DiarioBAEJudicial-2014-05-13

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Judicial Las mediaciones estarán cerca de los 90 mil casos antes de fin de año

BAE Negocios www.baenegocios.com Martes 13 de mayo de 2014

Argibay, luchadora incansable por los derechos de la mujer

Se expanden las fronteras del juicio por jurados

Con el debate por la reforma del Código Procesal Penal, la implementación de los jurados populares vuelve a tomar importancia y se pone en la agenda pública. Muchas provincias han adoptado el modelo con éxito y otras ya estudian su puesta en marcha Sabrina Santopinto ssantopinto@diariobae.com

U

no de los puntos que llevó mayor análisis en las audiencias públicas celebradas en la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados fue la implementación del juicio por jurados al sistema de administración de justicia. En este contexto, hubo especial consenso en la necesidad de dar cumplimiento a lo articulado en la Constitución Nacional. En esta línea de análisis, el juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Gustavo Bruzzone, consideró –en la primera de las audiencias públicas– que “hay que alentar esta reforma para prepararnos para el juicio por jurados”, institución contemplada por la Constitución de 1853 pero nunca implementada a nivel nacional. Por su parte, el diputado nacional José Ignacio Cafferata Nores comentó la experiencia cordobesa. El abogado remarcó que se tra-

ta de “una institución política, no jurídica- templado en la Constitución Nacional. técnica, porque el poder de condenar o ab- Se sumaron luego Neuquén y la provinsolver lo tienen los ciudadanos pero la pena cia de Buenos Aires. Lo cierto es que el juicio por jurados –un la fijan los jueces”. “Algunos dicen que es el avance de la cultura democrática; según sistema aplicado en muchos países y que otros, los jueces que tienen mala fama pre- busca que los ciudadanos participen de la fieren delegar decisiones al jurado”, repasó administración de justicia– fue incorpoCafferata y continuó: “Unos dicen que se rado en tres artículos de la Constitución implementa para que haya más garantías; Nacional argentina de 1853, pero siempre otros, para evitar que los delincuentes en- resultó un mandato incumplido. El sistetren por una puerta y salgan por otra, para ma implica que ya no serían los magistrados los únicos actores castigar más eficazCórdoba es pionera del proceso, sino que mente”. “Todos tiene un en los casos más graves poco de razón”, evaluó. en la aplicación de estos sería un cuerpo de 12 procesos: forma jurados con el que definiría la culEl impulso cordobés Córdoba se lleva, sin pabilidad o inocencia ciudadanos y magistrados dudas, el mote de piodel acusado. nera, dado que ya en 2004 avanzó con Sin ir más lejos, tiempo atrás fue la misla implementación de los jurados po- ma presidenta quien instó públicamenpulares –compuesto por ciudadanos y te para que se comenzara a trabajar en el jueces profesionales que toman en con- plano legislativo con la recuperación de junto la decisión–. El impulso que dio la demanda constitucional del juicio por esta provincia llevó a que rápidamente jurados, una deuda pendiente aún de la muchos se plegaran a este sistema con- justicia nacional.

“Más allá de la deuda que su falta de implementación implica, el juicio por jurados hoy deviene imprescindible porque existe un alto grado de incomprensión por parte de la ciudadanía de lo que sucede en los tribunales; en este sentido, la creación de tribunales integrados por mujeres y hombres comunes construirá una comunicación entre el pueblo y la Justicia”, analiza la presidenta de la Cámara Nacional de Casación Penal, Ángela Ledesma. En esta línea de acción, el camino hacia la reforma del Código Procesal Penal pone al juicio por jurados como uno de los puntos sobre el que se dará principal tratamiento y, según se espera, “se podrían comenzar con las pruebas piloto sobre el fin de este año”. Así. la aplicación de los jurados populares se constituye como uno de los puntos más reclamados por los juristas en los últimos tiempos, el cual es, sin dudas, una falta de cumplimiento a la Constitución. Según lo analizan expertos de la sociedad civil, un sistema judicial administrado


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