del poeta, las obras y el espectador. Las piezas de Chillida, Felguérez, Soriano y Rojo realizadas en este siglo expresan fielmente el pensamiento estético de Paz acerca de esos artistas. La inclusión de las obras maestras de Henry Moore se justifica por ser uno de los más grandes escultores del siglo XX, que además fue influido por el arte prehispánico. La exposición conmemorativa del centenario de Octavio Paz y del octogésimo aniversario del Palacio de Bellas Artes, conformada por más de 200 obras provenientes de más de 90 museos y colecciones privadas de todo el mundo, fue posible gracias a la fortaleza de las instituciones culturales de México. Atentamente Héctor Tajonar

Respuesta de Blanca González Rosas Señor director:

l señor Tajonar, en su afán de defender la fortaleza de las instituciones culturales de México y justificar la selección curatorial de la exposición En esto ver aquello. Octavio Paz y el arte, soslaya los argumentos esenciales de mi texto: la opacidad en la producción de la muestra, el dispendio del presupuesto público y la conversión de un homenaje en un espectáculo. Lamento que al responder mis preguntas, el señor Tajonar no haya aclarado las razones por las que su contrato por

el Papa anuló el matrimonio de Giovanni Sforza con Lucrecia, y propagaron una serie de falsedades como venganza. Lucrecia… es un ágil, erudito y equilibrado relato que muestra otra interpretación de los Borgia. Sin embargo, sorprenden las notas a pie de página porque la narración, aunque oscila entre la imaginación y el relato puntual, no es un texto académico. O

uso y explotación de un guión museográfico y museológico denominado “Soplo de luz. Diálogos de Octavio Paz con el arte”, haya sido firmado con la Dirección General de Publicaciones de Conaculta cuando, su adaptación como exposición, se realizó en un recinto perteneciente al Instituto Nacional de Bellas Artes. Le recuerdo al señor Tajonar que el guión museológico es la estructura de comunicación museística del concepto curatorial. Transformado en una narrativa visual a partir de la selección de obras de arte u otros elementos, el concepto, cuando está bien configurado, no necesita de recursos retóricos para ser justificado. Sobre Miró, no queda más que mencionar la “Fábula” que le escribió Octavio Paz en la que no menciona sus lenguajes abstractos sino sus abecedarios vivientes: los pájaros, las estrellas, el sol, las constelaciones, los azules y su mirada de siete manos. Atentamente: Blanca González Rosas

CIN E

apuesta t Imcine p

“La jaula de oro”

“La dictadura perfecta”

Al frente del Instituto Nacional de Cinematografía (Imcine), el también distribuidor Jorge Sánchez anuncia entre las metas del año entrante: acercar al cine mexicano (e iberoamericano) a un mayor número de espectadores al fortalecer su difusión por medio de proyectos en las plataformas digitales como Cinema México Michoacán, que arrancó el 11 de diciembre; Filminlatino, sistema de exhibición de cine en internet se lanzará en abril próximo; en tanto que el programa denominado Ibermedia Digital, dirigido a docentes, investigadores, estudiantes y profesionales de instituciones educativas y culturales lo hará en el primer semestre de 2015. 1991 1981 / 28 / 19 DE DE DICIEMBRE OCTUBRE DE 2014

COLUMBA VÉRTIZ DE LA FUENTE

unque en 2014 disminuyó ligeramente el estreno de películas mexicanas (67 contra 101 en 2013) así como la producción nacional (120 contra 126) y hubo menos asistencia (27 millones contra 30 millones de personas), Jorge Sánchez se muestra positivo porque el Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine) que dirige apunta a “crear plataformas digitales”. Y lo sustenta al explicar que del total de estrenos nacionales, ocho superaron el millón de espectadores. En primer lugar está La dictadura perfecta, de Luis Estrada. Sin embargo, causó extrañeza que en la conferencia que Sánchez ofreció a los medios no mencionara a la cinta por su nombre (una sátira política que retrata el poder de la televisión y cómo los niveles de gobierno difícilmente operan sin su colaboración e incluso complicidad). El funcionario sólo se refería a “ocho largometrajes” todo el tiempo. El filme fue visto en salas por 4 millones 125 mil 726 espectadores. Le sigue Cásese quien pueda, de Marco Polo Constandse, con 4 millones 90 mil 731 personas. El tercero en taquilla fue para Cantinflas, de Sebastián del Amo, con 2 millones 820 mil 690 concurrentes, mientras que la cinta de animación La leyenda de las momias de Guanajuato, de Alberto Rodríguez, consiguió 2 millones 296 mil 153 espectadores, y en quinto lugar se situó Qué le dijiste a Dios, de Teresa Suárez, con un millón 689 mil 381 personas.

En la información que Jorge Sánchez entregó a la prensa no se habla de cuáles son las demás cintas taquilleras, porque de las anteriores sólo tres fueron producidas con participación de Imcine; pero según la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica, que coincide con las cinco, destaca en sexto sitio Más negro que la noche, de Henry Bedwell; luego Guten tag, Ramón, de Jorge Ramírez Suárez, y El crimen del cácaro Gumaro, de Emilio Portes. En entrevista se le pide a Sánchez su opinión sobre que La dictadura perfecta haya obtenido el primer lugar, ya que es un tema crítico con respecto al gobierno en turno: “Son 4 millones 125 mil espectadores hasta hace dos semanas, seguramente hará un poco más. Lo que refleja es un interés por conocer determinadas visiones de lo que ocurre en el país. Puede uno compartir o no la posición al respecto, pero lo que sí me queda claro es que ese interés ahí existe y pudo llevar a más de 4 millones de gentes al cine.” –Aunque es muy poca la diferencia, ¿por qué se estrenaron menos películas que el año pasado? –Hay un hecho muy concreto: A finales de 2012, la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados aprobó una cantidad, un poco más de 80 millones de pesos, con lo cual se conformó el Estímulo a la Promoción Cinematográfica (Eprocine), y era un mecanismo que posibilitó que muchas películas se estrenaran, pese a poseer escasas posibilidades comerciales. Eso fue muy sano porque se mostró que con el apoyo necesario, to-

“Club Sándwich”

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dos los filmes merecen un público. “Como ese mecanismo dejó de existir –explica–, entonces al estímulo fiscal Eficine 189 se le destinan 50 millones de pesos al año para distribución de cintas, pero se debe contar con un contribuyente interesado en que la historia se distribuya y se exhiba, y eso ya genera un universo de otra naturaleza porque se debe tener una gestión de alguna manera empresarial para buscar a ese contribuyente interesado y que se interese en la película y que de alguna manera apruebe sus contenidos.” Según Sánchez, “el universo se redujo y es un mecanismo muy nuevo, y ya hay una película que salió con el apoyo de Eficine Distribución que fue Club sándwich, de Fernando Eimbcke, entre otras”. En el informe de Eficine Distribución sobre los montos autorizados –consultado en internet–, se nombran 17 películas que obtuvieron el apoyo, entre las que destacan la multipremiada Güeros, de Alonso Ruiz Palacios, aun sin estrenarse; el documental Eco de la montaña, de Nicolás Echeverría, y Gloria, de Christian Keller, en cartelera desde el 1 de enero próximo. –¿Imcine puede cambiar esa situación respecto a la distribución? –Creo que sí. “Intentamos algo este 2014, pero no lo realizamos bien, organizamos reuniones de empresarios y productores con proyectos, lo hicimos en el DF en dos ocasiones y una vez en Tijuana, aunque no lo logramos bien. Estamos aprendiendo. Vamos a tener que llegar con esos contribuyentes o empresarios interesados a través de la Cámara de Comercio, cosa que no hicimos. Pretendimos hacerlo individualmente; pero no es así. Debe haber un interés colectivo o más extendido entre ese sector empresarial.” –Igual se filmó menos este año, 120 largos en 2014 contra 126. –La producción en el año 2014 sería erróneo adjudicarla a que hubo menor presupuesto, pues dispusimos del mismo dinero para el Fondo de Inversión y Estímulos al Cine (Fidecine) y el Fondo para la Producción Cinematográfica de Calidad (Foprocine). Y en el caso de Fidecine hubo más dinero del que estaba asignado: uno, por recuperación de taquilla, y dos porque hay películas que no llegan a filmarse, por lo tanto se regresa el dinero. “No ha sido por escasés de fondos”, enfatiza: “Creo que hay que cambiar de modelo; pero es muy temprano para hablar de eso. También hay un elemento interno,

C IN E nosotros debimos haber lanzado dos convocatoria de Fidecine y sólo sacamos una, y eso afecta también al desarrollo de las producciones.” Respecto al número de asistentes, dice: “Se paró el número de espectadores, estamos a 0.4% de disminución; pero por segundo año consecutivo se sostiene la cifra de dos dígitos en el porcentaje de asistencia, mayor a 10%, lo que no ocurría desde hace décadas. Desde el 2013 a la fecha, el cine mexicano ha tenido una asistencia de más de 57 millones de personas en las salas cinematográficas comerciales.” También cree que la situación económica influyó para que la gente no acudiera a las salas.

Un 2015 promisorio La meta del Imcine va enfocada, sin embargo, a las plataformas digitales para acercar el cine nacional e iberoamericano a un mayor número de ciudadanos y fortalecer su difusión. Sánchez apunta que desde el 11 de este último mes del año opera Cinema México Michoacán, dirigida a un público familiar, así: con un catálogo de 120 títulos nacionales, 60 largometrajes y 60 cortometrajes, series culturales, de animación, y con personajes destacados del cine mexicano para dar funciones gratuitas y programadas en 99 bibliotecas públicas, 27 casas de cultura, 20 comedores comunitarios y 4 cineclubes. Dicha iniciativa ya fue puesta en marcha en 150 espacios de 100 municipios del estado de Michoacán. “Hemos destinado once millones y medio de pesos”, informa. Argumenta que “Imcine le apuesta al internet” porque México es el usuario 11 en el mundo “de esta red de redes”, y porque, además, existen 9 millones de nativos digitales y es el lugar 24 de acceso a la conexión por la vía celular: “El tiempo es de cinco horas 36 minutos por día, seis veces más que la televisión y la radio, y los usuarios son de los 13 y 24 años, y es muy similar a los que más frecuentan las salas cinematográficas.” Externa con seguridad: “Eso nos da la base para tomar decisiones respecto a las cuestiones relativas a la difusión y a la accesibilidad del cine para los mexicanos. Por ello, trabajamos en tres plataformas digitales.” El estudio anual Hábitos de los usuarios de Internet en México 2014, presentado por la Asociación Mexicana de Internet (Ami-

Sánchez. Cuentas pormenorizadas

pici), reporta 51 millones de internautas en México, si bien no todos cuentan con computadora. Aclara que Cinema México Michoacán “es un piloto, ya que pretendemos para el año 2015 cubrir los estados restantes de la República de tal manera que llegue a ser un programa nacional”. No niega que se hizo esta plataforma dentro de las acciones que se desarrollan a través del Programa Especial de Acción Cultural Michoacán 2014 para la reconstrucción del tejido social en la entidad. Y sin embargo para los especialistas Héctor Díaz Polanco, Alberto Híjar y Tomás Ejea, entrevistados por la reportera Judith Amador en Proceso en el mes de mayo, este programa estará destinado al fracaso si no se corrige el modelo económico que ha pauperizado a las comunidades del estado y se atienden los problemas de corrupción e impunidad. Sánchez adelanta que esta plataforma “probablemente se extienda al estado de Guerrero en 2015, es lo que estamos analizando, en esas regiones donde hay situaciones de extrema violencia, lo que debe estar presente es la cultura y la accesibilidad al cine mexicano”. Para él, la educación y la cultura son componentes de una solución. No obstante, sorprende que en la plataforma de Michoacán no se incluyan cintas sobre narcotráfico, lo cual se le cuestiona, y arguye a su vez que es porque hay niños

en las proyecciones. No es censura, explica, pues lo que se proyecta “va de acuerdo con la preferencia de ese público”. Igual pasa con el programa Cine en Tu Comunidad en Michoacán. Y expone las otras dos plataformas aún sin concluir: Ibermedia Digital está dirigida a docentes, investigadores, estudiantes y profesionales de instituciones educativas, culturales y formativas en México y otros países de América Latina. Estarán disponibles 260 títulos, incluyendo las temporadas 1-5 de Ibermedia TV y 58 documentales de DocTV. Entrará en operación en el primer semestre de 2015. El otro proyecto es Filminlatino, que se lanzará en abril de 2015. Es un sistema de exhibición de cine en línea, dirigido a usuarios individuales con diversas modalidades de suscripción, transacción (con precios competitivos en el mercado) y gratuita. Esta plataforma contará con un catálogo de cine mexicano y del mundo. México será la punta de la lanza, para después continuar con América Latina. Sobre la presencia del cine nacional en los cines, según él, no se ha bajado la guardia; sin embargo, no presentó ninguna propuesta sobre ello. En cuanto al presupuesto para el año que empieza esta semana, señala que es el mismo del 2014, pero advierte que “no estamos exentos de prevenir que pueda haber reducciones a lo largo del año”, dada la situación económica del país.

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Miguel Dimayuga

El tenis nacional, en punto de

quiebre La calidad del tenis nacional ha venido en picada desde hace años y actualmente vive una de sus horas más bajas: sin ningún jugador en la élite –ya no mundial, sino regional– y sin competir en la primera división del continente, los tiempos de “El Pelón” Osuna y Luis Enrique Herrera suenan a mito. En la actualidad, uno de los mejores jugadores se encuentra enfrentado con el director nacional de este deporte: el atleta acusa de incapacidad al dirigente y éste afirma que quienes lo critican eran unos corruptos. Una grieta más en una disciplina que no repunta. “El Tiburón”. Embestida

BEATRIZ PEREYRA

l tenista veracruzano César Tiburón Ramírez y su padre, entrenador del mismo nombre, encabezan un grupo de afiliados a la Federación Mexicana de Tenis (FMT) que exige la renuncia del director nacional de este deporte, Fernando Segal, a quien responsabilizan, junto con el presidente de dicho organismo, Gastón Villegas, de la peor crisis de resultados en el tenis mexicano. El deportista acusa a Segal de ser una persona que no sabe de tenis, que en su país –Argentina– está desprestigiado, pero como tiene facilidad de palabra ha engatusado a Villegas con la promesa de que formará tenistas profesionales ubicados entre los cien mejores del mundo, lo cual, asegura, es falso. De paso, ha tenido carta

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blanca para eliminar a jugadores que no son de su agrado. “La crisis del tenis mexicano no es de ahora. Se habla de tenis como si hubiera existido una estructura de trabajo o un programa, como si hubiera sido una máquina que funcionaba y llegué a romperla. No, señores. Sólo tuvieron buenos jugadores como El Pelón Osuna, Raúl Ramírez y, más para acá, a Jorge Lozano, Leo Lavalle y Luis Enrique Herrera, que ya hace 21 años que estuvo entre los top 100. Punto. Nunca la FMT fue fuerte, nunca tuvo una idea clara, ni un programa de capacitación ni de nada”, dice Segal en entrevista. El director nacional de tenis asegura que las acusaciones de los Ramírez se originaron cuando la FMT comenzó a poner orden. Como ya no pueden hacer “lo que quieren”, señala, se sienten afectados. “Hoy no hay apoyo al jugador que no tiene un plan técnico. Antes llamaban a la

federación para pedir boletos de avión y dinero, pero cuando empecé a preguntar ‘¿cuál es tu plan de trabajo, cuántos puntos vas a ganar, cuál es tu plan médico, psicológico, de preparación física’, se acabó eso. Cambié la forma de operar y cuando haces eso, se dan cuenta de que ya no pueden venir y cobrar sin estar dados de alta en el SAT (Sistema de Administración Tributaria), pidiéndole de favor a un cuate que cobre por ellos. A río revuelto, ganancia de pescadores… como ya no está revuelto ya no pueden hacer lo que hacían antes.”

Director cuestionado Fernando Segal fue contratado por la FMT a finales de 2008, junto con su entonces esposa, Daria Kopsic. Comenzaron a trabajar oficialmente en mayo de 2009. Ambos habían formado parte de la Aso-

D E PORT E S /T E N IS ciación Argentina de Tenis (AAT) en los noventa, cuando se gestó un proyecto de reestructuración del cual salieron tenistas del nivel de Guillermo Coria y David Nalbandian. Cuando llegaron a México, dirigían una organización llamada International Development Tennis Center (IDTC), que se dedicaba a desarrollar programas y proyectos en clubes de tenis. En 2010, un problema personal entre Segal y Kopsic ocasionó que la mujer regresara a su país. Segal se quedó al frente del proyecto que presentaron ante el Consejo Directivo de la FMT y autoridades de la Conade, el cual prevé que para 2016 México tendrá a tres tenistas entre los cien mejores del mundo. De acuerdo con Segal, la FMT le pidió que trabajara únicamente con los juveniles. Los jugadores profesionales de nivel Copa Davis y jugadoras de Copa Federación, es decir, los seleccionados nacionales que representan a México, no estaban bajo su mando. Eso cambió en 2013, cuando Segal comenzó a encargarse de las mujeres y, desde abril de este año, también de los hombres, cuando se disputó una serie Copa Davis ante Perú, en Puebla. Ahí nacieron las diferencias entre Segal y Ramírez. El tenista cuenta que antes de jugar contra Perú, los integrantes del equipo Copa Davis que en ese momento dirigía Jorge Lozano –Miguel Gallardo, Santiago González, Miguel Ángel Reyes-Varela y él– se enteraron por Segal de que el gobierno de Puebla aportaría 200 mil dólares para el certamen, más otros 150 mil de parte de la Federación Internacional de Tenis (IFT), pero la FMT les ofreció pagarles 15 mil dólares, cantidad que les pareció insuficiente. Una noche antes del inicio de la serie, los jugadores manifestaron su deseo de cobrar más y comenzó un jaloneo con Segal, quien le informó a Gastón Villegas de las demandas de los jugadores. “Pedimos 40 mil dólares por jugador y 20 mil por punto ganado, pero más que el dinero pedíamos boletos de avión, hospedaje, alimentación, un entrenador para poder viajar todo el año a torneos para foguearnos y, así, hasta gratis jugamos Copa Davis. Yo invierto unos 120 mil o 130 mil dólares al año en viajes para que la federación me llame y me diga ‘juega y hazle como puedas’. “Lozano fue un mediador, él nos pedía concentrarnos en el tenis, pero quisimos hablar con Villegas y no nos dio la cara. Dijimos que si no nos daban el dinero no jugaríamos. Villegas mandó decir que no jugáramos, pero se enteró que la IFT multaría a la FMT y eso le salía más caro. No les quedó de otra. Se jugó, se ganó (Ramí-

rez perdió el único partido que disputó). Todos felices. Les pagaron a todos menos a mí”, se queja Ramírez. En septiembre México enfrentó a Barbados en una serie donde se disputó el ascenso al Grupo 1 de la Zona Americana. La FMT destituyó el 6 de agosto a Jorge Lozano y nombró a Leonardo Lavalle como capitán Copa Davis. César Ramírez no fue convocado. Su lugar fue asignado al juvenil Lucas Gómez. México perdió dos puntos a tres. “Corrieron a Jorge porque le dijeron que no podía controlar al equipo. Segal no lo quería porque Jorge no dejaba que le ‘sugirieran’ a los jugadores, como Lucas Gómez, que es buen jugador, tiene futuro, pero hoy en día no está al nivel de Copa Davis ni de selección nacional. Disputó el último punto y, obvio, perdió. No tiene la experiencia. Me corrieron a mí porque me acusaron de haber organizado la protesta para pedir más dinero. Jorge me dijo que el Consejo de la FMT quería vetarme.” Según Segal, fue Lavalle quien decidió no llevar a Ramírez. También niega que la Federación tenga o haya tenido la intención de vetar al jugador. En declaraciones a distintos medios y en su cuenta de Twitter, Tiburón Ramírez acusó a Segal y a Villegas de continuar con el veto cuando su nombre no apareció en la lista de seleccionados convocados para los Juegos Centroamericanos Veracruz 2014. Durante semanas, Ramírez y su papá difundieron que se trataba de una venganza y que los federativos le estaban quitando la oportunidad a México de ganar una medalla de oro que ya estaba segura con Ramírez y Santiago González en dobles. Sin embargo, Ramírez (en ese momento 552 del mundo en singles y 129 en dobles) no cumplía con el criterio de selección. En el ranking mundial, los tenistas nacionales mejor ubicados a mediados de septiembre eran Tigre Hank (467), Daniel Garza (524), Santiago González (40 en dobles) y Lucas Gómez (mejor juvenil). Finalmente el tijuanense Hank decidió no participar en los Centroamericanos. Por posiciones en el ranking de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP), Ramírez lo reemplazó. Con Santiago González, Tiburón Ramírez obtuvo medalla de plata en dobles.

Quejas del “Tiburón” De acuerdo con César Ramírez, la FMT no apoya a ningún tenista profesional, situación que, según su dicho, tiene al borde del retiro a Daniel Garza y Miguel Gallardo. Él

ya se retiró de singles y sólo se mantiene jugando dobles gracias a que el gobierno de Veracruz le dio 50 mil dólares este año, al dinero de sus padres, a la ayuda de amigos, a las ganancias que obtiene por premios (en 2014, unos 30 mil dólares) y algún patrocinador que eventualmente le da recursos. “Gasto todo el año para ser el número uno o dos de México, pero la federación no hace nada por nadie, ni por los que están jugando Copa Davis. No hay ningún apoyo. Fui el mejor juvenil de México de los últimos 25 años, estuve en el lugar tres del mundo. Traje a la administración de Villegas una final de Grand Slam del Australia Open, una semifinal en Roland Garros. Era el 400 del mundo con 17 años, era la mejor promesa y nunca recibí un peso de FMT.” –¿En tu tránsito de juvenil a profesional, la FMT y Segal hicieron algo para no darle continuidad a tu carrera? –se le pregunta. –Son muchos factores. Tuve una lesión, pero lo más importante es que no tuve apoyo para poder viajar 25 semanas al año, no tuve un entrenador jamás, viajé solo, sin guía. Nunca tuve una planeación de torneos. Segal es un gran error desde que lo trajeron. Yo lo conocía desde junior. Lo corrieron de la AAT. Es un mentiroso. Dice que ha hecho a Nalbandian y a Coria. No ha entrenado a nadie ni ha hecho a nadie. Los resultados hablan por sí solos. Cuando él llegó ya teníamos tenistas juveniles hechos, lo que necesitamos es dar el brinco de juvenil a profesional. Dijo que lo iba a hacer y no lo ha hecho. No pido que saque estrellas, pero tenistas mejor rankeados sería un resultado. “Vivimos la peor crisis del tenis mexicano. Estamos a dos años de no tener a quién meter a Copa Davis. No hay juveniles ni infantiles. Antes teníamos a cuatro por cada categoría. No hay juveniles entre los mejores 50 del mundo. Reyes-Varela fue 30 del mundo. Hemos tenido 15 top 10 en juveniles y hoy no hay nadie que despunte. Es lo que pasa y va a seguir pasando porque lo que hay es un monopolio de dos tipos.” Segal asegura que sí cuenta con la formación académica para dirigir el tenis nacional. Según su currículo, posee un título y certificación como entrenador nacional nivel 2 de la AAT en convenio con el Instituto Nacional del Deporte. Cuando la reportera le pidió la documentación explicó que los papeles están en Argentina. Desde que llegó a México, nadie ha visto su título. En la AAT nadie quiso dar referencias sobre Segal. La Dirección Nacional de Tenis indica que ha publicado 11 libros y 1991 / 28 DE DICIEMBRE DE 2014

Octavio Gómez

Rama femenil. Otra deuda

sus conocimientos le permitieron crear el Programa Nacional de Tenis que la propia Conade avala y gracias al cual, subraya, antes la FMT recibía 4 millones de pesos al año y este año le asignaron 24 millones. Segal refiere que en el programa de Alto Rendimiento, la FMT apoyó en 2012 a 51 jugadores, en 2013 a 52 y en 2014 a 71, con una inversión de 6.5 millones de pesos sólo este año. Presume como suyos los resultados de las tenistas profesionales Ana Sofía Sánchez (ranking WTA 285), Marcela Zacarías (314), Victoria Rodríguez (322) y Renata Zarazúa (688). También informa que en tres años han certificado a 430 árbitros; que en 2014 en México se realizaron 34 torneos que otorgan puntos ATP y WTA para que los mexicanos sumen sin salir del país y así no gasten tanto en viajes al extranjero; que al programa Circuito Profesionales se le asignaron este año 2.6 millones de pesos y al Infantil-Juvenil otros 2.2 millones, cuando antes la FMT no daba más que pelotas o montos que no llegaban a los 200 mil pesos, y que de 2009 a la fecha han sido capacitados 2 mil 200 entrenadores. “La FMT no entrena jugadores. No hay ningún jugador que pueda decir que no ganó por nuestra culpa, porque las decisiones de sus planes de entrenamiento y cómo llevan sus carreras no las tomamos nosotros. El objetivo de la federación es desarrollar el deporte, que haya más tenistas, y hoy tenemos 750 mil y 750 clubes. El alto rendimiento es una parte y tampoco es nuestra obligación pagarles y darles dinero. No tenemos millones. “Nuestra apuesta está con infantiles y juveniles, no con los profesionales. Los

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canadienses tienen 10 millones de dólares para el programa de alto rendimiento; nosotros tenemos para todo el tenis apenas 2 millones, más los 6 o 7 millones de pesos que se recaudan por afiliaciones. No les podemos dar a todos. Francia tiene 14 millones de dólares. Inglaterra gasta 100 millones y su único top 100 del mundo, Andy Murray, es escocés. El dinero tampoco es la solución. “El tenis en México es social, no es de alto rendimiento. Si quieres ser de alto rendimiento tienes que entrenar más, bajar de peso, y ellos no quieren. César tiene que rendir sus propios exámenes. Tiene 24 años, es un profesional, no puede culpar a otros de sus decisiones, de si decide tener o no un plan nutricional. Es el 690 del mundo (singles). Lucas tiene 19 años y está a 90 lugares de él. Queremos jugadores serios, responsables, con un plan de trabajo. El tenis no es ‘hoy sí entreno, mañana no; hoy me acuesto a las 4 de la mañana porque me voy de antro’. Si no tienes cojones para ser tenista, le echas la culpa a otro. Mejor di: ‘Esta es mi carrera, el fracaso soy yo. Yo soy el que no entreno, el que no hace las cosas bien, soy yo el que no gano, quizá no soy tan bueno como creía’.” A Segal se le acusa de aprovechar su posición de director nacional para promover en los clubes privados su negocio personal a través de la empresa IDTC, que actualmente opera en 11 clubes particulares en el Distrito Federal y otros estados. Pero el argentino aclara que, desde que lo contrató, la FMT sabía que ya tenía ese negocio en siete lugares. “Yo ni me paro ahí, no lo atiendo. Me convendría más hacerlo porque te aseguro que ya estaría en 30 clu-

bes. Gano 94 mil pesos que no pagan todo lo que trabajo. Estoy en la FMT porque me gusta”, aclara. También lo señalan por haberle faltado al respeto a Ana Paula de la Peña, a quien calificó como “vieja” porque se casó, a pesar de que en 2011, junto con Santiago González, ganó medalla de oro en los Juegos Panamericanos; de haber afectado al veracruzano Luis Pilatuña –una promesa juvenil– y a las hermanas Trabulse García, sobre todo a la menor de nombre Mixcóatl, a quien en 2012 la marginó de un premundial sin importar que era la número dos del ranking nacional. “Gastón Villegas decidió poner a Segal en lugar de Javier Gaitán, con quien nunca tuvimos un problema en Copa Davis. Segal lo tiene enamorado porque es un tipo que habla muy bonito, como Gastón no sabe de tenis... No lo culpo de tantas decisiones tan tontas porque él no sabe cómo es llevar a un jugador, lo que necesita un infantil para ser juvenil, luego un profesional y después llegar al top 10. A Segal lo corrieron de Argentina porque no lo bajan de pendejo. Ésa es la realidad. Y bueno, los tenistas no tenemos nada; nos lesionamos y los gastos corren por nuestra cuenta. Diez años después me enteré que tengo un seguro médico, a las giras siempre nos vamos sin entrenador. Hasta en Guatemala, que tiene menos recursos que México, sus tres mejores hombres y mujeres viajan todo el año con entrenador y todo pagado. ¿Por qué en México no hay algo así, si lo paga el gobierno?”, remata Ramírez. Segal manifiesta: “No vas a resolver una crisis de 30 años en cinco. A Villegas le queda año y medio en la FMT; si el que viene no me invita a quedarme, me iré. Estamos sentando las bases para que haya continuidad y el que venga encuentre el tenis acá arriba, no en el suelo, donde lo agarramos. Nosotros somos los agentes de cambio. Les guste o no, los números son claros. Los que están hablando son los que estaban corrompidos, los que vendían partidos, los que regalaban wild cards. ¿Todos en Conade, todos los del Consejo Directivo son tontos? ¿Nadie se da cuenta? ¿Nadie sabe de tenis? Lo que pasa es que yo les digo la realidad a quienes critican, no les doy el avión como se acostumbra en México. Estamos muy lejos del primer mundo. Somos perfectibles, sí; pero estas personas dicen muchas medias verdades y muchas mentiras. Muchos de los que hablan ni me conocen, como el padre de César Ramírez con quien nunca he hablado. César no es un chico malo, pero estamos generando ruido político con los cambios. Cuando eso pasa hay jugadores que son rehenes. Y hay unos que son propensos a ser utilizados”.

DEP ORTES /T E N IS

El dinero

desaparecido L

a Federación Mexicana de Tenis (FMT), por conducto de su directora técnica, Amalia Valassi, aclara que es falso que César Tiburón Ramírez no haya recibido recursos económicos. En un documento entregado a la reportera se asienta que entre 2008 y 2013, este organismo y la Conade le otorgaron 829 mil 106 pesos, de los cuales sigue sin comprobar 122 mil 909. En el documento se lee que en 2008 se le asignaron 140 mil 890 pesos, de los cuales no comprobó 106 mil, razón por la cual, de acuerdo con la reglamentación vigente, en 2009 no pudo recibir dinero. En 2010 se le pagaron 144 mil 652 pesos, de los cuales 135 mil fueron por concepto de honorarios derivado de sus participaciones en Copa Davis. En 2011 recibió 57 mil 938 pesos y, en 2012, 189 mil 653, en tanto que en 2013 la cantidad se redujo a 23 mil 800 porque en ese año el tenista se lesionó y prácticamente no tuvo actividad. Sólo comprobó 6 mil 975 pesos. Valassi entregó una carpeta de casi 200 hojas que contienen las comunicaciones vía correo electrónico que desde 2008 ha sostenido con César Ramírez y con su padre, a quienes en reiteradas ocasiones les pide que comprueben el dinero de boletos de avión, hospedaje, alimentación, transporte y, en general, todos los gastos del atleta en México y el extranjero por concepto de giras para participar en distintos torneos. Se le ha informado qué sí puede comprobar, qué no, el plazo para hacerlo y las características que deben tener los comprobantes para que sean válidos. Asimismo hay evidencias de que la FMT le ha pedido al Tiburón Ramírez que se registre ante el Servicio de Administración Tributaria para que le puedan pagar –mediante recibos de honorarios– el dinero que le corresponde por su participación en los torneos Copa Davis. Valassi aclara que el tenista no ha cumplido con ese trámite y pidió que se le pagara por conducto del Instituto Veracruzano del Deporte, lo cual implicaría violar la normatividad. En la relación de correos electrónicos también destacan las convocatorias que le han sido enviadas para invitarlo a participar en las distintas series Copa Davis o competencias donde como seleccionado nacional representa a México, y se detalla qué día debía presentarse, a qué hora, cuál sería el uniforme que

debe usar y todas las especificaciones necesarias. A pesar de lo anterior, Ramírez ha pedido uniformes que no corresponden a su talla y en algunos torneos se ha presentado con ropa de patrocinadores que no debe utilizar. En el archivo de César Ramírez también se encuentran antiguas peticiones para que asistiera con los médicos de la Conade con el fin de atenderse una lesión en el hombro e incluso que enviara los formatos de inscripción para los Juegos Olímpicos de Londres 2012. A tres días de que se cerrara el trámite, el tenista no había entregado esa documentación a la FMT. La FMT también envió dos hojas que contienen los nombres de los torneos y los años en que ha entregado recursos económicos a los siguientes deportistas entre 2011 y 2013: Santiago González (552 mil pesos), Daniel Garza (577 mil), Miguel Ángel Reyes-Varela (256 mil), Lucas Gómez (509 mil), Renata Zarazúa (400 mil), Marcela Zacarías (500 mil), Ana Sofía Sánchez (530 mil) y Victoria Rodríguez (363 mil). Aunque no proporcionó las cantidades, entregó una lista de 36 hombres y 34 mujeres que recibieron dinero de la Conade en 2014 y algunos otros de parte del Fideicomiso para el Desarrollo del Tenis (FDT). Entre los beneficiados se encuentran Lucas Gómez, Luis Patiño, Kevin Carpenter, Alan Rubio, Santiago Suárez, Ana Sofía Sánchez, Victoria Rodríguez, Alejandra Cisneros, Mar-

Octavio Gómez

BEATRIZ PEREYRA

cela Zacarías, Renata Zarazúa, Constanza Gorches y María José Portillo. En el FDT participan 10 empresarios que son amigos de Gastón Villegas. Esos hombres de negocios, explica Valassi, aportan distintas cantidades porque les gusta el tenis. Las sumas van desde los 50 mil hasta los 300 mil pesos, con lo que se pagan las carreras de algunos tenistas juveniles. En la lista de empresarios destacan Carlos Gómez y Gómez, presidente de Banco Santander, y Rolando de Vega Sáenz, de Seguros Atlas. Fernando Segal funge en el fideicomiso como asesor técnico, hace recomendaciones acerca de quiénes son los tenistas con mejores oportunidades de desarrollo y, en función de sus comentarios, se determina quiénes pueden beneficiarse con recursos o quiénes deben salir por bajo rendimiento. Hoy día se apoya a 10 tenistas, cinco hombres y cinco mujeres. En el caso de Lucas Gómez, a quien acusan de ser el tenista más beneficiado, Valassi explica que Carlos Gómez y Gómez decidió apadrinarlo por mera simpatía. El muchacho estuvo entrenando varios años en Chile con Patricio Rodríguez, quien durante años trabajó con jugadores importantes como el ecuatoriano Nicolás Lapentti, el argentino José Luis Clerc y el chileno Nicolás Massú. Gracias a esos apoyos, Gómez entrena ahora en España con un exentrenador de Rafael Nadal. Con 18 años, en abril de este año, Gómez derrotó al colombiano Alejandro Falla, rankeado 70 del mundo, en el San Luis Open Challenger. Finalmente Valassi explicó que el director de torneos, Javier Gaytán, dejó de laborar en la FMT porque la endeudó con la Federación Internacional de Tenis. El organismo nacional tuvo que pagarle al internacional 1.8 millones de pesos. O

Segal. Devolver el saque

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Acerca de El pleito Villanueva-Valadés revela fisuras en Jurídicas de la UNAM

De Diego Valadés Señor director:

n el número 1986 de la revista Proceso, correspondiente al pasado 23 de noviembre, aparece una entrevista a Ernesto Villanueva hecha por el señor Álvaro Delgado (página 37). Entre otras falsedades, el entrevistado afirma que

tengo en propiedad 10 inmuebles en Estados Unidos, de los cuales afirma tener “direcciones, números telefónicos y ubicaciones en Google”. Muy atentamente le solicito que esa revista confirme los datos que el entrevistado afirma poseer, y haga públicos los resultados. Aprovecho para saludarlo con la mayor atención. Atentamente Diego Valadés

En torno a Facturas chuecas en el deporte mexiquense De Fidelmar Marmolejo Maldonado Señor director:

ucho le agradeceré publicar en Palabra de Lector la siguiente ampliación del excelente reportaje-investigación realizado por Raúl Ochoa, titulado Facturas chuecas en el deporte mexiquense (Proceso 1990). Es muy importante aclarar que deportistas. edomex@gmail.com ya había enviado desde el 27 de septiembre de 2013 una carta al señor gobernador Eruviel Ávila Villegas, con copia al secretario de Educación, Raymundo Édgar Martínez Carbajal, y al titular de la Contraloría, Alejandro Germán Hinojosa Velasco, en la cual alertábamos de las anomalías y corruptelas que se presentan en la administración del Instituto Mexiquense de Cultura Física y Deporte (Imcufide), a cargo de Fernando Fabricio Platas Álvarez. Inclusive, el pasado 28 de mayo de 2014 tres exempleados, quienes habían sido despedidos injustificadamente, entregaron en la oficina del gobernador un escrito y una carpeta de 125 fojas probatorias de las anomalías e irregularidades observadas, y en audiencias banqueteras se comentó a los asesores del secretario de Educación profesor Constantino Cepeda de Cello y licenciado Raúl

Talavera que había la presunción de graves anomalías en la administración del Imcufide, pero no nos creyeron, nos ignoraron y nos dieron atole con el dedo en el planteamiento de nuestras peticiones. Por ello decidimos hacer público el problema, con gente profesional en el periodismo y no con periodiquillos y periodistas agachones y chayoteros, como los que abundan en el Estado de México. También es importante que se conozca que el pasado 11 de diciembre se presentó ante la Secretaría de la Contraloría la denuncia para que se investiguen y auditen los contratos y convenios firmados por esta administración con particulares, así como los gastos de viaje de los señores Guillermo Armando Gutiérrez Martínez, Sergio Noreña Cortez, Eduardo Hernández Rodríguez y Blanca Amairani Morán Díaz. Se pidió asimismo que al concluir dichas indagatorias se finquen responsabilidades a todos los involucrados en los delitos, ya que son graves y la Contraloría debe actuar en consecuencia, sin dilación ni protección para nadie, porque la ciudadanía se siente engañada al ver que las instituciones no actúan ante tanta corrupción e impunidad. Atentamente Fidelmar Marmolejo Maldonado

A propósito del “boicot electoral” De Santiago Cardoso Villegas Señor director:

no podría pensar que la imagen del Infierno de Dante corresponde al fuego eterno. Sin embargo, la Divina Comedia lo describe como

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un lugar helado, sin movimiento, carente de vida, “donde se cristalizan las lágrimas de los ojos”. Así se podría describir el Gélido Infierno Mexicano. Byung-Chul Han, en su libro La sociedad del cansancio, nos habla del exceso de “positividad” que permea en la sociedad actual, en la cual se perfecciona lo idéntico, lo homogéneo, el horizonte sin fin de la planicie helada, que inhibe

cualquier “diferencia” como en el inerte Infierno que vive México, bajo los rayos del “silencio del sol” en donde el “otro” constantemente muere. El sistema inmunológico es usado por Byung-Chul Han para explicar la idea de la “positividad extrema”. En un cuerpo sano, cualquier agente patógeno, cualquier “negatividad” genera una reacción para acabarla. Una vacuna es una negatividad negativa atenuada, porque deliberadamente se introduce un cuerpo extraño con el objeto de generar anticuerpos. Sin embargo, cuando el sistema inmunológico enferma, es imposible distinguir lo “extraño”, se privilegia lo “mismo” en aras de una “promiscuidad” generalizada y se pierde la identidad del “otro” y de la “extrañeza”. México está enfermo de positividad extrema; de una positividad que inhibe la negatividad de la negatividad, como es el caso del discurso de Martí Batres. En el gélido glaciar del Infierno Mexicano vemos petrificadas a las instituciones del Estado, a la clase política, a los partidos, magistrados, gobernadores, procuradores, hundidos en el hielo sin posibilidad de percibir los atisbos “diferenciadores” portadores de cambio, de la vida que lucha por surgir, expresada en los más caros anhelos y esperanzas de los mexicanos. En la monotonía del Gélido Infierno Institucional Mexicano muere la conciencia, acaban las relaciones con el “otro” en el más elemental sentido de caridad, y los mecanismos que nos impiden identificarnos con las necesidades del “otro”. Esta cegadora blancura es el campo fértil para que Martí Batres pueda decir que el “tema estructural más importante es la entrega del petróleo”, siendo que, como lo señala Javier Sicilia, son las víctimas, esas por las que ustedes (Morena) sólo se han preocupado recientemente, y sólo por cuestiones electorales, y la violación de sus derechos humanos, que existen antes de las reformas estructurales del peñismo y son la dolorosa consecuencia de la corrupción del Estado”. Evidentemente, en todos los sistemas de gobierno existen actos de corrupción, los cuales, como “diferentes”, son extirpados y aniquilados

A LOS LECTORES 1. Toda carta dirigida al semanario Proceso deberá contener nombre y firma de su autor, una identificación fotocopiada o escaneada (de preferencia credencial de elector, por ambos lados), dirección y, en su caso, teléfono o correo electrónico. Si el remitente sólo desea publicar su nombre, lo indicará; de lo contrario, el resto de sus datos también podrían ser difundidos. 2. Ninguna carta tendrá una extensión mayor de dos cuartillas, es decir, no más de 56 líneas de 65 caracteres cada una. 3. La correspondencia no incluirá documentos probatorios de lo denunciado; se publicará conforme a su turno de llegada, y podrá ser enviada por correo, entregada personalmente, transmitida por fax (56-3620-55) o dirigida a sloya@proceso.com.mx. 4. La sección Palabra de Lector cierra los miércoles de cada semana.

PALABRA DE LE C T O R por las instituciones, por ese sistema inmunológico institucional que corresponde a un organismo sano para evitar su propagación al cuerpo social. El problema en México es que nos hallamos ante un Estado corrupto desde los presidentes de la República hasta el más modesto servidor público; esa es la “homogeneidad”, es lo “idéntico” que, como sello de identidad, afirma y distingue la “positividad” del Gélido Infierno Mexicano. Para solucionar este problema “sistémico” es necesaria una refundación del orden institucional mexicano y, definitivamente, la propuesta del boicot electoral apunta en esa dirección. Sin duda alguna, la posición de Martí Batres va en el sentido de la “positividad” a ultranza que descalifica cualquier atisbo de “diferencia” que nace de la creatividad y de la imaginación. Su propuesta, sigamos con “más de lo mismo”, simplemente mantendrá convenientemente administrado el Infierno en que vivimos. La imaginación es la posibilidad de la esperanza, como lo es de cualquier esfuerzo creador, y su concreción implica la lucha pacífica contra un Estado congelado que inhibe una vida de justicia y dignidad. A esta voluntad creadora de esperanza que emana del mandato de todos los mexicanos debe corresponder un esfuerzo similar de imaginación y magnitud por parte del Estado que restablezca el orden institucional, la paz y la esperanza en nuestro país. En este sentido, la convocatoria de un nuevo Constituyente sería el desenlace deseable de cualquier lucha social pacífica. Byung-Chul Han señala “(…) que un paradigma (la democracia) que sea de forma expresa elevado a objeto de reflexión es a menudo una señal de su hundimiento”, y, ciertamente, lo es en el caso de la actual “democracia” mexicana. Es evidente que no funciona; afirmarlo es crear una ilusión y engañar al pueblo de México. Por lo anterior, y aceptando la corrección fraterna que me hizo Javier Sicilia en Proceso 1990, apoyo y me sumo a la idea del boicot electoral para el 2015. Atentamente Santiago Cardoso Villegas San Luis Potosí, SLP

Niegan maestros datos oﬁciales que los ligan a grupos subversivos Señor director:

os que suscribimos, Gustavo Adolfo López Ortega, Filiberto Meza Prieto, Augusto Fernando Reyes Medina y Nicodemus Hermilo Baltazar Vázquez, miembros activos de la sección XXII del SNTE y militantes de la CNTE, nos dirigimos a usted con la finalidad de aclarar la nota titulada Ante la pesadilla de Iguala, las guerrillas despiertan, firmada por José Gil Olmos en Proceso 1983. En la página 8, segunda columna, el párrafo cuarto hace alusión a nuestras personas en los siguientes términos: “Según la documentación gubernamental a la que este semanario tuvo acceso (Proceso 1981), son ocho los activistas presuntamente ligados con los ‘grupos subversivos’: Gustavo Adolfo López Ortega, del Frente de Izquierda Revolucionaria (FIR), a quien se identifica como ‘uno de los mandos principales del EPR en Oaxaca’; Filiberto Meza Prieto, de la Sección 22 del SNTE (adscrita a la CNTE), ‘uno de los ideólogos de la célula del EPR en Oaxaca’; Augusto Fernando Reyes Medina y Nicodemus Hermilo Baltazar Vázquez, también de la Sección 22, ‘a quienes se les vincula con el EPR’”. Por lo anterior, nos permitimos aclarar lo siguiente: 1. La lucha de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) ha sido abierta y pública en sus 34 años de existencia. 2. Como principio tenemos el respeto a todas las formas de lucha, pero en particular la CNTE ha utilizado prioritariamente la movilizaciónnegociación-movilización para la solución de sus demandas. 3. Rechazamos enérgicamente que el gobierno federal o estatal, así como cualquier otra dependencia, nos vinculen con grupos armados

o ajenos a los problemas que planteamos, y que son principalmente demandas educativas y sociales. 4. Sostenemos que lo publicado respecto a nuestras personas es totalmente falso y exigimos una publicación aclaratoria en este medio. 5. Sostenemos que el gobierno federal da muestras de confundir a la sociedad para lograr sus objetivos de criminalizar la protesta social y generar la división entre grupos en lucha. En los últimos meses el actuar de la fuerza pública ha consistido en fincar responsabilidades a personas inocentes que nada tienen que ver con los hechos y el desorden social que se viven en la actualidad, por lo que no dudamos en concluir que se trata de una intimidación con la pretensión de que callemos y hagan otro tanto todos aquellos que hoy luchan contra el mal gobierno. Mantendremos nuestra posición de defender la educación pública y buscar la democratización del SNTE y del país. Atentamente Por la Educación al Servicio del Pueblo Sección XXII Oaxaca Gustavo Adolfo López Ortega, Filiberto Meza Prieto, Nicodemus Hermilo Baltazar Vázquez y Augusto Fernando Reyes Medina (responsable de la publicación)

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