Judicial Anuncian la creación de nuevas fiscalías en la Provincia de Buenos Aires
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El Digesto Jurídico a la espera de su tratamiento en el Senado
JUSTICIA POR MANO PROPIA
Cuando se infringe la ley penal Lejos de ser actos en legítima defensa, el ministro de la Corte Eugenio Zaffaroni aseguró que los linchamientos se encuadran en el Código Penal como “un homicidio agravado, doblemente calificado: por alevosía y por ensañamiento”, y puede recibir una pena de 30 años de prisión. Se abrió el debate en el ámbito judicial
Sabrina Santopinto ssantopinto@diariobae.com
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l alerta por la inédita ola de linchamientos no sólo es parte de la agenda política sino que también se convirtió en eje de análisis judicial. “Un ladrón y una decena de asesinos”, el abogado Martín Böhmer es contundente al catalogar a estos hechos violentos y encuadrarlos en una visión desde la mirada jurídica. Porque en este plano, más allá de plantear la necesaria discusión en materia de seguridad, el escenario se ve atravesado por un debate de fondo que se debe dar de manera urgente en la sociedad: la du-
dosamente catalogada justicia por mano tos, más allá de que en la actual legislación propia es un delito, se mire por donde se ni en el anteproyecto de reforma exista tal lo mire. En este contexto, la definición de figura”, explica el abogado especialista en Zaffaroni es tajante: “No son ajusticia- derecho penal y políticas públicas Martin mientos sino homiGershanik en refeLa nueva polémica gira en cidios calificados”. rencia a la legislaEn este hervidero ción vigente. La catorno a la dureza de las donde crece la violificación legal que lencia social y el despuede aplicarse depenas y al rol de los jueces contento popular, se pende del caso que pierde de vista que la sociedad, toda, vive se aborde. “Puede ser homicidio agravado bajo un sistema de normas y legislaciones por alevosía o ensañamiento según lo esy en este punto el Poder Judicial tiene un tablece el artículo 80, inciso 2, del Código rol preponderante. Penal, como el caso de la muerte produci“Desde el derecho penal, no hay dudas da en Rosario, como también tentativa de que los llamados linchamientos son deli- homicidio o lesiones graves o gravísimas
como en muchísimos otros casos (artículos 90 y 92 del Código Penal)”, sostiene Gershanik, y amplía el concepto al indicar que “en el caso del homicidio calificado por la alevosía es posible admitir esa tipificación en función del estado de indefensión de la víctima y la participación de más de dos personas. Estas circunstancias no serían difíciles de sostener en un juicio oral”.
El rol de la Justicia En este plano se abre un nuevo debate que gira en torno de la dureza de las penas y a cómo deberían actuar los magistrados en su aplicación. “A mi juicio, la Justicia no da respuestas
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adecuadas, se ha impuesto –no en todos los casos de jueces y fiscales– la tendencia de interpretar la ley de una manera laxa, favorable al que comete el delito. Ello ocurre tanto en materia de interpretación de la ley de fondo –el Código Penal– como de la procesal, especialmente en materia de excarcelaciones y prisión preventiva”, explica a BAE el fiscal Ricardo Sáenz. Asimismo destaca que en la actualidad no se considera “legítimo” en la opinión mayoritaria que un juez dicte la prisión preventiva haciendo un pronóstico de la peligrosidad evidenciada por el delincuente por haber cometido varios delitos. “Esta interpretación de la Constitución, la ley y los convenios internacionales creo que deja a la sociedad, a los ciudadanos honestos, sean de la clase social que sean, sin la protección que la gravedad de los hechos demanda”, advierte. En ese sentido, el ministro de Seguridad Sergio Berni volvió a insistir con sus reclamos a la Justicia por “la liberación de los presos” y el trastorno que genera en la policía debido a las detenciones permanentes sobre asaltantes. “Vengo planteando la preocupación de la liberación de los presos. He ido a verlo al presidente de la
El Código Penal encierra varias figuras para encuadrar los hechos de linchamiento Corte para que los jueces tengan una mirada diferente”, sostuvo.
Escalada de violencia La mecha se encendió en Santa Fe, donde ocurrieron los primeros linchamientos que llegaron a los medios, entre ellos, el de David Moreira, que fue interceptado por un grupo de vecinos mientras desde una moto forcejeaba con una mujer que llevaba a su hija en brazos a quien intentaba sobarle su bolso. Moreira fue asesinado a patadas por un grupo de vecinos, que incluso impidieron que la ambulancia llegara al lugar pese a que había perdido masa encefálica. En ninguno de estos casos puede alegarse que las víctimas estaban actuando en legítima defensa, pues es indudable que los autores de los robos (u otros delitos) estaban huyendo o escapando del lugar del hecho y fueron luego aprehendidos por vecinos. Es decir, no había en ningún caso la necesidad de defenderse contra una agresión ilegítima (más allá de la violencia producida por el robo), ni una necesidad de usar la violencia física para repeler tal agresión (conforme lo establece el artículo 34 del Código Penal)”, indica Gershanik, y sostiene que “quienes participaron en estas agresiones no eran las vícti-
La ola de linchamientos no sólo generó preocupación entre los actores políticos y judiciales sino que abrió un intenso debate con posiciones contrapuestas: hay quienes sostienen la necesidad de que el nuevo Código Penal apunte a un mayor endurecimiento de las penas, y quienes, por otro lado, advierten que las leyes y sus penas ya son lo suficientemente severas. En este plano, el titular de la Procuraduría de Violencia Institucional señala a BAE Judicial que “el sistema penal más duro no podría ser. Una persona que es detenida sabe que será privada de muchos de sus derechos y no
La mecha se encendió con el caso de Santa Fe, donde ocurrió uno de los primeros linchamientos que llegaron a los medios TESTIMONIOS
Eugenio Zaffaroni, ministro de la Corte
No se trata de ningún ajusticiamiento, se trata de un homicidio calificado para el cual el Código Penal establece una pena llamada perpetua en nuestro texto vigente” Sergio Berni, secretario de Seguridad
Vengo planteando la preocupación de la liberación de los presos. Fui a verlo al presidente de la Corte Suprema para que los jueces tengan una mirada diferente” Abel Córdoba, titular de la Procuvin
El sistema penal ya no podría ser más duro. Considero que hay un desconocimiento o una negación de lo que implica hoy el sistema penal”
mas del delito sino que eran personas que se encontraban circunstancialmente en el lugar. Es así que no se verifican causales legales de justificación que permitan declarar inimputables a estos grupos de violentos”. Según el análisis del fiscal y miembro de Inecip, Guillermo Nicora, “matar gente es delito, aunque parezca obvio decirlo”, y ante esta lógica de pensamiento el fiscal indica que el Código Penal tiene varias figuras para encuadrar este accionar: homicidio agravado por alevosía (cuando se aprovecha el estado de indefensión de la víctima), homicidio agravado por ensañamiento, homicidio agravado por odio racial, todas éstas, figuras penadas con prisión perpetua; además, homicidio simple (“el que matare a otro” así de fácil y sin vueltas), con pena de entre ocho y veinticinco años de prisión. “En todos estos casos, por supuesto, habrá que identificar a la persona que asestó el golpe mortal. Porque no los vamos a linchar: queremos darle un juicio justo a cada asesino”, explica. El debate se instaló firmemente entre los actores que plantean iniciativas sobre las que sería beneficioso trabajar, y –todos coinciden– el momento de hacerlo es ahora.
Endurecimiento de penas va a tener ningún tipo de acceso a la Justicia. Ésta es la dimensión real que tiene hoy el sistema penal en la Argentina. Considero que hay un desconocimiento o una negación de lo que implica hoy el sistema penal”. En esta misma línea, el fiscal federal Alejandro Alagia advierte que las cárceles están repletas y que “no es cierto que en la Argentina los jueces no son severos. Ya son duras las leyes. Hay una campaña que se basa en la ignorancia explotando la angustia de la gente”.
Sin dudas queda por recorrer un largo camino que apuntará seguramente a mayores controles por parte del Estado, a la puesta en marcha de políticas públicas tendientes a lograr una mayor seguridad, pero también –como lo sostiene Lucas Arrimada, investigador en Derecho Constitucional y Estudios Críticos del Derecho de la UBA– “para recrear los lazos sociales en crisis hay que pensar en el mediano y largo plazo y ser consistente en las políticas públicas a sostener para reducir la violencia
institucional y social desde una política de derechos sociales. El derecho y sus operadores tienen un rol clave y una deuda enorme frente a estos desafíos”. En consonancia, Juan María Rodríguez Estévez, profesor de Derecho Procesal Penal de la Universidad Austral, consideró necesario restablecer la credibilidad en el sistema legal y de administración de justicia; modificar el sistema de enjuiciamiento penal para responder a las demandas sociales de mayor protección, mayor transparencia y mayor efi-
ciencia en la gestión judicial de los asuntos cotidianos que preocupan a la gente. Una Justicia lenta, de lenguaje complejo y excesivamente formalizada no es justicia, e impide que la gente la asuma como una cuestión propia y esencial para asegurar su vida social en un marco de paz y tranquilad. “Enfrentar el delito y la violencia requiere de políticas sostenidas, de un debate serio sobre la reforma del Código Penal, de las reformas necesarias del Poder Judicial y de encarar una transformación profunda de todas las policías”, agrega Paula Litvachky, directora del área de Justicia y Seguridad del CELS.
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Martin Böhmer* Especial para BAE Negocios
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abía un barrio y en el barrio de pronto hubo un asalto; es decir, alguien se convirtió en ladrón. La gente del barrio lo atrapó y lo mató. Ahora hay un barrio, un ladrón muerto y quince asesinos. La matemática retributiva es extraña. Nos quiere hacer creer que cuando a un daño (el robo) sumamos otro daño (el linchamiento) tenemos cero daño y no dos (o dieciséis, si contamos el de haberse convertido en asesinos). Algunos argentinos eran rápidos para autoexcusarse. “No pago los impuestos porque se los roban”, decían, y no advertían que al delito de corrupción le sumaban el delito de evasión fiscal y que entonces son dos los delincuentes. Esa indignada rebeldía contra la ilegitimidad de la autoridad se encausaba hacia la conveniente conducta de quedarse con el dinero que todos acordamos democráticamente poner a disposición de los demás.
“Nosotros quedamos en que al daño le responderíamos con el debido proceso” Algunos argentinos convirtieron a la retribución del mal por mal en las más bellas construcciones artísticas que representan nuestras rutinas exculpatorias. Lo que llamamos hoy linchamientos tienen una larga prosapia literaria. Como ya lo mostrara Carlos Gamerro, El matadero de Echeverría, La fiesta del monstruo de Borges y Bioy y El niño proletario de Lamborghini son violaciones, lapidaciones y asesinatos que se
Sebastián De Stefano* Especial para BAE Negocios
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n los últimos días la sociedad ha sido conmovida por episodios de violencia pocas veces vistos desde la recuperación democrática. Mucho se ha repudiado este accionar y hasta se ha hablado sobre los justificativos de estos comportamientos, pero una vez más hemos evitado interpelarnos como sociedad y analizar profundamente las causas y consecuencias de nuestro accionar. Tampoco nos hemos detenido a pensar sobre el significado de las palabras. Bajo el eufemismo de una supuesta justicia por mano propia se encubren verdaderos linchamientos públicos. Algunos de ellos terminan en asesinatos, otros en lesiones leves, ambos delitos graves. Estos hechos nos hablan de una sociedad violenta y esta violencia no resulta ejemplificadora sino que genera más re-
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Vengadores desequilibrados
cuentan sobre el fondo ominoso de una venganza latente: federales bárbaros contra el unitario civilizado, los manifestantes populares contra el estudiante judío, y la vuelta de tuerca –¿la muestra del miedo y la vergüenza de vivir excluyendo?– de los niños burgueses contra el niño proletario. A los argentinos no nos hace falta hablar de Hobbes para postular la barbarie del estado de naturaleza. Venimos de ella. Fuimos los que dijimos “por algo será” y a la violencia criminal de la sociedad civil permitimos que le suceda la violencia impar, el mal radical del terrorismo de Estado. No estábamos solos en eso, gran parte de los países del mundo siguen sumidos en el círculo aterrador de la venganza. No todas las sociedades escribieron tragedias como formas de advertir sobre la des-
trucción de toda convivencia que ese círculo genera. No todas las sociedades encontraron formas de convivencia respetuosa. Pero nosotros sí.
Nosotros quedamos en que Nunca Más Que Nunca Más alguien nos diría cómo vivir o cómo pensar (y elegimos la democracia) y que Nunca Más alguien nos utilizaría como instrumentos para sus propios designios o nos impondría su voluntad tratándonos como niños (y elegimos el respeto por los derechos humanos). Nosotros quedamos en que al daño responderíamos con debido proceso. Que todos, sin importar lo que hayan hecho, tienen derecho a ser oídos y tratados como personas autónomas, iguales y dignas. Que nos resulta ininteligible o injustificable la retribución de mal
por mal. Que en todo caso, si luego de un debido proceso se halla a alguno de nosotros culpable de un daño, le impondremos, si cabe (si tenemos pruebas de que no es desproporcionado, o de que no es inútil, o de que no empeoramos las cosas) un castigo (un daño justificado y practicado a través de procesos cuidadosos y respetuosos de los derechos de todos). Los linchamientos que algunos pocos han decidido realizar los deberían avergonzar. Con ellos vuelven a lo peor de la historia de los argentinos. Reeditan gran parte de la maldad que todos los demás decidimos dejar atrás. Y lo peor es que buscan nuestra complicidad diciendo que todos haríamos lo mismo (porque hay mucha inseguridad, porque están tristes, porque fueron víctimas de un episodio de violencia o porque
La seguridad sólo se alcanza con justicia
“Los derechos humanos son de todos, y no deben ser vulnerados” sentimiento en el tejido social. Otrora, contrato social mediante, los ciudadanos hemos resuelto otorgar al Estado,
bajo la vigencia de la Constitución y las leyes, la resolución de los conflictos interpersonales calificados como deli-
tos, entendiendo que la ley del más fuerte y el ojo por ojo violaba las garantías del Estado de derecho, que cada uno de nosotros aspiraba para sí mismo. No obstante, hoy nos encontramos con una sociedad que reacciona ante la falta de respuestas retrocediendo en estos conceptos. Los derechos humanos son de todos, y en todo tiempo, no hay situación que justifique su vulneración. En un Estado de derecho es precisamente el Estado quien debe garantizarlos a través de políticas públicas de educación e inclusión social, dirigentes y gobernantes que con el ejemplo eviten la violencia y propendan al debate de ideas y brinden respuestas efectivas a las demandas socia-
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se sienten impotentes frente a las injusticias). Pero debemos responderles que, a pesar de que entendemos su miedo y su impotencia, nosotros no sólo no haríamos lo mismo sino que creemos que ellos han cometido delitos muy graves, que creemos que deben ser castigados y que no hay justificación posible para la viveza criolla de querer justificar la descarga criminal de sus miedos o impotencias con problemas sociales que los demás estamos intentando resolver lo más civilizadamente posible. Nosotros, frente a la injusticia, votamos, participamos en política, trabajamos, cuidamos de nuestros hijos, enseñamos, aprendemos, ayudamos a otros, criticamos. Si tanto les molesta la injusticia, ¿dónde están cuando la democracia los convoca? ¿Serán parte de las organizaciones de la sociedad civil, de los partidos políticos, de los sindicatos, del aparato estatal? A nosotros nos resulta ininteligible la extraña causalidad que hace que en presencia de un daño se corra a causar otro. Algunos ahora nos quieren
“Resulta ininteligible que ante la presencia de un daño, se corra a causar otro” hacer creer que esos grupos de soberbios vengativos somos todos, o que podemos ser todos. No se los tenemos que permitir. Recordémosles de dónde venimos y lo que hicimos para salir de la peor noche de nuestra historia. Los argentinos ya dijimos Nunca Más a esto. Sigamos diciéndolo. *Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC)
les. Pero además debe garantizar el derecho a la seguridad y a la justicia, y en aquellos casos en que se quebrante la ley investigar y castigar a quienes cometen delitos, y, según la función atribuida, cada poder, cumplirla con eficiencia y de cara a la sociedad. Es necesario contar con fuerzas de seguridad profesionales que se encuentren a la altura, tanto en formación como en equipamiento y remuneración, que trabajen coordinadamente con el Poder Judicial; para ello, es imprescindible el compromiso de todos para dar señales claras y acabar con la impunidad, discutir seriamente y con responsabilidad cada engranaje del sistema de justicia, las leyes de fondo que le sirven de sustento y permiten aplicarlas, la idoneidad de quienes las aplican y la forma en la que las sentencias se cumplen *consejero de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires
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El Digesto Jurídico a la espera de su tratamiento en el Senado Se detalló la vigencia de sólo 3.295 normas judicial@diariobae.com
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a simplificación de las normas jurídicas es para nosotros una manera de acercar a los ciudadanos al ejercicio de sus derechos, desde una perspectiva democrática y de acceso a la Justicia”. Así, el secretario de Justicia de la Nación, Julián Álvarez, explicó a BAE Judicial la importancia de que se avance en el Senado con el proyecto del Digesto Jurídico que relevó más de 31.124 normas sancionadas en estos 150 años de historia jurídica, detallando la vigencia de tan sólo 3.134 normas. “Hay un principio del derecho que dice que la ley se presume conocida por todos. Sabemos que esto no siempre sucede, por eso es una tarea política muy relevante trabajar para garantizar el acceso al conocimiento jurídico. El Digesto es un paso más en este sentido”, explicó Álvarez a BAE Judicial anticipando lo que será el “Encuentro del Digesto Jurídico Nacional”, que se llevará a cabo hoy y del que participarán importante juristas y figuras de la política nacional y contará con la apertura a cargo del ministro de Justi-
cia y Derechos Humanos, Julio Alak, quien también participará del cierre del evento junto a Álvarez y al senador Aníbal Fernández.
Simplificación de las normas Así, mientras se espera el avance del Digesto en el Senado, se compartirán diferentes visiones sobre la legislación que resulta –según Álvarez– “la simplificación y ordenamiento de nuestra normativa vigente”. Cabe destacar que el Poder Ejecutivo lo envío al Congreso para su aprobación en julio de 2011 y se conformó una Comisión Bicameral para su análisis, que emitió dictamen en mayo de 2013. La Cá-
Se busca garantizar que los ciudadanos tengan acceso al conocimiento jurídico mara de Diputados le dio media sanción en noviembre de ese año y hoy está en manos del Senado para su aprobación final. “Durante todo este tiempo la bicameral contó con la colaboración de Infojus para actualizar perma-
nentemente la normativa. Esto permitió incorporar las leyes y decretos sancionados en este período a la base de datos que ahora cuenta con 3.295 normas vigentes”, explica Álvarez a este diario. Lo cierto es que la comisión encargada del Digesto realizó un intenso relevamiento en el que se encontraron algunas perlas, en medio del trabajo de recopilación: una ley de 1864, en la cual se otorgaban penas de hasta 10 años a aquellos funcionarios que azotaran gente; o que aún se encontraba vigente el decreto ordenando los fusilamientos del año 1956, en los que se ejecutó a los cabecillas de la sublevación ordenada por los generales Valle y Cogorno. Del Digesto elaborado por el Poder Ejecutivo se desprende que la historia institucional de la República Argentina de los últimos 150 años registra una producción legislativa aproximada de 31.124 normas –cifra compuesta por leyes, decretos-leyes, decretos de contenido legislativo y decretos de necesidad y urgencia–, encontrándose vigentes a junio del 2011 sólo 3.134 normas. El proyecto de ley estableció
Álvarez es uno de los principales oradores del encuentro que las leyes incluidas en el Digesto se identificarán por categorías: Administrativo; Cultura, Ciencia y Tecnología; Educación; Salud Pública; Seguridad; Acción y Desarrollo Social; Aduanero;
Recientemente se incorporaron 246 leyes y 31 decretos de necesidad y urgencia Aeronáutico-Espacial; Bancario, Monetario y Financiero. Asimismo se incluirán categorías diferenciadas para Civil; Comercial; Comunitario; Constitucional; de la Comunicación; Diplomático y Consular; Económico; Impositi-
vo; Industrial; Internacional Privado; Internacional Público; Laboral; Medio Ambiente; Militar; Penal; Político; Procesal Civil y Comercial: Procesal Penal; Público Provincial y Municipal; Recursos Naturales; Seguridad Social; Transporte y Seguros. Lo cierto es que desde el Ministerio de Justicia se continuó adelante con la actualización de la base de datos del Digesto Jurídico y al día de la fecha se han incorporado como vigentes a la base, con posterioridad al cierre del Digesto en mayo de 2011, un total de 277 normas –246 leyes y 31 decretos de necesidad y urgencia-, lo que dio por resultado un total de 3.295 normas vigentes.
MINISTERIO DE TRABAJO
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Se realizaron 70 denuncias penales por trabajo infantil
Scioli anunció la creación de nuevas fiscalías y apunta a descentralizar la Justicia
El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social realizó nuevos operativos en supermercados barriales del conurbano bonaerense donde detectó trabajo infantil y altos índices de informalidad. Inspectores de la cartera laboral encontraron un niño de 14 años realizando tareas como repositor, por lo que se labró un acta de infracción por trabajo infantil y se realizó la denuncia penal correspondiente ante Juzgado Federal de San Martín. Con esta nueva denuncia ya suman 70 los casos en donde el Ministerio de Trabajo ha detectado menores de edad trabajando, realizando las denuncias penales correspondientes en cada caso. A su vez, se relevaron 670 trabajadores de los cuales el 74% no estaban debidamente registrados. Los distritos en los que se realizó dicho operativo fueron Lomas de Zamora, donde de los 321 trabajadores el
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Detectan menores explotados 84% no estaban registrados; La Matanza, donde la irregularidad alcanzó el 74%; San Martín con el 76% de irregularidad, y La Plata, donde el no registro ascendió al 60%. Desde la cartera laboral recordaron que esta figura es un delito con penas de prisión de 1 a 4 años, según lo establecido en la ley 26.847.
n el marco de los nuevos anuncios en materia de seguridad, el gobernador bonaerense, Daniel Scioli, anunció, entre otras medidas, la creación de 10 fiscalías descentralizadas y de un cuerpo especializado en inteligencia financiera y patrimonial, que facilite la tarea de congelamiento de los activos de los narcotraficantes. Scioli hizo foco en trabajar para lograr la definitiva descentralización de la Justicia. El gobernador decretó la emergencia de seguridad en la provincia por un período de 12 meses y sostuvo que “no hay ninguna ley, ningún decreto, que resuelva por sí sola el problema y, los que dicen eso, le están mintiendo a la sociedad”. Durante una conferencia de prensa realizada en la Casa de la Provincia en la Capital Federal, el mandatario bonaerense anunció una veintena de medidas en las que se combinan iniciativas legislativas, inversiones en infraestructura y equipamiento, incorporación de efectivos a la Policía
Provincial, y descentralización de la Justicia. La declaración de emergencia implica la convocatoria inmediata del personal retirado de la Policía y del Servicio Penitenciario, lo que sumará en total unos 5.000 efectivos. “No podemos seguir discutiendo entre nosotros, con mezquindad y egoísmo mientras mueren inocentes”, dijo Scioli en relación con los debates políticos, y convocó a “todas las fuerzas políticas sin distinción de banderas” a “colaborar y a no confrontar”. En ese sentido, convocó a “sesión permanente del Consejo Provincial de Seguridad Pública, a la Mesa de Justicia y a la Federación Argentina de Municipios, donde están expresados todos los sectores políticos”. Por otra parte, reflotó la necesidad de debatir “seria y profundamente” un nuevo régimen penal juvenil, señalando que la actual normativa “emanó de la dictadura y que ha sido cuestionada por la Corte Suprema y la Corte Interamericana”.
También fijo la posición del gobierno provincial respecto de consumidores de drogas como un problema de salud pública y pidió focalizar los esfuerzos a la lucha contra el narcotráfico. “Pedimos a la Justicia que se aceleren los procesos abiertos contra los sospechosos cabecillas del narco”, agregó. Anunció además la creación de ocho alcaldías para descomprimir la situación de las comisarías y de cuatro nuevas unidades penitenciarias para 2000 internos. Entre otras medidas anunció la implementación del botón de alerta para celulares, la descentralización del 911, y la creación del anillo digital de lectura de patentes para detectar vehículos robados. Un párrafo particular se le dedicó a la implementación de medidas contra la modalidad de motochorros, que implicarán “restricciones de horarios y zonas de circulación sin acompañantes en las motos y el uso obligatorio del chaleco reflectante y casco con patente para acompañantes”.