Judicial MARTÍN OCAMPO, Titular del Ministerio Público Fiscal porteño
“Investigamos posibles organizaciones que lucran con el espacio público”
Arrancó el debate por la reforma al Código Procesal Penal
Sabrina Santopinto ssantopinto@diariobae.com
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a Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados inició días atrás la ronda de consultas sobre la reforma del Código Procesal Penal, con la presencia del juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Gustavo Bruzzone; el diputado nacional José Ignacio Cafferata Nores, y el ex titular del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, Germán Garavano. Dentro de los temas de principal abordaje surge la creación de un sistema acusatorio en el que sea responsabilidad del fiscal la instrucción de las causas, de modo que el juez tenga exclusivamente la función del juzgamiento. También se contempla la disposición de la oralidad en los procesos y la implementación del juicio por jurados. “Es importante reformar el sistema pe-
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Democratización de la Justicia: 2013 y después La Comisión de Legislación Penal de Diputados inició la ronda de consultas. Se encuentran en estudio unos 18 proyectos de cambio y se busca lograr consenso para elaborar un único texto
nal de enjuiciamiento sobre la base de grancia que son aquellos sorprendidos definir con claridad los roles de fiscal y por la fuerzas de seguridad al momento juez; oralizar la etapa de instrucción y de su comisión. Estos casos tendrían que desformalizarla. Pero mucho más im- resolverse en no más de treinta días con portante es que la reforma a la ley pro- un sistema especial de enjuiciamiento, cesal vaya acompañada de una redefini- mediante una sentencia rápida que aseción de la oficina judicial. Es decir, ter- gure los derechos del imputado. Estos prominar con el concepto arcaico de juzgado cesos hoy no tienen una respuesta adey sacarle al juez toda la cuada y congestionan el Se avanza sobre la idea actividad administrativa sistema para los casos para que pueda concende mayor envergadura”. de oralizar la etapa de trarse en la tarea estricPor su parte, Alfredo instrucción y dotarla tamente jurisdiccional”, Pérez Galimberti, miemexplicó a BAE Judicial bro de la Junta Directide mayor celeridad Juan María Rodríguez va del Instituto de EstuEstévez, profesor de Derecho Procesal Pe- dios Comparados en Ciencias Penales y nal de la Universidad Austral. Sociales (Inecip) sostuvo que avanzar con Respecto de la importancia de avanzar esta reforma busca principalmente dar a paso firme con la reforma, el especia- cumplimiento con la Constitución. “El sislista destacó que “en el corto plazo pue- tema de enjuiciamiento respetuoso de la den aplicarse reformas de fácil imple- Constitución es el juicio oral, público y mentación que ayudarían a agilizar los por jurados, en el que los ciudadanos parprocesos, como ser la implementación de ticipan en el ejercicio del poder; es una un proceso rápido para los delitos en fla- escuela de ciudadanía, de pertenencia a
la comunidad. Pocos proyectos institucionales tienen una importancia comparable a la reforma procesal”, comentó a BAE Judicial el especialista. Lo cierto es que en la actualidad la justicia penal atraviesa terrenos complejos: alrededor del 85% de los casos que ingresan nunca llegan a una solución, los plazos de resolución con excesivamente prolongados –incluso en los delitos sencillos– y la capacidad de investigación es pobre, situación que se ve reflejada en que sólo el 5% de los casos ingresados llega a juicio.
El sistema acusatorio Conforme lo analiza Pérez Galimberti, la reforma implica un cambio profundo en los actores del proceso: los jueces ocupan el lugar de terceros imparciales, sin implicarse en la persecución penal, que queda a cargo de la fiscalía. “Esto significa una transformación completa de la organización de jueces y fiscales. El juez deja
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de gestionar intereses, que son asumidos por las partes: los de la víctima por el fiscal, los del imputado por la defensa. La intervención del jurado vendría a completar la participación ciudadana en el poder más hermético del Estado”, sostiene. Así, una de las reformas que avanza con mayor intensidad viene de la mano de, en su mayoría, los fiscales que insisten con la necesidad de que se adopte un sistema acusatorio para la justicia penal. “Cuando llegamos al ministerio, nos encontramos con uno de los ministerios públicos más atrasados de América latina. Nuestro sistema procesal es retrógrado, porque todos los nuevos códigos tienen un sistema acusatorio donde está estrictamente dividida la función de quien debe investigar y de quien debe juzgar, y el hecho de que nosotros aún conservemos un sistema donde el que investiga también juzga, es algo que no tiene un estándar alto para las garantías de los imputados y tampoco para las investigaciones o la transparencia del proceso”; así la titular del Ministerio Público Fiscal, Alejandra Gils Carbó, explicaba uno de los principales objetivos de su gestión, que buscará migrar a un sistema acusatorio para lograr una mayor transparencia en los procesos. En este punto, Rodríguez Estévez destaca que una reforma efectiva del sistema judicial penal tiene que ser integral, abarcando también el cambio cultural de sus operadores, “ya que un sistema acusatorio implica trasladar al fiscal todas las facultades de investigación que hoy tiene el juez, pero ese traslado tiene que concretarse con el traspaso de los recursos y los medios apropiados con una oficina de investigadores propios que dependan exclusivamente de ellos”. En definitiva, un punto en el que hay gran consenso apunta a una reforma del Código Procesal Penal que haga foco en una redefinición en el rol de los jueces y los fiscales y que, por sobre todas las cosas, no vulnere los derechos y garantías de las personas sometidas a un proceso judicial, sean imputadas o víctimas. Consultados sobre las bondades de la implementación del sistema acusatorio,
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dato menor que en el país ya existan modelos de códigos procesales de neto corte acusatorio como los incorporados en la provincia de Chubut, La Pampa o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; asimismo, se encuentra en proceso de implementación en Entre Ríos, Santa Fe y Santiago del Estero.
Las debilidades del sistema actual
Hay unos 18 proyectos de reforma que están a estudios de los especialistas
EN AGENDA
Juicio por jurados y oralidad ■ Uno de los principales puntos sobre los que hubo consenso en la audiencia pública fue en la implementación de la oralidad de todos los procedimientos judiciales. “La oralidad de los procedimientos, como viene planteado en este proyecto, es lo único que puede llevar a que mejoren las prácticas y la celeridad del procedimiento”, aseguró el juez Bruzzone. En los mismos términos, Garavano pidió “que la oralidad no sea una ficción, ya
que el sistema actual tiene una tendencia a suprimir la oralidad”. Por eso, el consultor judicial instó a asegurar que las constancias sean de audio, video y de documentos digitales. Por su parte, la diputada Cornelia Schmidt LIermann reafirmó la necesidad de que “todas las etapas del proceso penal sean orales para una mayor agilidad, transparencia y control del ciudadano de las decisiones judiciales”.
los juristas coincidieron en que se garantizaría una mayor capacidad de investigación, mayor respeto por los derechos de los imputados y mayor transparencia del proceso. Lo cierto es que desde el inicio de la democracia se intentó aplicar este cam-
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a justicia criminal federal sigue aferrada a un modelo de trabajo y organizativo que se mantiene casi sin cambios desde el siglo XVIII. El ritualismo, el excesivo rigor formal, la falta de inmediación, publicidad y transparencia son sus principales características. En 1992, se reformó el Código Procesal Penal de la Nación para introducir la instancia de juicio oral, hasta aquel momento inexistente. Al mismo tiempo se pasó de un sistema inquisitivo, donde los jueces eran los únicos responsables de la investigación y el juzgamiento, a un sistema mixto con una mayor preponderancia del Ministerio Público Fiscal. A 24 años de aquella última gran reforma, la evidencia empírica demuestra que es urgente el cambio. Un sencillo indicador revela las dificultades que tiene el sistema para tramitar las investigaciones que se inician: en el 2012 los juzgados en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital, los encargados de investigar los casos de corrupción, lavado de dinero y narcotráfico, sólo elevaron a juicio un 2,5% de las causas que resolvieron. De
ese total, tan sólo el 1,1% de las causas elevadas a juicio, fue por narcotráfico y el 2,1% por causas de corrupción. Elevar una causa a juicio implica que se pudo individualizar uno o más responsables del delito y que hay pruebas para que se realice un debate oral y público. En la reunión de la Comisión Bicameral de Seguridad de la semana pasada quedó en evidencia que en los últimos años hubo un fuerte crecimiento del crimen organizado, especialmente el narcotráfico, es una de las principales preocupaciones de las autoridades. Frente a ello, la justicia penal parece poco preparada para tramitar eficazmente esas causas. A nivel federal se necesita pasar a un sistema acusatorio y adversarial pleno. Se pasará así a un sistema donde todo se resuelve en audiencias públicas de cara a la sociedad. Para que la reforma procesal realmente tenga el impacto necesario, no es suficiente el cambio legislativo. La implementación deberá ser cuidadosamente planificada, tanto en lo relativo a capacitación de los operadores, inversión en infraestructura y diseño organizacional. * Abogada penalista
Bruzzone consideró que “hay que alentar esta reforma para prepararnos para el juicio por jurados”, institución contemplada por la Constitución de 1853. El encargado de exponer sobre este tema fue el ex diputado Cafferata, quien comentó la experiencia cordobesa. El abogado remarcó que se trata de “una institución política, no jurídica-técnica, porque el poder de condenar o absolver lo tienen los ciudadanos”.
bio en cinco oportunidades fallidas. La implementación del sistema acusatorio daría cumplimiento a la Constitución Nacional, más allá de que exista como agravante el hecho de que la legislación vigente no esté pensada dentro de los parámetros de este sistema. No es un
A 24 años de la última gran reforma Martín Gershanik*
Juicio por jurados
Consultados sobre los puntos grises del sistema que rige actualmente para los procedimientos penales, desde Inecip destacan que “en el sistema de enjuiciamiento federal se ha endiosado el trámite, lleno de ritualismos innecesarios, ya que no cumplen con ninguna de las dos funciones esenciales; contribuir a una persecución penal eficaz, por un lado, o preservar el sistema de garantías, por el otro”. En este camino hacia la búsqueda de dotar de mayor efectividad a la justicia penal, las reformas del Código Penal y del Procesal Penal deben ir de la mano: “Sin dudas son complementarias, pues no pueden pensarse las normas penales con independencia del sistema de persecución de delitos. La política criminal, desde su formulación, debe tener claro cuáles son los recursos disponibles, pues esto va a repercutir en su configuración real”, sostiene Pérez Galimberti. En el marco del debate en la comisión, Garavano avanzó sobre un punto importancia al destacar que “un sistema adversarial con un Código Procesal de corte acusatorio permite articular una política criminal entre la Justicia y el Gobierno”, ya que con el “actual sistema es imposible llegar a las últimas consecuencias” y “priorizar determinados casos frente a otros”. El 13 de mayo la comisión tiene previsto escuchar a los autores de las reformas procesales de Santa Fe y Neuquén. El ciclo de audiencias públicas comenzará el 3 de junio en La Plata, continuará el 3 de julio en Córdoba, el 8 de agosto en Rosario y el 3 de septiembre en Capital Federal. En ese período los diputados podría recibir un proyecto del Poder Ejecutivo, en el que se actualizarían las propuestas de Albrieu.
¿Qué reforma necesitamos? Martín Casares*
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ecesitamos una reforma integral del sistema de enjuiciamiento penal. Un nuevo Código Procesal Penal que, partiendo de los principios de nuestra Constitución Nacional y los Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos, nos permita contar con una administración de justicia moderna que concilie el poder punitivo del Estado con el respeto a las garantías individuales. Cambiar el actual sistema penal federal, antiguo y obsoleto, por uno moderno cuya administración de justicia penal se organice de modo adecuado para resolver sus conflictos de manera rápida, eficiente, transparente, imparcial y accesible a todas las personas. En este sentido, uno de los mayores desafíos, será trabajar en un proyecto que permita contar con una mayor eficacia en la persecución de los delitos protegiendo los derechos y garantías individuales. Así, el nuevo Código Procesal Penal de la Nación deberá propiciar un sistema acusatorio adversarial que redefina los roles de los jueces, fiscales y defensores, poniendo la investigación a cargo del
Ministerio Publico Fiscal, dando mayor intervención a la víctima del delito, y al ciudadano para que pueda ver y controlar la labor de los funcionarios judiciales. Un régimen procesal en el que el juicio oral, público y contradictorio sea el centro del proceso penal extendiendo la oralidad a todas las instancias del proceso y no sólo a una pequeña cantidad de casos que llegan a la etapa de debate. En el nuevo proceso, los magistrados deberán resolver las cuestiones planteadas por las partes en audiencias orales públicas. Esto es un avance no menor, ya que garantiza de manera efectiva la inmediación entre el juez y las partes, evitando las ausencias y delegación de funciones, la publicidad de los planteos y de las resoluciones judiciales, ya que por su carácter de “públicas” cualquier ciudadano podrá presenciar estas audiencias. Para lograr esto, no hace falta inventar un sistema procesal desde cero, ni importar normas extranjeras; en nuestro país contamos con buenos códigos acusatorios, como el de la provincia de Chubut o el de la Ciudad de Buenos Aires. * Investigador. Docente de la Fundación Pensar
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MARTÍN OCAMPO
El titular del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad se refirió a la aplicación de políticas de impacto para la convivencia urbana: destacó que se avanza sobre la actividad de trapitos y manteros
“Estamos investigando posibles organizaciones que lucran con el espacio público” GENTILEZA MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE CABA
Sabrina Santopinto judicial@diariobae.com
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l flamante fiscal general porteño avanza a paso firme diseñando tareas de investigación e inteligencia para abordar de forma integral las problemáticas referidas al abuso del espacio público. Ocampo advierte la necesidad de perseguir la matriz económica de estos ilícitos –que son cotidianos en muchas zonas de la capital– como una forma de desbaratar las bandas que se encuentran operando detrás de estos negocios. –¿Cuáles son los objetivos de esta nueva gestión? –Nos encontramos con una institución en pleno funcionamiento y con un equipo con ganas de trabajar. Nuestra idea es dedicarnos en esta nueva etapa a temas que por ahí no estaban tan desarrollados. Como temas centrales buscamos cumplir con el mandato de hacer el control de legalidad y defensa del interés público. Vamos a poner hincapié en el área contencioso administrativa. En la parte penal contravencional de faltas la tarea principal la llevan adelante los fiscales, por lo cual todo el organismo tiene que funcionar
“Buscamos cumplir con el control de legalidad y la defensa del interés público” con el foco puesto en asistirlos a ellos en la tarea de investigación. –¿Cómo van a encarar el trabajo en el área contencioso administrativa? –Estamos armando un sistema de intervención diferente al que existía. Actualmente, sólo intervenimos a partir del requerimiento de los jueces y en temas vinculados a la competencia. Hoy en día vamos a solicitar intervención directamente en los expedientes cuando veamos que están en juego los intereses colectivos de la sociedad, o cuando hay bienes individuales homogéneos. –¿Cómo avanzarán en los temas contravencionales? –Tenemos un rol muy importante en este frente, dado que no sólo resolvemos casos sino que nuestras políticas tienen y van a tener un impacto muy importante en la convivencia urbana. El uso del espacio público es un tema de mucho impacto en nuestra comunidad, y para eso estamos diseñando un trabajo que tiene que ver con las diferentes formas de abordar las problemáticas referi-
“Debemos conversar sobre el traspaso completo de los fueros” das al abuso en el uso del espacio público. La tarea tiene que ver con trabajo de investigación e inteligencia. Tenemos la presunción de que sobre temas como los trapitos o los manteros, hay organizaciones que lucran con el espacio público y nuestra idea es investigar a quienes están manejando estas organizaciones que, por cierto, están ganando mucho dinero. Creemos que el espacio público debe ser un lugar para todos. Ya hay causas iniciadas en esta dirección. En las investigaciones que fuimos haciendo recolectamos datos muy jugosos que nos llevan a seguir la ruta de estos delitos. –¿Están avanzando con relevamientos en las distintas zonas de la ciudad? –Hay sectores más calientes de la Ciudad en lo que hace a ocupación del espacio público como Once, la Avenida Avellaneda, Liniers y algunas zonas del centro de la Ciudad, que tienen cantidad de manteros ilegales, y en esto estamos trabajando. Tenemos detectada una organización en Palermo que se dedica a la venta de frutas y verduras en la vía pública […] sabemos quiénes son, cómo trabajan, tenemos identificados vehículos, sabemos cómo operaban, etcétera. Hay una dimensión distinta en el abordaje que encaramos y tiene que ver con el sentido económico del delito. En la mayoría de los ilícitos que se cometen hay una matriz económica y esto es necesario investigarlo y atacarlo, porque cortando la matriz económica vamos a dar una solución total a estos ilícitos. –Ahora que existe el debate del Código Procesal Penal, ¿considera que a nivel federal se podría replicar el sistema de la Ciudad? –En la Ciudad tenemos un sistema acusatorio, el fiscal es la parte que lleva adelante la investiga-
ción y tiene la disponibilidad de la acción del Estado, es decir, los jueces no investigan. En la Ciudad, si los fiscales no investigan no hay caso. Acá la disponibilidad de la acción penal es del fiscal, y esto es algo muy importante. Nuestro sistema es mucho más oral y esto lleva a que los temas se resuelvan con mucha velocidad y esto le impone a su vez al juez una dimensión en las decisiones diferente. También es cierto que es un sistema que necesita de más recursos. –El debate del Código Penal y los hechos de linchamientos llevaron a la sociedad a reclamar penas más duras, ¿cuál es su visión al respecto? –Considero que la discusión del Código Penal se ha tenido en medio de una discusión sobre la política de seguridad. En ese sentido creo que es una discusión sesgada y la reforma del Código Penal no es lo que resuelve los problemas de la seguridad. Hay cosas que se deberían discutir desde otro lugar. Actualmente tenemos un Código que puede funcionar y el problema muchas veces no son las penas sino la forma en que se aplican, las normas de procedimiento, qué sucede con la reinserción, con el sistema penitenciario… Para nosotros, como operadores judiciales, considero que no es el mejor abordaje discutir sólo sobre las penas […] muchas especulan políticamente con esa discusión. En nuestro caso debemos entender si estas reformas pueden o no ayudar a mejorar el sistema de Justicia. Esta discusión se tiene que dar por fuera de las políticas de seguridad. –¿Se espera el traspaso de nuevas competencias de la Nación a la Ciudad? –Este tema se vive aún con cierta incertidumbre. Considero que la Ciudad y la Nación tienen que
entablar una conversación sobre el traspaso completo de los fueros. Ya estamos a un nivel de crecimiento del Poder Judicial de la Ciudad que demuestra que está en condiciones de asumir como el resto de las provincias. La Ciudad de Buenos Aires es culturalmente y socialmente una provincia, entonces esto se debe reflejar también en el marco jurídico. –¿Cuáles son los planes de acceso a la Justicia que se van a implementar? –Hay muchas cosas en las que estamos avanzando en este plano. Hay que revolucionar el acceso con los nuevos medios de comunicación: actualmente tenemos muchos medios de recepción de denuncias, desde el 0800 hasta pueden radicar denuncias por mail, tenemos descentralizadas en las comunas las oficinas de recepción de denuncias, lo que permite facilitar a los vecinos la radicación de sus denuncias. Trabajamos coordinadamente con la Policía Federal y la Metropolitana. Considero que uno de los secretos es entender que hay diferentes tipos de problemas sociales en distintos sectores y ahí es donde el Estado debe estar presente para garantizar el sistema
“En la Ciudad tenemos un sistema acusatorio y la disponibilidad de la acción penal es del fiscal” de Justicia. Hay que generar sistemas para que la gente conozca y tome conciencia de sus derechos. Tenemos sistemas de asistencia a la víctima, unidades móviles de asistencia, etcétera. –¿Cómo se llevan a cabo las investigaciones en torno de los clubes de fútbol? –Estamos trabajando con el marco de abordaje jurídico que tenemos. La problemática de la violencia en el fútbol y los barras exceden las cuestiones que podemos investigar desde la Ciudad. Pero en este plano es necesario que el Estado tenga una mirada inteligente. El problema de las barras empezó siendo un problema de violencia contra barras de diferentes equipos y hoy la mayoría de los problemas son intrabarras. Esto tiene que ver, como decía antes, con la matriz económica de los ilícitos […] está el negocio de la reventa de entradas, de los trapitos, al merchandaising que se vende en las inmediaciones de los estadios […] y es ahí donde el Estado debe intervenir para romper esas organizaciones económicas.
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BREVES
Acceso a la Justicia para los más vulnerables El secretario de Justicia de la Nación, Julián Álvarez, y la defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez, firmaron dos convenios de cooperación para reforzar el acceso a la Justicia. Así se amplía el servicio de asesoramiento, orientación y derivación que brinda el Ministerio de la Defensa a la población que asiste a los Centros de Acceso a la Justicia (CAJ).
Consultas online de causas judiciales El Centro de Información Judicial habilitó un acceso al nuevo mecanismo de consulta online de causas judiciales en trámite, que funciona sobre la base del Sistema Informático de Gestión Judicial. La publicación se hace en tiempo real, esto significa que toda actuación que sea registrada como firmada en el sistema se encuentra disponible para el usuario de manera inmediata. La aplicación es común para la totalidad de los fueros nacionales y federales.
Ciclo de conferencias en la Feria del Libro En el marco de la 40° Feria Internacional del Libro, Infojus (Sistema Argentino de Información Jurídica) ofrecerá un ciclo de conferencias sobre Derecho del Trabajo, Penal, Público, Privado, Derechos Humanos y Filosofía de Derecho. Hoy a las 14.30, en la Sala “Adolfo Bioy Casares”, el consejero Mario Fera y el abogado Leandro Recalde disertarán sobre Derecho del Trabajo. El miércoles 30 será el turno de los doctores Arístides Corti y Eduardo Barcesat, quienes tratarán el Derecho Público bajo el título “Estrategias para el Desarrollo Económico Autónomo”, en la misma sala, mismo horario. El miércoles 7 de mayo El miércoles 7 de mayo será el turno de Alicia Ruiz, el Magister Sebastián Rey y Ángela Mora, quienes expondrán sobre “Justiciabilidad de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales”.
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Democratización de la Justicia: 2013 y después Martín Hevia* Especial para BAE Negocios
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n 2013, quizá como nunca antes en la historia argentina, el rol del Poder Judicial en nuestra democracia fue el centro de la discusión pública. Ya a fines de 2012, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner había anunciado que impulsaría la “democratización de la Justicia”. Para ella existía un “divorcio entre la sociedad y la Justicia”; era tiempo de que la sociedad pudiera exigirle a la Justicia “la misma conducta de decoro, independencia, respeto a la voluntad del Parlamento y la voluntad popular”. Su preocupación no era sorprendente: falta de independencia, poca transparencia en el sistema de nombramiento, remoción y sanción de los magistrados, y ausencia de rendición de cuentas hacia la sociedad son algunos de los defectos que la ciudadanía identifica en el Poder Judicial. En respuesta a esta percepción ciudadana, en 2013 la Presidenta envió un paquete de leyes al Congreso Nacional, que fueron aprobadas en ambas Cámaras –algunas de estas propuestas fueron posteriormente declaradas inconstitucionales en el Poder Judicial–. Esta decisión abrió un auspicioso debate en nuestra sociedad: ¿Qué significa “democratizar la Justicia”? A continuación, me concentro en una dimensión de esta discusión que ha surgido en este debate, y en la agenda de reformas posibles hacia el futuro.
Participación ciudadana: elección de los jueces A diferencia del Poder Ejecutivo
y del Legislativo, en nuestro país, los jueces no son directamente elegidos por voto popular. Por consiguiente, la ciudadanía tampoco puede controlar el desempeño de los tribunales a través del voto –en cambio, si los políticos no responden a los intereses de sus votantes, éstos pueden, al menos, sancionarlos quitándoles el voto–. En Estados Unidos, por ejemplo, algunos Estados han adoptado el sistema de elección popular de los magistrados. Podría objetarse que la elección directa a través del sufragio universal podría llevarlos a actuar en al-
El rol del Poder Judicial y de la Corte Suprema es velar por el respeto a las garantías gunas ocasiones conforme al clamor popular, lo que podría poner en peligro los derechos de las minorías (las democracias constitucionales como la Argentina, comprometidas con tratar con igual respeto y dignidad a todas las personas, establecen garantías fundamentales como la igualdad ante la ley, la libertad de expresión y de asociación o el derecho a la privacidad, entre otras). En este esquema, el rol del Poder Judicial y de la Corte Suprema, en particular, es velar por el respeto a dichas garantías y, cuando correspondiere, reafirmar la constitucionalidad de las decisiones de la mayoría reflejadas en las leyes sancionadas por el Congreso. De todos modos, incluso si la elección fuera por sufragio, nada garantiza que, al dictar sentencia, los jueces tengan en cuenta los intereses de
Es necesario trabajar para reconstruir la confianza en la Justicia sus votantes. En Argentina, la Constitución adopta una solución intermedia: a partir de la reforma constitucional de 1994, y de acuerdo con el artículo 114 de la Constitución Nacional, el Consejo de la Magistratura es el encargado de confeccionar las ternas de candidatos a ocupar el cargo de jueces nacionales y federales, para que luego sean designados por el Ejecutivo en acuerdo con el Senado. El Consejo está integrado por representantes de los poderes elegidos por votación popular –el Poder Ejecutivo y el Legislativo–, por representantes de los abogados matriculados y jueces (la Constitución no establece el número de representantes de cada uno de estos estamentos, sí establece que la ley debe procurar un “equilibrio”), así como por representantes del ámbito académico y científico. Es decir, la participación de la población es indirecta, a través de sus representantes. Se ha criticado al Consejo porque, en algún sentido, su existencia incentiva el corporativismo de los estamentos representados. Además, el poder político y el económico pueden ejercer sus presiones sobre los integrantes del Consejo. La reforma propuesta por el Poder Ejecutivo no cuestionó ni la elección indirecta de los magistrados ni la institución del Consejo de la Magistratura (para
ello, en todo caso, hubiera sido necesaria una reforma constitucional). En cambio, se propuso aumentar el número de académicos integrantes del Consejo, así como que los representantes de los abogados y los académicos integrantes del Consejo fueran elegidos por sufragio universal.
¿Cómo hacer para terminar con la dependencia de la Justicia de sus propias burocracias” Los defensores de esta propuesta sostenían que estaba inspirada en aumentar la participación de la ciudadanía en la selección y el control del único poder no sometido a las reglas de la elección popular. Fundamentan, además, que el artículo primero de la Constitución establece el sistema representativo para nuestro país y que todas nuestras instituciones deben reflejar esta filosofía democrática. Por otra parte, al aumentar la influencia de la voluntad popular en la elección de los consejeros, se buscaba minimizar la influencia de los poderes económicos en el desempeño de la Justicia. Esta propuesta fue la que encontró mayor resistencia: dado que la reforma aumentaba la influencia de la política partidaria en la conformación del Consejo, derivaría en un aumento
JORNADA ELECTORAL
El Colegio Público de Abogados elige autoridades Hoy, de 8 a 18 horas, se llevan a cabo las elecciones en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal para renovar autoridades. La lista que preside la institución con Jorge Rizzo actualmente a la cabeza –Gente de Derecho– postula a Roberto López y aspira a un nuevo mandato al frente del Colegio. La elección –que finalmente se llevará a cabo sin la presencia de
una lista perteneciente al kirchnerismo– lleva encabezando la intención de voto al candidato de Gente de Derecho, de corte socialista, pero asimismo lleva en la lista a postulantes adherentes de PRO, del radicalismo, de UNEN, del massismo y del kirchnerismo. “Los partidos siguen intentando entrar al Colegio, pero vamos a seguir luchando para que preservar la casa de los abo-
gados. Nuestra lista es un mosaico de ideologías y de gente con diferentes pensamientos políticos”, explica a BAE López. En la otra vereda, el principal opositor es Cambio Pluralista, que impulsa para la presidencia a Raúl Aguirre Saravia, del Colegio de Abogados de la ciudad, quien lidera una alianza entre las agrupaciones Será Justicia, Abogados Pluralistas y Aboga-
dos de Pie, apoyada por parte del radicalismo. Se espera un gran afluente de abogados para estas elecciones. Cabe destacar que en los últimos comicios de 2012 más de 19.000 abogados emitieron su voto; en esta oportunidad Rizzo ganó la presidencia con el 45% de los votos, seguido por el fallecido Atilio Alterini, 39%, apoyado por la UCR.
de la dependencia de la Justicia argentina del poder político con mayoría en el Consejo. A su vez, en el caso “Rizzo”, con el voto de seis de sus siete integrantes, la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró en junio la inconstitucionalidad de la elección popular de los consejeros abogados, académicos y jueces. La Corte sostuvo que, de acuerdo con el texto constitucional, con excepción de los representantes de los órganos políticos, los integrantes del Consejo representan a los respectivos sectores, por lo que no pueden ser elegidos por sufragio universal –dejarían de ser representantes sectoriales para convertirse en representantes de toda la población–. En su disidencia, el juez Zaffaroni planteó que la conformación del consejo prevista en la ley no constituía una amenaza al equilibrio mencionado en la Constitución. La decisión de la Corte Suprema en modo alguno ha terminado con el debate. Por ejemplo, los proyectos de reforma no incluyeron propuestas para facilitar el acceso de la población a los tribunales. No obstante, nuestro compromiso con la igualdad democrática requiere preguntarnos qué medidas deberían tomarse para que la Justicia no sea un lujo disponible solamente para quienes puedan pagarlo. También podríamos preguntarnos cómo hacer para terminar con la dependencia del Poder Judicial de su propia burocracia, que, quizá por falta de recursos, extiende la duración de los litigios; o preguntarnos qué podemos hacer para que la Justicia tenga visión de género o diversidad en su composición, o por la aplicación desigual de la ley penal en detrimento de los pobres. En definitiva, mirando hacia el futuro, para reconstruir la confianza en la Justicia, es fundamental mantener vivo y tomar en serio el debate acerca del rol del Poder Judicial en nuestra democracia. *Decano ejecutivo y profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad Torcuato Di Tella