licencia social Transición energética y

EL PLANETA ENFRENTA un gran desafío: reducir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) entre un 25% y 50% de aquí al año 2030 para frenar el calentamiento global, según los objetivos del Acuerdo de París. Para ello, a nivel global se han impulsado múltiples iniciativas que permitan hacer frente a este reto, destacando la masificación de las energías renovables como camino para alcanzar la meta.

En 2015, Chile definió su Política Energética 2050 con la finalidad de avanzar en el desarrollo de un sector energético confiable, seguro, sostenible, inclusivo y competitivo. Dos de los cuatro pilares en que se sustenta esta hoja de ruta tienen que ver con la necesidad de armonizar el avance de la infraestructura eléctrica con la gestión de territorios, comunidades y cuidado del medio ambiente.

En ese ámbito, la licencia social o licencia social para operar juega un rol clave. Este concepto describe el grado de legitimidad social de los proyectos u operaciones de una empresa o actividad económica determinada, que se ejecutan en un territorio. Así, comprende el nivel de apoyo y aprobación de dichas actividades por parte de diferentes grupos de interés.

Gremios eléctricos resaltan la importancia de que el relacionamiento entre la empresa y los actores clave de un territorio se genere en una etapa temprana del proyecto. Asimismo, anuncian un estudio con el fin de aportar a una armonización de los instrumentos de gestión en la materia.

Una de las barreras con la que se ha topado el país en su camino a la carbono neutralidad y la necesidad de desplegar infraestructura de generación, transmisión y almacenamiento de energía eléctrica, radica en que con frecuencia los proyectos se contraponen a los intereses de las comunidades.

Desde la institucionalidad, ONGs, empresas y asociaciones gremiales se han generado instancias de discusión y propuestas para mitigar y/o aprovechar el impacto que generan los proyectos de infraestructura energética en los territorios donde se asientan. Sin embargo, junto con estos esfuerzos, para que las iniciativas de inversión obtengan licencia social se requiere de otras acciones a fin de promover una armonización entre los proyectos y la gestión territorial.

Diálogo temprano

La directora de Asuntos Comunitarios y Buenas Prácticas de Generadoras de Chile, Macarena Álvarez, asegura que el diálogo temprano es vital en este tema, junto con la comprensión de las complejidades y características de cada territorio.

“No existen recetas y cada proceso de diálogo y relacionamiento es único, pero partiendo de esa base es fundamental que el relacionamiento entre la empresa y los actores claves de un territorio se produzca en una etapa muy temprana del proyecto. Esta es la única vía para construir una relación basada en el conocimiento mutuo y en la confianza, algo tan poco presente hoy en nuestro país y en lo que tenemos que trabajar todas y todos”, señala la ejecutiva.

Agrega que este vínculo permite identificar de forma temprana, “los posibles efectos del proyecto, para abordarlos y trabajar asimetrías de información existentes (…) no puedes avanzar en un proyecto si no has abordado los efectos que preocupan a los habitantes del territorio”.

Buenas prácticas

En Generadoras de Chile han puesto énfasis en el diálogo efectivo como herramienta para lograr un trabajo asociativo-productivo orientado a todas las partes involucradas en el desarrollo de los proyectos energéticos.

Con ese objetivo, desde hace cinco años la entidad gremial realiza el “Concurso Buenas Prácticas”. A través de este certamen, sus empresas asociadas han desarrollado una serie de iniciativas para dar cuenta del logro de mejoras directas en la calidad de vida de los habitantes de las comunidades y territorios donde se insertan sus operaciones, además de su compromiso con la transición energética.

Macarena Álvarez destaca como un ejemplo de ello la labor que realiza Colbún junto con la Fundación Huella Local en los municipios de Santa Bárbara, Quilaco, Quilleco y Antuco –todos de la región del Biobío–, “cuyo objetivo es fortalecer a los equipos municipales para el levantamiento de recursos públicos y la ejecución de obras a través un proyecto si no has abordado los efectos que preocupan a los habitantes del territorio”, Macarena Álvarez, directora de Asuntos Comunitarios y Buenas Prácticas, Generadoras de Chile A.G. del desarrollo de proyectos de infraestructura y equipamiento de alto impacto social”.

Asimismo, menciona el trabajo que desarrollan empresas como Enel, Pacific Hydro y Engie con comunidades para contribuir a electrificar sus territorios y con ello aportar desde el sector privado a la superación de la pobreza energética. “La electricidad es tan necesaria para poder estudiar, refrigerar alimentos o calefaccionarse; tiene un tremendo impacto en la calidad de vida”, apunta.

Finalmente, la profesional resalta los avances obtenidos por Grupo Cerro y la planta Cerro Dominador, firma a la que califica como pionera en tener una mirada de género y por su programa de contratación de mano de obra local. Añade que esta perspectiva ha sido tomada por otras compañías como Generadora Metropolitana, que lleva tres años implementando un proyecto para capacitar a mujeres emprendedoras y jefas de hogar de la comuna de Renca, de manera asociativa y en conjunto con el municipio.

Para la representante gremial, las iniciativas que han puesto en marcha sus asociados “muestran cómo las buenas prácticas aportan al mantenimiento de la vida de los ecosistemas terrestres y cómo la industria energética tiene mucho que aportar en torno a innovación e infraestructura”.

Criterios de localización

Además, Macarena Álvarez comenta que a la hora de pensar en las compensaciones socioambientales que se acuerdan en el marco de la tramitación de los proyectos, espera que “las empresas puedan reflexionar sobre cómo ser un buen vecino que contribuya al desarrollo a largo plazo de ese territorio y, para eso, hay que conocer las brechas que tiene ese territorio y qué ámbitos son de especial interés para quienes los habitan”.

En ese sentido, explica que “el proyecto de criterios de localización que estamos desarrollando en el gremio con nuestras empresas asociadas y el apoyo de la Universidad Adolfo Ibáñez, es un gran aporte en esa línea, ya que no solo nos permitirá tener un levantamiento de una serie de criterios a considerar para hacer proyectos más sostenibles, sino también de brechas existentes en esos territorios”.

Las iniciativas de empresas tienen un lugar relevante dentro de la vinculación con los territorios. Así, en la 10ª versión del Fondo Concursable San José de Maipo, la Fundación AES Chile y el municipio entregaron recursos a 64 organizaciones sociales y emprendedores de la comuna, para la concreción de iniciativas ligadas al desarrollo del Cajón del Maipo.

Por otra parte, la Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento (Acera A.G.), anunció que este año realizará un estudio detallado que será un aporte para mejorar la evaluación ambiental de proyectos en los territorios y cuyo propósito central será lograr una armonización de los actuales instrumentos de gestión territorial.

“Hicimos un análisis ex ante para definir los objetivos de la investigación y nos dimos cuenta de que hay una cantidad de instrumentos de gestión y de evaluación territorial que en el fondo están desplegados en distintas instituciones, con distintos niveles de gobernanzas (…) por lo tanto, es allí donde probablemente hay áreas de traslape y, muchas veces, de contradicciones de permisos que se evalúan y que luego se ven afectados por algún tipo de obstáculo”, explica la directora ejecutiva de la entidad, Ana Lía Rojas.

La representante gremial añade que Acera en 2022 difundió la iniciativa entre los distintos ministerios y servicios vinculados con la evaluación ambiental de proyectos energéticos. Asimismo, los invitó a manifestar apertura para recibir las recomendaciones que deriven del estudio, cuyos resultados se espera presentar el primer trimestre de 2024.