Judicial El 85% de los conflictos se resuelve en una mediación
BAE Negocios www.baenegocios.com Martes 25 de marzo de 2014
CLAUDIO GUTIÉRREZ DE LA CÁRCOVA, JUEZ PENAL ECONÓMICO
“Se trabaja intensamente para seguir la ruta del dinero en el narcotráfico”
Se fortalecen las investigaciones sobre delitos económicos
Se acerca la reunión del GAFI y la Argentina busca mostrar resultados en la lucha contra el lavado de dinero. El Ministerio Público Fiscal intenta revertir la baja cantidad de condenas de la Justicia y avanza con nuevas causas Sabrina Santopinto ssantopinto@diariobae.com
A
mitad de año se celebrará una nueva reunión del Grupo de Acción Financiera Internacional contra el lavado de activos (GAFI), en donde Argentina buscará pasar correctamente bajo la lupa del organismo y salir de la lista gris, mostrando comprobables avances en la persecución del delito de lavado de activos. Lo cierto es que en la actualidad, los delitos económicos presentan ciertos elementos que en el caso del lavado de dinero se dan con habitualidad: la ausencia de un afectado directo, la presencia transnacional del crimen y el uso de herramientas jurídicas, principalmente societarias, destinadas a crear una apariencia de legalidad. A esto se suman los extensos tiempos del sistema de justicia que en los casos de procesos por corrupción demoran en resolverse un promedio de catorce años, lo que conduce a que se incremente el número de prescripciones. Las cifras de
dinero que se mueven son millonarias y el daño a la sociedad es exponencial. La demora en la resolución de este tipo de denuncias o de los llamados delitos de “cuello blanco” tiene anclaje, según lo advierten los especialistas en la materia, en varios factores como presiones políticas, abogados que aplican estrategias dilatorias y fallas en las legislaciones vigentes, entre otras cuestiones.
Desde la Procelac advierten que ya hay denuncias con un alto grado de avance procesal Si bien la reforma realizada por ley 26.683 tiende a adecuar la legislación argentina a las exigencias internacionales tanto en relación con la regulación del recupero de activos de origen ilícito como en relación con el alcance de la tipificación del delito de lavado de activos, en conversación con BAE Judicial, Mateo Bermejo, coordinador del Área de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, sostuvo que “tanto la reforma
legislativa como la creación de Procelac son parte de una política pública integral contra el lavado de activos que debería ser bien vista por el GAFI en la resolución que deberá tomar a mediados de este año en relación con el seguimiento intensivo de la Argentina”. Con el norte puesto en fortalecer las investigaciones de criminalidad económica, desde que la Procuraduría contra la Criminalidad Económica y Lavados de Activos (Procelac) –dependiente del Ministerio Público Fiscal– “se comenzó a trabajar desde diciembre de 2012 en investigaciones que culminaron en denuncias que hoy están en importante grado de avance procesal como el caso de los Alé en Tucumán, con procesamiento, prisiones preventivas y un enorme caudal de bienes embargados: 150 automotores, 15 camiones, 40 inmuebles, millones de pesos, etcétera”, explica el titular de la procuraduría Carlos Gonella. Asimismo, ejemplifica otro caso de peso como el del “Cartel de Juárez”, una poderosa organización de narcotraficantes que será juzgada en los próximos meses,
causa que marca la necesidad de que se trabaje de forma integral desde las distintas dependencias de la Justicia para lograr investigaciones que vinculen al lavado de activos con el delito del narcotráfico o la trata de personas. “Tenemos la expectativa de que el GAFI advierta tanto los avances legislativos en la materia así como el lugar prioritario asignado a la temática por parte del Mi-
Hay expectativas en que este año el GAFI mejore la calificación de la Argentina nisterio Público Fiscal, y los tome en consideración, junto con otras medidas tomadas por otros poderes del Estado orientadas en el mismo sentido, para aprobar la evaluación de nuestro país que tendrá lugar en el corriente año”, sostiene Bermejo.
Fortalecer la actuación de la Justicia Del mismo modo que ocurre con otros muchos “delitos de cuello blanco”, el la-
Negocios 2 | Judicial | BAE Martes 25 de marzo de 2014
www.baenegocios.com
MARCELA CASARINO
vado de dinero suscita cierta indiferencia social. “Este ilícito no figura en las estadísticas criminales, tampoco se confeccionan mapas de delito económico con barrios resaltados en rojo, los delincuentes no se perciben como tales ni son arrestados por la policía, así como son raras las veces en las que se juzgan en los tribunales penales delitos económicos complejos y con efectos difusos”, analizó oportunamente para este diario la jefa de los fiscales, Alejandra Gils Carbó, al tiempo que destacó en que “esto posibilita que se creen agujeros negros de evasión, fuga de capitales, vaciamiento, manipulación de títulos y de tasas de interés (millones de dólares se desvanecen en un instante) y que se magnifiquen las especulaciones financieras, conductas que generan, en los países periféricos, desigualdad y concentración de la riqueza”.
Son pocas las veces que se juzgan en los tribunales penales delitos económicos complejos El lavado de dinero no encuadra dentro de las leyes de los mercados, ni en las sanas prácticas económico-financieras que deben gobernarlos. En conversación con BAE Judicial, Gonella explicó que “se buscan revertir los bajos niveles de juzgamiento. Hoy existen sólo cinco condenas por lavado de dinero en el país y es muy bajo el estándar de juzgamientos. Desde la Procelac estamos trabajando en un mapa del delito de lavado en la Argentina; al momento tenemos 4 causas elevadas a juicio y 150 en etapa de instrucción”. Asimismo, según lo indican desde Procelac, para este año se espera la consolidación de varias de las investigaciones en curso, con importantes avances en las causas: el juicio oral por la causa “Solé” –de lavado de activos de la trata de personas– tendrá lugar este año, ya que la procuraduría junto con la Fiscalía Federal de Mendoza se encuentran elaborando el requerimiento de elevación a juicio de la causa.
La ruta del dinero Tanto Gonella como Bermejo advierten que para abordar adecuadamente la investigación de estos crímenes económicos es necesario encarar el tema con una visión interdisciplinaria y de colabora-
■ “El delito de narcotráfico da lugar a grandes beneficios económicos que, para evitar que sean descubiertos y decomisados por el Estado, son ocultados de los órganos de control del Estado. Pero, a la vez, como los narcotraficantes desean lucrar con el tráfico de drogas y gozar de los beneficios del mismo, necesitan invertir en bienes y activos de diversa índole”, explica a BAE Bermejo y advierte que “para desvincular los beneficios obtenidos del narcotráfico de la actividad ilícita y otorgarles apariencia de licitud apelan a distintos tipos de inversión: desde la compra de bienes muebles (automóviles, yates, etcétera) o inmuebles, hasta la constitución de empresas que sirven como pantalla para introducir allí el dinero obtenido del narcotráfico y hacer-
Desde Procelac indican que para este año se espera la consolidación de varias investigaciones en curso ción con otros organismos. “Hacemos foco en la investigación patrimonial y en investigar la ruta del dinero porque eso nos brinda no sólo elementos de prueba para corroborar la responsabilidad de los acusados, sino que también nos permite recuperar los bienes y darles una finalidad social”, indican. En lo que respecta al régimen penal cambiario, Gonella advierte que se pre-
senta en este ámbito un escenario complejo, dado que la ley que regula el régimen penal cambiario “tiene un desfase histórico de cuarenta años”. Así es que desde el MPF avanzan junto al Banco Central –que es la autoridad que instruye la causa– prestando asistencia técnica. “De acuerdo con esta ley, el MPF no interviene en la etapa de investigación sino que lo hace sólo cuando el su-
mario está instruido por el banco y elevado al fuero penal económico para que los jueces dicten sentencia”, explica Gonella, sobre lo cual advierte que sería necesario avanzar con un proyecto de ley que elimine el régimen penal cambiario y que este delito ingrese en el Código Penal “para ser investigado de acuerdo con las normas procesales como el resto de los ilícitos”.
Las cifras de la persecución del delito ■ En el transcurso de 2014, desde Procelac se realizaron nueve denuncias por el delito de lavado de activos de origen ilícito; en el marco de estas acciones se solicitaron ocho medidas cautelares que permitan el aseguramiento de los bienes originados en una actividad delictiva. Se avanzó con la petición de tres allanamientos en esas denuncias. Asimismo, el Área de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo se encuentra colaborando en trece expedientes judiciales a solicitud de las fiscalías federales intervinientes. En el marco de las investigaciones patrimoniales, la Procelac participa en 146 investigaciones patrimoniales, con miras a
posibilitar un futuro decomiso de los bienes procedentes de un ilícito. En 2013 se realizaron 32 denuncias por lavado. Asimismo, se solicitó la aplicación de embargos por $472.500.000, aproximadamente. Se postularon 155 medidas cautelares que permitan el aseguramiento de los bienes originados en una actividad delictiva. En lo que refiere al resultado de estas medidas, se obtuvo el dictado de medidas cautelares sobre 281 bienes. Específicamente, se dispuso el secuestro de 147 vehículos automotores; 42 inmuebles; 26 cuentas bancarias o productos financieros; 7 inhibiciones generales de bienes;
59 armas de fuego. Asimismo, se secuestraron $3.338.603 en efectivo aproximadamente. Durante el año 2013 se colaboró en 32 expedientes judiciales a solicitud de las fiscalías federales intervinientes.“También iniciamos investigaciones que culminaron en denuncias que hoy están en importante grado de avance procesal como el caso de los Alé en Tucumán, con procesamiento, prisiones preventivas y un enorme caudal de bienes embargados: 137 vehículos, 35 inmuebles, 59 armas de fuego y cuentas bancarias y productos financieros de 22 personas físicas y 4 personas jurídicas”, sostiene Bermejo.
Vinculación con el narcotráfico lo aparecer como beneficios del giro comercial de la empresa. Todos los mercados son susceptibles de verse contaminados por el dinero de origen delictivo, más allá de que el mercado financiero ha sido considerado tradicionalmente el sector más vulnerable”. En esta línea de trabajo, desde Procelac se encuentran colaborando en el caso “Cartel de Juárez”, una poderosa organización de narcotraficantes que será juzgada en los próximos meses. En la causa hay once personas imputadas y se trata de corroborar la hipótesis delictiva relacionada con la compra de bienes muebles e inmuebles en el país (campos, estancias, vehículos, maquinarias y demás
accesorios agrícolas), la constitución de sociedades comerciales nuevas o la adquisición del paquete accionario de otras ya existentes. “Dicho dinero ingresó en nuestro territorio a través de transferencias financieras provenientes del exterior (EE.UU.) y probablemente también con su entrega directa –en mano– a los componentes del grupo que tenía a su cargo realizar las inversiones cuestionadas”, señala Bermejo. Los bienes y las sociedades adquiridas y conformadas en el marco de las maniobras ilícitas investigadas, se encuentran sujetos a las medidas cautelares pertinentes y sometidos a custodia y administración judicial por parte del
Tribunal Oral interviniente, sobre 15 bienes que incluyen inmuebles en Buenos Aires, Capital Federal y Mar del Plata, hoteles, establecimientos rurales, maquinarias agrícolas, estancias y parcelas en la provincia de Buenos Aires. Algunas de las causas que avanzan y en las que colaboró Procelac, se encuentran la asociación Ilícita conformada por Rubén “la Chancha” Alé, en relación con el caso “Marita Verón”. La causa conocida como “Delfín” Zacarías –Operativo Flipper–, en la provincia de Santa Fe, donde se investigó la existencia de una organización delictiva que tenía como finalidad la producción y distribución de estupefacientes que operaba
en Santa Fe y que dio lugar a los procesamientos y la prisión preventiva dictados contra “Delfín” David Zacarías (señalado como el líder de la banda), Sandra Marín, Joel Abel Zacarías, Flavia Leilén Zacarías y Ruth Castro por los delitos de tenencia de elementos y materias primas para producir y fabricar estupefacientes, producción, fabricación y preparación. Por otro lado, relacionada con el delito de trata de personas, se encuentra la causa “Solé”, donde se investiga a una asociación delictiva dedicada a captar y acoger mujeres, con el objetivo de explotarlas sexualmente en un prostíbulo vip, ubicado en la ciudad de Mendoza. El líder de esta banda, Sebastian Solé, era quien administraba y regenteaba el prostíbulo.
BAE Negocios
www.baenegocios.com
Martes 25 de marzo de 2014
| Judicial | 3
El 85% de los conflictos se resuelve en la mediación Se trata de índices de los Centros de Acceso a la Justicia en barrios vulnerables judicial@diariobae.com
A
sí lo indicó en el Encuentro Regional para el Intercambio de Buenas Prácticas en Materia de Acceso a la Justicia de la Unasur, el secretario de Justicia de la Nación, Julián Álvarez, quien destacó que “el 85 por ciento de los conflictos que tratan los Centros de Acceso a la Justicia (CAJ) en los barrios vulnerables se resuelven con una mediación”. Tanto Álvarez como el ministro de Justicia, Julio Alak, coincidieron en que a partir del trabajo de los Centros del Ministerio de Justicia, se logró un alto porcentaje de conflictos que se resuelve sin llegar a confeccionar un expediente. “Antes, la Justicia sólo era a instancia del Poder Judicial, y hoy en cambio se extiende a los tres poderes del Estado y a la misma sociedad. La idea es cómo acceder a la Justicia, haciéndola inclusiva”, remarcó Álvarez, mientras sostuvo que “el concepto de acceso a la Justicia está en constante evolución, porque antes sólo se ocupaba del acceso al expediente judicial”. Por su parte, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, destacó el elevado número de casos que llegan a mediación: “Es un dato extraordinario y muy trascendente en el marco de la reforma judicial, tantas veces declamada, y que responde a la extrema morosidad por parte del Poder Judicial y que tiene a partir de la conformación de estos centros una herramienta muy importante en el ejercicio activo de los derechos de los ciudadanos”. Hoy es importante observar que los Centros de Acceso a la Justicia, implementados por el Ministerio de Justicia de la Nación, tienen hoy 56 centros funcionando en todo el país y 70 en forma itinerante, de dos a tres veces por semana, indicó Capitanich.
Fortalecer el acceso Uno de los puntos que se debatió en el encuentro refirió al camino recorrido en materia de optimizar las vías de acceso a la
Justicia, frente a lo que los funcionarios plantearon la necesidad de dar un debate de tipo interdisciplinario que ponga el foco en el acceso como política de inclusión social. “Antes, la Justicia sólo era a instancia del Poder Judicial, y hoy en cambio se extiende a los tres poderes del Estado y a la misma sociedad”. “La idea es cómo acceder a la Justicia, haciéndola inclusiva”, remarcó Álvarez. El secretario desarrolló la experiencia de su gestión a través de los más de cincuenta CAJ, oficinas descentralizadas e itinerantes. Explicó
Capitanich: “Es una herramienta importante en el ejercicio activo de los derechos de los ciudadanos” que los CAJ tienen la función de representar no sólo al Ministerio de Justicia sino a todo el Estado nacional. Por su parte, Alak sostuvo que “hoy no se habla del acceso a los tribunales sino del acceso a la Justicia en sentido amplio”. Al proponer un cambio de paradigma aclaró que “el Estado es el rector que debe corregir las desigualdades”.
Hay 56 centros funcionando en todo el país y 70 en forma itinerante
El ministro Alak ponderó la importancia en fortalecer el acceso de los ciudadanos al sistema
CORTE SUPREMA
Highton de Novasco: “Es una forma de acceso a la Justicia” ■ La vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Elena Highton de Nolasco, es una firme defensora del sistema de mediación. Consultada oportunamente por BAE Judicial sobre los puntos que debería tocar una reforma procesal penal, la ministra del tribunal supremo sostuvo que “debería incorporarse la oralidad en la etapa instructoria de las causas penales respecto de aquellos actos de los que se derive de manera inmediata un fallo judicial, tales como la resolución de nulidades, de excepciones procesales, el auto de procesamiento, la prisión preventiva, excarcelaciones. Así se aseguraría la publicidad del proceso que tendría como efecto la inmediación permanente de las partes ante el juez, frente a quien durante la audiencia realizarían el planteo, todo lo cual se presenta como una garantía para alejar la posibilidad de que, eventualmente, pudieran incurrirse en decisiones arbitrarias”. En este camino, Highton de Nolasco destacó la
Internacional En una línea de integración y cooperación internacional, los representantes del Ministerio de Justicia argentinos y los de Brasil suscribieron convenio bilateral sobre los mecanismos de mediación vigentes en ambos países. La intención fue compartir información sobre las regulaciones locales y también acercar la experiencia argentina sobre mediación comunitaria al Estado brasileño. En palabras del secretario para la Reforma Judicial de Brasil, Flavio Crocce Caetano, su país “está muy atrasado en lo que refiere a todo tipo de mediación extrajudicial”.
Elena Highton, vicepresidenta de la Corte
Por su parte, Marcela Uthurralt, directora nacional de mediación y métodos participativos de resolución de conflictos, desarrolló la experiencia argentina en la implementación de la mediación prejudicial, la mediación comunitaria, la es-
importancia de que se contemplen “soluciones alternativas tales como la mediación penal o programas víctima-victimario”. En referencia puntual a la herramienta de la mediación, la jueza hizo hincapié en la importancia de la resolución alternativa y advirtió que esta herramienta, lejos de constituirse como un modo de “privatizar” la Justicia en contra o por oposición al sistema judicial, se establece como una vía de fortalecimiento de la Justicia “permitiendo dar un servicio más completo y adecuado a las circunstancias que se viven hoy en día”.“La mediación anexa, conectada o relacionada con los tribunales, es una forma efectiva de ampliación del acceso a la Justicia. Prácticamente, todas las provincias han implementado la mediación y la conciliación (u otros métodos alternativos) como prácticas indispensables y de mayor acceso a la Justicia. Ello es expresamente considerado y una absoluta preocupación de las supremas cortes y superiores tribunales provinciales”, sostiene. Consultada sobre posibles resistencias a la figura de la mediación, la ministra sostiene que “los hechos demuestran que ha existido un cambio muy importante y hoy día puedo afirmar que los jueces han asumido un rol de liderazgo en esta materia, a tal punto que el acceso a Justicia por medio de la Resolución Alternativa de Disputas es política de Estado del Poder Judicial argentino –incluye la nacional-federal y la provincial–”. Lo cierto es que hoy en día existen leyes y prácticas de mediación tanto para conflictos civiles, comerciales y penales como comunitarios, así como también las que establecen la mediación escolar, los métodos participativos en los conflictos públicos y en la toma de decisiones que involucran a la comunidad.
colar y la penitenciaria. Se amparó en palabras de la vicepresidenta de la Corte Suprema, Elena Highton de Nolasco, que –en base a estadísticas– sostiene que “los acuerdos que se celebran en mediación se respetan más que las sentencias, por-
que en ellos intervienen las partes”.La ministra de Justicia de Paraguay, Sheila Abed Duarte contó que el método de mediación no tiene penetración real en Paraguay, pero que es algo que se está trabajando con la Junta de Gobernadores.
Judicial
Martes 25 de marzo de 2014 Editora: Sabrina Santopinto E-mail: Judicial@diariobae.com Publicidad: 5550-8600
www.baenegocios.com
BAE Negocios
juez en lo penal económico cuenta en proCLAUDIO GUTIÉRREZ DE LA CÁRCOVA Elfundidad cómo se maneja la operatoria en el narcotráfico a nivel internacional y la necesidad de fortalecer el trabajo conjunto entre la Justicia y las fuerzas de seguridad
“Se trabaja intensamente para seguir la ruta del dinero del narcotráfico” MARCELA CASARINO
E
l juez que participó del caso “Manzanas blancas” –la causa más grande de narcotráfico de los últimos tiempos– conversó con BAE Judicial y destacó la necesidad de que se trabaje para capacitar a las fuerzas de seguridad y se les dé mayores herramientas para poder detectar la entrada y circulación de drogas en el país. Consultado sobre la implicancia de la Argentina en el negocio del narcotráfico, Gutiérrez de la Cárcova señaló que el país sigue siendo un lugar de paso en la cadena y que se debe hacer foco en desbaratar las cocinas de drogas. El magistrado señaló que en los últimos tiempos se incrementó la cantidad de toneladas de drogas que se secuestran en el país y que son incineradas: “Hoy la Corte contrata hornos industriales para des-
Esto demostró una pata local de las organizaciones, porque es imposible mover todo esto sin una conexión en el país. –¿Cuáles son las estrategias que vienen detectando para el ingreso de la droga al país? –Hay muchas estrategias y cada vez de lo más imaginativas. Muchas veces se hacen pruebas piloto y se van probando rutas con paquetes chicos de cocaína, a ver si pasan. Prueban en avión, en barco, en camiones, y si pasa la primera mercadería después mandan el cargamento más importante. –¿Cómo están avanzando las fuerzas policiales? –La Policía Federal está trabajando muy bien en la dependencia de drogas. Pero es necesario trabajar en capacitación y dotar de mayores herramientas a las
“En la Argentina creció mucho el secuestro de drogas; pasamos de unos kilos a toneladas”
Se torna una estrategia habitual recusar a los jueces para apartarlos de las investigaciones
truir la droga, mientras que antes se trataba de un kilo que se podía destruir en la Morgue Judicial”. –¿Cuál es el escenario actual del narcotráfico en el país? –Creció mucho el secuestro de drogas. Hace tiempo atrás destruíamos medio kilo o hasta un kilo, que quemábamos en la Morgue Judicial de Junín. Hoy la Corte contrata hornos industriales en Sarandí porque se queman toneladas. Mi mayor preocupación son algunas señales que hacen que se esté evidenciando un giro distinto en el país: los hechos de sicariato, las amenazas a periodistas en Mendoza, el desplazamiento de cúpulas de la policía por estar involucradas en el narcotráfico en Córdoba. No podemos dejar de recordar casos como los colombianos baleados en la puerta de Unicenter, otro ciudadano colombiano que muere en Marcelo T. de Alvear y Talcahuano, el asesinato del que andaba en bicicleta en Palermo… hubo varios episodios de sicariatos que no eran habituales. –¿Cómo se trabaja en el plano de la cooperación internacional? –Estamos trabajando con fiscales, jueces y policías de otros países; hay que trabajar con cooperación internacional porque muchas veces una carga arranca a lo mejor en Colombia, pasa por otro
El magistrado Gutiérrez de la Cárcova habló en exclusiva con BAE Judicial país, carga en las costas de Ecuador, viene en barco, termina recalando acá y va camino a España. En esto se debe trabajar coordinadamente con varias policías. Hoy España sigue siendo la puerta grande de la entrada de cocaína en Europa mandada a Latinoamérica. –¿En qué radica esta sensación de que se están instalando en el país grupos colombianos? –En el 2000 Estados Unidos puso más de u$s2.000 millones en Colombia. Esto dio algunos resultados, no por el total exterminio de esas organizaciones criminales, pero sí por el desplazamiento, y esta gente busca refugio en lugares más permeables, con legislaciones más laxas. No se puede hablar de carteles, pero sí se evidencia una movida muy grande. –¿Cómo se trabaja desde la Justicia? –Se trabaja mal, porque nosotros venimos corriendo de atrás este proceso. Cuando fue el tema de la explosión de la efedrina yo tenía alertas de Estados Unidos que nos informaban el peligro de la efedrina en el país. Nosotros recién tomamos conocimiento real del problema cuando nos sentamos en un juicio con un expediente. Cuando empezó a llegar la efedrina en cantidades industriales no había reactivo en el aeropuerto,
entonces muchas cargas no fueron detectadas. Las fuerzas de seguridad no tenían herramientas para detectar estos cargamentos. –¿Somos un país de paso? –Acá están cocinando, no se produce en el país. El producto base viene de otro lado. La Argentina no es un país que compra, la horneada final se hace acá porque nuestros productos químicos son los mejores. En los últimos años se tuvo que ajustar un poco el control de precursores, esto sucedió después que en 2008 estalló el tema de la efedrina. –¿Qué datos se recolectaron sobre las cocinas? –Con el pasar de los años entendimos cómo era la movida: a partir de 1999 arrancaron 55 laboratorios que movían la importación de efedrina para uso medicinal y ya para 2008 quedaban sólo cinco laboratorios… es decir, se desplazó a la competencia y quedaron sólo cinco. De acuerdo con algunas cifras que figuran en una causa que está abierta en federal, se habían importado 154.000 kilos de efedrina entre 1999 y 2008, esos kilos a valores de lo que se pagaba en China y en México, dio un resultado de ganancia aproximada de 2.100 millones de dólares. –¿Hoy seguimos teniendo problemas con la efedrina en el país? –No se está hablando más de
este tema. Mexicanos ya no tenemos. Hubo un momento en que tuvimos muchos. Hoy la movida pasa por organizaciones que vienen de Colombia o de Bolivia, que incrementó sus plantaciones de hojas de coca. La verdad es que acá la movida es un misterio porque no sabemos bien dónde están ni cuántos son. Tenemos estas señales que llaman la atención. No se puede dejar de lado que la Argentina vive bordeando frontera con dos países productores como Paraguay, de marihuana, y Bolivia, de cocaína… es el tercer país productor de cocaína del planeta. – ¿Cuál fue la importancia del caso Manzanas Blancas? –Fue una megacausa que terminamos hace poco, donde se secuestraron tres toneladas y media de cocaína. Se trata de una exportación de manzanas de Río Negro que venían en camiones refrigerados, y cuando van a la terminal de puerto y se escanea la carga advierten algo extraño y surge que en cada caja había paquetes de cocaína. Se secuestran 1.600 kilos de cocaína y se detecta un cargamento que había logrado salir para Brasil. En ese momento se avisa a las autoridades y se detectan mil y pico de kilos más entrando a Brasil. Se trató de un cargamento de 700 millones de euros de cocaína.
fuerzas. Es necesario reforzar el control en los puertos. Instalar escáners. Sí es importante trabajar en inculcarle a las fuerzas de seguridad la necesidad de seguir la ruta del dinero. Ahí es donde debemos reforzar la capacitación. Asimismo, hay que supervisar las pistas clandestinas que crecieron en el país, porque de esto no sabemos mucho. Hay que vigilar intensamente puertos, las cargas de camiones por fronteras. – ¿A qué se debe enfrentar un juez cuando asume estas causas? ¿Sufrió amenazas durante los procesos? –Tuve muchas recusaciones, muchas veces también desvirtuaron la información en los medios. Las trabas con las que nos encontramos justamente son estrategias para apartar a los jueces de las causas. Recuerdo una vez, hace algún tiempo, que tuve que hablar con un detenido de nacionalidad colombiana. Conversábamos y en un momento me dice: “Usted en mi país no estaría hablando acá. Porque en mi país los jueces están sin rostro, detrás de un vidrio blindado, con una capucha y un número. Son jueces sin rostro, porque en mi país a los jueces los matamos”. Tengo que confesar que me corrió un frío por la espalda y me alegré de que en la Argentina no hayamos llegado a eso.