Judicial Felix Crous - Titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad
“En la Argentina se persiguen los eslabones más bajos del narcotráfico”
BAE Negocios www.baenegocios.com Martes 3 de diciembre de 2013
Ricardo A. Guibourg
La justicia con sobrecarga y demoras
CIBERCRIMEN La pornografía infantil encabeza la lista de delitos El 77% de los casos que ingresan en el Equipo Fiscal Especializado en Delitos y Contravenciones Informáticas de la Ciudad de Buenos Aires son por pornografía infantil, le siguen el acceso ilegítimo, el daño informático y el hostigamiento o amenazas
Sabrina Santopinto ssantopinto@diariobae.com
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vanzan épocas en las que los delitos cometidos mediante el uso de las nuevas tecnologías o a través de las redes sociales se ponen en primera plana y no sólo es necesario que la legislación se adecue a esta problemática sino que también se debe avanzar en capacitación a los actores judiciales que se van a enfrentar cada vez a mayor cantidad de casos en la materia. Lo cierto es que en la Argentina aún existen serios vacíos legales para juzgar estos delitos y, de hecho, hay muchos casos en que los jueces terminan archivando las causas relacionadas con las nuevas tecnologías por
“no saber cómo manejar estas causas”. El Centro de Investigaciones Inocente, que depende de Unicef, publicó un informe en el que registró 16.700 casos de abusos sexuales contra menores en diferentes páginas web de todo el mundo durante
Según datos de Unicef hay 16.700 casos de abusos sexuales contra menores en diferentes páginas web de todo el mundo 2011. El año anterior, la cifra era de 10.600. En el plano legislativo, hasta el 2008 no había ninguna norma que tipificara los delitos cometidos a través de medios informativos, hasta que la ley 26.388 logró que se introdujeran ciertos cambios en el Có-
digo Penal para que se pasaran a contemplar delitos como el acceso indebido a sistemas informáticos, la comercialización y o distribución de material pornográfico de menores de 18 años, se equipararon las comunicaciones electrónicas con la correspondencia epistolar y se contempló el daño informático, entre otros. Pero la realidad es que el boom de las redes sociales y de las tecnologías llevó a que la legislación quedara vieja y, por consiguiente, no evalúa ciertas conductas delictivas como por ejemplo puede ser el ciberacoso. En conversación con BAE Judicial, la titular del Equipo Fiscal Especializado en Delitos y Contravenciones Informáticas de la Ciudad de Buenos Aires, Daniela Dupuy, explica que el mayor porcentaje de los delitos que ingresan en la fiscalía corresponden al
tráfico de pornografía infantil. “Estas denuncias se inician a través del FBI, porque que Estados Unidos obliga a los proveedores de servicios de internet informarle a Missing Children cuando detectan algún incidente de material pornográfico que involu-
Las denuncias por los delitos contra los chicos se inician en el FBI, llegan a la Policía Federal y de ahí pasan a la fiscalía cre a menores de edad, de ahí se informa al FBI, luego al área especializada de la Policía Federal y posteriormente a nuestra fiscalía”. Ejemplo de esto son “dos investigaciones muy grandes que llevamos adelante sobre pornografía infantil y abuso de menores,
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una iniciada en Chile y la otra en España, en donde se pudo determinar que había una persona conectada que intercambiaba material pornográfico con personas de diferentes países, entre ellos Argentina. Hicimos un allanamiento en conjunto con todos los países involucrados –fueron 109 allanamientos, 30 de los cuales fueron realizados en la Argentina– y ahora estamos en camino de seguir adelante con esta investigación”, explica Dupuy.
cialistas al momento de llevarse a cabo las investigaciones, que tengan por fin el correcto manejo de la evidencia que, eventualmente, se utilizará en una instancia de juicio oral y público”.
Base de pedófilos El progresivo aumento de ingreso de casos de pornografía infantil llevó a que desde la fiscalía especializada de la Ciudad se creara una base de datos de las personas que fueron halladas en poder de material pornográfico con imágenes de menores de edad. “Esto nos permite cruzar información con otros organismos nacionales o internacionales para tener conocimiento acabado del perfil de los imputados”, explica Dupuy. En este plano donde se busca avanzar en la persecución cada vez más especializada de estos delitos, que ponen en peligro a los menores, la fiscal advierte que existen ciertos obstáculos legislativos como “la falta de legislación de determinadas modalidades delictivas que lleve a que determinadas acciones no queden impunes”. Asimismo, en lo que respecta a la ley procesal, sostiene que existen determinadas medidas probatorias que los fiscales deben pedir y para esto deben “hacer un esfuerzo para adap-
La investigación judicial Desde la fiscalía advierten la necesidad de avanzar con determinadas reformas procesales para que se pueda seguir la huella de este tipo de delitos. “Es fundamental reformar las normas procesales. No es lo mismo la recolección de la evidencia digital de la recolección de prueba física a la que refiere la mayoría de los códigos de procedimiento”, sostiene Dupuy al tiempo que advierte que existe una serie de temas susceptibles al menos de ser discutidos para analizar la posibilidad de introducirlos en los códigos, como, por ejemplo, el agente encubierto, la solicitud de preservación y obtención de datos, la validez de la prueba obtenida en otro país, el registro de co-
Desde la fiscalía especializada advierten la necesidad de introducir reformas a las normas procesales sas físicas versus el registro de datos; la posibilidad de aplicar un software judicial a distancia, cuestiones de competencia, utilización de tecnología de cifrado, etcétera. Por otro lado, destacan la importancia de fortalecer los mecanismos de cooperación internacional. “En muchos casos los procesos de transferencia de datos afectan a varios países. Cuando el delincuente no se encuentra en el mismo lugar que la víctima, la investigación requiere la cooperación entre
Es necesario abordar el delito de la pornografía infantil en las redes sociales mediante un trabajo conjunto a nivel internacional las autoridades competentes de todos los países que resulten afectados”, sostienen desde la fiscalía. El principio de soberanía nacional no permite que un país lleve a cabo investigaciones dentro del territorio de otro país sin el expreso permiso de las autoridades locales. Por lo tanto, las investigaciones deben realizarse con el apoyo de las autoridades de todos los países implicados. “En la mayoría de los casos se dispone de un breve tiempo para que la investigación sea exito-
sa. Sin embargo, el clásico régimen de asistencia mutua presenta evidentes dificultades cuando se trata de investigaciones de ciberdelitos, pues los procedimientos son muy largos”, señala la fiscal. Asimismo, conforme lo analizan los especialistas, se debe tener en cuenta la volatilidad de la evidencia digital, ya que, a diferencia de la evidencia física, la digital es “frágil, anónima, duplicable, alterable, modificable y eliminable. Tales características demandan la exigente labor de los espe-
tarse a la letra procesal”, dado que el Código no contempla los delitos informáticos. Ajustar la legislación de fondo, avanzar con una reforma procesal, estrechar todos los vínculos con el sector privado a fin de que podamos acceder a la información necesaria para continuar adelante con las investigaciones y la cooperación internacional son algunos de los puntos principales sobre los que se busca trabajar en 2014 para fortalecer el trabajo para desbaratar las redes de delitos informáticos.
Creación de una fiscalía especializada en la justicia nacional Ricardo Saenz* Especial para BAE Negocios
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a existencia y el afianzamiento de la fiscalía especializada en la Justicia de la Ciudad Autónoma nos interpela y desafía acerca de la eventual creación de un organismo similar en el ámbito nacional. La cibercriminalidad constituye hoy una amenaza global para todas las sociedades, que requiere de los Estados un particular compromiso con su combate, el cual, sin duda, requiere una actuación concertada a nivel internacional. Tanto el autor como la víctima del delito pueden encontrarse en cualquier lugar del mundo, los tipos de delitos adquieren las modalidades más diversas atacando muchos bienes jurídicos, y la evolución del modus operandi es constante. Todo ello hace fundamental que los órganos competentes de los Estados trabajen firmemente, tanto en la armonización de sus respectivas legislaciones –camino ya emprendido por nuestro país– como en la toma de medidas que hagan más eficaz el combate de esta nueva forma adquirida por el delito. Además, no hay que perder de vista que en los casos, por ejemplo, de bandas internacionales que distribuyen onerosamente imágenes de pornografía infantil, o que lucran defraudando a través de maniobras electrónicas particulares o involucrando cuen-
tas bancarias, estamos en presencia de verdaderos casos de delincuencia organizada transnacional. Siempre hemos sostenido que la lucha contra la ciberdelincuencia se apoya en tres ejes principales. La reforma legislativa, la cooperación internacional y la capacitación de las agencia estatales que intervienen en su investigación. Hace ya algunos años la capacitación ha tomado la forma de la especialización. Se reconoce internacionalmente que no es posible pretender que todos los operadores del sistema penal estén permanentemente actualizados sobre las nuevas formas que adquieren estos delitos, apoyados en el constante desarrollo de la tecnología. La tendencia cada vez más clara consiste en la creación de unidades especializadas (fundamentalmente de fiscales y policías) que se encarguen de estas investigaciones, sea en forma directa o en la forma de asistencia y colaboración a las unidades regulares de cada institución. La especialización asegura la preparación específica y reforzada para la investigación y persecución de fenómenos criminales especialmente graves o complejos, una mayor aproximación a los problemas de los ciudadanos, la potenciación del principio de unidad de actuación (una característica clásica de los Ministerios Públicos), y la coordinación
de investigaciones llevadas a cabo en diferentes jurisdicciones territoriales. En lo personal, llevo ocupándome de esta cuestión desde abril de 2000, en que fui designado fiscal coordinador del estudio de las cuestiones relativas a la investigación y persecución de los delitos informáticos. Considero imprescindible encarar el estudio de esta problemática con el objetivo de lograr mejores herramientas legales y de capacitar a los fiscales para encarar más eficazmente la investigación y persecución de esta nueva forma de criminalidad. La experiencia acumulada en estos años me lleva al convencimiento de que es el momento de dar un paso más en la participación del Ministerio Público Fiscal Argentino en el desafío que platean estas nuevas formas de criminalidad. Es decir, entiendo que hay que superar el estadio de la capacitación para encarar la investigación eficiente y coordinada de estos delitos a través de una unidad especializada, en concordancia con los lineamientos de política criminal que la Procuración General de la Nación ha implementado en los últimos años, a fin de satisfacer las necesidades de generar espacios institucionales que eleven los índices de eficiencia de la persecución penal y, en consecuencia, del actual sistema de administración de justicia. En
este sentido se ha publicado la semana pasada en la página institucional Fiscales.gob.ar un reportaje al especialista Víctor Moreno Catena, reconocido catedrático español, que destacó la necesidad de fiscalías especializadas para enfrentar la delincuencia organizada. Para terminar, debemos señalar que en el ámbito de la región iberoamericana se ha hecho especial mención a esta necesidad. En efecto, en las reuniones de ministros de Justicia u otros ministros, procuradores o fiscales de las Américas, de la OEA (Remja), durante la Sexta Reunión del Grupo de Trabajo en Delito Cibernético, celebrada el 21 y 22 de enero de 2010 en Washington D.C., se recomendó, a fin de “fortalecer y consolidar la cooperación hemisférica en la prevención y el combate contra el delito cibernético”, que “los Estados que aún no lo han hecho, en el menor plazo posible, establezcan unidades o entidades encargadas específicamente de dirigir y desarrollar la investigación y procesamiento de delitos cibernéticos y les asignen recursos humanos, financieros y técnicos necesarios para el desempeño de sus funciones en forma eficaz, eficiente y oportuna”. *Fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal
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FÉLIX CROUS
El titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad sostiene que falta mucho por avanzar en la ruta del delito y advierte la necesidad de que se amplíen las investigaciones para llegar a los altos eslabones de estas organizaciones dedicadas al contrabando judicial@diariobae.com
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rous está al frente de la procuraduría especializada creada por la cartera que conduce Alejandra Gils Carbó, mediante la que se avanza con el foco puesto en trabajar de manera articulada para perseguir el narcotráfico desde todos los ángulos de la cadena delictiva. “Como tendencia, en el último tiempo se mejoró el desarrollo de la calidad de las investigaciones, que van desde el proveedor de insumos hasta el destinatario. Esto es un salto cualitativo. El detenernos en el fetiche de la mercadería incautada es un defecto en el que incurrimos, porque en cuanto al crimen organizado lo que importa es el valor de la sustancia, lo cual se transforma en activos que entran en la rueda del lavado de dinero”. Consultado sobre la cantidad de detenidos por este crimen, Crous indicó que “existe un alto porcentaje de población presa por contrabando de estupefacientes y el mayor porcentaje son detenidas mujeres que han hecho del contrabando su forma de vida”. “Hay que direccionar los esfuerzos hacia el eslabón más débil del narcotráfico, pero debemos seguir el hilo conductor de la organización que está detrás”, explico el fiscal. –¿Cómo ve la problemática del narcotráfico en Argentina? –Nosotros podemos saber qué es lo que ingresa en el sistema de investigación criminal, pero hay una llamada cifra negra. Los números de la investigación judicial pueden ser leídos de dos modos: uno es que si en el sistema ingresan más casos es porque se los detecta, lo cual es auspicioso. La otra visión es que hay más casos y por eso ingresan más en el sistema. Las cifras que tenemos marcan un panorama heterogéneo en Argentina y hay que analizarlo provincia por provincia, si bien ahora se instaló como un tema de coyuntura el NOA, lo venimos investigando hace tiempo por lo que no es novedad para nosotros. –¿En la Ciudad se concentra más fuertemente la detección de casos? –Si, dado que en el área Metropolitana vive un tercio de la población de la República Argentina. Por otro lado las estadísticas muestran también que si uno ve la persecución de los delitos menos importantes, en el área Metropolitana baja con respecto a otras áreas del país. Para mostrar eficacia por parte del Estado se persiguen delitos menores como el dealer, la persona que fuma marihuana en la plaza, y demás casos que impactan en el sistema estadístico. –¿Cuál es el tipo de delito vin-
“En Argentina se persiguen los eslabones más bajos de la cadena del narcotráfico”
“Se están llevando a cabo investigaciones trazables que van desde el proveedor hasta el destinatario” culado con el narcotráfico que más se evidencia en el país? –Nosotros tenemos una alta incidencia de la persecución de los eslabones más bajos. Como tendencia en el último tiempo se mejoró el desarrollo de la calidad de las investigaciones. Se están llevando a cabo investigaciones trazables que van desde el proveedor de insumos hasta el destinatario. Esto es un salto cualitativo. El detenernos en el fetiche de la mercadería incautada es un defecto en el que incurrimos porque en cuanto al crimen organizado lo que importa es el valor de la sustancia, lo cual se transforma en activos que entran en
“Argentina es un país de paso por su ubicación geográfica, pero también es productor de sustancias” la rueda del lavado de dinero. –¿Qué resultados fueron arrojando las investigaciones realizadas? –Nosotros somos una instancia de colaboración con los fiscales. Se está trabajando muy bien. De hecho hace poco terminamos con una cocina de cocaína muy grande en la ciudad de Rosario con el decomiso de uno de los insumos que torna más vulnerables a las organizaciones porque deben exponerse para conseguirlos, me refiero a los precursores químicos, y en ese sentido se avanzó mucho.
–¿Argentina dejó de ser un país de paso para concentrarse en la producción? –Es seguro sí que es un país de paso por su ubicación geográfica. También es seguro que es un país de producción por una cuestión muy sencilla: producir sustancias prohibidas por la ley –como la cocaína– no es algo muy complejo, pero trasladar la cocaína de los lugares de producción tradicionales a Argentina es algo muy riesgoso y de altos costos, por eso es más accesible producirla acá. –¿Hay muchos presos en el país por casos de narcotráfico? –Tenemos mucha población detenida por contrabando de estupefacientes y el mayor porcentaje son detenidas mujeres que han hecho del contrabando su forma de vida. Hay que direccionar los esfuerzos hacia el eslabón más débil del narcotráfico, pero debemos seguir el hilo conductor de la organización que está detrás. –¿Trabajan en conjunto con la Procelac para seguir el rastro de lavado de dinero? –Sí. Estamos poniendo energía en la cuestión de la incautación de bienes. Tenemos un caso por ejemplo de un instituto educativo de corrientes, una escuela privada que se financiaba del narcotráfico… este establecimiento fue transformado en una institución de rehabilitación de chicos, por ejemplo. Argentina está muy atrasada en esta área básicamente porque hay una tensión
entre la Corte y el Ministerio de Justicia respecto de quién registra los bienes incautados; no hay un organismo de administración centralizado y, sin embargo, esto lo administran los jueces, y esto genera resultados improductivos. No hay tampoco un sistema de remates y subastas eficaz. –¿Qué lectura hace sobre el fuego cruzado entre la Corte, el Ministerio de Justicia y el Consejo de la Magistratura por el tema de la atención al problema del narcotráfico? –Si hay juzgados que han sido creados y no han sido instrumentados, desde luego que hay una carga de trabajo acumulada.
“El mayor porcentaje de detenidas por contrabando de estupefacientes son mujeres” Pero la verdad no entiendo porque este tema apareció ahora. A esto hay que sumarle un problema para hacer una previsión racional: no vamos a poder avanzar hasta que no tengamos un sistema de enjuiciamiento más racional; es decir, fiscales que investiguen y que los jueces cumplan su rol… un sistema acusatorio. A esta altura es una obviedad, todas las provincias menos Santa Fe lo tienen. Si la carga de trabajo del fiscal del próximo año dependerá de la voluntad del juez; es decir, si le delega o no las investigaciones, cómo hacemos
nosotros para calcular los recursos que vamos a necesitar. El sistema es absurdo e irracional. –¿Cuál es la gravedad de esta problemática en la provincia de Córdoba donde hay personal policial sospechado? –Sin dudas la policía está involucrada. Estoy convencido de que un fenómeno masivo no podría tener la magnitud que tiene si quienes tienen el control del territorio no tuvieran un grado de connivencia o de regulación sobre ese crimen. El delincuente que vende drogas, al que le hacen una cámara oculta, es socio del comisario de la jurisdicción, no hay más vueltas. El dealer de cualquier pueblo que vende drogas y no lo toca, es socio o empleado de la policía. ¿Cómo se combate esto? Teniendo el control político y el dominio de las policías y creo que la municipalización de la policía es una gran ayuda para esto. En las investigaciones que llevamos adelante la policía tiene distintos estamentos que investigan y se cuidan de la propia policía. Hay una pregunta para hacerse: las provincias que tienen una policía menos corrupta tienen menos narcotráfico, esto se debe a que, ¿corrompieron menos a la policía, o al haber policía menos corrupta no llega el narcotráfico? –¿Y cómo avanza la Justicia en los casos de narcocriminalidad? –La justicia federal actúa. Ahora, la detección de esto depende de los recursos que tengan las propias instituciones. No alcanzarán los mejores jueces y fiscales del mundo para purificar una institución degradada. El tema de Córdoba impactó fuertemente, atravesó a la cúpula de la policía y se avanza con una investigación que crece día a día en su campo abarcativo. –¿Cuáles son las zonas más críticas? –Si miramos las estadísticas no hay contrabando de estupefacientes en Bahía Blanca lo cual es llamativo si entendemos que se trata el primer puerto de exportación de Argentina. O hay unos niveles de eficiencia de la Aduana enormes, o todos tienen un apego a la ley increíble, o pasa todo. Para mí esa zona es crítica porque esos números no parecen reales. Otras cifras llamativas por ejemplo son las muertes en Rosario: si me mido por lo que se decomisa en Rosario debo determinar que no se está ante una situación crítica, pero si veo los otros indicadores que demuestran que tiene el número de homicidios más alto de Argentina la visión es otra. Si a esto sumo el caso de Córdoba en cuanto a que la droga se decomisaba y se la robaba la policía, no me importa cuánta droga se secuestra sino que el problema es el Estado comprometido.
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É
ste ha sido un año duro para los jueces. Pero el torbellino ha ido aquietándose y la crisis, como siempre, pasará hasta que llegue la próxima. Un momento de relativa calma es la oportunidad para examinar en serio los problemas reales. Y la administración de justicia no carece de ellos: está sobrecargada de tareas, sus demoradas resoluciones son cada vez menos predecibles y la opinión pública, de hecho, no confía en los jueces, lo que no impide a los ciudadanos recurrir a ellos para plantearles problemas no sólo individuales sino también colectivos. Así como son muchos los problemas, son diversos los cursos de acción que se requieren para resolverlos. Examinemos los más importantes. Ante todo, hay que normalizar el sistema de selección y destitución de magistrados. La Constitución ha buscado reducir la influencia política en temas tan delicados, pero la realidad no ha hecho más que ir en sentido contrario. Es preciso reformar la Ley del Consejo de la Magistratura para que sea igualitaria la representación de magistrados, abogados y legisladores (entiéndase: diputados y senadores en conjunto); se deben establecer reglas para asegurar que los concursos de oposición y antecedentes sean resueltos por jurados tan instruidos como imparciales. Esa tendencia debe extenderse tam-
La justicia, ahora
“La administración de Justicia está cada vez más sobrecargada de tareas” bién al interior de los tribunales: todos los cargos de funcionarios y empleados deben proveerse por concurso de oposición y antecedentes (no meros exámenes de suficiencia sino competencias con orden de mérito). En tercer lugar, es preciso reexaminar los procedimientos. No los códigos procesales sino su aplicación práctica, mediante la unificación de criterios, el abandono de tradiciones que sobreviven a su utili-
dad y un uso inteligente de las nuevas tecnologías. En el propio Poder Judicial (véase la justicia del trabajo) hay ejemplos asombrosos de lo que puede hacerse en este aspecto, prácticamente gratis y aun ahorrando dinero. Un detalle: puede establecerse la notificación judicial de oficio a domicilios constituidos mediante correo electrónico, sin necesidad de que cada letrado entre en una página web. En cuarto lugar, es indispensable rever-
tir la tendencia actual, donde la interpretación de las leyes y los principios da lugar a una creciente dispersión de los criterios de decisión judicial y a la consiguiente falta de seguridad jurídica. Los jueces, depositarios de la potestad última de interpretar el derecho, deberían examinar los criterios que emplean para resolver las causas, debatirlos y, en lo posible, acordarlos con sus colegas y publicarlos –con efecto simplemente informativo– para que los ciudadanos supieran a qué atenerse mientras aquellos criterios no fuesen modificados con igual procedimiento y similar publicidad. Si este procedimiento se extendiera, las actitudes ciudadanas hacia la administración de justicia cambiarían rápidamente. La resolución judicial es un producto jurídico que tiene oferta y demanda; la oferta es limitada y la demanda potencialmente infinita. Poner más jueces es un paliativo temporal y siempre tardío: hay que operar para disminuir la demanda, no limitando el acceso a la justicia sino haciéndolo menos necesario. La claridad de los criterios y –en materia penal– el recorte de los casos a resolver (es notoria la proporción de procesos por simple tenencia de droga) colaborarían en este sentido. En cambio, la complejidad y la carestía de las propuestas (como la del juicio por jurados) van en sentido contrario. La Justicia requiere planteos y soluciones racionales. Esto es posible y sorprendentemente económico. (*) Director de la Maestría en Filosofía del Derecho (UBA)
DESIGNACIÓN
Foro de Consejos de la Magistratura y Jurados de Enjuiciamiento
E El evento fue encabezado por el secretario de Justicia nacional, Julián Álvarez
JORNADAS
Segundo Congreso Latinoamericano de derecho penal y criminología
“U
na de las razones por las que hoy los debates jurídicos son multitudinarios es la influencia determinante del doctor Raúl Zaffaroni”, y la otra razón es “la puerta que abrió la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, el 9 de diciembre pasado, en la Plaza de Mayo, con la iniciativa de democratizar la Justicia”, destacó el secretario de Justicia de la Nación, Julián Álvarez, en el marco de la apertura del II Congreso Latinoamericano de Derecho Penal y Criminología, que encabezó junto al ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la Universidad Nacional de La Matanza. En tanto, Zaffaroni subrayó que “los procesos de desarrollo y emancipación de América latina presentan problemas como
la pobreza y la desocupación, que hacen necesarias las relaciones sur-sur entre los países no centrales”, y que “la esencia de la pena es, fue y sigue siendo la expiación y la venganza”. También sostuvo que “el efecto de la estratificación social en el poder punitivo es proporcional” y que de ese modo, “a mayor diferencia social, mayor será el poder punitivo”. Además, expresó que hay muy poca investigación sobre la violencia. Por su parte, el ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires, Ricardo Casal, sostuvo: “Debemos achicar cada vez más la brecha que la sociedad tiene con la Justicia”, y afirmó que “a estos debates debemos acompañarlos con decisiones institucionales”.
l presidente del Consejo de la Magistratura de la Ciudad, Juan Manuel Olmos, fue elegido presidente del Foro Federal de Consejos de la Magistratura y Jurados de Enjuiciamiento (FO.FE.C.MA). Luego de su designación fue recibido por el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich. “Esta designación es un reconocimiento y una muestra de confianza para la Ciudad de Buenos Aires, que cuenta con una Justicia joven, pero con enorme potencial para seguir creciendo. Trabajaremos para poner en valor y visibilizar la tarea diaria que hacen los Consejos de la Magistratura de todo el país”, destacó Olmos, luego de finalizada la Asamblea del Consejo Directivo del Foro Federal. El Presidente del FO.FE.C.MA destacó
que “los consejos de la Magistratura tienen la particularidad de estar integrados por representantes de varios sectores: legisladores, magistrados, e incluso, muchos de ellos, cuentan con la participación de la ciudadanía. Por ese motivo, considero que es el ámbito democrático por excelencia”. Y agregó: “Resaltamos la democratización de la Justicia como un valor y como un desafío para los próximos años”. El FO.FE.C.MA es un organismo que nuclea a los Consejos de la Magistratura y Jurados de Enjuiciamiento de todo el país, con la misión de coordinar y concretar acciones de cooperación tendientes al análisis e implementación de políticas comunes en materia judicial y el fomento de intercambio de experiencias.
El titular del Consejo Ciudad -Olmos- fue elegido como presidente del FO.FE.C.MA