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BAE Negocios www.baenegocios.com Martes 11 de febrero de 2014

Las fiscalías de distrito buscan optimizar la investigación de los delitos

Santa Fe: solicitan la indagatoria de seis policías por sedición OFERTA SEXUAL

Los medios que infringen la prohibición, bajo la lupa del ministerio De 103 diarios monitoreados, hay 13 que incumplen con la restricción de publicar oferta sexual. El ranking lo encabeza Clarín.

Desde el organismo rector –que depende del Ministerio de Justicia de la Nación– aplicaron el pasado año 12 sanciones

Sabrina Santopinto ssantopinto@diariobae.com

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a trata de personas es el tercer negocio llevado a cabo en el mundo, después del tráfico de armas y estupefacientes. En este plano, y ante un pedido concreto de la presidenta de la Nación, rige en Argentina el decreto 936/2011 que prohíbe la difusión de mensajes e imágenes que estimulen o fomenten la explotación sexual: la eliminación del denominado “rubro 59” de los clasificados.

Esta medida influye directamente en la disminución de la demanda de trata con fines sexuales y contribuye a la erradica-

Clarín incumplió con el pago de una multa, lo cual dio paso a una instancia judicial ción de estereotipos que promuevan la cosificación de la mujer o la reproducción de prácticas sociales que velen la trata de personas.

Pero sin bien a partir de este decreto los avisos en “presunta” infracción disminuyeron considerablemente, aún existen 13 diarios que siguen avanzando en infracción a la normativa.

Lo cierto es que el organismo interviniente en la materia aportó en 2013 información sobre 1.685 anuncios en medios gráficos, en el marco de 64 causas judiciales o investigaciones preliminares. Por otra parte, según informan desde la cartera, se tramitaron 84 denuncias –muchas de las cuales derivaron en de-

nuncias penales– aportando a la Procuraduría contra la Trata información sobre 1.341 avisos de comercio sexual en

Hay diarios que ponen fuerte resistencia al decreto anunciado por la Presidenta la prensa gráfica, en páginas Web y volantes callejeros.

Encabeza el ranking de incumplimientos el diario Clarín. Consulta al respecto

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La trata de personas en la agenda del Gobierno

La Presidenta decretó la prohibición de la publicación de avisos de oferta sexual y la creación de una oficina de monitoreo María Chantal Stevens –coordinadora de la Oficina de Monitoreo de Publicación de Avisos de Comercio Sexual (OM)–: “Si bien desde que la Presidenta anunció el decreto ya hubo un altísimo nivel de acatamiento, aún tenemos diarios que presentan una fuerte resistencia a la medida. El mayor incumplidor del decreto, en relación con la cantidad de avisos que sigue publicando por día sobre oferta sexual, es el diario Clarín”.

Frente a los incumplimientos detectados, desde el organismo advierten que en 2013 se llevaron a cabo 35 actuaciones –intimaciones para erradicar ese tipo de publicaciones– y se aplicaron 12 sanciones a diarios.

Sobre el procedimiento sancionatorio, Stevens explica que hay una serie de instancias previas que deben cumplirse desde el organismo hasta llegar al punto de solicitar al medio que cese con la publicación de estos avisos; en caso de que siga incumpliendo, “se llega a la etapa sancionatoria. Si continúan con estas publicaciones se vuelve a labrar un acta y se aplica una multa”.

De hecho, el diario Clarín tiene ya en su haber una multa por el incumplimiento de la norma –que ronda los 360.000 pesos por la publicación de 23 avisos– y que, según explica Stevens, no fue pagada, lo cual le valió al diario la judicialización del tema por parte del organismo.

Lo cierto es que como resultados del monitoreo y de las acciones promovidas por el organismo, un 97% de los diarios ya no publican esta clase de avisos, dando cumplimiento al decreto.

El cliente de trata El ministro de Justicia y DD.HH., Julio Alak, afirmó que “en 2014 estará listo el marco legal para ir contra el cliente de la trata, que es la pata principal de un delito que expresa el retorno a la esclavitud y el único negocio en donde el cliente nunca tiene la razón”.

Según las últimas estadísticas de cartera de Justicia indica que desde la sanción en 2008 de la ley 26.364, de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas, se rescataron 5.884 personas tras 2.745 allanamientos. El informe reveló también

No afecta a la libertad de expresión La procuradora general, Alejandra Gils Carbó, postuló que corresponde confirmar la sentencia que rechazó un amparo de la Editorial Río Negro contra el decreto 936/11, que prohíbe los avisos que por cualquier medio promuevan la oferta sexual. “El interés del Estado en combatir la trata de personas y la violencia y discriminación de la mujer prevalece sobre el interés en la difusión de información comercial”, indicó Gils Carbó.

La Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal había confirmado el rechazo de la acción de amparo promovida por Editorial Río Negro S.A. contra el Poder Ejecutivo de la Nación para que se declare la inconstitucionalidad del decreto 936/11, en cuanto prohíbe los avisos que por cualquier medio promuevan la oferta sexual o hagan explícita o implícita referencia a la solicitud de personas destinadas al comercio

sexual. Ante esa sentencia, la actora interpuso un recurso extraordinario.

La procuradora explicó en su dictamen que la cuestión planteada por la empresa, que publica un diario en cuya sección de clasificados se incluyen avisos ofreciendo servicios sexuales, consiste en determinar si las normas mencionadas constituyen una violación a la libertad de expresión y de prensa, a sus derechos constitucionales a ejercer actividad comercial lícita, así como también del principio de legalidad.

Respecto de la primera cuestión, indicó que a diferencia del discurso público, el comercial –como es el del caso–, si bien brinda información que puede ser eventualmente relevante para la toma de decisiones, no constituye en sí mismo una forma de participación democrática.

“Esto significa que las restricciones al discurso comercial no ponen en peligro el proceso de la legitimación democrática, sino que sólo regulan la

circulación de información de este tipo”, expresó.

En cuanto al supuesto agravio de la empresa por la violación a sus derechos constitucionales a ejercer la actividad comercial –la publicación de un diario y la comercialización de espacios publicitarios–, la jefa de los fiscales entendió que debe ser rechazado “en tanto no acreditó que el decreto 936/11 le impida ejercer su actividad comercial (…) ni que la medida sea irrazonable” de acuerdo con la doctrina de la Corte Suprema, que establece que “la Constitución Nacional no consagra derechos absolutos, insusceptibles de razonable reglamentación”. En ese sentido, Gils Carbó agregó que la norma cuestionada refleja el compromiso internacional asumido por el Estado argentino para prevenir y combatir esas violaciones.

Por estos motivos, Gils Carbó opinó que corresponde confirmar la sentencia apelada por la empresa.

que más de 1.560 víctimas de este deli- nen en la espalda un castigo’”. to fueron rescatadas durante los priLo cierto es que en el plano internaciomeros diez meses nal, el Protocolo “En 2014 estará listo el marco de 2013. para Prevenir, ReSegún lo adelany Sancionar legal para ir contra el cliente de primir tó Alak, “el avance la Trata de Personas, trata”, Julio Alak normativo dado en especialmente muArgentina en la majeres y niños, de Nateria se renovará y profundizará el año ciones Unidas (ONU), que es el principal entrante con la sanción definitiva de la instrumento jurídico vinculante a nivel ley que penaliza al cliente, porque como mundial en la materia, en su artículo 9º, decía Cervantes, ‘los delitos siempre tie- inciso 5), “alienta a los Estados a adoptar

El Ministerio de Justicia de la Nación viene emprendiendo una serie de medidas para combatir del delito de trata de personas. Recientemente finalizó una campaña de concientización en la Costa Atlántica. Las cifras difundidas en el marco de esta iniciativa muestran un total de 1.746 personas liberadas por el Estado nacional en 2013; eran sometidas a explotación laboral y sexual. Se trata de más de 6.000 víctimas rescatadas en los últimos cinco años.

De acuerdo con un informe elaborado por el Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, que funciona en la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, más de cuatro personas por día –en promedio– fueron liberadas de las redes de trata durante 2013 en Argentina.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, destacó que, para el Gobierno nacional, éstos son resultados de “una lucha impostergable y sistemática contra el tercer delito en importancia –por volumen– a escala global”.

Alak agregó que “desde abril de 2008, cuando, a instancias de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, se sancionó la ley 26.364 para la Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas, 6.067 personas ya fueron rescatadas de las organizaciones criminales que las explotaban”.

Las estadísticas aportadas por el programa de rescate consignan que, del total de personas liberadas en los últimos cinco años, más de la mitad eran víctimas de explotación laboral (3.088).

El informe oficial agrega que los liberados en su mayoría eran mayores de edad (88%) y de nacionalidad extranjera (55%), mientras que los rescates se dieron en el marco de 2.855 allanamientos realizados en distintos puntos del país en forma conjunta con las fuerzas de seguridad federales y provinciales.

medidas legislativas o de otra índole a fin de desalentar la demanda que propicie cualquier forma de explotación de personas, especialmente mujeres y niños”.

Informar y concientizar respecto de la trata de personas posibilita visibilizar el problema en las sociedades, pero para prevenir la trata se deben abordar las causas de la misma; y tal como manifestara el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, “la demanda es una de sus causas fundamentales”.

La existencia del cliente de trata tiene su sustento en la cultura de las sociedades. Esto plantea un gran desafío para los Estados decididos a luchar contra este delito porque deben desmitificar y desinvisibilizar prácticas sociales esclavizadoras. Además, capacitar a las sociedades para ver a las víctimas de trata e identificar el rol del cliente como causante son los puntos principales para erradicar este flagelo.

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Las fiscalías de distrito buscan optimizar la investigación de los delitos Este nuevo sistema apunta a fortalecer el cruce de información y el trabajo conjunto judicial@diariobae.com

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a iniciativa sobre la que avanza el Ministerio Público Fiscal de la Nación se basa en la interacción de los fiscales federales con sus pares provinciales, autoridades policiales, judiciales y políticas de las provincias. Además, apunta a homogeneizar las respuestas del Ministerio Público Fiscal ante el mismo fenómeno criminal.

Lo que se busca en concreto desde el Ministerio Público es avanzar con un plan de persecución penal focalizado en cada lugar del país. En este plano, la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, implementó el nuevo esquema de trabajo que prevé crear 27 distritos fiscales con el fin de implementar políticas criminales coordinadas para enfrentar delitos complejos como el narcotráfico y la trata de personas.

En concreto, lo que se busca garantizar es el acceso a información relevante para el diseño de políticas criminales ajustadas a las particularidades de cada lugar, con un conocimiento más acabado de la manifestación local de delitos como la trata y explotación de personas, el tráfico de estupefacientes y de armas, el lavado de activos, la ciber-delincuencia y la corrupción pública y privada, entre otros.

En este contexto, Gils Carbó mantuvo una reunión con el go-

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bernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, y con el ministro de Justicia, Ricardo Casal, donde les presentó el nuevo esquema de trabajo que contempla la creación de cinco distritos fiscales en la provincia.

“A veces pasa que hay una fragmentación en las investigaciones porque los homicidios que tienen que ver con el narcotráfico están investigados en fiscalías provinciales y esa información no llega a los fiscales federales que a lo mejor tienen verdaderamente ya alguna causa vinculada con esa misma red criminal. Entonces, se trata de articular estas herramientas de combate del delito y también de tener una visión más federal y

Se prevé la creación de 27 distritos para implementar políticas criminales coordinadas local de la política criminal que se va a llevar a cabo con esta nueva estructura que tiene una visión más estratégica para combatir estos fenómenos de los delitos complejos”, explicó la procuradora general.

Funcionamiento Las fiscalías distritales estarán a cargo de un “fiscal coordinador”.

A estos fiscales no se les asignan funciones para intervenir directamente en los expedientes que

l nuevo sistema está basado en el modelo acusatorio con audiencias públicas, orales y contradictorias, que posibilitarán mayor agilidad y efectividad en la toma de decisiones, eliminando la burocratización judicial, el secretismo y la delegación masiva de funciones en secretarios y empleados.

A su vez, el juicio oral garantiza el cumplimiento de los derechos humanos y acerca la Justicia a los ciudadanos al ser más comprensible y humana, dejando atrás los papeleos interminables que son únicamente accesibles a los abogados.

“De esta forma, se otorga una mayor transparencia y publicidad a los actos de administración de justicia”, advierten desde el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip).

El nuevo Código Procesal Penal involucra una reforma integral que, además de representar un cambio normativo, plantea transformaciones sumamente

Gils Carbó se reunión con el gobernador Scioli para presentarle el nuevo esquema de trabajo no se encuentren a su cargo, sino que tendrán por misión la articulación de una mesa de trabajo con las distintas autoridades judiciales y políticas de las provincias. De esta manera se buscará garantizar el acceso a información relevante para el diseño de políticas criminales ajustadas a las particularidades de cada territorio.

Los primeros en comenzar a funcionar bajo este sistema fueron Santa Fe, Salta, Mendoza y Santiago del Estero. Días atrás la provincia de Buenos Aires se sumó a esta iniciativa con la creación de los distritos de Bahía Blanca, Mar del Plata, Conurbano Sur, Conurbano Oeste y Conurbano Norte, y ya se encuentra en funciones la coordinación de Mar del Plata.

“La asignación de funciones vinculadas con los distritos no implica la creación de nuevos cargos y tiene como fundamento el artículo 120 de la Constitución Nacional, que expresamente alude a que el Ministerio Público llevará adelante la misión de promover la actuación de la Justicia en defensa de la legalidad y de los intereses gene-

rales de la sociedad en coordinación con las demás autoridades de la República”, explican desde el organismo.

En la resolución que creó el programa, Gils Carbó había señalado que a la figura del “fiscal coordinador” de cada distrito no se les asignan funciones para intervenir directamente en los expedientes que no se encuentren a su cargo, sino que tendrán por misión la articulación de una

Se apunta a enfrentar delitos complejos como el narcotráfico y la trata de personas mesa de trabajo con las distintas autoridades judiciales y políticas de las provincias.

Para Gils Carbó, “esta nueva forma de organización del Ministerio Público Fiscal que estamos poniendo en marcha es una respuesta a la necesidad social de hacer frente a los problemas cada vez más graves y complejos que presenta la delincuencia organizada”.

“Debemos articular mesas de trabajo y de diálogo para gene-

SANTA FE

Empieza a regir el nuevo Código Procesal Penal

El sistema está basado en un modelo acusatorio con audiencias públicas

rar una estrategia común que tiene que redundar en una fuerte presencia del Estado frente al crimen organizado”, remarcó la procuradora general.

El gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, remarcó que “tener un fiscal coordinador de distrito es una herramienta que nos permitirá ser más operativos”, y agregó que “nos animamos a hacer una mesa de trabajo por esta proposición de la procuradora”.

Por su parte, el gobernador de Santa Fe, Antonio Bonfatti, destacó los avances en la articulación de una política criminal coordinada “entre la Nación, la provincia, los propios municipios, las fuerzas provinciales y las fuerzas federales”.

Finalmente, el gobernador de Mendoza, Francisco Pérez, afirmó que “no registro antecedentes de que haya habido una convocatoria de esta naturaleza y un trabajo colectivo en este tipo de delitos federales complejos que requieren de la participación y del compromiso de cada uno de los actores políticos en las provincias y en el Gobierno nacional”.

profundas en las estructuras institucionales, formas organizativas y define claramente los roles y funciones de los futuros operadores, lo cual implica un gran reto, que es el cambio cultural en el quehacer cotidiano.

El nuevo sistema garantiza el debido proceso penal y la garantía de derechos del imputado de acuerdo con los instrumentos internacionales de derechos humanos.

También es destacable señalar el nuevo rol de la víctima, quien tendrá mayor garantía de derechos y acceso a información además de poder participar activamente en el proceso.

Se contemplan también diversas alternativas de terminación del proceso, basadas en la idea de que en la comisión de un delito subyace un conflicto y es labor de las instituciones ofrecer otro tipo de alternativas que resulten de mayor satisfacción a las necesidades de la víctima y del imputado.

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Santa Fe: el fiscal solicita la indagatoria de seis policías Dice que existen pruebas suficientes de que los efectivos instigaron a la sedición judicial@diariobae.com

los designios personales del autoalegado líder sindical”.

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l fiscal federal de Santa Fe, Walter Alberto Rodríguez, conversó en exclusiva con BAE Judicial y advirtió que requirió la indagatoria de seis policías, entre ellos el líder de la organización Apropol, Alberto Rubén Martínez, a quienes imputó de instigación a cometer delitos y sedición durante la protesta policial realizada en esa capital y zonas aledañas a comienzo de diciembre pasado, en reclamo de mejoras salariales. Rodríguez puso el dictamen en conocimiento de la comisión de fiscales creada en diciembre por la procuradora general, Alejandra Gils Carbó, para investigar delitos contra el orden constitucional.

“Lo que hizo la fiscalía es desarrollar una serie de investigaciones preliminares y promover el ejercicio de la acción penal de la causa. Se les imputa el delito de alzarse en armas contra el gobierno provincial”, explica Rodríguez.

Entre los imputados se encuentra el líder de la organización Apropol, Alberto Rubén Martínez, a quien el fiscal Walter Rodríguez acusó, junto a otros cinco policías, de instigar a la desobediencia del poder público. El dictamen transcribe escuchas telefónicas que dan cuenta de la organización de la medida de fuerza ilegal y de conversaciones por la radio policial que muestran a los efectivos “inconmovibles a la hora de acudir al auxilio de ciudadanos”.

En este sentido, el fiscal analizó las intervenciones de Martínez a través de las cuentas de Twitter y Facebook de aquella organización que motorizó los reclamos policiales, intervenciones telefónicas, videos y los audios de la radio policial. Rodríguez concluyó que las escuchas “evidencian la voluntad de Martínez en punto a provocar e incentivar el comportamiento sedicioso de los policías en actividad”.

“La instigación promovida desde los espacios virtuales sirvió

Las escuchas

Se investigó el accionar de los efectivos durante la protesta policial en reclamo de mejoras salariales para expandir el conocimiento de las convocatorias lanzadas por el nombrado propiciando un estado de desobediencia generalizado, que logró incluso comulgar con grupos que se presentaron públicamente bajo la denominación de ‘autoconvocados’, a quienes se les reconoció el derecho a

La fiscalía inició una investigación preliminar y promovió el ejercicio de la acción penal de la causa entablar negociaciones alrededor del conflicto”, indicó en su dictamen el representante del Ministerio Público.

En este contexto la provincia se encuentra llevando a cabo la investigación de la existencia del delito de incumplimiento de funcionario público por parte de los policías que, si bien aún no fueron apartados de sus cargos, se espera que el Ministerio de Seguridad actúe al respecto.

Junto a Martínez también están imputados Fabricio Javier Abasto, Claudio Marcelo Patiño, Oscar Alberto Aguirres,

Mauricio Miguel Pagani y Alejandro Miguel Zamaro, quienes, según el fiscal Rodríguez, “se movilizaron en forma organizada y conjunta –con la intervención de terceros aún no identificados– y contribuyeron con sus aportes individuales al alzamiento de la policía provincial a la que pertenecen, lo que derivó, días más tarde, en el arrancamiento de una medida o concesión al poder público relativa al mejoramiento de las condiciones laborales del personal de seguridad”.

En ese sentido, Rodríguez puso de relieve que los policías, que portan armas proporcionadas por el Estado, “en lugar de mantener el orden público y la paz social, dispusieron de ellas en función de los intereses particulares de quienes se involucraron en la protesta ilegal”.

Consultado por BAE Judicial sobre la situación actual de los efectivos, el fiscal sostuvo que considera “necesario que se los llame cuanto antes a indagatoria, dado que las pruebas incorporadas son lo suficientemente elocuentes”.

El fiscal describió que “esa intervención se ha verificado a partir de un ‘movimiento organizado’, esto es, una agrupación no formal de individuos destinada al logro de fines determinados y bajo el accionar medianamente planificado de sus integrantes, que en el caso de

La provincia busca constatar la existencia del delito de incumplimiento de funcionario público los aquí imputados por el delito de sedición cumplieron principalmente el rol de negociadores y coordinadores de acciones ilegítimas”.

En ese marco, “el Poder Ejecutivo provincial entabló negociaciones bajo condiciones que redujeron su ámbito de decisión”, consideró el fiscal, que asimismo refirió que “el cumplimiento de las numerosas indicaciones brindadas por el imputado [Martínez] alrededor de una medida de fuerza ilegal fueron verificadas con inmediatez desde su aspecto fáctico y guardan estricta sintonía con

JURAMENTO

Nuevos integrantes del Consejo de la Magistratura de la Nación E l próximo jueves 13 de febrero prestarán juramento los nuevos integrantes del Consejo de la Magistratura: el representante del Poder Ejecutivo ante el organismo, el secretario de Justicia Julián Álvarez, y el diputado nacional por el Frente para la Victoria (FpV) Eduardo “Wado” De Pedro.

El acto de jura se realizará en la sala de Plenarios del Consejo de la Magistratura

ubicado sobre la calle Libertad al 700 de esta Capital Federal. Álvarez y De Pedro reemplazarán a los ahora ex consejeros, Stella Maris Córdoba, quien dejó de ser consejera en diciembre el año pasado, y Hernán Ordiales, cuya renuncia fue oficializada ayer en el Boletín Oficial.

Días atrás el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, se reunió con el presidente del Consejo de la Magistratura de la Nación,

Mario Fera, para analizar la situación presupuestaria de ese organismo que contempla la Ley de Financiamiento del Poder Judicial.

Al analizar las escuchas telefónicas, el fiscal citó algunas frases atribuidas a Martínez: “Las comisarías no tienen que laburar guardias mínimas” y “hay que cerrar las comisarías y decretar el paro”.

Rodríguez señaló la protesta de los policías cordobeses como el antecedente de los delitos perpetrados por los policías santafesinos, y en su dictamen realizó una pormenorizada descripción del contexto en el que se produjo la ilegal medida de fuerza policial, haciendo un repaso de los principales acontecimientos sucedidos en las diferentes provincias.

Los audios largamente transcriptos muestran a los policías “inconmovibles a la hora de acudir al auxilio de ciudadanos que resultaron víctimas de delitos e, incluso, revelando en algunos pasajes, el calibre de las agresiones verbales que recibían quienes no hicieron abandono del servicio”, indicó Rodríguez.

“El movimiento sedicioso presionó el logro de sus objetivos inherentes al mejoramiento de condiciones laborales, valiéndose del abandono acentuado de actividades propias de seguridad pública durante los días en los que transcurrió el orquestado ‘conflicto policial’, registrándose diversos hechos que perturbaron la tranquilidad pública en comercios, establecimientos y lugares particulares ubicados en la ciudad de Santa Fe y zonas aledañas”, agregó el fiscal.

En su escrito, Rodríguez también solicitó que se requiera a la jueza provincial Susana Luna su inhibición –es decir, la remisión del expediente a la justicia federal– en la causa por las amenazas que recibió en su teléfono celular el gobernador Antonio Bonfatti, dado que entiende que ese hecho “se superpone parcialmente con aquellos sucesos”.

En ese marco se analizó la ley 23.853, normativa que dispone una asignación presupuestaria del 3,5 por ciento para este Poder del Estado, recursos que son distribuidos entre la Suprema Corte de Justicia y el Consejo de la Magistratura. Según explicó Fera a BAE Judicial: “Más del 90 por ciento de los recursos son asignados a pagar los sueldos del Poder Judicial. El planteo que hicimos al jefe de Gabinete fue la necesidad de ampliar el porcentaje del 3,5 por ciento asignados, dado que hoy resulta insuficiente. No se trata de un problema de administración del Consejo sino que se trata de un tema estructural dado que hay una insuficiencia de recursos para poder afrontar los gastos mensuales presupuestados”.