Judicial El nuevo Código Penal busca equilibrio en las penas
La protección al consumidor se fortalece dentro de la ley
Sabrina Santopinto ssantopinto@diariobae.com
“H
ay innumerables denuncias que estamos recibiendo en Precios Cuidados.” Así la presidenta Cristina Fernández manifestó la necesidad de que a nivel político y judicial “se ocupen de los derechos de los usuarios y consumidores porque desde la Constitución de 1994 son sujetos de derechos”. En este contexto, resaltó el compromiso de la sociedad en el control de precios de los productos y apuntó a la labor de la Justicia
“Le pido a la familia judicial que se encargue de los usuarios y consumidores”, Cristina Fernández “porque todas las multas que aplicamos a quienes aumentan los precios son recurridas ante el Poder Judicial y por eso le pido a la familia judicial que se ocupe de los usuarios y consumidores”. Las cifras de la problemática hablan por sí solas: según datos oficiales, diariamente se atienden entre 1.500 y 2.000 llamados a la línea gratuita. En este sentido, el bloque oficialista accionó de inmediato y el senador del Frente para la Victoria Aníbal Fernández pre-
sentó un proyecto de ley –que modifica el artículo 45 de la ley 24.240– donde se establece que las sanciones a hipermercados o supermercados, por violación a la Ley de Defensa del Consumidor se ejecuten aun cuando hayan sido recurridas ante la Justicia. Lo cierto es que, según lo explica el senador, “la ley otorgaba efecto suspensivo a las apelaciones, dilatando o anulando en la práctica, el cumplimiento de la sanción”. El proyecto –que se espera sea tratado inmediatamente después del inicio de las sesiones legislativas– prevé que los recursos directos contra las sanciones por violación a la Ley de Defensa del Consumidor se sustancien con efecto devolutivo. La modificación que se propone se ajusta al principio general en la materia administrativa, “conforme el cual, los actos administrativos son aplicables desde su emisión y los recursos que pueden interponer los administrados, no suspenden sus efectos; ver el artículo 12 de la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo”. Lo que permite es la ejecución anticipada a la intervención judicial, “tanto en nuestro derecho como en el derecho de los Estados Unidos de América, las leyes que reconocen la posibilidad de disponer de la propiedad basado en una orden ad-
BAE Negocios www.baenegocios.com Martes 18 de febrero de 2014
SEBASTIÁN NARVAJA - FISCAL SANTAFESINO
"Santa Fe atraviesa una reforma integral de su sistema de justicia" Luego de que la Presidenta exhortara a los poderes Legislativo y Judicial a poner en foco la defensa de los derechos del consumidor, el bloque oficialista presentó un proyecto para ajustar las sanciones a quienes incumplan con la legislación
ministrativa, no han sido consideradas a extramuros de la Constitución Federal, por cuanto la mera postergación del análisis constitucional no constituye una denegación del debido proceso si la oportunidad que se brinda para la determinación final de la responsabilidad, resulta adecuada, toda vez que la demora en la determinación judicial del derecho de propiedad no es inusual cuando resulta necesaria para la satisfacción inmediata de las necesidad del gobierno”, sostiene Fernández. En consecuencia, una sanción aplicada a un comercio por infracción a la ley 24.420 podrá ejecutarse aun cuando el comercio haya apelado la decisión administrativa del Gobierno. “La Ley de Defensa del Consumidor otorga al Estado las herramientas para sancionar a los especuladores.” La presidenta fue contundente marcando el rumbo a seguir en la materia. Así es que el proyecto presentado busca evitar que el infractor goce de una herramienta procesal, que le permita dilatar los plazos de cumplimiento de las sanciones acentuando la desigualdad con el consumidor.
El derecho de los consumidores La ola de acciones judiciales de los usua-
rios que reclaman ante organizaciones sin fines de lucro crece día a día, sin perjuicio de lo cual –según indican los expertos– los derechos de los mismos se encuentran en una situación de marcada vulnerabilidad. Lo cierto es que desde su última modificación en 2008, la Ley de Defensa del Consumidor fue centro de debate y muchos juristas buscaron reformar distintos aspectos de la letra de la norma. “Toda propuesta legislativa que ayude a incrementar la protección de los consumidores debe ser bienvenida y toda
El proyecto establece que las multas se ejecuten aún cuando fueran recurridas ante la Justicia normativa de defensa de los consumidores debe ser guiada en nuestro país por el denominado ‘principio de progresividad’ previsto en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, donde se obliga a que siempre que se legisle se lo haga en el sentido de mejorar la posición de los consumidores para lograr la plena vigencia de sus derechos”, sostiene Osvaldo Prato, socio del estudio Arazi, Prato, Mariani de Vidal, Merola & Asociados.